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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 401, de 18/02/2022
cve: BOCG-14-D-401
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
18 de febrero de 2022
Núm. 401
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página3)
Declaración de intereses económicos ... (Página29)
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
162/000933 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la supresión del Ministerio de Consumo .... (Página32)
162/000934 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del Bono Social de Electricidad, el Bono Social Térmico y el futuro Abono Social a los
servicios de comunicaciones a los receptores del ingreso mínimo vital .... (Página36)
162/000935 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la garantía de la protección y el cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de todo el territorio español ....
162/000936 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a eliminar trabas burocráticas a la I+D mediante la figura de los gestores de la investigación .... (Página41)
162/000937 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, sobre la defensa y fortalecimiento del sector cárnico español .... (Página43)
162/000938 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la declaración como lugar de memoria democrática el éxodo de refugiados conocido como La desbandá y la violencia sufrida por la población civil en la
carretera de Málaga a Almería .... (Página51)
162/000939 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a encomendar al Defensor del Pueblo la elaboración de un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el
papel de los poderes públicos, con el apoyo de la Comisión Independiente de asesoramiento .... (Página53)
162/000940 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia .... (Página55)
162/000941 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre la Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico .... (Página56)
162/000942 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a la reprobación del Ministro del Interior por pactar la política penitenciaria del Gobierno respecto de los presos de la organización terrorista ETA con
las formaciones políticas herederas de dicha organización terrorista .... (Página58)
162/000943 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a impulsar el liderazgo de España en el desarrollo y fabricación de semiconductores .... (Página60)
162/000944 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas .... (Página62)
162/000945 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la exclusión financiera de las personas mayores .... (Página63)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
DEL VALLE DE ÍSCAR, Julio (GS) (núm. expte. 005/000359/0002) 1 ... (Página14)
LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana (GS) (núm. expte. 005/000096/0001) 1 ... (Página19)
MARTÍNEZ SEIJO, María Luz (GS) (núm. expte. 005/000240/0001) 1 ... (Página4)
SERRADA PARIENTE, David (GS) (núm. expte. 005/000032/0001) 1 ... (Página24)
TARNO BLANCO, Ricardo (GP) (núm. expte. 005/000388/0000) 0 ... (Página9)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.4 del Código de Conducta de las Cortes Generales, aprobado por Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado de 1 de octubre de 2020, se ordena la publicación en el Boletín
Oficial de las Cortes Generales de la siguiente declaración de intereses económicos presentada, una vez calificada.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Página
TARNO BLANCO, Ricardo (GP) (núm. expte. 007/000360/0000) 1 ... (Página30)
1 Declaración inicial.
2 Modificación de la declaración.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
Pleno
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas ante el Pleno de la
Cámara, disponer su conocimiento por éste, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados,15 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
162/000933
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida, doña Mercedes Jara Moreno, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd y don Tomás Fernández Ríos, en su condición de Diputados del Grupo Parlamentario VOX
(GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la supresión del Ministerio de Consumo, para su debate en pleno.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes.
El Ministerio de Consumo, creado por el Real Decreto 2/2020, de 12 de enero, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales, es fruto de la integración de tres estructuras administrativas: la Agencia Española de Seguridad
Alimentaria y Nutrición (AESAN) y la Dirección General de Consumo, ambas del Ministerio de Sanidad, y la Dirección General de Ordenación del Juego, del Ministerio de Hacienda.
La anterior ordenación de dichas estructuras administrativas obedecía a criterios objetivos y racionales en relación con su incardinación ministerial:
- El Real Decreto 1047/2018 1, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la
estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, señalaba, en su artículo 1.1, bajo la rúbrica 'Organización general del Departamento', lo siguiente: Corresponde al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social la propuesta y
ejecución de la política del Gobierno en materia de salud, de planificación y asistencia sanitaria y de consumo, así como el ejercicio de las competencias de la Administración General del Estado para asegurar a los ciudadanos el derecho a la
protección de la salud. Asimismo, le corresponde la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de cohesión e inclusión social, de familia, de protección del menor, de juventud y de atención a las personas dependientes o con
discapacidad 2.
- De otra parte, el juego estaba enmarcado dentro del Ministerio de Hacienda. Así, el artículo 2.1 del antiguo Real Decreto 1113/2018, de 7 de septiembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica
1 Quedan derogados con efectos de 1 de mayo del 2020, los preceptos y las disposiciones que se refieren a la Dirección General de Consumo y a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición, según establece la disposición
derogatoria única del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril. Ref. BOE-A- 2020-4761
2 https://www.boe.es/diario boe/txt.php?id=BOE-A-2Q18-11841
básica del Ministerio de Hacienda, señalaba expresamente lo siguiente: La Secretaría de Estado de Hacienda, bajo la superior dirección de la Ministra de Hacienda, realizará las actuaciones relativas a la orientación de la política fiscal,
el diseño y aplicación del sistema tributario, la previsión y análisis de los ingresos tributarios y otros ingresos públicos, la dirección y ejecución de la gestión catastral, así como la regulación, autorización, supervisión, coordinación, control
y, en su caso, sanción, de las actividades de juego de ámbito estatal.
Segundo. Situación actual y estructura del Ministerio de Consumo.
En la actualidad, el Ministerio de Consumo de España, siguiendo la definición otorgada por el artículo 1 del Real Decreto 495/2020, de 28 de abril, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Consumo y se
modifica el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales (RD 495/2020), es el Departamento de la Administración General del Estado al que le corresponde la propuesta
y ejecución de la política del Gobierno de la Nación en materia de consumo, protección de los consumidores y de las actividades de juego de ámbito estatal 3.
Este Ministerio fue uno de los nuevos departamentos ministeriales que el presidente del Gobierno, don Pedro Sánchez Pérez-Castejón, articuló para la Legislatura XIV. Esta reforma gubernamental se llevó a cabo como consecuencia del pacto de
coalición con Unidas Podemos y sus confluencias. Así, con esta nueva reestructuración las competencias relativas a los derechos de los consumidores del Ministerio de Sanidad pasaron al Ministerio de nueva creación, al igual que las competencias
sobre regulación del juego del Ministerio de Hacienda.
Posteriormente, a propuesta del presidente del Gobierno, de conformidad con los artículos 62 y 100 de la Constitución Española, se nombró, a través del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran ministros del Gobierno, a don
Alberto Carlos Garzón Espinosa (Coordinador federal de la confluencia de UP, Izquierda Unida) como nuevo Ministro de Consumo.
En cuanto al presupuesto de este Ministerio atípico, los Presupuestos Generales del Estado recogen una cuantía de 65,76 millones de euros para el año 2022 4.
Por último, cabe recordar que a pesar de la gran estructura del ministerio 5, la mayor parte de las competencias en materia de protección de los consumidores, seguridad alimentaria y gestión del juego están transferidas a las Comunidades
Autónomas.
Tercero. Actuaciones y las declaraciones del Ministro.
Tal y como se desprende de la web de La Moncloa, el titular del nuevo ministerio carece de cualquier tipo de formación en materia de Consumo, Juego o Seguridad Alimentaria y Nutrición. Además, no se le conoce experiencia alguna en esta
materia antes de su nombramiento 6. Es Licenciado en Economía
3 Artículo 1 del Real Decreto 495/2020.
4 https://www.sepg.pap.hacienda.gob.es/Presup/PGE2022Proyecto/MaestroDocumentos/PGE-RQM/doc/l/3/30/2/2/N_22_A_R_31_131_1_1_2_3.PDF
5 Organización institucional. Organigrama Ministerio Consumo.
6 https:// www.lamoncloa.gob.es/gobierno/Paginas/130120-albertocarIosgarzo.aspx [fecha de consulta: 9 de julio de 2021],
(2007) y dispone de un máster de Economía Internacional y Desarrollo en Derecho (2010), tras el que habría iniciado su carrera política 7.
Sí es destacable, sin embargo, su militancia en el Partido Comunista de España, militancia que sí manifestó orgullosamente en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, el 28 de febrero de 2020, en respuesta a las preguntas
planteadas por el Grupo Parlamentario VOX. Esta ideología totalitaria, condenada expresamente por la Unión Europea 8, ha marcado decisivamente la escasa agenda política del actual ministro.
Así, desde que el Sr. Garzón iniciara su cargo de ministro, el Ministerio de Consumo se ha caracterizado tanto por su escasa actividad como por la adopción de sectarias actuaciones que han tenido muchas y muy graves consecuencias para
sectores clave de la economía nacional y, especialmente, para el sector primario.
Además de por su escaso funcionamiento, el ministerio dirigido por el Sr. Garzón se ha caracterizado por la realización de una serie de manifestaciones y campañas contrarias a sectores estratégicos para España y basadas en datos erróneos.
Como se evidenciará, estas actuaciones, que en ningún caso buscaban servir con objetividad a los intereses generales, sino más bien todo lo contrario, han perjudicado a nuestro tejido empresarial.
Entre otras, destacan las siguientes:
1) Respecto al sector agrícola y ganadero: el Ministro ha protagonizado diversas polémicas sobre el consumo de la carne. La última la conocíamos el pasado 26 de diciembre con la publicación de una entrevista en el periódico británico The
Guardian 9. Conforme expone el referido medio de comunicación, el ministro afirmó que España exportaba carne de animales maltratados y de baja calidad y vinculó la producción ganadero-cárnica con las emisiones GEI y la contaminación 10. Tras sus
palabras se vislumbra el desprestigio internacional de la imagen de España.
Estas afirmaciones han generado una gran repercusión en el sector ganadero español, cuyos representantes mostraron su posición unánime contra las mismas por el daño que genera a la ganadería española y a la Marca España 11, reclamando
incluso la dimisión o cese del ministro 12.
En palabras de las seis organizaciones interprofesionales más importantes del sector industrial cárnico-ganadero, 'estas afirmaciones resultan reprobables en cualquier responsable político español al poner en riesgo la imagen de un sector
que tanto aporta a la economía y sociedad españolas. Aún más grave es el que lo haga un miembro del Gobierno, por lo que, esperamos comprenda nuestra preocupación y desde su responsabilidad trate de evitar actuaciones de este tipo en el futuro'.
Cabe recordar que los sectores ganadero y cárnico no solo contribuyen al desarrollo de España desde una perspectiva económica, sino que estos sectores realizan una aportación incalculable desde un punto de vista social, sobre todo para
aquellas zonas despobladas.
2) El debate sobre el azúcar: En octubre de 2020 el Ministerio inició una campaña contra el azúcar, encabezada con la consigna 'El azúcar mata'. Toda esta actividad ha generado el rechazo de muchos sectores 13, puesto que no solo los
productores de bollería o de los chocolates se ven afectados. Así, asociaciones como ASAJA Valladolid han afirmado que las campañas de demonización del azúcar, producto del que dependen el sector remolachero, el transporte, la industria, el riego,
la hostelería y muchos empleos es 'irresponsable' y 'denota una gran falta de conocimiento y preparación' 14. La única actuación para prevenir el consumo de azúcares ha sido aumentar del 10 % al 21 % el IVA de las bebidas
7 https://www.lamoncloa.gob.eS/g:obierno/Faginas/130120-albertocarlosgarzo.aspx [fecha de consulta: 9 de julio de 2021].
8 No se puede dejar de reseñar en este punto que la Resolución del Parlamento Europeo, de 19 de septiembre de 2019, sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa8, en su punto 6, 'condena toda manifestación y
propagación de ideologías totalitarias, como el nazismo y el estalinismo, en la Unión', y en su punto 17, 'expresa su preocupación por el hecho de que se sigan usando símbolos de los regímenes totalitarios en la esfera pública y con fines
comerciales, y recuerda que varios países europeos han prohibido el uso de símbolos nazis y comunistas'. El reino de España es uno de los estados miembros de la Unión Europea y no podemos ser ajenos a dicha declaración prácticamente unánime del
Parlamento Europeo.
9 https://www.theguardian.com/world/2021/dec726/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-savs-minister
10 https://www.theguardian.com/world/2021/dec726/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-mmister [fecha de consulta: 10 de enero de 2022].
11 https://www.elmundo.es/espana/2022/01/07/61d73b2cfdddff70298b4587.html
12 https: / / www.agronewscastillayleon.com/ upa-y-asaia-exigen-la-dimision-o-el-cese-del-ministro-garzon-ante-Ios-continuos-ataques-lanzados-al
13 https://www.eleconomista.es/castilla_y_leon/noticias/10853966/10/20/Indignacion-en-el-campo-por-la-campana-del-Mmisterio-de-Consumo-en-la-que-crimmahza-el-azucar.html [fecha de consulta: 22 de junio de 20211.
14 ídem.
azucaradas, medida que ya ha tenido una repercusión negativa en las ventas de estos productos y en el alza de su precio 15. Todo ello llevó a que un gran número de asociaciones del sector industrial y agroalimentario, representantes de
comisiones de despoblación y reto demográfico y varias Comunidades Autónomas se adhirieran a un manifiesto en defensa del sector azucarero, el consumo responsable de azúcar y contra las subidas fiscales a alimentos y bebidas.
3) Etiquetado Nutri-Score. Con la implantación de este sistema de etiquetado quedan relegados, en este proceso de catalogación, productos básicos de la industria agroalimentaria española y de la dieta mediterránea, constituyendo un ataque
directo a lo que es actualmente patrimonio cultural inmaterial de la humanidad por la UNESCO 16. El Ministro de Consumo defendió siempre que 'NutriScore podría evitar miles de muertes al año en España', 17 a pesar (i) de existir un claro consenso
entre expertos y especialistas en nutrición sobre el hecho de que el referido sistema no está funcionando adecuadamente en otros países, y (ii) del ataque frontal que supone a los productos españoles como el aceite de oliva, el jamón ibérico, el
queso y las denominaciones de origen protegidas (DOP) e indicaciones geográficas protegidas (IGP), que constituyen la dieta mediterránea.
4) La Campaña sobre los juguetes en plena campaña de Navidad: con el lema #HuelgaDeJuguetes pretendía impulsar la sensibilización sobre la publicidad sexista, ya que para el ministro de Consumo 'la mayoría de la publicidad de juguetes
reproduce estereotipos que limitan el desarrollo personal en la infancia y consolida la desigualdad de género' 18. El Ministerio de Consumo detallaba en su momento que el coste total de la campaña fue de 109.108,47 euros, evidenciando que 'Esta
cantidad incluye los 78.650,00 euros destinados a la concepción y diseño de la iniciativa; 25.410,00 euros para la compra de espacios en medios de comunicación y soportes publicitarios; y 5.048,47 euros para el acto de apertura de la campaña y la
jornada festiva que tuvo lugar el 12 de diciembre en el Teatro de Títeres del parque del Retiro de Madrid' 19.
Ante esta campaña, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes no tardó en trasladar su malestar afirmando que ' [e]l sector está comprometido desde siempre con la sociedad, la transmisión de valores, y dispuesto a acompañar a la
Administración en este viaje de responsabilidad. No es justo ni razonable que se estigmatice al juguete y su industria, por muy loable y compartido que sea el objetivo' 20. El sector juguetero tiene una gran relevancia para nuestro país, en tanto
que está compuesto por 243 empresas que ocupan a 4.800 personas de forma directa (más de 20.000 empleados de forma indirecta). Por tanto, realizar una campaña de estigmatización de este sector, en el marco de una crisis sanitaria y un completo
desabastecimiento de materias primas, es cuanto menos un ataque a los intereses generales de España y a su economía 21.
5) Libro de 40 recetas titulado 'Comida rápida, barata y saludable' 22. Este libro, editado y pagado por el Ministerio de Consumo, se elaboró sin la dirección de sociedades médicas y/o nutricionistas. Además, este sugerente 'recetario de
cocina' minusvalora la gran cocina española y sus productos, promocionando el consumo de productos importados. Todo ello a pesar de que nuestra cocina y dieta mediterránea es imitada a nivel mundial.
6) La imparable subida del coste del consumo eléctrico: Este Ministro y su Ministerio de Consumo no da soluciones a los problemas reales y que afectan a todos y cada uno de los españoles, como el precio más elevado de la historia respecto
al consumo eléctrico, que afecta especialmente a las personas más vulnerables como los 'electrodependientes' 23. Y todo esto a pesar de que el Gobierno de España se comprometió a que los españoles pagarían una cuantía 'similar o parecida' a los
recibos de la luz que se pagaron en el año 2018.
15 https:/ / elpais.com/economía/2021-02-12/la-subida-del-iva-a-las-bebidas-azucaradas-se-deia-sentir-en-el-ipc-de-enero.html [fecha de consulta: 22 de junio de 2021].
16 UNESCO. Chipre, Croacia, España, Grecia, Italia, Marruecos y Portugal. Inscrito en 2013 (8.COM) en la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Recuperado de: https: / /
ich.unesco.org/es/RL/la-dieta-mediterranea-00884
17 GOBIERNO DE ESPAÑA. (2021). Garzón: 'NutriScore podría evitar miles de muertes al año en España'. Recuperado de: https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/consumo/Paginas/2021/160621-nutriscore.aspx
18 https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/garz-n-hav-comportamientos-sexistas-en-publicidad-que-tienen-que-ser-erradicados
19 https://www.elmundo.es/economia/ahorro-v consumo/2022/01/13/61e00e57fc6c832d228b45ea.html.
20 https://www.larazon.es/economia/20211211/4cdifmgchbhotb4xujx6vkg5mu.html
21 https://www.aefi.es/contenidos/dossier-de-prensa-aefi-2020 [fecha de consulta: 10 de enero de 2022],
22 https://sl.eestatic.com/2021/ll/ll/politica/v2 pdf recetario.pdf
23 https://dtme.ranm,es/buscador.aspx?NIVEL BUS=3&LEMA BUS=funcionante
Cuarto. Supresión del Ministerio de Consumo.
En definitiva, la realidad es que los sectores o industrias que han sido objeto de agravio y difamación por parte del Ministerio de Consumo constituyen gran parte del tejido empresarial y económico del país, razón por la que se entiende que
en ningún caso estas actuaciones han ido dirigidas a proteger el interés general. Es evidente, por tanto, que la creación de este Ministerio no sólo no ha supuesto ninguna mejora en las funciones y competencias asumidas por el mismo, sino que
además ha causado un grave perjuicio a la industria española y, en última instancia, a todos los españoles. Hoy se administran intereses nacionales a través de un departamento que ha demostrado claramente su incompetencia en dos años de Gobierno.
En conclusión, todos los argumentos expuestos en la presente iniciativa hacen patente la imperiosa y urgente necesidad de suprimir el departamento ministerial dirigido por el Sr. Garzón Espinosa, que además supone un gasto innecesario para
nuestro país, y que justificando únicamente su existencia el cumplimiento por parte del Sr. Sánchez Pérez-Castejón de las condiciones pactadas entre los socios de gobierno en el acuerdo de investidura.
Por todo ello, instamos al Gobierno de la Nación a modificar el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, suprimiendo el Ministerio de Consumo, de
conformidad con la competencia reconocida por el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, que establece expresamente lo siguiente:
'2. En todo caso, corresponde al Presidente del Gobierno:
j) Crear, modificar y suprimir, por Real Decreto, los Departamentos Ministeriales, así como las Secretarías de Estado, Asimismo, le corresponde la aprobación de la estructura orgánica de la Presidencia del Gobierno.'
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Presidente del Gobierno, de conformidad con la competencia reconocida en el artículo 2.2.j) de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, a suprimir el Ministerio de Consumo, modificando a tal
efecto el Real Decreto 139/2020, de 28 de enero, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de enero de 2022.-Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegmann Olmedillas, Antonio Salvá Verd y Tomás Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
162/000934
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del
Bono Social de electricidad, el Bono Social Térmico y el futuro abono social a los servicios de comunicaciones a los receptores del Ingreso Mínimo Vital, para su debate ante el Pleno.
Exposición de motivos
Durante el mes de enero, la Fundación Fomento de Estudios Sociales y Sociología Aplicada y Cáritas hicieron público los resultados de un estudio que analizaba las consecuencias sociales de la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 en España.
En las conclusiones del estudio se destacaba que un tercio de los hogares tienen a todos sus miembros en el paro, el aumento de la brecha de género, la reducción del gasto en tres de cada diez familias en alimentación, ropa y calzado y la brecha
digital como un nuevo factor de exclusión social.
Aunque la crisis económica y social provocada por la pandemia ha incrementado la desigualdad económica en nuestro país y el número de personas que se encuentran en situación de privación material severa, nuestro sistema impositivo y social
lleva décadas demostrando su ineficacia a la hora de reducir la pobreza. A esta situación se le suma la rapidez con la que se destruye empleo en nuestro país durante las etapas de recesión económica en comparación al tiempo que necesita nuestro
tejido productivo para volver a generar los puestos de trabajo previos al inicio de las crisis.
El Ingreso Mínimo Vital es en estos momentos uno de los instrumentos más importantes de los que disponen los poderes públicos para hacer frente a la pobreza que sufren miles de personas en España. Según los últimos datos de los que
disponemos, 800.000 personas se benefician en la actualidad de esta prestación dirigida a 'prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una
situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas.'
Sin embargo, el Ingreso Mínimo Vital no se implementa de forma coordinada con otras políticas públicas destinadas a proteger a las personas y familias con menores recursos. El reconocimiento de la condición de beneficiario de Bono Social de
electricidad y el Bono Social Térmico, destinados a proteger a los consumidores domésticos vulnerables en el uso de energía eléctrica y para la energía destinada a calefacción, agua caliente sanitaria y la cocina, no se encuentra incluido entre los
derechos reconocidos a los receptores del Ingreso Mínimo Vital.
Esta situación supone una barrera para aquellas personas que aun encontrándose en situaciones de pobreza acreditada, necesitan realizar diferentes trámites para acceder a todas las ayudas puestas a su disposición por parte del Estado y las
comunidades autónomas.
A las barreras burocráticas a las que deben enfrentarse estas personas, se le suma la brecha digital y la reducida capacidad de las Administraciones Públicas de hacer llegar toda la información relativa a ayudas y prestaciones sociales a
estos colectivos, lo que acaba limitando la eficacia de estas políticas públicas.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a impulsar los cambios legislativos y reglamentarios necesarios para facilitar el reconocimiento automático de la condición de beneficiario del Bono Social de electricidad, el Bono
Social Térmico y el futuro abono social a los servicios de comunicaciones a los receptores del Ingreso Mínimo Vital.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-Sara Giménez Giménez, Diputada.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000935
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña María Teresa López Álvarez, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Georgina Trías Gil, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados
del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la garantía de la protección y el cuidado de los menores tutelados
en los centros de protección de menores de todo el territorio español, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Centros de menores tutelados.
El artículo 39 de la Constitución Española ('CE') establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia, y en especial de los menores de edad, de conformidad con los acuerdos
internacionales que velan por sus derechos. Así, como medida de protección de menores se crearon los denominados centros de menores tutelados.
Asimismo, se han venido promulgando diversas normas en materia de protección de la infancia y la adolescencia y, en concreto, en materia de acogimiento residencial, a saber:
- Ley 21/1987, de 11 de noviembre, por la que se modifican determinados artículos del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción.
- Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia.
- Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia.
No obstante, en virtud del artículo 148.1.20.ª CE, las Comunidades Autónomas han asumido sus respectivas competencias en materia de Asistencia Social, por lo que cada territorio ha desarrollado su propia legislación de protección de menores,
de tal modo que las referidas normas coexisten con las leyes y normas con fuerza de ley desarrolladas en cada autonomía de conformidad con los distintos Estatutos de Autonomía. En definitiva, la protección pública del menor mediante el acogimiento
residencial depende de las Comunidades Autónomas. La doctora Martínez García se hace eco de la patente 'necesidad de evitar una disparidad injustificada de regulaciones' y reconoce que 'sigue sin existir una coordinación efectiva entre' el
Observatorio de Infancia y las administraciones 24.
La gestión de los centros pueden asumirla tanto la Administración Pública directamente como las Entidades Privadas por vía de contrato o convenio 25. En este segundo caso, los centros pueden ser tanto privados como de titularidad pública
cuya gestión cede la Administración. En 2020, el 18 % de los centros de protección de menores fueron gestionados por entidades de titularidad pública y el 82 % por entidades colaboradoras 26.
El Boletín de datos estadísticos de medidas de protección a la infancia (Boletín número 23, 2020) define el acogimiento residencial en los siguientes términos:
'Medida protectora consistente en el cuidado y custodia del menor de edad, bien como contenido propio de la Tutela o con independencia de que ésta se haya asumido, cuando se lleva a efecto mediante el ingreso del menor de edad en un centro o
establecimiento, sea propio o colaborador. Se consideran asimilados a los centros, a estos efectos, los pisos tutelados, hogares funcionales, mini residencias, etc., tanto de titularidad de la entidad pública como de centros colaboradores' 27.
El acogimiento residencial 'es aquel que lleva a cabo la Entidad Pública competente como medida de protección' 28, y 'la pretensión principal de la Administración Pública es que la duración de la estancia del menor en un centro sea lo más
corta posible. En cuanto su entorno haya reunido las condiciones básicas de idoneidad o se derive a otro recurso de carácter estable, mostrando preferencia por el Acogimiento Familiar' 29. Existen distintos tipos, como los centros de recepción,
centros de acogida, hogares funcionales o los centros de emancipación 30.
El total de acogimiento residenciales ascendía a 23.209 menores en 2019, de los cuales algo más de la mitad 'tuvo como causa la asunción de tutela 'ex lege' por las entidades públicas de protección de
24 https://www.ief.es/ docs/destacados/publicaciones/revistas/pgp/98.pdf
25 No obstante, el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil establece como obligación básica del acogimiento
residencial que, 'a los efectos de asegurar la protección de los derechos de los menores, la Entidad Pública deberá realizar la inspección y supervisión de los centros y servicios semestralmente y siempre que así lo exijan las circunstancias'.
26 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/PDF/Estadisticaboletineslegisladon/Boletín_Protección_23_Provisional.pdf
27 Ibidem.
28 Real Fernández, M., Navarro Soria, l., Martín-Aragón Gelabert, M., Terol Cantero, M.ª C. (2020). 'Acogimiento familiar en España: un estudio de revisión'. Aposta. Revista de Ciencias Sociales, 84, 8-24,
http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/ inavarro2.pdf
29 Ibidem.
30 Ibidem.
infancia' 31. No obstante, en 2020 la cifra total de acogimientos residenciales se redujo un 26,79%, descendiendo hasta los a 16.991 menores, según datos estadísticos provisionales 32.
Segundo. Casos de abusos y explotación sexual de menores tutelados.
En los últimos tiempos han salido a la luz distintos casos de abusos sexuales y explotación de menores tutelados en centros de protección. Destaca el caso de las menores tuteladas de Baleares, en el que estuvieron involucrados tanto menores
como trabajadores de los mismos centros. El Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), que ostenta la gestión de la treintena de centros de protección de menores en el Consell de Mallorca, ha reconocido dieciséis casos de menores sometidos a
explotación sexual.
Asimismo, diversos medios se han hecho eco de casos semejantes tanto en la Comunidad de Madrid 33 como en la Comunidad Valenciana 34 o Canarias 35.
Tercero. Las actuaciones en los centros de protección.
El artículo 53 de Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia recoge los protocolos de actuación en los centros de protección de personas menores de edad.
El referido precepto señala lo siguiente: 'Todos los centros de protección de personas menores de edad serán entornos seguros e, independientemente de su titularidad, están obligados a aplicar los protocolos de actuación que establezca la
Entidad Pública de Protección a la infancia, y que contendrán las actuaciones que deben seguirse para la prevención, detección precoz e intervención frente a las posibles situaciones de violencia comprendidas en el ámbito de aplicación de esta ley'.
Tal y como sigue señalando el artículo, los protocolos, en otros aspectos:
a) 'Determinarán la forma de iniciar el procedimiento, los sistemas de comunicación y la coordinación de los y las profesionales responsables de cada actuación.
b) Establecerán mecanismos de queja y denuncia sencillos, accesibles, seguros y confidenciales para informar, de forma que los niños, niñas y adolescentes sean tratados sin riesgo de sufrir represalias. Las respuestas a estas quejas serán
susceptibles de ser recurridas. En todo caso las personas menores de edad tendrán derecho a remitir quejas de forma confidencial al Ministerio Fiscal, a la autoridad judicial competente y al Defensor del Pueblo o ante las instituciones autonómicas
homologas.
c) Garantizar que, en el momento del ingreso, el centro de protección facilite a la persona menor de edad, por escrito y en idioma y formato que le resulte comprensible y accesible, las normas de convivencia y el régimen disciplinario que
rige en el centro, así como información sobre los mecanismos de queja y de comunicación existentes.
d) Deberán contemplar actuaciones específicas cuando el acoso tenga como motivación la discapacidad, el racismo o el lugar de origen, la orientación sexual, la identidad o expresión de género. De igual modo, dichos protocolos deberán
contemplar actuaciones específicas cuando el acoso se lleve a cabo a través de las nuevas tecnologías de las personas menores de edad o dispositivos móviles y se haya menoscabado la intimidad y reputación.
e) Deberán tener en cuenta las situaciones en las que es aconsejable el traslado de la persona menor de edad a otro centro para garantizar su interés superior y su bienestar'.
De igual modo, la ley prevé en su artículo 54 una atención reforzada y específica ante casos de explotación sexual y trata de personas menores de edad sujetas a medidas de protección, señalando, respecto a los protocolos anteriormente
citados, que 'deberán contener actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida
protectora y que residan en centros residenciales bajo su responsabilidad. Se tendrá muy especialmente en cuenta para la elaboración de estas actuaciones la perspectiva de género [sic], así como las medidas necesarias
31 https://observatoriodelainfancia.vpsocial.gob.es/productos/pdf/BOLETIN_22_final.pdf
32 https://www.mdsocialesa2030.gob.es/derechos-sociales/infancia-y-adolescencia/PDF/Estadisticaboletineslegislacion/Boletin_Proteccion_23_Provisional.pdf
33 https://www.elmundo.es/madrid/2022/01/19/61e740ece4d4d852568b45c1.htm.
34 https:/ / okdiario.com/ espana/hasta-127-menores-bajo-tutela-denuncian-abusos-estandoresidencias-bajo-control-puig-oltra-8386700
35 https:/ / www.canarias7.es/ sociedad/ detenidas-personas-mallorca-20210916201430-ntrc.html
de coordinación con el Ministerio Fiscal, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el resto de los agentes sociales implicados'.
Por último, dentro de las actuaciones que la norma prevé en centros de protección se encuentra la supervisión por parte del Ministerio Fiscal, que 'visitará periódicamente de acuerdo con lo previsto en la normativa interna de los centros de
protección de personas menores de edad para supervisar el cumplimiento de los protocolos de actuación y dar seguimiento a los mecanismos de comunicación de situaciones de violencia, así como escuchar a los niños, niñas y adolescentes que así lo
soliciten' (artículo 55.1).
Respecto a las entidades públicas de protección a la infancia, estas 'mantendrán comunicación de carácter permanente con el Ministerio Fiscal y, en su caso, con la autoridad judicial que acordó el ingreso, sobre las circunstancias relevantes
que puedan producirse durante la estancia en un centro que afecte a la persona menor de edad, así como la necesidad de mantener el mismo' (artículo 55.2).
Cuarto. Menores extranjeros no acompañados.
Según consta en la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2021, en 2020 se localizaron '3.307 menores extranjeros no acompañados llegados a España por vía marítima en pateras u otras embarcaciones frágiles (un 15,10 % más que
durante el año 2019)' 36 , de los cuales 'el mayor número procede de Marruecos (1.393 = 42,12 %), seguido por naturales de Malí (577 = 17,44 %), Argelia (549 = 16,60 %), Senegal (438 = 13,24 %), República de Guinea (118 = 3,56), y Gambia (109 = 3,29
%) y a mucha distancia Costa de Marfil (65 = 1,96 %) o Camerún (16 = 0,48 %)' 37.
El 2 de octubre de 2012 entró en vigor el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos sobre la cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado,
hecho en Rabat el 6 de marzo de 2007 (en adelante, 'Acuerdo').
En el artículo 2 se fijaba, como uno de los tres objetivos específicos del Acuerdo, lo siguiente:
'favorecer el retorno asistido de los menores al seno de sus familias o a la institución de tutela del país de origen, así como su reinserción social'.
En desarrollo de dicho propósito, el artículo 5 consigna tres 'acciones en materia de retorno'. Estas acciones son las siguientes:
1. Las autoridades competentes españolas deben resolver acerca del retorno de los menores de edad no acompañados a su país de origen. Tal decisión ha de adoptarse 'con observancia estricta de la legislación española, las normas y
principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño'.
2. Las Partes Contratantes del Acuerdo han de garantizar, en el caso de que los menores de edad no acompañados sean repatriados a su país de origen, las condiciones para su reunificación familiar o su entrega a una institución de tutela.
3. Las autoridades competentes españolas y marroquíes deben cooperar en el establecimiento de un dispositivo de acogida.
No obstante lo anterior, la legislación internacional y nacional, la doctrina y la jurisprudencia concuerdan en que el mejor entorno para un menor es, por regla general, su propia familia. Así lo expone Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero,
de Protección Jurídica del Menor en el parágrafo c) de su artículo 2.2, cuando afirma que uno de los criterios para determinar el interés superior del menor es 'priorizar la permanencia en su familia de origen y ( ...) preservar el mantenimiento de
sus relaciones familiares ( ...) Cuando el menor hubiera sido separado de su núcleo familiar, se valorarán las posibilidades y conveniencia de su retorno, ( ...) primando siempre el interés y las necesidades del menor sobre las de la familia' 38.
De hecho, las propias normas de nuestro ordenamiento en materia de tutela administrativa tienen como criterio primordial, aparte de garantizar el interés del menor, procurar su reincorporación a su familia de origen.
36 https://www.fiscal.es/memorias/memoria2021/FISCALIA_SITE/capitulo_III/cap_III_4_:6.html
37 Ibidem.
38 Sobre el particular, véanse los arts. 172.4,172.5,172.2 ter y 173.3 del Código Civil, 2, 9,10,11,14, 21, 24, D. A.3a y D. F. 20a de la LOPJM, 3.1 de la Convención de los Derechos del Niño y 8.14 de la Carta Europea de los Derechos del
Niño.
Por consiguiente, el Grupo Parlamentario Vox aboga por priorizar y garantizar el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, así como las condiciones para su reunificación familiar o su entrega a una institución
de tutela, siempre respetando el principio del interés superior del menor.
Quinto. Conclusiones.
El objeto de la presente Proposición no de Ley no es otro que instar al Gobierno a que, dentro de sus competencias y en necesaria coordinación con las Comunidades Autónomas, promueva las medidas necesarias para garantizar la protección y el
cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de todo el territorio español.
El Grupo Parlamentario VOX ya instó al Gobierno el pasado mes de junio a crear una Comisión de Investigación sobre la gestión de los centros de protección de menores en España a raíz de los hechos conocidos en Baleares, de indudable interés
público (boletines del Congreso de los Diputados núm. D-297, de 22/06/2021, pág.: 88, y núm. D-376, de 15/12/2021, pág.: 59). La propuesta fue rechazada, como consta en el diario de sesiones núm. 545, de 17/11/2021, pág.: 10, de la Comisión
de Derechos de la Infancia y Adolescencia.
No obstante, las nuevas muestras de atentados contra la dignidad de los menores tutelados en distintas regiones del territorio nacional exigen poner todos los medios necesarios para esclarecer los hechos y reforzar las medidas de protección
de los menores, habida cuenta de la responsabilidad de las Administraciones Públicas como garantes del derecho a la protección pública del menor, en tanto en cuanto pueden asumir la tutela y guarda de estos ante la existencia de situaciones de
riesgo y desamparo, tal y como establecen los artículos 172 y 222 del Código Civil.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
Dentro de sus competencias y en necesaria coordinación con las autoridades competentes, promover las medidas necesarias para garantizar la protección y el cuidado de los menores tutelados en los centros de protección de menores de todo el
territorio español y, en particular, las siguientes:
- Instar la actuación del Ministerio Fiscal en relación con cualesquiera hechos relativos a abusos y explotación sexual que puedan haber ocurrido en centros de protección de menores en España.
- Promover la evaluación y fortalecimiento de los protocolos de actuación en los centros de protección de menores en España en aras de prevenir la comisión de delitos y favorecer el buen ambiente de los centros.
- Promover el acogimiento familiar frente al acogimiento residencial.
- Garantizar el retorno de los menores extranjeros no acompañados a sus países de origen, así como las condiciones para su reunificación familiar o su entrega a una institución de tutela en su país de origen, siempre respetando el principio
del interés superior del menor'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de febrero de 2022.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solas y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo
Parlamentario VOX.
162/000936
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para eliminar trabas burocráticas a la I+D mediante la figura de
los gestores de la investigación para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación cuenta con investigadores de primer nivel, pero no es capaz de aprovechar todo el talento de nuestros científicos. Varias razones, principalmente atribuibles a nuestro marco jurídico y
a las dinámicas de nuestras administraciones, lastran el potencial de nuestros científicos. Por ejemplo, la precariedad de los contratos expulsa talento, al considerar estos investigadores que es mejor para su carrera profesional desarrollar sus
tareas en el exterior, con un mayor reconocimiento, más apoyo económico y mejores condiciones laborales.
Otro de los grandes obstáculos que encuentran nuestros grupos de investigación es la burocracia. La Administración General del Estado en España tiene una lógica organizativa en la cual la carga de la prueba se deposita sobre la persona
física o jurídica que se relaciona con ella. Esto supone que no es la propia Administración, pese a los recursos económicos y humanos de los que dispone para ello, sino el individuo el que debe aportar documentación relativa a asuntos como la
fiscalización de fondos públicos. En lugar de ser la Administración, a través de su personal y sus recursos, quien se encarga de la fiscalización de esos fondos que entrega, la lógica organizativa consiste en poner barreras y requisitos previos que
cumplir, cual lista de tareas pendientes, antes de que la Administración dé luz verde a esa financiación.
En ocasiones, esto supone que haya elementos puramente administrativos que impiden el acceso de grupos de investigación a líneas de financiación, o requisitos que establecen que si no se gastan los recursos en un determinado plazo habrá que
devolverlos, en lugar de poder utilizarlos para otros fines en el futuro. Los investigadores, por tanto, se ven obligados a hacer frente a unas tareas administrativas para las que no están necesariamente preparados ni tendrían por qué estarlo,
especialmente teniendo en cuenta que el valor añadido de nuestros científicos está, precisamente, en las tareas de investigación y es a eso a lo que deberían dedicar el 100% de su jornada laboral.
De acuerdo a un estudio publicado en la revista especializada Nature, los líderes de los grupos de investigación admiten que una de las principales necesidades que tienen es la de recibir un mejor apoyo para las tareas administrativas, tanto
las suyas como las de los miembros del grupo de investigación. Otro estudio, publicado en la revista especializada PLOS Computational Biology, afirmaba que un apoyo administrativo adecuado puede tener un gran impacto positivo sobre la productividad
de los grupos de investigación, al contribuir a generar un ambiente de trabajo más eficiente y más efectivo, permitiendo a los investigadores a centrarse principalmente en el avance científico.
En este contexto se pone en valor la figura de los gestores de la investigación, personal con experiencia y competencias en gestión administrativa que se dedica principalmente a labores de asistencia técnica a los grupos de investigación en
sus tareas burocráticas. Por ejemplo, estos profesionales ayudan a los científicos a solicitar fondos de investigación o gestionan los presupuestos de las convocatorias ya concedidas. De este modo, los gestores de la investigación son quienes
realizan un seguimiento de las líneas de investigación disponibles para el grupo, prepara la documentación necesaria para solicitar financiación, se encarga de realizar los informes de seguimiento del gasto presupuestario y ultima los informes de
rendición de cuentas que exige la Administración. Los gestores de la investigación se convierten en el punto de contacto de los responsables y de los miembros de esos grupos de investigación para resolver dudas de carácter administrativo sobre los
fondos que tienen a su disposición.
Es más, en Estados Unidos o Japón, líderes mundiales en I+D, ya existen itinerarios formativos específicos para estos profesionales, aunque provienen de diferentes campos del saber. Según una encuesta no publicada de 2019, en torno al 28 %
tiene un doctorado, mientras que el 24 % tiene un nivel de máster o posgrado, mientras que en torno a dos tercios de los gestores de la investigación no contaban con formación en ciencias puras, sino que provenían de itinerarios formativos de
gestión de empresas o de administración pública. Sin embargo, muchos de ellos consideran recomendable que el profesional en cuestión esté familiarizado con los procesos de la investigación, para facilitar su trabajo en un ambiente mayoritariamente
formado por científicos, o que al menos sienta curiosidad sobre la actividad científica.
En España, sin embargo, no se ha aprovechado al máximo el potencial de los gestores de la investigación a la hora de facilitar el trabajo de los grupos de investigación en nuestro país. Además, las restricciones presupuestarias a las que a
menudo se enfrentan los Organismos Públicos de Investigación (OPI) y las universidades han impedido la creación de una red de profesionales suficientemente potente y bien preparada para aliviar las cargas burocráticas que actualmente recaen sobre
los hombros de los
propios científicos. Esto hace que nuestros investigadores sigan teniendo que enfrentarse a una situación de trabas administrativas excesivas que les impide centrarse de forma adecuada en sus investigaciones.
El Gobierno de España acaba de publicar su anteproyecto de reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en el que incluye una disposición adicional sobre trabas burocráticas. Sin embargo, esta
disposición simplemente establece un objetivo de que por parte de los agentes del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación 'se promoverá la adopción de medidas para la reducción de cargas administrativas y duplicidades en los procedimientos de
acreditación y evaluación'. Ese objetivo, según el propio texto, es que 'los interesados en los correspondientes procedimientos administrativos no aporten documentos que ya se encuentren en poder de los citados agentes o hayan sido elaborados por
los mismos, ni se les exija a tales interesados datos o documentos que no resulten preceptivos de acuerdo con la normativa legal o reglamentaria aplicable a los procesos de acreditación y evaluación de la actividad investigadora, o que ya hayan sido
aportados por estos en cualquier momento anterior'. Sin embargo, no se alivia la carga administrativa sobre los científicos ni se hace tampoco mención a la necesaria figura de los gestores de la investigación, por lo que la intención queda vacía de
recursos y de contenido.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Reconocer, en la reforma de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, la figura de los gestores de la investigación como pieza fundamental para reducir las trabas burocráticas a las que se enfrentan los
grupos de investigación que realizan actividades en España.
2. Facilitar el acceso de los grupos de investigación a gestores de la investigación, de forma que todo grupo de investigación que realice actividades en España pueda contar con un gestor de la investigación entre sus filas, mediante
contratación de estos profesionales por parte de la Administración General del Estado o mediante líneas específicas de ayudas a la contratación.
3. Emprender la reducción de trámites y procedimientos burocráticos que se exige a los grupos de investigación para acceder a líneas de financiación de la investigación y para llevar a cabo las obligaciones relativas a rendición de cuentas
y contabilidad de esa financiación.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
162/000937
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, doña María Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley para la defensa y fortalecimiento del sector
cárnico español, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Los ataques del ministro de consumo al sector cárnico-ganadero español.
1. En virtud del Real Decreto 8/2020, de 12 de enero, por el que se nombran Ministros del Gobierno, don Alberto Carlos Garzón Espinosa fue designado Ministro de Consumo, asumiendo las competencias que hasta entonces se reunían en una
Dirección General dentro del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
2. Lo anterior se produjo como consecuencia del reparto de departamentos efectuado entre el Partido Socialista Obrero Español ('PSOE') y Unidas Podemos, por el que cinco Ministerios (de un total de 22) debían corresponder a este último
partido. Así, a la formación minoritaria del Gobierno de coalición
se le atribuyeron los departamentos de Trabajo y Economía Social, Igualdad (desgajado de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad), Consumo y Derechos Sociales y Agenda 2030 (estos dos provenientes del de Sanidad, Consumo y
Bienestar Social) y Universidades (extraído del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades).
3. El Ministerio de Consumo, desde el inicio de la legislatura, se ha caracterizado tanto por su escasa actividad normativa e institucional como, además, por la realización de distintas declaraciones y campañas contrarias a sectores
económicos estratégicos para España. Como se evidenciará, estas actuaciones en ningún caso buscaban servir con objetividad a los intereses generales, sino que, antes al contrario, perjudicaron en gran medida a nuestro tejido empresarial y a su
reputación, tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.
4. Así, el pasado día 26 de diciembre de 2021 el Ministro de Consumo concedió una entrevista al periódico británico The Guardian, en la que afirmó que España exportaba carne de animales maltratados y de baja calidad, y vinculó la producción
ganadero-cárnica con las emisiones de gases de efecto invernadero y la contaminación 39.
5. Estas afirmaciones han generado una gran repercusión en el sector ganadero español, cuyos representantes mostraron una posición unánime contra estas declaraciones por el daño que provoca a la ganadería española y a la Marca España 40 y
reclamaron incluso la dimisión del Ministro o, en el previsible caso de que esta no se produjera, su destitución por el Presidente del Gobierno. No en vano, estas declaraciones deben analizarse a la luz de unos datos que señalan que las
exportaciones cárnicas de España al Reino Unido han incrementado su valor en un 105 % en la última década, y que el volumen de los productos cárnicos exportados a este país ha crecido un 70 % 41.
6. Asimismo, el sector industrial cárnico-ganadero, a través de las seis organizaciones interprofesionales (ASICI -Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico-, Avianza -Asociación Interprofesional de Carne Avícola-, Intercun
-Organización Interprofesional para impulsar el sector Cunícola-, Interovic -Interprofesional del Ovino y Caprino de Carne-, Interporc -Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca- y Provacuno -Organización
Interprofesional de la carne de Vacuno de España), remitieron una carta al presidente del Gobierno el pasado 4 de enero para expresar, entre otras cuestiones, las siguientes 42:
39 https://www.theguardian.com/world/2021/dec/26/spanish-should-eat-less-meat-to-limit-climate-crisis-says-minister [fecha de consulta: 10 de enero de 2022]
40 https://www.elmundo.es/espana/2022/01/07/61d73b2cfdddff70298b4587.html
41 https://gaceta.es/actualidad/un-gobierno-contra-la-ganaderia-un-sector-imprescindible-para-el-interesnacional-20220107-1243/
42 https://carnica.cdecomunicacion.es/noticias/49282/las-interprofesionales-carnicas-piden-a-pedrosanchez-explicaciones-por-las-declaraciones-del-ministro-garzon
'En dicho artículo, se vincula la producción ganadero-cárnica de forma inequívoca con la crisis climática, pasando por alto los esfuerzos de la cadena e ignorando el hecho de que la producción ganadera de carne representa únicamente el 7,8 %
del total de emisiones de GEI de nuestro país [ ...].
Aún más graves resultan las afirmaciones acerca de la calidad de las exportaciones en el sector ganadero-cárnico. En dicha entrevista, el ministro se centra en lo que él denomina 'megagranjas', sin mayor especificación, y añade que
'contaminan la tierra, el agua y posteriormente exportan esta carne de baja calidad procedente de estos animales maltratados'. No es difícil imaginar que de los 130 países a los que exporta el sector cárnico español algunos lean que nuestras
exportaciones carecen de las certificaciones de control y seguridad alimentaria, sanidad y bienestar animal a las que estamos obligados por norma comunitaria o por los propios protocolos de autocontrol. [ ...]
No es la primera vez que, desde este ministerio, se realizan manifestaciones faltas de rigor y basadas en datos inexactos o parciales. No obstante, este caso es un hecho de extraordinaria gravedad, al tratarse de un miembro del gobierno
quien señala en un medio extranjero a un sector español como responsable de mala praxis e incluso acusándolo de presuntas irregularidades, acusaciones en las que estarían incluidos los propios servicios oficiales de control veterinario y de
inspección y control de exportaciones del Estado y de las Comunidades Autónomas.
Consideramos que estas afirmaciones resultan reprobables en cualquier responsable político español al poner en riesgo la imagen de un sector que tanto aporta a la economía y sociedad españolas. Aún más grave es el que lo haga un miembro del
Gobierno, por lo que, esperamos comprenda nuestra preocupación y desde su responsabilidad trate de evitar actuaciones de este tipo en el futuro'.
7. Lo expuesto se sumó a la campaña 'Menos carne. Más vida', iniciada el 7 de julio de 2021 con el objetivo de persuadir a los ciudadanos para que reduzcan el consumo de esta proteína, afirmando que 'el consumo excesivo de carne perjudica
nuestra salud y también al planeta' 43.
Fuente: Twitter
8. Al igual que en la anterior ocasión, el sector ganadero-cárnico alegó que la información en la que se basaba esta campaña era errónea o desenfocada. Ello demuestra una absoluta falta de diligencia por parte del Ministro o, lo que es
peor, una intención deliberada de destruir al sector. En este sentido:
43 Vídeo enmarcado en la campaña 'Menos carne. Más vida'. Frase mencionada a partir del minuto 2:27. Recuperado de:
https://twitter.corn/agarzon/status/1412715352325246990?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1412715352325246990%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.eldiario.es%2Feconomia%2Falberto-garzon-pide-espanoles-coman-ca
rne-perjudic a-salud-planeta_1_8112232.html.
- En primer lugar, en el vídeo de la campaña se afirmaba que el consumo excesivo de carne (en general) perjudica a nuestra salud. Posteriormente se cita a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura ('ONUAA'
o 'FAO') para afirmar que 'España es el país que más carne consume de toda la Unión Europea' y también advertir que el consumo excesivo de carne roja puede traducirse en infartos, diabetes y en otro tipo de enfermedades.
- En segundo lugar, al día siguiente, en una entrevista ofrecida a Radiotelevisión Española (RTVE), el Ministro aseveró nuevamente de manera general que 'la carne, el consumo excesivo de carne, deteriora la salud. Empeora la salud, digamos,
en términos de enfermedades cardiovasculares, la diabetes o incluso algunos tipos de cáncer ( ...) Eso implica riesgos para la salud de la persona que consume, riesgos que se pueden traducir en menor esperanza de vida' 44.
9. Estas palabras denuestan a un importantísimo sector económico, máxime cuando el patrón de dieta español y su estilo de vida sitúan a España como uno de los países más saludables del mundo.
10. Por ello, la edición de 2019 del Bloomberg Healthiest Country Index clasificó a España en la primera posición de su clasificación 45, tras analizar factores que influyen en la calidad de vida de hasta 169 naciones, como hábitos
alimenticios, esperanza de vida, obesidad y medio ambiente.
11. Igualmente, antes de la irrupción de la enfermedad de COVID-19, que ha afectado duramente a nuestro país, España era una de las naciones con mayor esperanza de vida al nacer de la Unión Europea, situándose en el primer puesto en el año
2017 con una tasa superior a 83 años de media, según concluye la Comisión Europea en 'State of Health in the EU. Spain. Country Health Profile 2019' 46.
12. Por otro lado, el Ministro, al igual que ha hecho en la entrevista con The Guardian, también declara que el consumo de carne perjudica al medio ambiente: 'en efecto, las flatulencias de las vacas y las heces de los cerdos y sus piensos
generan ya más contaminación que la de los coches. La evidencia científica apunta ( ...) a que la ganadería a nivel mundial representa ya el 14,5 % de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera' 47.
13. Estas cifras, como se indica en la referida carta de las organizaciones interprofesionales, también son cuestionables, ya que difieren de otros análisis recientes. En este sentido, según la investigación de Poore y Nemeneck (trabajo de
referencia sobre el impacto de la alimentación en el medio ambiente,
44 RTVE. (08/07 /21). La hora política. A partir del minuto 1:03:45. Recuperado de: https://www.rtve.es/play/videos/la-hora-de-la-1/hora-politica-08-07-21 / 5979940/
45 EUOBSERVER (26/2/19). Bloomberg index: Spain world's healthiest country. Recuperado de https://euobserver.com/tickets/144263
46 OECD/European Observatory on Health Systems and Policies (2019), Spain: Country Health Profile 2019, State of Health in the EU, OECD Publishing, Paris/European Observatory on Health Systems and Policies, Brussels.
47 A partir del minuto 2:55 del vídeo de la campaña 'Menos carne. Más vida'.
publicada en la revista Science en 2018), alrededor del 26 % de las emisiones de gases de efecto invernadero antropogénicas provienen de la cadena de suministros de alimentos, que incluye la producción y los procesos posteriores a la
agricultura, como el procesamiento y la distribución. De esta cantidad, una tercera parte (cerca de un 8,6%) proviene de la ganadería y la pesca juntas:
Fuente: Our World in Data
14. De hecho, esta cifra se aproximaría más a la previsión de emisiones de gases de efecto invernadero del pasado 2020 (9,1 %) realizada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, recogida en el Avance de
Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (junio 2021) 48.
15. A mayor abundamiento, la FAO estimó que el 80 % de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los procesos relacionados con los cultivos y la ganadería en las explotaciones agrícolas en 2018 se han generado en países en
vías de desarrollo 49.
16. Por último, en el referido vídeo, el Ministro de Consumo menciona la huella hídrica de 15.000 litros que produce la ganadería por cada kilo de carne de vaca. Se trata de una las manifestaciones que más estupor ha causado en el sector,
habida cuenta que el 90 % del agua que consume la producción ganadera procede de la lluvia (lo que se conoce como 'agua verde').
17. A las anteriores actuaciones, específicamente contra el sector cárnico, se suman otras relacionadas y también contrarias al sector, como la defensa por el Ministerio de Consumo del sistema de etiquetado nutricional frontal Nutri-Score,
con el que se ven perjudicados productos como el aceite de oliva (que se equipara al aceite de colza y sus variantes), el jamón ibérico, los quesos o todos aquellos productos con marca de calidad diferenciada española (Denominaciones de Origen e
Indicaciones Geográficas Protegidas).
18. Por último, y a mayor abundamiento, deben recordarse campañas del Ministerio de Consumo como la 'huelga de juguetes', con la que se perseguía 'concienciar sobre el riesgo de reproducir roles y estereotipos sexistas en la publicidad,
precisamente en una época como la navideña, en la que aumentan
48 Gobierno de España. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. (Junio de 2021). Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Recuperado de: https: // www.miteco.gob.es/ es/
calidad-y-evaluacion-ambiental/ temas/sistema-espanol-de-inventario-sei/Inventario-GEI.aspx
49 FAO. (8 de junio de 2021). Las actividades no agrícolas representan un porcentaje cada vez mayor de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de los sistemas alimentarios. Recuperado de
http://www.fao.org/news/story/es/item/1402593/icode/
considerablemente los anuncios de juegos y juguetes' 50, o 'El azúcar mata', contra la industria azucarera, en la que se afirmaba que 'el azúcar puede romperte el corazón literalmente' 51.
19. También han de traerse colación declaraciones del señor Garzón Espinosa relativas al turismo, cuando señaló en el Congreso de los Diputados que España es 'un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería,
el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios ... Por ejemplo, el turismo seis meses el hotel abierto y los otros seis meses no'.
Segundo. La importancia cualitativa y cuantitativa del sector cárnico-ganadero español.
20. El sector cárnico-ganadero tiene una vital importancia en la economía española. Así, de acuerdo con datos proporcionados por la patronal cárnica europea Union Européenne du Comerce du Bétail et des Métiers de la Viande (UECBV), se
trata del cuarto sector industrial de nuestro país 52.
21. La industria cárnica lidera, asimismo, las exportaciones del sector agroalimentario español, y supone la tercera industria nacional en cuanto a número de empresas, con 3.641 sociedades (el 11,9 % del total de la propia industria
alimentaria) 53, generando a cierre de 2019 más de 110.000 puestos de trabajo directos (el 24,2 % de la ocupación total de la industria alimentaria nacional) 54.
22. De la misma manera, constituye el subsector de la industria alimentaria española más relevante en lo que se refiere a cifra de negocios: esta se eleva por encima de los 31.000 millones de euros, lo que representa más del 24 % de la
cifra de negocios agregada del sector alimentario español 55. En términos de Producto Interior Bruto (PIB), lo anterior se traduce en un 2,4 % del total 56 (a precios de mercado), el 16,2 % del PIB de la rama industrial y el 4,2 % de la facturación
total del sector secundario español 57.
23. En el marco anterior, el sector vacuno de carne tiene un valor de mercado estimado de 3.092 millones de euros. Se trata del cuarto sector en importancia económica entre las producciones ganaderas de nuestro país, solo por detrás del
porcino, el de aves (carne y huevos) y el de leche (vacuno, ovino y caprino). En el ámbito de la Unión Europea, el vacuno español lidera en términos de valor de la producción, solo por detrás de Francia y de Alemania, y excluido ya el Reino Unido.
24. Debe destacarse, asimismo, el potencial de crecimiento de este sector económico, así como su vocación exportadora. Así, de acuerdo con el Barómetro ANICE-Cajamar de la Industria Cárnica Española correspondiente al primer semestre de
2020 58, 'sorpresivamente, el porcentaje de empresas exportadoras del sector de la industria cárnica española no ha sufrido un descenso en el semestre', gracias a la 'gran competitividad lograda en los últimos años por este dinámico sector'. Es
decir, incluido en el período de restricciones, el crecimiento del sector y su nivel exportador no se detuvieron. No en vano, casi el 80 % de las empresas asociadas a ANICE venden sus productos en mercados exteriores.
25. De los datos anteriores se observa cómo la industria alimentaria española, en general, y el sector cárnico, en particular, constituyen pilares estratégicos en la producción agregada nacional de bienes y servicios. De esta manera, la
relevancia del cárnico- ganadero radica en la generación de un gran número de empleos, así como en una contribución significativa a la economía nacional.
26. Adicionalmente, no puede olvidarse que este cumple una serie de funciones extraeconómicas esenciales, por cuanto constituye el sostenimiento de muchas familias y territorios que dependen de ellos y actúan como elemento vertebrador de la
España rural, fijando población y creando riqueza de manera respetuosa con los recursos del lugar.
50 https://www.consumo.gob.es/es/carrousel/garz-n-unos-juguetes-libres-de-estereotipos-permiten-que-la-infancia-despliegue-toda-su [fecha de consulta: 18 de enero de 2022].
51 https://www.aesan.gob.es/AECOSAN/web/nutricion/campanyas/aecosan_campanya_17.htm (fecha de consulta: 10 de enero de 2022).
52 http://www.uecbv.eu/ cgi?lg=fr&pag=1910&rec=O&frm=O&par=aybabtu
53 https: //www.mapa.gob.es/ es/alimentacion/ temas/industria-agroalimentaria/20210707informeanualindustria2020-2021 ok_tcm30-380020.pdf
54 Ibid.
55 Ibid.
56 https://www.fecic.es/es/sector-cifras/index.htm#:-:text=Datos%20generales,4%25%20del%20PIB%20total%20espa%C3% B1o1.
57 https://www.anice.es/industrias/area-de-prensa/el-sector-carnico-espanol 213 1 ap .html#:-:text= La%20producci%C3%B3n%20de%20carne%20en,Pesca%20y%20Alimentaci%C3%B3n%20(MAPA). [fecha de consulta: 18 de enero de 2022]
58 https://www.publicacionescajamar.es/publicacionescajamar/publicpdf/series-tematicas/informescoyuntura-coyuntura/baro metro1s2020.pdf
27. En el plano ambiental y ecológico, el sector cárnico-ganadero también desempeña un importante papel en la protección de ecosistemas, el fomento de la biodiversidad y la conservación de los espacios naturales 59. Así, a título
ilustrativo, la ganadería de cerdo ibérico permite conservar y mantener el paisaje de dehesa, mientras que la labor de pastoreo tradicional del ovino, caprino y vacuno contribuye al desbrozado y mantenimiento de bosques y zonas de montaña frente a
los incendios. El desarrollo de estas actividades económicas ayuda también a la fertilización del terreno y a la retención del agua de lluvia, así como, consecuentemente, a la reducción de la erosión de los terrenos.
28. Desde el punto de vista cultural, y como se anticipó en el Expositivo anterior, el consumo de carne es fundamental para la consecución de una alimentación equilibrada y saludable basada en la dieta mediterránea. Así, la carne contiene
nutrientes de fácil asimilación y vitaminas del grupo B (B1, B3, B6 y B12) 60, que contribuyen a mantener un adecuado funcionamiento de sistema nervioso y de la síntesis del ADN. Asimismo, permite la obtención de ocho aminoácidos esenciales a
través de la proteína animal, ayuda a fortalecer y construir los músculos y el sistema de oxigenación del cuerpo, y aporta hierro, fósforo y potasio 61.
29. Por último, no puede dejar de mencionarse que, en materia de bienestar animal, el sector cárnico-ganadero español aplica el llamado Modelo de Producción Europeo, integrado por una serie de normas de ámbito nacional y europeo de carácter
muy estricto, y que puede calificarse como 'el más exigente del mundo en cuanto a calidad, trazabilidad, sanidad animal, seguridad alimentaria, bienestar de los animales y sostenibilidad medioambiental y social' 62.
Tercero. El futuro de la ganadería y la industria cárnica: la soberanía alimentaria frente a la Agenda 2030 y los postulados globalistas.
30. Sin embargo, existen distintos problemas de naturaleza tanto coyuntural como estructural que perjudican la viabilidad del sector ganadero español y amenazan su supervivencia futura.
31. Entre ellos han de señalarse la debilidad de la demanda, el incremento de la competencia, el impacto de las medidas restrictivas puestas en marcha por las autoridades sanitarias en relación con el COVID-19 y el aumento de los costes de
producción y, en particular, del precio de las materias primas. Sobre este último problema, se advierte que en los últimos meses los fertilizantes han escalado un 300 %, la energía eléctrica un 270 %, el gasóleo un 73 % y los piensos un 23 % 63.
32. Al respecto, una actuación inteligente de los poderes públicos en favor del sector cárnico-ganadero debe promover las siguientes acciones:
- Ganar competitividad a través de fomentar la innovación, identificando las cambiantes necesidades de los consumidores y satisfaciendo estas antes de que lo hagan otras categorías de productos. Así, ha de profundizarse en facilitar la
investigación y desarrollo en el sector como elemento para un crecimiento sostenido de la productividad en el medio y en el largo plazo.
- Profundizar en la diversificación de mercados y de oferta, aumentando la existencia de productos de alto valor añadido. Asimismo, y mediante esta adición de valor, continuar internacionalizando el mercado cárnico-ganadero español y
alcanzar mercados de elevado potencial en los que la presencia española sea aún reducida.
- Combinar las disparidades existentes entre los distintos actores productivos del sector para mejorar la competitividad y la productividad y crear un mayor valor a futuro, fomentando el carácter de la industria agroalimentaria como sector
de ensamble y la unión entre sus distintos actores.
- Continuar impulsando el incremento del consumo interior a corto y medio plazo, así como promover la contratación por las Administraciones públicas de los productos criados y elaborados en España, dentro del marco de lo dispuesto en la
normativa correspondiente.
59 https://www.anafric.es/el-sector-ganadero-carnico-destaca-su-compromiso-con-el-medio-ambiente-enel-dia-internacional-de-la-tierra/
60 http: //www.provacuno.es/vacuno/noticias/provacuno-desmiente-los-falsos-mitos-sobre-el-consumode-carne-de-vacuno 608 325 1744 O 2 in.html
61 http://www.provacuno.es/vacuno/noticias/provacuno-desmiente-los-falsos-mitos-sobre-el-consumo-de-carne-de-vacuno 608 325 1744 O 2 in.html
62 https://carneysalud.com/los-retos-de-sostenibilidad-del-sector-&anadero-carnico/
63 https: // www.elmundo.es/ economia/ ahorro-y-consumo/2021/11 / 06/ 6186b3fdfdddff51348b45f9.html
33. En definitiva, las medidas anteriores han de estar presididas por el fortalecimiento de la soberanía alimentaria, que determina el impulso por parte de los poderes públicos de las políticas de aumento de la competitividad de los
productores españoles, fomentando la creación de valor añadido por la industria cárnico-ganadera nacional y las empresas de carácter asociativo y familiar. Debe hacerse posible el equilibrio entre producción tradicional y nuevas tecnologías y, al
mismo tiempo, apoyar el crecimiento y la consolidación de las explotaciones a través de medidas de fomento de su competitividad y productividad.
34. Las distintas estrategias promovidas por las elites globalistas (Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS- o el European Green Deal) pretenden cargar a nuestros productores con regulaciones y costes inasumibles que
terminarán por destruir nuestro mar, nuestro campo y nuestra industria. Es urgente acabar con esta legislación que arruina a nuestros productores, destruye miles de puestos de trabajo y acelera el drama de la despoblación en la España abandonada
por los sucesivos Gobiernos.
35. En efecto, las declaraciones y actuaciones del Ministro, señor Garzón Espinosa, sobre la carne española de supuesta 'mala calidad' y sus ataques a los productores españoles, detallados en el Expositivo primero, coinciden tanto en el
fondo como en la forma con los postulados de la Agenda 2030 y sus ODS en materia de producción de alimentos, alimentación, sostenibilidad y transición ecológica y se enmarcan en la estrategia global que estos documentos siguen.
36. Así, mientras se ataca a las explotaciones cárnicas y ganaderas en España, que cumplen todos los requisitos normativos, se saluda la construcción en China de cientos de instalaciones con hasta 50.000 cerdos y hasta 13 plantas de altura,
en las que a través de técnicas como la inseminación en jaulas, gestaciones grupales, alimentación automatizada o hacinamiento se consigue criar animales que pesan hasta el doble de lo normal 64.
37. Es indudable que uno de los pilares fundamentales de las políticas globalistas, en general, y de la Agenda 2030, en particular, es la estigmatización del modo de vida rural, al que se considera poco progresista y que, por tanto y de
manera coherente con esta postura, debe ser erradicado 65. De estas estrategias, netamente ideológicas y destructivas de la realidad socioeconómica de España, participan tenazmente no solo los partidos que forman el actual Gobierno de coalición
(PSOE y Unidas Podemos) y sus terminales mediáticas y asociativas, sino también el Partido Popular ('PP').
38. Así, del lado del Gobierno de España, no solo ha de reprobarse al Ministro de Consumo, sino también al de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Luis Planas Puchades, que no ha llevado a cabo ninguna acción positiva para defender al
sector al que dice servir y para el que legisla. En este sentido, ni siquiera ha conseguido que en el seno del Ejecutivo se repruebe públicamente el comportamiento del señor Garzón Espinosa ni que este se retracte de sus acusaciones, sino al
contrario 66.
39. Por su parte, el PP trata de aparentar en público la defensa del sector con campañas de dudosa lógica 67. Sin embargo, esta formación ha asumido acríticamente los postulados de la Agenda 2030. No en vano, el Gobierno presidido por don
Mariano Rajoy Brey colaboró proactivamente en la elaboración y firma por España de este documento, y designó a un 'Embajador en Misión Especial para la 'Agenda 2030''. Asimismo, sus representantes visten en sus solapas el logo de esta agenda
globalista, a la vez que las políticas puestas en marcha por los gobiernos regionales de este partido promocionan la deslocalización de la producción y fomentan la dependencia de productos extranjeros, desamortizando la capacidad productiva de
nuestro país.
40. Frente a lo anterior, este Grupo Parlamentario se apoya en la Agenda España, documento que enumera y explica las ideas y medidas que propone el partido político VOX para la defensa de la Nación española y de sus habitantes. En ella se
defiende como imprescindible la adopción de cualesquiera medidas sean necesarias para garantizar la persistencia y el crecimiento del campo español, sus
64 https://www.eleconomista.es/retail/noticias/11569848/01/22/China-construye-cientos-de-macrogranjas-con-miles-de-cerdos-hacinados.html
65 A título enormemente ilustrativo, ha de mencionarse las posturas de la ONG Population Matters, una de las mayores defensoras e impulsoras de la Agenda 2030, en relación con la agricultura o con las familias. Así, esta entidad ha afirmado
que 'la agricultura ya es una de las principales causas de la degradación ambiental y una mayor conversión de la tierra para fines agrícolas tendrá consecuencias devastadoras para la biodiversidad y nuestro clima'. También ha defendido que 'elegir
familias pequeñas es bueno para los niños, bueno para el planeta y allana el camino para un mejor futuro. El Papa está profundamente equivocado al llamar a esta decisión 'egoísta'' o que 'la caída en la tasa de nacimientos es un desarrollo
enormemente positivo. Los políticos deben dejar de intentar detenerlo [ este fenómeno]'.
66 https://www.elconfidencial.com/espana/2022-01-05/garzon-dice-que-se-excluyeron-datos-de-la-entrevista-y-que-el 3353733/
67 La campaña reza #Masganaderiamenoscomunismo.
habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su economía, fomentando que, una vez realizadas las modificaciones normativas oportunas, las Administraciones públicas españolas dispongan de un mayor margen para contratar con empresas de
nacionalidad española o que utilicen productos criados en nuestro país.
41. Es prioritaria la protección de una España rural basada en un sector agroalimentario solvente y potenciado por los poderes públicos, a través de políticas que impulsen unas industrias de cada vez más valor añadido, mayor competitividad,
profunda internacionalización y, en consecuencia, elemento de crecimiento económico, riqueza para los españoles y factor de progreso y de vertebración del territorio.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados, como representante del pueblo español y sede de la soberanía nacional, declara expresamente su apoyo al sector cárnico-ganadero español frente a los injustificados ataques a los ganaderos y productores
españoles por parte del Ministro de Consumo y del Gobierno de la Nación en su conjunto.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Abandonar la defensa de los postulados de la Agenda 2030 y de otras estrategias globalistas, y rechazarlos expresamente, por cuanto son radicalmente incompatibles con el apoyo a los productores españoles y al modo de vida rural, sus
habitantes, sus tradiciones, su estilo de vida y su economía.
2. Promover, en el ámbito de sus competencias, la adopción de medidas y políticas de apoyo y fortalecimiento del sector cárnico-ganadero español, incrementando su competitividad y la oferta de productos de valor añadido, de tal forma que se
continúe impulsando su internacionalización y su diversificación geográfica y de productos, alcanzando mercados de alto potencial de crecimiento y consolidando, con ello, la soberanía alimentaria nacional.
3. Incentivar y defender el sector cárnico-ganadero español y poner en marcha planes de fomento del consumo de carne nacional, así como promover campañas publicitarias a nivel nacional de los beneficios de los productos cárnicos.
4. Promover la presencia y compra de carne nacional y productos cárnicos por parte de las Administraciones Públicas (nacional, autonómicas y locales) para su consumo en establecimientos públicos de restauración colectiva como hospitales,
residencias, prisiones, comedores sociales o cuarteles, entre otros.
5. Fomentar la Marca España de los productos del sector cárnico español y establecer programas que contribuyan a su promoción en el extranjero.
6. En el sentido anterior, idear y adoptar estrategias para el reconocimiento y la puesta en valor de los productos criados y alimentados en España, con el objeto de que los consumidores conozcan fácilmente que se trata de productos de
proximidad cuyo proceso de elaboración es fruto del trabajo del sector primario nacional.
7. Promover, en el seno de las instituciones europeas, el reforzamiento de los mecanismos de control de las importaciones extracomunitarias en frontera, garantizando así que lleguen a nuestros mercados cumpliendo los requisitos de calidad
exigidos por la normativa española y europea a los productos españoles.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Ricardo Chamorro Delmo, María Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del
Grupo Parlamentario VOX.
162/000938
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la declaración como lugar de memoria
democrática el éxodo de refugiados conocido como La desbandá y la violencia sufrida por población civil en la carretera de Málaga a Almería, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Ante la amenaza de la inminente ocupación de Málaga por las tropas sublevadas e italianas, que termina produciéndose el 7 de febrero de 1937, se inicia desde semanas antes una huida civil masiva hacia la carretera que llevaba hasta Almería,
reducto aún republicano. Para algunas de estas personas constituía un segundo éxodo, pues ya provenían del interior de provincias como Cádiz, Sevilla y Málaga, de la comarca de Campo de Gibraltar o, más tarde, de la provincia de Granada, volcándose
todas sobre el litoral.
Al hecho de tratarse de una evacuación desordenada de más de 100.000 personas, huyendo sin contar con los medios de transporte y de subsistencia más básicos, se suma el hostigamiento que sufrieron por el bombardeo constante de la Armada y la
aviación militar, lo que provocó un elevado número de muertes. Ya lo había anunciado Queipo de Llano cuando señalaba que un círculo de hierro los ahogaría y que en Motril les esperaría un inevitable retorno.
La masacre de la carretera Málaga-Almería constituye un episodio imborrable de la Guerra Civil. El ataque de las tropas franquistas a la población malagueña y andaluza que huía despavorida por la carretera hacia Almería marcó a sangre y
fuego aquel doloroso episodio conocido como La desbandá, la mayor huida de masas en Europa antes de la Segunda Guerra Mundial.
La suerte de estas decenas de miles de personas que protagonizaron este éxodo -algunas investigaciones más recientes incluso elevan las cifras a casi 300.000 personas- fue muy dispar: muchas hallaron la muerte por bombardeo, por ahogamiento
o por inanición en la propia carretera; otros sufrieron la represión tras el retorno a sus lugares de origen; algunos tuvieron más éxito con su llegada a Almería y la zona levantina, tomando posteriormente el camino de exilio hacia Francia y
Argelia al final de la Guerra.
La Junta de Andalucía, con arreglo a su propia normativa, acordó declarar la carretera Málaga-Almería como Lugar de Memoria Histórica de Andalucía, mediante Acuerdo de 20 de marzo de 2012, del Consejo de Gobierno (BOJA n° 60, de 30 de marzo
de 2012). Con posteridad, en 2017, la Ley andaluza de Memoria Histórica y Democrática reguló la figura de Lugares de Memoria Democrática de Andalucía, su régimen jurídico y la creación de un Inventario de Lugares de Memoria Democrática de
Andalucía, disponiendo la incorporación al mismo de los Lugares de Memoria Histórica de Andalucía declarados conforme a la normativa anterior, que pasan a regirse por la nueva ley y su normativa de desarrollo.
Sin embargo, ninguna noticia se tiene al respecto de dicha tramitación en el caso de la carretera MálagaAlmería, ni tampoco que en aplicación de la ley andaluza la Consejería competente en esta materia haya establecido los medios de difusión
e interpretación apropiados de lo acaecido en el mismo, así como la participación y colaboración de las entidades locales del entorno, de las universidades públicas y de las entidades memorialistas andaluzas, o la señalización y difusión oficial, de
acuerdo con la normativa vigente en materia de identidad corporativa.
Por su parte, el Consejo de Ministros, en su sesión de 20 de julio de 2021, acordó remitir a las Cortes Generales el proyecto de Ley de Memoria Democrática, que define el Lugar de Memoria Democrática como aquel espacio, inmueble, paraje o
patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, así como con la
represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra y la Dictadura.
Sin duda, la sociedad española no puede olvidar hechos como éste y sus efectos devastadores. El deber de memoria es la mejor garantía de no repetición, siendo además una deuda contraída con las víctimas de ese sufrimiento que ha de ser
saldada rindiéndoles homenaje por este dramático hecho de nuestra historia, pues muchas de ellas encontraron la muerte.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados al cumplirse en 2022 los 85 años de estos tristes acontecimientos, de acuerdo con el proyecto de Ley de Memoria Democrática en trámite parlamentario, insta al Gobierno a:
1. Declarar La desbandá como Lugar de Memoria Democrática, en base a sus valores históricos intangibles y simbólicos, e incluirlo en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática para su publicidad y conocimiento, con la
identificación de sus caracteres inmateriales o intangibles, y la información más completa posible en los soportes documentales más adecuados.
2. Garantizar, con carácter general, su perdurabilidad, identificación, explicación y señalización adecuada, sin perjuicio del régimen de protección que pueda corresponderles en su caso de conformidad con la normativa autonómica o la
relativa al patrimonio histórico, urbanística u otra sectorial,
3. Establecer los medios de difusión e interpretación de lo acaecido, particularmente con recursos audiovisuales y digitales explicativos, con una función conmemorativa y didáctica, incluyendo su identificación en el portal web del
Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática a través de su geolocalización y accesos a fotografías y audiovisuales.
4. Promover la instalación de placas, paneles o algún distintivo memorial interpretativo en distintos emplazamientos significativos, señalizando especialmente puntos de reconocimiento de las víctimas con indicación de cuantos datos sean de
interés para el conocimiento público de los crímenes de lesa humanidad o contrarios a los derechos humanos allí perpetrados.'
Palacio del Congreso del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Sonia Ferrer Tesoro, Indalecio Gutiérrez Salinas, María Inmaculada Oria López, Elvira Ramón Utrabo, José Antonio Rodríguez Salas, José Carlos Durán Peralta, Fuensanta
Lima Cid, Ignacio López Cano, María Dolores Narváez Bandera, Valentín García Gómez y Odón Elorza González, Diputados.-Rafaela Crespín Rubio, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000939
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley por la que encomienda al Defensor del Pueblo la elaboración de un Informe sobre las
denuncias por abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica y el papel de los poderes públicos, con el apoyo de una Comisión independiente de asesoramiento, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los casos de abusos y agresiones sexuales sobre niños, niñas y adolescentes en el seno de la Iglesia católica, que se están dando a conocer en nuestro país, están generando una gran alarma social.
Se trata de graves vulneraciones de los derechos de los menores, cometidas a lo largo del tiempo, con importantes repercusiones y secuelas sobre su salud y desarrollo, que condicionan su vida adulta. Además, en demasiadas ocasiones, las
víctimas de este maltrato se han visto solas, indefensas y desatendidas.
Múltiples iniciativas impulsadas en países de nuestro entorno constituyen suficientes precedentes como para abordar esta cuestión con el máximo rigor y atención. El 'John Jay Report', publicado en el año 2004 en los Estados Unidos de
América, constituye el primer estudio sistemático del fenómeno de los abusos sexuales a niños y niñas en el seno de la Iglesia católica.
En Europa se han creado también diferentes comisiones sobre este mismo fenómeno. El informe 'Ryan Report', publicado en 2009 en la República de Irlanda, se realizó por la Comisión gubernamental de investigación sobre abusos sexuales a
niños. Reino Unido, Alemania, Portugal, y más recientemente, Francia, desarrollaron también investigaciones a través de comisiones, independientes o gubernamentales.
Los afectados tienen derecho a la información veraz, al reconocimiento como víctimas y a la protección y reparación debidas. La sociedad en su conjunto y, en especial las familias de las víctimas, tienen derecho a conocer, prevenir y
garantizar la protección de sus miembros más vulnerables ante este tipo de conductas.
El conjunto de las administraciones tiene el derecho y el deber de contar con la información precisa, desde las perspectivas más amplias y diversas, para cumplir con sus funciones de salvaguarda de los derechos de la infancia y la
adolescencia.
En este sentido, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño asegura a niños, niñas y adolescentes el derecho a la protección frente a las violencias sexuales, instando a los Estados a adoptar las políticas necesarias
para hacer efectivo tal derecho. Y así mismo se pronuncia la Convención contra todas las formas de discriminación contra las mujeres.
Además, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos establece un mandato claro a los Estados para que establezcan medidas y garantías que impidan tratos inhumanos y degradantes, también a los niños y las niñas.
Cabe recordar que las Cortes Generales aprobaron recientemente la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, que incorpora a nuestro ordenamiento jurídico las
herramientas de protección más actualizadas y eficaces, conforme al derecho internacional.
El propósito último y principal de la presente iniciativa es mejorar la prevención, ofrecer la mejor protección posible y asegurar la reparación a las víctimas en España, para lo que es conveniente tener en cuenta los precedentes de
investigaciones en otros países.
No se trata de prejuzgar ni de poner en tela de juicio a una institución en su conjunto, sino de adoptar un marco de actuación centrado en el interés y protección de las víctimas, incluyendo su intimidad y anonimato, cuando así lo
consideren. Ese es el motivo por el que se han de investigar las execrables conductas personales cometidas contra niños y niñas indefensos, de forma que se puedan sacar a la luz, y conocer tanto las personas que cometieron los abusos como a quienes
los ocultaron o ampararon.
Por ello, en primer lugar, es preciso conocer la entidad del fenómeno, determinar sus características y verificar qué circunstancias han permitido que se produzcan abusos a niños y niñas por parte de miembros de la Iglesia católica. Y
también debemos analizar por qué estos abusos han perdurado en el tiempo.
En segundo lugar, es preciso que se analicen las posibilidades de mejorar, tanto nuestro ordenamiento jurídico como el funcionamiento de las administraciones, al objeto de acometer las necesarias reformas que refuercen la prevención de los
abusos sexuales a niños y niñas, e incrementen la protección de las víctimas.
Finalmente, en tercer lugar, tras la determinación de la entidad de este fenómeno en España, y tras el análisis de las debilidades sistémicas que han permitido el desamparo de las víctimas, es necesario que se analice la posibilidad de
establecer los necesarios mecanismos de reparación.
El Defensor del Pueblo es el Alto Comisionado de las Cortes Generales, encargado de defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de la ciudadanía. En el desarrollo de sus funciones, el Defensor elabora informes y estudios
monográficos sobre diferentes cuestiones.
El estudio de las denuncias sobre abusos sexuales a menores en el ámbito de la Iglesia católica merece uno de tales informes y tal informe puede ser el cauce a través del cual la sociedad española y sus instituciones encaren este gravísimo
asunto. La participación de una institución de la experiencia, el prestigio y la independencia del Defensor del Pueblo aportaría las garantías debidas de profesionalidad, de rigor y de respeto a la privacidad de las víctimas.
En el ejercicio de sus funciones, el Defensor del Pueblo ha elaborado múltiples informes que han servido para mejorar la protección de diversos colectivos sociales mediante la actuación por parte de los poderes públicos. Así, por ejemplo,
cabe citar los que realizó sobre las mujeres víctimas de violencia de género (informe de 1998, que fue pionero en la denuncia de la violencia de género en nuestro país), las víctimas del terrorismo de ETA (informe de 2016); consumidores vulnerables
en materia de energía eléctrica (informe de 2017), o sobre la población residente en la España vaciada (informe sobre la situación demográfica en España, efectos y consecuencias de 2019), entre otros muchos ejemplos.
Estos informes no solamente analizan con detalle y desde la independencia de la institución estas situaciones, sino que también proponen las mejores alternativas a los poderes públicos para aportar soluciones. Los medios y autoridad que la
ley atribuye al Defensor del Pueblo son elementos determinantes
para poder obtener toda la información necesaria para analizar con detalle y precisión las problemáticas que se le plantean.
Con la finalidad de ayudarse en la preparación del informe, el Defensor del Pueblo se apoyará en una Comisión independiente de asesoramiento, integrada por expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en
defensa de los afectados, así como de la propia Iglesia católica.
Esta planificación asegura, además, la disposición de la autoridad y de los medios humanos, materiales y jurídicos precisos para realizar una labor exhaustiva y eficaz de investigación de los hechos y atención a las víctimas.
Todo lo anterior, debe realizarse sin perjuicio de las actuaciones judiciales existentes o de las que, fruto de lo conocido en el estudio de las denuncias y la información disponible, pudieran ser iniciadas.
En consecuencia, el mencionado informe, con sus conclusiones y recomendaciones, será remitido a las Cortes Generales y al Gobierno de España, en un plazo que garantice un estudio profundo, dada la complejidad y extensión del problema, pero
sin dilación alguna, para la adopción de las medidas pertinentes tan pronto como sea posible
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados encomienda al Defensor del Pueblo, Alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos fundamentales, que proceda a elaborar un Informe sobre las denuncias por abusos sexuales en el ámbito
de la Iglesia católica v el papel de los poderes públicos, con el apoyo de una Comisión independiente de asesoramiento formada por expertos, representantes de las administraciones públicas, de las asociaciones en defensa de los afectados, así como
de la propia Iglesia católica, con el objetivo de contribuir a la determinación de los hechos y responsabilidades, a la reparación de las víctimas, y a la planificación de las políticas públicas orientadas a la prevención y atención de los casos de
abusos sexuales sobre niños, niñas y adolescentes en el seno de la Iglesia católica. Tal informe será finalmente remitido, con sus conclusiones y recomendaciones, a las Cortes Generales y al Gobierno de España, para la adopción de las medidas
necesarias en orden a cumplir con aquel objetivo.'
Palacio del Congreso del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2022.-Héctor Gómez Hernández, Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
162/000940
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(162) Proposición no de Ley ante el Pleno.
Autor: Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Proposición no de Ley sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia.
Acuerdo
Considerando que se solicita el debate de la iniciativa ante el Pleno, y entendiendo que la previsión contenida en el punto 3 se haría, en todo caso, por el procedimiento reglamentario pertinente, admitirla a trámite como Proposición no de
Ley conforme al artículo 194 del Reglamento, disponer su conocimiento por el Pleno de la Cámara, dando traslado al Gobierno y publicarla en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, comunicando este acuerdo al Grupo Parlamentario proponente.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de febrero de 2022.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre abusos a menores en el seno de la Iglesia, para su
debate en Pleno.
Exposicion de motivos
Considerando los numerosos casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia que se han manifestado en diferentes países, entre los que se encuentra el Estado español, y dada la gravedad y aparente profusión de los mismos, parece conveniente
la necesidad de que dichos hechos sean investigados a fin de esclarecer las circunstancias concretas, obtener una imagen real y lo más ajustada posible de su alcance, reparar a las víctimas y arbitrar medidas que impidan su realización.
A tal fin, de las experiencias habidas en otros Estados la que mejor parece haber alcanzado estos objetivos es la de una Comisión independiente alejada de la diatriba política en las instituciones. Algunas de estas comisiones
independientes, como en el caso de Francia, fueron impulsadas por la propia institución eclesial, circunstancia que no se da en el Estado español salvo de forma local y esporádica.
En consecuencia, el Congreso de los Diputados adopta la siguiente
Proposición no de Ley
'1. El Gobierno constituirá un Grupo de Trabajo formado por personas expertas independientes a fin de investigar los numerosos testimonios sobre casos de abusos a menores en el seno de la Iglesia.
2. El mencionado Grupo de Trabajo elaborará un informe que refleje las evidencias encontradas, presente unas conclusiones y proponga, en su caso, aquellas medidas que entendiera conveniente adoptar a tenor de lo averiguado.
3. Dicho informe, que deberá haber sido finalizado en el plazo máximo de un año, será presentado ante la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados por una persona en representación del Gobierno acompañado o acompañada de quien
ostente la presidencia del Grupo de Trabajo.
4. Corresponderá a los grupos políticos impulsar, en su caso, y a través de las vías reglamentarias oportunas, las iniciativas que consideren adecuadas con respecto a las recomendaciones del informe.'
Palacio del Congreso del Congreso de los Diputados, 7 de febrero de 2022.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
162/000941
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la Estrategia Nacional frente al
Reto Demográfico, para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
La Comisión Europea ha publicado recientemente una Comunicación titulada, 'Visión a largo plazo para las zonas rurales: por unas zonas rurales de la UE más fuertes, conectadas, resilientes y prósperas', en cumplimiento de una de las líneas
programáticas anunciadas por la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, para el periodo 2019-2024, pero con un horizonte temporal a 2040.
En las zonas rurales de toda la UE, la población es, por término medio, de mayor edad que en las zonas urbanas, y empezará lentamente a disminuir en la próxima década. Esto, sumado a la falta de conectividad, escasez de infraestructuras, la
falta de oportunidades de empleo y el acceso limitado a los servicios, provoca que las zonas rurales resulten menos atractivas para vivir y trabajar. Al mismo tiempo, estas zonas desempeñan también un papel activo en las transiciones ecológica y
digital de la UET papel no suficientemente reconocido ni valorado desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Alcanzar los objetivos de la UE para 2030 puede brindar más oportunidades para el desarrollo sostenible de las zonas rurales, con un foco especial en la agricultura, la ganadería y la silvicultura, pero orientado también a crear nuevas
perspectivas para el crecimiento de la industria manufacturera y, especialmente, de los servicios, al contribuir a un mejor reparto geográfico de los servicios y las industrias.
Esta visión a largo plazo para las zonas rurales de la UE tiene por objeto abordar esos retos y problemas, basándose en las nuevas oportunidades que pueden ofrecer las transiciones ecológica y digital de la UE y en las enseñanzas extraídas
de la pandemia de la COVID-19, y determinando los medios para mejorar la calidad de vida rural, alcanzar un desarrollo territorial equilibrado y estimular el crecimiento económico.
Todo ello en cumplimiento del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, (TFUE) cuyo artículo 174, dispone, con el fin de reforzar su cohesión económica, social y territorial, que la Unión se propondrá reducir las diferencias entre los
niveles de desarrollo de las diferentes regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas.
En el contexto de esta nueva visión a largo plazo de la política rural, la Comisión se propone trabajar en un Pacto Rural, fomentando la cohesión económica, social y territorial, contando con la participación de las comunidades rurales y
fomentando el intercambio de ideas y mejores prácticas a todos los niveles.
Por último, el programa de trabajo se completa con un Plan de Acción Rural de la UE, para impulsar un desarrollo rural sostenible e integrado, contando con políticas fundamentales para ello, como son la política agrícola común (PAC) y la
política de cohesión. Como es sabido, el 33% del presupuesto de la UE se destina a políticas de cohesión económica, social, y territorial, con el objetivo de catalizar la convergencia de las regiones más desfavorecidas, que son básicamente rurales.
Con carácter general, las regiones rurales tienen más dificultades que las urbanas para acceder a la provisión de servicios, tanto locales como regionales. En el caso de España, como pone de manifiesto el estudio citado anteriormente, las
provincias rurales españolas presentan una accesibilidad a servicios locales peor que las correspondientes a las regiones rurales de otros países europeos.
Las dificultades de las zonas rurales en España, la brecha en el acceso a los servicios, singularmente digitales, la infrafinanciación de los territorios más afectados por el reto demográfico, y en definitiva, la cohesión social y
territorial de nuestro país son cuestiones que requieren de un tratamiento de política de Estado, tal y como planteó el gobierno del PP en la Cumbre de Presidentes de enero de 2017.
La llegada al gobierno del PSOE supuso un frenazo en las políticas públicas orientadas a luchar contra el reto demográfico, como demuestra el hecho de que tres años más tarde, el gobierno no ha sido capaz de aprobar una Estrategia Nacional,
en colaboración con las Comunidades Autónomas. Las políticas que lleva a cabo la Vicepresidencia Tercera, responsable del reto demográfico, son en muchos casos, además, contrarias a los intereses del medio rural, tanto en política energética, como
en política de preservación de las especies protegidas (el lobo, la tórtola), o en política de lucha contra el cambio climático, y en cualquier caso, carecen de impacto sobre el reto demográfico, como hemos venido denunciando sistemáticamente desde
el Grupo Popular.
El Plan de Medidas frente al Reto Demográfico presentado por el gobierno en marzo del año pasado, que agrupa las diferentes actuaciones y líneas de trabajo que desarrollan los distintos Departamentos de la Administración, y que se inscribe
entre los objetivos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, carece de indicadores de evaluación y seguimiento, por lo que es prácticamente imposible conocer si las actuaciones y convocatorias que está llevando a cabo el gobierno, con
cargo a los fondos europeos, responden a las dificultades reales del mundo rural. Son, en cualquier caso, propias de la agenda de gobierno, y no de una agenda pactada con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en el marco de una
Estrategia Nacional, o de la Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar en Conferencia Sectorial para el Reto Demográfico, una Estrategia Nacional frente al Reto Demográfico, contando con la participación previa de las Comunidades Autónomas, Entidades Locales y agentes económicos y sociales, y
alineada con la política de la Comisión Europea en esta materia.
2. Presentar al Congreso de los Diputados un informe de seguimiento del Plan de Medidas, realizado desde el Gobierno con indicadores por objetivos y grado de cumplimiento.
3. Presentar un Plan de Mejora de Acceso a los Servidos locales y regionales, para el medio rural, con el objetivo de avanzar en la convergencia con el resto de países de la UE, con participación de la iniciativa privada y dotado
presupuestariamente con cargo a los fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de febrero de 2022.-Carmen Navarro Lacoba, Marta González Vázquez, Guillermo Mariscal Anaya, César Sánchez Pérez, Diego Gago Bugarín, Juan Diego Requena Ruiz, José Ángel Alonso Pérez, Tomás Cabezón
Casas, Paloma Gázquez Collado y Alberto Herrero Bono, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
162/000942
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Francisco Javier Ortega Smith-Molina, don Francisco José Alcaraz Martos, don Luis Gestoso de Miguel y don Ignacio Gil Lázaro, en sus respectivas condiciones de Portavoces Adjuntos y Diputados del Grupo
Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en los artículos 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a la reprobación del Ministro del Interior por pactar
la política penitenciaria del Gobierno respecto de los presos de la organización terrorista ETA con las formaciones políticas herederas de dicha organización terrorista, para su discusión en Pleno.
Exposición de motivos
Primero. Comunicaciones desde el Gobierno con representantes de ETA.
En febrero del año 2020, la Guardia Civil detuvo a cuatro personas en el marco de la 'Operación Kabat', que investigaba la celebración de actos de enaltecimiento del terrorismo. Los detenidos, entre los que se encontraba José Antonio López
Ruiz, Kubati, habían organizado y coordinado cerca de un centenar de homenajes a miembros de ETA.
La operación Kabat se encuentra bajo la dirección del Juzgado Central n° 6 de la Audiencia Nacional. En el momento de la detención, según señala la Guardia Civil, se habían detectado '95 actos celebrados entre diciembre de 2016 y octubre de
2019 en diferentes localidades del País Vasco y Navarra' 68.
Un año y medio después, en junio de 2021, la Guardia Civil detuvo a dos integrantes de ETA por su participación y organización en estos actos de homenaje 69.
En el marco de las investigaciones de las Diligencias Previas 16/2018 de la Operación Kabat, en marzo de 2021 se incorporó un informe sobre el resultado del análisis de los dispositivos informáticos incautados a los detenidos en el que se
pone de manifiesto la existencia de un canal de comunicación 'soterrado' entre el Ministerio del Interior y representantes de la organización terrorista ETA, el brazo político de esta, SORTU, a través de un órgano creado dentro de dicha formación
política denominado 'Comisión de presos' y BILDU; y una red de apoyo a los presos etarras, Sare 70.
Según se ha podido conocer, consta en el procedimiento la existencia de ese canal de comunicación entre ETA y cargos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, entre ellos su Secretario General, Angel Luis Ortiz, en el que se
atendían peticiones de presos etarras tales como solicitar que determinados centros penitenciarios acepten reclamaciones de etarras presos o que estos reciban un
68 La Guardia Civil detiene a cuatro personas por la organización de actos de enaltecimiento del terrorismo. Guardia Civil. Disponible en: https://www.guardiacivil.es/es/prensa/noticias/7217 O.html [Última visita: 09/02/2022],
69 Detenidos dos históricos de ETA por dirigir los homenajes a presos de la banda terrorista. El País. Disponible en:
https://elpais.com/espana/2021-06-3Q/detenidos-dos-historicos-de-eta-por-dirigir-los-homenaies-a-presos-de-la-banda-terrorista.html [Última visita: 09/02/2022].
70 Mensajes del jefe de Prisiones de Marlaska revelan trato de favor a los etarras. El Confidencial. Disponible en: https:/ / www.elconfidencial.com/espana/2022-02-09/mensaies-iefe-prisiones-marlaska-revelan-trato-favor-etarras 3371902/
[Última visita: 09/02/2022],
'tratamiento especial', concediéndoles progresiones en grado y traslados a centros penitenciarios próximos al País Vasco y Navarra. Esta información resulta de la investigación que se realizó del teléfono del detenido en enero del 2020,
Kubati, donde se descubrieron hasta 168 conversaciones con Instituciones Oficiales.
Entre otros mensajes se puede observar cómo el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González, envía al abogado y diputado del Parlamento vasco por Bildu, Julen Arzuaga, el siguiente mensaje: 'Estimado Julen [
...] en cuanto el citado programa sea aprobado por el juzgado, el interno Aitzol Gogorza será trasladado al Hospital Público de Donostia. Aprovecho para enviarte un cordial saludo. Angel Luis Ortiz González'.
Apenas dos meses después del mensaje del responsable de Instituciones Penitenciarias, el terrorista salió de la cárcel para cumplir el resto de su condena en casa bajo un tratamiento tutelado por el hospital de Donostia.
Otro ejemplo recogido en el informe de la Guardia Civil y que pone de manifiesto la estrecha y fluida relación entre el Secretario General de IIPP y el dirigente de Sortu es cuando unos meses después, en mayo de 2019, Julen Arzuaga vuelve a
escribir a José Antonio López Ruiz, Kubati, para que dé el visto bueno a un mensaje que va a mandar al responsable de Prisiones. En la comunicación, le da las gracias al alto cargo de Interior por la progresión a segundo grado del etarra Zigor Orbe
('trasladarte nuestro agradecimiento'), pero al mismo tiempo le pide que sea 'trasladado prontamente a un destino más cercano a su familia'. 'Tal vez el ambiente electoral no sea el más idóneo, pero valoraríamos muy positivamente el movimiento de
Orbe'.
Medio año después, pasadas las elecciones generales, el Ministerio aprobó su traslado directo a la cárcel de Álava.
Además, el martes 11 de junio de 2019, Joseba Azkarraga, ex consejero de justicia del Parlamento vasco y dirigente de la red de apoyo a los presos de ETA, Sare, mandó un mensaje a Kubati para que le recordase los datos de dos presos de ETA
de cara a una reunión que iba a tener en Madrid: 'Antton, el lunes quiero entrar más en el detalle de algunos casos en Madrid. En los apuntes que cogí el otro día tengo algún caso que no recuerdo la casuística, recuérdame qué era. Liermi
Armendariz, Oskarbi Jauregui, cárcel Granada segundo grado. Si puedes recuérdame estas cosas, pues quiero enviarle antes unas notas, para que la reunión sea más efectiva y hayan tenido tiempo de mirar cada caso'. Al día siguiente, Kubati le mandó
un correo electrónico con la información.
Oskarbi Jauregui Amundarain fue acercada al País Vasco al año siguiente. Lierni Armendaritz González de Langarik, condenada por participar en el atentado que mató a Ernest Lluch, fue trasladada también al año siguiente desde Galicia hasta
Cantabria. Hace unos días, Interior informó de su traslado definitivo a la cárcel de San Sebastián.
El mismo día de la citada reunión en Madrid, Azkarraga escribió de nuevo a Kubati: 'He olvidado comentar que me ha insistido mucho en que intenté tener una conversación con Consuelo Ordóñez [presidenta de la asociación de víctimas Covite y
hermana del exlíder del PP vasco asesinado Gregorio Ordóñez]. Que para ellos sería muy importante que lográramos un clima de entendimiento. Ya le he dicho que se puede intentar, pero no creo que sea fácil'. La Guardia Civil apunta en su informe
que no se puede precisar la identidad de la persona que le pide ese intento a Azkarraga.
Por consiguiente, estamos ante un conjunto de intercambio de mensajes en los que el etarra comparte múltiple información con distintos destinatarios acerca de reuniones que ha mantenido y datos que le facilitan cargos de la Secretaría
General de Instituciones Penitenciarias, entre ellos, el propio Secretario General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior.
Lo expuesto constituye un quebranto y violación de la memoria de las víctimas del terrorismo, que vuelve a poner de manifiesto la falta de respeto del Gobierno hacia ellas. En este sentido, no cabe si no preguntarse hasta qué punto el
Gobierno y, en concreto, el Ministerio del Interior está dispuesto a entregarse a los herederos de ETA con tal de hacer prosperar su agenda política y mantener su apoyo.
Segundo. Conclusión: el Ministro del Interior practica una política penitenciaria arbitraria y al servicio de los herederos de ETA.
En definitiva, lo señalado anteriormente pone de manifiesto que la política penitenciaria de la actual SGIP, cuyo máximo dirigente es el Sr. Ministro del Interior, se caracteriza por su arbitrariedad a la hora de conceder beneficios
penitenciarios -acercamientos, progresiones en grado y concesiones de libertad condicional- contraviniendo en la mayoría de los casos -en su práctica totalidad- los criterios de las
Juntas de Tratamiento que, al fin y al cabo, son los órganos más aptos para valorar el estado de los presos por el conocimiento de su conducta y comportamiento, adoptando resoluciones en las que prevalecen los criterios políticos,
arbitrarios y oportunistas.
Ha quedado acreditado que los acercamientos y excarcelaciones de etarras que se vienen realizando por el Ministerio del Interior desde 2018 no son decisiones autónomas y 'en cumplimiento de la legalidad', sino que responden a ritmos e
intereses demandados por los propios etarras presos y trasladados por los dirigentes de las formaciones políticas herederas de la organización terrorista ETA, los cuales son los que marcan al Ministerio del Interior quién debe ser progresado en
grado, quién debe ser trasladado a un Centro Penitenciario, a quién se debe excarcelar y cuándo, encontrándonos con un Ministro del Interior sometido a las exigencias de los herederos de la organización terrorista ETA, con tal de mantener el apoyo
de estos a su Gobierno.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario de VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados acuerda la reprobación del Sr. Ministro del Interior por pactar la política penitenciaria del Gobierno respecto de los presos de la organización terrorista ETA con las formaciones políticas herederas de dicha
organización terrorista.
Asimismo, el Congreso de los Diputados insta al Sr. Presidente del Gobierno a la destitución del Sr. Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska Gómez'.
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2022.-Francisco José Alcaraz Martos, Luis Gestoso de Miguel e Ignacio Gil Lázaro, Diputados.-Macarena Olona Choclán y Francisco Javier Ortega Smith-Molina, Portavoces del Grupo
Parlamentario VOX.
162/000943
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para impulsar el liderazgo de España en el desarrollo y
fabricación de semiconductores para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Los semiconductores se han convertido en uno de los objetos de deseo en todo el mundo a lo largo de la recuperación económica post-COVID-19. Este producto reúne dos condiciones para ser tan buscados: en primer lugar, son esenciales para el
desarrollo de cualquier tipo de producto tecnológico, y con la digitalización más y más bienes de consumo incluyen chips para funcionalidades tecnológicas; en segundo lugar, el mercado mundial de semiconductores sufre de una gran concentración en,
prácticamente, tres empresas situadas en Taiwán, la República de Corea y Estados Unidos, respectivamente.
Durante los meses más duros de la pandemia, cuando la mayor parte de la población mundial se encontraba confinada o con la movilidad muy limitada, las fábricas de todo el mundo se paralizaron. Mientras tanto, los consumidores recurrieron a
los pocos bienes que aún podían disfrutar en sus casas: los de carácter tecnológico. Por ejemplo, las ventas de ordenadores portátiles se dispararon un 50% interanual. Esto hizo que los semiconductores que había en stock se utilizaran para
responder al crecimiento de la demanda de bienes tecnológicos. Con la reactivación económica, ligada además a una tendencia más acusada de digitalización, el mercado global de semiconductores no ha dado abasto para toda esa demanda.
En 2020 y 2021, la demanda de chips tanto para dispositivos como para centros de datos se disparó. A principios de 2021, la demanda de chips por parte de esos servicios de computación de centros de datos se había incrementado en un 30%.
Las proyecciones apuntan a que, pese a aliviarse ligeramente, la demanda de semiconductores permanecerá más alta respecto a la tendencia de los últimos años a lo largo de todo 2022. La industria de la automoción, por ejemplo, utiliza cada vez más
estos chips, lo que provocó que fábricas que marcas como Stellantis, Opel, Seat, Ford, Renault o Volkswagen tienen en
nuestro país tuvieran que cerrar por incapacidad de llevar a cabo la producción de sus automóviles. De acuerdo a varias proyecciones, el valor de los microchips que incluye un vehículo casi se multiplicará por dos a lo largo de este año
2022 respecto al valor que tenían en 2010.
Además, la demanda de chips para aplicaciones de inteligencia artificial se prevé que crezca en torno a un 50% con carácter anual en todas las categorías de programación, requiriendo además chips cada vez más refinados y de última
generación. En este contexto, los fabricantes están encontrando grandes dificultades para cumplir con la demanda global. En 2021, los tres grandes fabricantes mundiales invirtieron más de 60.000 millones de euros, en parte para ampliar las
capacidades de sus instalaciones. Además, la inversión en start-ups de chips se habrá triplicado entre 2021 y 2022 respecto de la media de los últimos 15 años. Todo ello teniendo en cuenta que el 81% de la producción mundial de microchips se
concentra en Taiwán y la República de Corea.
Como resultado, Estados Unidos, China y la Unión Europea han emprendido una carrera para desarrollar un sector de fabricación de chips propio, que permita a una de las tres grandes potencias liderar en la diversificación del sector. Estados
Unidos lleva la ventaja, puesto que cuenta con uno de los principales fabricantes a nivel mundial, Intel, y con un clúster importante como es Silicon Valley. Además, la Administración Biden ha puesto en marcha la ley CHIPS que incluye en torno a
52.000 millones de dólares en inversiones para localización de instalaciones y fábricas del sector en territorio estadounidense.
Por su parte, China cuenta también con un importante activo en esta carrera, la tecnológica Huawei. Pese a que ha sufrido importantes reveses en el mundo occidental por los problemas de seguridad que presuntamente tienen sus instalaciones
de conexiones 5G y por sus conexiones directas con el gobierno chino, lo cierto es que esta empresa y sus filiales han comenzado a redoblar sus esfuerzos por impulsar el sector de desarrollo y fabricación de chips propios.
Finalmente, la Unión Europea es el actor más rezagado en esta carrera, al no contar con grandes fabricantes ni tampoco con grandes instalaciones o fábricas de chips. El pasado 8 de febrero de 2022, la Comisión Europea presentó su propuesta
de Ley Europea de Chips para poder plantar cara a Estados Unidos y China en esta voluntad de convertirse en el punto de referencia para el sector de los semiconductores. Esta ley es parte, además, de la tan sonada 'autonomía estratégica' que quiere
impulsar la Unión Europea y que tiene como objetivo diversificar cadenas de valor y reducir dependencias comerciales excesivas de determinados socios.
El objetivo de la Ley es incentivar la producción de chips y hacer que la Unión Europea suponga al menos el 20% del valor del mercado global de semiconductores en 2030, lo que requeriría multiplicar por cuatro las capacidades europeas
actuales. Para ello, la Comisión Europea tiene previsto destinar en torno a 43.000 millones de euros, relajando las medidas de competencia para permitir una inyección de capital público en el desarrollo y potenciación de este sector. Esta
financiación se destinaría a I+D, a la atracción de capital y la financiación de nuevas fábricas, y también a políticas para prevenir y responder ante posibles crisis de suministro de semiconductores como la actual.
Parte del plan de la Comisión Europea, además, tiene que ver con una recomendación a los gobiernos nacionales de los 27 Estados miembros de la Unión para que pongan en marcha medidas que permitan asegurar suministros en caso de emergencia.
España cuenta ya con cuatro empresas que han mostrado su interés en desarrollar este sector en nuestro país, y han creado incluso la primera Asociación Industrial de Semiconductores de España. De hecho, la propia Ministra de Industria, Comercio y
Turismo ha admitido que el Gobierno tiene la ambición de poder contar con fábricas de semiconductores en nuestro país, pero aún no hay planes más allá de un objetivo secundario relacionado con el sector dentro del PERTE dedicado al vehículo
eléctrico.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Aprobar, en los próximos seis meses, un Proyecto Estratégico para la Recuperación y la Transformación Económica (PERTE) específico para el impulso al sector de los semiconductores en España, con el objetivo de situar a nuestro país a la
vanguardia de la Unión Europea en materia de desarrollo y fabricación de chips.
2. Establecer, de forma transparente y garantizando el principio de libre concurrencia competitiva, un Grupo de Expertos en materia de semiconductores formado por representantes de empresas y organizaciones empresariales españolas con
experiencia en el desarrollo y fabricación de chips, que ejercerá como interlocutor ante la Junta Europea de Semiconductores propuesta por la Comisión Europea.
3. Establecer un Plan Estratégico de Respuesta ante Crisis en materia de semiconductores, que incluya acciones para priorizar el desarrollo de chips para sectores esenciales y para establecer nuevos acuerdos internacionales de cooperación
con países que cuenten con una importante industria manufacturera de chips para diversificar cadenas de valor.
4. Impulsar en las instituciones de la Unión Europea la compra centralizada de semiconductores para sectores esenciales en situaciones de crisis de suministro de chips, en línea con la recomendación de la Comisión Europea del pasado 8 de
febrero de 2022.
5. Encomendar al ICEX España Exportación e Inversiones la realización de un seguimiento semestral de las cadenas de valor del sector de los semiconductores, así como de sus posibles riesgos para el suministro en nuestro país con el objetivo
de anticipar y prevenir posibles crisis de escasez de chips que puedan afectar a la industria española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de febrero de 2022.-María Muñoz Vidal y María del Carmen Martínez Granados, Diputadas.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Ciudadanos.
162/000944
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas para su debate en Pleno.
Exposición de motivos
Tras años de estar situada en un segundo plano, la inflación ha vuelto a cobrar protagonismo debido a los datos extraordinariamente altos que se han ido conociendo durante estos últimos meses. Los problemas ocasionados en las cadenas de
producción globales, la escasez de ciertos suministros y la preocupante evolución del coste de la energía, han ido empujando el Índice de Precios de Consumo (IPC) al alza hasta sobrepasar el 6% interanual, unas cifras que España no sufría desde hace
tres décadas.
La inflación es un fenómeno que castiga con mayor severidad a los ciudadanos con menos capacidad económica al suponerles, en términos relativos, una mayor pérdida de poder adquisitivo. Así, aquellos hogares cuyos ingresos nominales les
permiten vivir solo de manera muy ajustada, ante una inflación sostenida no acompañada de incrementos análogos en sus ingresos, se ven abocados a situaciones de pobreza relativa. Más delicada aún es la situación de los hogares que ya se encuentran
en situación de pobreza relativa, que una elevada inflación no haría sino agravar.
Para evitar estas pérdidas de poder adquisitivo, trabajadores y empresarios, de manera individual o mediante negociación colectiva, están empezando a revalorizar los salarios para acompasarlos a la evolución de la inflación. De igual forma,
desde el sector público también se revalorizan ciertas prestaciones, donde destacan las pensiones, para evitar una pérdida de poder adquisitivo de sus perceptores. Lo cierto es que hoy, a causa de la inflación, una misma cantidad nominal de dinero
implica menos capacidad económica que años atrás. Dado este contexto, sin embargo, los poderes públicos no están haciendo todo lo necesario para adaptarse al cambio del nivel de precios. Este es el caso de la normativa tributaria, entre la que
destaca, por su impacto directo sobre la renta disponible de los hogares, la ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Los umbrales vigentes de la escala general del IRPF no se han modificado desde el 1 de enero de 2015. En este mismo periodo de tiempo (enero de 2015 a diciembre de 2021, último dato disponible en la web del INE), el IPC ha aumentado un
12,8%. En consecuencia, muchos contribuyentes que por efecto
de la variación nominal de sus ingresos, sin haber aumentado realmente su capacidad económica, están pagando hoy por un tipo impositivo superior al que debieran.
Bases vigentes desde 2015;Bases deflactadas según IPC (12,8%)
12.450 ;14.044
20.200 ;22.786
35.200 ;39.706
60.000 ;67.680
300.000 ;338.400
La falta de deflación de las tarifas del IRPF va en contra del mandato constitucional de que el sistema tributario debe atender al principio de capacidad económica, al aumentar el tipo impositivo efectivo del contribuyente sin que este
realmente haya aumentado sus ingresos en términos reales. Además, el mantenimiento de unos umbrales de renta que no se corresponden con la realidad económica actual está agravando aún más la pérdida de poder adquisitivo ya provocada por la
inflación, cuando los poderes públicos deberían estar haciendo todo lo que estuviera en su mano para reducir su impacto.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, con el fin de ajustar los tramos de la escala de dicho impuesto a la evolución de la inflación y a la capacidad
económica real de los contribuyentes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Ciudadanos.
162/000945
A la Mesa del Congreso de los Diputados
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tengo el honor de dirigirme a esa mesa para, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentar la siguiente Proposición no
de Ley frente a la exclusión financiera de las personas mayores, para su debate en el Pleno.
Exposición de motivos
Uno de los impactos sociales más preocupante de la digitalización es el que tiene lugar en la vida de las personas mayores, que se sienten especialmente vulnerables, dada la falta de competencias digitales adecuadas para afrontar su día a
día en el ámbito digital. Y este impacto es especialmente preocupante en sus gestiones financieras, que no reciben de las entidades bancarias a las que acuden el necesario apoyo y acompañamiento que necesitan al no disponer de habilidades
digitales, dado que no han tenido acceso a la educación digital.
Desde el año 2008, y con el objetivo de mejorar la rentabilidad del sistema bancario, la reestructuración bancaria ha tenido como consecuencia el cierre de numerosas sucursales, así como la reducción del número de cajeros automáticos a
disposición de los clientes. A los procesos de cierre de las sucursales bancarias, que es la primera fuente de exclusión financiera, se une el hecho de que la digitalización de las entidades ha provocado una reducción de los empleados en las
oficinas y que se fomente que muchos de los servicios que se prestaban en esas sucursales atendidas con personas físicas se realicen a prestarse a través de internet o de aplicaciones de banca online, lo que produce una segunda fuente de exclusión.
Esta situación no facilita ni garantiza el derecho de las personas a los servicios bancarios, menos aun si son personas mayores.
La falta de alfabetización digital de muchas de las personas mayores no puede ser motivo de exclusión financiera y, por tanto, de exclusión social.
La carencia de competencias digitales no es un asunto que afecte solo a la población de más edad, los niveles de competencias digitales en Europa permanecen insatisfactoriamente bajos, con un 44% de la ciudadanía europea con un nivel
insuficiente de competencias digitales, aunque, como señala el INE en su informe 'Competencias digitales de los internautas' para España en el año 2020, el colectivo con menores competencias digitales se concentra a partir de los 55 años.
Es importante recordar que la Comisión Europea ha insistido en que ser competente digitalmente es tanto una necesidad como un derecho. De ahí la importancia del Componente 19 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España,
relativo a las competencias digitales, dotado con 3.950 millones de euros, que junto con otros cinco componentes promueve la adquisición de competencias digitales.
Urge garantizar la inclusión financiera de toda la sociedad, incluyendo a la población de más edad, así como garantizar su acceso a los servicios bancarios en condiciones de equidad, confianza y seguridad para evitar mayores desigualdades y
mayor exclusión financiera, que en la era digital tiene un factor determinante clave, que es la edad. Son muchos los riesgos para un país de que parte de su población quede excluida del sistema financiero, pero, sobre todo, es éticamente
inaceptable que esto suceda, más por razón de edad, en un país que pretende ser mejor como sociedad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Promover medidas para que se garantice la igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios financieros de toda la población, adaptando la normativa a las nuevas realidades sociales, en su caso.
2. Reclamar a las entidades bancarias a que modifiquen sus políticas de atención al cliente de forma que garanticen la atención a la población mayor a través de procedimientos sencillos, asequibles y de acompañamiento en la atención
personal, y facilitando medios y recursos accesibles a las personas de más edad.
3. Solicitar a las entidades bancarias la revisión de sus códigos de conducta y así como de 'Protocolo Estratégico para Reforzar el Compromiso Social y Sostenible de la Banca', con el objetivo de lograr la plena inclusión financiera de las
personas mayores.
4. Requerir al Banco de España, como supervisor del sistema bancario, el seguimiento, evaluación y en su caso, revisión, de las medidas adoptadas en aras de garantizar en el futuro los derechos de los clientes de las entidades bancarias y
evitar nuevas situaciones de exclusión financiera.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 11 de febrero de 2022.-Pedro Casares Hontañón, Javier Alfonso Cendón, Patricia Blanquer Alcaraz, Valentín García Gómez, Manuel Gabriel González Ramos, Antonio Hurtado Zurera, José Luis Ramos Rodríguez,
María Tamara Raya Rodríguez, Diego Taibo Monelos, Begoña Nasarre Oliva, José Antonio Rodríguez Salas, María Ángeles Marra Domínguez y Marisol Sánchez Jódar, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafaela Crespín Rubio, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.