El señor presidente da lectura a los puntos 2., 2.1.
y 2.1.1.

El señor PRESIDENTE: A esta proposición de ley orgánica se han
presentado cuatro propuestas de veto: propuesta de veto número 1, del
senador Cleries del Grupo Parlamentario Mixto; propuesta de veto
número 3, de los senadores Mulet y Navarrete, también del Grupo
Parlamentario Mixto. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Gracias.

Propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana; y propuesta de veto número 5, del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.

En el turno a favor, para defender la propuesta de veto número 1,
tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el Partit Demócrata Europeu Català presenta esta
propuesta de veto a la Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley
Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera,
porque el Partido Popular, al que siempre se le llena la boca diciendo
que en el Estado español se han de cumplir las leyes, es precisamente
especialista en no cumplir la mayoría de ellas, especialmente las que
afectan a las personas más vulnerables y a las comunidades autónomas,
especialmente a Cataluña. Pero no padezcan, porque ya nos vamos.

Los incumplidores del Partido Popular nos vienen ahora con
prisas, cuando sabían desde hace meses que se había de tramitar este
apartado, con una modificación en lectura única de una Ley de estabilidad
presupuestaria que han incumplido reiteradamente, exigiendo a las
comunidades autónomas un objetivo de déficit más severo que el que les
corresponde y que el contemplado en la ley. Por estas razones,
presentamos este veto.

Los distintos informes de la Airef, y su mismo presidente, han
declarado, en distintas ocasiones, que la distribución de los objetivos
de déficit entre las comunidades autónomas ha de responder a sus
necesidades, a su punto de partida y a las competencias que gestionan,
que son completamente distintas en cada caso. Por este motivo, se debe
asignar a cada comunidad autónoma un objetivo de déficit propio y
único.

Por otra parte, la disposición transitoria primera de la Ley
Orgánica 2/2012, precisamente, tenía una importancia fundamental para
garantizar que el esfuerzo presupuestario de austeridad exigido a todas
las administraciones fuese asumido por todas ellas de manera proporcional
en el período transitorio hasta 2020. Todas las administraciones debían
reducir el déficit al mismo ritmo, de manera que su distribución
porcentual entre el Estado y las comunidades autónomas cada año fuese el
mismo que tenían justo antes de aprobar la ley, es decir, a 1 de enero
de 2012. Este mandato legislativo, como no le ha interesado, nunca lo ha
cumplido el Gobierno del Partido Popular. Y además, ni lo reconoce ni
parece dispuesto a rectificar.

En el Estado español, la Administración General del Estado es la
que gasta más ahora que en el año 2010. La Administración central, sin
Seguridad Social, de 2012 a 2015 ha crecido un 5,4 %, mientras que las
comunidades autónomas han disminuido el gasto en un 13,4 %. Esto ha
significado un grave retroceso del Estado del bienestar, porque ha
afectado a lo que gestionan las comunidades autónomas que,
mayoritariamente, son las que tienen, precisamente, las competencias en
el ámbito del Estado del bienestar. Esta reforma que se propone continúa
castigando a las comunidades autónomas, las continúa ahogando y, por eso,
nuestro grupo parlamentario exige el margen de déficit que nos
corresponde. De hecho, con el objetivo de déficit que asigna Europa, a
las comunidades les correspondería un 1,3 % del déficit, no el 0,7 % que
nos propone el señor Montoro, y, como vemos, una vez más, en el Senado no
aparece nadie del Gobierno, porque está en funciones, pero ya sabemos que
no funciona.

El reparto del déficit ha favorecido año tras año a la
Administración central del Estado. El castigo a las comunidades autónomas
ha significado, como decía antes, un recorte de las políticas sociales,
es decir, en sanidad, servicios sociales y enseñanza. Por tanto, el
reparto practicado por el Partido Popular ha perjudicado a personas en
situación de dependencia, a personas discapacitadas, a personas en la
lista de espera de hospitales, a familias afectadas por la crisis en
situación de pobreza y a la infancia, que vive en la pobreza. Sus
políticas, tanto que hablan de igualdad, lo único que han generado,
señores y señoras del Partido Popular, es desigualdad. Ustedes son los
promotores de la desigualdad en el Estado español. Si no, pueden mirar en
el índice de Gini cómo ha ido evolucionando con el Gobierno del Partido
Popular: España es el segundo país con más desigualdad de Europa,
empatado con Rumanía y solo superado por Bulgaria. Estas son sus
políticas económicas, al servicio del Gobierno y no al servicio de las
personas y de los territorios. Ustedes les han dado la espalda. Además,
ustedes, con el conjunto de sus políticas, hacen que cada vez nos
sintamos más alejados de este Estado español.

La sentencia contra el Estatut de Catalunya ya nos expulsó de la
Constitución, promovida por el Partido Popular. La Constitución, desde su
aprobación hace 38 años, reconocía comunidades autónomas y competencias.
¿De qué nos sirven estas competencias? Fíjense, el Parlament de Catalunya
prohíbe las corridas de toros, y una senadora del Partido Popular dice en
nombre de su grupo que con la sentencia del Tribunal Constitucional la
libertad ha vuelto a Cataluña. Hoy tenemos un ejemplo de su libertad. Una
querella contra la presidenta del Parlament de Catalunya por dejar
hablar, por dejar que en el Parlament de Catalunya se pueda hablar de
todo. (Aplausos). Esta es la vergüenza del Estado español, un Estado
español gobernado por el Partido Popular que nos quita la libertad, y por
eso nuestra libertad será irnos de este Estado.

Y precisamente ustedes están judicializando la política. Los que
hablan de libertad son los mismos que nos han quitado nuestro grupo
parlamentario. Esto también (Protestas.— Rumores).Esta es su
libertad.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: ¿Saben por qué? Porque nosotros no
seguimos el reglamento del Partido Popular ni nunca vamos a comulgar con
él. Este es nuestro sentido. Si hubiéramos comulgado con ustedes
tendríamos grupo, pero aquí no ens trovaran. Los que hablan de libertad
son también los que están persiguiendo a los políticos catalanes de una
forma implacable, utilizando un tribunal constitucional de forma
política.

Nuestro Parlament ha aprobado proteger a los ciudadanos afectados
por hipotecas o por preferentes. Nuestro Parlament ha aprobado garantizar
que familias vulnerables tengan suministro de agua, luz y gas. Nuestro
Parlamento ha aprobado un impuesto sobre pisos vacíos para dedicarlos al
alquiler social. Nuestro Parlamento ha aprobado políticas de igualdad
hombre-mujer. Nuestro Parlamento ha aprobado que el catalán sea una
lengua vehicular. Y muchas otras cosas. Pero ustedes todo lo han llevado
al Tribunal Constitucional y lo que no han conseguido en las urnas en
Cataluña lo quieren conseguir a través de este tribunal. Pero sepan que
por aquí no vamos a pasar y Cataluña tiene una ruta decidida que no pasa
por ustedes, ni por el Tribunal Constitucional.

Este proyecto de ley va en la misma línea. De la misma forma que
ustedes no cumplen con el Estatuto de Cataluña, con las inversiones que
le corresponden por su población y su producto interior bruto, nos
quieren seguir castigando con el objetivo de déficit. No nos castigan a
nosotros, al Gobierno de Cataluña, a los partidos que ahora gobiernan
Cataluña, sino a todos los ciudadanos de Cataluña, voten lo que voten, a
sus 7 500 00 habitantes. Eso es lo que ustedes están haciendo, castigar a
toda la población de Cataluña.

Por ello, en el Partit Demòcrata Europeu Catalá trabajamos por un
Estat catalá europeu, que ponga por delante las personas y sus
necesidades, para que podamos salir de una vez por todas de un Estado que
pone por delante un nacionalismo rancio envuelto siempre en la bandera
que les impide ver a las personas y a la gente necesitada. Y sepan que
ustedes, con estos objetivos de déficit y de la forma que tratan a
Cataluña, están persiguiendo a todos y cada uno de
los 7 500 000 ciudadanos y ciudadanas que viven en esta comunidad, voten
lo que voten, incluso a los que les votan a ustedes, que son poquitos y
cada vez menos. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Por tanto, con este veto, que es
realmente difícil exponer con esta gran participación que estaría bien
que guardaran para después, defendemos a todas y todos los ciudadanos y
ciudadanas de Cataluña.

Moltes gràcies (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cleries.

Para la defensa del veto número 3, de los senadores Mulet y
Navarrete, del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Compromís ha anticipado en varias ocasiones que el PP
vendría aquí a ser el salvapatrias, y viendo lo que está sucediendo en el
Estado español no nos hemos equivocado. El Partido Popular aprobó una ley
tan importante, como la Ley de estabilidad presupuestaria, en solitario,
aplicando su rodillo. Pero no contento con esto, también se reservó la
capacidad de repartir el objetivo de déficit para estas
administraciones.

Esto ¿qué significa en la práctica? Que ustedes, señores del PP,
han trasladado el peso de los recortes a las comunidades autónomas. Qué
extraño, ¿verdad? El PP usando las leyes y las instituciones a su favor.
Ver para creer. ¡Vergüenza, señoras y señores senadores del PP!
Actualmente, el Estado negocia con la Comisión Europea una senda de
reducción del déficit público de acuerdo con la normativa europea; ahora,
el Gobierno en funciones quiere seguir fijando los objetivos de déficit.
Un gobierno en funciones, que no comparece ante las Cortes, quiere fijar
el objetivo de déficit ¡Sorpresa!

Señorías, me gustaría explicarlo como lo haría el presidente en
funciones, el señor Rajoy: Lo que no puede ser no puede ser y, además, es
imposible. Por eso, Compromís enmendó el texto propuesto por el Partido
Popular en el Congreso de los Diputados con el claro objetivo de que el
Gobierno en funciones no hiciese electoralismo con los objetivos de
déficit.

Las enmiendas presentadas y rechazadas en el Congreso querían
proteger la necesaria lealtad institucional, pero los señores del PP la
han olvidado. Un Gobierno en funciones no tiene legitimidad para repartir
los objetivos de déficit porque no ha sido escogido por el Parlamento,
como ustedes mismos dijeron hace poco tiempo. ¿Cómo puede ser que un
gobierno que no contesta a las preguntas de las Cortes y de sus
ciudadanos tenga la capacidad de fijar un techo de déficit? Esto no puede
ser, y creo que en esto coincidimos todos los grupos parlamentarios.

Por eso, Compromís pide el veto a esta ley para que el Partido
Popular no pueda utilizar el reparto de déficit de manera partidista y,
por tanto, su retorno al Congreso de los Diputados, para que se garantice
un reparto objetivo del déficit en función del volumen de gasto público
asumido por cada una de las administraciones públicas. Según los datos
del Ministerio de Hacienda, el gasto actualmente está repartido así:
el 22 %, a la Administración General del Estado; el 30 %, a la Seguridad
Social; y el 38 %, a las comunidades autónomas. Si hacemos cálculos, el
reparto del objetivo de déficit para 2016, que es del 4,6 % del PIB,
supondría que la Administración General del Estado se quedaría con un
déficit del 1,03 %; la Seguridad Social, con un 1,52 %; y las comunidades
autónomas, con un 2,04 %. Esto implicaría, por ejemplo, para el País
Valenciano, 1000 millones de euros más de margen para llegar al objetivo
de déficit. Hay que recordar a las valencianas y los valencianos que los
diputados del PSOE, del Partido Popular y de Ciudadanos del País
Valencià, votaron en contra de esta enmienda; es decir, han dejado perder
a las valencianas y valencianos 1000 millones de euros para este año
y 700 millones para el año que viene. ¿Qué harán las senadoras y
senadores valencianos en el Senado? Compromís es el único partido que
defiende los intereses de las valencianas y los valencianos y de sus
instituciones. Compromís es el único que defiende el reparto proporcional
del objetivo de déficit. No somos los únicos, también lo han reclamado en
varias ocasiones diversos organismos, como la Autoridad Independiente de
Responsabilidad Fiscal o la Fundación BBVA. En otro momento, tendremos
más tiempo para tratar a fondo la Ley de estabilidad, pero ahora lo que
queremos es impedir que un Gobierno en funciones se extralimite. Por todo
ello, pedimos un refrendo de todos los grupos parlamentarios a nuestro
veto.

Para acabar, quiero tener un recuerdo para todas y todos los
castellonenses y visitantes que estamos sufriendo diariamente la
incompetencia y falta de previsión del Ministerio de Fomento: las obras
en la autopista A-7 y en la N-232, en el puente de la Bota; las eternas
retenciones en la N-340, mientras no liberalizan la AP-7; así como todos
los retrasos continuados en el transporte ferroviario de cercanías y de
media distancia a lo largo de las comarcas de Castellón, desde Vinaròs
hasta Valencia, por la incompetencia de Adif y por el continuado retraso
en la finalización del parche del tercer hilo.

Señores del Ministerio de Fomento y de Adif: soluciones ya.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la propuesta de veto número 4, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el senador
Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: Gracias, presidente. Bona tarda.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana presenta este veto
a la reforma de Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera por varios motivos: por el procedimiento utilizado para su
aprobación, por el contenido de la misma, por el momento en el que nos
encontramos y, sobre todo, por sus consecuencias, con unos recortes a la
vista que ustedes mismos calculan en más de 5000 millones de euros.

En el Pleno de la semana pasada ya manifestamos nuestra
disconformidad con el procedimiento, por trámite de urgencia y por
lectura única, en primer lugar porque con esta propuesta tanto en el
Congreso como en el Senado estaban forzando el Reglamento hasta límites,
en nuestra opinión, excesivos y aprobábamos el procedimiento con el que
se tramitaría en el Senado antes que la ley fuera aprobada en el Congreso
y que hubiera llegado a esta Cámara. Al final lo van a resolver con 24
horas en el Congreso y una tarde en el Senado.

En este mismo sentido, pensamos que la modificación de la Ley de
estabilidad tiene suficientemente calado como para tramitarla por
procedimiento ordinario. Hoy pretenden aprobar uno de los aspectos más
relevantes de la política económica tanto del Gobierno español como de
las comunidades autónomas y las corporaciones locales, como es la
determinación de los objetivos de estabilidad presupuestaria, entre
ellos, el límite de déficit de dichas administraciones. Entendemos que no
se trata de una ley simple, que las consecuencias que se derivan, como
decíamos, son de un gran efecto y, por lo tanto, exige un debate y un
estudio en profundidad.

Esquerra Republicana presentó enmiendas en el Congreso, una
enmienda tan necesaria como justa para Cataluña, pero también para otras
comunidades autónomas sobre la distribución, el reparto del objetivo de
déficit entre los distintos niveles de la Administración, una
distribución que debería fijarse de forma diferenciada, con la finalidad
de exigir el mismo esfuerzo a cada una de ellas y garantizar su
cumplimiento.

Es evidente que no todas las comunidades autónomas disponen ni
ejercen las mismas competencias ni tienen el mismo nivel de gasto en
atención a las competencias asumidas. En consecuencia, no todas tienen
las mismas necesidades de financiación, por lo que resulta evidente que
un reparto por igual y no diferenciado genera desigualdades y comporta
consecuencias no deseadas, especialmente para los ciudadanos, para la
población afectada y en este sentido, como los senadores que me han
precedido, han insistido y se ha pronunciado reiteradamente la Airef

Otra enmienda señala que en el caso de que en las Cortes
Generales, Congreso y Senado, se rechazaran los objetivos propuestos por
el Gobierno, el Congreso de los Diputados en ese caso, si fueran
rechazados estos objetivos de presupuestos, en el plazo máximo de un mes
sería a quien le correspondería proponer y aprobar los objetivos de
estabilidad presupuestaria y de deuda pública, porque si un Gobierno es
incapaz de conformar una mayoría suficiente que le permita definir y
aprobar los objetivos de estabilidad presupuestaria, es mejor dejarlo en
manos de las Cortes Generales, que garantizan la fortaleza y viabilidad
del acuerdo que se adopte. Es evidente que un Gobierno en funciones no
tiene o no debe tener todas las competencias que un Gobierno titular,
pero la gran coalición ya estaba en marcha y nuestras enmiendas y las de
otros grupos que iban en el mismo sentido en el Congreso fueron
rechazadas. PP-PSOE, PSOE-PP de acuerdo con que no cambie nada. ¿Y cuál
es el origen? Para empezar, no nos olvidemos de indicar que el origen se
encuentra en un momento en el que el PP y PSOE, ya en aquel momento,
cambian la Constitución por la vía rápida, como hoy, por orden directa de
Bruselas, priorizando la del pago de la deuda por encima de otras
prioridades.

Para el caso que nos afecta hoy, debemos retroceder hasta el
momento en que Europa, el Consejo de la Unión Europea, decidió, ya en
agosto de este año y en el marco del procedimiento de déficit excesivo,
una revisión de cuáles debían ser los objetivos de déficit para los
años 2016, 2017 y 2018, marcando unos límites del 4,6, del 3,1 y del 2,2
respectivamente, unos límites marcados porque España no cumplió en su
momento sus compromisos.

Y ahora toca retocar nuestros objetivos de estabilidad
presupuestaria aprobados en 2015 para el periodo 2016-2018 porque,
obviamente, no se ajustan a los requerimientos de déficits indicados por
Europa, es decir, el Gobierno español incumple. Ninguna novedad, siempre
ha sido así. Las preguntas son: ¿Por qué esperan y no se ponen a trabajar
inmediatamente cuando el Consejo de la Unión Europea hace públicos estos
objetivos? ¿Porque no había Gobierno? Y, entonces, ¿por qué lo proponen
precisamente ahora que tampoco hay Gobierno? En cambio, parece que es el
momento en que de forma inminente sí se va a formalizar. No se puede
esperar, intereses de partidos… al final vemos que la gran
coalición se impone no solo en aspectos políticos, sino también en
aspectos económicos.

En cualquier caso, para el año que viene la cifra ofrecida por el
Gobierno a Bruselas es del 3,6 %, con lo que se superaría el 3,1 pactado
con Europa. Por ello, el próximo Gobierno deberá efectuar una
modificación adicional de medio punto, que comportará, en un futuro
inmediato, recortes, que en palabras del Gobierno son ajustes. De hecho,
serán las clases medias y trabajadoras las que conocerán el precio de
esos ajustes porque son ellas las que lo han pagado con sus recortes. No
es casualidad que los ricos se hayan enriquecido más durante la crisis
mientras que los pobres son cada vez más pobres, ha sido fruto de sus
políticas de ajuste y todavía nos amenazan con nuevos recortes sociales
por valor de 5000 millones más, es decir, un nuevo golpe al Estado del
bienestar a la vez que se privatizan las políticas sociales, que agudizan
la perversa espiral neoliberal de enriquecimiento de las clases
oligárquicas y empobrecimiento de las clases medias y trabajadoras.

En el plan presupuestario para 2017, presentado por su Gobierno a
la Unión Europea, no somos capaces de ver dónde van ustedes a realizar
estos recortes. ¿Serán valientes y recortarán el gasto militar, por
ejemplo? ¿O van a centrifugar estos 5000 millones a las otras
administraciones, como han hecho hasta ahora, para recortar en gastos
sociales? Además, algún día sería todo un detalle que también se fijaran
como objetivo perseguir el fraude y la evasión fiscal, pero de verdad,
que nos trajeran una ley con la misma urgencia e intensidad que la de hoy
y, al mismo tiempo, hacer los ajustes pero en este caso en el capítulo de
ingresos para que paguen aquellos que sí pueden pagar.

¿Qué hicieron ustedes para llegar a esta situación? El año
pasado, con unas elecciones inminentes, ustedes se dedicaron a bajar
impuestos: IRPF, sociedades… ¿El objetivo era lograr una fiscalidad
más justa? A nuestro criterio no. Pensamos que sus intereses eran
claramente electoralistas. Es decir, con el dinero de todos, ustedes se
pagaron la campaña electoral. Ese dinero no lo tenían y ello ha
significado una disminución sustancial de los ingresos del Estado, en
palabras del propio ministerio, por un importe equivalente entre un 0,6 y
un 0,7 % del PIB, entre unos 6000 y 7000 millones de euros. Y ahora nos
plantean que no hay más remedio que recortar cuando en realidad lo que
echamos en falta es aquello que dejaron de ingresar.

Estamos convencidos de que las sorpresas aún no han terminado.
Estamos a la espera de que el «nuevo Gobierno» elabore su presupuesto, de
ver su capacidad para incorporar propuestas y mejoras en este sentido,
aunque ya saben que somos escépticos.

Para acabar mi intervención, déjenme que les recuerde que si
hubieran aprovechado las herramientas del Estado y se hubiera dedicado
solo una décima parte de los recursos, de su energía, de su tiempo, de la
intensidad que han dedicado a imputar, perseguir, a nuestros cargos
electos por respetar la voluntad del pueblo de Catalunya, del mandato
democrático de las urnas, en definitiva, de la democracia, si en lugar de
ello hubieran dedicado todos estos esfuerzos contra el fraude fiscal y la
evasión de impuestos, si se hubieran dedicado a construir una
Administración más eficaz, si no hubieran gastado lo que no podían
gastar, hoy no estaríamos aquí discutiendo esta ley ni tampoco los nuevos
ajustes que nos vienen encima.

Muchas gracias (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ayats.

Para la defensa de la propuesta de veto número 5 del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el
senador Martínez Ruiz.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Buenas tardes, señorías.

Me gustaría empezar la intervención de hoy echando la vista hacia
atrás y recordar que en agosto de 2011 ustedes aprobaron una modificación
del artículo 135 de la Constitución que, en su apartado tercero,
establece la prioridad del pago de la deuda sobre cualquier otro gasto.
Esa reforma de la Constitución se hizo a instancias de poderes
extranjeros no refrendados democráticamente por la ciudadanía. Quienes se
aliaron para modificar el artículo 135 de la Constitución son hoy aliados
para dar continuidad a la Ley de estabilidad presupuestaria y de
sostenibilidad financiera y serán, este fin de semana, aliados para
investir como presidente al señor Mariano Rajoy. (Aplausos). Señores del
Partido Popular y del Partido Socialista, se sientan ustedes en lados
opuestos del hemiciclo pero representan fundamentalmente lo mismo. Son
ustedes, fundamentalmente, lo mismo. (Aplausos).

La Ley de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad
financiera aprobada en septiembre del 2012 es el desarrollo legislativo
del reformado artículo 135. Esta ley establece un déficit estructural de
las cuentas públicas cero. A pesar de que la Unión Europea permite un
déficit estructural de hasta el 0,5 % del PIB, ustedes lo han limitado al
cero. Son ustedes alumnos aventajados de la austeridad.

La ley también establece un principio de estabilidad
presupuestaria increíblemente rígido que no tiene en cuenta la dotación
de bienes y servicios del Estado, que no se adapta al momento del ciclo
económico en el que estamos y que no concreta su adaptación a una
situación de emergencia social como la que vivimos.

La misma ley establece una regla de gasto que impide a nuestros
ayuntamientos que utilicen el remanente de tesorería cuando están en
situación de superávit para atender las necesidades de su gente, porque
tienen que gastarlo obligatoriamente en el pago de la deuda.

La ley establece también, como saben, la regla de la deuda, al
anteponer su pago a cualquier otro tipo de gasto social. Además, la ley
ataca la autonomía de las comunidades autónomas y de las corporaciones
municipales, y adopta mecanismos de sanción e intervención que son
totalmente contrarios a lo establecido por la Constitución.

Las políticas de austeridad afectan muy negativamente al
sostenimiento del Estado y de los servicios públicos que este presta, así
como del conjunto de la economía. Cada vez que ustedes recortan y aplican
políticas de ajuste se nota en el bolsillo de las ciudadanas y
ciudadanos, que pueden gastar menos; se deprime más el consumo y la
demanda interna, lo cual afecta a la capacidad de recaudación del Estado
y hace que a su vez sean necesarios nuevos recortes y ajustes, entrando
en una espiral descendente que no termina nunca.

El problema de la sostenibilidad de las administraciones públicas
no son los servicios públicos, son el rescate bancario, las reformas
fiscales regresivas, la corrupción y el fraude fiscal. El rescate
bancario, solamente la factura de Bankia, nos ha costado a todos los
ciudadanos y ciudadanas 22 424 millones de euros. Los señores del Partido
Popular han acometido en los últimos años reformas regresivas sobre el
Impuesto sobre la renta de las personas físicas y el Impuesto sobre
sociedades. La factura de la corrupción se eleva a 48 000 millones de
euros al año, según la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia. El fraude fiscal entre 2008 y 2014 se situó en 253 558
millones de euros, según el sindicato de inspectores de Hacienda, y según
el mismo sindicato el importe del patrimonio de los españoles en paraísos
fiscales se sitúa por encima de los 160 000 millones de euros.

El problema para la sostenibilidad de las administraciones
públicas, por lo tanto, no son los servicios públicos. El problema no son
los derechos sociales reconocidos en la Constitución. El problema
fundamental para el sostenimiento de las administraciones públicas son
ustedes; son ustedes y su gestión. (Aplausos).

Pero la estabilidad presupuestaria no solo debe analizarse desde
el lado del gasto, también se debe hacer desde el lado de los ingresos.
Un Gobierno responsable perseguiría el fraude fiscal. Un Gobierno
responsable haría una reforma fiscal progresiva que hiciera que los que
más tienen se abrocharan un poquito el cinturón. Su Gobierno, en cambio,
lo que ha hecho es cargar todo el peso de los ajustes sobre las espaldas
de quienes menos tienen, provocando unos niveles de desigualdad y de
pobreza extremos.

Atiendan a los datos, señorías, que esto les interesa. Más
de 13,3 millones de personas, un 28,6 % de la población, se encuentra en
riesgo de pobreza y exclusión social. Según datos de 2015, un 1 % de la
población acapara tanta riqueza como el 80 % que menos tiene. España es
el Estado de la OCDE en el que más ha crecido la desigualdad durante los
años de crisis, tan solo por detrás de Chipre.

Ustedes han rechazado todas nuestras propuestas. La semana pasada
rechazaron en el Congreso todas nuestras enmiendas parciales, también la
enmienda a la totalidad. Han rechazado ustedes cualquier posibilidad de
negociar, cualquier posibilidad de flexibilizar el cumplimiento de la Ley
de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Por lo tanto,
quiero decirles que es necesario un Gobierno que esté al servicio de su
país y de su gente. Es necesario un Gobierno que sea más sensible a las
necesidades de su pueblo que a los intereses de los más poderosos.

Señores del Partido Popular, podemos medir en miles de millones
de euros la factura de la corrupción; podemos medir en miles de millones
de euros los recortes que ustedes han acometido, pero el sufrimiento y el
daño que ustedes le han causado a nuestro pueblo, no tiene medida. No
tiene medida y no tiene perdón. No tienen ustedes perdón.
(Aplausos).

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Ruiz.

Para el turno en contra de los vetos tiene la palabra, por el
Grupo Parlamentario Popular, el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

Me corresponde el honor de defender en esta Cámara, en
representación del Grupo Parlamentario Popular, la proposición de ley
aprobada la pasada semana en el Congreso por una amplia mayoría de los
diputados, en concreto la modificación de la Ley Orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y como primera premisa,
quería hacer alusión a nuestro convencimiento de que aquí también, en
esta Cámara, la medida será refrenada por una amplia mayoría de sus
señorías. Y tenemos esa certeza porque la principal consecuencia de la
norma que hoy vamos a debatir y votar es que va a beneficiar, sin
excepción, a todos y cada uno de los 47 millones de españoles.

Nos encontramos, señorías, con un Gobierno en funciones, un
Gobierno que, como ustedes saben, se limita al despacho ordinario de los
asuntos públicos. Pero, simultáneamente, el pasado mes de agosto el
Consejo de la Unión Europea acordó una modificación de los objetivos de
déficit que nos permite flexibilizar el objetivo de déficit para el
ejercicio 2016 hasta elevarlo a un 4,6 %, el del ejercicio 2017 hasta
el 3,1 % y el de 2018 hasta el 2,2 %.

Se trata de una reivindicación casi unánime. Esa reivindicación
de flexibilidad la han defendido los principales líderes políticos de
todas las formaciones políticas que tienen representación en esta Cámara.
Y esa reivindicación casi unánime de flexibilidad en el objetivo del
déficit nos va a permitir, entre otras, dos consecuencias muy positivas.
La primera es que el objetivo del déficit de las comunidades autónomas
para este ejercicio 2016 podrá pasar del 0,3 % actualmente vigente
al 0,7 %. Como ustedes saben, señorías, el endeudamiento público de las
comunidades autónomas está específicamente delimitado o condicionado por
el objetivo de déficit, luego también será ese el límite máximo de
endeudamiento que podrán adquirir las comunidades autónomas. Dicho de
otra forma, lo que estamos debatiendo en este momento es el instrumento
jurídico habilitante para que las comunidades autónomas de este país
puedan acceder al Fondo de liquidez autonómica hasta el 0,7 % del
producto interior bruto. Si no adoptásemos esta medida, señorías, esas
comunidades autónomas tendrían gravísimas dificultades para seguir
prestando los servicios públicos esenciales: la educación, la sanidad y
los servicios sociales, y, por tanto, estos se dejarían de prestar en
buenas condiciones o se volverían a dejar las facturas en los cajones,
como los 60 000 millones de euros que dejaron las distintas
administraciones a lo largo de los ejercicios 2010, 2011 y 2012. Por eso,
porque entendemos que es una medida que va a beneficiar al conjunto de
los españoles y por responsabilidad, una amplia mayoría de los senadores
de esta Cámara la van a apoyar.

La Ley de estabilidad presupuestaria que se adoptó en el
ejercicio 2012 fue un instrumento absolutamente necesario para garantizar
la sostenibilidad de las cuentas públicas y, por ende, para garantizar la
prestación de los servicios públicos esenciales. Se adoptó, y creo que
todos debemos recordarlo, en un momento de crisis económica acuciante.
Estábamos al borde del rescate por parte de las instituciones
comunitarias, con un déficit público por encima del 9 % y una deuda en
los cajones del pago a proveedores de más de 60 000 millones de euros;
una deuda que arrasaba a las empresas proveedoras de servicios a las
administraciones públicas y que ponía en riesgo, obviamente, el empleo
vinculado a esas empresas. Por eso, con toda la rotundidad con la que se
puede decir, les digo, señorías, que esta es la ley que mayores
beneficios ha acarreado en la aplicación de políticas sociales efectivas
por el conjunto de las administraciones públicas españolas en los últimos
trece años; nunca antes una ley fiscal tuvo mayor impacto social, porque
es la que ha garantizado la prestación de los servicios públicos
esenciales.

Señorías, todos somos muy conscientes, sobre todo los que
gestionan o han gestionado fondos públicos en distintas administraciones:
alcaldes, concejales, consejeros o presidentes autonómicos, de la
dificultad que supone, en especial en los últimos años, el acceso a la
financiación de las administraciones públicas. Por eso, el Gobierno de la
nación, al hilo de esta Ley de estabilidad presupuestaria y de manera
paralela, puso en marcha mecanismos de acceso a la financiación por parte
de las distintas entidades públicas y en particular de las comunidades
autónomas, como el Fondo de liquidez autonómica, los mecanismos de pago a
proveedores, distintas líneas del Instituto de Crédito Oficial o el
recientemente creado Fondo social.

Pero aparte de eso, que de por sí ya sería suficiente —me
refiero a la posibilidad de habilitar un mayor endeudamiento por parte de
las comunidades autónomas: 4000 millones en este ejercicio 2016—,
en el próximo presupuesto de 2017 esta ley va a permitir una mayor
flexibilidad en cuanto al cumplimiento del objetivo de déficit de las
distintas comunidades autónomas, que, como ustedes saben, hoy legalmente
es del 0,1 %. Ese mayor margen que ha conseguido el Gobierno de la nación
tras sus negociaciones con la Comisión Europea y con el resto de Estados
miembros de la Unión Europea va a permitir una mayor holgura para el
conjunto de las administraciones públicas españolas de 20 000 millones de
euros. Se trata de que ahora todos nos pongamos de acuerdo en el Consejo
de Política Fiscal y Financiera para que el próximo Gobierno eleve una
propuesta al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva.

Hay un mantra bastante común entre todos los proponentes de vetos
y entre los grupos de la izquierda radical y nacionalista de esta Cámara
en cuanto a que el mayor esfuerzo fiscal lo han soportado las comunidades
autónomas. Eso es radicalmente falso. El mayor esfuerzo fiscal de los
últimos cuatro años le ha correspondido a la Administración General del
Estado, en concreto un 2,75 % frente al 1,69 de las comunidades
autónomas; en términos absolutos, 29 000 millones de ajuste por parte de
la Administración General del Estado frente a 18 000 millones de las
comunidades autónomas.

Señorías de Podemos, de Esquerra Republicana, de la antigua
Democràcia i Llibertat de Cataluña y de Compromís, es un mantra muy
extendido entre ustedes, entre los de la bancada izquierda, querer
identificar rigor presupuestario con austeridad. Pues, señorías, se puede
cumplir con el rigor presupuestario, con la disciplina presupuestaria y
con el objetivo de déficit público incrementando el gasto público. El
Gobierno del Partido Popular lo ha demostrado. En el ejercicio 2007 el
gasto público en el conjunto de las administraciones públicas suponía
un 38 % del producto interior bruto; en el ejercicio 2015, ese gasto
público del conjunto de las administraciones supuso un 43 % del producto
interior bruto, en concreto 48 000 millones de euros más. Por favor,
dejen de arrogarse la exclusividad de la defensa de la política social,
señorías de la izquierda. En el presupuesto de la Administración General
del Estado más del 50 % del gasto corresponde a gasto social. No hay
ninguna otra administración pública en España que tenga un porcentaje de
gasto social más grande que el de la Administración General del Estado.
Además, es posible llevar a cabo ese incremento del gasto público bajando
los impuestos, como también ha demostrado el Gobierno del Partido
Popular, el Gobierno del señor Rajoy.

Los partidos de izquierdas quieren subir los impuestos para
engordar la Administración. Nosotros pensamos que, cumpliendo con la
suficiencia para garantizar la financiación del Estado de bienestar, es
pertinente dejar la mayor parte de los recursos en el bolsillo de los
contribuyentes, en el bolsillo de los ciudadanos y reducir de esa manera
el esfuerzo fiscal. Por cierto, un esfuerzo fiscal que hoy, según la
Asociación Española de Asesores Fiscales, es el más alto de la zona euro,
en concreto un 40 %. Y, como decía, ese incremento del gasto público es
posible con una reducción de impuestos, basta con aplicar tres tipos de
políticas.

Por un lado, hay que incrementar los mecanismos de lucha contra
el fraude. Son absolutamente falaces las aseveraciones que se han hecho
en esta Cámara por los senadores que me han precedido en el uso de la
palabra en relación con la dejadez del Gobierno del Partido Popular
respecto a la lucha contra el fraude. Se han recaudado más de 50 000
millones de euros como consecuencia de las políticas aplicadas en la
lucha contra el fraude en los últimos cuatro años. Solamente en el
ejercicio 2015 se han recaudado más de 15 000 millones de euros, un 27 %
más que en el ejercicio 2014.

Un segundo principio fundamental para poder aplicar estas
políticas es incrementar el control del gasto superfluo por parte de las
distintas administraciones públicas. A tal efecto se creó la Comisión de
Reforma de las Administraciones Públicas, que ha tenido un impacto
ciertamente interesante. Según el propio balance de esta comisión, más
de 33 000 millones agrupados en los últimos ejercicios. Ahí sí estamos de
acuerdo con los señores de Esquerra Republicana: en la necesidad y
oportunidad de reducir el gasto superfluo, pero no coincidimos en qué
tipo de gasto superfluo es el que hay que reducir. Nosotros, por ejemplo,
suprimiríamos las embajadas catalanas en el extranjero de un Estado
absolutamente... (Aplausos.— Rumores). Señores de Esquerra y
señores de Democracia y Libertad, ¿por qué no destinan el gasto de las
embajadas catalanas en el extranjero de una nación inexistente a gasto en
política social o en sanidad, en vez de echarle la culpa continuamente al
señor Rajoy y al Gobierno del Partido Popular? ¿Por qué no lo hacen?

Una tercera cuestión relevante para poder llevar a cabo el
cumplimiento del objetivo del déficit incrementando el gasto público y
bajando los impuestos consiste en adoptar medidas para el crecimiento
económico. Y eso también lo hemos hecho en los últimos cinco años:
nuestra economía crece hoy al 3,2 % y genera 500 000 puestos de trabajo
anuales. Ello, obviamente, significa incrementar la recaudación
tributaria, reducir las prestaciones por desempleo e incrementar las
cotizaciones a la Seguridad Social.

Algunas formaciones políticas de este hemiciclo tienen la
filosofía de gastar lo que apetezca aunque no tengamos dinero para
pagarlo, y además hacerlo de manera permanente. Ni siquiera en
circunstancias económicas de crecimiento como el actual ustedes
consideran pertinente reducir el déficit público. En mi pueblo, ante ese
tipo de personas, solemos decir: si no hay quien lo pague, ya habrá quien
lo deba. Esa es su concepción de la política y, dicho con todo el
respeto, es una concepción irresponsable, cortoplacista y eminentemente
populista.

Señorías de la izquierda independentista y radical, más déficit
significa más deuda, más deuda significa pagar más intereses y pagar más
intereses y más deuda significa reducir la capacidad de gasto de las
distintas administraciones públicas; significa perder la confianza de
nuestros inversores y que no nos financien la deuda; en definitiva,
significa la quiebra del sistema. En el Partido Popular tenemos otra
forma de gestionar lo público, y se basa en la sostenibilidad.

Parece también, a tenor de lo que se ha escuchado en el Pleno
esta tarde y de lo que se dijo en el Congreso de los Diputados la semana
pasada, que a algunas formaciones políticas de esta Cámara no les gusta
pertenecer a la Unión Europea, o al menos someterse a las normas de la
Unión Europea. Olvidan quizá que nuestra pertenencia a la Unión Europea
ha reportado la etapa de mayor beneficio y prosperidad para este país en
su historia moderna y contemporánea. Olvidan que desde 1986 los españoles
hemos sido receptores netos de fondos comunitarios, tanto de fondos
estructurales y de cohesión como de la política agraria común u otras
partidas de gasto. O, a lo mejor no, y a lo mejor lo que pretenden es que
solamente nos sometamos a las ventajas de pertenecer a esta institución y
no a las contrapartidas que ello conlleva; a lo mejor lo que pretenden es
que sean nuestros socios comunitarios los que financien las duplicidades
de nuestro gasto, las embajadas catalanas, o el déficit presupuestario de
nuestras administraciones. En el Partido Popular, y creo modestamente que
también en el Partido Socialista, en Ciudadanos y en otros partidos
regionalistas, tenemos una vocación europeísta basada en la
responsabilidad, la cohesión y la solidaridad.

Señorías, la norma que hoy traemos aquí a debate y votación no es
un parche, es una norma imprescindible para situaciones excepcionales
como la de este Gobierno en funciones. Algunas formaciones políticas
pretenden que, en el hipotético caso de que el Congreso o el Senado no
aprobaran los objetivos de déficit propuestos por el Gobierno de España,
estos sean fijados por el Congreso. Por la misma regla de tres, si los
Presupuestos Generales del Estado no contasen con el respaldo del
Congreso o del Senado, seríamos nosotros también, los parlamentarios, los
que deberíamos elaborar un presupuesto alternativo. Señorías, dejemos que
cada uno haga su trabajo, que el Ejecutivo cumpla sus funciones, que son
las de negociar y conseguir unos objetivos de déficit e implementarlos
con el evidente respaldo del Congreso y el Senado, como dice la Ley de
estabilidad presupuestaria.

Frente a los que alegan extemporaneidad y la improcedencia del
procedimiento de aprobación, cabe recordar las dos circunstancias que han
obligado a tramitar esta norma por urgencia y en trámite de lectura
única. La primera es que la aprobación de la nueva senda de déficit se
produce el 2 de agosto de 2016, hace escasos meses, y la segunda es que
se han intentado agotar todos los tiempos y todos los plazos posibles
para llegar a una investidura. En estos momentos, señorías, estas Cortes
se disuelven la semana que viene. Evidentemente hay una opción, una
posibilidad de que pueda haber un Gobierno, pero la verdad es que hoy las
Cortes se disuelven la semana que viene. En consecuencia, si no aprobamos
esta norma y en el hipotético caso de que no hubiera un Gobierno, las
comunidades autónomas no se podrían financiar hasta el 0,7 en este
ejercicio 2016 ni tampoco podrían hacer un presupuesto más holgado en el
ejercicio 2018.

Señorías, voy terminando. Las formaciones políticas proponentes
de veto han errado en el objetivo. Están ustedes planteando un veto a la
totalidad de la Ley de estabilidad presupuestaria cuando aquí lo que
traemos hoy es una ley orgánica de modificación de la Ley de estabilidad
presupuestaria con un artículo y dos disposiciones adicionales. Eso es lo
que traemos aquí hoy. Lo que debatimos y votamos es una norma que va a
permitir al conjunto de las administraciones públicas españolas seguir
cumpliendo con la prestación de los servicios públicos esenciales. Es una
norma imprescindible para garantizar el cobro a las empresas españolas
proveedoras de las distintas administraciones públicas y, en
consecuencia, también el mantenimiento del empleo en esas empresas
vinculadas. Y también es imprescindible porque afecta, sin ninguna duda,
al bienestar social de los 47 millones de españoles sin excepción. Por
eso, señorías, apelando a la responsabilidad, solicitamos el voto a favor
de la modificación de la ley que se plantea.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martínez Arcas.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto han pedido la palabra los
senadores Cleries, Alegre y Navarrete y las senadoras Julios y Domínguez
de Posada. Tienen doce minutos para compartir. El senador Cleries no
interviene. ¿Quién comienza? (Pausa).

Senador Alegre, tiene la palabra.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.

Señorías, antes de entrar en el posicionamiento que vamos a
defender los senadores de Ciudadanos, quisiera hacer una reflexión en voz
alta en relación con todos aquellos salvadores de la patria que
acostumbran a subirse a una tribuna y se arrogan la representación de
toda una comunidad de ciudadanos o de una demarcación territorial.






Cada
uno representa lo que representa y, en todo caso, ninguno de nosotros
representa a todos y a todas las ciudadanas de una comunidad. Y,
especialmente, no hay nadie que represente aquí a todos ni a todas las
ciudadanas de Cataluña, entre otras cosas porque, quien lo ha dicho, a mí
personalmente no me representa.

Nosotros, los senadores de Ciudadanos, vamos a votar en contra de
todos los vetos que se han presentado en el día de hoy. El asunto que
abordamos hoy —esta reforma exprés de la Ley de estabilidad
presupuestaria— es una de las consecuencias de la incapacidad de
los viejos partidos para entender el signo de los nuevos tiempos.

En mi ciudad, Barcelona, hubo un alcalde que a finales del siglo
XIX, en un evento importante, soltó aquella frase maravillosa de «hágase
lo que se deba, aunque se deba lo que se haga». Pues no, eso es de otros
tiempos. Y hoy nos encontramos en esta situación porque durante mucho
tiempo hemos funcionado mentalmente con esta estructura.

Esto que hacemos hoy es poner un parche, un parche necesario,
pero que no deja de ser un parche. Y aunque ya les anticipo que votaremos
que sí a esta pequeña reforma, como hicimos la semana pasada en el
Congreso, también les digo que lo haremos porque no nos queda otra
alternativa en estos momentos.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Señor presidente, esta solicitud de veto
y de retorno de la ley al Congreso de los Diputados es, como ustedes
mismos han dicho, porque un Gobierno en funciones no puede ni debe
ejecutar. Ustedes deben rendir cuentas y no lo hacen. Por lo tanto, ¿por
qué vienen aquí y nos piden un límite de déficit? Ustedes no vienen aquí
a rendir cuentas, pero sí pueden hacer de sanguijuelas de las comunidades
autónomas; es decir: recaudan, infrafinancian. Siendo la Administración
General del Estado la que menos gasta proporcionalmente y la que menos
peso específico tiene en el déficit público, ¿cómo pretenden justificar
que sea la Administración autonómica la que recorte el déficit? Esto no
puede ser.

Señores del PP, lo que consiguen con su perverso sistema de
financiación y el injusto reparto del déficit es seguir con su mantra
—lo llevan en el ADN—, lo que quieren es descentralizar y
desmontar el sistema autonómico. Y ahora ustedes pretenden extenderlo al
ámbito económico, asfixiando a las comunidades autónomas y decidiendo
cómo, cuándo y dónde deben gastar el dinero los valencianos y las
valencianas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas
tardes, señorías.

Hoy asistimos al trámite de urgencia de una proposición de ley
para modificar puntualmente la Ley de estabilidad presupuestaria de 2012;
ley que en su día fue aprobada y que, desgraciadamente, dada su
relevancia, no contó con el necesario consenso.

Ya anuncio que el sentido de nuestro voto va a ser favorable a
esta modificación, pero quiero aclarar el voto a favor de Coalición
Canaria a esta proposición de ley. No es que compartamos el fondo de la
Ley de 2012 —tampoco compartimos muchos de los argumentos dados por
el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en sus alabanzas por lo
conseguido con esta ley—, y lo digo desde una comunidad autónoma
que siempre ha cumplido los objetivos de déficit, por lo que creo estamos
en condiciones de poder decirlo, pero sí consideramos que es urgente
modificar el techo de gasto para que las comunidades autónomas puedan
elaborar los presupuestos de 2017.

Hay que resolver esa difícil situación. Por eso compartimos la
necesidad de esta modificación urgente en el momento que estamos
viviendo. Desde nuestro punto de vista, estamos viviendo una situación
inédita en cuanto a inestabilidad política, y no podemos permitir que se
siga perjudicando a los ciudadanos en el acceso a los servicios públicos
o la repercusión que tendría en el empleo, por lo menos en nuestra
comunidad autónoma, si se bloquean determinadas partidas presupuestarias
como, por ejemplo, las dedicadas a infraestructuras.

Creemos que esta proposición es un parche, pero es un parche
necesario. En cualquier caso, quiero manifestar nuestra disconformidad no
solo con la ley orgánica sino con el reparto del déficit que está
haciendo el Gobierno de España. Además, entendemos que el nuevo Gobierno
tendrá que abordar de forma urgente —pero no por el trámite de
urgencia— el fondo de la Ley de 2012 y otras cuestiones como la
reforma de la financiación autonómica. Canarias, como he señalado, ha
cumplido con los objetivos del déficit, pero en estos momentos recibimos
un trato desigual. Recibimos 700 millones anuales menos cada año
desde 2009.

Por último, quiero mencionar —y concluyo— la enmienda
que se aprobó en el Congreso de los Diputados en relación con la
salvaguarda del régimen económico y fiscal de Canarias. Debo poner de
manifiesto que el Gobierno de España había olvidado incorporar el REF de
Canarias en esta ley y, con el consenso de todos de los grupos
parlamentarios, se pudo introducir en el Congreso de los Diputados pero,
nuevamente, no se pidió en tiempo y forma el informe preceptivo del
Parlamento de Canarias. Si hay que cumplir las leyes, también hay que
cumplir las que hablan de Canarias y de su régimen económico.

Por ello, estaremos vigilantes de la actuación del próximo
Gobierno desde el minuto uno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Muchas gracias,
presidente.

La urgencia de esta reforma de ley orgánica tiene unos objetivos
que Foro comparte por dos razones. En primer lugar, porque España precisa
de un instrumento legal que evite los perjuicios sociales y económicos
derivados de la lesiva situación de interinidad de Gobierno que vive
España desde hace más de 300 días. En segundo lugar, porque es obligado
renovar nuestro compromiso europeo para establecer los objetivos comunes
de estabilidad presupuestaria y deuda para las administraciones
públicas.

No obstante, conviene advertir que esta reforma no puede servir
de pretexto para dejar de aplicar, tal y como se hizo en el pasado, las
medidas preventivas, coercitivas y correctivas que aseguren el
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda
pública y de la regla de gasto. De no aplicarlas, el Gobierno volvería a
incurrir en el trato discriminatorio que favoreció a las comunidades
autónomas incumplidoras con los objetivos de endeudamiento y que, por el
contrario, penalizó a las que sí cumplieron, lo que perjudicó los
intereses de sus habitantes —como es el caso de los
asturianos—, en términos de inversión pública, de crecimiento y de
empleo.

Votaré a favor de esta reforma, pero en el futuro, por mucho que
la avale el Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se puede
consagrar el reparto a la carta del déficit de las comunidades autónomas
porque quiebra los mandatos constitucionales de solidaridad y de
autonomía financiera, y además de romper los principios básicos de la
propia ley —como son los de la lealtad y la responsabilidad
institucional—, la tolerancia en el incumplimiento de esta ley
supondría favoritismo y asimetría en el reparto de los objetivos de
déficit, lo que equivaldría a agrandar las desigualdades entre los
ciudadanos y los territorios en los que habitan. Eso no puede volver a
suceder en España.

Evidentemente, votaremos que no a todos los vetos
presentados.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Señor presidente, jaun-andreok,
arratsalde on.

Debatimos hoy la Proposición de la Ley Orgánica de reforma de la
Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, que se tramita en esta Cámara en lectura única y por
procedimiento de urgencia.

Al margen de la posición que adopte mi grupo parlamentario en
relación con esta proposición de ley, en la que no se debate sobre el
fondo de la Ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, y con independencia del tratamiento que una regulación de
esta naturaleza merece desde la perspectiva estrictamente institucional y
de concierto económico, lo cierto es que se trata de una iniciativa que,
a nuestro entender, presenta serios defectos tanto en su planteamiento
formal como desde una perspectiva sustantiva y de contenido.

Tras dos sesiones de investidura fallidas, el Gobierno del Estado
lleva en funciones más de diez meses. Se alega en la proposición de ley
que solamente se ha de plantear una aplicación del artículo 15 de la
norma de estabilidad presupuestaria a partir del 8 de agosto, fecha de
revisión de los objetivos de déficit y deuda por el Consejo de Europa. Y
lo cierto es que, para ser una norma intemporal, se podría haber
planteado mucho antes y de otra forma, ya que los problemas que se desea
solventar se conocían desde hacía mucho tiempo. De hecho, esta propuesta
puede ser hoy en día incluso innecesaria si, como es previsible, tenemos
Gobierno en pocos días.

Ciertamente, incorporar una disposición de esta naturaleza ha de
considerarse una absoluta excepción —situación de Gobierno en
funciones— y consideramos que es un error importante hacerlo a
través de la modificación de una ley orgánica, como es la 2/2012. Si se
actúa de esta manera en materia de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, es evidente que también podría hacerse con
otro tipo de leyes sustantivas que puedan requerir actuaciones
gubernamentales en periodos de Gobierno en funciones y, ello, en nuestra
opinión, desvirtúa el concepto de Gobierno en funciones. Por ello,
entendemos que sería más correcto técnicamente haberlo hecho a través de
un desarrollo del artículo 101.2 de la Constitución, ahondando en el
artículo 21 de la ley de Gobierno. Esto sería lo natural: debatir
abiertamente hasta dónde puede llegar un Gobierno en funciones sin que se
dé una contradicción entre la normativa general de lo que puede hacer un
Gobierno en funciones y lo que puede hacer un Gobierno en funciones en
materia de estabilidad presupuestaria y límite de déficit y deuda.

En todo caso, la Ley Orgánica 2/2012 se podría modificar a través
de una proposición de ley de manera definitiva, para posibilitar los
cambios en los límites de déficit y deuda cuando se den las
circunstancias apropiadas, que pueden ser las derivadas de la Unión
Europea, ahora esgrimidas, o cualquier otra, como un exceso de
recaudación, sin hablar de Gobierno en funciones, que no es el tema
central de la norma.

No resulta tampoco adecuado dar un cheque en blanco, a través del
artículo 15, para que un Gobierno en funciones tenga más atribuciones
incluso que un Gobierno que no lo está, pudiendo revisar límites de deuda
ya fijados por las Cortes.

Si lo que se pretende preservar es que, entre otras cosas, las
comunidades autónomas puedan tener un mayor límite de deuda y de déficit
en 2016 y puedan hacer sus presupuestos en 2017, la proposición debería
haber obviado que el Gobierno está en funciones y debería haber normado
de manera puntual y exclusivamente para los años 2016 y 2017. Pueden
darse casos en los que haya que revisar el déficit y la deuda por motivos
que no se derivan de decisiones europeas y estas tener que valorarse en
momentos de Gobierno en funciones o no, y todo ello no está previsto en
esta proposición, haciendo de nuevo confuso y no concordante el texto con
la voluntad subyacente.

Hoy se cumplen treinta y siete años de la aprobación del Estatuto
de Gernika y dado que nuestro trabajo es defenderlo, considerando
irrenunciable su cumplimiento, quiero decir que además de lo señalado
desde el Grupo Vasco, queremos dejar claro que esta proposición de ley no
debe afectar al modelo vasco de establecimiento de límites de déficit y
de deuda, de conformidad al concierto económico. Según establece la
disposición final tercera de la ley orgánica, en virtud del régimen
foral, la aplicación en la Comunidad Autónoma del País Vasco de lo
dispuesto en la citada ley se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en
la Ley del concierto económico. En este sentido, el artículo 62 de la
norma de concierto económico vigente establece que es competencia de la
comisión mixta del concierto acordar los compromisos de colaboración y
coordinación en materia de estabilidad presupuestaria. Desde esta
perspectiva, mi grupo quiere dejar constancia de que la eventual
aprobación de esta proposición de ley no debe alterar la obligada
bilateralidad entre el Gobierno vasco y el Gobierno del Estado para
propiciar los acuerdos anuales de déficit y deuda entre ambas
instituciones. Las posibilidades de un Gobierno en funciones lo serán sin
disminución de las capacidades que hayan de existir para las oportunas
revisiones con las comunidades forales. Solo bajo estas condiciones ha de
entenderse una neutralidad de esta proposición para con el modelo de
relación vasco con el Estado en la materia.

El texto que debatimos para su aprobación incorpora la
disposición final segunda, una vez que se ha aceptado la enmienda del
Grupo Vasco en el Congreso y que respondía a una cuestión urgente,
puntual y necesaria para el funcionamiento de Bilbao Ría 2000.

Por todo ello, con todas las salvedades y matizaciones
realizadas, nuestro grupo no se va a oponer a esta proposición de ley
porque consideramos que, aunque jurídicamente presenta muchas
imperfecciones e incluso llegue un momento en que sea prácticamente
innecesaria porque haya Gobierno, puede ser positiva para que las
comunidades autónomas cierren este ejercicio y elaboren sus presupuestos
para el próximo año con un poquitito más de holgura.

Eskerrik asko.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Vidal.

El señor VIDAL MARSAL: Gracias. Buenas tardes.

Como casi con total y absoluta seguridad el veto que ha
presentado Esquerra Republicana a esa proposición de ley no va a
prosperar, anunciamos a la mayoría que vamos a votar en contra. Y vamos a
votar en contra por cuatro motivos, básicamente.

Sin embargo, antes de desarrollarlos, me permitirá el portavoz
del Grupo Popular, señor Martínez Arcas —que es quien la ha
defendido—, que le aclare algunas cuestiones en relación con sus
alusiones. Ha hablado usted de que Cataluña debería reducir el gasto de
sus embajadas en Europa. Muchas gracias. Reconoce usted que tenemos
embajadas y le recuerdo que solo los Estados tiene embajadas. Por lo
tanto, muy agradecido. (Aplausos). Por ahora, solo las podemos llamar
oficinas de representación exterior, pero no se preocupen porque dentro
de un año le haremos caso y les llamaremos embajadas. (Aplausos.—
Rumores). Por cierto, les adelanto también una cosa, para su información
y conocimiento, y es que Cataluña gasta en sus embajadas actualmente
alrededor de 3 millones de euros. ¡Cantidad enorme!, muy parecida a la
que le cuesta a Cataluña la contribución al sostenimiento del Tribunal
Constitucional, 3,5 millones, que es el que sistemáticamente deroga las
leyes que aprueban nuestros representantes en el Parlament; y
aproximadamente lo mismo que nos cuesta la Casa Real, 2,5 millones de
euros. Nosotros, que siempre nos hemos declarado republicanos, mientras
estemos en España continuaremos contribuyendo al Tribunal Constitucional
y a la Casa Real porque es nuestro deber. Por lo tanto, déjennos que
mientras paguemos a España lo que nos toca —y lo seguimos
haciendo— también gastemos nuestro dinero, el que nos pagan
nuestros contribuyentes, los catalanes, en aquello que consideremos
oportuno. (Rumores).

Por cierto, señor Martínez Arcas, dado que desea usted reducir
gastos del Estado, le voy a dar varias ideas. Por ejemplo, ¿por qué no
dejan ustedes de subvencionar la Fundación Francisco Franco? (Aplausos).
¿Por qué no dejan ustedes de fomentar y subvencionar las corridas de
toros? (Aplausos.— Rumores). ¿Por qué no dejan ustedes de mantener
ministerios cuyas competencias están transferidas a las comunidades
autónomas: sanidad, cultura, etcétera? Mire si le doy ideas para que
reduzcan gasto.

Dicho esto, vuelvo al principio, a los cuatro motivos por los
cuales Esquerra Republicana no va a apoyar esta proposición de ley.

En primer lugar, porque, sinceramente, estamos cansados de que el
actual Gobierno plantee unas leyes que luego ni tan siquiera él mismo
cumple.

Recordarán ustedes que en la Ley de estabilidad presupuestaria
del año 2012 se hablaba de realizar trayectorias de ajuste, de corregir
los déficits excesivos, pero en vez de hacerlo en la Administración del
Estado se han centrado en las partes más débiles de las instituciones
estatales: las comunidades autónomas y los entes locales, los
ayuntamientos. Siempre se les va a ustedes la mano a la hora de hacer
números contra la parte más débil del aparato del Estado.

¿Saben ustedes cuál es el gran problema? Que recortando esos
presupuestos a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos están
ustedes obligándonos a recortar en políticas sociales, en derechos de los
ciudadanos, sobre todo respecto de aquellas familias que están más
necesitadas de estos fondos. De ninguna otra manera entendemos la
política sistemática del actual Gobierno del Estado de llevar al Tribunal
Constitucional y conseguir, por tanto, la suspensión cautelar inmediata,
de leyes como las que ha aprobado el Parlament de Catalunya; leyes contra
la pobreza energética, leyes de impuestos sobre los depósitos bancarios,
recaudación sobre pisos vacíos como consecuencia de la especulación
inmobiliaria, etcétera. Fíjense el contrasentido: por un lado, ustedes
nos prohíben recaudar impuestos, que pagaríamos solamente los catalanes;
y, por otro, no reducen el cargo presupuestario que correspondería al
Estado. Es decir, practican la política del perro del hortelano: ni comen
ni dejan comer. Déjennos al menos comer y si ustedes no quieren, no lo
hagan.

En segundo lugar, entendemos que el Estado gasta indebidamente,
por ejemplo, las reservas de la Seguridad Social. ¿Cómo es posible que
todos los estudios técnicos fiables —y les recuerdo que han sido
realizados por el propio Gobierno— nos indiquen que a finales
de 2017 ya no existirán las reservas de la Seguridad Social, que
ascendían a 70 000 u 80 000 millones de euros? Esto también es un gasto
indebido que deberían ustedes corregir.

En tercer lugar, como decía, ustedes no permiten que las
comunidades autónomas, que tienen competencias para ello, recauden sus
propios impuestos; excepto, he de reconocerlo, Euskadi y Navarra. En
Cataluña les pedimos, única y exclusivamente, que nos permitan hacer
exactamente lo mismo que hacen ellos; muy ilegal y muy inconstitucional
no debe ser desde el momento en que a ellos se lo han permitido.

En cuarto lugar, llevan ustedes sistemáticamente —y por eso
también vamos a votar en contra— las leyes del Parlament de
Catalunya al Tribunal Constitucional. En este sentido, me pregunto en voz
alta: ¿cómo es posible que el Tribunal Constitucional suspenda de forma
inmediata —e incluso se reúna sábados y domingos si es
necesario—, las leyes del Parlament de Catalunya y, en cambio una
cuestión tan nuclear, tan esencial, tan importante para toda España, y
para esta propia Cámara, como es el conflicto planteado por el Congreso
de los Diputados contra el Poder Ejecutivo por no asumir este la
obligación de los ministros y del presidente en funciones de comparecer,
siga durmiendo en el cajón de los justos del Tribunal Constitucional?
(Aplausos). Han pasado ya muchos meses, ¿no les parece? Ustedes dirán que
el Tribunal Constitucional es independiente y resuelve las cosas cuando
quiere pero, sinceramente, permítanme que lo dude.

Por último, que el Gobierno no está repartiendo de manera
adecuada el techo y la deuda pública no lo digo yo, no lo decimos los
grupos minoritarios de esta Cámara, lo dice la Airef, organismo del
Estado, en cuyos dictámenes e informes se supone que actúa con absoluta
objetividad e imparcialidad. Por tanto, permítanme que les pida que no
nos hagan caso a nosotros, pero sí a dicho organismo, y de ahora en
adelante corrijan el presupuesto.

Permítanme que les diga también que Cataluña es la tercera
comunidad autónoma en aportación de recursos tributarios al Estado
español y es la décima en la recepción de recursos per cápita recibidos,
por debajo de la media. Por tanto, cuando ustedes hablan del FLA, del
Fondo de liquidez autonómico, les pido que hagan una reflexión serena,
tranquila, y basada estrictamente en las matemáticas. Ustedes no
subvencionan nada a Cataluña y no voy a entrar en cifras concretas porque
soy consciente de que hay diferentes maneras de calcular el déficit
fiscal, pero les diré que Cataluña tiene un déficit fiscal positivo
respecto a España. Por tanto, ya sean 3000, 10 000, o 15 000 millones, la
cantidad que sea —repito que no voy a entrar en las cifras—,
tengan ustedes muy en cuenta que nos están pidiendo que recortemos gastos
con nuestro propio dinero.

Por último, y acabo, saldrán ustedes de aquí y dirán que, gracias
al Gobierno de España, las prestaciones sociales se siguen abonando; pero
saldrán ustedes de aquí y se les olvidará que estas prestaciones se pagan
en gran parte por las comunidades autónomas —también la de Madrid,
lo reconozco—, que más contribuyen. Por tanto, les pido que, de una
vez por todas, nos reconozcan el derecho a decir basta ya.

Afortunadamente, esto se acaba. En el plazo de un año, les
garantizo que haremos todo lo posible —la última palabra la tendrá
la ciudadanía de Cataluña, lógicamente— para que Cataluña recaude
sus propios impuestos; y una vez los ciudadanos hayan aprobado en
referéndum que seamos una república independiente, les adelanto que
decidiremos libre y serenamente cuál debe ser el techo de gasto público
que una nación soberana, como la nuestra, puede asumir, garantizando, eso
sí, que los derechos sociales básicos sean siempre nuestra máxima
prioridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Vidal.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Espinar.

El señor ESPINAR MERINO: Muchas gracias, señor presidente.

La Ley Orgánica 2/2012, de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera se basa en tres elementos fundamentales: en
primer lugar, la estabilidad presupuestaria, entendida como fijación de
objetivos de déficit; en segundo lugar, la regla de gasto, que ayudaría a
cumplir esos objetivos de estabilidad; y en tercer lugar, la regla de
deuda, que limitaría la capacidad de emitir deuda de las administraciones
que están por debajo de la del Estado.

La institución en la que se basa esta ley y su aplicación es el
Consejo de Política Fiscal y Financiera, al que hace tiempo que no
convocan y que no consultan sobre su modificación, porque una de las
cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hablar de una reforma como
la de hoy es que el Partido Popular ha aplicado el filibusterismo, en
este caso legislativo, apurando los plazos hasta el último momento para
que no sea posible hacer más que una lectura única y plantear un veto y
votar en contra, o votar a favor y comerse esta propuesta de reforma
legislativa.

Señorías, esta es una ley profundamente ideológica que tiene tres
elementos que la orientan. El primero tiene que ver con el rechazo del
papel que el sector público puede jugar en la recuperación económica. El
segundo, con cómo entienden la estabilidad presupuestaria; ustedes
entienden la estabilidad financiera como déficit cero o superávit de las
administraciones públicas, en contra de toda la doctrina de la Hacienda
pública porque reducen el margen de maniobra a las administraciones
públicas y a la administración del Estado. Y el tercero tiene que ver con
un elemento ideológico de restricción democrática, un elemento agonista,
esto que a ustedes les gusta tanto decir de no hay alternativa; lo único
que se puede hacer en política económica es esto, no hay ninguna otra
alternativa. En este sentido, no sé muy bien para qué nos reunimos en los
parlamentos para hablar de política económica si les parece que no hay
otra forma de aplicarla que no sea la de la austeridad entendida como la
entienden ustedes. El resultado de esta ley profundamente ideológica, que
ustedes traen para su reforma, ha sido la parálisis de las
administraciones públicas, ha sido el bloqueo presupuestario de
instituciones como ayuntamientos y comunidades autónomas, y ha sido el
deterioro democrático.

Les voy a recordar, señorías, que la democracia representativa,
los parlamentos —que siempre nos echan en cara, como si fueran una
cosa de ustedes y nosotros estuviéramos aquí de prestado, y la gente que
nos vota no valiera igual que la que les vota a ustedes— surgen
como una fórmula de participación de los ciudadanos precisamente en los
presupuestos, precisamente en la elaboración de presupuestos, que hasta
el momento del surgimiento de este modelo de parlamentarismo eran una
prerrogativa real, una prerrogativa del poder monárquico.

En este sentido, lo que nosotros decimos es que hay un montón de
parlamentos, en concreto los parlamentos autonómicos de este país, a los
que ustedes, a través de esta ley, les han hurtado la posibilidad de
regular la política económica en sus comunidades autónomas porque ya
viene fijada por el Gobierno del Estado, por el rodillo que pasaron
ustedes en la pasada legislatura con su mayoría absoluta y por el rodillo
que parece que van a pasar ustedes con la nueva mayoría que han
construido con los señores del Partido Socialista. (Aplausos). Ustedes,
señores del Partido Popular, han evitado las alternativas que demandan
las comunidades autónomas jugando con los plazos, para forzar la reforma
de la ley en estos términos y por eso les acusamos de filibusterismo
legislativo.

Además, hay una reflexión que quiero hacer en esta Cámara a
propósito de lo que decía al principio, en el sentido de que esta es una
ley profundamente ideológica y que consagra principios ideológicos que
tienen que ver con el Partido Popular. Lo entiendo, lo que no entiendo es
qué hace el Partido Socialista, desde la firma del artículo 135 de la
Constitución española, subiéndose al barco del austericidio y subiéndose
al barco de la estabilidad presupuestaria entendida como la entiende el
Partido Popular. (Rumores). No me señalen, señorías, no tengo yo la
culpa, yo no estaba en el parlamento cuando ustedes aprobaron la reforma
de la Constitución con el Partido Popular. (Protestas.—
Aplausos).

Hay una cosa que no han entendido, señores del Partido
Socialista… (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

El señor ESPINAR MERINO: Hay una cosa que no han entendido,
señores del Partido Socialista, y es que probablemente por acuerdos como
la reforma del artículo 135 de la Constitución estamos nosotros en esta
Cámara. Cuando lo firmaron no estábamos, así que no nos carguen con la
culpa, señorías.

La Ley de estabilidad y la reforma del artículo 135 de la
Constitución es precisamente la piedra angular que impide todas las
reformas que ustedes traen a esta Cámara. Precisamente el
estrangulamiento de las administraciones públicas es lo que ha impedido
hacer políticas contracíclicas y lo que nos ha obligado —ojo, con
una regulación mucho más estricta que la que nos imponía la Unión
Europea— a hacer las políticas que se han hecho en los últimos años
en este país. Ustedes han presentado en esta Cámara, y eso sí lo hemos
visto nosotros, políticas y propuestas que tenían que ver con aplicar
políticas económicas contracíclicas, pero estaban atados de pies y manos
por el acuerdo del artículo 135 de la Constitución y ustedes están atados
de pies y manos cuando votan a favor del Partido Popular en esta reforma
de la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera.

Hay tres cosas de esta ley que quiero discutir porque, como dice
el profesor Juan Carlos Monedero, nos gobiernan… (Rumores.—
Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor ESPINAR MERINO: Tampoco va a poder uno citar en esta
tribuna sin que se exciten sus señorías. (Rumores).

Presidente, cuando dejen de patalear sigo.

El señor PRESIDENTE: Senador Espinar, no he oído ningún pataleo.
Continúe. (Aplausos).

El señor ESPINAR MERINO: Decía que a menudo quienes gobiernan
para los de arriba, estrangulando las instituciones públicas para que no
puedan hacer política económica para la gente corriente, gobiernan con
palabras. En este sentido, hay tres palabras que ustedes han utilizado en
todo el argumentario y que tienen que ver con esta ley, desde el título
hasta en su defensa, y la primera es estabilidad. Pero, ¿a quién le
genera estabilidad esta ley? ¿A quién le ha generado estabilidad la Ley
de estabilidad presupuestaria? No a la gente de este país, que ha visto
mermados sus derechos; esta ley ha generado estabilidad a su Gobierno, a
ustedes, imponiendo a instituciones de rango inferior techos de déficit
que después no le aplicaban al Gobierno del Estado. Ustedes sólo le han
aplicado a rajatabla esta ley a las administraciones de las comunidades
autónomas y a las administraciones locales, no al Gobierno del
Estado.

La segunda palabra con la que ustedes han querido gobernarnos
para imponernos esta ley es sostenibilidad. Miren ustedes, lo sostenible
no es que los presupuestos de las comunidades autónomas, de los que casi
un 70 % es destinado a sanidad y educación, hayan estado estrangulados
por estas medidas de déficit. Lo sostenible sería sostener la sanidad y
la educación públicas. Lo insostenible en este país son las listas de
espera, es la situación de la educación —tienen ustedes mañana
convocada una huelga educativa precisamente para resistir a los recortes
que ustedes han hecho, a los recortes en becas y a los aumentos en
tasas—. Lo insostenible es la situación de las pensiones; y a la
caja de reserva de la Seguridad Social le queda un año. Y lo insostenible
es que ustedes no hayan aplicado ni presupuestado ni desarrollado en
cinco años de gobierno la Ley de dependencia. Por tanto, esta ley no
garantiza la estabilidad para los ciudadanos, no garantiza la
sostenibilidad para las políticas públicas y no es una ley que garantice
la austeridad. Lo que garantiza son los recortes, pero no la austeridad
del sector público, porque, como bien les ha recordado el portavoz de
Esquerra Republicana, la austeridad es recortar en el gasto superfluo, no
en el gasto fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas necesitan,
porque los ciudadanos y las ciudadanas necesitan a las administraciones
públicas para desarrollar su vida cotidiana.

Con este trámite parlamentario ustedes han provocado malestar en
comunidades autónomas gobernadas por PP y PSOE. Ustedes han derivado a
las comunidades autónomas y a las administraciones locales el coste de
los recortes. Ustedes no han convocado al Consejo de Política Fiscal y
Financiera para discutir esta reforma con las comunidades autónomas.
Ustedes han aplicado medidas más restrictivas todavía que las que nos
imponía la Unión Europea. Y ustedes han utilizado la incertidumbre
provocada por el Gobierno para presionar en favor de una nueva
investidura de Mariano Rajoy. Nosotros les proponemos cambiar el
artículo 135 de la Constitución para recuperar soberanía y democracia en
este país.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ESPINAR MERINO: Ya termino, presidente.

Nosotros les proponemos, no reformar esta ley, sino que la
deroguemos. Y les decimos que ustedes han elevado su ideología a rango de
ley orgánica con la complicidad del Partido Socialista, a costa de los
servicios públicos y las oportunidades de millones de españoles. Y
nosotros, a quienes nos ha tocado ser la oposición en este país, hemos
venido hoy aquí a oponernos a esta reforma. (Protestas).

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Espinar.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Socialista votará sí a esta proposición de
ley, porque esta no solo trata de cubrir una laguna legal y facilitar con
ello a las administraciones territoriales que puedan abordar la
elaboración de sus cuentas para el próximo ejercicio, sino, sobre todo,
evitar el perjuicio a ciudadanos y colectivos que están viéndose
afectados negativamente por esta ausencia de presupuestos autonómicos y
locales sin tener culpa ni responsabilidad alguna.

En julio de 2015 —estos son los hechos— se fijaron
los objetivos de estabilidad presupuestaria para los tres ejercicios
siguientes, y el pasado 2 de agosto la Unión Europea —su
Comisión— acordó flexibilizar dichos objetivos, dando más margen.
Las comunidades autónomas no pueden hacer uso de ese beneficio porque no
existe una legislación que las proteja. Esto es lo que vamos a hacer
aquí, y no otra cosa. Igualmente, es cierto —ya se ha dicho
aquí— que el Gobierno en funciones podría haber elevado al
Parlamento esta propuesta mucho antes —tiempo ha tenido desde
principios de agosto—, pero una vez más ha abusado de forma
partidista de su posición institucional con la clara intencionalidad de
presionar a la oposición sin importarle el daño que causaba a los
demás.

El Grupo Socialista continúa pensando que hay que reformar
profundamente la Ley de estabilidad presupuestaria, de forma sosegada.
También lo piensa la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. Y
lo hemos expuesto en infinidad de ocasiones en esta tribuna, pero la
cerrazón de la mayoría absoluta del Partido Popular impedía cualquier
avance en ese sentido.

Y, señor Espinar, el Grupo Socialista votó en contra de la Ley
Orgánica de estabilidad presupuestaria. Porque usted ha dicho que sí,
pero votó absolutamente en contra. (Aplausos). Lo digo, para que se lea
los diarios de sesiones y vea los debates. En este aspecto, señorías, si
se molestan en repasar los diarios de sesiones del debate de abril
de 2012 verán que advertíamos también de la imposibilidad de cumplir los
objetivos fijados, de que la economía española no podría soportarlo.
Advertíamos de las grandes consecuencias sociales que tendrían los
recortes.

El ministro Montoro, con ese desparpajo que le caracteriza, nos
respondía que los objetivos de déficit entonces se fijaban en el 3 % para
el 2015 y que el 60 % de la deuda para el 2020 era irrenunciable y que se
cumplirían por encima de la campana. Hoy se puede constatar que no se ha
cumplido ningún año, que el déficit modificado para 2016 es el 4,6 % y
que la deuda supera ya el 100 % del PIB. Este Gobierno tendrá que
reconocer, y tendrá que hacerlo con humildad, que se equivocaron en sus
previsiones. Deberá aceptar que a finales del 2015, cuando terminó la
legislatura, el déficit del que es responsable el Gobierno, es decir, la
Administración central más la Seguridad Social, fue superior al que
heredaron a finales del 2011 y que han incrementado la deuda pública
en 300 000 millones, un 45 % más.

El portavoz del Grupo Popular decía que nunca una ley había
tenido tanto impacto social. Y tiene razón, estoy totalmente de acuerdo;
nunca una ley tuvo tanto impacto social para agrandar la brecha social,
para crear más pobreza y, en definitiva, más desigualdad. Por tanto,
deberán reconocer humildemente que tenemos menos personas con empleo que
al final de la anterior legislatura y que esa brecha social se agrandó
considerablemente.

Miren, en el Grupo Socialista pensamos que se debe entrar en una
nueva etapa de entendimiento con las corporaciones locales y las
comunidades autónomas —y buen foro para ello sería el Senado—
y replantear con mucha mayor justicia y equidad el reparto de los
objetivos de estabilidad. Todos los grupos en esta Cámara lo hemos
denunciado reiteradamente con interpelaciones y mociones en la anterior
legislatura. No puede ser que las administraciones que gastan el 50 % del
presupuesto público de España solamente se beneficien del 15 % en los
objetivos de déficit. No puede continuar siendo así.

Además, señorías, todos sabemos que el 80 % de los presupuestos
de las comunidades autónomas se destina a educación, sanidad y servicios
sociales, y ahí es donde se han producido, señor portavoz del Grupo
Popular, los recortes en estos últimos años, en esas administraciones,
que es donde está la carga del déficit fundamentalmente.

Por tanto, señores del Partido Popular, deben acabar también con
el excesivo optimismo con el que analizan la situación económica. Ese
relato que han hecho, eufórico y optimista, con esa obsesión por ponerse
medallas, no tiene sentido hoy día. Claro que ha mejorado la situación
económica, faltaría más, pero con demasiada lentitud para todos aquellos
directamente afectados por las consecuencias negativas de esta larga
crisis. Pero hay nubarrones importantes y el viento de cola que ha
acompañado estos dos últimos años puede cambiar.

Señores del Partido Popular, recuerden: la OPEP ha cerrado un
acuerdo de reducción, lo que nos impide prever que vaya a haber más
bajadas del precio del petróleo, sino todo lo contario. La debilidad del
comercio mundial está frenando las exportaciones de los países
emergentes. Y la finalización de las políticas expansivas del Banco
Central Europeo, que llegarán pronto —no olvidemos que ha
comprado 80 000 millones de euros en bonos solamente en este año—,
terminarán también con esa paridad del euro tan favorable.

Señorías, el Grupo Socialista siempre se ha comprometido con los
principios de estabilidad presupuestaria, siempre. En 2006 aprobamos una
ley. Creemos que debe existir un control del déficit y la deuda que haga
sostenible el Estado del bienestar; además, nos obliga a ello pertenecer
a una moneda única —no debemos olvidarlo nunca—, pero siempre
buscando un equilibrio social entre ajustes y gastos. Porque, claro, el
saldo fiscal se compone de dos variables: los ingresos y los gastos, y
ustedes solamente han actuado sobre la parte de los gastos. Esa es la
gran diferencia entre el proyecto fiscal que nosotros tenemos y el que
tienen ustedes, señorías del Partido Popular.

Nosotros pensamos que tenemos que equipararnos en los ingresos a
los países de nuestro entorno. Al menos hay ocho puntos de diferencia en
los ingresos recaudatorios en nuestro país con respecto a la media de la
eurozona. Ocho puntos son 80 000 millones más que se deberían ingresar,
con lo cual habría más que suficiente para volver a poner las políticas
sociales al nivel que tienen que estar y que nunca debieron perder. Pero
ustedes apuestan por un Estado mínimo en cuanto a los ingresos y los
gastos. En los documentos que ustedes envían a Bruselas cada seis meses
siempre hay una constante. Nuestro país aparece el cuarto por la cola en
cuanto a ingresos públicos; por debajo de España solamente están Rumanía,
Lituania, Letonia y Albania.






Y ese, señorías, no es el modelo que
nosotros queremos. Queremos estar con esos otros países, mucho más
cercanos.

Esta nueva etapa de regeneración política que nos exigen los
ciudadanos de este país obliga a que nunca más se engañe en las cuentas
públicas, a que se reconozcan los errores de las previsiones y se tomen
medidas para corregirlos, a que se acabe con las ingenierías contables
que tanto le gustan a su ministro en funciones. Y estas exigencias
ciudadanas nos obligan al diálogo leal, a la aceptación del principio
democrático de que los otros pueden tener alguna vez razón; exactamente,
a hacer lo contrario de lo que ustedes han hecho hasta ahora.

Confiamos en que lo entiendan y cambien, pues de ello dependerá
en buena parte que nuestros conciudadanos vuelvan a confiar en las
instituciones y que el Parlamento y el Senado adquieran el reconocimiento
que nunca debieron perder. No tengan duda de que el Grupo Socialista va a
contribuir a ello con toda su voluntad.

Señorías de Podemos, nos acusan de aliados. Aliados, sí; lo vamos
a ser, lo hemos sido y lo seremos siempre de los intereses de este país,
de su gente, de sus ciudadanos, de la democracia social. Siempre seremos
aliados de ellos. Aliados de Rajoy, no. Nosotros no hemos votado ni
votaremos nunca igual que el Partido Popular. Ustedes sí lo hicieron
(Aplausos). En abril podían haber cambiado. (Aplausos). Señorías, sí se
pudo mandar al Partido Popular a la oposición. Sí se pudo; pero ustedes
no quisieron (Aplausos) y votaron lo mismo que ellos, exactamente lo
mismo (Aplausos). Ya está bien. Ya está bien, por tanto, de su demagogia
populista. (Rumores). Tranquilos.

Señorías, hablan de una nueva mayoría. Nosotros queremos una
nueva mayoría en este país: la mayoría del Partido Socialista, de la
socialdemocracia. La queremos y vamos a luchar por ello, porque con
ustedes ya se vio en abril. No propician ninguna nueva mayoría, ningún
cambio político. Ustedes tuvieron en sus manos mandar al Partido Popular
a la oposición y no lo hicieron. (Aplausos). No lo hicieron porque no
quisieron, porque no les interesaba y porque pusieron sus intereses
electorales y partidistas por encima de los intereses locales.
(Aplausos).

Ha sido, señor Espinar, la mayoría absoluta del Partido Popular
en estos cuatro años la que ha propiciado toda la política de recortes.
No ha tenido la alianza del Grupo Socialista. Usted, que tanto trabaja
—según parece— en esta Cámara, debería leerse los diarios de
sesiones de la X Legislatura. Vería la propuesta que aquí hizo siempre el
Partido Socialista en contra de esas políticas de recorte. Esa es la
seriedad de un grupo político. Y se lo repito: lecciones, ninguna.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

Muchas gracias, senador Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
De las Heras.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Buenas tardes. Gracias, señor
presidente.

Señorías, finalizo con este turno de portavoces el debate sobre
la modificación de este proyecto de Ley Orgánica de estabilidad
presupuestaria y sostenibilidad financiera, a la que se han presentado
cinco vetos que finalmente han sido cuatro porque los vetos 1 y 2 eran
exactamente iguales; solo cambiaba el tipo de letra y la justificación de
los márgenes.

Antes de empezar con este turno final de portavoces me gustaría
puntualizar algunos de los comentarios que han hecho en el uso de la
palabra los portavoces parlamentarios que me han antecedido. El señor
Alegre —veo que ahora no está en el hemiciclo— habla de malas
prácticas de los viejos partidos. Pues, como diría un castizo: ¡Anda, que
algunos de los nuevos partidos van apañaos!

El señor Navarrete —tampoco le veo— habla de que el
Partido Popular hace lo que una sanguijuela. Pero ¿qué sería de su
comunidad autónoma sin poder acudir a los fondos de liquidez autonómica a
coste cero? Por cierto, señor Navarrete, nadie le obliga ni a usted ni a
su comunidad autónoma a gastarse el dinero en aquello que, como buen
gobernante, decida querérselo gastar.

Senadora Julios, le agradezco el voto favorable a este proyecto
de ley y el voto en contra de los vetos para que, efectivamente, las
comunidades autónomas puedan aprobar sus presupuestos. Y le recuerdo que
el Grupo Popular está en contra del sistema de financiación autonómica y
que usted, por ejemplo, lo votó a favor.

Señora Domínguez de Posada, estoy absolutamente de acuerdo con
todo lo que ha dicho usted: a favor de modificar el sistema de
financiación, a favor de que se pongan medidas coercitivas y correctivas
y que un reparto a la carta del déficit evidentemente no es razonable
porque truncaría un principio básico de un Estado democrático y de
derecho, como es la solidaridad interterritorial.

Senador Cleries, si usted y el resto de compañeros de partido, el
Partido Demócrata Europeo Catalán, no tienen grupo parlamentario no es
culpa del Partido Popular, es culpa de que los catalanes les han votado
poco. (Aplausos).

Senadora Etxano, excepción, urgencia y trámite en lectura única,
a día de hoy, existe. Y, no se preocupe: la bilateralidad del Estatuto de
Gernika el Partido Popular la ha cumplido y la cumplirá siempre.

Señor Vidal, parece mentira. Creo que usted es juez de profesión,
y me imagino que será contrario al desacato a la autoridad judicial e
incluso creo que, como juez, estará de acuerdo con la división de poderes
entre el Ejecutivo y el Judicial. Y lo que ha manifestado aquí se aleja
mucho de lo que debería ser un juez. Por cierto, el FLA catalán, al que
han acudido a coste cero, son 58 000 millones de euros. ¿Qué sería de
Cataluña sin acudir al FLA, pagando un bono basura, el precio del dinero
que tenía que haber pagado? Y respecto de la reserva de la Seguridad
Social, su utilización y que pueda ser consumida a finales del ejercicio
que viene, son muchos los factores, pero hablaré de algunos de ellos: más
cotizantes y pensiones más altas, consecuencia del baby boom de los años
sesenta y setenta, menos cotizantes y, sobre todo, fundamentalmente, una
mayor esperanza de vida, amén de otros muchos factores. Por un lado, le
quitan la legitimidad al Gobierno en funciones y, por otro, le piden que
comparezca. Pónganse de acuerdo en qué es lo que quieren de un Gobierno
en funciones.

Senador Espinar, ley ideológica, rechazo a lo público. Claro, por
eso nos gastamos el 54 % del presupuesto general del Estado en gasto
social. Ahora le comentaré un poquito lo que dice el Airef (Rumores),
pero, por favor, no me interrumpa. Yo he sido respetuoso cuando usted ha
intervenido y no he pataleado ni he dicho nada.

De restricción democrática, ninguna. Ustedes, como el resto de
los grupos, han tenido ocasión de presentar una enmienda a la totalidad,
enmiendas parciales y presentar aquí vetos. Y votarlos incluso, y no
solamente los menores de cuarenta y cinco años.

¿Rodillo con el PSOE? ¿Por qué no? En cualquier caso, mucho más a
gusto que con ustedes, eso también se lo garantizo (Rumores).

¿Austericidio, como usted llama a la modificación del
artículo 135 de la Constitución? No, señor Espinar, fue la salvaguarda
del Estado del bienestar. Dice que la Ley Orgánica de estabilidad
presupuestaria no supuso ni estabilidad ni sostenibilidad. Pregúntele
usted a los proveedores, a las pequeñas y medianas empresas, a las
grandes empresas y, sobre todo, a las familias, si han tenido o no
estabilidad.

Senador Vázquez, también gracias por el voto favorable al
proyecto de ley orgánica. Y dos puntualizaciones: la deuda superior
al 100 % del PIB en estos momentos se debe, entre otras cosas, a la
aportación que ha habido que hacer al Fondo de Liquidez Autonómico, al
Plan de pago a proveedores, a la sobrefactura del déficit energético y al
rescate bancario, que, entre otras cosas, señor Espinar, ha servido para
salvaguardar los depósitos de millones de ciudadanos.

Dice que hay menos personas en empleo. Yo creo que le traiciona
el subconsciente; hay más trabajadores trabajando hoy que cuando empezó
esta legislatura y, sobre todo, la anterior (Rumores). En cualquier caso,
dice que cambiemos el relato económico, pero reconoce que las cosas van
mucho mejor, sobre todo, mucho mejor que cuando gobernaban ustedes. ¿Hay
incertidumbres? Claro que hay incertidumbres, senador Vázquez, como en
todas las economías europeas.

Y, por supuesto, una cuestión de carácter mayor: habla usted de
ingeniería financiera del señor Montero. Hombre, para ingeniería
financiera, su predecesor en el Ministerio de Hacienda, que tenía un
déficit oculto de 30 000 millones de euros.

Los vetos que presentan los grupos parlamentarios a esta
modificación del proyecto de ley orgánica tienen un mismo eje conductor,
varios factores colaterales y un denominador común.

El eje conductor, el hilo conductor, es el mantra de la
modificación del artículo 135 de la Constitución. Pues, gracias a esa
modificación del artículo 135. De no haberla realizado estaríamos incluso
peor, senador Espinar, que en Grecia; para algunos de ustedes, el
parangón.

Los factores colaterales son el trámite parlamentario que se ha
dado, de lectura única y urgencia, el reparto de los objetivos de déficit
—se conoce que a alguno le viene mal que su comunidad autónoma
tenga un margen del 0,3 al 0,7, 4000 millones, para poder gastarlo en lo
que quieran— y la autonomía financiera, que llega hasta donde a
cada uno le llevan sus actos y prioridades de Gobierno, senador
Navarrete. En cualquier caso, ¿dónde estarían algunos sin ese FLA?
Financiándose a precios de bono basura.

Respecto del equilibrio presupuestario, señorías, es garantía de
estabilidad presupuestaria. Y lo que no diga la Airef se lo diré yo
ahora, aludiendo a un par de comentarios que ha hecho esta sobre los
principios básicos de estabilidad presupuestaria, objetivo de déficit y
techo de gasto.

También hay algunos disparates, incluido algún estabilizador
automático —debe de ser del profesor que usted ha
mencionado—, y algunas medidas que forman parte del contenido de
sus vetos, que, en definitiva, señorías, son más barra libre para todos,
más: yo invito y tú pagas, más facturas en los cajones. Y eso, desde que
en abril de 2012 se aprobó la Ley de estabilidad presupuestaria, se ha
acabado.

Y en relación con el mantenimiento del Estado del bienestar
—o de su desmantelamiento, como ustedes aseguran—, nada más
lejos de la realidad, señorías. Gracias a esta ley, a la Ley Orgánica de
estabilidad presupuestaria, se ha conseguido salvar a esta nación de la
ruina económica, financiera y social que nos encontramos en diciembre
de 2012. Gracias a las medidas implementadas por el Gobierno de Mariano
Rajoy y al esfuerzo de todos los españoles.

Varios de ustedes han hablado de la Airef. ¿Saben lo que dice
respecto de la estabilidad, los objetivos de deuda y el techo de gasto?
Lo voy a recordar. El objetivo de estabilidad garantiza la sostenibilidad
de las cuentas públicas. Marcar los objetivos máximos de deuda pública
garantiza que no pueda crecer más que la tasa de referencia del PIB. Y no
hay otra solución, senador Espinar. E implementar un techo de gasto
permite financiar gasto público con ingresos estables y no con los
ingresos de la burbuja. Pero ustedes lo justifican todo de forma
contraria y machacona, como un mantra del que son incapaces de
bajarse.

Votar no a este proposición de ley, a esta modificación de la ley
orgánica, significa negar que las comunidades autónomas puedan
financiarse por encima del 0,3 %. Votar que no es fácil, enmascarándose
en aquello que a algunos de ustedes les gusta proclamar: que son el
Gobierno del pueblo y con el pueblo. Demagogia barata, ausente de rigor y
sobreactuación calculada. El pueblo, senador Espinar, senadores de
Compromís, es soberano y sabe a quién vota y cuándo vota.

En definitiva, esta es una propuesta de modificación orgánica
que, en función de lo que han manifestado los portavoces del resto de
grupos parlamentarios, va a obtener el 85 % de los votos favorables de
esta Cámara. El 85 %. Porque en esta Cámara y en el Congreso de los
Diputados votamos todos los senadores, incluidos los menores de cuarenta
y cinco años.

Acabo, señor presidente. La finalidad de esta modificación de la
ley orgánica es dar una habilitación legal para que un Gobierno en
funciones pueda trasladar la flexibilidad que hemos obtenido de Europa a
todas las administraciones públicas. Para que nunca jamás vuelva a
existir un problema jurídico semejante. Para garantizar el futuro de los
más de 9 millones de pensionistas, de todos los parados...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DE LAS HERAS MUELA: Termino, señor presidente.

De todos los beneficiarios de la sanidad y la educación públicas.
En definitiva, 18 000 millones de euros extras para garantizar el Estado
del bienestar.

Señorías, solicito a mi grupo el voto negativo a estos vetos y la
aprobación definitiva de este proyecto de modificación de la Ley de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De las Heras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las cuatro propuestas
de veto.

Les recuerdo que para la aprobación de las propuestas de veto se
requiere mayoría absoluta y que en este momento la mayoría absoluta de la
Cámara es de 133 senadores. Si resultase aprobada alguna de las
propuestas de veto se daría por concluido el debate sobre esta
proposición de ley orgánica, lo que sería comunicado al presidente del
Gobierno y al presidente del Congreso de los Diputados en aplicación del
artículo 129.3 del Reglamento del Senado. Si las cuatro propuestas de
veto fueran rechazadas, se entendería aprobada la iniciativa.

Votamos, en primer lugar, la propuesta de veto número 1, del
senador Cleries.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253; votos emitidos, 252; a favor, 39; en contra, 213.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 3, de los senadores Mulet y
Navarrete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 39; en contra, 213.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Votamos la propuesta de veto número 4, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 252; votos emitidos, 252; a favor, 39; en contra, 213.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Finalmente votamos la propuesta de veto número 5, del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 253; votos emitidos, 252; a favor, 39; en contra, 213.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

En consecuencia, al haber sido rechazadas las cuatro propuestas
de veto, queda aprobada definitivamente por las Cortes Generales la
Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27
de abril, de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
(Rumores).

El señor presidente da lectura al punto 2.1.2.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.

Se han presentado dos propuestas de veto a esta proposición de
ley orgánica: la propuesta de veto número 1, de los senadores Mulet y
Navarrete, y la propuesta de veto número 2, del Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana.

Para la propuesta de veto número 1, tiene la palabra el senador
Mulet. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia.— Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden, silencio,
señorías.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Imagino que a muchos de nuestros compañeros les preguntarán que a
qué nos dedicamos aquí, en el Senado, porque, desgraciadamente, la gente
no sabe cuál es nuestra labor; esta Cámara es más bien invisible. Por
ejemplo, si en lugar de rodear el Congreso —como se quiere hacer
estos días—, se intentase rodear el Senado, podríamos pasarnos
perfectamente una semana aquí encerrados y prácticamente nadie se
enteraría.

Lamentablemente, el Senado ha sido conocido durante estos últimos
meses por casos mediáticos que nos han hecho mucho daño, como el de la
senadora Rita Barberá. Hoy la señora Barberá no está aquí, pero cobrará
íntegramente el salario. En circunstancias normales esto habría sido
noticia de nuevo, cómo maltratan esta Cámara... (Rumores).

Por favor, es que no puedo continuar.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): No se preocupe, de eso me
encargo yo. Usted siga hablando, señoría. (Rumores).

El señor MULET GARCÍA: Por favor...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Siga usted hablando,
señoría.

El señor MULET GARCÍA: Por favor...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Siga usted hablando,
señoría.

El señor MULET GARCÍA: Espero que se descuenten estos segundos de
mi tiempo.

Ruego al que no quiera escucharme que, al menos, no me
interrumpa.

Continúo diciendo que hoy estaríamos en el foco mediático por el
caso del absentismo reiterado de esta senadora pero, desgraciadamente, la
atención no está aquí, sino en la Zarzuela y en el Congreso, donde el
Partido Socialista le ha regalado al PP la ilusión de 5,4 millones de
electores. (Rumores.— Protestas). Tranquilos. Tienen que ir
acostumbrándose a lo que escucharán a partir de ahora, y no únicamente
aquí. (Rumores.— Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, no dialoguen
entre ustedes, por favor.

El señor MULET GARCÍA: Señores, acostúmbrense, porque, a partir
de ahora, van a escuchar muchas cosas, y no únicamente aquí, sino en la
calle, en la calle... (Rumores.— Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Silencio, señorías.
(Rumores).

El señor MULET GARCÍA: Tranquilos, señores del PASOK,
acostúmbrense, que esto no ha hecho más que empezar. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Silencio.

El señor MULET GARCÍA: Han robado ustedes la esperanza a millones
de españoles para colocar de nuevo en el Gobierno... (Rumores.—
Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Senador Mulet, un momento,
por favor.

Guarden silencio, por favor. (Rumores).

Les ruego, por favor, que guarden silencio.

El señor MULET GARCÍA: Decía...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, señoría.
(Pausa).

Continúe.

El señor MULET GARCÍA: Les decía a los señores del PASOK
—perdón, a los del PSOE— que han robado la esperanza a
millones de españoles para colocar de nuevo en el Gobierno al peor
presidente que ha conocido España, el de los recortes y el del
austericidio. (Protestas.-Rumores). Han traicionado ustedes —estén
tranquilos— a millones y millones de españoles que, generación tras
generación, han confiado en ustedes... (Rumores.— Protestas).

¡Un poco de vergüenza! Lo que tendrían que hacer es meter la
cabeza debajo del ala e irse. (Rumores.— Protestas). Ustedes tienen
su tiempo. Respeten el tiempo de los demás.

En Compromís, a pesar de eso, hemos tenido siempre la mano
tendida desde el minuto cero hasta hoy, hasta el último minuto. Pero
ustedes, en lugar de optar por un Gobierno para las personas, no solo se
han cargado a su candidato, sino una oportunidad histórica para conseguir
ese Gobierno. Por tanto, tranquilidad, que en la calle lo van a escuchar
muchas veces. Aquí seguramente no, porque cada vez tendrán menos
presencia, pero en la calle lo van a escuchar muchas veces.

A lo que íbamos. ¿Para qué queremos hoy reformar esta ley?
Resulta inaudito que quien se aprovechó del calendario y planificó con
maldad quirúrgica las fechas establecidas para hacer coincidir unas
hipotéticas nuevas elecciones con el día de navidad, quiera ahora
enmendar la legislación que le permitió jugar con esta especie de
amenazas. Sabemos que quien provocó el amago de que la fecha fuera el 25
de diciembre fue el propio Mariano Rajoy, gracias al papel títere que
jugó la presidenta del Congreso y al bloquear la convocatoria de los
órganos de su partido perdiendo una semana para analizar las condiciones
que proponía Ciudadanos y jugar así con el calendario. Por tanto, esta
coincidencia no fue fruto de la casualidad ni de la mala suerte, sino un
acto premeditado por parte de un partido antisistema que no respeta ni el
propio funcionamiento de los órganos del Congreso.

Ahora, una vez que el señor equis, los poderes fácticos y los
aventajados de las puertas giratorias han dinamitado las posibilidades de
un Gobierno del cambio y destruido desde dentro al principal partido de
la oposición, rendido vergonzosamente al partido más corrupto de Europa
—un partido imputado, recordemos—, dicha amenaza de nuevas
elecciones parece disiparse y entregan el Gobierno al Partido Popular.
Por lo tanto, ¿qué sentido tiene ahora una reforma a la carta de la
LOREG?

Como sabemos, la derecha española casi nunca ha aceptado sus
derrotas: viene de tradición golpista, viene en su ADN. Recordemos el
caso del tamayazo o, ahora también, cómo han sabido mover los hilos para
que las viejas momias arrebaten al Partido Socialista cualquier
posibilidad de intentar un Gobierno para las personas y han conseguido,
por fin —enhorabuena—, la rendición del PSOE. ¿Qué lástima,
no? Ahora que el señor equis y su banda entregan el partido al peor
presidente de la historia del Gobierno español, tenemos que analizar aquí
una reforma de la LOREG a la carta para, simplemente, abordar la
calculada amenaza de convocar elecciones en navidad. Esto nos parece
fuera de lugar y sin sentido. La reforma, después de meterle miedo en el
cuerpo al resto de partidos, era un intento de limitar sus propios
excesos al comprobar cómo ustedes, señores del Partido Popular, se habían
pasado de frenada.

El artículo al cual hace mención esta reforma de la LOREG,
el 99.5 de la Constitución, dice: «Si transcurrido el plazo de dos meses,
a partir de la primera votación de investidura, ningún candidato hubiera
obtenido la confianza del Congreso, el Rey disolverá ambas Cámaras y
convocará nuevas elecciones con el refrendo del Presidente del Congreso».
Simple y llanamente, no dice nada más.

Si, tal y como ha pasado, se ha paralizado la primera votación de
investidura por puro tacticismo, el problema no es ahora acortar la
campaña electoral. Por un caso puntual no se puede modificar la
legislación al antojo de un partido político o de una banda de
chantajistas. Obviamente, urgen reformas de la LOREG más importantes y
aclamadas por la población. Por ejemplo, es absurdo prohibir los sondeos
electorales en la campaña electoral, la innecesaria jornada de reflexión,
el malgasto existente en el mailing separado por partidos políticos, o el
debate que tenemos que abordar sobre la edad mínima para votar. Por
tanto, acortar las campañas electorales de quince a ocho días para
elecciones fallidas es un agravio injustificable. Tendría más sentido
limitar el gasto de estas campañas electorales, que sea más restrictivo
en segundas o terceras convocatorias, pero limitar el tiempo nos parece
absurdo. A quienes no tenemos detrás ni gürteles ni grandes constructoras
ni mordidas ni 3 ni 10 %, y nuestra única campaña electoral es la de
pisar la calle, recorrer los pueblos y ciudades, quince días se nos hace
muy corto.

Si el hecho ha sido únicamente el de no coincidir con un día
festivo, ¿qué pasaría si en otra ocasión el calendario hace coincidir,
desgraciadamente, unas primeras, segundas o terceras elecciones con otro
día festivo? ¿Volveríamos a cambiar la legislación por ese hecho puntual
para que la campaña electoral sea de diez, tres o siete días, dependiendo
de la fecha? La medida de cambiar a ocho días es puramente circunstancial
y fruto de un caso aislado. Es una situación que el Partido Popular
califica de anómala, como es el caso de unas hipotéticas terceras
elecciones. En estos casos los partidos políticos tenemos que hacer un
esfuerzo incluso superior para explicar por qué ahora sí se nos tiene que
votar a nosotros y no a otras formaciones políticas.

Si se pretende mantener las juntas electorales, los
representantes designados y los avales obtenidos, ¿por qué no el
calendario? ¿Por qué no nos centramos en el gasto y se prohíbe la
publicidad? Ya propusimos en el Congreso que el proceso electoral durara
lo que tiene que durar, es decir, quince días siempre, y que únicamente,
y de manera excepcional, cuando por producirse la convocatoria de las
elecciones un día que coincida con una fiesta nacional o estatal convenga
hacer una alteración de fecha, en vez de celebrarse las elecciones el
quincuagésimo cuarto día puedan celebrarse el cuadragésimo séptimo o el
día que acordemos. Como explicábamos en el Congreso, si, por ejemplo, el
año que viene hay que disolver las Cortes no el 31 de octubre, sino el 7
de noviembre, entonces, si contamos cuarenta siete días, nos iríamos
también al 25 de diciembre. ¿Qué haremos? ¿Otra reforma exprés con toda
esta parafernalia para arreglar un problema puntual?

Esta chapuza que presentan aquí no soluciona los hipotéticos
problemas; nuestra propuesta, sí. Por eso, una vez dinamitado por dentro
el Partido Socialista, y con ello la posible convocatoria de unas
terceras elecciones, pedimos la devolución de esta reforma legislativa al
Congreso para que se busque una redacción que solucione todas las
variables explicadas y no sea un simple pedazo presentado ahora por un
problema solucionado por la vía golpista.

Recordarán ustedes a un político conocido, llamado José María
Aznar —obviamente no soy devoto de él—, que tenía muchas
frases célebres. Había una que, desgraciadamente, no consiguió hacer
realidad, aquella tan mítica de: Váyase, señor González. Hoy, más que
nunca, esa frase tiene fuerza y vigor. Nosotros sí que diríamos: Váyase,
señor González, y que se vaya como el flautista de Hamelín, con todas las
ratas posibles detrás, y que dejen al Partido Socialista, a la gente
decente que todavía queda en él, retomar esa confianza, retomar la
esperanza que millones de ciudadanos han depositado durante más de un
siglo en su partido.

Señores, qué vergüenza. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias,
señoría.

Para la defensa del veto número 2, por Esquerra Republicana de
Cataluña, tiene la palabra el senador Picornell.

El señor PICORNELL GRENZNER: Buenas tardes, señor
presidente.

Señorías, Esquerra Republicana presenta hoy un veto a la
propuesta de modificación de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del
régimen electoral general, para el supuesto de convocatoria automática de
elecciones.

Para nosotros está claro que quieren modificar una ley para
solucionar lo que no pueden o, ya podemos decir, no podían solucionar con
debate entre los distintos partidos que intervienen en la conformación
del Gobierno de España. Es decir, el 18 de agosto el presidente en
funciones visitó a la presidenta de la Cámara baja y decidieron llevar al
absurdo la utilización del calendario electoral solamente para culpar al
PSOE de la situación. Supongo que la justificación debió ser: Me someto a
una investidura sin apoyos suficientes el 30 de agosto y así, si el PSOE
no nos da apoyo, serán los culpables de que nos comamos los turrones en
el colegio electoral. De este modo, todo el mundo culpará a los
socialistas y nosotros saldremos ganando. ¿Qué puede salir mal?

Cuando todo el mundo se dio cuenta de que esta fórmula no
funcionaba, el mismo Partido Popular compró la idea del PSOE para
recortar una semana la campaña electoral. Pero como en este país las
cosas se hacen mal, a última hora y corriendo, tiene que ser en el último
Pleno, antes de la hipotética disolución, donde lleven esta modificación.
No era posible hacer las cosas con tiempo, dar la posibilidad de generar
debate para modificar la ley y respetar los dos reglamentos, el del
Congreso y el del Senado.

Ahora tenemos que presentar un veto no porque no estemos de
acuerdo con la modificación, sino porque, justamente, con este
procedimiento no respetan nuestro derecho a presentar enmiendas. Si
después es aprobado o no dependerá de las mayorías políticas, faltaría
más, pero si ni tan siquiera tenemos la oportunidad de presentar
enmiendas no podemos debatir.

Muchas gracias, señores del PSOE; muchas gracias, señores del
Partido Popular, por velar, incentivar y propiciar el debate político en
una Cámara parlamentaria. Muchas gracias, de verdad.

Hoy presentamos un veto en este Pleno porque, además de lo
expuesto, ya no tiene sentido alguno modificar esta ley a toda velocidad.
El domingo, el Comité Federal del PSOE claudicó ante las tesis de algunas
clases dirigentes del partido y entregó las llaves de La Moncloa otra vez
al Partido Popular. Si ya no va a haber elecciones en navidad, por favor,
¡déjennos debatir y hacer política en mayúsculas!

Creo que el derecho de cualquiera de nosotros a desarrollar las
tareas parlamentarias tiene que ser, ante todo, respetado, y hoy no vamos
a poder hacerlo. ¿Dónde queda la política, señores senadores y senadoras?
¿Dónde queda el parlamentar? Dejen que les diga una cosa. Personalmente
tengo una máxima que me parece imprescindible: hablando, la gente se
entiende. ¿Cómo nos vamos a entender si no podemos hablar?

Ustedes son los responsables de traer una reforma que ya no tiene
sentido, sin ánimo de debatir ni de escuchar absolutamente nada ni a
nadie; fuerzan el reglamento hasta límites insospechados; desprestigian
la Cámara y su capacidad de negociar, hablar y contrastar ideas.

Pero lo que denunciamos hoy aquí va aún más allá: venimos a
explicar qué enmiendas queríamos presentar. Creíamos que traer la
modificación de una norma de las características de la LOREG era una
buena oportunidad para modernizar el sistema electoral. Así, entendemos
que es de otro siglo la prohibición de publicar encuestas cinco días
antes de las elecciones, básicamente porque unos cuantos medios de
comunicación ya tienen sus mecanismos para hacerlo igualmente, así que no
tiene sentido alguno.

También carece de sentido la jornada de reflexión. En una
sociedad permanentemente conectada, donde, por ejemplo, mediante las
redes sociales todo el mundo sigue expresando su parecer político, ¿tiene
sentido seguir con esa jornada?

Asimismo, pensamos que es muy importante abordar el debate sobre
la publicidad en los medios públicos y privados. ¿Es justo que los
privados no entren en el juego democrático, como sí lo hacen los
públicos?

En el mismo sentido de modernizar el sistema electoral, acercar
la democracia y prever mecanismos que ayuden a la participación, también
queríamos presentar la inclusión del voto electrónico aplicable a los
españoles inscritos en el censo de los electores residentes ausentes que
viven en el extranjero.

Otra propuesta que me parece que tiene todo el sentido del mundo,
en un momento en que la sociedad nos hace demandas continuamente, es
agrupar toda la propaganda electoral en un solo envío postal. Creo que
ganaríamos todos, los partidos y la gente, la sociedad. Quizás los
grandes partidos no saldrían ganando y dificultaría la posibilidad de que
la gente pensase —sí, sí, pensase— y reflexionase sobre qué
se tiene que votar. Pero, evidentemente, esto no interesa a algunos de
ustedes. A lo mejor anteponen el partido a los intereses generales.

Finalmente, presentamos una propuesta que es fundamental para
nosotros: ampliar el censo a los jóvenes de 16 a 18 años, una propuesta
histórica de la Joventuts d’Esquerra Republicana, la JERC. Un chico
o una chica de 16 años puede trabajar y pagar sus impuestos, pero no
puede decidir sobre las políticas laborales y sobre estos mismos
impuestos. ¿Qué sentido tiene eso? ¿Les parecería bien que a partir de la
jubilación se recortara el derecho a voto? A partir de ahora los
pensionistas no van a poder participar del sistema democrático. ¿Qué les
parece? El papel que debe tener la sociedad frente a los más jóvenes no
puede ser paternalista, no podemos exigir que se impliquen en una
sociedad si no les damos voz. No podemos exigirles que vayan a aguantar
el sistema público de pensiones si lo máximo que hacemos es darles unas
palmaditas en la espalda. Rebajar la edad de voto es una propuesta que
viene directamente de abajo arriba, una propuesta popular, de apoyo a
aquellos que necesitan recoger el testigo de una sociedad que les exige y
que en este momento no les da oportunidades, ni estudiantiles ni
laborales. Muchos de ustedes dirán: Ya están los de Esquerra recogiendo
apoyos y votos para la independencia y para su referéndum. Esto va mucho
más allá de este triste argumento. Nuestra propuesta está en la línea de
dar apoyo incondicional a aquellos que son una de las bases de nuestra
sociedad. El día de mañana ustedes pedirán a los jóvenes que hoy
tienen 16 años que nos ayuden, por ejemplo, a pagar las pensiones, y
ellos tendrán todo el derecho del mundo a pensar: ¿los mismos que nos
negaron el voto son los que ahora nos piden ayuda?

En este mismo sentido, podrán recordar el papel del Partido
Socialista. A finales del mes de abril, Esquerra y la JERC llevamos la
propuesta de ampliación del voto a los 16 años al Congreso de los
Diputados y se aprobó, justamente, con los votos del Partido Socialista.
Pero, como ya nos tienen acostumbrados, fue un simple equilibrio
electoral. Señores del Partido Socialista, ¿por qué han cambiado el
sentido del voto en tan pocos meses? ¿Se equivocaron con la posición
anterior? ¿Por qué no han sido valientes también esta vez? Partido
Socialista, partido de izquierdas y al lado de las clases populares,
¿saben de dónde sale esta propuesta? Precisamente de la izquierda y de
las clases populares. Cuando esta propuesta va de verdad, ustedes dan
marcha atrás. Pues ustedes verán, pero yo creo que se pueden ir de este
Pleno intranquilos por no ser consecuentes ni con sus ideas políticas ni
con aquello que votaron hace unos pocos meses. La política son hechos y
no teatro, donde puedes cambiar el guión cuando te plazca. Su papel en
este tema ha tenido más de teatro que de política. Pese a esto, ya les
puedo anunciar que volveremos a presentar la iniciativa, porque la única
lucha que se pierde es la que se abandona.

Ya ven que nuestras propuestas no eran revolucionarias ni
planteaban cambios fundamentales, solo querían actualizar la ley, ponerla
al día, pero no ha sido posible en esta ocasión. Ya les avanzo que la
república catalana sí que va a ser moderna. Lo será de acuerdo con la
sociedad, con las peticiones ciudadanas y, por supuesto, con el respeto
parlamentario que debe tener una Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Picornell.

Para turno en contra, tiene la palabra la senadora Vindel.

La señora VINDEL LÓPEZ: Gracias, señor presidente, señorías.

Senador Mulet, para una vez que puede disponer de diez minutos
solo para usted, que no los tiene que compartir con nadie, ¿cómo los ha
desaprovechado tanto, señoría? Porque lo único que ha hecho —le ha
sobrado muchísimo tiempo— ha sido leer su veto y no todo, porque ha
habido cosas que usted ha escrito y que no se las ha leído al Partido
Socialista, pero que yo sí lo voy a hacer porque creo que merece la
pena.

Le voy a decir una cosa, señoría. A la vista de su intervención,
¿qué sería de ustedes —me refiero a Compromís— si no
existiera el Partido Popular? ¿Cómo sería su vida? ¿A qué se dedicarían?
¿Qué intervenciones harían, señoría? Porque, verdaderamente, la fijación
con el Partido Popular es algo asombroso.

Ha definido al PP —lo ha leído aquí— como un partido
antisistema, y ha dicho que lo que estamos haciendo con esta iniciativa
es llenar un vacío legislativo que trae causa de una previsión
constitucional. Se conoce que eso es antisistema. Los que hablan de
rodear el Congreso y no sé qué líos más deben ser los que están à la
mode, señoras y señores senadores.

Y le voy a decir otra cosa: no mienta. Usted sabe que la
presidenta del Congreso no es ningún títere. Es mentira lo que usted
dice. Es falso. Además, está muy feo decir eso porque, entre otras cosas,
senador Mulet, no aporta absolutamente nada al debate.

Ahora, en el universo Compromís, señorías, ya no estamos nosotros
solos como objetivo de su fijación, sino que ya hay para todo el mundo y
le toca también al Partido Socialista. Y me gustaría que nos explicara,
si es que vuelve a intervenir, por qué les llama viejas momias
socialistas. No lo ha leído en el veto que nos ha presentado, pero ahí sí
que figura por escrito.

Estoy convencida de que el senador Antich subirá después a la
tribuna, porque esta es su especialidad, la ley electoral y las
cuestiones constitucionales, y mientras usted leía esto yo miraba muy
atentamente al senador Antich y, francamente, señoría, no le veo
embalsamado. Pero ni al senador Antich ni a ninguno de los senadores
socialistas que le acompañan. Claro, que tampoco les veo, como usted
dice, dinamitados por dentro. La verdad es que presentan un aspecto
estupendo y muy saludable —espero que sigan así por mucho
tiempo—.

En resumen, su intervención ha sido de mucha brocha gorda,
señoría. Lo que yo no sabía es que Miguel Hernández y usted se conocían.
¿O no sabe usted lo que dijo Miguel Hernández? Dijo: Iba usted para
trueno y se quedó en lamento. (Aplausos).

Y ahora, si les parece, vamos a hablar en serio. Esta proposición
de ley se tramita en lectura única porque por su naturaleza y simplicidad
en su formulación el Reglamento lo permite; lo que no permite es la
presentación de enmiendas, aunque, eso sí, otorga a los grupos
parlamentarios la facultad de presentar y, por tanto, defender un veto en
esta tribuna. Naturalmente, señorías, por supuesto que reconozco a los
dos senadores intervinientes su derecho reglamentario a presentar un
veto. Pero dicho esto, les diré que no entiendo nada, porque un veto a
esta proposición de ley significa que se está en contra del texto que se
debate y, señor presidente, señorías, este texto salió del Congreso de
los Diputados sin un solo voto en contra, que era como yo pensaba y
deseaba que saliera del Senado. Claro, sus señorías nos pueden sorprender
todavía más a mi grupo y a mí y retirar los vetos para abstenerse, o
incluso les invito desde ya a votar a favor de la proposición.
Reconocerán de todas formas, señorías, que votar abstención con un veto
presentado es algo extravagante en el sentido más literal del
término.

Durante el Pleno de la pasada semana en el Congreso de los
Diputados algunos grupos se entretuvieron en atribuir al Grupo Popular
—además de todos los males, claro— la principal
responsabilidad de que se votara el día de navidad, y por lo que hemos
tenido oportunidad de escuchar hasta la fecha seguimos en las mismas. Voy
a negar la mayor. Como muy bien dijo la senadora Barreira en nuestro
Pleno de la semana pasada, ustedes saben muy bien, pero que muy bien, que
los principales responsables del resultado fallido de la segunda votación
del segundo debate de investidura de este año no están sentados aquí.
Claro, hay quien tampoco estaba allí la semana pasada. Y que quede muy
claro: cuando se fija la fecha del último debate de investidura se hace
para investir a un presidente del Gobierno, señorías, no pensando en unas
terceras elecciones.

Por tanto, no voy a entrar en polémicas estériles de atribución
de responsabilidades porque, como ya les he dicho en otra ocasión, el
esfuerzo inútil produce mucha melancolía, y me parece, señorías, que a
los españoles lo que les importa, sobre todo, es salir de una vez por
todas de esta situación de incertidumbre, calendario incluido.

Hemos tenido noticias, rumores, y últimamente certezas y mucha
información, pero déjenme que les diga una cosa: estamos a seis días de
una nueva convocatoria electoral, en este caso por aplicación del
artículo 99.5 de la Constitución. Esta modificación de la Ley electoral
que traemos esta tarde aquí no es una disposición solo para la próxima
semana, sino que está pensada para el futuro. Les confieso que es la
primera vez que el Grupo Popular propone una modificación legislativa
deseando y confiando que la situación que nos ha traído hasta aquí no se
vuelva a producir nunca más; y la situación no es otra que la aplicación
automática del apartado 5 del artículo 99, ya saben, la disolución por el
transcurso de dos meses desde la primera votación de investidura sin que
el Congreso otorgue su confianza a un candidato. Es una situación
especial de nuestro sistema constitucional y debe disponer de una
regulación específica en el régimen electoral. Con este texto la duración
del proceso electoral se reduce a la duración de las elecciones
convocadas como consecuencia de la terminación del mandato de los cuatro
años o como consecuencia de la facultad de disolución del presidente del
Gobierno. Si para estas elecciones, señorías, la duración del proceso
electoral es de 54 días a partir de la convocatoria, para las elecciones
convocadas por aplicación automática del apartado 5 del artículo 99 la
duración se reduce una semana, lo que supone un proceso de 47 días que,
por si tienen alguna duda, les diré que es perfectamente compatible con
el artículo 68 de la Constitución.

Por tanto, la campaña durará ocho días en vez de los quince
establecidos para los procesos ordinarios, y se reduce porque entendemos
que los candidatos no necesitan el mismo tiempo para realizar las
actividades destinadas a la captación de sufragios. ¿Consecuencias
inmediatas? Sí, señorías. Se hace imprescindible adelantar los plazos
previstos para realizar designaciones o mantener las de representantes,
administradores y demás nombramientos. Pero, además, el nuevo proceso
electoral facilitará varios hechos: el mantenimiento de las juntas
electorales; el mantenimiento, si se quiere, de los anteriores
representantes y administradores; los avales de las formaciones
extraparlamentarias para presentar candidatura, que van a seguir teniendo
vigor y, por tanto, no será necesario volver a presentarlos; los
electores residentes en el extranjero que hubieran solicitado el voto en
las anteriores elecciones, si siguen incluidos en el censo y no han
variado su domicilio, no deberán reiterar su solicitud, etcétera.

Así es como se registró este texto en el Congreso de los
Diputados, pero debo decirles que el Congreso, además, ha incorporado
enmiendas del PNV; de Unidos Podemos; de UPN, integrado en el Grupo
Mixto; de Foro Asturias; y del PDC. Además, señorías, el Grupo
Parlamentario Socialista, el Grupo de Ciudadanos y mi grupo, el Grupo
Parlamentario Popular, hemos firmado unas enmiendas que nos parecen muy
relevantes, pues reducen en un 50 % el límite de los gastos electorales y
reducen también en un 30 % la cuantía de las subvenciones electorales,
porque nos acogemos al principio de que lo que dura menos debe costar
menos.

Sinceramente, creo que nos ha llegado un buen trabajo del
Congreso de los Diputados y, desde luego, el Grupo Parlamentario Popular
lo va a respaldar; un trabajo que no entiendo por qué algunos lo quieren
echar abajo, sin darse cuenta de que, sin esta modificación de la Ley
electoral, si no resulta aprobada, la campaña va a durar quince días, no
se van a reducir los costes, no se van a reducir las subvenciones ni va a
quedar regulado un supuesto concreto que está recogido en nuestra
Constitución, además de que el día de navidad se convertiría en jornada
electoral.

A mí me da la sensación, señor presidente, señorías, de que
ustedes pretenden por esta vía hacer una especie de refundación del
sistema electoral porque tienen otro planteamiento que, desde luego, no
es el nuestro. Para su tranquilidad, les diré que si lo que quieren es
una reforma profunda del sistema electoral no tienen más que proponerlo,
señorías, porque este texto que estamos debatiendo en este momento no lo
impide en absoluto. Seguro que lo saben, pero se lo voy a recordar. Para
el Grupo Parlamentario Popular, la Ley electoral es una de las leyes
medulares, imprescindibles de nuestro sistema democrático. Saben ustedes
que fue aprobada casi por unanimidad, por el 98 % de las Cortes
Generales, y les diré que, además de medular e imprescindible, es básica
cuando se trata de las reglas del juego democrático y, por tanto, resulta
fundamental al hablar de normas electorales. Ha sido modificado en
multitud de ocasiones desde 1985, todas ellas con un gran respaldo
parlamentario, salvo en una ocasión, en el año 2006.

Saben sus señorías tan bien como yo que es mejor el consenso que
una mayoría suficiente, sobre todo si lo que se quiere es que los textos
duren. Aprobando esta modificación de la Ley electoral hacemos un
ejercicio de responsabilidad que da respuesta a una situación
extraordinaria y a una situación eficaz para un futuro que esperamos que
no se repita.

Aprovecho este momento, señorías, para pedirle a los senadores de
Esquerra Republicana de Cataluña que retiren su veto. Al senador Mulet,
no le voy a pedir nada, no le voy a pedir nada porque —estarán de
acuerdo conmigo, señorías—, ¿para qué? (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Vindel.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Mixto van a intervenir el senador Cleries, el
senador Alegre, el senador Mulet, la senadora Julios y la senadora
Domínguez.

¿Quién empieza primero? (Pausa).

Tiene la palabra el senador Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Esta proposición se hace mediante lectura única porque el Partido
Popular y el señor Rajoy han generado un problema:






que sus cálculos nos
llevaban a elecciones el día de Navidad. Y esto es así, porque ha salido
en todas partes y su calculadora era para presionar; pero ahora no lo
quieren cambiar y entre todos hemos de poner un parche donde ustedes
generaron, como siempre, un problema. En cambio, tenemos ante nosotros la
situación de que sí se podrían cambiar otras cosas de la Ley electoral,
como el voto rogado exterior, ya que la gente tiene problemas para votar
en el exterior, o el voto electrónico, pero todo esto lo olvidamos.

Por tanto, nosotros nos vamos a abstener porque no queremos
generar un problema a la ciudadanía si hubiera elecciones, que no las
habrá, porque ya han visto que no se tenía que presionar tanto para tener
la gran coalición. Y, por otro lado, por lo que han de velar ustedes es
por más democracia, porque algún senador aquí me da lecciones y solamente
le recuerdo lo siguiente: comunidades autónomas con 2 500 000 de
habitantes tienen treinta y seis senadores electos y comunidades
autónomas con 7 500 000 tienen dieciséis. Así se entienden determinadas
mayorías absolutas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Cleries.

Tiene la palabra el senador Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Gracias, presidente.

Señorías, el otro día, en la toma en consideración en el Pleno de
la semana pasada, dije que en política se pueden hacer muchas cosas menos
el ridículo y puse en mi boca unas palabras del president Tarradellas en
relación con el ridículo. Lo útil para evitar el ridículo hoy es votar a
favor, no sin recordar que esto no es suficiente; esto es un salir del
paso en estos momentos, porque lo que realmente tenemos que hacer si,
como todo parece, hay legislatura, es sentarnos a hacer una reforma
importante de la Ley electoral.

A los españoles —me lo ha dicho mucha gente, empezando por
los taxistas— les molesta mucho que por nuestra incapacidad de
diálogo y de acuerdo les llevemos a votar una tercera vez, a razón de 170
millones de euros cada elección, y esto es un mal presagio para afrontar
una elección, además el día de Navidad, para repetir elecciones y
explicar el mismo programa electoral que ya hemos explicado, en este caso
el 26 de junio.

Comparto con la senadora Vindel —y termino ya porque me
estoy comiendo el tiempo— que la importancia de esta reforma exprés
es el ahorro que vamos a generar a los españoles si se tuvieran que
repetir esas elecciones, ese 50 % de reducción del gasto electoral y
ese 30 % de reducción en las subvenciones. Creo que solamente esos dos
conceptos justificarían hoy un voto afirmativo como el que vamos a dar
los senadores de Ciudadanos.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Alegre.

Tiene la palabra, senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Desde aquí arriba, señora Vindel, gracias
por cronometrarme; he consumido un segundo menos de lo que tenía
asignado, que eran diez minutos, lo puede ver en la página web; está
claro que ustedes me han quitado casi dos minutos con sus gritos, pero he
consumido nueve minutos. Obviamente, puesto que tengo únicamente un
minuto para poder expresarme, ha sido un lujo para mí tener nueve minutos
y he estado la mar de tranquilo y muy relajado.

¿Que le preocupa a usted que mi defensa sea el texto que había
presentado en el veto? Yo tampoco me meto en sus intervenciones, de dónde
las saca o cómo las articula, pero me parece muy curioso que su principal
defensa haya sido la defensa del Partido Socialista, y no entrar en el
fondo de las propuestas; porque usted se ha quedado en la anécdota, pero
en nuestras propuestas sí había medidas concretas, pero se ve que esas
medidas concretas no le interesan o no hace falta hablarlas.

¿Le molesta que hablemos de títeres en el Congreso? Pero es lo
que ha habido, es lo que todo el mundo ha visto, cómo se han
comportado.

¿Le molesta que hablemos de momias? He hablado de momias. Sé que
mi dicción no es muy buena, pero yo he hablado de momias —lo he
dicho desde arriba, pero a lo mejor en ese momento no estaba usted
pendiente—. Obviamente, mis compañeros del PSOE están en perfecto
estado, están estupendos, ojalá llegue yo a su edad tan bien como está el
señor Iglesias, como ha comentado, pero hablamos de otro tipo de momias
que no se conservan en formol, se conservan en gas natural, de ese tipo
de momias estamos hablando. Que me reproche usted las formas y no el
contenido nos habla de en qué se ha fijado usted.

Nosotros continuamos pensando que muerto el perro se acabó la
rabia y que, muerta la amenaza de convocatoria de elecciones, calma,
dejemos esta ley. Todos coincidimos en que hay que hacer muchas reformas
en la Ley electoral, las hemos enumerado aquí, pero hagámoslas con calma
y con consenso y no de esta forma, corriendo, por un problema que ha
desaparecido. Simplemente pedimos eso, creemos que esta ley tiene que
volver al Congreso y buscar solución entre todos a esos problemas que
todavía están encima de la mesa. Y creo que ha quedado bien claro, a
pesar de las momias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos nuevamente ante el debate de una proposición de ley de
carácter urgente y puntual. En esta se pretende evitar que, en caso de
que tuviésemos unas terceras elecciones, se produjeran el día 25 de
diciembre, en Navidad.

Señorías, tanto este debate como el de la anterior proposición
son expresión de una situación de inestabilidad política que estamos
viviendo y, desde nuestro punto de vista, de la improvisación,
especialmente la que ha tenido en este proceso —insisto, desde
nuestro punto de vista— el Partido Popular. Ahora hay que enmendar
deprisa y corriendo para evitar males mayores, para no perjudicar a los
ciudadanos, para no perjudicar a la democracia y a la calidad democrática
el tener que votar un día 25 de diciembre, con unos ciudadanos que ya
están cansados de votar y de que sigamos con un Gobierno en funciones.
Nosotros vamos a votar favorablemente, en coherencia con lo que hicimos
en el Congreso de los Diputados, pero hay que reconocer que la decisión
de activar el calendario para meter presión y que las posibles terceras
elecciones fueran el día de Navidad, fue una decisión unilateral del
Partido Popular el día que decidió cuándo empezaba a ponerse en marcha el
reloj del calendario.

Sinceramente, pienso que trabajar desde el principio con diálogo
y consenso no solo es que sea más responsable, sino que, desde nuestro
punto de vista, sería hasta más fácil, incluso sería más seguro que
modificáramos las leyes orgánicas desde el principio con un espíritu de
consenso y diálogo, bien porque hubiera que hacerlo de forma puntual,
urgente, ante una coyuntura, y no tanto ante las coyunturas políticas
creadas desde el punto de vista partidista, sino porque a veces hay
coyunturas a las que hay que dar respuesta, sobre todo en leyes orgánicas
como esta. En este sentido, hago este llamamiento a todas sus señorías
para que en la modificación de leyes orgánicas como la que hemos
discutido hoy, o como en otras muchas cuestiones —la modificación
de la Constitución, la financiación autonómica, etcétera—, sea
imprescindible que la hagamos desde el principio con consenso y diálogo,
no debemos perder el norte y la oportunidad de recuperar el consenso
político en los grandes temas de Estado.

Señorías, esta es una reflexión que tiene que hacer, sobre todo,
el Partido Popular. Los ciudadanos han dicho que no quieren mayorías
absolutas, han votado dispersando el voto. Por lo tanto, si es verdad que
vamos a tener un Gobierno próximamente, yo les insto a que desde el
inicio trabajemos en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados con el
diálogo y el consenso que se merecen España, los ciudadanos y los
diferentes territorios.

Hay muchas cosas de la Ley Orgánica electoral española que hay
que modificar. Estoy segura de que todos los que estamos aquí compartimos
muchas cosas, otras no, pero vemos la necesidad de hacer un debate
profundo, riguroso, serio y, desde luego, no por un trámite de urgencia.
Por eso, tampoco estamos de acuerdo con los vetos que hoy se han
planteado y que van al fondo de muchos temas de la ley orgánica que
merecen un debate, como digo, serio, profundo y riguroso.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Julios.

Tiene la palabra la senadora Domínguez.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Foro va a votar la modificación de la LOREG que, a efectos
prácticos, impedirá, si es que llega el caso, que los españoles se vean
convocados a las urnas el 25 de diciembre, fecha de gran tradición
festiva y que por sus especiales características es absolutamente
incompatible con el despliegue que supondría la celebración de una
consulta electoral.

Conviene reiterar que el principal objeto de esta reforma es el
de evitar el efecto perverso que tiene la aplicación de un automatismo
sobre el calendario y que una posible legislatura fallida acabe por citar
a votaciones en Navidad. De ahí que no comparta que, aprovechando que se
abre excepcionalmente la LOREG para impulsar una modificación concreta en
la que creo que todos los senadores estamos de acuerdo porque ninguno
queremos ir a votar en Navidad, haya entre las setenta y ocho enmiendas
que se han presentado en el Congreso quienes pretendan arrimar el ascua a
su sardina, o sea, promover una modificación de la legislación electoral
porque ahora les conviene a sus intereses políticos particulares y no
porque les convenga al conjunto de los españoles. Advierto a sus señorías
sobre algunas trampas de elefante que están tendidas en forma de
enmiendas: se pretende habilitar el ejercicio del voto a los adolescentes
y que puedan formar parte de la mesa de escrutinio; también se pretende
ampliar el Congreso de los Diputados a cuatrocientos escaños, incluso se
proponen cambios muy sustanciales en el reparto y atribución de escaños
por provincias. Todas estas propuestas son legítimas, pero necesitan de
sosiego y debate para su incorporación, en su caso, a ley.

En definitiva, hay enmiendas de todos los colores y por ello
resultaría caótico, a cuenta de evitar el disparate de votar en Navidad,
que se pusiera patas arriba una ley que exige reflexión, serenidad y
consenso porque, tal y como se señala en su preámbulo, pretende lograr un
marco estable para que las decisiones políticas en las que se refleja el
derecho de sufragio se realicen en plena libertad. Este es, sin duda, el
objetivo esencial en el que se debe enmarcar una ley electoral en
democracia.

No puedo concluir mi intervención sin dirigirme al senador Mulet.
Sigue usted instalado en 1936 pese a lo joven que es y aún no ha aceptado
usted que la derecha gana democráticamente en las urnas. (Aplausos). Por
cierto, señoría, deje usted ya a la senadora Barberá, porque le recuerdo
que en nuestro Grupo Mixto tenemos un senador que está siendo juzgado por
el Tribunal Supremo por pertenencia a banda armada (Aplausos), que goza
de todos los derechos de esta Cámara sin asistir a las sesiones
plenarias, como se puede comprobar. ¿Por qué no piden ustedes también que
abandone su escaño? Señorías, o todos, o ninguno.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Domínguez.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor
presidente.

A la hora de valorar esta proposición de ley, en nuestra opinión,
tenemos que tener en cuenta dos criterios importantes: uno, un criterio
político, y otro, un criterio jurídico-legislativo.

Refiriéndome al primer eje, es decir, al político, tenemos que
recordar por qué estamos en la situación en la que nos encontramos y
tenemos que recordar que hace ya un año que se disolvieron las Cámaras,
tanto el Congreso como el Senado, con lo cual llevamos casi un año con un
Gobierno en funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que ha habido una clara
incapacidad por parte del grupo mayoritario para obtener un Gobierno
coherente, un Gobierno estable y un Gobierno que resuelva los problemas
de la ciudadanía, y ese ha sido el Partido Popular. Y la pregunta que
tenemos que hacernos es: ¿Por qué el Partido Popular ha sido incapaz de
conformar un Gobierno coherente, estable para resolver los problemas de
la ciudadanía hasta ahora? ¿Por qué? Evidentemente, nos vienen a la
memoria los últimos cuatro años de tierra quemada donde no había ningún
tipo de complicidad, donde no había ningún tipo de colaboración, donde no
había ningún tipo de trabajo conjunto con el resto de grupos
parlamentarios y la consecuencia ha sido que nadie, nadie, nadie quería
ponerse al teléfono del señor Rajoy para ni siquiera intentar hablar o
pactar un acuerdo de Gobierno que resolviera, como decíamos, los
problemas de la ciudadanía.

Y como muestra, un botón. Hoy, señorías, se cumple el 37
aniversario del referéndum del Estatuto de Autonomía de Gernika. Treinta
y siete años en los que en un día como hoy el 94,6 % de la ciudadanía que
fue a votar el estatuto de autonomía votó sí al Estatuto de Gernika.
Fíjense, porque, de hecho, el Partido Popular hoy celebra este día en
Vitoria, Alfonso Alonso celebra este día hoy en Vitoria, cuando es el
Partido Popular el partido que está incumpliendo el Estatuto de Gernika,
está incumpliendo esta ley orgánica, está incumpliendo lo que se da en
llamar el bloque de constitucionalidad. Y en un día como hoy el Ejecutivo
de Mariano Rajoy ha decidido poner un recurso ante el Tribunal
Constitucional contra la Ley de reconocimiento y reparación a las
víctimas de violaciones de derechos humanos aprobada en el Parlamento
vasco, hoy —¡qué casualidad!—, y también hoy ha decidido
poner un recurso de reposición a la OPE de la Ertzaintza en el Tribunal
Superior de Justicia del País Vasco.

Ese es el eje político, esa es la soledad en la que ustedes
están, porque esa es la incapacidad que tienen ustedes para leer
mínimamente dónde está la diferencia y dónde está el acuerdo con el que
no piensa como ustedes, y de trabajar y colaborar con él para resolver
los problemas, para resolver la formación de un Gobierno y para resolver
los problemas que tiene la ciudadanía a través de un Ejecutivo, que hasta
ahora han sido incapaces de conformar.

Pasamos al plano jurídico-legislativo. Tal como hemos dicho, nos
hemos encontrado con la triste repetición de elecciones, porque no se
trata únicamente de la aplicación del artículo 99.5, la aplicación del
artículo 99.5 ha sido por dos veces, señorías, por dos veces. El 20 de
diciembre se sustanciaron las elecciones y, por si fuera poco, además del
gasto, además del enfado de la ciudadanía y sabiendo lo que esto le
suponía, otra vez el 26 de junio, por esa incapacidad suya, se convocó de
nuevo a las urnas a la ciudadanía. Y ahora, a muy poco tiempo de
cumplirse los plazos del 31 de octubre, parece que se van a poder evitar
las vergonzosas, vergonzosas terceras elecciones. Y digo vergonzosas
porque, evidentemente, sería incomprensible para la ciudadanía, además
del gasto que supone, mostrar esa incapacidad, esa absoluta incapacidad
de llegar a un acuerdo con el diferente.

¿Y cuál es el objeto de la proposición de ley? El único objeto de
la proposición de ley era que el día de Navidad pudiéramos seguir
comiendo turrón sin tener pesadillas; es decir, que si a alguien le
hubiera tocado ser presidente de mesa o si ustedes hubieran sido
funcionarios o funcionarias y hubieran tenido que trabajar ese día, no
tuvieran pesadillas. Y cuando estamos valorando quién es responsable de
que si se hubiesen repetido las elecciones coincidiesen con el 25 de
diciembre, no hay más que un responsable, y ese responsable es el
presidente en funciones, el señor Rajoy, que hizo un calendario a su
medida para presionar al diferente a través del enfado que podía generar
en la ciudadanía. Y eso ha sido una utilización malévola por parte del
presidente, que nosotros entendemos que no tiene calificativo.

Estamos de acuerdo en que la modificación que estamos discutiendo
en estos momentos se haya hecho a través de una disposición adicional,
puesto que únicamente estamos hablando de la modificación del
artículo 99.5 de la Constitución española. Se encadenan una serie de
adelantos de plazos para la designación de representantes, comunicación
de coaliciones o presentación de candidaturas y, en ese sentido, tenemos
que agradecer al Grupo Popular en el Congreso que nos haya aceptado una
enmienda por la cual el papel de los administradores, definidos en el
artículo 174 de la LOREG, también quedan recogidos en este artículo
único; ahora bien, también tenemos que decir que si no fuera por el
procedimiento de lectura única este texto hubiera tenido una mejora
importante. ¿Y por qué en estos momentos estamos en lectura única? Otra
vez: porque después de un año, después de toda esta improvisación, nos
vemos sin tiempo, sin plazo y ante un tema que hay que resolver.

Un tema que nos preocupa, y también lo definimos en el Congreso
de los Diputados, es el gasto electoral. Tal como ha dicho la senadora
Vindel y algún otro senador y senadora, se reducen los gastos
electorales, entendiendo que si la campaña se reduce de quince días a
ocho, en ese porcentaje también podrían decrecer los gastos electorales.
Pero nosotros entendemos, primero, que hubiera hecho falta un acuerdo,
porque no es lo mismo la situación de los partidos grandes que la
situación de los partidos pequeños; si bien es cierto que spots, marcas,
determinados gastos son muy similares para un partido grande que para un
partido pequeño, el recorte que se lleva adelante y que se sustancia es
mucho mayor proporcionalmente para los partidos pequeños que para
ustedes. Por eso, a nosotros nos satisfacía mucho más el punto 4.º que
venía definido en la proposición de ley del Congreso, porque ese punto,
sin definir dónde estaban los márgenes, dónde estaban los porcentajes de
gasto, proponía un acuerdo entre las fuerzas políticas que en estos
momentos no se ha dado, al menos no se ha dado en una mayoría amplia, si
bien se ha dado entre una serie de partidos políticos.

Para finalizar, nuestra conclusión es la siguiente. Entendemos
que para que no puedan producirse situaciones como las que podían darse
hasta ahora debía realizarse la reforma del 99.5, pero simplemente la
reforma de este artículo, no había por qué reformar ni la semana, ni las
subvenciones, etcétera. El artículo 99.5 se tenía que reformar para que
no volviese a ocurrir lo que ha ocurrido durante este año —y
tenemos ejemplos en otros países— y nosotros hubiésemos apostado
por una reforma de este tipo. No nos vamos a oponer a esta proposición de
ley, tampoco la vamos a apoyar, entendemos cómo se ha gestionado, si bien
somos críticos con este año y, evidentemente, con algunas decisiones que
se han adoptado en esta proposición de ley.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bildarratz.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Presidente, señorías, con esta ley
se pretende únicamente dar respuesta a una situación bochornosa a la que
nos han conducido las maniobras del Partido Popular y de su candidato a
la Presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy. Es cierto que la senadora
Vindel, de manera brillante, ha negado esta mayor, de tal modo que casi
hasta me ha convencido. Casi, porque Weber me ha rescatado, Weber hablaba
de la ética del científico y del político, de que la ética del político
es la de la acción y de que el político tiene que ser responsable de
todas las consecuencias de sus actos que afecten a las personas. Por lo
tanto, en ese sentido, no se puede negar la mayor.

Hace tiempo que la política en España se ha convertido en un
espectáculo, un espectáculo que ahoga el debate político, no se diese el
caso de que se debatiesen cuestiones de fondo que afecten a la
ciudadanía; no se diese el caso de que se discutiesen los privilegios de
la casta. Repito una vez más: en línea de esta banalización de la
política, el Partido Popular sitúa el debate de la investidura de modo
que, en caso del previsible fracaso en el primer asalto, la amenaza al
PSOE de aparecer como el responsable de unas elecciones en Navidad, lo
amedrentase. Pero se equivocan, y no quiero ser descortés, pero se
equivocan como cada vez que tratan a la gente como estúpida.

De todos modos, hoy esta exposición ultraexprés es innecesaria,
pero es muy significativa. Es innecesaria porque denunciaremos una vez
más que el gran capital les hizo el trabajo moviendo a los excargos del
PSOE a su sueldo con resultado sabido: un golpe de Estado que decapita a
una dirección que osó oponerse a los designios de las grandes
corporaciones, quienes mandan en el Estado español; un golpe de Estado
que niega la expresión democrática de sus bases. Es innecesaria porque el
Partido Popular ya tendrá lo que quiere, la investidura, y el gran
capital también, que sus lacayos en el Gobierno y en la oposición
continúen con la destrucción de los derechos de la ciudadanía y, hecho
innegable, la concentración del poder en unas grandes corporaciones al
margen del control de la soberanía popular.

Pero también es significativa, muy significativa, y se llama
urgencia y lectura única. Esta proposición de modificación es innecesaria
una vez que sus promotores ya tienen lo que querían y por eso es muy
significativo que utilicen ambos procedimientos para impedir el debate.
¿Qué debate? La sociedad reclama un regeneracionismo político e
institucional que no puede ser desoído por el legislativo y cuya elusión
puede agravar el descrédito institucional y la apatía política. En este
sentido, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana considera que
debieran abordarse, al menos, las diez reformas que les enumero a
continuación, reformas que mi compañero Bernat Picornell les ha
explicado, reformas que recuerdo una vez más para que las vayan fijando
en su mente, reformas que para la profundización de la democracia no se
deben dejar pasar, reformas porque usted, cuando ha citado los consensos
con otros partidos políticos, no ha citado a Esquerra Republicana.

1. El derecho al voto para los jóvenes mayores de 16 años. 2. La
elección directa de las diputaciones, mientras no se supriman. 3. El
envío postal único de la propaganda electoral. 4. El voto electrónico
para las personas que residen en el extranjero, para que puedan votar. 5.
La supresión de la jornada de reflexión. 6. La supresión de la
prohibición de publicar sondeos los cinco días anteriores a la jornada
electoral, sondeos que acaban siendo publicados por otros canales, como
algunos compañeros han expresado antes. 7. Equiparar los medios de
comunicación privados con los de titularidad pública en el respeto al
pluralismo político y a la igualdad entre diferentes opciones políticas.
Déjenme profundizar un poco más en este punto: que desaparezca la
sospecha de que hay quien compra espacio comunicativo a cambio de otros
favores. 8. Mejorar el equilibrio entre población y representación,
rebajando el número mínimo de diputados por provincia. 9. Circunscripción
autonómica para elecciones europeas. Y 10. Rebajar del 5 al 3 % de votos
el umbral para poder tener representación en los ayuntamientos.

Esta reforma electoral no afronta una mejora de la calidad
democrática, no resuelve los problemas de la legislación electoral, no
recoge ninguna de las propuestas expuestas. Cuando quieran reformar de
verdad la ley, hablamos, pero mientras las reformas toquen
superficialmente, no cuenten con nosotros.

Este es el sentido que damos a nuestro veto. Esta es su reforma
electoral, no la nuestra. Por todo ello, apoyaremos los vetos que se
presentan a esta ley orgánica.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Garrido.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente.

Señorías, hoy nos encontramos en este Pleno para debatir sobre la
Proposición de Ley Orgánica de modificación de la LOREG en el supuesto
concreto del apartado 5 del artículo 99 de la Constitución. Es una
propuesta de reforma de la LOREG que a mi grupo le parece poco seria. Me
van a permitir decir que me recuerda un poco, en cierta manera, a esa
España de charanga y pandereta de la que hablaba el poeta Antonio
Machado. Me explico. El origen, la causa de hallarnos en esta situación
es bien conocida por todos y por todas nosotras: se encuentra en una
decisión extraña, extravagante y diría que hasta surrealista del Partido
Popular, que pretendía hacer coincidir las posibles terceras elecciones
con el día de Navidad. (Una señora senadora del Grupo Parlamentario
Popular: ¡No!). Sí.

Como a lo largo de este debate, tanto en el Congreso como ahora
en el Senado y también en los propios vetos, se han planteado estas
cuestiones y se ha calificado de diferentes maneras y formas esta
ocurrencia del Gobierno, no voy a insistir en ello; solo lo voy a resumir
diciendo que nos pareció un gran despropósito y, en definitiva, una
tomadura de pelo a todos los españoles y a todas las españolas.

También avanzo que mi grupo se va a abstener en relación con los
dos vetos planteados, por coherencia, ya que creemos que no ha habido
cambios respecto a la semana anterior. Ya todos y todas sabíamos muy bien
lo que iba a pasar y, por lo tanto, no hay novedad alguna; y, si no, que
se lo pregunten al señor Arenas.

En ambos vetos, eso sí, se recogen cuestiones que resultan de
interés y que compartimos con los grupos que los presentan. Se recoge la
necesidad de realizar cambios importantes en la LOREG, y me gustaría
hacer hincapié sobre todo en estas cuestiones, más concretamente en las
razones que han llevado a la situación de estancamiento en la que nos
encontramos desde hace muchos años en relación con este tema.

La regulación que hace la ley orgánica de la composición y
elección del Congreso y del Senado, como todos sabemos, ha sido objeto de
un debate permanente y ha sido objeto, además, de propuestas de reforma
que los diferentes partidos políticos han ido asumiendo e incluyendo en
sus programas electorales. Programas electorales que, por cierto, en
algunas ocasiones —también hay que decirlo— algunos no
cumplen, algunos no respetan, y, por lo tanto, no respetan la voluntad de
sus votantes.

Lo apuntado muestra claramente dos cosas: una, la imperiosa y
vieja necesidad de acometer una reforma de la LOREG —sobre eso
parece que estamos todos de acuerdo—; y, dos, la incapacidad
—o quizá más bien la falta de voluntad real— de los dos
partidos gobernantes, PP y PSOE, de llevar realmente a cabo esta reforma,
es decir, de cambiar el modelo actualmente imperante en España.

Y yo me pregunto: si todos estamos de acuerdo, ¿cuál es la razón
para no haber abordado esta reforma? Pues bien, yo tengo una posible
explicación sobre esta cuestión, que además nos puede servir para
entender la fosilización del régimen político en España y, por lo tanto,
su gran desfase respecto a las necesidades reales de la ciudadanía: la
composición y la forma de elección de nuestro Congreso y Senado no fue
una decisión —por mucho que algunos quieran decirlo así—
original y totalmente democrática del poder constituyente español, del
pueblo español. Estos contenidos se encontraban ya de forma casi idéntica
en la Ley de reforma política —esa ley que algunos llamamos ley
puente o ley harakiri—, que permitió pasar del antiguo régimen
—un sistema fascista y totalitario— a un sistema democrático;
eso sí, sin ruptura, a través de la llamada vía de reforma. Como sabemos,
esta fue una forma peculiar de enfrentar el proceso constituyente en
España, y, sin lugar a dudas, ha tenido sus efectos sobre el desarrollo
de nuestro Estado social y democrático de derecho. Para que esto se
entienda bien, voy a ilustrarlo con dos citas para explicar dos ideas: la
primera es la vinculación de estos contenidos que estamos tratando de la
LOREG con una etapa predemocrática, es decir, con los últimos coletazos
del franquismo. La segunda es la gran dificultad de España de escapar de
estos dictados, incluso en la actualidad. Y voy con las citas, que espero
no exciten tanto a sus señorías como lo ha hecho la referida al brillante
profesor Juan Carlos Monedero.

La primera cita es de Óscar Alzaga —al que más o menos creo
que todos conocemos, y que, como sabemos, fue parlamentario de la UCD en
las Cortes constituyentes y gran catedrático de Derecho
Constitucional— y se recoge en el Diario de Sesiones del Congreso
del 1 de junio de 1978. En esta ocasión, Alzaga trataba de convencer a su
colega, Manuel Fraga Iribarne, de que aceptara los contenidos que
finalmente aparecen recogidos en el artículo 68 y siguientes y
desarrollados en la LOREG, que regulan —por si no lo saben—
la elección y composición del Congreso y del Senado. Le decía entonces
—y leo textualmente—: «Yo diría que este artículo —el
artículo 68— es pura y simplemente hijo legítimo y heredero
universal de los insertos en la Ley de reforma política y en el Real
Decreto-ley de 18 de marzo de 1977, sobre normas electorales». Y
continuaba diciéndole: «Y es que en materia de legislación electoral se
tiene que tener en cuenta que la inercia pesa enormemente». Y yo
apostillo: ¡Qué razón tenía el profesor Alzaga! Pesa tanto, que en 2016
seguimos igual.

La segunda cita es de un colega constitucionalista, en este caso
Pérez Royo, que escribía hace muy pocos días en un artículo de opinión,
que titulaba La antesala de la Tercera República, lo siguiente: «Las
decisiones constituyentes fundamentales —las españolas—; la
monarquía, como premisa indiscutible; la composición bipartidista del
Congreso de los Diputados y del Senado y el carácter antifederal de la
estructura del Estado no se adoptaron por las Cortes elegidas por
sufragio universal el 15 de junio de 1977, sino que se adoptaron por las
Cortes del régimen de las leyes fundamentales —Cortes
franquistas—, que aprobaron la Ley de reforma política, y por el
Gobierno preconstitucional presidido por Adolfo Suárez. Las llamadas
Cortes constituyentes harían suyas dichas decisiones, predemocráticamente
definidas, sin introducir modificación sustantiva alguna». Y acaba
afirmando el profesor Pérez Royo: «Las Cortes constituyentes —y ahí
va lo importante— aceptaron un corsé para la sociedad española del
que —asegura— muy difícilmente podemos salirnos.» También
estoy muy de acuerdo con lo que dice el profesor Pérez Royo, y a las
pruebas me remito. Hasta hoy no se ha producido un debate serio ni sereno
sobre monarquía, república, organización territorial del Estado y
composición de las Cortes Generales. El ejemplo lo tenemos hoy: abordamos
la reforma de la Ley Orgánica del régimen electoral general, y fíjense
cuál es el contenido y cuál es el alcance de esta reforma. Resulta
verdaderamente triste, por no utilizar otro calificativo.

Después de lo expuesto, creo que se puede entender la gravedad
que implica la inacción, la falta de actuación de los partidos
mayoritarios. No han sido capaces de escapar de la herencia del pasado y
no han dado la oportunidad al pueblo español de decidir libremente sobre
una cuestión tan determinante como esta, ni a los propios ciudadanos y
ciudadanas: estamos hablando finalmente de un derecho fundamental,
estamos hablando del ejercicio de participación política.

Por todo esto, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no quiere
dejar pasar la ocasión de poner en la agenda política, en el centro del
debate parlamentario, estas cuestiones, aun sabiendo, como se ha repetido
—y yo también lo sé—, que el cauce no es el más adecuado, ni
por el contenido, que ya hemos explicado, ni por la forma, ni por el
procedimiento de urgencia y lectura única. Sin embargo, no nos resistimos
a proponer una serie de reformas para poder avanzar poco a poco hacia un
país más democrático, abriendo el camino, eso sí, a una reforma más
profunda y pausada de nuestro sistema de elección tanto del Congreso como
del Senado.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, tiene que ir
terminando.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Por ello se propusieron y se
defendieron en el Congreso diferentes cuestiones que paso a citar muy
rápidamente: acabar con un sistema electoral injusto, facilitar que los
españoles que viven en el extranjero puedan ejercer el voto con todas las
facilidades, y otras que tienen que ver con la reducción de gastos
electorales. Y también estamos pensando y seguimos trabajando en añadir
otros puntos, como garantizar el derecho al voto de todas las personas
con discapacidad, sin ningún tipo de discriminación.

Pues bien, voy a emplear dos segundos para referirme a una
cuestión. No quiero dejar de referirme a la Cámara en la que estamos, al
Senado.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que terminar,
señoría.

La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Ya que hablamos de reforma
electoral, del Congreso y del Senado, yo animaría a que en esta
legislatura, sea más o menos larga, todos hagamos un esfuerzo y
convirtamos esta Cámara en una verdadera Cámara de representación
territorial y dejemos de ser un cementerio de elefantes.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Garrido.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Antich.

El señor ANTICH OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como dijimos en su momento, esta iniciativa nace de un
desaguisado cometido por el presidente Rajoy por haber propiciado, con
una falta de respeto a la ciudadanía, que una convocatoria automática de
elecciones, en virtud de lo dispuesto en el artículo 99.5, pudiera
finalmente desembocar en que la jornada electoral coincidiese con el día
de Navidad, con el único objeto de amedrentar a las demás fuerzas
políticas y sobre todo a la nuestra; una situación que en su momento ya
criticamos y pedimos que la enmendase quien la había ocasionado.

Hecho este reproche, que consideramos merecido, teniendo en
cuenta el debate social, académico y político de los últimos meses acerca
de la reforma de la Ley electoral general por el motivo que nos reúne, se
ha evidenciado la necesidad de desarrollar una regulación propia para lo
que supone una convocatoria electoral en los supuestos del artículo 99.5
de la Constitución.

En este sentido, a nuestro grupo le parece bien que procedamos,
de forma acotada y con simplicidad en su formulación —como se
hace—, a desarrollar una mejor ordenación de este artículo. A
veces, de un grave error se puede extraer una lección positiva para
todos, y en este caso se ha evidenciado la necesidad de una regulación
estable, no de caso único, de la especialidad de una convocatoria
electoral en el supuesto del artículo 99.5 de la Constitución.

En su paso por el Congreso, el Grupo Socialista ya explicó
—y la enmendó por ello— que la norma, tal y como la había
planteado el Grupo Popular, adolecía de un deficiente fundamento y era
susceptible de mejoras técnicas, y que no nos parecía lógico que se
dejara al albur de futuros pactos de las fuerzas políticas la fijación de
las reducciones de las subvenciones por gastos electorales, así como los
límites de gasto.

Por tal motivo, el Grupo Socialista presentó cuatro enmiendas,
que en gran parte fueron consensuadas con las propuestas del grupo
proponente y del Grupo de Ciudadanos. Estas enmiendas exigían una
motivación más precisa para que la Junta Electoral Central pudiera
aplicar la previsión de la letra q del apartado 2 de la disposición
adicional séptima de la ley: la fijación en la presente modificación, sin
dejarlo al albur de futuros pactos, de los porcentajes de reducción de
subvenciones de gastos electorales y del límite de los gastos electorales
—por cierto, señor Mulet, estaría bien que en vez de lanzar un
mitin al Grupo Socialista, se dedicara a leer lo que dice la ley que
estamos aprobando, porque en su iniciativa usted dice que no está a favor
de que se reduzca la campaña electoral y, en cambio, sí estaría a favor
de que se redujesen los gastos electorales, cosa que hace esta ley y que
creo que usted no ha mirado—. Como es natural, ello implica la
eliminación del apartado donde se dejaba todo ello al albur de una futura
negociación de las fuerzas políticas.

Para finalizar, se exigía la sustitución de la exposición de
motivos por un texto que se adecúa más a las características de un
preámbulo de la ley y en la que se han corregido apreciaciones erróneas,
como que la investidura era la primera obligación de las Cortes, en vez
de considerarla como la primera función que democráticamente tiene que
abordar las Cortes.

Tampoco podía considerarse la convocatoria de carácter automático
de esas elecciones como una especie de anomalía de nuestro sistema
electoral, tratándolas como una mera repetición de las anteriores, ya que
cada elección es nueva, cada una tiene su propia identidad, y no es una
anomalía, sino una situación específica, diferenciada de los demás
supuestos de agotamiento de mandato.

En definitiva, se han introducido mejoras importantes del texto
propuesto, y para ello se tuvieron en cuenta también enmiendas de otros
grupos parlamentarios que suponían mejoras técnicas y de estilo.

Esta situación ha mostrado la necesidad de la regulación de la
especialidad que supone una convocatoria electoral en los supuestos del
artículo 99.5 de la Constitución, ordenando de forma acotada el proceso
de desarrollo de dicho artículo, de tal manera que se evidencie que el
electorado ya conoce los programas de las fuerzas políticas, por lo que
se necesita menos tiempo para que los candidatos las expliquen a efectos
de captar sufragios, y ello aconseja reducir la campaña, gastos y
subvenciones, además de adoptar una serie de medidas que, sin duda,
facilitarán el nuevo proceso electoral, reduciendo plazos, aprovechando
trámites y también elementos organizativos ya utilizados en el proceso
anterior.

Por todo ello, vamos a apoyar, como ya hicimos en el Congreso, la
presente modificación, como he manifestado, acotada y dirigida a ordenar
el desarrollo del artículo 99.5 de la Ley Orgánica del régimen electoral
general. Por lo tanto, no vamos a apoyar los vetos. Todo ello sin
perjuicio de que, con más tranquilidad, sea necesario, y así lo creemos
firmemente, afrontar una modificación más amplia y compleja de la citada
ley, que permita: acercar más los electores a los representantes,
reforzar la representación paritaria de hombres y mujeres, mejorar la
representatividad, reformar el voto de los españoles en el exterior para
ampliar su participación y favorecer el voto de los residentes
extranjeros en España, así como, entre otros, introducir elementos
organizativos y procedimentales de organización.

En este sentido, creemos que fue acertado que en el Congreso no
prosperaran algunas enmiendas que se presentaron y que iban más allá de
la regulación estricta, simple y acotada que se pretende, como pasa con
las propuestas de los vetos, ya que, desde nuestro punto de vista,
afectaban a elementos estructurales y centrales de nuestro sistema
electoral y no es procedente incluirlas en una modificación acotada y en
lectura única como la actual. Todo ello sin perjuicio, repito, de que
nuestro grupo apoye una reforma más amplia, como ya he manifestado
anteriormente, sobre todo porque el sistema electoral, en tanto que
define las reglas sustanciales de la representación y del proceso
político democrático, requiere consensos y acuerdos muy amplios, incluso
serían aconsejables más consensos que los prescritos por la Constitución,
y para ello hace falta tiempo y reflexión. Necesitamos recibir las
opiniones de expertos y colectivos, necesitamos dialogar y pactar, puesto
que es sabido que sobre estos distintos temas no hay posiciones unánimes
ni en la doctrina ni en la política.

Por otra parte, quisiera aprovechar estas últimas palabras para
pedir a algunos intervinientes más respeto en relación con el Partido
Socialista. En concreto, me refiero al señor Mulet y al representante de
Esquerra Republicana, que hablaba de los miembros del PSOE como si
fuéramos lacayos. (El señor presidente ocupa la Presidencia).

La situación política que tenemos actualmente no existiría si el
candidato socialista después de las elecciones generales hubiera tenido
apoyos suficientes para sacar adelante su investidura, cosa que no pasó.
Señor Mulet, ustedes prefirieron votar no al candidato socialista. Si
ello no hubiera sido así, posiblemente ahora estaríamos en fase de
estudio de reformas más amplias de la Ley electoral general, impulsando
las reformas sociales y de regeneración democrática que se incluían en la
propuesta de nuestro candidato, que, sin duda, hacen mucha falta en
nuestra sociedad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Antich.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Barreira.

La señora BARREIRA DIZ: Muchas gracias, señor presidente.

Muchas gracias a todos los grupos que apoyan esta proposición de
ley. Al resto quiero decirles que, escuchándoles, demuestran que esta ley
es muy necesaria, por muchos motivos pero principalmente porque reduce
las campañas, y a algunos de los que están aquí les vendría muy bien
reducir la campaña, porque están instalados en una campaña permanente.
Incluso en un asunto en el que deberíamos estar de acuerdo, un asunto que
viene precedido de un amplio acuerdo, son capaces de encontrar motivos
para el enfrentamiento, aunque los tengan que buscar en asuntos que no
están incluidos en esta proposición de ley, aunque los tengan que buscar
en calendarios que no responden a la realidad, aunque se trate de la
fecha de las terceras elecciones. ¿Y saben por qué lo hacen? Porque
todavía no han entendido el resultado de las anteriores.

Señorías, el Partido Popular ganó las elecciones. El señor Rajoy
asumió la candidatura a la investidura, buscó un acuerdo, se presentó al
Congreso con 170 diputados. Aun así no sacó la investidura adelante y se
activó la cláusula de convocatoria de elecciones. Esa es la historia. La
conocen tan bien como yo. Por tanto, no vengan aquí a presentar otros
relatos. El origen de esta iniciativa no está en la fecha de la
investidura, sino en su resultado, porque cuando el candidato del Partido
Popular se presentó a la investidura lo hizo con la intención de lograr
un Gobierno, no de provocar unas elecciones. La responsabilidad de esa
convocatoria sería, en todo caso, única y exclusivamente de los que no
permitieron el desbloqueo del Gobierno; no es del Partido Popular, que
hizo todo lo posible por buscar el Gobierno que era necesario, que se
dedicó desde el primer instante y sin dejar pasar un momento a forjar un
acuerdo, encontrando la respuesta contumaz que todos ustedes conocen. Por
tanto, señorías, el problema no es el calendario ni la incapacidad; es la
contumacia, la insistencia en rechazar el resultado de las elecciones y
el no respeto a la fuerza más votada en España. Ese ha sido el
problema.

Y ustedes vienen a plantear ahora un escenario que no ha sido
tal. Conviene recordar cómo han sido las cosas. ¿Cómo se iba a convocar
la investidura sin un acuerdo?






Porque a la investidura hay que acudir con
algo más que con intenciones, habrá que acudir con la idea de formar un
Gobierno, y no hacer un primer acto de campaña. ¿O es que preferían que
se hubiera convocado más tarde? ¿Saben lo que ocurriría si se hubiera
convocado más tarde? Que las elecciones serían en Año Nuevo, que no si
les consta que en España es una fecha que se celebra. Si se hubieran
convocado más tarde, la investidura habría caído en plena campaña
electoral. No quiero imaginar lo que hubieran dicho entonces y
continuaríamos perdiendo tiempo y prorrogando una situación de Gobierno
en funciones y la incapacidad de aprobar unos presupuestos.

Por tanto, solo había una alternativa, y ustedes la conocen. La
alternativa a las elecciones era la investidura; la alternativa era haber
nombrado a un presidente de Gobierno. Esa era la cuestión. Y no hablen de
presión, porque no ha habido ni presión ni chantaje, como se dijo el otro
día, porque ¿saben lo que sería eso? Eso sería llevar a los españoles a
las urnas una y otra vez para después ni escuchar ni entender ni respetar
lo que han dicho en las urnas; sería presionar; sería llevar a los
electores una y otra vez a las urnas con la intención de que cada uno
vote lo que quiera; sería repetir las elecciones una y otra vez con la
única intención de cambiar el resultado, que es lo que algunos parecen
señalar aquí.

Por eso, señorías, no estamos hablando del día 25, sino del
número 3, porque estas serían las terceras elecciones en apenas un año;
un escenario que se produciría exactamente dentro de dos meses si no sale
adelante una investidura esta semana; un escenario que supondría una
verdadera anomalía democrática, una situación sin parangón en los países
de nuestro entorno y sin precedentes en nuestra democracia; sin
precedentes pero no imprevista, porque para eso está el artículo 99.5,
para poner fin a las crisis gubernamentales o institucionales demasiado
prolongadas. Pero también es verdad que ese artículo 99.5 —por
cierto, fruto de una exigencia racionalizadora que nos defiende frente a
comportamientos irracionales como los que hemos visto en el último
año— nunca se había aplicado en nuestro país para unas segundas, y
ya no les digo para unas terceras elecciones. Permanecía inédito, y,
señorías, todos deberíamos ser conscientes del daño que ello supondría.
Creo que muchos de los que estamos aquí estamos de acuerdo en eso.
Significaría un daño para nuestro país, porque supondría prolongar el
bloqueo; supondría prorrogar un Gobierno que no puede aprobar un
presupuesto, que no puede tomar una decisión política, que no puede
aprobar las reformas necesarias, y también supondría un gran daño a la
democracia, porque cuando los españoles acuden a las urnas lo hacen para
elegir a sus representantes y otorgarles una responsabilidad, y la
primera responsabilidad es formar un Gobierno, y los ciudadanos tienen
derecho a confiar en que así sea. Por eso, estas elecciones supondrían
también un agravio para los ciudadanos, porque tendrían que asumir la
responsabilidad de volver a acudir a las urnas simplemente porque sus
representantes no han cumplido con la suya.

Por tanto, señorías, deberíamos recordar que ninguna fecha puede
ser buena para unas terceras elecciones, ninguna. Y, por supuesto,
tampoco el 25 de diciembre. Por eso estamos aquí. El objetivo que se
pretende con esta iniciativa, al igual que la que se ha debatido
anteriormente —y como les dije la pasada semana— es evitar
agravios a los españoles, minimizar las consecuencias negativas de la
situación de bloqueo al Gobierno. ¿Y cómo lo estamos planteando? Pues con
total racionalidad. Si hay que repetir elecciones, por lo menos que no
haya que repetir todos los trámites. Por eso se plantea esta
modificación: agilizar los trámites; reducir los tiempos en caso de
repetición de elecciones; reducir en una semana el plazo entre la
convocatoria y la celebración, aprovechando, como bien decía la senadora
Vindel, ese marco que nos ofrece la Constitución y que estaba en la
relación primigenia de la LOREG; reducir también los tiempos y agilizar
los trámites para el proceso electoral por el principio de conservación
de actos; es decir, mantener aquello que pueda seguir funcionando: las
juntas electorales, las coaliciones, los avales de las formaciones
extraparlamentarias, las solicitudes de voto rogado. Incluso esto
facilitaría la participación, porque una vez solicitado el voto rogado ya
no tendrían que volver a hacerlo los ciudadanos que viven en el
extranjero.

Por eso, esta reducción de tiempos tampoco significaría una
disminución de garantías, más bien, todo lo contrario; todas se mantienen
para respetar la esencia del sistema electoral como traslación de la
voluntad popular, tanto para el sufragio activo como para el pasivo,
desde el régimen de recursos hasta la regulación del voto por correo. Y
esto no es incompatible con la reducción de la campaña electoral, porque
es obvio que si se acaban de celebrar unas elecciones, no hace falta el
mismo tiempo para captar sufragios ni para presentar un programa
electoral, y además nos permite reducir los gastos, porque tiene toda la
lógica que, cuando se acaban de celebrar unas elecciones, se gaste menos
en las siguientes y se reduzca de forma significativa tanto el techo de
gasto que pueden aplicarse las formaciones políticas, como las
subvenciones que reciben por el voto y el escaño.

Por tanto, señorías, lo que esta proposición de ley persigue es
reducir los tiempos y los trámites, mantener las garantías y evitar
costes y agravios, porque si han de repetirse las elecciones, al menos,
que sean más sencillas y menos costosas. Para ello, se plantea un
procedimiento específico que no es exclusivo para este momento, que tiene
vocación de permanencia, porque lo que hacemos, como se ha hecho en otras
ocasiones, es aprender de la experiencia democrática y mejorar las
garantías a cada paso. Porque, como ya se ha dicho aquí, la Ley Orgánica
del régimen electoral general ha sufrido muchas modificaciones, creo que
más de 15 en veinticinco años; por cierto, algunas muy importantes en
lectura única y por el procedimiento de urgencia, con lo cual, la
exclusividad no viene al caso.

Y este no es un mal síntoma cuando va acompañado del consenso
necesario; del consenso que corresponde a una de las leyes esenciales en
nuestro sistema democrático y que precisa de grandes acuerdos para su
reforma, como los que acompañan a la proposición de ley que se debate
aquí, a los que hoy volvemos a apelar en esta Cámara. Y precisamente
pensando en los consensos, señorías, convendría no confundir el objetivo,
porque lo que se está debatiendo aquí no es una reforma del sistema
electoral, es una modificación en un procedimiento muy concreto, cuando
se aplica el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución.

Por tanto, señorías, no es este el momento para plantear ningún
tipo de reflexiones sobre el sistema electoral porque, convendrán
conmigo, al menos en este aspecto, en que sería conveniente tener un
gobierno antes de cambiar por completo la forma en la que elegimos el
Parlamento. Y recordarán también que fue el Grupo Parlamentario Popular
el primero en plantear la necesidad de una reflexión sobre el sistema
electoral, lo hice yo misma en esta tribuna hace un mes. Les ofrecimos
reflexionar sobre el sistema electoral en el marco de un pacto por la
regeneración democrática. ¿Y qué nos dijeron entonces? Que no, y fíjese
por dónde, ahora reclaman lo que entonces rechazaron.

Señorías, si logramos iniciar la legislatura con normalidad,
podremos abordar estas cuestiones. Desde luego, debería haber momentos y
espacios para el entendimiento, porque nuestro país tiene por delante
todavía retos que hay que afrontar, tiene por delante una recuperación
que hay que asentar y, desde luego, un horizonte ambicioso que es
incompatible con una convocatoria inmediata de elecciones.

Por tanto, señorías, esta posibilidad, además —no quiero
que lo olviden—, teniendo en cuenta sus intervenciones, no dejará
de ser cierta mientras la investidura no sea una realidad, porque puede
que hayan cambiado las circunstancias, pero la situación no ha
cambiado.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora BARREIRA DIZ: Termino, presidente.

La situación no ha cambiado, y no depende solo del Partido
Popular. Desde luego, lo deseable, como ha dicho la senadora Vindel,
sería que esta ley no se tuviera que aplicar y que no fuera, al menos
dentro de seis días, con una nueva convocatoria electoral. Pero es obvio
que la proposición de ley que ahora vamos a someter a votación no es la
solución a este problema; es otra votación la que permitiría superar la
situación de bloqueo. De la misma manera, es obvio que no podemos
descartar que ese bloqueo vuelva a producirse en nuestro país, señorías;
deberíamos evitarlo por responsabilidad, porque todos aquí tenemos una
responsabilidad. Yo se lo quiero recordar, y me gustaría que pensaran en
ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Barreira.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, vamos a proceder a la votación de las propuestas de
veto a esta proposición de ley orgánica. Como en el caso anterior, para
la aprobación de las propuestas de veto se requiere mayoría absoluta, que
está fijada en 133 senadores. Si resultara aprobada alguna de las
propuestas de veto, se dará por concluido el debate sobre esta
proposición de ley, lo que será comunicado al presidente del Gobierno y
al presidente del Congreso.

En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, de los
senadores Mulet y Navarrete.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 256; votos emitidos, 256; a favor, 14; en contra, 212;
abstenciones, 30.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.

A continuación, votamos la propuesta de veto número 2, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado:
presentes, 255; votos emitidos, 254; a favor, 14; en contra, 210;
abstenciones, 30.

El señor PRESIDENTE: Queda también rechazada.

En consecuencia, queda aprobada definitivamente por las Cortes
Generales la proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del régimen electoral general, para el
supuesto de convocatoria automática de elecciones, en virtud de lo
dispuesto en el apartado 5 del artículo 99 de la Constitución.