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BOCG. Congreso de los Diputados, serie D, núm. 18, de 23/01/2020
cve: BOCG-14-D-18
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BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES
CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
XIV LEGISLATURA
Serie D: GENERAL
23 de enero de 2020
Núm. 18
ÍNDICE
Composición y organización de la Cámara
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000013 Composición de la Junta de Portavoces ... (Página2)
DIPUTADOS
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados de la XIII Legislatura ... (Página5)
Declaración de bienes y rentas de los señores Diputados ... (Página11)
Control de la acción del Gobierno
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/000450 Autor: Clavell López, Óscar.
Autoridad que se hizo cargo de las personas del Aquarius cuando llegaron al puerto de Valencia y en los días posteriores. Retirada ... (Página32)
184/000525 Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio. Díez Pérez, Yolanda.
Subida de los precios del peaje de la AP-9, autopista del Atlántico, prevista para el año 2020 y la posibilidad de aplicar un plan de descuentos ... (Página32)
184/001286 Autor: Rego Candamil, Néstor.
Medidas para garantizar el conocimiento y uso de las lenguas oficiales, especialmente del gallego ... (Página34)
184/001462 Autor: Callejas Cano, Juan Antonio. Romero Sánchez, Rosa María. Santamaría Ruiz, Luis.
Previsiones acerca de reformar la legislación vigente para permitir a los civiles del CNI que fueron reservistas volver a recuperar tal condición ... (Página36)
COMPOSICIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA CÁMARA
JUNTA DE PORTAVOCES
031/000013
De conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara, se ordena la publicación de la composición de la Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
Palacio del Congreso de los Diputados, 20 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Presidenta:
BATET LAMAÑA, Meritxell.
Grupo Parlamentario Socialista (031/000001)
Portavoz:
LASTRA FERNÁNDEZ, Adriana.
Portavoces adjuntos:
SIMANCAS SIMANCAS, Rafael.
FERNÁNDEZ CASERO, Ana Belén.
SICILIA ALFÉREZ, Felipe Jesús.
ZARAGOZA ALONSO, José.
ROS MARTÍNEZ, Susana.
Portavoz sustituto:
MEIJÓN COUSELO, Guillermo Antonio.
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso (031/000004)
Portavoz:
ÁLVAREZ DE TOLEDO PERALTA-RAMOS, Cayetana.
Portavoces adjuntos:
MARISCAL ANAYA, Guillermo.
BORREGO CORTÉS, Isabel María.
ECHÁNIZ SALGADO, José Ignacio.
MONTESINOS DE MIGUEL, Macarena.
Portavoces sustitutos:
ROJAS GARCÍA, Carlos.
GARCÉS SANAGUSTÍN, Mario.
MONEO DÍEZ, M.ª Sandra.
GONZÁLEZ VÁZQUEZ, Marta.
Grupo Parlamentario VOX (031/000002)
Portavoz:
ESPINOSA DE LOS MONTEROS DE SIMÓN, Iván.
Portavoces adjuntos:
OLONA CHOCLÁN, Macarena.
GARRIGA VAZ DE CONCICAO, Ignacio.
RUEDA PERELLÓ, Patricia.
Portavoz sustituto:
ORTEGA SMITH-MOLINA, Francisco Javier.
Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común (031/000008)
Portavoz:
ECHENIQUE ROBBA, Pablo.
Portavoces adjuntos:
SANTIAGO ROMERO, Enrique Fernando.
GÓMEZ-REINO VARELA, Antonio.
Portavoces sustitutos:
FERNÁNDEZ CASTAÑÓN, Sofía.
GUIJARRO GARCÍA, Txema.
Grupo Parlamentario Republicano (031/000007)
Portavoz:
RUFIÁN ROMERO, Gabriel.
Portavoz adjunta:
TELECHEA I LOZANO, Carolina.
Grupo Parlamentario Plural (031/000011)
Portavoz:
BORRÀS CASTANYER, Laura.
Portavoces adjuntos:
REGO CANDAMIL, Néstor.
ERREJÓN GALVÁN, Íñigo.
Grupo Parlamentario Ciudadanos (031/000003)
Portavoz:
ARRIMADAS GARCÍA, Inés.
Portavoz adjunto:
BAL FRANCÉS, Edmundo.
Portavoz sustituto:
ESPEJO-SAAVEDRA CONESA, José María.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) (031/000005)
Portavoz:
ESTEBAN BRAVO, Aitor.
Portavoz adjunto:
LEGARDA URIARTE, Mikel.
Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu (031/000006)
Portavoz:
AIZPURUA ARZALLUS, Mertxe.
Portavoz adjunto:
MATUTE GARCÍA DE JALÓN, Oskar.
Grupo Parlamentario Mixto (031/000012)
Portavoz:
VEHÍ CANTENYS, Mireia.
Portavoz adjunto:
GARCÍA ADANERO, Carlos.
DIPUTADOS
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La presente publicación recoge las declaraciones finales de bienes y rentas de aquellos señores Diputados que han perdido su condición de tales como consecuencia de la disolución de la XIII Legislatura. Debe entenderse que, aquellos
que no hayan presentado declaración final, sus bienes y rentas no habrán experimentado variación sobre las declaraciones ya presentadas y publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
ÍNDICE
Página
CARVALHO DANTAS, María (núm. expte. 009/000002/0030) ... (Página6)
De conformidad con lo dispuesto en la Norma 5 del Acuerdo de las Mesas del Congreso de los Diputados y del Senado, de 21 de diciembre de 2009, por el que se aprueban las Normas en materia de registro de intereses, en los términos de la
redacción dada por la modificación acordada por las Mesas de ambas Cámaras, en su reunión del día 19 de julio de 2011, para dar cumplimiento a lo establecido en la reforma del artículo 160.2 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se
ordena la publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de las siguientes declaraciones de bienes y rentas presentadas, una vez calificadas.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
ÍNDICE
Página
ALONSO-CUEVILLAS I SAYROL, Jaume (GPlu) (núm. expte. 005/000120/0000) 0... (Página12)
ÁLVAREZ FANJUL, Beatriz (GP) (núm. expte. 0005/000350/0000) 0... (Página22)
DE MEER MÉNDEZ, Rocío (GVOX) (núm. expte. 005/000349/0000) 0... (Página17)
POZUETA FERNÁNDEZ, Isabel (GEH Bildu) (núm. expte. 005/000117/0001) 1... (Página27)
0 Declaración inicial.
1 Modificación de la declaración.
2 Declaración final.
CONTROL DE LA ACCIÓN DEL GOBIERNO
PREGUNTAS PARA RESPUESTA ESCRITA
184/000450
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Clavell López, Óscar (GP).
Retirada de su pregunta sobre autoridad que se hizo cargo de las personas del Aquarius cuando llegaron al puerto de Valencia y en los días posteriores.
Acuerdo:
Aceptar la declaración de voluntad, teniendo por retirada la iniciativa de referencia, así como comunicarlo al Gobierno y al autor de la iniciativa y publicarlo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
Nota.-La iniciativa de referencia fue publicada en el 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, núm. 3, de 17 de diciembre de 2019.
184/000525
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Gómez-Reino Varela, Antonio (GCUP-EC-GC). Díaz Pérez, Yolanda (GCUP-EC-GC).
Reformulación de su pregunta sobre subida de los precios del peaje de la AP-9, autopista del Atlántico, prevista para el año 2020 y la posibilidad de aplicar un plan de descuentos.
Acuerdo:
Teniendo en cuenta la presente reformulación, admitir a trámite la pregunta de referencia, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales,
comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Diputado Antón Gómez-Reino Varela y la Diputada Yolanda Díaz Pérez, pertenecientes al Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común, al amparo de lo dispuesto en los artículos 185 y siguientes del
Reglamento de la Cámara, formulan las siguientes preguntas escritas relativas a la subida de los precios del peaje de la AP-9, autopista del Atlántico, prevista para 2020 y la posibilidad de aplicar un plan de descuentos.
Exposición de motivos
El Informe 2017 sobre el sector de autopistas de peaje en España, el último publicado hasta la fecha por el Ministerio de Fomento, pone de manifiesto que la Autopista del Atlántico (AP-9) es una de las concesiones más jugosas de nuestro
país. Audasa, la empresa concesionaria, ha obtenido durante la última década -entre 2007 y 2017- 1.562 millones de euros en ingresos por peajes y 521,3 en beneficios. También es la autopista que más tiempo permanecerá en manos privadas ya que su
concesión no finaliza hasta el año 2048.
En los seis primeros meses de 2019, Audasa ingresó por peajes 71,4 millones de euros, lo que supuso un beneficio neto, entre enero y julio, de 18,7 millones de euros, un 17,5 % más que en el mismo período del año anterior, precisamente
gracias a los incrementos de precio en los peajes. Este incremento no fue proporcional al aumento del tráfico, ya que mientras que este subió un 2 %, los precios lo hicieron un 3,5 %.
A partir del 1 de enero las autopistas concesionarias por el Ministerio de Fomento sufrirán un incremento de los precios del peaje que, atendiendo a la variación que recoge la fórmula de revisión automática pactada en 2002 por el Gobierno de
Mariano Rajoy, en 2020 será del 0,84 %, porcentaje que cada autopista corrige ligeramente en función de la intensidad de tráfico del año precedente. En 2019 la AP-9 sumó una centésima más a la media del sector y en el 2018 se acogió al incremento
tipo, de modo que, previsiblemente, para 2020 el incremento rondará el 0,84 aprobado por Fomento.
En el caso de la AP-9, a dicho incremento tipo se sumarán otros dos más, lo que la convierte en la autopista que más incrementará sus precios en 2020. De un lado, un 1 %, que empezó a aplicarse en 2018, para que la concesionaria de la vía,
Audasa, recupere los 227,20 millones de euros invertidos en la ampliación del Puente de Rande, el aumento de carriles en el tramo de la circunvalación de Santiago y el área de peaje de Sigüeiro. Y de otro, un 0,80 % para compensar por tercer año
consecutivo a Audasa por la gratuidad del viaje de vuelta en el día en el eje Vigo-Pontevedra para vehículos ligeros que paguen con telepeaje.
Esta subida, que rondará el 2,64 %, supondrá que ir y volver de Coruña a Vigo costará en turismo cerca de 34 euros y para un transportista cerca de 100 euros, lo que supone un importante lastre para las economías familiares y la
competitividad de las empresas y los sectores productivos gallegos, puesto que no existe una alternativa viaria real y adecuada a la AP-9.
Esta subida, que supera en un 1,8 % la del resto de las autopistas estatales, es especialmente lacerante si tenemos en cuenta que las nueve autopistas quebradas, y que han sido asumidas por Fomento a través de la empresa pública Seittsa, no
experimentarán incremento alguno en el precio de sus peajes el próximo año y que la mayor parte de autopistas de la generación de la AP-9 han pasado recientemente o pasarán en breve a ser gratuitas, al ir concluyendo el período de gestión privada,
que en el caso de la AP-9 se ha prorrogado hasta 2048.
A todo ello hay que añadir que la política comercial de Audasa en la AP-9 se limita al cobro de peajes y carece de un Programa de descuentos para las personas usuarias, algo que sí ofrecen las demás autopistas de pago del Estado como una
forma de compensación, mientras otras autopistas hacen descuentos por clientes frecuentes, por número de trayectos, por circular de noche, por su uso en determinadas franjas horarias, por circular en festivos o fines de semana, por circular con
coches eléctricos, por superar su uso un número determinado de veces al mes o por otras circunstancias, algo de lo que no se beneficia la población de Galicia que solo ve cómo sube el contador de pago de peajes.
Destacar que han sido innumerables las ocasiones en las que se ha pedido al Ministerio de Fomento que llevase a cabo una gestión ante Audasa para reclamarle que siga la misma política que se practica en otros viales, una petición que incluso
ha llegado del mismo Grupo Itínere al que pertenece la concesionaria de la AP-9.
La dirección de la compañía esgrime un escaso margen de maniobra para actuar unilateralmente sobre sus tarifas, a pesar de sus destacables beneficios, y destaca que el precio de los peajes obedece a cláusulas que rigen el contrato de
concesión y al visto bueno del Ministerio de Fomento.
Por ello, se formulan las siguientes,
Preguntas para su respuesta por escrito
1. ¿Comparte el Gobierno que es un abuso que la concesionaria Audasa vuelva a aumentar los peajes de la AP-9 en enero de 2020 en un porcentaje aproximado del 2,64 % en el único vial que vertebra Galicia de norte a sur y que no cuenta con
una alternativa real para esquivar sus altos peajes?
2. ¿Comparte el Gobierno que esta subida, comparada con las variaciones en las tarifas de otras autopistas, supone un aumento de la asimetría del Estado en cuanto a la garantía del derecho a la movilidad?
3. ¿Qué medidas va a adoptar el Gobierno para impedir que los peajes vuelvan a subir en 2020 o para reducir estos incrementos tarifarios?
4. ¿Tiene previsto el Gobierno realizar gestiones con Audasa para el establecimiento de un Programa de descuentos similar al de otras autopistas del Estado?
5. En caso de recibir una negativa por parte de la empresa, ¿tiene previsto adoptar medidas para exigir la implementación del mencionado programa en la AP-9?
6. Audasa ha llegado a afirmar que aplicaría descuentos tan solo en el caso de que la rebaja viniese impulsada por alguna Administración y venga aparejada de compensaciones que cubran el mismo importe en los ingresos que Audasa dejaría de
recibir de los usuarios de la vía, ¿contempla el Gobierno esta posibilidad? ¿Cómo valora esta postura de Audasa?
7. ¿Considera el Gobierno equitativo mantener en 70 años la concesión de la AP-9, cuando todas las autopistas de su generación (década de los 70) están finalizando el régimen de concesión, y retornan a la gestión pública, o lo harán en los
próximos años?
Palacio del Congreso de los Diputados, 17 de diciembre de 2019.-Antonio Gómez-Reino Varela y Yolanda Díaz Pérez, Diputados.
184/001286
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Rego Candamil, Néstor (GPlu).
Medidas para garantizar el conocimiento y uso de las lenguas oficiales, especialmente del gallego.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en castellano en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Al amparo de lo establecido en el artículo 185 y siguientes del Reglamento del Congreso de los Diputados, el Diputado Néstor Rego Candamil formula las siguientes preguntas dirigidas al Gobierno, para su respuesta escrita.
Exposición de motivos
La Carta Europea de Lenguas Regionales o Minorizadas proporciona un mecanismo de control para evaluar la aplicación de la misma por los Estados miembros, y permite, donde sea necesario, hacer recomendaciones para mejorar o corregir la
legislación, políticas y prácticas. El elemento central del procedimiento de evaluación es el Comité de Expertos, regulado en el artículo 17 de la Carta. Su función principal es remitir al Comité de Ministros su evaluación examinando la situación
real de las lenguas minorizadas en un determinado Estado, y, donde sea necesario, animar al Estado miembro a alcanzar un mayor grado de cumplimiento de los derechos lingüísticos reconocidos en la Carta.
El Estado español ha firmado la Carta el 5 de noviembre de 1992 y la ha ratificado el 9 de abril de 2001, entrando en vigor en el Estado español el 1 de agosto de 2001. En cumplimiento de lo establecido en el artículo 16, párrafo 3.º, de la
misma, el Comité de Expertos ha publicado su quinto informe acerca de la aplicación de la Carta por parte del Estado español, que ha sido aprobado por el Comité de Ministros de Consejo de Europa. Del citado informe cabe destacar que el Gobierno no
ha puesto en marcha las medidas recomendadas en anteriores períodos, lo que da como resultado un empeoramiento de la diversidad lingüística en el Estado español.
Esto supone el incumplimiento del contenido de la Carta, pues los Estados signatarios se comprometen a la protección y promoción de sus respectivas lenguas minorizadas en todos los campos de la vida pública: educación, órganos judiciales,
autoridades administrativas y servicios públicos, medios de comunicación, actividades culturales, y también en la vida económica y social.
Algunas consideraciones hacen referencia a ámbitos transferidos como la enseñanza. Sin embargo, otros conciernen directamente a la administración del Estado. En concreto, el Comité suspende al Estado español en el uso de las lenguas
oficiales en la administración de justicia. El Comité de Ministros recomendó a las autoridades españolas modificar el marco legal con el fin de dejar claro que las autoridades judiciales, civiles y administrativas de las Comunidades Autónomas
pueden llevar a cabo los procedimientos en idiomas oficiales a petición de una de las partes. A pesar de esta recomendación, que ha sido reiterada en los últimos períodos, no ha habido progresos al respecto. Así, el artículo 231 de la LOPJ todavía
obstaculiza la aplicación del artículo 9 de la Carta, pues solo permite el uso de la lengua cooficial si ninguna de las partes pone objeciones. Además, su uso requiere traducción y, por lo tanto, alarga los procedimientos. Esta situación es una
barrera para la utilización práctica de los idiomas cooficiales en el ámbito de la administración judicial.
El Comité de ministros también recomendó la continuación de las medidas que aseguraran que el personal de la Administración de Justicia en las Comunidades Autónomas con lenguas oficiales tuviera una capacitación práctica en estos idiomas.
Pero tampoco en este aspecto la situación ha mejorado.
Respecto al uso de las lenguas oficiales por la Administración General del Estado, el Comité de Ministros pedía que se siguieran implementando medidas legales y prácticas para asegurar una presencia adecuada de las mismas en la
administración periférica. Sin embargo, en el informe se considera que el conocimiento y uso por parte de los funcionarios de la AGE de los idiomas oficiales sigue siendo insuficiente.
El Comité de Ministros recomienda al Estado español la extensión del reconocimiento dado a las lenguas con estatus oficial en algunas CCAA a otras, normalmente limítrofes, una vez probado que existe suficiente número de usuarios de esa
lengua. Sin embargo, el Comité de Expertos no ha recibido información sobre la extensión de la protección de las lenguas a otros territorios. En el caso del gallego, esto permitiría que se considerara oficial, con las garantías y protección que
esto supone, en zonas limítrofes de Asturias, El Bierzo y Zamora.
En noviembre de 2019, las principales entidades sociales de defensa de las lenguas propias diferentes del español, A Mesa pola Normalización Lingüística (Galego), Plataforma per la Llengua, CIEMEN, Acció Cultural del País Valenciá (Catalán),
Iniciativa pel Asturianu (Asturleonés), Nogara (Aragonés), presentaban el manifiesto 'Pluralismo lingüístico: democracia, igualdad y libertad', con una serie de reclamaciones al gobierno español para garantizar el desarrollo normal de las lenguas
oficiales sin impedimentos por parte
del Estado. En lo esencial, estas reclamaciones coinciden con las recomendaciones emitidas por el Comité de Ministros del Consejo de Europa al Estado español hechas públicas el pasado 11 de diciembre.
1. ¿Piensa cumplir el Estado español con sus deberes en relación a la Carta de las Lenguas, y realizar las modificaciones legislativas necesarias? Concretamente, ¿tiene planeado el Gobierno abordar la reforma de la Ley Orgánica del Poder
Judicial para garantizar el uso de las lenguas oficiales en los procedimientos judiciales a solicitud de una de las partes? ¿Se implementarán medidas que garanticen el conocimiento y uso de la lengua galega por parte del personal que trabaja en la
Administración de Justicia y el resto de agentes que intervienen en su funcionamiento?
2. ¿Va el Gobierno a poner en marcha medidas que garanticen la utilización del galego en la Administración del Estado en Galiza y, por tanto, los derechos lingüísticos de las personas galegofalantes?
3. ¿Se interesará el Gobierno por el reconocimiento como oficiales de las lenguas habladas por colectividades relevantes fuera de los territorios en que hoy son oficiales?
4. ¿Se pondrá en marcha alguna medida para aumentar el número de programas emitidos en los distintos idiomas oficiales y la presencia de la cultura que se expresa en galego -u otras lenguas diferentes del español- en los medios de
comunicación públicos del Estado?
5. ¿Cuenta el Gobierno con algún calendario de actuación para garantizar el cumplimiento de las recomendaciones del Consejo de Europa antes del próximo ciclo de monitorización de la Carta?
6. ¿Va el Gobierno a mantener encuentros con las entidades sociales de defensa del galego y de las otras lenguas distintas del español, consensuando con ellas las medidas a poner en práctica y garantizando así la participación de la
sociedad civil en la vida política?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.-Néstor Rego Candamil, Diputado.
184/001462
La Mesa de la Cámara, en su reunión del día de hoy, ha adoptado el acuerdo que se indica respecto del asunto de referencia.
(184) Pregunta al Gobierno con respuesta escrita.
Autor: Callejas Cano, Juan Antonio (GP). Romero Sánchez, Rosa María (GP). Santamaría Ruiz, Luis (GP).
Previsiones acerca de reformar la legislación vigente para permitir a los civiles del CNI que fueron reservistas volver a recuperar tal condición.
Acuerdo:
Admitir a trámite, trasladar al Gobierno a los efectos de lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento y publicar en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, excepto la primera pregunta, dado que, conforme a lo dispuesto en el artículo
11 de la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la información apropiada sobre el funcionamiento y actividades del Centro Nacional de Inteligencia se somete al conocimiento del Congreso de los Diputados a través
de la Comisión que controla los créditos destinados a gastos reservados, comunicando este acuerdo a los Sres. Diputados autores de la iniciativa.
En ejecución de dicho acuerdo, se ordena la publicación de conformidad con el artículo 97 del Reglamento de la Cámara.
Palacio del Congreso de los Diputados, 15 de enero de 2020.-P.D. El Secretario General del Congreso de los Diputados, Carlos Gutiérrez Vicén.
A la Mesa del Congreso de los Diputados
Don Juan Antonio Callejas Cano, doña Rosa María Romero Sánchez y don Luis Santamaría Ruiz, Diputados pertenecientes al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 185 y siguientes del Reglamento de la
Cámara, presentan la siguiente pregunta al Gobierno, de la que desean obtener respuesta por escrito.
El 25 de enero de 2011 se comunicó que los miembros del Centro Nacional de inteligencia (CNI) que tuvieran la condición de Reservistas Voluntarios de las Fuerzas Armadas Españolas debían renunciar a tal condición.
El artículo 9.1 del Real Decreto 383/2011, de 18 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Reservistas de las Fuerzas Armadas, establece que no podrán serlo los militares profesionales, miembros de la Guardia Civil o personal
estatutario del CNI.
El artículo 21.2.e) concreta que la pérdida de condición se materializará con la adquisición de la condición de militar profesional, miembro de la Guardia Civil o personal estatutario del CNI.
Este Real Decreto equipara la condición militar de los militares profesionales y de los miembros de la Guardia Civil con la del personal civil del CNI, impidiendo así la aspiración del honor del servicio a España, luciendo el uniforme de sus
Fuerzas Armadas a profesionales civiles que trabajan y entregan su vida al CNI y a España pero que carecen de ese privilegio y honor que, además, lleva parejo un compromiso adicional que potencia la vocación de servicio.
Podría entenderse como una motivación adicional y un reconocimiento a años de servicios en el CNI, para el personal civil, la posibilidad de recuperar (los que ya lo fueron y tuvieron que renunciar) o adquirir la condición de reservista
voluntario (siguiendo los mismos trámites que el resto de aspirantes a nuevo ingreso) en cualquiera de los tres Ejércitos o Cuerpos Comunes. Sería un estímulo, un acicate. Sobre la base de que el personal civil del CNI no es militar, como el resto
de supuestos contemplados en los artículos 9.1 y 21.2.e) anteriormente citados.
[...].
¿Está el Gobierno dispuesto a llevar a cabo la reforma que permita a los civiles del CNI que fueron reservistas volver a recuperar tal condición?
¿Está el Gobierno dispuesto a llevar a cabo la reforma que permita a los civiles del CNI poder optar a acceder a conseguir la condición de Reservista Voluntario con los mismos criterios que el resto de aspirantes que concursan en las
convocatorias anuales?
Palacio del Congreso de los Diputados, 19 de diciembre de 2019.-Juan Antonio Callejas Cano, Rosa María Romero Sánchez y Luis Santamaría Ruiz, Diputados.