El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado cinco enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto
—por iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete—, y una
del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por tiempo de
cinco minutos, el senador Zelaya.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente.

Señorías, el saber que con solo cinco indicadores de salud
—cuya medición podríamos realizar en este mismo hemiciclo, sobre
todo hoy, que hay tan poca gente—, como son: la presión arterial,
la actividad física, el índice de masa corporal, el consumo de fruta y
verduras y el consumo de tabaco es suficiente para predecir el riesgo
cardiovascular en individuos sanos —es decir, que pueden predecir,
por ejemplo, el riesgo de padecer un infarto—, es un conocimiento
que proviene de la investigación de nuestros centros nacionales. Este
ejemplo que he dado son las conclusiones de un estudio realizado en el
Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares Carlos III, publicado
en la más prestigiosa revista científica mundial del área y llamado el
índice de Fuster-Bewat.

Lo nuevo es que no hace falta ninguna prueba de laboratorio de
glucosa y colesterol para calcularlo. Porque, señorías, cuando hablamos
de investigación estamos hablando de avances como estos. La investigación
no es un gasto, es una inversión, que no se nos olvide que la
investigación sanitaria mejora la salud de las personas y reduce los
costes.

Hemos repetido hasta el cansancio que el cambio de modelo
productivo pasa por una mayor inversión en I+D+i y en España debe ser una
de las prioridades de las políticas públicas. En este sentido, es
imprescindible disponer de personal altamente cualificado, que cuente con
estabilidad laboral, con una adecuada retribución y el reconocimiento de
una carrera profesional.

Mi compañero, el senador Martínez Olmos, en la interpelación al
ministro de Economía, Industria y Competitividad hizo una descripción
completa y bastante exacta de la situación actual, caracterizada por las
altas tasas de precariedad y temporalidad laboral, que han producido una
auténtica diáspora del talento investigador. Creo que todos tenemos casos
concretos en la mente ahora mismo y es que durante la crisis este
Gobierno ha aplicado una política de recortes indiscriminados y
actualmente los recursos dedicados no han recuperado su nivel anterior.
Así, en el año 2015 el gasto interno de investigación y desarrollo
representó el 1,22 % del PIB frente al 1,24 del 2014 o al 1,4 del
año 2010 y el bajo nivel de gasto privado en I+D por debajo de la media
europea, 0,65 del PIB frente al 1,3.

A nivel del personal investigador, esta situación se ha visto
agravada a partir de la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales
del Estado del año 2017 y es lo que nos trae aquí, ya que en su
disposición adicional trigésima cuarta se responsabiliza personalmente a
los gerentes de los centros públicos de las irregularidades existentes en
la contratación del personal investigador en el caso de formalización de
contratos temporales durante más de tres años continuados o concatenar
contratos, lo cual hace inevitable el despido de muchos
investigadores.

Aunque a principios de octubre se han adoptado medidas correctoras
para poder concatenar contratos, creemos que estas medidas son
insuficientes y por ello se requiere la adopción de acciones definitivas,
que eviten despidos y desmotivación, como lo han puesto de manifiesto en
una carta firmada los jefes de grupo y responsables de dirigir equipos
humanos del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y del Centro
Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, alertando de esta grave
situación, que puede llevar a la pérdida de plantillas en un 15 % y en
un 7 % a finales de año y que si no se ponen medidas correctoras
oportunas durante el 2018, se llegaría a porcentajes del 17 y 13 %
respectivamente, lo que pondría en serias dificultades el desarrollo del
trabajo habitual en estos centros y, sobre todo, el drama humano que esta
situación representa para todos los afectados, no se nos olvide,
trabajadores y trabajadoras altamente cualificados, y estamos hablando de
estas dos áreas, que son de los principales problemas de nuestro país y
del mundo, aunque hay muchos más centros afectados.

Señorías, hemos traído esta moción consecuencia de interpelación
para lograr el máximo apoyo de esta Cámara hacia el personal de los
centros de investigación de todas las categorías, desde técnicos de
laboratorio a investigadores, personal de administración y cargos de
responsabilidad, jefes de unidad o directores de departamento, quienes
nos han hecho saber la gravedad de esta situación. Las medidas propuestas
en esta moción apuntan directamente a la situación de muchos
trabajadores...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ZELAYA CASTRO: Sí, ya termino, presidente.

... y buscan tres objetivos, que queremos que con los presupuestos
adecuados sienten la base de una verdadera recuperación en el sector de
la investigación. Las tres medidas que proponemos son: evitar el despido
de los investigadores, estabilizar la plantilla y establecer un sistema
para la evaluación y promoción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zelaya.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Senadoras, senadores, los pocos presentes, no son buenos tiempos
para la investigación, el desarrollo o la innovación, no son buenos
tiempos para los que dedican su vida al estudio o a la investigación, no
son buenos tiempos para casi nadie, pero menos aún para los que no tienen
como último fin enriquecerse a costa del resto. Estamos en mínimos de
inversión global en I+D+i, la I+D+i no interesa, la debilidad financiera,
las inversiones crecen en porcentajes irrisorios que solo sirven para
justificar su función en el Gobierno. El Gobierno, ¿a quién quiere
engañar? ¿Engaña a alguien? Creo que no. Pero existen otros problemas
aparte de este. Es necesario reflexionar sobre los problemas
estructurales de concepción del propio sistema que representan graves
obstáculos tanto para la realización de la I+D+i, como para que la
sociedad española pueda beneficiarse de esos avances. ¿Qué problemas
encuentra Compromís? Los problemas parten de un marco administrativo y de
una carga regulatoria que lastran el funcionamiento de la actividad
científica, ya que nos pone en clara desventaja frente a otros Estados,
no solo por lo farragoso del procedimiento, sino porque los profesores e
investigadores pierden un tiempo valiosísimo haciendo trámites
simplemente administrativos. Parece que cumplimos con Europa cuando nos
conviene, uno de los objetivos de la Unión Europea era dedicar el 3 % del
PIB de cada uno de esos Estados en el año 2010 a I+D+i. ¿En qué
porcentaje estamos nosotros? Poco más del 1,2. El déficit y la deuda, sí,
I+D+i, no. ¿Por qué? Ustedes, señoras y señores del PP con el Gobierno de
M. Rajoy a la cabeza, no cumplen o cumplen cuando les conviene, una
muestra más de su falsedad, de su incompetencia (Rumores), y recordando
las declaraciones de compañeros suyos de bancada, disuelvan el PP o
refúndenlo con gente normal.

Esta falta de inversión y de implicación trae consecuencias
desastrosas, miles de proyectos han sido abandonados. ¿Estaría detrás de
alguno de ellos la cura contra el cáncer, contra la ELA? ¿Estaría detrás
de alguno de ellos el avance para terminar con el padecimiento de
millones de enfermos? Quién sabe. Tal vez esos investigadores encuentren
debido a su espíritu aventurero, calificativo desafortunado de una
ministra dada a desafortunadas afirmaciones, y su solicitud de ayuda a la
Virgen, algún sitio en otro país que valore su trabajo y les deje
investigar. Pero, claro, ustedes quieren mejor beneficios al instante,
reducir porcentajes para que la señora Merkel no les dé un tirón de
orejas, para que su presidente del Gobierno no haga el ridículo. Esto es
lo que da un beneficio rápido, ¿para qué apoyar a la investigación? Y lo
vuelvo a decir, digan que apuestan por la investigación, digan que apoyan
a los investigadores, digan que han aumentado el presupuesto, digan lo
que quieran, pero sean conscientes de que ya pocos les creen. Vamos a
describir su juego con los porcentajes. Ese ridículo crecimiento que
vienen anunciado viene dado por la disminución de los fondos financieros,
que son sustituidos por fondos no financieros; es decir, hay aumento de
inversión real en ciencia pero a costa de innovación. Utilizan ustedes el
viejo truco de inflar los créditos a devolver para tapar el descenso de
subvenciones en I+D+i.

Nosotros presentamos unas enmiendas a la consideración de esta
Cámara para mejorar la moción del Grupo Socialista. Dignificar y
estabilizar los programas avanzados, así como las etapas predoctorales,
incluyendo cotización de salarios acordes con su formación; suspender el
bloqueo de convocatorias de plazas estables, de funcionarios o no, varios
años estancadas; crear una bolsa de movilidad de investigadores en los
centros de investigación, universidades, con el fin de favorecer la
transferencia de personal entre entidades y limitar la endogamia entre
centros universitarios; crear un programa de captación de talentos, con
independencia de su origen, para así facilitar el retorno de los
investigadores que han abandonado el país de forma forzada. Esperamos que
se tengan en cuenta estas enmiendas y sean aceptadas por el grupo
proponente.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Molt ràpidament. Nosaltres hem fet una esmena que elimina els
punts 2 i 3 de la moció perquè hi veiem una certa contradicció. Així com
estem plenament d’acord amb el punt 1 i pensem que és factible, els
punts 2 i 3 es contraposen amb el primer, perquè el primer parla del
model de recerca basat en projectes específics. A més a més, aquest model
es basa en la mobilitat.

Per tant, entenem que aquesta tasca per l’estabilització del
treball als centres de recerca, així com l’avaluació i la promoció
del personal incloses en aquests punts 2 i 3, es contradiu amb el primer
punt. Pensem que caldria un estudi més complet per veure com es dona
solució a aquests dos punts de la proposta, que a nivell general podríem
compartir, però que veiem que es contradiuen amb el que és factible
d’aconseguir, que és el número 1.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Muy rápidamente. Nosotros hemos presentado una enmienda que
elimina los puntos 2 y 3 de la moción porque vemos una cierta
contradicción. Estamos plenamente de acuerdo con el punto 1 y pensamos
que es factible, pero los puntos 2 y 3 se contradicen con el 1, porque
el 1 habla del modelo de investigación basado en proyectos específicos y
además ese modelo se basa en la movilidad.

Entendemos que el trabajo por la estabilización de la labor en los
centros de investigación, así como el desarrollo y la promoción del
personal, incluidos en los puntos 2 y 3 se contradicen con el 1. Creemos
que sería necesario un estudio más completo para ver cómo se da solución
a esos dos puntos de la propuesta que, a nivel general, podríamos
compartir, pero que se contradicen con el que es factible de conseguir,
el número 1.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador Zelaya para indicar si acepta o no las
enmiendas.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, señor presidente.

Agradezco las enmiendas que han presentado el Grupo Mixto,
Compromís, y el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herrera Independiente-Coalición Canaria.

Respecto a las enmiendas presentadas por Compromís, las números 1
y 2 redundan en lo que ya planteamos en el núcleo de la moción, que es la
estabilidad laboral de la plantilla. Creemos que es la manera en que se
dignifica el trabajo de los investigadores.

En cuanto a la enmienda número 3, obedece a centros con diferentes
estatutos. Creemos que esto se podría abordar en otra moción. En la
nuestra planteamos medidas inmediatas.

En la última enmienda de Compromís, la número 4, creemos que
mientras no haya estabilidad laboral, no haya retribuciones adecuadas y
no se plantee una carrera profesional no se va a producir ningún
llamamiento al talento, tanto el que se haya perdido como al nuevo
investigador. Por lo tanto, no vamos a aceptar las cuatro enmiendas. Les
invitamos a que presenten otra moción si lo consideran oportuno.

En cuanto a la redacción que propone el Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata, ya ha habido bastante movilidad del
personal investigador todos estos años. Es verdad que la investigación
tiene una naturaleza peculiar, pero también lo es que la investigación va
a continuar y, actualmente, las plantillas son muy precarias; además, hay
impedimentos legales, como comenté en los Presupuestos de 2017. Por lo
tanto, tampoco vamos a aceptar la redacción que propone.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zelaya.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra senador
Yanguas.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.

Esta iniciativa que hoy presenta el Grupo Socialista coincide con
una reunión que recientemente he mantenido con la dirección del Centro de
Investigación Médica Aplicada, el CIMA, de la Universidad de Navarra, en
la que, entre otros temas, sacaron a colación las dificultades para
investigar en entornos con equipos estables, un problema muy
generalizado, como ha puesto de manifiesto el portavoz del Grupo
Socialista señor Zelaya.

En la investigación médica y en otras investigaciones que se
realizan a largo plazo se necesita, como no puede ser de otro modo,
estabilidad en los profesionales que investigan —no se le oculta a
nadie— porque los resultados de una investigación no se conocen
rápidamente, son fruto de estudios y concienzudas pruebas. No vale
invertir mucho dinero hoy y mañana dejar de invertir, dejarlo a cero. Se
trata, como en la política de un país, de intentar crear entornos que
atraigan talentos, entornos amigables para la investigación y los
investigadores, y eso, me temo, no está ocurriendo actualmente en España,
por lo menos en algunos campos. Ahora mismo la legislación laboral y
administrativa de concesión de ayudas públicas, en vez de estar
engranadas como un reloj, están totalmente oxidadas y muchas veces,
además, son incluso contradictorias. Por eso para los centros de
investigación resulta poco menos que imposible mantener sus equipos
investigadores pues en muchos casos un contrato indefinido impide acceder
a tal o cual subvención, cosa que sí ocurre con la legislación
administrativa y laboral en otros países de nuestro entorno europeo.

Mi partido, Unión del Pueblo Navarro, no está proponiendo que
nadie se salte la ley, lo que nosotros pensamos es que sería bueno
estudiar qué está pasando en la actualidad con los equipos de
investigación y, con base a criterios objetivos de concurrencia
competitiva, poder mantener esos equipos estables, nada más y nada menos.
Es decir, UPN está a favor de hacer ese procedimiento extraordinario que
ustedes proponen y también ir un paso más allá y convertirlo en un
proceso incluso ordinario de atracción de talento.

En resumen, nosotros —yo en representación de mi
grupo— vamos a votar sí a la moción. Incluso debemos ir más allá en
un momento de expansión de la economía porque en España —a nadie
se nos oculta— hay un potencial investigador muy importante. Somos
referencia mundial —aquí se ha dicho ya— en muchos campos, y
más que lo podríamos ser si la ley permitiera, desde la objetividad desde
luego más absoluta, mantener equipos cohesionados en el tiempo y atraer
el talento que, desgraciadamente, tuvo que salir en tiempos de la
crisis.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, señorías.

Éxodo de jóvenes y fuga de cerebros es lo que me viene a la cabeza
cuando veo la moción que nos ha presentado el senador Zelaya. Lo llamemos
como lo llamemos retrata la triste realidad de miles y miles de jóvenes
que buscan un futuro lejos de nuestra tierra, huyendo de la precariedad
laboral y de la falta de oportunidades de empleo, un futuro que no
encuentran, desgraciadamente, en nuestro país. Eso sí, los que tienen
medios económicos o bien los que lo hacen a costa de un gran esfuerzo de
sus familias que creen que fuera pueden encontrar un futuro mejor.

Esta huida de jóvenes en busca de empleo no es un hecho aislado y
en Canarias también la padecemos. En mi archipiélago se cifra en más
de 10 000 los jóvenes que se han visto obligados a abandonar sus
familias, su tierra y su casa por la imposibilidad de encontrar una
oportunidad laboral, una previsión laboral que merecen al finalizar sus
carreras, sus estudios de posgrado, grado y másteres o cursos de
especialización específicos. Y todo a cambio de un futuro incierto.

Señorías, la única certeza que tienen es que de momento no tienen
una oportunidad, y esta realidad la tenemos que cambiar entre todos. No
es solo cuestión de dar una oportunidad por supuesto a la nueva
generación de investigadores, sino también que las que ya existen
—las que están en nuestro país— se mantengan, mejorando y
garantizando sus condiciones laborales de cara al futuro como se
señalaba en la defensa de esta moción.

Señorías, estamos ante el futuro de la ciencia de España sin I+D+i
y sin investigadores, y sin ellos no habrá desarrollo ni oportunidad para
nuestra tierra ni para todas las personas que viven en nuestro país. Por
todo ello vamos a votar a favor, porque sin ciencia no hay desarrollo ni
esperanza, y sin investigadores no hay futuro para la ciencia.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la
palabra la senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

En Coalición Canaria pensamos que si España no invierte en I+D+i,
no invierte en futuro, no invierte en desarrollo su economía será cada
vez menos competitiva y más dependiente.

En estos años de crisis los recortes han afectado drástica, y yo
diría que dramáticamente, a la I+D+i y a la ciencia en España que ya era
débil de por sí. Débil porque es histórica la poca inversión pública
debido a la escasa visión estratégica para convertirla en un sector
prioritario y dejar de entender que es solo un sector de gasto. Y también
—hay que decirlo— débil por la escasa implicación del sector
privado en España en I+D+i.

No podemos, no debemos seguir comprando boletos para aumentar
nuestra dependencia tecnológica del exterior, convirtiéndonos en un país
de servicios. Los que damos servicios a la Europa del norte desarrollada
que sí apuesta por la I+D+i. Recientemente, además de los ejemplos
expuestos en el ámbito de la sanidad, ha ocurrido en un sector como en el
de las energías renovables: éramos punteros en innovación y desarrollo,
exportábamos tecnología, ahora no somos nadie y todo lo que tenemos lo
tenemos que comprar.

Coincidimos con esta moción en la urgencia de que no podemos
seguir perdiendo recursos humanos científicos formados en España pero
obligados a buscar trabajo fuera. No porque vayan a enriquecer su
currículum o su experiencia, sino por ausencia de centros donde trabajar,
por ausencia de estabilidad laboral, por ausencia de carrera profesional
y por ausencia de un salario digno que les permita llevar a cabo su
actividad profesional con dignidad, pero también su vida personal. No se
puede seguir despidiendo y desmotivando al personal investigador. Y esto
es lo que está pasando. En España les tratamos como tratan las
multinacionales de comida rápida a los trabajadores no cualificados que
contratan temporalmente de seis en seis meses y ya veremos. Tenemos que
acabar con esta absurda situación. Es una actitud suicida. Nuestros
científicos e investigadores mejor formados son jóvenes, se van, hacen su
proyecto de vida fuera y no vuelven. En estos momentos, en que la
situación económica está mejorando, es imperdonable que el Legislativo no
pueda resolver el disparatado proceso administrativo que tenemos para la
contratación del personal investigador, en el que administraciones o
fundaciones del sector público, teniendo en ocasiones el dinero, teniendo
la financiación, tienen que despedir a los investigadores por no poder
contratarlos. Y, desde luego, las leyes y las normas están para que
cumplan su objetivo. Y si no se cumplen, como es el caso de este tema del
que estamos hablando, simplemente hay que cambiarlas.

Vamos a apoyar esta moción. Pero quiero hacer tan solo una
reflexión. Apreciamos también una contradicción entre el punto 2 y el
punto 3 en el sentido de que si apostamos por una carrera profesional
—y yo comparto que hay que apostar por ello— hay que matizar
el punto 2, puesto que darle estabilidad y convertir en personal fijo
directamente al personal becario sin un proceso selectivo, dentro del
contexto de una carrera profesional, nos parece que puede ser algo
contradictorio.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

Tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

El Partit Demòcrata s’abstindrà davant d’aquesta
iniciativa amb una certa incomoditat. Pensem que si realment el que es
vol és tenir mesures immediates i que tinguin un efecte immediatament, en
el punt 1 segurament ens haguéssim pogut posar d’acord tots. Els
programes competitius de recerca es financen amb recursos específics del
projectes de recerca pels anys que dura la recerca. Quan acaba el
projecte s’acaba el fons i, per tant, no hi ha diners per pagar al
personal. Els projectes de recerca són molt específics. Si els fa el
personal fix, pot resultat que al següent projecte de recerca el perfil
d’aquests professionals no encaixi amb les necessitats. És un model
que es basa en la mobilitat. El punt 1, com ha hem dit, es contradiu amb
el 2 i el 3 perquè el punt 1 recull un model de recerca basat en
projectes específics: modalidades de contrato de trabajo específicas del
personal investigador establecidas en la sección 2.ª de la Ley 14/2011,
de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y en la
Movilidad.

Es per això, per aquesta contradicció, que pensem que els punts 2
i 3 no es poden abordar directament, i que l’1 sí que es podia
haver abordat. Per tant, amb tota la pena, i amb aquesta incomoditat, els
direm que nosaltres ens abstindrem davant d’aquest
plantejament.

Gràcies.

Gracias, presidente.

El Partido Demócrata se va a abstener en esta iniciativa con una
cierta incomodidad, porque creemos que si lo que se quiere realmente es
disponer de medidas inmediatas que surtan un efecto inmediato, en el
punto 1 seguramente nos podríamos haber puesto todos de acuerdo. Los
programas competitivos de investigación se financian con recursos
específicos de los proyectos de investigación durante los años que dura
esta última. Cuando se acaba el proyecto, se acaba el fondo y, por lo
tanto, no hay dinero para pagar al personal. Los proyectos de
investigación son muy específicos. Si los hace personal fijo, puede
resultar que en el siguiente proyecto de investigación el perfil
profesional de esa persona no encaje con las necesidades. Es un modelo
que se basa en la movilidad. El punto 1, como hemos dicho, se contradice
con el 2 y el 3. Porque el punto 1 recoge un modelo de investigación
basado en proyectos específicos, modalidades de contrato de trabajo
específicas del personal investigador establecidas en la Sección 2.ª de
la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la
Innovación, y en la movilidad.

Por esa contradicción creemos que los puntos 2 y 3 no se pueden
abordar directamente y el 1 sí se podía haber abordado. Por lo tanto,
con toda la pena y con esta incomodidad que tenemos, les digo que
nosotros nos vamos a abstener ante este planteamiento.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Buenos días, señor presidente.

Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado hoy para
su debate en esta Cámara una moción consecuencia de interpelación por la
que se insta al Gobierno a desarrollar políticas de I+D+i para el
fortalecimiento de las instituciones públicas de investigación. Antes de
argumentar nuestro voto he de decirles algo que conocen y es que en
Euskadi tenemos competencia en este ámbito, en materia de investigación
científica y técnica en coordinación con el Estado. Por tanto, algunos de
los temas que se plantean corresponderían a Euskadi en nuestro caso.

Como comentó en la interpelación el portavoz del Grupo Socialista,
se debe buscar una solución a la contradicción que supone la disposición
adicional trigésimo cuarta de los presupuestos de 2017, que hace
responsables a los gerentes de fundaciones y consorcios por las
irregularidades que pudieran existir en la contratación de personal en
casos de contratos de más de tres años; contratos que, por otra parte, sí
permite la Ley de ciencia. Parece que en parte se ha debido de solventar
—digo se debe porque hay dos centros que no lo entienden así—
por el Real Decreto 14/2017, de 6 de octubre, que viene a decir que estos
contratos por obra en un proyecto específico de investigación científica
y técnica, suscritos por las administraciones públicas y que estén
vigentes en el momento de la entrada en vigor de la modificación por este
real decreto, quedarán acogidos a lo que dice la Ley de ciencia. Por lo
tanto, en principio, parece que con esta disposición transitoria se
solventaba. Pero esto no lo entienden así ni el CNIO ni el CNIC, que
parece que no lo ven suficiente, de forma que en este momento existen
contratos de investigadores en riesgo. Por tanto, el primer punto de esta
moción parece completamente razonable: evitar el despido de
investigadores con contratos temporales. Creo que en esto coincidimos
todos, incluso parece que el propio ministerio ya lo está abordando.

El tercer punto de la moción también es razonable: cumplir con lo
previsto en la Ley de ciencia. Con el punto segundo tenemos alguna duda,
en relación con su aplicación a la red de ciencia, tecnología e
innovación del País Vasco, pues este tema también se está abordando en
nuestras instituciones. De todas formas conviene hacer un pequeño apunte
en cuanto a la estabilización del empleo, y es que habría que
relacionarlo, a nuestro entender, con un aumento necesario de la
investigación, un compromiso necesario de incrementar la inversión
destinada a los programas de I+D+i, más concretamente, a los de
investigación y ciencia. Está bien estabilizar el empleo a través de
contratos indefinidos a las personas investigadoras, pero es necesaria
una mayor inversión porque, no nos engañemos, estos contratos seguirán
estando relacionados con proyectos de investigación concretos, por lo que
son necesarios el aumento y la estabilización de las dotaciones de
recursos para investigación para que estos programas sigan existiendo y
tengan sentido estos contratos, indefinidos o su mantenimiento. Se
precisa incrementar los fondos destinados a programas de I+D+i,
incentivar la inversión privada con nuevas herramientas de financiación y
favorecer, de esta forma, la incorporación de doctores y personal de alta
cualificación. Un país competitivo en un mundo globalizado necesita un
mayor esfuerzo inversor en ciencia, sostenido en el tiempo y que
involucre tanto al sector público como al privado.

Por todo lo anterior, entendiendo lo necesario de esta iniciativa
al disponer de un sistema diferenciado, un sistema que se ha ido
desarrollando en las últimas décadas con un modelo de colaboración y
sinergias entre los centros, grupos de investigación e instituciones a
través de la red vasca de ciencia, tecnología e investigación, siendo,
además, como les digo, un asunto que se está analizando y que creemos que
necesitaría de un estudio más amplio que el abordado a través de una
moción, nos abstendremos en la votación de esta iniciativa.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Cortès.

La señora CORTÈS GÈS: Buenos días, presidente y señorías.

El sistema català de recerca el formen 69 centres de recerca, 12
universitats, 250 spin-offs, 15 instituts de recerca hospitalària, 22
centres tecnològics, 22 parcs científics i tecnològics, tres grans
infraestructures de suport i 8.600 empreses innovadores. Poca cosa no és,
això. De totes aquestes infraestructures que he anomenat, el Gobierno
español està compromès única i exclusivament (verdaderament, podríem dir)
només amb les tres grans infraestructures. Això ens dona una idea del
concepte que té l’Estat, del concepte que té el Gobierno de
l’R+D+i, és a dir, recerca, desenvolupament i innovació. La
recerca, doncs, no és pas una de les seves fites, perquè la recerca és
pròpia de països i Estats moderns, i l’Estat espanyol no és pas un
exemple de tot això, sinó el contrari.

Malgrat tot, un estudi recent sobre el sistema català de recerca i
innovació indica que, l’any 2015, per cada 100 euros de despesa
pública al sistema català públic d’universitats i ciències, es va
produir un retorn social de 402 euros al PIB de Catalunya. No és poca
cosa, això, oi? Doncs fixin-se: no en va, segons l’últim informe
COTEC, que des del 1996 indica la situació d’R+D+i a Espanya, la
Unió Europea inverteix avui un 25 % més en R+D que abans de l’inici
de la crisi econòmica. Doncs mirin, Espanya inverteix un 10 % menys. És a
dir, que mentre els països avançats inverteixen en R+D per a la sortida
de la crisi, el Gobierno español retalla la inversió. I a qui perjudiquen
aquestes retallades? Doncs, òbviament, a tots aquells territoris que, com
Catalunya, havien apostat per la recerca, el desenvolupament i la
innovació.

Malgrat això, Catalunya se situa a la segona posició en els
projectes d’excel·lència del Consell Europeu de Recerca.
Contràriament, el Gobierno español està castigant les societats més
innovadores i més competitives; no només perquè no inverteixen en R+D,
sinó perquè tampoc no incentiven la inversió privada. I l’única
inversió que incentiven és en l’R+D militar. Això és un trist
oxímoron; doncs és així. Sense cap inversió i amb una pràctica nepotista
en la contractació pública que beneficia les grans empreses amigues, i
d’aquesta manera no hi ha cap incentiu per a la inversió en
competitivitat. I, de fet, les empreses que més inverteixen en R+D+i són
les pimes, que s’han de buscar la vida en nous filons competitius,
en tant que són la ventafocs de la contractació pública estatal. Per
tant, el Gobierno español té una visió productiva i empresarial que
perjudica l’R+D+i, i la inversió en aquest sentit està perdent pes
a Espanya.

Però aquest model no és només el model del PP, sinó que també és
el model del PSOE i de l’IBEX-35; de tot aquest entorn que vostès,
senyors del Partit Socialista, fomenten amb el suport incondicional al
seus amics del Partit Popular. I a sobre, ara, han animat les empreses a
traslladar les seves seus fora de Catalunya. I ja s’han sentit
algunes veus del Partit Popular que diuen que dins de poc les
incentivaran econòmicament perquè tornin. Perquè, desenganyem-nos: les
empreses que han tret la seu social de Catalunya són les empreses de
l’IBEX, no són les pimes. Però no parlen vostès de la inversió que
continua a Catalunya. No, avui no; avui vostès no en parlen,
d’això. Només parlen de la qüestió negativa. Però, afortunadament,
a Catalunya encara tenim molta positivitat, i avui encara s’ha
parlat de la inversió de la Seat a Catalunya, però d’això vostès no
en parlen. Això és el que vostès mateixos, entre el Partit Popular, el
Partit Socialista i Ciudadanos estan propiciant a Catalunya; aquesta és
la seva manera de fer política. Però ja ho veuen: malgrat la repressió,
malgrat el seu esforç per fer marxar les empreses, malgrat tot el que ens
volen fer patir, els hem de dir que estem convençuts que amb
l’Estat espanyol no ens en sortirem; impossible.

I acabo. Sortosament, Catalunya és un país emprenedor, compromès
amb les empreses i amb la recerca. Perquè Catalunya és un país modern i
avançat.

El sistema catalán de investigación lo forman 69 centros de
investigación, 12 universidades, 250 spin-off, 15 institutos de
investigación hospitalaria, 22 centros tecnológicos, 22 parques
científicos y tecnológicos, 3 grandes infraestructuras de apoyo y 8600
empresas innovadoras. Casi nada. De todas esas infraestructuras que he
nombrado, el Gobierno español está comprometido, única y verdaderamente,
podríamos decir, con las tres grandes infraestructuras. Eso nos da una
idea del concepto que tiene el Estado, del concepto que tiene el Gobierno
de la I+D+i, investigación, desarrollo e innovación. Es decir, la
investigación no es uno de sus hitos porque la investigación es propia de
países y Estados modernos y el Estado español no es un ejemplo de todo
eso, sino más bien lo contrario.

A pesar de todo, un estudio reciente sobre el sistema catalán de
investigación e innovación indica que en 2015, por cada 100 euros de
gasto público en el sistema catalán público de universidades y ciencia,
se produjo un retorno social de 402 euros al PIB de Cataluña. Eso no es
poco, ¿verdad? No en vano, según el último informe Cotec, que desde 1996
indica la situación de la I+D+i en España, la Unión Europea invierte hoy
un 25 % más en I+D que antes del inicio de la crisis económica. Pero en
el último periodo España ha invertido un 10 % menos. Es decir, que
mientras los países avanzados invierten en I+D para la salida de la
crisis, el Gobierno español recorta la inversión. ¿Y a quiénes perjudican
estos recortes? Obviamente, a todos aquellos territorios que, como
Cataluña, habían apostado por la investigación, el desarrollo y la
innovación.

A pesar de eso, Cataluña se sitúa en la segunda posición en los
proyectos de excelencia del Consejo Europeo de Investigación.
Contrariamente, el Gobierno español está castigando a las sociedades más
innovadoras y más competitivas, no solo porque no invierte en I+D, sino
porque tampoco incentiva la inversión privada y la única inversión que
incentiva es la I+D militar. Es un triste oxímoron, pero es así. Sin
inversión y con una práctica nepotista en la contratación pública que
beneficia a las grandes empresas amigas, no hay ningún incentivo para la
inversión en competitividad. De hecho, las empresas que más invierten en
I+D son las pymes, que se tienen que buscar la vida en nuevos filones
competitivos en tanto que son la cenicienta de la contratación pública
estatal. Por tanto, el Gobierno español tiene una visión productiva y
empresarial que perjudica la I+D+i, y la inversión en ese sentido está
perdiendo peso en España.

Pero ese modelo no es solo el modelo del PP, sino que es también
el del PSOE y el del IBEX 35, de todo ese entorno que ustedes, señores
del Partido Socialista, fomentan con el apoyo incondicional a sus amigos
del Partido Popular. Pero encima ahora han animado a las empresas a
trasladar sus sedes fuera de Cataluña, y ya se han oído algunas voces en
el Partido Popular que dicen que las van a incentivar económicamente para
que vuelvan, porque, no nos engañemos, las empresas que han sacado su
sede social de Cataluña son las del IBEX, no las pymes. Pero ustedes no
hablan de la inversión que sigue en Cataluña. Hoy no hablan de esto, solo
de la cuestión negativa, pero afortunadamente en Cataluña todavía tenemos
mucha positividad, y hoy todavía se ha hablado de la inversión de SEAT en
Cataluña. Pero ustedes de eso no hablan. Esto es lo que ustedes, entre el
Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos, están propiciando en
Cataluña.






Esta es su manera de hacer política. Pero ya lo ven, a pesar de
la represión, a pesar de su esfuerzo por hacer que las empresas se vayan,
a pesar de todo lo que nos quieren hacer sufrir, les tenemos que decir
que estamos convencidos de que con el Estado español no vamos a ningún
lado. Imposible.

Y termino. Por suerte, Cataluña es un país emprendedor,
comprometido con las empresas y con la investigación, porque Cataluña es
un país moderno y avanzado.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora CORTÈS GÈS: Termino, presidente. Gracias.

Per això, l’única manera que Catalunya tingui un Estat a
l’alçada de la seva R+D+i és amb la construcció de la República
catalana. Aquesta és la república que volem: moderna, emprenedora i que
opti per la recerca.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Por eso la única manera de que Cataluña tenga un Estado a la
altura de su I+D+i es con la construcción de la república catalana. Esa
es la república que queremos: moderna, emprendedora y que opte por la
investigación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Cortès.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Mesón.

El señor MESÓN MIGUEL: Buenos días.

El personal investigador es un valor insustituible en la sociedad
del conocimiento. Cada persona investigadora acumula una experiencia y
conocimientos que no son reproducibles. Hemos visto cómo la gestión de la
crisis ha detraído recursos para investigación, desarrollo e innovación y
cómo programas importantes de investigación científica han tenido que
echar el cierre ante la falta de apoyo. Muchas de estas personas han
seguido trabajando con contratos intermitentes. Cantidades ingentes de
esfuerzo voluntario y altruista asumiendo como principio el amor a la
ciencia. Sin embargo, esta situación se hace insostenible con el tiempo y
miles de personas formadas en nuestro país han visto en la emigración la
única salida para continuar vinculadas a la investigación científica.
Otros muchos no han tenido más remedio que abandonar una vocación para la
que han estado preparándose.

Esto se refleja en los datos de producción científica, que se ven
resentidos en los últimos años. En el año 2014, por primera vez,
descendieron los datos Scopus de los documentos de las instituciones
españolas. Esto es aún más notorio en las solicitudes de patentes
nacionales de origen español que, pese al incremento realizado hasta
el 2010, este año han ido descendiendo progresivamente.

La Ley 14/2011, de la ciencia, la tecnología y la innovación, vino
a regular en su artículo 21 determinadas figuras contractuales en el
ámbito de la investigación, viniéndose a dar cierta seguridad jurídica a
una situación de auténtica irregularidad. Pero estas figuras
contractuales deben ser consideradas con la misma intensidad que el resto
de modalidades de contratación en la normativa laboral o estatutaria a la
hora de abordar la grave situación estructural instaurada en el seno de
la Administración pública de abuso en la contratación temporal. Es más,
el artículo 20.2 de la Ley de ciencia contempla la posibilidad de
contratar personal investigador a través de las modalidades de contrato
de trabajo establecidas en el Estatuto de los Trabajadores, y ello a
pesar de la evidente dificultad de casar esta figura contractual con la
actual regulación de las modalidades de contratación existente en nuestro
ordenamiento laboral.

Otro ejemplo que nos trae hoy la moción presentada por el Grupo
Socialista es el relativo a la continuidad en la contratación del
personal investigador en organismos públicos de investigación. Es
necesario que encontremos una regulación de dichas actividades
investigadoras de carácter netamente laboral que evite el enorme
perjuicio que se viene ocasionando para nuestros jóvenes, y no tan
jóvenes, científicos que no vienen sino a precarizar y limitar aún más la
investigación en nuestro país. La situación de precariedad de estos
investigadores se prolonga en el tiempo. La Ley de ciencia se aprobó en
el año 2011, habiendo ya transcurrido tiempo suficiente para que el
legislador y el Gobierno hubiesen encontrado un encaje suficiente y
ajustado para dichas formas de contratación, para terminar con la
desprotección y aún mayor precariedad de quienes deberían ser un valor
esencial en nuestra sociedad.

La Confederación de Sociedades Científicas de España, que agrupa a
más de 40 000 investigadores e investigadoras, en un estudio publicado
recientemente denuncia la ausencia de voluntad política, con mayúsculas,
que incentive e impulse la investigación. Afirman, asimismo, que no
apostar por la ciencia implica la pérdida de mano de obra cualificada y
pone a España en una posición periférica a pesar de su potencial
científico investigador.

Esperamos que con esta moción se contribuya a que el Gobierno siga
desarrollando el contenido de la Ley de la ciencia, tecnología e
innovación y convierta en realidad lo manifestado tanto por el ministro
de Economía, Industria y Competitividad en el último Pleno del Senado
como por el ministro de Educación, Cultura y Deporte en el Pleno del
Congreso del pasado 8 de marzo. Por todo ello anunciamos nuestro voto
favorable a la moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mesón.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Zelaya.

El señor ZELAYA CASTRO: Gracias, presidente.

Señorías, como ya mencioné en la defensa de la moción, el Grupo
Parlamentario Socialista, al presentar en el Pleno esta moción, que
aspiramos a que sea aprobada, lo que pretende no es otra cosa que
recuperar el tiempo perdido en investigación. Creemos que es necesario
desarrollar de forma inmediata las medidas que hemos planteado, de las
que ya se han hecho eco otros grupos.

Se trata, en primer lugar, de evitar el despido de los
investigadores, invocando la sección 2, de la Ley 14/2011, de 1 de junio,
de la ciencia, la tecnología y la innovación. Y en segundo lugar, de
establecer un procedimiento extraordinario para la estabilización del
empleo temporal de los investigadores, haciendo que a la mayor brevedad
se reconviertan en indefinidos todos los contratos temporales vigentes de
los investigadores con más de tres años en las OPI, consorcios y
fundaciones de investigación del sector público. Este modelo ya funciona
en la sanidad pública y en educación, por eso creemos que no
encontraremos ninguna dificultad a la hora de hacer indefinidas las
plantillas de investigadores. Además, los presupuestos ya están allí, por
lo que tampoco tendría un mayor coste agregado. Ello va a permitir
—eso creemos nosotros— convocar nuevas plazas en un futuro
mediato.

No tiene sentido la precariedad cuando la investigación en los
centros se va a seguir realizando, y aspiramos a que esta se incremente.
Cuando hablo de plantilla precaria que no se nos olvide nunca que estamos
hablando de plantillas mínimas en los centros de investigación. Debido a
los recortes presupuestarios, las plantillas son las justas, aquí no
sobra ningún personal investigador. Y no solo eso, estamos hablando de
personal altamente cualificado. Creemos que con la estabilización de las
plantillas se van a enriquecer los centros, porque va a permitir, por
ejemplo, el intercambio de personal investigador, el movimiento
internacional del personal investigador, que ya sabemos que enriquece los
centros y las experiencias de investigación. Me refiero, obviamente, a la
buena movilidad de los investigadores y no, como se ha comentado aquí, a
la fuga de talentos, que es precisamente lo que queremos corregir. Solo
una plantilla estable se puede enriquecer con la buena movilidad de los
investigadores. También tengo que decir que en este mundo globalizado no
tiene sentido poner fronteras a los lugares de investigación.

Y nuestra tercera propuesta consiste en establecer un sistema
objetivo para la evaluación y promoción del personal investigador de los
organismos públicos de investigación que armonice el régimen de
retribuciones, como prevé la mencionada Ley 14/2011, de 1 junio, de la
ciencia, la tecnología y la innovación. Nosotros creemos que el
transcurso del tiempo y el aumento de la experiencia del personal
investigador se tienen que ver necesariamente reflejados en la carrera
profesional. No puede ser que un investigador cambie de centro y se lleve
con él toda su experiencia y todo su trabajo, simplemente, en un
currículum. Esto debe tener algún tipo de traducción, algún tipo de
equivalencia en su retribución y en su categoría profesional.

Es verdad que el ministro de Economía, Industria y Competitividad
ha manifestado la voluntad del Gobierno para afrontar este grave problema
del personal de investigación, pero nosotros queremos que se cristalicen
estas medidas, que no caigan en buenas intenciones ni se queden en papel
mojado, porque urge dar una solución a corto plazo que vuelva a sentar
las bases de la investigación en el país. Se lo debemos a nuestros
investigadores y al personal de los centros. No olvidemos que la
investigación trae desarrollo y progreso. Como mencioné antes, no hay
cambio de modelo productivo si no se apuesta por la inversión en I+D+i.
La investigación es todo lo contrario a un lastre, porque bien llevada es
un impulso a la economía, pero para ello hay que tener una visión a largo
plazo. Señorías, la investigación nunca es un gasto, siempre es una
inversión.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Zelaya.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Contreras.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Gracias, presidente. Buenos días.

Comenzaré mi intervención hoy aquí en relación con esta moción
consecuencia de interpelación planteada por el Grupo Parlamentario
Socialista anunciando nuestro apoyo a la misma. Ustedes saben que su
presentación viene motivada por las circunstancias sobrevenidas —ya
se ha explicado aquí— tras la aplicación de la disposición
adicional vigésimo tercera de la Ley de la ciencia, los presupuestos y la
concatenación de contratos que afectaba a nuestros investigadores, que se
movían en un limbo jurídico. Es una situación que, como también dijo el
señor De Guindos, el Gobierno quiere arreglar, y se está trabajando para
ello.

Por eso apoyamos esta moción, porque el Gobierno ya está
trabajando en ello. El pasado 6 de octubre se aprobó en el Consejo de
Ministros un real decreto ley, dentro del plan Prepara, con una
modificación para que las fundaciones del sector público gocen de las
mismas condiciones laborales que el resto de los centros de
investigación. Esta es la realidad en la que nos movemos, este es el
terreno de juego. Vamos a centrar el debate. No enfanguen con otros
argumentos falsos y con demagogias. Es una nueva oportunidad que nos
brinda el Partido Socialista de colaborar y de trabajar, mediante el
consenso, por la ciencia, por nuestros científicos, por nuestros
investigadores y, en definitiva, por nuestro talento. Así ha sido hasta
ahora.

Le puedo avanzar que tenemos un horizonte más próximo y otra
ocasión de apoyar a nuestros investigadores y a nuestros científicos para
que tengan la estabilidad laboral, la flexibilidad y la movilidad que
demandan, y no es otro que la aprobación de los Presupuestos Generales
del Estado de 2018. Vamos a seguir avanzando y respondiendo a las
diversas situaciones en las que se encuentra este colectivo dentro del
sistema de la ciencia, así como el personal no investigador que realiza
funciones estructurales. En ese un momento clave —y me dirijo al
Partido Socialista— les invito a apoyar a nuestros investigadores
como hacemos los parlamentarios, con el voto, y no solo con palabras.
Porque, a propuesta de la Secretaría de Estado de I+D+i, dentro del
Ministerio de Economía —ya lo anunció el señor De Guindos el pasado
martes 21 de noviembre—, se ha previsto incluir en el anteproyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado una iniciativa para mejorar
la estabilidad laboral de los investigadores con contrato temporal en los
denominados OPI, organismos públicos de investigación, así como en
consorcios, fundaciones, universidades, etcétera. En concreto
—también lo ha manifestado el senador Zelaya—, se trata de
una tasa de estabilización del empleo temporal de hasta el 90 % de las
plazas, que ya están dotadas presupuestariamente. Estamos hablando de en
torno a unos 2500 trabajadores. Es una medida similar a la que ya se ha
aplicado a los interinos de la sanidad y la educación. Como se le comentó
al señor Martínez Olmos, estas plazas están ya dotadas y financiadas con
fondos propios o externos.

Podría detenerme a desmotar la mayor parte de los discursos
negativos vertidos hoy aquí, pero no es mi intención polemizar. Mi
intención es acordar la estabilidad, la carrera investigadora, el
talento, la formación, la evaluación, el rendimiento, la movilidad y la
internalización de equipos. Se trata de que nuestros centros de
investigación sean semejantes a los más avanzados del mundo.

Me gustaría finalizar la intervención con un talante positivo y
tranquilizador para la sociedad científica de nuestro país, para esos
cientos de investigadores de elite, los del Centro Nacional de
Investigación Cardiovascular, los del Centro Nacional de Investigación
Oncológica y otros tantos que estaban, lógicamente, preocupados por su
futuro laboral por lo que ellos denominaban una chapuza legal, que eran
más bien unas circunstancias sobrevenidas con esas disposiciones
adicionales. Quiero tranquilizarles porque en los temas de ciencia, que
el Partido Popular califica como política de Estado, se antepone el
consenso a otras consideraciones. Así lo hemos hecho siempre con la Ley
de la ciencia, con ponencias celebradas en esta Cámara y con la
tramitación de distintas iniciativas, bien en comisión o en Pleno.

Es tremendamente positivo el consenso para favorecer el potencial
de crecimiento económico dentro de la investigación básica, el desarrollo
y la innovación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora CONTRERAS OLMEDO: Termino, señor presidente.

Por eso esperamos contar con su apoyo con ocasión del anteproyecto
de ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018. Como ya he
adelantado, apoyaremos la moción presentada por el Grupo Socialista.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Contreras.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción consecuencia de interpelación del
Grupo Parlamentario Socialista, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247;
votos emitidos, 243; a favor, 231; abstenciones, 12.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 6.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se habían presentado en principio siete enmiendas: cuatro del Grupo
Parlamentario Mixto —tres por iniciativa de los senadores Mulet y
Navarrete, y una por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y
Marcos—; una del Grupo Parlamentario Popular; una del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y otra del Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria. Posteriormente, se ha presentado una
propuesta de modificación firmada por el Grupo Parlamentario Popular, el
Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el
Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Nacionalista. Por
tanto, quedan vivas únicamente las enmiendas del Grupo Parlamentario
Mixto.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la desigualdad y los bajos salarios amenazan la
recuperación. No hay tiempo para quedarse quietos. Este aldabonazo lo da
el Fondo Monetario Internacional. En Bruselas, la Comisión Europea sitúa
a España a la cabeza de la desigualdad por rentas en la Unión Europea. El
Ejecutivo europeo llama la atención sobre el hecho de que en España no se
hayan restablecido los niveles de igualdad por rentas anteriores a la
crisis; y esto es de antes de ayer, de noviembre del año 2017. Además, la
Comisión Europea añade lo siguiente: Las recientes ganancias en empleo no
han sido distribuidas de forma uniforme en los distintos grupos de
población. La Comisión señala que nuestra economía ha logrado recuperar
este año las cotas de actividad previas a la gran recesión, pero que no
afecta a todos por igual. En este sentido, dice que la desigualdad es un
problema y en su tabla de indicadores sociales coloca a España en una
situación crítica dentro del apartado de la igualdad y la recuperación
salarial. Y en la pérdida, primero, y en la no recuperación de los
salarios, después, señorías, está el origen de este problema de rentas en
nuestro país.

Sin embargo, no solo son el Fondo Monetario Internacional o la
Comisión Europea los que llaman la atención sobre el problema que se
cierne sobre nuestro país respecto a los salarios y a la distribución de
las rentas sino también el Banco Central Europeo, la OCDE, la
Organización Internacional de Trabajadores y las organizaciones
sindicales; todos ellos son los que nos están diciendo que tenemos un
problema. Todos reclaman lo mismo; todos reclaman a España que suba los
salarios para consolidar —y añado yo— y hacer efectiva la
recuperación porque, señorías, la crisis en nuestro país no se habrá
acabado mientras la recuperación no alcance a todos. La recuperación no
se producirá mientras no llegue a aquellos que sufrieron la crisis con
más intensidad.

Señorías, el crecimiento por sí solo no es el final de la crisis;
repito, el crecimiento por sí solo no es el final de la crisis. Por eso
es tan importante llegar hoy a un acuerdo ampliamente mayoritario en esta
Cámara, por la necesidad de la recuperación salarial; es algo muy
importante.

Quiero aprovechar este momento para agradecer a los grupos que
apoyan esta transacción y reconocen la necesidad de llevar a cabo una
recuperación salarial: al Grupo Nacionalista Vasco, al PDeCAT, a Esquerra
Republicana, a Podemos y, lógicamente, al grupo mayoritario y a su
portavoz, porque estoy seguro de que hizo un intenso trabajo con el
Gobierno y en el seno de su grupo para que se pudiera aprobar esta
iniciativa. También quiero aprovechar este momento para manifestar que
este acuerdo del conjunto del Estado para tratar de mejorar los salarios
de los trabajadores no es incompatible y no colisiona en absoluto con los
acuerdos que se puedan alcanzar en marcos de negociación colectiva de
distinto ámbito, como pueden ser las comunidades; no solo no es
incompatible y no colisiona sino que, en mi opinión, deberían ser
complementarios. En este sentido, las comunidades deberían poner en
marcha acuerdos de recuperación salarial, y el ejemplo más claro es lo
que pasó en el marco colectivo de negociación de la Comunidad Autónoma de
Baleares recientemente celebrado, donde acordaron una recuperación
salarial en el sector de hostelería, el más importante de la comunidad,
para cuatro años, con un incremento del 17 %, repartido de la siguiente
manera: 5 %, 5 %, 3,5 % y 3,5 %, en los próximos años. Por lo tanto, es
un acuerdo que da la salida a un marco más amplio de negociación, pero
que no restringe en absoluto sino que debe impulsar marcos de otros
ámbitos territoriales.

Por eso, señorías, es tan importante un acuerdo aquí, porque con
ello reconocemos un problema existente. Solo se puede recuperar aquello
que se ha perdido; es necesario reconocer el mal para luchar contra él,
reconocer el problema para combatirlo. Por ejemplo, reconocer que existe
la violencia de género es un paso imprescindible para combatirla;
reconocer que existe el cambio climático es imprescindible para atajarlo;
y reconocer que tenemos un problema grave, un problema muy grave con el
empobrecimiento salarial es imprescindible para empezar a ponerle
remedio.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Señorías, hoy, en el Senado —pongamos en valor esta
Cámara—, nace el primer amplio consenso sobre la necesidad de la
recuperación salarial en nuestro país, España; una recuperación que debe
ser el eje, el núcleo de un pacto de rentas, que dé respuesta a las
advertencias que nos llegan de todos los ámbitos y que debemos
atender.

Señorías, hasta ahora los grandes perdedores de esa crisis han
sido los trabajadores, y hoy tenemos delante de nosotros un acuerdo que
debe hacer posible el comienzo de la recuperación de los salarios y para
los trabajadores en nuestro país.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Hay mucho que desbrozar todavía pero,
señorías, créanme, hoy es un buen día para esta Cámara.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Qué diferencia entre la moción de ayer, sobre desigualdad, y la
moción de hoy, que habla de precariedad laboral.

Ciudadanos quiere manifestar que en este caso sí ha habido
consenso y que se insta a un acuerdo nacional por el empleo y la
negociación colectiva firmado por el conjunto de la Cámara.

Es verdad que habíamos presentado una enmienda, pero creemos que
esta transaccional recoge el espíritu de lo que aquí ha dicho el senador
proponente. Este ámbito de consenso nos parece muy interesante, pues
facilita la recuperación salarial. Además, partiendo de ese acuerdo se
puede conseguir la revisión del salario mínimo, la revisión de la
situación de los empleados públicos y la puesta en marcha de un plan de
choque para los jóvenes, tal y como recogía el espíritu de la
moción.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Senadoras, senadores, hoy se ha conseguido una transaccional, que
no ha firmado el Grupo Parlamentario Mixto, a instancias de los cinco
senadores que proponíamos enmiendas, ya que no las hemos visto reflejadas
al cien por cien en esa transacción.

Voy a explicar las tres enmiendas que había presentado Compromís.
La primera de ellas proponía simplemente un cambio técnico en cuanto a la
denominación, para que en vez de «nacional» se dijera «estatal» porque,
evidentemente, España es un Estado.

La segunda enmienda proponía añadir el texto siguiente al primer
párrafo: «Encabezar un gran acuerdo estatal que involucre a partidos
políticos, organizaciones sindicales y empresariales...» que era el
término que faltaba originalmente y que se ha adjuntado en la
transaccional.

Por último, habíamos presentado otra enmienda en la que pedíamos
acabar con las diferencias entre las percepciones recibidas por los
empleados públicos, pues los de la Administración General del Estado en
las diferentes comunidades autónomas cobran menos que algunos
funcionarios de las administraciones autonómicas, a pesar de ser de la
misma categoría y atribuyéndoles las mismas funciones. Por lo tanto,
creíamos que era interesante introducir estos aspectos en la moción.

Esas eran nuestras tres ideas para mejorar la moción presentada
por el Partido Socialista. Sin embargo, no han sido aceptadas al existir
una transaccional con el grupo mayoritario de la Cámara y con el resto de
grupos, exceptuando el Grupo Mixto y Esquerra Republicana. Creemos que el
que no las acepten impide que se pueda llegar a un consenso más amplio y
estamos decepcionados porque de ese modo el texto transaccionado podría
haber sido un poco mejor. En este sentido, podían haber intentado ser más
flexibles y aceptar ciertas partes de nuestras enmiendas.

Por otro lado, también estamos decepcionados por observar que al
redactar la transaccional han incluido a las organizaciones
empresariales, pero de la original a la transaccionada se olvidan de las
administraciones locales, autonómicas y de los partidos políticos. Al ser
una transaccional tan light y tan poco profunda, se podrían haber
intentado incluir, como mínimo, esos conceptos.

Creemos que será prácticamente imposible que nadie vote en contra
de una moción tan claramente positiva para la recuperación del poder
adquisitivo de los trabajadores y de la mejora de la sociedad
española.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra el senador Varela, para indicar si acepta o no
las enmiendas.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Sí, señor presidente.

Como ya ha comentado el señor Navarrete, al haber una transacción
del conjunto de los grupos sobre un texto común, difícilmente podemos
aceptar enmiendas, entre otras cosas porque una transacción deja de ser
propiedad del proponente y pasa a ser propiedad del conjunto.

En cualquier caso, quiero trasladarle que comparto plenamente con
usted la necesidad de homogeneizar los salarios de los funcionarios de
nuestro país. Eso es algo en lo que se debería trabajar y, seguramente,
que en otra ocasión tendremos oportunidad de llegar a acuerdos en el
ámbito que usted plantea en sus enmiendas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.

La Agrupación Socialista Gomera va a votar a favor de esta moción.
Estamos de acuerdo con que es necesaria la recuperación laboral, que se
acabe con la pobreza, que se recuperen los derechos laborales perdidos,
que se modifiquen y se implanten nuevos como consecuencia de las
variaciones de las circunstancias actuales y, cómo no, me gustaría
destacar de esta iniciativa la solicitud de eliminar la brecha salarial
entre hombres y mujeres. En este sentido, no es admisible que en el
año 2016 los hombres cobren 5982 euros más que las mujeres; estamos
hablando de una diferencia de más del 23 %. Tampoco es admisible, como
consecuencia de lo anterior, que esta desigualdad exista y aumente en el
caso de las pensiones de jubilación, donde el porcentaje aumenta al 37 %.
Señorías, es intolerable que la pensión media de jubilación para las
mujeres se sitúe en 742 euros, mientras que la de los hombres es de 1197
euros, lo que refleja, como mínimo, una diferencia de más de 454 euros.
Repito, esa diferencia es injustificable.

Señorías, es intolerable que, aun siendo mayor el número de
mujeres que de hombres en España, esta desigualdad siga existiendo en
pleno siglo XXI. No podemos permitir que ante un mismo puesto de trabajo,
ante una misma formación y ante un mismo horario los salarios sean
desiguales entre hombres y mujeres, alcanzando una diferencia, por lo
menos, del 15 %.

Por último, estamos de acuerdo con mejorar las condiciones
salariales de los empleados públicos y, cómo no, con mejorar el empleo y
las condiciones de los jóvenes, muy importante para el presente y el
futuro de nuestro país. Por lo tanto, cuente con el voto de la Agrupación
Socialista Gomera.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Desea intervenir algún portavoz más del Grupo Parlamentario
Mixto? (Denegaciones).

No hay más intervenciones.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la
palabra la senadora Rivera.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies president. Intervindré molt
breument.

Agrair al senador Varela que hagi portat aquesta iniciativa aquí
al Senat, així com el seu esperit de trobar consens i de parlar les
iniciatives.

Des del nostre partit, des del Partit Demòcrata, vostè ho sap,
s’ha treballat molt en molts del temes que vostè proposava en la
moció inicial, que de fet li haguéssim pogut aprovar tal com estava
presentada, però és cert que li varen portar una esmena que feia
referència dos temes que per nosaltres, en un som molt tossuts, que
parlava de les nacions i les nacionalitats, del article 8 de la
Constitució, per nosaltres era un tema que volíem que es recollís i
després el tema de que es tingués en compte el nivell de vida en els
diferents territoris, en les diferents comunitats.

Ens hem sentit reflectits en el seu discurs, quan parlava de la
transaccional. És cert que continuem recollint en aquesta transaccional
això de l’acord nacional, ens hagués agradat un acord, senzillament
un acord per part de l’Estat i de la resta d’Estat autonòmic,
en aquest cas, això també per aquells que en aquest moment puguin parlar
d’Estats autonòmics plenament, que ja sap que no és el nostre
cas.

En qualsevol cas, sense entrar en més consideracions, per el
treball que hem fet nosaltres també en la reclamació del salari mínim
interprofessional, vostè ho sap que al Congrés dels Diputats, vàrem
aconseguir fins i tot que s’aprovessin algunes iniciatives que
desprès, per la inestabilitat que hi havia a Espanya, no van poder
prosperar. També vàrem aprovar una calendarització d’aquest
increment del salari mínim interprofessional, que tampoc sabem si
s’està acomplint o no.

Estem absolutament d’acord en que ha d’haver-hi acord
per recuperar l’estabilitat salarial, per recuperar també sobre tot
la igualtat en el salari dels homes i les dones, en aquests moments no
hauríem d’estar parlant d’això, hauria de ser un tema que
tinguéssim superat i això ens demostra que hi ha molta feina per fer i
que segurament no som una societat tant moderna com moltes vegades ens
pensem que som.

Gràcies.

Gracias, presidente. Intervendré muy brevemente.

Agradezco al senador Varela que haya traído esta iniciativa al
Senado, así como su espíritu para encontrar un consenso y hablar sobre
las iniciativas.

Como usted sabe, el Partido Demócrata, ha trabajado mucho en
algunos de los temas que usted proponía en la moción inicial que, de
hecho, hubiésemos podido aprobar tal y como estaba presentada. Sin
embargo, presentamos una enmienda que hacía referencia a dos temas que
son muy importantes para nosotros: el primero, sobre el que somos muy
tozudos, el de las naciones y nacionalidades que recoge el artículo 8 de
la Constitución, sobre el que queríamos hacer hincapié y también que se
tuviera en cuenta el nivel de vida en los diferentes territorios o en las
diferentes comunidades.

Nos hemos visto reflejados en su discurso cuando hablaba de la
transaccional, aunque nos hubiera gustado un acuerdo entre el Estado y el
resto del Estado autonómico en este caso; me refiero a aquellos que en
este momento pueden hablar plenamente de Estados autonómicos, que ya sabe
que no es nuestro caso.

En cualquier caso, y sin entrar en más consideraciones, diré que
han hecho un trabajo interesante —también nosotros— en cuanto
a la reclamación del salario mínimo interprofesional. En este sentido,
usted sabe que en el Congreso de los Diputados conseguimos incluso que se
aprobasen algunas iniciativas que, después, debido a la inestabilidad que
había en España, no pudieron prosperar. Además, también aprobamos la
calendarización de este incremento del salario mínimo interprofesional,
aunque tampoco sabemos si se está cumpliendo o no.

Estamos totalmente a favor de la existencia un acuerdo para
recuperar la estabilidad salarial y para recuperar sobre todo la igualdad
en el salario de los hombres y las mujeres. En este sentido, en este
momento no deberíamos estar hablando de ello sino que debería ser un tema
superado ya, y esto nos demuestra que todavía queda mucho trabajo por
hacer y que, seguramente, no somos una sociedad tan moderna como
creemos.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.

Airam es un joven canario diplomado en Relaciones Laborales,
trabaja en una paquetería durante cinco horas al día y gana 640 euros al
mes. Vive con sus padres y, por lo pronto, no tiene posibilidades de
independizarse y mucho menos de adquirir una vivienda propia. Por otro
lado, Nuria es una joven herreña que gana 700 euros al mes, y lo hace
gracias a que compagina dos trabajos a tiempo parcial, de lunes a
viernes, cuidando a un niño de 7 años durante tres horas y limpiando unos
apartamentos durante otras dos horas. Nuria es abogada y llega a fin de
mes compartiendo piso y controlando mucho sus gastos. Conozco a muchos
chicos y chicas de mi tierra en esta situación, señorías, por eso me
duele tanto este asunto y en cada una de las palabras que pronuncio
durante mi discurso tengo en mi mente muchos nombres y apellidos de
personas a las que el sistema aún no les ha dado una oportunidad digna de
futuro.

Antes de la crisis económica, percibir 1000 euros de salario era
considerado un sueldo bajo e, incluso, en muchas ocasiones inaceptable,
pero fíjense ustedes qué paradoja: en el año 2017, percibir 1000 euros de
salario es la meta a alcanzar por millones de ciudadanos en este país,
dejándonos por el camino el derecho a un trabajo digno para satisfacer
las necesidades de los trabajadores y de sus familias, a una vivienda
propia o a tener garantizadas unas rentas dignas tras la jubilación.

Por todo eso, sin duda apoyaremos esta moción, sobre todo porque
consideramos que todo ello viene a satisfacer lo que recoge nuestra
Constitución; una Constitución que tanto se ha invocado en esta Cámara
cada vez que ha interesado.

La Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria ha dicho por
activa y por pasiva que el empleo en España crece, sí, pero lo hace a
base de contratos temporales y parciales, y con peores salarios. Fíjense,
según la encuesta de estructura salarial publicada por el Instituto
Nacional de Estadística, 4 de cada 10 trabajadores en España ganaron
menos de 1297 euros al mes en 2015.

Por tanto, esperamos que se apruebe esta moción y que se aborden
todos estos puntos de forma seria y sin demagogia porque que es un tema
que afecta de verdad a miles y miles de personas y que está acarreando
efectos perversos en nuestra gente.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.

Como siempre digo, unos pocos se llevan las ganancias y, otros,
las consecuencias o las cargas. Y eso, señorías, no lo podemos seguir
permitiendo,

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días a todos y a todas.

Antes de entrar en la moción en sí, quiero aclarar que mi grupo ha
firmado la transaccional como mero trámite para que pudiera ser
presentada y debatida, sin que necesariamente nos sintamos totalmente
identificados con ella. Ahora me explico.

Estamos en total sintonía con la exposición de motivos.
Efectivamente, la crisis y, sobre todo, las recetas para salir de ella
han tenido un gran impacto en las condiciones de trabajo. Las medidas
para aumentar la competitividad se han basado sobre todo en la
devaluación de los salarios, que han llevado a deflaciones que pueden
estar en torno al 17 %. Se trata de medidas probablemente al gusto del
Banco Central Europeo pero que, desde nuestro punto de vista, ni hacen
país ni cohesionan a la sociedad; son medidas que han llevado a que
personas que están trabajando no lleguen a cubrir sus necesidades básicas
y que han hecho que en este momento haya trabajadores en riesgo de
pobreza y exclusión. Los datos macroeconómicos indican que la economía se
está estabilizando, que está mejorando, pero aunque la economía crece y
tira del mercado de trabajo, en este momento el empleo que se genera
sigue siendo precario y temporal. Es decir, que el aumento de la
competitividad de las empresas o la mejora económica no se está
reflejando en mejoras en las condiciones laborales ni en mejoras
salariales.

Mi grupo parlamentario defiende la necesidad de recuperar el poder
adquisitivo de los trabajadores. De hecho, les pongo como ejemplo que
diferentes instituciones, como por ejemplo el Gobierno vasco,
concretamente el consejero Azpiazu o el diputado general de Vizcaya, el
señor Rementeria, han trasladado que la recuperación debe llevar
aparejada directamente una subida de sueldos en las empresas que están
creciendo y, evidentemente, también en la administración. Es una cuestión
de justicia social, pero tampoco podemos olvidar la simple regla
económica y, en este sentido, también advierten de la oportunidad de
hacer esa subida salarial antes de que el Banco Central Europeo eleve los
tipos de interés, con el claro riesgo de frenazo en el consumo. Por
ilustrar lo que estoy diciendo, ayer mismo el Gobierno vasco aprobó en
consejo un plan estratégico de empleo cuyo objetivo es generar más empleo
y, además, mejor. Cuando hablamos de mejor, basta con mirar alguno de los
indicadores que este plan estratégico plantea: la tasa de temporalidad,
la tasa de tiempo parcial, el salario medio o el grado de cobertura de la
negociación colectiva. No voy a hacer referencia a todos los demás, que
también son muy interesantes. Hasta aquí queda claro que compartimos el
espíritu de la propuesta.

En cuanto al texto transaccionado, lo primero que dice es:
Impulsar, en el marco del diálogo social, con las organizaciones
sindicales y empresariales más representativas. Pues bien, creo que
cuando se habla de más representativas, no nos referimos a las mismas.
Ustedes saben que siempre hemos defendido, y seguimos defendiendo, el
marco y el ámbito vasco de relaciones laborales pero, con toda seguridad,
en nuestro marco de diálogo social no coinciden los agentes o faltan
elementos claves con los que, si están dispuestos, nos corresponde hablar
en Euskadi. No coinciden los agentes, pero tampoco coinciden la situación
laboral, los sectores, las condiciones; es decir, que se trata de
realidades diferentes. En este sentido, entendemos que la propuesta no
garantiza ese marco vasco. Hemos oído al señor Varela y algo nos gusta su
música, lo que pasa es que, al final, vemos la letra.

Quieren proponer —y leo literalmente— un acuerdo
nacional por el empleo y la negociación colectiva. ¿De verdad creen que
es posible con el marco actual, con un marco que constriñe? La reforma
laboral dinamitó la negociación colectiva, así que lo que proponen
implica necesariamente una reforma profunda de la legislación vigente,
una especie de contrarreforma laboral. Y si eso no se produce, de poco
valdrá la aprobación de este texto.

No sé si se ha producido —y es una duda que tenemos en este
sentido— un cambio tan sustancial en el PP en las últimas semanas.
Solo tenemos que leer el Diario de Sesiones del Pleno pasado y ver la
respuesta de la ministra Báñez a la interpelación del senador Varela. ¿Ha
habido un cambio tan radical que nos haga suponer que esto, de verdad, se
va a producir?

Ustedes creen que esta propuesta supone una mejora en el ámbito
español, y probablemente así sea. Nosotros estamos totalmente de acuerdo
en la necesidad de recuperar el diálogo social, la negociación colectiva
y un empleo de calidad pero, lógicamente, eso supone una remuneración
acorde. El diálogo y la negociación tienen que dar fruto, pero no tenemos
claro que la aprobación de esta propuesta garantice de alguna manera esos
frutos.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora AHEDO CEZA: Creo que en mi exposición quedan
suficientemente claras las razones por las que mi grupo se va a
abstener.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra
el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Gràcies, senyor president.

Senador Varela, no volem entrar en una guerra de dades, ni entrar
en motius de l’argumentari del seu grup. El nostre grup, el que sí
pot dir es que Catalunya durant aquests dos anys i gràcies al Govern
legítim en mans de la consellera Dolors Bassa, s’han creat grups de
treball amb partits, organitzacions sindicals i locals entre altres, per
tal de marcar una línia de treball, per tal de reduir l’atur i
dignificar el sou de molts ciutadans, que es demostren en vàries dades:
reducció de l’atur, el tancament del tercer trimestre del 2017, per
exemple, la data que es tradueix és un 0,4 % sobre el valor corresponent
al mateix trimestre de l’any anterior. La taxa d’activitat es
situa al 61,85 %. Pel que fa a l’ocupació, hi ha 3.300 milers menys
de persones ocupades, un 2,9 % més que el tercer trimestre del 2016. Pel
que fa a l’atur, la població desocupada és de 475 000 persones,
quantitat que reflecteix una variació interanual de menys 13,9 %. La taxa
d’atur és del 12,54 %. Per sexes, el dels homes un 11,07 % i el de
les dones un 13,49 %. Per grups d’edat, la taxa d’atur més
elevada és la dels 16 als 24 anys: un 30,26 %. A Espanya la taxa
d’activitat és del 58,92 %, diferent al 61 % de Catalunya, la
ocupació del 49,27 % i la de l’atur un 16,38 %.

Així com la reducció de la població segons la dificultat per
arribar a finals de mes i per això no és tot un salari digne de 1000
euros. És el nostre objectiu. Tal i com ho demanen per exemple alguns
sindicats i l’associació «Anem a mil». És una iniciativa ciutadana
que té com a objectiu aconseguir un salari digne per totes les persones
que treballen al nostre país, el que pot significar molts salaris vers el
treball. No podem deixar d’anomenar que l’actual Govern de la
Generalitat ha aprovat la Llei de Renda garantida, que durant aquest any
es posa en funcionament.

En conclusió: el que plantegen en el debat és de nou una moció poc
treballada, encara que s’ha modificat ara una transaccional que
nosaltres hem signat i li donem les gràcies per fer-ho. El que cal ara és
fer una planificació, per la recuperació de sous i recuperació del mateix
sou entre persones. És clau per tenir una millora econòmica per la gent,
tant del sector públic com del privat.

És fals, creiem nosaltres, indicar que no té cap cost econòmic,
quan indiquen la recuperación del poder adquisitivo perdido por los
empleados públicos, això vol dir que el Govern de l’Estat haurà de
pujar el sous, per tant tindrà un cost real. I un plan de choque para el
empleo juvenil y la consecución de retribucions justes para este
colectivo. Només cal fer una campanya i té un cost. Per això li preguntem
si no tindrà un cost real, jo crec que sí, i suposo que en els futurs
pressupostos ens explicarà vostè si té un cost o no.

Bé, per respecte als treballadors públics i privats, Esquerra ha
signat la transacció amb la resta dels Partits, per millorar, esperem que
això es converteixi en una realitat en la que tots puguem participar, ja
que volem solucionar i volem millores per la gent i per a tots els
treballadors.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señor presidente.

Senador Varela, no queremos entrar en una guerra de datos ni
tampoco en los motivos del argumentario de su grupo. Lo que mi grupo sí
puede decir es que en Cataluña, durante estos años, y gracias al Gobierno
legítimo en manos de la consellera Dolors Bassa, se han creado grupos de
trabajo en partidos, organizaciones sindicales y locales, entre otros,
para marcar una línea de trabajo, para reducir el paro y dignificar el
sueldo de muchos ciudadanos, lo que se demuestran con varios datos: la
reducción del paro al cierre del tercer trimestre de 2017, por ejemplo,
que se traduce en un 0,4 % sobre el valor correspondiente al mismo
trimestre del año anterior; el índice de actividad se sitúa en
el 61,85 %; y, por lo que respecta a la ocupación, hay 3300 miles de
personas ocupadas menos, un 2 % más que el tercer trimestre de 2016. Por
lo que respecta al paro, la población desocupada es de 475 000 personas,
cantidad que refleja una variación interanual del +13,9 %; el índice de
paro es del 12,54 %; y, por sexos, los hombres suponen un 11,7 % y
las mujeres un 13,49 %. En cuanto a los grupos de edad, el índice de paro
más elevado es de los 16 a los 24 años, con un 30,26 %. En España el
índice de actividad es del 58,92 % frente al 61 % de Cataluña, la
ocupación del 49,27 % y el paro del 16,38 %.

En cuanto a la población, según la dificultad para llegar a final
de mes, nuestro objetivo es un salario digno de 1000 euros, tal y como lo
piden, por ejemplo, algunos sindicatos y la asociación Vamos a mil. Es
una iniciativa ciudadana que tiene como objetivo consolidar un salario
mínimo para todas las personas que trabajan en nuestro país. No puedo
dejar de decir que el actual Gobierno de la Generalitat ha aprobado la
Ley de renta garantizada, que se pone en funcionamiento este año.

En conclusión, lo que pone de manifiesto el debate de nuevo es una
moción poco trabajada, aunque se ha modificado ahora con la transaccional
que hemos firmado, y le damos las gracias por hacerlo. Es necesario
establecer una planificación, hablar de recuperación de sueldos y del
mismo sueldo entre las personas, que es clave para alcanzar una mejora
económica tanto para la gente del sector público como del privado.

Desde el punto de vista de mi grupo parlamentario, es falso
indicar que no hay ningún coste económico cuando se habla de la
recuperación del poder adquisitivo perdido por los empleados públicos.
Nos consta que el Gobierno del Estado les tendrá que elevar el sueldo; y,
por lo tanto, tendrá un coste real, así como cuando se dice que para el
empleo juvenil y la consecución de retribuciones justas solo hay que
hacer una campaña, y tiene un coste. Por eso le preguntamos si no tendrá
un coste real. Creo que sí lo tendrá, y supongo que en los futuros
presupuestos usted nos explicará si es así o no.

Por respeto a los trabajadores públicos y privados, Esquerra ha
firmado la transacción con el resto de grupos, para mejorar. Esperamos
que esto se convierta en una realidad en la que todos podamos participar,
ya que queremos soluciones y mejoras para la gente y para todos los
trabajadores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

Buenos días. Esta es una moción transaccionada por bastantes
grupos parlamentarios, una moción que iba en una línea un poco parecida a
la primera moción consecuencia de interpelación que discutíamos ayer,
también del Grupo Socialista, pero con una mayor concreción. Yo creo,
incluso, que en esta transaccional se podría resaltar con uno de estos
marcadores fosforescentes la siguiente frase: Posibilitar la recuperación
salarial. Si algo es clave es que el Senado pueda instar hoy a esta
recuperación salarial, que es la pata más coja de la recuperación
económica y, por lo tanto, mi grupo, y yo como su portavoz de Empleo en
esta Cámara, agradecemos tanto al proponente como al Grupo Popular el
trabajo hecho para poder llegar a que hoy el Senado pueda instar al
Gobierno, primero, a reconocer que es necesario recuperar salarios,
porque algo habrá pasado con esos salarios para que se tengan que
recuperar, y, segundo, a que se ponga este objetivo donde se tiene que
poner, en la mesa de diálogo y en la negociación colectiva, porque,
aunque no está escrito, también se está reconociendo que hay que mejorar
la articulación de la negociación colectiva.

La semana pasada conocíamos un estudio de la Comisión Europea, al
que ha hecho referencia el senador Varela, que desnudaba el discurso
eufórico del Gobierno sobre el fin de la crisis, porque de esta crisis
estamos saliendo más desiguales que entramos, y se constata esa fatalidad
que se oye mucho últimamente en las calles de que aquí siempre pagan los
mismos. La Comisión Europea constata que en España vamos entre regular y
mal. Pero en cuestiones de igualdad y de rentas, muy mal, los peores
después de Rumanía y de Bulgaria. Para nosotros esto tiene una causa
clarísima: la reforma laboral de 2012, fundamentalmente —aunque
también las del Partido Socialista—, que debilitó a la parte
trabajadora en la negociación colectiva con la prevalencia de convenios
de empresas sobre el sector, en la externalización, favorecía la
subcontratación, el descuelgue patronal de los salarios pactados y otras
medidas que han supuesto una devaluación salarial brutal en España,
porque, como todos sabemos, no podíamos devaluar la moneda porque no es
nuestra moneda, sino que la compartimos con otros Estados. Y como tampoco
se quería perseguir el fraude fiscal de las grandes empresas y poner la
carga fiscal en las grandes fortunas para poder tener más recursos, al
final se apostó por lo único que quedaba, la devaluación de salarios. Y
aquí siempre acaban pagando los mismos. Lo dicen en las calles y hay que
reconocer que la calle, para esto, es sabia.

En la interpelación que tuvo el senador Varela me llamó muchísimo
la atención que la ministra pidiera respeto por los 300 000
representantes legales de los trabajadores que pactan los salarios. Y yo
creo que respeto a la representación de los trabajadores, todo. Nosotros
presentamos en el Congreso una proposición de ley para mejorar la
negociación colectiva, que ha sido vetada en su trámite, y hoy vamos a
apoyar también esta moción porque queremos fortalecer a estos
representantes de los trabajadores en la negociación colectiva y devolver
a la clase trabajadora el poder negociador que ha perdido durante la
crisis, porque no va a haber recuperación de salarios por decreto ni
escribiéndolo en el BOE, sino en las mesas de negociación.

Con la política laboral del Partido Popular, el empleo que se
crea, gracias a la mejora de la coyuntura económica europea y mundial, es
de peor calidad que el que se creaba antes de la crisis. El empleo actual
cuenta con unos salarios de entrada inferiores en un 25 %. Y quien perdió
su trabajo durante la crisis y vuelve a trabajar hoy, lo puede ver en sus
nóminas. Cobra menos que antes. Y si trabaja, señores del Partido
Popular, es gracias, sobre todo, a la evolución de la economía en Europa
y al cambio de rumbo del Banco Central Europeo mucho más que a sus
políticas económicas. Sus políticas han dañado los salarios, han dañado
la demanda interna y han aumentado la desigualdad. Hoy, la distancia
entre el 20 % que cobra más y el 20 % que ingresa menos es más amplia que
antes de la crisis. Hoy conocemos un fenómeno nuevo en
España: trabajadores con nómina y pobres a la vez. Demasiada
temporalidad, demasiada parcialidad no deseada, demasiada precariedad que
castiga, especialmente, a mujeres y jóvenes.

En el Congreso de los Diputados hemos llevado propuestas para
aumentar el salario mínimo hasta los 1000 euros al mes, en la línea
marcada por la Carta Social Europea. Hemos llevado una proposición de
ley, como he comentado, que el Gobierno ha vetado, para poder recuperar
la negociación colectiva. Se está tramitando una proposición de ley de
rentas que llegó en forma de ILP de los sindicatos. Hoy se quiere hacer
creer que no hay alternativas al modelo económico neoliberal, en el que
pagan siempre los mismos, pero nosotros creemos que sí hay
alternativas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Varela.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, permítanme que comience mi intervención por lo que me
parece básico, lo importante, no lo accesorio. He oído hablar en algunas
intervenciones de alguna cuestión accesoria, y yo creo que lo que tenemos
que hacer aquí, en esta Cámara, si queremos contribuir, si queremos
empujar, si queremos colaborar en mejorar la situación, es ir a lo
básico.

Comenzaba mi intervención diciendo que la desigualdad y los bajos
salarios amenazan la recuperación. No hay tiempo para quedarse quietos.
Esto lo decía el Fondo Monetario Internacional, nos lo dice la Unión
Europea, el Banco Central Europeo, la Organización Internacional del
Trabajo, las organizaciones sindicales. No hay tiempo para quedarse
quietos. Si no somos capaces de enganchar en la recuperación económica la
recuperación de las personas y los salarios, esa recuperación no será
efectiva, será una recuperación fraudulenta. Por lo tanto, tenemos la
necesidad de hacer un esfuerzo en el consenso y en el acuerdo para
conseguir que esta Cámara, esta denostada Cámara, alcance un consenso
amplio sobre la necesidad de la recuperación salarial en nuestro país.
Esta Cámara y no otra, señorías. No podemos quedarnos quietos.

Los representantes de los grupos hacían algunas consideraciones
que me gustaría aclarar. Se preguntaba el representante de Esquerra,
cuando nosotros decimos que esta moción no tiene coste económico, si eso
es así porque, indudablemente, estamos hablando también de salarios de
funcionarios. Señorías, nosotros decimos que esta moción no tiene coste
económico porque consideramos que todo el mundo nos está diciendo, las
organizaciones internacionales también, que si conseguimos incardinar las
mejoras salariales en el crecimiento económico, eso potenciará que ese
crecimiento sea sólido y estable.






Y el crecimiento sólido y estable
genera más contribuciones por parte de los ciudadanos y los trabajadores
a la hacienda pública y genera más contribución de los trabajadores a los
fondos de la Seguridad Social. Por lo tanto, no tendría coste si, tal
como nos dicen, el crecimiento económico se consolida con el crecimiento
salarial. Al revés, sería una aportación mayor a las arcas de la
Administración, cosa que hasta ahora el Gobierno no había entendido.
Preguntaban si había habido una modificación respecto a la interpelación
a la ministra de la semana pasada sobre la situación en la que nos
encontramos hoy. Pues sí, hay una modificación. El grupo mayoritario,
entiendo que con el consentimiento del Gobierno, reconoce que hay que
afrontar la recuperación de los salarios en nuestro país, y eso es muy
importante.

Ámbito nacional de negociación. Hacía una consideración la
representante del Partido Nacionalista Vasco acerca de las competencias y
de los ámbitos de actuación. Señoría, yo creo que esta moción es
absolutamente respetuosa con los ámbitos de actuación de cada uno. Yo
creo que usted podría decirnos algo si nosotros estuviéramos determinando
cómo deberían ser la negociación y la actuación en los ámbitos
autonómicos, pero no lo estamos diciendo. Esta es una Cámara nacional,
esta es una Cámara del Estado, y hablamos de acuerdos nacionales, porque
esto no solo incumbe al Estado y a sus administraciones, sino a entes
como organizaciones sindicales y empresarios. Yo entiendo que usted
podría tener una queja si nosotros intentáramos condicionar la
negociación colectiva o la negociación de la recuperación salarial en los
ámbitos autonómicos, pero no es así. Es exactamente al contrario.

Señorías, yo creo que lo importante es, como diría mi admirado
Manquiña, el concepto, y el concepto es que estamos hablando por primera
vez con el grupo mayoritario, el que sustenta al Gobierno, de la
necesidad de recuperar salarios en nuestro país, y esta no es una
cuestión menor. Como decía el señor Guardingo, cuando hablamos de
recuperar salarios es porque todos entendemos que hemos perdido salarios.
Que eso se reconozca, que se reconozca que hay que resolverlo porque se
han perdido y porque, como decía el secretario general de Comisiones
Obreras, es de justicia social; que hay que resolverlo, como dicen muchas
organizaciones y organismos internacionales, porque es necesario para el
crecimiento y la estabilidad económica, porque es necesario para las
personas y es necesario para el conjunto del país, y que esta Cámara sea
capaz de llegar a un acuerdo muy mayoritario...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor VARELA SÁNCHEZ: Termino, señor presidente.

Que esta Cámara, como digo, sea capaz de llegar a un acuerdo muy
mayoritario para decirle al Gobierno que tiene que pilotar con las
organizaciones sindicales y empresariales un gran acuerdo nacional para
la recuperación salarial, del que yo espero que cuelguen también acuerdos
de otros ámbitos territoriales, es algo muy bueno, señorías.

Por eso nos felicitamos y por eso quiero dar las gracias y
felicitar a todos los grupos, porque hoy es un buen día y este es un
acuerdo muy importante para todos.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Varela.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Soto.

La señora SOTO RICO: Gracias, señor presidente.

Señorías, yo he escuchado con atención a todos los grupos
parlamentarios y agradezco la intervención de muchos de ellos, pero
también es cierto que no coincido con el diagnóstico de muchos respecto a
la recuperación del empleo en nuestro país. Muchos de ustedes lo ven
negro; yo lo veo blanco. Quizá las cosas no sean ni blancas ni negras,
quizá sean grises. En todo caso, he de recordarles que el Gobierno de
España está trabajando de una forma intensa para recuperar el empleo
destruido durante la crisis, que es su prioridad esencial, y a partir de
ahí mejorar las condiciones del empleo en nuestro país.

Ustedes saben, y me veo obligada a recordarlo, que desde febrero
de 2013 se ha recuperado cerca del 70 % de los más de 3 300 000 empleos
que se destruyeron durante la crisis. Usted debe recordarlo, señor
Varela, porque entiendo que lo sufrió como consejero de Trabajo. Y
también saben ustedes que para la recuperación del empleo ha sido
necesaria la puesta en marcha de una serie de medidas que no cabe
recordar esta mañana por cuestiones de tiempo, pero sí quiero recordar
que todas las que se han puesto en marcha han sido siempre pensando,
además, en las personas más vulnerables: los jóvenes, los parados de
larga duración, las personas con discapacidad, las mujeres. Y saben,
además, que una gran parte de las medidas puestas en marcha han sido
fruto del diálogo social y del diálogo con los distintos partidos
políticos. Cabe como ejemplo, señor Varela, el acuerdo entre su grupo y
el nuestro sobre el salario mínimo interprofesional, que se incrementó
el 8 %, la subida más alta en los últimos 30 años.

Por tanto, señorías, el Gobierno de España ha fijado como
prioridad la recuperación del empleo, pero a partir de ahí también se ha
abierto el debate sobre su calidad. Ese debate lo abrió la ministra
Báñez, y aquí quiero pararme para, como ha hecho el señor Varela,
agradecer a todos los grupos la negociación y el acuerdo que ha habido,
pero especialmente al Gobierno de España, a la ministra Báñez —una
ministra sensible y con una vocación bastante social, y esta es la
muestra—, así como al secretario de Estado, que también ha estado
apoyando este acuerdo desde el primer minuto. Y esto quiero
recordarlo.

Señorías, en los últimos años las consecuencias de la recuperación
económica, y espero que ustedes no lo nieguen, como ya negaron otras
cuestiones, es que se han incrementado los salarios vía negociación
colectiva, se han creado 500 000 empleos de media al año y el incremento
de la productividad y de la competitividad de las empresas ha sido una
realidad.

A pesar de que no coincidamos en el diagnóstico, señor Varela y
señorías portavoces de los distintos grupos, como he dicho al principio
de mi intervención, sí que es verdad que vamos a admitir la mayor, porque
el objetivo de cualquier gobierno, como el del Gobierno de España, el del
Gobierno de Mariano Rajoy, debe ser la consecución del bienestar
socioeconómico de sus ciudadanos, de todos, de las personas que ya han
encontrado esa oportunidad, ese puesto de trabajo, de las personas que
estaban trabajando, y también de aquellos que todavía no han conseguido
ese puesto de trabajo.

Por ello hemos alcanzado este acuerdo, porque la prioridad de mi
grupo es el bienestar social. Un acuerdo, además, que yo creo que, podría
decir, tiene un plus de positivismo, porque aquí no se adoptan los
acuerdos, señor Varela, por obligación o por necesidad, como puede
ocurrir en el Congreso de los Diputados, sino que aquí se adoptan por
vocación, y así lo hemos luchado y conseguido entre todos.

A pesar de la transacción, tengo que manifestar que, como he
dicho, no coincido en el diagnóstico de algunos de ustedes, porque
entiendo que es erróneo; no coincido en las afirmaciones que han hecho
algunos de ustedes respecto al papel del Gobierno en la negociación
colectiva, porque entiendo que el Gobierno no debe interferir en este
sentido; y tampoco coincido con algunos de ustedes respecto a la
interpretación que hacen de la reforma laboral, porque a toda vista
funciona y está siendo un instrumento esencial para la creación de
empleo, a pesar de que pueda mejorarse, cosa que no voy a
cuestionar.

Como entendemos que el acuerdo es positivo, quiero decir que es
esencial que los salarios y el poder adquisitivo de los trabajadores debe
seguir incrementándose todos los años en el marco de la negociación
colectiva, respetando la autonomía y la voluntad de los agentes sociales
y siempre acompañados del objetivo prioritario del Gobierno de España,
que es el crecimiento económico y del empleo en nuestro país.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Soto.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la propuesta de modificación a la moción
consecuencia de interpelación presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista y que está firmada por todos los grupos, menos el Grupo
Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246;
votos emitidos, 235; a favor, 228; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

El señor presidente da lectura a los puntos 7. y 7.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete
enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto —por iniciativa de
los senadores Mulet y Navarrete—; una del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; una del Grupo Parlamentario
Socialista; y una del Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Abandonen el hemiciclo en
silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Aroca. (El señor vicepresidente, Sanz
Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor AROCA SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días.

Señorías, me corresponden, en nombre del Grupo Parlamentario
Popular, hacer uso de la palabra para defender la moción que nuestro
grupo ha presentado con el propósito de apoyar y defender nuestros
productos marca España, incluidos, como no podía ser de otro modo, los
productos catalanes, con el fin de evitar que se ejerza discriminación o
boicot hacia ellos.

De todos es sabido que el Gobierno, recientemente, ha rebajado
en 3 décimas su previsión económica por el impacto negativo de la actual
situación política de Cataluña, quedándose dicha previsión en el 2,3 %
para 2018. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio,
por favor.

El señor AROCA SÁEZ: El propio Banco de España estima que el coste
para nuestra economía en los próximos años sería de 2,5 puntos de nuestro
producto interior bruto en caso de persistir dicha inestabilidad. Esta
incertidumbre supondría una menor confianza de los consumidores y
empresarios. Señorías, Cataluña, no hace muchas semanas, lideraba el
crecimiento económico de las diferentes comunidades autónomas. El PIB
catalán avanzaba frente a la media nacional y el empleo y la afiliación a
la Seguridad Social también eran superiores a la media nacional.

Como consecuencia de la incertidumbre social y política en
Cataluña, se está deteriorando el entorno económico y se está
perjudicando la recuperación económica de este territorio español, lo que
les dejaría en una clara desventaja frente a otras comunidades autónomas.
Los principales organismos económicos están revisando a la baja las
previsiones de crecimiento en Cataluña. Dichas revisiones se ven
respaldadas por el descenso en la matriculación de automóviles, el
frenazo en el mercado inmobiliario, una disminución en las ventas en el
comercio minorista o la paralización de importantes proyectos de
inversión. También se están viendo gravemente perjudicadas las reservas
hoteleras o el deterioro de la imagen que se produce como consecuencia de
las huelgas y cortes de carreteras que, recientemente, han tenido lugar y
que a todos nos perjudican. Todo este escenario produce un impacto
negativo en el empleo. La fuga de empresas del territorio catalán afecta
gravemente a los trabajadores catalanes, ofreciendo una mala imagen de
incertidumbre e inestabilidad en esta comunidad autónoma.

Señorías, la prosperidad y el crecimiento están directamente
relacionados con la seguridad jurídica y el respeto a las leyes, que se
hubieran visto, sin duda, quebrantadas en el proceso secesionista que se
pretendía imponer. Las inversiones se frenan en Cataluña, entre otras
causas, como consecuencia del cambio de muchas empresas de su domicilio
social y fiscal. Han sido ya más de 2500 empresas, según los datos del
Colegio de Registradores Mercantiles de España, las que han decidido
cambiar su razón social, aparte de las que han cambiado el fiscal. Ello
hará que se merme la recaudación de los ingresos impositivos en esta
comunidad.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular confiamos en el pueblo
catalán, en sus capacidades y fortalezas para superar la actual situación
y en su pronto retorno a la senda del crecimiento económico y creación de
empleo. Uno de los problemas más graves es el boicot comercial que
empresas y productos catalanes están sufriendo en el resto de España por
parte de algunos o de muchos consumidores. El Grupo Parlamentario Popular
en el Senado está radicalmente en contra de ello. Estas son consecuencias
negativas para todos. Por ello, estamos en contra de estas prácticas y
decisiones erróneas del consumidor. Este boicot a los productos catalanes
carece de todo sentido en un mundo globalizado como en el que vivimos.
Desde el punto de vista social, tampoco es acertado. No podemos abandonar
a su suerte, con estas prácticas, al pueblo catalán. Tenemos que saber
diferenciar entre los ciudadanos catalanes y sus gobernantes. España
necesita a Cataluña como Cataluña necesita a España.

Cataluña es una gran región, que sumada al resto de comunidades
autónomas formamos un gran país: España. Nuestras diversidades y nuestras
igualdades nos hacen ser uno de los mejores países del mundo. Tenemos una
tremenda riqueza cultural, gastronómica o paisajística, entre otras
muchas virtudes, y contamos con un tremendo empuje turístico. Nuestra
unidad nos hace más fuertes. Pongamos en valor y en común nuestras
fortalezas. España es una gran potencia para producir, elaborar, fabricar
y comercializar nuestros productos, haciéndolos de calidad y excelentes,
y convirtiéndolos en embajadores, dentro y fuera de nuestras fronteras,
bajo el título marca España.

Señorías, hace tan solo unas semanas esta Cámara, de forma
mayoritaria, aprobó la aplicación del artículo 155 de nuestra
Constitución. Con ello estamos devolviendo a Cataluña la legalidad y
normalidad y al constitucionalismo. Es tarea de todos los españoles
contribuir a la normalización económica y social. Tenemos que ser capaces
de cerrar las heridas que el independentismo ha creado fuera y dentro de
Cataluña. Hay que cerrarlas con la unidad de las fuerzas políticas
constitucionalistas y del conjunto de los españoles.

Rechazamos cualquier práctica de boicot a los productos catalanes.
Boicotearlos sería alejarnos del proyecto común que es España. La inmensa
mayoría de los ciudadanos catalanes no se merece cargar con las
irresponsabilidades de unos pocos. Cataluña es una gran potencia
exportadora. Sus ventas, al margen de tener como destino otras
comunidades autónomas españolas, tienen una especial incidencia en otros
países comunitarios. Su economía tiene un alto grado de dependencia del
sector exterior; es uno de sus grandes pilares.

Señorías, para finalizar, les invito a mostrar su apoyo a esta
moción. Boicotear los productos catalanes es boicotearnos a nosotros
mismos. Los daños son múltiples, ya que afectan a muchos trabajadores y a
otros sectores de otras comunidades autónomas que envían sus productos a
Cataluña para que allí sean finalmente producidos y comercializados.
Debemos ser optimistas y desear que la vuelta al orden constitucional y
estatutario con las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre
permita una normalización de la vida política, económica y social del
pueblo catalán. Esto será así por el bien de todos. Veremos, de este
modo, cómo nuestra economía será capaz de mantener en 2018 un ritmo de
crecimiento fuerte y equilibrado. Cataluña y los catalanes serán capaces
de regresar al camino del que nunca deberían haber salido, y su economía
volverá a ser líder en crecimiento, de tal modo que contribuirá a la
buena marcha del conjunto del país, como así ha ocurrido a lo largo de
los últimos años.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Aroca.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Señorías, si hoy no se me interrumpe, intentaré explicar nuestras
enmiendas.

Vemos que esta moción no sirve absolutamente para nada. Ya sabemos
para qué sirven las mociones, son declaraciones de buenas intenciones.
Esta es un nuevo intento de cinismo e hipocresía, porque con mociones
como esta no arreglan ustedes el desastre, no enmiendan sus excesos y
tampoco vemos en el texto ninguna propuesta de enmendar lo que han
hecho,

El que empezó propagando el odio hacia todo lo catalán, por tanto,
hacia los productos catalanes fue el Partido Popular. ¿A qué ha jugado la
radiotelevisión pública española y sus medios afines? A justificar su
posicionamiento cerril y de confrontación, imagino que esa es la
televisión de gente normal que querían también para Cataluña. ¿Para qué
ha servido el decreto ley urgente para facilitar la salida de empresas de
Cataluña? Para deslocalizar, para meter miedo y para señalar a aquellas
empresas que optaron por quedarse.

Los nacionalistas radicales españoles llevan alentando el odio
hacia Cataluña desde mucho antes de que comenzara el proceso
independentista. Ya lo iniciaron ustedes, la gente del Partido Popular,
recogiendo firmas contra el Estatut. Desde entonces se ha producido un
boicot a los productos catalanes, que ustedes iniciaron de manera
irresponsable porque pensaban que así, alimentado al enemigo interno, la
fobia, podrían sacar rédito electoral en el resto de España.

¿Se acuerdan ustedes de su vergonzosa campaña contra la supuesta
hispanofobia en Cataluña? Eso, obviamente, ha ayudado mucho a sembrar el
odio hacia lo catalán. ¿Para qué ha servido el artículo 155? También lo
saben. Han utilizado de nuevo todas las armas posibles para
desestabilizar la economía catalana. Las fuerzas independentistas
seguramente tomaron decisiones temerarias, que en muchos casos no
compartimos, pero los nacionalistas radicales españoles utilizaron este
escenario, y en lugar de poner cordura, sentido de Estado, e intentar
reconducir la situación, optaron por la confrontación y por la
crispación; optaron muchos de sus dirigentes locales por posicionarse en
el «a por ellos» mientras se jaleaba a los guardias civiles; optaron por
el despliegue policial y por hacer el ridículo.

Se pasaron de frenada y han visto que el boicot a los productos
catalanes acaba afectando al resto de comunidades autónomas. Un ejemplo
gráfico ha sido el cava, ese cava que desde 2004-2005 está sufriendo la
campaña de boicot. El corcho del cava catalán se produce en Andalucía, en
Extremadura o en el País Valencià; las botellas se producen en Aragón o
en León; las cajas en el País Valencià, etcétera. Por tanto, si hay
boicot al cava catalán, acabamos pagándolo todos. Cualquier empresa de
alimentos catalanes utiliza materias primas de cualquier parte del Estado
español y, repito, el boicot a los productos catalanes acaba pasando
factura a empresas de cualquier parte del territorio español.

El Gobierno catalán y los partidos que le dan apoyo, el Gobierno
al que ustedes han inhabilitado, seguramente erró, pero los desmanes del
Gobierno en la crisis territorial han trasladado a toda Europa, a todo el
mundo, una imagen nefasta de la marca España. Eso seguramente ha
perjudicado gravemente a nuestra credibilidad como Estado, y la marca
España se devalúa, convirtiéndonos en un país de pandereta. El esperpento
del Gobierno español durante el referéndum nos sitúa en los niveles de
una monarquía bananera. No he visto todavía una rectificación ni una
disculpa ni una reflexión en su campaña de represión y odio hacia todo lo
catalán.

Por todo ello, en nuestras enmiendas pedimos que igual que
critican la para ustedes actitud irresponsable del Gobierno catalán,
hagan lo mismo con la actitud irresponsable del Gobierno español. Pedimos
que se protejan las marcas de calidad y denominaciones como la IGP, las
marcas de calidad, las denominaciones de origen, y que se rechacen los
tratados que alegremente votaron ustedes, como el TTIP y el CETA, que
afectan gravemente a estos productos de la marca España. Y pedimos
también que rectifiquen el decreto ley para deslocalizar empresas de
Cataluña, que se deje de devaluar con sus políticas la marca España.

Esta moción vuelve a desprender un desprecio absoluto hacia lo
catalán en su redacción; no propone soluciones, simplemente busca
culpables, responsables, y solo apunta a una parte y no a todas.

Voy terminando, señorías. Entendemos perfectamente esta moción, es
simplemente un gesto, sin recorrido, porque estamos en campaña electoral,
para intentar dulcificar su imagen en Cataluña, pero la imagen ultra y
extremista de personajes como Albiol no se limpia tan fácilmente como él
quería limpiar Badalona, aunque luego supimos que eso de limpiar era cosa
de mujeres y no de hombres.

Reiteramos que la única vía para salir del atolladero es el
diálogo, y por eso hemos presentado estas enmiendas a su moción, aunque
sabemos que es una moción que no va a ningún sitio, y lamentamos el tono
burdo de su texto.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mulet.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Al principio, al leer esta moción, pensábamos que al Partido
Popular le había inundado un repentino espíritu navideño, que realmente
quería hacer algo bonito para Cataluña y quería dar un mensaje en el
Senado de que era malo, que era nocivo, boicotear los productos
catalanes. Es verdad, lo es; es muy nocivo boicotear los productos
catalanes. Pero ustedes han aprovechado esta moción, otra vez, para
ahondar un poco más en la herida y no hacer ningún tipo de autocrítica.
Lo que está pasando hoy en Cataluña, lo que está pasando hoy en España,
tiene mucho que ver con lo que no ha hecho el PP, el Partido Popular, con
lo que no ha hecho el Gobierno hasta ahora, que es dar una solución
política a lo que está pidiendo la mayoría de los catalanes; un 80 % de
los catalanes piden poder votar en un referéndum vinculante, piden una
solución pactada, piden una solución dialogada. El Gobierno del Partido
Popular ha estado constantemente haciendo oídos sordos a esta petición, y
hoy nos viene aquí con una moción diciendo que es malo boicotear los
productos catalanes —y lo es, claro que sí—, pero que todo es
culpa del independentismo catalán, que el independentismo catalán está
llevando a la ruina no solo a Cataluña sino también a España, sin hacer
ningún tipo de autocrítica, tampoco de sus políticas económicas.

No seremos nosotros los que vayamos a defender lo que se ha aprobó
en el Parlamento de Cataluña en el mes de septiembre, la ley de
referéndum y la ley de transitoriedad. Nosotros dejamos claro que no
dábamos apoyo a esas dos leyes, que nos parecían una fatalidad,
ciertamente. También dejamos muy claro que no dábamos apoyo a la
declaración unilateral de independencia. Ciertamente, eso no ayuda a
ningún tipo de estabilidad económica, pero no podemos, de ninguna manera,
dar apoyo a esta moción si el Partido Popular por su parte no hace
autocrítica.

En esta enmienda lo que decimos es justamente esto, que el Senado
tiene que reconocer que la crisis territorial del conflicto con Cataluña,
agravada por la declaración unilateral de independencia, pero también por
la falta de soluciones por parte del Gobierno del Estado, así como los
partidos que dan apoyo a la aplicación del 155, está afectando a la
economía catalana y, a su vez, a la española. Por ello, decíamos que el
Senado tendría que manifestar la necesidad de apoyar a todos los
productos del Estado español, independientemente de dónde vinieran,
evidentemente. Pero suponemos que esta enmienda no va a ser
aceptada.

Hemos perdido una oportunidad con esta moción. Realmente,
pensábamos que teníamos una oportunidad para solucionar el conflicto,
para mirarnos a los ojos, reconciliarnos y empezar a decir: basta ya,
dejemos de autoboicotearnos, y pongamos soluciones. Vamos a hacer algo
bonito para Cataluña. Pues no. Esta moción, de nuevo, lo que intenta es
meter el dedo en la llaga, ahondar en la herida, y volver a hacer daño a
los catalanes y las catalanas que durante todos estos años, desde 2010
concretamente, desde esa gran manifestación de 2010, han salido a la
calle, una y otra vez, para reclamar un derecho a decidir, una solución
pactada y una solución dialogada. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Vilà.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora Borao.

La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, presidente. Señorías, buenos
días.

La moción que hoy nos trae a esta Cámara el Partido Popular trata
de preservar los productos de marca España, incluidos los productos
catalanes, evitando de esta manera el boicot a dichos productos.
Evidentemente, hay signos y síntomas suficientes para pensar que el
proceso independentista y los acontecimientos acaecidos en los últimos
tiempos han producido importantes consecuencias sociales, económicas y,
evidentemente, políticas. Esto se ha manifestado fuera de Cataluña con
reacciones en forma de rechazo a los productos de origen catalán, lo que
ha ayudado a agravar la situación económica y, evidentemente, también ha
tenido consecuencias en el empleo.

Señorías, hasta aquí podemos compartir con ustedes esta reflexión,
pero la redacción de su exposición de motivos desprende posturas de
confrontación que no compartimos, porque con ese talante no
contribuiremos a restañar heridas ni al cambio de actitud de los
consumidores españoles. Estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión
planteada en el segundo punto de su moción, pero no en la forma. No vemos
necesario que con su mayoría en esta Cámara tengan que reafirmarse en su
ideología para sacar adelante esta moción. Ustedes no se conforman con
parar el boicot de los productos catalanes —algo indiscutiblemente
insolidario y contraproducente para Cataluña y para el resto de
España—, sino que pretenden sutilmente que el Senado, que ya votó a
favor de la aplicación del artículo 155, apoye una acusación que ya
estaba implícita en el texto y en los acuerdos del Pleno extraordinario.
Es, por tanto, cuando menos, redundante e innecesario.

En el Grupo Parlamentario Socialista pensamos que, desde el punto
de vista de los consumidores, a quienes se refiere esta moción, la
crudeza y la carga ideológica que contiene este texto —que invita a
abrir un debate bronco— no mejorará la actitud de los consumidores
y no conseguirá su objetivo, que es evitar y parar la campaña de boicot a
los productos catalanes.

Por lo tanto, señorías del Grupo Popular, adoptemos posturas
proactivas, contribuyamos con nuestro buen tono parlamentario a rebajar
la indignación y la reactividad de las personas ante estos desafíos
separatistas. Y consideramos que la mejor manera de frenar este problema,
de detener cualquier intento de boicot a los productos catalanes
—que igualmente conforman la globalidad de la marca España—
sería promover en las instituciones implicadas una campaña de información
y concienciación a la ciudadanía sobre los beneficios mutuos del comercio
e intercambio de productos y los perjuicios directos e indirectos,
sociales y económicos, de los comportamientos de boicot, apelando a su
responsabilidad como consumidores y a la solidaridad con el conjunto de
los españoles.

Por eso, proponemos un nuevo texto retirando este primer punto de
la moción, que espero que sus señorías acepten, en aras de conseguir una
mejor efectividad para frenar el boicot a los productos catalanes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Borao.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la
palabra, en primer lugar, la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, senyories.

Senyora Vilà, això és tot menys bonic, aquesta proposta és tot
menys bonica, ni per a Catalunya ni per a ningú.

Nosaltres presentem una esmena que vol ser una proposta de veritat
contra la seva post-veritat. El contingut d’aquesta proposta que
vostès han fet, sobretot en la part expositiva (també en la dispositiva),
és vexant, incerta, irresponsable i absolutament innecessària. Per això
els proposem un nou text; si els preocupen els productes catalans, és
clar, perquè entenem que vostès fan la proposta per això.

Nosaltres els instem a que vostès, aquí, deplorin la perversa
política econòmica que ha impulsat el Govern contra Catalunya,
intervenint els comptes de la Generalitat, gens bo per als productes
catalans; paralitzant l’activitat econòmica de moltes societats, de
moltes entitats també socials, de moltes entitats culturals i de molts
centres de recerca; també molt dolent per als productes catalans. A
través de bloquejar subvencions contemplades als pressupostos de la
Generalitat mitjançant ordres del seu Govern. A més a més, vostès han
impulsat una campanya de deslocalització de seus socials de les empreses,
amenaçant amb les set plagues perquè marxin moltes empreses. En realitat,
és una pura orquestració de màrqueting, perquè no és cert que marxin ni
l’activitat ni el treball de moltes d’aquestes empreses. El
que sí és cert (perquè ja hi estan acostumades i això ve de lluny, i ens
podríem remuntar al 2005 si vol) és que cada cop que volem fer política a
Catalunya i no estem d’acord amb les seves polítiques, tenim
càstigs; i ves per on, apareixen boicots. I aquestes empreses marxen,
perfectament convidades per vostès, perquè marxant fan una profilaxi
contra possibles boicots; ja hi estan acostumades. Per això els diem
això.

Instem també el Govern a fer una autocrítica sobre la lamentable
política econòmica, perquè si una cosa hi ha certa en aquesta iniciativa
és que les previsions econòmiques per a Espanya són dolentes. I no és
culpa dels catalans, i molt menys dels independentistes, perquè els
informes que hi ha al respecte (i ja abundarem en això) eren previs a que
vostès arribessin amb els seus Piolins a Catalunya i hi paressin
l’activitat econòmica, i donessin aquesta imatge de violència al
món. Això també és molt dolent per als productes catalans: la violència
al carrer que tot el món va poder veure. I això no és culpa dels
independentistes, que ens peguessin per les nostres idees. Tampoc no és
bo, amb el present 155, aturin tots els comptes de la Generalitat i ara
vinguin aquí a dir que érem la primera potència, que lideràvem el
creixement... Justament al tercer trimestre tots els informes diuen que
estem creixent i, de cop i volta, s’atura. Potser hi tindrà alguna
cosa a veure.

Al senyor Montoro li vam deixar de la següent manera: el PIB al
tercer trimestre estava creixent un 3,5 % interanual; a Espanya,
un 3,1 %. El volum del turisme estranger va augmentar un 7.8 % interanual
ens els nou primers mesos de l’any, i la despesa turística,
un 13,2 % fins a l’agost. A l’octubre i al novembre baixa el
turisme, sí senyor; no sé si coneix el nostre territori. L’acumulat
de les exportacions de béns en els vuit primers mesos de l’any
mostra un creixement interanual del 8,8 %. I així podríem anar
continuant. Per tant, no diguin mentides i assumeixin les seves
responsabilitats.

Vostès tenen un problema, un problema molt greu; i els productes
catalans també, i els de tots els territoris. I aquest problema seu no es
diu Catalunya, aquest problema seu és el deute que vostès tenen, que ja
veurem com hi faran front quan al gener els rebaixin la compra de deute
substancialment. Aquest és el problema que vostès tenen. No enganyin
ningú i no vinguin a dir aquí que els preocupen els productes catalans. I
si els preocupen de veritat, acceptin i facin autocrítica del que suposen
aquestes polítiques per a aquests productes.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, señorías.

Señora Vilà, esta propuesta es del todo menos bonita, ni para
Cataluña ni para nadie.

Nosotros presentamos una enmienda que quiere ser una propuesta de
verdad contra su posverdad. El contenido de esta propuesta que han hecho
ustedes, sobre todo en la parte expositiva, aunque también en la
dispositiva, es vejatoria, falsa, irresponsable y totalmente innecesaria.
Por eso, si les preocupan los productos catalanes —pues entendemos
que ustedes hacen la propuesta por eso—, les proponemos un nuevo
texto.

Nosotros instamos a que ustedes aquí deploren la perversa política
económica que ha impulsado el Gobierno contra Cataluña interviniendo las
cuentas de la Generalitat —algo nada bueno para los productos
catalanes—, paralizando la actividad económica de muchas
sociedades, de muchas entidades, también sociales, de muchas entidades
culturales y de muchos centros de investigación —algo muy malo para
los productos catalanes—, a través del bloqueo de subvenciones
contempladas en los presupuestos de la Generalitat mediante órdenes de su
Gobierno. Y, además, ustedes han impulsado una campaña de deslocalización
de sedes sociales de las empresas, amenazando con las siete plagas para
que se vayan muchas empresas. En realidad es una pura orquestación de
marketing, porque no es cierto que se vaya ni la actividad ni el trabajo
de muchas de esas empresas. Lo que sí es cierto —porque ya están
acostumbrados y esto viene de lejos, nos podemos remontar a 2005 si
quiere— es que cada vez que queremos hacer política en Cataluña y
no estamos de acuerdo con sus políticas, tenemos castigos y, mire usted
por dónde, aparecen boicots y estas empresas se van, perfectamente
invitadas por ustedes, porque al irse hacen una profilaxis contra
posibles boicots. Ya están acostumbradas. Por eso les digo esto.

Instamos también al Gobierno a hacer una autocrítica sobre la
lamentable política económica, porque si algo hay de cierto en esta
iniciativa es que las previsiones económicas para España son malas, y no
es culpa de los catalanes, y mucho menos de los independentistas, porque
los informes que hay a ese respecto —y abundaremos en ello—
eran previos a que ustedes llegaran con sus piolines a Cataluña, parasen
la actividad económica y diesen esta imagen de violencia al mundo. Eso
también es muy malo para los productos catalanes —la violencia en
las calles que todo el mundo pudo ver— y eso no es culpa de los
independentistas, que nos pegaron por nuestras ideas. Tampoco es bueno
que ustedes, con el presente 155, paralicen todas las cuentas de la
Generalitat y ahora vengan aquí a decir que éramos la primera potencia,
que liderábamos el crecimiento. Justamente en el tercer trimestre todos
los informes dan que estamos creciendo y, de repente, se para, quizás
tenga algo que ver.

Al señor Montoro se lo dejamos del siguiente modo: el PIB del
tercer trimestre crecía un 3,5 % interanual y en España un 3,1 %; el
volumen de turismo extranjero aumentó un 7,8 % interanual en los nueve
primeros meses del año y el gasto turístico un 13,2 % hasta agosto. En
octubre y noviembre baja el turismo, sí señor, no sé si conoce nuestro
territorio. El acumulado de exportaciones de bienes en los ocho primeros
meses del año muestra un crecimiento interanual del 8,8 %, y así
podríamos seguir. Así que no digamos mentiras y asuman sus
responsabilidades.

Ustedes tienen un problema muy grave, los productos catalanes
también y los de todos los territorios. Y ese problema suyo no se llama
Cataluña, ese problema suyo es la deuda que tienen ustedes, y veamos cómo
le van a hacer frente cuando en enero les rebajen la compra de deuda
sustancialmente. Ese es el problema que tienen ustedes. No engañen a
nadie y no vengan a decir aquí que les preocupan los productos catalanes,
y si les preocupan de verdad, acepten y hagan autocrítica de lo que
suponen estas políticas para esos productos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rivero.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, señor presidente.

Señorías, creo que todos los senadores que formamos parte de este
gran Senado de España estamos de acuerdo en que es bueno para la economía
española y también para la economía catalana apoyar a todos los productos
de la marca España, y también estamos todos de acuerdo en que sería bueno
que el Gobierno de España promoviera una campaña para potenciar
precisamente este consumo y evitar cualquier tipo de boicot.

En relación con esta propuesta de enmienda transaccional, tengo
que decir que habíamos llegado a un acuerdo con el Partido Socialista,
que proponía que se hiciera esta campaña. Lamentablemente, por falta de
cortesía parlamentaria, no ha habido dos grupos parlamentarios que hayan
querido firmarla con nosotros para que, aparte de apoyar los productos de
la marca España y, por lo tanto, de la marca catalana, también se apoyara
y se exigiera al Gobierno poner en marcha esa campaña, que nos parecía
bien a todos, del Grupo Parlamentario Socialista. No había pasado nunca,
pero esta vez sí ha pasado.

Nosotros queremos agradecer al Grupo Parlamentario Socialista esta
enmienda, nos parece muy buena, y queremos tranquilizar a la senadora
Borao porque el Gobierno de España ha tomado nota y estoy convencida de
que lo va a hacer. En segundo lugar, tenemos que agradecer la capacidad
de diálogo que tiene la senadora Borao y el Grupo Parlamentario
Socialista y lamentar que otros grupos no hayan querido hacer lo mismo,
con esa falta cortesía que les decía.

Senador Mulet, no podemos apoyar sus enmiendas, y se lo digo
realmente con afecto y con pena. La agresividad que usted utiliza en el
texto que ha escrito y en lo que ha dicho aquí en esta Cámara va en
contradicción con todo lo que dice después, que culpa al Gobierno de
España y a los partidos que no estamos de acuerdo con los
independentistas de todos los males que ocurren en la economía española y
también en la economía catalana. No se las podemos aprobar. No ha habido
ninguna campaña de odio contra nadie, quizás al revés, y luego en mi
segunda intervención se lo voy a explicar. Creo sinceramente que el
Gobierno de España y todos los partidos que con el 80 % de los votos
apoyamos en esta Cámara la aplicación del 155 hemos llevado a la sociedad
catalana y a la sociedad española una tranquilidad que está generando
confianza, y es todo lo contrario de lo que usted plantea en sus cuatro
enmiendas, que son realmente brutales en su contenido y en las
formas.

Tampoco podemos aprobar la enmienda de tres puntos que plantea el
Partit Demòcrata y que ha defendido la senadora Rivero. Mire usted, el
Gobierno de España y todos los españoles estamos siendo muy solidarios
con los catalanes, con todos los catalanes, independientemente de sus
genes y de su ideología. Y le voy a dar solamente dos argumentos: el
primero, el Gobierno de España ha inyectado 82 700 millones de
euros, 15 000 en inversiones y 67 300 en apoyo al Gobierno de Cataluña
para apoyar la economía catalana.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminado,
señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Voy terminando.

Por lo tanto, no estamos de acuerdo con su enmienda y no la vamos
a aprobar.

Y tampoco vamos a aprobar la enmienda de Podemos, porque estando
de acuerdo en el petitum definitivo, que es apoyar los productos de la
marca España, creemos que la equidistancia que ustedes practican no
beneficia ni a ustedes, ni a los catalanes, ni a los españoles.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Riolobos.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, los senadores de Ciudadanos estamos totalmente de
acuerdo con la moción del Grupo Parlamentario Popular. El boicot a los
productos catalanes no es bueno ni para Cataluña ni para el resto de las
comunidades de España. A esta situación nos han llevado los visionarios
del procés que han mentido y engañado a los catalanes. Entre otras cosas,
decían que no se produciría la huida de empresas de Cataluña. Cuando las
empresas comenzaron a abandonar Cataluña dijeron que este hecho no
tendría impacto económico, que la economía catalana es infinitamente más
que algunas empresas emblemáticas y, finalmente, que las que se han ido,
dentro de poco volverán. Mentira.

No les voy a hablar del grave impacto económico que ha tenido la
fuga de empresas, pero sí les voy a decir que el boicot a los productos
catalanes no es positivo y no tiene sentido ni para los catalanes ni para
el resto de los españoles.

Señorías, hay empresas emblemáticas catalanas que sufren un doble
boicot, en el propio territorio de Cataluña y en el resto del Estado; en
Cataluña porque han manifestado su intención de abandonar o han
abandonado esa comunidad y en España porque son empresas catalanas.
Recientemente, el presidente de la Cámara de Comercio de España y de
Freixenet decía que Barcelona nunca había perdido un concurso
internacional, en referencia a la Agencia Europea del Medicamento; ahora
la marca Barcelona está muerta. Esto es lo que han conseguido los
Puigdemont, los Junqueras, las Colau, y lo peor es que siguen y siguen
con la misma cantinela.

Como europeo, español, andaluz y valenciano de adopción, deseo que
a partir del 21 de diciembre Cataluña vuelva a la senda de la legalidad y
vuelva a ser una de las regiones más ricas, más dinámicas y más prósperas
de Europa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Crisol.

¿Por el Grupo Mixto cuántos más van a intervenir? (Pausa).

Tienen ustedes tres minutos y medio.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gracias. Intentaré ser breve, porque no
tengo mucho tiempo.

Falta de cortesía es, si quiere que le aprueben una transaccional,
no informar a los que hemos presentado enmiendas; no tiene usted carta
blanca para hacer lo que quiera aquí, aunque tenga mayoría absoluta. Si
quiere una transaccional, si quiere nuestro voto positivo, lo que tiene
que hacer es venir y dialogar con nosotros. Cuando hay voluntad de
diálogo, como la semana pasada con la moción de los cítricos, se dialoga
y se llega a acuerdos. Así se demuestra la cortesía parlamentaria. La
cortesía parlamentaria no es pisotear a los pequeños, como hacen ustedes
reiteradamente. Si quería nuestra firma, tendría que haber venido aquí a
solicitarla e intentar conseguirla.

Aparte de la cortesía parlamentaria, también hay una cuestión
ideológica, si no estamos de acuerdo en un texto, obviamente no tenemos
por qué aceptarlo, como ustedes nunca aceptan nada de lo que nosotros
proponemos.

¿Agresividad y brutalidad en mis enmiendas? Le recomiendo que las
lea: «El Senado insta al Gobierno a derogar el Decreto-Ley aprobado
recientemente por la vía de urgencia para favorecer la salida de empresas
de Catalunya...» «El apoyo a los productos de “marca España”
debe hacerse colaborando con las comunidades autónomas y demás
administraciones para la promoción de las marcas de calidad,
denominaciones de origen, IGP...»

¿Es eso brutalidad? Brutalidad es su texto; brutalidad es lo que
desprende su idea. Me parece muy bien que no las acepte, pero no se
exceda en sus palabras, que luego somos nosotros los que nos excedemos
simplemente por exponer puntos de vista diferentes. Le recomendaría que,
antes de prepararse su argumentario, leyera lo que proponemos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Mulet.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Señorías, una parte de los
catalanes, que no todos, una minoría independentista, ha generado una
grave situación con la DUI y los hechos que todos conocemos.

El presidente de la Cámara de Comercio de España ha dicho que la
marca Cataluña está muerta, pero eso no es cierto. Si estuviera muerta,
no habría nada que hacer, y nosotros nos negamos a perder la esperanza.
Cataluña está herida gravemente, pero boicotear sus productos es ahondar
en una crisis de un territorio español que no es de los catalanes, es
nuestro, es de todos los españoles. No podemos dejarnos llevar por el
empacho o el enfado ante una situación que ha creado una minoría
independentista ante la pasividad y sufrimiento de la mayoría
silenciada.

Lamentamos profundamente que no haya podido salir adelante la
transaccional con el Grupo Socialista, porque este es un momento para
sumar y multiplicar, no de dividir ni restar.






En Foro reivindicamos la
solidaridad frente a la venganza y la desigualdad. Sentimos España y
Europa como algo consustancial a nuestra identidad. Nuestro objetivo es
el progreso político, económico y social de una España sin privilegios ni
discriminación por razones de historia, población o riqueza. Por ello
pensamos que cualquier intento de romper nuestro país ha de combatirse
con las leyes. No podemos aplaudir un boicot que solo nos genera daño a
todos. Todas las comunidades autónomas producen más bienes y servicios
para vendérselos al resto de los españoles que para enajenarlos entre la
población de esa autonomía. Por tanto, no solo perjudicamos a Cataluña,
sino a todo el país.

Es evidente que quienes han causado este grave daño a toda España
serán juzgados por los tribunales. A nosotros nos queda la tarea de coser
las heridas, potenciando, como bien dice la moción que hoy debatimos, la
marca España, que incluye a todos los productos españoles, incluidos los
catalanes, porque, a pesar de unos pocos, Cataluña ha sido, es y seguirá
siendo España.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Domínguez de Posada.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Julios.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Coalición Canaria claro que apoya el consumo de los productos
catalanes y que combatamos a quienes lo boicotean, pero no va a apoyar
esta iniciativa porque entendemos que está cargada de un profundo sentido
electoralista. En ella se nos pide que condenemos a determinados partidos
políticos en medio de una campaña electoral. No es papel del Senado
intervenir en campañas electorales. Esta corresponde hacerla en Cataluña
y no aquí, y el papel del Senado debería ser ayudar a buscar soluciones
al grave conflicto territorial que existe. Si queremos aportar normalidad
y tranquilidad a la vida política en Cataluña y en España este no es el
camino, señorías. Por eso no vamos a apoyar la moción. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Julios.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Cortesia parlamentària cap. Amb nosaltres cap de vostès no
s’ha posat en contacte per parlar de cap transaccional. Aquesta
moció és més pròpia de les aventures del baró de Münchhausen, conegudes
per ser distretes, i també incertes i, en aquest cas, una distracció. Una
distracció perquè, mentre contaminen un i un altre cop, i culpen i
tensionen Catalunya, han de deixar de parlar de les previsions
econòmiques que tenen per a Espanya.

Els he parlat de l’informe del Fons Monetari Internacional,
que així ho recull, i a més a més consta en el propi informe, que està
fet abans d’allò que vostès anomenen la situació política de
Catalunya, que no sé perquè l’anomenen situació política si mai no
han fet política per afrontar-la. Aquest informe el situen, però, després
de la violència de l’1 d’octubre i de la intervenció dels
comptes de la Generalitat per aquest 155, constitucional en el seu
article però inconstitucional en la seva aplicació. Espanya no va bé
gràcies a vostès, i Catalunya anava molt bé a pesar de vostès. Els
informes així ho demostren. Per tant, una distracció, perquè ja els he
dit que vostès no tenen un problema amb Catalunya; vostès tenen un
problema amb la crisi del deute. També és incerta.

Aquí venen preocupats pels productes catalans, però aquí vostès
també tenen un Münchhausen; no el baró, la patologia traslladada. Vostès
ens emmalalteixen i després ens porten el guariment. Vostès afirmen que
la majoria de ciutadans de Catalunya (i ho posen vostès en aquesta
iniciativa) són gent de bona fe; la qual cosa ens tranquil·litza, perquè
vol dir que, a banda del 8 % que els vota a vostès a Catalunya, hi ha
gent de bona fe, i per tant alguns independentistes no devem ser
culpables. Tampoc no ho són els talls a les carreteres. De talls a les
carreteres n’hi ha molts, però el veritable boicot a les carreteres
és que haguem d’esperar 20 anys per tenir 9 quilòmetres de corredor
mediterrani; això és un boicot als productes. Tampoc les vagues; les
vagues són un dret, no un problema, senyories.

Diuen que el boicot el fan alguns consumidors que, segons diuen
vostès a la iniciativa, saben el que pensen. Doncs si saben el que pensen
i els coneixen, vagin i els convencen que així no es fan les coses.
Atribueixen els boicots als independentistes o al procés; i jo els diré
que com expliquen aleshores això, del 2005:...

Gracias, presidente.

Cortesía parlamentaria, ninguna. Ninguno de ustedes se ha puesto
en contacto con nosotros para hablar de ninguna transaccional. Esta
moción es más propia de las aventuras del barón de Münchhausen, conocidas
por ser distraídas e inciertas, y en este caso distrayentes. Distrayentes
porque mientras contaminan una y otra vez y tensionan Cataluña y la
culpan, tienen que dejar de hablar de las previsiones económicas para
España.

Les he hablado del informe del Fondo Monetario Internacional, que
así lo recoge; consta en el propio informe —que está hecho antes de
lo que ustedes denominan «la situación política de Cataluña», que no sé
por qué la llaman situación política si nunca han hecho política para
afrontarla—. Este informe se sitúa después de la violencia del 1 de
octubre y de la intervención de las cuentas de la Generalitat por el 155,
constitucional en su artículo pero inconstitucional en su aplicación.
España no va bien gracias a ustedes y Cataluña iba muy bien a pesar de
ustedes. Los informes así lo demuestran. Por tanto, distrayente,
distractor, porque ustedes no tienen un problema con Cataluña, tienen un
problema con la crisis de la deuda, incierta.

Están preocupados por los productos catalanes, pero aquí también
tienen ustedes un Münchhausen; no el barón, sino la patología trasladada.
Ustedes nos enferman y luego nos traen la cura; ustedes afirman que la
mayoría de ciudadanos de Cataluña —y lo ponen ustedes en esta
iniciativa— son gente de buena fe, lo cual nos tranquiliza, porque
quiere decir que aparte del 8 % que les vota a ustedes en Cataluña, hay
gente de buena fe en Cataluña; por lo tanto, algunos independentistas no
debemos de ser culpables. Tampoco lo son los cortes en las carreteras
—hay muchos cortes en las carreteras—. El verdadero boicot en
las carreteras es que tengamos que esperar veinte años para tener 9
kilómetros de corredor mediterráneo. Eso es un boicot a los productos.
Tampoco las huelgas. Las huelgas son derechos, no son problemas,
señorías.

Dicen que el boicot lo hacen algunos consumidores, que ustedes
—según dicen en la iniciativa— saben lo que piensan. Si saben
lo que piensan y los conocen, vayan y convénzales de que así no se hacen
las cosas. Atribuyen el boicot a los independentistas o al proceso. Yo
les pregunto entonces: ¿cómo explican esto del 2005?:...

... un correo electrónico enviado por la secretaria personal del
vocal del Partido Popular en el Consejo General del Poder Judicial
pidiendo boicot a los productos catalanes vuelve a lanzar a los medios la
campaña que se ha convocado desde hace unos días contra Cataluña y los
productos catalanes. Esto no viene de ayer, y le puedo hablar también de
El Confidencial y de El Mundo. Mariano Rajoy declaró que su
responsabilidad frente a este tema era no trasladar una disputa de los
políticos a la ciudadanía. También dijo que batallaría tanto contra el
Estatut de Cataluña como contra la gente que quiera realizar boicot. Pues
¡Menudo fracaso! Porque solo ha conseguido luchar contra el estatut de
autonomía, que aún no lo cumplen, porque los boicots no se paran. Esta
iniciativa es la prueba. Y llevar la disputa política a la ciudadanía es
lo que está haciendo el PP en Cataluña cada día rompiendo la convivencia.
Eso sí que es romper la convivencia. Por tanto, señorías, no nos vengan
con milongas. Hagan política, si saben hacer política. Explíquennos sus
bondades y sus propuestas si las tienen, y si no, limítense a dejar libre
al Govern de la Generalitat que tienen encarcelado; devuélvannos nuestras
instituciones, y ya verán como así el crecimiento vuelve a Cataluña. Y
cuando seamos independientes, entonces veremos quién crece más y de qué
manera.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Egun on, señor presidente.

Señorías, hoy tratamos la moción que presenta el Grupo
Parlamentario Popular, con cuyo contenido, les adelanto que nuestro grupo
no puede estar de acuerdo. La exposición de la moción está trufada de
aseveraciones que no podemos compartir. Nos piden que apoyemos una moción
y que reconozcamos la actitud irresponsable de los partidos
independentistas. Hablan del desprecio a la legalidad, del odio al resto
de España demostrado por el nacionalismo, para argumentar que la
inestabilidad e incertidumbre, así como los riesgos que podrían
—digo podrían— afectar a la economía catalana y también a la
española son todos y cada uno de ellos achacables única y exclusivamente
a la irresponsabilidad de los partidos independentistas. No lo podemos
compartir de ninguna manera. Señorías, lo que está sucediendo en Cataluña
en estos últimos años tiene mucho más que ver con la política que con la
economía, aun cuando las consecuencias económicas puedan verse
afectadas.

Por centrarnos en datos económicos —puesto que todos y todas
leemos los mismos informes—, y sin poner en duda lo que dicen y de
lo que alertan la Airef y el Banco de España, quizás se deban leer con
matices. El informe de la Airef dice que las tensiones políticas en
Cataluña podrían afectar eventualmente a la confianza de los agentes y a
sus decisiones de gasto y condiciones de financiación. Tensiones que
podrían —e insisto en el podrían— producir una revisión de
las decisiones de consumo, inversión y financiación de los agentes
económicos con efectos potencialmente —e insisto en lo de
potencialmente o, dicho de otra manera, eventualmente—
significativos sobre el crecimiento económico y la estabilidad
financiera. Pero este escenario central de la Airef dice que el shock
político e institucional tendrá una resolución a corto plazo. El Banco de
España dice que sus estimaciones deben tomarse con cautela e
interpretarse a título meramente ilustrativo y que las previsiones
dependen de los supuestos que hayan utilizado a la hora de construir
distintos escenarios. No solo lo dicen el Banco de España y la Airef. La
consultora británica Oxford Economics valora que la crisis catalana está
teniendo un impacto en la economía similar al que se produjo en la
primera mitad de 2016, cuando el país estuvo sin Gobierno por falta de
acuerdo. Advierte que la crisis catalana puede tener un impacto mucho más
grande si se prolonga. Sin embargo —matizan—, este no es su
escenario central. Con lo cual, son datos, desde septiembre, que no son
los que consideran sus escenarios centrales.

El ministro de Economía decía el 27 de julio —abro
comillas—: «Las perspectivas de Cataluña son brillantísimas, porque
además de ser una economía competitiva que ha aprovechado la reducción
del coste de la financiación, va a continuar creciendo entre el 2,5 y
el 3 % en los próximos años» —cierro comillas—. ¿Qué ha
pasado en estos últimos meses? Me gustaría que nos explicaran en qué han
contribuido a mejorar la certidumbre y la estabilidad las decisiones que
ha adoptado el Gobierno español. Una comunidad autónoma de la que,
recuerdo, el ministro De Guindos un mes y medio antes decía que tenía
unas perspectivas brillantísimas, gestionada por esos —como ustedes
les llaman— irresponsables independentistas, que parece que desde
septiembre hasta entonces gestionaban de forma brillante, pero que han
llevado al debacle a la economía catalana. Por eso, les preguntamos: ¿En
qué han ayudado a la certidumbre las medidas adoptadas por la Comisión
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos al intervenir las cuentas
de la Generalitat catalana, según ustedes para evitar el referéndum del 1
de octubre? La intervención de las cuentas parece una decisión de raíz
política que no creo que facilite la confianza de los inversores que
dicen defender.

¿En qué contribuye a la certidumbre económica la desproporcionada
actuación policial del 1 de octubre, con imágenes de cargas policiales
que recorrieron todo el mundo? Querían evitar la foto de personas votando
y la cambiaron por personas agredidas por votar. Deberían explicarnos
también cómo ayuda a la certidumbre y a la seguridad la tramitación del
Decreto Ley del 6 de octubre, que facilita el cambio de domicilio social
de las empresas. ¿No creen que han contribuido con este decreto a la fuga
de empresas? ¿No creen que el Gobierno ha lanzado un mensaje a las
empresas para que salgan de Cataluña? ¿Y en qué mejora la certidumbre de
la economía catalana la aplicación del 155 y la intervención de una
comunidad autónoma? Porque en una cosa coinciden todos los expertos
económicos: que hasta septiembre la economía catalana iba muy bien. Nadie
hablaba de inestabilidad.

Termino. Creo que esta moción no pretende hablar de la marca
España; pretende, frente a las inestabilidades que se perciben y la
posible ralentización del crecimiento de la economía española, buscar un
culpable. Eso sí es marca España, buscar un culpable.

Me gustaría traer unas palabras del catedrático de Derecho
Internacional, Juanjo Álvarez, que cito textualmente: «Es cierto que la
legalidad y la seguridad jurídica deben presidir el ejercicio de la
convivencia en democracia, pero la apelación recurrente a la misma para
impedir el desarrollo de otros valores y principios democráticos merece,
cuando menos, una reflexión. Por lo tanto, ante situaciones nuevas,
entendemos que se debe adaptar y adecuar la legalidad y el derecho a la
realidad social atendiendo también a lo que la ciudadanía nos
reclama».

Por tanto, como he dicho al principio de mi intervención, no vamos
a apoyar esta moción, no vamos a apoyar la transaccional, no por
cortesía, sino porque no mejora la moción. No creemos que aporte nada a
la mejora de la convivencia y de la economía.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

La señora ETXANO VARELA: Termino enseguida, señor presidente.

Ni siquiera creo que busque realmente ni que pretenda frenar una
supuesta campaña de boicot a los productos catalanes. Les recomiendo que
escuchen lo que realmente les pide la ciudadanía, en especial la catalana
y la vasca.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Ayats.

El señor AYATS I BARTRINA: President, senadors, no compartim com
ho enfoquen, no compartim la part expositiva, no compartim el relat. El
que potser haguéssim compartit, el que ens hagués agradat, senzillament,
era: no boicots. Així de senzill. Sense que calgui donar suport ni a la
marca Espanya ni a la marca Catalunya ni a cap marca. Simplement no fer
boicots perquè n té sentit. I perquè mesos que insistim que les economies
i les reputacions són creuades. Critica l’economia catalana, com
tantes i tantes vegades han fet, perjudica la catalana i perjudica
l’espanyola i l’europea. I les mesures que han pres fins al
dia d’avui, encara més. Prendre mesures com la intervenció de
comptes o el tancament d’oficines a l’exterior ‒de fet,
oficines comercials‒ té danys greus; molt greus. I no estava
justificat. Ahir sabíem que el mateix Montoro va intervenir les finances
amb el pretext de l’estabilitat econòmica. Aquell mateix setembre
Catalunya va registrar un superàvit de 140 milions d’euros.
Absolutament injustificat. I amb les oficines de l’exterior
incloses. Precisament, també cal recordar els rècords històrics en
exportacions i l’atracció d’inversió estrangera. Podríem fer
servir dades de molts altres anys: 2015, 2016, 1017...

Ens parlen del creixement de Catalunya i del lideratge
d’aquest creixement. Per fi. Fan referència al PIB entre el
setembre del 2016 i el setembre del 2017. Si haguessin volgut, també
podien afirmar que el 2014, el 2015 i el 2017 el creixement del PIB a
Catalunya va ser més alt que al conjunt d’Espanya; malgrat que les
previsions que es feien el 2016 del creixement a Catalunya (les
previsions que vostès feien del creixement a Catalunya) eren
catastròfiques, com estan fent a dia d’avui. I tot i que és evident
que ens ho estan posant més difícil que mai, i que no és menor que
empresonin el nostre Govern, corresponsable d’aquests bons
resultats en aquests exercicis.

Ens parlen d’ocupació a l’octubre, però no destaquen
que el 87 % dels llocs de treball creats els últims 12 mesos són
indefinits; el ritme més intens del registre d’ocupació indefinida
des del final de l’any 2008. I saben que és un factor clau per
millorar la competitivitat i el benestar.

Ens parlen dels canvis de domicili fiscal de les empreses. No
estem parlant de deslocalitzacions ni de sortides reals d’empreses.
Ni l’activitat ni els treballadors es mouen i, per tant, ni el PIB
de Catalunya ni els ingressos de la Generalitat es veuen afectats. És un
canvi notarial. I evidentment que ens preocupa, i que no és desitjable,
però sabem en quin context es produeix: pressions, coaccions,
repressió... Diàleg zero. Hi ha una causa-efecte en les respostes que
vostès han donat, i les mesures que han pres, com els deia. Fan un decret
per facilitar que canviïn de domicili fiscal les empreses, que fan que
aquestes empreses vegin decrets. I algunes reben pressions. I què fan les
empreses si els fan un decret i reben pressions? Marxen. En són
corresponsables, vostès, d’això. I si fan un decret a la inversa
(que de moment no en tenen la voluntat) veurem el que passa.

Baixa el turisme. Cert; i no ens agrada; i ens preocupa. Per les
urnes de l’1 d’octubre? No! Per les brutals imatges que van
veure fora! Pels cops de porra! No facin com el ministres Dastis quan
se’n va anar a la BBC, li van ensenyar les imatges i va dir que
aquelles imatges eres fakes, que eren falses, que eren manipulades, i
l’entrevistador li va respondre que aquelles imatges les havien
gravat ells mateixos. Quina vergonya! Aquestes imatges són les que
realment espanten la inversió a Catalunya. (Aplaudiments.)

Deixi’m fer-los una pregunta, en confiança. Vostès on
portarien de viatge els seus fills? A un lloc que posen urnes, dels
colors que vulguin, o els farien por llocs on veiessin imatges com les
que estàvem dient. És evident.

Vull fer dues reflexions. No parlin d’odi. No sentim odi. No
volem destruir Espanya. No ens mou res d’això. Només tenim set de
justícia i de llibertat. I al mateix temps, facin una altra reflexió.
Quan acomiaden els cossos de seguretat destinats a Catalunya amb aquell
«a por ellos» es pot interpretar de moltes maneres, però com un acte
d’amor cap als catalans segur que no; de cap manera.

I no parlin de minoria dels catalans. Van aprovar en aquesta
Cambra el 155, ens deien, sí. I amb 21 dels 24 senadors catalans, tan
legítims com els altres, en contra. I dels senadors escollits directament
a les urnes a Catalunya, cap. Els minoritaris són vostès a Catalunya, amb
un 8 % dels votants; aquests són els minoritaris.

Totes les dades macroeconòmiques mostren com a l’economia i
als agents econòmics no els espanta l’agenda política compromesa
amb el dret a decidir i amb la voluntat democràtica que se’n
derivés, d’avançar cap a una república. Durant aquesta legislatura,
el Govern ha experimentat un creixement excepcional...

Presidente, senadores, no compartimos cómo enfocan la parte
expositiva, no compartimos el relato; lo que quizás hubiéramos
compartido, lo que nos habría gustado es sencillamente: no boicots. Así
de sencillo. Que no haya que apoyar ni la marca España ni la marca
Cataluña ni ninguna marca, simplemente no hacer boicots, porque no tiene
sentido y porque hace meses que insistimos en que las economías y otras
reputaciones son cruzadas. Criticar la economía catalana, como tantas y
tantas veces se ha hecho, perjudica a la catalana y también a la española
y a la europea, y las medidas que han tomado hasta hoy, aún más. Tomar
medidas como la intervención de cuentas, el cierre de oficinas en el
exterior, de hecho oficinas comerciales, provoca daños graves, muy graves
y no está justificado. Ayer mismo sabíamos que Montoro intervino las
finanzas con el pretexto de la inestabilidad económica. En ese mismo
septiembre, Cataluña registró un superávit de 140 millones de euros
—absolutamente justificado—, con las oficinas exteriores
incluidas.






Precisamente, también hay que recordar los récords históricos
en exportaciones y la atracción de inversión extranjera. Podríamos
utilizar datos de otros muchos años, como 2015, 2016 o 2017.

Nos hablan del crecimiento de Cataluña y del liderazgo de ese
crecimiento. ¡Por fin! Por fin hacen referencia al PIB entre septiembre
de 2016 y septiembre de 2017. Si hubieran querido, habrían podido afirmar
también que en 2014, 2015 y 2016 el crecimiento del PIB en Cataluña ha
sido más alto que en el conjunto de España, a pesar de que las
previsiones que ustedes hacían en 2016 del crecimiento en Cataluña eran
catastróficas, como están haciendo ahora, aunque es evidente que nos lo
están poniendo más difícil que nunca y no es menor que encarcelen a
nuestro Gobierno, corresponsable de los buenos resultados en estos
ejercicios.

Nos hablan de empleo en octubre, pero no destacan que el 87 % de
los puestos de trabajo creados en los últimos doce meses son indefinidos,
el ritmo más intenso de registro de empleo indefinido desde finales
de 2008, y saben que este es un factor clave para mejorar la
competitividad y el bienestar.

Nos hablan de los cambios de domicilio fiscal de las empresas. No
estamos hablando de deslocalizaciones ni de salidas reales de empresas;
ni la actividad ni los trabajadores se mueven y, por lo tanto, ni el PIB
de Cataluña ni los ingresos de la Generalitat se ven afectados; es un
cambio notarial. Obviamente, nos preocupa y no es deseable, pero sabemos
en qué contexto se produce: presiones, coacciones, represión, diálogo
cero. Hay una causa-efecto en las respuestas que ustedes han dado y en
las medidas que han tomado, como les decía. Hacen un decreto para
facilitar que cambien de domicilio fiscal las empresas. Hacen a esas
empresas ver decretos y algunas, además, reciben presiones. ¿Y qué hacen
las empresas si reciben presiones y un decreto? Pues que se van, y
ustedes son corresponsables de eso. Y si hacen un decreto a la inversa,
que, de momento, no tienen voluntad, ya veremos qué pasa.

Baja el turismo, es cierto, y no nos gusta y nos preocupa. ¿Por
las urnas del 1 de octubre? No. Por las brutales imágenes que vieron
fuera, por los porrazos. No hagan como el ministro Dastis que, cuando se
fue a la BBC, le enseñaron las imágenes y dijo que eran fakes, falsas,
manipuladas, y el entrevistador le respondió que las imágenes las habían
grabado ellos mismos. ¡Qué vergüenza! (Aplausos). Esas imágenes son las
que realmente asustan a la inversión en Cataluña.

Déjenme que les haga una pregunta: En confianza, ¿dónde llevarían
ustedes de viaje a sus hijos? ¿A un lugar donde ponen urnas, del color
que sea, o les daría miedo un lugar donde se ven imágenes como las que
estamos comentando? Es evidente.

Dos reflexiones. Una. No hablen de odio. No sentimos odio, no
queremos destruir España, no nos mueve nada de eso, solo tenemos sed de
justicia y de libertad. Y dos. Cuando despiden a los cuerpos de seguridad
destinados a Cataluña con aquel: «A por ellos», se puede interpretar de
muchas maneras, pero como un acto de amor hacia los catalanes seguro que
no, de ningún modo.

Y no hablen de minoría de los catalanes. Nos decían, sí, que
aprobaron en esta Cámara el 155 con 21 de los 24 senadores catalanes, tan
legítimos como el resto que estaban en contra; y de los senadores
escogidos directamente en las urnas en Cataluña, ninguno. Los
minoritarios son ustedes en Cataluña, con un 8 % de los votantes. Ustedes
son los minoritarios.

Y voy terminando. Todos los datos macroeconómicos muestran cómo a
la economía y a los agentes económicos no les asusta la agenda política
comprometida con el derecho a decidir y con la voluntad democrática que
se derive de avanzar hacia una república. Durante esta legislatura el
Gobierno ha experimentado un crecimiento excepcional...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

El señor AYATS I BARTRINA: Vaig acabant.

El que ha deixat sorprès, el que ha deixat en estat de xoc és la
violència i la repressió que ha aplicat l’Estat espanyol. Són
accions que ni els inversors estrangers, ni els agents econòmics ni els
turistes, ningú, no veu normals ni civilitzades. La inestabilitat
econòmica, segons les dades que van sortint, va començar clarament amb
l’evidència d’una manca absoluta de voluntat de dialogar per
part del Govern espanyol. El que segur que no ens ajudarà seran boicots
de cap tipus, ni tampoc presos polítics ni tampoc intervencions de les
finances.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Voy acabando.

Lo que ha dejado sorprendido, lo que ha dejado en estado de shock
es la violencia y la represión que ha aplicado el Estado español. Son
acciones que ni los inversores extranjeros, ni los agentes económicos, ni
los turistas, nadie ve normales ni civilizadas. La inestabilidad
económica, según los datos que van saliendo, empezó con la falta absoluta
de diálogo por parte del Gobierno español. Lo que seguro que no nos va a
ayudar son boicots de ningún tipo, ni los presos políticos ni tampoco
intervenciones en las finanzas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Ayats.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Gracias, presidente.

Nos decía la senadora del Grupo Popular que aquí ha faltado
cortesía parlamentaria porque no hemos querido firmar una transacción.
¿Qué tal sienta eso? Porque a mí me parecía algo normal. Muy a menudo en
esta Cámara las minorías, los grupos minoritarios hemos intentado
transaccionar enmiendas, y ustedes no han querido, ustedes no las han
firmado. ¿Y ustedes nos hablan de cortesía parlamentaria? Por su actitud,
realmente pensábamos que eso era la normalidad. Si ustedes quieren
cortesía parlamentaria, empiecen por respetar las minorías de esta Cámara
y serán correspondidos. Empiecen por ahí.

Nosotros nos vamos a abstener en esta moción porque, como hemos
dicho, evidentemente estamos a favor de que no se boicoteen los productos
catalanes, como no puede ser de otra manera. Pero no podemos estar a
favor ni de la exposición de motivos de esta moción ni de su espíritu,
que es echar más gasolina al fuego del conflicto catalán. No podemos
apoyar esta moción del todo, porque sin ninguna autocrítica es imposible.
En primer lugar, no hay autocrítica en la gestión económica del Gobierno
del Partido Popular. Ustedes nos dan una serie de datos, pero todo parece
ser culpa del independentismo, y ustedes no dicen nada sobre sus propias
políticas económicas. No dicen, por ejemplo, que el Gobierno ha
centrifugado toda la deuda a las comunidades autónomas y que ahora, en
agosto de este año, España ha batido un récord histórico en deuda, con un
billón ciento treinta y ocho millones, un 100,03 % del PIB. Y ustedes no
dicen nada de eso. ¿Esto también es culpa del independentismo catalán?
¿En eso no tiene ninguna responsabilidad el Gobierno del Partido
Popular?

Ustedes son los que han impulsado el famoso decreto ley para
facilitar la huida de las empresas de Cataluña, un decreto ley que hace
que se puedan tomar acuerdos de la mañana a la tarde prácticamente
pasando solo por los consejos de administración y sin pasar por las
juntas de accionistas. Eso es facilitar que las empresas se vayan de
Cataluña. Y ahora vienen con un cinismo monumental a decir en esta moción
que todo es culpa del independentismo catalán, cuando ustedes han estado
constantemente echando gasolina al conflicto y perjudicando la economía
de Cataluña. Y ahora se han dado cuenta de que perjudicar la economía
catalana también perjudica la economía española, se han dado cuenta de
que se estaban echando piedras sobre su propio tejado.

En tercer lugar, es cierto que una de las peores imágenes y la que
ha provocado más inestabilidad económica en Cataluña y en España es la
del 1 de octubre y las cargas policiales. Ese el detonante. A partir de
ahí empieza la huida de empresas, y también con su decreto ley y con sus
facilidades. Esa es la imagen que ha dado la vuelta al mundo y es la
imagen que avergüenza a la ciudadanía española y catalana, pero también
al resto del mundo. No lo decimos nosotros, lo ha dicho Amnistía
Internacional, lo ha dicho Human Rights Watch y lo ha dicho hasta la
propia Comisión Europea, que ha condenado esa violencia del 1 de octubre.
Ustedes no han condenado esa violencia, ustedes no están buscando
responsabilidades en quien propició esa violencia. Ustedes han aplaudido
esa violencia y en esta Cámara se han reído de esa violencia que
sufrieron más de 1000 personas en Cataluña, más de 1000 heridos en
Cataluña. (Aplausos). Ustedes se han reído de esos heridos aquí en esta
Cámara. (Denegaciones de varios señores senadores del Grupo Popular). Sí,
el señor Zoido. No digan que no, el señor Zoido se ha reído y han tratado
esa violencia de fake y de estar engañando a la población. Esas imágenes
son reales y existen y solo hacen el ridículo no reconociendo que esa
violencia existió, porque tarde o temprano también va a haber justicia
con respecto a esa violencia.

Miren, si nosotros somos equidistantes por decir que no a sus
políticas económicas y a su inmovilismo con respecto al conflicto catalán
y por decir que no a una declaración unilateral de independencia,
bienvenida sea la equidistancia. Nosotros no nos movemos por votos, no
nos movemos por táctica. (Protestas).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, silencio por
favor.

La señora VILÀ GALÁN: Bienvenida la equidistancia. Ha dicho la
propia senadora del Grupo Popular que a lo mejor les perjudica la
equidistancia.

Nosotros lo único que queremos es que haya diálogo. Hemos dicho
que no a sus políticas, no a la declaración unilateral de independencia y
sí al diálogo. Hay una propuesta sobre la mesa. Siéntense, dialoguen,
hagan de gobernantes, gobiernen. Eso es lo que estamos pidiendo para
Cataluña.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.

La señora VILÀ GALÁN: Bienvenida la equidistancia de los que piden
diálogo. Esto no es una moción para ayudar a la marca España ni a los
productos catalanes. Esta es una moción para su propia campaña electoral,
señores. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Vilà.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Borao.

La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, presidente.

El boicot que muchos consumidores están realizando sobre los
productos catalanes está afectando, obviamente, a la economía catalana y,
lógicamente, a los trabajadores y a la propia ciudadanía. Con política,
esta Cámara, por responsabilidad y por solidaridad, debe combatirlo e
intentar neutralizarlo. Es el momento de hacer pedagogía e informar de
las consecuencias nefastas que esta postura representaría no solo para
Cataluña, sino también para el resto de las comunidades autónomas como
proveedoras de muchas materias primas implicadas en la fabricación de
productos de marchamo catalán. Solo Aragón, a través de la pequeña y la
mediana empresa aragonesa, lleva a cabo un intercambio comercial anual
que supera los 15 000 millones de euros. Aragón es uno de los mayores
proveedores y es el mayor comprador de productos catalanes, por lo que
cualquier boicot a Cataluña afectará ineludiblemente a mi comunidad
autónoma y, a su vez, ese deterioro económico provocará, por efecto
dominó, un deterioro en la economía del resto de las comunidades
autónomas.

Ese efecto rechazo que sufren muchos ciudadanos y ciudadanas como
expresión de su indignación contra este proceso queda reflejado en una
encuesta realizada por el Instituto de Reputación para España y
Latinoamérica, de la que se desprende que más de un 23 % de los
españoles, sin incluir Cataluña, ha dejado ya de adquirir productos de
origen catalán y casi el 21 % se plantea hacerlo en un futuro, lo que
supondría un 44 % de pérdida de negocio. En caso de producirse la
independencia, el 49,1 % de los consumidores españoles, sin contar a los
catalanes, dejaría de comprar productos de esa comunidad autónoma, lo que
se traduciría en una pérdida de más de 20 000 millones de euros para las
empresas catalanas. También en los diferentes sectores se llama a los
ciudadanos a consumir solamente productos de comunidades autónomas que
respeten a España, con el falso eslogan de: «Estas navidades, consumo
solidario». ¡Mucho ojo! Alentar o permitir este tipo de comportamiento de
los consumidores españoles es, cuando menos, mezquino e indigno de una
sociedad evolucionada, moderna y solidaria. Con la fuerza y la
responsabilidad política de representar a nuestros territorios, debemos
parar estas dinámicas tan contraproducentes para los intereses generales
de todos y todas, seamos aragoneses, extremeños, murcianos o del resto de
comunidades que conforman España.

Señorías, dado que el propósito final de esta moción es
desbloquear el boicot, pese a las formas, y en aras de evitar males
mayores y por responsabilidad, votaremos a favor de esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Borao.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Riolobos.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Gracias, presidente.

Señorías, yo soy una enamorada de la marca España. Creo,
sinceramente, que los productos españoles son de gran calidad. Tenemos
excelentes materias primas, excelentes productos hortofrutícolas,
manufacturados, alimentos procesados, servicios bancarios, energéticos,
seguros, servicios jurídicos, servicios sanitarios, excelentes
infraestructuras, excelentes servicios tecnológicos, un excelente turismo
y, desde luego, los mejores servicios públicos en sanidad, educación,
servicios sociales y pensiones. La marca España y el país España son para
mí los mejores, y, sin duda, de los mejores de Europa y del mundo.

Dentro de estos productos de marca España, sin duda, los productos
catalanes son muy bien apreciados por los consumidores y se han consumido
y se consumen de forma masiva en nuestro país. Pero ha pasado algo en los
últimos meses: hemos tenido un referéndum ilegal, hemos tenido una
declaración unilateral de independencia que ha producido una gran
incertidumbre y una gran desconfianza en todos, y especialmente en la
economía catalana y la economía española. Sin ninguna duda, la aplicación
del artículo 155, con el 80 % de los votos de esta Cámara, y las
elecciones convocadas para el día 21 de diciembre han restablecido la
legalidad constitucional, han restablecido la confianza y la estabilidad,
y estamos convencidos de que ha frenado el deterioro de la economía de
Cataluña y también, por extensión, de la economía española. Pero, sin
ninguna duda, ha habido un daño importante causado por un discurso de
odio que, desde luego, no se ha hecho, senador Mulet, por el partido del
Gobierno y mucho menos por los partidos que apoyaron aquí el 155. Usted
me ha acusado de no leerme su enmienda, pero usted ha intentado engañar a
esta Cámara, porque usted, en los dos primeros puntos de las dos primeras
enmiendas, que no solamente he leído, también he estudiado y subrayado,
dice textualmente que nosotros hemos hecho una campaña de odio hacia los
productos catalanes. Eso es absolutamente falso, falso de toda falsedad,
señor Mulet, falso. (Aplausos).

Ha habido un discurso de odio, y lo ha visto todo el mundo cuando
en una manifestación contra el terrorismo pudimos comprobar cómo se
atacaba y se insultaba al jefe del Estado, al presidente del Gobierno, a
la mayoría de los ministros, a exparlamentarios españoles y a muchísimos
catalanes, ¿Saben ustedes por qué? Porque no tienen el gen
independentista catalán. Y eso es lamentable. Hemos podido comprobar el
discurso de odio contra nuestra Guardia Civil, contra nuestra Policía,
contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, contra jueces y
contra fiscales. Y hemos podido comprobar un discurso de superioridad,
como les decía antes, contra aquellos españoles y catalanes que, por
desgracia, no tenemos el gen independentista. Y eso sí que es
verdad.

Tengo que decir a la senadora Vilà y a la senadora Rivero que no
por mucho gritar tienen más razón. No tienen más razón. Nosotros
defendemos todos los productos de la marca España. Yo sí que he hecho un
ejercicio para intentar explicar esto. En una botella de cava catalán, el
cava es catalán; la botella a lo mejor se ha producido en Andalucía; la
etiqueta a lo mejor es catalana; el corcho a lo mejor es de Talavera de
la Reina, Castilla-La Mancha, o de Extremadura; el tapón es de
Extremadura; la máquina que envasa a lo mejor se ha fabricado en
Valencia; el palé donde se colocan las cajas se ha fabricado en Aragón;
las cajas, en Andalucía; las carretillas que lo transportan, en
Guadalajara, Castilla-La Mancha; el camión, probablemente en Castilla y
León o en Navarra; y las furgonetas, en Galicia. Los representantes son
de todas las comunidades autónomas españolas; los distribuidores, de
todas las comunidades autónomas españolas; y los vendedores, de todas las
comunidades autónomas españolas. Es decir, en un único producto que llega
a todos los españoles han participado probablemente todas las comunidades
autónomas españolas. Por lo tanto, el Partido Popular rechaza cualquier
actitud de boicot a cualquier producto de cualquier comunidad autónoma y,
especialmente, de Cataluña. Porque, en un mundo globalizado, hacer daño a
una parte, como es Cataluña, es hacer daño a todo el territorio español.
Puede haber un producto de una marca catalana que se haya producido en
otra comunidad autónoma y un producto de una marca de otra comunidad
autónoma que se produzca en Cataluña. Por lo tanto, boicotear no va con
el Partido Popular.

Nosotros hemos apoyado y hemos sido profundamente solidarios con
los catalanes, y me refiero a todos los españoles. Creo sinceramente que
tanto la aplicación del artículo 155, que ha traído la legalidad
constitucional y la estabilidad, como la convocatoria de elecciones van a
garantizar el autogobierno de Cataluña...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

La señora RIOLOBOS REGADERA: Voy terminando.

... y van a mejorar, sin ninguna duda, las expectativas de la
economía catalana y de la española. Yo apuesto por que consumamos
productos de la marca España porque así estaremos beneficiando a toda la
economía, tanto española como catalana.

Buenos días y muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Riolobos.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 251;
votos emitidos, 251; a favor, 204; en contra, 26; abstenciones, 21.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 7.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción originalmente se han presentado
trece enmiendas: siete del Grupo Parlamentario Mixto —seis por
iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una por iniciativa de
los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; dos del Grupo Parlamentario
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y cuatro del Grupo Parlamentario
Socialista. Posteriormente, se ha presentado una propuesta de
modificación firmada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista,
Vasco y Mixto.

Teniendo en cuenta que en el Grupo Parlamentario Mixto se han
presentado enmiendas de senadores diferentes, mi pregunta a este grupo
parlamentario, sobre todo a los senadores de Ciudadanos y a los senadores
de Compromís, es: ¿Se pueden mantener vivas sus enmiendas? Si han firmado
simplemente para que se pueda presentar la modificación, como saben,
todas las enmiendas de los grupos que firman una propuesta de
modificación decaen; en el caso del Grupo Mixto, mi obligación es
preguntar al senador Alegre y al senador Navarrete si mantienen vivas las
enmiendas o las consideran decaídas.

El señor ALEGRE BUXEDA: Señor presidente, nuestra enmienda
decae.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Alegre.

Tiene la palabra, senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Señor presidente, en nuestro caso
mantenemos nuestras enmiendas, porque era el acuerdo al que habíamos
llegado con el compañero del Grupo Popular.

El señor PRESIDENTE: Perfecto. Muchas gracias.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Arias.

El señor ARIAS NAVIA: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, como ustedes saben, España es uno de los países más
seguros del mundo. Esto es un mérito de todos y es el fruto del trabajo
de muchos años y de distintos gobiernos.

Para el Partido Popular libertad y seguridad es el binomio clave
para el funcionamiento de una sociedad democrática o, lo que es lo mismo,
para garantizar el bienestar de todos los españoles. En este sentido, uno
de los problemas más complejos al que nos enfrentamos como país son las
nuevas formas de delinquir a través de la red, cuestión que afecta tanto
al sector público como al privado o a los propios ciudadanos, los
conocidos como ciberataques. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa
la Presidencia).

Todos sabemos que la seguridad plena no existe en el ciberespacio,
pero también es cierto que se pueden minimizar los riesgos contra este
tipo de ataques y, en el caso de que se produzcan, mitigar los daños y
recuperar la normalidad. Para nosotros esto debe ser objeto de una
política de Estado. Este es nuestro compromiso, como ya se viene
demostrando desde la XII Legislatura: la prevención, la anticipación y la
respuesta. Como responsables políticos debemos proteger a los ciudadanos
y a las empresas y, en este sentido, nos encontramos con muchas
posibilidades de mejora. Y cuando hablamos de ciberespacio nos referimos
a un espacio global, todo lo que sucede en él tiene un efecto
multiplicador y su capacidad para amplificar el daño es enorme. Por
tanto, es un campo muy atractivo para la comisión de delitos y además se
añade la dificultad de las investigaciones y la persecución de estos
ataques.

Con el incremento de dispositivos tecnológicos con acceso a la
red, todos nos hemos convertido en objetivo de los ciberdelincuentes.
Además, en los últimos tiempos hemos sido testigos de la utilización del
ciberespacio en lo que se ha denominado guerra híbrida que, valiéndose de
diversas técnicas, persigue la desestabilización y la polarización de la
sociedad de los Estados. Todos hemos conocido ejemplos de ello: noticias
sobre el intento de influir en procesos electorales, como en Estados
Unidos, Francia u Holanda; los últimos acontecimientos ocurridos en
Cataluña para desestabilizar nuestro régimen de libertades; los ataques
sufridos por algunas multinacionales; el caso de los virus wannacry o
petya, que afectaron a empresas de todo el mundo y cuyos objetivos eran
la obtención de un rescate y poner en jaque a los servicios esenciales,
pudiendo afectar a infraestructuras gubernamentales o a la estabilidad de
un país.

La Ley de seguridad nacional, aprobada en 2015 con gran consenso,
recoge el terreno de la ciberseguridad como un ámbito de especial interés
para la seguridad. Por ello, mi grupo considera que el Gobierno debe
jugar un papel primordial. Además, la creación de la Comisión Mixta de
Seguridad Nacional ha supuesto un hito de transparencia y participación
del Legislativo en este sentido, y la creación de la ponencia sobre
ciberseguridad será, sin duda, de gran utilidad para seguir avanzando en
este campo. Es necesario aumentar los umbrales de seguridad e impulsar el
crecimiento y protección en materia de ciberseguridad. España debe hacer
también de este ámbito una oportunidad —esto es muy
importante—, la oportunidad de hacer un mercado nacional de
ciberseguridad fuerte y competitivo, que contribuya al crecimiento
económico y a la creación de empleo. En este sentido, la Unión Europea
estima que en el sector de la ciberseguridad, de aquí a 2020
aproximadamente, quedarán vacantes unos 825 000 puestos de trabajo.

Necesitamos talentos en ciberseguridad y, además, es necesario
seguir apostando por la cultura en ciberseguridad mediante la
concienciación, la formación y la realización de campañas divulgativas.
Por ello, ya en junio de 2017, el Grupo Popular del Congreso presentó una
proposición no de ley que fue aprobada, dirigida a la sensibilización,
protección y formación de ciudadanos y empresas. Y también en esta XII
Legislatura, aquí, en el Senado, mi grupo ha presentado alguna iniciativa
al respecto y se han formulado preguntas al Gobierno; además, me consta
que la Comisión de Defensa está haciendo un buen trabajo en este
sentido.

Como todos sabemos, y se pudo demostrar en la comisión mixta, se
está realizando un magnífico trabajo a través de los distintos
organismos, desde el Consejo Nacional de Seguridad Nacional y el
Departamento de Seguridad Nacional, en el nivel estratégico-político,
también en la gestión de la crisis a través de los distintos ministerios
con competencias concretas, hasta en el ámbito de la defensa, a nivel
militar. Quiero resaltar en este punto la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad, que se aprobó en el año 2013.

Por otra parte, es fundamental que sigamos avanzando en la
colaboración público-privada, así como en la cooperación internacional;
sin cooperación internacional no hay ciberseguridad posible. España ocupa
el puesto decimonoveno del mundo en ciberseguridad —así lo ratifica
la UIT, que es un organismo dependiente de la ONU— y el séptimo de
la Unión Europea, por delante de Alemania o Italia, entre otros
países.

Por todo ello, presentamos esta moción para que el Gobierno
continúe definiendo las prioridades y los objetivos de protección en
materia de ciberseguridad, colaborando en la puesta en marcha de planes
de apoyo que mejoren la colaboración público-privada en esta materia.
Para ello, deberá impulsar canales de cooperación, tener agilidad para
adaptarse y responder a las amenazas, conocer y dar respuesta a las
demandas de los actores del mundo ciber y, finalmente, desarrollar una
actitud proactiva de comunicación y de coordinación y no solo reactiva
ante los incidentes.

Todas estas cuestiones vienen recogidas en el programa del Partido
Popular y reflejan nuestro compromiso, el de mi grupo y el de mi partido,
para seguir avanzando en materia de ciberseguridad, en la protección a
los ciudadanos y a las empresas y en la creación de empleo en nuestro
país.

Hemos intentado llegar a un acuerdo transaccional —que
espero podamos conseguir—, al que se van a incorporar enmiendas de
otros grupos parlamentarios que enriquecerán la moción que presentábamos
inicialmente.

Yo les invito a que voten favorablemente esta moción.

Muchísimas gracias a todos. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Para la defensa de sus
enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Compromís ha presentado seis enmiendas que paso a exponer a
continuación. La primera, porque creemos que se deben impulsar canales de
cooperación entre lo público y lo privado mediante la creación de una
comisión mixta de expertos en esta materia. La segunda, porque se debe
destinar una partida presupuestaria suficiente para que las distintas
administraciones públicas cuenten con los medios necesarios para poder
adaptarse y responder ágilmente a las distintas amenazas. Las exigencias
impuestas a las administraciones públicas, como es el caso de los
ayuntamientos, difieren mucho de los recursos que estas pueden destinar
para adaptar sus sistemas informáticos y su flota tecnológica, que en
muchos casos está tan obsoleta que no pueden hacer frente a esas
amenazas cibernéticas. Y, la tercera, porque se deben conocer y responder
las demandas de los diferentes actores del mundo ciber con la apertura de
los canales de comunicación bidireccional correspondientes. Nada podrá
conocerse si no existe una comunicación fluida entre estos agentes y el
Gobierno. Este es un problema bastante enquistado en España. Mientras
otros países premian a aquellos que descubren fallos en las redes
públicas, en España se les criminaliza. Por otra parte, se debe
incrementar la partida presupuestaria destinada a las ayudas para la
excelencia de los equipos de investigación avanzada en ciberseguridad que
promueve el Instituto Nacional de Ciberseguridad en España, para así
incentivar la investigación en este campo. A día de hoy, el programa de
incentivos está dotado con 120 000 euros repartidos en diferentes
premios. Pero debemos tener en cuenta que la mayoría de las veces el
coste que suponen los diferentes proyectos de investigación es superior a
ese importe. Por lo tanto, haría falta aumentar esa partida
presupuestaria.

Señores del PP, no querría pensar que la moción está completamente
vacía de contenido y que solo pretenden justificar aquí su presencia. No
querría pensar que esta moción es oportunista, pero, discúlpenme, lo
pienso.

¿Qué definen ustedes como ciberseguridad? ¿Que LexNet funcione
perfectamente o que un tuitero que haga un chiste sea condenado?
Señorías, no podemos caer en la tentación de recortar libertades en pro
de una supuesta mejora de ciberseguridad. Sé que ustedes no se sienten
cómodos cuando algunas personas dicen lo que piensan y no se les puede
reprimir. Pero, señores, no opriman a la gente. A día de hoy, solo se han
dedicado a legislar en materia de protección de datos, pero todavía debe
hacerse mucho trabajo, mucho más del que hemos hecho hasta ahora. Y no
estamos en contra de lo que dicen, porque no dicen gran cosa, pero
tampoco podemos decir que digan nada malo. Ahora bien, si detrás de esta
moción que presentan aquí hay una clara intención de restringir la
libertad y el uso de internet, no cuenten con nosotros. Eso no queremos
que ocurra.

Aprovechando el poco tiempo que me queda, y para dar más tiempo a
mis compañeros del Grupo Mixto en el turno de portavoces, voy a
manifestar cuál es el sentido de nuestro voto. Hemos leído la
transaccional y somos conscientes de que han aceptado una de nuestras
enmiendas y que, según ustedes, en el espíritu de la transacción están
incluidas la mayoría de ellas. Podríamos estar parcialmente de acuerdo
con ello, pero nuestra abstención se basará no solo en que no han
aceptado la totalidad de nuestras enmiendas, sino en la negativa del
Partido Popular a incrementar la partida presupuestaria destinada a
ayudas para la excelencia de los equipos de investigación avanzada en
ciberseguridad y no apoyar los proyectos innovadores ni apostar por los
profesionales de la materia. Pero más importante aún, nos abstenemos
porque el Partido Popular tampoco quiere garantizar que en el ejercicio
de la ciberseguridad no se va a recortar en libertades, como la libertad
de expresión o el uso de internet sin censuras. ¿Por qué tienen tanto
miedo a recoger estas líneas? Sabemos que ustedes son más de otras cosas,
como el ordeno y mando, pero encuentro demasiado descarado que no acepten
estas simples líneas. Están constatando mediante la omisión que tienen
miedo. Compromís no va a ser cómplice de esta omisión expresa a la
censura en internet. Tienen demasiados temores, señores del PP, y un
Gobierno que no confía en sus ciudadanos y sus ciudadanas se puede ver
condenado a ser un represor.

Gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, vicepresidente. Bon dia.
Buenos días.

Las dos enmiendas que presentamos enriquecen la moción que, en
nuestra opinión, se queda muy corta en cuanto a lo que se pide al
Gobierno, a pesar de que la transacción que nos han presentado ha
mejorado algunas cosas y empeorado otras, pero seguimos considerándolo
insuficiente. Así, por ejemplo, la moción destaca que el 67,7 % de los
directivos encuestados consideran que sus empresas tienen una alta
probabilidad de sufrir ciberdelincuencia, el 49 % reconocen que carecen
de una estrategia integral de seguridad y el 53 % dice no contar con
programas de formación para sus empleados. Sin embargo —y como
viene siendo habitual en muchas de sus mociones—, al final no es
más que un brindis al sol, ni una palabra sobre el presupuesto con el que
se pretende llevar a cabo. Por ello, nuestra enmienda solicita aumentar
progresivamente el presupuesto dedicado a ciberseguridad e impulsar
ayudas a pymes y autónomos en protección en materia de
ciberseguridad.

El pasado mes de junio, Enrique Cubeiro, jefe de operaciones del
Mando Conjunto de Ciberdefensa, manifestó que se invierte más en vallas
que en ciberseguridad, y preguntaba: ¿De dónde creen que vendrá el
próximo ataque, de la valla o de un firewall? No, no se está respondiendo
a esta amenaza ni con la agilidad ni con la contundencia que hace falta,
parece que estén esperando a que pase algo más grave.

El Gobierno británico destina, aproximadamente, 2300 millones de
euros para los programas de seguridad en internet; Estados Unidos, 1500
millones de dólares; España, si no tengo mal los datos, 24,3 millones de
euros al Incibe y 161 millones de euros al Centro Nacional de
Inteligencia para reforzar la ciberseguridad. Los especialistas en
ciberseguridad reclaman más presupuestos. Las denuncias por ciberdelitos
aumentan cada día y los ataques a las infraestructuras del Estado han
aumentado por 7 en dos años. El 25 % de todos los usuarios ha sufrido
algún tipo de ciberataque. Este porcentaje es superior a la media
europea, que está en el 21 %. Lo dijo hace unos días el director general
del Incibe en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional: «La ciberseguridad
no es solamente un reto para la seguridad nacional, sino una verdadera
oportunidad para el desarrollo industrial, económico y social de nuestro
país. Tenemos la oportunidad de jugar un papel importante en el
desarrollo de la industria y en la creación de puestos de trabajo en este
nuevo sector profesional; y, por lo tanto, quería compartir, en primer
lugar, esta doble visión de reto a la seguridad nacional y de oportunidad
como país para el desarrollo de nuestra economía.» Aprovechémoslo,
convirtamos a España en una potencia en ciberseguridad. Es una parte
importantísima para la generación de empleo y aquí, de empleo,
precisamente no vamos sobrados. Así lo decía el director general del
Incibe. Hay una oportunidad de crear puestos de trabajo en nuestro país
derivada de las inversiones que hagamos desde el ámbito público, pero
también desde el ámbito privado, por supuesto, pero hay una mayor
oportunidad en el mercado mundial. Se calcula que va a ser necesario
cubrir en breve entre un millón y dos millones de puestos de trabajo en
el sector y, si hablamos de pymes y autónomos, hemos de tener en cuenta
que prácticamente el 99 % de las empresas españolas son pequeños
negocios, por debajo de 250 trabajadores y un volumen de negocio igual o
inferior a 50 millones de euros anuales, y microempresas, en su mayoría
autónomos, que forman el 53 % del tejido empresarial. El pasado lunes
salía un informe que indicaba que solo un 9 % de las pymes catalanas
asignan un presupuesto específico a la digitalización, ya no a la
ciberseguridad, sino solo a la digitalización. Aquí es donde estamos, o
sea que nos falta mucho por hacer. Y a la pequeña empresa y a los
autónomos, con lo que les cuesta aguantar, o les ayudamos o difícilmente
vamos a poder pedirles que inviertan en ciberseguridad.

La otra enmienda que planteábamos se refiere a impulsar campañas
informativas en materia de ciberseguridad y campañas publicitarias de la
actividad y los instrumentos del Incibe, a día de hoy desconocidos por
una gran parte de la sociedad española. Hay que informar mucho más a la
sociedad sobre los peligros de la ciberdelincuencia y publicitar aquellos
servicios que ya tenemos disponibles. Por ejemplo, el propio director
general del Incibe nos explicaba el otro día que desde hace años tienen
disponible de forma gratuita una aplicación para dispositivos móviles con
el sistema operativo Android que permite al ciudadano analizar la
seguridad del dispositivo móvil; es decir, qué seguridad tiene a nivel de
configuración, qué aplicaciones pueden tener contenido malicioso y la
posibilidad que estamos dando a aplicaciones para que accedan a datos
personales. Pues yo, que soy una persona más o menos inquieta y habituada
a moverme por redes sociales, no tenía ni idea, y este es un ejemplo de
que esto no llega al ciudadano de a pie, ni seguramente a los autónomos
ni a muchas pymes. Esto hay que solucionarlo y publicitar para que llegue
a la sociedad española, de modo que realmente saquemos provecho del
trabajo que se realiza en el Incibe. Como digo, este es un ejemplo de que
esto no llega al ciudadano de a pie, ni seguramente a los autónomos ni a
muchas pymes. Los servicios públicos que no se conocen no son
suficientemente válidos.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya
terminando.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Voy terminando.

Hay que acercar la ciberseguridad a todos los ciudadanos en su
ámbito personal y también en el contexto empresarial. Se han hecho cosas,
indudablemente, pero no es suficiente; hay que lanzar campañas en todos
los medios de comunicación en los próximos años para concienciar a
ciudadanos y a empresas.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para manifestar si acepta o no
las enmiendas, tiene la palabra el senador Cosidó.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.

Como se ha señalado, hemos llegado a un texto de consenso en el
que ha habido voluntad de integrar el conjunto de enmiendas que se habían
presentado, que debo decir eran todas ellas en positivo, para enriquecer
y mejorar la moción. En ese sentido, quiero agradecer en nombre de mi
grupo al Grupo Vasco, al Grupo Mixto y, de manera muy particular, al
Grupo Socialista, y me permito singularizarlo además en el senador Juan
Carlos Raffo, porque realmente sus aportaciones han servido no solamente
para enriquecer o mejorar, sino también para ampliar el objeto de esta
moción.

Yo creo que la ciberseguridad está casi al mismo nivel que el
terrorismo como amenaza a nuestra seguridad, y eso nos indica que es un
campo en el que avanzar con consenso supone una garantía para todos los
ciudadanos. Lamento que no hayamos podido alcanzar la unanimidad y espero
que algunos de los grupos que no han querido firmar este texto puedan
suscribirlo en el desarrollo del debate. Y, si me permite, presidente,
haré una única referencia a que cuando en el texto de consenso de la
moción se menciona la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, se hace sin
perjuicio del protagonismo que esta Cámara ha tenido y tiene que seguir
teniendo en el ámbito de la ciberseguridad a través de cualquier
iniciativa; se ha mencionado expresamente a la Comisión de Defensa que ha
realizado un magnífico trabajo en este campo y, desde luego, cuenten con
el total apoyo del Grupo Popular para cualquier iniciativa nueva que vaya
en la dirección de mejorar la seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Cosidó.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Alegre.

El señor ALEGRE BUXEDA: Rápidamente, señor presidente,
gracias.

Esta es una moción que nos sitúa en el ámbito de la
ciberseguridad, de la seguridad informática, uno de los grandes retos del
momento —lo han dicho todos los senadores que han intervenido antes
que yo—, y que afecta a grandes y pequeñas empresas,
administraciones públicas, bancos, infraestructuras críticas, coches,
dispositivos médicos..., pues los riesgos aumentan exponencialmente cada
año.

En la era digital, todo dispositivo conectado y, consecuentemente,
la información que estos dispositivos contienen son vulnerables. Las
compañías han centrado la mayoría de sus recursos en prevenir ataques,
pero se están dando cuenta de que es imposible prevenirlos todos. Para
ello es necesario incrementar la inversión y equilibrarla entre
prevención, detección y mitigación del daño, es decir, combinar
tecnologías de protección clásica con sistemas de inteligencia de datos,
y el establecimiento de políticas de contingencia.

Por último, con el breve tiempo de que dispongo, hemos de intentar
una mayor formación en ciberseguridad; lo decía el portavoz del Grupo
Popular y yo lo comparto.

Quiero agradecer el esfuerzo de integración de la enmienda que
hemos presentado, que nos lleva a votar afirmativamente la transaccional
que hemos acordado entre todos para tirar hacia delante en un tema de
extremada complejidad.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Alegre.

Senador Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Voy
a intervenir desde el escaño.

Les adelanto el voto favorable de Unión del Pueblo Navarro a esta
moción.

Este tema va a ser una preocupación y, a la vez, una oportunidad
para los gobiernos y para las empresas de nuestro país. Además, como
todas sus señorías conocen, y aquí se ha dicho, desde hace unos meses en
el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional Congreso y Senado, en
la que me honro de ser portavoz del Grupo Mixto, se vienen produciendo
comparecencias de los expertos en ciberseguridad, que nos cuentan lo que
saben. Esa comisión parece ser que va a prorrogar sus trabajos. En un
primer momento, la existencia de esa ponencia me hizo no conocer el
motivo final de esta moción que plantea el Grupo Popular. El senador
Arias me ha aclarado mucho el texto, así como haber podido leer la
transaccional, que nos ha explicado el senador Cosidó. Ahora entiendo que
esta moción tiene más sentido y que nosotros, repito, vamos a
apoyar.

Para terminar, señor presidente, tengo que decirles que estaremos
expectantes respecto a las conclusiones de la ponencia de la Comisión
Mixta de Seguridad Nacional y de lo que se pueda hacer aquí en la
Comisión de Defensa.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Yanguas.

Senadora Castilla, tiene la palabra.

¿Alguien más va a intervenir por parte del Grupo Mixto?
(Denegaciones). Gracias.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señor presidente.

A pesar del buenismo de la moción que nos ocupa, la Agrupación
Socialista Gomera se va a abstener habida cuenta de que tiene serias
dudas del compromiso del Gobierno con las fuerzas y cuerpos de seguridad
y, en particular, con la ciberdelincuencia, y me explico.

Tengo dudas sobre el verdadero compromiso del Estado en esta
lucha. Considero que crear estrategias sobre el papel e instituciones
como el Incibe, donde no se aprovechan todos los recursos que se le dan,
es insuficiente. Las fuerzas y cuerpos de seguridad sufren un claro
abandono y están completamente desbordadas. No tienen ni medios técnicos
ni recursos humanos para hacer frente a este trabajo. Los recursos están
muy por debajo de los necesarios para dar la respuesta adecuada al
cibercrimen, y lo que es peor, en comparación con las policías europeas,
los recursos son irrisorios. Por otro lado, existe un descontrol judicial
como consecuencia de leyes ineficaces para luchar contra el cibercrimen,
leyes que debemos modificar. También existe falta de confianza del
ciudadano puesto que no denuncia, bien porque no sabe si puede hacerlo,
bien porque no sabe cómo se debe hacer. Se deberían fomentar campañas en
ese sentido. A día de hoy, no hay un proceso establecido para la
comunicación del incidente, como va a exigir el Reglamento general de
protección de datos cuando entre en vigor en mayo de 2018.

Antes de terminar, solo me gustaría señalar un dato para dudar del
verdadero compromiso del Estado en la lucha contra el cibercrimen. La
Unidad de Investigación Tecnológica ha sufrido únicamente un incremento
de 20 funcionarios en los últimos años. Como convendrán, esto es
alarmante e intolerable pues es imposible con este aumento de la
plantilla atender el incremento desmesurado de los hechos delictivos y
del despliegue de internet en los últimos años. Les recuerdo, señorías,
que las fuerzas y cuerpos de seguridad son los encargados de realizar las
investigaciones y de detener a los presuntos autores de estos crímenes, y
con estos parámetros lo tienen muy muy muy difícil, por no decir
imposible.

Por todo lo anterior, la Agrupación Socialista Gomera se va a
abstener por los datos existentes que tenemos. Tenemos nuestras dudas de
que se esté trabajando de forma eficaz, eficiente, coordinada y de que se
cuenten y se aporten los recursos y medios técnicos y humanos
necesarios.

El tenor literal de la moción que nos ocupa en particular de
continuar definiendo hace pensar que se quiere seguir con la tendencia
actual existente, y esta, por lo menos para la Agrupación Socialista
Gomera, es insuficiente.

Señorías, dotar de los medios a las fuerzas y cuerpos de seguridad
también es apoyarlos y reconocerlos. Hagámoslo y comprometámonos de
verdad con ellos, dándoles todo lo que se merecen y, entre todo esto,
también su equiparación salarial.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Castilla.

Por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra la
senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies president,

Senyories, em satisfà saber que s’hagin acceptat art de les
esmenes presentades perquè d’entrada el text d’aquesta moció,
el seu contingut, era molt poc atractiu i de baix perfil, i fins i tot,
deixi’m dir-ho, un pèl oportunista per els moments que estem
vivint a Catalunya. Amb la incorporació d’aquestes esmenes es dona
un contingut certament de més calat i extensiu en tot allò que avui és
important en el món de la ciberseguretat. Ara bé, una flor no fa estiu, i
per nosaltres és del tot insuficient.

Com vostès saben, el ple del Parlament de Catalunya, per una gran
majoria, va aprovar la creació de l’Agència de Ciberseguretat de
Catalunya. Es va crear precisament aquesta agència per prevenir, detectar
i investigar els incidents i les amenaces a les xarxes, les comunicacions
electròniques i els sistemes d’informació.

Per nosaltres, el PDeCAT, i el meu Govern legítim, ara intervingut
i empresonat, la ciberseguretat era i serà una aposta important, i ho és
per dues raons: la primera perquè és un factor important de
desenvolupament econòmic i tecnològic en el futur de les nostres empreses
en un mercat global, i ho és també perquè cal prevenir i fer front als
atacs que poden patir, atacs de tota índole, perquè hem de fer front als
ciberincidents i també als ciberatacs. Per això la importància de donar
més volada i magnitud al Cesicat, per assegurar la nostre llibertat i la
nostre seguretat també.

Per què els exposo això? Perquè la moció que ha presentat el PP
sobre aquest tema tant seriós i important és una moció poc ambiciosa,
malgrat les esmenes acceptades. Em pregunto perquè les capacitats de
ciberseguretat autonòmiques estan totalment marginades d’aquesta
moció, poder perquè els molesta. També em pregunto com és que mai
s’ha reunit des del 2013 el subcomitè on participen les comunitats
autònomes, on s’estableix l’estratègia nacional de
ciberseguretat, i perquè es centralitza com a autoritat a nivell de la
Unió Europea només els organismes estatals, menyspreant un cop més els
autonòmics capacitats. Vostès sols parlen del Incibe, CNN, nosaltres
tenim el Cesicat.

Per acabar, i no menys important, és la gran preocupació que ens
preocupa, i molt a nosaltres, llegir notícies relacionades amb la
ciberseguretat i la seva incidència o les seves amenaces en determinats
processos electorals, així com també la existència provada d’atacs
a pàgines web con la d’ANC, Omnium Cultural, pàgines que tant sols
informen o mostren iniciatives d’una participació democràtica. Per
tot això, si bé és cert que cal ampliar, aprofundir, avançar i millorar
en el desenvolupament i la col·laboració en matèria de ciberseguretat,
també és cert que no podem acceptar que s’ignori i que
s’ataqui de forma indiscriminada pàgines Web com les pròpies de la
Generalitat de Catalunya, tant sols per contenir idees que no tenim a
veure amb la seva ideologia o els seus pensaments.

I acabo, recordant que la Generalitat de Catalunya va rebre el 9-N
el ciberatac més important de tota la nostre història, per això en un
futur govern independent volem un Cesicat i ens agradaria poder formar
part dels òrgans europeus en el mateix nivell que d’altres. I estar
també en aquesta lluita europea. I el què ens passa és que a Catalunya
ens trobem un cop més, que l’Estat espanyol ens veta, com sempre.
Dit això, òbviament, nosaltres no hem signat aquesta transaccional, però
degut a la importància que per nosaltres té el món de la ciberseguretat,
ens abstindrem.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, nos satisface saber que se han aceptado parte de las
enmiendas presentadas porque, de entrada, el contenido del texto de esta
moción era muy poco atractivo y de un perfil muy bajo, incluso, déjenme
decirlo, un poco oportunista por los momentos que estamos viviendo en
Cataluña. Con la incorporación de estas enmiendas se da un contenido de
más calado y extensivo a todo lo que hoy en día es importante en el mundo
de la ciberseguridad. Pero una flor no hace verano y para nosotros es del
todo insuficiente.

Como saben, el Pleno del Parlamento de Cataluña, por una gran
mayoría, aprobó la creación de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña.
Se creó precisamente esta agencia para prevenir, detectar e investigar
los incidentes y las amenazas en las comunicaciones, en las redes, en las
comunicaciones electrónicas y en los sistemas de información.

Para nosotros, el PDeCAT y mi Gobierno legítimo, ahora intervenido
y encarcelado, la ciberseguridad era y será una apuesta importante, y lo
es por dos razones: la primera porque es un factor importante de
desarrollo económico y tecnológico en el futuro de nuestras empresas en
un mercado global, y la segunda porque es necesario prevenir y hacer
frente a los ataques de toda índole que se puedan sufrir, a los
ciberincidentes y a los ciberataques. Por eso es importante dar más mando
al Cesicat para asegurar nuestra libertad y también nuestra
seguridad.

¿Por qué les digo esto? Porque la moción que presenta el PP sobre
este tema tan serio e importante es poco ambiciosa a pesar de las
enmiendas aceptadas. Me pregunto por qué las capacidades de
ciberseguridad autonómicas están totalmente marginadas en esta moción
—quizá porque les molesta—. También me pregunto por qué nunca
se ha reunido desde 2013 el subcomité en el que participan las
comunidades autónomas y que establece la estrategia nacional de
ciberseguridad y asimismo por qué se centraliza la autoridad de la Unión
Europea solo en los organismos estatales, despreciando una vez más a los
autonómicos capacitados. Ustedes solo hablan del Incibe, del CCN;
nosotros tenemos el Cesicat.

Para terminar. Lo más importante es la gran preocupación
—que nos pone muy nerviosos a nosotros— que nosotros tenemos
cuando leemos noticias relacionadas con la ciberseguridad y su incidencia
o sus amenazas en determinados procesos electorales, así como la
existencia probada de ataques a páginas web como a ANC, Òmnium Cultural,
páginas que solo informan de iniciativas con una participación
democrática. Por todo ello, si bien es cierto que hay que ampliar,
profundizar y avanzar en el desarrollo y colaboración en materia de
ciberseguridad, también es verdad que no podemos aceptar que se ignoren y
se ataquen de forma indiscriminada páginas web como las de la Generalitat
de Catalunya solo por contener ideas que no tienen nada que ver con su
ideología o sus pensamientos.

Termino recordando que la Generalitat de Catalunya recibió el 9-N
el ciberataque más importante de toda nuestra historia. Por eso, en un
futuro Gobierno independiente, queremos un Cesicat, y nos gustaría poder
formar parte de los órganos europeos al mismo nivel que otros y estar
también en esta lucha europea. Lo que nos ocurre es que en Cataluña nos
encontramos una vez más con que el Estado español nos veta, como siempre.
Dicho esto, obviamente no hemos firmado esa transaccional, pero, debido a
la importancia que para nosotros tiene el mundo de la ciberseguridad, nos
abstendremos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE: Gracias, senadora Abad.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra. Tiene usted menos de un
minuto.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Tengo poco tiempo, así que voy a aglutinar un poco las ideas que
quería transmitir.

Según los datos del propio Instituto Nacional de Seguridad, las
denuncias por ciberdelitos en España han aumentado más de un 22 % en el
primer trimestre de 2017 respecto al mismo periodo del año pasado y los
ataques a infraestructuras estratégicas del Estado se han multiplicado
por siete en dos años. Además, según datos del propio organismo, tres de
cada cuatro empresas han sido atacadas en los últimos cinco años. Según
Eurostat, el 25 % del total de usuarios ha sufrido algún tipo de
ciberataque, un porcentaje ligeramente superior a la media europea.

Por todo ello, queremos expresar nuestro asombro porque este país
no invierta más en ciberseguridad. Se sigue priorizando la seguridad
física, pero se continúa obviando la amenaza que nos llega desde el
ciberespacio. Como todos sabemos, este tema no es baladí —un
ciberataque puede bloquear de forma seria los servicios básicos de un
Estado—.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Tiene que ir terminando,
señoría.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Termino, señor presidente.

Y, por todo ello, aunque no estamos del todo satisfechos con el
texto de esta moción que finalmente se ha aprobado, la Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria votará a favor.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Cejas.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Egun on, mahaiburu jauna, egun on,
senatari jaun-andreok.

Voy a empezar analizando la forma de su propuesta, senador Arias,
y tengo que reconocerle que ha tenido usted la habilidad para plantear un
libro en blanco y después, entre la paella de enmiendas, ha sacado algo
que podría ser incluso hasta interesante. Eso es I+D+i parlamentaria, y
yo le felicito. (Risas).

En cuanto al fondo, una vez más nos encontramos ante una moción
original, blanca e inmaculada. Una vez más tenemos una moción que no
propone no ya medidas concretas, ni tan siquiera líneas de trabajo o
plazos de cumplimiento. Y una vez más nos encontramos con una moción que
se centra en una realidad parcial y que obvia cualquier otra vía,
cualquier otro proyecto que no se haya desarrollado al amparo del
Gobierno o en Madrid.

Hace unas semanas aparecían en prensa unas cifras que son
realmente preocupantes, ya preocupaba hasta el titular que decía: «La
ciberseguridad de la industria española es un sainete y los ataques se
están disparando.» Tal vez los datos se hayan exagerado, porque, al fin y
al cabo, era un tratamiento de prensa bastante ligero, pero, en cualquier
caso, no dejan de ser preocupantes —muy preocupantes diría
yo—. Según el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras
Críticas, que aparecía en este artículo, el año pasado se
detectaron 479 incidentes de ciberseguridad en infraestructuras críticas
situadas en el Estado español, un 375 % más que el año anterior
—un 375 % más que el año anterior—, y solo hablamos de
infraestructuras críticas y, por tanto, solo de programas detectados por
este centro, y esta cifra sale solo del análisis del 10 % de sus
movimientos. Si extrapolamos esto, podríamos estar hablando de al
menos 100 000 incidentes tecnológicos, y, repito, siempre según un
tratamiento de prensa, pero, en cualquier caso, cifras que realmente
suponen una barbaridad de incidentes potencialmente lesivos para
consumidores, personas y empresas, y, repito, todo ello en operadores de
servicios esenciales.

Y todo esto solo se basa en ataques a cosas visibles, ataques que
provocan la caída de un servicio o un mal funcionamiento, sin tener en
cuenta —y en lo que todos los expertos coinciden— que los
incidentes más frecuentes son los que no dejan huella —el robo de
información, la alteración del software o la modificación de un
servicio—, ataques que no se descubren hasta que han pasado meses,
años o probablemente nunca, algo que afecta a grandes empresas pero
también a infinidad de pymes, de profesionales y a la vida privada de los
ciudadanos.

Nos preocupa mucho a todos la seguridad y la integridad de la red
eléctrica, el sistema gasista, el aéreo, el ferroviario, el resto de
infraestructuras básicas y estratégicas del Estado. Conocemos muy bien
ataques como el wannacry o cualquier otro que se ponen de moda
periódicamente, pero tenemos que ser conscientes de que cuando hablamos
de ciberseguridad, hablamos de otra infinidad de cosas que
individualmente no pueden ser importantes pero que, en su conjunto,
suponen un riesgo y un costo enorme —un costo económico, social y
personal—. Y para afrontar este riesgo no podemos quedarnos en
meras declaraciones altisonantes o en propuestas etéreas y buenistas, en
propuestas como la que hoy discutíamos aquí antes de que se aceptara la
transaccional.

Desde luego, no me imagino a ningún hacker, a ningún
ciberdelincuente que se haya puesto a temblar al leer la propuesta de
esta Cámara para combatirlos, creo que ni se enterarán, pero si se
enteran, desde luego, se están riendo a mandíbula batiente porque aquí no
se dice prácticamente nada.

Tampoco se puede entender que trabajemos en esto dejando al margen
y olvidando que hay vida más allá de la corte, que hay más operadores e
instrumentos para colaborar en la lucha contra la ciberdelincuencia,
delincuencia que no tiene fronteras, que es internacional. Y aquí tenemos
que mencionar a la Agencia catalana de Ciberseguridad o, en nuestro caso,
al BCSC, Centro Vasco de Ciberseguridad. Simplemente, para ustedes no
existen, y ustedes hablan de colaboración público-privada. Pero también
deberíamos añadir un compromiso de colaboración interinstitucional entre
los centros de ciberseguridad ya existentes en el Estado, como los ya
mencionados, centros, como todos en este ámbito, que son de reciente
creación pero que ya están trabajando con el Incibe de forma importante y
con total transparencia. Ustedes no los mencionan no por desconocimiento,
sino porque no los quieren mencionar. También pasaban de esto en su
propuesta.

En fin, nos da la impresión de que lo que ustedes traían aquí era
más un tema de seguridad nacional que de ciberseguridad, hablando de todo
lo que se puede llegar a hablar.

En Euskadi, el Centro Vasco de Ciberseguridad ha arrancado como
una necesidad para dar respuesta a la amenaza de la digitalización, al
tiempo que asume el liderazgo de aprovechar la oportunidad que abran la
investigación y el conocimiento en un ámbito en el que surgen startups
con vocación de servicio conjunto de la industria. Y lo ha hecho de la
mano del Departamento de Desarrollo Económico, de la mano del
Departamento de Seguridad y de la mano de Administración y autogobierno,
residenciado en la SPRI, en la antigua Sociedad para la promoción y la
reconversión industrial, la actual Agencia Vasca de Desarrollo
Empresarial. Por eso, creemos que no se puede obviar este centro,...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Sí, señor presidente.

... por el knowhow, por la experiencia y por la capacidad que
tiene de trabajar precisamente con las grandes empresas y, sobre todo,
con las pymes —con las pequeñas y medianas empresas—.

Vamos a votar a favor de la transaccional porque se ha conseguido
la transaccional, lo hacemos sin ningún entusiasmo, también se lo digo;
lo hacemos precisamente para introducir este ámbito empresarial dentro de
lo que ustedes han discutido por ciberseguridad, que creo que solo se
limitaba a la seguridad nacional, y de verdad que lo siento.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS: Gràcies president,

Senyor president, senyories, la seguretat és un actiu a preservar
i a aprofundir, també el ciberespai.

Ens trobem en aquesta moció que quan llegim l’






apartat
expositiu, llegim un paràgraf que abans ha gairebé citat el company: «en
los últimos meses han aparecido notícies preocupantes relacionades con la
ciberseguridad: desde como se ha intentado influir en processos
electorales en paises de nuestro entorno, incluyendo los últimos
acontecimientos en Catalunya, intentando desestabilizar nuestro regimen
de libertades...»

Podríem estar d’acord amb la literalitat d’aquest
text, però el sentit segur que seria absolutament diferent, completament
diferent, perquè això és una nova postveritat. Qui va practicar la
ciberguerra i el ciberboicot contra l’estructura informàtica del
referèndum? Qui ha atacat de manera organitzada les pàgines web, per
exemple, de l’Assemblea o d’Omnium Cultural? Quan es gasta el
Reino de España amb aquestes operacions?

Tots els membres del nostre grup, poden parlar amb ells, són
companys nostres, també d’altres grups, independentistes al
Parlament, hem experimentat a les nostres xarxes socials exemples de
ciberatacs, perfils, trolls, bots, que escampen l’odi i la
confusió. Els posaré un exemple, una prova: hi va haver un fet, a mitjans
d’aquest mes, Vueling va expulsar dues passatgeres per parlar en
català. Doncs molt bé, trobem un tuit d’un tal usuari fragoneste
@fragoneste, a tuiter, diu: «aquesta notícia és falsa, no va passar així
exactament, la dóna sí que li va faltar al respecte, la meva xicota,
independentista, tot sigui dit, ho va presenciar, i les formes van ser
del tot inapropiades per part de la clienta.» Això, si fos un missatge
normal, doncs seria perfectament legítim, és una denúncia falsa i hi ha
algú que ho desmenteix. El problema és quan aquest missatge, amb la
mateixa literalitat i amb les mateixes faltes d’ortografia, les
mateixes, apareix en un conjunt de perfils. Un conjunt de perfils que
tenen la informació o la falta d’informació típica dels bots,
perfils que tenen l’activitat o la falta d’activitat típica
dels bots. Això és guerra híbrida i això és una prova.

Però què passa? Per què estem tant emprenyats, no sols amb aquesta
possibilitat, si no amb totes, però estic fent èmfasi amb aquesta, perquè
per exemple, al Congrés, a la Comissió Mixta de Seguretat Nacional, va
venir la investigadora Mira Milosevich-Juaristi i va defensar la teoria
de la intervenció russa per desestabilitzar Espanya i Europa, afavorint
la presència de missatges independentistes a les xarxes. Li vam
preguntar, no tenia ni una sola prova, quan hi ha tota una estructura
d’Estat per recollir aquestes proves. En canvi, usuaris catalans,
particulars, han recollit multitud de proves de xarxes de bots, que han
influït precisament en sentit contrari.

Què passa amb l’Institut Elcano? Elabora l’Institut
Elcano documents interessants? Sí, jo també els llegeixo. Però sap què
passa quan es posen les infraestructures de l’Estat al servei de la
propaganda? Perquè l’Institut Elcano, per exemple, va fer informes
que van avalar l’existència d’armes de destrucció massiva,
se’n recorden? D’Iraq. Doncs no tenim prou experiència de què
passa quan posem els instruments de l’Estat al servei de la
propaganda, o per justificar decisions injustificables del propi
Govern?

En resum, la postveritat apareix quan la propaganda assassina
l’evidencia científica. No podem actuar eliminant les evidencies
que no ens agraden i creant-ne de noves, sols per recolzar la pròpia
propaganda. Jo he fet èmfasi en aquest tema perquè a Esquerra Republicana
ens preocupa la seguretat, no és que l’hagi obviat per res. Ens
agrada debatre amb gent que pensa molt diferent de nosaltres, però és que
estem farts, farts, de la postveritat, i que a sobre després, se’ns
ataqui a nosaltres dient que som nosaltres els qui no diem la
veritat.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Señor presidente, señorías, la seguridad es también un activo para
preservar también el ciberespacio.

En esta moción leemos, en su parte expositiva, un párrafo que
antes ha citado el compañero y que dice: «En los últimos meses han
aparecido noticias preocupantes relacionadas con la ciberseguridad. Desde
cómo se ha intentado influir en procesos electorales en países de nuestro
entorno, incluyendo los últimos acontecimientos en Cataluña, intentando
desestabilizar nuestro régimen de libertades,...»

Podríamos estar de acuerdo en su literalidad, pero el sentido
seguro que sería completamente diferente, porque esto es una nueva
posverdad. ¿Quién practicó la ciberguerra y el ciberboicot contra la
estructura informática del referéndum? ¿Quién ha atacado de manera
organizada las páginas web, por ejemplo, de la Asamblea o de Òmnium
Cultural? ¿Cuánto se gasta el reino de España en estas operaciones?

Todos los miembros de nuestro grupo —puede hablar con ellos;
son compañeros— y también de otros grupos independentistas en el
Parlamento hemos experimentado en las redes sociales ejemplos de
ciberataques: perfiles trolls, bots que esparcen el odio y la confusión.
Les pondré un ejemplo. A mediados de este mes, Vueling expulsó a dos
pasajeras por hablar en catalán. Pues encontramos un tuit de un usuario
denominado fragoneste@fragoneste que decía: «Esta noticia es falsa. No
pasó así exactamente. La mujer sí que le faltó al respeto. Mi chica
—independentista, todo sea dicho— lo presenció, y las formas
fueron del todo inapropiadas por parte de la clienta.» Si esto fuera un
mensaje normal sería perfectamente legítimo, pero es una denuncia falsa y
alguien lo desmiente. El problema es cuando este mensaje, con la misma
literalidad y con las mismas faltas de ortografía, aparece en un conjunto
de perfiles que tienen la información —o la falta de
información— típica de los bots, perfiles que tienen la actividad
—o la falta de actividad— típica de los bots. Esto es guerra
híbrida y es una prueba.

¿Pero qué ocurre, por qué estamos tan enfadados, y no solo con
este caso, en el que estoy haciendo énfasis, sino con todos? Por ejemplo,
vino a la Comisión Mixta de Seguridad Nacional Congreso-Senado la
investigadora Mira Milosevich-Juaristi y defendió la teoría de la
intervención rusa para desestabilizar España y Europa, favoreciendo la
presencia de mensajes independentistas en las redes. Le preguntamos, y no
tenía ni una sola prueba, cuando existe toda una estructura de Estado
para recoger estas pruebas, y usuarios catalanes particulares han
recogido multitud de pruebas de redes de bots que han influenciado
precisamente en sentido contrario.

¿Qué ocurre con el Instituto Elcano? ¿Elabora documentos
interesantes? Sí, yo también los leo. ¿Pero saben qué ocurre cuando se
ponen las infraestructuras del Estado al servicio de la propaganda? El
Instituto Elcano, por ejemplo, realizó informes que avalaron la
existencia de armas de destrucción masiva en Iraq. ¿Lo recuerdan? ¿No
tenemos bastante experiencia de lo que ocurre cuando ponemos los
instrumentos del Estado al servicio de la propaganda o para justificar
decisiones injustificables del propio Gobierno?

En resumen, la posverdad aparece cuando la propaganda asesina la
evidencia científica. No podemos actuar eliminando las evidencias que no
nos gustan y creando unas nuevas solo para nuestra propia propaganda. He
hecho énfasis en este tema porque en Esquerra Republicana nos preocupa la
seguridad. Nos gusta debatir con gente que piensa muy distinto de
nosotros, pero estamos hartos de la posverdad y de que encima después se
nos ataque diciendo que somos nosotros quienes practicamos la
posverdad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente.

No cabe duda de que las cuestiones relativas a la ciberseguridad
son uno de los mayores problemas de este siglo XXI y que debe ser
abordado en todas sus áreas, ya que la tecnología avanza sin detenerse y
los gobiernos deben actuar a la par con el momento que estamos
viviendo.

Pero lo primero que debemos dejar claro es que en su moción
mezclan cosas y conceptos que no tienen nada que ver, y hacen un totum
revolutum sin demasiado sentido. Una cosa es la ciberseguridad, que es el
conjunto de herramientas políticas, conceptos de seguridad, salvaguardas
de seguridad, directrices, métodos de gestión de riesgos, acciones,
formación, prácticas idóneas, seguros y tecnologías que pueden utilizarse
para proteger los activos de la organización y a los usuarios en el
ciberentorno. Es decir, define todos los conceptos que rigen la seguridad
a través de internet como datos personales, información bancaria, claves,
compras online, etcétera. La cantidad de información que circula por
internet es enorme y los riesgos se hacen patentes cada día, mayores para
las personas de a pie pero también para las empresas, instituciones e
incluso los países. El ciberentorno es cada día más grande y precisamente
la ciberseguridad debe garantizar la seguridad de nuestro movimiento en
la red. Otra cosa es la desinformación por las redes sociales. Ustedes
incluyen en la parte expositiva de la moción una frase que, como ya ha
avanzado el senador Castellana, dice textualmente: «... incluyendo los
últimos acontecimientos en Cataluña, intentando desestabilizar nuestro
régimen de libertades.» Y lo mezclan con ataques a multinacionales como
Sony, malwares wannacry o petya, y no tienen nada que ver, una cosa son
hackers y otra cosa son trolls.

Peor queda aún con la enmienda transaccional presentada por el
Grupo Socialista que habla del uso del ciberespacio con fines negativos,
con las agresiones basadas en la conocida desinformación o guerra
informativa. Por más que se empeñen, no hay ninguna prueba fehaciente,
más que disquisiciones interesadas sobre cualquier tipo de injerencia de
terceros países, por más que la señora Cospedal tuviera tantas ganas de
que fuera cierto que se dejara trolear por dos humoristas rusos.

No es ninguna novedad que haya ejércitos de bots tuiteando sobre
Cataluña y sobre otras noticitas porque así funciona el nuevo mercado del
marketing digital, que hace ya tiempo contamina cualquier debate
político. Además ustedes ya saben de qué va eso, y hace tiempo, como sale
en el sumario de la Púnica y en los trabajos de las empresas del señor De
Pedro para crear y difundir noticias positivas sobre la señora Ana
Botella o sobre el señor Pedro Antonio Sánchez. Pero de ahí a hablar de
desestabilizar nuestro régimen de libertades va un mundo. Y, cuidado,
¿quién informa y quién desinforma? ¿Las personas normales como el señor
Albiol que no está hoy aquí con nosotros? ¿La libertad de expresión solo
vale para que la utilicen y triunfen los míos? ¿Quién determina lo que es
veraz y lo que no lo es? ¿Ustedes? Mucho cuidado con este debate que no
paran de alimentar.

Se acaba de publicar el último informe trimestral del Consejo de
informativos de Televisión Española en el que se denuncian 55 nuevos
ejemplos de manipulación, censura y malas prácticas de Televisión
Española. ¿Quién desinforma?

Centremos esta moción donde debe estar, que es en el tema de la
ciberseguridad stricto sensu. Ahí sí que tenemos datos preocupantes como,
por ejemplo, que la industria sanitaria sufrió el 26 % de los incidentes
de seguridad producidos durante el segundo trimestre de 2017, algo
preocupante dada la delicada naturaleza de los datos de pacientes y la
dependencia a los sistemas informáticos para ejecutar correctamente los
flujos del trabajo clínico. O el aumento del malware en los móviles. Así,
por ejemplo, las infecciones a dispositivos móviles a nivel mundial
aumentaron un 8 % en el segundo trimestre, con Asia nuevamente liderando
la clasificación con un 18 %.

Otro dato preocupante es que han descendido los ciberataques
randsomware, a pesar de wannacry, a las grandes multinacionales en 2012,
y ya se ceban con pymes y hasta con autónomos con el propósito de
secuestrar los datos de clientes, proveedores y facturación a los que se
les exige el pago en bitcoins —le hablo, por ejemplo, de Bad
Rabbit—, y algunos expertos comentan que posiblemente se continúe
con usuarios particulares. Los incidentes en ciberseguridad que afectan a
empresas y ciudadanos se han multiplicado por seis desde 2014 y ya
superan los 113 000 en lo que va de año. La ciberamenaza es una realidad
para cualquier organización sin importar su tamaño, localización o
actividad.

Con esta información a modo de ejemplo se evidencia que ningún
sector está libre de ataques y que, por consiguiente, es vital seguir los
procedimientos de seguridad, y si no que le pregunten al ministro de
Justicia en relación con Lexnet. Ahora bien, en el trato del tema de la
ciberseguridad no debe faltar un elemento principal que no es otro que la
salvaguarda de los derechos fundamentales sin atacar la privacidad y la
confianza entre Estados, que son los únicos pilares que pueden sustraer
una estrategia creíble en materia de ciberseguridad. Traigan cosas
concretas con planes y presupuestos para ayudar a nuestra pymes y
autónomos para que puedan enfrentarse a los riesgos de la
ciberdelincuencia y tendrán nuestro voto,...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo.

... pero mientras sea este tipo de mociones sin contenido y
mezclando conceptos, no cuenten con nosotros. Por eso nos vamos a
abstener.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el senador
Raffo.

El señor RAFFO CAMARILLO: Gracias, presidente.

Señorías, hoy traemos a colación un asunto que en el ámbito
político solemos denominar de Estado, pero que yo personalmente prefiero
llamar de interés general, y más cuando se refiere a la ciberseguridad,
que significa ni más ni menos que protegernos a todos y todas de los
ataques a nuestra información sensible personal, contra infraestructuras
críticas en nuestro país o contra empresas, desacreditando sus productos
o a la propia empresa en sí.

A mí me gustan los enfoques de tipo materialista dialéctico, y
creo que en eso coincidiremos con muchos componentes del Grupo de Podemos
e incluso de Esquerra Republicana. Y es que esta sala, señores de
Podemos, existe, independientemente de que nosotros estemos aquí o no. Y
la desinformación existe, independientemente de que nos guste o de cómo
la interpretemos según las interpretaciones de otros. Y si se quiere
negar que hay ataques contra personas para desacreditarlas, contra
empresas para desacreditarlas, o contra productos de empresas para
desacreditarlas, es algo que está todos los días en las redes: hoteles,
marcas de multinacionales, etcétera. Lo que hace falta es protegerse con
un buen trabajo de inteligencia y de contrainformación en interés de
todos. Solo quería decir eso respecto a este tema.

Hoy deliberamos sobre un asunto que no es ficción, sino puro
presente, pura realidad; de rabiosa actualidad, en términos
periodísticos, y de rabiosa necesidad, en términos políticos, en el
interés y bienestar de nuestra sociedad ya del siglo XXI. Con las TIC y
las nuevas tecnologías la humanidad se las prometía felices en cuanto al
desarrollo y mejora de las cotas de calidad de vida de la población a
nivel mundial. Es un salto como el de la antigüedad al Renacimiento en lo
que hoy día podemos conocer como la aldea global. Pero no todo viene
acompañado de lados luminosos, sino también de un lado oscuro, como
muchas de las actividades que, por desgracia, desarrolla el ser humano;
delitos como el robo, el engaño, el acoso, la denegación de servicios o
la desinformación debidos a su mala utilización a través de la red. Una
cruda realidad.

Estamos, por tanto, frente a un asunto poliédrico, multifactorial,
con lados luminosos y oscuros, como he mencionado; un asunto complejo en
un contexto complejo como el que hay a nivel mundial, que cambió de
cuando existía la etapa de la guerra fría, de un mundo bipolar, de lo
previsible, a la incertidumbre. Su abordaje, por tanto, exige la
participación de los distintos agentes o actores que están involucrados
en este aspecto. Se exige fortalecer todo lo que signifique asociación y
alianza entre esos actores y agentes. Si realmente la finalidad que
buscamos es el éxito y una defensa sólida y fuerte, tenemos que
incorporar a todas las partes involucradas en los asuntos relacionados
con la ciberseguridad e incluso con la ciberdefensa. De ahí el contenido
de nuestras enmiendas.

Queremos potenciar una cultura de prevención y protección de los
riesgos, tanto para los ciudadanos individualmente, como dirigida a
autónomos, pequeñas y medianas empresas y todos los servicios, tanto
públicos como privados, que intervienen en los denominados servicios
esenciales.

Hablando de cooperación y coordinación, es fundamental hablar de
cooperación y coordinación supranacionales. (Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, por favor,
guarden silencio.

El señor RAFFO CAMARILLO: Estamos en un entorno de países con los
que tenemos alianzas de tipo económico, político y también de defensa, y
consideramos que todavía tenemos algún flanco débil que debemos reforzar.
(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, senador
Raffo.

Guarden silencio, por favor. No se escucha nada.

Continúe.

El señor RAFFO CAMARILLO: Gracias, presidente.

Hablo de los aspectos para seguir avanzando con la Unión Europea y
a los aspectos relacionados con defensa en lo que a la OTAN se refiere,
y en concreto al denominado Centro de excelencia para las estrategias de
la comunicación, de la OTAN, establecido en la ciudad de Riga.

Otro aspecto importante es el de la coordinación y cooperación,
que he dejado para el último lugar. En concreto, al papel que puede jugar
el Senado como Cámara territorial para convertirlo en un foro de
participación, planificación, debate y reflexión de las distintas
administraciones públicas para que lleven a cabo una apuesta en común,
donde participen el Gobierno de España, los de las comunidades autónomas
y los gobiernos locales. Y la incorporación del Legislativo, a través de
diputados y senadores que de alguna forma estén participando en
comisiones vinculadas a temáticas relacionadas con estos aspectos.

Como Grupo Parlamentario Socialista nos gustaría que se hiciese
expresa mención a un compromiso del Grupo Popular para que,
efectivamente, más allá de qué comisión o comisiones o diputados o
senadores participen, sea el Senado, en el desarrollo de su función, el
espacio de encuentro.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor RAFFO CAMARILLO: Termino, presidente.

Me gustaría hacer mención a algo que consideramos importante: el
mejor caldo de cultivo para evitar el descrédito de la política, de los
políticos personalmente, de las instituciones democráticas y de una
sociedad democrática es que seamos capaces de luchar por una vida digna
para cada uno de los ciudadanos y ciudadanas que componen esa
sociedad.

Muchas gracias, señorías. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Raffo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Cosidó.

El señor COSIDÓ GUTIÉRREZ: Muchas gracias, presidente.

Señorías, si tuviéramos que poner una nota a la seguridad
española, yo le pondría un sobresaliente o una matrícula de honor. Si
tuviéramos que poner nota a la ciberseguridad en España, yo le pondría un
notable. Ese puesto 54 en un ranking de 193 países nos sitúa en el tercio
superior de la tabla, pero también nos deja un margen para ocupar una
posición de liderazgo en materia de ciberseguridad. Y ese notable en
materia de ciberseguridad —y el objetivo de la moción es que
lleguemos al sobresaliente— se basa en tres pilares
fundamentales.

En primer lugar, tenemos una buena estrategia que define las
amenazas, los objetivos, las líneas de acción y, lo que es muy
importante, la coordinación entre todos los instrumentos que existen para
garantizar nuestra seguridad.

En segundo lugar, tenemos unos instrumentos capaces, formados por
un personal excelente. En este punto quiero hacer un reconocimiento muy
especial al personal de todos los organismos que tienen que ver con la
ciberseguridad en España, incluyendo los del Estado y, si me lo permite
el portavoz del PNV, también los organismos de comunidades autónomas e
incluso de otros ámbitos de la Administración Local que también se ocupan
de la ciberseguridad.

Hablaba la senadora canaria de las graves carencias que había en
las fuerzas y cuerpos de seguridad. Yo creo que ahí sí nos podemos poner
el sobresaliente. En el ranking de Interpol en la lucha contra la
pornografía infantil en Internet España está siempre entre los diez
primeros países, lo cual significa que, a pesar de los medios, siempre
insuficientes para abordar esta materia, tenemos un grado de excelencia
en nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad para afrontar este desafío que
está fuera de toda duda.

Y además de una buena estrategia y unos instrumentos capaces,
quiero mencionar como tercer pilar un sector privado, una industria de la
ciberseguridad en España que está compuesta por más de 160 empresas, en
la que se emplean más de 6500 trabajadores. Realmente es un sector muy
competitivo en el ámbito internacional que hace que España haya tenido un
potencial de crecimiento por encima de la media europea en los últimos
años, lo que nos convierte en un país con capacidad de liderazgo.
Menciono al sector financiero como un sector en el que España destaca
precisamente por sus capacidades en materia de ciberseguridad. (El señor
presidente ocupa la Presidencia).

El reto que tenemos por delante es formidable, no se trata de
ninguna complacencia. Se ha hablado de algunos datos. Es verdad que han
aumentado: de los 18 000 incidentes en 2014 de empresas y ciudadanos
hemos pasado a los 113 000 de este año hasta octubre, con lo cual es muy
posible que terminemos en el entorno de los 150 000. Pero eso denota una
confianza de los ciudadanos y las empresas a la hora de denunciar estos
incidentes, lo que es un elemento clave si realmente queremos ser
eficaces en la lucha contra la ciberseguridad.

También es verdad que hemos tenido más de 66 000 delitos en el
último año relacionados con la ciberdelincuencia. Por primera vez, en el
año 2016 se han producido en España más ciberdelitos que delitos
violentos. Pero es cierto que la eficacia de las fuerzas y cuerpos de
seguridad en la resolución de esos delitos se encuentra entre las más
altas de la Unión Europea.

Efectivamente, se han producido incidentes que afectan a sectores
estratégicos, pero precisamente la última crisis, la del wannacry,
demostró que, siendo España probablemente el primer país atacado por este
virus, de los 150 países que fueron atacados es uno de aquellos en los
que ese virus tuvo menor incidencia.

Mi compañero Mario Arias ha explicado tan bien el contenido de la
moción, que no necesito insistir en ello. Por tanto, para finalizar,
señor presidente, déjenme terminar con una frase del presidente del
Gobierno en esta misma Cámara, en respuesta a una pregunta del senador
Álvarez Areces. Decía el presidente del Gobierno: Creo que el Senado es
un buen ámbito para trabajar conjuntamente y para hacerlo de forma
sensata, razonable y ordenada, porque, insisto, este tema, igual que la
lucha contra el terrorismo, nos afecta a todos como seres humanos; en
absoluto como dirigentes políticos, sino como españoles responsables,
como ocurre en otros países.

Creo que el debate de esta moción, y espero que su aprobación, es
un buen ejemplo de cómo esta Cámara trabaja por la ciberseguridad de los
españoles, que es tanto como trabajar por su seguridad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cosidó.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la
moción del Grupo Parlamentario Popular, firmada por los grupos
parlamentarios Popular, Socialista, Vasco y Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249;
votos emitidos, 238; a favor, 210; abstenciones, 28.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 7.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado seis
enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una por iniciativa de
los senadores Mulet y Navarrete, y otra por iniciativa de los senadores
Alegre, Crisol y Marcos—; tres del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. Guarden silencio o
abandonen el hemiciclo en silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador De Lara por un tiempo de diez
minutos.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

Señor presidente, señorías, según los datos que aporta
Eurostat, 4,5 millones de personas en España estarían en riesgo de
pobreza energética. El Real Decreto 897/2017, de 6 de octubre, regula la
figura del consumidor vulnerable, el bono social y otras medidas de
protección para consumidores domésticos de energía eléctrica en concreto.
La forma de evitar el corte de energía eléctrica a los hogares que
acrediten una situación de vulnerabilidad severa es bien sencilla a
juicio del real decreto mencionado: los ayuntamientos y las comunidades
autónomas se encargarían de abonar un porcentaje importante de las
facturas impagadas. Las compañías eléctricas remitirían —remitirán,
de hecho, si eso se produce— a los clientes incapaces de pagar a
los servicios sociales más próximos. Y una vez que dichos servicios
sociales estudiaran y contrastaran la situación, abonarían al menos
el 50 % del importe de las facturas, hecho que sería suficientemente
determinante para que el corte no se produjera. O sea, serán las
compañías eléctricas las que harán marcar el paso a los servicios
sociales correspondientes, que a su vez aparecerían como culpables de los
cortes en el caso de que estos llegaran a producirse.

Por si tal interpretación ofreciera alguna duda, la propia memoria
justificativa del real decreto explicita claramente —leo
literalmente—: El coste total estimado de las medidas que se
proponen no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes
específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en
las correspondientes partidas presupuestarias.

Diferentes especialistas, varios técnicos de ayuntamientos y de
comunidades autónomas y representantes del mundo asociativo —no
hablo, por obvio, de los responsables institucionales, que también—
han puesto el grito en el cielo ante las carencias que registra una norma
de este alcance y la tenebrosa equivocidad que se esconde en gran parte
de las medidas propuestas. Se hace más que evidente el impacto
presupuestario que se va a producir en ayuntamientos y comunidades
autónomas. De hecho, todo el mundo sabe que los Presupuestos Generales
del Estado para 2017 no contemplan consignación alguna para este programa
en concreto.

Por otra parte, no existe garantía de que todas las
administraciones concernidas... (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senador de Lara.

Señorías, hagan el favor de guardar silencio. Si quieren hacer
tertulia, salgan al pasillo, pero guarden silencio.

Continúe.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

Es lamentable que no produzca más interés el hablar del bono
social eléctrico, que sirve para que muchas familias no pasen frío ni
sufran en este maldito invierno. (Aplausos).

Como les decía, interpreto que no todas las administraciones
concernidas van a reaccionar con el mismo rigor, en función,
fundamentalmente, de sus propias disposiciones presupuestarias. Por
tanto, probablemente va a haber desigualdad territorial, es decir, pobres
energéticos de primera, de segunda o de enésima categoría, en función del
lugar de residencia.

La toma de decisiones, de significativa magnitud, ya que afecta a
un importante sector de población y de administraciones, y alto calado
social y económico que se vierten en el real decreto no ha sido informada
ni contrastada en el seno del órgano competente que tenía que haberlas
debatido y conocido previamente. Hablo del Consejo Territorial de
Servicios Sociales. En la mencionada norma no se tienen en cuenta los
sistemas de protección que, responsablemente y por propia iniciativa, ya
vienen funcionando y siendo asumidos por los ayuntamientos y las
comunidades autónomas. Estas dos últimas consideraciones por sí solas a
mi entender ya evidencian una desconsideración y una falta de respeto
institucional. Tampoco es baladí la sobrecarga de trabajo que se inyecta
a los profesionales de los servicios sociales, ya sobrecargados por el
incremento de la demanda que se inició tras la crisis y que atienden,
aproximadamente, a 8 millones de personas al año. Además, están
desarmados de forma significativa en cuanto a la disposición de recursos
por lo recortes resultantes de la gestión del Gobierno del Partido
Popular.

El real decreto registra otras deficiencias técnicas
—queremos entender que no han sido premeditas, lo cual sería casi
delictivo— que se podrían haber corregido en el Consejo Territorial
de Servicios Sociales, al no contemplar, entre muchos ejemplos
—menciono este—, situaciones de monoparentalidad o soledad y
sí la situación de familias numerosas con independencia de sus ingresos.
Ahora no juzgamos —no es el momento— el hecho de que las
familias numerosas, con independencia de sus ingresos, tengan cobertura
del bono social de manera general.

Otra deficiencia detectada viene dada por la no previsión de
impedir cortes de suministro de gas, el recurso energético del que se
valen muchas familias.

La moción que presenta el Grupo Socialista propone instar al
Gobierno al reforzamiento del Plan concertado de prestaciones básicas por
la Administración General del Estado. Como es bien notorio, el plan
concertado ha venido sufriendo una reducción continua y persistente de
medios, y si sobrevive dignamente —nos consta— es por la
responsabilidad, la profesionalidad, el buen hacer de sus trabajadores y
profesionales y, por supuesto, por el compromiso de los responsables
institucionales, los dirigentes municipales y autonómicos, en suma.

Otra propuesta que plantea la moción es la reforma del Real
Decreto 897/2017, de 6 de octubre, convocando de urgencia —es
rigurosamente necesario— el Consejo Territorial de Servicios
Sociales.

También apuesta por incluir en los Presupuestos Generales del
Estado una consignación suficiente para proteger al consumidor vulnerable
y distribuirla entre las comunidades autónomas, según los criterios que
se determinen o ayuden a ello en el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia,
quienes, a su vez —me refiero a estos dos entes coordinadores y
asesores que, en definitiva, apoyarían cualquier medida que lograra
perfeccionar las múltiples fallas que presenta el real decreto—,
deberían ser consultados de cara a la aprobación de una norma que
tendiera a impedir que se produjeran cortes de suministro de gas en el
caso de aquellas familias que padecen pobreza energética y que se nutren
mayoritariamente de gas y no de electricidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador de Lara.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra, en primer lugar, el senador Marcos.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Senador De Lara, antes hemos tenido la ocasión de comentar el
fondo. Nuestra enmienda va más dirigida a la forma de sus peticiones
concretas ante la vulnerabilidad, ante la situación social y personal de
esos consumidores, que no pueden afrontar esa circunstancia por la misma
vulnerabilidad social. Estamos de acuerdo en actualizar y reforzar el
Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales. Y también
estamos a favor de aprobar, mediante el acuerdo del Consejo Territorial
de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención de la
Dependencia, una norma que impida precisamente lo que usted ha comentado:
el corte de suministro de gas a consumidores vulnerables.

Quizás nuestra línea de argumentación para presentar la enmienda
estaba referida a los puntos 2 y 3. Al punto 2, por entender que la
figura ya se había reformado en sentido progresivo, es decir, concediendo
a quien lo necesita con respecto al papel de los servicios sociales. Eso
ya se acordó, y ustedes lo apoyaron en el Congreso de los Diputados para
que fueran las comunidades autónomas, cuestión en la que también estamos
de acuerdo. Por otro lado, su grupo parlamentario también formó parte de
la negociación para reformar el sistema del bono social eléctrico, y esa
reforma introdujo el criterio de renta a la hora de conceder esa ayuda.
Además, se acordó un nuevo sistema de financiación que corre a cuenta
precisamente —nos parecía importante decirlo— de esas mismas
empresas del sector eléctrico y gasístico, y por eso no está presente en
los Presupuestos Generales del Estado. En todo caso, como he dicho, quizá
sea cuestión más de forma que de fondo, ya que estamos de acuerdo con el
fondo de la protección al consumidor vulnerable.

He querido traer a colación esos dos puntos, que nos parecía
importante matizar. E insisto en que estamos de acuerdo con la
actualización y reforzamiento de ese plan concertado y con aprobar que
las personas con dependencia tengan una norma que impida el corte de
suministro de gas para estos consumidores.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Tiene la palabra el senador Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.

Señorías, Compromís coincide con el Grupo Parlamentario Socialista
en la práctica integralidad del texto que hoy trae a debate a esta
Cámara. Siniestros y desgracias ocurren con demasiada frecuencia, como el
incendio de esta misma semana en Alcorcón. Las velas han causado un
incendio que ha estado a punto de costar la vida a miembros de una
familia en lo que es un caso evidente de pobreza energética. No nos hacen
falta más motivos para reafirmar la necesidad y la validez de las
políticas y las cláusulas sociales en los contratos de las
administraciones públicas y sus normativas. Son los gobiernos autonómicos
los que están dejando en clara evidencia al Estado, que parece más cómodo
defendiendo a empresas energéticas que no a sus ciudadanos a la hora de
propiciar normas que protejan a los más vulnerables frente a esta crisis
energética.

El Gobierno del señor Rajoy quiere frenar como sea las políticas
para salvar personas. Cuando un Parlamento autonómico aprueba una norma
que aborda la problemática de la vulnerabilidad y de los traumáticos
efectos que la actual legislación tiene sobre los más desfavorecidos y
los más desprotegidos, va el Consejo de Ministros y la envía al Tribunal
Constitucional.

Pedimos en nuestras enmiendas que se retiren los recursos de
inconstitucionalidad interpuestos por parte del Gobierno central contra
las normas aprobadas por los Parlamentos de las comunidades autónomas.
¿Qué pretenden, paralizar y gobernar a base de recursos allí donde no
gobiernan? En el caso de las valencianas, las leyes que han sido
agraciadas con este premio de recurso de inconstitucional han sido la Ley
de la función social de la vivienda, del Consell, la conocida como Ley
antidesahucio, y la Ley en contra de la pobreza energética. Pero
recientemente ha sido el contrato de la luz del Ayuntamiento de Valencia,
que impedía cortes a familias sin recursos dentro de las cláusulas
sociales del mismo contrato. El Gobierno de Joan Ribó ha decidido
proteger los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad de
su ciudad con una cláusula de obligado cumplimiento para la compañía que
se adjudique el contrato y la posibilidad de firmar diferentes convenios
para luchar contra la pobreza energética. Esta situación surge de
gobiernos honrados que han demostrado que hay otras maneras de dirigir a
la ciudadanía: con principios de optimización de recursos, reducción de
deuda, integridad y decencia en las relaciones con sus vecinos, vecinos
como la mujer de la que hablábamos anteriormente de 32, que vivía con sus
tres hijos de 5, 8 y 14 años junto a su abuelo y que han salvado la vida
de milagro tras arder su casa por las velas.

Estos días, señores senadores, hace frío y no podemos seguir así.
Señores del Gobierno del señor Rajoy, ustedes que pagan millones de euros
a fiascos como el Castor o rescatan autopistas, actúen, es urgente, la
grandeza de un país y de sus gobernantes está en pequeños e importantes
gestos como este, no en indignas políticas.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, jaun-andreok, eguerdi
on, arratsalde on.

Gure Taldeak, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aurkeztu
ditugu hiru zuzenketa talde sozialistak gaur kamara honetara ekarri duen
mozioari. Pentsatzen dugu hiru zuzenketa horiek osatuko dutela, eta
hobestuko dutela ere bai, proposatutakoa.

Lehenengoa hauxe da.

Señor presidente, señoras y señores, muy buenas tardes a todos y
todas.

Nuestro Grupo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, ha
presentado tres enmiendas a esta moción que presenta el Grupo Socialista
hoy aquí, en esta Cámara. Pensamos que estas tres enmiendas completarán
esta iniciativa y la mejorarán.

La primera de ellas se propone añadir un punto, y continúo en
castellano.

Lo podríamos llamar impuesto de solidaridad a los beneficios de
las centrales nucleares y de hidroeléctricas, un impuesto finalista
destinado a financiar —impuesto de solidaridad— el bono
social para familias vulnerables. Respecto a los beneficios dentro de las
empresas, voy a poner tres ejemplos: en el año 2016, los beneficios netos
de Iberdrola fueron 2700 millones; Endesa, 1400 millones; Gas Natural
Fenosa, 1347 millones. Recaudar mediante un gravamen a las empresas que
más se están beneficiando de este sector para distribuirlo en la
financiación de un bono social es justicia social. No podemos permitir
que mientras 5 millones de personas sufren pobreza energética en este
país, estas empresas alcancen sus cotas más altas de tarifas en el
momento que más se necesitaba la energía.

Una segunda enmienda plantea añadir en el punto de la moción el
siguiente texto: «En estas modificaciones se incluirá un mínimo vital
básico de suministro eléctrico garantizado cuya tarifa se fijará en
función de la renta de la familia consumidora/afectada».

Las familias españolas necesitan que el Estado garantice un mínimo
vital de energía para el desarrollo de su vida cotidiana. Por ello
proponemos esta enmienda, en la dirección de que ninguna familia se vea
en la situación de quedarse sin suministro eléctrico en la época del año
que más lo necesita, por ejemplo, de octubre a marzo. Solo garantizando
por ley dónde se encuentra este mínimo vital de energía, las familias
quedarán protegidas de los abusos en las tarifas y de los intereses del
mercado, porque hay que recordar que el sector energético, que es un
sector estratégico, tiene como función social proveer a las familias y a
las empresas la energía necesaria para desarrollar su vida
cotidiana.

Y una tercera enmienda añade un nuevo punto, que dice: «Comenzar
el proceso de recuperación para la gestión pública del sector estratégico
de las energías, cuando acaben sus concesiones, con la finalidad de que
no se haga negocio especulativo con una necesidad básica de las familias
españolas». Y les voy a leer el artículo 128 de la Constitución española,
que dice: «Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual
fuere su titularidad está subordinada al interés general. Se reconoce a
la iniciativa pública la actividad económica. Mediante ley se podrá
reservar el sector público recursos o servicios esenciales, especialmente
en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas
cuando así lo exigiera el interés general».

A ver, díganme, ¿quiénes de ustedes no están de acuerdo con esto?
Quien no esté de acuerdo, que levante la mano, le cedo el 1,25 que me
queda.

(Rumores). Nadie, ¿verdad? Todos estamos de acuerdo,
efectivamente, porque bajo este amparo constitucional se puede intervenir
en el sector estratégico de la energía, alejándolo de la especulación, de
los intereses del mercado y acercándolo al servicio de la mayoría social
y trabajadora de este país. No podemos permitir que mientras empresas
energéticas siguen ganando miles de millones de euros —sus
directivos llegan a ganar 40 000 euros al día— haya 5 millones de
personas que sufren pobreza energética, que tiene unas consecuencias
traumáticas, muchas veces, la muerte. Pensémoslo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición
Canaria, tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Molt breument, ja els avanço que votarem a favor d’aquesta
iniciativa.

Nosaltres hem presentat una esmena que fa referència al punt 2 i
al punt 3. Pel que fa al punt número 2, nosaltres demanem reformar el
Reial Decret Llei 7/2016, i ho fem per incorporar una situació que pensem
que no hi és reflectida. El Reial Decret Llei inclou totes les famílies
nombroses, amb independència dels seus recursos, i per tant,
independentment de si pateixen pobresa energètica o no. En canvi, no
inclou de forma específica persones amb dependència energètica que, per
temes de salut, necessiten estar assistits per una màquina constantment.
Per tant, és un punt que pensem que flaqueja en aquest Reial Decret Llei
i que fora bo incorporar-lo. En aquest sentit, ja saben vostès que els
malalts d’EPOC han fet una gran reclamació d’aquesta mesura,
però no només ells, sinó també tots aquells malalts que es troben en
aquesta situació.

La llei tampoc no inclou cap estudi detallat sobre quines llars
estan en situació de pobresa energètica. Dins la mateixa memòria
justificativa d’aquest Reial Decret Llei, sí que s’inclou una
anàlisi molt genèrica en la qual s’afirma que totes les persones en
pobresa energètica esta cobertes, però sense incloure-hi els càlculs que
s’han fet. Per tant, és un tema tan important que s’asseguri
que totes les llars en aquesta situació estiguin ateses que pensem que
cal també una modificació en aquest sentit del Real Decret Llei, amb un
estudi detallat que justifiqui i que digui als diferents grups
parlamentaris com implementar aquests criteris; que no els fixi
lliurement el Govern.

Pel que fa a l’esmena del punt 3 que, com han comentat aquí
abans altres oradors, es basa en el Reial Decret Llei 6/2013, del 23 de
desembre, pel qual es modificava la Llei 22/2010, del 20 de juliol, del
Codi de Consum de Catalunya, que va ser anul·lada pel Tribunal
Constitucional, la coneguda Llei contra la Pobresa Energètica. El que
proposa és exactament que els Serveis Socials presentin un informe sobre
els consumidors d’energia elèctrica vulnerables i que, mitjançant
aquest informe dels Serveis Socials, no se’ls pugui tallar
l’electricitat durant els mesos de novembre a març, com a mínim,
perquè són els mesos (i vostès ho saben) més freds de l’any per a
la gent amb pobresa energètica, quan hi ha després problemes i hem
d’assistit a incendis i a desgràcies familiars.

Volem això: aconseguir que a aquests consumidors vulnerables,
senzillament, no se’ls talli la llum. Per la resta, estem
absolutament d’acord amb la moció i ja els avanço que pensem que
aquestes esmenes no fan més que enriquir la seva proposta, però malgrat
no fossin acceptades (que pensem que seria una llàstima) nosaltres
votaríem a favor de la seva proposta.

Gracias, presidente.

Muy brevemente, les avanzo que vamos a votar a favor de esta
iniciativa.

Nosotros hemos presentado una enmienda que hace referencia a los
puntos 2 y 3. En el punto 2 pedimos reformar el Real Decreto Ley 7/2017
para incorporar una situación que no está reflejada: el real decreto
incluye a todas las familias numerosas, independientemente de sus
recursos y, por lo tanto, independientemente de si sufren pobreza
energética o no; en cambio, no incluye de forma específica a personas con
dependencia energética que por temas de salud necesitan estar asistidos
por una máquina constantemente. Creemos que es un punto que flaquea en
este real decreto y que estaría bien incorporarlo. En este sentido, ya
conocen ustedes que los enfermos de EPOC han reclamado fuertemente esta
medida, pero no solo ellos, sino todos aquellos enfermos que se
encuentran en esta situación.

La ley no incluye tampoco un estudio detallado de qué hogares
están en situación de pobreza energética. Dentro de la memoria
justificativa de ese real decreto se incluye un análisis muy genérico en
el que se afirma que todas las personas que sufren pobreza energética
están cubiertas, pero sin incluir los cálculos que se han hecho. Por lo
tanto, es importante que se asegure que todos los hogares en esta
situación estén atendidos y hace falta una modificación del real decreto
con un estudio detallado que diga a los distintos grupos parlamentarios
cómo implantar estos criterios, que no los fije libremente el
Gobierno.

El punto 3 de esta enmienda, que se ha comentado aquí por otros
oradores, y sobre la base del Real Decreto 6/2013, de 23 de diciembre,
por el que se modificaba la Ley 22/2010, de 2 de julio, del código de
consumo de Cataluña, que fue anulada por el Tribunal Constitucional, la
conocida Ley contra la pobreza energética, lo que propone es exactamente
que a los consumidores vulnerables de energía eléctrica que presenten un
informe a los servicios sociales no se les pueda cortar la electricidad
durante los meses de noviembre a marzo cuando menos, porque son los
meses, como ustedes saben, más fríos del año para la gente que sufre
pobreza energética y en los que hay más problemas de asistencia, por
ejemplo por incendios y desgracias familiares. Queremos conseguir que a
estos consumidores vulnerables sencillamente no se les corte la luz.

Por lo demás, estamos absolutamente de acuerdo con la moción y les
avanzo que creemos que estas enmiendas no hacen más que enriquecer su
propuesta. A pesar de que no fueran aceptadas —que pensamos que
sería una lástima—, nosotros votaríamos a favor de su
propuesta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Tiene la palabra el senador De Lara para indicar si acepta o no
las enmiendas.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

La mayoría de las enmiendas que se han presentado esta mañana a
esta moción son loables y serían apoyables probablemente —aunque no
todas ellas— en otros ámbitos y en otros momentos que no tienen que
ver con el momento concreto de presentar una moción relativa a un real
decreto referido a los mecanismos operativos concretos de apoyo al
consumidor vulnerable y donde se marcan de manera determinada —otra
cosa es que se pueda estar o no de acuerdo con lo que marca el propio
real decreto— los mecanismos procedimentales a utilizar en este
caso concreto.

La enmienda de Ciudadanos, que es una enmienda de modificación
—lo hemos comentado con el señor Marcos—, elimina los
puntos 2 y 3 de las propuestas de la moción que presenta el Partido
Socialista y no los sustituye por ninguna otra alternativa de texto,
respetando, aunque con una ligera modificación, los puntos 1 y 4 de la
propuesta socialista. Hubiéramos estado dispuestos a aceptar la enmienda
si se hubiera podido fraccionar en relación con la palabra que añade, que
es «actualizar», en el punto 1, pero al no haber otra alternativa no
podemos transar.

Respecto a la enmienda de Comprimís, digo algo parecido —lo
ha comentado el señor Navarrete—: aunque formalmente se le otorga
un carácter de enmienda a una moción muy concreta, no encaja en el
objeto de esta moción. Sí puede formularse como otro tipo de iniciativa
sobre la que mi grupo podría debatir y pronunciarse en un sentido o en
otro llegado el caso, pero creemos que no es el contexto.

En cuanto a las tres enmiendas de Podemos, el señor Arrieta
preguntaba: ¿quién está en desacuerdo o quién puede estarlo? Nadie ha
levantado la mano, yo tampoco la he levantado, pero es que no se puede
convertir una moción tan específica, tan concreta, tan singular, como
diríamos en La Mancha, en una especie de pipirrana donde todo cabe, en
una percha donde todo se puede enganchar. Este debate ya lo tuvimos entre
Podemos y el PSOE cuando estaba interviniendo la compañera que está a su
derecha.

¿Aumentar el gravamen fiscal a centrales nucleares o
hidroeléctricas? No cabe en este debate, cabe en un debate que tiene que
ver con la materia fiscal que afecta a las centrales nucleares o
hidroeléctricas. Entendemos que, de una u otra manera, el mínimo vital
básico de consumo eléctrico está contemplado en el tenor del real decreto
que estamos comentando con esta moción. Y recuperar la gestión pública
del sector estratégico de las energías es una iniciativa, señor Arrieta,
totalmente respetable, absolutamente respetable, pero no tiene cabida en
este ámbito, tal como respondimos, repito, a su grupo en otro momento. La
situación es de urgencia, aquí y ahora, es invierno, hay personas que
sufren pobreza energética y no se trata de debatir a largo o medio plazo
sobre estrategias de futuro que son necesarias.

Finalmente, respecto a los comentarios de la senadora Rivero
—ella misma lo ha reconocido—, no alteran los puntos 1, 3 y 4
de la propuesta socialista y en relación con el punto 2 de la propuesta
socialista sí incorporan algunos apartados relativos al Real Decreto
Ley 7/2016...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor DE LARA GUERRERO: Sí, señor presidente.

Real decreto que hoy no estamos cuestionando, lo que estamos
proponiendo son alternativas relativas al reiteradísimo Real
Decreto 897/2017.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Navarrete tiene la
palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. Intervendré
desde el escaño.

Hablábamos antes del empeño del Gobierno en la lucha contra la
pobreza energética, mejor dicho, la falta de empeño, la falta de
iniciativas para abordar las verdaderas emergencias energéticas y las
verdaderas emergencias sociales. Cuando hay compañía eléctricas, grandes
empresas y bancos de por medio no hay Constitución que valga, ¿no,
señores del PP? En su respeto a la Constitución no entra ni el derecho a
la vivienda ni el derecho al trabajo ni a la vida. No nos engañan ya a
nadie cuando dicen esas frases y actúan de otra manera. No engañan ya a
nadie y, por lo tanto, como dice la Biblia: por sus obras los conoceréis.
Esta fórmula bíblica es para diferenciar los verdaderos de los falsos
profetas; pues en este criterio de verificación, por sus obras —y
no por sus palabras— los conoceréis: los señores Dastis, Catalá, la
señora de Cospedal, el señor Montoro, el señor Zoido, el señor de la
Serna, el señor Méndez, la señora Báñez, el señor Nadal, la señora García
Tejerina, el señor De Guindos, el señor Rajoy. Escuchen a la ciudadanía
de una vez, que la gente está denunciando las injusticias y la
insensibilidad. Defiendan a los vulnerables y a los ciudadanos y si no lo
quieren hacer, dejen que otros lo hagamos: las instituciones más cercanas
a la ciudadanía, como los ayuntamientos y las comunidades autónomas, que
pueden y están sabiéndolo hacer. Si no saben actuar, dejen actuar al
resto.

Gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Tiene la palabra la senadora Castilla.

La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidente.

Señorías, en la recomendación del 18 de abril de 2017 de la
defensora del pueblo se señala de forma literal que, tal y como ha estado
regulado el bono social eléctrico hasta la fecha, los recursos económicos
destinados a la protección del consumidor vulnerable no se han estado
empleando adecuadamente, puesto que hay colectivos con rentas bajas que
están excluidos del bono social y otros que se han estado beneficiando de
esta medida al margen de todo criterio socioeconómico. También señala en
otra de las recomendaciones que hay que hacer un desarrollo reglamentario
del Real Decreto Ley 7/2016, donde se tiene que tener en cuenta, en
primer lugar, el ámbito de aplicación, señalando la determinación de las
personas que se beneficiarán de las nuevas medidas de protección,
haciendo especial hincapié en los menores de edad, en los ancianos y en
las personas con discapacidad; en segundo lugar, habla del
establecimiento de un procedimiento eficaz para la articulación práctica
de todas las medidas.

Considero que la moción que se debate aquí y que vamos a someter a
votación tiene en cuenta estos aspectos, y también tiene en cuenta el
hecho, compartido por la recomendación de la defensora del pueblo, de que
hay que definir un concepto concreto de consumidor vulnerable, porque
existen muchos criterios pero no existe un concreto concepto del mismo. Y
podría estar relatando toda la mañana muchísimas recomendaciones más,
pero me gustaría destacar dos puntos muy importantes de esta moción de
cara a apoyarla. En primer lugar, que con la última normativa se traslada
toda la responsabilidad a las administraciones más cercanas a los
ciudadanos, a las administraciones territoriales —a los
ayuntamientos, a los cabildos insulares— y, en segundo lugar, que
se traslada toda esta responsabilidad para hacer frente a esos impagos
pero sin dotación presupuestaria estatal alguna. Por lo tanto, como todos
sabemos, si existe un compromiso en papel que no lleva detrás la
correspondiente dotación presupuestaria económica adecuada a las
necesidades del sector, queda en papel mojado.

Por tanto, la Agrupación Socialista Gomera considera que la moción
que se está debatiendo aquí es muy positiva para, de una vez por todas,
ayudar a todas estas personas que están padeciendo entre otras cosas el
frío, que ya se empieza a notar, por lo que votaremos a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.

¿Alguna intervención más? (Pausa).

No hay más intervenciones.

Pasamos al Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria. Tiene la
palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

En diciembre de 2016 algunos de los principales partidos nos
hablaban sobre el bono social. Concretamente, Rafael Hernando, del
Partido Socialista, nos decía: «Ataca de una forma integral la pobreza
energética, es el principio del fin de la pobreza energética, consiste en
prohibir la interrupción del servicio de energía eléctrica a las familias
muy vulnerables». Álvaro Nadal, ministro de Energía del Partido Popular,
decía: «Este sistema viene a mejorar y clarificar lo que ya existe.
Tenemos que felicitarnos por el éxito acordado». Melisa Rodríguez, de
Ciudadanos, nos decía que por fin, ocho años después del inicio de la
crisis, se va a poner fin a los cortes de energía a esas familias
vulnerables, y decía que era gracias a su partido.

Lo cierto es que tras todo esto, con la llegada del frío y el
aumento del consumo de la energía para la calefacción de los hogares
españoles, se pondrá de manifiesto una vez más, por desgracia, la
realidad social de España.

Señorías, me da la impresión de que cuando hablamos aquí de temas
tan sensibles como este los abordamos siempre desde una óptica fría,
fijándonos solo en los datos estadísticos, en las encuestas o, incluso,
en las macroencuestas. Pero cuando atravesemos las puertas del Senado y
salgamos a la calle al término de este Pleno lo que aquí hablamos lo
veremos reflejado en rostros de hombres y mujeres, de niños, de niñas, de
personas mayores, y no quiero tener el remordimiento de, como senador, no
haber sabido abordar con humanidad y sensibilidad un tema tan delicado
como la pobreza, máxime la injusta y dolorosa pobreza energética, porque
muchas personas mayores necesitan calentarse este invierno y simplemente
no pueden encender el horno o la cocina para cocinar porque, además, con
su pensión tienen que echar una mano a sus familias. Eso, señorías, es la
pobreza energética. No quiero más testimonios trágicos como el de Rosa,
quien falleció con 81 años —como todos recordaremos— en Reus
al incendiarse su casa con una vela con la que se estaba alumbrando
porque ya le habían cortado la luz. Señorías, a mí eso me avergüenza como
ciudadano de este país.

La Asociación de directores, directoras y gerentes de servicios
sociales en España ha sido muy clara sobre este tema: alrededor de un
millón de hogares están por debajo de lo que determina el Ministerio de
Industria como familias vulnerables con el nuevo bono social, es
decir, 300 millones de euros que no han sido aún presupuestados. Sin duda
—y no lo digo yo, lo dice este mismo organismo—, una de las
mayores chapuzas como decreto que ha hecho este Gobierno.

Estamos ante un problema latente, muy latente en nuestra sociedad,
que ha visto recortada la partida presupuestaria al respecto en estos
últimos años, precisamente cuando la demanda ha ido en aumento por la
situación económica y social tan dura que hemos vivido en estos últimos
años. No quiero más titulares vergonzantes ni promesas o profecías
electoralistas como las que les mencionaba al principio de mi
intervención. Por lo tanto, apoyaremos sin duda esta moción con la
confianza de que llegue a buen puerto.

Gracias, señorías.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Senadora Rivero, tiene la palabra.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Parlaré de
l’escó estant.

Com ha els he dit, nosaltres som dels que busquem solucions als
problemes i no posem problemes a les solucions. A Catalunya s’havia
treballat en el sentit de donar resposta als casos de pobresa energètica,
però com sol passar amb la majoria de lleis que fa el Parlament de
Catalunya, són portades al Tribunal Constitucional i se li nega aquesta
solució als ciutadans.

Ja els hem dit que estem d’acord amb aquesta proposta seva,
els ho dic d’entrada. Em sap molt greu que no hagi acceptat les
esmenes, perquè pensàvem sincerament que enriquien la moció. Hi fèiem
esment a dos punts que per nosaltres és important tenir en comte. Però
també li diré que el Reial Decret Llei 7/2016 va deixar un gran marge
d’actuació al Govern central per legislar sobre el bo social, que
és del que estem parlant avui. Per això, nosaltres ens vam abstenir al
Congrés sobre aquesta mesura i vam votar a favor que es tramités com a
projecte de llei. Si vostès, el Partit Socialista, haguessin fet el
mateix, penso que aquesta moció d’avui hagués estat innecessària.
No s’entén com el PSOE li va donar un marge tan ample al Govern
central, entre altres coses, perquè un cop més fes pagar el 50 % de la
factura dels consumidors en risc d’exclusió social als Serveis
Socials dels ajuntaments o de les comunitats autònomes, i no
l’assumís ell, com a Estat, quan aquest és un problema
d’Estat que, entre altres coses, té molt a veure amb les polítiques
energètiques que aplica aquest Govern central.

Dit tot això, estem agraïts que hagi portat aquesta moció aquí,
que soluciona part d’allò que no recull aquest decret, que ho
recollia amb màniga ampla. Centra allò que per a nosaltres és
vital...

Gracias, presidente. Intervengo desde el escaño.

Ya les hemos dicho que nosotros somos quienes buscamos soluciones
a los problemas y no ponemos problemas a las soluciones. En Cataluña se
había trabajado en el sentido de dar respuesta a los casos de pobreza
energética, pero como suele pasar con la mayoría de leyes que aprueba el
Parlamento de Cataluña, son llevadas al Tribunal Constitucional y se les
niega esa solución a los ciudadanos.

Ya les hemos dicho que estamos de acuerdo con esta propuesta suya,
se lo digo de entrada. Me sabe muy mal que no haya aceptado las enmiendas
porque pensábamos, sinceramente, que enriquecían la moción y contenía dos
puntos que para nosotros es importante tenerlos en cuenta. Pero también
les diré que el Real Decreto Ley 7/2016 dejó un gran margen de actuación
al Gobierno central para legislar sobre el bono social, que es de lo que
estamos hablando hoy. Por eso, nosotros nos abstuvimos en el Congreso
sobre esta medida y votamos a favor de que se tramitase como proyecto de
ley. Si ustedes, el Partido Socialista, hubieran hecho lo mismo creo que
esta moción de hoy habría sido innecesaria. No se entiende cómo el PSOE
le dio un margen tan amplio al Gobierno central, entre otras cosas para
que una vez más hiciera pagar el 50 % de la factura de los consumidores
en riesgo de exclusión social a los servicios sociales de los
ayuntamientos o de las comunidades autónomas y no la asumiesen ellos como
Estado cuando este es un problema de estado que, entre otras cosas, tiene
mucho que ver con las políticas energéticas que este Gobierno central
emplea.

Dicho todo esto, estamos agradecidos porque hayan traído esta
moción aquí, que soluciona parte de aquello que no recoge este decreto,
que lo recogía con manga ancha, centra lo que para nosotros es
vital...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora RIVERO SEGALÀS: ... i per suposat que hi donarem el
nostre vot a favor.

Moltes gràcies.

...y , por supuesto, vamos a votar a favor.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Buenos
días otra vez.

Esta moción habla de pobreza energética, pero no podemos olvidar
que hablar de pobreza energética es simplemente hablar de una cara más de
la pobreza, pobreza que tiene que ver con rentas familiares insuficientes
que, sobre todo, vienen de una falta o de la precariedad en el empleo. Lo
que pasa es que la pobreza energética tiene un plus, un factor más, que
es el precio de la energía. No podemos olvidar que el precio de la
energía no es lo mismo que el coste de la energía y que ese precio de la
energía tiene un 50 % de impuestos, con lo que el Gobierno de alguna
manera tiene asegurada parte de la recaudación porque todos y todas somos
consumidores. Pero son unos impuestos que no son progresivos: todos
pagamos lo mismo cuando encendemos la luz o cuando abrimos el gas. Y yo
creo que aquí todos deberíamos hacer una reflexión.






¿Por qué ese 50 % de
impuestos, qué pasa, que es más fácil recaudar así, un poco a escondidas,
que subir el IRPF, por ejemplo? Habría que reflexionar.

Por desgracia, de lo que hablamos, la pobreza energética, no es un
problema local, pero esto no puede ser un consuelo. Yo creo que le
debemos dar una solución integral que pasa, entre otras cosas, por la
regulación del sector energético, por mejorar la eficiencia energética de
los hogares, por identificar y proteger a consumidores vulnerables y
—nos parece muy importante— por contar con un sistema de
protección social fuerte y solidario. En el caso de Euskadi, por ejemplo,
tenemos una renta de garantía de ingresos, tenemos ayudas de emergencia
social, que son herramientas que ayudan a que nadie se quede atrás y que
nadie tenga que elegir entre comer o estar caliente en invierto.

Y en esta solución integral deberíamos pensar, además, en algo
fundamental, debatirlo entre todos y llegar a un acuerdo, y es sobre el
derecho —derecho— de acceso a la energía. Evidentemente, hay
una necesidad de coordinación entre los diferentes niveles
institucionales. En esta moción los grupos parlamentarios han hecho
diferentes planteamientos desde distintos puntos de vista. Yo no voy a
hablar de política energética, no voy a hablar de tarifas, no voy a
hablar de gravámenes a empresas, porque además de que habría mucho que
decir, creo que es otro debate que no es el de hoy; hoy estamos hablando
no de empresas energéticas, no de política energética, estamos hablando
de pobreza, y esto se mezcla cuando llegamos al bono social. Yo creo que
de una vez por todas deberíamos ser lo suficientemente valientes para
desvincular un tema social y un tema de pobreza de lo que es la política
energética, porque creo que si no no vamos por el buen camino. Si el
problema es social, la solución se la deberemos dar desde lo social, bono
u otras herramientas, otras prestaciones u otras ayudas sociales.

En un inicio se planteó una cofinanciación —ahora
también—, se planteó este tema del bono social de forma que una
parte lo pagan las administraciones —en este caso se entiende, como
manifiestan todos los grupos, que son las instituciones más cercanas y
que no debería ser así— otra era un cargo a las operadoras. Y aquí
tenemos que hacer otra reflexión: cuando se carga a las operadoras, al
final se repercute y se penaliza al consumidor y los consumidores somos
todos; o sea, que también estamos penalizando al consumidor vulnerable,
lo que es una auténtica contradicción.

A lo que íbamos y lo que queremos remarcar. Si es un problema
social, debe tener, por un lado, solución social, pero además debe ser
financiado con la aportación que todos y cada uno de los ciudadanos y
ciudadanas hacemos desde la carga impositiva que nos corresponde a cada
cual; es decir, sí debe estar incluido en los presupuestos, pero en los
presupuestos de quien sea competente en servicios sociales, y desde luego
aquí no voy a entrar en las deficiencias de la financiación
autonómica.

Hablamos de servicios sociales. Como ustedes saben, Euskadi y sus
territorios históricos tienen competencia exclusiva en servicios sociales
—no les podía defraudar y no hablar una vez más de competencias,
pero tampoco me voy a extender porque seguro que me han escuchado con
atención todas las veces que he hablado de este tema—, y puesto que
parte importante de la moción se refiere a esta materia, a los servicios
sociales, tengo que manifestar que aunque nuestro grupo no puede votar
que no porque estamos de acuerdo en la filosofía —estamos de
acuerdo en la protección al consumidor vulnerable, cuestión en la que
somos competentes y ya tenemos medidas implantadas, además de que estamos
de acuerdo con la filosofía de su carácter presupuestario y estamos de
acuerdo en algunas de las cuestiones planteadas respecto al real
decreto—, tampoco podemos votar que sí por la parte de invasión
competencial que supone.

Nada más y muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia,
senadores, senadors.

Entenem com a pobresa energètica la dificultat per afrontar el
pagament de les factures dels subministraments bàsics,
d’electricitat, aigua i gas. La pobresa energètica mata; així de
dur i així de real. Per tant, l’hem d’afrontar. Aquesta és
una urgència social, i el seu creixement és alarmant, i com a tal, la
societat hauria de lluitar per acabar amb aquesta situació de
vulnerabilitat. Societat, polítics, institucions i, sobretot, les grans
beneficiàries: les companyies subministradores.

Al Parlament de Catalunya, a partir d’una iniciativa
legislativa popular l’any 2015, es va aprovar la Llei 24/2015 de
Mesures Urgents per a Afrontar l’Emergència en l’Àmbit de
l’Habitatge i la Pobresa Energètica. Aquesta llei estableix els
protocols d’aplicació per tal de donar suport a les persones en
risc d’exclusió en l’àmbit de l’habitatge, i que no
poden pagar factures de subministrament dels serveis bàsics
d’aigua, gas i llum; una llei de la qual el Govern espanyol va
impugnar gran part de les mesures d’habitatge i que el Tribunal
Constitucional ha suspès. La lluita contra la pobresa energètica a
Catalunya ha estat una constant de recursos, suspensions i impugnacions.
L’actual llei catalana estableix diferents protocols, com que les
empreses són les responsables d’avisar els Serveis Socials
corresponents dels impagaments de factures, per tal de poder dirimir si
s’està davant d’una situació de vulnerabilitat, ja que són
elles les que disposen de les dades dels impagaments. Aquests protocols,
dit sigui de pas, no sempre es compleixen per part de les empreses
subministradores. Cal recordar que fins i tot la patronal de les
companyies elèctriques el va portar als tribunals; tota una declaració
d’intencions per part de les grans beneficiàries.

Per a nosaltres, és bàsic que tots els ciutadans visquin
dignament. Les polítiques de la Generalitat volen situar les persones de
manera integral al centre de les polítiques socials, és a dir, que puguin
disposar d’una cartera de serveis d’accés universal i els
puguin utilitzar en funció de les circumstàncies que puguin ocórrer al
llarg de la seva vida pel sol fet de ser persones. Tenim molt clar que
els ciutadans han de poder viure dignament, i per això han estat moltes
les polítiques de mercat caràcter social que han estat aprovades pel
Parlament de Catalunya i impulsades pel Govern legítim. Tot i que hi ha
partits que insisteixen a fer creure que el Govern de la Generalitat
només ha fet política per al procés. Alguns exemples són la renda mínima
de ciutadania, l’Agència de protecció social, la universalitat de
l’accés als Serveis Socials, la Llei d’Igualtat Efectiva
entre Dones i Homes o la d’Emergència Habitacional, entre
d’altres.

Totes aquestes polítiques han estat possibles, en gran part,
gràcies a la feina feta per la conselleria encapçalada per la Dolors
Bassa, qui avui està injustament empresonada. Dolors, Meritxell, Jordis,
Josep, Carles, Raül, Quim, Oriol i la resta del Govern, us volem a
casa.

Gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente. Buenas tardes, senadores y senadoras.

Entendemos como pobreza energética la dificultad para afrontar el
pago de las facturas de los suministros básicos: electricidad, agua y
gas. La pobreza energética mata, así de duro y así de real. Por tanto,
debemos afrontarlo. Es una urgencia social y su crecimiento es alarmante
y como tal la sociedad debería luchar para acabar con esta situación de
vulnerabilidad. La sociedad, los políticos e instituciones y, sobre todo,
las grandes beneficiarias, es decir, las compañías suministradoras.

El Parlamento de Cataluña, a partir de una iniciativa legislativa
popular en 2015, aprobó la Ley 24/2015, de medidas urgentes para afrontar
la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Esta
ley establece los protocolos de aplicación para dar apoyo a las personas
en riesgo en exclusión en el ámbito de la vivienda y que no pueden pagar
facturas de suministros básicos de agua, gas y luz. Una ley de la que el
Gobierno español impugnó gran parte de las medidas de vivienda y que el
Tribunal Constitucional ha suspendido. La lucha contra la pobreza
energética en Cataluña ha sido una constante de recursos, suspensiones e
impugnaciones. La actual ley catalana establece distintos protocolos como
que las empresas son las responsables de avisar a los servicios sociales
correspondientes de los impagos de facturas para poder dirimir si se está
ante una situación de vulnerabilidad, ya que son ellas las que disponen
de los datos de impagos. Unos protocolos que, dicho sea de paso, no
siempre se cumplen por parte de las empresas suministradoras y hay que
recordar que incluso la patronal de las compañías eléctricas llevó a los
tribunales. Toda una declaración de intenciones por parte de las grandes
beneficiarias.

Para nosotros es básico que todos los ciudadanos vivan dignamente.
Las políticas de la Generalitat quieren situar a las personas de forma
integral en el centro de las políticas sociales. Es decir, que puedan
disponer de una cartera de servicios de acceso universal y los puedan
utilizar en función de las circunstancias que puedan acaecer a lo largo
de su vida por el único hecho de ser personas. Tenemos muy claro que los
ciudadanos tienen que poder vivir libremente y por eso han sido muchas
las políticas de marcado carácter social las que han sido aprobadas por
el Parlamento de Cataluña e impulsadas por el Gobierno legítimo, aunque
hay partidos que insisten en hacer creer que el Gobierno de la
Generalitat solo ha hecho política por el proceso. Algunos ejemplos son
la renta mínima de ciudadanía, la protección social, la universalidad del
acceso a los servicios sociales, la ley de igualdad efectiva entre
hombres y mujeres o la de emergencia habitacional entre otras.

Todas estas políticas han sido posibles en gran parte gracias al
trabajo hecho por la Conselleria encabezada por Dolors Bassa, quien hoy
está injustamente encarcelada. Dolors, Meritxell, Jordis, Josep, Carles,
Raul, Quim, Oriol y el resto del Gobierno os queremos en casa.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Azamar.

Por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.

El señor ARRIETA ARRIETA: Esta mañana está siendo muy simpática.
Hablando de ciberseguridad se habló de vida digna, hablando de no boicot
a los productos catalanes se habló de la marca España y quiero traer a la
Cámara y recordar la primera poesía que les ofrecí: nada es tan frío como
el frío absoluto; alguien pide pan y le dan hambre; alguien pide casa y
le dan calle; alguien pide luz y le dan noche; alguien pide calor y le
dan frío. Esto, señorías, también es marca España. No digo que es la
marca de España, sino una marca España. Pobreza energética, colas en los
comedores sociales, paro, trabajo precario, abandono escolar, meses para
que te atienda un especialista..., este tipo de cosas ocurren.

Señorías, cuando nos acostamos todas las noches de frío, que son
muchas, así vestidos, (El señor Arrieta Arrieta se ha puesto un gorro de
lana) tapados completamente, cuando tenemos que dormir con toda la
familia junta para darnos calor... ¿Cuántos de nosotros tenemos que
encender una vela cuando llega la noche? (El señor Arrieta Arrieta,
enciende un mechero). Ninguno, ninguno de nosotros, señorías.

Según el estudio de la Asociación de Ciencias Ambientales sobre
pobreza, vulnerabilidad y desigualdades energéticas, el 11 % de los
hogares españoles, es decir, 5,1 millones de personas, se declaran
incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada en los meses
de invierno, habiéndose producido un incremento del 22 % solo en dos
años. Asimismo, el estudio también señala que un 21 % de los hogares de
España está experimentado condiciones asociadas a la pobreza energética y
que un 6 %, es decir, 2,6 millones de personas dedican más del 15 % de
sus ingresos familiares al pago de las facturas energéticas. Además, este
informe revela una mayor incidencia de la pobreza energética en las zonas
rurales o escasamente pobladas. El estudio señala que las situaciones de
pobreza energética podían estar ocasionando el 30 % de las muertes
adicionales de invierno, es decir, más de 7000 personas en esa época del
año. El dictamen del Comité Económico y Social europeo, de 2011, sobre la
pobreza energética en el contexto de la liberalización y de la crisis
económica, señala que la pobreza energética es una nueva prioridad social
que necesita apoyo a todos los niveles y propone que la pobreza
energética se tenga en cuenta a la hora de elaborar cualquier política
energética y un posterior dictamen de 2013 pedía una acción europea
coordinada para prevenir y combatir la pobreza energética. El mismo
comité manifiesta que la energía es un bien común esencial debido a su
papel indispensable en todas las actividades cotidianas. Según datos de
la Cruz Roja, en dos años, el gas se ha incrementado un 22 %; la luz,
el 34 %; el agua, el 8,5 % y la bombona de butano, el 22 %. Según
Eurostat, de 2001 a 2012, la factura de electricidad en España cuesta de
media un 105 % más. La subida de los precios de la energía en plena ola
de frío es un ejemplo más de la barbaridad del sistema energético
español.

La reforma del mercado energético emprendida por el Gobierno del
Partido Popular no da respuesta real al fenómeno de la pobreza
energética, mientras el denominado déficit tarifario y la reciente
sentencia del Tribunal Supremo en relación con la financiación del bono
social amenazan con incrementar todavía más la factura energética de las
familias. La teórica liberalización del sector eléctrico no ha servido
para abaratar el precio del suministro eléctrico, sino todo lo
contrario.

Nuestro grupo plantea acabar con la pobreza energética lo que pasa
por la nacionalización de las eléctricas y gasísticas, y por la
consideración de servicio público de ese sector. Y esto, señores, no
tiene nada que ver ni con Venezuela ni con Cuba. Hablamos de que España
siga el ejemplo de otros países del entorno, en que las redes de
distribución eléctrica son de titularidad pública, ya sea mediante una
entidad estatal, como en Francia o Italia, o municipal, al estilo de
Alemania. Es necesario tomar medidas que no supongan una subvención del
Estado a las compañías eléctricas, medidas, señorías, que supongan que un
sector estratégico como el energético esté a disposición de la mayoría
social y romper con la dinámica de las puertas giratorias, porque el
sector energético es donde más visible se hace este fenómeno. La
subordinación de los partidos políticos a los intereses de mercado de las
compañías eléctricas supone pobreza energética para 5 millones de
españoles y españolas.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor ARRIETA ARRIETA: Sí, señor presidente.

Señorías, para acabar, techo caliente, pan tierno, trabajo digno.
¿Quién no quiere esto? ¿Ustedes lo desean? Ustedes lo desean, nosotros lo
deseamos, todo el mundo lo quiere. Señorías, hacen falta ganas, fuerza,
ilusión y prioridades sociales en los presupuestos. Señorías, es posible,
queremos hacerlo, podemos hacerlo. Por eso, aunque se nos queda un poco
corta la moción presentada por el Grupo Socialista, la apoyaremos, porque
es un pasito.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente.

El Real Decreto 897 no pasará a la historia por muchas razones. O
pasará por razones que son penosas y denigrantes. Quien lo lea pasado el
tiempo recordará la época en la que 900 000 familias españolas vivían en
condiciones de vulnerabilidad —a la que los especialistas ponían
unos adjetivos u otros diferentes, técnicos—, o sea, eran pobres de
solemnidad y no tenían para pagarse los costes energéticos que les
permitieran subsistir con una mínima dignidad. Hablamos de alumbrado del
hogar, de calefacción, de bienestar básico en suma. Son familias de las
que todos sabemos a diario: niños, enfermos y ancianos en muchos casos,
en quienes casi nunca pensamos aquellos que no concedemos la menor
importancia al hecho de, en nuestras casas, encender una lámpara o al de
disfrutar de calefacción en nuestros confortables hogares.

Recordará a un Gobierno que no introdujo medidas eficaces ni
eficientes para paliar la pobreza y evitar de este modo que los
marginados de la sociedad, del sistema, tengan que recurrir al aguinaldo
que les dan las compañías eléctricas o al endoso a los servicios sociales
del abono de una factura que a ellos les agradaría enormemente poder
pagar de manera directa. El tufo paternalista benéfico no centrado en
derechos caracteriza abiertamente este tan comentado real decreto.

Recordará a un Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
haciendo de Ministerio de Asuntos Sociales sin asumir ningún riesgo ni
compromiso presupuestario. Recordará la humillación que supondrá para
muchas familias que se crucen datos sensibles entre compañías eléctricas
y departamentos de servicios sociales relativos a su intimidad personal o
familiar. Hasta el propio ministerio reconoce que la tasa de aceptación
del bono social eléctrico podría frisar el 45 % de la población
potencialmente acreedora de este beneficio. Si a nadie le amarga un
dulce, el dulce de la gratuidad del consumo eléctrico, deberíamos pensar
que en el quid de tal previsión —ese 45 % y no el 100 % que pedía
el real decreto— puede estar la resignación de no consumir o
consumir menos para no tener que someterse a la denigrante situación de
que sus datos sean conocidos y publicitados.

Recordará que este Gobierno recortador dictó trabajo y medidas que
afectaban a otras administraciones —es el caso; lo han dejado claro
todos los intervinientes aquí esta mañana— sin debatir, contrastar
o intentar consensuar con ellas ningún aspecto de las decisiones que
unilateralmente fueron publicadas el pasado 6 de octubre. ¿Qué
interventor municipal de cualquier ayuntamiento de España autorizaría el
pago de una factura si no existe partida presupuestaria, si no existe
consignación? ¿Qué responsabilidad penal asumiría un alcalde que no puede
evitar el corte de suministro cuando es el alcalde la persona que tiene
la mayor responsabilidad en un ayuntamiento al que el real decreto le
exige que pague al menos el 50 % de la factura eléctrica?

Recordará que ese mismo Gobierno no consideró las iniciativas que
por su propia cuenta ya han asumido muchísimos ayuntamientos y muchísimas
comunidades autónomas para, en razón a esa valoración, intervenir y
modelar el texto del real decreto.

En resumen: invito yo, pero pagas tú. Ese sería el resumen del
malhadado Real Decreto 897/2017, que esta moción cuestiona y pretende que
pueda ser rehabilitado con la ayuda de todos los grupos políticos.

Se está a tiempo de enmendar la plana para encontrar un nuevo y
consensuado equilibrio de responsabilidades compartidas entre
administraciones para que quienes salgan ganando, señorías, sean, en
definitiva, los más vulnerables: los que encuentran más fácil apagar la
luz que pagar la luz, los que no entienden de reales decretos, los que
pasan frío físico cuando llega el invierno, pero, sobre todo, los que
sufren permanentemente, no solo en invierno, el frío de la humillación
más inhumana en cualquier momento del año.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Martín.

El señor MARTÍN IGLESIAS: Gracias, señor presidente.

Señor De Lara, ha mencionado usted la palabra tufo y,
efectivamente, eso es lo que desprende la moción que presentan: tufo a
demagogia, tufo a intento de colgarse medallas con un tema tan delicado
como este y tufo a intento de airear una especie de compromiso social que
se acaba quedando solamente en intento porque luego, donde ustedes
gobiernan, hacen exactamente lo contrario de lo que dice la moción que
hoy han traído aquí. Y quiero explicar esto, después entraré en
materia.

Señorías, yo son andaluz; en su bancada se sientan insignes
senadores andaluces socialistas, alguno de ellos podría haber explicado
que este año doña Susana Díaz, en la comunidad más importante que
gobiernan ustedes desde el punto de vista territorial, poblacional y
presupuestario, se ha cargado de un plumazo y con una modificación de
crédito la totalidad de la partida de suministros vitales mínimos con la
que se iban a pagar los recibos de las familias andaluzas más
desfavorecidas. (Aplausos). Mándenle a ella la moción o mándensela a los
alcaldes andaluces —algunos aquí sentados— que tienen que
mantener como pueden las políticas sociales en sus municipios por las
deudas que la Junta de Andalucía no les paga desde hace años. Mándenles
la moción a los alcaldes (Aplausos.— Rumores).

El origen normativo de la iniciativa que traen ustedes hoy fue el
Real Decreto Ley 7/2016, que regulaba el bono social eléctrico, que se
aprobó en el Congreso de los Diputados el pasado 2016, donde se incluía
que la cuantía correspondiente a los consumidores en exclusión social la
asumirían las empresas, las comunidades autónomas y las entidades
locales. Y ustedes votaron a favor. Pero es que en octubre del año
pasado, Ciudadanos presentó una moción sobre pobreza energética, que
incluía también una enmienda del Partido Popular que planteaba
precisamente un concurso de las comunidades autónomas y de las entidades
locales para la creación de fondos destinados a la protección de los
consumidores más vulnerables. También votaron ustedes a favor. Es decir,
ustedes votan a favor de una serie de cosas pero después presentan en
esta Cámara una moción con posicionamientos absolutamente en contra. Por
cierto, en la defensa de esa moción de Ciudadanos, su portavoz cifró
en 200 millones de euros lo que supondría hacerse cargo de las mismas
cuestiones que en la moción que nos presentan hoy suponen 300
millones; 200 millones el año pasado, 300 millones este año. No sé hasta
dónde van a ser capaces de inflar la pelota si iniciativas como esta
siguen rodando por ahí.

Señorías, el compromiso social no lo trae uno de fábrica por
pertenecer a un determinado partido político; el compromiso social se
demuestra cuando se gobierna, y este Gobierno está demostrando su
compromiso social tomando como base la generación de igualdad de
oportunidades para todos, defendiendo a las personas más vulnerables y
defendiendo los servicios básicos.

Esa es la realidad, y el bono social viene a demostrar todo esto,
porque se basa en la renta, ¿les parece una medida social? Evidentemente
lo es. Para considerar a una persona vulnerable, lo razonable es que se
establezca un límite de renta; por ejemplo, se han creado figuras como el
consumidor vulnerable severo, que no existía, y que permite que estas
personas se beneficien de hasta un 50 % de reducción en la factura; no sé
si eso les parecerá importante o no.

En su exposición de motivos hablan también de otras figuras, como
las familias monoparentales o las personas que sufren situación de
soledad; evidentemente están incluidos en el bono social y en la figura
del consumidor vulnerable pero tienen que cumplir el requisito de la
renta. ¿Les parece razonable, no? Sería menos razonable que una persona
por formar parte de una familia monoparental se beneficiara de la
reducción, aunque tuviese ingresos millonarios.

Parece que les molesta también la cuestión de las familias
numerosas. Pues bien, la familia numerosa es la única figura dentro de
todo esto que se sale de la renta y que, en todo caso, se beneficiarán
del bono social. ¿Por qué? No sé si es necesario explicarlo. Dado que
España es el país más envejecido del mundo, que hace falta que haya más
nacimientos y que las familias tengan más hijos, se acometen políticas en
beneficio de las familias numerosas para que el día de mañana haya más
cotizantes y se garanticen las pensiones. En mi opinión, eso es bien
fácil de entender.

Señoría, en cuanto a lo que ha planteado de ayudar a las
comunidades autónomas a garantizar los servicios que tienen que prestar a
partir de ahora, ¿cómo le diría? ¿Cómo es aquello de: Me alegro de que me
haga esta pregunta? Este año el Gobierno ha enviado a las comunidades
autónomas nada menos que 5300 millones de financiación adicional,
precisamente, para atender los servicios esenciales. No sé si esto le
parece que son servicios esenciales o no. Le pongo otro ejemplo, se
destinan 100 millones de euros para la atención a los servicios sociales
en cuestiones de emergencia social. ¿Le parecen adecuados estos 100
millones para esta cuestión? Ha habido programas de prestaciones básicas
de servicios sociales que se elevan ya a 200 millones de euros.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍN IGLESIAS: Termino, presidente.

Y todo ello consignado en los Presupuestos Generales del Estado
de 2017, los mismos que ustedes votaron en contra. Curiosamente, este año
ya han anunciado que van a votar en contra de los de 2018 sin siquiera
saber cuál es su contenido.

En definitiva, esto que le cuento son medidas sociales de verdad,
que tienen una plasmación presupuestaria, que se convierten en realidad.
Lo que ustedes traen aquí es puro postureo, puro humo y, como le digo,
pura demagogia.

Nosotros vamos a votar en contra de su moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín Iglesias.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, nada más votar esta moción, vamos a continuar con los
debates de los siguientes puntos del orden del día, pero no se realizarán
las votaciones correspondientes hasta pasadas las 4 de la tarde. ¿De
acuerdo? (Asentimiento).

Pues bien, entonces, votamos la moción del Grupo Parlamentario
Socialista, tal y como ha sido presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246;
votos emitidos, 246; a favor, 100; en contra, 139; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada. (El señor vicepresidente,
Sanz Alonso, ocupa la Presidencia.— Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio
para continuar el Pleno. Vayan saliendo, por favor, en silencio.