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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 421, de 18/03/2022
cve: BOCG-14-D-421
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de marzo de 2022
Núm. 421
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000970 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al reconocimiento de los servicios financieros como un servicio básico y esencial para las personas mayores ... (Página2)
162/000971 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre los derechos de las mujeres ... (Página6)
162/000972 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la recuperación de la capacidad energética nuclear en nuestro país, a fomentar la autosuficiencia energética de España y a eliminar la tasa de emisión
de CO2 de la factura de la luz ... (Página9)
162/000973 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la eliminación de subvenciones y ayudas públicas a los sindicatos, asociaciones de empresarios y partidos políticos por suponer de facto estas dádivas
una evidente y consecuente alta de independencia de aquellos que tienen que ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores, empresarios, y las ideas o ideologías políticas ... (Página10)
162/000974 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, relativa a la corrección, mejoramiento y a la participación democrática efectiva de la Asamblea Ciudadana para el Clima ... (Página11)
162/000975 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la adopción y ejecución urgente de medidas extraordinarias de apoyo al sector turístico español con la finalidad de aplacar las
consecuencias del impacto de la invasión rusa de Ucrania sobre la industria global de viajes y turismo ... (Página13)
162/000976 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre creación de una embajada digital española ... (Página15)
162/000978 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre apoyo del sistema alimentario español como sector estratégico de la economía, que ve en riesgo su sostenibilidad por el constante incremento
de costes de producción y las consecuencias que se derivan de la invasión rusa de Ucrania ... (Página16)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de marzo de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000970
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de los Reyes Romero Vilches, doña Cristina Alicia Esteban Calonje, doña Lourdes Méndez Monasterio y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz
adjunta y Diputadas del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al reconocimiento de los servicios financieros
como un servicio básico y esencial para las personas mayores, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. El cierre de las entidades bancarias y sus principales perjudicados.
La Revista de Estabilidad Financiera del Banco de España señala que 'entre 2008 y 2017, el número de entidades bancarias en España ha disminuido un 28 % y las oficinas bancarias han reducido su número en un 39 % 1'. No obstante, cabe
señalar que el incremento del uso de los servicios de banca por internet ha mitigado y evitado graves situaciones de exclusión financiera en los municipios que sufren los cierres de dichas entidades. Sin embargo, no se puede olvidar que 'el uso de
las facilidades online entraña cierta dificultad para determinados segmentos de la población, en particular las personas de avanzada edad, residentes en zonas rurales 2'. Así, el declive demográfico de las zonas rurales ha contribuido a que sea
precisamente en los municipios de menor población (menos de 500 habitantes) donde se dé un descenso más acusado en el número de entidades bancarias 3.
1 https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/RevistaEstabilidadFinanciera/18/MAYO/Articulo_Jimenez_Tejero.pdf
2 Ibídem.
3 https://www.bde.es/f/webbde/Secciones/Publicaciones/InformesBoletinesRevistas/InformesEstabilidadFinancera/17/IEF_Noviembre2017.pdf
El Grupo Parlamentario VOX aboga por llevar a cabo las actuaciones necesarias para proteger a las personas de la tercera edad de posibles situaciones de exclusión social como consecuencia de su relación particular con las tecnologías de la
información y la comunicación.
Segundo. Las personas mayores como usuarias de la tecnología.
Acerca de las personas mayores como usuarias de tecnología, el Libro Blanco del Envejecimiento Activo (2011) señala que existen diferencias en esta relación en función de distintas variables, como la edad o el entorno (rural o urbano) y
reconoce, a su vez, 'grandes divergencias' entre Comunidades Autónomas. Así, 'las CC.AA. en las que sus vecinos mayores más usan Internet son Madrid y Cataluña, y en el polo opuesto Castilla-La Mancha, La Rioja, Murcia y Extremadura' 4.
Como señala el último Informe eEspaña 5, 'las personas mayores siguen siendo el colectivo donde las dificultades se tornan más visibles, especialmente en lo que respecta al acceso'. Continua el informe señalando que 'las razones por las que
los individuos de mayor edad tienen dificultades en el acceso a las nuevas tecnologías suelen asociarse tanto a una combinación de intereses personales, no alineados con las funcionalidades digitales ni con el contenido disponible en Internet, como
a una mayor limitación de las habilidades físicas y cognitivas necesarias para poder tener una experiencia de usuario satisfactoria en relación con estas tecnologías' 6.
No obstante, 'en el uso de la eAdministración no existe retraso de los usuarios de Internet mayores de 55 años. De hecho, este segmento de población internauta es en el que hay una mayor proporción de internautas
4 https://www.imserso.es/InterPresent2/groups/imserso/documents/binario/8088 8089libroblanco env.pdf
5 eEspaña, informe anual sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España.
6 http://www.proyectosfundacionorange.es/docs/eE2014/Informe_eE2014.pdf?_ga=2.9483441.541297580.1631606156-251404834.1631606156
que presenta sus impuestos a través de Internet y, por detrás de los internautas menores de 24 años, es el segundo grupo de ciudadanía que más utiliza los servicios online de las bibliotecas públicas' 7.
Individuos que acceden a Internet en España, por franjas de edad y en % de población de cada estrato. Fuente: eEspaña 2014 a partir de Eurostat (2014).
Sin embargo, si bien es cierto que el dominio básico de las nuevas tecnologías en las personas mayores es cada vez más frecuente, este grupo poblacional es heterogéneo, en función de su edad o grado de dependencia. Naturalmente, las
circunstancias que rodean a una persona próxima a la jubilación o a una persona mayor de 75 años o con mayor grado de dependencia pueden ser muy dispares. Además, 'deben tenerse en cuenta diferencias significativas en las personas mayores en
función de su situación económica, lazos sociales, intereses personales o entorno vital', como señala el artículo Administración electrónica y e-inclusión de las personas mayores 8.
Atendiendo a los datos que ofrecen el citado artículo, podemos señalar que 'de media el 26,3 % de los mayores de 60 años no disponen ni de ordenador, ni de teléfono inteligente, ni de tableta; porcentaje que alcanza un 29,25 % en edades de
71 a 75 años y del 42 % para 75 años o más. En cambio, los que disponen de los tres equipos son el 55,6 % y el 23 % de las personas menores y mayores de 60 años, respectivamente'. Según concluyen, 'estos datos llevan a pensar que al llegar a
cierta edad el uso de Internet y las tecnologías decae, o bien, que las personas que en la actualidad se encuentran en este tramo de edad no han tenido el tiempo y la capacidad suficiente para adaptarse a este avance' 9.
Los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística indican que la población total mayor de 75 años en España asciende a 4.243.822 personas (2.889.305 de 75 a 84 años y 1.354.517 de 85 y más años), de las cuales 992.416 fueron usuarias
de Internet en los últimos 3 meses (842.405 de 75 a 84 años y 150.011 de 85 y más años). Es decir, cerca del 70 % de los mayores cuyas edades están comprendidas entre los 75 y los 84 años no son usuarios de Internet y alrededor del 90 % de los
mayores de 85 años tampoco.
Tercero. El acceso a los servicios financieros como servicio básico.
El pasado 21 de febrero de 2022, miembros del Gobierno asistieron a la firma de la actualización del Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca suscrito entre la Asociación Española de Banca (AEB) y la
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 10.
En el documento se integraron propuestas dirigidas, por un lado, a 'adoptar nuevas medidas [con el fin de] mejorar la atención personalizada de personas mayores o con discapacidad' 11. A grandes rasgos, estas medidas consisten en una mejora
de la atención presencial en oficina, mediante ampliación de
7 Op. cit., p. 104.
8 M. Viñarás-Abad, L. Abad-Alcalá, C. Llorente-Barroso, M. Sánchez-Valle, M. Pretel-Jiménez (2017): 'Administración electrónica y e-inclusión de las personas mayores'. Revista Latina de Comunicación Social, 72, pp. 197 a 218. http://
www.revistalatinacs.org/072paper/1161/11es.html
9 Ibídem.
10 https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/asuntos-economicos/Paginas/2022/210222-protocolo-sosteníble-banca.aspx
11 https://s2.aebanca.es/wp-content/uploads/2022/02/ protocolo-estratgico-para-reforzar-el-compromiso-social-y-sostenible-de-la-banca.pdf
horarios y prioridad en caso de alta afluencia; en la mejora de la atención telefónica, preferente y sin coste adicional; en 'garantizar la adaptabilidad, accesibilidad y sencillez de los canales' (cajeros, apps y webs); así como en el
refuerzo de la formación y seguimiento a través del Observatorio de Inclusión Financiera.
Por otro lado, el acuerdo se compromete a 'contribuir de forma proactiva a acelerar los avances hacia una economía inclusiva, especialmente en los entornos rurales o colectivos en riesgo de exclusión' 12. Estos avances pasarían, entre otras
medidas de interés, por potenciar 'modalidades de servicio que atiendan debidamente las necesidades financieras de las comunidades rurales en los territorios en los que operen deforma preferente, especialmente la provisión de efectivo y otros
servicios financieros básico'; 'promoviendo el acercamiento a los servicios financieros a todas las personas, haciéndolos más accesibles, considerando especialmente las necesidades de las personas con discapacidad y de las personas mayores, para
ofrecerles un servicio de calidad más adaptado a sus circunstancias, así como para otros colectivos en riesgo de exclusión'; la 'ampliación del Observatorio para la Inclusión Financiera, para la elaboración y actualización del mapa del acceso a
servicios financieros en la España rural, de modo que en el futuro se puedan arbitrar, en su caso, conjuntamente entre el sector y las administraciones públicas, mecanismos para ampliar el acceso a los servicios financieros básicos de la población'
13.
El citado protocolo puede ser, por tanto, una buena iniciativa para ayudar a proteger a las personas de la tercera edad de posibles situaciones de exclusión social como consecuencia de su relación particular con las tecnologías de la
información y la comunicación. Sin embargo, es necesario que se garantice su efectivo cumplimiento, aplicándose con carácter urgente en aquellos municipios donde la precariedad de los servicios financieros es mayor.
Además, para el Grupo Parlamentario VOX es igualmente necesario el reconocimiento expreso de un derecho básico y esencial a los servicios bancarios de nuestros mayores, especialmente para aquellos que viven en zonas rurales.
No podemos permitir que las transformaciones técnicas y económicas pasen por alto el cuidado y el respeto de nuestros mayores y personas en situación de dependencia. Así, 'frente a la cultura del descarte, España no puede abandonar a
quienes con su trabajo y esfuerzo han levantado la Nación' 14.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
- Promover la adopción de las medidas que sean necesarias para que los servicios financieros constituyan un servicio social básico y esencial para las personas mayores y en situación de dependencia, especialmente en las zonas rurales,
promoviendo acuerdos y compromisos con las entidades financieras para garantizar su acceso y presencialidad, así como un servicio adecuado a sus necesidades.
- Promover los mecanismos necesarios para garantizar, con carácter urgente, el efectivo cumplimiento del referido Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca, actualizado el pasado 21 de febrero de
2022.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 7 de marzo de 2022.-Rocío de Meer Méndez, María de los Reyes Romero Vilches, Cristina Alicia Esteban Calonje, Lourdes Méndez Monasterio y Georgina Trías Gil, Diputadas.-Macarena Olona Choclán, Portavoz
del Grupo Parlamentario VOX.
12 Ibídem.
13 Ibídem.
14 https://xn--agendaespaa-beb.es/wp-content/uploads/2021/10/AgendaEspana_VOX.pdf
162/000971
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en Pleno sobre el Derechos de las mujeres.
Exposición de motivos
España es un país que ha sido pionero en legislar en derechos de las mujeres y en avanzar en políticas públicas claramente feministas. La Ley de medidas de prevención y protección integral contra la violencia de género, Ley para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres, o la Ley de Matrimonio Igualitario, sólo por citar las más conocidas, fueron leyes que marcaron el camino a muchos otros países para legislar en derechos de las mujeres. Pero el avance hacia la igualdad efectiva y
real no puede estancarse. Sabemos que hay momentos y ciclos políticos en donde no avanzar significa retroceder. Especialmente en un periodo de ofensiva reaccionaria como el que estamos viviendo en nuestro país y en el resto del mundo, ahora más
que nunca es necesario redoblar esfuerzos y avanzar en políticas públicas feministas que mejoren la vida de las mujeres, blinden sus derechos y garanticen escenarios de igualdad en todos los ámbitos de la sociedad.
Son muchas las iniciativas para garantizar los derechos de las mujeres que desde Más País Verdes Equo hemos propuesto esta legislatura. Y, sin embargo, nos encontramos con que son pocos los avances legislativos aprobados por el Gobierno,
habiendo pasado ya el ecuador de la legislatura sin las modificaciones legislativas que en los diferentes Planes Anuales Normativos o los diferentes ministerios han anunciado respecto a los derechos para conseguir la igualdad efectiva entre hombres
y mujeres. A este respecto, aportamos soluciones en forma de iniciativas parlamentarias, que vemos cómo el Gobierno asume y convierte en anuncios, pero no en leyes.
Para que las mujeres puedan avanzar realmente en derechos, no basta con anunciar estos en los medios o en las redes sociales, deben llegar al 'Boletín Oficial del Estado' como iniciativas legislativas aprobadas, para convertirse en cambios
reales, en normas vinculantes, que supongan un avance efectivo y eficaz hacia la igualdad real. Existe una mayoría parlamentaria para avanzar en políticas feministas y en derechos de las mujeres, pero es necesario poner voluntad política para que
las reformas se conviertan en Ley. Queremos recordar así las distintas propuestas que, desde Mas País Verdes Equo, hemos ido proponiendo tanto al ejecutivo como en diferentes iniciativas parlamentarias e instar al Gobierno a que se comprometa a su
legislación e implementación efectiva antes del final de la legislatura. Son muchos los frentes que abordar: los cuidados, la corresponsabilidad, el ámbito laboral, el sanitario, el disfrute del tiempo, el ámbito educativo los derechos
reproductivos y, prácticamente, todas las facetas de nuestra vida y nuestra sociedad.
El desigual reparto de las tareas de cuidados en las familias españolas, así como la diferente asunción de responsabilidades en tareas domésticas entre mujeres y hombres ha abierto una brecha de género que dificulta el desarrollo de las
mujeres, sufriendo así ellas una mayor discriminación laboral y salarial, una mayor dificultad para disfrutar de su vida social y una mayor carga mental y de tareas domésticas y de cuidados. Los datos son claros, nuestra sociedad actual ha logrado
que las mujeres hayan entrado masivamente en el mercado laboral pero no ha logrado en la misma medida que se compartan de forma justa y equilibrada las responsabilidades domésticas. Tampoco que alcancen el mismo salario por el trabajo remunerado.
Las distintas formas de permisos de cuidados desarrollados hasta la fecha en nuestro cuerpo normativo han facilitado la conciliación, a la vez que han asentado los roles de género y la división o especialización del trabajo de cuidados en las
mujeres, en tanto que son ellas quienes mayoritariamente se acogen a estos permisos. Estamos hablando de dobles y triples jornadas laborales, que, además, con la crisis económica, social y sanitaria que ha acarreado la pandemia de la COVID-19, se
ha visto encrudecida por que las medidas de protección social del Gobierno han sido insuficientes respecto a las políticas de cuidado y de conciliación.
Más allá de las consecuencias en términos de género, producen también desigualdad entre las familias, ya que la reducción de jornada conlleva reducción de sueldo y muchas no pueden permitirse renunciar a una parte de los ingresos. Así, los
niños y niñas de familias con mayores dificultades económicas tendrían menos posibilidades de que sus padres puedan disfrutar de un permiso para
cuidarles, así como los niños cuyos padres tienen posibilidad de acogerse al teletrabajo, tienen más posibilidades de no tener que quedarse solos en casa sin atención adulta. No deberíamos asumir en nuestra sociedad que los niños y niñas
tengan más o menos derecho a ser cuidados dependiendo de la renta de sus familias, del tipo de trabajo de sus padres o de la mayor o menor exposición a la enfermedad. Tampoco deberíamos asumir que sean por defecto las mujeres quienes se quedan en
casa para cuidar o conciliar. Por eso es necesario habilitar nuevos permisos de cuidados que no supongan discriminación para los niños y niñas en situación más desfavorecida o para las mujeres que, por tener un menor salario o por asumir mayor
responsabilidad doméstica, se ven abocadas a ser ellas quienes, de nuevo, se queden en casa. Una reducción salarial que se verá reflejada directamente en una menor pensión cuando sean mayores. Y unos cuidados familiares que no solo incluyen a los
hijos, sino también a los mayores y a las personas con diversidad funcional, cuidados que afectan a las mujeres no solo por su rol, sino por ser más longevas y extender así su papel de cuidadoras y su necesidad de ser cuidadas y de enfrentar en
mayor medida la soledad no deseada.
España es un país con la productividad baja y las jornadas extensas. No logramos ser más productivos por estar más horas en el trabajo, sino estar más cansadas, menos motivadas y con peor salud física y mental. Por eso la reducción de la
jornada laboral sin disminución de salarios debe ser la vía para ganar en productividad, en salud y en calidad de vida.
En el ámbito de derechos de salud sexual y reproductiva, debemos abordar la regla y el aborto, tanto por causas naturales como por una libre voluntad de interrupción del embarazo, con una perspectiva de mejorar derechos y ofrecer garantías a
las mujeres relacionadas con estas circunstancias. En primer lugar, el aborto, a pesar de los avances legislativos y sociales, sigue desarrollándose en un ámbito doblemente privatizado. Por un lado, porque se encuentra recluido en el ámbito de lo
individual e íntimo. Por otro lado, porque su prestación se desarrolla de forma abrumadoramente mayoritaria en centros de titularidad privada, aunque se realice con financiación pública. La legislación aprobada en el año 2010 reguló la objeción de
conciencia de manera amplia, sin establecer mecanismos concretos que ayudaran a que esta no fuera una barrera en el efectivo ejercicio del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo y a su prestación desde proveedores públicos. Además,
debemos asumir que todo aborto es un proceso doloroso física y emocionalmente y, por tanto, requiere reposo, tiempo y cuidados.
En segundo lugar, la pobreza menstrual es un problema estructural de desigualdad de género que deriva de la pobreza económica. Se estima que en torno al 21 % de las mujeres en España se encuentra en una situación económica vulnerable y, por
tanto, más de 3 millones de mujeres en edad fértil en España tienen dificultad de acceso a productos de higiene menstrual. Las mujeres se pasan una media de 40 años menstruando una vez al mes. El ciclo menstrual es un indicador de salud, y así lo
declaró el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos en 2015. Aunque son productos de primera necesidad, pues su utilización es obligatoria para garantizar la salud de las mujeres, en España no se les considera así. Algunos de ellos como
la copa menstrual, que es el más ecológico, paga el mismo IVA que los productos de lujo. A la mayoría de estos productos se les aplica el IVA reducido del 10 %, en lugar de aplicarse el IVA superreducido del 4 % y de categorizarlos como productos
de primera necesidad.
Finalmente, en una sociedad cada vez más medicalizada, se vislumbra también la necesidad de incrementar la investigación con perspectiva de género para mejorar el diagnóstico y el tratamiento, así como los efectos secundarios que los
medicamentos y las vacunas tienen en las mujeres.
En el ámbito educativo y del desarrollo integral de la persona, cada vez como sociedad somos más conscientes de la importancia que tiene garantizar desde la infancia una educación-afectivo sexual que permita, entre otras cosas, educar en
valores de tolerancia, diversidad, libertad y autonomía. Actualmente, la lucha contra el acoso escolar es, además, uno de los retos más importantes que tenemos a nivel educativo y, por ende, los contenidos LGTBI, la educación afectivo sexual, la
educación en diversidad o el fomento de la convivencia son elementos fundamentales en la educación de niños y niñas tal y como queda fijado en los objetivos 4 y 5 de la Agenda 2030, y en las recomendaciones del Relator Especial de la ONU 2010 sobre
el Derecho a la Educación. Por consiguiente, nuestras instituciones deben luchar contra los roles y estereotipos de género que hacen de menos a mujeres y niñas y garantizar activamente la consecución de estos objetivos en beneficio de niños y
niñas.
Para finalizar, la pandemia ha recrudecido una realidad que ya conocíamos: que la desigualdad y la pobreza tienen en nuestras sociedades rostro de mujer. Si todos los estudios y análisis previos a la crisis de la Covid-19 mostraban que la
pobreza era un fenómeno predominantemente femenino, que la mitad de los hogares monomarentales estaban en riesgo de exclusión, o que una de cada tres mujeres migrantes
está en riesgo de pobreza, nos encontramos con que la pandemia ha agravado enormemente la situación de las mujeres. Ellas se han contagiado más, en gran medida por su papel como cuidadoras y en ocupaciones esenciales en hospitales,
supermercados o peluquerías. También han sufrido más despidos, han tenido menos opciones de trabajar desde casa o de acceder a ayudas por desempleo. En este sentido, el Informe España 2021 revela que las desigualdades sociales han aumentado como
consecuencia de la pandemia y que la pobreza cada vez es más intensa, confirmando que se feminiza, haciéndose más patente entre las jóvenes. Las mujeres tienen los trabajos peor pagados, también los más altos porcentajes en temporalidad,
parcialidad y desempleo. Vivimos además en un mercado laboral precarizado en donde tener acceso a diferentes trabajos no garantizar una mínima vida digna. Por último, la pandemia también ha desvelado las enormes dificultades que observan todavía a
día de hoy las trabajadoras del hogar y de cuidados en nuestro país, con un régimen jurídico que no les permite acceder a todos sus derechos, principalmente algo tan básico como la prestación por el desempleo.
Por todo ello Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a aprobar un paquete de medidas de defensa de los derechos de las mujeres y políticas feministas eficaces hacia la igualdad real, fomentando la corresponsabilidad y el acceso al tiempo y los
recursos necesarios.
Medidas en el ámbito laboral:
1. Habilitar una baja laboral para los padres y madres cuyos hijos deban permanecer en casa por enfermedad. La baja laboral no sólo debe cubrir a los progenitores de niños o niñas con diagnóstico covid, sino con cualquier infección o
enfermedad que suponga convalecencia en domicilio. Esta baja será considerada como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común con el 100 % de la base reguladora desde el primer día de la baja.
2. Extender el derecho a acceder al teletrabajo o a la adaptación de la jornada laboral por deberes de cuidado, como derecho individual de cada uno de los progenitores, por cuidado de hijos, pero también por cuidado de mayores y personas
dependientes. La aplicación del teletrabajo debe hacerse con perspectiva de género y aplicando el principio de corresponsabilidad.
3. Reformular la posibilidad de solicitar una reducción de jornada laboral de manera que esta no conlleve la reducción salarial en la misma proporción, facilitando así que las familias puedan cuidar sin renunciar a sus ingresos.
4. El reparto de estos permisos de cuidados en horas o jornadas, así como sus remuneraciones por parte de la seguridad social, deben hacerse a partes iguales e intransferibles entre ambos progenitores o según sentencia de divorcio o
custodia. En el caso de las familias monomarentales o monoparentales el permiso y la remuneración se disfrutarán al 100 % por parte de la persona progenitora. En el caso de los trabajadores y trabajadoras autónomos se contemplará el cese de
actividad.
5. Tramitar las medidas legislativas pertinentes para adecuar el régimen jurídico laboral de las trabajadoras del hogar y de cuidados y garantizar sus derechos laborales, entre ellos la prestación por desempleo.
Medidas en el ámbito educativo:
6. Avanzar en materia de convivencia, fomento del respeto a la diversidad y educación afectivo-sexual, facilitando planes de educación sexual integral en todos los niveles educativos que protejan el papel de la escuela como instrumento para
el libre desarrollo de la personalidad de los menores, con pleno respeto a su orientación sexual, género, raza, religión, etc. erradicando toda forma de acoso escolar y discriminación.
7. Garantía de oferta gratuita de productos de higiene menstrual en todos los edificios públicos de manera que se asegure el acceso gratuito y suficiente de las personas menstruantes que se encuentren en una situación socioeconómica
vulnerable. Estos productos se ofrecerán en todos los edificios públicos, con especial foco en colegios, institutos y universidades.
Medidas en el ámbito fiscal:
8. Se modifica el Artículo 91 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido para incorporar en el tipo impositivo reducido del 4 % los productos no reutilizables de higiene menstrual, como compresas y tampones.
Medidas en el ámbito sanitario:
9. Creación de un permiso menstrual que se ponga a disposición a mujeres, hombres trans y personas no binarias en edad fértil de 8 horas por mes o de la parte proporcional en caso de que no hagan jornada completa hasta una fracción mínima
de una hora que será recuperable. Las horas deberán devolverse en un plazo de 4 meses y podrán ser utilizadas en un mismo día o separadas en días por horas durante la menstruación.
10. Acceso gratuito de la Copa Menstrual en los centros de salud.
11. Implementación y desarrollo con financiación específica de nuevas y/o ya existentes líneas de investigación especializadas en el estudio y análisis de las políticas públicas socio-sanitarias desde una perspectiva de género, en sus
diferentes fases de diseño, implementación y evaluación.
12. Establecer las garantías para que se puedan hacer efectivos tanto el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, en el marco de lo contemplado por la ley, como el de la objeción de conciencia, desde la provisión pública de la
prestación de la interrupción voluntaria del embarazo.
13. Creación de un permiso remunerado no recuperable de cinco días para las mujeres que tengan un aborto, o a las que se realice una interrupción voluntaria del embarazo, con independencia de la edad gestacional del mismo; y de un permiso
de 4 semanas para las interrupciones por motivos médicos y el resto de las pérdidas gestacionales iguales o superiores a la semana 14 de gestación.
14. Garantizar la atención psicológica a las mujeres con alta carga mental, que repercute en una alta medicalización del problema, en el sistema público de salud.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de marzo de 2022.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000972
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la recuperación de la capacidad energética nuclear en
nuestro país, fomentar la autosuficiencia energética de España y eliminar la tasa de emisión de C02 de la factura de la luz, para su posterior debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
España sigue perdiendo oportunidades. La gestión ajena a la realidad del Gobierno nos está llevando a la ruina en lo peor de las crisis internacionales. No podemos permanecer impasibles mientras una Ministra del Gobierno, concretamente la
Ministra para la Transición Ecológica Teresa Ribera manifiesta que este Gobierno en modo alguno va a invertir ni un euro ni en infraestructuras para el gas ni en fomentar en modo alguno la construcción o recuperación de nuestras capacidades de
producción de energía nuclear.
El precio de la luz está desbocado, se están tocando máximos de más de 700 euros el KW hora, algo que hace que, sin la previsión oportuna como es desgraciadamente el caso español, se envíen a la ruina a familias y empresas inexorablemente.
Son muchos y variados los motivos, todos los conocemos, pero ello no debe servir de 'coartada' al Gobierno para seguir anclados en esa absurda idea de luchar contra la única energía que puede hacer de esta terrible crisis algo más llevadero y más
económicamente sostenible.
La situación de nuestras centrales nucleares es algo más que precaria por el sucesivo abandono de los ejecutivos en su mantenimiento, aumento y viabilidad.
En España existen cinco centrales nucleares en explotación, de ellas, Almaraz y Ascó, tienen dos unidades gemelas, por lo que el número de reactores es de siete, y una central en condición de cese de explotación, Santa María de Garoña.
Esos siete grupos de producción de energía eléctrica son de dos tipos distintos: de agua ligera a presión (PWR) y de agua ligera en ebullición (BWR). Por orden de antigüedad, dentro del grupo PWR, el listado de centrales es el siguiente:
Almaraz, con dos unidades (1980 y 1983); Ascó, también con dos unidades (1982 y 1985); Vandellós II (1987); y Trillo, la última central puesta en marcha en España (1987).
En cuanto al grupo de las centrales de agua en ebullición (BWR), la más antigua es la de Santa María de Garoña, (1970); seguida de Cofrentes (1984).
Otros países como Francia, a los que curiosamente compramos energía nuclear, fomentan la producción de sus centrales nucleares, de hecho, el presidente Macrón lleva años apostando por dar un impulso a esta energía y prepara ya la
construcción de otras seis centrales que sumar a los 56 reactores en 27 centrales que ya tiene. Sin embargo en España tenemos además unos reactores amenazados por el desmantelamiento que ha prometido el Gobierno actual, que no tiene alternativa a
la pérdida de capacidad energética que supondría dicho desmantelamiento (un 22 % de la energía total).
Por si fuera poco, esta brutal subida de la electricidad sigue anclada al empecinamiento del Gobierno de seguir aplicando un impuesto o tasa de emisión de CO2, que sigue aplicándose a pesar de los prohibitivos precios de la energía, sin que
el Gobierno se plantee siquiera su temporal suspensión, para ayudar a familias y empresas en su titánica labor de supervivencia.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto, a través de su Diputado Pablo Emérito Cambronero Piqueras presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Abandonar las absurdas políticas que no consideran a la Energía Nuclear como una energía verde contrariamente al criterio de la Unión Europea, que además se manifiesta en la intención de invertir en la creación de centrales nucleares y
acabar con la intención de desmantelar las existentes, como así ha manifestado la Ministra de Transición Ecológica Teresa Ribera.
2. Fomentar la inversión en el mantenimiento de las centrales nucleares existentes y la creación de nuevas infraestructuras nucleares que puedan estar operativas a la mayor brevedad posible, y aumenten el suministro de energía reduciendo la
dependencia que España tiene del otros países suministradoras.
3. Eliminar el impuesto o tasa de emisión de CO2 que influyen aumentando el precio considerablemente de la factura de la luz, con el objetivo de no hundir más a familias y empresas ante el terrible aumento del precio de la luz.
4. Destinar los 20.319 millones de euros destinados a impulsar políticas feministas que anunció la Ministra de Igualdad a la construcción de centrales nucleares y su mantenimiento para aspirar a ser autosuficientes en las necesidades
energéticas de nuestro país.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado, Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz Grupo Parlamentario Mixto.
162/000973
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Mixto, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la eliminación de subvenciones y ayudas públicas a los
sindicatos, asociaciones de empresarios y partidos políticos por suponer de facto estas dádivas una evidente y consecuente falta de independencia de aquellos que tienen que ejercer la defensa de los derechos de los trabajadores, empresarios, y las
ideas o ideologías políticas, para su posterior debate en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Exposición de motivos
El diccionario español define Sindicato como 'Asociación de trabajadores cuyo objetivo es la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de los asociados'.
Es una definición clara y los objetivos de esta asociación de trabajadores claramente definidos, en cuanto a la defensa de los intereses profesionales, económicos y laborales de todos ellos.
En España existe un sindicalismo 'clásico', claramente vinculado y casi dependiente políticamente del sector progresista o la izquierda del país, hasta el punto de reducir su actividad reivindicativa casi a la nada cuando gobiernan partidos
de su supuesta cuerda ideológica.
Todos estamos siendo testigos de que, a pesar de sufrir una de las peores crisis de nuestra historia, los sindicatos más representativos guardan un escrupuloso silencio. Vemos como el precio de la luz está en máximos históricos, el
mecanismo de los ERTES comienza a agotarse, las cifras de paro y destrucción de empresas están en máximos históricos, y los precios de todo disparados, mientras los sindicatos callan o se diluyen en sus propios escándalos. Nadie duda ya que, si
gobernaran partidos de otro corte ideológico, la situación sería muy diferente, la paz social no sería tan pacífica como es hoy.
Hasta tal punto llega la dependencia que prácticamente toda la financiación que realizan los propios sindicatos de 'sus funciones' la ejecutan a través de subvenciones y ayudas públicas, con lo cual y usando una frase popular 'el que paga
manda'.
De igual manera sucede con las asociaciones o confederaciones de empresarios, que reciben dádivas que influyen en la capacidad de negociación y distraen el verdadero sentido que deben tener estas asociaciones, que no es otro que favorecer el
crecimiento económico de las empresas y el empleo de calidad.
No hablemos ya de los partidos políticos. Cientos de millones de euros se reparten año tras año a los partidos políticos sin que los ciudadanos conozcan siquiera la dimensión, uso y utilidad de esas ingentes cantidades de dinero público,
que además comprometen seriamente la ideología política que dicen defender cada uno y genera una dependencia patológica de sus componentes a dichas dádivas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Mixto, a través de su Diputado Pablo Emérito Cambronero Piqueras presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Hacer un balance de las cantidades de dinero público que reciben los sindicatos más representativos, Asociaciones de Empresarios y partidos políticos, así como fiscalizar la utilidad de estas 'inversiones públicas' en un plazo no
superior a tres meses.
2. Que se dicten las normas necesarias para que sindicatos, asociaciones de empresarios y partidos políticos dejen de percibir subvenciones y/o ayudas de dinero público y pasen a financiarse de forma totalmente independiente por las cuotas
de sus afiliados, para así mantener la independencia absoluta y centrar sus actividades en aquello para lo que están pensadas: defender los derechos de los trabajadores, empresarios y/los derechos políticos de los ciudadanos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de marzo de 2022.-Pablo Cambronero Piqueras, Diputado.-Tomás Guitarte Gimeno, Portavoz Grupo Parlamentario Mixto.
162/000974
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País-Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la corrección, mejoramiento y a la participación
democrática efectiva de la Asamblea Ciudadana para el Clima, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
El 21 de enero de 2020, fruto del clamor social y el consenso mayoritario en la comunidad científica, el Gobierno español emitió una Declaración ante la Emergencia Climática y Ambiental con el objetivo de combatir el calentamiento global con
políticas transversales. En ella, uno de los compromisos que adquirió el Ejecutivo fue 'garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través del establecimiento de
una Asamblea Ciudadana del Cambio Climático'. Obligación del Gobierno que quedó idénticamente plasmada en la Ley 7/2021, de 20 de mayo, del Cambio Climático y Transición Energética.
Esta Asamblea Ciudadana para el Clima (ACC) vendría a concretar en España una dinámica europea de primer orden que pone en el centro de la acción climática 'la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones', continuando con lo
recogido en el Convenio europeo de Aarhus de 1998 y lo mandatado por la Ley 27/2006, de 18 de julio, que incorpora a su vez las Directivas 2003/4/CE y 2003/35/CE. Se trataría así de una oportunidad para subsanar, en parte, las críticas señaladas en
el Informe Nacional de Cumplimiento del Convenio de Aarhus: 'aunque existen cauces democráticos de participación política [ ...] para la protección del medio ambiente, sin embargo, se detectan aún ciertas carencias'.
Pese a estos objetivos de participación ante la crisis climática, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) publicó recientemente una Orden Ministerial (TED/1086/2021 - BOE-A-2021-16347) que ha terminado por
alejarse en asuntos fundamentales del Informe del CONAMA sobre Asambleas Ciudadanas, encargado por el propio MITECO, así como de los criterios de mínimos para Asambleas Ciudadanas recogidos por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en su reciente informe ínnovative Citizen Participation and New Democratic institutions. Sin embargo, y a pesar de la movilización social y las peticiones de cambio en la metodología, el MITECO no sólo no ha modificado la
metodología y formato de la ACC, sino que no ha dado respuesta a las alegaciones presentadas.
El actual proyecto de Asamblea Climática Ciudadana presenta significativas carencias en diferentes ámbitos:
1. La metodología procedimental, tanto en su diseño como implementación, carece de transparencia y concreción:
1.1. El origen de la muestra de pre-selección es desconocido, y la falta de transparencia y de garantías públicas en los procesos de selección deja a la ciudadanía indefensa al no poder verificar si el proceso está siendo verdaderamente
aleatorio y representativo, o si existe un riesgo de sesgo en el conjunto de la selección. Además, debido a esta opacidad, no resulta posible discernir si se está realizando correctamente la ponderación ante las distintas brechas sociales
(generacionales, territoriales, etc.).
1.2. Las asambleas climáticas de Francia y Reino Unido partieron de un objetivo concreto de descarbonización en un plazo acotado de tiempo. En el caso de Francia, los trabajos se articulaban en torno a la premisa 'la reducción del 40 % de
los gases con efecto invernadero antes de 2030 en un marco de justicia social', y en el caso del Reino Unido se planteaba un objetivo 'cero neto para 2050'. Frente a esto, el MITECO ha planteado la siguiente premisa desde la que iniciar los
trabajos: 'Una España más segura y justa ante el cambio climático, ¿Cómo lo hacemos?'. Trabajar a partir de objetivos concretos determina que la deliberación democrática en las ACC es un espacio real de decisión, co-gobernanza y transformación.
1.3. Además, las reuniones de la ACC serán mayoritariamente telemáticas en contra del propio criterio del equipo organizador de la Oficina Española de Cambio Climático, recogido en el Informe CONAMA, que señaló la importancia decisiva tanto
de la presencialidad de las sesiones de información, debate y deliberación, como de la existencia de espacios informales. Asimismo, y con tan solo cinco sesiones, se trata de la asamblea ciudadana más breve de Europa, comprometiendo seriamente la
capacidad de las personas que la conforman a informarse y deliberar correctamente sobre la emergencia climática. Con todo, la virtualidad reproduce la brecha digital del país.
2. La falta de ambición en la Ley de Cambio Climático se ha traducido en una falta de compromiso político con la Asamblea Climática, y compromete el futuro de la participación ciudadana:
2.1. El Gobierno no ha adquirido ningún compromiso con respecto a las resoluciones adoptadas en la ACC, salvo remitir el informe resultante al Pleno del Congreso de los Diputados, y ni se ha comprometido a responder motivadamente si seguirá
o rechazará las distintas recomendaciones. Tampoco ha previsto ni anunciado un seguimiento regular sobre el progreso en la implementación de las recomendaciones que fueran a ser aceptadas.
2.2. Los miembros de la ACC carecen de autonomía plena. Según el art. 4.1.c de la Orden Ministerial, es el Panel de Expertos, elegido de manera arbitraria por el Gobierno, el encargado de designar a las y los portavoces de la ACC, en
lugar de permitir que ésta decida autónomamente quién tiene autoridad para esgrimir su voz. Asimismo, es este Panel de Expertos el que decidirá quiénes son las personas que pueden prestar consulta a la ACC (art. 4.1b), en lugar de dotar a la misma
de capacidad para invitar por cuenta propia a quien considere oportuno. La falta de agencia propia de la ACC resta otorga una pésima
imagen a la democracia deliberativa, y su probable fracaso por falta de compromiso con la misma sepulta la viabilidad de futuros procesos similares.
3. La Orden Ministerial incumple el mandato de la Ley de Cambio Climático al degradar el trabajo de la futura Asamblea Ciudadana, que debería ser de 'participación en la toma de decisiones', a un mero 'ejercicio de reflexión'.
3.1. En concreto, el art. 39.1 de la Ley 7/2021 obliga al Gobierno a 'garantizar de forma estructurada la participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones en materia de cambio climático a través del establecimiento de una
Asamblea Ciudadana para el Clima a nivel nacional', en los términos previstos por la Ley 27/2006. Sin embargo la Orden Ministerial desarrolla la ACC como un mero 'ejercicio participativo deliberativo para generar reflexión', sin enmarcarla en
ninguna toma de decisión concreta y privándola de las garantías para la participación en toma de decisiones establecidas en dicha ley: el derecho a expresar observaciones y opiniones antes de que se adopten decisiones sobre el plan, programa o
disposición de carácter general (art. 16.1.b); a ser tenidos en cuenta en la toma de decisión (art. 16.1.c); a que la decisión final sea motivada y recoja la participación pública (art. 16.1.d).
Por todo ello, Más País-Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Corregir aquellas carencias detectadas, siempre que no supongan la paralización del proceso de la Asamblea Ciudadana para el clima, haciendo público y con la máxima transparencia posible el proceso de selección de las personas
participantes, y garantizando la presencialidad de sus reuniones acorde a criterios sanitarios.
2. Comprometerse públicamente a responder a cada recomendación que elabore la Asamblea Ciudadana para el Clima, motivando si ésta se implementará total o parcialmente (o si no se implementará); y a establecer un seguimiento regular sobre
el progreso en la implementación de las recomendaciones aceptadas, de conformidad con la 2.ª recomendación de la OCDE para procesos deliberativos ciudadanos para la toma de decisiones públicas.
3. Convocar un Panel de Supervisión, conformado por la sociedad civil interesada, a fin de generar un espacio institucionalizado de rendición de cuentas sobre el estado de la Asamblea Ciudadana para el Clima en cada una de sus fases, desde
la actual fase de organización, hasta la fase final de publicación de las decisiones ciudadanas, donde se asegure la calidad y transparencia del proceso deliberativo.
4. Garantizar la cobertura mediática de la Asamblea Ciudadana para el Clima y la difusión de los informes, ponencias de expertas y expertos y conclusiones de la ACC a través de RTVE.
5. Elaborar un reglamento para que en futuros mandatos de la Asamblea Ciudadana se cumplan, al menos, con las siguientes recomendaciones de la OCDE:
a. Establecimiento de garantías públicas de aleatoriedad en la totalidad del proceso de selección;
b. formulación de una pregunta a responder por la ACC con objetivos claros y acotados en el tiempo;
c. capacidad de la ACC para la elección y convocatoria libre de personas expertas e informadoras;
d. inclusión de una evaluación final del propio proceso, a fin de mejorar y comprender el alcance de la propia Asamblea Ciudadana.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 14 de diciembre de 2021.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Iñigo Errejón Galván, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.
162/000975
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la adopción y ejecución
urgente de medidas extraordinarias de apoyo al sector turístico
español con la finalidad de aplacar las consecuencias del impacto de la invasión rusa de Ucrania sobre la industria global de viajes y turismo, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Después de padecer y ser testigos de las consecuencias de una pandemia agónica con efectos devastadores sobre numerosos ámbitos productivos de la economía española y de manera especial sobre algunos concretos como ocurre con el caso del
sector turístico español, hasta consolidar pérdidas acumuladas equivalentes a alrededor de 170.000 millones de euros -situándonos en niveles de actividad del año 2003 y dejando por el camino a más de 100.000 empresas del gremio turístico-,
desgraciadamente a día de hoy no cabe ya la menor duda de que la hasta hace unas semanas amenaza de riesgo de un impacto negativo en la economía global a cuenta de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, constituye ya una amarga realidad, que
también tiene su traslación a la ralentización de nuestra economía nacional, donde hasta el estallido reciente de este conflicto su PIB no había alcanzado aún los niveles prepandemia; ello acompañado de una inflación actual situada en el entorno
del 7,4 %, y que junto con el aumento de los precios de la alimentación o un eventual cambio de tendencia en la política monetaria, repercuten en el crecimiento, la reducción de renta disponible y las decisiones de compra de los consumidores,
abortando en consecuencia la plena recuperación de la gran industria de los viajes y el turismo.
En esta coyuntura, a lo largo de las últimas fechas nuestras empresas turísticas vienen adentrándose en una fase preventiva ante las inquietudes e incertidumbres lógicas que suscita un conflicto de naturaleza bélica dada la alta probabilidad
de que se produjese una cierta atenuación o estancamiento de la demanda turística, unida a la ya existente lenta recuperación de la demanda de larga distancia en el caso español, así como la debilidad del segmento del turismo de negocios por causa
de los efectos del Covid-19. Convendría hacer hincapié aquí que en cuanto a la recuperación de demanda internacional España cerró 2021 con sólo 31,1 millones de turistas internacionales, cifra que representa todavía un -62,7 % por debajo de los
valores de 2019 y un volumen de gasto turístico no residente de un -62,1 % inferior al de ese mismo año.
Asimismo, sobre la base de experiencias precedentes, la lógica apunta a que se genere un sentimiento de desconfianza y temor a planificar decisiones de viaje, reflejándose cambios en los indicadores de tendencias de reservas por parte de
nuestros mercados emisores y de manera particular, entre aquellos de largo radio. Por de pronto, cabe señalar que a lo largo de los últimos días, las bolsas europeas han situado a los valores turísticos entre los tres sectores más castigados por la
ofensiva de Rusia, reflejando una caída que ronda el 15 % de media, después de la remontada que venían experimentando con la progresiva retirada de restricciones Covid-19 y penalizando muy en especial a las compañías ligadas al tráfico aéreo después
de los múltiples cierres de los espacios aéreos en Europa. Al mismo tiempo, el grueso de estamentos de la cadena de valor turística española, entre ellos, los grandes operadores hoteleros, aerolíneas, agencias, etc., vienen alertando a lo largo de
los últimos días de estar registrando una tendencia de ralentización de las reservas e incluso cancelaciones a causa del conflicto. A este mismo respecto, cabe añadir que por el momento Alemania con peor comportamiento, seguida de Países Bajos,
Noruega, Finlandia y lógicamente Rusia, son los mercados emisores que vienen registrando las mayores caídas semanales en las reservas de hotel para alojarse en nuestro país durante las próximas fechas.
Por todo lo anterior, a fin de minimizar de manera clave y proactiva la magnitud del golpe e impacto económico que dependiendo de las variables del alcance, duración y evolución de la invasión rusa en Ucrania se produzcan, y por ende,
lastren y retrasen la ansiada completa y definitiva recuperación de la industria turística española después de afrontar los efectos de dos años de pandemia, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a la adopción urgente de las siguientes medidas:
- Impulso y creación inmediata de una Comisión interdepartamental específica en compañía de las organizaciones más representativas del sector turístico español, de análisis y monitorización continua de la repercusión e impacto de la invasión
rusa en Ucrania sobre el funcionamiento de la actividad turística.
- Aprobación -dado el nuevo escenario internacional inestable y falto de predictibilidad a corto plazo-, de un nuevo marco de concesión de ayudas directas en cuantía global suficiente, dirigidas específicamente a autónomos, microempresas y
pymes que desarrollen la prestación de servicios y/o actividades de naturaleza turística en todos los destinos españoles, acordado previamente.
- Paralelamente, incluir en coordinación con las Comunidades Autónomas, fórmulas compensatorias y de refuerzo hacia aquellos destinos españoles con mayor penetración de cuota de emisor ruso, tradicionalmente de alto poder adquisitivo y
fuerte propensión al gasto (con un desembolso de un 27,5 % más que la media), u otros emisores afectados con fluctuaciones significativas de demanda, y consecuentemente, puedan resultar más impactados por la pérdida de actividad y facturación hasta
tanto en cuanto se estabilicen los flujos turísticos.
- Diseñar medidas de incentivos e intensificar la estrategia promocional de la marca país en concordancia con la evolución de la invasión rusa en Ucrania, persiguiendo la absorción de pérdida de flujos, y centrándose fundamentalmente en la
atracción y captación de mercados alternativos de larga distancia y de alto valor añadido para el sector turístico español frente a nuestros destinos competidores.
- Establecimiento y aplicación de una reducción relevante del esquema de tarifas aeroportuarias con el propósito de recuperar y mejorar la competitividad de los aeropuertos españoles, haciéndolos más atractivos internacionalmente en un
contexto geopolítico de mayor inestabilidad y complejidad y teniendo en cuenta asimismo las singularidades de los destinos extrapeninsulares más vulnerables por su total dependencia del transporte aéreo; aumentar dentro del Plan Estratégico de
Marketing 2021-2024 de Turespaña, la dotación presupuestaria del desarrollo de acciones de comarketing con aerolíneas dirigidas a incentivar la creación de nuevas rutas a destinos de largo radio intercontinentales y nuevos mercados alternativos.
- Despliegue inmediato en el exterior de una gran campaña de apoyo informativo y de comunicación, que tenga por objeto acentuar la proyección de 'España, Destino seguro', aportando a nuestros mercados emisores confianza y certidumbre de cara
a las reservas de las campañas de Semana Santa y temporada alta de 2022 y pueda servir de escaparate para consolidar la recuperación y no pérdida de demanda extranjera.
- Modificación y reducción temporal del IVA aplicado al conjunto del sector turístico español al tipo súper reducido del 4 % como mínimo a lo largo del año 2022, en un contexto de escalada inflacionista persistente y de niveles de gasto
turístico internacional recuperados aún insuficientes.
- Adopción de cualesquiera medidas encaminadas a garantizar en todo caso la protección social del empleo turístico hasta la estabilización de la demanda y superación de las circunstancias derivadas del escenario bélico que se vive
actualmente en el este de Europa.
- Aprobación de medidas específicas en materia de sobrecostes energéticos dirigidas a los operadores prestadores de servicios turísticos y hosteleros considerando la alta dependencia energética en el funcionamiento de su actividad y el
desproporcionado encarecimiento de los costes operacionales (combustibles, electricidad, gas, etc.) experimentado por parte de los mismos a lo largo del último año.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 10 de marzo de 2022.-Agustín Almodóbar Barceló, Sebastián Jesús Ledesma Martín e Isabel María Borrego Cortés, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
162/000976
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la creación de una embajada digital española para su debate
en Pleno.
Exposición de motivos
La brutal invasión rusa de Ucrania nos ha hecho tener que repensar las coordenadas sobre las que se establece el orden internacional liberal. Durante muchos años hemos confiado, justamente, en la bondad de la interdependencia, las
instituciones internacionales y la progresiva extensión de los valores liberales y democráticos como remedio frente a las guerras entre estados. Sin embargo, igual que no podíamos ignorar la pervivencia de otros tipos de violencia, no podemos,
ahora, ignorar el peligro que representa este ataque, y la necesidad de dotarnos de las capacidades para defendernos.
Esta defensa no debe limitarse, exclusivamente, al dominio físico, sino que debe estar presente también en el reino de lo digital. Los ciberataques son una dimensión muy presente en los conflictos
actuales, tal y como se ha demostrado en las acciones realizadas por Rusia contra las infraestructuras digitales ucranianas, así como sus acciones previas contra los países en su periferia. La llamada 'guerra híbrida', con ciberataques,
acciones militares convencionales y siembra de desinformación, ha sido un elemento clave de las acciones del Kremlin, y debemos estar preparados para su continuación.
En este sentido, merece la pena aprender de las experiencias de aquellos países que han tenido que sufrir los ataques rusos desde hace más tiempo, y se han convertido en pioneros del desarrollo de capacidades digitales en todos los ámbitos.
Así, Estonia, tras el ciberataque sufrido en 2007, que hizo caer 58 páginas web, comenzó un proceso de mejora de sus defensas, así como los primeros pasos para una iniciativa pionera, que cristalizó en junio de 2017. En ese mes, firmaron un acuerdo
con Luxemburgo para el establecimiento de la primera embajada digital del mundo. Esto suponía el establecimiento de servidores de respaldo de datos en el otro país, con la máxima seguridad posible y con los mismos derechos que las embajadas
físicas, tales como la inmunidad. La existencia de esta embajada digital posibilitaría la continuidad del Estado, incluso frente a una invasión, y la protección de datos y archivos de inteligencia vitales ante la posible toma de los centros de
datos principales por parte del Kremlin.
Esta iniciativa pionera supone un interesante caso de estudio para el refuerzo de nuestras capacidades en materia de ciberseguridad. El desarrollo de tecnologías como blockchain puede resultar clave para mejorar la seguridad de estos
procesos, y, además, el establecimiento de estas embajadas digitales supone profundizar en el europeísmo y los acuerdos entre distintos gobiernos para garantizar la pervivencia de los valores democráticos y liberales europeos. El hecho de que la
guerra, ahora mismo, se sitúe en el Este de Europa, no debe alejarnos de nuestras responsabilidades. El orden liberal debe defenderse, y debemos estar listos para proteger los derechos y libertades de nuestros ciudadanos ante cualquier ataque,
tanto en el dominio físico como el digital, utilizando las mejores armas y experiencias a nuestro alcance.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Iniciar los trámites para el establecimiento de una embajada digital española en alguno de nuestros países aliados, de tal manera que se garantice la protección de datos de nuestros ciudadanos y la continuidad del mismo en caso de
ciberataque a gran escala.
2. Reforzar las capacidades defensivas en materia digital, bajo la coordinación del INCIBE, ante los ciberataques que está recibiendo nuestro país por parte de actores internacionales, tanto estatales como no estatales.
3. Aumentar los recursos destinados al Kit Digital para empresas, reforzando el componente de ciberseguridad para preparar a las empresas españolas, especialmente las PYMES, en materia de prevención, detección y resolución de ciberataques.
4. Establecer, junto a nuestros aliados de la Unión Europea y de la OTAN, una fuerza de respuesta rápida multinacional frente a ciberataques, siguiendo el ejemplo del Centro de Excelencia OTAN para la Ciberdefensa Cooperativa (CCDCOE, por
sus siglas en inglés).'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022-María Carmen Martínez Granados y María Muñoz Vidal, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley en apoyo del sistema alimentario
español como sector estratégico de la economía, que ve en riesgo su sostenibilidad por el constante incremento de costes de producción y las consecuencias que se derivan de la invasión rusa de Ucrania, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La invasión rusa de Ucrania y la crisis sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial que ha provocado en Europa plantea desafíos de enorme envergadura para el sistema agroalimentario y el abastecimiento en todo el espacio de la UE, que se
añaden a los graves problemas que ya venían sufriendo las explotaciones agrarias.
En un contexto de transición de la economía europea y española hacia un modelo descarbonizado, el sector primario se ha visto impactado por tensiones crecientes en cuanto al papel que desempeña en la economía y sociedad españolas. A pesar
de su comportamiento ejemplar durante la etapa más dura de la pandemia COVID, que ha permitido que toda la población española tuviera garantizado el suministro de alimentos en cantidad y calidad, se ve abocado a afrontar un proceso de transición,
por la normativa europea y la política nacional, para avanzar en la lucha contra el cambio climático, sin que se haya prestado suficiente atención a los apoyos públicos y de colaboración público privada que necesita para ello.
La Unión Europea, en el contexto COVID, plantea la necesidad de reforzar las cadenas de valor estratégico, siendo una de las principales el sistema alimentario, para que pueda desempeñar un papel importante en la transición ecológica y
digital, y para ello pone a disposición de los Estados miembros un paquete financiero y de ayudas directas de gran envergadura, no solo desde el presupuesto europeo, sino también a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
El Gobierno, lejos de apoyar este proceso de transición en la agricultura y la alimentación, ha tomado partido en favor de tesis que cuestionan la profesionalidad y excelencia de nuestro sector primario, de la calidad de los alimentos que
producimos, y en última instancia, de la competitividad de un sector que representa más de un 10 % del PIB de la economía española, que genera unos 3 millones de empleos, que exporta por valor de 60.000 millones de euros al año, y que es la
principal fuente de actividad en el medio rural. Medio rural que afronta el reto de la despoblación con mucha más intensidad que nuestros vecinos europeos.
En esta situación, las explotaciones agrarias de nuestro país vienen sufriendo pérdidas muy importantes en sus resultados económicos, que ponen en riesgo su viabilidad a consecuencia de importantes alzas en los costes de producción, de la
insuficiencia en los precios percibidos y de desequilibrios entre oferta y demanda.
La situación ya de por si complicada, se ha visto sacudida por la invasión de Ucrania y el desarrollo de las actuaciones bélicas, que han trastocado todos los mercados. En esta situación, el sector agroalimentario español está siendo uno de
los más damnificados.
España ha sido, hasta la fecha, un gran cliente de Ucrania en el ámbito agrario. El año pasado España compró a Ucrania más del 40 por 100 de todos los cereales que importó, más del 60 por 100 del aceite de girasol importado, algo más del 31
por 100 de las tortas de aceites vegetales importadas y cerca del 15 por 100 de las leguminosas grano foráneas, a lo que se unen importaciones de abonos y fertilizantes.
Nos encontramos con que a los importantes problemas económicos que ya existían al comienzo de año, se añade una nueva y significativa escalada de los costes de producción en el sector agrario, siendo, en este momento, los ganaderos los
principales afectados por esta sobrevenida circunstancia, que puede conducir al desabastecimiento de los mercados y a un encarecimiento de los piensos superior al ya registrado. Todo esto se sumaría a los efectos de la preocupante sequía y de la
falta de pastos, los bajos precios de venta en origen y los altos los costes energéticos que ya lastran la rentabilidad de sus explotaciones y que no paran de subir, lo que comportará un encarecimiento sustancial del precio de los alimentos, con un
IPC que en el presente año puede alcanzar los dos dígitos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover ante la Comisión Europea las medidas oportunas para flexibilizar la aplicación de la PAC para 2022, con un anticipo real de los pagos a los productores y un incremento del adelanto del pago del 50 al 70 %. Así como también para
llevar a cabo una adaptación de todas aquellas condiciones que impone la PAC a los productores, las cuales deben ser modificadas para garantizar una producción de alimentos que evite el desabastecimiento para la alimentación humana y animal, en
cuestiones como unas condiciones más flexibles en el uso de superficies de barbecho y de interés ecológico para aliviar los
efectos de la sequía, en la posibilidad de aprovechamiento de barbechos con cultivos proteaginosos, en facilidades para la producción ecológica, etc.
2. Proceder a la modificación de la propuesta de Plan Estratégico de la PAC de España, remitido a la Comisión Europea el pasado 29 de diciembre de 2021, para llevar a cabo la revisión de su contenido, a la vista de las actuales
circunstancias y de las nuevas previsiones de futuro, que no pudieron tenerse en cuenta en su elaboración, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país.
Dicha revisión debe realizarse con carácter de urgencia, de tal manera que pueda ser de aplicación en los plazos previstos, y deberá llevarse a cabo contando con la participación de las Comunidades Autónomas y de las organizaciones
representativas del sector agrario, de tal forma que el nuevo Plan, esta vez, sí sea realmente consensuado y constituya el resultado de un amplio acuerdo nacional.
3. Promover ante la Unión Europea, y apoyar aquellas iniciativas similares promovidas por otros Estados miembro, la revisión del Pacto Verde Europeo y de diferentes estrategias, como la 'Estrategia de la Granja a la Mesa' y la 'Estrategia
de la UE sobre Biodiversidad para 2030', de tal manera que de su aplicación no se derive una pérdida, de potencial productivo del sector agroalimentario, ni de rentabilidad para los productores, a fin de evitar que se ponga en riesgo la soberanía
alimentaria de nuestro país.
4. Solicitar a la Comisión Europea la activación de la Reserva de Crisis prevista en el Reglamento sobre la Organización Común de Mercados (OCM), diseñada para apoyar al sector cuando, como es este caso, las crisis afectan a la producción.
De tal forma que se puedan financiar medidas excepcionales para contrarrestar la interrupción del mercado, que ya se registra en algunos sectores.
5. Impulsar urgentemente los trabajos con las organizaciones sectoriales para la búsqueda de nuevos mercados en origen que permitan garantizar el suministro de alimentos, en especial para la ganadería, evitando poner en riesgo la seguridad
alimentaria en nuestro país.
Trabajar así mismo, con los sectores, en la identificación y en el acceso a nuevos mercados potenciales que resulten adecuados para redirigir la exportación de los productos alimentarios, de aquellos sectores que puedan verse afectados por
las posibles restricciones al comercio que pudieran establecerse a consecuencia del conflicto bélico.
6. Proceder, de manera inmediata, a la regulación de los contratos de acceso a las redes de transporte y distribución eléctrica para regadíos, estableciendo condiciones particulares de aplicación a dichos contratos que contemplen la
posibilidad de disponer de dos potencias diferentes a lo largo de un año, en función de las necesidades de suministro para el riego. IVA 4 % o eliminar impuestos.
Poniendo con ello fin al reiterado incumplimiento que viene haciendo el Gobierno, de lo dispuesto en la disposición final primera, por la que se incorpora una disposición final quinta bis en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector
Eléctrico, contenida en la Ley 1/2018, de 6 de marzo, por la que se adoptan medidas urgentes para paliar los efectos producidos por la sequía en determinadas cuencas hidrográficas y se modifica el texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por
Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio.
Así como también, dando cumplimiento a lo establecido en la disposición adicional primera, sobre contratación de potencias eléctricas, de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, por la que se modifica la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas
para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, en la que se establece que el Gobierno posibilitará la contratación de dos potencias eléctricas a lo largo del año, discriminando la época de riego y la de no riego.
7. Poner en marcha, de manera efectiva, las bonificaciones establecidas en la citada disposición adicional primera de la Ley 16/2021, de 14 de diciembre, de hasta un 35 % y un 15 % de la factura del gasóleo y la de los plásticos y
fertilizantes, respectivamente, utilizados en las actividades llevadas a cabo en favor de los operadores de la cadena sujetos al ámbito de aplicación previsto en el artículo 2 de la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el
funcionamiento de la cadena alimentaria.
8. La efectiva aplicación de lo previsto en el artículo 9 de la mencionada Ley 1/2018, de 6 de marzo, por el que se crea un Fondo Extraordinario de lucha contra la sequía y sus consecuencias destinado a financiar medidas de ayuda para
compensar las pérdidas producidas por la sequía en las explotaciones agrícolas y ganaderas afectadas por la misma. Se ampliará el ámbito de actuación del Fondo para contemplar también las pérdidas que se registran en las explotaciones agrarias que
se están viendo afectadas en sus resultados económicos por los elevados incrementos en el coste de los factores de producción o por desajustes en las condiciones de mercado que no les permiten cubrir sus costes de producción, así como también a
aquellos sectores afectados por las restricciones comerciales derivadas de la invasión de Ucrania.
Fondo Extraordinario que, como se indica en el citado en el artículo 9, está destinado, entre otras cuestiones, a la financiación de líneas de apoyo y ayudas acogidas al régimen de mínimis, hasta el límite máximo del cupo asignado a España
y, de acuerdo al Reglamento (UE) n.º 1408/2013 de la Comisión, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas mínimis en el sector agrícola.
El Fondo Extraordinario fue dotado con una aportación patrimonial, para el año 2017, procedente del presupuesto del Estado, de 1.000 millones de euros. Por lo que se procederá a dotarlo con 5.000 millones adicionales, correspondientes a las
aportaciones anuales correspondientes al período 2018 a 2022, años en los que también ocurrieron circunstancias adversas extraordinarias.
9. Establecer, hasta el 31 de diciembre de 2022, la aplicación de un tipo del 4 por ciento del Impuesto sobre el Valor Añadido a las compras realizadas por los productores agrarios de aquellos medios de producción necesarios para el
desarrollo de las actividades agrícolas, ganaderas o forestales, como inputs agrarios y materias primas.
10. Reducir, para el período impositivo 2021, los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por los
graves desequilibrios del mercado, el gran incremento de los costes de producción y otras circunstancias extraordinarias.
A tal efecto, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, junto con las Comunidades Autónomas y las organizaciones representativas del sector, elaborarán, con carácter de urgencia, el preceptivo informe en el que se identifiquen las
actividades agrícolas y ganaderas donde se producen circunstancias excepcionales, que justifique hacer uso de la autorización contenida en el artículo 37.4.1.° del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de marzo de 2022.-Marta González Vázquez, Milagros Marcos Ortega, María José García-Pelayo Jurado, Javier Merino Martínez, Joaquín María García Díez, Belén Hoyo Juliá, Sebastián Jesús Ledesma Martín,
Juan Manuel Constenla Carbón, Juan José Matarí Sáez y Juan Diego Requena Ruiz, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.