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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 292, de 15/06/2021
cve: BOCG-14-D-292
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
15 de junio de 2021
Núm. 292
ÍNDICE
Control de la acción del Gobierno
PROPOSICIONES NO DE LEY
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002551 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el apoyo al proceso de paz en Colombia. Retirada ... (Página6)
161/002732 Proposición no de Ley presentada por los Grupos Parlamentarios Republicano, Euskal Herria Bildu, Vasco (EAJ-PNV) y Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a levantamiento del bloqueo de los Estados
Unidos de América sobre la República de Cuba ... (Página6)
Comisión de Defensa
161/002753 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre proposición de designación del Día de los Héroes de España ... (Página8)
161/002756 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a poner en marcha una operación nacional de vigilancia, interceptación, asistencia y retorno de las embarcaciones que traten de acceder ilegalmente a
nuestro territorio, en apoyo a las autoridades navales marroquíes y mauritanas, tal y como contempla el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional ... (Página10)
Comisión de Hacienda
161/002726 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a la elaboración de una estrategia fiscal a medio y largo plazo ... (Página12)
161/002746 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a incluir al sector de fabricación y comercio de souvenirs y artesanía en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas
directas en respuesta a la pandemia ... (Página21)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002743 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la defensa del carácter universal y público del servicio de reparto postal y el cese de las vulneraciones de derechos laborales de los trabajadores del
Grupo Correos ... (Página22)
161/002752 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al Registro Especial de Buques en Melilla ... (Página24)
161/002764 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la liberalización de los servicios de navegación aérea en España ... (Página25)
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002758 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al tratamiento específico de alumnos con necesidades educativas especiales ... (Página27)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002736 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la derogación de la reforma laboral ... (Página32)
161/002748 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, por la que se insta al Gobierno a reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte perinatal o
gestacional ... (Página33)
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002737 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa al programa de turismo del Imserso ... (Página35)
161/002742 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, sobre el mantenimiento de la planta y los puestos de trabajo de Airbus Puerto Real y la industria auxiliar
... (Página35)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002745 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a solicitar, en el seno de la Unión Europea, la suspensión inmediata del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea...
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002723 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a exigir el cumplimiento efectivo de la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España ... (Página42)
161/002725 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa al cumplimiento de la exigencia de elaboración del Informe Anual de Evaluación Normativa y la Memoria Anual de la actividad de la Oficina de Coordinación y
Calidad Normativa ... (Página48)
161/002727 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a abstenerse de nombrar o proponer como máximos responsables del sector público empresarial y de aquellas empresas en que el Estado
tenga participación a personas con base en criterios de afinidad u oportunidad política ... (Página51)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
161/002733 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a evitar el encarecimiento de la factura de la electricidad ... (Página56)
161/002738 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la renaturalización de los tramos urbanos de los ríos ... (Página57)
161/002754 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre adopción de medidas para el uso más eficiente de los medios de transporte ... (Página58)
161/002755 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el despliegue de la renaturalización de los ríos a su paso por zonas urbanas ... (Página59)
161/002759 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre medidas de apoyo a la gestión forestal sostenible ... (Página61)
161/002760 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre el establecimiento de un 'filtro verde' para las inversiones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia ...
161/002761 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre impulso del hidrógeno renovable ... (Página63)
Comisión de Cultura y Deporte
161/001740 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a fomentar que España se considere como una localización de referencia para la realización de rodajes nacionales e internacionales. Retirada ...
161/002731 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas e hípicas en favor del deporte base y la industria productiva ...
161/002739 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, relativa a fomentar que España se considere como una localización de referencia para la realización de rodajes nacionales e internacionales ...
161/002744 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre promoción, reconocimiento y divulgación de la figura creativa del poeta riojano Antonio Armando García Barrios, más conocido como Armando Buscarini, y
de su obra poética ... (Página67)
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002734 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre el incremento de las plazas de matrona para la implementación de las casas de parto en el sistema público de salud ... (Página69)
161/002747 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Plural, sobre la muerte perinatal o gestacional ... (Página70)
161/002749 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre prevención y atención a la conducta suicida ... (Página71)
161/002751 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo y reconocimiento de la innovación incremental en el desarrollo de medicamentos ... (Página73)
161/002757 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario VOX, por la que se insta al Gobierno a la financiación por el Sistema Nacional de Salud de las prótesis externas auditivas de pacientes con hipoacusia con independencia
de su edad ... (Página75)
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002724 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Republicano, sobre la devolución del IVA cobrado indebidamente a los proyectos de investigación y desarrollo ... (Página77)
161/002750 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre el apoyo y reconocimiento de la innovación incremental en el desarrollo de medicamentos ... (Página78)
Comisión de Igualdad
161/002728 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, relativa a la ratificación del Convenio 189 de la OIT ... (Página80)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002762 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la promoción de espacios seguros y movilidad saludable de niños, niñas y adolescentes en las rutas entre sus hogares y los centros escolares ...
(Página81)
161/002763 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, relativa a la lucha contra la obesidad infantil ... (Página82)
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002740 Proposición no de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, sobre la obligatoriedad del uso del casco de protección para las personas que desempeñan su profesión conduciendo una bicicleta ...
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
Comisión de Hacienda
181/001109 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre previsiones del Gobierno acerca de la eliminación del IVA reducido y superreducido si el Comité de Expertos así se lo solicita ...
181/001110 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre impuesto que no afectará a la clase media de nuestro país de los que el Gobierno ha enviado a Bruselas en el Plan de Recuperación ...
181/001111 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre previsiones de recaudación fiscal en España en el año 2021, de los 222.107 millones de euros previstos ... (Página86)
181/001112 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre opinión del Gobierno acerca de si la presión fiscal en España es un 7,7% inferior a la media europea ... (Página87)
181/001113 Pregunta formulada por el Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya (GP), sobre periodificación de la entrada en vigor y cantidad que se pretende recaudar en cada periodo si la subida de impuestos enviada a Bruselas en el Plan de
Recuperación no entrara en vigor hasta el año 2013 ... (Página87)
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001108 Pregunta formulada por el Diputado don Miguel Ángel Jerez Juan (GP), sobre medidas previstas para mejorar la accesibilidad y evitar los perjuicios que pueden afectar a la imagen turística de la isla por el estado de las obras
paralizadas en la fachada principal de aeropuerto de Eivissa ... (Página87)
181/001114 Pregunta formulada por los Diputados doña Patricia Rueda Perelló (GVOX), De las Heras Fernández, Patricia (GVOX), Esteban Calonje, Cristina Alicia (GVOX), Figaredo Álvarez-Sala, José María (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX),
Segura Just, Juan Carlos (GVOX), sobre estudio de medidas alternativas al establecimiento del impuesto sobre el uso del transporte aéreo para conseguir los mismos fines ... (Página87)
181/001115 Pregunta formulada por el Diputado don Íñigo Barandiaran Benito [GV (EAJ-PNV)], sobre forma prevista para solucionar los retrasos existentes en la redacción de los estudios informativos de los proyectos correspondientes a la
entrada del tren Alta Velocidad en las capitales vascas ... (Página88)
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001106 Pregunta formulada por los Diputados don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Toscano de Balbín, Carla (GVOX), sobre
consideraciones acerca de si la política aperturista plasmada como línea de actuación en la Estrategia España 2050, fomenta que aumente exponencialmente la inmigración ilegal en nuestro país... (Página88)
181/001107 Pregunta formulada por los Diputados don Juan José Aizcorbe Torra (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), López Álvarez, María Teresa (GVOX), Toscano de Balbín, Carla (GVOX), sobre valoración
de la política migratoria aperturista del Gobierno a la vista del aumento de las entradas irregulares de inmigrantes a España en el primer trimestre de 2021 ... (Página88)
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001116 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Vega Arias, Rubén Darío (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Mariscal Zabala, Manuel (GVOX), sobre previsiones
acerca de solicitar ante las autoridades de la Unión Europea la suspensión del acuerdo agrícola, dado que Marruecos supera los contingentes máximos de importación ... (Página89)
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001105 Pregunta formulada por los Diputados don Ricardo Chamorro Delmo (GVOX), Borrás Pabón, Mireia (GVOX), López Maraver, Ángel (GVOX), Gestoso de Miguel, Luis (GVOX), Nevado del Campo, María Magdalena (GVOX), Contreras Peláez,
Francisco José (GVOX), Requejo Novoa, Pedro Jesús (GVOX), sobre actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en la cuenca del Guadiana frente a la invasión de las plagas vegetales, entre otras, del camalote (Eichhornia crassipes), el nenúfar
mejicano (Nymphaea mexicana) o el helecho de agua (Azolla filiculoides) ... (Página89)
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
181/001104 Pregunta formulada por los Diputados doña María Teresa López Álvarez (GVOX), Calvo Liste, Pablo Juan (GVOX), De Meer Méndez, Rocío (GVOX), Ruiz Solás, María de la Cabeza (GVOX), Trías Gil, Georgina (GVOX), sobre medidas previstas
en relación con los menores marroquíes que han sido ilegalmente introducidos en España la semana del 17 de mayo ... (Página90)
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
Relación de preguntas para respuesta escrita que pasan a tramitarse como preguntas para respuesta oral en Comisión.
184/053512 Autor: Iñarritu García, Jon
Apertura de alguna investigación en relación a la entrada de personas migrantes los días 17 y 18/05/2021 a Ceuta ... (Página90)
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PROPOSICIONES NO DE LEY
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 194 del Reglamento, las siguientes Proposiciones no de Ley y considerando que solicitan el debate de las iniciativas en Comisión, disponer
su conocimiento por las Comisiones que se indican, dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Asuntos Exteriores
161/002551
Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común la Proposición no de Ley sobre el apoyo al proceso de paz en Colombia, publicada en el 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie D, núm. 274, de 18 de mayo de 2021.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002732
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Los Grupos Parlamentarios abajo firmantes, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de ley de levantamiento del bloqueo de los Estados Unidos de América sobre la
República de Cuba, para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores.
Exposición de motivos
Cuba y Estados Unidos de América comparten históricamente lazos políticos, económicos y sociales. A pesar de su pasado como colonia española, la isla desarrolló importantes vínculos con su vecino del norte. Estos vínculos se estrecharon
después de diciembre de 1898, con la firma del Tratado de París, con el cual quedaba finalizada la Guerra hispano-estadounidense.
El bloqueo comercial, económico y financiero de Estados Unidos hacia Cuba fue impuesto el 3 de febrero de 1962 por el mandatario John F. Kennedy tras firmar una Orden Ejecutiva Presidencial y entró en vigor el 7 de febrero bajo el auspicio
de la Ley de Asistencia Extranjera. Existen un grupo de facultades del presidente estadounidense, entre las que figura la posibilidad de promover la modificación en la aplicación de las leyes que codifican al bloqueo.
Este mecanismo político, viola los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, ha sido utilizado desde su surgimiento por los distintos presidentes estadounidenses, y se conoce como el sistema de medidas coercitivas
unilaterales más complejo y prolongado que ha impuesto contra un estado.
El Gobierno cubano estima que los daños acumulados durante casi seis décadas de aplicación del bloqueo contra Cuba alcanzan la suma de 144.000 mil millones de dólares; aunque también debemos señalar que, si se tiene en cuenta la
depreciación del dólar frente al valor del oro en el mercado internacional, el bloqueo ha provocado daños cuantificables por más de un billón de dólares.
El bloqueo fue reforzado en octubre de 1992 por la Ley de 'Democracia Cubana' (popularmente Ley Torricelli) y en 1996 por la 'Ley para la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática' (Ley Helms-Burton). De esta forma se eliminó la
posibilidad de hacer negocios dentro de la isla o con el gobierno de Cuba por parte de los ciudadanos estadounidenses. Su actualización en el año 2006 restringe aún más los viajes de los estadounidenses a Cuba con pena de cárcel o grandes multas,
aparte de crear instituciones para perseguir las exportaciones cubanas de níquel, ron y tabaco, así también como las transacciones que Cuba pudiese realizar en dólares.
El bloqueo hacia Cuba es el más prolongado que se conoce en la historia moderna. Ha sido condenado 23 veces por las Naciones Unidas, porque argumentan que es un lastre para la economía cubana y su desarrollo social. Solo en los últimos 10
años en la Asamblea General de NN.UU., entre 186 y 191 Estados han votado anualmente contra el bloqueo (incluyendo los distintos gobiernos de España) y solo entre dos o tres a favor. El máximo órgano de debate de Naciones Unidas reafirmó, entre
otros principios, la igualdad soberana de los Estados, la no intervención y no injerencia en asuntos internos, y la libertad de comercio y navegación internacionales.
A pesar de la extendida crítica internacional, en 2010 el presidente Barack Obama mantuvo el bloqueo, pero en 2014, Barack Obama y Raúl Castro anunciaran el fin de las hostilidades y el comienzo de las negociaciones para llegar a acuerdos
que permitirían instituir de nuevo la embajada cubana en el Distrito de Columbia y la estadounidense en La Habana además de la intención de iniciar los trámites en el Congreso de Estados Unidos para revocar el bloqueo. Tras la llegada al poder el
2017 del presidente, Donald Trump, se revirtieron muchas de las medidas tomadas por la anterior administración, ocasionado consigo el enfriamiento nuevamente de las relaciones diplomáticas de ambos países.
El carácter inhumano del bloqueo se ha reforzado en el contexto del azote de una pandemia global como la COVID-19, que ha supuesto retos notables para todos los Estados, en particular para Cuba, ya que sus esfuerzos para combatirla se han
visto sensiblemente limitados por las regulaciones del bloqueo estadounidense que ha privado deliberadamente a la nación cubana de la adquisición de materiales sanitarios, equipos médicos y demás recursos necesarios para el manejo de esta
enfermedad.
Sin embargo, con la última victoria electoral y elección presidencial de Joe Biden, se espera que las anteriores iniciativas de distensión entre los dos países se retomen y ello pudiera contribuir a la valoración de la posible eliminación
del bloqueo, herramienta que entorpece el normal desarrollo de las relaciones internacionales y afecta seriamente los legítimos intereses de muchos Estados, entre ellas de España y la Unión Europea, quienes desde mayo de 2019 también se han visto
afectados tras la aplicación íntegra de la Ley Helms-Burton por parte del gobierno de EE.UU.
Atendiendo a lo anterior, y dado que en la actual coyuntura la humanidad enfrenta una crisis económica y social marcada por la COVID-19, se impone con más razón que nunca, que se exija el levantamiento del bloqueo que mantiene el gobierno de
los EE.UU. contra Cuba.
Proposición no de Ley
'Por todo ello la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados acuerda:
Instar al Gobierno a hacer las gestiones necesarias para que, en sus relaciones con el Gobierno de Estados Unidos de América, le aliente a llevar a cabo de modo efectivo el levantamiento del bloqueo económico, financiero y comercial a Cuba y
a derogar cuanto antes las leyes Helms-Burton y Torricelli.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2021.-Enrique Fernando Santiago Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.-Marta Rosique i Saltor, Diputada.-Gabriel Rufián Romero,
Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Mariona Illamola Dausà y Néstor Rego Candamil, Diputados.-Joan Baldoví Roda, Portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Plural.-Aitor Esteban Bravo, Portavoz del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).-Mertxe
Aizpurua Arzallus, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.-Albert Botrán Pahissa, Diputado.
Comisión de Defensa
161/002753
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de proposición de designación del Día
de los Héroes de España, para su debate en Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
En la Conferencia de Algeciras de 1906 España asumió la obligación junto a Francia de ejercer un Protectorado sobre el reino de Marruecos, que tras la firma del Tratado de Fez en 1912 encomendó definitivamente a España estas funciones en el
territorio Norte, desde el Atlántico en Agadir hasta el río Muluya, casi en el límite con Argelia en el Mediterráneo.
Tras el desastre del Barranco del Lobo en el año 1909, que llegó a comprometer incluso la posición en Melilla, el Gobierno Español procedió a intentar extender el protectorado desde la zona oriental hasta la occidental, desplegando una
actividad militar y política a tales efectos.
Así desde la Comandancia General de Melilla el plan consistía en extender el control del ejército desde esta ciudad hasta la Bahía de Alhucemas, donde debían coincidir con las Fuerzas Españolas procedentes de la parte occidental del
protectorado.
El 25 de abril se inicia la campaña en Tensaman para establecer posiciones en Axdir, Monte Abarrán y la divisoria del Cabo Quilates extendiéndose en la zona con pequeñas fortificaciones llamados blocaos, diseminados en el territorio sin
medidas ni preparación para abastecerlos de tal forma que el frente quedaría constituido por una línea de operaciones de 92 km. hasta Annual y un frente ofensivo de 80 Km. desde Sidi Dris a Tazarut, es decir una extensión de 4.000 Km2 de
territorio, lo que para algunos mandos resultaba temerario dado el continuo crecimiento de la harka rebelde.
Tras la toma de Annual y el asentamiento en Igueriben, y a pesar de informe en contra, el 1 de junio el Comandante General de Melilla, el General de División, don Manuel Fernández Silvestre envió una columna a tomar y fortificar el Monte
Abarran, una operación desastrosa que se saldaría en el mismo día con la pérdida de posición y el alzamiento de las cabilas rebeldes. Esta rápida derrota estimuló la acción de las harkas y el 21 de julio de 1921 se produjo la caída de la posición
de Igueriben cuyo preludio había sido la toma e inmediata pérdida de Abarrán que actuó como detonante del levantamiento en las proximidades de Annual, donde se encontraban acampadas buena parte de las Unidades de la Comandancia con el Cuartel
General de la misma y el propio Comandante General, el General de División don Manuel Fernández Silvestre.
La caída de la posición de Igueriben y la incertidumbre sobre el potencial verdadero de los rebeldes rifeños al mando de Abd-el-Krim propiciaron lo que pretendía ser un movimiento de repliegue sobre Melilla que acabaría convirtiéndose en una
enloquecida retirada en la que los soldados de la Comandancia General de Melilla fueron cayendo en manos de grupos de rifeños que les provocaron una cruel muerte hasta la llegada a Monte Arruit el 28 de julio, y la caída de toda la línea de defensa
encomendada a la posición oriental.
3000 fueron aproximadamente los efectivos de la Comandancia General que consiguieron acogerse a la fortificación de Monte Arruit en donde quedaron sitiados al mando del General Segundo Jefe de la Comandancia, el General de Brigada de
Caballería don Felipe Navarro y Ceballos-Escalera.
Entre el 24 de julio y el 25 de julio, llegaron procedentes de Ceuta y de la Península hasta seis Batallones como acción de socorro a Melilla ante lo que se consideraba el riesgo de ocupación inminente de la propia ciudad. Éstos se
dedicaron a consolidar la línea exterior de Melilla garantizando la seguridad inmediata de la misma, que, como queda dicho, se había considerado en peligro.
Hasta el 9 de agosto consiguieron resistir al asedio los sitiados en Monte Arruit sin recibir refuerzos ni apoyos desde Melilla. El 9 de agosto, el General Navarro fue autorizado a capitular, negociando la entrega de las armas a cambio de
permitir a los asediados retirarse hacia Melilla. Tras rendir las armas, el enemigo no cumplió lo pactado y asesinó a la inmensa mayoría de la guarnición, en torno a los 3000 hombres,
reteniendo a unos 500 de ellos como prisioneros de guerra y trasladándolos a Axdir, localidad natal de Abd-el Krim, cerca de la bahía de Alhucemas.
Allí permanecerían durante 20 meses hasta ser liberados tras el pago de un rescate por un industrial español familiarizado con la zona y con los jefes locales.
El denominado desastre de Annual con casi 9.000 muertos en pocos días fue un hito más, el más sangriento de ellos, en la denominada Guerra de África que, en la zona de Melilla, vivió sus momentos iniciales, para unos, en la denominada Guerra
de Margallo de 1893 y para otros en la campaña del Barranco del Lobo de 1909 viendo su finalización el 10 de julio de 1927, fecha en que finalizaron los combates y se produjo la pacificación del territorio que quedaría bajo dominio español hasta el
acceso a la independencia por parte de Marruecos en 1956.
Desde el punto de vista político, la depuración de presuntas responsabilidades por parte de las diferentes autoridades implicadas se demoró por años, coincidiendo muchos historiadores en que las pugnas por identificar a los más altos
responsables de la práctica desaparición de la guarnición de la Comandancia General de Melilla, condujeron al golpe de Estado del General Primo de Rivera el 13 de septiembre de 1923 con las graves consecuencias que ese hecho tendría en el trágico
devenir de la historia de España.
Durante los hechos bélicos que se produjeron en los días que mediaron entre la caída de Igueriben y la de Monte Arruit, se produjeron actuaciones sin duda heroicas, como las reconocidas 90 años más tarde de las mismas mediante la concesión
de la Laureada Colectiva al Regimiento de Caballería Alcántara, n° 14 durante los hechos, n.° 10 en la actualidad, o la laureada individual a título póstumo al Teniente Coronel don Fernando Primo de Rivera y Orbaneja, fallecido el 6 de agosto de
1921 en la posición de Monte Arruit.
Otros muchos hechos acaecidos, igualmente, en aquellos aciagos días, permanecen en el anonimato.
Al producirse el centenario, cien años de aquel revés sin paliativos que supuso un shock para la población española del momento y truncó la vida de muchos jóvenes en muchos casos muy humildes, parece oportuno, desde la distancia del tiempo,
proceder a una consideración positiva de las conductas de todos aquellos hombres a quienes les correspondió encontrarse en ese lugar en aquellos momentos y afrontar con toda crudeza los rigores de una situación bélica en la que la inmensa mayoría de
ellos murieron o padecieron severo cautiverio.
Las grandes naciones de la historia de la humanidad no se distinguen por no padecer reveses de diversa naturaleza sino por sobreponerse a ellos obteniendo lecciones que les permitan mirar al futuro con renovada fe en sí mismos.
España, nuestra nación, ha experimentado a lo largo de su historia momentos de esplendor y momentos de padecimiento severo. Todos ellos han servido para conformar nuestro ser nacional en el mundo y para ser identificados como la
esplendorosa nación que somos en la actualidad.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos rendir homenaje a los españoles de toda época y de toda condición que con su esfuerzo personal y en muchas ocasiones con el sacrificio de sus propias vidas nos han transmitido de generación en
generación la conciencia colectiva de pertenecer a esta Patria interpretada como quehacer común de los españoles de ayer, hoy y mañana que se afirma en la voluntad manifiesta de todos.
Para ello queremos proponer al conjunto de las fuerzas políticas, representantes de todo el pueblo español, incorporar la celebración de este centenario, que conmemora aquellos luctuosos sucesos, al bagaje de la memoria colectiva de los
españoles como el Día dedicado a los Héroes de España.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Proclamar la fecha del 21 de julio como Día de los Héroes de España en homenaje y expresión de honra para todos aquellos españoles a los que las circunstancias de la vida llevaron a afrontar padecimientos severos en diferentes momentos
de la historia para aportar su individual contribución al devenir histórico de nuestra nación mediante el que se ha conformado y se sigue conformando nuestra realidad actual.
2. Elaborar un catálogo completo de los diferentes cementerios distribuidos por el mundo en el que se encuentran enterrados soldados españoles, con la identificación más detallada posible de los mismos.
3. Dotar de los recursos necesarios al Ministerio de Defensa para que a través de la red de Agregadurías de Defensa en las diferentes Embajadas de España en el mundo se dispense la atención necesaria al mantenimiento de las tumbas de
nuestros soldados en dichos cementerios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002756
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Agustín Rosety Fernández de Castro, don Manuel Mestre Barea, don Alberto Asarta Cuevas, don Víctor González Coello de Portugal, don Luis Gestoso de Miguel, don Julio Utrilla Cano y doña Rocío de Meer Méndez,
en sus condiciones de Portavoz, Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), respectivamente, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la
siguiente Proposición no de Ley relativa a poner en marcha una operación nacional de vigilancia, interceptación, asistencia y retorno de las embarcaciones que traten de acceder ilegalmente a nuestro territorio, en apoyo a las autoridades navales
marroquíes y mauritanas, tal y como contempla el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional, para su discusión en la Comisión de Defensa.
Exposición de motivos
Primero. La situación de la inmigración ilegal en Canarias ha dejado de ser un problema exclusivamente español y ha pasado a preocupar a Frontex (Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas) y a Interpol (Organización Internacional
de Policía Criminal). La infiltración de terroristas yihadistas a través de los flujos de inmigrantes ilegales, a la vista del enorme descontrol en esta frontera, amenazan gravemente la seguridad nacional de España.
Según datos facilitados por el Ministerio del Interior, la llegada de inmigrantes a Canarias ha crecido un 133,9% del 1 de enero al 30 de abril de 2021 respecto del año anterior hasta alcanzar la cifra de 4.411. En el año 2020 llegaron a
las costas españolas más de 41.861 inmigrantes, un 29 % más que el año anterior. En concreto, llegaron a las Islas Canarias más de 23.000 inmigrantes, un 757% respecto al año 2019.
A pesar de estos datos, las acciones que se están adoptando por parte del Gobierno se antojan manifiestamente insuficientes para uno de los problemas que más preocupa a los españoles. Resulta sorprendente que el Centro de Investigaciones
Sociológicas (CIS) lleva tres años sin realizar su estudio de 'Actitudes hacia la Inmigración', cuando este era de carácter anual desde su instauración en el año 2007. Este hecho, pone de relieve la politización que sufre el Centro, que ha pasado
de ser la base de datos de referencia en nuestro país, a un vocero justificador de las (in)acciones del Gobierno de turno.
Segundo. La Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional (en adelante, Ley de Seguridad Nacional), en su artículo tercero define el concepto de Seguridad Nacional como 'la acción del Estado dirigida a proteger la libertad, los
derechos y bienestar de los ciudadanos, a garantizar la defensa de España y sus principios y valores constitucionales, así como a contribuir junto a nuestros socios y aliados a la seguridad internacional en el cumplimiento de los compromisos
asumidos'. Definido este concepto central, la ley pasa a describir los principios básicos que deben orientar la política de Seguridad Nacional (art. 4.2): 'la unidad de acción, anticipación, prevención, eficiencia, sostenibilidad en el uso de los
recursos, capacidad de resistencia y recuperación, coordinación y colaboración'. Resulta evidente, por tanto, que el enfoque que tiene que regir la política de Seguridad Nacional debe ser proactivo.
Una vez definido el objeto central, y mencionados los principios rectores, la citada ley estipula los ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional. Concretamente, en su artículo 10 señala lo siguiente:
'Se considerarán ámbitos de especial interés de la Seguridad Nacional aquellos que requieren una atención específica por resultar básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el
suministro de los servicios y recursos esenciales. A los efectos de esta ley, serán, entre otros, la ciberseguridad, la seguridad económica y financiera, la seguridad marítima, la
seguridad del espacio aéreo y ultraterrestre, la seguridad energética, la seguridad sanitaria y la preservación del medio ambiente.'
En el siguiente plano normativo se encuentra la Estrategia de Seguridad Nacional, que es, según el artículo 4.3 de la Ley de Seguridad Nacional, 'el marco político estratégico de referencia de la Política de Seguridad Nacional. Contiene el
análisis del entorno estratégico, concreta los riesgos y amenazas que afectan a la seguridad de España, define las líneas de acción estratégicas en cada ámbito de actuación y promueve la optimización de los recursos existentes'.
La Estrategia de Seguridad Nacional actual (2017) contempla la inmigración ilegal como una amenaza para la seguridad nacional de España -págs. 46 y 68-. Tal y como señala el mismo documento, 'Europa y el mundo en su conjunto viven una de
las mayores crisis migratorias registradas desde la Segunda Guerra Mundial... España, por su posición geoestratégica, está especialmente expuesta a este desafío'.
En consonancia con ello, la ordenación de flujos migratorios es uno de los objetivos generales de la Seguridad Nacional.
Por tanto, es en esta normativa -Ley de Seguridad Nacional y la Estrategia de Seguridad Nacional- en la que se puede y debe amparar la intervención de las Fuerzas Armadas.
Tercero. Sin lugar a dudas, la inmigración ilegal es un peligro para la Seguridad Nacional. Pero si a ello sumamos la variable del terrorismo, el problema que se produce es crítico para cualquier nación. Según informaciones publicadas,
las FCSE españolas advierten de la posibilidad de que los terroristas yihadistas se infiltren en nuestro país vía las embarcaciones que transportan a los inmigrantes ilegales.
En este contexto, la Armada española debería estar facultada para establecer una operación nacional de vigilancia, interceptación, asistencia y retorno de las embarcaciones que traten de acceder ilegalmente a nuestro territorio, en apoyo a
las autoridades navales marroquíes y mauritanas, tal y como contempla el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional. En particular, dicho artículo establece lo siguiente:
'El cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas y el desarrollo de su contribución complementaria o subsidiaria de interés público requieren realizar diferentes tipos de operaciones, tanto en territorio nacional como en el exterior,
que pueden conducir a acciones de prevención de conflictos o disuasión, de mantenimiento de la paz, actuaciones en situaciones de crisis y, en su caso, de respuesta a la agresión. En particular, las operaciones pueden consistir en:
a) La vigilancia de los espacios marítimos, como contribución a la acción del Estado en la mar, la vigilancia del espacio aéreo y el control del espacio aéreo de soberanía nacional y aquellas otras actividades destinadas a garantizar la
soberanía e independencia de España, así como a proteger la vida de su población y sus intereses.'
Por tanto, en el marco de una operación nacional de vigilancia, interceptación, asistencia y retorno, la Armada procedería a auxiliar y prestar asistencia sanitaria a las personas de las embarcaciones interceptadas en nuestro espacio
marítimo, así como a garantizar la seguridad de las mismas en su retorno a sus países de origen, en coordinación con las autoridades navales de Marruecos y Mauritania.
La Armada española es la única institución en nuestro país con las capacidades y medios navales adecuados como para implementar un dispositivo capaz de (i) auxiliar a las autoridades navales de nuestros socios en el control del tránsito de
embarcaciones ilegales; (ii) garantizar la seguridad e integridad de las personas que tratan de entrar ilegalmente en nuestro país; y (iii) prevenir la entrada en España de terroristas yihadistas.
De otro lado, el traslado de los inmigrantes a la Península no es una solución, sino un parche, frente a una grave crisis con consecuencias que podrían influir profundamente en el devenir de España en los próximos años. Por tanto, la única
solución real a un problema real es (i) previniendo en origen la salida de migrantes ilegales; (ii) interceptando en la travesía a los migrantes ilegales que han conseguido esquivar los controles en origen (proporcionando la ayuda y asistencia
humanitaria que requieran); y (iii) retornando a los inmigrantes ilegales que han llegado ya a nuestras costas, así como retornando a los migrantes ilegales interceptados en nuestro espacio marítimo, combatiendo así el 'efecto llamada'. Para
lograr este objetivo, España debe hacer uso de su Acción Exterior, movilizando todas nuestras capacidades diplomáticas para agilizar los retornos y llegar a acuerdos con los países de origen y tránsito.
Por todo ello, y al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a poner en marcha una operación nacional de vigilancia, interceptación, asistencia y retorno de las embarcaciones irregulares que traten de acceder ilegalmente a nuestro territorio, en apoyo a
las autoridades navales marroquíes y mauritanas, tal y como contempla el artículo 16 de la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, de la Defensa Nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de mayo de 2021.-Agustín Rosety Fernández de Castro, Manuel Mestre Barea, Alberto Asarta Cuevas, Víctor González Coello de Portugal, Luis Gestoso de Miguel, Julio Utrilla Cano y Rocío de Meer Méndez,
Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz de Grupo Parlamentario Vox.
Comisión de Hacienda
161/002726
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Inés María Cañizares Pacheco, don Víctor González Coello de Portugal, don Rodrigo Jiménez Revuelta, don Pablo Sáez Alonso-Muñumer y don Rubén Silvano Manso Olivar, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley instando al Gobierno a la elaboración de una estrategia
fiscal a medio y largo plazo, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Primero. De la reforma del artículo 135 de la Constitución Española y la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En el marco de los compromisos asumidos por España en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión, así como en el compromiso posterior firmado a través del 'Pacto Presupuestario' de incorporar la 'regla de oro' del equilibrio
presupuestario en la legislación nacional, el 26 de agosto de 2011, los dos principales grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados tomaron la iniciativa de presentar la Proposición de Reforma del artículo 135 de la Constitución Española 1
por el procedimiento de urgencia, y su aprobación en lectura única.
La Reforma perseguía 'garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, vinculando a todas las Administraciones Públicas en su consecución, reforzar el compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la
sostenibilidad económica y social de nuestro país'. El 2 de septiembre se aprobó por amplia mayoría en la Cámara Baja y el 7 de septiembre en la Cámara Alta, siendo sancionado y promulgado por su Majestad el Rey el 27 de septiembre, publicándose
ese mismo día en el BOE.
En contraposición a la anterior redacción del artículo 135 de la CE, el nuevo artículo recoge preceptos que, hoy más que nunca, son de importancia capital ante los desafíos a futuro que la economía española y el sector público de nuestra
nación tendrán que volver a afrontar, entre los que se destaca el siguiente a efectos de la presente iniciativa: 'Los límites de déficit estructural y de volumen de deuda pública sólo podrán superarse en caso de catástrofes naturales, recesión
económica o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control del Estado y perjudiquen considerablemente la situación financiera o la sostenibilidad económica o social del Estado, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del
Congreso de los Diputados'.
El 27 de abril de 2012 se aprobó en las Cortes Generales la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) 2, por la que se finaliza el proceso de incorporación
1 http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_329-01.PDF
2 https://www.boe.es/buscar/pdf/2012/BOE-A-2012-5730-consolidado.pdf
al marco jurídico español de los preceptos introducidos en el artículo 135 de la CE, con 8 principios generales para el conjunto de las Administraciones Públicas: de estabilidad presupuestaria; de sostenibilidad financiera; de
plurianualidad; de transparencia; de eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos; de responsabilidad; de lealtad institucional; y disposiciones para la aplicación efectiva de la Ley mecanismos de coordinación. La LOEPSF
muestra la coherencia que guarda con la normativa europea y se refleja en su artículo 3.1, cuando establece que 'la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos
sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea'.
El artículo 11.2 recoge la denominada regla de oro, por la cual 'ninguna Administración Pública podrá incurrir en déficit estructural, definido como déficit ajustado del ciclo, neto de medidas excepcionales y temporales. No obstante, en
caso de reformas estructurales con efectos presupuestarios a largo plazo, de acuerdo con la normativa europea, podrá alcanzarse en el conjunto de Administraciones Públicas un déficit estructural del 0,4 por ciento del Producto Interior Bruto
nacional expresado en términos nominales, o el establecido en la normativa europea cuando este fuera inferior', siendo así más ambicioso que lo aprobado posteriormente en el 'Pacto Presupuestario'.
Asimismo, recoge en el artículo 11.3 la excepción para que dicha regla se rompa temporalmente ante casos de especial gravedad, y que deberá ser oída y apreciada por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados:
'Excepcionalmente, el Estado y las Comunidades Autónomas podrán incurrir en déficit estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria que escapen al control de las
Administraciones Públicas y perjudiquen considerablemente su situación financiera o su sostenibilidad económica o social, apreciadas por la mayoría absoluta de los miembros del Congreso de los Diputados.'
Este mismo apartado del artículo 11 de la LOEPSF señala que la sostenibilidad del sector público deberá ser garantizada en el medio plazo y aprobarse un plan de reequilibrio para la corrección de los desequilibrios:
'Esta desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio plazo. A los efectos anteriores la recesión económica grave se define de conformidad con lo dispuesto en la normativa europea. En cualquier caso, será
necesario que se dé una tasa de crecimiento real anual negativa del Producto Interior Bruto, según las cuentas anuales de la contabilidad nacional. En estos casos deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita la corrección del déficit
estructural teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento.'
En términos de sostenibilidad financiera, el artículo 13.3 de la LOEPSF conduce a las administraciones públicas en la misma dirección en casos de recesión económica grave o situaciones de emergencia extraordinaria, de tal forma que 'los
límites de deuda pública solo podrán superarse por las circunstancias y en los términos previstos en el artículo 11.3 de esta Ley'. Y así como menciona para el caso de necesidad de financiación de las administraciones públicas, 'en estos casos
deberá aprobarse un plan de reequilibrio que permita alcanzar el límite de deuda teniendo en cuenta la circunstancia excepcional que originó el incumplimiento'.
La LOEPSF desarrolla en sus artículos 22 y 23 los supuestos mencionados con anterioridad sobre las circunstancias que pueden acaecer y que recogen los artículos 11.3 y 13.3 de la citada ley. El artículo 22 define las causas por las que una
administración deberá presentar un plan de reequilibrio, y concretamente acerca del incumplimiento de la senda de estabilidad establece en su primer apartado que 'La administración que hubiera incurrido en los supuestos previstos en el artículo 11.3
de esta Ley, presentará un plan de reequilibrio que, además de incluir lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 21, recogerá la senda prevista para alcanzar el objetivo de estabilidad presupuestaria, desagregando la evolución de los ingresos y los
gastos, y de sus principales partidas, que permiten cumplir dicha senda'. En términos de sostenibilidad financiera enumera en su apartado 2 la información que debe suministrar la administración incumplidora bajo el criterio del artículo 13.3 'a) La
senda prevista para alcanzar el objetivo de deuda pública, desagregando los factores de evolución que permiten el cumplimiento de la misma, b) Un análisis
de la dinámica de la deuda pública que incluirá, además de las variables que determinan su evolución, otros factores de riesgo y un análisis de la vida media de la deuda'.
Por el lado del artículo 23 de la LOEPSF, sobre 'Tramitación y seguimiento de los planes económico-financieros y de los planes de reequilibrio', establece en su apartado 2 que 'el plan de reequilibrio de la Administración central será
elaborado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, y se remitirá a las Cortes Generales para su aprobación, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 15.6 de esta Ley', esto es, conteniendo los
objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública acompañado de las recomendaciones y del informe sobre el cumplimiento de los principios de sostenibilidad financiera y de plurianualidad, siguiendo el trámite parlamentario establecido en
dicho artículo de la LOEPSF.
Asimismo, el artículo 23 recoge en sus apartados 3 y 4 la tramitación de los planes de reequilibrio para las Comunidades Autónomas en el marco de los procedimientos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y para las Corporaciones
Locales con las peculiaridades en función de si están definidas en los artículos 111 y 135 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales para su aprobación por el Ministerio de Hacienda o no, y para la comunicación de dichos
planes a la Comisión Nacional de la Administración Local.
Expuesto lo anterior, cabe destacar cómo el artículo 23.1 describe la directriz principal de lo descrito en los posteriores apartados, estableciendo lo siguiente:
'1. Los planes económico-financieros y los planes de reequilibrio serán presentados, previo informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, en los supuestos en que resulte preceptivo, ante los órganos contemplados en los
apartados siguientes en el plazo máximo de un mes desde que se constate el incumplimiento, o se aprecien las circunstancias previstas en el artículo 11.3, respectivamente.
Estos planes deberán ser aprobados por dichos órganos en el plazo máximo de dos meses desde su presentación y su puesta en marcha no podrá exceder de tres meses desde la constatación del incumplimiento o de la apreciación de las
circunstancias previstas en el artículo 11.3.
En el cómputo del plazo máximo de un mes previsto anteriormente no se computará el tiempo transcurrido entre la solicitud y la emisión del informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.'
Segundo. De las recomendaciones de la autoridad independiente de responsabilidad fiscal y del Banco de España para presentar el diseño de un plan de consolidación a medio plazo Banco de España.
El Gobernador del Banco de España afirmó el 18 de mayo de 2020 en el Congreso de los Diputados 3 que 'España se enfrenta a esta crisis desde una posición de partida de sus finanzas públicas vulnerable, como consecuencia de unos elevados
niveles de déficit estructural y deuda de partida' y, por ello, 'debemos aceptar que un mayor impulso presupuestario en la actualidad debe venir de la mano de una estrategia clara de consolidación presupuestaria' a medio plazo, 'a través de una
revisión del gasto y de la estructura y capacidad impositivas, que permitan sanear nuestras finanzas públicas', y cuya 'implementación ha de efectuarse una vez que se supere este episodio y sus efectos económicos, pero su diseño y su comunicación no
deberían retrasarse'. Así, el Banco de España volvió a reclamar una estrategia de consolidación presupuestaria a medio plazo que ayude a las reformas estructurales a generar un crecimiento económico que permita ampliar las bases impositivas.
Con motivo de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, el Gobernador repitió dicho mensaje 4 ante los diputados asistentes: 'debemos aceptar que la necesaria expansión fiscal en el corto plazo debe venir de la mano de un plan
de saneamiento de las cuentas públicas en el medio plazo'.
El 6 de octubre el Gobernador compareció de nuevo ante las Cortes Generales con motivo de la presentación del informe anual del Banco de España 5, y repitió los mensajes ya lanzados con las especificidades relacionadas en el Plan de
Recuperación de la Unión Europea, y aclarando la diferenciación entre reformas estructurales y el plan de consolidación a medio plazo. Las primeras deberán diseñarse e implantarse con urgencia mientras que la segunda no es necesario que se ejecute
hasta que las condiciones lo permitan, pero sí diseñarse para dar credibilidad y confianza a los agentes económicos.
3 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-80.PDF#page=47
4 https://www.congreso.es/ public_oficiales/ L14/CONG/ DS/ CO/ DSCD-14-CO-113.PDF#page=2
5 https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-167.PDF#page=2
'No es el momento de iniciar el proceso de consolidación fiscal ahora. El proceso de consolidación fiscal será fundamental para esta economía, pero debe iniciarse cuando la recuperación económica sea sólida. Ahora bien, por los mismos
argumentos que acabo de esgrimir para el caso de las reformas estructurales, que no solamente tienen que diseñarse, sino implementarse con urgencia, en el caso de la consolidación fiscal uno puede separar lo que es el diseño, que debe hacerse hoy
precisamente para ganar credibilidad y confianza, y su ejecución, que tiene que hacerse de manera gradual, solo, insisto, una vez que la recuperación económica sea sólida.'
El Gobernador volvió a insistir en este mismo asunto en su comparecencia del 4 de noviembre en el Congreso de los Diputados con ocasión del debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021 6, y en el Senado el 11 de diciembre
de 2020, asegurando además que con base en la estimación del Banco de España la ratio de deuda pública en porcentaje del PIB no se situaría por debajo del nivel del año 2019 hasta el 2035.
En esta misma línea, el artículo 'Los fondos europeos y la economía española' 7 presentado por Óscar Arce, director general de Economía y Estadística del Banco de España, destaca que 'para liberar los recursos necesarios para afrontar estos
desafíos, se necesitará diseñar planes presupuestarios en el largo plazo que permitan reconstruir los márgenes fiscales y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas'.
El Informe de Estabilidad Financiera del 29 de abril de 2021 correspondiente al primer trimestre del presente año publicado por el Banco de España realizó un análisis de la situación financiera del conjunto de las Administraciones Públicas,
afirmando que España sufrió un deterioro notable de sus finanzas públicas en el ejercicio 2020 debido a los efectos económicos derivados de la COVID-19 y de las medidas llevadas a cabo para mitigarlos. Asimismo, ha proyectado un saldo público para
el ejercicio 2021 de entre el '-6,8% y el -9,1% del PIB, en función de que el escenario macroeconómico se aproxime al escenario central o al severo considerados en marzo por el Banco de España'. En dicho informe, el Banco de España termina
concluyendo que 'las autoridades deberían diseñar sin más demora un programa creíble y suficiente de consolidación de las finanzas públicas a lo largo de un período dilatado de tiempo, que comience a implementarse tras la salida de la crisis
sanitaria y económica. Ello es necesario para limitar las vulnerabilidades que emanan desde las AAPP al resto de sectores de la economía y favorecer el crecimiento a largo plazo'.
Esta recomendación concreta, que es coherente con el mandato del artículo 22 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, viene siendo reiterada por el propio Banco de España y por la
Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal desde el mes de septiembre de 2020, sin que el Gobierno haya puesto los mecanismos apropiados para hacer frente a la misma.
El Banco de España señaló en el último Informe Anual de la institución presentado en mayo que la situación de endeudamiento y de déficit estructural persistente que muestra la economía española la hace más vulnerable que países de nuestro
entorno ante riesgos probables de endurecimiento en las condiciones de financiación y en la confianza de los inversores, por lo que un 'diseño temprano de una estrategia de consolidación fiscal tendría indudables ventajas en términos de mejora de la
credibilidad de nuestra política económica'. La institución cree así que una vez se den las condiciones para ello, esto es, la no necesaria aplicación de políticas expansivas para mitigar los efectos de la COVID-19 sobre la economía, 'la
efectividad y la credibilidad del plan de reequilibrio presupuestario también se verían potenciadas si este fuera acompañado de la implementación de un paquete ambicioso de reformas estructurales e involucrara a todas las AAPP'.
AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE RESPONSABILIDAD FISCAL (AIREF).
En el Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2020-2023 presentado por la AIREF el 6 de mayo del año 2020, se alertaba de que 'los altos niveles de deuda implican que, a medio plazo, cuando se haya superado la crisis,
deberán diseñarse planes de consolidación adecuados', indicando lo siguiente: 'Que inicie los trabajos para establecer un Plan de Reequilibrio que sirva de orientación fiscal a medio plazo y garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad
de financiera de las Administraciones Públicas'.
6 https://www.congreso.es/public_ofidales/L14/CONG/DS/CO/DSCD-14-CO-202.PDF#page=3
7 https://www.bde.es/f/webbde/GAP/Secciones/SalaPrensa/Artículos%20Prensa/art-arce010321.pdf
Más tarde, el 13 de octubre, la AIREF presentó el Informe sobre la concurrencia de las circunstancias excepcionales a las que hace referencia el artículo 11.3 de la LOEPSF, lo que supone el informe previo recogido el artículo 23.1. En este
sentido, la AIREF concluyó en sus 'Recomendaciones Reiteradas' al Gobierno que era necesario establecer una estrategia fiscal que sirviera de orientación fiscal para garantizar la sostenibilidad de las Administraciones Públicas en todos los
subsectores, teniendo en cuenta sus realidad fiscales y competenciales, para obtener una mayor coordinación y efectividad, considerar los riesgos asumidos por el nivel de deuda pública, estableciendo para ello un calendario aproximado y así servir
de marco para la implementación futura de los planes de reequilibrio del conjunto de AAPP en coordinación con los fondos provenientes del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea.
El Gobierno hizo caso omiso a dichas recomendaciones no incluyendo las referidas medidas en el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia ni en ningún otro plan, como se comprobará más adelante.
La Presidenta de la AIREF compareció el pasado 5 de noviembre con motivo del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021 8, donde aclaró varios conceptos que el Gobierno parece obviar y que son de importancia capital para
poder salir de esta crisis lo antes posible. En este sentido, recordó que la Ley Orgánica de Estabilidad, la supervisión fiscal en España y en el marco de la Unión Europea no están suspendidas. 'Lo único que está en suspenso son las reglas
fiscales'. Efectivamente, la AIREF ya advirtió en aquella fecha que el Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia que se enviará a Bruselas debería 'ir acompañado de un marco presupuestario plurianual que, desde luego, no es la actualización del
programa de estabilidad'. Y aclaró que 'la actualización del programa de estabilidad no es un marco presupuestario plurianual, puesto que carece del detalle y concreción suficiente tanto en términos de partidas presupuestarias como en términos de
medidas y de subsectores como para que pueda ser un marco presupuestario'. Finalmente, el Gobierno presentó una Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 sin concreción plurianual de las medidas de ingresos ni de reformas estructurales
con impacto en los gastos.
En el 'Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las AA.PP. 2021' 9 presentado por la AIREF el pasado 8 de abril de 2021, se reiteró como 'Recomendación Viva' la necesidad de establecer las mismas medidas, con respecto al plan de
reequilibrio, requeridas por la institución el 13 de octubre de 2020. La AIREF señala en el referido informe que a pesar de que el Ministerio de Hacienda considera que ya las ha puesto en práctica con la presentación del Plan Presupuestario 2021 y
con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021, 'en opinión de la AIReF, el carácter anual que define tanto al plan presupuestario como a los PGE impide que estos documentos puedan cumplir satisfactoriamente esta
recomendación'. De esta manera, 'considera que estas recomendaciones mantienen su vigencia, están 'vivas' y se insta al Ministerio de Hacienda a que las cumpla. En caso de no ser así, no resulta necesario que se expliquen de nuevo las razones para
apartarse, salvo que no sigan siendo las mismas'.
La AIReF presentó el 15 de abril de este año la 'Opinión sobre la Transparencia Fiscal en las Administraciones Públicas en España', en el que volvió a recordar la necesidad de establecer un marco presupuestario a medio plazo integral. 'Para
impulsar la transparencia en las previsiones fiscales y presupuesto (pilar II), la AIReF propone desarrollar un marco presupuestario de medio plazo integral para el conjunto de las AA.PP. y para cada administración. Esta propuesta implica ampliar
el contenido y detalle de la Actualización del Programa de Estabilidad para que contenga todos los elementos de una estrategia fiscal a medio plazo; elaborar y publicar los escenarios presupuestarios de medio plazo con, al menos, el contenido y
detalle previsto por la Ley General Presupuestaria; y comunicar a las CC.AA. los elementos fundamentales para la elaboración de sus marcos a medio plazo.'
El último informe de la AIReF emitido el pasado 11 de mayo sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 insistió en la necesidad de diseñar 'una estrategia fiscal a medio plazo creíble y realista que garantice la
sostenibilidad de las finanzas públicas', debido a que la APE resulta insuficiente para conseguir los objetivos que se persigue con la mencionada estrategia.
Tercero. El Gobierno no ha promovido el diseño de un plan de consolidación fiscal para alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda hacia sendas más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la economía española.
8 https://www.congreso.es/public_oficiales/ L14/ CONG/ DS/ CO/ DSCD-14-CO-204.PDF#page=3
9 https:/ /www.airef.es/wp-content/uploads/2021/04/PRESUPUESTOS-INICIALES/Informe-Ptos-iniciales-2021-.pdf
El Gobierno afirmó el mes de julio que la 'Comisión Europea suspendió el pasado mes de marzo la aplicación del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para que los gobiernos puedan incrementar su gasto público tanto como sea necesario para luchar
contra la pandemia del COVID-19 y sus efectos sanitarios, sociales y económicos' 10 por lo que no consideraba necesario aplicar el artículo 22 de la de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera. El 18 de octubre, días más tarde de que la AIReF presentara las recomendaciones mencionadas, el Gobierno sentenció que 'vista la incertidumbre reinante en torno a la evolución y, sobre todo, fecha de fin de esta situación crítica, tanto
desde un punto de vista sanitario como económico y presupuestario, tratar de elaborar un plan de reequilibrio sin disponer de certezas respecto a la gravedad de la crisis generada ni del ámbito temporal que la misma va a abarcar, podría ocasionar el
efecto contraproducente de generar aún más desconfianza entre los agentes económicos y la sociedad en general, ya que previsiblemente, de manera simultánea a su elaboración habría que ir adaptándolo continuamente a la situación de emergencia todavía
existente' 11. El 14 de enero, ratificándose en las respuestas anteriores, el Gobierno añadió con respecto al diseño de un plan de reequilibrio que 'los Presupuestos Generales del Estado para 2021, suponen, por el momento actual y por su contenido
acrecentado por los fondos europeos, el mejor y más práctico instrumento para recoger la política económica del Gobierno, plasmando los objetivos estratégicos de las distintas políticas públicas y los recursos asignados para su cumplimiento' 12. En
definitiva, el Gobierno siempre se ha remitido a la Comisión Europea y la cláusula de salvaguarda de la Unión para no tener que diseñar un plan de reequilibrio. La última respuesta del Gobierno ante preguntas del Grupo Parlamentario VOX sobre la
necesidad de diseñar un plan de consolidación a medio plazo, ha consistido en la remisión a la información incluida en el Programa de Estabilidad y al Plan Nacional de Reformas, que 'explica las medidas y ayudas para paliar los efectos de la crisis
de la COVID-19, destinadas a fortalecer el sistema sanitario, proteger el tejido productivo, las rentas de las familias y el empleo; los efectos de la implementación de las inversiones y reformas previstas en el Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia, así como el escenario macroeconómico y fiscal para el periodo de referencia'. Sin embargo, en ningún momento el Gobierno hace referencia a las medidas de índole fiscal, de reformas en el ámbito de los ingresos y de los gastos, que
sean realistas para dotar al mismo de cierta credibilidad y, con ello, se consiga la sostenibilidad de las finanzas públicas.
La Secretaria de Estado de Hacienda afirmó el 4 de noviembre en el Congreso de los Diputados que 'el plan de reequilibrio lo vamos a presentaren el momento en el que tengamos una situación estable de país'.
Asimismo, la Ministra de Hacienda aseveró el 1 de abril que 'la AIReF que ha hecho es recordar lo que dice la ley orgánica; no tenemos una presión para presentar un plan de reequilibrio ahora. La AIReF consciente de que la UE pide que no
se retiren los estímulos fiscales; solo nos recuerdan que debe haber cumplimiento de la ley orgánica. Pero este no es el planteamiento. Este debate tendremos que afrontarlo cuando la Comisión Europea decida la vuelta a las normas fiscales.
Volveremos a los planes fiscales cuando vuelvan las reglas fiscales'.
Por otro lado, el Grupo Parlamentario VOX en el Congreso presentó una Proposición no de Ley relativa a la presentación y ejecución de un Programa de Consolidación Fiscal a medio plazo que fue rechazada con 17 votos en contra de los partidos
que sustentan al Gobierno (frente a 15 a favor). El Grupo Parlamentario Socialista tildó la iniciativa como 'destructiva', ateniéndose a que 'la mayoría del Congreso declaró la situación de emergencia extraordinaria con motivo de la crisis
sanitaria, a los efectos del artículo 135.4 de la Constitución española y del artículo 11.3 de la Ley de estabilidad presupuestaria', lo que demostraba la ignorancia respecto al artículo 22 de la misma Ley Orgánica y del resto del expositivo. Por
su parte, Unidad Podemos definió la iniciativa como un 'decálogo casi religioso', aunque sí consideró que 'en algún momento habrá que plantearse la necesidad de diseñar un plan de consolidación', pero 'no es el momento de plantear siquiera la
posibilidad de un programa de consolidación', por lo menos hasta finales de 2021.
Cuarto. Los organismos macroprudenciales alertan de la vulnerabilidad de la economía española por la negativa situación de las cuentas públicas y la ausencia de reformas estructurales.
El Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 (APE) de la AIReF destaca que es preocupante a todas luces 'el importante aumento del stock de deuda pública legado de esta crisis
10 https://www.congreso.es/entradap/114p/e5/e_0059208_n_000.pdf
11 https:// www.congreso.es/entradap/114p/e7/e_0072280_n_000.pdf
12 https://www.congreso.es/entradap/114p/e8/e_0081151_n_000.pdf
sumado a un elevado nivel previo' que 'sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo en una posición de mayor vulnerabilidad'.
Asimismo, alerta del riesgo que para la sostenibilidad financiera tiene el rápido incremento de la deuda en un periodo tan corto de tiempo, así como el efecto de la contribución a la variación de la deuda en % del PIB derivado del fuerte
retroceso del crecimiento nominal de la economía. 'El importante aumento del stock de deuda pública legado de esta crisis sumado a un elevado nivel previo sitúa la sostenibilidad de las finanzas públicas en el medio plazo en una posición de mayor
vulnerabilidad'. Como factor positivo, la AIReF señala que 'el elevado crecimiento económico estimado para los próximos años será el principal factor en la reducción y estabilización de la ratio de deuda', si bien ello puede suponer un riesgo si no
se cumplen las previsiones marcadas por el Gobierno y vuelven a rebajar dichas proyecciones como ya lo han hecho recientemente.
Por otro lado, en cuanto a la evaluación ex ante de las previsiones oficiales, la AIReF considera que el escenario del Gobierno es factible bajo dos condiciones. La primera trata de la adecuada evolución de la vacunación y de los
tratamientos médicos en la lucha contra la COVID-19, que permitan una mejora de la confianza y el restablecimiento de los flujos turísticos. Y la segunda, relativa a la materialización de las inversiones recogidas en el Plan de Transformación,
Recuperación y Resiliencia (PRTR), donde destaca la escasa información que recoge la APE sobre el impacto del Plan, con supuestos muy inciertos, y alerta de que 'la rapidez con que se ejecuten los fondos del PRTR, la naturaleza y la calidad final de
las inversiones, la capacidad para no sustituir, sino atraer inversión privada y la concreción de las reformas estructurales que se contempla, hacen que el impacto sobre la actividad en los próximos años de estos fondos pueda variar de manera muy
significativa'.
En todo ello subyace la preocupación de la AIReF en cuanto a los niveles de déficit estructural que se están generando, y pone de manifiesto 'cómo la crisis sanitaria ha propiciado un incremento del déficit estructural de la economía
española, que ya partía de niveles elevados'. También destaca que 'cuando se recupere un nivel de brecha de producto equivalente al de antes de la pandemia, el déficit estructural' será del -4,4 %. Entre las reformas que destaca el informe de la
AIREF para reducir el déficit estructural se encuentra la modernización de las administraciones públicas o del mercado laboral.
Por otro lado, el Informe Anual del Banco de España destaca que, de acuerdo con sus estimaciones, el déficit estructural de las administraciones públicas se habría situado en el entorno del -4,5%, con un aumento de 1,5 pp respecto al
ejercicio 2020. El organismo supervisor plantea la hipótesis de la implementación de un plan de saneamiento de las cuentas públicas que implicará una reducción de 0,5 pp del PIB cada año. Así, la economía española volvería a registrar los niveles
de deuda anteriores a la crisis económica generada por la COVID en al menos 10 años. Este planteamiento supone que el Gobierno de España habría adelantado en buena parte los impuestos que van a pagar los españoles en ese periodo al gasto del
presente ejercicio.
Quinto. La AIReF ha analizado el programa de estabilidad y observa ausencia de un diseño de consolidación fiscal a medio plazo.
El Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 (APE) de la AIReF mencionado con anterioridad, destaca que el documento enviado a la Unión Europea por el Gobierno es
insuficiente para ser el instrumento principal de planificación presupuestaria a medio plazo de las AAP en los términos previsto tanto en la normativa europea como la nacional. En este sentido, se recomienda que 'el Gobierno complete la
estrategia fiscal a medio plazo para alcanzar un nivel de déficit suficiente para reconducir la deuda hacia sendas más sostenibles que reduzcan la vulnerabilidad de la economía española. Esto implica ampliar el horizonte temporal de la estrategia e
Integrar en ella las implicaciones macroeconómicas y fiscales de la implementación de las inversiones y reformas del PRTR'.
La AIReF realiza una comparativa con los planes a medio plazo de los países de nuestro entorno, y concluye que España no hace mención a ningún objetivo a medio plazo; no anuncia medida alguna en este aspecto ni por tanto concreta aspectos
sobre ello, al contrario de lo que sí hacen los países analizados, esto es, Alemania, Francia, Italia y Portugal (y Reino Unido como país no miembro de la Unión, que además el propio Banco de España le dedica un informe en exclusiva a su plan 'los
planes fiscales de reequilibrio en el medio plazo: el caso del Reino Unido'). Concretamente, la AIReF observa que en el medio plazo sus estimaciones 'son coherentes con el escenario de la APE, si bien existen incertidumbres derivadas de la no
concreción por el Gobierno de los supuestos que sustentan este escenario'.
Por otro lado, es de importancia capital incluir en el diseño del plan de consolidación fiscal los efectos que los fondos de la Unión Europea, tanto el NextGenEU como el REACTEU pueden tener en las cuentas públicas en cuanto a los ingresos y
los gastos. Sin embargo, el Gobierno no ha incorporado a las proyecciones presupuestarias el gasto asociado a estos fondos por el principio de neutralidad que se les tiene conferidos a tal efecto, independientemente de si computan como déficit o
no.
El problema de la APE radica en la no incorporación al análisis de evolución de recursos y empleos del sector público el evidente impacto que tendrán indirectamente en segunda vuelta. Por tanto, las proyecciones presupuestarias no reflejan
fielmente los gastos y los ingresos derivados de estos fondos. Efectivamente, como bien indica la AIReF, 'a pesar de la supuesta neutralidad de los fondos NGEU en el déficit público, el impacto en los recursos y empleos del periodo 2021-2024 es muy
relevante' ya que se experimentaría un importante aumento de los recursos y empleos en el periodo en el que el Gobierno pretende utilizar dichos fondos, tres años, con 'aumentos que oscilarían desde el 2,7 % del PIB en 2021, el 2 % en 2022 y el 1,3
% en 2023 hasta el 0,2 % en 2024'. Por todo ello, la institución ha recomendado activamente al Gobierno que integre las implicaciones económicas y fiscales derivadas de las inversiones y reformas previstas en el PRTR.
En cuanto a la calidad y el detalle de la información suministrada relativo al impacto macroeconómico y presupuestario de los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia de cuatro países, Alemania,
Italia, Francia y España, la AIReF destaca que nuestro país 'es, de los cuatro, el país que menos detalle y desagregación ha publicado en este ámbito, con una referencia promedio anual para el periodo de ejecución del Plan y otra para el
largo plazo', siendo Alemania el país 'que incluye un mayor grado de detalle y desagregación en cuanto a la estimación de estos impactos'.
En este sentido, la AIReF subraya que 'el incremento de ingresos derivado de la reforma del sistema impositivo no se cuantifica en la APE ni en el PRTR', pero tampoco ninguna de las medidas incluidas en el pilar de la Modernización del
sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible.
En definitiva, la estrategia fiscal que plantea el Gobierno en la APE no es suficiente para ser considerada un verdadero plan fiscal realista y creíble que garantice la corrección de los persistentes déficits públicos estructurales. Esto se
debe a que su alcance temporal es limitado, ya que no contempla el calendario en el que el nivel de déficit permita reconducir la deuda hacia una situación más sostenible. Asimismo, la APE no intenta explicar las implicaciones que suponen los
fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea, ni del NextEU ni del ReactEU, tanto por los efectos potenciales sobre gastos estructurales como en lo atinente a los ingresos públicos derivados. Por último, el plan elaborado por
el Gobierno como su principal estrategia fiscal no recoge cuantitativamente los efectos fiscales de las principales reformas incluidas en el Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia, por lo que al amparo de lo expuesto
anteriormente, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la Nación a diseñar sin más demora una estrategia fiscal a medio plazo, con un calendario aproximado para su puesta en marcha, que garantice de manera realista y creíble la sostenibilidad
financiera de las AA.PP. contando con todos los niveles de la Administración, considerando sus realidades fiscales en materia de recursos y competencias, para asegurar una adecuada coordinación y corresponsabilidad, considerando el riesgo que
supone el nivel de deuda pública y los negativos saldos estructurales que arrastra históricamente la economía española.
Para ello, se cuantificarán los efectos de segunda vuelta en el cuadro macroeconómico y en la estrategia de consolidación fiscal derivados de las inversiones generadas por los fondos del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión
Europea, así como las reformas planteadas por el Gobierno en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a la Comisión Europea.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 28 de mayo de 2021.-Inés María Cañizares Pacheco, Víctor González Coello de Portugal, Rodrigo Jiménez Revuelta, Pablo Sáez Alonso-Muñumer y Rubén Silvano Manso Olivar, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002746
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley para incluir al sector de fabricación
y comercio de souvenirs y artesanía en el listado de actividades susceptibles de recibir ayudas directas en respuesta a la pandemia, para su debate en la Comisión de Hacienda.
Exposición de motivos
Que la crisis económica es global es tan cierto como que la nefasta gestión del gobierno de coalición social-comunista nos ha situado a la cabeza de todos los ránkings económicos negativos: hemos sufrido la mayor caída del PIB desde la
guerra civil -un 10,8 %, 123.000 millones de euros perdidos-, y la mayor destrucción de empleo de todos los países europeos -tenemos casi 6 millones de personas que quieren trabajar y no pueden hacerlo-.
A la cabeza de esa gestión está una Ministra que, en marzo del año pasado, afirmó que el impacto económico del coronavirus 'iba a ser transitorio y poco significativo', empatando en incompetencia con Fernando Simón. Desde entonces todo han
sido despropósitos, incluyendo su afirmación de que 'el
Gobierno no quiere que España se pare' tan solo 5 días antes de que se obligara a cerrar toda actividad económica no esencial. Un cierre que se llevó por delante a 107.000 empresas, mandó al ERTE a más de 3,5 millones de trabajadores y
directamente al paro a otras 725.000 personas.
Un año después de esto, con una actividad económica que sigue restringida en muchos sectores que no atisban la recuperación antes del segundo semestre de este año, y después de un informe del Banco Central Europeo que situaba a España como
el país europeo que menos recursos fiscales ha destinado a combatir la pandemia de toda Europa (1,3 % del PIB vs 4 % de media europea), por fin el Gobierno ha reconocido que ya no tenemos solo un problema de liquidez, sino que tenemos además un
problema de solvencia, y que no basta con dar créditos, sino que hacen falta ayudas directas para salvar a empresas que son viables pero tienen un problema de solvencia.
Y con ese objetivo aprobó en Consejo de Ministros el Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19. Un Real Decreto que llega tarde, ya han
quebrado 102.000 empresas y hay 300.000 autónomos que -según ATA- prevén cerrar antes de final de año; es insuficiente, las ayudas directas de 7.000 millones no resuelven los problemas de un sector que ha perdido 72.000 millones de euros; y peor
aún, es arbitrario porque ha dejado fuera a sectores muy importantes de nuestro tejido productivo que han sufrido caídas tan grandes como otros sectores que sí se han incluido en el listado de actividades CNAE incluido en el Anexo I del citado Real
Decreto que pueden beneficiarse de esas ayudas directas.
Uno de estos sectores 'olvidados' es el de la fabricación y comercio de productos turísticos. Un sector muy amplio que engloba fabricantes, mayoristas, distribuidores, agentes comerciales, distribuidores, comerciantes y artesanos que, a lo
largo y ancho de toda la geografía española, forman parte del negocio de la tienda de souvenirs y artesanía que cuenta con más de 7.000 establecimientos y da empleo a más de 30.000 personas.
Es indiscutible que se trata de un sector que forma parte integral del negocio turístico, que lleva más de un año prácticamente cerrado o con fuertes caídas de ventas como consecuencia del desplome del turismo que fue del 77,3 % en 2020, lo
que supuso -64,5 millones de turistas y -72.000 millones de ingresos que en 2019, y que no consigue arrancar en los dos primeros meses de 2021, en los que la caída es del -89,5% y -93,6% respectivamente respecto a enero y febrero de 2020.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incluir el sector de fabricación y comercio de souvenirs y artesanía en el listado de Actividades Económicas de la CNAE, incluidas en el anexo I del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo,
de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, para que las empresas de este sector que cumplan el resto de requisitos sean susceptibles de recibir ayudas directas para garantizar su
supervivencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-Carolina España Reina, Javier Bas Corugeira, Mario Cortés Carballo y Mario Garcés Sanagustín, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
161/002743
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Jordi Salvador i Duch y el Grupo Parlamentario Mixto (CUP-PR), a instancia de la Diputada Mireia Vehí i Cantenys, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, presentan la siguiente Proposición no de Ley sobre la defensa del carácter universal y público del servicio de reparto postal y el cese de las vulneraciones de derechos laborales de los trabajadores del Grupo Correos, para
su debate en instancia en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A. es una empresa estatal que tiene por objeto la prestación de servicio de reparto postal en el Estado español. El capital de la misma pertenece en su totalidad al gobierno del estado quien, a
través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), controla todas las acciones de la compañía. La Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, S.A., junto con las filiales Express Paquetería Urgente. S.A., S.M.E, Nexea Gestión
Documental, S.A., S.M.E., y Correos Telecom, S.A., S.M.E, forman el Grupo Correos que, en aplicación de la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal (artículo 8), en relación
con la Directiva 2008/6/CE, de 20 de febrero, por la que se modifica la Directiva 97/67/CE del Parlamento Europeo y el Consejo, de 15 de diciembre, relativa a las normas comunes para el desarrollo del mercado interior de los servicios postales en la
Comunidad y la mejora de la calidad del servicio, tiene la obligación de garantizar a los usuarios el 'derecho a la prestación de un servicio postal universal de calidad prestado de forma permanente, en todo el territorio nacional y a precios
asequibles'.
Pese a ello, el reparto de correo ordinario, en especial los de envíos de correspondencia (en los términos del artículo 3.3 de la referida Ley 43/2010) incluyendo las comunicación de la Administración con la ciudadanía, están sufriendo
retrasos importantes que suponen una transgresión de la normativa con rango de ley del sector. Asimismo, estas deficiencias en la prestación del servicio por parte del operador designado, Grupo Correos, están contribuyendo al atasco de la
administración de justicia, a la demora en la resolución de procedimientos administrativos e incluso al empeoramiento de la protección de la salud por la dilación en la recepción de comunicaciones de hospitales y centros ambulatorios.
Todo ello encuentra causa directa, en gran medida, en la política de relaciones laborales del Grupo Correos y su falta de compromiso con un trabajo digno y estable y unas plantillas con personal suficientemente. Son muchos los trabajadores
y organizaciones sindicales que han denunciado la vulneración de sus derechos debido a los recortes en la plantilla, el empeoramiento de la calidad del empleo, el trasvase de actividad a la filial de la empresa Correos Express y la externalización
de servicios.
Resulta especialmente ilustrativo el caso de la Unidad de Reparto número 4 de Sabadell donde, según un estudio interno del Grupo Correos, se necesita una plantilla de 26 trabajadores para garantizar la prestación de servicios. Sin embargo,
desde ese momento, no solo no se ha cumplido dicha ratio sino que, además, se ha reducido la plantilla. En el segundo trimestre del año en curso, la situación devino insostenible al quedar en plantilla la insignificante cantidad de 15 carteros
para, supuestamente, realizar el trabajo de 26. Debido a esta circunstancia, desde el día 6 de abril de 2021, los trabajadores de toda la Unidad se encuentran en huelga indefinida para la defensa, no solo de sus derechos laborales, sino también del
servicio público y los intereses generales de la ciudadanía. Desde ese momento hasta el registro de la presente iniciativa, la dirección de la empresa se ha negado a realizar ninguna negociación con la representación legal de los trabajadores, con
una posición inflexible y de mala fe que imposibilita el buen fin del conflicto laboral.
Desgraciadamente, la situación de la Unidad de Reparto número 4 de Sabadell no es, ni mucho menos, anecdótica. La falta de contratación en puestos estructurales que quedan vacantes por jubilaciones, así como la ausencia de cobertura de
puestos donde el trabajador se encuentra en situación de incapacidad temporal de larga duración es una constante en numerosas oficinas.
Además, la dirección del Grupo Correos mantiene una actitud de boicot a la negociación colectiva mientras ejecuta cambios estructurales de funcionamiento empresarial enfocados a un modelo economicista. Dicha forma de proceder llegó a ser
reprochada incluso por parte del Consejo de Estado en su informe al Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, aprobado el pasado 25 de mayo de 2021. En aplicación de estas directrices, son varias las instalaciones que incluso están
sufriendo el desmantelamiento de recursos materiales como mobiliario o básculas que, hasta aquel entonces, habían facilitado el trabajo del personal de Correos.
A raíz de todas estas situaciones, durante los últimos meses se han ido sucediendo protestas y reivindicaciones de trabajadores del grupo Correos en toda Catalunya y en distintos puntos del estado. Asimismo, están anunciadas movilizaciones
que se prevén multitudinarias.
A mayor abundamiento, en fecha 1 de junio de 2021, el Consejo de Ministros ha aprobado el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal, que abre la puerta a reducir la frecuencia de reparto postal y a
externalizaciones parciales del servicio, siguiendo la doctrina liberal que impregna todas las decisiones generadoras de conflictividad social.
Por todo lo antedicho, se propone la aprobación de la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Garantizar el carácter universal y público del servicio de reparto postal y el envío diario del servicio postal cesando en la aplicación de criterios economicistas de gestión y organización del funcionamiento de la empresa y las
relaciones laborales.
2. Asegurar una gestión negociada del Grupo Correos consensuando los cambios organizativos de la compañía y la gestión de los recursos humanos con la Representación Legal de los Trabajadores.
3. Cumplir con las contrataciones y provisiones de plazas necesarias en todos los centros de trabajo garantizando un empleo digno y estable y unas plantillas con personal suficientemente que hagan posible la correcta prestación del servicio
de reparto postal.
4. Conseguir una resolución pactada del conflicto laboral existente en la Unidad de Reparto número 4 de Sabadell consistente en la cobertura por medio de personal indefinido de los 26 puestos de trabajo estructurales y necesarios de dicho
centro.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Jordi Salvador i Duch, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.-Albert Botrán Pahissa y Mireia Vehí Cantenys, Diputados.
161/002752
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al Registro Especial de
Buques en Melilla, para su debate en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La complejidad de la sostenibilidad de la Ciudad Autónoma de Melilla, desde los puntos de vista comercial, social y económico, ha revestido características especiales a lo largo de la historia, derivadas, fundamentalmente de su condición de
ciudad fronteriza con el Reino de Marruecos.
No obstante esta constante histórica, en los últimos tres años, el Gobierno de Marruecos ha adoptado una serie de decisiones que tienen un impacto directo en las condiciones de vida de los melillenses, que bien merecen una consideración
específica.
El 31 de julio de 2018, el Gobierno de Marruecos decidió unilateralmente cerrar la aduana comercial en la frontera internacional de Beni Enzar, en la ciudad de Melilla, con el consiguiente y significativo perjuicio para la estabilidad
económica de la ciudad española en los sectores comercial y del transporte internacional de mercancías. Este cierre y sus negativas consecuencias se mantienen inalterados al día de la fecha, salvo en la duración de su aplicación, que ya se prorroga
por más de dos años.
La posibilidad de incluir a Melilla como una de las provincias españolas en la que se establecen las oficinas de gestión adscritas a la Dirección General de la Marina Mercante es abrir la posibilidad para que, en el futuro, se designe a esta
oficina como preferente o exclusiva para inscribir a los buques y embarcaciones de recreo de más de 15 metros de eslora y que desarrollen una actividad con fines comerciales o lucrativos.
Con el añadido de solo nueve palabras se abre una puerta que permitirá desarrollar una nueva actividad portuaria vinculada directamente con las inversiones aprobadas en los PGCAM 2021 (dique grandes esloras) y se crearían puestos de trabajo
tanto en la Administración del Estado (Capitanía Marítima de Melilla) si fuera necesario como en el sector privado pues se atraerían a bufetes especializados en Derecho Marítimo, compañías de seguros y Clubs 'P&l', personal administrativo y técnico
de las
oficinas de la sucursal en Melilla de las empresas inscritas, empresas de servicios de reparaciones y se favorecería la llegada a la ciudad de los yates de grandes esloras, matriculados ahora con otros pabellones, pues el REF de Melilla en
cuanto al IRPF, ISS, ITP y la no aplicación del IVA ofrece las mismas o mejores condiciones fiscales que las de otros Registros extranjeros. A lo que hay que añadir otra ventaja -o inconveniente, para otras cuestiones- y es que la Ciudad Autónoma
de Melilla no está incluida en la Unión Aduanera.
Para ello, desde la Ciudad Autónoma de Melilla ya se ha aprobado la modificación del tipo impositivo del IPSI aplicable a la actividad de chárter náutico y está en trámite de bonificar el tipo aplicable del IPSI a la importación de gasóleo
marino a fin de potenciar esta actividad. Su mejor situación geográfica respecto a Canarias, Malta o Gibraltar desde las Islas Baleares, base de la mayor parte de empresas de chárter náutico y puerto de invernaje de los yates de grandes esloras, es
otra ventaja que puede ofrecer Melilla para favorecer el desarrollo del Registro especial para este tipo de embarcaciones.
La propuesta no supone perjuicio alguno a los ingresos del Tesoro Público y, en cambio, puede ayudar a la financiación de la propia Ciudad Autónoma y a la Estatal al generar nuevas actividades que generen beneficios gravados por el IRPF o el
ISS.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a modificar los apartados 2 y 3 del artículo 253 del Anteproyecto de Ley de Modificación del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante y de la Ley de Navegación
Marítima de manera que queden redactados de la manera siguiente:
.../...
2. La gestión y administración del Registro Especial de Buques y Empresas Navieras se realizará a través de tres oficinas de gestión, adscritas a la Dirección General de la Marina Mercante, una, con sede en Las Palmas de Gran Canaria, otra,
con sede en Santa Cruz de Tenerife, y una tercera en Melilla, incardinadas en las Capitanías Marítimas de las provincias citadas.
3. Las empresas navieras podrán solicitar su inscripción en el Registro Especial cuando cumplan los siguientes requisitos:
a) Que tengan en las Islas Canarias o Melilla su centro efectivo de control o que, teniéndolo en el resto de España o en el extranjero, cuenten con una sucursal o representación en Canarias o Melilla e inscrita en el Registro Mercantil.
.../...'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Fernando Adolfo Gutiérrez Díaz de Otazu, Diputado.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002764
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la liberalización de los servicios de navegación aérea en España,
para su debate ante la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Exposición de motivos
La Ley 9/2010 en su disposición adicional segunda estableció que 'en los aeródromos gestionados en la actualidad por Aena los servicios de tránsito aéreo podrán ser prestados por la citada entidad o por cualquier otro proveedor de servicios
de tránsito aéreo debidamente certificado por una autoridad nacional de supervisión de la Unión Europea'.
En la actualidad, tras diez años de su publicación, son 18 el número de aeropuertos de la red de Aena en los que el proveedor de servicios de tránsito aéreo de aeródromo ha sido designado como consecuencia de la publicación de un concurso
público. Y 21 aeropuertos en los que Enaire continúa prestando servicio de tránsito de aeródromo debido a que dichos aeropuertos no han sido objeto de licitación por Aena.
La Comisión Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC) público en octubre de 2018 un estudio sobre el impacto de la liberalización de los servicios de tránsito aéreo en España en el que concluyó que:
- Los resultados de la introducción de competencia en el mercado ATS de aeródromo han sido significativamente positivos en términos eficiencia económica, con reducciones del coste medio del 60% en los aeropuertos liberalizados.
- En términos de calidad del servicio, el CTOT que mide el grado de adherencia con respecto a la hora de salida de una aeronave (-5 min + 10 min), ha mejorado considerablemente en los aeropuertos dónde el servicio se ha liberalizado.
- Por norma general los aeropuertos liberalizados han incrementado su eficiencia más del doble que los aeropuertos no liberalizados. Los aeropuertos pequeños no liberalizados incluso han incrementado los costes un 13%. Y los aeropuertos no
liberalizados dónde el servicio de aeródromo y aproximación se presta desde la misma torre de control, han perdido un 20% de eficiencia entre 2012 y 2017 debido al aumento de costes del 11 %.
- La tensión competitiva, y en especial, la entrada en el mercado de empresas competidoras, constituye un incentivo para que los operadores incumbentes aumenten su eficiencia interna, incrementando su productividad para así tener capacidad
de competir en mejores condiciones con los operadores alternativos.
- La restricción a la liberalización de los servicios ATS de aproximación impide generar una eficiencia adicional.
- El ahorro generado al gestor aeroportuario es repercutido por este a las aerolíneas como menores tasas aeroportuarias; y a su vez, el menor coste que las aerolíneas tendrán que soportar lo podrán trasladar a los consumidores finales, los
usuarios del transporte aéreo.
- A nivel agregado, el sector del trasporte aéreo es primordial para actividades clave en la economía española, como el turismo, cuyo peso en el PIB es significativo, afectando incluso al desarrollo macroeconómico del país.
En el informe también se recogen una serie de recomendaciones en relación la prestación del servicio ATS de aeródromo y aproximación:
- La CNMC recomienda que se licite el servicio de ATC de aeródromo en las torres de aeropuertos que todavía no se han abierto a la competencia.
- Liberalizar los servicios ATS de aproximación. La CNMC considera que no existe justificación para seguir manteniendo el monopolio de Enaire en este segmento.
- Eliminar la integración vertical de Enaire y Aena. La relación existente entre Enaire y Aena, dónde el primero posee el 51 % del capital del segundo, desincentiva la continuación del proceso de liberalización de los servicios de control
aéreo.
Otro de los hechos relevantes que se está llevando a cabo ahora, promovido por la Comisión Europea, es la modificación del reglamento marco que regula el Cielo Único Europeo (SES). La modificación se enmarca en la iniciativa del SES 2+. En
concreto, el 22 de septiembre de 2020 se publicó el primer borrador para la modificación de dicho reglamento (COM 2020-579 final, 2013/0186-COD, Amended proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the implementation of
the Single European Sky-recast) (2).
Esta modificación se fundamenta en la necesidad de dar un impulso definitivo a: la eliminación de barreras que aún coexisten en el sector de la navegación aérea en Europa, la reducción de los costes en la gestión ATM que siguen siendo
altos, la reducción de la huella de carbono que sigue perjudicando el medio ambiente, y la disminución de las demoras en la gestión de las operaciones aéreas.
La propuesta de modificación del reglamento marco se sustenta entre otros informes, en el elaborado a petición de la Comisión Europeo por un grupo de expertos titulado 'El Futuro del Cielo Único Europeo' (3). Entre los doce expertos se
encuentran los españoles Raúl Medina Caballero, actual Director de la Dirección General de la Aviación Civil y Emilio Fajardo Jimena, desde 2019 Director de Industria y Sinergias de la Agencia Europea de Defensa.
De las diez recomendaciones del informe se encuentra la 'creación de las condiciones de mercado necesarias para la prestación de servicios de tránsito aéreo de aeródromo en la Unión Europea y fomentar la licitación del servicio ATC por parte
de los gestores aeroportuarios'.
A lo expuesto hay que añadir por su relevancia, la OPINIÓN remitida por el Parlamento de España a la Secretaria General del Consejo de Europa, en aplicación del Principio de Subsidiariedad y Proporcionalidad, propuesta modificada de
Reglamento del Europeo Parlamento y del Consejo sobre la aplicación de la Cielo Único Europeo (refundición)-[doc. 10840/20-COM (2020) 579 final], en el cual entre otras consideraciones manifiesta que:
'España, como país turístico y periférico, está especialmente interesada en una gestión eficaz y fluida del tráfico aéreo. No hay que olvidar que cuatro de cada cinco turistas extranjeros que han venido a España en los últimos años lo han
hecho en avión, por lo que toda mejora en la gestión del espacio aéreo acabará redundando en una mejora para la economía española.
Por otro lado, las modificaciones propuestas para las condiciones económicas de la prestación de servicios podrían favorecer la competitividad e internacionalización de las empresas españolas del sector.
Las ventajas que se pretenden obtener con el Cielo Único Europeo podrían ser enormes: en comparación con 2004, el Cielo Único Europeo (cuando se haya completado hacia 2030-2035) puede triplicar la capacidad del espacio aéreo, reducir a la
mitad el coste de la Gestión del tránsito aéreo, multiplicar por diez la seguridad y disminuir un 10 % el pacto de la aviación en el medio ambiente....
Dado que los principales objetivos del Cielo Único Europeo están aún por alcanzar, en la actualidad el Parlamento pide a la Comisión que cambie el enfoque 'ascendente' por un enfoque 'descendente', con el fin de superar cualquier reticencia
persistente y acelerar la aplicación de la iniciativa....
Se atiende, por tanto, con este informe a las recomendaciones establecidas en el informe emitido por el Gobierno, que apoya el sentido de la propuesta de modificación del Cielo Único Europeo, así como los informes de los parlamentos
autonómicos recibidos.'
Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a:
1. Autorizar a Aena a licitar el servicio de tránsito aéreo de aeródromo en los 21 aeropuertos restantes
2. Generar un entorno competitivo en el que Enaire compita en igualdad de condiciones con el resto de los proveedores de servicios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Educación y Formación Profesional
161/002758
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don.Joaquín Robles López, doña. Georgina Trías Gil y doña Mireia Borrás Pabón, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al tratamiento específico de alumnos con necesidades educativas especiales, para su debate en la Comisión de Educación y Formación
Profesional.
Exposición de motivos
Primero. Situación actual de la educación para personas con capacidades especiales en España.
Desde el estallido de la crisis sanitaria generada por la COVID-19, los alumnos se han enfrentado a un constante cambio en sus hábitos educativos. Así pues, en marzo del 2020, el cierre de los centros educativos y el confinamiento
domiciliario supuso la adaptación del alumnado a la educación a distancia, durante lo que restaba de curso 2019-2020.
De cara al inicio de curso el mes de septiembre del 2020, el Gobierno de España elaboró una guía para que las Comunidades Autónomas adaptasen sus aulas a las necesidades espaciotemporales requeridas para reducir la exposición al contagio en
los centros educativos. Así pues, durante el curso 2020-2021 las clases se han podido desarrollar presencialmente, sin perjuicio de determinados supuestos excepcionales en ciclos educativos superiores en los que la presencialidad se ha compaginado
con la educación a distancia en días alternos.
El pasado 29 de diciembre de 2020, el Parlamento español aprobó la Ley Orgánica 3/2020 13, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. El artículo 71 se refiere a la Equidad en la Educación
al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo, y dispone que:
1. Las Administraciones educativas dispondrán los medios necesarios para que todo el alumnado alcance el máximo desarrollo personal, intelectual, social y emocional, así como los objetivos establecidos con carácter general en la presente
Ley.
2. Corresponde a las Administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por retraso
madurativo, por trastornos del desarrollo del lenguaje y la comunicación, por trastornos de atención o de aprendizaje, por desconocimiento grave de la lengua de aprendizaje, por encontrarse en situación de vulnerabilidad socioeducativa, por sus
altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar, puedan alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales y, en todo caso, los objetivos
establecidos con carácter general para todo el alumnado.
3. Las Administraciones educativas establecerán los procedimientos y recursos precisos para identificar tempranamente las necesidades educativas específicas de los alumnos y alumnas a las que se refiere el apartado anterior. La atención
integral al alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se iniciará desde el mismo momento en que dicha necesidad sea identificada y se regirá por los principios de normalización e inclusión.
De igual manera, en el artículo 72 de la Ley Orgánica 2/ 2006 14, de 3 de mayo, de Educación se indica que 'corresponde a las Administraciones educativas dotar a los centros de los recursos necesarios para atender adecuadamente a este
alumnado. Los criterios para determinar estas dotaciones serán los mismos para los centros públicos y privados concertados'. Sin embargo, a lo largo de la presente Legislatura, este Grupo Parlamentario ha elaborado varias iniciativas
parlamentarias que han sido respondidas por el Gobierno, considerando este que no forma parte de las 'Administraciones Educativas'.
En España, se presenta la peculiaridad de que en función de la localización geográfica existe una gran diversidad de criterios de identificación con respecto al alumnado con necesidades educativas especiales. Debido a ello, consideramos
urgente que se promueva la unificación de los criterios, basándose siempre los mismos en análisis de expertos en la materia, armonizando así la norma en todo el territorio español Todos estos alumnos requieren una atención especializada en función
de sus necesidades educativas especiales.
Segundo. Caso específico de alumnado con altas capacidades.
De acuerdo con el Ministerio de Educación y Formación Profesional 15, 'el alumnado con altas capacidades constituye un grupo muy heterogéneo que se caracterizaría porque en tests psicométricos de inteligencia general obtienen puntuaciones
significativamente superiores a la media (al menos dos desviaciones típicas) y en pruebas de aptitudes obtienen, además, puntuaciones superiores a la media (desde 75 a 95 o más)'. Dentro del grupo de alta capacidad intelectual, se pueden encontrar
alumnos con una capacidad moderada, muy alta o extrema y suelen distinguirse los siguientes tipos de alumnado 16:
13 https:/Avw,v.Doe.55/ooe/dias/2020/12/30/odfs/BOg-A-202Q-17264.odf
14 httos:;V'.vv.,.v.boe.es.'eu5ca.~/ac:.oho?id=BO£-A-20Q6-7899
15 h;t3:.'.,'v/v.vv.5d,jcac;oriyfo.gob.cj/ir:c/naurociencia-educativa/plan/eies/talento-aacc.html
16 Renzulli, J.S (1977): The enrichment triad model: a guidefor developing defensible programs for the gifted. Renzulli, J.S (1994): 'El concepto de los tres anillos de la superdotación: un modelo de Desarrollo para una productividad
creativa'. Renzulli, J.S; Reus, S.M and Smith, L.H. (1981): The revolving door Identification model
- Alumnado superdotado: combina los elementos propios de un buen sistema de tratamiento de la información -inteligencia elevada-, con una alta originalidad y pensamiento divergente -creatividad- y con la motivación suficiente para
garantizar la materialización de su potencia -implicación en la tarea-.
- Alumnado con talento: muestra un elevado rendimiento en un área o en varias áreas de conocimiento (verbal, creativa, lógica, matemática, espacial, social musical y deportiva).
- Alumnado creativo: utiliza el conocimiento en nuevas formas que producen una o varias soluciones ante un problema planteado, imagina las consecuencias de esta actividad y proyecta situaciones que aún no están controladas o planificadas.
- Alumnado con maduración precoz: presenta un desarrollo más rápido que el resto de individuos de la misma edad. En la mayoría de las ocasiones el niño acaba igualándose con los de su edad, o bien su diferencia se concreta en algún área y
se actualiza como talento.
- Genio: presenta una inteligencia considerablemente superior a la de los demás o realiza aportaciones muy relevantes para la sociedad.
- Alumnado brillante: presenta un alto grado de inteligencia, tomando como referencia las personas de su entorno. Memoriza gran cantidad de información, alto rendimiento académico, etc.
- Alumnado excepcional: se desvía por encima de la media del resto de individuos.
- Alumnado con alto rendimiento curricular: presenta de manera sostenida, bien generalizada o específica, un alto rendimiento académico.
Según los últimos datos 17 publicados por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, existen detectados en España 35.494 alumnos con altas capacidades intelectuales, lo que supone el 5 % del total del alumnado con necesidad
específica de apoyo educativo contabilizado. Sin embargo, según indican diferentes expertos 18, los alumnos con altas capacidades representan a una población cercana al 15 %.
Cabe destacar que don Flavio Castiglione, psicólogo experto en altas capacidades, alertó recientemente de la gran responsabilidad que tienen los docentes a la hora de educar alumnos con altas capacidades 19. La neurociencia ha demostrado
que los cerebros cambian en el nivel funcional y estructural si no se estimulan; por lo tanto, para evitar el fracaso escolar hay que conocer a cada niño y saber qué oportunidades y herramientas necesita.
En este sentido, también señaló que el sistema educativo español no ha dotado a los docentes de las herramientas para identificar en los centros escolares a los niños con altas capacidades y que, según hemos comentado anteriormente, pueden
suponer el 15% de la población escolar.
En este sentido, tal y como ha indicado don Javier Tourón, Catedrático de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad Internacional de La Rioja, 'si la escuela fuese verdaderamente adaptativa y respondiese de modo
individualizado [personalizado] a las necesidades de cada uno de los aprendices, la dotación no sería un problema educativo (...), sin embargo, es patente que la escuela y los programas que en ella se desarrollan dista mucho de adaptarse a las
necesidades de todos los educandos. El que alumnos diferentes sometidos al efecto de un mismo programa educativo o currículo, no obtengan resultados diferentes, nos pone en la pista de que las diferencias constituyen un problema educativo que acaba
uniformando a los que son diversos' 20.
Por todo ello, el profesor Tourón, en el documento Las Altas Capacidades en el sistema educativo español: reflexiones sobre el concepto y la identificación, considera fundamental que las escuelas evalúen de manera periódica a todos sus
escolares en, al menos, tres dimensiones: aptitudes, competencias y Soft Skills o variables psicosociales, catalizadoras del aprendizaje y la productividad.
Tercero. Caso específico del alumnado con necesidades educativas especiales.
En España están contabilizados 212.807 alumnos con necesidades educativas especiales, lo que supone un 30,1 % del alumnado con necesidad específica de apoyo educativo contabilizado y un 2,6 % del total de alumnos matriculados en la enseñanza
obligatoria.
17 https://www.educacionyfp.gob.es/dam/jcr:4f2d14a4-8a98-4023-adcd-9f1f041f5005/notaresumen.pdf
18 https://educacion.press/2017/06/26/superdotados-como-encontr/
19 https://www.lavanguardia.com/cultura/20181216/453576537231/experto-alerta-de-la-responsabilidad-docente-en-estimulacion-del-aprendizaje.html.
20 Tourón, J. y Reyero, M. (2002). Identificación y diagnóstico de alumnos de alta capacidad (p. 311).
Así pues, y según la clasificación del propio Ministerio, nos encontramos ante las siguientes variantes: auditiva, motora, intelectual, visual, trastorno general del desarrollo, trastornos graves de conducta/personalidad, plurideficiencia y
el grupo no distribuido por discapacidades.
Según los datos aportados, el Ministerio de Educación y Formación Profesional no considera que el alumnado con altas capacidades deba incluirse en el grupo de alumnado con necesidades educativas especiales. A su juicio, el término alumno
con necesidades educativas especiales hace referencia exclusivamente a los alumnos que presentan algún tipo de discapacidad o trastorno grave de conducta, excluyendo así a los alumnos con altas capacidades o al alumnado diagnosticado con Trastorno
por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), quedando en consecuencia peor atendidos.
De igual manera, la clasificación presentada por el citado Ministerio se encuentra obsoleta puesto que, por ejemplo, el epígrafe 'trastorno general del desarrollo' incluye al alumnado diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA).
Esta clasificación resulta a nuestro juicio insuficiente, teniendo en cuenta que las necesidades educativas de estos grupos educativos no pueden compararse con las presentadas por el alumnado diagnosticado con TDAH y que ambos se encuentran en el
mismo epígrafe de la clasificación.
En relación con el anterior apartado, debe tenerse en cuenta que, desde el curso escolar 2011-2012, se observa un sorprendente incremento en la identificación y presencia de alumnos/as con trastorno general del desarrollo del 160 %.
Por otro lado, el informe Situación del alumnado con trastorno del espectro del autismo en España 21, elaborado por la Confederación Autismo España, realizó un análisis de la distribución autonómica y de los modelos educativos existentes,
centrándose en la situación del alumnado TEA en las etapas educativas obligatorias.
El informe citado pone de manifiesto que 'existe una enorme disparidad de criterios en los diferentes territorios a la hora de recopilar y categorizar la información relativa al alumnado con TEA, así como también una gran variabilidad en los
datos disponibles en relación con un mismo periodo de tiempo'. Además, esta organización considera que las cifras del alumnado en el espectro del autismo en la etapa de Educación Secundaria son significativamente más bajas debido a la dificultad
para la detección o el acceso al diagnóstico en esa etapa educativa.
Todo lo descrito en el presente apartado, se debe directa o indirectamente al 'caos' que existe con respecto a los diferentes protocolos a seguir en el sistema educativo con el alumnado con necesidades educativas especiales, en multitud de
ocasiones ligados a la situación geográfica del alumno.
Cuarto. Papel de las administraciones educativas en el marco de la Educación para alumnado con necesidades educativas especiales.
Tal y como hemos comentado anteriormente, en virtud de lo dispuesto en la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
21 http:/Avww.autismo.org.es/sites/default/files/informeeducacion situaciondelalumnadotea_0.pdf
corresponde a las Administraciones Educativas adoptar las medidas necesarias para identificar al alumnado con capacidades intelectuales especiales y valorar de forma temprana sus necesidades. Asimismo, les corresponde adoptar planes de
actuación y programas de enriquecimiento curricular adecuados, que permitan al alumnado desarrollar al máximo sus capacidades.
Además, la disposición adicional cuarta de la citada norma establece que 'las Administraciones educativas velarán para que las decisiones de escolarización garanticen la respuesta más adecuada a las necesidades específicas de cada alumno o
alumna, de acuerdo con el procedimiento que se recoge en el artículo 74 de esta Ley. El Gobierno, en colaboración con las Administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de diez años, de acuerdo con el artículo 24.2.e) de la
Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las
mejores condiciones al alumnado con discapacidad'. Sin embargo, en la actualidad no existe un protocolo específico para el diagnóstico de las necesidades educativas especiales, por lo que, como hemos comentado en el primer punto de la presente
iniciativa, existen diversidad de criterios de identificación en función de la localización geográfica del alumno.
En relación con los recursos económicos destinados a este fin, el artículo 122 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, establece que 'los centros estarán dotados de los recursos educativos, humanos y materiales necesarios para
ofrecer una enseñanza de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación'. Asimismo, indica que 'las Administraciones educativas podrán asignar mayores dotaciones de recursos a determinados centros públicos o privados
concertados, en razón de los proyectos que así lo requieran o en atención a las condiciones de especial necesidad de la población que escolarizan'.
Tal y como hemos expuesto en el punto anterior de la presente iniciativa, los centros educativos no son los encargados de realizar el diagnóstico TEA pertinente, derivando al centro médico toda la responsabilidad con respecto al mismo. Por
el contrario, estos centros sí son los encargados de elaborar las pruebas diagnóstico que determinan si un alumno tiene altas capacidades y la tipología de esta, así como los trastornos derivados de las necesidades educativas especiales. Por ello,
consideramos que podría ser oportuno tener en cuenta la opinión y el diagnóstico del equipo orientador del centro educativo, y que los datos que se generan en torno al alumnado con necesidades especiales sirvan para, al menos, elaborar ideas
estadísticas que mejoren su actividad educativa.
De hecho, el pasado 22 de febrero de 2021, el Gobierno de España respondió una iniciativa a este Grupo Parlamentario que versaba acerca de las actuaciones que llevaba a cabo el Gobierno para la inclusión del alumnado con necesidades
educativas especiales. La respuesta indica que 'como una de las actuaciones para velar por el cumplimiento del principio de inclusión en el sistema educativo, se informa que el Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) tiene suscrito
con la Confederación Autismo España un protocolo general de colaboración, con el objetivo de establecer un marco para el desarrollo de actividades y acciones conjuntas que sirvan para mejorar la atención educativa a lo largo de todas las etapas de
la vida de las personas con Trastornos del Espectro del Autismo (TEA)'.
Por ello, la respuesta incide en el objeto de esta PNL: elaborar un protocolo de actuación determinado para cualquier tipo de alteración física o psíquica que redunde en una necesidad educativa especial, para mejorar la atención educativa
de los mismos.
Cabe destacar que, desde el año 2017, la Dirección General de Innovación y Equidad Educativa excluyó de forma unilateral al alumnado con TDAH en el procedimiento de recogida y tratamiento de los datos relativos al alumnado con necesidades
específicas de apoyo educativo. En este sentido, la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) viene reclamando la inclusión de este alumnado para obtener datos reales, y de esta manera, reducir las ratios y aumentar las plantillas de
estos especialistas si hiciese falta. Además, aseguran que 'dicha medida ayudaría a reducir los frecuentes ámbitos de itinerancia, y permitiría que los centros pudiesen avanzar hacia una verdadera inclusión educativa, en la que se ofrezcan las
oportunidades para que todos los alumnos tengan éxito en una escuela ordinaria, lo que redundaría en el beneficio de toda la sociedad'.
A la vista de los datos expuestos a lo largo de la presente iniciativa, podemos afirmar que la atención diferenciada del alumnado con necesidades educativas especiales es fundamental para evitar la frustración y el fracaso escolar, muy alto
en este grupo de estudiantes. Para ello, primero hay que identificar a estos de forma profesional, seria y con criterios unificados. De igual manera parece loable implementar un programa específico para alumnos con necesidades educativas
especiales elaborado por expertos y promover la implantación en todos los centros educativos de las diferentes Comunidades Autónomas.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Elaborar un protocolo nacional específico por parte de profesionales especializados para el diagnóstico de las necesidades educativas especiales, de tal manera que la detección sea lo más precoz posible a fin de adecuar las necesidades
educativas requeridas.
2. Llevar a cabo una guía, elaborada por expertos especializados en cada una de las necesidades educativas especiales, con la metodología específica cuya ejecución promover en los centros educativos para cada una de las etapas obligatorias.
3. Promover la formación del profesorado y del profesional orientador de los centros educativos en el conocimiento del alumnado con necesidades educativas especiales y destinar recursos para ello.
4. Promover programas de formación para las familias de alumnos con necesidades educativas especiales, a fin de que fuera del aula también puedan desarrollar todos sus potenciales de aprendizaje.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Joaquín Robles López, Mireia Borrás Pabón y Georgina Trías Gil, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
161/002736
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia del Diputado del Bloque Nacionalista Galego (BNG) Néstor Rego Candamil, a propuesta de la Confederación Intersindical Galega (CIG), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del
vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la derogación de reforma laboral, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
Las sucesivas reformas laborales llevadas a cabo por los gobiernos españoles, con posterioridad a la aprobación del Estatuto de los Trabajadores de 1980, supusieron un importante retroceso en los derechos individuales y colectivos de la
clase trabajadora al desregular y/o flexibilizar las condiciones en materias como la contratación, facilitándose y abaratándose el despido, la jornada, el salario e incluso el cumplimiento o negociación de los convenios colectivos.
Las últimas reformas laborales promovidas, durante los años 2010, 2011 y 2012, por gobiernos del PSOE y PP, respectivamente, con diferentes niveles en su contenido e importancia, ahondaron en esa línea neoliberal de individualización y
desregulación de las relaciones laborales. Así, se facilitó y abarató el despido, tanto colectivo como individual y se generalizó el contrato a tiempo parcial. También se facilitó a las empresas el incumplimiento de los convenios, debilitando la
negociación colectiva a través de su atomización y permitiéndose la quiebra del principio de igualdad de las partes al dejar en manos de la patronal las decisiones relativas a los procesos de despido y modificaciones colectivas sin acuerdo. Además,
en los convenios colectivos se favoreció un proceso de estatalización de los mismos y la limitación de su ultraactividad a un año. Así mismo, se facilitó la modificación sustancial de las condiciones de trabajo y la distribución irregular de la
jornada, se legalizó las agencias privadas de colocación y se flexibilizó la contratación en beneficio de la patronal.
El sistema de protección social tampoco quedó sin tocar en esta ofensiva del capital contra la clase trabajadora, bajo la justificación de tratarse de políticas necesarias derivadas de la fuerte crisis económica de 2008.
La necesidad de una legislación laboral y social que restituya los derechos perdidos, favorezca nuevos derechos y regulaciones es más urgente que nunca ante la nueva situación de crisis y las nuevas formas de explotación y precariedad.
En la actual crisis derivada de la pandemia y la vigencia y aplicación de eta regresiva legislación constituye una auténtica amenaza para el mantenimiento del empleo y de unas mínimas condiciones salariales y laborales dignas. Especialmente
la relativa a los referidos al despido, suspensiones temporales de empleo y negociación colectiva.
La lentitud de este proceso legislativo, por encima viciado de origen por la lacra del llamado diálogo social, no pueden significar que el avance de la crisis tenga lugar con plena y vigorosa vigencia de este marco normativo que está a
contribuir a un empeoramiento de la situación con más ERES, cierres de empresas, abaratamiento de los despidos masivos, modificaciones de las condiciones de trabajo, descuelgues salariales, inaplicación de convenios colectivos, centralización de las
relaciones laborales, etc, que están extendiendo el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.
Por lo tanto, debe actuarse ya para frenar esta situación que se está viviendo por decisiones unilaterales de la Patronal y sin control ninguno por parte de las Administraciones Públicas. No dar pasos adelante con firmeza y celeridad en
esta dirección, impide encontrar una salida justa de la crisis y una verdadera recuperación económica y social.
Por todo lo expuesto anteriormente, el BNG presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno del Estado a:
1. La derogación inmediata de todas las reformas laborales iniciadas en el 2010 hasta la actualidad. En concreto, la derogación de las reformas operadas por el Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma
del mercado de trabajo, el Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio, de medidas urgentes para la reforma de la negociación colectiva, el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento
de la competitividad, la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral, e toda la normativa que los desarrolló.
2. Mientras no se aprueba una nueva legislación laboral permitan la entrada en vigor de las normas existentes con anterioridad a las reformas citadas, concretamente los referidos al fondo de garantía salarial, modificaciones sustanciales de
las condiciones de trabajo, suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, técnicas organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, extinción del contrato, extinción del contrato por causas objetivas, forma y
efectos de la extinción por causas objetivas, despido improcedente, de la negociación colectiva y de los convenios colectivos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Néstor Rego Candamil, Diputado.-Miriam Nogueras i Camero, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002748
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia de Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para
reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte perinatal o gestacional, para su debate en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Exposición de motivos
La muerte perinatal o gestacional se produce cuando el bebé muere dentro del vientre de su madre, durante el parto o incluso hasta la primera semana de vida del bebé. Del mismo modo también incluye la situación en la que se produce una
interrupción voluntaria del embarazo por cuestiones médicas tanto de la madre como del bebé.
Esta situación, muy dolorosa para las madres y padres, ha sido y continúa siendo una cuestión que conlleva serias dificultades en su gestión entre la sociedad. Desgraciadamente continúa siendo en muchos casos un tema tabú, llevado en
silencio por parte de las madres y padre. Situaciones dadas, en muchas ocasiones por la falta de procedimientos y protocolos para poder garantizar la mejor atención posible, tanto física como psicológica.
Conviene señalar en este punto que, al dolor físico y psicológico derivado de la muerte perinatal, hay que añadir las carencias que existen en la regulación laboral. Se producen así situaciones en las cuales las madres y padres no
encuentran un reconocimiento que los permita asumir el luto, y disfrutar de una recuperación física y psicológica ante la pérdida de su bebé.
En el año 2008 se aprobó 'la Estrategia de atención al parto normal en el sistema nacional de salud', pero en más de diez años no se ha aprobado otra estrategia a nivel estatal ni se ha actualizado la vigente. Tan solo existe una revisión
mediante un informe del año 2012 que pone en evidencia la más que necesaria actualización de los datos, objetivos y líneas estratégicas.
En los últimos años, algunos territorios han desarrollado nuevas estrategias o planes. Extremadura, por ejemplo, desarrolló en 2015 una Estrategia de atención al parto normal, en la cual se incluyen protocolos de actuación y documentación
que expone como tienen que ser las prácticas clínicas en los paritorios, para unificar los criterios de atención a las maternidades de Extremadura, según la evidencia científica. Esta Estrategia incluye directrices de actuación en todos los ámbitos
y para todos los actores que intervienen.
Otros territorios cuentan también con guías específicas de acompañamiento al luto perinatal que contemplan los diferentes supuestos, tanto el de muerte natural, como el de la interrupción al embarazo por problemas de salud de la madre o del
hijo o hija.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar y adaptar cuestiones relativas a la atención al parto, para garantizar los derechos de madres, padres y sus niños y niñas, incluso en una situación de
pandemia.
Por ello, resulta necesario realizar una revisión de la estrategia de atención y asistencia a los partos. También para que cuestiones como la de la muerte perinatal tengan un tratamiento más especializado y, por ejemplo, contemple todos los
momentos del proceso: desde la atención asistencial de las mujeres cuando están ingresadas en el hospital, hasta el seguimiento sanitario y psicológico de los meses posteriores, para que no se encuentren desamparadas al volverá casa.
En este sentido, la formación de los profesionales y los protocolos hospitalarios de actuación cobran especial relevancia, debiendo de ser actualizados en los conocimientos y habilidades para modificar las rutinas asumidas y mejorar así la
calidad de la atención y evitar cualquier indicio de violencia obstétrica derivada de la carencia de atención especializada hacia las mujeres.
Además, es imprescindible emprender una revisión en cuanto a las prestaciones por maternidad y paternidad en los supuestos de muerte perinatal. Actualmente para acogerse a una prestación por maternidad o paternidad en estos casos el bebé
tendría que haber llegado a los ciento ochenta días de gestación, dejando así totalmente desprotegidas a madres y padres que sufren esta perdida en las semanas previas sin ningún derecho a acogerse a la prestación por maternidad y paternidad incluso
cuando hablamos de cuestiones, como por ejemplo haber pasado con las necesidades físicas que comporta la recuperación. Es por eso que la regula estas prestaciones tendría que poder ajustarse de manera proporcional a las semanas de gestación puesto
que, aunque no hayan llegado a los ciento ochenta días, madres y padres necesitan una recuperación tanto física como psicológica.
Por último, el conocimiento de los datos es imprescindible para diseñar las políticas; hay una gran variedad de indicadores que son fundamentales conocer para poder garantizar una sociedad con partos donde se garanticen los derechos y el
bienestar de las personas usuarias.
Por todo lo expuesto anteriormente, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a tomar las medidas legislativas necesarias para reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte perinatal o gestacional para
establecer su aplicación de manera gradual y proporcional en las semanas de embarazo, garantizando así que todas las madres y padres podrán disponer de un tiempo de recuperación física y psicológica después de una situación de muerte perinatal con
el objetivo de garantizar su recuperación y de reconocer el derecho tanto de la madre como del padre.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
Comisión de Industria, Comercio y Turismo
161/002737
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa al programa de turismo del Imserso, para su debate en la
Comisión de Industria, Comercio y Turismo.
Exposición de motivos
Ningún sector de la economía española ha sido tan duramente golpeado por la pandemia de COVID-19 como el turístico. Aunque las condiciones hayan mejorado respecto de la situación vivida en los últimos meses, lo cierto es que la temporada
estival seguirá siendo enormemente difícil para gran parte del sector. A las existentes restricciones para la entrada en España de viajeros extracomunitarios, se debe añadir también la tardanza en la puesta en marcha del Certificado COVID Digital
(antes Certificado Verde Digital) de la UE. En estas circunstancias, el turismo nacional está llamado a ser la gran tabla de salvación de los sectores turístico y hostelero esta temporada de verano y, probablemente, lo que queda del año 2021.
Dentro de este turismo nacional, siempre han jugado un papel fundamental los planes de turismo del Imserso. Con cerca de un millón de plazas para pensionistas, el programa del Imserso supondría un enorme balón de oxígeno para un sector que
no puede permitirse la más mínima reducción de actividad. Se trata, además, de un programa de muy bajo coste relativo para las Administraciones Públicas y que, en ocasiones, resulta en un ahorro neto para las arcas del Estado. Aún más importante,
el programa de turismo es una herramienta clave en la estrategia del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad de las personas mayores.
La suspensión de la campaña del último año era perfectamente comprensible dada la crisis sanitaria, que además afectaba de manera muy particular a los más mayores, de modo que los viajes del Imserso habrían conllevado un riesgo inasumible
para su salud. La situación a día de hoy, sin embargo, es muy diferente. El 95 % de los mayores de 60 años han recibido ya al menos una dosis de la vacuna contra la COVID-19 y el 60 % ya ha recibido la pauta completa garantizando su inmunización.
Si antes los mayores eran quienes más riesgo tenían de ser afectados por la COVID-19, ahora es justo lo contrario y son quienes permitirían un ambiente más seguro.
En este contexto, reanudar el programa turístico del Imserso a la mayor brevedad ayudaría a los sectores turístico y hostelero a afrontar mejor la inminente temporada estival, así como la temporada 2021-2022, sin que suponga un riesgo para
la salud de nuestros mayores. Además, es de justicia también dar facilidades a los pensionistas para retomar su vida social tras un año en el que, dada su especial vulnerabilidad, han sufrido como nadie la necesidad de aislarse del mundo.
Aun siendo conscientes, por falta de tiempo, de la dificultad de retomar el Programa de Turismo Social antes de que termine la temporada de verano, no es menos cierto que toda semana que se logre adelantar su puesta en marcha es una semana
menos de agonía para el sector turístico. Por desgracia, el estado actual de la tramitación no solo va a suponer que se pierda la temporada estival, sino que existe riesgo cierto de que el programa no esté listo ni siquiera para septiembre.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a acelerar la reanudación del Programa de Turismo Social del Imserso para su puesta en marcha en el menor plazo posible y aspirar, en concreto, a que esté ya activo desde la temporada de
verano.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-Inés Arrimadas García, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002742
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente
Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Industria, Turismo y Comercio sobre el mantenimiento de la planta y los puestos de trabajo de la planta Airbus Puerto Real y la industria auxiliar.
Exposición de motivos
La paulatina desindustrialización en la provincia de Cádiz se ha convertido en uno de los problemas más acuciantes de su economía y estructura social.
El delicado tejido industrial y la fuerte implantación del modelo de subcontratación en la zona, ha contribuido a la gran precarización laboral en el sector industrial, siendo imperiosa la necesidad de un modelo de reindustrialización en la
provincia que permita la garantía de mejores derechos de las trabajadoras y trabajadores y la esperanza de futuro laboral para las y los jóvenes, que evite la emigración.
Airbus Puerto Real es una de las empresas más importantes de la industria aeronáutica internacional, en la que el Gobierno del Estado participa en un 4% a través de la SEPI. El de Puerto Real es uno de los más relevantes centros del foco
industrial de la Bahía de Cádiz, que, junto al Campo de Gibraltar se erigen en potencia industrial de Andalucía.
La industria de la Bahía de Cádiz genera un volumen de empleo de alrededor de 20.000 puestos de trabajos directos e indirectos en una comarca de aproximadamente 450.000 habitantes, cuyo nivel de desempleo, del 30 %, es uno de los más altos
de Andalucía y de todo el Estado. Las actividades productivas del sector del metal en la Bahía de Cádiz son construcción naval, la industria aeronáutica y la construcción de las plataformas offshore. Las principales empresas que operan en el
entorno son Navantia (Cádiz, Puerto Real y San Fernando), Alestis (Puerto Real), Dragados Offshore (Puerto Real) y Airbus (Puerto Real y Puerto de Santa María), a las que habría que sumar la importante participación de las empresas auxiliares.
Hace décadas que Cádiz vive un proceso de desindustrialización cuyo inicio podemos situar, por su envergadura, en la reconversión naval de 1984. Desgraciadamente, ninguno de los niveles de la Administración del Estado, ni los gobiernos
municipales, ni la Junta de Andalucía ni el Gobierno del Estado ha sido capaz de frenar el declive industrial de la provincia. Este proceso de desindustrialización se viene recrudecido desde la crisis de 2007, con el polémico cierre de la factoría
de Delphi en Puerto Real que acabó con casi 2000 puestos de trabajo y, desde entonces, está suponiendo una gran pérdida del tejido industrial y se acelera con la crisis económica consecuencia de la pandemia.
En la actualidad, tras el cierre de LTK o el desmantelamiento de Holcim, la amenaza de cierre de la planta de Airbus Operaciones en Puerto Real supone un estoque final a la industria gaditana, haciéndose necesaria una respuesta contundente
que atienda a toda la dimensión del problema, teniendo en cuenta la realidad social y laboral que hay detrás del modelo industrial gaditano, tanto en lo concerniente a las empresas principales, como a toda la red de la industria auxiliar y al
conjunto de la economía de la Bahía de Cádiz y la provincia.
La amenaza de cierre de Airbus Puerto Real es, además, del todo injustificada si nos atenemos a las cifras de negocio de la empresa. Airbus se centra en dos líneas de producción. Por un lado, Airbus Defence and Space (antes Airbus
Military), encargada de la fabricación de aviones de combate militar y Airbus Operaciones, encargada de la fabricación de aviones de aviación civil. En Puerto Real, la fábrica se encargaba exclusivamente de la línea de fabricación de aviación
civil. Es precisamente Airbus Operaciones, la que más beneficio venía dando a la empresa en los últimos años. Así es que, si nos fijamos en las cifras del año 2019, previas a la pandemia de la COVID-19, la cifra de negocios de Airbus Operaciones
era 1.794 millones de euros, frente a la de Airbus Defence and Space, que fue negativa, con pérdidas de hasta 881 millones de euros en defensa y espacio y solo unos beneficios de aproximadamente 410 millones de euros en helicópteros.
El problema, ha llegado derivado de la crisis de la COVID-19, con las medidas excepcionales tomadas a nivel internacional para evitar la propagación del virus, que han dado la vuelta a la situación pre-COVID. Paradójicamente, las medidas
tomadas por los diferentes gobiernos para frenar la pandemia, han permitido el cierre de nuevas producciones para Airbus Defence and Space, provocando que este año la línea militar haya pasado de las pérdidas, a contar con unos beneficios de 408
millones en defensa y espacio y de 455 millones en helicópteros.
Sin embargo, el cierre de espacios aéreos a nivel internacional y la gran reducción del tráfico aéreo, ha invertido la situación en Airbus Operaciones. El caso de España es el más cercano. En nuestro país, las primeras medidas más
restrictivas para la contención de los contagios, se dieron en marzo del 2020. El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de
la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, ya preveía una reducción de las operaciones de tráfico aéreo al 50 %. Tan importante ha sido la reducción del tráfico aéreo mundial, que la Consultora Cirium la cifró, a nivel
mundial, en un 49% en 2020 respecto al año anterior. La propia Aena ofrecía datos en abril de 2020 de una reducción del 95% de los vuelos en España.
Las consecuencias en el sector aeronáutico de estas necesarias medidas para la reducción de los contagios, ha supuesto en España una reducción de la actividad de Airbus Operaciones de entre el 30 y el 40%. A esta situación de reducción de
la carga de trabajo, la empresa y los sindicatos han hecho frente con la negociación de un plan social, por el que se acogían a las medidas extraordinarias, como las flexibilización de las tramitaciones de Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo, entre otras propuestas por el Ministerio de Trabajo y Economía social y el conjunto del Gobierno de España para salvar los puestos de trabajo afectados por la reducción de la actividad económica derivada de la pandemia, además de poner en
marcha otras medidas ya acogidas con anterioridad en el Convenio Colectivo, como los traslados temporales con garantía de retorno. De hecho, el día 4 de mayo de este año 2021, el Consejo de Gobierno ha acordado la ampliación de medidas
extraordinaria como la de los ERTES hasta septiembre del mismo año, que podrían servir para la adaptación de Airbus Puerto Real ante la merma de la carga de trabajo y que, esperamos se sigan ampliando en este sector hasta que la situación se
normalice.
No obstante, esta situación es netamente coyuntural, derivada de las consecuencias de las medidas tomadas para evitar la propagación de la pandemia, por lo que cuando esta se controle definitivamente, el tráfico aéreo volverá progresivamente
a la normalidad y, se espera que el aumento de vuelos y del tráfico aéreo se vaya recuperando rápidamente a medida que se avance en la campaña de vacunación, más aun teniendo en cuenta la importancia del sector turístico en el PIB de nuestro país.
En España, según declaraciones de la Ministra de Sanidad Carolina Darías, los datos de vacunación mostraban que España había entrado en 'velocidad de crucero' hasta la fecha son de 21 millones de dosis entregadas, 17,9 millones dosis administradas y
5,4 millones de personas con la pauta de vacunación completa y actualmente hay un ritmo de vacunación constante y creciente. Tanto es así que la segunda semana de mayo ya contábamos en España con 6,3 millones de personas, esto es, un 13,3 % de la
población, ya habían completado la totalidad de la pauta de vacunación y un 29,6% de la población, esto es, 14 millones de españolas y españoles tenían al menos una dosis. Con un esperado aumento del tráfico aéreo, llegará inevitablemente
aparejado, un aumento de la carga de trabajo de Airbus Operaciones que, incluso, de forma temporal, podría verse aumentada por la necesidad de las operadoras de la entrega de nuevos aviones, tanto aquellos tanto monopasillos como bipasillos, que son
fabricados por plantas como las de Puerto Real, por lo que la reducción de puestos de trabajo, los traslados permanente de trabajadores a otras plantas y el propio cierre de la planta de Puerto Real y cualquier otra de Airbus Operaciones es del todo
injustificado.
Hay que recordar, además, no es la primera vez que la industria aeroespacial de la provincia de Cádiz se encuentra amenazada. Ya en 2009, en los inicios de la crisis económica y financiera, ante la intención de la empresa de vender la
planta de Airbus CBC, hubo una gran contestación sindical que paró la operación, lo cual ha supuesto que Airbus pueda seguir manteniendo los enormes beneficios que ha conseguido desde entonces hasta el año previo a la pandemia provocada por la
COVID-19.
Por último, Las plantas de Airbus en España y, en concreto la de Puerto Real, cuentan con trabajadoras y trabajadores altamente cualificados que permiten un altísimo nivel de realización de los contratos, tal como ofrecen los datos de los
sistemas de evaluación de calidad, costes, entregas y Recursos Humanos anuales de la empresa, donde Puerto Real saca siempre los mejores resultados.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Que refuerce la negociación para evitar el cierre de la planta de Airbus Puerto Real y la pérdida de los puestos de trabajo.
2. Que se comprometa con las negociaciones para garantizar el futuro de todos los centros de trabajo, el empleo y las cargas de trabajo.
3. Que los aerofondos, fondos de inversión, fondos europeos o cualquier otra partida de presupuesto público del Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como del conjunto del Gobierno de España que se
destine a Airbus España se vinculen al mantenimiento de la planta de Puerto Real, así como de las otras plantas de Airbus Operaciones y al mantenimiento de los puestos de trabajo, especialmente en el corto plazo.
4. Al compromiso de impulsar un plan específico de reindustrialización en la Bahía de Cádiz que saque a esta comarca del proceso de destrucción de empleo industrial que ha tenido en los últimos años, fortaleciendo el sector aeroespacial y,
a su vez, diversificando e intensificando la actividad industrial de la provincia de Cádiz, especialmente en la Bahía, aprovechando los fondos next generation y los fondos europeos de recuperación y resiliencia.
5. Que este plan de reindustrialización incorpore, la producción de aviones,barcos y otros medios de transporte, de uso en la actividad empresarial, profesional o familiar, que utilicen combustibles que procedan de fuentes de energía
renovables, sostenibles medioambientalmente, como de hidrógeno verde, así como de componentes para la producción de estas energías renovables, adaptando así la capacidad industrial de Cádiz a la nueva política industria con, al menos, horizonte
2030.
6. Que, en el corto plazo mientras duren los efectos de la pandemia en el sector aeroespacial, se diversifique la planta de Puerto Real para su mantenimiento con la realización de otros trabajos de construcción de drones, reparaciones y
mantenimiento de grandes aviones de transporte de mercancías y los concernientes a la industria aeroespacial militar.
7. Que el Gobierno del Estado aumente la participación pública en Airbus a través de la SEPI y en otras compañías y modelos empresariales, apostando así por el modelo industrial aeroespacial de altas capacidades, como sector de importancia
estratégica para la economía española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Isabel Franco Carmona, Martina Velarde Gómez, Noelia Vera Ruiz-Herrera, Pedro Honrubia Hurtado, María Márquez Guerrero, Enrique Santiago Romero y Alberto Rodríguez Rodríguez,
Diputados.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
161/002745
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Ricardo Chamorro Delmo, doña Magdalena Nevado del Campo, don Rubén Darío Vega Arias, don Ángel López Maraver, don Manuel Mariscal Zabala y don Luis Gestoso de Miguel, en sus respectivas condiciones de
Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley solicitando al Gobierno a
que inste a la Unión Europea a la suspensión inmediata del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, para su discusión en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Exposición de motivos
Primero. El Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea.
El 16 de febrero de 2012 se aprobó el Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea 22 (Acuerdo Agrícola), un nuevo protocolo agrícola para seguir avanzando en la liberalización comercial 23 por el que se permite continuar la entrada
en el mercado comunitario de un listado de productos agrícolas marroquíes, y que venía a sustituir el anterior, vigente desde 2004, y a desarrollar el Acuerdo Euromediterráneo de Asociación UE-Marruecos (Acuerdo de Asociación) de 1996, en vigor
desde el año 2000, dado que 'el
22 https://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20120216IPR38354/el-parlamento-europeo-aprueba-el-acuerdo-agricola-con-marruecos
23 https://comercio.gob.es/PoliticaComercialUE/AcuerdosCoinerciales/Paginas/Marruecos.aspx
comercio y la inversión son motores para el crecimiento y ayudan a reducir la pobreza, aproximar a las personas y consolidar los lazos entre naciones y contribuyen a la estabilidad política' 24.
Este Acuerdo Agrícola establece la liberalización del 55 % de los aranceles de productos agrícolas y de la pesca de Marruecos (antes era un 33 %), y el 70 % de los aranceles de productos agrícolas y de la pesca de la Unión Europea en un
plazo de diez años (hasta ahora era un 1 %). El resto de productos no tendrán un límite de importación ni precios fijos de entrada.
Además, pese a que el Acuerdo Agrícola recoge una excepción para aquellos productos agroalimentarios que se consideren sensibles para el mantenimiento de la economía agrícola dentro del territorio comunitario, aumenta la cuota que Marruecos
podrá vender a la UE que, como coincide de pleno en calendarios y mercados con las producciones españolas, supone un gran perjuicio económico para el sector agrario español.
El Comité Económico y Social Europeo ya emitió un Dictamen (2014) sobre el impacto negativo de este acuerdo en la agricultura del sur de Europa 25. Una opinión compartida en aquel momento por diversas organizaciones agrarias españolas
(Fepex, Unión de Pagesos, FAECA, Hortyfruta, entre otras 26) y europeas (COPA-COGECA 27), ya que el acuerdo amenazaba miles de empleos en las zonas rurales de la UE, acentuaba aún más la competencia desleal, dejaba desprotegidos a los consumidores y
no garantizaba 'la igualdad de condiciones y de oportunidades entre ambas partes' 28. Esta conclusión también se recoge en la Resolución no legislativa del Parlamento Europeo sobre la modificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y
Marruecos 29.
Por último, debe también mencionarse el conflicto político y jurídico internacional que se viene produciendo desde la inclusión del Sahara Occidental en los nuevos protocolos del Acuerdo Agrícola y de la posterior Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 21 de diciembre de 2016 30, que resolvía que dicha 'liberalización no incluía una base jurídica para la inclusión del Sáhara Occidental, por lo que no podía aplicarse a este territorio' 31.
Segundo. El perjuicio para España.
El Acuerdo Agrícola se adoptó pese al perjuicio claro que supone a la producción agroalimentaria española.
La Unión Europea compra a Marruecos productos manufacturados, ropa y productos agrícolas y pesqueros; mientras que le vende maquinaria, equipos de transporte o productos químicos que son producidos en su mayoría por los países del centro y
norte de Europa. Por tanto, de dicho Acuerdo Agrícola salen beneficiados tanto estos países como Marruecos, en detrimento del sector primario del sur de Europa que tiene que competir con la importación marroquí de productos agroalimentarios.
Es más, aparte de no respetar las mismas condiciones laborales y los mismos estándares sociales que la producción agroalimentaria española y europea y de emplear mano de obra infantil en las explotaciones agrarias 32, Marruecos aplica
productos fitosanitarios prohibidos en la Unión Europea 33, o superando los límites permitidos 34, lo que da lugar a alertas fitosanitarias semanales 35.
El resultado de este Acuerdo Agrícola ha sido un claro perjuicio para la agricultura española. El pasado 28 de mayo la Asociación de Organizaciones de Productores de Frutas y Hortalizas de Almería (COEXPHAL) desechó más de 150.000 kilos de
melón y sandía en perfecto estado y apta para el consumo en protesta
24 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES /TXT/PDF/?uri=CELEX:52012IP0055&from=PL
25 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE3614&from=ES
26 https://www.icrmo.org/noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-el-acuerdo-agricola-entre-la-ue-v-marruecos/#:~:text=El%20acuerdo%20aumentar%C3%Al%201as%20importaciones,a%C3%Blos%20y%20el%2070%20%25%2C%20en
27 https://www.icrmo.org/ noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-el-acuerdo-agricola-entre-la-ue-v-marruecos/#:~:text=El%20acuerdo%20aumentar%C3%Al%201as%20importaciones,a%C3%Blos%20y%20el%2070%20%25%2C%20en
28 https://www.jcrmo.org/noticias/el-parlamento-europeo-aprueba-el-acuerdo-agricola-entre-la-ue-v-marruecos/ #:~:text=El%20acuerdo%20aumentar%C3%Al%201as%20importaciones,a%C3%Blos%20y%20el%2070%20%25%2C%20en
29 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0016 ES.html#def 1 1
30 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62016CT0104
31 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0016 ES.html
32 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013IE3614&from=ES
33 http://www.hortoinfo.es/index.php/9026-residuos-naranias-espna-240220
34 http://www.hortoinfo.es/index.php/10332-pimiento-marruecos-pesticidas-090421
35 https://okdiario.com/andalucia/doble-invasion-marruecos-tiran-150-toneladas-fruta-almeria-protesta-baios-precios-7292832
por la caída del precio de sus productos en el mercado agrícola 36, precios que están por debajo de los 40 céntimos de euro el kilo de sandía y 0,25 euros el kilo de melón.
Respecto a los cítricos, mencionados más arriba, las importaciones en la Unión Europea crecieron un 40% entre 2013 y 2018, superando las expectativas iniciales y con una previsión de continuar aumentando 37. Una situación que desplaza cada
vez más a la producción española y que tiene un impacto devastador, dado que España es el principal productor de este cítrico en la Unión Europea con una producción anual de 3,3 millones de toneladas 38.
En igual o peor situación se encuentra el tomate: la joya de la corona de la agricultura española por su importante valor económico en producción y por su valor social y cultural como elemento básico de nuestra gastronomía. En la pasada
campaña agrícola se permitió a Marruecos vender a la Unión Europea 500.000 toneladas de tomate cuando el acuerdo establece un máximo de 285.000 39toneladas 40 41. Un hecho que, según datos de ASAJA-Almería, podría hacer perder a España hasta un 80%
de las exportaciones por el actual acuerdo con Marruecos 42.
Además, si ya en 2016 se alertaba de que Marruecos estaba desplazando a España, en peor momento nos encontramos en 2021 43 ya que el aumento de la presencia continua 44 de la producción marroquí en los mercados comunitarios se ha traducido
en un descenso generalizado de los precios y, en el caso de España, en una pérdida del 30 % de las ventas, al pasar de un millón de toneladas a las 711.000 toneladas del último año debido a la masiva oferta marroquí a precios bajos 45. Según la
Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), las importaciones marroquís de tomate a la UE han crecido en más de 100.000 toneladas (un 35 % más) entre 2011 y 2019 46.
36 https://okdiario.com/andalucia/doble-invasion-marruecos-tiran-150-toneladas-fruta-almeria-protesta-baios-precios-7292832
37 https://www.lasprovincias.es/economia/agricultura/importaciones-citricos-crecen-ue-20190411094047-nt.html
38 https://www.elespanol.com/reportaies/20190512/naranias-sudafricanas-comen-valencianas-ruina-millones-perdidos /397461504 0.html
39 https://www.lasprovincias.es/economia/agricultura/importaciones-citricos-crecen-ue-20190411094047- nt.html
40 https://okdiario.com/andalucia/vox-pide-suspender-acuerdos-comerciales-marruecos-invasion-sus-productos-hortofruticolas-7292033
41 https: // www .aenverde.es/marruecos-agoto-el-cupo-preferente-de-tomate-hacia-la-ue-del-mes-de-febrero/
42 https://sevilla.abc.es/agrónoma/noticias/cultivos/tomate/cumbre-salvar-tomate- marruecos/# tcode=bzV6bzYz&ref=https://t.co/giOThpYKUT?amp=l
43 http://www.hortoinfo.es/índex.php/2188-comp-tom-esp-maroc- 010216#:~:text=%2D%20Mientras%20Espa%C3%Bla%20ha%20reducido%20sus.un%2Q77'61%20por%20ciento.&text=En%20esas%20mismas%20fechas%2C%201a,millones%20de%20kilos%20en%202015.
44 https://financiaIfood.es/la-ue-importo-en-2019-un-4-mas-de-frutas-v-hortalizas-procedentes-de-marruecos/
45 https://elpais.com/ economía /2021-04-12/el-tomate-entre-dos-fuegos.html
46 https://ioseantonioarcos.es/2020 /12/coag-denuncia-a-espana-y-francia-por-no-cobrarle-aranceles-a-marruecos/
Por estos motivos, la Interprofesional Hortyfruta hizo un llamamiento al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), dada la fuerte perturbación del mercado por la sobreoferta derivada de la entrada en Europa de tomate procedente
de terceros países, en especial de Marruecos 47, exigiendo también un mayor control y vigilancia de los cupos vigentes y de los certificados de entrada.
Tercero. La cláusula de salvaguardia.
Al igual que recoge el Acuerdo de colaboración de pesca sostenible entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos 48, el Acuerdo Agrícola 49 contiene una cláusula de salvaguardia (artículo séptimo) que permite la adopción de las medidas que
se estimen necesarias cuando bien 'se produzcan perturbaciones graves de los mercados' o bien 'se ocasione un perjuicio grave para el sector productivo'.
Esta cláusula es una reminiscencia de la contenida en el artículo 90 del Acuerdo de Asociación 50 que autoriza a cualquiera de las Partes a adoptar las medidas apropiadas cuando no se cumpla con los objetivos fijados o las obligaciones
derivadas que contiene dicho Acuerdo.
Cuarto. Conclusiones.
Por tanto, nos encontramos con un acuerdo comercial entre la Unión Europea y Marruecos con consecuencias negativas para la producción agroalimentaria española.
Algunas organizaciones agrarias como Cooperativas Agroalimentarias 51 o la mencionada Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) han solicitado 'la inmediata paralización del acuerdo preferencial que, en materia de
comercio agrícola, la Unión Europea tiene establecido con la dictadura de Marruecos.
Una petición a la que también se han unido las organizaciones Agricultura Viva en Acción (AVA), la Asociación Nacional del Sector Primario (Anseprim) o la Federación Española de Pesca Artesanal (Fenapa) a través de un manifiesto conjunto del
sector primario agroalimentario español 52 y en el que solicitan tanto la suspensión inmediata de los acuerdos comerciales con Marruecos como la aplicación del Principio de Preferencia Comunitaria a nuestros alimentos en el espacio europeo.
Incluso, los productores de tomate de Italia, Francia, Portugal y España se han unido para denunciar ante las autoridades comunitarias el incumplimiento por parte de Marruecos del Acuerdo de Asociación 53.
Así pues, es necesario que el Gobierno español encabece y lidere ante las instituciones europeas la suspensión inmediata del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a solicitar, en el seno de la Unión Europea, la suspensión inmediata del Acuerdo Agrícola entre Marruecos y la Unión Europea, debido al enorme perjuicio económico que dicho Acuerdo causa a la
producción agroalimentaria española.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Magdalena Nevado del Campo, Rubén Darío Vega Arias, Ángel López Maraver, Manuel Mariscal Zabala y Luis Gestoso de Miguel, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Potavoz Adjunta del Grupo Palamentario VOX.
47 https://valenciafruits.com/la-importacion-de-tomate-altera-gravemente-el-mercado-europeo /
48 https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DQUE-L-2019-80420
49 https://eur-lex.europa.eu/leeal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:22012A0907f011&from=EN
50 https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ecefc61a-c8d6-48ba-8070- 893cc8f5e81d.0008.02/DQC l&format=PDF
51 https://elpais.com/economía/2021-05-31/el-sector-de-frutas-v-hortalizas-de-la-ue-se-une-contra-el-pacto-con-marruecos.html?ssm=TW CC
52 https://joseantonioarcos.es /2021/05/agricultura-viva-pide-suspender-el-acuerdo-con- marruecos/?utm source=dlvr.it&utm medium=twitter
53 https://elpais.com/economia/2021-05-31/el-sector-de-frutas-v-hortalizas-de-la-ue-se-une-contra-el-pacto-con-marruecos.html?ssm=TW CC
Comisión de Política Territorial y Función Pública
161/002723
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Juan Carlos Segura Just, don Pablo Juan Calvo Liste y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley para exigir el cumplimiento efectivo de la Instrucción
1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y
Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Principios generales de la contratación pública. los contratos menores.
La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 ('LCSP')
destaca, en su Exposición de Motivos, el papel fundamental que desempeña la contratación pública en el 'crecimiento inteligente, sostenible e integrador' del mercado interior de nuestro país.
Los contratos menores están regulados y definidos en el artículo 118.1 de la Ley supra, que estipula lo siguiente:
'Se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a 40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, sin perjuicio de lo dispuesto en el
artículo 229 en relación con las obras, servicios y suministros centralizados en el ámbito estatal.'
Esta tipología de contratos se emplea por las Administraciones públicas ('AA.PP.') como herramienta para adjudicar ofertas de manera rápida y sencilla debido a los escasos requisitos exigidos y a su simple tramitación.
Así, las AA.PP. prácticamente no tienen que seguir ningún trámite para llevar a cabo adjudicaciones por esta vía, bastando el cumplimiento de los requisitos recogidos en el artículo 118 de la LCSP, a saber:
i. Se exigirá la emisión de un informe del órgano de contratación justificando de manera motivada la necesidad del contrato.
ii. En el informe debe justificarse que no se está alterando el objeto del contrato con el fin de evitar la aplicación de los umbrales descritos en el apartado anterior (40.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 15.000 euros,
cuando se trate de contratos de suministro o de servicios).
iii. Asimismo, se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al expediente de la factura correspondiente, que deberá reunir los requisitos que las normas de desarrollo de la LCSP establecen.
iv. En los contratos de obras, además, debe añadirse el presupuesto de la obra a realizar, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto técnico si fuera necesario.
v. En aquellos contratos cuyo pago se verifique a través del sistema de anticipos de caja fija u otro similar para realizar pagos menores, siempre y cuando el valor estimado del contrato no exceda de 5.000 euros, no será necesario emitir
ningún informe.
Además, los trámites concretos se preceptúan en el artículo 63.4 de la LCSP, que dispone lo siguiente:
'La publicación de la información relativa a los contratos menores deberá realizarse al menos trimestralmente. La información a publicar para este tipo de contratos será, al menos, su objeto, duración, el importe de adjudicación, incluido
el Impuesto sobre el Valor Añadido, y la identidad del adjudicatario, ordenándose los contratos por la identidad del adjudicatario.
Quedan exceptuados de la publicación a la que se refiere el párrafo anterior, aquellos contratos cuyo valor estimado fuera inferior a cinco mil euros, siempre que el sistema de pago utilizado por los poderes adjudicadores fuera el de
anticipo de caja fija u otro sistema similar para realizar pagos menores.'
La sencillez, tanto en los requisitos como en los trámites, en comparación con aquellos exigidos a los contratos no considerados 'menores', representa, por motivo de la agilidad y simplicidad en su concesión, un riesgo a la hora de
fiscalizar el contenido, motivación y cumplimiento de los requisitos. Ese riesgo aumenta de forma considerable si tal tramitación se emplea de forma abusiva por las AAPP.
Pero, a su vez, precisamente por motivo de esa agilidad y simplicidad, esta modalidad de contratación se hace indispensable para el correcto funcionamiento de las AAPP, si bien se hace necesario mejorar los mecanismos de publicidad y control
sobre los mismos.
Segundo. Los riesgos asociados a los contratos menores.
i. Primer problema: los límites económicos.
Los contratos menores vieron modificados, a la baja, sus límites económicos con motivo de la reforma de la LCSP, que entró en vigor en marzo de 2018. Así, con anterioridad, los contratos, para su catalogación como 'menores', tenían un
límite de 18.000 euros, en caso de tener por objeto suministros y de 50.000 euros, cuando se trataba de contratos de obras.
La modificación de la norma puso de manifiesto una problemática que se repetía de manera reiterada: el abuso de la figura del contrato menor y la opacidad inherente a su tramitación y concesión. Así, la reforma de la norma permitió
comparar adjudicaciones con idénticas características objetivas y subjetivas, realizadas antes y después de su entrada en vigor, pero con precios más bajos, con la única finalidad de no superar los nuevos límites. Es decir, lo que antes tenía un
valor de 17.999 euros, con el cambio de umbral, pasaba a tener uno de 14.999 euros.
En este sentido, la fundación CIVIO, una organización sin ánimo de lucro que lucha contra la opacidad en las AA.PP. y a favor de la rendición de cuentas, exponía en un artículo publicado en su página web 54 los siguientes ejemplos:
'1. Patrimonio Nacional contrató en 2017 y 2018 a la firma Opyser para el funcionamiento de las fuentes ornamentales de la Granja de San Ildefonso en Segovia, un atractivo turístico. Cada año firmaban con ellos un contrato menor por la
cantidad exacta de 17.999,99 euros. En abril de 2019, ya con los nuevos umbrales en vigor, ese mismo contrato se ajustó debajo del nuevo límite y pasó a costar 14.900 euros.'
'2. El Gobierno de Cantabria contrató en 2018 y 2019 [dos adjudicaciones con la misma empresa y por el mismo servicio]. El primero costó 17.999 euros, justo por debajo del límite de 18.000; y, el segundo, ya con la reforma en vigor,
15.000. Una cifra, esta última, que además es ilegal, puesto que solo se pueden conceder esos contratos a dedo por debajo de 15.000 euros, no 15.000 exactos.'
'3. El Ejército adjudicó un contrato 55 de 14.999,99 euros a Essilorpara comprar lentes progresivas.' Antes de la modificación del límite económico de la Ley se firmó un contrato idéntico 56 -con la misma empresa- pero por un valor de
17.999,99 euros.
'4. El mantenimiento 57 de los jardines del cuartel de Jaime 11 costaba, en febrero de 2018,18.000 euros. Pero en abril de 2019, se adjudicó de nuevo a la misma empresa, Gomariz Jardiners, pero esta vez por 14.940.'
Según la citada fundación, casi el '10 % de los contratos de entre el 1 de agosto de 2018 y el 31 de julio de 2019 de suministros y servicios [1.101 contratos menores de suministros y servicios] se situaban en la franja de 14.900 euros y
14.999,99 euros'.
Por su parte, un 2 % (756 contratos) de los mismos se encontraban en la franja de entre 14.999 euros y 15.000 euros, inclusive.
54 https://civio.es/quien-cobra-la-obra/ 2020/01/29/ Ia-invasion-de-los-contratos-menores-de-14-dot-999-99eu/
55 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfljU1|TC3Iy87KtUI|LEnNyUuNzMpMzSxKTgQrww_Wj9KMyU1zLcvQjLaKygwxd0q|UDdlsStNMEp38tcsCcwItbfULcnMdAYt36Xo!/
56 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfljU1ITC3ly87KtUIILEnNyUuNzMpMzS?xKTgQrOw_Wj9KMyU1zLcvQjcOzc1Iy080rnLMDyY1CXNMi3Cu1HW1t9Qtycx0B-8c8WQ!!/
57 https://contrataciondelestado.es/wps/portal/!ut/p/b0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfljU1|TC3Iy87KtUI|LEnNyUuNzMpMzSxKTgQrww_Wj9KMyU1zLcvQjA83Lo_IyygLMSxwDvYlCXNMi3CulHWlt9Qtycx0BNt6Isg!!/
ii. Segundo problema: la falta de transparencia.
La modificación del umbral económico y la comparativa en los precios de adjudicación, antes y después de la modificación de la Ley, lleva a hacer una reflexión sobre los contratos de servicios, suministros y obras en referencia a su objeto y
necesidad frente al coste o precio ofertado. Y todo ello porque se trata de contratos adjudicados sin existencia de un proceso de concurso abierto y transparente.
Sin embargo, existen otros cauces procedimentales ordinarios, más complejos, como anticipábamos en el expositivo segundo: el procedimiento abierto -con su variante de abierto simplificado- (arts. 156 a 159 LCSP) y el procedimiento
restringido (arts. 160 a 165), entre otros. La diferencia entre ambos radica esencialmente en el grado de apertura a los posibles oferentes. Así, mientras que en el procedimiento abierto todo empresario interesado podrá presentar su proposición,
en el restringido solo podrán presentar proposiciones quienes, a su solicitud y en atención a su solvencia, sean seleccionados por el órgano de contratación .
Así, incluso estos contratos, cuyo procedimiento y tramitación es más riguroso, presentan cierta problemática que se traduce en opacidad. La misma se ha puesto claramente de relieve en las adjudicaciones realizadas durante el Estado de
alarma y sus sucesivas prórrogas.
En este sentido, se ha verificado como numerosos contratos no tenían la publicidad suficiente, no se publicaban datos de los adjudicatarios (como sus domicilios sociales), algunos de ellos quedaban desiertos y muchos contenían errores
tipográficos graves, entre otros muchos ejemplos.
Sin embargo, y pese a las tachas reflejadas, estos procedimientos, al contrario que aquel respectivo a los contratos menores, garantizan de manera más eficaz y eficiente el control y los principios que deben regir la contratación pública y
que inspiran el articulado de la LCSP. Así, la propia Exposición de Motivos de la norma aboga por 'una mayor transparencia en la contratación pública y (...) una mejor relación calidad-precio (...), persiguiéndose en todo momento la eficiencia en
el gasto público y el respeto a los principios de igualdad de trato, no discriminación, transparencia, proporcionalidad e integridad' y reitera este principio en numerosas ocasiones en su articulado.
Sin embargo, las AAPP recurren sistemáticamente al contrato menor para evitar tener que adjudicar contratos por procedimientos más complejos y con mayores requisitos de carácter formal, pero que sirven para garantizar una mayor
transparencia.
A lo anterior se añade la recurrente contratación de servicios que son necesarios anualmente y, por tanto, previsibles, debiendo estar previstos en los presupuestos del organismo público correspondiente, evitando así la necesidad de acudir a
este tipo de contratación.
iii. Tercer problema: el control.
El artículo 332 LCSP crea la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España (en adelante 'OIReSCon') como organismo independiente adscrito al Ministerio de Hacienda 'con la finalidad de velar por la correcta
aplicación de la legislación y, en particular, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades, en relación con la contratación pública'.
La labor de la OIReSCon en materia de contratos menores es de singular importancia, toda vez que se ha tratado de un tema muy controvertido que ha dado lugar a pronunciamientos muy dispares entre sí (tanto de la Junta Consultiva del Estado
como de las juntas autonómicas). En especial, la cuestión que ha suscitado más discrepancias es el contenido del apartado 3 del artículo 118 de la LCSP.
Ante esta situación de inseguridad jurídica y de una problemática persistente, la OIReScon publicó una Resolución el 6 de marzo de 2019, por la que se anunciaba la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre 58 ('Instrucción') ejerciendo así su potestad regulatoria y evitando esta disparidad interpretativa.
Si bien la Instrucción hace referencia al artículo 118 LCSP, previa su modificación operada por la Disposición final primera del Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico
español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales, las exigencias contempladas en
la misma resultan igualmente de aplicación y mantienen su poder vinculante para con las AAPP.
58 https//www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2019-3281.
Así, mediante la siguiente aclaración, contenida en la Instrucción, cuyo contenido es 'vinculante', en relación con el artículo 118.3 LCSP, se dispuso que:
'Las limitaciones derivadas de este precepto requieren una interpretación de acuerdo a su finalidad y contexto en el marco de los principios establecidos en el artículo 1 de la LCSP, entre ellos la libertad de acceso a las licitaciones y no
discriminación e igualdad de trato entre los licitadores.
En primer lugar, la necesidad de justificar la no alteración del objeto del contrato, para evitar la aplicación de reglas contractuales, remite a la obligación establecida con carácter general consistente en el no fraccionamiento del objeto
del contrato.
En segundo lugar, deberá justificarse adecuadamente, en su caso, que el objeto contractual es cualitativamente distinto al de otros que hayan sido perfeccionados anteriormente con el mismo operador económico, o bien que no constituyen Unidad
funcional.
En estos supuestos, no operarán los límites cuantitativos indicados en el artículo 118.3 [cifra contemplada en el apartado 1] de la LCSP.
Por otro lado, y de acuerdo a los principios de publicidad y concurrencia que recoge la LCSP, el órgano de contratación puede acordar la celebración de contratos de cuantía inferior con sujeción a procedimientos abiertos, abiertos
simplificados y su variante establecida en el artículo 159.6 de la LCSP. Mención especial merece la figura del nuevo procedimiento abierto simplificado, cuya creación responde a la necesidad de agilizar ¡a contratación administrativa, sin menoscabo
de los citados principios de transparencia, publicidad y concurrencia. Así, la propia ley, reduce la contratación directa a situaciones extraordinarias.
Habida cuenta de lo anterior y teniendo en cuenta el marco establecido del apartado 3 del artículo 118 de la LCSP, la suscripción de contratos menores debe realizarse siguiendo las siguientes directrices:
1. La justificación de su necesidad y causa de su falta de planificación, por lo que no podrán ser objeto de un contrato menor prestaciones que tengan carácter recurrente, de forma que, año tras año, respondan a una misma necesidad para la
entidad contratante, de modo que pueda planificarse su contratación y hacerse por los procedimientos ordinarios.
2. El valor estimado de la contratación menor, en ningún caso podrá superar los límites establecidos en el artículo 118.1 de la LCSP, calculado conforme a las reglas indicadas en el artículo 101 de la misma norma.
3. Debe justificarse la ausencia de fraccionamiento del objeto de contrato. Es decir, debe justificarse que no se han separado las prestaciones que forman la 'Unidad funcional' del objeto del contrato con el único fin de eludir las normas
de publicidad en materia de contratación. (...) Así, la justificación debe versar sobre la indispensable e intrínseca vinculación entre las prestaciones en cuestión para la consecución de un fin, esto es, la satisfacción de la necesidad que motiva
la celebración del contrato.
En sentido contrario, las prestaciones que tienen una función técnica individualizada pero forman parte de un todo (Unidad operativa), estando gestionadas por una Unidad organizativa (Unidad gestora) no suponen fraccionamiento y podrán ser
objeto de contratación menor si se cumplen el resto de requisitos para esta modalidad. Así, no existirá fraccionamiento en el caso de prestaciones contratadas separadamente que sirven un mismo objetivo o necesidad, pero que de manera
individualizada no sufre menoscabo en su ejecución, conservando su sentido técnico o económico, pudiéndose ejecutar separadamente.
En aquellos supuestos en los que las prestaciones son completamente diferentes y no supongan un fraccionamiento del objeto, aunque sea un mismo tipo de contrato, podrán celebrarse varios contratos menores con el mismo contratista, si bien,
como se ha indicado anteriormente, estas circunstancias deberán quedar debidamente justificadas en el expediente'.
En este sentido, en julio de 2019 el Ministerio de Hacienda elaboró otro informe 59 apoyado en los datos recabados por la OIReScon. El documento mostraba la necesidad de aplicar de forma correcta y efectiva la Instrucción de marzo de 2019,
ante la dificultad que la falta de publicidad e información
59 https://www.pap.hacienda.gob.es/sitios/pap/es-ES/Documents/OIRESCON%20FIRMADO.pdf
planteaba para ejercer su labor de control en este tipo de contratos. En el mentado informe, se presentaban los siguientes datos:
'2.2.1 Contratos menores.
b) La adaptación a los nuevos requisitos de publicación en la PCSP de CM
[Contratos Menores] establecidos por la LCSP.
El artículo 63.4 de la LCSP establece obligaciones de publicidad de la CM en la PCSP que deben ser cumplidas para garantizar el principio de transparencia de la gestión pública y como mecanismo de control de esta figura excepcional.
El 58 % de PAAP [Poder Adjudicador Administración Pública] y los 3 PANAP [Poder Adjudicador No Administración Pública] presentan distintos grados de cumplimiento de esta obligación, a diferencia de un 36 % de PAAP que no envían la
información a la PCSP.
La publicación incompleta o extemporánea o la ausencia de publicación es un incumplimiento que puede verse agravado por el hecho de que los perfiles de contratante no estén alojados en la PCSP, ya que el artículo 347.2 de la LCSP establece
la obligación de alojar en la PCSP los perfiles de contratación de los OC [Órgano Contratante] de todas las entidades del sector público estatal, gestionándose y difundiéndose exclusivamente esta información a través de la misma. Asimismo,
establece que en las páginas web institucionales de los OC se debe incluir un enlace a su perfil de contratante situado en la PCSP.'
En puntos posteriores, el documento también señalaba otros aspectos que deben ser tenidos en cuenta, tales como:
'2.3.1 Contratos menores
a) Fiabilidad de la información contractual proporcionada por los OC. (...) En el 22 % de PAAP y otro de los PANAP se encontraron muchas discrepancias en la información proporcionada.
2.4.1 Contratos menores.
b) Publicación en PCSP.
Los resultados obtenidos al analizar los expedientes seleccionados ponen de manifiesto que los 3 PANAP han publicado correctamente en la PCSP los CM sujetos a LCSP analizados, mientras que más de un cuarto de los CM sujetos a LCSP analizados
de los PAAP presentan deficiencias en dicha publicación.
Esto no solo constituye un incumplimiento legal sino también supone que estos contratos se excluyen de la publicidad y la transparencia.
c) Necesidades administrativas e indicios de fraccionamiento.
(...) casi la mitad de los CM examinados de PAAP y de un 20% de PANAP se han celebrado para cubrir necesidades conocidas de antemano (permanentes o recurrentes) y que, por lo tanto, deberían haberse planificado para poder haberse adjudicado
por procedimientos más adecuados, abiertos a la publicidad y ala concurrencia y que podrían haber supuesto una gestión más eficaz y eficiente de los recursos públicos. El uso de CM para necesidades repetitivas durante el ejercicio (recurrentes) o
entre ejercicios (permanentes) puede suponer un indicio significativo de fraccionamiento. Esta circunstancia junto con el análisis de importes próximos a los límites legales realizado en el apartado 2.4.1.c) hacen que el riesgo de fraccionamiento
aumente.'
Asimismo, en el último informe de este órgano independiente publicado en marzo de 2021 60 , se analizaban las contrataciones adjudicadas durante los dos estados de alarma declarados por el Gobierno de España, y señalaba, respecto a los
contratos menores, lo siguiente:
'Los contratos menores tramitados, no se dispone de información sobre las circunstancias que motivan la tramitación de emergencia. Destaca también por el porcentaje alcanzado 61 , el procedimiento abierto simplificado y normas internas, si
bien en este último caso, el número de contratos tramitado, es muy reducido.'
Tercero. Conclusiones.
Del contenido de los informes transcritos en el expositivo precedente, queda constatado que el procedimiento para la adjudicación de contratos menores presenta numerosas deficiencias, destacando las siguientes:
1. Existe un abuso de los contratos menores, en tanto que la Administración pública, en ciertas ocasiones, emplea estos contratos con el fin de no tener que cumplimentar los requisitos más complejos y rigurosos que presenta el procedimiento
abierto. No cabe otra explicación para justificar que contratos con el mismo objeto y ofrecidos por la misma sociedad cambien de importe al tiempo que cambia el umbral legal para acudir al procedimiento de contratos menores.
En el mismo sentido, en ocasiones, estos contratos, necesarios por la agilidad que procuran, tienen por objeto necesidades que quizá no sean tan acuciantes e, incluso, que hubieren podido preverse por tratarse de servicios recurrentes o de
carácter anual.
2. Existe una opacidad patente. La falta de transparencia es manifiesta, pues no cuadran los datos referentes a los contratos adjudicados con aquellos publicados en la Plataforma de Contratos del Sector Público. En el mismo sentido los
datos publicados adolecen de deficiencias tanto en referencia a la justificación de los motivos de urgente necesidad como en lo respectivo a la publicidad activa.
3. Todo ello, a su vez, revierte en la dificultades manifiestas a la hora de ejercer la labor de control, como la realizada por la OIReScon.
El abuso ejercido del procedimiento para contratos menores por parte del Gobierno durante los dos estados de alarma ha puesto de relieve, nuevamente, las irregularidades que la OIReScon, ya por el año 2019, puso de manifiesto en sendos
informes, sin que las instrucciones en ellos contenidas, vinculantes para con las AA.PP., hayan tenido el acatamiento necesario.
Por todo ello, y a la vista de las evidentes necesidades que justifican la existencia de los contratos menores -agilidad y simplicidad-, se hace indispensable afianzar que el empleo de esta modalidad de contratación se ajuste al respectivo
marco regulador.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Cumplir de manera íntegra y efectiva la Instrucción 1/2019, de 28 de febrero, sobre contratos menores, regulados en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, interpretada conforme a la modificación operada en la Disposición final primera del
Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados;
de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales.
2. Que todos los contratos comprendidos en el ámbito subjetivo de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público se publiquen de conformidad con lo dispuesto en la ORDEN EHA/1220/2008, de 30 de abril, por la que se
aprueban las instrucciones para operar en la Plataforma de
60 https://www.hacienda, gob. es / RSC / OIReScon / CO VID-19 / ies-emergencias-2021 / IES-emergencias-2021 .pdf
61 Debe tenerse en cuenta, en este sentido, el Estudio 'Spending Review Fase II. 'Gasto hospitalario en el Sistema Nacional de Salud' de la AIREF' publicado en octubre de 2020, en el que detecta que el 70% de la contratación de medicamentos
en el periodo analizado se ha instrumentado a través de contratos menores y compra directa a los laboratorios farmacéuticos sin utilizar los procedimientos de adjudicación de la LCSP.
Contratación del Estado, de manera uniforme en lo referido a la denominación, la numeración y la correspondiente identificación de los órganos de contratación a fin de facilitar su búsqueda y comprobación.
3. Promover, en el marco de sus competencias, que todas las Administraciones territoriales cumplan con las exigencias expuestas en los apartados precedentes.
4. Fortalecer la autoridad e independencia de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación de España, basándose en el modelo de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, con plena autonomía orgánica y
funcional respecto del Ministerio de Hacienda. A tal fin, se habrá de garantizar por vía legal o estatutaria 62 :
i. En el plano orgánico:
a) El reconocimiento de personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada, que ejerce sus funciones con autonomía e independencia funcional respecto de las Administraciones Públicas.
b) Su autonomía normativa, es decir, la potestad para elaborar y aprobar su reglamento interno relativo a su organización y funcionamiento.
ii. En lo que respecta a la autonomía funcional:
a) aseguramiento de que, en el desempeño de tales funciones, en ningún caso solicitarán o recibirán órdenes o instrucciones del Gobierno, de cualquier otro órgano público o ente privado;
iii. En cuanto a la autonomía personal:
a) el nombramiento de la dirección de la OIReScon será conferido a órgano distinto del Gobierno.
b) el establecimiento de requisitos de elegibilidad.
c) la fijación de causas de inelegibilidad.
d) el establecimiento del régimen de incompatibilidades con la previsión de la realización de la pertinente declaración de bienes e intereses.
iv. En relación a la autonomía financiero-presupuestaria:
a) la facultad de elaboración de su propio presupuesto,
b) la garantía de que figure en el correspondiente capítulo separado de los Presupuestos Generales del Estado.
c) la garantía de suficiencia financiera en términos de medios materiales y personales.
v. Por último, la autonomía administrativa en materia de personal, contratación y patrimonio.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 29 de mayo de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002725
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Juan Carlos Segura Just, don Pablo Juan Calvo Liste y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa al cumplimiento de la exigencia de elaboración del
Informe Anual de Evaluación Normativa y la Memoria Anual de la actividad de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa, para su discusión en la Comisión de Política Territorial y Función Pública.
62 García Costa, F.M. (enero, 2020). La independencia de las autoridades administrativas garantes del derecho de acceso a la información pública. Revista General de Derecho Administrativo (núm. 53). lustel.
Exposición de motivos
Primero. Antecedentes normativos.
La Constitución Española de 1978 ('CE') indica en su artículo 103.1 que:
'La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho.'
Por otro lado, la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno ('Ley del Gobierno') contempla en su artículo 25, como consecuencia de la modificación introducida por la disposición final tercera de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público, la preceptiva elaboración de un Plan Anual Normativo por parte del Ejecutivo:
'1. El Gobierno aprobará anualmente un Plan Normativo que contendrá las iniciativas legislativas o reglamentarias que vayan a ser elevadas para su aprobación en el año siguiente.
2. El Plan Anual Normativo identificará, con arreglo a los criterios que se establezcan reglamentariamente, las normas que habrán de someterse a un análisis sobre los resultados de su aplicación, atendiendo fundamentalmente al coste que
suponen para la Administración o los destinatarios y las cargas administrativas impuestas a estos últimos.
3. Cuando se eleve para su aprobación por el órgano competente una propuesta normativa que no figurara en el Plan Anual Normativo al que se refiere el presente artículo será necesario justificar este hecho en la correspondiente Memoria del
Análisis de Impacto Normativo.
4. El Plan Anual Normativo estará coordinado por el Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la congruencia de todas las iniciativas que se tramiten y de evitar sucesivas modificaciones del régimen legal aplicable a un
determinado sector o área de actividad en un corto espacio de tiempo. El Ministro de la Presidencia elevará el Plan al Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril.
Por orden del Ministerio de la Presidencia se aprobarán los modelos que contengan la información a remitir sobre cada iniciativa normativa para su inclusión en el Plan.'
El Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado encuentra su desarrollo en el Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual de Evaluación Normativa de la
Administración General del Estado y se crea la junta de Planificación y Evaluación Normativa (Real Decreto 286/2017).
Finalmente, el derogado Real Decreto 771/2017, de 28 de julio, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales y se modifica el Real Decreto 424/2016, de 11 de
noviembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales introdujo en el entramado administrativo español la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa para ejercer las funciones del artículo 26.9 de la
Ley del Gobierno. No obstante, la entrada en funcionamiento del organismo no tuvo lugar hasta la aprobación del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, -por el que se establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y
Calidad Normativa ('Real Decreto 1081/2017').
Segundo. El informe anual de evaluación normativa.
El citado Real Decreto 286/2017 regula los pormenores del Plan Anual Normativo a elaborar y aprobar por el Gobierno antes del 30 de abril del año anterior a su vigencia.
Asimismo, este instrumento jurídico contempla en el artículo 4 el Informe Anual de Evaluación Normativa con el fin de exponer el alcance del cumplimiento del Plan Anual Normativo del año inmediatamente anterior, entre otros objetivos:
'1. La Junta de Planificación y Evaluación Normativa elaborará el proyecto de Informe Anual de Evaluación Normativa, en el que se reflejará el grado de cumplimiento del Plan Anual Normativo del año anterior, las iniciativas adoptadas que no
estaban inicialmente incluidas en el Plan, así como las incluidas en anteriores informes de evaluación con objetivos plurianuales que hayan producido al menos parte de sus efectos en el año que se evalúa.
2. En dicho informe se incluirán las conclusiones del análisis de la aplicación de las normas a que se refiere el artículo 3, que, de acuerdo con lo previsto en su respectiva memoria, hayan sido evaluadas en el ejercicio anterior. El
informe podrá contener recomendaciones específicas de modificación y, en su caso, derogación de las normas evaluadas, cuando así lo aconsejase el resultado del análisis.
3. La persona titular del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, elevará el proyecto de Informe Anual de Evaluación Normativa al
Consejo de Ministros para su aprobación antes del 30 de abril de cada año.
4. Una vez aprobado, el Informe Anual de Evaluación Normativa se publicará en el Portal de la Transparencia de la Administración General del Estado.'
A fecha de registro de la presente iniciativa aún no hay constancia de elaboración ni aprobación de esta documentación en tanto en cuanto aún no se encuentra publicada en el Portal de Transparencia de la Administración General del Estado 63.
La principal razón puede deberse al retraso en la aprobación del Plan Anual Normativo de la Administración General del Estado para 2020: el Consejo de Ministros no lo hizo hasta el pasado 8 de septiembre de 2020 cuando debía hacerse antes
del 30 de abril 64. No obstante, ello no puede ser una excusa para profundizar en el incumplimiento como consecuencia de una primera inobservancia del ordenamiento jurídico.
Tercero. La memoria anual de la oficina de coordinación y calidad normativa.
El Real Decreto 1081/2017 configura el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa. Este organismo tiene por fin 'promover la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno', en atención al
artículo 1. Actualmente depende de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, con nivel orgánico de subdirección general.
Como principal función, le corresponde, en particular, la emisión del preceptivo informe al que se refiere el apartado noveno del artículo 26 de la Ley del Gobierno en relación con los anteproyectos de ley, orgánica u ordinaria, los
proyectos de real decreto-ley, los proyectos de real decreto legislativo y los proyectos de real decreto de carácter reglamentario.
Asimismo, a fin de concentrar en un documento el conjunto de acciones llevadas a cabo por esta institución, el artículo 8 del meritado real decreto obliga a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa a la elaboración de una memoria
anual:
'La Oficina de Coordinación y Calidad Normativa elaborará una memoria anual de su actividad, que será elevada por el titular de la Subsecretaría de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales al titular del mismo departamento, y
publicada en el portal web del Ministerio antes del 30 de abril de cada año.'
A fecha de registro de la presente iniciativa aún no hay constancia de elaboración ni aprobación de este documento habida cuenta de que aún no se encuentra publicado en el apartado web del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática destinado a la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa 65.
Cuarto. Conclusión.
La Administración General del Estado debe actuar conforme a los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la Constitución, a la Ley y al Derecho. Asimismo, en su acción
debe observar, entre otros, la máxima de servicio efectivo a los ciudadanos, tal y como reza el artículo 3.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
A día de hoy, el Consejo de Ministros no ha aprobado aún el Informe Anual de Evaluación Normativa cuando debía hacerse antes del 30 de abril del presente año. Igualmente, no hay constancia de la elaboración y aprobación de la memoria anual
de la Oficina de Coordinación y Calidad Democrática correspondiente al año 2020 cuando la norma obliga a ello antes de esa misma fecha.
63 https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia Home/index/PublicidadActiva/Normativa / Plan AnualNormativo .html
64 https://www.lamoncloa. gob.es / conseiodeministros/Paginas / enlaces / 080920-enlace-plan.aspx
65 https://www.mpr.eob.es/mpr/subse/occn/Paginas/novedades.aspx
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Elaborar, a la mayor brevedad posible, el Informe Anual de Evaluación Normativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto 286/2017, de 24 de marzo, por el que se regulan el Plan Anual Normativo y el Informe Anual
de Evaluación Normativa de la Administración General del Estado y se crea la Junta de Planificación y Evaluación Normativa.
2. Elaborar, a la mayor brevedad posible, la Memoria Anual de la actividad de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 1081/2017, de 29 de diciembre, por el que se
establece el régimen de funcionamiento de la Oficina de Coordinación y Calidad Normativa.
3. En general, ajustarse a los plazos de elaboración y aprobación de aquellos documentos de obligado cumplimiento de acuerdo con cuanto dispone el ordenamiento jurídico.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just y Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002727
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, don Emilio Jesús del Valle Rodríguez, don Eduardo Luis Ruiz Navarro, don Juan Carlos Segura Just, don Pablo Juan Calvo Liste y don José María Figaredo Álvarez-Sala, en sus respectivas condiciones de Portavoz
Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley por la que se insta al Gobierno a abstenerse de nombrar o
proponer como máximos responsables del sector público empresarial y de aquellas empresas en que el Estado tenga participación a personas con base en criterios de afinidad u oportunidad política, para su discusión en la Comisión de Política
Territorial y Función Pública.
Exposición de motivos
Primero. Indra Sistemas, S.A.
'Indra Sistemas, S.A.' ('Indra') es una de las principales compañías globales de tecnología y consultoría y, como tal, socio tecnológico para las operaciones clave de los negocios de sus clientes en todo el mundo. Es un proveedor líder
mundial de soluciones propias en segmentos específicos de los mercados de Transporte y Defensa, y la empresa líder en consultoría de transformación digital y Tecnologías de la Información en España y Latinoamérica a través de su filial Minsait.
En el ejercicio 2020, Indra tuvo unos ingresos de 3.043 millones de euros, cerca de 48.000 empleados, presencia local en 46 países y operaciones comerciales en más de 140 países 66.
Según dispone el artículo 2 de los Estatutos Sociales de Indra, constituye su objeto social 67:
'a) El diseño, desarrollo, producción, integración, operación, mantenimiento, reparación y comercialización de sistemas, soluciones y productos -incluidos vehículos automotores, buques, aeronaves y dispositivos o vehículos aeroespaciales-
que hagan uso de las tecnologías de la información (informática, electrónica y comunicaciones), así como de cualquier parte o componente de los mismos y cualquier tipo de servicios relacionados con todo ello, incluyendo la obra civil necesaria para
su instalación, siendo de aplicación a cualquier campo o sector.
66 https://www.indracompany.com/es/indra
67 https://www.indracompanv.com/sites/default/files/d7/Accionistas72020/Estatutos/estatutos refundidos de la sociedad junio 2020.pdf
b) La prestación de servicios en los ámbitos de consultoría de negocio y de gestión, considtoría tecnológica y formación destinados a cualquier campo o sector, incluyendo la ordenación del territorio y el medioambiente; la elaboración y
ejecución de toda clase de estudios y proyectos, así como la dirección, asistencia técnica, transferencia de tecnología, comercialización y administración de tales estudios, proyectos y actividades.
c) La prestación de servicios de externalización de actividades y procesos pertenecientes a cualquier campo o sector.'
Indra no dispone de un registro nominal de sus accionistas, por lo que únicamente puede conocer la composición de su accionariado por la información que éstos le comuniquen directamente o hagan pública en aplicación de la normativa vigente
sobre participaciones significativas 68, y por la información que facilita 'Iberclear', que la Sociedad recaba con ocasión de la celebración de sus juntas generales de accionistas.
La Sociedad Estatal de Participaciones ('SEPI') ostenta un 18,7 % de las acciones, siendo así su socio mayoritario.
La SEPI, cuyo nacimiento se articuló por medio de la Ley 5/1996, de 10 de enero, de creación de determinadas entidades de derecho público ('Ley 5/1996') tiene por misión, tal y como reza su pagina web, 'rentabilizar las participaciones
empresariales y orientar todas las actuaciones atendiendo al interés público. De esta forma, la gestión de SEPI debe aunar la rentabilidad económica y la rentabilidad social'.
Segundo. La sustitución del Presidente de Indra.
El pasado viernes, 21 de mayo de 2021, se hacía pública la inminente sustitución del presidente de Indra desde enero de 2015, don Fernando Abril-Martorell Hernández, previsiblemente, por don Marc Murtra Millar.
El Sr. Abril-Martorell, nacido en Segovia en 1962, es licenciado en Derecho y Administración de Empresas por ICADE (Madrid).
Ha desarrollado su actividad en diferentes empresas de servicios, industriales y financieras. Entre 2011 y 2014 ha sido Consejero Delegado del Grupo Prisa. Entre el año 2005 y 2011 fue CEO de Credit Suisse en España y Portugal. Fue
Consejero Delegado del Grupo Telefónica de los años 2000 a 2003 y, previamente, Director Financiero entre 1997 y 2000. Comenzó su carrera en JP Morgan donde estuvo 10 años entre 1987 y 1997 en las oficinas de Madrid, Nueva York y Londres.
Actualmente, es consejero en 'Ence Energía y Celulosa, S.A.' y 'Adevinta ASA' 69.
68 Obligación de comunicar, con carácter general, participaciones superiores al 3% del capital social.
69 https://www.indracompanv.com/es/accionistas/govcrmment/2878/nid/41523
La trayectoria profesional del Sr. Abril-Martorell demuestra su valía en el ámbito laboral, habiendo desarrollado puestos de altísimo nivel en empresas de relevancia internacional.
Por su parte, el sustituto del Sr. Abril-Martorell, el Sr. Murtra Millar, nacido en Blackburn, Lancashire, en el Reino Unido, en 1972, es patrono de la Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona, 'la Caixa' desde febrero
de 2021.
Es Ingeniero Industrial, especialidad Mecánica de Máquinas, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona (ETSEIB), de la Universidad Politécnica de Cataluña. También tiene un Máster en Administración de Empresas
(MBA) con major en Finanzas por la Leonard School of Business de la Universidad de Nueva York.
Empezó su carrera profesional en la industria nuclear en British Nuclear Fuels Ltd en el Reino Unido, después trabajó en la consultora de estrategia DiamondCluster, donde prestó servicios para grandes empresas tecnológicas.
Ha dedicado varios años a la función pública, donde fue especialista en Estrategia Digital, Transformación Digital y Public-Private Partnerships. En este cometido desarrolló la labor de director de gabinete del Ministro de Industria,
Turismo y Comercio del Gobierno de España, don Joan Clos i Matheu. En el Ayuntamiento de Barcelona fue gerente de Educación, Cultura y Bienestar.
En 2011 regresó al sector privado en el ámbito de la Banca de Inversión.
Es profesor asociado de Dirección Financiera y Economía Financiera en la Universidad Pompeu Fabra.
Ha sido miembro de varios consejos de administración incluyendo Paradores de Turismo de España, Red.es, Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y Gordoning 70.
El Reglamento del Consejo de Administración y de sus Comisiones de Indra ('Reglamento'), de diciembre de 2020, establece, en su artículo 10.1 que:
'1. El presidente del Consejo será elegido de entre sus miembros, previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo. Cuando el presidente tenga la condición de primer ejecutivo de la Sociedad, el Consejo
delegará en él las facultades precisas para el eficaz desempeño de su cargo.'
Por su parte, el artículo 19.5.k) del Reglamento señala como función de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Gobierno Corporativo la de:
'Informar el plan de sucesión del presidente del Consejo, de los consejeros ejecutivos y de los altos directivos que haya de aprobar el Consejo.'
El mentado informe habrá de ser analizado por el Consejo de Administración, hecho que, según fuentes de información pública, acontecerá de manera inminente. Y, posteriormente, la designación del presidente habrá de ser ratificada el próximo
30 de junio en la Junta General Ordinaria de Indra.
Tercero. Las consecuencias inmediatas de la noticia sobre la sustitución del Presidente de Indra.
Sin entrar a valorar la idoneidad del candidato propuesto por la SEPI para sustituir al Sr. Abril-Martorell, lo cierto es que su previsible nombramiento ha suscitado mucha controversia. Una controversia que se ha plasmado en fuentes de
información pública, repercutiendo de forma muy negativa en el valor de cotización de la propia mercantil en bolsa.
Así, medios como Vozpopuli 71 destacan que los accionistas de Indra están asombrados e indignados por la sustitución del presidente de la sociedad. Igualmente, el medio afirma que se han puesto en contacto con el mismo representantes de
importantes accionistas de Indra, trasladando 'su pesar por lo que consideran una maniobra del Gobierno para relevar del puesto a Abril-Martorell. Señalan que existe un fuerte distanciamiento entre el hasta ahora presidente del grupo y el
Ministerio de Industria, entre otras cosas por la negativa de Abril-Martorell de adquirir ITP Aero, compañía española de componentes de la industria aeronáutica, propiedad de Rolls-Royce'.
El nombramiento, impuesto por la SEPI que, como anticipábamos, ostenta el 18,7% del capital social, provocó que el viernes pasado Indra obtuviera una perdida del 8% del valor en Bolsa, del 4,72% el lunes 24 de mayo, y del 1,05% el martes 25
de mayo.
70 https://fundacionlacaixa.org/es/quienes-somos/informacion-corporativa/gobierno-corporativo/marc-murtra-millar
71 https://www.vozpopuli.com/economia y finanzas/accionistas-indra-criticas-nuevo-presidente.html
El mismo medio publica información referente a que 'miembros del consejo de administración de Indra han propuesto la convocatoria de una junta extraordinaria para tratar el nombramiento de nuevo presidente del grupo, una medida impuesta por
la SEPI' 72.
La consideración de esta propuesta como una injerencia clara en la autonomía que habría de imperar en la mercantil es generalizada, más si cabe, en atención a que el área más rentable de Indra es aquella relacionada con la Defensa y
Seguridad que, a su vez, depende en su mayoría, de los contratos que tiene suscritos la mercantil con el Estado 73.
Así, los medios de comunicación señalan que difícilmente será evitable el nombramiento del Sr. Murtra Millar, pese a ser una prerrogativa de la junta general ordinaria y de la perplejidad existente en relación con el perfil seleccionado
para ocupar el puesto del Sr. Abril-Martorell 74.
Fuentes cercanas a la cúpula de Indra indican que el candidato no reúne la experiencia suficiente como para presidir una multinacional del tamaño de Indra 75.
Cuarto. La interminable lista de nombramientos de afines al Gobierno.
La incertidumbre que ha generado la sustitución de la presidencia de Indra ha inquietado a los accionistas. Sobre todo, por el hecho de que el nuevo dirigente fue jefe de gabinete del socialista Joan Clos i Matheu cuando era Ministro de
Industria, Comercio y Turismo, y ha estado estrechamente vinculado con el PSC.
'Los socios temen una gestión menos profesional y con injerencias políticas hasta tal punto que la dirección del grupo ha recibido quejas directas de inversores institucionales pidiendo explicaciones. 76'
La Ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero Cuadrado, aseguraba el martes, 25 de mayo, que el relevo en la presidencia de Indra 'no tiene lecturas políticas', señalando igualmente que el mandato del Sr.
Abril-Martorell vencía este mes de junio, lo que, según la ministra, 'es condición sine qua non para ser presidente, por lo que el relevo presidencial se ajusta a la normalidad'.
Este hecho reviste poca precisión jurídica, pues la renovación es posible si así lo propusieren los accionistas, como así ocurrió en la Junta General de Accionistas de junio de 2018. De hecho, el antecesor del Sr. Abril-Martorell, don
Javier Monzón, fue presidente de Indra durante 22 años.
Además, las declaraciones de la Ministra no están amparadas por la política de nombramientos del Gobierno. Y ello porque esta última se basa en ocupar las cúpulas de las entidades en las que cuenta con participación a través de la SEPI.
Así, la lista de nombramientos de amigos personales y de antiguos miembros de los partidos ahora en el Gobierno como presidentes, cargos directivos o consejeros en empresas públicas es muy extensa. Antes al contrario, la propuesta de designación
como presidente del Sr. Murtra Millar no es más que otro eslabón en una estrategia continuada de la autodenominada 'coalición progresista' de utilizar todos los resortes del Estado para colocar a sus amigos en las instituciones. Así, entre otros:
- El 8 de febrero de 2021 don Manuel Lago Peñas fue nombrado Consejero externo dominical 77 de Navantia sustituyendo a don Daniel Jiménez Díaz. El señor Lago Peñas había sido diputado de En Marea en el parlamento autonómico de Galicia y
asesor de la ministra de Trabajo y Economía Social, doña Yolanda Díaz Pérez.
- El pasado 7 de noviembre, se publicaba en el BOE el nombramiento de Da María Luisa Araujo Chamorro como Presidenta de la OIReScon. Había ostentando diversos cargos de confianza bajo los Ejecutivos socialistas.
- El nombramiento del Director General del Consorcio Casa América, don Borja Luis Cabezón Royo, Diputado de la Asamblea de Madrid por el PSOE.
72 https://www.vozpopuli.com/economia y finanzas/rebelion-mdra-junta-dedazo-de-sanchez.html
73 https://www.economiadigital.es/empresas/el-cambio-de-presidente-en-indra-subleva-a- accionistas-e-inversores.htm
74 Ibid., supra.
75 https://www.vozpopuli.com/economia y finanzas/accionistas-indra-criticas-nuevo- presidente.html
76 https://www.economiadigital.es/empresas/el-cambio-de-presidente-en-indra-subleva-a-accionistas-e-inversores.html
77 El artículo 49 de los Estatutos de Navantia dispone que los Consejero externo dominical: son aquellos que habiendo sido nombrados por la Administración General del Estado a través de sus representantes en la Junta General de la Sociedad
o propuestos al Consejo de Administración para su nombramiento por el sistema de cooptación, no respondan a los requisitos definitorios de Consejero ejecutivo o Consejero independiente.
- El nuevo presidente de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A., don Francisco Rodríguez Mulero, vinculado a la política, a través del PSOE, desde 1987. Hasta ahora era Secretario Autonómico de Agricultura y
Desarrollo Rural de la Agencia Valenciana de Fomento y Garantía Agraria, bajo la presidencia de Joaquín Francisco Puig i Ferrer.
- El nuevo presidente-ejecutivo de la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina, S.M.E., don Joaquín López Pagán, fue Diputado regional y portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional de Murcia. Licenciado en
derecho, su experiencia no tiene relación alguna con la acústica y electrónica submarina -rama en la que SAES está especializada- ni tampoco con la tecnología sonar y guerra antisubmarina.
- La nueva presidenta de Sainsel Sistemas Navales, SA, SME, doña Susana Hernández Ruiz, fue concejal del Ayuntamiento de Murcia en la legislatura 2011-2015. Desde el año 2017, fue portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Tras las
últimas elecciones, la ex senadora se reincorporó a su trabajo como enfermera. La experiencia de la Sra. Hernández Ruiz no tiene relación alguna con la ingeniería en defensa, vigilancia y seguridad.
- El exalcalde de Barcelona, miembro del PSOE y Ministro de Administraciones Públicas -hoy, ministerio de Política Territorial y Función Pública- entre 2004 y 2007, don Jordi Hereu Boher ha sido nombrado consejero de Hispasat, el paso previo
a su designación como presidente.
- La ex Ministra de Vivienda, doña Beatriz Corredor Serra, íntima amiga del presidente del Gobierno y que ha desempeñado numerosos altos cargos, todos vinculados al PSOE, fue nombrada presidenta de Red Eléctrica Corporación S.A.
- El ex secretario general del PSOE castellanoleonés, exsecretario de Organización federal y exsenador por este partido, don Oscar López Águeda, fue nombrado presidente y consejero delegado de Paradores, con un sueldo de casi 200.000 euros
anuales.
- Los tres últimos propuestos para formar parte, como independientes, del Consejo de Administración de Enagás, están estrechamente vinculados a los partidos del Gobierno de coalición. Así, don José Blanco López es exsecretario de
Organización y ex vicesecretario general del PSOE, exdiputado, exministro de Fomento y ex eurodiputado; don José Montilla Aguilera es exalcalde de Cornellá de Llobregat, expresidente de la Diputación de Barcelona, ex primer secretario del PSC,
exdiputado, ex ministro de Industria, Comercio y Turismo, ex presidente de la Generalidad de Cataluña y exsenador; y don Cristóbal José Gallego Castillo -el único de los tres que posee estudios superiores- se ha caracterizado por rechazar, desde su
puesto en el Observatorio Crítico de la Energía, tanto el uso del gas como las grandes empresas que lo promueven.
- Don Isaías Táboas Suárez, presidente de Renfe-Operadora, fue jefe de gabinete de don José Montilla Aguilera en el Ministerio de Industria, secretario general de Presidencia de la Generalidad de Cataluña en el mandato del señor Montilla
Aguilera y secretario de Estado de Transportes bajo la presidencia de don José Luis Rodríguez Zapatero.
- La misma Indra Sistemas, SA (empresa en la que el Estado posee casi el 20% de su capital social a través de la SEPI) ha incorporado recientemente como miembros de su Consejo de Administración a don Miguel Sebastián Gascón, ex ministro de
Industria, Turismo y Comercio y excandidato a la Alcaldía de Madrid con el PSOE, y a don Antonio Cuevas Delgado, diputado socialista por Sevilla desde 1986 a 2011.
- Don Juan Manuel Serrano Quintana pasó de ser jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal de los socialistas y del señor Sánchez Pérez-Castejón a ocupar la Presidencia de Correos, percibiendo por ello un sueldo anual superior a los
200.000 euros.
- En el caso de AENA, mercantil participada al 100% por el Estado, tanto el presidente -don Mauricio Lucena Betriu- como dos de sus consejeros 'independientes' -don José Antonio Durán Lleida y el exalcalde de Barcelona, señor Hereu Boher-,
han estado íntimamente ligados al PSC y a Convergencia y Unión (CiU).
- El presidente de Mercasa, don José Ramón Sempere Vera, fue nombrado para dicho puesto tras haber desempeñado cargos en política al servicio del PSOE, pese a su casi nula preparación académica.
- Don José Vicente Berlanga Arona, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación cuya carrera profesional ha estado vinculada en todo momento al PSOE, fue designado en julio de 2018 presidente de ENUSA. Esta mercantil estatal se dedica
al sector de la energía nuclear y el medio ambiente. El nombramiento del señor Berlanga Arona se produjo a pesar de su nula formación académica en la materia y de su falta de experiencia empresarial.
- En julio de 2018 se designó presidente de Cetarsa a don Juan Andrés Tovar Mena, un afiliado al PSOE sin educación superior y cuya trayectoria laboral se limita a enlazar puestos públicos vinculados a dicho partido.
Como se observa, el Gobierno utiliza sistemáticamente el sector público empresarial, controlado por el Estado, para colocar en empresas de primer nivel a personas sin la debida formación empresarial.
Quinto. Conclusion.
La consecuencia de cuanto antecede no es sino el descrédito que supone para las mercantiles en que la SEPI ostenta una posición en su accionariado, ya sea como accionista mayoritario o no. Un descrédito que tiene repercusiones muy marcadas
en el ámbito institucional, económico e, incluso, en el prestigio internacional.
Al amparo de lo expuesto, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Abstenerse de nombrar o proponer como máximos responsables del sector público empresarial y de aquellas empresas en que el Estado tenga participación a candidatos con base en criterios de afinidad u oportunidad política, velando siempre
por respetar los más altos estándares de capacidad y mérito.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 30 de mayo de 2021.-José María Figaredo Álvarez-Sala, Emilio Jesús del Valle Rodríguez, Eduardo Luis Ruiz Navarro, Juan Carlos Segura Just, Pablo Juan Calvo Liste, Diputados.-Macarena Olona Choclán,
Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
Comisión de Transición Ecológica y Reto
161/002733
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para evitar el encarecimiento de la factura de la electricidad,
para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El 1 de junio de 2021 entró en vigor la nueva estructura de peajes y cargos, que afectará de manera sustancial a la factura eléctrica de los hogares. La principal novedad consiste en que los consumidores domésticos con una potencia
contratada hasta 15 kW pasan a tener precios diferenciados por tramos horarios (punta/valle/llano), tanto para la potencia como para el consumo, de manera que el consumo eléctrico en periodos punta tenga un coste más elevado que el consumo en horas
valle.
El principal motivo de esta reforma no es abaratar de forma directa el coste para los hogares, sino mandar las 'señales adecuadas' a los consumidores. Se pretende, así, se incentivar el traslado del consumo eléctrico desde las horas de
máxima demanda eléctrica (horas punta) a otras en las que las redes de transporte y distribución se encuentran menos saturadas (horas valle). La búsqueda de una mayor eficiencia en el uso de la infraestructura energética es un objetivo legítimo y,
de hecho, necesario. No obstante, un buen regulador debe también tener en cuenta el impacto y contexto en el que se toman estas medidas y que el fomento del ahorro y el autoconsumo no está al alcance de todos los hogares por igual.
Asumir la responsabilidad que ahora se le traslada al consumidor de distribuir su consumo y trasladarlo a las horas valle requiere, en muchos casos, del uso de infraestructura y electrodomésticos eficientes con los que no cuentan,
precisamente, los hogares más vulnerables. Del mismo modo, no todos los hogares
pueden optar de igual forma por el autoconsumo, sino que también será típicamente más fácil para viviendas de rentas medias y altas la instalación de infraestructura de autoconsumo, que para viviendas más humildes sin capacidad física ni
económica de cambiar a ese modelo. Igual valoración debe hacerse del fomento de la carga de vehículos eléctricos, un medio de transporte cuyo elevado coste actual hace que fundamentalmente se beneficien hogares con rentas superiores.
Asociaciones de consumidores como la OCU, por su parte, ya alertaron de que la distribución de los cargos penaliza en exceso al pequeño consumidor en beneficio de los grandes, al establecer que los hogares y el conjunto de los suministros en
baja tensión soporten el 75%.
La reforma de la factura de la luz, por lo tanto, corre el riesgo de tener un impacto profundamente regresivo, donde el incremento de la factura de los hogares más vulnerables sirva para sufragar las inversiones en autoconsumo y movilidad
eléctrica de los hogares que ya cuentan con mayores recursos.
Además, entre su aprobación definitiva a principios de mayo hasta su entrada en vigor el 1 de junio no se ha dado el tiempo suficiente para explicar a los hogares los cambios, ni para que puedan adaptar en consecuencia sus hábitos de
consumo. El resultado podría ser una factura de la luz innecesariamente elevada en los primeros meses de aplicación del nuevo modelo, que habría sido evitable con un periodo de transición lo suficientemente amplio.
Finalmente, la dura situación económica por la que aún atraviesa España exige tomar medidas justo en el sentido contrario, que garanticen un abaratamiento de la luz de los hogares y, particularmente, de los hogares más vulnerables. Hay
margen para actuar sobre muchos de los costes fijos del sistema, y particularmente aquellos de origen estrictamente regulatorios, cuando no políticos, no relacionados con el suministro eléctrico como es la innecesaria doble imposición en el IVA y el
Impuesto sobre la Electricidad.
Desde Ciudadanos apostamos por una transición inteligente que apueste por las energías renovables, que no cague los costes de la transición sobre los hogares más vulnerables, así como por una auditoría de costes del sistema y de la factura
de la luz con el fin de garantizar que los consumidores paguen solo los costes directamente relacionados con el suministro.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Establecer un periodo transitorio en la aplicación de la nueva factura de la electricidad que se acompañe de una amplia campaña de información para dar suficiente margen a los consumidores para adaptar sus hábitos de consumo al nuevo
sistema tarifario.
2. Impulsar una reforma normativa que modifique la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido y el Impuesto eléctrico con el fin de que aquella se componga únicamente por el precio pagado por la electricidad y el coste asociado a
las redes de transporte y distribución.
3. Reducir el IVA de la electricidad al tipo del 10 % hasta que se recuperen completamente los niveles de actividad y empleo previos a la pandemia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002738
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, presenta, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, la presente Proposición no de Ley para
su debate y aprobación en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico, relativa a la renaturalización de los tramos urbanos de los ríos.
Exposición de motivos
La renaturalización de los tramos urbanos de los ríos es de gran interés ambiental y social pues, a parte de mejorar el medio ambiente, supone una mejora de la calidad de vida para muchas de las
personas que habitan en esas ciudades, pues se trata de los ríos que ven casi a diario durante una buena parte de su vida.
En este sentido, en varios países europeos se procedió en los últimos años a renaturalizar los tramos urbanos de nuestros ríos.
En nuestro país, ya se realizaron acciones similares en algunas ciudades, como en el Arlanzón (Burgos) y en el Bernesga (León), pero fue a partir de la renaturalización del tramo urbano del Manzanares, en la ciudad de Madrid, cuando se ha
apreciado con mayor intensidad su gran interés ambiental y social, contando además en este momento dicha actuación llevada a cabo en Madrid, con el apoyo mayoritario de la población, y con el consenso de todos los grupos políticos municipales.
Este proyecto fue promovido por Ecologistas en Acción, que además continúa, junto con los servicios municipales madrileños, colaborando en la supervisión, tanto de las acciones de renaturalización del río, como con el mantenimiento y mejora
de su calidad ambiental. Dicho proyecto ha sido un auténtico éxito, habiendo sido galardonado recientemente por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), a través de su sección Red de Gobiernos Locales + Biodiversidad, con el primer
puesto en la categoría 'Medio Hídrico' de los premios 'Buenas prácticas locales por la biodiversidad'
A continuación, Ecologistas en Acción también ha promovido la renaturalización del río de Oro, en Melilla, obras que está llevando a cabo el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
También Ecologistas en Acción ha elaborado los proyectos de renaturalización de los tramos urbanos de los siguientes ríos:
Genil (Granada).
Castaños (Barakaldo).
Besos (Sant Adriá de Besos y Santa Coloma de Gramanet).
Isuela (Huesca).
Piles (Gijón).
Zapardiel (Medina del Campo).
Vinalopó (Elche).
Guadalmedina (Málaga).
Asimismo, Ecologistas en Acción está elaborando actualmente los proyectos de renaturalización de los siguientes tramos urbanos de ríos:
Francolí (Tarragona).
Tirteafuera (Argamasilla de Calatrava).
Lagares (Vigo).
Todas ellas son actuaciones que mejorarían la calidad de vida de los habitantes de esas ciudades, por lo que deberían llevarse a cabo lo antes posible.
Por ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover la renaturalización de tramos urbanos de ríos en nuestro país, habilitando para ello, y en la medida que permitan las disponibilidades presupuestarias, mecanismos de financiación para aquellos Ayuntamientos que pretendan
renaturalizar los tramos urbanos de sus ríos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-Juan López de Uralde Garmendia, Diputado.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
161/002754
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Capdevila i Esteve, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no
de Ley sobre adopción de medidas para el uso más eficiente de los medios de transporte para su debate en instancia en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El sector del transporte por carretera supone el 25 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del estado español, por ello el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) recoge diferentes medidas para un uso más eficiente de
los medios de transporte como el aumento de la masa máxima autorizada a 44 toneladas y de la altura a 4,5 m.
Según dicho documento, el aumento de la carga media en un 10 % comportará la reducción del número de vehículos por kilómetro y un menor consumo para una misma masa transportada. Así pues, se trata de una medida que permite disminuir las
emisiones del transporte por carretera sin necesidad de inversiones ni otros costes asociados para el sector del transporte, además de permitir disminuir el número de vehículos en las carreteras con los beneficios medioambientales y sociales que se
deriva.
La Generalitat de Catalunya ya publicó en el año 2014 un estudio recogiendo los resultados de una prueba piloto real realizada durante dos años con vehículos de 44 toneladas 78. Los resultados mostraron que el ahorro energético registrado
fue del 8,4 % fruto de la reducción de 195.000 litros de combustible y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono fue del 8,4 %.
La Directiva 2002/7/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de febrero de 2002, por la que se modifica la Directiva 96/53/CE del Consejo por la que se establecen para determinados vehículos de carretera que circulan en la Comunidad
las dimensiones máximas autorizadas en el tráfico nacional e internacional y los pesos máximos autorizados en el tráfico internacional, permite que los estados miembros puedan ampliar la masa máxima hasta las 44 toneladas. En este sentido, muchos
de los países de nuestro entorno ya han adoptado esta medida y permiten el transporte de mercancías hasta 44 toneladas como Portugal, Francia, Italia o el Reino Unido. Así, el aumento de la carga ayudará, más allá de los beneficios
medioambientales, a equilibrar la competitividad de los costes logísticos con la de los competidores de los países vecinos.
Por todo ello, el grupo parlamentario Republicano presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta el Gobierno español a:
- Modificar, en un plazo máximo de tres meses, el Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998) para mejorar la eficiencia del transporte por carretera mediante la utilización de camiones de 4,5 m de altura y 44 toneladas, tipología que
supone mayor carga por viaje, reduciendo así las emisiones de CO2 y otras contaminantes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Joan Capdevila i Esteve, Diputado.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz del Grupo Parlamentario Republicano.
161/002755
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Más País Verdes Equo, en el Grupo Parlamentario Plural, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico sobre el despliegue de la renaturalización de los ríos a su paso por las zonas urbanas.
Exposición de motivos
Los ríos en su paso por los ámbitos urbanos han sufrido alteraciones e intervenciones que han puesto en riesgo su pervivencia como ecosistemas vivos: entubarlos, canalizarlos o contenerlos con coberturas
78 Servei Catalá de Tránsit (2014). Mesura temporal de gestió del transit destinada a la circulació de determináis conjunts de vehicles pesants per al transport de mercaderies en general. Disponible en: http://transit.gencat.cat/web/.
content/documents/seguretat_viaria/44tones/44tones_informe_tran sit_cat.pdf
de hormigón han sido prácticas demasiado frecuentes. Sin embargo, son ecosistemas vivos, no canales, ni lugares donde desaguar aguas contaminadas.
Las diferentes administraciones, Ayuntamientos, Comunidades Autónomas, Estado y confederaciones hidrográficas tienen la obligación de mantener, recuperar y conservar a nivel social, ecológico y legislativo nuestros ríos, cada cual en el
marco de sus competencias y de forma coordinada. Las directivas marco del agua y de hábitat, ¡a legislación española y diferentes recomendaciones indican la necesidad de dar naturalidad y valor ecológico a los ríos, también en los contextos
urbanos.
En los últimos años las reivindicaciones sociales han ido en esta dirección para poder disfrutar de grandes espacios naturales, mejorar la biodiversidad, establecer corredores ecológicos con otros espacios verdes y favorecer de esta manera
la adaptación al cambio climático con soluciones basadas en la naturaleza.
Un ejemplo del trabajo y reivindicaciones han sido las propuestas de Ecologistas en Acción presentando diferentes iniciativas para renaturalizar los tramos urbanos de los ríos. Desde 2016, y hasta el momento, se han presentado once
propuestas en diferentes ríos y ciudades de nuestro país: río Manzanares en Madrid, el río Oro en Melilla, río Besos en el entorno metropolitano de Barcelona, río Castaños en Barakaldo, río Piles en Gijón, río ¡suela en Huesca, río Geni! en
Granada, río Zapardiel en Medina del Campo, río Vinalopó en Elche, río Guadalmedina en Málaga y río Lagares en Vigo.
En el caso Del Río Manzanares la propuesta de Ecologistas en Acción fue asumida por el Ayuntamiento de Madrid y, en coordinación con esta organización y con la Confederación Hidrográfica del Tajo, el gobierno de la ciudad inició el Plan de
Renaturalización del río Manzanares a su paso por la ciudad.
Estas propuestas, y otras de similares características, que son absolutamente necesarias para la recuperación y sostenibilidad de las ciudades y pueblos en relación a sus ríos y arroyos, requieren recursos importantes para afrontar las
inversiones, los proyectos, y el mantenimiento posterior. Muchos ayuntamientos carecen de estos recursos y, sin embargo, la restauración y naturalización de los ríos están dentro de las prioridades para proyectos a desarrollar con los fondos UE en
la lucha contra el cambio climático, con la reforma de los planes hidrológicos y los programas estatales.
Las competencias sobre los cauces son compartidas, por un lado, le corresponde a la Administración General del Estado, a través de las Confederaciones Hidrográficas, el control de especies exóticas invasoras o la conservación y protección
del agua como recurso, velando por su disponibilidad y mantenimiento para el desarrollo de los distintos usos necesarios.
Las Comunidades Autónomas tienen, asimismo, competencias sobre la conservación de la biodiversidad silvestre y de la naturaleza, así como en la coordinación e impulso de planes y actuaciones para la adaptación al cambio climático. En las de
Galicia, País Vasco, Cataluña, Andalucía y comunidades insulares, las confederaciones fueron sustituidas por organismos de cuenca propios. Un ejemplo es la Cuenca Mediterránea Andaluza, que gestiona los cauces con mayor grado de amenaza del Estado.
Y corresponde a los Ayuntamientos las actuaciones de mantenimiento y conservación de los cauces públicos que discurran por zonas urbanas,
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Más País-Verdes Equo, perteneciente al Grupo Plural, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Crear un grupo de trabajo con las Confederaciones Hidrográficas, los organismos de cuenca autonómicos y los municipios correspondientes, como herramienta para facilitar los trámites necesarios para el despliegue de la renaturalización de
ríos en su paso por las zonas urbanas.
2. Analizar los proyectos existentes, en colaboración con organizaciones ecologistas, vecinales y distintos actores socioeconómicos de las respectivas zonas, destinados a la recuperación y protección para ordenando y planificar las
actuaciones para este año y los siguientes.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Inés Sabanés Nadal, Diputada.-Íñigo Errejón Galván, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002759
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley de apoyo a la gestión forestal
sostenible, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
El artículo 6.º de la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes señala 'la gestión forestal sostenible implica que la organización, administración y uso de las masas forestales se desarrollan en un marco de conservación del medio ambiente
manteniendo la biodiversidad, productividad, capacidad de regeneración, vitalidad y su potencial de cumplir, ahora y en el futuro, funciones ecológicas, económicas y sociales relevantes, a escala local, nacional y global, sin causar daño a otros
ecosistemas'.
El impulso de la gestión forestal sostenible permitirá un mejor aprovechamiento de los montes y la producción y comercialización de productos forestales, e incentivará las industrias derivadas y el uso de la biomasa forestal, en el marco de
la generación de energía de fuentes de origen renovable.
Los proyectos de ordenación de montes, los planes dasocráticos y especialmente los modelos tipo de gestión forestal recientemente introducidos en la Ley de Montes (para montes que por su singularidad precisan una regulación más sencilla de
la gestión de sus recursos) son elementos esenciales para la gestión forestal sostenible.
El Plan Forestal Español propone, además, la elaboración y desarrollo de los planes de ordenación de recursos forestales como instrumentos de planificación forestal a escala comarcal, que se recogen también en el artículo 31 de la citada Ley
43/2003 de 21 de noviembre, de Montes.
En la actualidad, se cifra en un 16,27 % la superficie forestal que dispone de un plan de gestión (Estadística Forestal 2014), repartida de forma muy desigual entre las diferentes comunidades autónomas. Este dato pone de manifiesto la baja
implantación de estos importantes instrumentos de gestión. Por ello, es necesario impulsar su elaboración, lo que supondrá asegurar una correcta y sostenible gestión de nuestros montes, e indirectamente, luchar contra la lacra más significativa que
les afecta: los incendios forestales, pues las medidas de prevención de incendios forestales forman parte de la gestión forestal sostenible del monte y tienen como objetivo reducir el riesgo de inicio del fuego y, en su caso, la intensidad y
velocidad de su propagación, incidiendo en la protección de los montes mediante actuaciones de selvicultura preventiva que actúen sobre la acumulación, estructura y distribución espacial del combustible forestal influyendo, decisivamente, en la
facilidad de ignición y de propagación y, en definitiva, en la superficie final quemada.
Las modificaciones realizadas en la Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, a través de la Ley 21/2015, de 20 de julio, dan un importante impulso a la ordenación forestal con diferentes incentivos administrativos y económicos. Esos
incentivos económicos y los incentivos fiscales deben ser concretados para impulsar definitivamente la ordenación de los montes que beneficiará a toda la sociedad.
Básicamente se trata de promover la inversión de propietarios forestales en el monte que, en estos momentos, tiene, en la mayor parte de los casos, rentabilidad negativa; a la vez se impulsará la actividad económica en las zonas rurales
desfavorecidas y se posibilita la creación de empleo que permite la fijación de la población evitando la despoblación.
Por otra parte, el reconocimiento de estos recursos y externalidades, de los que toda la sociedad se beneficia, vuelven a estar considerados en la reciente Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Es entonces, más necesario que
nunca, reconocer el valor de los bosques y revertir parte de las externalidades positivas que genera.
Por estos motivos, el Grupo Parlamentario Popular, presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incentivar fiscalmente las inversiones realizadas en gestión forestal sostenible, así como las que se lleven a cabo en desarrollo de las medidas de prevención de incendios forestales
previstas en el artículo 44 de la Ley de Montes, reduciendo la base imponible de los tributos gestionados por el estado en un 20 % del importe invertido, así como compensar las
externalidades positivas que realizan los bosques a la sociedad, mediante la creación de un Fondo Forestal Nacional.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Teodoro García Egea y César Sánchez Pérez, Diputados.-Concepción Gamarra Ruiz-Clavijo, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
161/002760
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el establecimiento de un 'filtro verde' para las inversiones del Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su debate en la Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
A principios de 2020, la irrupción de la pandemia por COVID-19 produjo un fuerte impacto sobre la economía mundial. En nuestro país, este impacto negativo vino a sumarse a los efectos de la intensa caída de la inversión pública registrada
tras la crisis financiera.
Desde el primer momento, el Gobierno desplegó una red de seguridad, mediante una importante inyección de recursos públicos, que sirvió para paliar el impacto económico y social de la crisis, sosteniendo el tejido productivo, el empleo y las
rentas de las familias.
Sin embargo, para lograr un desarrollo más sostenible y resiliente desde el punto de vista económico-financiero, social, territorial y medioambiental, acorde con el sentido de la Agenda 2030 y el cumplimiento de los ODS, las medidas de apoyo
a las empresas y a las familias necesitan ser acompañadas por otras que impulsen un necesario proceso de transformación estructural. Objetivos de Desarrollo Sostenible como el ODS 7 'Energía asequible y no contaminante', el ODS 13 'Acción por el
clima' y otros como el ODS 14 'Vida de ecosistemas terrestres' sustentan este proceso de transformación.
Por ello, se impulsó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Para lograr su despliegue, juegan un papel relevante los nuevos instrumentos comunitarios de financiación Next Generation EU, que proporcionarán a España hasta
140.000 millones de euros en transferencias y créditos en el periodo 20212026. Todo ello se une al resto de instrumentos previstos en el Marco Financiero Plurianual para impulsar inversiones y reformas en los ámbitos prioritarios a nivel europeo:
apoyar la transición ecológica y la transformación digital, impulsar un crecimiento sostenible e inclusivo mediante el aumento de la productividad y el crecimiento potencial, la l+D y un mercado interior eficiente con fuertes pymes, reforzar la
cohesión social y territorial, aumentar la resiliencia sanitaria, económica, social e institucional, y desarrollar políticas para las generaciones futuras, en particular mediante la educación y la capacitación profesional.
El Plan de Recuperación incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, enfocadas a alcanzar cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más digital, más cohesionada desde el punto de vista
social y territorial, y más igualitaria.
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se caracteriza por un marcado compromiso con la modernización y transformación verde de la economía, a la que se destinará más del 40% de la inversión total, priorizando la transición
ecológica del sistema productivo y la creación de empleo de calidad. Del total de 70.000 millones que se movilizarán entre los años 2021 y 2023, un 40,29% de las inversiones deberán contribuir a los objetivos de mitigación y adaptación al cambio
climático, así como a la meta de la plena descarbonización de la economía en 2050.
A ello hay que añadir que el 100% de las inversiones deben respetar el denominado 'filtro verde'. Se trata de un mecanismo encaminado a evitar que las reformas y actuaciones sujetas al Plan de Recuperación provoquen algún daño significativo
al medio ambiente.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a desarrollar un mecanismo de verificación que permita evitar que las reformas y actuaciones sujetas al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia provoquen algún daño significativo al
medio ambiente, actuando como 'filtro verde' en la ejecución y desarrollo de todas las actuaciones de dicho Plan.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Germán Renau Martínez, Antidio Fagúndez Campo, Esther Padilla Ruiz, Inmaculada Oria López, Montserrat García Chavarría,
José Luis Aceves Galindo, Daniel Vicente Viondi, Javier Antón Cacho, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Manuel González Ramos, Diego Taibo Monelos, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002761
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre impulso del hidrógeno renovable para su debate en la Comisión de Transición
Ecológica y Reto Demográfico.
Exposición de motivos
La Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece unos objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, energías renovables y eficiencia energética para el año 2030. Para alcanzar su cumplimiento, la
utilización del hidrógeno renovable jugará un papel fundamental.
El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) reconoce que el desarrollo del hidrógeno renovable es un instrumento idóneo para la gestión de la demanda, almacenamiento y flexibilidad del sistema energético español, la
descarbonización del transporte o la promoción de gases renovables, entre otros objetivos.
En octubre de 2020 tuvo lugar la aprobación de la 'Hoja de Ruta del Hidrógeno: una apuesta por el hidrógeno renovable', que realiza un análisis de la situación actual y de las barreras que afronta el desarrollo del hidrógeno renovable en
España, incluyendo medidas en distintos ámbitos (normativos, incentivos, etc.) para conseguir desarrollar el hidrógeno renovable.
Por otra parte, el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia incorpora una importante agenda de inversiones y reformas estructurales, enfocadas a alcanzar cuatro objetivos transversales: avanzar hacia una España más verde, más
digital, más cohesionada desde el punto de vista social y territorial, y más igualitaria. El Plan se estructura en torno a diez políticas tractoras que se desarrollan en 30 componentes. Uno de ellos, el número 9, se dedica específicamente a la
Hoja de ruta del hidrógeno renovable y su integración sectorial.
Actualmente, debido a su coste, el hidrógeno renovable no puede competir en igualdad de condiciones con el hidrógeno de origen fósil. Ello supone un obstáculo para avance de su uso, y por tanto, para el proceso de descarbonización. Por
ello, el Gobierno busca impulsar el conocimiento tecnológico, el despliegue de infraestructuras y el uso del hidrógeno renovable, como sustitución del hidrógeno de origen fósil usado actualmente en la industria, así como vector energético que
permite el almacenamiento, el acoplamiento de sectores, la gradual descarbonización de actividades 'difíciles de abatir' y su penetración dentro del sector transporte en aquellos casos donde la electrificación no es viable en la actualidad.
El componente 9 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia se orienta a facilitar el cumplimiento de los objetivos definidos en la Hoja de Ruta del Hidrógeno que, a su vez, fueron elaborados en línea con los fijados en la
Estrategia Europea del Hidrógeno.
Para alcanzar la meta señalada, es de crucial importancia impulsar la cadena de valor industrial innovadora y de conocimiento basada en PYMEs de alto contenido tecnológico y los centros tecnológicos, incrementando sus capacidades productivas
y la transferencia tecnológica. Por ello, una de las líneas de actuación del componente 9 del Plan de Recuperación se centra en este objetivo.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a impulsar la cadena de valor innovadora y de conocimiento del hidrógeno renovable, mediante la puesta en marcha de medidas de apoyo a las PYMEs y a los centros tecnológicos que les permitan
mejorar sus capacidades productivas y la transferencia tecnológica. En particular, se impulsarán las siguientes medidas:
- Construcción de instalaciones y equipos de ensayo vinculados a la l+D+i.
- Mejora de las instalaciones y adquisición de materiales de fabricación de equipos y componentes.
- Desarrollo de equipos tales como electrolizadores, compresores, bombonas o pilas de combustible, que permitan reducir los costes de producción, logística y consumo del hidrógeno renovable.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Germán Renau Martínez, Eva Patricia Bueno Campanario, Helena Caballero Gutiérrez, Antidio Fagúndez Campo, Inmaculada Oria López, Esther Padilla Ruiz, Daniel Vicente Viondi, Javier
Antón Cacho, José Luis Aceves Galindo, Herminio Rufino Sancho Íñiguez, Manuel Gabriel González Ramos, Diego Taibo Monelos, Montserrat García Chavarría, Diputados.-José Zaragoza Alonso y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
Comisión de Cultura y Deporte
161/001740
Mediante escrito de fecha 2 de junio de 2021 se ha retirado por el Grupo Parlamentario VOX la Proposición no de Ley relativa a fomentar que España se considere como una localización de referencia para la realización de rodajes nacionales e
internacionales, publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 195, de 16 de diciembre de 2020.
Lo que se publica de conformidad con el artículo 97 del Reglamento del Congreso.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.- P. D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
161/002731
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las
apuestas deportivas e hípicas en favor del deporte base y la industria productiva, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
La Ley 13/2001, de TI de mayo, de Juego, en vigor desde el 28 de mayo de 2011, recoge un derecho de retorno de un porcentaje de los ingresos producidos por las apuestas deportivas y e hípicas en favor del deporte base y la industria
productiva de las carreras de caballos. En concreto, su disposición adicional sexta señala lo siguiente:
'Reglamentariamente se fijará el porcentaje o su equivalente, aplicable a la recaudación obtenida de las apuestas para determinar la cantidad que será objeto de retorno al deporte y a las competiciones deportivas organizadas en España, en el
caso de las apuestas deportivas y de retorno a las sociedades organizadoras de carreras de caballos en España en el caso de las apuestas hípicas, todo ello sin perjuicio
de lo previsto en lo Disposición Adicional tercera. El Real Decreto que desarrolle la presente Ley establecerá asimismo el régimen de participación y distribución que corresponda por las obligaciones de proporcionar los datos y resultados
oficiales de las competiciones deportivas y de garantía de la integridad en el desarrollo de las mismas, así como, en el caso de las carreras de caballos, por la propia organización de las carreras y su contribución al mantenimiento de la industria
productiva.'
Desde la fecha 5 de junio de 2012, en que los operadores de juego que obtuvieron las correspondientes licencias singulares de apuestas empezaron a ofertar estas de manera legal, hasta nuestros días, han pasado casi 9 años sin que esta
disposición se haya desarrollado.
El pasado mes de febrero fuimos conocedores de una reunión entre la Asociación del Deporte Español y el Ministerio de Consumo que tuvo por objeto abordar el desarrollo de la disposición adicional sexta sobre el régimen de participación en la
recaudación de las Apuestas Deportivas e Hípicas.
Teniendo en cuenta el impacto económico que la pandemia ha tenido sobre el mundo del deporte, es necesario aumentar las vías de financiación de los clubes y federaciones deportivas así como de las instituciones que desarrollan programas
deportivos fuera del ámbito federado para fomentar la práctica deportiva entre la ciudadanía en condiciones de calidad, dando cumplimiento de esta manera a lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Española.
Por todo lo anterior, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España:
1. Desarrollar el reglamento previsto en la disposición adicional sexta de la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Juego, para alcanzar una financiación suficiente y sostenible en el tiempo que garantice el desarrollo y la promoción del deporte
base, la financiación de las estructuras del deporte amateur y profesional y la participación en competiciones internacionales. Asimismo, también se dispondrá de estos recursos para perseguir e impedir las conductas que lesionan la integridad del
deporte, especialmente en lo atinente a las apuestas ilegales y la manipulación de los resultados deportivos en competición y al 'doping'.
2. En igual medida para que se pueda conseguir el adecuado sostenimiento de los órganos reguladores y sociedades organizadores de carreras de caballos y la industria productiva de este sector, que en los países de nuestro entorno resulta
ser muy importante y es productor de riqueza y empleo.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002739
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Mireia Borrás Pabón, don José Ramírez del Río y don Pedro Requejo Novoa, en sus condiciones de Portavoz Adjunta y Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GP VOX), al amparo de lo dispuesto en los artículos
193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, formulan la siguiente Proposición no de Ley relativa a fomentar que España se considere como una localización de referencia para realización de rodajes nacionales e internacionales, para su debate en la
Comisión de Cultura y Deportes.
Exposición de motivos
Primero. Introducción de la industria cinematográfica en españa y su repercusión actual en el mundo.
La industria cinematográfica llegó a España en el año 1896 con la primera proyección de los operarios de la fábrica Lumiére en Madrid. Las dos figuras más destacadas de la época eran don Francis Doublier y don Alexandre Promio. Las
primeras grabaciones tenían un carácter documental y los rodajes trataban de escenas de festividades típicas como las procesiones de Semana Santa en Sevilla o lugares de gran relevancia como la Puerta del Sol.
España siempre ha sido un país atractivo y que cuenta con localizaciones muy singulares, al poseer 8.000 kilómetros de costas en tres mares distintos y un gran patrimonio histórico y arquitectónico. Además, las condiciones climatológicas
determinan que España cuente con más de 3.000 horas de sol anuales equivalentes a un total de 200/220 horas de luz, uno de los factores más importantes a la hora de producir rodajes.
Por estos motivos, entre otros, la industria cinematográfica española tiene una gran repercusión en el mundo. Algunos de los rodajes de series internacionales con más audiencia del mundo, se han realizado en diversas localizaciones de
nuestro país. Por ejemplo, los principales escenarios de 'Juego de Tronos' se han rodado en distintos puntos de Cataluña, Navarra, Castilla la Mancha, País Vasco, Extremadura o Andalucía. También algunas de las superproducciones de Hollywood han
escogido España como emplazamiento de sus películas. Entre ellas cabe destacar las siguientes; 'Die Another Day', 'Indiana Jones and the Last Crusade', y 'Star Wars', todas con un gran reconocimiento mundial.
Segundo. Situación actual de los rodajes nacionales e internacionales como consecuencia de la COVID-19.
Desde que empezó la emergencia sanitaria de la COVID-19 se han suspendido más de 300 rodajes que estaban previstos en la geografía española. Según una estimación realizada por la Spain Film Commission (SFC), un 52 % son de producción
española mientras que un 48 % son de producción internacional. El mayor porcentaje de rodajes afectados han sido publicitarios (26 %), seguidos por series (13 %) y programas de televisión (12%), largometrajes (11 %), documentales (10 %), cortos
(9%), sesiones fotográficas (7 %), videoclips (5%) y otros (7 %).
En concreto, España está perdiendo más de 83 millones de euros por la paralización de rodajes extranjeros. La Asociación de Empresas de Producción Audiovisual Internacional (PROFILM) estima que durante el año 2019 las producciones
extranjeras han mantenido sus cifras de inversión en rodajes y postproducciones en España en torno a 132.177.576 euros, superando en sólo un millón de euros las cifras del año 2018.
Se trata de un sector que cuenta con 9,4 mil empresas con actividades cinematográficas, de vídeo, radio, televisión y edición musical de las 122.673 cuya actividad económica provincial es cultural. Según los últimos Indicadores y
Estadísticas Culturales vinculados al cine 79 publicados por el Ministerio de Cultura y Deporte el pasado 12 de junio, el número de espectadores en 2019 se situó en 104,9 millones, con una recaudación total de 614,7 millones de euros. En
2019, el número de películas exhibidas en las 3.695 salas de exhibición distribuidas por el conjunto del territorio nacional fue de 1.835, de las cuales 655, es decir un 35,7 %, se corresponden con estrenos.
En definitiva, queda claro que la situación epidémica provocada por el COVID- 19 ha generado un efecto devastador en el sector, provocando pérdidas millonarias en muchas de estas empresas, tanto en los aspectos técnicos de los procesos de
producción, como en los propios contenidos y en los diferentes equipos que se han visto reducidos drásticamente.
Tercero. Situar a España como localización de referencia para rodajes nacionales e internacionales.
Los gobiernos de los distintos países son conscientes de los efectos que produce la industria cinematográfica sobre el erario público y la creación de puestos de trabajo. Por este motivo, es necesario explotar el talento y la tradición
cinematográfica que posee España para que sea considerada como una localización de referencia para las producciones audiovisuales de todo el mundo.
Desde la Asociación de Empresas de Producción Audiovisual Internacional (PROFILM) aseguran que la diferencia con respecto a sus competidores en otros países europeos radica en los incentivos fiscales. Aunque en este sentido, mediante Real
Decreto-ley 17/2020 aprobado el pasado 5 de mayo, se han adoptado una serie de medidas para hacer frente al impacto económico y social que ha supuesto la crisis de la COVID-19. Por ejemplo, en España las inversiones en producciones españolas de
largometrajes y cortometrajes cinematográficos y de series audiovisuales de ficción, animación o documental podrán beneficiarse de unas deducciones fiscales del 30 % para el primer millón de euros y el 25 % para el resto del gasto en España cuando
la cifra antes se limitaba al 20%. El límite máximo de reembolso se eleva a 10 millones de euros frente a los tres millones de descuento que antes contemplaban estos incentivos.
79 1https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:7acl37b6-b8a6-4fld-afcd-86ea6972d652/datos- estadisticos-cine.pdf
Desde la Spain Film Commission se celebró este aumento respecto a los incentivos fiscales para la producción, ya que se trata de una medida que llevaban años reclamando con el objetivo de atraer proyectos extranjeros, especialmente
superproducciones. Además, afirmaron que 'Con esta reforma, España se posiciona como un destino de rodajes muy competitivo y rentable para la industria internacional y, entre ellas, la norteamericana'.
Sin embargo, a pesar de que los incentivos fiscales para la producción de largometrajes extranjeros han ido mejorando en los últimos años, todavía existen problemas derivados de la interpretación de conceptos fiscales que, en la práctica,
pueden hacer variar sustancialmente el importe de los incentivos o devoluciones fiscales.
En cualquier caso, a todos estos incentivos expuestos anteriormente, hay que añadir los grandes beneficios que implica a nivel laboral, como el crecimiento exponencial para la tecnología española que forma parte de la industria de efectos
visuales. En este mismo sentido, las compañías españolas están llevando a cabo los más altos controles de seguridad de contenido mientras que a su vez colaboran con las compañías principales para crear los estándares de la industria de la
producción. Además, en cuanto a la conectividad a internet, España se posiciona como el octavo país del mundo gracias a las infraestructuras de vanguardia de empresas como Telefónica o Indra.
Por todo ello, grandes empresas como Netflix, HBO, Disney, Paramount, Universal y Warner han escogido a nuestro país como localización para sus rodajes. El clima extraordinario para los rodajes, así como las diversas localizaciones, parajes
y luces naturales hace que sea preciso fomentar España como localización predilecta.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a lo siguiente:
1. Promover la geografía española como lugar para la producción cinematográfica y la realización de rodajes, de tal manera que pueda identificarse España como un lugar de referencia para desarrollar rodajes cinematográficos.
2. Promover la configuración de beneficios fiscales para las producciones cinematográficas dentro del territorio español.
3. Realizar las modificaciones normativas pertinentes a fin de eliminar el límite máximo de devolución por producción. Subsidiariamente, las modificaciones deberían tener por objeto el incremento del límite máximo actual de retorno de la
inversión.
4. Crear un marco de comunicación y colaboración entre los distintos departamentos ministeriales para promover una reforma integral del sector audiovisual y un compromiso por parte de los poderes públicos para fomentar que España sea
considerada como localización de referencia.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-José Ramírez del Río, Pedro Jesús Requejo Novoa, Mireia Borrás Pabón, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz del Grupo Parlamentario VOX.
161/002744
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción, reconocimiento y divulgación de la figura creativa del poeta
riojano Antonio Armando García Barrios, más conocido como Armando Buscarini, y de su obra poética, para su debate en la Comisión de Cultura y Deporte.
Exposición de motivos
Nacido en la localidad riojana de Ezcaray el 16 de julio de 1904, Antonio Armando García Barrios, conocido también como Armando Buscarini, pasa por ser uno de los mejores representantes de la bohemia creativa y existencial artística de
nuestra historia poética, dramática, narrativa y literaria, engarzado en un
estilo entre romántico, modernista, con tono doliente, trágico, resentimiento, pero también con un evidente sentido existencial y de reivindicación de las causas de los y las más vulnerables.
La figura del Armando Buscarini, para muchos poeta maldito, alcanza por propio derecho un espacio que solo el tiempo ha empezado a colocar en el lugar que merece.
Poesía sí, pero también teatro y narrativa, sus memorias publicadas cuando solo contaba con veinte años, naturalista, costumbrista, folclore, con influencias evidentes de la legendaria bohemia madrileña, ciudad en donde transcurrió parte de
su vida. Buscarini es, sin duda, el poeta riojano más relevante del siglo XX.
Habiéndose celebrado ya el aniversario del centenario de su nacimiento (1904-2004) y procediéndose a ensalzar su figura en la localidad que le vio llegar al mundo y en la comunidad autónoma de La Rioja, creemos haber llegado el momento de
reivindicar una figura, que más allá de la controversia motivada por una vida convulsa y difícil, mil penurias, algunas enfermedades y poco demostrados rumores, representa una entidad creativa indudable, una precocidad incontestable y un sentido
personal de lo que en cuanto a capacidad creativa, a vivir para la manufactura literaria y a dejar una huella imborrable supone para las generaciones presentes y venideras.
Consideramos que reivindicar a Buscarini, no siendo algo inédito ya que son varios los críticos literarios que así ya lo hicieron, no es solo reivindicar a un poeta, dramaturgo y narrador riojano, sino que en realidad supone aportar a la
cultura española un valor que sigue oculto para la mayoría y que tal vez debiera formar parte de la ingente colección de hombres y mujeres que se estudian en las escuelas, que nos dan merecida fama a nivel mundial y que deben ser protegidos,
reconocidos y prestigiados por entidades, colectivos, instituciones y desde luego también por el Gobierno de España, en lo que respecta a su apartado cultural.
Es nuestro deber convertir una gárgola adolescente y maltrecha, tal y como la definió el periodista y escritor madrileño César González Ruano, en una figura brillante, y en el ángel custodio de algunas vocaciones literarias, tal y como lo
refirió Juan Manuel De Prada. Buscarini es un poeta, con carga de sufrimiento, proceloso y como también lo calificó De Prada, poeta herido de belleza.
Ensueños (1919), Cancionero del Arroyo (1920), Yo y Mis Versos (1921), El Umbral del Recuerdo (1928) en poesía, Sor Misericordia (1923), El Rey de los Milagros (1924), Los Dos Alfareros (1927), El Rufián (1928) en teatro, y El Arte de Pasar
Hambre (1923), Las Luces de la Virgen del Puerto (1923), La Reina del Bosque (1925), La Cortesana del Regina (1927) en narrativa, forman parte de la colección de creaciones más destacadas de Armando Buscarini.
Sentado junto a una mesa
Carcomida por el tiempo
Y alumbrado débilmente
Por la luz de un quinqué viejo,
Un joven pálido escribe
En cuartillas, varios versos.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a fomentar, difundir e incorporar la figura y la obra del poeta y dramaturgo riojano Armando Buscarini para preservar su trabajo y su memoria, activando los procedimientos necesarios para
adaptarlo en igualdad de condiciones a la de otros poetas, literatos y dramaturgos del pasado y presente de España, poniendo en valor su condición artística y creativa, valor de innegable condición cultural que debe ser rescatado del olvido.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Juan Cuatrecasas Asua y Raquel Pedraja Sáinz, Diputados.-Guillermo Antonio Meijón Couselo y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
Comisión de Sanidad y Consumo
161/002734
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre el
incremento de las plazas de matrona para la implementación de las casas de parto en el sistema público de salud, para su debate en la Comisión Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Las casas de parto son centros que ofrecen una atención al embarazo y al parto de las mujeres en espacios alternativos a los hospitales, pero con todas las garantías sanitarias que se requieren. En estos centros las mujeres tienen un
espacio tranquilo, adecuado y adaptable a sus necesidades y deseos para llevar a cabo su parto, espacios donde son los y las matronas las principales proveedoras de curas
Existen dos tipos de casas de parto; las que se encuentran situadas en un edificio independiente en el hospital, llamadas extrahospitalarias, y las que se ubican junto en las unidades de obstetricia de los hospitales -centros de nacimiento
hospitalarios-. Estas instalaciones se están empezando a implantar en diferentes lugares de Europa e incluso en algunos territorios del Estado como es el caso de L'Hospital de Martorell y Can Ruti en Cataluña.
Recientemente, les Corts Valencianes aprobaron a instancias de Compromís, analizar la viabilidad para crear casas de parto en el País Valenciano. En concreto, priorizando su implementación en los hospitales que tengan experiencia
consolidada y demostrable en procesos de embarazo, parto, puerperio y lactancia humanizados en el sistema de sanidad pública. Así mismo, el parlamento valenciano, aprobó realizar los estudios necesarios para llevar a cabo la implementación
progresiva de las casas de parto teniendo en cuenta la distribución territorial de estos espacios.
La implantación de centros de parto hospitalarios en la red hospitalaria pública supondría una oportunidad para mejorar la atención al embarazo, el parto y el puerperio inmediato. Estos espacios tienden a combinar la humanización del parto
con la garantía de acceso a la prestación de todos los servicios médicos que se puedan necesitar tanto para las madres como para las niñas y niños. La creación de casas de parto serviría, por tanto, como un instrumento más para la humanización del
embarazo, parto, puerperio y lactancia una realidad.
No se puede obviar como la crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de impulsar este tipo de medidas, así como las dificultades que se pueden presentar para la atención al embarazo y al parto ante una crisis de salud
pública como la producida. El sistema sanitario se ha tenido que adaptar no solo para hacer frente al virus, sino también para atender el resto de personas usuarias que no podían esperar a ser atendidas y que tenían que enfrentar el riesgo de
contagio.
Con la implantación de casas de parto extrahospitalarias las mujeres, sus acompañantes, y los neonatos no tendrían que compartir espacios hospitalarios, dado que tendrían su propio espacio para los nacimientos, a no ser que hubiera alguna
necesidad médica extraordinaria, donde la distancia con el espacio hospitalario no implicaría riesgos.
De tal modo, las áreas de obstetricia y maternidad han ido adaptándose durante la pandemia. Se establecieron diferentes protocolos que, inevitablemente, afectaron a la atención de las mujeres, a los acompañamientos durante el parto y en el
periodo de hospitalización. Dadas las circunstancias, creemos oportuno plantear medidas que vayan más allá de posibles pandemias; medidas y herramientas que garanticen que de modo alguno los derechos de las mujeres puedan verse de nuevo afectadas.
En el País Valenciano existen hospitales de referencia en la atención humanizada, como es el caso del Hospital de la Plana a Castelló. Dicho hospital es pionero en la humanización del parto, tal como constata el galardón otorgado hace ya
una década por el Ministerio de Sanidad a la Mejor Práctica Clínica por su proyecto de Atención al parto natural y la humanización del parto, o más recientemente por el reconocimiento recibido por parte de Unicef, que ha acreditado sus profesionales
con la fase 2D de adhesión a la iniciativa por la humanización del nacimiento y la lactancia (¡Han) dentro del programa Friendly Hospital Iniciative de la OMS.
Por todas estas razones y para poder implementar el sistema de casas de parto con todas las garantías y de manera eficiente en el sistema público de salud, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a incrementar el número de las plazas formativas en la especialización de comadrona para, entre otras cosas, impulsar el sistema de las casas de parto en la red de la sanidad pública.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002747
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Plural, a instancia Joan Baldoví Roda, Diputado de Compromís, y al amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y ss. del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley Proposición sobre la
muerte perinatal o gestacional, para su debate en la Comisión Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La muerte perinatal o gestacional se produce cuando el bebé muere dentro del vientre de su madre, durante el parto o incluso hasta la primera semana de vida del bebé. Del mismo modo también incluye la situación en la que se produce una
interrupción voluntaria del embarazo por cuestiones médicas tanto de la madre como del bebé.
Esta situación, muy dolorosa para las madres y padres, ha sido y continúa siendo una cuestión que conlleva serias dificultades en su gestión entre la sociedad. Desgraciadamente continúa siendo en muchos casos un tema tabú, llevado en
silencio por parte de las madres y padre. Situaciones dadas, en muchas ocasiones por la falta de procedimientos y protocolos para poder garantizar la mejor atención posible, tanto física como psicológica.
Conviene señalar en este punto que, al dolor físico y psicológico derivado de la muerte perinatal, hay que añadir las carencias que existen en la regulación laboral. Se producen así situaciones en las cuales las madres y padres no
encuentran un reconocimiento que los permita asumir el luto, y disfrutar de una recuperación física y psicológica ante la pérdida de su bebé.
En el año 2008 se aprobó 'la Estrategia de atención al parto normal en el sistema nacional de salud', pero en más de diez años no se ha aprobado otra estrategia a nivel estatal ni se ha actualizado la vigente. Tan solo existe una revisión
mediante un informe del año 2012 que pone en evidencia la más que necesaria actualización de los datos, objetivos y líneas estratégicas.
En los últimos años, algunos territorios han desarrollado nuevas estrategias o planes. Extremadura, por ejemplo, desarrolló en 2015 una Estrategia de atención al parto normal, en la cual se incluyen protocolos de actuación y documentación
que expone como tienen que ser las prácticas clínicas en los paritorios, para unificar los criterios de atención a las maternidades de Extremadura, según la evidencia científica. Esta Estrategia incluye directrices de actuación en todos los ámbitos
y para todos los actores que intervienen.
Otros territorios cuentan también con guías específicas de acompañamiento al luto perinatal que contemplan los diferentes supuestos, tanto el de muerte natural, como el de la interrupción al embarazo por problemas de salud de la madre o del
hijo o hija.
La pandemia provocada por la COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de actualizar y adaptar cuestiones relativas a la atención al parto, para garantizar los derechos de madres, padres y sus niños y niñas, incluso en una situación de
pandemia.
Por ello, resulta necesario realizar una revisión de la estrategia de atención y asistencia a los partos. También para que cuestiones como la de la muerte perinatal tengan un tratamiento más especializado y, por ejemplo, contemple todos los
momentos del proceso: desde la atención asistencial de las mujeres
cuando están ingresadas en el hospital, hasta el seguimiento sanitario y psicológico de los meses posteriores, para que no se encuentren desamparadas al volverá casa.
En este sentido, la formación de los profesionales y los protocolos hospitalarios de actuación cobran especial relevancia, debiendo de ser actualizados en los conocimientos y habilidades para modificar las rutinas asumidas y mejorar así la
calidad de la atención y evitar cualquier indicio de violencia obstétrica derivada de la carencia de atención especializada hacia las mujeres.
Además, es imprescindible emprender una revisión en cuanto a las prestaciones por maternidad y paternidad en los supuestos de muerte perinatal. Actualmente para acogerse a una prestación por maternidad o paternidad en estos casos el bebé
tendría que haber llegado a los ciento ochenta días de gestación, dejando así totalmente desprotegidas a madres y padres que sufren esta perdida en las semanas previas sin ningún derecho a acogerse a la prestación por maternidad y paternidad incluso
cuando hablamos de cuestiones, como por ejemplo haber pasado con las necesidades físicas que comporta la recuperación. Es por eso que la regulación de estas prestaciones tendría que poder ajustarse de manera proporcional a las semanas de gestación
puesto que, aunque no hayan llegado a los ciento ochenta días, madres y padres necesitan una recuperación tanto física como psicológica.
Por último, el conocimiento de los datos es imprescindible para diseñar las políticas; hay una gran variedad de indicadores que son fundamentales conocer para poder garantizar una sociedad con partos donde se garanticen los derechos y el
bienestar de las personas usuarias.
Por todo lo expuesto anteriormente, presento la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Impulsar, en colaboración con las CC.AA. (respetando las competencias de cada administración) y con los centros y establecimientos sanitarios, mecanismos de cumplimiento para garantizar el desarrollo y aplicación de las medidas
relativas a la asistencia sanitaria en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de la mujer.
2. Impulsar, en colaboración con las CC.AA. y respetando las competencias de cada administración, mecanismos de coordinación entre el personal facultativo y el centro de salud correspondiente para los casos de muerte perinatal, con el
objetivo de dar la mejor atención psicológica a madres y padres durante todo el proceso de muerte perinatal, aborto o interrupción de embarazo en caso de enfermedad fetal grave o peligro para la salud de la madre, estableciendo una conexión con la
atención primaria para garantizar un seguimiento en la recuperación física de la madre y en la recuperación psicológica de las madres y los padres.
3. Actualizar la estrategia estatal de atención al parto, así como recomendar que las comunidades autónomas lo actualizan también, para acercarse a una atención al parto más respetuosa y humanizada.
4. Tomar las medidas legislativas necesarias para reformar la regulación de las prestaciones de maternidad y paternidad en cuanto a los supuestos de muerte perinatal para establecer su aplicación de manera gradual y proporcional en las
semanas de embarazo, garantizando así que todas las madres y padres podrán disponer de un tiempo de recuperación física y psicológica después de una situación de muerte perinatal con el objetivo de garantizar su recuperación y de reconocer el
derecho tanto de la madre como del padre.
5. Incluir en las recomendaciones de 'la Estrategia para la atención al parto normal' los contenidos de la formación MIR y la formación EIR de especialidades de obstetricia-ginecología, pediatría y formación continuada.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Joan Baldoví Roda, Portavoz del Grupo Parlamentario Plural.
161/002749
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre prevención y atención a la conducta suicida, para su debate en la Comisión de
Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Según la Guía de Práctica Clínica de Prevención y Tratamiento de la Conducta Suicida publicada por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad, y revisada en el año 2020, el suicidio representa un grave problema de salud pública.
Alrededor de un millón de personas se quitan la vida y muchas más intentan hacerlo en todo el mundo, siendo la décima causa de muerte en Europa, y con una tendencia ascendente a nivel global.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), por cada suicidio consumado, hay muchas personas que intentan suicidarse cada año, entre los que se encuentran jóvenes y adolescentes.
El suicidio se puede producir a cualquier edad, en 2016, fue la segunda causa principal de defunción en el grupo etario de 15 a 29 años, en todo el mundo.
Cada suicidio es una tragedia que afecta a familias, comunidades y países, y tiene efectos duraderos para los allegados del suicida.
Desde el año 2008, el suicidio en España se sitúa como la primera causa de muerte no natural, por encima de las muertes por accidentes de tráfico.
El número de muertes por suicidio en España creció en 2019 un 3,7 % respecto al año anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Es decir, un total de 3.671 personas fallecieron por esta causa en
nuestro país, 2.771 fueron hombres y 900 fueron mujeres.
Lo que tiene una gran repercusión emocional, social y económica para el entorno de las personas fallecidas.
El suicidio trae consigo consecuencias devastadoras para el entorno de la persona fallecida, y las implicaciones de la conducta suicida arrasan la vida de estas personas y la de sus familias.
La OMS reconoce que el suicidio es un problema complejo y, consiguientemente, las actividades de prevención exigen la coordinación y colaboración de múltiples sectores de la sociedad, incluidos los de salud, educación, trabajo, política y
medios de comunicación.
Esas actividades deben ser amplias e integradas, dado que ningún enfoque individual por separado puede tener efecto en una cuestión tan compleja como es la conducta suicida.
El estigma, particularmente en torno a las enfermedades mentales, al suicidio y a la conducta suicida, disuaden de buscar ayuda a muchas personas que piensan en quitarse la vida o han tratado de hacerlo y, por lo tanto, no llegan a recibir
la ayuda que necesitan.
La prevención de la conducta suicida, en muchos países, no se ha abordado apropiadamente, debido a la falta de sensibilización respecto del suicidio como problema de salud pública principal y al tabú existente en muchas sociedades para
examinarlo abiertamente.
Por ello, es importante aumentar la sensibilidad de la comunidad y superar el tabú, para que los países avancen en la prevención de la misma.
En la actualidad, unos pocos países han incluido la prevención de la conducta suicida entre sus prioridades sanitarias, y solo 38 países han notificado que cuentan con una estrategia específica o plan de prevención del suicidio. En todo
caso, para que las respuestas nacionales sean eficaces se requiere una estrategia de prevención del suicidio multisectorial e integral.
En España, la actual Estrategia de Salud Mental (2009-2013) recoge entre sus objetivos la prevención de la enfermedad mental, el suicidio y las adicciones en la población general.
En los últimos años en nuestro país, la mayor parte de las Comunidades Autónomas, han puesto en marcha planes específicos de prevención de la conducta suicida, han desarrollado programas o procesos, o han incluido acciones preventivas como
líneas enmarcadas en sus planes de salud mental.
Actualmente, el Gobierno de España trabaja en la actualización de la Estrategia de Salud Mental, para de esta manera proporcionar una herramienta que permita mejorar la salud mental de la población, y que dé respuesta, entre otras
cuestiones, a la prevención, detección precoz y atención a la conducta suicida, y específicamente de las conductas suicidas desde la infancia y la adolescencia.
La salud mental de las personas es fundamental para su bienestar y para una vida sana y feliz.
En España, y según la Encuesta Nacional de Salud 2017, una de cada diez personas mayores de quince años, declara haber sido diagnosticada de algún problema de salud mental, como la ansiedad o la depresión, y dos de cada diez en el caso de
las personas en situación de vulnerabilidad social o en desempleo.
La incertidumbre causada por la pandemia consecuencia del coronavirus, está teniendo un enorme impacto en los problemas de salud mental, tanto en adultos como en la infancia y la adolescencia.
Según el CIS, el 37 % de las personas encuestadas se han sentido algunas veces muy tristes o deprimidas desde el inicio de la pandemia.
De ahí, la relevancia de los trabajos que el Ministerio de Sanidad está desarrollando para actualizar la Estrategia en Salud Mental, que servirá como marco de referencia para el despliegue de programas y acciones sobre la salud mental por
parte de las comunidades autónomas, que dé respuesta tanto a necesidades que ya existían en esta materia, como a los nuevos retos que ha planteado la pandemia.
En este marco, el Grupo Socialista estima oportuno seguir desarrollando medidas que prioricen la detección precoz del riesgo suicida, mejorando el acceso y la atención en los servicios sanitarios públicos.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud:
1. Valorar con las Comunidades Autónomas la posibilidad de poner en marcha una servicio gratuito de atención telefónica coordinada e integrada, atendida por profesionales de la salud mental, con el objetivo de la atención de crisis,
ansiedad, depresión y demás problemas de salud mental, así como el abordaje de la prevención de la conducta suicida, en colaboración con colegios profesionales y entidades sociales vinculadas a la salud mental.
2. En colaboración con las Comunidades Autónomas, y en el marco de la Estrategia de Salud Mental, desarrollar medidas de sensibilización, información y concienciación que visibilicen el problema del suicidio como un problema de salud
pública, que reduzcan el estigma social asociado y favorezcan la prevención de la conducta suicida.
3. Difundir e impulsar el uso del Manual de apoyo a los Profesionales de la información: 'Recomendaciones para el tratamiento del suicidio por los medios de comunicación', elaborado por el Ministerio de Sanidad con la participación de
organizaciones de periodistas, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos y Asociaciones de salud mental, a partir de las recomendaciones de la OMS con el fin de lograr una información responsable y contribuir a reducir la conducta
suicida.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Ana Prieto Nieto, Carmen Andrés Añón, María Luisa Carcedo Roces, Diputadas.-Guillermo Antonio Meijón Couselo, y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario
Socialista.
161/002751
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo y reconocimiento de la innovación incremental en el
desarrollo de medicamentos para su debate en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sistema de desarrollo científico, tecnológico y de innovación robusto y preparado para dar respuesta a posibles crisis o emergencias. Son precisamente los
países que tienen un mayor nivel de apoyo y reconocimiento de la actividad innovadora quienes han conseguido situarse a la vanguardia de la salida de esta pandemia, posicionando además en algunos casos sus industrias farmacéuticas como líderes en el
desarrollo de soluciones, como en el caso de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Por el contrario, España no ha sido capaz de hacer lo propio, incluso cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está desarrollando una
innovadora vacuna intranasal contra el COVID-19.
Esta capacidad de desarrollo de nuevas soluciones unas veces requiere innovaciones disruptivas, pero otras la clave reside en innovaciones increméntales que son capaces de transformar una solución existente en una nueva más efectiva contra
un determinado reto. En el caso de las vacunas contra el
COVID-19, la experiencia de BioNTech, el laboratorio alemán que ha contribuido al desarrollo de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, ha sido un ejemplo de este tipo. No en vano, BioNTech se encontraba desarrollando investigaciones sobre ARN
mensajero (mRNA) en sus intentos de entender mejor la relación entre el sistema inmunológico y la respuesta del organismo ante el cáncer. En estas investigaciones intentaron aislar la composición genética única de cada tumor para provocar, mediante
esta tecnología mRNA, una respuesta inmune para que el propio paciente pudiera combatir el cáncer. Gracias a este trabajo, los investigadores Ugur Sahin y Óezlem Türeci reorientaron sus hallazgos hacia la lucha inmune contra el virus SARS-CoV-2.
La innovación incremental nace del análisis del uso de soluciones que ya existen, a veces incluso fármacos completos ya comercializados, buscando incorporar nuevas modificaciones, mejoras o nuevos usos que contribuyan a la mejora del
bienestar de los pacientes o a la robustez del sistema sanitario en su conjunto. Esta innovación incremental, por ejemplo, también hará que las vacunas contra el COVID-19 puedan ser más efectivas ante futuras variantes, incorporando ese tipo de
mejoras a las vacunas que se encuentran actualmente en comercialización y uso. En definitiva, la innovación incremental puede mejorar formulaciones de medicamentos existentes, simplificar las pautas de administración, hacer más fácil y segura esa
administración para los pacientes -especialmente en el caso de formas farmacéuticas complejas como inyectables o inhaladores-, reposicionar los tratamientos hacia necesidades médicas no cubiertas, combinar en una sola administración varios
medicamentos o incorporar tecnologías digitales que permitan mejorar el control y seguimiento del uso de dichas adaptaciones o nuevas presentaciones de medicamentos.
Sin embargo, el sector farmacéutico lamenta que esas innovaciones increméntales a menudo no cuentan con un marco de reconocimiento adecuado que ponga en valor esas mejoras que, como se indicaba anteriormente, pueden suponer verdaderos
cambios de calado en la adherencia terapéutica o en el bienestar de los pacientes. La innovación incremental en medicamentos, por ejemplo, a menudo se equipara de forma errónea a los usos o presentaciones clásicas del original, quedando
significativamente afectada por el sistema de precios de referencia, únicamente por compartir el mismo principio activo con ese medicamento previo.
Como consecuencia, en el momento en el que concluyen los procesos de aprobación y fijación de precios de medicamentos resultantes de esta innovación incremental, o bien nos encontramos con que estos nuevos usos o mejoras no se incluyen en la
prestación farmacéutica pública o, en el caso en el que sí se reconozca su inclusión, los precios acaban siendo tan ajustados que las empresas que han invertido en esa innovación incremental no pueden obtener un retorno de esa inversión y pierdan el
interés en el desarrollo y comercialización de esas innovaciones increméntales.
En el caso de España, el precio medio de los medicamentos maduros ya se encuentra entre los más bajos de la Unión Europea, con más del 50 % de los medicamentos que se dispensan en las farmacias españolas sujetos a precios menores de tres
euros. El 64 % del precio final de un medicamento es el precio de venta del laboratorio, que fija el Gobierno de España, y el 36 % restante son los márgenes de distribución e impuestos, cuya cuantía suele ser fija. Si a ello añadimos que el
sistema actual de precios de referencia trata las innovaciones increméntales como meras 'copias' de otros medicamentos, ligando su precio a los precios de referencia de esos medicamentos con los que comparten principio activo, la aparición de
innovaciones increméntales está seriamente limitada en España, a pesar de que este tipo de mejoras en los medicamentos pueden encerrar importantes beneficios para los profesionales sanitarios y, especialmente, para los pacientes.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el sistema de fijación de precios de referencia para medicamentos y productos sanitarios para asegurar que los criterios de fijación de esos precios se ajustan mejor a los esfuerzos técnicos y económicos necesarios para
desarrollar y comercializar medicamentos y productos sanitarios de innovación incremental.
2. Asegurar que los criterios para la fijación y revisión de precios y la conformación de los conjuntos en el sistema de precios de referencia, establecidos respectivamente en los Artículos 94, 96 y 98 del Real Decreto Legislativo 1/2015,
de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios reconocen también de forma adecuada esos esfuerzos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Guillermo Díaz Gómez, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
161/002757
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Doña Macarena Olona Choclán, doña Mercedes Jara Moreno, don Juan Luis Steegmann Olmedillas, don Antonio Salvá Verd, don Andrés Alberto Rodríguez Almeida y don Tomás Fernández Ríos, en sus respectivas condiciones de Portavoz Adjunta y
Diputados del Grupo Parlamentario VOX (GPVOX), al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presentan la siguiente Proposición no de Ley instando la financiación por el Sistema
Nacional de Salud de las prótesis externas auditivas de pacientes con hipoacusia con independencia de su edad, para su discusión en la Comisión de Sanidad y Consumo.
Exposición de motivos
Primero. Prevalencia de la sordera o hipoacusia en España y consecuencias para quienes la padecen.
La hipoacusia es la pérdida parcial de la capacidad auditiva. Se denomina sordera o hipoacusia al déficit funcional que ocurre cuando un sujeto pierde capacidad auditiva, en mayor o menor grado.
Cabe diferenciar entre (i) 'sordera', como la pérdida de la audición que altera la capacidad para la recepción, discriminación, asociación y comprensión de los sonidos, tanto del medio ambiente como de la lengua oral. La pérdida auditiva es
mayor de 70 decibelios. E (ii) 'hipoacusia', que resulta en una pérdida auditiva de superficial a moderada en uno o ambos oídos, menor de 70 decibelios.
Diversos informes (INE, FASEN) arrojan datos según los cuales en España más de 2.000.000 de personas sufren algún tipo de sordera, de los cuales el 45 % son menores de 50 años.
La prevalencia se relaciona con la edad y la exposición al ruido, asociándose con más frecuencia al sexo masculino. Otros factores relacionados con esta patología son las enfermedades infecciosas del oído medio e interno, fármacos como
aminoglicósidos, salicilatos, quinidina y furosemida, daños del nervio auditivo, tabaquismo, diabetes mellitus e hipercolesterolemia. La hipoacusia también genera depresión, deterioro cognitivo y de la calidad de vida, alteraciones de la conducta y
del sueño, disminución de la actividad social, problemas de comunicación y otras alteraciones de la memoria, afectando por tanto a la capacidad psíquica, física y social. Asimismo, produce un aumento del riesgo en situaciones de accidente y
dificultad en el uso del teléfono, comprometiendo la seguridad física y la capacidad de vivir de forma independiente.
En definitiva, la hipoacusia ocasiona graves dificultades de comunicación que afectan a todos los ámbitos de desarrollo de una persona.
Segundo. Las prótesis externas.
Llegado a un determinado grado de pérdida de audición es necesario tratar al paciente hipoacúsico con prótesis externas, comúnmente denominados audífonos.
Se define una prótesis externa como un producto sanitario que requiere una elaboración y/o adaptación individualizada y que, dirigido a sustituir total o parcialmente un órgano o una estructura corporal o su función, no precisa de
implantación quirúrgica en el paciente. En el mercado, el coste de un audífono, según las necesidades del paciente, oscila entre los 1.000 y 3.000 euros.
Con relación a la regulación sobre ayudas sociales en la materia, desde el Ministerio de Sanidad informaban el pasado 3 de marzo de 2021 que se encuentran trabajando en la detección precoz de la hipoacusia, para su inclusión en la oferta de
cribados poblacionales de la cartera de servicios comunes de Salud Pública.
Asimismo, señalaban que el Programa de Detección Precoz de la Hipoacusia, iniciado en 1994, fue aprobado en 2003 por el Consejo Interterritorial del SNS, quedando definitivamente implantado en todas las Comunidades Autónomas en 2010,
ofreciéndose actualmente a todos los recién nacidos en España, generalmente en el hospital de nacimiento y antes del alta hospitalaria. En última instancia, indicaban que habría iniciado el desarrollo de un sistema que permitirá disponer de
información epidemiológica más completa y recoger los datos necesarios para realizar una evaluación anual de los resultados del Programa de Cribado Neonnatal de la Hipoacusia del SNS.
Los audífonos constituyen un elemento necesario para el tratamiento y la integración social de los niños hipoacúsicos, al permitirles la adquisición del lenguaje, pero deben ser complementados con la rehabilitación del lenguaje y la
educación del menor. Las administraciones sanitarias vinculan la financiación de los audífonos y de los moldes adaptadores a programas de detección precoz, tratamiento completo y seguimiento de la hipoacusia.
De acuerdo con la normativa que regula la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud, se consideran incluidas en la financiación las ayudas para la audición para pacientes hipoacúsicos, de cero a veintiséis años de edad,
afectados de hipoacusia bilateral neurosensorial, transmisiva o mixta, permanente, no susceptible de otros tratamientos, con una pérdida de audición superior a 40 dB en el mejor de los oídos (valor obtenido promediando las frecuencias de 500,1.000 y
2.000 Hz).
Así, la Orden SCB/480/2019, de 26 de abril, por la que se modifican los anexos I, III y VI del Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el
procedimiento para su actualización, establece que las ayudas públicas para la adquisición de audífonos se ampliarán desde los 16 años de edad hasta los 26 como máximo, de forma progresiva hasta hacer la medida efectiva por completo en el año 2022,
sin que hasta la fecha se haya dado cumplimiento a dicha regulación.
Tercero. Insuficiencia e inequidad territorial de las ayudas actuales en España.
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) aseguraba ya en el año 2019 que el catálogo resultante de audífonos no da respuesta a las necesidades de las personas con sordera y sus familias, indicando que 'Los audífonos
continúan siendo la única prótesis externa de la Cartera Ortoprotésica con una injustificada discriminación por razón de edad para acceder a la prestación prevista, lo que perpetúa la discriminación que sufren las personas sordas y sus familias'.
En aras de avanzar hacia la cobertura universal, FIAPAS propuso al entonces Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, una ampliación progresiva por tramos de edad, siendo los 26 años el primer tramo a alcanzar en un único plazo y
para todo el tramo. La decisión finalmente adoptada, de acuerdo con las comunidades autónomas, estableció el incremento hasta esa edad, pero de forma gradual y comenzando con una ampliación solo hasta los 20 años de edad, e incorporando cada año un
nuevo tramo mínimo de dos años hasta alcanzar los veintiséis años, lo que nos acerca al año 2023 como fecha en la que esta ampliación de edad será totalmente efectiva.
A pesar de la incorporación de las mejoras en la financiación previstas, tanto para audífonos como para renovación de los componentes externos, 'las cuantías financiadas son insuficientes', lo que hace que las personas con sordera y sus
familias deban seguir asumiendo unos copagos. El Sistema Nacional de Salud tendría que poner fin a esta deuda que debe saldar la Sanidad española con las personas con sordera si realmente quiere ser reconocida como universal.
En materia de ayudas y subvenciones por comunidades autónomas, en Madrid se ofrecen hasta 840 euros a las personas que puedan acreditar una pérdida auditiva incapacitante. En Galicia, la subvención es de hasta 800 euros por cada audífono,
estando esta ayuda restringida a las personas mayores de 65 que necesiten un dispositivo para hacer frente a problemas de audición, así como a las personas que los necesiten por contar con una discapacidad reconocida.
En Navarra existe también una ayuda para comprar audífonos siempre que no se superen los haremos establecidos en la renta per cápita. Los andaluces, por su parte, pueden acogerse a un programa para obtener audífonos si tienen más de 65
años, mientras que en Cantabria es posible conseguir una subvención para la adquisición y adaptación de los audífonos de hasta 900 euros.
En Aragón estas ayudas pueden llegar hasta los 1000 euros, y van dirigidas a personas en situación de dependencia o con discapacidad auditiva, mientras que en Cataluña estas ayudas se solicitan desde el Programa Unificado de Ayudas y cubren
la adquisición del audífono, pero no otro tipo de elementos como las baterías de los audífonos o los auriculares.
Una vez más los españoles se ven discriminados según la Comunidad Autónoma en la que residan, y en este caso según la edad, pues las personas comprendidas entre 26 y 65 años no reciben ningún tipo de ayudas para financiar los audífonos en
ninguna comunidad autónoma.
Además, cabe reseñar que, en la mayoría de comunidades y regiones, los requisitos básicos para poder optar a estas subvenciones y ayudas pasan por tener reconocido un grado de discapacidad auditiva de entre el 21% o el 33% (dependiendo de
cada comunidad esta cifra puede variar); que la discapacidad reconocida siempre esté relacionada con la ayuda solicitada; y acreditar unos ingresos personales íntegros que no superen los haremos establecidos para poder acogerse a este tipo de
subvenciones.
Esto vuelve a crear importantes desigualdades, toda vez que muchos españoles que están en esta franja de edad tampoco pueden cumplir con todos y cada uno de estos requisitos, y carecen de capacidad para autofinanciarlos, lo cual deriva en un
incremento del aislamiento social que les confiere su sordera.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario VOX formula la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en virtud de las competencias del Estado establecidas en los artículos 149.1.1.ª, 16.ª y 17.ª de la Constitución, a lo siguiente:
1. Promover la introducción en la normativa que regula la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud de la financiación al 100 % de los audífonos hasta los 26 años, así como en jubilados y en discapacitados.
2. Promover la financiación, como mínimo en un 50 %, de los audífonos en la franja de edad de 26 a 65 años, en todo enfermo afectado de cualquier tipo de hipoacusia y que tenga realizada la indicación por un especialista.
3. Promover la financiación al 100 % de los audífonos en personas en la franja de 26 a 65 años que justifiquen que, por su situación económica, cargas familiares, así como en familias numerosas, no tienen recursos para su adquisición.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 2 de junio de 2021.-Mercedes Jara Moreno, Juan Luis Steegman Olmedillas, Antonio Salvá Verd, Andrés Alberto Rodríguez Almeida, Tomas Fernández Ríos, Diputados.-Macarena Olona Choclán, Portavoz de Grupo
Parlamentario Vox.
Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades
161/002724
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Republicano, a instancia del Diputado Joan Margall Sastre y la Diputada Marta Rosique i Saltor al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición
no de Ley sobre la devolución del IVA cobrado indebidamente a los proyectos de investigación y desarrollo para su debate en instancia en la Comisión de Ciencia, innovación y Universidades.
Exposición de motivos
Sendas regulaciones y directivas del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa (1892/2006 y la posterior revisión EEC N. 3037/90) fijaban la clasificación de actividades económicas en el seno de la UE (NACE, Satistical Classification of
Economic Activities). La investigación y desarrollo tecnológico en ciencias naturales y técnicas se enmarca en el grupo 72.1 de dicha clasificación. Según el Real Decreto 475/2007 de 13 de abril por el que se transpone al Estado Español la
normativa europea 'Este grupo comprende la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas'. Asimismo, la Ley del IVA (Ley 37/1992, de 28 de diciembre) dice que 'Se considerarán
actividades económicas distintas aquellas que tengan asignados grupos diferentes en la
Clasificación Nacional de Actividades Económica'. Así pues, no se diferencia entre la investigación básica y la aplicada por lo que a clasificación de actividad de económica se refiere.
Según la normativa tributaria vigente tanto los centros de investigación y desarrollo como las universidades pueden recuperar el IVA que hayan sufragado financiando actividades de 'investigación y desarrollo en ciencias naturales y
técnicas'. Es decir, la AEAT tiene la obligación de devolver el IVA pagado por los centros en las debidas liquidaciones tributarias. A pesar de esta obligatoriedad el Ministerio de Hacienda está reteniendo el IVA del l+D+i de los centros de
investigación y universidades, negándose a devolverlo. Algo que contraviene tanto la legislación española como la normativa europea. El cuerpo de inspectores de Hacienda alega que la investigación y el desarrollo no es una actividad económica. No
obstante, ofrecen 'dispensas' o 'quitas' parciales a los centros para evitar contenciosos judiciales que, probablemente, el estamento perdería. En 2016, el Tribunal Supremo se pronunció, en sendas sentencias, a favor de las Universidades de
Santiago de Compostela y de Salamanca que habían demandado a hacienda en relación con la dilación de la AEAT en el retorno del impuesto.
Esta conducta de la AEAT perjudica, aún más, a los centros autonómicos que son financiados con las subvenciones de la propia Comunidad Autónoma. Es decir, el Estado central aprovecha esta práctica para desviar recursos de los gobiernos
autónomos. Así pues, si un centro depende directamente del CSIC, es el propio ministerio el que otorga una subvención que puede llegar a compensar el IVA no devuelto. En cambio, en centros que dependen de la administración autonómica, quien paga
esta subvención es el propio gobierno autónomo, de tal modo que la 'compensación' acaba devuelta al Gobierno central en forma de un IVA que debería quedarse en la propia comunidad autónoma.
En mayo de 2021 los centros catalanes han aceptado -aunque visto la conducta del Ministerio podría inferirse que es bajo coacción- unas prorratas de la AEAT que no son del 100%, comprometiéndose esta, de palabra, a su aplicación en los años
venideros -lo cual se concreta en la simple no obertura de expedientes-. No obstante, en realidad, en el último año la AEAT ha abierto sendos expedientes solicitando la revisión del porcentaje aplazando vahos meses las devoluciones de los
impuestos.
Estas prácticas dilatorias de Hacienda lastran la tesorería de los centros de investigación, ya de por sí muy mermados en recursos. Algo que pone en serio riesgo a la investigación y el desarrollo tecnológico, un sector que según el propio
Gobierno es una prioridad para la modernización de la economía al Servicio de la ciudadanía. Y más con la experiencia de la pandemia de la COVID19 que ha puesto de relieve, como nunca, la necesidad de potenciar el talento en l+D+i.
Por todo lo expuesto, el Grupo Republicano presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno español a:
1. Cumplir inmediatamente con la legalidad y acabar con las prácticas dilatorias de la AEAT en relación con la devolución del Importe del IVA tanto a los centros de investigación como a las Universidades que desempeñan actividades
relacionadas con la investigación básica, la investigación aplicada y el desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas.
2. Pagar la devolución del IVA con los correspondientes intereses y establecer mecanismos de reparación a los centros de desarrollo e investigación que han visto lastradas sus tesorerías desde 2014.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2021.-Marta Rosique i Saltor y Joan Margall Sastre, Diputados.-Gabriel Rufián Romero, Portavoz de Grupo Parlamentario Republicano.
161/002750
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Ciudadanos, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del vigente Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para el apoyo y reconocimiento de la innovación incremental en el
desarrollo de medicamentos para su debate en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades.
Exposición de motivos
La pandemia de COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia de contar con un sistema de desarrollo científico, tecnológico y de innovación robusto y preparado para dar respuesta a posibles crisis o emergencias. Son precisamente los
países que tienen un mayor nivel de apoyo y reconocimiento de la actividad innovadora quienes han conseguido situarse a la vanguardia de la salida de esta pandemia, posicionando además en algunos casos sus industrias farmacéuticas como líderes en el
desarrollo de soluciones, como en el caso de Estados Unidos, Reino Unido o Alemania. Por el contrario, España no ha sido capaz de hacer lo propio, incluso cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) está desarrollando una
innovadora vacuna intranasal contra el COVID-19.
Esta capacidad de desarrollo de nuevas soluciones unas veces requiere innovaciones disruptivas, pero otras la clave reside en innovaciones increméntales que son capaces de transformar una solución existente en una nueva más efectiva contra
un determinado reto. En el caso de las vacunas contra el COVID-19, la experiencia de BioNTech, el laboratorio alemán que ha contribuido al desarrollo de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, ha sido un ejemplo de este tipo. No en vano, BioNTech se
encontraba desarrollando investigaciones sobre ARN mensajero (mRNA) en sus intentos de entender mejor la relación entre el sistema inmunológico y la respuesta del organismo ante el cáncer. En estas investigaciones intentaron aislar la composición
genética única de cada tumor para provocar, mediante esta tecnología mRNA, una respuesta inmune para que el propio paciente pudiera combatir el cáncer. Gracias a este trabajo, los investigadores Ugur Sahin y Óezlem Türeci reorientaron sus hallazgos
hacia la lucha inmune contra el virus SARS-CoV-2.
La innovación incremental nace del análisis del uso de soluciones que ya existen, a veces incluso fármacos completos ya comercializados, buscando incorporar nuevas modificaciones, mejoras o nuevos usos que contribuyan a la mejora del
bienestar de los pacientes o a la robustez del sistema sanitario en su conjunto. Esta innovación incremental, por ejemplo, también hará que las vacunas contra el COVID-19 puedan ser más efectivas ante futuras variantes, incorporando ese tipo de
mejoras a las vacunas que se encuentran actualmente en comercialización y uso. En definitiva, la innovación incremental puede mejorar formulaciones de medicamentos existentes, simplificar las pautas de administración, hacer más fácil y segura esa
administración para los pacientes -especialmente en el caso de formas farmacéuticas complejas como inyectables o inhaladores-, reposicionar los tratamientos hacia necesidades médicas no cubiertas, combinar en una sola administración varios
medicamentos o incorporar tecnologías digitales que permitan mejorar el control y seguimiento del uso de dichas adaptaciones o nuevas presentaciones de medicamentos.
Sin embargo, el sector farmacéutico lamenta que esas innovaciones increméntales a menudo no cuentan con un marco de reconocimiento adecuado que ponga en valor esas mejoras que, como se indicaba anteriormente, pueden suponer verdaderos
cambios de calado en la adherencia terapéutica o en el bienestar de los pacientes. La innovación incremental en medicamentos, por ejemplo, a menudo se equipara de forma errónea a los usos o presentaciones clásicas del original, quedando
significativamente afectada por el sistema de precios de referencia, únicamente por compartir el mismo principio activo con ese medicamento previo.
Como consecuencia, en el momento en el que concluyen los procesos de aprobación y fijación de precios de medicamentos resultantes de esta innovación incremental, o bien nos encontramos con que estos nuevos usos o mejoras no se incluyen en la
prestación farmacéutica pública o, en el caso en el que sí se reconozca su inclusión, los precios acaban siendo tan ajustados que las empresas que han invertido en esa innovación incremental no pueden obtener un retorno de esa inversión y pierdan el
interés en el desarrollo y comercialización de esas innovaciones increméntales.
En el caso de España, el precio medio de los medicamentos maduros ya se encuentra entre los más bajos de la Unión Europea, con más del 50 % de los medicamentos que se dispensan en las farmacias españolas sujetos a precios menores de tres
euros. El 64 % del precio final de un medicamento es el precio de venta del laboratorio, que fija el Gobierno de España, y el 36 % restante son los márgenes de distribución e impuestos, cuya cuantía suele ser fija. Si a ello añadimos que el
sistema actual de precios de referencia trata las innovaciones increméntales como meras 'copias' de otros medicamentos, ligando su precio a los precios de referencia de esos medicamentos con los que comparten principio activo, la aparición de
innovaciones increméntales está seriamente limitada en España, a pesar de que este tipo de
mejoras en los medicamentos pueden encerrar importantes beneficios para los profesionales sanitarios y, especialmente, para los pacientes.
Teniendo esto en cuenta, el Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Revisar el sistema de fijación de precios de referencia para medicamentos y productos sanitarios para asegurar que los criterios de fijación de esos precios se ajustan mejor a los esfuerzos técnicos y económicos necesarios para
desarrollar y comercializar medicamentos y productos sanitarios de innovación incremental.
2. Asegurar que los criterios para la fijación y revisión de precios y la conformación de los conjuntos en el sistema de precios de referencia, establecidos respectivamente en los Artículos 94, 96 y 98 del Real Decreto Legislativo 1/2015,
de 24 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios reconocen también de forma adecuada esos esfuerzos.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Juan Ignacio López-Bas Valero, Diputado.-Edmundo Bal Francés, Portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comisión de Igualdad
161/002728
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Isabel Pozueta Fernandez, Diputada del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, de conformidad con lo previsto en el vigente Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta la siguiente Proposición no de Ley relativa a la Ratificación del
Convenio 189 de la OIT para su debate en la Comisión de Igualdad.
Exposición de motivos
El trabajo doméstico y de los cuidados incide de manera determinante en la calidad de vida de las sociedades actuales, porque contribuye de manera decisiva a la sostenibilidad de las familias, la persona y la vida.
Las tareas del hogar, transferidas de una mujer a otra, entrelazan, además, en muchas ocasiones, las necesidades de cobertura básica de los hogares de un lugar a otro, de un país a otro, de un continente a otro, poniendo de manifiesto las
cadenas globales de cuidados de los países del Sur a los países del Norte.
De igual modo, se trata de un importante componente de la economía con repercusiones en el Producto Interior Bruto. Es un trabajo que tiene rostro de mujer -entre el 83% y el 90% son mujeres- y suponen alrededor de 12.000 mujeres en Navarra
y más de 31.000 en la Comunidad Autónoma Vasca, 630.000 en el Estado español y más de 55 millones en todo el mundo, contando tanto las inscritas en el régimen de la Seguridad Social como las que no.
La economía sumergida, tan presente en el sector especialmente para mujeres migrantes, significa una permanente inestabilidad para las trabajadoras, que carecen por completo de derechos, trabajan en condiciones mínimas de subsistencia,
soportan situaciones denigrantes y sufren abusos, incluidos los sexuales, como bien recogen diversos estudios.
Estas condiciones perpetúan la feminización de la pobreza. Y se obvian las implicaciones económicas que forman parte de la reactivación de un país cuyas principales protagonistas son las mujeres, que sufren la imposibilidad de disfrutar de
una pensión de jubilación o invalidez, de acceder a créditos y ayudas sociales, o a cualquier tipo de protección por enfermedad común o accidente laboral.
La consideración jurídico-laboral del trabajo en el hogar reconoce derechos laborales y de seguridad social, pero no los suficientes como para equipararse con el resto de las personas trabajadoras reguladas
por el Estatuto de los Trabajadores; existen evidentes desajustes en lo relativo al salario, las horas de descanso, el alta en la Seguridad Social, las vacaciones, las pagas extraordinarias completas, las horas de presencia, el derecho al
subsidio de paro, la posibilidad de jubilación anticipada o las ayudas y prestaciones para personas desempleadas mayores de 55 años. Además de todas las cuestiones en materia de extranjería, que imponen obligaciones que añaden complejidad a la
posibilidad de las correspondientes regularizaciones.
En junio de 2011 se celebró en la sede de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, la 1009 Conferencia Internacional del Trabajo (CIT), en la cual se aprobó por amplia mayoría una nueva norma internacional, el Convenio 189, que
fue acompañado de la recomendación 201.
En él se establecen los estándares mínimos de protección para quienes se desempeñan en el trabajo doméstico remunerado. Se reiteran las normas existentes de la O IT sobre trabajo forzoso, discriminación y trabajo infantil, así como la
libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva. Al mismo tiempo se declara un sólido reconocimiento del valor económico y social hacia el trabajo doméstico y de cuidados y se hace un llamamiento a la acción para poner fin a las
exclusiones de que son objeto las trabajadoras y los trabajadores domésticos en los ámbitos de protección laboral.
El 5 de septiembre de 2013 entró en vigor el histórico convenio de la OIT. Han sido numerosas las iniciativas llamando a la ratificación del mismo por parte del Estado Español. En Navarra el Parlamento foral por ejemplo, lo lleva pidiendo
desde el 2016.
Es necesario reconocer a las trabajadoras del hogar, también quienes realizan trabajos de cuidados en situación irregular, sus plenos derechos laborales, equiparándolas a las demás personas trabajadoras. Y por ello el Gobierno debe
ratificar y cumplir el convenio 189 y la recomendación 201 sin más dilaciones. Porque es una cuestión de derechos básicos, de acabar con la explotación laboral y esclavitud humana en pleno siglo XXI.
Por todo ello, se presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de España a ratificar el convenio 189 de la OIT junto a la recomendación 201.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Isabel Pozueta Fernández, Diputada.-Mertxe Aizpurua, Portavoz del Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
161/002762
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para la promoción de espacios seguros y movilidad saludable de niños, niñas y
adolescentes en las rutas entre sus hogares y los centros escolares, para su debate en la Comisión de Derechos de la Infancia y la Adolescencia.
Exposición de motivos
Escribió el poeta y ensayista granadino Luis García Montero unos versos que sirven de inspiración a esta proposición no de ley: 'tómate en serio el camino que va desde la casa al colegio, porque además de descubrir el mundo, el sentido de
los vientos y las lluvias, te ofrecerá la posibilidad de alejarte un poco de ti misma, hasta comprender lo que tienes en común con todos tus compañeros'.
El derecho a la movilidad libre por pueblos y ciudades, la reivindicación de los espacios seguros, del descubrimiento desde la óptica de la infancia y la adolescencia de todos aquellos detalles que deben engrandecer sus conocimientos, es un
claro ejemplo de que lo cotidiano en la infancia y la adolescencia tiene un valor innegable que muchas veces pasa desapercibido en nosotros, los adultos.
El disfrute del espacio público con un equilibrio justo entre libertad y seguridad debe protegerse e incentivarse, de modo que las rutas diarias supongan ese valor ya mencionado. Caminar, utilizar la bicicleta como instrumento de
transporte, además de una práctica saludable, pone a la infancia y la adolescencia en contacto con el entorno, facilitando de modo más eficiente su autonomía personal, su autoestima y su capacidad de asimilar conocimientos, sin que para ello sea
necesaria la compañía de un adulto.
Han sido varias las ciudades europeas cuyos ayuntamientos en colaboración con la Red Ciudades Que Caminan pusieron en práctica la experiencia denominada Metrominuto Escolar, que forma parte de la campaña Al Cole Andando, tendentes a fomentar
de algún modo ejercicios saludables en la infancia y la adolescencia. Se trata, en suma, de crear espacios seguros, movilidad saludable, zonas pacificadas, utilizando a tal fin un mapa o plano que de forma esquemática indique las distancias y los
tiempos para moverse por cada ciudad o municipio, marcando como epicentro para ello el centro escolar correspondiente.
En un momento como el presente donde las políticas saludables, la preocupación por la contaminación urbana y la promoción de la bicicleta como medio de transporte urbano y rural cobran gran relevancia, consideramos un aporte pedagógico de
gran calado para el presente y el futuro, promocionar campañas de este tipo, hábitos de promoción de la salud y orientados al bien común.
Por todo ello el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
1. Poner las necesidades de la infancia y la adolescencia en el foco principal de la planificación del espacio y desarrollo urbano, tanto en ciudades como en municipios rurales, con políticas de eficiencia que contribuyan a crear espacios
seguros y facilidad para la movilidad saludable.
2. Incluir en esas mismas recomendaciones del Gobierno a las administraciones autonómicas y locales el derecho de la infancia y la adolescencia a la libre movilidad.
3. Fomentar campañas para que todos los municipios de España contribuyan a crear rutas y mapas de movilidad saludable y espacios seguros en el camino entre los hogares y las escuelas y colegios.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Juan Cuatrecasas Asua y Omar Anguita Pérez, Diputados.-Susana Ros Martínez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces de Grupo Parlamentario Socialista.
161/002763
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley para su debate en la Comisión de
Derechos de la Infancia y la Adolescencia relativa a la lucha contra la obesidad infantil.
Exposición de motivos
La obesidad infantil ha alcanzado niveles epidémicos tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo. En comparación con el resto de los países de Europa, España se sitúa en una posición intermedia en el porcentaje de
personas adultas obesas. Sin embargo, en lo que se refiere a la población infantil, nuestro país presenta una de las cifras más altas, solo comparable a las de otros países mediterráneos. España se sitúa entre los Estados de la OCDE, junto con
Grecia, Malta e Italia, con mayor porcentaje de sobrepeso infantil y juvenil, con un crecimiento sensible desde 1990 del 38 %.
Según el estudio Pasos, impulsado por la Gasol Foundation, la prevalencia de exceso de peso en la población infanto-juvenil de entre 8 a 16 años es de un 34,9 %. El 20,7 % de esta población tiene sobrepeso y un 14,2 % presenta obesidad. Es
decir, que cuatro de cada diez escolares tienen exceso de peso.
Desde el año 2000, la prevalencia de la obesidad se ha incrementado en un 1,6 %, mientras que la del sobrepeso lo ha hecho en un 0,4 %. El aumento de la obesidad infantil y juvenil no es un caso aislado en
España. Las tasas de sobrepeso en la población infantil y adolescente de 5 a 19 años se han multiplicado por 10 a nivel mundial desde 1975 hasta 2016. En 2016 había más de 340 millones de niños, niñas y adolescentes -de 5 a 19 años- con
sobrepeso u obesidad. Si esta tendencia se mantiene, en 2022, la población infantil y adolescente con obesidad infantil superará la que tiene bajo peso para la edad en todo el mundo, según informa Unicef.
La obesidad en la infancia y en la adolescencia tiene un impacto negativo tanto en la salud física como psicológica, el bienestar social y emocional y la autoestima de los niños y niñas, y da lugar a una serie de afecciones que contribuyen a
una mayor morbilidad y muerte prematura. La obesidad infantil tiende a perpetuarse en la adolescencia y, a su vez, la obesidad de la adolescencia se prolonga hasta la vida adulta, aumentando las probabilidades de desarrollar enfermedades como
diabetes y enfermedades cardiovasculares, trastornos metabólicos, neurológicos, hepáticos, pulmonares y renales a una edad más temprana. Asimismo, genera una serie de problemas emocionales y psicosociales como baja autoestima, estrés crónico,
depresión que pueden derivar en un peor rendimiento escolar y aumentar las posibilidades de sufrir discriminación, estigmatización y acoso escolar.
Las causas de la obesidad son complejas y multifactoriales: factores ambientales, genéticos, las preferencias de estilo de vida y el entorno cultural juegan un papel fundamental en la creciente prevalencia de la obesidad en todo el mundo.
En general, se asume que el sobrepeso y la obesidad son el resultado de un aumento en la ingesta de calorías y grasas. Por otro lado, existen pruebas de que la ingesta excesiva de azúcar en los refrescos, el aumento del tamaño de las porciones y la
disminución constante de la actividad física han desempeñado un papel importante en las crecientes tasas de obesidad en todo el mundo.
A pesar de reconocer que la actividad física es esencial para el crecimiento y desarrollo normal de la infancia y de su importancia en la prevención de la obesidad y otros problemas de salud relacionados con la obesidad, muy pocos niños y
niñas son físicamente activos. Un problema concurrente es que los jóvenes de hoy pasan más tiempo que las generaciones anteriores en actividades sedentarias, como ver la televisión y en el uso de pantallas. La actividad física ha sido desplazada
por estas opciones recreativas inactivas, lo que ha contribuido a la reducción del gasto energético relacionado con la actividad.
La Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas tuvo un significado revolucionario respecto a la consideración jurídica del niño, ya que dejó de ser considerado objeto de protección, para considerarse sujeto titular de
derechos. Desde una perspectiva de derechos de la infancia y la adolescencia, el aumento en los índices de obesidad infantil amenaza el ejercicio del derecho de la infancia a la salud, consagrado en los artículos 24 a 27 de la Convención sobre los
Derechos del Niño, en los cuales los Estado Partes se comprometen a garantizar el derecho a una alimentación saludable y a adoptar las medidas apropiadas para hacer efectivo este derecho. Asimismo, el aumento de la obesidad pone en riesgo el
ejercicio del derecho a la educación, a la información, a la no discriminación, al juego y al esparcimiento, y de manera más amplia, al derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo pleno. Por otro lado, en la agenda de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) se establecen también compromisos en el abordaje de la malnutrición y obesidad infantil. El objetivo 2 de los ODS expresa la necesidad de 'Poner fin al hambre, logar la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición,
promover la agricultura sostenible', y el objetivo 3 aboga por 'Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades'. Al contrario de la mayoría de las personas adultas, los niños, niñas y adolescentes no pueden elegir
el entorno en el que viven ni los alimentos que consumen. Asimismo, tienen una capacidad limitada para comprender las consecuencias a largo plazo de sus elecciones y hábitos de vida. Por consiguiente, al tratarse de un problema de salud pública de
primer orden, es necesario poner en marcha políticas públicas desde un enfoque poblacional, multisectorial, multidisciplinar abarcando cambios en materia social, económica, políticas de agricultura, transportes, planificación urbana, medio ambiente,
educación y procesamiento, distribución y comercialización de los alimentos. Si no implementamos medidas urgentes, corremos el riesgo de que las niñas, niños y adolescentes de hoy vivan una vida menos saludable, y probablemente más corta, que la de
sus padres y madres.
La pandemia del COVID-19 no ha hecho sino agravar las desigualdades que existían para la infancia en cuestión de renta, salud, alimentación y educación. Asimismo, ha sacado a relucir la dificultad de muchas familias con niños, niñas y
adolescentes, especialmente de las más vulnerables, para manejar y gestionar tanto la escolarización virtual, la inestabilidad económica, la actividad física limitada y la inseguridad alimentaria. Las rutinas familiares interrumpidas, la
desregulación del sueño, la actividad física reducida, el incremento del uso de pantallas, la mayor dependencia de alimentos más procesados y ricos
en calorías o el acceso más limitado a comidas sanas con porciones adecuadas han contribuido, con toda probabilidad, a aumentar la obesidad infantil y juvenil durante la pandemia.
Asimismo, la pandemia está agudizando una tendencia señalada desde hace tiempo por diversos organismos internacionales: la asociación entre el nivel socioeconómico y la obesidad infantil. A pesar de que se ha ido estabilizando la tendencia
al alza de la obesidad en España, la brecha entre los más desfavorecidos y los más favorecidos ha ido aumentando, convirtiendo la desigualdad de ingresos en uno de los factores más determinantes y de riesgo en la salud de la infancia y la
adolescencia. La probabilidad de presentar obesidad entre los más desfavorecidos es 2,5 veces mayor que entre los menores más favorecidos. Respecto a la obesidad severa, la condición más grave de obesidad, la probabilidad de manifestarse entre los
niños más desfavorecidos es seis veces mayor, afectando al 3,7 %, mientras que entre la población más favorecida afecta al 0,6 %.
Diversos estudios señalan que la mayor obesidad infantil en zonas más desfavorecidas se debe, entre otras cuestiones, a una mayor accesibilidad a alimentos 'basura' y a reducidos espacios urbanos donde hacer actividad física al aire libre de
forma segura. Asimismo, apuntan que los niños y niñas de menor nivel socioeconómico dedican más tiempo al uso de pantallas, lo cual se vincula a una mayor exposición a anuncios de productos de alimentación no saludable. El aumento de precio de los
alimentos sanos y nutritivos frente a los productos más baratos, pero de peor calidad, es otra circunstancia ligada con la tendencia a que en los hogares con menos ingresos se mantenga el crecimiento de los índices de obesidad infantil, mientras que
estos se estabilizan o se reducen en los hogares con más ingresos.
Por todo ello, el Grupo Confederal de Unidas Podemos-en Comú Podem-Galicia en Común presenta la siguiente
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a llevar a cabo las siguientes acciones:
- Elaborar y poner en marcha de manera urgente el Plan Nacional contra la Obesidad Infantil.
- Invertir en políticas de prevención de la obesidad infantil y juvenil que promuevan, desde una perspectiva más integral y en coordinación con las Comunidades Autónomas, programas donde se incremente la calidad de la actividad física en los
centros educativos, la promoción de las horas de sueño, la calidad del descanso y una alimentación y hábitos saludables.
- Fortalecer presupuestariamente los planes y programas de alimentación para las familias con menores en situación de vulnerabilidad.
- Continuar desarrollando la política impulsada por el Ministerio de Consumo dirigida a restringir la oferta de alimentación no saludable, estableciendo tasas específicas sobre bebidas azucaradas y productos ultra procesados, con especial
atención a los entornos y centros educativos más vulnerables.
- Fomentar la oferta de comercios y restaurantes de alimentación saludable en zonas desfavorecidas.
- Establecer la obligatoriedad de evaluaciones de impacto vinculadas a la obesidad infantil en todas las políticas públicas, en especial las relacionadas con educación, agricultura, consumo y comercio.
- Realizar campañas de sensibilización sobre alimentación saludable destinadas al conjunto de la población, involucrando a los productores y proveedores de alimentos, a fin de construir entornos de alimentación sanos, sostenibles, justos y
de proximidad.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Lucía Muñoz Dalda, Diputada.-Txema Guijarro García, Portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común.
Comisión sobre Seguridad Vial
161/002740
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre la obligatoriedad del uso del casco de
protección para las personas que desempeñan su profesión conduciendo una bicicleta, para su debate en la Comisión de Seguridad Vial.
Exposición de motivos
El comercio electrónico y telefónico ha tenido como consecuencia una realización masiva de compras, que se vinculan a su vez al movimiento físico de mercancías, -así como de productos de alimentación y consumo que se entregan a domicilio-.
Por todo ello, se ha visto incrementado de manera vertiginosa en los últimos tiempos y de forma especialmente intensa a raíz de la pandemia provocada por la COVID-19.
Una de las manifestaciones de este fenómeno ha sido la aparición de un nuevo tipo de usuario de la bicicleta: los denominados 'rider' que ha hecho del reparto de la paquetería-, así como de productos de alimentación y consumo, en bicicleta
o en ciclos de tres ruedas-, su profesión.
Los 'riders' han constituido un colectivo que ha resultado esencial durante el confinamiento, llegando a formar parte usual y cotidiana en nuestras grandes ciudades. En la actualidad se estima que este colectivo supera las 11.000 personas y
continúa creciendo.
Desde el punto de vista de la seguridad vial, el 'rider' es un usuario especialmente vulnerable de la vía, no ya solo por el hecho de ser ciclista, -lo que le expone a un mayor riesgo de sufrir lesiones o que estas sean de mayor gravedad-;
sino que además es mayor su exposición al riesgo de verse implicado en un accidente, ya que conduce su bicicleta en un entorno urbano durante varias horas; en definitiva durante toda su jornada de trabajo, lo que justifica que se refuerce su
protección a través de la utilización obligatoria del casco.
Según datos estadísticos de la Dirección General de Tráfico, en el año 2019, (antes, por tanto, de la pandemia y del vertiginoso desarrollo del fenómeno de los 'riders') fallecieron 32 ciclistas por accidentes ocurridos en las vías urbanas.
Existe un gran consenso científico sobre la efectividad del uso del casco para la reducción del riesgo de lesiones graves y mortales en caso de accidente. De acuerdo con el 'Manual de medidas de seguridad vial' (RuneElvik, 2009), el casco
reduce un 64% las lesiones en la cabeza y un 34% las heridas faciales. Según se desprende del informe 'Las principales cifras de la Siniestralidad de los Ciclistas España 2016', de la Dirección General de Tráfico, un 13% de los ciclistas
hospitalizados sufren lesiones cerebrales, y un 15% sufren lesiones en la cabeza, la cara y el cuello.
El casco para ciclistas ha experimentado importantes mejoras técnicas durante los últimos años, tanto en lo que respecta a su capacidad de protección frente a impactos, como en la comodidad en su utilización.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:
Proposición no de Ley
'El Congreso de los Diputados insta al Gobierno, en el marco de sus competencias y en colaboración con las autoridades competentes de las Comunidades Autónomas, a establecer la obligatoriedad del uso de casco de protección para quienes
desarrollan su actividad profesional circulando en bicicleta.'
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2021.-José Carlos Durán Peralta, Maribel García López, Juan Francisco Serrano Martínez, Adolfo Pérez Abellás, Gemma Araujo Morales, Manuel Arribas Maroto, Rafael José Vélez César, Ignacio
López Cano, José Ramón Ortega Domínguez, Joan Ruiz i Carbonell, Alfredo Sancho Guardia, Daniel Senderos Oraá y David Serrada Pariente, Diputados.-Felipe Jesús Sicilia Alférez y Rafael Simancas Simancas, Portavoces del Grupo Parlamentario Socialista.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ORAL
La Mesa de la Cámara en su reunión del día de hoy ha acordado admitir a trámite, conforme al artículo 189 del Reglamento, las siguientes preguntas orales al Gobierno en Comisión, disponer su conocimiento por las Comisiones que se indican,
dando traslado al Gobierno y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena su publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Comisión de Hacienda
181/001109
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Está planteando el Gobierno la eliminación del IVA reducido y super reducido si el comité de Expertos así se lo solicita?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001110
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Cuál de los nuevos impuestos que ha enviado a Bruselas en el Plan de Recuperación el Gobierno de España cree que no afectará a la clase media de nuestro país?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001111
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Cuál cree el Gobierno que será la recaudación fiscal en España en 2021 de los 222.107 millones de euros previstos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001112
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿De verdad cree el Gobierno que la presión fiscal en España es un 7,7 % inferior a la media europea?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
181/001113
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Víctor Valentín Píriz Maya.
Texto:
¿Si la subida de impuestos enviada a Bruselas en el Plan de Recuperación no entrará en vigor en 2023, según ha anunciado la ministra, cuál es la periodificación, impuesto a impuesto, de la entrada en vigor y la cantidad que pretende recaudar
en cada periodo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Víctor Valentín Píriz Maya, Diputado.
Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
181/001108
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Diputado don Miguel Ángel Jerez Juan.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto ejecutar el Ministerio de Transportes, Vivienda y Agenda Urbana, o los organismos de él dependientes, para mejorar la accesibilidad y evitar los perjuicios que puedan afectar a la imagen turística de isla por el
estado de las obras paralizadas en la fachada principal de aeropuerto de Ibiza?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2021.-Miguel Ángel Jerez Juan, Diputado.
181/001114
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña Patricia Rueda Perelló, don Rubén Darío Vega Arias, don José María Figaredo Álvarez-Sala, doña Patricia de las Heras Fernández, don Juan Carlos Segura Just, doña Cristina Alicia Esteban Canoje, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
Tras la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia por el Gobierno en el que se asume ante la Comisión Europea la necesidad de establecer un impuesto sobre el uso del transporte aéreo (pág. 272) al objeto de
fomentar el uso de medios de transporte más sostonibles y respetuosos con
el medio ambiente, así como el incentivo a la exploración de nuevas tecnologías y carburantes menos contaminantes, ¿se han estudiado medidas alternativas al establecimiento de este impuesto para conseguir los mismos fines?
Palacio del Congreso de los Diputados, 31 de mayo de 2021.-Patricia Rueda Perelló, Rubén Darío Vega Arias, José María Figaredo Álvarez-Sala, Patricia de las Heras Fernández, Juan Carlos Segura Just, Cristina Alicia Esteban Canoje, Diputados.
181/001115
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Diputado don Iñigo Barandiaran Benito.
Dirigida al Secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Texto:
¿Cómo piensa solucionar los retrasos existentes en la redacción de los estudios informativos para la redacción de los proyectos correspondientes a la entrada del Tren Alta Velocidad en las capitales vascas?
Palacio del Congreso de los Diputados, 3 de junio de 2021.-Iñigo Barandiaran Benito, Diputado.
Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
181/001106
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Juan José Aizcorbe Torra, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, doña María Teresa López Álvarez y doña Carla Toscano de Balbín, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Secretario de Estado de Migraciones.
Texto:
Como Secretario de un Departamento encargado de desarrollar la política migratoria del Gobierno, ¿no considera usted que la política aperturista que están promoviendo, y que además han plasmado como línea de actuación en la Estrategia España
2050, fomenta que aumente la inmigración ilegal en nuestro país, tal y como lo evidencian el crecimiento de entradas irregulares en las ISlas Canarias y la avalancha migratoria acontecida en Ceuta?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás, María Teresa López Álvarez, Carla Toscano de Balbín, Diputados.
181/001107
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Juan José Aizcorbe Torra, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás, doña María Teresa López Álvarez y doña Carla Toscano de Balbín, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Texto:
¿Qué valoración hace de la política migratoria aperturista del Gobierno a la vista del aumento, en un 62,8 %, de las entradas irregulares de inmigrantes a España en el primer trimestre de 2021, en comparación con el mismo periodo del año
anterior?
Palacio del Congreso de los Diputados, 27 de mayo de 2021.-Juan José Aizcorbe Torra, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás, María Teresa López Álvarez, Carla Toscano de Balbín, Diputados.
Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
181/001116
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, don Rubén Darío Vega Arias, doña Magdalena Nevado del Campo, don Luis Gestoso de Miguel y don Manuel Mariscal Zabala, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida al Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Texto:
Dado que Marruecos supera los contingentes máximos de importación fijados por el Acuerdo Agrícola, ¿va a solicitar el Gobierno ante las Autoridades de la Unión Europea la suspensión de dicho Acuerdo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 1 de junio de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Rubén Darío Vega Arias, María Magdalena Nevado del Campo, Luis Gestoso de Miguel y Manuel Mariscal Zabala, Diputados.
Comisión de Transición Ecológica y Reto Demográfico
181/001105
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados don Ricardo Chamorro Delmo, doña Mireia Borrás Pabón, don Ángel López Maraver, don Luis Gestoso De Miguel, doña Magdalena Nevado del Campo, don Francisco José Contreras Peláez y don Pedro Jesús Requejo Novoa, Grupo Parlamentario
VOX.
Dirigida a la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Texto:
¿Cuáles son las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en la cuenca del Guadiana frente a la invasión de las plagas vegetales, entre otras, del camalote (Eichhornia cmssipes), el nenúfar mejicano (Nymphaea mexicana) o el helécho de
agua (Azolla filiculoides)?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-Ricardo Chamorro Delmo, Mireia Borrás Pabón, Ángel López Maraver, Luis Gestoso de Miguel, María Magdalena Nevado del Campo, Francisco José Contreras Peláez, Pedro Jesús Requejo
Novoa, Diputados.
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia
181/001104
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Diputados doña María Teresa López Álvarez, don Pablo Juan Calvo Liste, doña Rocío de Meer Méndez, doña María de la Cabeza Ruiz Solás y doña Georgina Trías Gil, Grupo Parlamentario VOX.
Dirigida a la Sra. Ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
Texto:
¿Qué medidas tiene previsto adoptar su Ministerio en relación con los menores marroquíes que han sido ilegal mente introducidos en España la semana del 17 de mayo?
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de mayo de 2021.-María Teresa López Álvarez, Pablo Juan Calvo Liste, Rocío de Meer Méndez, María de la Cabeza Ruiz Solás, Georgina Trías Gil, Diputados.
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
La Presidencia de la Cámara, a solicitud de su autor, ha acordado tener por convertida en pregunta con respuesta oral en Comisión y trasladar, a los efectos del artículo 190.2 del Reglamento, a la Comisión de Transición Ecológica y Reto
Demográfico, la pregunta al Gobierno con respuesta escrita que a continuación se relaciona, así como comunicarlo a dicha Comisión, al Gobierno y al Sr. Diputado preguntante y su publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Núm. expte.: 184/047209.
Núm. registro: 116399.
Autor iniciativa: Lorite Lorite, Andrés (GP).
Objeto iniciativa: Motivos por los que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha desestimado la propuesta presentada por la Junta de Andalucía que atiende a la conexión con Castilla-La Mancha o Extremadura,
partiendo de la Puebla de Guzmán (Huelva) y Hornachuelos (Córdoba), dentro de la Planificación de la Red de Transporte de Energía Eléctrica para el periodo 2021-2026.
Publicación: 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 269 de 11 de mayo de 2021.
Nuevo número asignado a la iniciativa tras la conversión: 181/001129.
184/053512
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia:
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Iñarritu García, Jon (GEH Bildu).
Apertura de alguna investigación en relación a la entrada de personas migrantes los días 17 y 18/ de mayo de 2021 a Ceuta.
Acuerdo:
1. En cuanto a la solicitud de copia contenida en la segunda pregunta de la presente iniciativa y, teniendo en cuenta la subsanación de falta de firma contenida en el escrito número de registro 132236, admitir a trámite como solicitud de
informe a los efectos de los artículos 7 del Reglamento de la Cámara y 109 de la Constitución y trasladar a la Administración Pública correspondiente (nuevo número de expediente 186/003130).
2. En cuanto al resto, admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
3. Comunicar este acuerdo al Sr. Diputado autor de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 8 de junio de 2021.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Jon Iñarritu Garda, Diputado de EH BILDU (Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu) de conformidad con lo previsto en el artículo 185 del Reglamento del Congreso de los Diputados, presenta las siguientes preguntas al Gobierno con solicitud de
respuesta por escrito.
En relación a la entrada de personas migrantes el pasado día 17 y 18 de mayo a Ceuta y tras los diferentes testimonios de menores que han sido expulsados de manera sumaria a Marruecos, deseo conocer:
- ¿Se ha abierto alguna investigación sobre estos hechos?
- ¿Qué órdenes se les dio a las Fuerzas Armadas en relación a las expulsiones de personas migrantes? [...]
- ¿Durante cuántos días las FCSE expulsaron a personas migrantes desde Ceuta a Marruecos?
Palacio del Congreso de los Diputados, 4 de junio de 2021.-Jon Iñarritu García, Diputado.