El señor presidente da lectura a los puntos 3. y 3.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular.

Para la defensa de la moción, y por tiempo de cinco minutos, tiene
la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

En primer lugar, quiero anunciar que en esta moción hemos llegado
a una transaccional. Dada la hora, no están presentes todos los
portavoces, por lo que todavía falta alguna firma. Por tanto, quiero
agradecer el esfuerzo de todos los grupos por llegar a un acuerdo en un
tema que es importante y que los senadores y las senadoras de la Comisión
de Empleo conocen bien porque lo hemos tratado referido a policías
locales, a la Policía Foral de Navarra, a camareras de piso en hoteles,
así como a otros colectivos.

La Ley 27/2011 modificó la Ley de la Seguridad Social en lo
referido a las edades de jubilación y el periodo de cotización. Esto
conllevó un incremento gradual de la edad de jubilación de los
trabajadores españoles hasta los 67 años para el año 2027. Introducía
también la esperanza de vida como un factor determinante en el cálculo de
las pensiones, pero la esperanza de vida no es un factor homogéneo y
aparece ligada, además de a factores genéticos y naturales, también a
circunstancias tales como la renta o las condiciones de trabajo. Tampoco
todos los trabajos exigen el mismo esfuerzo físico ni todas las
condiciones de trabajo son idénticas: no es lo mismo trabajar sentado que
trabajar fabricando sillas. Por ello, dicha reforma contemplaba, a los
efectos de reducir el impacto que ese incremento de la edad de jubilación
pudiera tener en determinados sectores de actividad, una normativa de
desarrollo de un procedimiento general para establecer coeficientes
reductores de la edad de jubilación en distintos sectores y ámbitos de
trabajo, sobre todo aquellas actividades profesionales cuyos trabajos se
consideren de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa,
insalubre y que acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad.

Dicha ley trajo también una disposición adicional vigesimotercera,
que fue la que luego se desarrolló en el real decreto, que leo
literalmente: El Gobierno aprobará, en el plazo de un año, las normas
necesarias sobre el procedimiento general de aprobación de coeficientes
reductores de la edad de jubilación en los distintos sectores y ámbitos
de trabajo, adecuando en su caso los porcentajes actuales de cotización.
A este fin se realizarán los estudios necesarios sobre siniestralidad en
el sector, penosidad, en la que a estos efectos también se tendrá en
cuenta la turnicidad, el trabajo nocturno y el sometimiento a ritmos de
producción, la peligrosidad y toxicidad de las condiciones del trabajo,
su incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera en los
trabajadores y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de
la actividad.

Uno de los debates sociales que se abrió cuando se discutió esta
ley en 2011 fue si el retraso de la edad de jubilación iba a afectar
también a aquellos trabajadores en tareas duras, y se usaba mucho el
símil de si se iba a jubilar con 67 años un albañil en el andamio. La
pregunta que tendríamos que hacernos hoy en 2017, seis años después, es
si existe la vía en España para que un albañil no llegue a los 67 años en
el andamio, y podríamos decir que la vía sí existe. Pero comparando con
otro tipo de vía, podríamos decir que es una vía en la que nadie llega a
su destino. Al menos, a día de hoy, desde su aprobación en 2011, nadie ha
llegado a la meta de esta vía, y diversos colectivos se encuentran
embarrados en una vía sin señalizar, sin alumbrado y sin asfaltar.
Parecía que en junio, al fin, los policías locales iban a conseguir una
reivindicación largamente reclamada e iban a tener su real decreto de
coeficientes de reducción de la edad de jubilación. A fecha de hoy,
parece difícil que sea en junio, pero sí esperamos que sea pronto, y que
sea pronto también para otros 18 colectivos que llevan el mismo tiempo
reclamándolo.

Uno de los puntos importantes que tiene esta transacción es que
elevamos esta cuestión para su conocimiento, debate y profundización y
para que se llegue a propuestas en la Comisión del Pacto de Toledo del
Congreso de los Diputados. Creo que todos los grupos del Senado debieran
ponerse de acuerdo para que el Senado instara al Gobierno y a la Comisión
del Pacto de Toledo a revisar, estudiar y proponer mejoras para que los
trabajadores en estas circunstancias de penosidad, de toxicidad y de
exigencias productivas no tuvieran que jubilarse a los 67 años, sino que
pudieran hacerlo antes sin afectar a la viabilidad del sistema de
pensiones teniendo en cuenta estas condiciones de trabajo. Para mí y para
esta institución sería importante elevar esta cuestión al Pacto de
Toledo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Entiendo que si se ha llegado a un acuerdo, la enmienda del Grupo
Parlamentario Popular decae. Por lo tanto, pasamos al turno de
portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la
senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president. Bon dia.

Des del Partit Demòcrata donarem suport a la transaccional que
encara no hem vist però estem segurs que va en l’esperit del
senador que ha fet la defensa d’aquesta iniciativa. És cert que
l’augment de l’esperança de vida s’ha anat introduint
tant a nivell de la jubilació com també de la sostenibilitat del sistema
de pensions. Estem d’acord que aquesta esperança de vida, tal i com
posa a la part expositiva de la moció, no és homogènia i que hi ha
factors d’ambient i condicionants del tipus de vida o de treball
que el condicionen. Molts estudis —també en la part expositiva es
recullen molts d’ells— han posat de manifest, i de fet,
darrerament, les unitats d’estudi de la son posen l’alarma en
el fet que moltes malalties que són conseqüència dels ritmes de treball
que poden alterar la conducta. És cert que aquests estudis
s’orienten cap a la tornicitat, els treballs per torns, cap a la
nocturnitat, però pensem que va més enllà. Toxicitat, estar exposats a
perill, temes psicològics, també. Per tant, nosaltres pensem que el que
demana aquesta moció que, d’alguna manera, és simplificar, aclarir
el Reial Decret 1698/2011 per tal de determinar aquests coeficients
reductors de l’edat de jubilació en quins sectors es tira endavant,
també entenem que no pot ser que els expedients estiguin, des del 2011,
pendents de ser vistos, pensem que això vulnera els drets que estan
regulats per llei d’aquests treballadors exposats a aquestes
condicions. I finalment pensem també que s’ha d’intervenir
tant amb mitjans humans com amb mitjans tècnics per a agilitzar aquest
tema.

Per tant, nosaltres donarem suport, des del Partit Demòcrata, a
aquesta iniciativa. Un cop veiem la transaccional, demanarem també al
portaveu del Grup Mixt que la signi.

Gràcies.

Gracias, presidente. Buenos días.

El Partido Demócrata va a apoyar la enmienda transaccional, que
todavía no hemos visto, pero que estamos seguros que está en el espíritu
del senador que ha defendido esta iniciativa. Es cierto que el aumento de
la esperanza de vida influye tanto en la edad de la jubilación como en la
sostenibilidad del sistema de pensiones. Estamos de acuerdo en que esta
esperanza de vida, como queda reflejado en la parte expositiva de la
moción, no es homogénea y en que existen factores de ambiente y aspectos
del tipo de vida o de trabajo que lo condicionan. Muchos estudios,
recogidos también en la parte expositiva, como las unidades de estudio
del sueño, alarman sobre el hecho de que muchas enfermedades que son
consecuencia de los ritmos de trabajo pueden alterar la conducta. Es
cierto que estos estudios se orientan hacia los trabajos por turnos o la
nocturnidad, pero hay otras cuestiones: toxicidad, estar expuestos a
peligros, temas psicológicos también. Así pues, nosotros pensamos que
esta moción pide simplificar, aclarar el Real Decreto 1698/2011 para
determinar estos coeficientes reductores de la edad de jubilación y en
qué sectores puede salir adelante. Entendemos que no puede ser que los
expedientes estén pendientes de ser vistos desde 2011, pues esto vulnera
los derechos que están regulados por ley de estos trabajadores expuestos
a estas condiciones. Y, finalmente, pensamos que también hay que
invertir, tanto a través de medios humanos como técnicos, para agilizar
este tema.

Por lo tanto, el Partit Demòcrata va a apoyar esta iniciativa. Una
vez que veamos la transaccional, también pediremos al portavoz del Grupo
Mixto que la firme.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos
días a todos y a todas.

Nos han aumentado la edad de jubilación y hacen falta más años de
cotización. De esto podríamos hablar mucho, pero, como no es el tema
concreto que nos ocupa, voy a ir a la moción.

Existe la posibilidad de incorporar coeficientes reductores de esa
edad de jubilación en casos de trabajos penosos y peligrosos, y nos
parece que es justo que se modifiquen esas condiciones porque creo que
todos tenemos claro que hay trabajos en los que a lo mejor nos vemos
con 25 o 30 años, pero no tenemos tan claro que con 65 seamos capaces de
desarrollarlos.

El Real Decreto 1698/2011 regula el procedimiento para que
determinados colectivos puedan jubilarse antes por peligrosidad,
insalubridad o toxicidad de las tareas que desarrollan, y se tienen en
cuenta cuestiones como la turnicidad, el trabajo nocturno, los ritmos de
producción, la edad o el tiempo de exposición a determinados agentes y
los requerimientos físicos o psíquicos de un determinado trabajo,
etcétera. Como ya ha dicho el señor Guardingo, la verdad es que en seis
años, que son los que han pasado desde la promulgación del decreto, este
no ha dado muchos frutos; hay 19 expedientes abiertos, pero ninguno está
finalizado y, de hecho, ni siquiera sabemos en qué punto de tramitación
se encuentran algunos de ellos. Estamos todavía esperando el decreto para
reducir la edad de jubilación, por ejemplo, de los policías locales. El
compromiso del Gobierno es que esto estuviese ya a mediados de junio; hoy
es día 27, así que estamos ya en tiempo de descuento. A ver si hay suerte
y pronto puede ver la luz.

La ministra Báñez, en respuesta a la interpelación del Grupo
Podemos, dijo que el procedimiento debía ser riguroso —en eso creo
que todos estamos de acuerdo—, pero también dijo que era complejo.
Creo que en este sentido es en el que se plantea esta moción, pues
solicita que se simplifique la normativa. Solo querría apuntar que
riguroso no debiera ser nunca sinónimo de farragoso. La verdad es que,
cuando leemos el decreto, los pasos que hay que dar parecen relativamente
simples porque habla de un inicio con una petición, aunque fuese de
oficio —curiosamente, de oficio solo se ha dado la de los policías
municipales y todavía estamos a la espera—. Después de ese inicio,
habría un procedimiento previo con un estudio preceptivo de
siniestralidad, morbimortalidad y estudio de las posibilidades de
modificación de las condiciones de trabajo. Y, finalmente, un estudio de
costes y de derecho comparado, y de ahí, saldría un decreto donde se
estipularía la edad mínima exigida para la jubilación de un determinado
colectivo. A primera vista, y analizado el decreto, no parece tanto un
problema de complejidad como de lo que apuntan los dos últimos puntos de
la moción: Agilizar la tramitación de los expedientes y dotar de medios
materiales y humanos suficientes para poder aprobar las normas
necesarias. Así que, probablemente, si se cumpliese con estas dos
premisas: dotar de medios y agilizar, podría parecer innecesario revisar
el punto primero.

Yo no me voy a extender mucho más, porque se ha llegado a un
acuerdo. Entendemos que agilizar las tramitaciones es fundamental y
también nos parece bueno que se haga una revisión y una mejora de la
normativa dentro de la Comisión del Pacto de Toledo, por lo que mi grupo
votará afirmativamente.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Rufà.

El señor RUFÀ GRÀCIA: Buenos días, presidente.

El Real Decreto 1698/2011, por el que se regula el régimen
jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes
reductores y anticipar la edad de jubilación, exige la realización previa
de estudios sobre siniestralidad en el sector, penosidad, en la que se
tendrá en cuenta a estos efectos la turnicidad, el trabajo nocturno y el
sometimiento a ritmos de producción, la peligrosidad y toxicidad de las
condiciones del trabajo, su incidencia en los procesos de incapacidad
laboral que genera en los trabajadores y los requerimientos físicos
exigidos para el desarrollo de las diferentes actividades.

Además, el establecimiento de coeficientes reductores de la edad
de jubilación, que solo procederá cuando no sea posible la modificación
de las condiciones de trabajo, conllevará los ajustes necesarios en la
cotización para garantizar el equilibrio financiero. Por tal motivo,
podrán aplicarse diferentes coeficientes reductores de la edad y recargos
variables en la cotización en función de la condición del trabajo en cada
una de las actividades. En consecuencia, la ley y el real decreto se
decantan por un procedimiento reglado y, asimismo, la implantación de
nuevos coeficientes que tendrán carácter sustitutivo, pues ante todo
primará la salud de los trabajadores, imponiendo una modificación de las
condiciones en que ejecutan su trabajo. Además, establece la posibilidad
de aplicar los coeficientes reductores de la edad de jubilación a todos
los regímenes, si bien será necesario esperar al correspondiente
desarrollo y procedimiento general reglamentario.

El texto inicial aportado por el Grupo Podemos nos hizo chirriar
en cuanto se requería simplificar la normativa hoy vigente en la
tramitación de los expedientes a los que se refiere el Real
Decreto 1698/2011. A nuestro entender, esto no es posible sin modificar
el redactado del real decreto y posiblemente alguno de los
artículos.

Oída la propuesta y los motivos del Grupo Podemos, así como la
moción presentada y el redactado final —aunque nos parece un poco
descafeinado—, mi grupo ha revisado los posibles sentidos de voto,
desde una abstención a un voto en sentido positivo. Esquerra Republicana
quiere que se aproveche en lo posible el alcance de la transacción
firmada por varios de los grupos presentes en esta Cámara para seguir
avanzando y continuar agilizando e impulsando en lo posible la
tramitación de expedientes instados por la representación legal de los
trabajadores. Asimismo, como ya se recoge en el redactado, se deben
continuar incrementando los medios laborales y humanos de los distintos
centros y organismos que participan en la tramitación de los diferentes
expedientes para evitar su bloqueo y falta de análisis.

La Comisión de Empleo y Seguridad Social puede llegar a ser, si
así lo quiere la mayoría de los grupos de esta Cámara, un espacio de
análisis de la evolución y seguimiento de este Real Decreto 1698/2011 y
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad Social. Podría llevar a cabo un
seguimiento real de lo acordado hoy.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rufà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Buenos días de nuevo.

Gracias a los grupos que han intervenido hasta el momento y a los
dos que van a intervenir después y que también me han anunciado ya su
voto a favor y su disposición a firmar la transaccional.

Me gustaría comentar el estado actual de las prejubilaciones y de
la edad de jubilación, que más allá de lo que pueda parecer por el cambio
de normativa, y pese a que el sentido común nos diría que se ha ido
alargando, por el contrario el número de prejubilaciones ha ido subiendo
y, al mismo tiempo, la edad de jubilación ha ido bajando. Y esto puede
ser paradójico cuando estoy presentando esta moción, pero me gustaría
extenderme un poco.

El número de prejubilaciones ha alcanzado en 2016 un nuevo récord.
La edad de jubilación ha pasado de los 64,33 años de media a los 64, pero
es que se trata de prejubilaciones por voluntad del empleador. Desde 2013
las prejubilaciones han seguido una tendencia creciente y cada vez son
más los trabajadores que se prejubilan antes de la edad indicada. Esa
tendencia parece incluso aumentar, pues el año pasado 136 941 españoles
se prejubilaron, y la mayor parte de ellos lo hizo sin llegar siquiera a
los 60 años, batiéndose así un récord al que se había llegado el año
anterior, en 2015. Pero es que parece que esa política de prejubilaciones
es selectiva y se orienta solo, de momento, a las necesidades de
rentabilidad de las empresas. La reestructuración bancaria, el cierre de
oficinas o grandes prejubilaciones, como las de Telefónica Movistar, han
encontrado hasta ahora más facilidades en la Administración que
iniciativas de los representantes de los trabajadores; prejubilaciones
patronales que no se ciñen a un sistema que atienda los efectos lesivos
del incremento en la edad de jubilación y que establecen un sistema de
prejubilaciones basado en la salud laboral.

Actualmente, las prejubilaciones son un mecanismo para reducir
costes laborales en las empresas, grandes empresas a las que les sale más
rentable prejubilar y pagar indemnizaciones para así contratar nueva mano
de obra barata que institucionaliza la precariedad laboral a varios
niveles. Se permiten las prejubilaciones patronales, afortunadamente
—y lo quiero decir porque el sentido no es perseguir hoy a
nadie— ya sin coste para el erario público, pero no compensa ni
analiza la penosidad o peligrosidad de determinados trabajos. Nos
referimos a los trabajos que causan deterioro en la salud de los
trabajadores y a los que en España definimos como trabajos de naturaleza
excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre; es decir,
trabajos que constituyen un riesgo para la integridad física o psíquica
de los trabajadores. Esta es la razón fundamental por la cual se deben
establecer regímenes de acceso a la jubilación en edades más tempranas de
la edad legal de jubilación.

Desgraciadamente, hasta ahora ha habido voluntad política para que
las empresas puedan prejubilar a sus plantillas con el objetivo de
reducir costes y mejorar su estrategia de rentabilidad, pero no ha
existido a día de hoy, 26 de junio de 2017, la misma voluntad política
para que existan coeficientes reductores para profesiones precarizadas,
con penosas prestaciones, duras condiciones organizativas o de alto
riesgo laboral, que exigen una revisión de las edades de jubilación ante
las características intrínsecas de dichos trabajos. Mi grupo confía en
que, elevando esta petición de estudio de estas condiciones y de este
real decreto a la Comisión del Pacto de Toledo, y pidiendo al Gobierno
que agilice el proceso o que dote de más personal, puedan desencallarse
los 19 expedientes; que sea algo más conocido por los trabajadores y por
sus representantes legales, y que puedan acceder a esta prejubilación,
porque muchas veces no es que tengan que trabajar hasta los 67 años, sino
que hay muchos colectivos en los que los trabajadores se jubilan con 60
años perdiendo mucho porcentaje de su pensión íntegra.

Muchas gracias. Espero contar con el voto a favor de todos los
grupos. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Oñate.

El señor OÑATE MARÍN: Gracias, presidente.

Señor Guardingo, nuestro voto lo va a tener. No nos ha costado
ningún trabajo adoptar su propuesta desde el principio porque es
razonable y coincide con lo que venimos debatiendo en la comisión, aunque
sí le digo que nos gustaba más su propuesta de resolución que la
transaccional a la que hemos llegado. A veces es frustrante que pactar
con el Partido Popular signifique una rebaja de las condiciones y de las
exigencias. Esta es una ley que aprobó un Gobierno Socialista de la que
nos sentimos muy orgullosos, y no nos produce ningún daño que si su
puesta en práctica necesitara una rectificación, la hiciéramos con la
mayor intensidad posible. Por eso, no entendemos ese recato de que no
aparezca ninguna frase en una resolución que aparente que el Gobierno
pueda estar haciendo ni de lejos algo que no se aproxime a la
perfección.

La propuesta tiene que ver con un caballo de batalla que es la
edad de jubilación, que ha estado y va a estar siempre desde muchos
puntos de vista, algunos de ellos contradictorios. Es verdad que la
sostenibilidad del sistema tiende a alargar hacia atrás —y así ha
venido siendo— la edad a la que se jubilan los trabajadores
españoles, pero no es menos cierto que ese hecho provoca un debate, que
es el que tiene que ver con esta moción, y es sobre en qué condiciones
puede llegar un trabajador, dependiendo de la profesión que ejerza, a
cumplir con eficiencia el trabajo que se le exige. Para resolver esta
duda, precisamente, la Ley 27/2011 significó una válvula de escape
—además, ya antes había familias profesionales que tenían reducida
su edad de jubilación— porque en este caso establece un
procedimiento que otorga un derecho subjetivo a la reclamación de que se
apliquen los coeficientes reductores. Efectivamente, es un trámite de
gran complejidad y voy a decir una cosa: debe ser sí. Si esta válvula de
escape al final la utilizáramos mal, generaríamos un agravio comparativo
con profesiones que no pudieran acceder. Tampoco puede ser una puerta
falsa: si alguien que no debe se nos cuela, sería el primer mecanismo
para que, posiblemente, la ley tuviera que anularse. Tiene que ser algo
excepcional y, como tal, tiene que ser complejo en su tramitación. Ahora,
una cosa es la complejidad y el rigor y otra es lo que viene sucediendo,
y es que tenemos 25 expedientes, algunos puestos en marcha hace cinco
años, que no terminan de resolverse. Aquí seguro que algo falla, o los
procedimientos o, posiblemente, los plazos de tramitación de los
procedimientos, y para ello, el ministerio pone a disposición los
recursos humanos para que estos expedientes no queden paralizados.

Como hemos dicho, es un derecho subjetivo, el tiempo no se detiene
para nadie y hay trabajadores que pronto estarán en la edad que les
permitirá acogerse al derecho y que ven con mucha frustración cómo los
años pasan y cómo van a llegar a la jubilación en la edad que les
corresponde por ley y no anticipada y, sin embargo, no se resuelven sus
expedientes. Por tanto, algo tendremos que cambiar.

A nosotros no nos parece mal que se repita la Comisión del Pacto
de Toledo, pero sí le digo, señor Guardingo, que estamos profundizando
para saber qué ha pasado con cada uno de los expedientes y no renunciamos
a traer aquí o a la comisión alguna propuesta concreta de modificación,
entre otras cosas, para ejercer nuestro derecho, el de Santo Tomás, de no
creer hasta ver, y es que nosotros pensamos que para que esta ley de
verdad sea efectiva necesitamos ver, por lo menos un expediente
—aunque sea el de policías locales—, con luz y taquígrafos.
El ministerio fue a la federación de municipios en noviembre a asegurar
que estaría resuelto antes de seis meses; los seis meses ya están
cumplidos y el expediente no se ha resuelto. Insisto que con uno
estaríamos conformes con que el Partido Popular está dispuesto a aplicar
de verdad esta ley que, insisto, es un derecho para las profesiones. Hay
gente que lo está pasando mal porque está llegando en condiciones
inadecuadas a una edad de jubilación que no es la que le
corresponde.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Oñate.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Soto.

La señora SOTO RICO: Gracias, señor presidente.

Señor Guardingo y resto de portavoces de los grupos
parlamentarios, creo que compartimos la mayor, y prueba de ello es el
acuerdo alcanzado por todos para aprobar esta enmienda transaccional. Es
voluntad de todos los grupos políticos salvaguardar la seguridad y la
salud de los trabajadores en nuestro país. Es voluntad de todos los
grupos políticos y es obligación del Gobierno, es obligación del
Legislativo y es obligación de los agentes sociales. Además, esa voluntad
no es de hoy, esa voluntad existe desde que existe la democracia, señor
Guardingo. Como usted sabe, se han aprobado textos fundamentales para la
seguridad y la salud de los trabajadores en nuestro país por unanimidad.
Valga como ejemplo la Ley de prevención de riesgos laborales de 1995. Por
tanto, creo que en esta cuestión estamos todos de acuerdo. Y agradezco
ese apoyo a la moción, como ha hecho el senador Guardingo, porque
entiendo que es lo lógico y lo sensato. Se están haciendo esfuerzos en la
Comisión de Empleo y en el Pleno porque es lo justo para los
trabajadores.

Dicho esto, vamos a elevar al Pacto de Toledo el estudio del Real
Decreto 1698/2011, y me parece correcto. Pero he de decir que el Gobierno
de España está impulsando los procedimientos, y es cierto que son muy
complejos. El Senador Oñate decía una cosa y la contraria: por una parte,
defendía el procedimiento y decía que tenía que ser complejo —lo
comparto con usted y ahora le diré por qué— pero, por otra, decía
que no está de acuerdo al cien por cien con la transaccional y que le
gustaba más el otro texto, que lo que pedía era simplificar. Señoría, no
se puede decir una cosa y la contraria.

Nosotros entendemos que el procedimiento es complejo porque la
materia que regula es compleja. Estamos hablando de establecer
coeficientes reductores para anticipar la edad de jubilación. El
procedimiento es garantista y prevencionista. ¿Qué pretende? Pretende
que, con las máximas garantías y desde la perspectiva de la prevención,
todos los informes del cuerpo de inspectores de Trabajo y Seguridad
Social de nuestro país, así como de los técnicos superiores del Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene vayan con todas las garantías. ¿Y las
garantías en que se basan? Se basan en analizar todas las categorías
profesionales, todos los puestos de trabajo, en analizar y evaluar la
toxicidad, la penosidad, la peligrosidad, la insalubridad, la morbilidad
y la mortalidad. En todo eso se basan. Por tanto, tienen que ser
complejos para que de esos informes emane, en primer lugar, la
prevención, la modificación de las condiciones de trabajo, si es posible,
para garantizar la integridad física y la salud de los trabajadores y, en
último término, cuando los informes así lo determinen, establecer los
coeficientes reductores y anticipar la edad de jubilación.

Por tanto, entendemos que el tema es complejo, y al serlo, el
procedimiento tiene que salvaguardar la seguridad y la salud. Es un tema
complicado pero, a pesar de ello, el Gobierno está impulsando los
procedimientos —actualmente hay 20 procedimientos en curso— y
tiene la máxima voluntad.

Pero hay una cuestión que no podemos obviar, y es que,
efectivamente, es un procedimiento excepcional, que tiene que ser
equitativo y justo para no producir desigualdad entre unos y otros
españoles respecto de la edad de jubilación. Creo que eso lo entendemos
todos.

Para terminar, simplemente quiero decir que considero positivo que
una vez más todos los grupos políticos hayan hecho un esfuerzo para
seguir salvaguardando y protegiendo la seguridad y la salud de los
trabajadores en nuestro país. Creo que es lo acertado. Pero también hay
que poner en valor que el Gobierno de España lo lleva haciendo todos
estos años, no solamente impulsando los procedimientos, sino también
reforzando los recursos humanos y materiales para ello.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Soto.

Efectivamente, se ha presentada una propuesta de modificación,
firmada por todos los grupos menos por el Grupo Parlamentario Mixto.

¿Algún senador quiere que se someta a votación o puede aprobarse
por asentimiento? (Asentimiento).

Queda aprobada por asentimiento. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor presidente da lectura al punto 3.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado diez enmiendas: nueve, del Grupo Parlamentario Mixto, a
iniciativa de los senadores Mulet y Navarrete, y una, del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Delgado.

El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.

Buenos días, señorías. Hoy presentamos una moción consecuencia de
interpelación para garantizar el servicio postal universal y la
viabilidad de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Como todos sabemos, la sociedad Correos y Telégrafos es la
responsable de prestar el servicio postal universal. Hoy día no existe en
España ninguna empresa que pueda compararse a Correos en cuanto a su
logística para prestar el servicio ni en cuanto al personal tan eficiente
y cualificado con el que cuenta. En consecuencia, es el mejor operador
que tenemos para prestar el servicio postal universal, y así lo viene
haciendo desde hace más de trescientos años.

Como bien sabemos, la Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del
servicio postal universal, de los derechos de los usuarios y del mercado
postal proporciona un marco legal para la prestación del servicio postal.
Pues bien, hace más de seis años que está en vigor y aún no se ha
desarrollado reglamentariamente. Por ello, la presente moción solicita
que el Gobierno así lo haga.

Correos necesita sobre todo la aprobación de un proyecto
empresarial sólido, creíble y que asegure el futuro de la sociedad. Es
necesario hacer balance del plan de acción anterior, que no ha sido capaz
de impulsar comercialmente a Correos, y tomarlo como punto de partida
para corregir las acciones que no han funcionado. Es fundamental la
diversificación, pues vemos que empresas privadas del sector, por
ejemplo, en el área de la paquetería, están acaparando el mercado en
detrimento de Correos, y como dije en la interpelación, no se puede
admitir que el 74 % de su facturación dependa del correo postal
tradicional, de la carta, cuando todos vemos que los tiempos van
evolucionando y no podemos basar el futuro de la compañía en ese
sector.

El otro 26 % de la facturación proviene de otros productos, como
la paquetería, los servicios financieros, el retail o el correo digital.
Y si nos fijamos en los países de nuestro entorno, el porcentaje es
precisamente inverso al nuestro, estos otros productos distintos al
correo postal tradicional son la base de la actividad comercial. Por
ello, es en la diversificación de la actividad comercial donde Correos
tiene su futuro. Por este motivo, solicitamos en la moción la elaboración
del plan de prestación del servicio postal universal.

Voy a referirme ahora a los trabajadores y a una serie de cosas
que solicitamos. Que los trabajadores no vean peligrar sus puestos de
trabajo, que mejoren las condiciones de trabajo y que se mantengan
abiertas todas las oficinas. Hay alrededor de 57 000 trabajadores en
Correos, y en los últimos años, se han perdido más de 11 000 puestos de
trabajo, entre otras cosas, porque no se ha respetado la tasa de
reposición. Las condiciones de trabajo han empeorado, la carga de trabajo
ha aumentado y, además, han visto cómo se han congelado sus salarios sin
que ello haya supuesto merma en la calidad de la prestación del servicio.
Precarización de unas condiciones de trabajo son los 7000 puestos de
trabajo creados para realizar notificaciones, ejemplo claro de trabajo
temporal, a tiempo parcial y con poco salario; trabajo precario y
trabajadores pobres. Por ello solicitamos en la moción que durante este
año se realice un nuevo pacto colectivo del que salgan acuerdos con los
agentes sociales para solucionar todos estos problemas.

Por último, quiero mencionar la sorpresa con la que nos
encontramos cuando los presupuestos llegaron al Congreso, en principio
con una reducción de la prestación del servicio postal universal de 180
a 120 millones de euros, hecho que ya hizo saltar las alarmas. Pero mayor
sorpresa fue encontrarnos con que esa reducción se quedó en menos de 60
millones de euros cuando los presupuestos llegaron al Senado. Solicitamos
por ello la reposición de la misma cantidad que en ejercicios anteriores
para la financiación de la prestación.

Para finalizar, solicitamos el apoyo a esta moción, que permite
dar un futuro viable a Correos, seguridad a los trabajadores y
mantenimiento de todas las oficinas abiertas.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador
Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias, señor presidente.

Como saben, hemos presentado nueve enmiendas. No sabemos si las
van a aceptar o no. Luego nos lo explicarán. En plena era de la
comunicación, igual a primera vista parece un poco viejuno reivindicar el
servicio de correo postal como si estuviéramos hablando del pasado, en
lugar de mirar al futuro. Ahora que nos comunicamos por wasaps, por
mensajes de textos —como Luis, sé fuerte—, por facebook, por
twitter, por correos electrónicos, parece que los sobres solamente se
usan en la sede del Partido Popular para pagar sobresueldos. Hoy está más
de moda que nunca hablar de sobres, no de cartas. Seguro que Lapuerta o
Bárcenas nos pueden dar una clase, y alguno de sus líderes también, de
cómo corrían los sobres por la sede del Partido Popular. Pero existe más
realidad más allá de la calle Génova y existen más realidades más allá de
la burbuja de las nuevas tecnologías, de las cuales vivimos. Hoy en día
Correos es necesario y más que nunca ha de estar preparado para los
nuevos retos. Si desde 1716 la empresa pública ha sabido adaptarse a los
nuevos retos, hoy más que nunca tiene que poder hacerlo.

Correus és segurament una de les poques empreses que s’han
salvat en este Estat de la privatització, un model que ens han ensenyat
molt bé el Partit Popular i el Partit Socialista quan han governat.
Empreses públiques que funcionen bé, les privatitzen i, curiosament,
acaben sempre en mans dels seus amics. S’empitjora el servei.
L’empresa que abans donava un servei sols busca ara un lucre i no
un servei públic i allò que no dóna diners no mereix ser atés. Es
precaritzen les condicions laborals dels seus treballadors. Es comença
retallant, és un pas per a la precarització i és un pas per a la
privatització. Si privatitzen Correus, pensen vostés que cap empresa
privada cobrirà desinteressadament la correspondència en els pobles o
masos del nostre interior despoblat, que és justament la zona on la
població està més envellida i menys accés es té a les noves tecnologies.
Òbviament, el repartiment de correspondència en les grans ciutats sí que
pot ser un negoci, però hi ha molt més país a banda de les grans
ciutats.

Retallar en Correus és tancar-li la porta a la modernització que
parlem que li fa falta i als nous reptes. Retallar la plantilla de
Correus, com ha fet l’actual Govern, és retallar en serveis i és
abocar a la gent a tindre que recórrer a empreses privades i entrar en
una espiral. A pitjor servei, busquem alternatives que tenim a mà en el
sector privat i Correus s’acabe convertint simplement en una
empresa que dóna servei precari en zones rurals. Cuanto peor, mejor para
todos, y cuanto peor para todos, mejor.

Algú acabarà fent negoci redó; uns altres perdran drets; alguns
tindrem comunicacions dignes i altres no. Tindrem una societat de
primera, la urbana, i una societat de segona, la rural. Per això
nosaltres presentem esmenes que entenem que milloren la seua moció, que
entenem que està bé. Volem un pressupost estable per a Correus. Volem
acabar amb les retallades i garantir l’arribada de Correus en cinc
dies a tot el territori de l’Estat; volem revertir la retallada
de 123 milions d’euros que hi ha hagut en estos pressupostos;
demanem incrementar una partida pressupostària corresponent. Volem un
increment significatiu en la consignació per al servei postal rural.
Volem una negociació efectiva i transparent que contemple la necessària
pujada salarial; acabar amb la precarització laboral; volem augmentar la
plantilla fins a cobrir tots els efectius necessaris, almenys 60.000;
volem la reposició de vehicles per al món rural i l’augment del
parc mòbil ecològic. Volem un acord polític per garantir la no
privatització d’este servei; volem garantir la no externalització
ni subrogació del servei. Volem que totes les persones treballadores, des
de la primera fins a l’última, tinguem la consideració
d’empleats públics. Volem millorar el temps de recollida. Volem
assegurar el manteniment del servei públic i que el Govern promoga un
pacte entre totes les Administracions Públiques perquè es contracte
priorotàriament el servei públic de Correus i no les empreses privades
com passa ara.

I finalitze ja. Correus reivindiquem que ha de tindre futur; ha de
ser un servei i no un negoci, perquè hi ha molta gent que encara es
comunica amb sobres, no únicament els sobres de Bárcenas; hi ha gent que
no cobra en B i que necessita encara un correu digne i de qualitat.

Gràcies.

Correos es seguramente una de las pocas empresas que se ha salvado
de esta privatización, un modelo que han diseñado el Partido Popular y el
Partido Socialista cuando han gobernado. Empresas públicas que funcionan
bien, las privatizan y, curiosamente, acaban en manos de sus amigos. Se
empeora el servicio. La empresa que antes daba un servicio, ahora solo
busca el lucro, y lo que no da dinero no merece ser atendido. Se
precarizan las condiciones laborales de sus trabajadores. Es un paso para
la precarización y es un paso para la privatización. Si privatizan
Correos, alguna empresa privada cubrirá la correspondencia en los pueblos
y masías de nuestro interior despoblado, que es justamente la zona donde
la población está más envejecida y menos acceso se tiene a las nuevas
tecnologías. Obviamente, el reparto de correspondencia en las ciudades sí
que es un negocio, pero hay más país aparte de las grandes ciudades.

Recortar en Correos es cerrarle la puerta a la modernización que
le hace falta y a los nuevos retos. Recortar la plantilla de Correos,
como ha hecho el Gobierno, es recortar en servicios y abocar a la gente a
recurrir a empresas privadas y entrar en una espiral. A peor servicio,
buscamos alternativas entre las que tenemos a mano, y Correos solo
conseguirá convertirse en una empresa que dará un servicio precario a las
zonas rurales. Cuanto peor, mejor para todos y cuando peor, mejor para
todos.

Alguno acabará haciendo negocio redondo; otros perderán derechos;
algunos tendremos comunicaciones dignas y otros no. Tendremos una
sociedad de primera, la urbana, y una de segunda, la rural. Por eso,
presentamos enmiendas que creemos que mejoran su moción. Queremos un
presupuesto estable para Correos. Queremos evitar los recortes. Queremos
que llegue el correo los cinco días de la semana a todo el Estado; evitar
el recorte de los 123 millones de los presupuestos; incrementar la
partida presupuestaria correspondiente. Queremos un aumento significativo
para el servicio postal rural. Queremos una negociación efectiva con
subida salarial, acabar con la precarización laboral, aumentar la
plantilla para cubrir todos los efectivos necesarios, al menos 60 000; la
reposición de vehículos y aumentar el parque móvil ecológico. También
queremos garantizar la no privatización de este servicio y la no
externalización de los servicios. Queremos que todos los trabajadores,
desde el primero hasta el último, tengan la consideración de empleados
públicos. Queremos mejorar el tiempo de recogida. Queremos asegurar el
mantenimiento del servicio público y que el Gobierno promueva un pacto
entre las administraciones públicas para que el servicio sea público y no
esté en manos de las empresas privadas.

Y finalizo. Reivindicamos que Correos tenga futuro, sea un
servicio y no un negocio, porque hay mucha gente que todavía se comunica
con sobres, no solo los de Bárcenas, hay gente que necesita todavía un
correo digno y de calidad.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Mulet.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Marmolejo.

El señor MARMOLEJO SETIÉN: Gracias, señor presidente.

Senador Delgado, su iniciativa insta al Gobierno a llevar a cabo
una serie de actuaciones relacionadas con Correos y con la regulación del
servicio postal universal. Mi grupo ha presentado 4 enmiendas a su
iniciativa. En la primera instan a diseñar y aprobar en el plazo máximo
de seis meses un plan estratégico para Correos. Les indico que ya se han
comenzado los trabajos técnicos de un nuevo Plan estratégico para el
periodo 2017-2021, que en breve será elevado a la consideración de los
órganos de administración y dirección competentes para, en el caso de
merecer su conformidad, aprobarlo por el accionista único, que es la
SEPI.

Es un plan realista pero ambicioso, que ha contado en su
elaboración, durante varios meses, con la participación de cientos de
personas de diferentes colectivos, responsabilidades y funciones de la
compañía. Este plan estratégico de Correos define los ejes estratégicos y
acciones a implementar para avanzar en la diversificación del negocio, la
eficiencia operativa e innovación y con el que seguir prestando en el
futuro un servicio postal universal con eficiencia, calidad y
rentabilidad sostenibles, que garantice asimismo la propia viabilidad de
la compañía. Por eso no podemos aceptar este punto de su moción que insta
al Gobierno a diseñar y aprobar el plan cuando ya está culminado.

En el segundo punto de la moción instan a negociar a lo largo
del 2017 un nuevo pacto colectivo con los trabajadores. El tercer
convenio colectivo de Correos extendía su vigencia hasta el 31 de
diciembre de 2013, conforme dispone en su artículo 6, si bien el convenio
colectivo no ha expirado, porque actualmente se encuentra en situación de
ultractividad, como así lo reconoció la Audiencia Nacional en junio
de 2015.

Correos mantiene un posicionamiento favorable a retomar en breve
la negociación del cuarto convenio colectivo, que quedó paralizado en
febrero de 2015 y sobre el que existía un alto consenso con la comisión
negociadora, a expensas del análisis de las reivindicaciones en materia
salarial y consolidación de empleo. Dicha negociación estará condicionada
a lo que se establezca al respecto en los Presupuestos Generales del
Estado que ayer se aprobaron en esta Cámara.

La intención de la empresa es alcanzar un acuerdo con amplio
consenso, como sucedió en el tercer convenio, con más del 80 % suscrito
por la representación sindical. Y en este punto sentimos que tampoco
hayan querido acercar posturas con nuestro grupo, a sabiendas de que los
sindicatos y la dirección de Correos están en negociaciones para
reiniciar los trabajos del cuarto convenio colectivo.

Insta a desarrollar y complementar la normativa prevista en la
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del servicio postal universal. En cuanto
a la aprobación del plan de prestación del servicio postal universal, el
Ministerio de Fomento ya está trabajando con el borrador final del plan
de prestación de acuerdo con el proyecto de la Ley postal, y para ello
tiene previsto acometer los siguientes pasos: Determinar y consensuar la
metodología del cálculo del coste neto; redactar el borrador del plan, y
solicitar los informes preceptivos a la Comisión Nacional de los Mercados
y la Competencia, a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, a la
Comisión Europea, al Consejo Superior Postal, a los ministerios y los
diferentes organismos públicos afectados; solicitar el dictamen del
Consejo de Estado y aprobarlo en el Consejo de Ministros. En este punto
tampoco han querido llegar a un acuerdo. Lo que nosotros pedíamos era
continuar con el desarrollo para completar la normativa prevista en la
Ley 43/2010.

En cuanto a que Correos siga siendo como hace trescientos años,
una herramienta de la que el Estado no puede prescindir para asegurar la
vertebración territorial y económica de España, el Gobierno considera que
los servicios postales constituyen un instrumento esencial para el
desarrollo de las comunicaciones y el comercio y que coadyuvan a la
cohesión social y económica de España de una manera fundamental, a través
de la vertebración del territorio nacional.

Este Gobierno está firmemente comprometido con la defensa del
servicio postal público conforme al modelo diseñado por la normativa
vigente, que conjuga la garantía de prestación de un servicio postal
universal de calidad, determinada por la propia ley, prestado de forma
permanente en todo el territorio nacional, a precios asequibles para
todos los ciudadanos, con la garantía de suficiencia financiera. La ley
postal designa a Correos, como operador, a que encomiende la prestación
del servicio universal por quince años. La ley permite al plan la
prestación del servicio postal universal para precisar las condiciones en
que debe prestarse dicho servicio. De igual forma, establece una
metodología del cálculo que anualmente determine el coste neto que ha
supuesto al operador designado dicha prestación. En este punto, la única
diferencia que nos separa es la palabra continuar, ya que todos deseamos
la garantía de que Correos, como desde hace trescientos años, siga siendo
una herramienta de la que el Estado no puede prescindir para asegurar la
vertebración territorial, social y económica, punto que tampoco nos han
aceptado.

Por eso, votaremos no a su iniciativa.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marmolejo.

Tiene la palabra el senador Delgado, para indicar si acepta o no
las enmiendas.

El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.

De las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, vamos a aceptar
las enmiendas 50996 y 50997. No aceptamos el resto, porque, en principio,
entendemos que quedan recogidas en la moción. Es más, hay algunas que,
una vez que se apruebe ese plan de prestación del servicio postal
universal, también quedarán recogidas, porque allí es donde debe
determinarse la actividad comercial y la obligatoriedad o no de las
encomiendas que se realizan. Además, nunca se puede contradecir el
derecho comunitario y alguna de las enmiendas puede contradecirlo. Por
eso, no las podemos admitir.

En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, el
portavoz, señor Marmolejo, antes de que yo hablara, ya ha anunciado que
no se la íbamos a aceptar. Cuando leí la enmienda, me dio la impresión de
que no aportaba nada nuevo a lo que decía la moción. En una segunda
lectura vi que cambiaba términos al principio de cada uno de los puntos,
como concluir o continuar. Pero no se puede continuar, por ejemplo, con
el desarrollo reglamentario cuando aún no se ha comenzado, y tampoco se
puede continuar con el convenio colectivo, porque no ha comenzado y
tampoco se puede concluir con el plan de prestación del servicio postal
universal, porque tampoco se ha comenzado. Primero habrá que comenzar las
cosas para poderlas concluir.

Y algo que eliminaron, y no fue de nuestro agrado, fue la
participación de los trabajadores en la elaboración de ese plan
estratégico, y eso es verdad que no lo podemos admitir.

Si la moción fuera tan similar a lo que ustedes enmiendan,
entiendo que no tendrían ningún inconveniente en votarla a favor. No
sería justo sustituir lo que decimos nosotros por lo que ustedes proponen
en su enmienda precisamente, porque la moción quedaría sin sentido. Por
eso, no podemos admitir la enmienda que han presentado. (Aplausos).

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, el senador Bagué tiene la
palabra.

El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, presidente.

Intervengo desde el escaño para manifestar nuestro apoyo a la
moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.

Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, señor
presidente.

Señorías, la verdad es que el mal funcionamiento pasado del
servicio postal de Correos propició la aparición de grandes empresas de
transporte que hacían lo mismo pero cumpliendo las entregas a precios
superiores. Esto puede inducir a algunos a pensar que puede haber
intereses en llevar el asunto más allá de lo que obliga la mera
liberalización de servicios que establece la Unión Europea. En cierta
manera, como servicio público básico universal, las atenciones y
proyectos de viabilidad futura son necesarios.

En enero de 2017 se publicó el informe sobre la ciudadanía de la
Unión Europea en el que especialmente se establece como objetivo de la
Unión, entre otros, simplificar la vida cotidiana de los ciudadanos
europeos. Bien están el portal único y el avance digital, pero no toda la
población tiene la misma capacidad de adaptación. Tampoco las condiciones
materiales, en especial en el mundo rural, permiten mantener el ritmo sin
una asistencia mínima. Es precisamente en el mundo rural donde quizás la
rentabilidad de las oficinas de Correos sea menor, pero donde son más
importantes.

Por otra parte, esas capacidades técnicas y humanas y esa red que
cubre todo el territorio son un elemento que hay que poner en valor y
potenciar como vías para ofrecer nuevos servicios, en especial ante el
incremento del comercio electrónico o en conjunción, por qué no, con las
administraciones públicas. Eso no tiene por qué atentar contra las
normativas europeas de libre competencia, porque la competencia de
satisfacer el bienestar, siquiera mínimo, homogéneamente es y será de los
poderes públicos. Dice en el prefacio de ese documento Věra Jourová,
comisaria europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de Género: Vamos a
seguir adoptando medidas concretas para simplificar la vida cotidiana de
los ciudadanos europeos. En eso estamos de acuerdo, y trabajar en la
sostenibilidad y potenciación de la Sociedad Estatal Correos es
irrenunciable.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.

¿Alguna intervención más en el Grupo Mixto? (Denegaciones).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.

La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Eskerrik asko, presidente jauna.
Egun on guztioi.

Alderdi Sozialistak gaur debaterako ekartzen digun mozioa
zentzuduna iruditzen zaigu. Alde batetik eskatzen du planaren diseinua
eta onarpena. Logikoa da, zalantzarik gabe, planik gabe ezin da, eta gu
ez gara sartuko jarraitu behar den edo hasi behar den; derrigorrezkoa da,
eta logikoa iruditzen zaigu. Beste alde batetik, eskatzen duena da
langileekin adostasuna bilatzea. Ezinbestekoa da lan on baterako
langileekin adostea beren lanerako egoera.

Eta azkenik, 43/2010 Legea arautzea eta aurrera eramatea. Lege
horri talde honek bere baiezkoa eman zion, eztabaidatu zenean eta erabaki
zenean ados agertu zen. Baina ñabardura bat aipatzearren, esango nuke
Euskal Autonomia Erkidegoaren esparruan, diharduen estatuko sektore
publikoaren alde honi eredu autonomikoa aplikatu ahal zaiola uste dugula,
eta horrenbestez, gai horri dagozkion politiken ejekuzioan
parte-hartzeren bat izan beharko lukete autonomia erkidegoek, bereziki
gureak, Euskadikoak, SEPI edo baliokideren bateko parte-hartzearen
bitartez, adibidez. Izan ere, horren fede ematen du autonomia
estatutuaren 12.7 artikuluak.

Eskerrik asko.

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días a todos.

Esta moción que nos ha traído hoy a debate el Grupo Socialista nos
parece que tiene sentido, porque, por una parte, pide el diseño y la
aprobación del plan, lo que es lógico, sin ninguna duda. Sin plan no se
puede salir adelante. No entraremos en si se debe modificar o no. Nos
parece lógico. Y, por otra parte, se solicita llegar a un acuerdo con los
trabajadores. Es fundamental para hacer una buena labor acordar con los
trabajadores sus condiciones laborales.

Finalmente, en cuanto a la regulación de la Ley 43/2010, este
grupo votó a favor de esta ley cuando se debatió, pero quiero matizarlo
un poco. Creemos que este sector público se puede modificar en la
comunidad autónoma vasca. En la ejecución de estas políticas tendría que
haber una participación de las comunidades autónomas, especialmente de
nuestra comunidad autónoma, la de Euskadi, por ejemplo, mediante la
participación de la SEPI o de una institución parecida.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Castell.

La señora CASTEL FORT: Gràcies, president.

Senyories, entenem que aquesta moció del Partit Socialista és
assumible, i si el que es pretén és la millora de la prestació del servei
postal i la millora així mateix de les condicions laborals dels
treballadors del operador actual, la Sociedad Estatal Correos i
Telégrafos.

Entenem, respecte la primer punt de la moció, que és necessari
implementar un pla estratègic que garanteixi la viabilitat de la societat
i la diversificació de les seves activitats, amb la necessària
participació dels treballadors. Respecte al segon punt, per suposat que
és imprescindible negociar un nou i actualitzat pacte col·lectiu, així
com també la recuperació del salari perdut després d’aquesta llarga
congelació salarial dels últims anys.

En referència al tercer punt de la moció, que és aprovar el plan
de prestación de servicio postal universal, previst a la pròpia llei, que
garanteixi un cost real de la carrega financera injusta del servei
postal, així com un finançament adequat, del què és tracte és de
desenvolupar la normativa en vigor, i per tant, complir la llei, allò que
tant els hi agrada recordar als representants del Partit Popular, complir
la llei. Finalment, en quant a l’últim punt, que és garantir que
Correus segueixi sent una eina per a garantir la vertebració territorial,
social i econòmica, des d’Esquerra creiem que hi ha eines millors
per aquest tipus d’objectiu, com un finançament adequat de les
comunitats autònomes, més just i més equitatiu, o uns pressupostos
realment adequats a les necessitats territorials.

Però malgrat això, els senadors d’Esquerra donarem suport a
aquesta moció perquè entenem i estem i estarem convençuts que la defensa
dels drets dels treballadors, inclosos els treballadors de la Sociedad
Estatal de Correos y Telégrafos, és crucial per aconseguir la cohesió i
la justícia social.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Gracias, presidente.

Señorías, entendemos que esta moción del Grupo Socialista es
asumible si lo que pretende es una mejora de la prestación del servicio
postal y de las condiciones laborales de los trabajadores del operador
actual, la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.

Con respecto al primer punto de la moción, consideramos que es
necesario implementar un plan estratégico que garantice la viabilidad de
la sociedad y la diversificación de sus actividades, con la necesaria
participación de los trabajadores. En cuanto al segundo punto, por
supuesto que es imprescindible negociar un nuevo y actualizado pacto
colectivo, así como la recuperación del salario perdido durante esta
larga congelación salarial de los últimos años. En relación con el tercer
punto de la moción: aprobar el plan de prestación del servicio postal
universal —previsto en la propia ley— que garantice un coste
real de la carga financiera injusta del servicio postal, así como una
financiación adecuada, se trata de desarrollar la normativa en vigor y,
por tanto, de cumplir la ley —lo que tanto les gusta recordar a los
representantes del Partido Popular—. Finalmente, en cuanto al
último punto: que Correos continúe siendo una herramienta para garantizar
la vertebración territorial, social y económica, en Esquerra creemos que
hay herramientas mejores para lograr este objetivo, como una financiación
adecuada de las comunidades autónomas más justa y equitativa o unos
presupuestos realmente adecuados a las necesidades territoriales.

A pesar de ello, los senadores de Esquerra apoyaremos esta moción,
porque estamos convencidos de que la defensa de los derechos de los
trabajadores, en concreto de los trabajadores de la Sociedad Estatal
Correos y Telégrafos, es crucial para conseguir la cohesión y la justicia
social.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castel.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Lima.

La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, la Directiva europea 2008/6 se traspuso en la Ley del
servicio postal universal del año 2010 —ley que fue reformada más
tarde, en el año 2012—, y supuso una apertura del mercado postal en
nuestro país, al permitir la participación de empresas de distinta
entidad jurídica en el servicio postal, así como en los requisitos y
condiciones del servicio. Esta misma ley establecía la concesión al grupo
Correos, actualmente dependiente de la SEPI, en condición de operador
designado por el Estado para el servicio postal universal, regido por
principios de equidad, no discriminación y continuidad. Además, el
artículo 1 de la ley recogía el pleno derecho de los trabajadores. No
obstante ese artículo, la plantilla se ha visto reducida en miles de
personas y el uso de contratos precarios es cada vez más común, lo cual
afecta claramente a la calidad del servicio.

Creo que sus señorías han repetido que el convenio colectivo se
retrasa ya desde hace más de seis años, y durante este tiempo en que el
convenio colectivo está parado ha habido recortes salariales y
congelación salarial. Asimismo, los presupuestos generales que ayer se
aprobaron en esta Cámara confirman los recortes en el servicio postal
universal. El plan de prestación del servicio postal universal, a pesar
de que ha sido reclamado tanto por el grupo Correos como por la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia, lleva cinco años de retraso,
pero sabemos que suele ser práctica habitual del Gobierno decir: Me
comprometo a hacerlo este año, y al terminar el año: No, lo haré el
siguiente, y así un año tras otro, tras otro. Parece que lo único que
saben hacer algunos gobiernos es blanquear y normalizar la corrupción.
Nos castigan con su ley del silencio, que esconde la miseria de la
corrupción, pero la corrupción tiene una consecuencia muy clara y es que
daña y afecta a cualquier tipo de servicio público, en este caso a
Correos.

La Ley de 2010 es imposible que se implemente, es imposible que la
cumpla la empresa Correos, porque no se le permite con semejantes
presupuestos. ¿Cuál es la consecuencia? La presión clara y directa a los
trabajadores, que sufren situaciones de estrés y tensión, y, por
supuesto, que las zonas más alejadas no puedan disfrutar de un servicio
de calidad, como sería su derecho. Esto es una falta de
comunicación.

Quiero aclarar también que se trata de un ejemplo muy claro del
abecé de la privatización. A los Gobiernos sucesivos —incluyo a
ambos partidos, PSOE y PP— les encanta el abecé de la
privatización: desregularizar e infradotar al servicio público,
argumentar después que no funciona y, como consecuencia, se privatiza,
lo que supone beneficios para algunas empresas, no para la totalidad de
la ciudanía. Esto afecta a los servicios públicos y universales.

Compartimos el espíritu de esta moción presentada por el Grupo
Socialista. Emplazamos al Gobierno a que restablezca el presupuesto y la
plantilla, a que negocie el convenio colectivo respetando los derechos de
los trabajadores, a que se comprometa a un servicio público de calidad y
que cumpla la normativa que existe. Por estos motivos expuestos,
votaremos a favor.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Lima.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Delgado.

El señor DELGADO JIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.

Señorías, el motivo de presentar primero la interpelación y ahora
la consecuente moción no es otro que dar solución al problema por el que
atraviesa Correos. Y digo problema porque eso es lo que ha provocado la
inacción del Gobierno de estos años con respecto a Correos.

En primer lugar, es necesario el desarrollo reglamentario de la
Ley 43/2010, de 30 de diciembre, del sector postal universal. Pues bien,
en todos estos años el Gobierno del Partido Popular no ha sido capaz o no
ha querido desarrollarlo. Por eso no les podemos admitir que digan que
van a continuar haciendo algo que ni siquiera han empezado a hacer.

En segundo lugar, tampoco han querido, durante estos años de
gobierno, elaborar el tan esperado plan de prestación del servicio postal
universal, plan que deberá contener el desarrollo económico de la
sociedad —vemos que todas las esperanzas recaen en la
diversificación de la actividad económica de Correos— y garantizar
su viabilidad. Tampoco han sido capaces de hacer lo, o —como decía
antes— no lo han querido hacer. Lo que han hecho ha sido un plan de
acción, del cual no han presentado balance alguno, pero sabemos que no ha
funcionado ninguna de las medidas adoptadas.

En tercer lugar, y más importante, es necesario que las y los
trabajadores de Correos tengan la tranquilidad de ver su futuro asegurado
y de que no se va a cerrar ninguna oficina, y menos en el ámbito rural. Y
es que la viabilidad de la actividad económica de Correos supone el
futuro de sus empleos y de sus oficinas, y también supondría recuperar
derechos y condiciones laborales, así como la generación de puestos de
trabajo, siempre y cuando se permita cubrir la tasa de reposición.

Pues bien, eso es lo que simplemente solicitaba la moción, algo
que entendemos justo y necesario. Moción que es flexible en cuanto a los
plazos para la consecución de lo que se solicita. Pero al Grupo
Parlamentario Popular no le parece bien, lo que le gustaría es que
aceptáramos las enmiendas de modificación, que dejarían sin sentido la
moción presentada. Sabemos que el ministerio, a raíz de la interpelación,
se ha reunido con los agentes sociales, y estos han calificado de
positivo el encuentro, pero en ningún caso lo han calificado de acuerdo,
sino de punto de partida.

Ya les hemos dicho que nos llevamos una sorpresa cuando llegaron
los presupuestos al Congreso y los recortaron de 180 millones de euros
a 120, pero mayor sorpresa nos llevamos cuando el tijeretazo que
sufrieron al llegar aquí, al Senado, fue de menos de 60 millones de
euros. No nos fiamos, señorías del Grupo Parlamentario Popular, en primer
lugar, porque califican de acuerdo algo que es una reunión y, en segundo
lugar, porque si hubieran tenido voluntad de tranquilizar a todos y todas
las trabajadoras hubieran admitido la enmienda que presentó este grupo en
los presupuestos generales que complementaba los menos de 60 millones de
euros de financiación hasta los 180 millones de euros que presupuestaban
el año anterior.

Seguramente van a completar la financiación de la prestación del
servicio postal universal a través del Fondo de contingencias, pero
ustedes saben, igual que nosotros, que están obligados a hacerlo, porque
están obligados a financiar todo servicio que sea obligatorio, aun cuando
sea deficitario, como este lo va a ser por necesidad.

El hecho de pedirles expresamente un aumento de la partida era
para ver la voluntad que tenían, pero, como hemos visto, la voluntad es
cero. Lo que sí deben hacer es explicar el porqué de la reducción de
financiación en la partida del servicio postal universal. Lo cierto es
que a nosotros no nos gustó esa reducción, y menos que se produjese para
hacer concesiones particulares a determinados partidos para poder aprobar
los presupuestos. Pero eso serán ustedes los que tendrán que
explicarlo.

Para finalizar —ya termino— quiero dar las gracias a
los grupos políticos que van a apoyar esta moción y decir a los miembros
del Grupo Parlamentario Popular que aún están a tiempo. Están a tiempo de
apoyar esta moción. No desaprovechen la oportunidad, apruébenla y
aseguren el futuro de Correos y de sus trabajadores.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Delgado.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Marmolejo.

El señor MARMOLEJO SETIÉN: Gracias, señor presidente.

Señorías, hablar de Correos es hablar de una empresa postal con
más de trescientos años de vida al servicio de los ciudadanos y del
progreso social, económico y tecnológico de España. Más de trescientos
años de innovación, de adelanto a los cambios de la sociedad y
acompañándola en su propia evolución. Correos es el mejor proveedor de
servicios de comunicación física, digital y de paquetería del mercado
español.

Señor Delgado, usted pone en entredicho a la Sociedad Estatal de
Correos y Telégrafos. Que el tráfico postal en España ha bajado en los
últimos años es tan cierto como que ocurre en todos los países del mundo,
por la sencilla razón de que influyen diversos factores, como la madurez
que tiene el propio mercado postal, especialmente por la sustitución de
otros sistemas electrónicos o el aumento de la competencia. Como bien
decía el señor ministro en su interpelación, el operador ha realizado una
serie de adaptaciones de los recursos empleados para la prestación de los
servicios, entre ellos la plantilla, al llevar a cabo actuaciones de
racionalidad y eficiencia y el adecuado cumplimiento de las obligaciones
de servicio público.

La Ley postal designa a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos
operador al que se le encomienda la prestación del servicio universal por
un período de quince años, al tiempo dispone de los instrumentos
oportunos para garantizar la financiación de las obligaciones de
servicio público del servicio postal universal, precisando los mecanismos
para la determinación del coste neto y su financiación. Para ello el
Ministerio de Fomento ha incluido en su presupuesto el programa
presupuestario 491N, destinado precisamente a financiar el servicio
postal universal para que este se preste con toda normalidad por una
empresa que está realizando un considerable esfuerzo para adaptarse a las
nuevas circunstancias y a los nuevos retos.

En relación con la viabilidad futura de Correos, además de
respaldar financieramente el sistema, se espera complementarlo con la
aprobación del plan de prestación social postal universal y el reglamento
postal. Correos es un operador al que el Estado ha encomendado la
prestación del servicio postal universal de tal manera que garantice los
derechos de los ciudadanos a recibir un servicio postal de elevada
calidad, que lo preste de forma permanente en todo el territorio nacional
a precios asequibles y que ayude a la cohesión social y económica de
España, fundamentalmente a través de la vertebración del territorio
nacional.

Correos es una empresa saneada, sin endeudamiento financiero, que
próximamente dispondrá de un plan estratégico que delimite y concrete la
prioridad de las líneas de actuación a futuro necesarias para aumentar la
competitividad y garantizar la viabilidad de la compañía, de manera que
pueda seguir funcionando como herramienta de vertebración territorial,
social y económica del Estado. El ministerio se ha comprometido, entre
otras cuestiones, a garantizar el mantenimiento, en la fase de ejecución
del ejercicio presupuestario de 2017, de las cantidades presupuestadas
como a cuenta para la prestación del servicio postal universal, cubriendo
de esta forma las posibles minoraciones que hayan podido producirse en la
fase de tramitación del presupuesto que ayer se aprobó en esta
Cámara.

Hablar de Correos es hablar de más de 50 000 efectivos. Es una de
las mayores empresas territoriales, con más de 8946 puntos de
atención, 1815 unidades de distribución ordinarias y 100 servicios
especiales. Hablamos de más de 2936 millones de envíos. Como bien saben
sus señorías, la directiva postal obliga a que los Estados miembros
adopten medidas para asegurar que el servicio quede garantizado en menos
de cinco días laborales por semana. Debe incluir también una recogida y
una entrega a domicilio de cada persona física o jurídica. La normativa
española cumple con la directiva postal.






El Gobierno de España está
firmemente comprometido con la defensa del servicio postal público
conforme al modelo que se desarrolla en la normativa vigente. Correos es
una empresa fuerte, moderna, eficiente, tecnológica y que apuesta por la
diversificación. Es un referente en el mercado de la paquetería, y
gracias a la competitividad de su oferta, ha aumentado su cuota de
mercado en los últimos años y ha sido elegido como proveedor de
referencia en España por las principales compañías de venta online. En el
futuro hay que continuar impulsando estas políticas de diversificación,
eficiencia operativa e innovación.

A estos retos pretende dar cuenta el nuevo Plan estratégico para
el periodo 2017-2021, que permitirá a la compañía avanzar, con el apoyo
de la SEPI, en la senda de recuperación del beneficio y del crecimiento a
medio y largo plazo. El compromiso de Correos con sus trabajadores es
total. Señor Delgado, usted ha hablado de drásticas reducciones, de
eliminación de empleo. Creo que se puede decir que la política de Correos
conlleva un compromiso estable con el empleo y la calidad de una manera
sostenible. Esto queda acreditado con la incorporación de 1600
trabajadores. Como dije anteriormente, Correos mantiene un
posicionamiento favorable a la negociación colectiva y a retomar la
negociación del IV convenio es su acción principal. Esta actitud
negociadora de Correos, que conlleva un compromiso de la empresa con un
empleo estable, de calidad y sostenible, ha tenido su reflejo en la
convocatoria de ingreso de 2443 efectivos —personal laboral
fijo—, que se está gestionando en estos momentos. Adicionalmente,
habría que considerar la tasa de reposición de puestos que finalmente
autorice la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2017.

Correos siempre ha manifestado en la negociación su interés de
mejoras salariales dentro del mercado establecido, de conformidad con la
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. Ha mejorado
sensiblemente las condiciones de los seguros de accidentes optativos de
los empleados.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor MARMOLEJO SETIÉN: Termino, señor presidente.

El Ministerio de Fomento está trabajando en el borrador final del
Plan de protección del servicio postal universal, de acuerdo con lo
previsto en la Ley postal. El servicio postal universal está debidamente
garantizado, prestado con total normalidad por una sociedad con más de
trescientos años que está adaptándose a los nuevos retos y
circunstancias. El Gobierno de España respalda financieramente ese
sistema, y con la aprobación del Plan de prestación del servicio postal
universal y del reglamento postal garantiza la viabilidad futura de
Correos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marmolejo.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación del Grupo Parlamentario Socialista con la incorporación de
las dos enmiendas aceptadas de los senadores Mulet y Navarrete, con
números de registro 50996 y 50997.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 249;
votos emitidos, 249; a favor, 98; en contra, 144; abstenciones, 7.

El señor PRESIDENTE: Por tanto, queda rechazada.

El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro
enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una a iniciativa de
los senadores Alegre, Crisol y Marcos, y otra a iniciativa del senador
Cleries— y dos del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, el senador Robles. (Continúan los rumores).

Guarden silencio, por favor.

El señor ROBLES OROZCO: Gracias, presidente.

Señorías, presentamos una moción sobre un asunto que es, a nuestro
juicio, de extraordinaria y primera actualidad, porque muchas familias
acogedoras de niños así se han pronunciado y se han movilizado para
hacerlo y porque creo que es de justicia. (El señor vicepresidente, Sanz
Alonso, ocupa la Presidencia).

Como saben, señorías, el hecho de la llegada a nuestro país, en un
momento determinado, de un número importante de población inmigrante ha
ocasionado también que con el paso del tiempo, por el arraigo, se haya
producido un número muy importante de peticiones de nacionalidad; se
producen en torno a los 150 000 expedientes anuales de petición de
nacionalidad y el Ministerio de Justicia reconoce que en este momento
puede estar resolviendo en torno a unos 100 000. Es decir, todos los años
se produce una acumulación importante de peticiones de nacionalidad.
(Rumores).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señorías, guarden silencio,
por favor.

El señor ROBLES OROZCO: Esto produce un importante retraso en las
solicitudes. En la mayoría de los casos, al ser personas con nacionalidad
de origen, al ser personas con residencia legal en nuestro país, no
ocasiona un trastorno en su vida ordinaria, en su capacidad de llevar con
normalidad la sanidad, la educación o cualquier otro tema. No es el caso,
por el contrario, de los niños acogidos o tutelados, la mayoría de las
veces por las comunidades autónomas. Son niños que en muchísimas
ocasiones no tienen nacionalidad de origen simplemente porque se
desconoce o porque los países de sus padres biológicos no se la han
reconocido. Por lo tanto, son eso que llamamos niños apátridas, niños sin
la documentación adecuada. Son niños tutelados por las comunidades
autónomas; niños que en muchos casos están en centros de acogida, pero en
otros muchos, en familias de acogimiento. En estos casos concretos, a
estos niños concretos y a las familias que los acogen sí les supone un
quebranto importante en sus derechos. El hecho de no tener la
nacionalidad española supone dificultades en el proceso de
escolarización, en la sanidad o en aspectos tan importantes como, por
ejemplo, hacer un viaje escolar. Es decir, cuando se trata de salir de
España para hacer un curso no tienen la documentación adecuada o hay que
complicarlo con un documento transitorio, lo que sería la normalidad en
niños que viven ya en familias de acogimiento.

Por tanto, reconociendo el esfuerzo que está haciendo el
Ministerio de Justicia para poner al día la avalancha de peticiones de
nacionalidad por arraigo, también debemos ser conscientes de que existe
una dificultad añadida para menores vulnerables, niños que,
evidentemente, son motivo de acogimiento y de tutela por parte del
Estado, en este caso a través de las comunidades autónomas, porque, como
establece la Ley del menor, los menores deben ser el bien superior a
proteger. Por tanto, debemos buscar la fórmula para que esa situación,
que se da de hecho, de niños que tienen un retraso de años en la
concesión de su nacionalidad se solucione de forma inmediata. Por tanto,
queremos que el Ministerio de Justicia, de acuerdo con las comunidades
autónomas, proceda al análisis de un protocolo que permita identificar,
como en otros casos —por ejemplo el de los militares—, un
proceso que conceda la nacionalidad de forma rápida y automática para la
normal integración de estos niños en la sociedad española.

Las familias son el instrumento por el cual los niños inician un
proceso de normalización e integración en la sociedad, pero son las
administraciones las que tienen que dar cumplimiento a esta situación.
Las familias acogedoras no pueden instar, tienen que ser las
administraciones de tutela, es decir, las comunidades autónomas las que
insten al Ministerio de Justicia y tiene que ser el Ministerio de
Justicia el que resuelva adecuadamente esta situación. Hoy se está
produciendo de forma ordinaria, es decir a través de la inscripción en
los registros y la tramitación del Ministerio de Justicia simplemente por
el orden de llegada.

Como ustedes saben, en un momento de atasco importante se firmó un
protocolo entre el Colegio de Registradores y el Ministerio de Justicia
que resuelve o facilita los casos ordinarios, pero que no sirve para
facilitar los casos extraordinarios, porque no permite identificar ni
aislar precisamente los casos de los menores. Por tanto, el estudio de
esta situación, la posibilidad de identificar a estos menores y de
tramitarlo adecuadamente es lo que solicitamos.

Hago mucho énfasis en que es la comunidad autónoma la que tiene
que solicitarlo. Por tanto, no es una concesión automática, sino que es
la comunidad que tutela la que solicita la nacionalidad. Así pues,
estudiar y entender lo que sucede en otras partes del territorio español,
es decir donde esto es evidentemente un problema distinto —lo
conozco bien, porque fui secretario de Estado de Inmigración—, no
se complica, puesto que es la comunidad autónoma la que tiene que instar
al Ministerio de Justicia. No es una concesión automática, sino que es la
comunidad la que, conocedora del expediente, insta al Ministerio de
Justicia. Por tanto, creo que quedan también salvadas otras
preocupaciones que pudiera haber en la mente de algunas personas.

En definitiva, de lo que se trata es de facilitar este
procedimiento, porque, señorías, no solo tienen problemas los niños que
ya están acogidos y a los que no se les facilita el proceso normal de
integración en las familias, sino que hay problemas en los centros de
acogida de menores en España. Sigue habiendo demasiados menores en los
centros de acogida, y los hay —casi el 50 % de los niños
tutelados— porque en los trámites administrativos no se facilita,
no se incentiva una acción positiva para que más familias se decidan a
acoger niños, porque las trabas administrativas son, en muchos casos,
extraordinariamente complicadas. Así pues, como el objetivo superior es
facilitar que los niños no estén en centros de acogida, sino en las
familias, y que haya un proceso normal de integración, las
administraciones tenemos la obligación moral, legal y administrativa de
facilitar los trámites.

No es solo la nacionalidad. Tendremos ocasión de analizar muchos
más procedimientos administrativos que deberíamos facilitar a las
familias de acogida. Pero en este caso tenemos la oportunidad, porque es
un hecho real, de facilitar la nacionalidad a los niños que han nacido
en España, o que vinieron en situación de menor, que viven y residen
legalmente con nosotros y que están integrados en familias.

Por lo tanto, la iniciativa que hoy presentamos, señorías,
pretende instar al Ministerio de Justicia y a las comunidades autónomas a
estudiar y llegar a un procedimiento rápido de concesión de nacionalidad
para los niños tutelados por la comunidad autónoma, que sea solicitado
por la comunidad autónoma y que permita establecer un mecanismo ágil y
facilitador del acogimiento y que, además, permita en el futuro que los
centros de menores de nuestro país tengan cada día menos niños en
acogimiento y residan más en las familias españolas, muchas de las cuales
están dispuestas a hacerlo. Creo, con sinceridad, que ante otras dudas,
ante otros inconvenientes y ante otras eventualidades debe primar siempre
el interés superior del menor, porque son niños que, en muchos casos,
llevan acumuladas muchas dificultades y muchos problemas, y creo que hay
que hacer una acción positiva especialmente en favor de estos niños.

Muchas gracias, señorías, y espero su voto favorable.
(Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Robles.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, listas de espera y saturación es lo que está ocurriendo
en las dependencias del Ministerio de Justicia en relación con la
tramitación de expedientes para obtener la nacionalidad española. Como
bien saben, uno de los requisitos para obtener la nacionalidad española
es haber residido durante diez años de forma legal en España. Existen
casos en los que el periodo de residencia exigido se reduce a uno, dos o
cinco años. Todas estas personas que cumplen estos requisitos marcados
por la Administración de Justicia ven vulnerados sus derechos por la poca
agilización de los expedientes. Hablamos de expedientes, señorías, pero
detrás hay personas.

Los senadores de Ciudadanos estamos de acuerdo con la moción que
nos presenta el Grupo Popular. El Gobierno debería agilizar y priorizar
los expedientes de nacionalidad en relación con los niños nacidos en
España. A pesar de ello, hemos presentado una enmienda de adición para
intentar poner solución al desamparo que sufren muchos jóvenes integrados
totalmente en España, con permiso de residencia permanente desde hace más
de diez años y con estudios universitarios; es decir, integrados
totalmente en nuestro país. Son jóvenes formados que no tienen los mismos
derechos que los jóvenes españoles. España no se puede permitir el lujo
de prescindir de jóvenes con formación superior, jóvenes comprometidos,
jóvenes que ayuden a este país a salir de la crisis. Por ello presentamos
nuestra enmienda.

Muchas gracias, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Crisol.

Senadora Abad, tiene la palabra.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies, president.

El PDECAT hem presentat una esmena de modificació que el que vol
és resoldre el més aviat possible aquesta lamentable situació perquè, al
nostre entendre, és incomprensible que, a dia d’avui, encara hi
hagi menors que no tinguin nacionalitat reconeguda, com també és
incomprensible que es proposi només «estudiar per a agilitzar». Aquest és
el sentit de la nostra esmena.

Estem d’acord amb la moció però sí que demanem, amb
l’esmena, que no s’estudiï per a agilitzar sinó que
s’executi immediatament. En aquest sentit, sí dir que el Grup
Podemos ha presentat una esmena que va en el mateix sentit que la nostra.
Per tant, si prospera la transacció, nosaltres retirarem la nostra.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En el PDECAT hemos presentado una enmienda de modificación que
quiere resolver cuanto antes esta situación lamentable porque, a nuestro
entender, es incomprensible que, a día de hoy, todavía haya menores que
no tengan la nacionalidad reconocida, como también es incomprensible que
solo se proponga estudiar para agilizar. Este es el sentido de nuestra
enmienda.

Estamos de acuerdo con la moción, pero sí pedimos, con la
enmienda, que no se estudie para agilizar, sino que se ejecute
inmediatamente. A este respecto, el Grupo Podemos ha presentado una
enmienda que va en el mismo sentido que la nuestra, por lo cual, si
prospera la transacción, nosotros vamos a retirar la nuestra.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Abad.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra, para la defensa de las enmiendas, la senadora
Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, egun on.

Hoy tenemos aquí una moción que es claramente de justicia. Estamos
hablando de la nacionalización de la infancia, la nacionalización de
menores que nuestro propio ordenamiento permite, porque permite la
adquisición de esta nacionalidad por residencia, de tal modo que aquellos
niños y niñas que hayan residido legalmente en nuestro país durante un
período de tiempo pueden solicitar la nacionalidad española.

Concretamente, estamos hablando de menores que llevan dos años
consecutivos en situación de tutela, guarda o acogimiento en distintas
comunidades autónomas y que han residido legalmente en nuestro país
durante un año; por tanto, pueden y deben solicitar la nacionalidad
española.

La solicitud debe realizarla la entidad pública, que es la que
ostenta la representación legal del menor. Ciertamente, a diferencia de
la obligatoriedad de la tramitación, la autorización de residencia de los
menores a día de hoy no es más que una expectativa para ellos, que
realmente no se está cumpliendo. Ahora bien, si atendemos al interés
superior del menor y a sus derechos, que es lo que siempre deberíamos
poner por delante, es obligación del país que acoge a estos menores
asignar la nacionalidad y responder así a los derechos de los niños y de
las niñas. Adicionalmente, al ser un derecho obtener la nacionalidad, en
la práctica totalidad de los casos los menores no regresan a sus países
de origen y todos sus vínculos se crean en nuestro país, donde a buen
seguro terminarán permaneciendo, por lo que tramitar la nacionalidad en
el momento mismo en que se cumplen los requisitos evita también problemas
futuros en cuanto a su situación administrativa y a su integración plena
al alcanzar la mayoría de edad.

Actualmente, aunque decían que es la propia Administración la que
debe conceder la nacionalidad, son las familias que acogen a los menores
las que tienen que pegarse con la Administración y la burocracia. Una de
las dificultades a las que se enfrentan las familias, por ejemplo, es que
desde que se inician acogimientos familiares, llevando más de nueve meses
tutelados por una entidad pública, los menores carecen de documentación y
de identidad personal, tanto de su país como respecto a su pasaporte, o
menores tutelados por la Administración que llevan más de cinco años
dentro del Programa de protección en acogimiento familiar permanente en
familia ajena.

Actualmente hay paralizados expedientes de solicitud de
nacionalidad española. Es la familia acogedora, como decía, la que lo
lleva a cabo, dándose la paradoja de que, existiendo grupos de hermanos
viviendo en el mismo núcleo familiar acogedor, cada uno tiene distintas
fechas de renovación del permiso de residencia para obtener su
nacionalidad.

Por eso, como decía, esta moción es de justicia y de derechos por
la infancia, por lo cual este grupo parlamentario presenta 2 enmiendas
para que esta moción pueda, de alguna manera, concretarse en hechos y
datos específicos. Creo que estaremos todos de acuerdo en que es
necesario agilizar los procesos actuales de asignación de nacionalidad,
por lo que establecemos que, a partir de la aprobación de la moción en
esta Cámara, se den como máximo seis meses para la resolución de todos
los expedientes actuales y, asimismo, que se defina y revise el protocolo
actual, en coordinación con las comunidades autónomas, para que desde la
solicitud no pasen más de seis meses hasta que los niños y niñas puedan
obtener la nacionalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Villanueva.

Por el Grupo Parlamentario Popular, para manifestar si aceptan o
no las enmiendas, tiene la palabra la senadora Sanz.

La señora SANZ BARRIOS: Gracias, señor presidente. Buenos
días.

Respecto a la enmienda de adición que ha presentado el Grupo
Mixto, a instancia de Ciudadanos, nuestro criterio es desfavorable. En su
texto introducen conceptos de arraigo e integración a nivel familiar,
social, económico y formativo, que suponen nuevos requisitos frente a la
legislación actual. El objetivo de nuestra moción es reconocer la
situación excepcional que viven estos niños.

Aceptamos la propuesta de modificación del Grupo Unidos Podemos en
aras de buscar un consenso. Compartimos el espíritu de hacerlo lo antes
posible, pero aunque se establezca un plazo de seis meses, nuestra
intención es que se resuelva de forma automática y nunca agotando este
plazo.

También aceptamos la elaboración de un protocolo en colaboración
con las comunidades autónomas, que son las responsables de informar estos
expedientes.

Por último, respecto a la enmienda de modificación que ha
presentado el Grupo Mixto, Partit Demòcrata, no la vamos a aceptar porque
consideramos mejor la redacción originaria y no vemos necesario
cambiarla.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Sanz.

Turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer
lugar, el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, la moción que presenta el Grupo Popular pone de
manifiesto que las reformas llevadas a cabo en relación con la resolución
de expedientes para obtener la nacionalidad española no han dado los
resultados esperados. A día de hoy, miles y miles de expedientes
continúan en cajas y pendientes de digitalización. Se prevé que en el
transcurso de 2017 solo se resuelvan los casos presentados en 2015.

Señorías, detrás de estos expedientes amontonados en cajas hay
personas esperando una respuesta de la Administración central en tiempo
real, y me consta que los funcionarios dedicados a estos menesteres no
son los responsables; todo lo contrario, su empeño y su trabajo son
encomiables.

Estoy seguro de que los grupos parlamentarios coincidimos en el
diagnóstico de este problema, pero, señorías, lo importante, lo urgente,
es lograr una agilización para dar respuesta a miles de personas, a miles
de niños y jóvenes.

Los senadores de Ciudadanos votaremos favorablemente la moción
porque entendemos que se deben priorizar los expedientes de nacionalidad
de niños en situación de acogida, tal como remarca la moción; niños que
han nacido en España y que sin la nacionalidad española no tienen los
mismos derechos que el resto de niños españoles.

Señorías, hemos aceptado la transaccional con casi todos los
grupos políticos.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Crisol.

¿Algún senador más del Grupo Parlamentario Mixto desea intervenir?
(La señora Abad Giralt pide la palabra).

Tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies, president.

És una moció que no acabo d’entendre. Per una raó molt
senzilla. Sí que estem parlant d’un tema, d’una situació
actual en què hi ha expedients aparcats des del 2015, d’una banda
fomentem l’acollida però, de l’altra, ens trobem amb famílies
que denuncien que els seus fills no tenen cap nacionalitat, malgrat haver
nascut a Espanya. I, d’altra banda, també és un tema que afecta als
menors, als seus drets i els seus deures i la seva futura nacionalitat,
en funció de la seva pròpia decisió. En qualsevol cas, dit això, és
benvinguda.

És veritat que se m’obren molts dubtes. És un problema,
certament, al qual el Ministeri de Justícia no ha sabut donar resposta de
forma eficient i eficaç i de forma immediata, doncs la llei estableix que
només calen dos anys per a ser nacionals i avui ens trobem amb nens i
nenes que han nascut a Espanya i no tenen nacionalitat espanyola
—com a vostès els agradaria— no tenen pàtria perquè al seu
DNI o passaport es fa constar «país desconocido».

Em pregunto què ha fet durant tots aquests anys el Ministeri de
Justícia. Estem parlant de nens d’acollida que actualment tenen 10
i 14 anys, que fa més de dos anys que viuen a Espanya amb famílies
d’acollida i que encara no tenen la nacionalitat, perquè aquesta és
desconeguda.

Per què ens trobem en aquesta situació i què està fent, com he
dit, el Ministeri de Justícia? Què està fent el Ministeri Fiscal? Què
està fent el registre civil? I vostès encara proposen a la seva moció que
s’estudiïn possibilitats d’agilitzar quan nosaltres, el
PDECAT, el que proposa és que es resolgui el més aviat possible. I no
entenc què entenen vostès per estudiar expedients i tramitar expedients
per arribar a vies alternatives, quan la solució és posar fil a
l’agulla. Estem al segle XXI. El segle de les noves tecnologies. I
avui, el Ministeri de Justícia no té ni recursos ni eines informàtiques
per resoldre situacions tan al.lucinants com aquesta.

Dit això, acceptem la moció perquè reconeixem que hi ha un
problema, un problema que s’ha de resoldre i, d’altra banda,
tot i que no s’accepta la nostra esmena, com que va en el mateix
sentit que l’esmena plantejada pel Grup de Podemos i ha estat
transaccionada, nosaltres acceptem la transaccional i, per tant, donem el
nostre recolzament a la moció presentada.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Es una moción que no acabo de entender, por una razón muy simple:
sé que estamos hablando de expedientes que actualmente están aparcados
desde 2015. Por un lado aumentamos la acogida y, por otro, nos
encontramos con familias que denuncian que sus hijos no tienen ninguna
nacionalidad, a pesar de haber nacido en España. Es un tema que afecta a
los menores, a sus derechos, sus deberes y su futura nacionalidad en
función de su propia decisión. En cualquier caso, es bienvenida.

Es verdad que se me abren muchas dudas. Es un problema al que el
Ministerio de Justicia no ha sabido dar respuesta de forma eficaz,
eficiente e inmediata, pues la ley establece que solo hacen falta dos
años para ser nacionales, y hoy nos encontramos con niños y niñas que han
nacido en España y no tienen nacionalidad española o, como a ustedes les
gustaría, no tienen patria, porque en su DNI o pasaporte pone país
desconocido.

Me pregunto qué ha hecho el Ministerio de Justicia durante todos
estos años. Estamos hablando de niños de acogida que, actualmente, tienen
entre diez y catorce años, que hace más de dos que viven en España con
familias de acogida y que todavía no tienen la nacionalidad porque esta
es desconocida.

¿Por qué nos encontramos ante esta situación? ¿Qué está haciendo
el Ministerio de Justicia? ¿Qué está haciendo el Ministerio Fiscal? ¿Qué
está haciendo el registro civil? Y ustedes todavía proponen en su moción
que se estudien posibilidades de agilizar esta situación, cuando
nosotros, el PDECAT, proponemos que se resuelva cuanto antes.

No sé qué entienden ustedes por tramitar expedientes y llegar a
vías alternativas, cuando la solución es ponerse en marcha. Estamos en el
siglo XXI, en el siglo de las nuevas tecnologías, y hoy el Ministerio de
Justicia no tiene recursos ni herramientas informáticas para resolver
situaciones tan graves como esta.

Dicho esto, por un lado, apoyamos la moción porque reconocemos que
hay un problema que hay que resolver y, por otro, aunque no aceptan
nuestra enmienda, como va en la misma línea que la planteada por Podemos
y ha sido transaccionada, aceptamos la transaccional.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Abad.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.

Estamos ante una situación complicada: por un lado, tenemos
menores que han migrados solos, aunque en el caso del acogimiento se
trata fundamentalmente de niñas y niños nacidos en España. Lo que pasa es
que nacer en España no les hace españoles. El hijo o la hija de una
persona extranjera, al nacer, reciben la misma autorización de residencia
que sus progenitores, y si estos están en situación irregular no recibe
ninguna. Así que en sus papeles, en el caso de que los tenga, pone
nacionalidad desconocida.

Si sus padres renuncian a la tutela, o se la retiran, irán a un
centro, y si tienen un poquito de suerte, a una familia de acogida. Eso
sin olvidar que para muchos menores extranjeros no acompañados muchas
veces la primera opción es la repatriación.

Hay niños acogidos, por ejemplo, sin permiso de residencia
—y no vamos a hablar ya de nacionalidad— y hay otros que no
tienen más documentación que la partida de nacimiento. Y no me voy a
extender en las consecuencias que tiene eso, porque no solo es viajar al
extranjero, es el riesgo que pueden correr de ser expulsados cuando
cumplan la mayoría de edad. Y los paganos de esta situación son esos
menores y sus familias.

Querría hacer dos consideraciones. La primera, que la tutela de
esos menores recae en la Administración, no en la familia de acogida, así
que es responsabilidad de la propia Administración tramitarles y
conseguirles los papeles, permiso de residencia, etcétera. Y lo que se
está viendo aquí son muchos balones fuera.

Una segunda consideración. Ya se ha dicho que alguien sujeto a
tutela, guarda o acogimiento dos años consecutivos tiene derecho a la
nacionalidad. Aquí estamos hablando de unos casos concretos, pero habría
que hablar sin generalizar, no pensando solo en esos casos y con
muchísima prudencia, porque conseguir la nacionalidad no necesariamente y
no siempre es lo mejor, porque entendemos que el objetivo, siempre que
sea posible, debería ser la reintegración familiar. Para solicitar la
nacionalidad, que ya he dicho que deberá hacerlo la Administración, que
para eso tiene la tutela, habrá que acreditar vínculo o desarraigo, pero
no se puede convertir, no puede ser un automatismo, deberíamos ir caso a
caso.

Después de esta introducción, quiero decirles que esta moción me
parece inverosímil. El grupo del Gobierno reconoce ineficiencia,
inoperatividad y retraso general en la tramitación de las solicitudes de
nacionalidad. Nos hablan de que a lo mejor en el 2017 empiezan con las
del primer semestre del 2015. Reconocen problemas con la infraestructura
tecnológica, que hace que no se siga el orden de presentación. Esto va a
voleo, marca España, totalmente marca España. Nos hablan de trabas
administrativas. Pues destraben, hagan algo, porque ustedes son el
Gobierno.

¿Qué buscan con esta moción? ¿Socializar la inoperancia? ¿Eso es
lo que quieren? Pongan solución al problema. Ustedes gobiernan y ustedes
lo pueden hacer. Nos dicen que sería conveniente buscar una vía
alternativa para agilizar estas solicitudes de nacionalidad de menores
acogidos. Háganlo. Pueden hacerlo. No nos tienen que preguntar ni pedir
permiso. Pónganse las pilas. ¿Cuántos menores en esa situación hay? Para
recabar este dato te puedes volver loca, y así y todo no creo que tenga
el exacto, pero en el 2015 se hablaba de 166 menores en acogimiento en
todo el Estado, de los que no todos están en situación de necesitar todo
este trámite. No parece que con esa cifra se vaya a colapsar el sistema.
Pongan los medios necesarios y, de paso, busquen las vías para agilizar
el resto de peticiones, no solo la de estos cinco o siete menores.

Instan al Gobierno —hay que tener desfachatez—, el
propio Partido Popular insta al Gobierno, a que estudie la posibilidad
—o sea, eso es nada— de agilizar los expedientes. O sea, se
piden a ustedes mismos, pero sin media exigencia.

Si no fuese por los proyectos de vida que hay detrás de cada uno
de esos expedientes —y eso es algo muy serio—, esta moción
sonaría a broma, de mal gusto, pero a broma. Al menos han aceptado las
enmiendas del Grupo Podemos, han aceptado un compromiso de un plazo de
seis meses para resolver las solicitudes. Por eso, porque detrás hay
personas, y porque detrás hay menores, vamos a votar afirmativamente,
pero no lo vivan como que les hacemos la ola, porque si de verdad
tuvieran intención de solucionar el tema, ya lo habrían hecho y estarían
trabajando ya en vez de venir aquí a hacernos, entre comillas, cómplices
de su falta de operatividad, que traducido es falta de voluntad.

Por favor, estudien menos y agilicen y trabajen más, y les aseguro
que el Grupo Vasco estará atento al cumplimiento de esta moción.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra
el senador Masih.

El señor MASIH NAHAR: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.

El Grupo Parlamentario Esquerra Republicana entiende que debe
darse una solución rápida y eficaz a aquellos menores tutelados por la
Administración o a aquellos que viven con sus familias de acogida y, pese
a haber procedido a solicitar la nacionalidad a finales de 2014 o durante
el año 2015, sus expedientes se encuentran todavía sin registrar. Se
trata, en algunas ocasiones, de menores extranjeros que iniciaron el
proceso migratorio no acompañados o que forman parte de familias en
situación de riesgo de exclusión social, cuya esperanza de encontrar
mejores condiciones de vida se vio frustrada al llegar a su destino. Son
menores que precisan de mayor atención social, y para ello será necesario
que la Administración ofrezca apoyo a las familias acogedoras con el fin
de finalizar el proceso migratorio con éxito.

No podemos olvidar que, además de su especial vulnerabilidad,
algunos de los menores extranjeros no disponen de otra nacionalidad, con
lo que es prioritario que la Administración actúe a la mayor brevedad
posible con el fin de no vulnerar la Convención sobre los derechos del
niño, de Naciones Unidas, de 20 de noviembre de 1989, artículo 7, en
materia de nacionalidad. Para ello, y con el fin de agilizar los
expedientes de nacionalidad de los menores en acogida, de resolver de
forma definitiva los retrasos en todos los expedientes de nacionalidad,
deben aumentarse los recursos materiales y humanos con cargo a los
presupuestos del Estado y eliminarse las tasas judiciales y
aranceles.

No podemos olvidarnos tampoco del colectivo de las personas con la
capacidad modificada judicialmente, en muchas ocasiones dependientes,
víctimas de accidentes de trabajo o por otras causas, que se encuentran
también en una situación de especial vulnerabilidad.

Creemos también que deberíamos tomar las medidas necesarias para
corregir los retrasos en la tramitación de sus expedientes de
nacionalidad, dado que también ellos son tutelados por la Administración,
entidades sin ánimo de lucro o sus familias.

Señala el Grupo Parlamentario Popular en su moción que el 15 de
abril el Ministerio de Justicia procedió a publicar en el BOE la
renovación del acuerdo de encomienda de gestión del Ministerio de
Justicia y del Colegio de registradores de la propiedad y mercantiles y
bienes muebles de España, por el que se encargan de tramitar los 75 000
expedientes de nacionalidad del primer semestre de 2015, por un importe
de 2 millones de euros. Sin embargo, desde la entrada en vigor de la
encomienda de gestión con el Colegio de registradores de la propiedad y
mercantiles y bienes muebles de España en el año 2012, el único cambio a
tener en cuenta ahora es que los solicitantes de la nacionalidad tienen
que pagar las tasas para su presentación.

Mientras tanto, los retrasos siguen produciéndose y la
digitalización de los expedientes de nacionalidad se ha visto paralizada
desde hace dos años, según el propio Defensor del Pueblo. Desde 2012
llevamos ya 3 encomiendas de gestión de registros y registradores de la
propiedad y mercantiles y bienes muebles de España, y se prevé que se
habrán gastado 8 millones de euros en beneficio privado de unos pocos,
sin que ello haya significado una mejora de las condiciones laborales de
los funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia.

Desconocemos si habrá nuevas encomiendas de gestión de registros
de la propiedad y mercantiles y bienes muebles, toda vez que por la
encomienda publicada el 15 de abril en el BOE todavía quedarán pendientes
de digitalizar los expedientes de nacionalidad presentados desde el 1 de
julio de 2015 y el 15 de octubre de 2015...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor MASIH NAHAR: Voy acabando, señor presidente.

En esta fecha entró en vigor el nuevo procedimiento de tramitación
de la nacionalidad.

Entendemos que en su plan intensivo de tramitación sobra marketing
y falta voluntad política para acabar con los retrasos en tramitación de
expedientes de nacionalidad por residencia. En Esquerra Republicana de
Cataluña estamos en contra de la privatización del Registro Civil para
beneficio económico y algunos defendemos que los expedientes de
nacionalidad sean tramitados por los funcionarios de la Administración de
Justicia.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MASIH NAHAR: Termino, señor presidente.

En conclusión, señorías, pedimos que este expolio al ciudadano
finalice y se revierta la totalidad del coste de digitalización de los
expedientes de nacionalidad por residencia a cargo de los Presupuestos
Generales del Estado.

En nombre de mi grupo parlamentario, apoyo esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Masih.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Gracias, señor presidente.

El plan de acción de la Cumbre mundial a favor de la infancia,
de 30 de septiembre de 1990, decía así: No hay causa que merezca más alta
prioridad que la protección y el desarrollo del niño y la niña, de
quienes depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas
las naciones y, de hecho, de la civilización humana.

Al mismo tiempo que en nuestro país estamos viviendo uno de los
mayores inviernos demográficos, debido en gran parte a las políticas
nefastas llevadas a cabo, tenemos a un montón de niños y de niñas
acogidas por familias, cuya tutela mantienen las diferentes
administraciones. Niños y niñas de padres extranjeros nacidos en nuestro
país que, sin embrago, viven como apátridas, sin nacionalidad.

La Convención sobre derechos del niño y la niña, de 20 de
noviembre de 1989, ratificada por este país, establece en su artículo 7
que el niño, desde que nace, tiene derecho a un nombre y a adquirir una
nacionalidad. Asimismo, son los Estados parte los que velarán por la
aplicación de estos derechos, de conformidad con su legislación nacional
y las obligaciones que hayan contraído en virtud de los instrumentos
internacionales. Pues bien, en nuestro país tenemos la vergonzosa
situación de cientos de menores que, a pesar de haber nacido en España y
de vivir en familias de acogida españolas con carácter permanente, no
tienen nacionalidad, ni española ni de ningún otro país, viven en tierra
de nadie.

Tenemos aún la situación, que puede ser todavía más vergonzosa, de
que nuestro Gobierno es incapaz de saber el número exacto de casos que
tenemos en esta situación. En este grupo parlamentario hemos planteado
varias preguntas al respecto, sobre cuyas respuestas seguimos a la
espera. Las familias de acogida llevan muchos años de lucha y muchos años
de espera para conseguir la nacionalidad de los menores. El hecho de no
tener la nacionalidad desencadena numerosos problemas en su vida diaria,
como ya se ha comentado aquí; carecen de tarjeta sanitaria, tienen que
renovar continuamente excepciones, al viajar corren peligro de ser
expulsados, no tienen la posibilidad de federarse para la práctica de
algún deporte. A estos problemas que sufren los menores hay que añadir
los que padece la familia y, en vez de potenciar la acogida familiar como
deberíamos hacer en estos momentos, lo que hacemos es poner problemas y
trabas y dejar a las familias la responsabilidad y la lucha diaria para
conseguir sus propios derechos. Realmente, esta situación sirve de poco
para animar a estas familias y a otras que desean acoger a menores y
lanzarse a esta vivencia.

No vale utilizar de escudo protector al Gobierno y a la
Administración y refugiarse en la burocracia para no poner punto final a
estas situaciones insostenibles. La tardanza, la burocracia y la desidia
de la Administración están generando esta situación que debe acabar con
carácter inmediato. El Gobierno debe paliar esta situación y activar
todos los mecanismos que tiene a su alcance para parar dicha sinrazón. No
puede culparse de todo a la burocracia y permitir que esto se convierta
en un defecto sistémico frente al derecho superior de la niña y del niño.
Señorías, es solo cuestión de voluntad política reforzando las
plantillas, aumentando las competencias de los registradores, definiendo
y coordinando bien el protocolo con las comunidades autónomas y
asegurando unos plazos que permitan a los niños y las niñas obtener sus
derechos.

Hoy reforzamos la moción con la exigencia de un plazo
improrrogable de seis meses para conceder la nacionalidad a los menores
en la situación de acogimiento permanente y que los niños y las niñas
puedan ejercer sus derechos en nuestro país. Pero, señorías del Partido
Popular, que estas mociones no sirvan para limpiar el trabajo no hecho
por el Gobierno. Agradecemos las enmiendas admitidas y les advertimos
desde ya que estaremos vigilantes para que este proceso y este plazo se
cumplan.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Villanueva.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Rodríguez Esquerdo.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

David, de 10 años, tiene una documentación en la que se puede leer
lugar de nacimiento: Madrid —nació en España—; nacionalidad
actual, país desconocido. Esta insólita situación legal se pudo ver hace
pocos días en un reportaje de un medio de comunicación.

Señorías, ustedes presentan al Pleno una moción que, si me
permiten, denominaré como lavatuculpa.com. ¿Se han olvidado de que
ustedes gobiernan? ¿Se han olvidado de que el señor Catalá es ministro de
Justicia y el señor Rajoy presidente del Gobierno? ¿Se han olvidado de
que ustedes gestionan el Ministerio de Justicia? ¿O se han dado cuenta de
la incompetencia del ministerio y presentan hoy una moción para que el
Gobierno haga algo, por lo menos para que estudie, aunque sea en verano
como los malos estudiantes?

Señorías, el acogimiento es un beneficio personal, familiar y
social para los menores que no pueden o deben vivir con su familia
biológica. Estos menores se integran en un núcleo familiar afectivo,
cultural y socializador. Si ya de por sí estos acogimientos suelen ser
duros y difíciles, que estos menores tengan la nacionalidad española no
es que sea complicado, no, es casi una quimera. Señorías, ustedes conocen
perfectamente que, como se ha dicho, entre las condiciones para obtener
la nacionalidad española figura el que haya estado sujeto legalmente a la
tutela, la guarda o el acogimiento durante dos años consecutivos. Estos
niños —es el caso de David— lo cumplen con creces, pero sus
familias de acogida, a pesar de cumplir con todos los requisitos, llevan
dos, tres, cuatro o cinco años tocando a las puertas de las
administraciones públicas, autonómicas o del Estado, tan solo para que se
cumpla la ley. Hay niños, niñas y jóvenes que tienen DNI; otros tienen
NIE; algunos, títulos de viaje; otros, tan solo una partida de nacimiento
en la que dice España. Qué situación más extraordinaria: menores nacidos
en nuestro país, con padre o madre extranjeros que no se hacen cargo de
ellos y que son dados en acogida a una familia española, adquieren la
nacionalidad de un país desconocido. Esto, además de ser doloroso, puede
generar distintas situaciones graves, porque tratar de obtener la
nacionalidad española ya es una batalla, pero es que, además, algunos no
tienen seguro médico y no pueden pedir una cita en su ambulatorio; otros
no pueden viajar —tal y como se ha dicho—, ni mucho menos
salir de España; otros no pueden abrir una cuenta de ahorro o pedir una
ayuda; otros no pueden practicar un deporte federado al salir del
colegio, ni matricularse en ese colegio, y todo por la incompetencia del
Ministerio de Justicia. Los expedientes de este tipo que entraron en el
ministerio en 2015 se encuentran todavía hoy sin informatizar y tramitar.
Pero la cuestión es todavía peor: el propio ministerio no reconoce el
número de niños de acogida que se encuentran sin nacionalidad.

La normativa en España es correcta, lo que falla es la práctica.
Por lo tanto, nosotros creemos que lo primero que deben hacer es
reconocer sus errores, su incapacidad y su nefasta gestión en esto de la
nacionalidad. Lo pueden hacer con esta moción, pero me parece que lo que
ustedes pretenden con su propuesta no es otra cosa que limpiar su
conciencia, porque no se han dado cuenta de que lo están haciendo mal
desde 2012. Y a la par, señorías, proponen estudiar y agilizar los
expedientes. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a dar prioridad a esos
expedientes?






¿Perjudicando a otros? Proponen un plan paralelo al actual.
¿Se trata de otra encomienda de gestión a los registradores de la
propiedad? ¿Es un desatino más, otra privatización, un nuevo pelotazo a
los amigos del señor Rajoy? Lo que no puede ser es que para solucionar un
problema se diseñe un plan paralelo al actual que se ha visto que ya no
funciona. Si ustedes quieren solucionar de verdad el problema de la
nacionalidad, lo primero que tendrían que hacer es pedir que se vaya el
ministro de Justicia y poner otro nuevo (Aplausos), pero como no lo van a
hacer, no generen más pelotazos, no apoyen más a los registradores de la
propiedad, al contrario, apoyen a los registros civiles, dótenles de
medios humanos y técnicos, asígnenles competencias y así evitarán los
cuellos de botella que hoy se producen. Eviten más encomiendas de gestión
a los registradores de la propiedad y hagan del Registro Civil un
servicio público que de verdad preste los servicios necesarios. Traigan
una propuesta a esta Cámara para hacer de ese Registro Civil un servicio
universal, gratuito y —como dice el todavía ministro—
telemático, sin nuevos planes paralelos ineficaces. Ahí sí estaremos los
socialistas, pero para mociones de cara a la galería para lavar su culpa,
no cuenten con nosotros.

Señorías, les anuncio que los socialistas no creemos en la
aceptación de las enmiendas por parte del Grupo Popular. Señora
Villanueva —y con esto termino, señor presidente—, cuente
seis meses, que es cuando dice que estará arreglado este conflicto, ¿sabe
en qué día cae? En el día de los inocentes, el 28 de diciembre. No nos
creemos su moción, no nos creemos que acepten correctamente la enmienda
presentada por el Grupo Podemos y no queremos participar de esta farsa.
Por eso nos abstendremos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Sanz.

La señora SANZ BARRIOS: Presidente, señorías, poco más podría
añadir a lo ya ha expuesto por el señor Robles en su intervención cuando
ha presentado esta moción. Quiero manifestar mi agradecimiento a todas
las fuerzas políticas que la van a apoyar, aunque me habría gustado que
el Grupo Socialista también se hubiera sumado. Y les agradezco su apoyo
porque han sabido priorizar un motivo: la necesidad de protección de
estos menores.

Como ya les he dicho, existe un retraso generalizado en la
tramitación de los expedientes de nacionalidad por residencia debido a la
gran cantidad de solicitudes, en torno a 150 000 al año. Pero, señorías
socialistas, en 2010 también existía esta problemática y tampoco se hizo
nada. A pesar de los esfuerzos de la Subdirección General de Nacionalidad
y Estado Civil, que resuelve más de 100 000 expedientes al año, hay que
reconocer que la insuficiencia de medios materiales y personales impide
que el ritmo de resoluciones se adapte al de las solicitudes, lo cual
implica retrasos en la resolución de los expedientes. Por eso, mi grupo
parlamentario considera que es necesario atender los casos de solicitud
de nacionalidad especialmente sensibles, como son los de aquellos niños
sujetos a la tutela o acogimiento de una familia o de la Administración.
Y no nos importa reconocer que el Ministerio de Justicia falla en este
asunto, de ahí que la intención de nuestra moción sea subsanar este
fallo. No nos importa reconocerlo.

Quiero informar al señor del Grupo Socialista que a partir del 30
de junio entra en vigor una aplicación informática por la cual se
resolverán automáticamente estos procesos, dejando de operar el registro.
De ahí la existencia de esta moción: para que se agilicen dichos
expedientes y se dé prioridad a su tramitación, de modo que se resuelvan
lo antes posible. Solo de este modo conseguiremos resolver los problemas
que sufren estos menores, derivados de su falta de nacionalidad, que se
manifiestan en situaciones tan cotidianas, como ha dicho la señora
Villanueva, como llevarlos al pediatra, federarse en un deporte,
inscribirlos en un centro escolar o poder viajar o estudiar en el
extranjero; problemas que suponen una dificultad añadida a una vida que
ya es más difícil que la del resto de los niños. Incluso cabría añadir el
problema de la identidad. A diferencia del extranjero solicitante de
nacionalidad, que mantiene su nacionalidad de origen mientras se resuelve
su solicitud, muchos menores que viven está situación se encuentran en
condición de apátridas, como se ha dicho.

Creo que nadie en esta Cámara duda de que precisamente estos niños
que han vivido circunstancias especialmente complicadas sean quienes más
necesiten de la seguridad y estabilidad que les proporcionaría contar con
la nacionalidad que acredite su pertenencia al país. Esta cuestión se
convierte en un problema añadido para ellos. Tampoco hay dudas sobre la
enorme generosidad que demuestran las familias que deciden acoger a estos
niños, un gesto que no solo redunda en el beneficio de los menores, sino
también de toda la sociedad al brindarles la posibilidad de crecer en un
entorno saludable y positivo. La cruda realidad que viven estos niños,
que son abandonados o no son bien atendidos por circunstancias ajenos a
ellos, es que carecen de la seguridad, el afecto y el cariño que
necesitan para su correcto desarrollo. Estas familias les ofrecen una
segunda oportunidad y les permiten preservar su infancia. Por eso que
estos niños disfruten de un lugar en el que sentirse seguros y queridos,
que cuenten con una figura de referencia a quien acudir y que se ocupe de
su educación constituye una labor encomiable que responde a una
aspiración de todos. Por ello debemos comprometernos en la agilización de
los trámites que permitirán a estos niños especiales contar con la
nacionalidad española lo antes posible. Somos conscientes del sufrimiento
que han padecido y es nuestra responsabilidad facilitarles la vida diaria
hasta donde sea posible. En definitiva, cuando existen familias
dispuestas a responder a las necesidades de estos niños y a garantizar su
desarrollo emocional y físico debemos facilitar y colaborar al alivio de
estas familias.

Tal y como está planteado el sistema de gestión de las
solicitudes, estas se tramitan por orden de llegada. Los tiempos de
tramitación son excesivos. Si dicho retraso supone un inconveniente para
el solicitante, imagínense lo perjudicial que es cuando se trata de niños
en circunstancias como las que estamos hablando. Por eso nos acogemos a
la legislación actual, que prevé un impulso preferente y urgente de los
trámites administrativos, como dice el Real Decreto 1404/2015, de 6 de
noviembre.

Creemos que este es un caso más que justificado, y lo es porque,
como ya se ha expuesto anteriormente, los problemas derivados del retraso
en la tramitación de expedientes de nacionalidad se torna especialmente
grave cuando se trata de niños acogidos. Además, este tratamiento
preferente no se dirige a una categoría excesivamente amplia de
ciudadanos, por lo que resulta del todo pertinente elevar esta petición.
Como garantía de éxito de la iniciativa una vez puesta en práctica, sería
necesario que la subdirección general tuviese conocimiento de la
solicitud presentada en el momento de su realización.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

La señora SANZ BARRIOS: Medio minuto, señor presidente.

Para ello, la subdirección general se propone dirigir una carta a
los servicios sociales de las comunidades autónomas para que comuniquen
inmediatamente al Ministerio de Justicia la presentación de dichas
solicitudes, de tal modo que al realizarse la solicitud se advierte a la
subdirección y pasa a tener un trámite preferente y automático.

Quiero terminar reiterando una vez más mi agradecimiento a todas
las fuerzas políticas que apoyan esta moción.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Sanz.

Llamen a votación. (Pausa.— El señor presidente ocupa la
Presidencia).

El señor PRESIDENTE: Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
Popular con la incorporación de las siguientes enmiendas que han sido
aceptadas: la que tiene número de registro 51229, firmada por el senador
Alegre, del Grupo Parlamentario Mixto, y las dos con número de
registro 51231 y 51232, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 193; en contra, 2; abstenciones, 57.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Rumores).

El señor presidente da lectura al punto 4.2.

El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Socialista, autor de
la moción, ha presentado una enmienda de adición que se entiende
incorporada al texto original. Además, se han presentado dos enmiendas,
una del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Cleries, y
otra del Grupo Parlamentario Popular. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor. (Rumores).

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra el senador González Cabaña. (Rumores).

Señorías, guarde silencio, por favor.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente.

Señorías, Jesús Maeztu, defensor del Pueblo andaluz, decía hace
escasos días en una entrevista: La mafia y las drogas hacen caridad e
incluso patrocinan iglesias. Conocimiento de causa no le falta a quien
durante muchos años fuese también comisionado para el polígono sur, el
distrito sevillano donde se encuentra el barrio de las 3000 Viviendas.
Esta frase tan sencilla como profunda define de manera clara la situación
que hemos denunciado en reiteradas preguntas al ministro del Interior en
la sesión de control a lo largo del pasado mes, y la traemos hoy de
nuevo al Pleno con esta moción en la que planteamos la demanda social y
también la de los profesionales encargados de la lucha contra el
narcotráfico: policía nacional, guardia civil y vigilancia aduanera.

Nuestra moción, en su modestia, plantea soluciones concretas y
factibles al grave problema que vivimos en muchas zonas de España, en
especial, en el cono sur peninsular, la frontera sur de Europa. Pedimos
incrementar con urgencia la plantilla y los medios de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado. Mientras tanto, hay que destinar
refuerzos inmediatos a aquellas áreas del territorio que, como estas del
sur peninsular, están siendo más duramente golpeadas por las mafias;
revertir el descenso de medios y plantillas de las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado, marcando un horizonte de refuerzo en los próximos
años, hasta alcanzar en 2020 un grado de cobertura mínima del 95 % de los
catálogos; y, al mismo tiempo, reforzar los juzgados y las fiscalías
involucrados en la instrucción y enjuiciamiento de los procesos
relacionados con el narcotráfico y el blanqueo de capitales.

Nos acusaba el delegado del Gobierno de España en Andalucía de
buscar, con nuestra denuncia de la situación, sacar rédito político de la
seguridad; yo diría, más bien, de la falta absoluta de seguridad. Pero lo
que de verdad ha hecho este grupo parlamentario ha sido marcar la hoja de
ruta que demandan los colectivos sociales y también los colectivos
profesionales de la seguridad. Resulta cuando menos grotesco acusar a
otros, en este caso al Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y en
el Senado, de lo que ustedes sí hicieron en tiempos más o menos
recientes. Aún recuerdo a un exdirector de un medio conservador
recomendar al Partido Popular, en una portada a todo trapo, no cabalgar a
lomos del tigre de los GAL. Eran los tiempos de Aznar como portavoz
parlamentario. No fuimos nosotros tampoco los que, sesión de control tras
sesión de control, organizábamos cacerías de faisanes contra el ministro
Alfredo Pérez Rubalcaba, siendo portavoz el actual presidente Mariano
Rajoy. En lo de buscar responsables de sacar rédito electoral en temas de
seguridad no nos encontrarán a nosotros. Si nos quieren encontrar
bastaría con que se mirasen al espejo.

Y es que el delegado del Gobierno en Andalucía, en su homilía
dominical en forma de entrevista, ha pretendido contraprogramar,
anticipando una respuesta mediática, el debate parlamentario que ahora
estamos celebrando. Eso sí, espero que las señorías del PP que van a
intervenir, tengan más fortuna que la que tuvo el delegado, quien
afirmaba el pasado domingo: Vamos a dar la batalla a los narcos sin
descanso, por tierra, mar y aire. Impresionante. Política de titulares
llenos de palabras huecas y altisonantes que harían las delicias del
gabinete de prensa de Donald Trump. Pero en este punto me quedo con un
desliz del subconsciente del propio delegado —de otra manera no
puede entenderse que se hable de futuro, como si el presente o el pasado
más reciente no hubiesen sido también de su única responsabilidad—,
que dice: Vamos a hacer ahora lo que deberíamos haber hecho antes y no
hicimos y, además, sin descanso. Ya era hora de que el Gobierno, también
en este tema, dejara de descansar.

Estamos una vez más ante la liturgia mediática de la mala
conciencia. No sabemos cómo va a ir la batalla por mar y aire, pero lo
que sí tenemos claro es que por tierra no va a ir muy bien de ser cierta
la noticia publicada por el Sindicato Unificado de Policía de que el
único vehículo que ha llegado como refuerzo a la Policía Nacional es una
furgoneta con más de 230 000 kilómetros que prestaba su servicio en la
zona periurbana de la bahía de Cádiz, que ahora va a quedar desprotegida.
El viejo recurso de desvestir un santo para vestir otro.

El Gobierno afirma también por boca del delegado que estudia la
incorporación de más efectivos y de más medios materiales. Pero en
respuesta a pregunta escrita afirma lo contrario. Ya no sabemos a quién
creer, si al Gobierno que habla por boca del delegado o al Gobierno que
responde por escrito a los representantes de la soberanía popular.

También dice el Gobierno que está estudiando medidas de carácter
normativo sobre las planeadoras que traen la droga desde Marruecos, y en
un ejercicio ya supremo de concreción el Gobierno afirma que está
estudiando todo desde una perspectiva global, y se quedan tan tranquilos.
Parece que este Gobierno estudia mucho y gobierna poco y, a juzgar por
los resultados, hasta ahora bastante mal. Cuando se trata de disponer de
más policías y medios materiales para la lucha contra el narcotráfico, el
Gobierno estudia, estudia y estudia. Y cuando se plantean medidas de
naturaleza judicial, más jueces, más fiscales especializados y más medios
para la justicia, el Gobierno plantea evaluaciones a llevar a cabo por el
Consejo General del Poder Judicial y, cómo no, por la Junta de Andalucía,
titular de las competencias transferidas, olvidando el Gobierno la
responsabilidad estatal de la dotación económica de la transferencia.
Pero el Gobierno vuelve a plantear el estudio como solución cuando se
trata de dotar con incentivos a las plantillas funcionariales para
motivar la estabilidad en la zona de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, de los jueces, de los fiscales y de los funcionarios de
vigilancia aduanera. Y, en su esfuerzo por contraprogramar esta moción en
lo que se refiere a las medidas especiales de carácter social, el
delegado del Gobierno lanza también la figura del comisionado, a la que
no nos oponemos en sí misma, pero que no es sino un nuevo intento de
desviar responsabilidades hacia la Junta de Andalucía, como si los planes
especiales de empleo y contra la exclusión social fuesen totalmente
ajenos al Gobierno de la nación. Solo el cinismo político puede llevar a
semejantes conclusiones.

Muy previsibles han sido el Gobierno, el ministerio, el delegado y
hasta el subdelegado en la provincia, que, como se dice ahora, le ha
hecho un spoiler a sus superiores jerárquicos adelantando toda la línea
argumental, incluidos los ataques a la Junta de Andalucía, en una
comparecencia de prensa horas antes de la noche de San Juan, y es que a
ustedes les pierden las hogueras. Es lo malo que tienen los argumentarios
gubernamentales internos, que llegan hasta el último eslabón de la cadena
de mando y ocurre lo que ocurre. (Aplausos).

Termino ya. Dice el subdelegado del Gobierno que hay
administraciones que se han escondido ante este problema. A mí me da que
no, pero sí tenemos muy claro en el Grupo Parlamentario Socialista que en
este tema hay una administración que se ha dado a la fuga y esa
administración no es otra que el Gobierno de España.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña.

Para la defensa de la enmienda del senador Cleries, tiene la
palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies, president.

El PDECAT ha presentat una esmena de modificació a la moció, però
amb intenció de millorar tant sols el redactat . O sigui no és una moció
que entri en el contingut, sinó en la redacció, que espero que sigui
admesa.

Gràcies.

Gracias, presidente.

El PDECAT ha presentado una enmienda de modificación a la moción,
pero con intención de mejorar solo el redactado. No es una enmienda que
entre en el contenido, sino en la redacción. Espero que se entienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda a la
moción del Grupo Parlamentario Socialista; moción que trata, como ha
dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor González
Cabaña, de uno de los graves problemas que afecta a nuestra sociedad,
como es la proliferación y el incremento de las actividades de mafias
relacionadas con el narcotráfico.

Nuestra enmienda pretende afinar esa moción, no otra cosa; no
pretendemos entrar en el fondo de lo que plantea, pues, en definitiva,
coincidimos en el análisis de lo que viene ocurriendo con el grave
problema del tráfico de drogas, sobre todo tráfico de hachís, que afecta
con mayor incidencia a algunas regiones de nuestro país y en los últimos
años a provincias como Huelva o la del señor González Cabaña, Cádiz, que
han visto una mayor actividad delictiva dada su proximidad con Marruecos.
Y las fronteras con Marruecos, como principal productor mundial de este
producto, precisan ser más vigiladas y menos permeables al tráfico de
hachís al ser el Estrecho la entrada más cercana a Europa en el caso de
esta sustancia.

Existen otras regiones con problemas similares y con una presencia
asidua de narcotraficantes, pero el Grupo Socialista centra esta moción
en el tráfico de hachís en el sur. Y, ante esta situación, la moción
insta al Gobierno a hacer algo en lo que el Gobierno ya está trabajando,
y mucho. Frente a la petición de la moción: que haya más efectivos, debo
decir que en los últimos meses se han incrementado los efectivos de las
fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado; y usted lo sabe. Se han
incrementado en Cádiz, se han incrementado en Huelva, se han incrementado
en vigilancia aduanera; por tanto, algo ya se está haciendo y, como digo,
es mucho. Por eso, nuestra enmienda no pretende alterar el petitum del
Grupo Socialista porque coincide con lo que ya está realizando el
Gobierno y coincide también con el diagnóstico sobre la gravedad del
hecho y la necesidad de incrementar esa acción policial.

No podemos estar de acuerdo, ni muchísimo menos, con las críticas
que vierte, ya de paso, y de corrido el portavoz socialista sobre la
actuación del Gobierno, la falta de compromiso, de presupuesto y de
medios, pero sí —lo reitero— coincidimos en el análisis,
sobre todo, en lo que ha manifestado en torno a la seguridad. En este
sentido, ayer aprobamos un presupuesto en el que la máxima prioridad en
el Ministerio del Interior es el apoyo a las fuerzas y cuerpos de
seguridad del Estado y concretarlo en la mayor oferta pública de empleo
de los últimos ocho años.

En cuanto a la autoenmienda del Grupo Socialista para impulsar
planes especiales en materia social y laboral, en coordinación y
cooperación con las administraciones territoriales, he de decir que eso
es adecuado. Es lo que ha venido anunciando el delegado del Gobierno, un
delegado del Gobierno comprometido con el desarrollo de Andalucía, un
delegado del Gobierno comprometido con la coordinación de todos los
efectivos policiales, un delegado del Gobierno que trabaja con la Junta
de Andalucía para buscar las mejores soluciones a los problemas laborales
de esas zonas. Hay que reconocer a don Antonio Sanz su excelente trabajo
en materia de prevención y desarrollo, y en ese sentido pedimos el
compromiso de la Junta de Andalucía. No se puede pedir solo a la
Administración General del Estado, hay que pedir también a la Junta de
Andalucía que se comprometa en la defensa de todo aquello relacionado con
la materia de prevención.

Espero que el Grupo Socialista acepte nuestra enmienda. En lo que
planteamos se antepone la búsqueda de soluciones a los debates políticos.
No estamos para debates políticos cuando lo que está en juego es la
prevención y la lucha contra el narcotráfico. Como verán, nuestra
voluntad es dar el mejor tratamiento a este gravísimo problema. En fin,
nuestra enmienda pretende perfeccionar lo que ha presentado el señor
González Cabaña, a quien felicitamos por su iniciativa, a pesar de estas
críticas, porque en definitiva lo que él busca es lo que también busca el
Gobierno del Partido Popular: mejorar la situación de seguridad, sobre
todo en Andalucía.

Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Tiene la palabra el senador González Cabaña para indicar si acepta
o no las enmiendas.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, señor presidente.

Agradezco al portavoz del Grupo Popular, el señor Pérez Lapazarán,
la enmienda que ha presentado. Nosotros no tenemos inconveniente en que
desaparezca la expresión «con urgencia», pues la urgencia la va a venir
marcando la realidad de los hechos. Lo que nos importa es la coincidencia
en el fondo, aunque ha llegado un momento en que me ha preocupado que se
pensara si, con la enmienda y lo que planteaba, yo estaba haciendo una
moción de apoyo a la política del Gobierno. Usted ha sido muy hábil
—hay que reconocérselo— en darle la vuelta al tono para que
pareciera que yo estaba colaborando con el delegado del Gobierno, a
quien, lógicamente, he criticado por su actuación en este tema, al igual
que al propio ministerio. Pero lo que importa, y estoy de acuerdo con
usted, es la seguridad pública y evitar que una zona como el Campo de
Gibraltar, que tiene una potencialidad grandísima, deje de estar azotada
por la lacra del narcotráfico y por su secuela más importante: el
narcobienestar, que en el fondo es casi lo más preocupante.

Y coincido con usted en que la Junta de Andalucía debe participar,
pero no en todo, porque no es la encargada de la vigilancia de las
fronteras de España. No es la encargada… (Rumores). Sí, senadora
Soto, sé que usted tiene una especial predilección por la Junta de
Andalucía, pero ahora está usted aquí, en el Estado español (Risas); por
tanto, le voy a pedir algo que nunca me gusta pedir a nadie, y es que se
reprima un poco en ese sentido. (Aplausos.— Rumores).

Señor Pérez Lapazarán, cuando hablamos de esas medidas
sociolaborales de lucha contra la exclusión social decimos que el
Gobierno lidere este tema en coordinación con otras administraciones, y
entre esas administraciones la primera debe ser la Junta de Andalucía.
Entendemos que es una obligación del Gobierno liderarlo y una
responsabilidad de la Junta de Andalucía participar en eso con el
Gobierno. Es una idea en la que, de nuevo, coincido con usted, y son ya
hoy demasiadas nuestras coincidencias políticas.

En definitiva, el Campo de Gibraltar, en la provincia de Cádiz,
esa zona tan conflictivita, va a agradecer a todos los grupos políticos
que hoy nos pongamos de acuerdo en atender la demanda de los colectivos
sociales que representan a la población y la demanda de los colectivos
profesionales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gracias.

Entiendo que ustedes aceptan la enmienda del PDECAT, puesto que en
su intervención mi compañero no ha mencionado el tema. ¿Es así?
(Asentimiento). Gracias.

Dit això, si bé la intervenció s’ha centrat molt en el tema
del tràfic de màfies a la zona d’Andalusia especialment a Cadis i
a Huelva, i a la zona del Camp de Gibraltar, nosaltres entenem que
s’està defensant, o la meva intervenció va precisament a la moció
per instar a la lluita contra les màfies del narcotràfic, i en aquest
sentit nosaltres donarem suport a la moció.

Ara bé, des del PDECAT també entenem que cal millorar
l’intercanvi d’informació a les xarxes de col·laboració
policial tant estatals com internacionals, perquè estem parlant del tot
el territori espanyol. I també en la lluita contra el crim organitzat i
la delinqüència transaccional perquè és un problema molt important que
requereix la màxima col·laboració i coordinació.

També entenc que cal potenciar la presencia i el paper de les
forces i cossos de seguretat en funcions de policia integral en els
organismes estatals i europeus que estan combatent precisament aquesta
gran amenaça.

I com no pot ser d’un altre manera, cal ampliar també les
plantilles fis arribar a una xifra que acordi cadascun dels cossos, en el
nostre cas, el cos de Mossos d’Esquadra, que dit de pas, a dia
d’avui, el cos de mossos d’esquadra ha intervingut en
investigacions relacionades amb màfies dedicades al tràfic especialment
en zones costaneres, i que nosaltres intervenim també en el que es diuen
les estructures criminals, motiu per el que s’aporta una relació de
grups i organitzacions criminals neutralitzades per la policia de la
Generalitat, i l’activitat principal d’aquestes estructures
és el tràfic de drogues, malgrat que aquests sols hagin operat en zones
costaneres en dos investigacions.

Dit això, el grup del PDECAT donarà suport a la moció, tenint en
compte les consideracions fetes.

Gràcies.

Dicho esto, si bien la intervención se ha centrado mucho en el
tema del tráfico de mafias en Andalucía, especialmente en Cádiz, Huelva y
en la zona del Campo de Gibraltar, esta moción insta a la lucha contra
las mafias y el narcotráfico, y en ese sentido apoyaremos la moción.

Ahora bien, en el PDECAT entendemos que hay que mejorar el
intercambio de información en las redes de colaboración policial, tanto
estatales como internacionales, porque estamos hablando de todo el
territorio español. Y también en la lucha contra el crimen organizado y
la delincuencia transnacional, porque es un problema muy importante en el
que es necesaria la máxima coordinación y colaboración.

Es necesario, asimismo, potenciar la presencia y el rol de las
fuerzas y cuerpos de seguridad en funciones de policía integral en los
organismos estatales y europeos que están luchando precisamente contra
esta gran amenaza.

Y como no puede ser de otro modo, hay que ampliar también las
plantillas hasta llegar a una cifra que acuerde cada uno de los cuerpos.
En nuestro caso, es el cuerpo de los Mossos d’Esquadra, que, dicho
sea de paso, a día de hoy ha intervenido en investigaciones relacionadas
con mafias dedicadas al tráfico, especialmente en zonas de la costa.
Nosotros intervenimos también en lo que se llaman las estructuras
criminales, cuya actividad principal es el tráfico de drogas, motivo por
el que se aporta una relación de grupos y organizaciones criminales
neutralizados por la policía de la Generalitat, a pesar de que solo haya
operado en zonas de la costa en dos investigaciones.

En resumen, el PDECAT apoyará la moción teniendo en cuenta las
consideraciones hechas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

¿Alguna intervención más del Grupo Parlamentario Mixto?
(Pausa).

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Gracias, señor presidente.

Egun on guztioi. Buenos días a todos. El Grupo Socialista ha
presentado esta moción, por la que se insta al Gobierno a reforzar la
seguridad en la lucha contra el narcotráfico, y sobre este argumento
reivindica el aumento de plantilla en las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado. Se trata, por tanto, de una reclamación clara y determinante
en favor del incremento de las plantillas de estos cuerpos.

En el caso de nuestro contexto, nuestra realidad, el País Vasco,
la apuesta de nuestro grupo difiere de lo que estamos debatiendo, ya que,
como ya hemos hecho en otras ocasiones, reivindicamos optimizar los
recursos humanos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
existentes en nuestro territorio. Esta misma reflexión podría servir, en
su caso, para otra comunidad: la readecuación de los recursos y la
realidad actualmente existente.

De todas formas, hay dos cuestiones que creemos fundamentales a la
hora de luchar contra este tipo de delincuencia y que pensamos que se
dejan de lado en esta iniciativa. Tal vez porque el reclamo principal es
el aumento de la plantilla en las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado, se pasa por alto que el combate de la delincuencia organizada
tiene dos pilares fundamentales: la metodología colaborativa con otras
policías y la formación y capacitación de los agentes.

Hablamos de la actividad del narcotráfico, que se caracteriza como
un tipo de delincuencia transfronteriza que, evidentemente, no entiende
de competencias de las distintas policías. Por tanto, es fundamental
ahondar en la colaboración y coordinación de los cuerpos de seguridad
habilitando canales de comunicación para que se vehicule el trabajo
mancomunado contra este tipo de delincuencia, tanto entre las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado, Ertzaintza y Mossos incluidos, como con
las policías europeas, seguridad marroquí, etcétera, además de crear los
flujos de información necesarios para cortar el paso de sustancias a
través de las fronteras para incrementar la eficacia en su persecución.
Pero es imprescindible también la formación y capacitación profesional de
los agentes, de manera que estén permanentemente adquiriendo los
conocimientos precisos sobre los métodos que utilizan estas mafias, que
están siempre bien dotadas tecnológicamente; porque a mayor conocimiento
y formación mayor será la precisión para hacer frente a este tipo de
delincuencia organizada. La inteligencia policial ha de alimentarse de
manera constante para contrarrestar todos los medios de los que disponen
estos delincuentes, que cuentan con medios materiales de última
generación y abundantes recursos a su disposición.

En conclusión, enfatizamos la necesidad de analizar la situación
diferenciada de nuestra realidad territorial, además de impulsar una
mayor colaboración entre las diferentes policías y así mejorar nuestros
resultados en la lucha contra este tipo de delincuencia organizada.

El Grupo Vasco anuncia que se abstendrá en esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS: President, senyories, des del grup
d’Esquerra compartim el contingut i la preocupació d’aquesta
moció, així com també compartim i no amb repetiré, les intervencions de
la companya Abad i del company Gallastegui, el respecte al caràcter de
policia integral dels Mossos, i per tant, al accés a la informació i a la
cooperació internacionals. En una moció en aquest sentit, el normal és
que el Grup d’Esquerra Republicana s’abstingui per respecte i
coherència amb la llibertat d’organització que té el regne
d’Espanya. No obstant, en aquesta moció detectem tres punts
importants, molt importants, que justifiquen el nostre vot favorable. El
primer punt és que el crim organitzat no té fronteres, i per tant, el
combat contra el crim organitzat no té fronteres, així com la solidaritat
amb totes aquelles persones que són amenaçades i agredides per el fet de
combatre el crim organitzat i el menyspreu i absolut rebuig i condemna a
les amenaces i agressions que comporta per part d’aquest crim.

En segon punt, un altre qüestió és que sabem, però no deixarem de
repetir, que la seguretat no és només repressió i ús de la força. La
seguretat també és acabar amb les desigualtats i l’exclusió
social.

I finalment m’agradaria comentar també un tema
d’actualitat relacionat amb la policia. Com molt bé sabran, el
govern de Catalunya, fa poc, va aprovar la convocatòria de 500 places de
Mossos d’Esquadra, convocatòria que el Govern de l’Estat ha
recorregut. Ha recorregut perquè el govern de l’Estat practica
l’assetjament contra l’autogovern de Catalunya. Aquest
assetjament no és res més que, com el govern de l’Estat no
comparteix el projecte polític de Catalunya, utilitza totes les armes,
entre elles el boicot a l’autogovern. En aquest sentit, aquest
boicot provoca falta de diàleg entre el Govern de l’Estat i el
Govern de Catalunya? Sí, però entra el Partit Popular a Catalunya i el
Partit Popular a l’Estat, també. Vostè coneixerà la moció que el
seu company Alberto Vilagrasa Gil va presentar el passat 20
d’octubre al Parlament de Catalunya, on textualment, demanava
incloure en els pressupostos de la Generalitat per el 2017 la
convocatòria de 500 noves places d’agents de Mossos
d’Esquadra, tal com s’ha anunciat, per cobrir les baixes que
hi ha des del 2011 i assolir el més aviat possible l’objectiu de
que hi hagi 19 000 mossos.

Per tant, en aquest sentit, nosaltres, el Grup d’Esquerra
Republicana a Catalunya, donarem suport a aquesta moció per aquests tres
punts: solidaritat amb totes aquelles persones que són amenaçades i
agredides per combatre les màfies i el crim organitzat. Reiterar que la
principal amenaça en el nostre temps són les desigualtats i
l’exclusió social, i finalment, denunciar, una vegada més, i les
que calgui, el boicot de l’Estat a l’autogovern de Catalunya.
Afortunadament ja queden menys de cent dies per el referèndum.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Presidente, señorías, Esquerra comparte el contenido y la
preocupación de esta moción, y también comparte —y no me voy a
repetir— las intervenciones de los compañeros Abad y Gallastegui
respecto del carácter de policía integral de los Mossos y, por tanto, del
acceso a la información y a la cooperación internacionales. En este
sentido, lo normal es que el Grupo de Esquerra Republicana se abstenga
por respeto y coherencia con la libertad de organización que tiene el
reino de España. No obstante, en esta moción detectamos tres puntos muy
importantes que justifican nuestro voto favorable. El primero es que el
crimen organizado no tiene fronteras y, por tanto, la lucha contra el
crimen organizado tampoco las tiene. Manifestamos nuestra solidaridad con
todas aquellas personas que están amenazadas y son agredidas por el hecho
de luchar contra el crimen organizado, así como el menosprecio y absoluto
rechazo y condena a las amenazas y agresiones que conlleva este
crimen.

El segundo punto es que sabemos, y no dejaremos de repetir, que la
seguridad no es solo represión y uso de la fuerza; la seguridad también
consiste en acabar con las desigualdades y la exclusión social, de hecho,
en estos tiempos la principal amenaza son las desigualdades y la
exclusión social.

Y para terminar me gustaría comentar un tema de actualidad
relacionado con la policía. Como sabrán muy bien, hace poco el Gobierno
de Cataluña aprobó la convocatoria de 500 plazas de Mossos d?Esquadra,
convocatoria que el Gobierno del Estado ha recurrido porque practica el
asedio contra el autogobierno de Cataluña. Como el Gobierno del Estado no
comparte el proyecto político de Cataluña, utiliza todas las armas, entre
ellas, el boicot al autogobierno. En este sentido, este boicot provoca
una falta de diálogo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de
Cataluña, sí, pero entre el Partido Popular en Cataluña y el Partido
Popular del Estado, también. Usted, señoría, conocerá la moción que su
compañero Alberto Villagrasa Gil presentó el pasado 20 de octubre en el
Parlamento de Cataluña, en la que, textualmente, se pedía incluir en los
presupuestos de la Generalitat para 2017 la convocatoria de 500 nuevas
plazas de agentes de Mossos d’Esquadra, tal como se anunció, para
cubrir las bajas existentes desde 2011 y llegar lo más pronto posible al
objetivo de que haya 19 000 mossos.

Por tanto, el Grupo de Esquerra Republicana en Cataluña apoyará
esta moción por esos tres puntos. El primero, por solidaridad con todas
aquellas personas que están amenazadas y agredidas por luchar contra las
mafias y el crimen organizado. También, reiteramos que la principal
amenaza en estos tiempos son las desigualdades y la exclusión social. Y,
finalmente, denunciamos una vez más, y las que hagan falta, el boicot de
Estado al autogobierno de Cataluña. Afortunadamente, ya quedan menos de
cien días para el referéndum.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.

El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, presidente. Bon dia.

Compartimos la exposición de motivos y el diagnóstico sobre la
insuficiencia de medios, tanto policiales como a la hora de perseguir y
sancionar estas conductas, con juzgados saturados y carencia de personal;
por eso, les adelanto que nuestro grupo va a apoyar la moción.

La situación de la lucha de los cuerpos policiales contra el
tráfico de drogas, especialmente en el Campo de Gibraltar, es una guerra
que se está perdiendo, y los incidentes violentos que el Gobierno ha
calificado como hechos aislados son una prueba más del cariz violento que
utilizan cada vez más los narcotraficantes. Así lo reconocía el propio
ministro de Interior, aquí, en el Senado, cuando dijo que las bandas
están organizadas, cada día son más agresivas, tienen más medios y, por
tanto, son también más peligrosas. Sin embargo, y lo acabamos de ver, nos
enfrentamos a unos presupuestos continuistas que ahondan en la lógica de
recortes que marcan la acción de este Gobierno y que impedirán el
cumplimiento de sus objetivos y compromisos; también en la lucha contra
el narcotráfico. Se recortan recursos, en general, y en las unidades de
élite, en particular. Por más que diga el ministro, la política de
recortes, desmantelamiento y merma en las plantillas de la Policía y
Guardia Civil, que en los últimos años —recordemos— han
perdido alrededor de 20 000 efectivos, en nada ayuda a revertir la
situación actual. Lo ha criticado la Unión de Oficiales de la Guardia
Civil, que en un comunicado señalaba la pasividad con que la Dirección
General de la Guardia Civil afronta el necesario refuerzo de los
efectivos que operan en la zona. La Asociación Unificada de la Guardia
Civil también ha pedido a las autoridades que dejen de minimizar la grave
situación de las fuerzas de seguridad en el Campo de Gibraltar y señala
que en la sociedad se está instalando una sensación de inseguridad ante
la aparente impunidad de organizaciones delictivas, capaces de movilizar
a cientos de personas para enfrentarse a los cuerpos policiales a plena
luz del día. Y el Sindicato Unificado de la Policía, que además de exigir
más medios policiales, tanto materiales como de personal, solicita la
consideración de zona conflictiva para todo el Campo de Gibraltar.

El Gobierno ha anunciado para La Línea un nuevo refuerzo de 69
agentes: 25 de la Policía Nacional, 30 de la Guardia Civil, y 14 policías
locales, que se sumarán a los 90 agentes de ambos cuerpos que lo hicieron
en las últimas semanas y la furgoneta que ha comentado el senador
González Cabaña. Pero estas son soluciones apagafuegos ante las quejas de
la policía y la sociedad civil y por los últimos hechos trágicos
acontecidos. Es necesario, por tanto, un refuerzo a largo plazo para
corregir las consecuencias de la infradotación de medios de seguridad,
incrementar las plantillas y los medios materiales de las fuerzas y
cuerpos de seguridad del Estado y de vigilancia aduanera que luchan
contra el narcotráfico, así como de los juzgados correspondientes a
aquellas provincias donde se están produciendo más casos de narcotráfico.
La mayor parte de las bandas que operan en España —fuentes
policiales reconocían 440 bandas de crimen organizado a finales
de 2016— se dedican al narcotráfico. Sin ir más lejos, el otro día
Franco Roberti, fiscal jefe de la Dirección Nacional Antimafia italiana,
advertía de que las mafias italianas están muy infiltradas en España pues
la ven como un lugar estratégico para el tráfico de drogas y que ofrece
oportunidades para el lavado de dinero. Advertidos estamos.

Y aunque hemos hablado sobre todo del Campo de Gibraltar, no
podemos olvidar que los narcos gallegos llevan treinta años liderando la
importación de cocaína para proveer a Europa. Y en Galicia han sido
suprimidos dos helicópteros, las lanchas cuentan con más de treinta años
y la mayor parte del personal policial está próximo a los 60 años.
Además, se está destinando personal antes adscrito a la lucha contra el
narcotráfico a otras cuestiones, como el blanqueo de capitales, el
contrabando o la venta en negro en las lonjas de pescadores. Así,
difícilmente puede ser eficaz la lucha contra el narcotráfico. Como
también decía el senador González Cabaña, no vamos a desvestir un santo
para vestir a otro.

Pero las medidas no deben ni pueden ser únicamente policiales, y
por eso agradecemos la enmienda de adición presentada por el Grupo
Socialista. El problema del narcotráfico no se va a solucionar o
minimizar únicamente con más medios policiales cuando hablamos de zonas
duramente castigadas por el paro y la precarización, donde un sector de
la población, sobre todo los más jóvenes, ve en el tráfico de drogas la
única forma de ganar dinero. O impulsamos actuaciones en materia social y
laboral o seguiremos con el mismo problema.

Por tanto, vamos a apoyar esta moción, porque a nosotros nos van a
encontrar ante cualquier medida que suponga una mejora de los medios
personales y materiales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado,
sobre todo para aquellos que están sobre el terreno cada día persiguiendo
el narcotráfico en inferioridad de condiciones, y que suponga impulsar
medidas en materia social y laboral para la población.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Comorera.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, quiero agradecer el apoyo mostrado por
los grupos políticos y, desde luego, lamentar que al PNV le resulte más
rentable apoyar los presupuestos del PP que la lucha contra el
narcotráfico. (Aplausos).

Señorías, el fenómeno del que estamos hablando tiene ya nombre: le
llaman el síndrome del sur y toma cuerpo en forma de amenazas, coacciones
y agresiones a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Lo
alimentan la actividad delictiva del narcotráfico y el contrabando en esa
frontera sur de Europa. Como ya hemos manifestado, los sindicatos
policiales, la vigilancia aduanera, asociaciones de la Guardia Civil y
también un buen número de colectivos sociales, entre los que se
encuentran las coordinadoras antidroga, vienen denunciando sus causas más
inmediatas, que aquí ya han quedado en evidencia: escasez de plantilla y
carencia de medios materiales.

Como bien decía el portavoz de Podemos, el propio ministro del
Interior afirmó en sesión de control que los narcos cada vez serán más
agresivos porque tienen más medios, están más organizados y, por tanto,
serán cada vez más peligrosos. Esta grave situación no puede tener por
respuesta la estrategia del avestruz, que corre, pero no vuela, y esconde
su cabeza bajo el ala por aquello de que ojos que no ven, corazón que no
siente. La forma de actuar de estas organizaciones pretende lanzar un
mensaje de impunidad y dejar sin efecto los fines de prevención general
de nuestro sistema de convivencia, haciendo cada vez menos eficaces la
persecución y la sanción de esas conductas delictivas.

Las mafias se sienten cada día más fuertes en su doble objetivo de
intimidar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y, al mismo
tiempo, involucrar a la población más débil desde el punto de vista
social, que carece de recursos y ve en el narcotráfico un medio fácil y
rápido para obtener ingresos. Se estima que una de las bandas más
potentes de la zona, la de Los Castañitas, da de comer, como decimos en
nuestra tierra, a más de 600 familias. El narcobienestar, la derivada más
peligrosa del narcotráfico desde el punto de vista social, es un atentado
contra la dignidad de personas, a las que en muchos casos la propia
acción del Gobierno ha arrojado a la cuneta de la exclusión social. No
podemos desentendernos de ellos desde el fatalismo que inspira el
paradigma liberal de la sociedad de los dos tercios, a todas luces
fracasada ya en la Europa del siglo XXI.

Por ello, junto a las medidas policiales y judiciales que
reclamamos, es necesario y urgente arbitrar un conjunto de medidas de
carácter sociolaboral, como decíamos antes, que luchen contra esa
penetración social del narcotráfico. Y son también necesarias medidas que
fortalezcan los aspectos educativos. Hace pocos días, profesionales de la
educación de la zona afirmaban algo terrible: en algunos centros
escolares, los de las zonas más deprimidas, existe ya una especie de
culto y veneración hacia el narco y se habla más de planeadoras, fardos y
guarderías que de los temas propios de la edad de los chavales.

Señoras y señores del PP, ustedes eliminaron del sistema educativo
un magnífico instrumento para conseguir ese objetivo, la asignatura de
Educación para la Ciudadanía; aquí tienen miles de motivos para
reponerla. El Gobierno tiene la obligación ineludible de corregir las
consecuencias de esa falta de medios materiales y humanos, porque se
están poniendo en riesgo aspectos muy sensibles de la seguridad pública.
Advertíamos hace pocos días en esta misma Cámara que el drama podía
convertirse en tragedia y, por desgracia para todos, así ha sido. El
ministro nos acusaba de intentar crear alarma social, afirmando que se
trataba de actos aislados. Ni una cosa ni la otra eran verdad, solamente
pretendíamos alertar de un grave problema que afecta a la seguridad
pública y que hace ya más de dos años ha roto la convivencia social. La
realidad, que es tan tozuda como la vida misma, ha puesto de manifiesto
en muy poco tiempo que no se trataba de actos aislados sino de un
problema estructural que amenaza a la sociedad y a los propios
responsables de su seguridad. El rosario de visitas a la comarca de
responsables gubernamentales en los últimos cuatro días, desde el
subdelegado del Gobierno hasta el propio ministro, pasando por el
delegado del Gobierno en Andalucía, puede que conforte a los funcionarios
policiales. Puede que lo que les dijo el ministro en el día de ayer: no
vais a estar solos…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Voy terminando, señor presidente.

… pueda infundirles un rayo de esperanza, pero no es la
solución del problema. Estamos seguros de que los guardias civiles
agradecen las palabras del ministro, pero lo que de verdad les animaría
es que hoy esta Cámara aprobara de forma unánime la moción que
presentamos y el Gobierno cumpliera los compromisos que de ella se
derivan. Porque, como afirmara aquel político italiano del siglo XIX,
Giuseppe Mazzini, las promesas son olvidadas por los príncipes, pero
nunca por los pueblos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, en el Grupo Parlamentario Popular nos alegramos de que
al final podamos votar una moción que pretende algo en lo que el Gobierno
ya viene trabajando y que ha sido expuesto en las comparecencias tanto
del ministro como del secretario de Estado y de diferentes altos cargos,
y no es otra cuestión que la lucha permanente contra las mafias y la
delincuencia organizada en torno al narcotráfico.

Yo quiero agradecer al señor González Cabaña la presentación de
esta moción en base a la información que ha sabido recoger y que
hábilmente ha sabido presentar aquí en el Senado.






Pero no quisiera
terminar este turno sin exponer algo que creemos fundamental, y no es
otra cuestión que la clara acción del Gobierno de actuar contra la
delincuencia organizada y el tráfico de drogas, como lo demuestra el
hecho de que nunca antes se había intervenido tanta droga; nunca antes se
habían intervenido tantos medios de los narcotraficantes; nunca antes se
había detenido a tantos narcos. Y todo esto se ha hecho gracias a una
gran labor policial y a que se ha hecho como se venía haciendo: con más
efectivos y con más medios en la zona; y usted lo sabe, más efectivos y
más medios en la zona, sobre todo recientemente.

Hay algo en lo que quisiera insistir y sobre lo que ha habido
alguna crítica. Se trata de la oferta pública de empleo que se ha hecho
este año de 5132 plazas que se van a destinar a seguridad pública
española; nada más y nada menos que 3331 para Policía Nacional y 1801
para Guardia Civil. Y hay que ponerlo de relieve y en valor porque es la
mayor oferta de empleo público que se ha hecho en ocho años y todo esto
va a redundar en mejora de la seguridad. Y, tal como pide la moción en su
punto tercero, se podrá alcanzar de forma generalizada una mayor
cobertura en los puestos previstos en el actual catálogo hasta alcanzar
el 95 %, que es lo que decía la moción del Grupo Socialista. Por lo
tanto, el Gobierno ya lo tiene previsto y trabaja para ello.

Debo significar algo que nosotros consideramos importante, como es
el Plan estratégico institucional de la Policía Nacional y las líneas
prioritarias establecidas, entre las que destaca una de las líneas, cual
es la actuación sobre las mafias dedicadas al narcotráfico. Pero no son
solo planes, sino que hay también una acción clara que viene combatiendo
con eficacia este tipo de actividades criminales por parte de las fuerzas
y cuerpos de seguridad del Estado bajo la coordinación de la Comisaría
General de Policía Judicial.

Y quiero resaltar las acciones de los grupos de respuesta especial
al crimen organizado, dependientes de la Unidad central de drogas y
crimen organizado, que son funcionarios especializados contra la droga y
la criminalidad organizada y que, junto a otros recursos que se
despliegan sobre el terreno, continúan dando respuesta especializada a
ese incremento de organizaciones criminales. Estos grupos actúan no
solamente en Andalucía, sino en todo el territorio nacional, sobre todo
en aquellas zonas con singularidad geográfica, que muchas veces altera e
impide la actuación vía tierra.

Otra cuestión importante contra el narcotráfico —y aquí
también se ha dicho— es la persecución del blanqueo de capitales,
que viene asociada a esta actividad, y hacerlo coincidiendo con un factor
tan importante y sensible —que conocen todos ustedes— que
existe en la zona sur, como es la situación de colonia británica de
Gibraltar, sede de infinidad de empresas fantasmas y sitio de
asentamiento de contrabandistas de tabaco, actividad que se ha
incrementado en los últimos años.

Por último, ya que Esquerra Republicana ha hablado de que el
crimen organizado no tiene fronteras, voy a poner de manifiesto el
intenso trabajo internacional, tanto de la Policía Nacional como la
Guardia Civil, la Secretaría de Estado y la propia dirección de
relaciones exteriores del ministerio. En este objetivo de mayor
cooperación en el ámbito internacional hemos visto cómo cada vez son
mayores las operaciones conjuntas con Policías alemanas, británicas,
marroquíes, colombianas, francesas. Y el fruto de estas actuaciones se
traduce en operativos claves para la tranquilidad española, con mayores
incautaciones no solo de hachís, sino de cocaína y otras drogas.

Termino diciendo que en el Partido Popular nos complace comprobar
cómo España y sus fuerzas de seguridad son una verdadera pesadilla para
los narcotraficantes y sus organizaciones.

Ante lo que ha dicho el portavoz de Esquerra Republicada de asedio
a Cataluña, les quiero transmitir que en el Partido Popular —y en
mucha parte, e toda España— hay un auténtico amor hacia Cataluña.
No vengan ustedes con ese victimismo de asedio a Cataluña porque, en
definitiva, lo que Cataluña despierta en el resto de España es un enorme
amor. Por lo tanto, nada de asedio y mucho de victimismo.

Para finalizar y respecto a lo que decía en materia de educación,
no compartimos ni muchísimo menos eso de la educación por la ciudadanía y
estamos en contra del adoctrinamiento en las aulas. En ese sentido,
estamos bien como estamos y no como planteaba el Partido Socialista.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino, señor presidente.

Por todas estas razones, nos satisface decir que votaremos junto
con el Grupo Socialista y el resto de los grupos para promover esa
seguridad en materia nacional y luchar todos en conjunto contra esas
mafias y en contra del narcotráfico.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista con
la incorporación de las dos enmiendas, la del senador Cleries y la del
Grupo Parlamentario Popular, que han sido aceptadas.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 248;
votos emitidos, 248; a favor, 239; en contra, 3; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada. (Aplausos.—
El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

El señor vicepresidente, Sanz Alonso, da lectura al
punto 4.3.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): A esta moción se han
presentado tres enmiendas: dos del Grupo Parlamentario Mixto —una a
iniciativa de los señores Alegre, Crisol y Marcos, y otra a iniciativa
del senador Cleries— y una del Grupo Parlamentario Popular.
(Rumores).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra el senador
Picornell.

Por favor, señorías, guarden silencio.

El señor PICORNELL GRENZNER: Bé, bon dia. Gràcies, president.
Senadores, senadors.

Esquerra Republicana portem a debat a aquest ple una moció sobre
la licitació del contracte d’estudi de la B-40, anunciat fa unes
quants dies pel Govern de l’Estat.

Si parlem de B-40 o de quart cinturó ens estem remuntant a un
projecte que té més de 50 anys. Un projecte que es va dissenyar i pensar
als anys 60 amb uns objectius molt concrets que no tenen absolutament res
a veure amb la realitat actual.Com diu la pròpia campanya contra el quart
cinturó, «el Quart Cinturó és una infraestructura planificada els anys
seixanta en ple franquisme i adoptada per les administracions
democràtiques malgrat l’absència de justificació de la seva
necessitat». Dit en altres paraules: com pot ser que un projecte
dissenyat i pensat fa tants anys actualment encara sigui objecte de debat
i discussió? És una lluita més dels moviments socials i ecologistes: la
defensa del territori mai no s’acaba. Mai no es pot abaixar la
guàrdia davant de l’Estat.

El projecte de llavors preveia unes circumstàncies que no
s’han complert ni de lluny i a més a més els reptes de mobilitat i
d’impacte al territori és evident que no són els mateixos fa 50
anys que en l’actualitat. No ho són. I malgrat que ni s’han
complert les expectatives de creixement de Barcelona i malgrat que la
manera d’entendre la mobilitat i la sostenibilitat no són les
mateixes, alguns continuen ancorats als anys seixanta. Doncs nosaltres no
volem continuar als anys 60, senyors senadors i senadores del Partit
Popular.

Hi ha diferents punts, en aquest sentit, que m’agradaria
remarcar a l’hora d’explicar per què no estem a favor del que
vostès proposen. En primer lloc, el Govern espanyol ignora reiteradament
les competències sobre ordenament de xarxa viària que té la Generalitat
de Catalunya. En segon lloc, perquè les alternatives als traçats que
vostès els agradaria proposar són segurament millors al seu plantejament,
però això no ho volen veure. En tercer lloc, perquè abans de plantejar
qualsevol millora a la xarxa viària —cosa que repeteixo, li pertoca
a la Generalitat— instem el Govern espanyol a dotar, d’una
vegada per totes, el territori d’un bon servei ferroviari. Facin
una cosa: deixin de pensar en invertir en infraestructures que el
territori no vol i posin els diners a Rodalies de Catalunya. Segur que
milers, milions d’usuaris cada dia els estaran eternament
agraïts.

En aquest sentit, hi ha una pregunta que crec que cou massa: què
creu el Govern del Partit Popular? En ple segle XXI, cal apostar més pel
cotxe o cal apostar més pel transport públic? Nosaltres ho tenim molt i
molt clar i és per això que no deixarem que posin les màquines als
nostres camps. Per nosaltres una de les qüestions greus d’aquest
projecte és com opera i maniobra el Govern de l’Estat: sempre,
sempre, sempre, d’esquenes als ajuntaments, als consells comarcals,
a les diputacions i als governs de les diferents comunitats autònomes.
Això és un govern que vetlla pels interessos comuns de tots plegats? O és
un govern que vés a saber per quin interès s’entesta en executar un
projecte que ha sigut rebutjat per la majoria d’ajuntaments de la
zona?

Senyors de Ciutadans i del Partit Popular: ara entrarem en el
debat d’esmenes però ja els hi anticipo, els faig una pregunta: em
poden explicar quin interès tenen en tirar endavant el quart cinturó?
Senyors de Ciutadans: tenen vostès algun estudi que demostri que la B-40
facilitarà la mobilitat entre Vallesos? Que descongestionarà les
principals vies de circulació? Perquè a hores d’ara, cap estudi, ni
els del propi ministeri, ho asseguren.

Insisteixo amb el que citava al principi: «malgrat
l’absència de justificació de la seva necessitat», el projecte
sembla que va traient el cap de tant en tant. Però és que, a més a més,
és un projecte que ha tingut arrencades de cavall i parades de burro.
Quants cops ha anunciat el govern espanyol licitacions d’estudis
per qüestions electorals i ha acabat amb un no res? Quantes
irregularitats hi ha hagut en tot el procés? Des del Vallès, des del
Vallès Occidental i des del Vallès Oriental, no volem més anuncis. Volem
que s’abandoni el projecte que no casa amb el territori, que no
casa amb la realitat social, econòmica i mediambiental de —com
deia— els dos Vallesos.

Així doncs demanem tres qüestions. Que s’anul·li la
licitació de la redacció de l’estudi informatiu de la B-40 en el
tram Terrassa-Granollers. Que respectin la competència de la Generalitat
de Catalunya amb ordenament viari. Que respectin l’article que diu
que, justament, la Generalitat té competència exclusiva en ordenament de
la xarxa viària. I, finalment, que transfereixin la titularitat de la
B-40 a la Generalitat de Catalunya. De fet, els estudis dels anys 60
preveien que aquesta B-40 fos una via paral·lela a tota l’AP7 i que
fos transfronterera. Actualment aquesta via ja no té aquest sentit i, de
fet, ja no està plantejada en aquests termes, ni serà el que havia de
ser. Si ha de ser una via intercomarcal i regional, si us plau, deixin
que la gestió la faci el propi territori.

Per nosaltres, duplicar infraestructures no és sostenible. El que
havia de ser un traçat alternatiu a l’AP7, un traçat en paral.lel a
l’AP7, ja no ho serà, per tant, el que hauria de fer, al nostre
entendre, el govern de l’Estat Espanyol és millorar el servei de
l’AP7, alliberar de peatges l’AP7 i no plantejar una
duplicació d’infraestructures que, insisteixo, per a nosaltres no
és sostenible. Nosaltres no volem aïllar la qüestió econòmica de la
qüestió social, de la qüestió mediambiental. I, com que no ho veiem,
demanem justament que anul.lin aquesta licitació en el tram
Terrassa-Granollers.

Moltes gràcies.

Buenos días. Gracias, presidente. Senadoras, senadores.

Esquerra Republicana trae al debate de este Pleno una moción sobre
la licitación del contrato de estudio de la B-40, anunciado hace unos
cuantos días ya por el Gobierno de Estado. Si hablamos de B-40 o de
cuarto cinturón nos remontamos a un proyecto que tiene más de cincuenta
años, un proyecto que se diseñó y pensó en los años sesenta, con unos
objetivos muy concretos que no tienen absolutamente nada que ver con la
realidad actual. Como dice la propia campaña contra el cuarto cinturón,
el cuarto cinturón es una infraestructura planificada en los años
sesenta, en pleno franquismo, y adoptada por las administraciones
democráticas a pesar de la ausencia de justificación de su necesidad.
Dicho en otras palabras: ¿Cómo puede ser que un proyecto diseñado y
pensado hace tantos años actualmente sea todavía objeto de debate y
discusión? Es una lucha más de los movimientos sociales y ecologistas. La
defensa del territorio nunca termina. Nunca se puede bajar la guardia
ante el Estado.

El proyecto de entonces preveía unas circunstancias que no se han
cumplido ni de lejos y, además, es evidente que los retos de movilidad y
de impacto en el territorio no son los mismos hace cincuenta años que los
de hoy en día; no lo son. Y a pesar de que no se han cumplido las
expectativas de crecimiento de Barcelona y a pesar de que la forma de
entender la movilidad y la sostenibilidad no son las mismas, algunos
siguen anclados en los años sesenta. Pues nosotros no queremos seguir en
los años sesenta, señores y señoras senadoras del Partido Popular.

Hay distintos puntos que me gustaría remarcar a la hora de
explicar por qué no estamos a favor de lo que ustedes proponen. En primer
lugar, el Gobierno del Estado español ignora reiteradamente las
competencias sobre el ordenamiento de red viaria que tiene la Generalitat
de Cataluña. En segundo lugar, porque las alternativas a los trazados que
a ustedes les gustaría proponer son seguramente mejores en su
planteamiento, pero esto no lo quieren ver. En tercer lugar, porque antes
de plantear cualquier mejora de la red viaria —cosa que, repito, le
corresponde a la Generalitat—, instamos al Gobierno español a dotar
de una vez por todas al territorio de un buen servicio de ferrocarriles.
Hagan una cosa: dejen de pensar en invertir en infraestructuras que el
territorio no quiere y pongan el dinero en Cercanías de Cataluña; seguro
que muchos ciudadanos y usuarios se lo van a agradecer.

En este sentido, se está cociendo una pregunta por demasiados
sitios: en pleno siglo XXI, ¿cree el Gobierno del Partido Popular que
tiene que apostar más por el coche o que tiene que apostar más por el
transporte público? Nosotros lo tenemos muy claro y por eso no vamos a
dejar que pongan las máquinas en nuestros campos. Para nosotros, una de
las cuestiones graves de este proyecto es cómo opera y maniobra el
Gobierno del Estado: siempre, siempre, siempre de espaldas a los
ayuntamientos, a los consejos comarcales, a las diputaciones y a los
gobiernos de las distintas comunidades autónomas. ¿Este es un Gobierno
que vela por los intereses comunes de todos, o es un Gobierno que
—vete tú a saber por qué interés— está empeñado en ejecutar
un proyecto que ha sido rechazado por la mayoría de ayuntamientos de la
zona?

Señores de Ciudadanos y señores del Partido Popular, ahora
entraremos en el debate de las enmiendas, pero ya les anticipo, les hago
una pregunta: ¿me pueden explicar qué interés tienen en potenciar el
cuarto cinturón? Señores de Ciudadanos, ¿tienen ustedes algún estudio que
demuestre que la B-40 facilitará la movilidad entre vallesanos, que va a
descongestionar las principales vías de circulación? Porque en estos
momentos, ningún estudio, ni siquiera los del propio ministerio, lo
aseguran.

Insisto en lo que citaba al comienzo: a pesar de la ausencia de
justificación de su necesidad, el proyecto reaparece de vez en cuando.
Pero además, es un proyecto que hay tenido arrancadas de caballo y
paradas de burro: ¡cuántas veces ha anunciado el Gobierno español
licitaciones de estudio por cuestiones electorales y se han quedado en
nada! ¡Cuántas irregularidades ha habido durante todo el proceso! En el
Vallès Oriental y en el Vallés Occidental no queremos más anuncios.
Queremos que se abandone el proyecto, que no casa con el territorio, que
no casa con la realidad social, económica, comercial y medioambiental de
los dos Vallès.

Así, planteamos tres cuestiones: que se anule la licitación de la
redacción del estudio informativo de la B-40 en el tramo
Terrassa-Granollers; que respeten la competencia de la Generalitat de
Catalunya en ordenamiento viario, que respeten el artículo que dice que
lo que decida la Generalitat tiene competencia exclusiva en ordenamiento
de la red viaria y, finalmente, que transfieran la titularidad de la B-40
a la Generalitat de Catalunya. De hecho, los estudios de los años sesenta
preveían que esta B-40 fuera una vía paralela a toda la AP-7 y que fuera
transfronteriza. Actualmente, esta vía ya no tiene sentido ni está
planteada ya en estos términos ni será lo que tenía que ser. Si tiene que
ser una vía intercomarcal y regional, por favor, dejen que la gestión la
haga el propio territorio.

Para nosotros, duplicar infraestructuras no es sostenible. Lo que
tenía que ser un trazado alternativo a la AP-7, un trazado paralelo a la
AP-7 y no lo va a ser. Por lo tanto, lo que tendría que hacer, a nuestro
entender, el Estado español es mejorar el servicio de la AP-7, liberarla
de peajes y no plantear una duplicación de infraestructuras que, para
nosotros, no es sostenible. Nosotros no queremos aislar la cuestión
económica de la social y de la medioambiental, y como no la aislamos,
solicitamos que anulen esta licitación en el tramo
Terrassa-Granollers.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Picornell.

Pasamos a la defensa de las enmiendas.

Los senadores Alegre, Crisol y Marcos, del Grupo Mixto, han
retirado su enmienda. Por tanto, queda únicamente viva la enmienda
presentada por el senador Cleries.

Tiene la palabra el senador Bagué.

El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, president.

Bé, la moció que presenta el Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana i que ha defensat el senador Picornell, des de Partit
Demòcrata, trobem que és una moció molt encertada i que posa molt el dit
a la llaga sobre una qüestió que fa molts anys, molts anys,
dècades,parlava el senador Picornell,els anys seixanta arrenquen els
primers estudis sobre aquesta qüestió, de relligar, d’enlleçar els
dos Vallesos, el Vallès Occidental amb el Vallès Oriental. Des del Partit
Demòcrata, per tant, anunciem que votarem que sí a aquesta moció.

Havíem fet una esmena en el sentit de simplement aclarir el
necessari finançament per a l’execució d’aquesta
infraestructura. En concret, l’esmena que proposem diu, en primer
lloc, anul.lar la licitació de la redacció de l’estudi informatiu
de la B-40 en el tram Terrassa-Granollers.

El segon punt, parla de respectar la competència de la Generalitat
de Catalunya sobre qualsevol nova infraestructura de mobilitat en el
Vallès, tal i com es desprèn del vigent Estatut de Catalunya. Hem de
subratllar aquest aspecte. L’actual i vigent estatut de Catalunya
recull que qualsevol nova via de comunicació, nova infraestructura, ha de
correspondre al propi govern de la Generalitat. Per tant, el que estem
demanant és que s’apliqui una llei orgànica del rang com és
l’estatut vigent.

I el tercer punt és el que parla de transferir la titularitat de
la B-40 a la Generalitat juntament amb els fons necessaris per a executar
aquesta infraestructura. Si no es produís això, entenem que seria una
actuació deslleial perquè el titular de la carretera, quan es produeix
una transferència o un canvi de titularitat, es dóna per descomptat, això
a tots els nivells de l’administració, que quan una diputació
transfereix una carretera a un municipi primer el dota i el dota
pressupostàriament.

El que no seria correcte seria fer una transferència sense dotació
pressupostària. En aquest sentit, insistint, trobem especialment
encertada la moció que ha presentat el Grup d’Esquerra i, per tant,
hi votarem a favor com podem avançar ja des d’aquest moment.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

En relación con la moción que presenta el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana y que ha defendido el senador Picornell, en el
Partit Demòcrata pensamos que es una moción muy acertada, que pone el
dedo en la llaga sobre una cuestión de hace muchos, muchos años, décadas,
como decía el senador Picornell; en los años sesenta arrancan los
primeros estudios sobre esta cuestión de enlazar los dos Vallès, el
Occidental con el Oriental. En nombre del Partit Demòcrata anuncio que
vamos a votar que sí a esta moción.

Habíamos presentado una enmienda simplemente en el sentido de
aclarar la financiación necesaria para la ejecución de esta
infraestructura. En concreto, la enmienda que proponemos dice, en primer
lugar: Anular la licitación de la redacción del estudio informativo de la
B-40 en el tramo Terrassa-Granollers.

El segundo punto plantea respetar la competencia de la Generalitat
de Catalunya sobre cualquier nueva infraestructura de movilidad en el
Vallès, como se desprende del vigente Estatuto de Catalunya. Debemos
subrayar este aspecto: el vigente Estatuto de Cataluña recoge que en
cualquier prueba, vía de comunicación o nueva infraestructura la
competencia tiene que corresponder al Gobierno de la Generalitat. Lo que
pedimos es que se aplique una ley orgánica del rango como es el estatuto
vigente.

El tercer punto se refiere a la transferencia de la titularidad de
la B-40 a la Generalitat juntamente con los fondos necesarios para la
ejecución de esta infraestructura. Si esto no se fuera así, lo
entenderíamos como una actuación desleal porque se da por descontado
siempre que se produce una transferencia o un cambio de titularidad en
todos los niveles de la administración; por ejemplo, cuando una
diputación transfiere una carretera a un municipio primero lo dota
presupuestariamente; lo que no sería correcto es hacer una transferencia
sin dotación presupuestaria.

En este sentido, insistimos en que encontramos muy acertada la
moción presentada por Esquerra. Por tanto, vamos a votar a favor, como
avanzo desde la tribuna.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bagué.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
García Albiol para la defensa de la enmienda.

El señor GARCÍA ALBIOL: Gracias, presidente. Señoras y señores
senadores.

El Partido Popular ha presentado una enmienda, una enmienda que es
a la totalidad porque precisamente defiende todo lo contrario de lo que
ustedes proponen: defiende continuar con las obras del tramo entre Olesa
y Viladecavalls y también seguir impulsando la redacción del estudio
informativo en el tramo de la B-40 entre Terrassa y Granollers. No voy a
entrar en el detalle —lo haré en mi intervención de posicionamiento
de grupo—, pero sí les quiero hacer una pequeña referencia.

Reflexionen, porque lo que está planteando el Gobierno de España
en estos momentos es simplemente un estudio informativo; es decir, buscar
las alternativas diferentes, distintas, para el trazado y después
someterlo a información pública. No sé si ustedes saben lo que significa
exactamente eso de información pública, es un derecho consagrado por la
Constitución española, esa que a ustedes no les gusta y que no quieren
aplicar —están haciendo un esfuerzo por no aplicar en
Cataluña—; pues bien, la Constitución consagra ese derecho de que
cualquier ciudadano, por muy humilde que sea, independientemente de sus
orígenes, pueda dar su opinión. Es evidente que a ustedes la información
anónima, individual, de los ciudadanos no les gusta porque en la mayoría
de las ocasiones no les da la razón a sus postulados. A ustedes lo que
les gusta es que se pronuncie la Generalitat de Catalunya y que la
Generalitat hable en nombre de un territorio y no en nombre de personas;
pero nosotros ya estamos trabajando en la dirección contraria.

Ustedes, con esta propuesta, ¿son conscientes de la necesidad de
conectar la A-2, a la altura de Abrera, y la C-16, a la altura de
Terrassa? ¿Ustedes son conscientes de la necesidad de conectar el
corredor de la B-30 con la A-7 creando un arco de circunvalación a
Barcelona, aliviando así la congestión del tráfico de la A-7 y de la
B-30? En definitiva, ¿ustedes son conscientes del colapso que sufren la
mayoría de ciudadanos de Cataluña en estos momentos en nuestras
carreteras? Yo, con sinceridad, creo que no.

Esta moción es una muestra más de su alejamiento de la realidad,
de los problemas reales, de las necesidades reales que tienen los
catalanes y por este motivo la enmienda a la totalidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador García
Albiol.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Picornell para manifestar si acepta o no las
enmiendas.

El señor PICORNELL GRENZNER: Molt ràpidament.

Pel que fa a l’esmena del Partit Demòcrata Català,
senzillament enriqueix el text i per tant, acceptem aquesta esmena
presentada per el senador Bagué.

Pel que fa al Partit Popular i diferents coses que ha dit el
senador Albiol, vostè parla de l’allunyament entre Esquerra
Republicana, PDECAT i el Govern. Sort que estem allunyats, sort que vàrem
treure 10 senadors respecte de 16 que es poden treure a les eleccions
espanyoles, i vostès han van treure exactament zero. Això és allunyament?
Això és allunyament de la societat catalana i del què creuen? Nosaltres
creiem que no.

Som conscients de moltes de les mancances que té el territori amb
qüestions de mobilitat i de xarxa viaria, i per això proposàvem
alternatives, i per això hem proposat alternatives, de fet amb la meva
pròpia intervenció. Millorin la xarxa ferroviària, millorin les rodalies
de Catalunya i així poder ajudarem a que no estiguin tant col·lapsades
les carreteres del nostre país. Però en qualssevol cas, si estan
col·lapsades tenim un altre manera de solucionar-ho: millorem
l’AP-7 i alliberemt-la. Per què volen fer un altre AP-7 en
paral·lel al seu costat, si ja la tenim feta? Quins amics tenen a
l’AP-7 que no volen alliberar-la?

Som conscients també de les mancances de mobilitat entre el tram
Olesa-Viladecavalls. Som conscients també del disbarat que varen fer en
aquell tram. Un tram que van començar fa molts i molts anys, que van
aturar, que van arrencar, que van tornar a parar... i ves a saber quin
dia s’acabarà. De moment tenim una autopista de 3 carrils per banda
a Viladecavalls que està absolutament infrautilitzada, al contrari del
que vostès deien i proclamaven quan van executar-la.

Per tant, el Govern espanyol vol fer un estudi i nosaltres no és
que no vulguem que es faci un estudi, és que nosaltres ja hem proposat
alternatives: la Plataforma per el quart cinturó ja ha proposat
alternatives en aquest sentit. ¿Cal tornar-nos a gastar gairebé 2 milions
d’euros després que vostès ja fessin l’estudi i que quedés
en no res perquè senzillament se’ls passés el termini
d’execució? Nosaltres creiem que no cal tornar-se a gastar 2
milions d’euros. Millorin la xarxa de rodalies de Catalunya,
millorin l’AP7, alliberin l’AP7 i probablement així
millorarem els problemes de col·lapse viari que tenim al nostre
país.

Moltes gràcies. (Aplaudiments).

Muy rápidamente.

Por lo que respecta a la enmienda del Partido Demócrata Catalán,
sencillamente enriquece el texto y, por tanto, aceptamos esta enmienda
que ha defendido el senador Bagué.

Por lo que respecta al Partido Popular y a las diferentes cosas
que ha dicho el senador Albiol, usted habla del alejamiento entre
Esquerra Republicana, PDECAT y el Gobierno: menos mal que estamos
alejados, suerte que sacamos 10 senadores, de los 16 que se pueden sacar
en el Estado español, y ustedes sacaron cero. ¿Esto es alejamiento? ¿Esto
es alejamiento de la sociedad catalana y de lo que creen? Creemos que
no.

Somos conscientes de muchas de las carencias que tiene el
territorio en cuestión de movilidad y de red viaria, y por eso
proponíamos alternativas —de hecho, las he propuesto en mi propia
intervención—. Mejoren la red ferroviaria, mejoren las cercanías de
Cataluña y así, quizás, ayudaremos a que no estén tan colapsadas las
carreteras de nuestro país. En cualquier caso, si están colapsadas
tenemos otro modo de solucionarlo: mejoremos la AP-7 y liberémosla. ¿Por
qué quieren hacer otra AP-7 en paralelo, a su lado, si ya está hecha?
¿Qué amigos tienen en la AP-7 que no quieren liberarla?

Somos conscientes también de las carencias de movilidad o de los
problemas de movilidad entre el tramo Olesa-Viladecavalls. Somos
conscientes también de la chapuza que se hizo en aquel tramo, un tramo
que empezó hace muchos, muchos años, que se paró, que arrancó, que volvió
a parar, y vete a saber qué día terminará. De momento, tenemos una
autopista de 3 carriles por cada lado en Viladecavalls, absolutamente
infrautilizada, al contrario de lo que ustedes proclamaban cuando la
ejecutaron.

El Gobierno español quiere hacer un estudio y no es que no
queramos que se haga un estudio, sino hemos propuesto alternativas, como
la Plataforma contra el cuarto cinturón ha propuesto alternativas en este
sentido. ¿Tenemos que gastarnos otra vez casi 2 millones de euros y que
después de que se haya hecho el estudio quedase en nada, sencillamente
porque se les pasaran los plazos de ejecución? Creemos que no es
necesario volver a gastar 2 millones de euros. Mejoren en la red de
cercanías de Cataluña, mejoren la AP-7, libérenla y, probablemente, de
este modo mejoraremos los problemas de colapso viario que tenemos en
nuestro país.

Muchas gracias. (Aplauso).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Picornell.
Pasamos al turno de portavoces.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No interviene
nadie.

¿Grupo Parlamentario Vasco? (Pausa). No intervienen nadie.

¿Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana? (Denegaciones).
Tampoco interviene nadie.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Guardingo.

El señor GUARDINGO MARTÍNEZ: Gracias, presidente.

L’Autovia orbital de Barcelona B-40, coneguda com a 4rt
Cinturó, és un projecte d’autovia entre Abrera i Granollers
impulsat pel Ministeri de Foment per duplicar la xarxa viària bàsica
existent. Pensada per acollir tot el trànsit de pas de la Regió
Metropolitana de Barcelona, de forma paral·lela a l’AP-7, amb 4
carrils i una afectació d’uns 60 metres d’amplada al llarg
del seu traçat Es tracta d’una infraestructura pensada
l’






any 66 en l’etapa prodemocràtica del «desarrollismo» quan
més ciment i més carreteres millor tot i que fos duplicant la xarxa
existent. Sense tenir en compte, per exemple, el medi ambient, la
concentració demogràfica o el transport públic.

L’autovia orbital, a més de no comportar cap solució per a
la mobilitat del Vallès i la Regió Metropolitana de Barcelona, tal i com
han demostrat diversos estudis elaborats per la mateixa administració,
faria augmentar la congestió i la contaminació atmosfèrica contribuint de
manera lamentable al canvi climàtic. En aquest sentit, des d’En
Comú Podem creiem que a la zona dels Vallesos calen fórmules sostenibles
i alternatives a la mobilitat de vehicle motoritzat privat com per
exemple: una xarxa orbital ferroviària que connecti amb Barcelona, però
doni cobertura al territori d’una manera més efectiva, tant per
passatgers com per mercaderia. Millorar les vies interurbanes, ramals,
accessos i distribució de trànsit de caràcter local ja existents.
Estudiar la implantació d’una xarxa de tramvia que connecti les
principals ciutats del Vallès i Baix Llobregat encara incomunicades en
transport públic.

Tot i no ser una infraestructura de caràcter únicament
metropolitana, no s’entén perquè la titularitat pertany al
Ministeri de Foment, si no és per la voluntat recentralitzadora del
Govern del Partit Popular, inclús en la gestió de carreteres.

Quan a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya vigent la
competència de planificació, execució i gestió de la xarxa viària a tot
l’àmbit territorial de Catalunya li correspon a la Generalitat. El
traçat de la B-40 afecta de ple a nombrosos espais naturals
d’especial interès i valors ambientals i paisatgístics molt
importants: boscos, torrents i conreus quedarien destrossats i tallats
per la meitat per culpa de l’Orbital. Alguns d’aquests espais
formen part ara dels Parcs Agraris, una aposta per la producció agrària i
ramadera amb criteris ecològics i de qualitat com una fórmula d’un
altre creixement econòmic sostenible.

Per aquests motius, i sobretot per complir l’ordenament
jurídic i el repartiment de competències, votarem a favor d’aquesta
moció d’Esquerra Republicana.

I una cosa sí que li vull dir al senador García Albiol: que és
important respectar la Constitució, però només es pot demanar respectar
la Constitució quan es respecta l’estatut d’autonomia.

Gràcies. (Aplaudiments).

La autovía orbital de Barcelona, la B-40, conocida como cuarto
cinturón, es un proyecto de autovía entre Abrera y Granollers, impulsado
por el Ministerio de Fomento para duplicar la red viaria básica
existente, pensada para acoger todo el tráfico de paso de la región
metropolitana de Barcelona de forma paralela a la AP-7, con 4 carriles y
una afectación de unos 60 metros de ancho a lo largo de su trazado. Se
trata de una infraestructura pensada en el año 1966, en la etapa
predemocrática del desarrollismo: cuanto más cemento y más carreteras,
mejor, aunque fuera duplicando la red existente, sin tener en cuenta, por
ejemplo, el medioambiente, la concentración demográfica o el transporte
público.

La autovía orbital, aparte de no conllevar ninguna solución para
la movilidad del Vallès y de la región metropolitana de Barcelona, tal y
como han demostrado diversos estudios elaborados por la propia
administración, aumentaría la congestión y la contaminación atmosférica,
contribuyendo de manera lamentable al cambio climático. En este sentido,
En Comú Podem cree que en la zona de los Vallès son necesarias fórmulas
sostenibles y alternativas a la movilidad del vehículo motorizado
privado, como, por ejemplo, una red orbital ferroviaria que conecte con
Barcelona pero dé cobertura al territorio de una manera más efectiva,
tanto para pasajeros como para mercancías. Mejorar las vías interurbanas,
ramales, acceso y distribución del tráfico de carácter local ya
existentes. Incluso, estudiar la implantación de una red de tranvía que
conecte las principales ciudades del Vallès y del Valls de Llobregat, aún
incomunicadas por transporte público.

Aun no siendo una infraestructura de carácter únicamente
metropolitano, no se entiende por qué la titularidad pertenece al
Ministerio de Fomento, si no es por la voluntad recentralizadora del
Gobierno del Partido Popular, incluso en la gestión de carreteras.

En cuanto al Estatuto de Autonomía de Cataluña vigente, la
competencia de planificación, ejecución y gestión de la red viaria en
todo el ámbito territorial de Cataluña le corresponde a la Generalitat.
El trazado de la B-40 afecta de lleno a muchos espacios naturales de
especial interés y valores ambientales y paisajísticos muy importantes.
Bosques, torrentes y cultivos quedarían destrozados y partidos por la
mitad por culpa de la orbital. Algunos de estos espacios forman parte de
los parques agrícolas, una apuesta por la producción agrícola y ganadera
con criterios ecológicos y de calidad, con una fórmula de otro
crecimiento económico sostenible.

Por estos motivos, y sobre todo para cumplir el ordenamiento
jurídico y el reparto de competencias, votaremos a favor de esta moción
de Esquerra Republicana.

Y quiero decirle una cosa al senador García Albiol: es importante
respetar la Constitución, pero solo cabe el respeto a la Constitución
cuando se respeta el estatuto de autonomía.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Guardingo.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Cruz.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Señor presidente, señorías, muy buenas
tardes.

Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario
Socialista a esta moción de Esquerra Republicana.

La conocida como la ronda del Vallès o cuarto cinturón es una vía
de gran capacidad, como se ha dicho hoy aquí, largamente reivindicada y
que está en los planes de carreteras del año 1968, pero no solo en el
año 1968, sino en todos los posteriores, en muchos planes de la etapa
democrática también.

Incluso, el plan territorial de la zona metropolitana de Barcelona
contempla la estructura de esta vía. Por lo tanto, el objetivo de unir
Abrera con Granollers, pasando por los términos de Tarrasa y Sabadell, es
un objetivo ampliamente demandado por la población. Debemos recordar que
afecta a una población de 2,1 millones de habitantes y representa, desde
el punto de vista productivo de la industria instalada, el 27 % del
producto interior bruto de Cataluña. Además, es una vía que el Grupo
Socialista considera muy rentable en términos sociales y económicos
porque —está calculado— tiene una amortización de entre
cuatro y cinco años. Por lo tanto, esto se lo achacamos al Gobierno de la
Generalitat, que parece que se preocupa ahora y, al Gobierno del Partido
Popular, porque en esta obra tan importante los tramos que se ejecutaron,
y que están en funcionamiento, se abrieron en 2010, en 2011 se paralizó
el tercer subtramo de Abrera-Terrasa y ahora, en 2015, el Gobierno del
Partido Popular ha vuelto a iniciar esta vía con un túnel, que se acaba
de perforar hace unos días. En definitiva, ahora es cuando el Partido
Popular ha vuelto a iniciar una obra que se tenía que haber acabado hace
mucho tiempo y que tiene previsto terminar en 2019. Por lo tanto,
nosotros consideramos que esta es una obra importante y hay
responsabilidad del Gobierno del Partido Popular en su no ejecución. (El
señor presidente ocupa la Presidencia).

Ustedes plantean la suspensión de la licitación, pero, señorías,
los datos actuales nos dicen que el Gobierno de España, el Ministerio de
Fomento ya adjudicó, el 27 de mayo, este estudio informativo a una
empresa por 945 000 euros, es decir, el estudio está adjudicado, por lo
tanto, se trataría de anular una adjudicación, no una licitación. Pero yo
le pregunto: ¿qué ha hecho el Gobierno de la Generalitat? ¿Qué han hecho
ustedes en el Gobierno? Porque en el Parlamento catalán aprobaron, el 15
de febrero de 2017, instar al Govern a ejecutar las acciones políticas y
jurídicas pertinentes para detener la licitación del estudio informativo.
Todavía estaba la licitación y ¿qué hicieron ustedes? Nada, armar ruido y
venir aquí hoy.

Entran en una contradicción permanente en su moción. Primero, la
licitación ya está adjudicada, habría que impugnarla, ustedes no la han
impugnado. Hablan de respetar la plena competencia de la Generalitat.
Nosotros estamos de acuerdo, ¡faltaría más! Se tiene que respetar la
competencia, pero ustedes hablan de un artículo, el 140, del estatuto de
autonomía, pero también hay otros artículos en el estatuto de autonomía,
como el 140.1, que dice claramente: Siempre y cuando no sea de interés
general. Si la carretera es de interés general, la competencia es del
Estado, no es de la Generalitat de Cataluña. Y el artículo 148 se lo dice
claramente: Corresponde, siempre y cuando no hayan sido calificadas de
interés general. Y la contradicción ya es supina cuando en la enmienda
del PDECAT que aceptan, se dice: «Transferir la titularidad de la B-40 a
la Generalitat de Catalunya, junto con los fondos necesarios para
ejecutar dichas infraestructuras». ¿En qué quedamos? Porque si es de
interés general, la competencia es del Estado y, por lo tanto, tiene que
ejecutarla el Estado; si es de interés de la comunidad autónoma, por lo
tanto, la competencia es de la Generalitat, tal como dice el
artículo 148, pero con sus fondos. Es decir, la Generalitat de Cataluña
puede decir: Planifico una obra dentro de mis competencias y la ejecuto
con mis fondos; ahora, si es de interés general, la tiene que ejecutar el
Estado, lógicamente. Por lo tanto, señoría, no puede decir usted una cosa
y la contraria. Aquí ha venido a decir que le transfieran los fondos para
ejecutar. Yo podría entender que le transfieran los fondos para gestionar
porque si usted dice que le transfieran una carretera ejecutada, le
tendrán que transferir los fondos para la gestión de esa carretera, pero
no para ejecutarla. O es de interés general o no es de interés general;
si es de interés general, es competencia del Estado y, si no es de
interés general, lo puede hacer la comunidad autónoma.

En definitiva, señorías, nosotros creemos que esta es una obra
importantísima para Cataluña, importantísima para la conexión de la
comarca del Vallés, importantísima para los 2,1 millones de personas a
las que afecta, importantísima para todo el producto interior bruto y
para la industria de esa zona, y por tanto, lo que denunciamos es el
retraso.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor CRUZ HERNÁNDEZ: Termino, señor presidente.

Y ahora se está encargando un estudio, que se va a realizar de
aquí a 2019, para saber los pros, los contras y las distintas
alternativas. Imaginen ustedes: a partir del 2019, el estudio, después la
información pública y luego la posible redacción de un proyecto. Hasta
el 2025 no se inicia esta obra por mucho que queramos correr todos los
que estamos aquí.

Gracias, señor presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cruz.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
García Albiol.

El señor GARCÍA ALBIOL: Muchas gracias, señor presidente.

A mí me parece que ha llegado el momento de llamar a las cosas por
su nombre y de hablar claro. Después de las intervenciones de los
representantes de Esquerra Republicana y de Convergència, ha quedado en
evidencia que la verdadera intención y la verdadera voluntad de esta
moción no es ni la autovía de la B-40, en el tramo que va de Olesa a
Viladecavalls, ni la licitación de la redacción del estudio del tramo que
va de Tarrasa a Granollers. Aquí de lo que se trata es de que la realidad
no empañe el relato independentista. (Protestas).

El Gobierno de España está realizando una inversión en esta obra
de 212 millones de euros para un tramo de 6,2 kilómetros. Por tanto,
estamos hablando de un esfuerzo presupuestario importante. Y la única
alternativa que ustedes proponen a ese esfuerzo por parte del Gobierno de
España es que el Estado les dé las competencias de esa carretera y parar
el proyecto. Esa es su alternativa, y mi pregunta es la siguiente: ¿Para
qué quieren ustedes las competencias de la B-40?, ¿para hacer lo mismo
que han hecho, por ejemplo, con la N-II en el tramo del Maresme que va
desde Badalona hasta la provincia de Gerona? Un tramo cuyas competencias
transfirió el Estado a la Generalitat en el año 2009 junto a una dotación
presupuestaria de 96 millones de euros para que se hicieran mejoras en
esa carretera. ¿Saben, señorías, cuántos de esos 96 millones de euros que
se transfirieron por parte del Estado a la Generalitat para mejorar esa
carretera en el año 2009 se han destinado a la mejora de esas carreteras?
Pues yo se lo voy a decir: cero patatero. (Protestas). ¿Para eso quieren
las transferencias?

Ese es un ejemplo, pero les podría hablar también de la línea 9
del metro, competencia de la Generalitat de Cataluña. Una línea de metro
que comunica una parte muy importante del área metropolitana de
Barcelona, del núcleo central de la población, cuyas obras llevan 10 años
paradas y no hay fecha de inicio. O le podría hablar de algo muy
reciente, de los presupuestos de la Generalitat de Cataluña aprobados por
Esquerra Republicana, Convergència o el PDECAT y sus socios antisistema
de la CUP, unos presupuestos que contemplan en inversiones para mejorar
carreteras, por ejemplo, de una provincia tan importante como la de
Tarragona una partida de solo 3 millones de euros. ¿Para qué quieren las
competencias?, ¿para dejar olvidados de la mano de Dios a los ciudadanos
de Cataluña? Esa es la realidad.

En su intervención el portavoz de Esquerra Republicana señaló, en
un par de ocasiones, que lo que había que hacer era liberar de peaje la
A-7. Y yo le pregunto una cosa: ¿Por qué no libera la Generalitat de
Cataluña sus autopistas de peaje, que son las más caras de España?
(Aplausos.— Protestas). ¿Por qué se dedican a dar lecciones, pero
cuando las pueden aplicar hacen todo lo contrario? Queridos senadores y
senadoras del resto de España, tienen que saber que los ciudadanos de
Cataluña somos los que pagamos más por kilómetro en los peajes de la
Generalitat de Cataluña.

No hay ninguna carretera que no dependa de la Generalitat de
Cataluña que esté pagando por kilómetro la cantidad que se paga en
Cataluña en estos momentos… (Rumores). No me diga que tengo cara,
porque sabe que es cierto lo que estoy diciendo, así que le pido un
poquito de respeto. Yo ya sé que cuando a ustedes les dan argumentos que
nos les gustan se ponen nerviosos, pero les pido un poquito de respeto
como lo tenemos el resto de senadores con las cosas que ustedes apuntan.
Muchas gracias. (Aplausos).

Le quiero recordar, y finalizo ya, señor presidente, que cualquier
propuesta que venga del Grupo de Esquerra Republicana o cualquier otro
grupo de esta Cámara que signifique resolver de verdad los problemas
reales de los catalanes va a tener nuestro apoyo, pero mientras insistan
en la línea de intentar presentar en esta Cámara solo propuestas que
signifiquen el traspaso de competencias en una gestión que la Generalitat
de Cataluña ha demostrado más que deficiente a lo largo del tiempo no nos
tendrán de su lado.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Albiol.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario
de Esquerra Republicana con la incorporación de la enmienda aceptada del
senador Cleries, número 51235.

Antes de la votación les aviso de que suspenderemos ahora y
reanudaremos con el Pleno de control a la cuatro con preguntas e
interpelaciones y terminaremos esta tarde votando los tratados y los
convenios internacionales.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 247;
votos emitidos, 247; a favor, 34; en contra, 203; abstenciones, 10.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

Señorías, se suspende la sesión hasta la cuatro de la tarde.

Eran las doce horas y cuarenta y cinco minutos.

Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.

El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión. Buenas tardes,
señorías. Tomen asiento, por favor.

El señor PRESIDENTE: Señorías, en el último fin de semana dos
mujeres han sido asesinadas por sus parejas, por sus maridos, víctimas de
la violencia doméstica. En lo que va de periodo de sesiones, desde el
pasado mes de enero, son 29 ya las que han sido asesinadas. Teniendo en
cuenta que este es el último Pleno de este periodo de sesiones, les
pediría que guardáramos un minuto de silencio.

La Cámara, puesta en pie, guarda un minuto de silencio.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5 del orden del día:
Preguntas.

La pregunta del senador Estradé ha sido aplazada.

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor ministro de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.

Pregunta de doña Laura Berja. Tiene la palabra su señoría.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué medidas tiene previstas el Gobierno
desarrollar para proteger a las mujeres refugiadas?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis
Quecedo): Muchas gracias, señor presidente.

Señoría, ya he tenido ocasión de responder a varias preguntas en
relación específicamente con la Unión Europea. Entiendo que ahora es una
pregunta con carácter general, relacionada con los refugiados en el
mundo. Somos conscientes de que las mujeres, en particular, están
sometidas a una doble vulnerabilidad: al hecho de ser refugiadas y al
hecho de poder ser aún sometidas a mayor discriminación por ser
mujer.

Por eso, nos hemos tomado muy en serio y hemos estado en la
vanguardia en la agenda multilateral de protección a las mujeres, en
particular en relación con las crisis y los conflictos, que suelen ser la
fuente de las personas que buscan refugio, y durante nuestra estancia en
el Consejo de Seguridad impulsamos la Agenda Mujer, Paz y Seguridad y
renovamos, con una nueva resolución del Consejo de Seguridad, esta agenda
para proteger a las mujeres.

Además, y en particular en el ámbito de la ayuda humanitaria,
nuestra ayuda humanitaria está diseñada para tener en cuenta el factor
género, por eso priorizamos la financiación a intervenciones con marcador
de género del Comité Permanente Interagencias en materia humanitaria de
las Naciones Unidas, con sede en Ginebra, y con el marcador 2 de la
Agencia Humanitaria de la Unión Europea.

Por lo tanto, nosotros tenemos muy presente la cuestión de género
en nuestra ayuda humanitaria y en nuestra ayuda a refugiados, y lo
hacemos tanto en el principio como en la práctica.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra la senadora Berja.

La señora BERJA VEGA: Gracias, señor presidente.

Señor ministro, ya ha dado usted la versión oficial, ya se puede
quedar tranquilo, pero ahora vamos a hablar de realidad. Antes de que un
día, viendo el telediario, se echen ustedes las manos a la cabeza, hoy
aquí quiero que presten atención, porque quiero visibilizar la situación
que viven miles de mujeres por su situación de mujeres refugiadas.

Señorías, una de cada cinco mujeres refugiadas es víctima de
violencia sexual. La situación por la que pasan las mujeres refugiadas
—también las niñas y los niños— es de extrema dureza y
crueldad. Muchas de ellas durante los desplazamientos son violadas,
tratadas, extorsionadas o explotadas. Señorías, ¿qué está haciendo el
Gobierno? Señor ministro, está mirando hacia otro lado. Es imprescindible
que el Gobierno contemple una actuación integral, señor ministro, con
enfoque de género, dirigida a las mujeres refugiadas en nuestro país. La
indefensión, señor ministro, en la que se encuentran estas mujeres
requiere una intervención que pueda restituir el daño que han sufrido
durante la huida.

El derecho de asilo —y usted lo sabe señor ministro—
es un derecho fundamental, es un derecho humano. Los derechos de las
mujeres, los niños y las niñas también son derechos humanos. Nuestro
país, con un Gobierno socialista al frente, fue referente en legislación
en materia de igualdad y prevención de la violencia de género. Quiero
hacer patria de esto, señor ministro, y quiero que ustedes también hagan
patria de esto, exportando al exterior que nuestro país es un país seguro
para las mujeres y que si deciden venir a España las mujeres refugiadas,
el Estado las protegerá. Pero para eso, señor ministro, tiene que
esforzarse y cumplir las leyes en materia de igualdad.

Señor ministro, su ministerio, el Ministerio de Exteriores, tiene
una supuesta Unidad de Igualdad —y le digo supuesta porque ustedes
mismos no saben dónde encontrarla, ya nos lo dijeron en la Comisión de
Exteriores—. Mi grupo le ofrece la oportunidad, el apoyo para
encontrarla. Porque en esto nos vamos a poner muy serios.

Queremos conocer el programa de actuaciones de la Unidad de
Igualdad de su ministerio, del Ministerio de Exteriores, y también las
personas que trabajan en ello. Pero si es cierto, señor ministro, que
tienen esa supuesta Unidad de Igualdad, ¿por qué no empiezan a trabajar
intervenciones con perspectiva de género con las mujeres refugiadas,
incluso implantándola, por ejemplo, en embajadas españolas en países como
Grecia? Tome nota de esto, señor ministro.

Termino, señor presidente. No están cumpliendo con los compromisos
—es por todos y por todas sabido—. Pero hoy no voy a hablar
de cifras, hoy voy a hablar del compromiso más importante que no cumplen,
y es el compromiso con la igualdad. Tienen la oportunidad de dar
respuesta a miles de mujeres refugiadas que esperan…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora BERJA VEGA: Decía, que esperan una respuesta de su
Gobierno. No se la nieguen.

Muchísimas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Berja.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis
Quecedo): Gracias, señor presidente.

Señora Berja, creo que no nos puede usted acusar de desconocer la
igualdad, tenemos nuestra oficina, pero además es que en el día a día, en
la acción práctica estamos ayudando a las mujeres refugiadas y a las
mujeres en situaciones graves.

España ha contribuido en 2015 y 2016 al llamamiento del Comité
Internacional de la Cruz Roja sobre violencia sexual con 500 000
y 300 000 euros respectivamente. Nos vamos a adherir este año a la
iniciativa Call to Action para la protección contra la violencia de
género en situaciones de emergencia. Se ha financiado, vía la Alianza por
la Solidaridad, en 2015, la protección a las mujeres que han sufrido
violencia de género en Gaza y Palestina. Se ha financiado en 2016 a Acnur
en una intervención para refugiadas sirias con necesidades de servicios
de protección, supervivientes de violencia sexual; y en colaboración con
Acnur estamos preparando un protocolo para la prevención ante el acoso y
la violencia social y de género para su aplicación en los centros
públicos de migraciones —esto en colaboración con el Ministerio de
Empleo y Asuntos Sociales—. Así que, señoría, francamente, creo que
estamos llevando a cabo una política integral. Somos conscientes de que
siempre, siempre hay cosas nuevas que hacer, ese es nuestro objetivo, que
coincide con el suyo.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Jesús Martín Rodríguez. Tiene
la palabra su señoría.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Con su venia, señor presidente.

La verdad es que temo no ser muy elocuente ni convincente visto el
postulado de cómo se manifiesta el señor ministro. Pero, señor ministro,
hace ahora dieciocho meses que España se comprometió a acoger en dos años
a 17 000 refugiados. A seis meses del plazo de vencimiento, digo yo que
no es mucho preguntarse si España ha hecho los esfuerzos a los que se
comprometió para cumplir lo que prometió, y visto el número de acogidos,
que no llega a más del 6 %, la respuesta es obvia: No.

Remitiéndome a la pregunta ya formulada, la pregunta sería: lo que
no ha hecho usted en dieciocho meses, ¿va a ser capaz de hacerlo en
seis?

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín
Rodríguez.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis
Quecedo): Señor Martín Rodríguez, a esta pregunta creo que he contestado
ya bastantes veces, y le voy a seguir diciendo lo mismo, que a usted no
le satisfará. Hicimos unos compromisos que tenían que ver con unas
necesidades en unos momentos concretos y teníamos unas cifras previstas
de refugiados que iban a estar registrados y que iban a llegar a Grecia e
Italia. Si usted ha leído el último informe de la Comisión, el duodécimo
informe de la Comisión sobre la situación de los refugiados en Europa, ya
no hay ese número de refugiados. Por lo tanto, nosotros estamos
convencidos de que, en el tiempo que nos falta, sí, en la proporción que
nos queda, vamos a cumplir con los objetivos que aceptamos.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Martín Rodríguez, tiene la palabra.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, esto es un drama en tres actos. Primer acto: a la
ministra de Empleo y Seguridad Social, a la que el año pasado le ha
sobrado el 50 % de la partida presupuestaria —que ya era
exigua— dedicada a los inmigrantes, la pregunta es: ¿Fue porque se
sobredimensionó el presupuesto, o fue porque le faltaron inmigrantes? La
respuesta de la ministra fue: La llegada de los inmigrantes depende de
los procesos del Ministerio del Interior. Acto segundo del drama, señor
ministro, ministro del Interior: «España va a cumplir sus compromisos.
Somos un país ejemplo y modelo de la acogida de refugiados.» Dieciocho
meses después, España, modelo y ejemplo de acogida de refugiados, solo ha
cumplido el 6 % de los 17 000. Respuesta: «Los procesos son lentos y
complejos diplomáticamente y dependen del Ministerio de Exteriores.»
Tercer acto del drama, señor ministro, hoy el protagonista es usted. Si
sobra presupuesto de un presupuesto exiguo y España es ejemplo y modelo
de acogida, la pregunta es: ¿La culpa es de los refugiados que no querrán
venir o de las organizaciones comunitarias, como dijo usted en una
comparecencia, que no saben hacer bien su trabajo? Respuesta, señor
ministro: No, la culpa es de usted y de este Gobierno. La culpa es de
este Gobierno que ni tiene ni ha tenido en ningún momento intención de
cumplir el compromiso humanitario. (Aplausos). Ustedes han hecho buena la
máxima de Quevedo de que nadie ofrece tanto como el que no va a cumplir.
Bien es cierto... (Risas). A ustedes se les habla de un literato y lo
toman a burla. Así va el país. (Aplausos). Bien es cierto que ese tanto
de Quevedo es muy poco en comparación al éxodo que estamos sufriendo.
Pero, señor ministro, ese poco sería suficiente si España cumpliera.

Mire hágame y permítame una reflexión filosófica: entre el Homo
homini sacra res, de Séneca, y el Homo homini lupus, mi grupo le denuncia
a usted en esta Cámara como representante de un Gobierno hobbesiano, que,
con serena crueldad, deja a los niños muertos en las playas
(Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

Vaya terminando, señoría.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Termino. Dos segundos y apelo a su consideración.

Ayer, en una declaración, la defensora del pueblo, que no es
sospechosa de ser oportunista, dijo que este Gobierno tendría la
obligación —porque es un derecho que asiste a los
refugiados—, pacta sunt servanda, pero, además, que tienen ustedes
una obligación moral.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

El señor MARTÍN RODRÍGUEZ: Y lo demás —y con esto
termino— son, digan ustedes lo que digan, palabras de un cuento
chino con niños varados en los brazos de la última parca. ¡Enhorabuena!
(Aplausos.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martín
Rodríguez.

Señorías, guarden silencio.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis
Quecedo): Muchas gracias, señor presidente.

Señor Martín, usted se puede desahogar todo lo que quiera con
citas literarias, pero la realidad sigue siendo la que es. Y le repito
que el duodécimo informe de la Comisión nos dice que hay 12 400
refugiados identificados en Grecia y unos 4300, en Italia, siempre y
cuando se registren a algunos que aún no han sido registrados. Si usted
quiere, nosotros los podemos traer todos aquí, pero comprenderá que a lo
que nosotros nos hemos comprometido es a una proporción de lo que tenemos
que hacer todos. Y lo estamos haciendo, lo que pasa es que tenemos que
cumplir con esa regla.

Usted me ha hablado aquí de que ha habido tres actos y que la
ministra de Empleo contesta una cosa, el ministro del Interior otra y yo,
una tercera. Yo nunca me he escondido, siempre he respondido, y le digo
lo que hemos estado haciendo desde el principio: primero, trabajar para
que la Unión Europea apruebe unas normas que tengan en cuenta quién
realmente tiene derecho a la protección de los refugiados; segundo,
asegurarnos de que cumplen esos requisitos y esos criterios; y tercero,
trabajar para traerlos, en la medida en que podamos, garantizando, en
todo caso, las condiciones de acogida, porque si hay algo de lo que
estamos orgullosos aquí, en España, es de que los que vienen son
integrados, se sienten a gusto y no salen corriendo hacia otros países.
De manera que en esa línea es en la que vamos seguir trabajando, y
esperamos contar con ustedes, en lugar de con críticas con contribuciones
reales, porque yo creo que en esto tenemos que estar todos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de doña Idoia Villanueva. Tiene la
palabra su señoría.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Gracias. Buenas tardes.

Tras los acontecimientos de las últimas semanas y la grave crisis
política y social que atraviesa Brasil a causa de la gestión de su actual
Administración, ¿piensa el Gobierno de España reconsiderar sus relaciones
bilaterales con el Gobierno de Brasil?

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Villanueva.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis
Quecedo): No, señora Villanueva, no las vamos a reconsiderar, porque,
para nosotros, Brasil es un socio estratégico y porque, a pesar de los
vaivenes políticos y económicos por los que está atravesando, Brasil es
un país en el que las instituciones están trabajando con arreglo a la
democracia, al Estado de derecho y a la separación de poderes. Aunque,
evidentemente, estamos siguiendo con atención y preocupación lo que está
ocurriendo en Brasil, nosotros tratamos de tener la mejor relación
bilateral posible, independientemente del Gobierno que haya en un momento
determinado, con un socio estratégico en América Latina y en la comunidad
atlántica en general.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora Villanueva, tiene la palabra.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Señor ministro, en el mundo global en
el que vivimos, la acción exterior es una política de máxima importancia
tanto para los intereses de nuestra ciudadanía como para el resto de las
poblaciones del mundo. Determina de alguna manera tanto los valores como
los principios que proyectamos hacia el mundo y, al mismo tiempo,
construye también la identidad, la agenda y las oportunidades de nuestro
país.

La política exterior no ha estado a la altura de nuestro pueblo;
se ha ido desdibujando a lo largo de los años. No sigue ningún tipo de
estrategia, meramente sigue la inercia, o incluso ejercemos de chicos de
los recados de Trump o de Merkel. No se evalúan en ningún caso las
consecuencias de cada acción que emprendemos y se sacrifica así la
oportunidad de tener un liderazgo regional por acuerdos comerciales
tácticos.

Rajoy, como presidente, viaja a Brasil a ver al presidente Temer,
un presidente ilegítimo y corrupto al que no ha querido visitar ningún
otro presidente europeo y al que el resto de países latinoamericanos se
ha cuidado mucho de legitimar. Hasta el papa ha rechazado verle en dos
ocasiones.

Desde su llegada al Gobierno, Temer no ha perdido el tiempo y ha
aplicado la austeridad más salvaje, al tiempo que registraban su casa por
corrupción. Hace unas semanas han aparecido grabaciones de Temer
autorizando sobornos a un diputado que está en la cárcel
—casualmente el que inició el golpe institucional contra Dilma
Rousseff—. ¿Qué pretendía Rajoy con este viaje? ¿Crear un G 2 entre
el presidente más corrupto de Latinoamérica y el presidente del partido
más corrupto de Europa? (Aplausos).

La destitución del ministro de Justicia estas semanas es un paso
en la debacle de un Gobierno corrupto e ilegítimo, un Gobierno que
Mariano Rajoy no ha parado de legitimar y apoyar en solitario. Hoy
conocemos cómo el propio fiscal ha pedido procesar por corrupción al
presidente de Brasil. Temer se ha convertido así en el primer presidente
denunciado formalmente por corrupción.

Dice que Brasil es un socio estratégico, pero si no se garantizan
las condiciones mínimas de estabilidad, de gobernabilidad y de confianza
en las instituciones, ningún acuerdo tiene validez.

Dejen de hacernos pasar esta vergüenza, de condenarnos a la
subalternidad y de quemar nuestra imagen y las oportunidades en el
exterior. Ya conocemos bien la política exterior histórica llevada a cabo
por nuestro país y representada por las fotos en las Azores que tantas
pésimas consecuencias nos han traído.

Los acontecimientos de las últimas semanas en Brasil deberían
llevar a su ministerio y al Gobierno a rectificar el rumbo y a reconocer
como ilegítimo a este Gobierno. Es el momento de que este país lleve a
cabo una estrategia política, comercial, económica y social que defienda
los derechos humanos. Pongamos orden en las relaciones internacionales y
dejen de poner a España en la cola del mundo. Dejen de robar las
oportunidades de este país en el exterior.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Villanueva.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis
Quecedo): Gracias, señor presidente.

Señora Villanueva, a diferencia de algún otro país de América
Latina que ustedes conocen bien, en Brasil la justicia funciona. Por lo
tanto, vamos a esperar a ver lo que dice el Tribunal Supremo. Le recuerdo
que el presidente Temer y la entonces presidenta Rousseff fueron
absueltos en su momento por el Tribunal Supremo Electoral. Ese tribunal
reconoció que siguió escrupulosamente las reglas dictadas por el
Tribunal Supremo y que no se vulneró el Estado de derecho cuando se llevó
a cabo el proceso contra la presidenta Rousseff.

Yo ya le he dicho, y lo reitero, que nosotros mantenemos y
mantendremos buenas relaciones con Brasil en cuanto a socios estratégicos
que somos. Somos el segundo inversor extranjero en Brasil y Brasil es el
tercer destino de nuestras inversiones, después del Reino Unido y Estados
Unidos. Nuestras empresas tienen un lugar muy importante en Brasil en
materia de telecomunicaciones, de infraestructuras, de finanzas y de
seguros, y están contribuyendo al proceso de modernización de un país que
es fundamental en Latinoamérica. Pero, además, nuestras relaciones van
más allá de las puramente empresariales. Tenemos un foro España-Brasil,
que reunió el año pasado a muchísimas personalidades, preocupadas por
mantener esas relaciones de sociedad, que van más allá de los gobiernos y
de las empresas. A todos nos interesa una relación con Brasil, con
independencia del color político, que beneficie a todos los ciudadanos
aquí representados, y no solo a los de un grupo político u otro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don José María Cazalis. Tiene la
palabra su señoría.

El señor CAZALIS EIGUREN: Arratsalde on, mahaiburu jauna.

Señorías, a mediados de mayo, el Consejo de Ministros de Asuntos
Exteriores de la Unión Europea aprobó un texto de postura común sobre
Venezuela a propuesta del Estado español. Esta podía haber sido una buena
noticia, especialmente para esta Cámara, pues días antes aprobábamos una
moción que instaba al Gobierno precisamente a liderar la búsqueda de
dicha postura común —por cierto, con una enmienda del Grupo
Vasco—. En cambio, señor ministro, lo que nos quedó en realidad fue
una sensación agridulce. Dulce, porque sí, se había conseguido consensuar
una postura común, pero también agria, porque el texto acordado incluía
algunas afirmaciones que podían ser objeto de interpretaciones confusas e
interesadas. Y así fue. La sensación agridulce se convirtió en una
desagradable sensación agripicante, cuando el 14 de junio, la embajadora
de Venezuela ante la Unión Europea destacaba el buen entendimiento con
gran parte de las instituciones comunitarias. Es más, afirmaba
literalmente —abro comillas—: «Nos acogemos más a las voces
como, por ejemplo, de la vicepresidenta Mogherini, que llama al diálogo,
que llama a la concordia y que ha ofrecido de manera abierta el apoyo de
la Unión Europea para la consolidación de un diálogo constructivo que
genere resultados. Yo creo que esa es la ruta de la constituyente
—decía la embajadora—, y en ese camino seguiremos avanzando.»
Cierro comillas. Ya ve, señor ministro, que nuestros temores se
confirmaron. De paso, la embajadora también calificó lo que sucede en las
calles venezolanas como actos de terrorismo perpetrados por grupos de
combate con una preparación sofisticada —dicho literalmente—
y, además, lo equiparó a la kale borroka. Afirmó que la solución, por
supuesto, pasa por la Asamblea Constituyente de Maduro, o —abro
comillas— «que el desabastecimiento se ha solventado en un 90 % y
el problema no es ahora mismo de carencia tanto como del precio». Cierro
comillas. Gran noticia, sin duda, para quien tenga dinero en Venezuela.
Al día siguiente de que la embajadora interpretara lo decidido por el
Consejo como diálogo constructivo, los colectivos en moto mataban a un
joven universitario de 21 años de un disparo en el rostro. Y siguen
muriendo jóvenes a balazos. La última víctima la hemos visto morir
prácticamente en directo hace escasos días, también por un disparo a
bocajarro: un chaval de 22 años, señorías, una de las 96 personas muertas
desde que comenzara la movilización popular en abril, según el
Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, incluidos adolescentes
de 14, 15 o 16 años, que para la embajadora serían, por supuesto,
miembros de grupos de combate con una preparación sofisticada. 96
personas muertas y miles de heridos —se estima que 30 000—,
miles de detenciones y cientos de encarcelamientos sin ningún tipo de
garantía judicial. ¿No cree, señor ministro, que, visto lo visto, ha
llegado el momento de que la Unión Europea —no de forma bilateral,
la Unión Europea— sea más beligerante, más firme, más resolutiva
ante la sangrienta e indiscriminada represión ante la conculcación
reiterada de los derechos humanos, ante las detenciones y torturas y ante
el drama humanitario que se vive en Venezuela? Nosotros creemos que sí.
Lo dijimos en su día y lo seguimos pensando: solo un esfuerzo conjunto de
la Unión Europea real, valiente y decidido, claramente definido en sus
términos y beligerante con quienes conculcan día sí y día también los
derechos humanos y la democracia en Venezuela, solo así se podrá ayudar a
conseguir algún cambio en ese país. Y, sin duda, debe ser el Estado
español quien lidere y empuje al resto de miembros de la Unión en ese
empeño, tal y como le pidió esta Cámara hace dos meses. De ahí nuestra
pregunta, de ahí que creamos pertinente que nos explique cuál es su
opinión sobre la situación y qué pretende hacer el Gobierno en el futuro
sobre este tema.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cazalis.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN (Dastis
Quecedo): Muchas gracias, señor Cazalis.

Señoría, yo no estoy en desacuerdo con usted. Tenemos que impulsar
en la Unión Europea la presión sobre Venezuela para que acabe la
situación que vive. Pero creo que ya lo venimos haciendo; lo hemos hecho
en último lugar con las conclusiones que usted ha citado y lo vamos a
seguir realizando. Yo hablo constantemente con la alta representante, y
en el Consejo de Asuntos Exteriores tenemos permanentemente ese tema en
mente, y próximamente volveremos a abordar cómo la situación
desgraciadamente está evolucionando y se materializa la creación de la
Asamblea Constituyente, que, créame, hemos condenado y seguimos
condenando de manera resuelta.

Usted ha mencionado a la embajadora de Venezuela en la Unión
Europea: ha dicho que apelaba al diálogo y que la alta representante
también la apoyaba. Nosotros también apoyamos el diálogo, porque creemos
que el futuro de Venezuela tiene que pasar por un acuerdo general entre
todas las partes, pero por un acuerdo que respete la democracia y el
Estado de derecho, y que sea confirmado en unas elecciones generales
mediante el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto; pero la
asamblea constituyente no es la solución; es todo lo contrario. Por eso,
vamos a seguir impulsando a la Unión Europea. Tenemos que ver de qué
manera modulamos el apoyo, porque no queremos endurecer o hacer más
difícil la realidad del pueblo venezolano, que es algo que tenemos que
tener muy en cuenta cuando hay llamamientos a que establezcamos
sanciones. Tenemos que conseguir, y verificar, el consenso de todos los
Estados miembros, porque es imprescindible. Pero no solo trabajamos en la
Unión Europea, también trabajamos en la OEA. Como observadores que somos,
hemos estado presentes en la reciente Asamblea General donde hemos tenido
que lamentar que la proposición presentada por México y apoyada por 20
países no haya tenido la mayoría suficiente. No obstante, hemos dejado
constancia de que estamos dispuestos a trabajar, en la Unión Europea y
con los países de la zona, para acabar de una vez por todas con esa
situación insostenible, para que el resultado no sea otro que la
liberación de los presos, la restauración de la democracia en Venezuela y
el fin de la situación de extrema necesidad humanitaria y de escasez de
alimentos y de medicinas que ahora mismo vive. Por lo tanto, contamos con
usted y puede estar seguro de que remamos en la misma dirección.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Preguntas para el señor Ministro de
Justicia.

Pregunta doña María José López Santana. Tiene la palabra su
señoría.

La señora LÓPEZ SANTANA: Señor ministro, la Dirección General de
los Registros y el Notariado viene exigiendo, para el cambio de nombre de
los menores transexuales, acreditación de un diagnóstico de trastorno de
identidad sexual, edad del interesado igual o superior a 14 años y que el
nombre solicitado sea un nombre neutro, que no induzca a error en la
identificación por estar en clara discordancia con el sexto inscrito. Son
requisitos anacrónicos que patologizan, estigmatizan, discriminan y
vulneran derechos constitucionalmente reconocidos como el libre
desarrollo de la personalidad y la intimidad. La Asamblea Parlamentaria
del Consejo de Europa insta a los Estados a que establezcan
procedimientos rápidos, transparentes y accesibles basados en la
autodeterminación, que permitan a las personas transexuales cambiar el
nombre y el sexo en cualquier documento, con independencia de su edad y
sin diagnóstico de salud mental previo. Y añadimos nosotros: con libertad
para la elección del nombre que la persona decida. Señor ministro, ¿va a
permitir que el cambio de nombre de los menores sea un trámite sencillo,
sin condicionamientos? (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Santana.

Señor ministro de Justicia, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor
presidente.

Señoría, la aplicación del actual marco normativo, cómo se está
interpretando, cómo se está llevando a cabo por la Dirección General de
los Registros y del Notariado en esta materia, en mi opinión pone de
manifiesto que tenemos un régimen jurídico razonable, garantista,
proporcionado, pero también, por otra parte, flexible para conseguir el
resultado que se busca. En cualquier procedimiento administrativo hay
unos requisitos, hay unas reglas, hay unas fases de iniciación, de
tramitación y de finalización y parece lógico, máxime cuando, como usted
muy bien decía, estamos hablando de menores de edad en los que la tutela
de sus intereses se convierte en el objetivo fundamental de este
procedimiento. Eso es lo que hace la Ley del Registro Civil vigente y eso
es lo que hace la doctrina y la práctica de la Dirección General de los
Registros y del Notariado. Usted sabe que el artículo 54 de la Ley del
Registro Civil establece un límite muy razonable: que el cambio de nombre
no induzca a error respecto al sexo de la persona. De ahí que lo que está
haciendo cada día el Registro Civil, en aplicación de estos criterios, es
simplemente rechazar aquellos nombres que designan inequívocamente a
personas de sexo distinto del solicitante. Esa es la práctica, esos son
los casos que se están poniendo de manifiesto.

En el caso particular de las solicitudes de cambio de nombre de
menores transexuales, como les decía antes, tiene que haber un régimen
especial, un régimen de tutela de los menores, por lo que el asunto de la
edad tiene que aparecer. La edad habitual en el derecho civil español, en
el derecho de familia y en el derecho de la persona es de 14 años. Por
eso, en este procedimiento del Registro Civil, también se exige esa edad.
Por lo tanto, señoría, esos requisitos o procedimientos permiten el
cambio de nombre cuando es solicitado por los particulares con unas
mínimas reglas. Los datos que tenemos del Registro Civil de los últimos
años demuestran que esto es lo que está pasando. Los expedientes que se
están produciendo se resuelven en un plazo razonablemente corto,
permitiendo así ese derecho que tienen las personas transexuales a
modificarse el nombre.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senadora López Santana, tiene la palabra.

La señora LÓPEZ SANTANA: Señor ministro, la transexualidad es una
condición, no una elección. Se es transexual, no se decide. Alrededor de
los dos años el ser humano comienza a ser consciente de su identidad
sexual. Las personas transexuales afirman que desde que tienen conciencia
se han reconocido a sí mismas su verdadera identidad sexual, más allá de
un sexo físico con el que no se identificaban. Esta identificación va
acompañada de la voluntad y el derecho de vivir de acuerdo con ella y de
la necesidad de ser reconocida como verdaderamente es por el resto del
mundo. Sin embargo, este derecho se ve limitado cuando las personas no
pueden elegir libremente el nombre con el que quieren ser identificadas,
cuando se posterga el libre desarrollo de la personalidad más allá de
los 14 años o cuando se les trata como enfermos que deben justificar un
presunto trastorno para poder acceder a él.

Esta visión obtusa y obcecada de la legislación española ha
provocado y sigue provocando sufrimiento a muchas personas, en especial a
los menores, que se supone que son un bien supremo a proteger. Las
limitaciones legales al cambio de nombre están generando agravios
comparativos: a unos se les reconoce y a otros no. Ello genera
situaciones de sufrimiento, de angustia o de depresión, que en algunos
casos extremos ha comportado el suicidio. Una sociedad avanzada respeta
la diversidad y no le pone trabas al libre desarrollo de la personalidad
cuando la causa, además, es justa y no hay daños a terceros. La familia,
los compañeros de clase, los centros médicos, los responsables de
actividades deportivas y ocio están normalizando por fin esta realidad.
Nuestra obligación es evitar que algo tan esencial como la rectificación
del nombre registral se convierta en una pesadilla para los menores trans
y sus familias.

La RAE define el nombre propio como «nombre sin rasgos semánticos
inherentes que designan un único ser». Señor ministro, se llama usted
Rafael, y su nombre le identifica. Póngase en la piel de un menor
transexual.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora LÓPEZ SANTANA: Las leyes que no reconocen con normalidad
la transexualidad son leyes transfóbicas que alimentan el caldo de
cultivo ideológico y social de la discriminación, el sectarismo y la
transfobia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López Santana.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias, señor
presidente.

Señoría, estoy totalmente de acuerdo con usted en que las normas
del ordenamiento jurídico deben fomentar el libre desarrollo de la
personalidad y la libre elección, sobre todo en aquellas materias en las
que no existe ningún perjuicio a terceros. Por tanto, estoy totalmente de
acuerdo con ese planteamiento. Ahora bien, cualquier norma que regula un
procedimiento administrativo, en este caso del Registro Civil, debe tener
unos elementos mínimos básicos. Cuando hablamos de menores, la tutela del
interés superior del menor puede requerir en algún caso que existan
informes médicos, pero no para diagnosticar patologías, sino para hacer
una descripción de la realidad o de la situación. En cualquier caso,
señorías, le aseguro que no soy nada dogmático en estas materias y que si
tienen ustedes propuestas de mejora concretas que hacer a la Ley del
Registro Civil, estaremos encantados de recibirlas. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta de don Andrés Gil
García. Señor Gil García, tiene la palabra.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, ¿qué consecuencias tiene para el Gobierno que el
presidente Rajoy sea llamado a declarar sobre una trama de corrupción
como es el proceso de la Gürtel?

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil García.

Señor ministro, tiene la palabra.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias,
presidente.

Señor Gil García, en mi opinión, que el presidente del Gobierno
comparezca en un proceso judicial propio de un Estado de derecho,
sometido a los sistemas jurisdiccionales y de garantías que cualquier
ciudadano debe tener, no tiene ninguna consecuencia. No creo que tenga
ninguna consecuencia porque, como en todo Estado de derecho, ir a
declarar como testigo, cuando un tribunal así lo solicita, es una
obligación ciudadana, y eso es lo que va a hacer el presidente del
Gobierno.

Le recuerdo, señorías, porque usted seguramente lo ha leído
también, que el auto por el que el tribunal declara citar al presidente
del Gobierno a comparecer como testigo dice expresamente que le cita como
ciudadano, no como presidente del Gobierno. Por lo tanto, como un
ciudadano más comparecerá —él mismo lo ha dicho— encantado
para colaborar con la justicia. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Senador Gil García, tiene la palabra.

El señor GIL GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Señor ministro, en cualquier país de nuestro entorno funciona la
independencia de los jueces y la separación de poderes. ¡Faltaría más! Lo
que no ocurre en otros países de nuestro entorno es que un presidente
salpicado por una trama de corrupción como la Gürtel, alguien como el
señor Rajoy, siga de presidente. En cualquier país de la Unión Europea
habría dimitido por la mitad de la mitad. Llámelo usted como quiera,
señor ministro. (Aplausos).

Ustedes hacen gala de la separación de poderes y estas cosas, pero
no solo no han respetado la independencia judicial —al revés, han
acusado a los jueces, a la policía, a los fiscales y han amparado a los
corruptos—, sino que han llegado incluso a obstruir la acción de
los jueces destruyendo a martillazos las pruebas que estos les
requerían.

Señor Catalá, hemos visto huir al señor Rajoy del Senado, de las
preguntas incómodas que le hacían los periodistas, por el garaje. Ahora
ha decidido huir de las preguntas de la oposición, y por eso el señor
Rajoy no está hoy aquí (Aplausos); o es eso o tal vez necesite tiempo
para preparar un relato medianamente verosímil y justificar lo
injustificable ante el juez, ante el que declarará; delante de él dirá
que no sabía nada de la Gürtel, que no sabía nada de la caja B del
Partido Popular o que no sabía nada de los sobresueldos. Tiene que ser
francamente complicado, y no me extraña que le lleve tiempo prepararlo,
señor ministro.

El Gobierno y el partido del que usted forma parte ha sido capaz
de intercambiar sms o wasaps, señor ministro, con delincuentes; de
repartirse sobresueldos, de financiar en negro sus campañas, de cobrar
comisiones por adjudicaciones de obra pública, de pagar bodas,
cumpleaños, fiestas, viajes, coches de lujo y toneladas de confetis,
señor ministro. (Un señor senador del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado: ¡Por favor!). Por eso, los españoles no confían en ustedes para
acabar con la corrupción, porque ustedes, señor ministro, son la
corrupción. (Aplausos.— Rumores). Es simple; es muy simple.
(Rumores). Calma. Es muy simple: más de 800 imputados de su partido y una
treintena de sumarios abiertos contra el Partido Popular. Es muy sencillo
de entender. (Rumores). Señorías, calma.

El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio.

El señor GIL GARCÍA: España está necesitando un cambio de
Gobierno. Es insostenible un Gobierno con un presidente bajo sospechas,
señor ministro, y es insostenible un Gobierno con ministros reprobados
como es su caso. Es absolutamente insostenible.

Señor Catalá, y voy terminando, hace poco los españoles han visto
desfilar ante la audiencia nacional a la cúpula del PP de Aznar, por
cierto, con el señor Arenas, aquí ausente, a la cabeza. Al paso que van y
con lo que vamos sabiendo, gracias a los medios de comunicación y a los
jueces, es posible que pronto veamos desfilar a la cúpula del señor Rajoy
por delante de un juez...

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GIL GARCÍA: ... porque quizá, y termino, señor
presidente, la próxima mayoría del Partido Popular no va a ser en el
Senado, la próxima mayoría del Partido Popular puede que sea en Soto del
Real y no precisamente en su ayuntamiento. (Una señora senadora del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: Vosotros también.—
Aplausos.—Rumores).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gil García.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio. (Continúan los rumores).

Por favor, guarden silencio.

Señor ministro, tiene la palabra. (Continúan los rumores).

Guarden silencio.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias,
presidente.

Señoría, buen debut. Parece que tiene usted instrucciones.
(Aplausos). Ya vemos qué es lo que le interesa al Partido Socialista,
cuál es el tema que le preocupa, de todos los que en España hoy son
noticia. Pero, fíjese, ayer hizo un año de la celebración de las últimas
elecciones; hizo un año del momento en el que los españoles otorgaron su
confianza al Partido Popular, que es el que está aquí con mayoría
absoluta. (Aplausos). Si usted quiere que compitamos en la balanza de la
justicia, que contabilicemos cuántos imputados tiene el Partido
Socialista o cuántos millones de euros de dinero público ha defraudado el
Partido Socialista, lo hacemos, aunque no sé para qué serviría, señoría.
(Aplausos).

El señor Rajoy va a comparecer como testigo porque lo ha pedido
una asociación creada y dirigida por personas que militan en el Partido
Socialista. (Aplausos.— Protestas). Primero piden que comparezca el
presidente del Gobierno y cuando comparece, se escandalizan. Un poco más
de coherencia, ¿no? ¡A ver en qué quedamos! Lo han pedido ustedes,
militantes socialistas, los jueces lo han concedido, y ahora preguntan
qué consecuencias va a tener. Pues ninguna, como no tuvo tampoco
consecuencias que compareciera como testigo Felipe González en el caso de
los GAL o, anteriormente, el presidente Suárez. Comparecer como testigo,
señoría —no confundan las palabras—, no tiene nada que ver
con ninguna responsabilidad penal. Ya ustedes confunden habitualmente la
presunción de inocencia, pero atribuirle presunción de culpabilidad a un
testigo, ya es el colmo. (Aplausos).

En todo caso, señoría, le aseguro que el Partido Popular
tiene 800 000 militantes, personas honestas, trabajadoras —como,
seguramente, muchas de las que militan en el Partido Socialista—,
así que yo le agradecería que no faltase al respeto y a la dignidad de
tantas y tantas personas que trabajan cada día. (Aplausos). Y, como en
España hay tribunales independientes, porque lo que no hay son tribunales
de la inquisición, no creo que ustedes vayan a mandar a Soto del Real a
nadie, salvo que ustedes sean jueces, y se nos haya olvidado, en esta
democracia que, por suerte para todos, garantiza y respeta los derechos
de todos los ciudadanos, y, por supuesto, también de todos los militantes
del Partido Popular.

Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos de señoras y
señores senadores puestos en pie.— Un señor senador del Grupo
Parlamentario Popular en el Senado: ¡Bravo!)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio.

El señor PRESIDENTE: Pregunta de don Antonio Rodríguez Esquerdo.
Tiene la palabra su señoría.

El señor RODRÍGUEZ ESQUERDO: Muchas gracias, señor
presidente.

Doy por reproducida la pregunta.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez
Esquerdo.

Tiene la palabra el señor ministro.

El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Catalá Polo): Gracias,
presidente.

Señoría, yo creo que cualquier fiscal general del Estado,
cualquier miembro del Gobierno de España, el ministro de Justicia, sea
quien sea la persona, lo que hace es trabajar por el interés general, por
el Estado de Derecho. Por lo tanto, me parece que siempre van a estar
comprometidos en la lucha contra la corrupción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Esquerdo.