El señor presidente da lectura a los puntos 4. y 4.1.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado cuatro
enmiendas: tres del Grupo Parlamentario Mixto —una a iniciativa de
los senadores Navarrete y Mulet, otra, a iniciativa del senador Cleries,
y otra a iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—, y
una del Grupo Parlamentario Socialista.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario Popular
en el Senado, tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días.

Me corresponde la presentación de la moción del Grupo
Parlamentario Popular que hoy debatimos en la que se insta al Gobierno a
seguir salvaguardando los derechos y las libertades de todos los
ciudadanos, articulando todas las medidas necesarias para permitir una
más impecable y correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de
protección de la seguridad ciudadana.

En definitiva, lo que pretende el Grupo Parlamentario Popular es
instar a mejorar lo que ya poseemos en materia de seguridad ciudadana y,
sobre la base del diálogo, enriquecerlo y perfeccionarlo, y con ello,
seguir ampliando y garantizando derechos y libertades de los ciudadanos.
Consideramos que mejorando la seguridad ciudadana se protege mejor a las
personas y a los bienes públicos y privados y se mantiene el orden
público. Estas son y han sido las prioridades del Gobierno del Partido
Popular, que coinciden con lo que se pide en esta moción: mejorar y
avanzar en esta materia. Lo que queremos con esta moción tiene hoy mayor
importancia, dado el actual entorno de la seguridad, que hemos visto
amenazado con los acontecimientos ocurridos en los últimos días.

Señorías, haciendo un poco de historia de lo que ha sido la Ley de
seguridad ciudadana de 2015, objeto de esta moción, hay que manifestar
que, cuando se aprobó venía a sustituir otra ley de 1992 que se había
visto desbordada y que necesitaba una revisión profunda por diversas
razones, entre otras, por las exigencias sociales que reclamaban una
mayor seguridad para favorecer una mejor protección de las libertades.
Pero también se hizo para dar una mejor cobertura y seguridad y un
adecuado marco jurídico a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del
Estado: autonómicos, del Estado y policías locales, a cada uno en el
ámbito de sus competencias.

Con la ley se podría cumplir con mayor eficacia el mandato que, de
manera expresa, transmite la Constitución en su artículo 104, que dice
que las fuerzas y cuerpos de seguridad tendrán como misión proteger el
libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana. Esta era la realidad que se planteaba y que se abordó y
pretendió resolver con esta ley. Y la ley se aprobó deslindando
perfectamente el campo de los derechos de los ciudadanos, muy en especial
el relativo al derecho de reunión y manifestación para alejarlo de los
hechos vandálicos y de las conductas violentas de algunos reventadores de
esas manifestaciones, y se mejoró la tipificación de las infracciones con
definiciones precisas para contribuir con ello a mejorar la seguridad
jurídica y poder reducir el margen de discrecionalidad en la imposición
de sanciones.

Por tanto, esta ley no trataba de sancionar más, sino de sancionar
mejor y, por consiguiente, con mayor garantía para el ciudadano. Y se
creyó que se acercaba a la realidad social, ya que abordaba las nuevas
formas que amenazaban la seguridad y con ello se iba a dar tranquilidad a
los ciudadanos ante las demandas sociales que había en los años pasados,
y se hizo salvaguardando la compleja relación que siempre existe y sobre
la que siempre se ha debatido y discutido, la relación entre libertad y
seguridad en una sociedad democrática tan avanzada como la nuestra. Lo
que se precisaba, y era lo importante, fue la necesidad de disponer de
una legislación actualizada en materia de seguridad ciudadana, no solo
demandada —reitero— por amplios sectores de la sociedad y
también por las fuerzas y cuerpos de seguridad, sino que también era una
exigencia que provenía del ámbito supranacional, puesto que el concepto
de seguridad ciudadana trasciende claramente las fronteras de los
Estados.

A pesar de las críticas vertidas sobre esta ley, hay que
manifestar que es una ley profundamente garantista que protege las
libertades públicas, estableciendo una regulación más precisa de las
potestades de intervención policial en el ámbito de la seguridad. Frente
a algunas afirmaciones que hemos escuchado, sobre todo a lo largo del
último año, hay que decir que esta ley no restringe el ejercicio de
ningún derecho, ni modifica en modo alguno la Ley Orgánica reguladora del
derecho de reunión, más bien al contrario, ya que lo protege y se
sanciona por primera vez a quienes perturban una manifestación con actos
violentos o coactivos.

Quisiera hacer una valoración, después de un año de vigencia de la
ley y de su aplicación, y darles algunos datos que ponen de manifiesto
sus efectos positivos. Fíjense que desde la entrada en vigor de la Ley
Orgánica de protección de la seguridad ciudadana se han
cursado 372 000 denuncias, aunque la mayor parte de ellas no se
convertirán en sanciones. Pero lo más destacable es que el 77,42 % de las
denuncias tienen que ver con materias relacionadas con las drogas
—se fundamentan en el artículo 36.16, es decir, consumo o tenencia
ilícita de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias
psicotrópicas— y otro 7,95 %, es decir el 8 % de las denuncias, se
refiere y se fundamenta en el artículo 36.10, seguridad ciudadana: portar
o exhibir o usar armas prohibidas, así como portar, exhibir o usar armas
de modo negligente temerario o intimidatorio. Es decir, que nueve de cada
diez de las denuncias han tenido que ver con la droga, con las armas, con
las amenazas a la seguridad y no con otras cuestiones que tuvieran que
ver con las libertades.

El resto de las denuncias son porcentualmente muy poco
significativas, y más en concreto en una cuestión que preocupa y de la
que se ha hablado mucho: las manifestaciones no comunicadas,
artículo 37.1. Sobre este asunto hay que decir que se han cursado 95
denuncias, lo que representa el 0,017 % del total, y de estas denuncias
solo ha habido once relativas a negativa de disolución de la
manifestación; y en lo que corresponde a manifestaciones ante el
Congreso, el Senado o asambleas legislativas de comunidades autónomas en
las que haya habido perturbaciones graves de la seguridad ciudadana, se
han registrado únicamente cuatro denuncias hasta agosto de 2016.

Señorías, esto demuestra lo irrelevantes en número que han sido
estas denuncias que afectaban a la libertad de reunión y de las que tanto
se ha escrito. Por lo tanto, con estos datos se ha venido a callar y no
dar la razón a los críticos con esta ley, que, como consecuencia, se
quedan con un discurso vacío y sin contenido que difícilmente tiene que
ver con los calificativos que le han dado a esta ley.

Esta es la realidad, esta ley es la única herramienta de la que
disponen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer frente,
en vía administrativa, a la trasgresión de las normas. Tenemos que
reconocer la dificultad del trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado y el esfuerzo que están desplegando estos profesionales en la
prevención y lucha contra actos que afectan a la seguridad.

Con esta moción instamos al Gobierno a articular todas las medidas
que permitan una más impecable y mejor aplicación de esta ley que,
reitero, pretende garantizar una mayor seguridad sin restringir ni
derechos ni libertades. Con estos objetivos, ofrecemos igualmente
diálogo, y esto no lo dice el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
es lo que manifestó el actual ministro del Interior recientemente en el
Congreso de los Diputados cuando ofreció acuerdos y diálogo y negociar
una auténtica política de Estado en la que incluía mejorar esta ley.
Nosotros creemos que tendiendo puentes y con diálogo avanzaremos en
propuestas razonables que profundicen en la salvaguarda de la sociedad y,
como consecuencia, en la protección de derechos y libertades. Les aseguro
que queremos construir y hacer aportaciones para solucionar problemas que
mejoren la interpretación y aplicación de la ley, desde luego no queremos
generar más problemas como pretenden otros. Esto es lo que ofrecemos en
la moción que hoy sometemos a su consideración, que no es otra cuestión,
repito, que seguir avanzando en la defensa de la seguridad, de los
derechos y libertades y mejorar con la aplicación de esta Ley de
seguridad ciudadana, por eso les pedimos su voto favorable.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la senadora Abad.

La señora ABAD GIRALT: Buenos días. Gracias, presidente. El grup
del PDeCat, per coherència amb el nostre posicionament, tant a la
Comissió d’Interior del Congrés com ara aquí al Senat, hem
presentat una esmena de derogació de la llei perquè, entre altres motius,
entenem que l’actual llei no s’aplica amb les garanties i els
principis del procediment sancionador i, a més a més, cal tenir en compte
que tots els instruments jurídics s’han d’aplicar amb el
màxim respecte als drets fonamentals i a les garanties dels
ciutadans.

Per tant, evidentment, com que això no es produeix en aquesta
moció, nosaltres hem presentat una esmena de modificació en aquest
sentit.

Moltes gràcies.

El Grupo PDeCat, por coherencia con nuestro posicionamiento, tanto
en la Comisión de Interior del Congreso como ahora en el Senado, ha
presentado una enmienda de derogación de la ley, puesto que, entre otros
motivos, entendemos que la actual ley no se aplica de acuerdo con las
garantías y los principios del procedimiento sancionador, y además debe
tenerse en cuenta que todos los instrumentos jurídicos deben aplicarse
con el máximo respeto a los derechos fundamentales y a las garantías de
los ciudadanos.

Por lo tanto, evidentemente, dado que esto no se produce en esta
moción, nosotros hemos presentado una enmienda de modificación en este
sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Tiene la palabra, para la defensa de su enmienda, el senador
Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Señorías, los senadores de Ciudadanos hemos presentado una
enmienda de supresión en la parte resolutiva de la moción del Grupo
Parlamentario Popular.

Creo que es la primera vez que una moción insta al Gobierno a
cumplir una ley vigente. Señorías, en un Estado de derecho las leyes
aprobadas y en vigor se cumplen y punto. Entonces, señores del Grupo
Popular, ¿por qué esta moción? ¿No tendrá que ver con que recientemente
el Congreso de los Diputados dio luz verde a la derogación de la Ley de
protección de la seguridad ciudadana? Si es así, señorías del Grupo
Popular, es una mala praxis política. Respetemos las leyes, respetemos a
los ciudadanos y respetemos a esta Cámara.

La posición de Ciudadanos, con respecto a la Ley de protección de
la seguridad ciudadana, es muy clara. Nosotros no somos partidarios de
derogar la ley, somos partidarios de reformarla, con el fin de conseguir
la mejora del marco normativo. Debemos proteger el libre ejercicio de los
derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad de los
ciudadanos, y queremos hacerlo con el mayor consenso posible de todas las
fuerzas parlamentarias. Esta es nuestra posición, señorías, la misma que
acordamos con el Partido Popular no hace mucho tiempo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.

Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el senador
Navarrete.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, president.

Senyors del PP, en algun plenari anterior ací al Senat, jo mateix
els felicitava perquè semblava que s’havien incorporat a la nova
política, la del diàleg, la del consens i la del pacte. Però, oh,
sorpresa!, ens vam assabentar d’aquesta moció. Primer vaig pensar
que havia llegit malament, però no, la vaig tornar a llegir. Demanaven el
recolzament del Senat a la «Ley mordaza»? Quina barra!, vindre a demanar
això quan aquesta llei ha aconseguit el gran consens de tots els actors
implicats, de les forces polítiques, però el gran consens en contra.
També han aconseguit ficar d’acord a totes les forces polítiques
per demanar la seua inconstitucionalitat al Tribunal Constitucional i
fer-la derogar quan hi haja canvi de Govern.

La «Ley mordaza» ha de ser derogada. Aquesta llei de fet és un
atemptat als drets i a les llibertats democràtiques i és una legalització
de devolucions en calent. La Llei de la seguretat ciutadana ha significat
la reforma regressiva i amb el redactat paral·lel de la reforma del Codi
Penal, va vindre a canviar la consideració de la majoria
d’infraccions penals. Aquesta llei situava la seguretat ciutadana
en un concepte d’ordre públic paregut al de moltes dictadures, molt
allunyat d’una concepció democràtica i constitucional. No en va el
Consell d’Europa va qualificar altament problemàtica i dubtava que
aquestes restriccions foren necessàries per a la seguretat democràtica,
quan el que deuria fer és vetllar i no interferir en la llibertat.

La seguretat ciutadana ha d’estar al servei de les
llibertats públiques i no coartar-les, i la democràcia al servei de la
participació i de la llibertat d’expressió, per tant cal derogar
aquesta llei. Senyors del PP, els instem a que tornen als camins del
consens i no al ranci enfrontament. No vinguen ací a fer del Senat una
Cambra d’enfrontament amb el Congrés.

Gràcies.

Gracias, presidente.

Señores del PP, en algún Pleno anterior en el Senado yo les
felicitaba porque parecía que se habían incorporado a la política del
diálogo, del consenso y del pacto, pero, ¡oh sorpresa!, cuando me enteré
de esta moción, primero, pensé que la había leído mal, pero no, la volví
a leer y vi que pedían el apoyo del Senado a la Ley mordaza. ¡Qué morro!,
venir a pedir esto cuando esta ley ha conseguido el consenso de todos los
actores implicados, eso sí, un gran consenso en contra. También han
conseguido poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas para pedir su
inconstitucionalidad y derogarla cuando haya un cambio de Gobierno.

La Ley mordaza tiene que ser derogada, es un atentado a los
derechos y libertades democráticas y supone la legalización de las
devoluciones en caliente. La Ley de seguridad ciudadana significa una
reforma regresiva. Con el redactado paralelo de la reforma del Código
penal cambió la consideración de la mayoría de infracciones penales. Esta
ley situaba la seguridad ciudadana al estilo de muchas dictaduras, algo
muy alejado de una Constitución democrática. No en vano, el Consejo de
Europa la calificó de altamente problemática y dudaba que estas
restricciones fueran necesarias para la seguridad democrática. Lo que
debería hacer es velar y no interferir en la libertad.

La seguridad ciudadana tiene que estar al servicio de las
libertades públicas, no coartarlas, y la democracia, al servicio de la
participación y de la libertad de expresión. Por tanto, hay que derogar
esta ley. Señores del PP, les instamos a que vuelvan al camino del
consenso y no al del rancio enfrentamiento. No vengan aquí a hacer del
Senado una Cámara de enfrentamiento con el Congreso.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el senador González Cabaña.

El señor GONZÁLEZ CABAÑA: Gracias, señor presidente.

Señorías, esta moción del Grupo Popular solamente puede entenderse
de dos maneras: o bien es un intento ciertamente melancólico de homenaje
al padre de la Ley mordaza, el señor Fernández Díaz, o es una clara
obstrucción a lo manifestado por el actual ministro de Interior sobre las
posibilidades de modificar la Ley mordaza.

El ministro lo ha manifestado en el Congreso —se refería a
ello el portavoz del Partido Popular— en una interpelación de mi
grupo el pasado mes de noviembre. También la semana pasada, aquí, en la
sesión de control y en respuesta a una pregunta mía, afirmaba la
posibilidad de cambios en la ley. Por último, ayer aparecía publicado en
un periódico de tirada nacional un pedazo de titular, como decimos en mi
tierra: Cambios en la Ley mordaza, el Gobierno dispuesto a modificar los
aspectos más polémicos de la Ley de seguridad ciudadana. Una proposición
de ley del PSOE ha hecho posible que pueda ser derogada.

Afirman ustedes en la exposición de motivos que la Ley 4/2015
nació para fortalecer las libertades. Nada más alejado de la realidad. La
ley solo ha servido para debilitar esas libertades públicas. Igualmente
afirman en esa exposición de motivos que no coarta el ejercicio de
libertades y derechos fundamentales cuando es bien conocido el rosario de
hechos y acontecimientos que vienen a confirmar que eso no ha sido así.
Por lo tanto, su pretendida mejora de la seguridad jurídica ha quedado
reducida a papel mojado por la fuerza de los hechos; se ha cambiado la
tutela judicial efectiva de nuestros derechos y libertades por la
arbitrariedad de los responsables gubernativos.

No se trata, como ustedes pretenden, de sancionar mejor, sino de
garantizar una seguridad más libre y un mayor respeto de los derechos
fundamentales de la ciudadanía. Somos millones de españoles, aquellos que
sustentamos la mayoría parlamentaria actual en el Congreso, los que no
queremos que el Gobierno del Partido Popular nos siga salvaguardando de
este modo, reduciendo de manera drástica el ámbito de nuestros derechos y
de nuestras libertades.

Con la propuesta de acuerdo que ustedes nos presentan, al pedir la
correcta aplicación de la Ley 4/2015, insisten en situarnos ante la
falacia del nirvana, eso que formulaba Voltaire en su tiempo y que viene
a afirmar que lo mejor es enemigo de lo bueno. Ustedes parten de un error
lógico, de comparar cosas reales con cosas irreales o alternativas
idealizadas. Pero nosotros queremos bajarles de esa falacia. Para ello
proponemos una enmienda de sustitución de su propuesta de acuerdo, en
coherencia con el recurso que en su día, tras la aprobación de la ley,
presentamos ante el Tribunal Constitucional.

Les instamos, en nombre de la mayoría parlamentaria reflejada
sobre este tema en el Congreso de los Diputados, a derogar la Ley mordaza
y al mismo tiempo a promover una nueva normativa legal más respetuosa con
nuestros derechos y libertades fundamentales; una normativa que asegure
de manera real y efectiva más garantías y, también, más proporcionalidad
en las sanciones a aquellas conductas que realmente atenten contra la
seguridad ciudadana. Nuestra enmienda refleja el espíritu de la
proposición de ley registrada en el Congreso el pasado día 1 de diciembre
por nuestro grupo parlamentario, tanto en el sentido de derogar la ley
como en el de modificar aquello que ya la ley actual modificaba en
relación con la Ley de extranjería para permitir las devoluciones de
inmigrantes en caliente en Ceuta y Melilla.

Señorías del Grupo Popular, habemus Gobierno, ya tenemos Gobierno.
No sigan con la vieja estrategia de querer ganar en los despachos del
Senado lo que democráticamente han perdido en el terreno de juego del
Congreso. No sean ustedes más papistas que el papa. Asuman la imperiosa
necesidad de modificar la Ley 4/2015. Acepten nuestra enmienda. Liquiden
su deuda con la democracia en materia de protección de la seguridad
ciudadana. Sean conscientes de que los esfuerzos inútiles solo conducen a
la melancolía.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador González Cabaña.

Tiene la palabra el senador Pérez Lapazarán para indicar si acepta
o no las enmiendas.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la presentación de estas
enmiendas a la moción, que veo que ha tenido una buena acogida.

Respecto al Grupo Mixto, Compromís pide derogar la ley y paralizar
sanciones. Señorías, con la presentación de esta moción, no estamos por
derogar esta ley ni, por supuesto, por paralizar sanciones. Creemos que
las sanciones llevan otra vía. En cuanto a que si la ley es
antidemocrática, procuraré contestarle al final.

Por su parte, Ciudadanos pide la supresión del texto. Es evidente
que si suprimimos el texto no tenemos moción y, por lo tanto, no vamos a
votar. Nosotros creemos en la moción y la respaldamos, como respaldamos
al Gobierno y a la ley. Por lo tanto, no les vamos a admitir su
enmienda.

El Partido Demócrata Catalán, también del Grupo Mixto, pide
derogar aquellos artículos de la ley que atentan contra los derechos y
libertades fundamentales. Nosotros creemos que esta ley es
constitucional, que se respetan los derechos y las libertades, más aún
cuando el propio Consejo de Estado en su informe vino a decir —y
leo textualmente—: ... entre los valores de libertad y seguridad,
cuestión que a juicio del Consejo merece una respuesta positiva. Es
decir, nosotros creemos que sí es constitucional y que se respetan
derechos y libertades, por lo que no vamos a admitirles esta enmienda,
pues creemos que implícitamente está contenida en la propia ley. Quiero
recordarle al Partido Demócrata Catalán la moción que presentaron en el
Congreso de los Diputados en el año 2012, en la que precisamente pedían
la modificación de la ley del 92 en el sentido de ofrecer una mejor
respuesta a los supuestos de violencia urbana y actualizar el catálogo de
infracciones. Es decir, nosotros hicimos lo que ustedes nos pidieron en
el año 2012 en el Congreso de los Diputados.

Luego está la enmienda de derogación del Grupo Socialista, en la
que piden derogar y promover una normativa más respetuosa con los
derechos y libertades fundamentales previstos en la Constitución. Es
ilógico que presenten ustedes una enmienda de derogación cuando fueron
los autores de la ley de 1992, ley de patada en la puerta, ley
inconstitucional. Cuando están en la oposición presentan este tipo de
iniciativas y cuando están en el Gobierno hacen todo lo contrario. En
definitiva, he ahí el contraste en un partido que en estos momentos, a mi
juicio, deriva en un camino bastante peligroso como es el de aproximarse
a los populismos y al mundo de la extrema izquierda. Yo les pediría que
volvieran al diálogo, a consensuar una política de Estado en materia de
seguridad. Hagan menos demagogia y súmense al diálogo, súmense a esta
política con el Partido Popular porque esto es lo que procede en estos
momentos.

Para contestar al senador del Grupo Mixto, que hablaba de que era
una ley antidemocrática, he de decir que no lo es, es una ley que admitió
ochenta enmiendas en su proceso de tramitación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Termino.

También quiero que sepa que una ley que asumió las recomendaciones
del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del
Consejo de la Abogacía, de la Fiscalía, de Amnistía Internacional, de
Greenpeace, de la Agencia de Protección de Datos o del Consejo Fiscal, se
supone que es democrática; en ese sentido, se tuvieron en cuenta muchas
de las recomendaciones que se hicieron en aquel momento.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Abad.

La señora ABAD GIRALT: Gràcies, president.

És una tradició, certament, sempre parlar del binomi seguretat i
llibertat. Certament, el nostre posicionament sempre ha estat garantir la
llibertat dels nostres ciutadans i, per a això, cal tenir en compte que
la regulació d’aquesta matèria, la de la seguretat, sempre ha de
garantir, en primera instància, la llibertat dels nostres ciutadans i les
llibertats públiques. Certament, com ha comentat el senador del Partit
Popular, el nostre grup parlamentari el 2012 sí que va demanar una
modificació d’aquesta llei, atès que estàvem parlant d’una
llei de 1992. Evidentment aquesta llei havia de garantir, en primera i
única instància, com he dit anteriorment, una seguretat, però encaminada
a garantir la llibertat i els drets fonamentals de les persones, cosa que
la llei actual no fa, i és per això que en el nostre cas hem presentat,
com bé s’ha dit, una esmena de modificació d’aquesta
llei.

D’altra banda, també cal tenir en compte que el cos de
Mossos d’Esquadra, és a dir, la policia de Catalunya, al llarg
d’aquests anys, des de 1992 fins a data d’avui, ha adquirit
experiències i coneixements que també s’han de tenir en compte per
un tema de congruència, oportunitat i proporcionalitat, que
l’actual llei tampoc fa.

Queda dir, a més, que l’actual llei, aquesta actual Llei
orgànica de protecció de la seguretat ciutadana, si bé és veritat que
amplia el catàleg d’infraccions, com va demanar el nostre grup en
el seu moment, aquest catàleg s’ha d’aplicar, insisteixo, amb
garanties i els principis de procediment sancionador i, en cap cas, mai
aquests principis de procediment sancionador poden atemptar contra els
drets fonamentals de les persones. Per això, nosaltres entenem que,
malauradament, l’actual llei no ho fa i veiem, també malauradament,
que aquesta moció és más de lo mismo, amb la qual cosa nosaltres votarem,
insistim, en contra d’aquesta moció.

Moltes gràcies.

Gracias, presidente.

Es una tradición, es verdad, hablar siempre del binomio seguridad
y libertad. Es cierto que nuestro posicionamiento siempre ha sido
garantizar la libertad de nuestros ciudadanos y, por ello, debemos tener
en cuenta que la regulación de esta materia, la seguridad, siempre debe
garantizar en primera instancia la libertad de nuestros ciudadanos y las
libertades públicas. También es cierto, como ha comentado el senador del
Partido Popular, que nuestro grupo parlamentario, en 2012, solicitó una
modificación de esta ley, dado que estábamos hablando de una ley de 1992.
Evidentemente, esa ley debía garantizar en primera y única instancia,
como ya he dicho anteriormente, una seguridad encauzada a garantizar la
libertad y los derechos fundamentales de las personas, algo que la ley
actual no cumple y, por ello, nosotros hemos presentado, como ya se ha
dicho, una enmienda de modificación de esta ley.

Por otro lado, debemos tener en cuenta que el cuerpo de Mossos
d’Esquadra, la policía de Cataluña, a lo largo de estos años,
desde 1992 hasta hoy, ha adquirido experiencias y conocimientos que
también deben tenerse en cuenta por congruencia, oportunidad y
proporcionalidad, algo que la actual ley tampoco cumple.

¿Qué más podemos decir? La actual Ley de protección de los
derechos y la seguridad ciudadana amplía el catálogo de infracciones,
como solicitó nuestro grupo en su día. Pero este catálogo debe aplicarse,
insisto, de acuerdo con las garantías y los principios del procedimiento
sancionador y, en ningún caso, estos principios pueden atentar contra los
derechos fundamentales de las personas. Nosotros entendemos que,
desagraciadamente, la actual ley no lo cumple. Vemos que esta moción es
más de lo mismo y por este motivo vamos a votarla en contra.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Abad.

Senadora Julios, tiene la palabra.

La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.

Hoy discutimos una moción que pretende que apoyemos una ley que no
tuvo diálogo, nació sin consenso y generó el rechazo de una gran parte de
las fuerzas políticas y, también, de la sociedad. Significó un gran
retroceso en las libertades y en los derechos esenciales individuales y
colectivos y utilizó, como suele hacer una determinada ideología cuando
pretende recortar derechos, un falso dilema: decirle a la sociedad que
tiene que escoger entre seguridad y libertad, y eso no es cierto; hay
otras opciones para no tener que escoger entre seguridad y libertad.

Pero permítanme, señorías, que haga una reflexión. Coalición
Canaria votó en contra de la llamada Ley mordaza en su momento y no me
voy a extender ahora en ese tema, pero sí quiero plantear una cuestión.
¿Por qué se trae hoy esta moción de apoyo a esta ley? Porque es producto
de la reacción del Grupo Popular a un debate y a una votación que
perdieron en el Congreso de los Diputados, donde se decidió que había que
derogar esta ley. Habría que cumplir con esa decisión democráticamente
tomada en el Congreso de los Diputados.

Y, señorías, me preocupa sinceramente —en el sentido de cuál
va a ser el papel del Senado en esta legislatura— que el Grupo
Popular tenga la tentación de utilizar el Senado, no ya como Cámara de
segunda lectura, sino como Cámara de confrontación de las decisiones que
democráticamente se tomen en el Congreso de los Diputados y pretenda
ganar aquí las votaciones que allí pierde. Señorías, utilizar al Senado
como una Cámara para vetar las decisiones que se tomen en el Congreso de
los Diputados es herir de muerte la imagen del Senado ante la ciudadanía.
Evitemos ese error, señorías. No a esta ley. Es necesario que se derogue;
y, desde luego, volveremos a estar perdiendo una importante oportunidad
si no damos contenido al Senado, si no lo convertimos en una verdadera
Cámara territorial, algo que necesita ahora más que nunca, y volvemos a
generar aquí debates estériles, como el que hoy nos ha traído el Partido
Popular. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Julios.

¿Alguien más desea intervenir por el Grupo Mixto? (El señor
Iñarritu García pide la palabra).

Senador Iñarritu, tiene la palabra.

El señor IÑARRITU GARCÍA: Presidente jauna, jaun-andreok, mozal
legea indarrean sartu baino lehen, alarma guztiak piztu ziren, eta ez EH
Bilduk esaten zuelako; Nazio Batuek, OSCEek eta Europako Kontseiluek esan
zuten lege hori arriskutsua zela. Eta egia esan, lege hori aurreikusten
zena baino txarragoa izan da. Isunak jarri dira behin eta berriro, eta ez
Pérez Lapazarán jaunak esaten zuen moduan, drogengatik, edo armengatik,
baizik eta manifestazioetan egoteagatik Euskal Herrian. Milaka eta milaka
isun jarri dira; milaka. Gainera, batzuk, legalak. Eta gainera,
kazetariak zigortu dituzte beren lanean aritzeagatik.

Atzo, barne ministroak esan zuen ganbera honetan Euskal Herrian
garai berrietan bizi garela, askoz hobeto bizi garela, eta egia da. Eta
horretaz hitz egingo dugu. Baina zergatik jartzen dira isunak
manifestazioetan parte hartzeagatik? Bada, lege hau libertizida delako.
Eta horregatik, Nafarroako Parlamentuak eskatu zuen moduan, eta Gasteizko
Legebiltzarrak eskatu zuen moduan, lege hau bertan behera uztea eskatzen
dugu. Eta ez bakarrik hori, Kongresuan ere gauza bera eskatu dute. Lege
hau ez dugu nahi Euskal Herrian, baina ez dute nahi Espainian ere.
Horregatik, EH Bilduk mozio honen aurka bozkatuko du.

Eskerrik asko presidente jauna.

Señor presidente, señorías, antes de que entrara en vigor la Ley
mordaza se despertaron todas las alarmas, y no porque lo dijera EH Bildu,
sino porque incluso a nivel europeo se decía que esta ley era peligrosa.
Y la verdad es que esta ley es peor de lo que se preveía. Se han puesto
multas una y otra vez, no, como decía el señor Pérez Lapazarán, por
drogas o por armas, sino incluso por participar en manifestaciones en
Euskal Herria, además, algunas han sido legales. Se han puesto miles de
multas. Incluso se ha castigado a los periodistas por realizar su
trabajo.

Ayer, el ministro del Interior decía en esta Cámara que en Euskal
Herria vivimos en una época nueva, que vivimos mucho mejor. Es cierto, ya
hablaremos de eso. Pero ¿por qué se ponen multas por participar en
manifestaciones? Esta ley es liberticida y por eso, tal y como
solicitaron los Parlamentos de Navarra y Vitoria, pedimos su derogación.
En el Congreso también han pedido lo mismo. En Euskal Herria no queremos
esta ley, pero tampoco la quieren en España. Por eso, insisto, vamos a
votar en contra.

Gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: ¿Hay alguna intervención más del Grupo Mixto?
(Denegaciones).

Muchas gracias.

Pasamos al Grupo Parlamentario Vasco.

Tiene la palabra el senador Gallastegui.

El señor GALLASTEGUI ALTUBE: Señor presidente, señorías, egun on
guztiei. Buenos días a todos.

Señores del PP, en su momento valoramos la cuestión de no
sobrepasar los límites competenciales establecidos por el estatuto, si
bien es cierto que también era solo cuestión de cumplir con la legalidad,
porque debo recordar que las competencias de las fuerzas de seguridad del
Estado en la comunidad autónoma de Euskadi están limitadas en el Estatuto
de Gernika. Sin embargo, el hecho de haber salvado aquella cuestión a
base de negociaciones no fue suficiente para que nosotros no votáramos en
contra, porque la ley, en toda su extensión, nos parece una
aberración.

La Ley Orgánica 4/2015 cambia por completo el concepto de
seguridad ciudadana conocido hasta el momento, cambia el régimen
constitucional de los derechos fundamentales, anticipando dicho concepto
a otros muchos derechos tan básicos en una democracia.

Han establecido ustedes que en la vía pública solo se pueda ver
aquello que está permitido, retrotrayéndonos a otros tiempos que creíamos
que estaban superados. Ustedes han decidido que el concepto de seguridad
ciudadana haya dejado de ser instrumento para el cabal ejercicio de los
derechos fundamentales y libertades públicas previstos en la
Constitución. Ustedes han decidido que la seguridad ciudadana pase a ser
un derecho de naturaleza autónoma y de identidad ontológica superior a
los derechos y libertades fundamentales. Ustedes han cambiado el mismo
sistema constitucional establecido en otras situaciones utilizadas como
justificación para acallar a una gran parte de la ciudadanía en
determinados lugares.

También han cambiado ustedes el sistema punitivo del Estado.
Ustedes han eliminado las faltas penales y las han sustituido, entre
otras, por sanciones administrativas. Ustedes han hecho que sea posible
la imposición de sanciones —lo digo entre comillas— de
hasta 600 000 euros para casos jurídicamente indeterminados, dejando la
principal fuerza probatoria a las fuerzas de seguridad. Porque
—recuerden— ustedes han hecho que ante un mismo caso la
policía pueda grabar al ciudadano, pero el ciudadano a la policía, no.
¿Dónde queda el derecho a la defensa y a utilizar los medios de pruebas
pertinentes?

Me quedan muchas dudas sobre si estos preceptos son admisibles con
respecto al artículo 24 de la Constitución. Esa Constitución que, como ya
he dicho, utilizan como cerrojo cuando se les pide abrir otras puertas.
Ustedes han hecho que la seguridad ciudadana limite el ejercicio de los
derechos y libertades fundamentales de la ciudadanía, obviando que este
concepto de seguridad ciudadana, según la interpretación constitucional y
de la gran mayoría de la doctrina, es el centro de tranquilidad que
permite el libre y pacífico disfrute de aquellos. Y todo esto lo han
hecho, señorías, haciendo caso omiso de la oposición presente en ambas
Cámaras legislativas estatales. También tienen en contra a muchísimas
personas de la sociedad civil. ¿Cómo quieren que aprobemos esta moción,
señorías, tras haber pasado por el rodillo, por encima de todos los que
no piensan como ustedes? ¿Cómo quieren que apoyemos su moción cuando
siempre hemos estado en contra de ella? ¿Cómo quieren que apoyemos su
moción cuando jurídicamente pensamos que es un despropósito? Así pues, es
evidente que votaremos que no. En definitiva, pedimos la derogación de la
ley tal cual está redactada.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gallastegui.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra
el senador Castellana.

El señor CASTELLANA GAMISANS President, senyories, n’hem
parlat molt, de la Llei mordassa, però ara, afortunadament,
s’acosta l’hora de la seva derogació. Des del Grup Popular
ens demanaven què és el que volen que canviem d’aquesta llei. La
volem canviar tota, però aprofitarem per passar ni que sigui per sobre
per coses de gravetat capital. Aquesta llei empara les devolucions en
calent, contràries a la legislació internacional en matèria de drets
humans. Aquesta llei converteix la policia en jutge, com han explicat
alguns dels que m’han precedit en aquest faristol.

Aquesta llei, impedint la gravació de les actuacions judicials,
fomenta la impunitat en els casos d’abusos i de brutalitat
policial, que existeixen. N’hi ha pocs, però existeixen, i sempre
que n’






hi hagi un és massa. Senyories, Esquerra Republicana de
Catalunya considerem que, sense seguretat, no hi ha llibertat, però és
molt greu que qui ha de garantir aquesta seguretat sigui qui provoqui
inseguretat i vulneració de drets. La Llei mordassa va en la línia
d’erdoganització. Sí, per si a la traducció simultània li costa,
d’Erdogan, Turquia, que, en nom de la democràcia i en nom de les
llibertats —perquè ho fa en nom de la democràcia i les
llibertats— va construint un estat policial on es nega el
debat.

Per tant, la derogació d’aquesta llei pot suposar un bri
d’esperança per a les llibertats democràtiques, però si de debò
volen conèixer un país impecable en el tractament de les llibertats
democràtiques dels seus ciutadans, esperin ben aviat al naixement de la
republicana catalana.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Presidente, señorías, hemos hablado mucho de la Ley mordaza, pero
ahora, afortunadamente, se acerca el momento de su derogación. El Grupo
Popular nos preguntaba qué queremos cambiar de esta ley. Pues queremos
cambiarla toda. Pero vamos a aprovechar para hablar, aunque sea por
encima, de cosas que son de gravedad capital. Esta ley ampara las
devoluciones en caliente, que son contrarias a la legislación
internacional en materia de derechos humanos, y esta ley convierte a la
policía en juez, como se ha explicado por parte de algunos de los que ya
han intervenido en este atril.

Esta ley, impidiendo la grabación de las actuaciones policiales
fomenta la impunidad en los casos de abusos y brutalidad policial, que
existen; son pocos, pero existen, y aunque exista uno ya es demasiado.
Señorías, Esquerra Republicana de Catalunya considera que sin seguridad
no hay libertad, pero es muy grave que aquel que debe garantizar esa
libertad sea quien provoque inseguridad y vulneración de derechos. La Ley
mordaza va en la línea de la erdoganización. Por si a la traducción
simultánea le cuesta, les diré que viene de Erdogan, de Turquía, que, en
nombre de la democracia y de las libertades —porque lo hace en
nombre de la democracia y las libertades—, va construyendo un
Estado policial en el que se niega el debate.

Así pues, la derogación de esta ley puede suponer un rayo de
esperanza para las libertades democráticas, pero si realmente quieren
conocer un país impecable en el tratamiento de las libertades
democráticas de sus ciudadanos, esperen un poco al nacimiento de la
república catalana.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Castellana.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Mora.

La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.

Señor Pérez, en Unidos Podemos apreciamos mucho el sentido del
humor, pero, tras leer esta moción, o ustedes están sobradísimos de
sentido del humor o tienen escaso pudor, desde luego. El que el Partido
Popular se presente aquí como adalid de las libertades y para
convencernos de que la aprobación de la Ley de seguridad ciudadana fue
para garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos, no se lo
traga la gente.

En España, en los últimos años de nuestra historia reciente nos
hemos convertido en la época oscura de los derechos y libertades y en un
agujero negro de las libertades en Europa. Eso nos queda clarísimo, y el
principal ejemplo es esta ley.

Señor Pérez, el rechazo a esta ley fue absoluto; sin embargo,
ustedes siguieron adelante, independientemente de lo que nos ha dicho
hoy. Y los primeros que se manifestaron en contra de manera masiva fueron
los ciudadanos. No hubo nadie, nadie que se manifestara a favor de esta
ley, por mucho que ustedes lo intenten decir. De hecho, una encuesta de
Metroscopia indica que actualmente el 82 % de los españoles se muestran
favorables a pedir la retirada o modificación de la ley. No sé de lo que
nos está hablando.

Durante su tramitación, cuatro relatores de Naciones Unidas nos
exhortaron a retirar la ley, porque esta, y la del Código Penal, que
ustedes archivaron en paralelo —y leo textualmente—, amenazan
con violar derechos y libertades fundamentales de los individuos.

Después, cuando se tramitó la ley, todos los grupos en las
Cámaras, menos ustedes y sus filiales, presentaron enmiendas de
devolución. Y a pesar de lo que nos ha dicho, los informes del Consejo
Fiscal y del Consejo General del Poder Judicial fueron tan duros, que
antes de mandar el proyecto de ley al Consejo de Estado hubo que cambiar
bastantes cosas. Posteriormente, todos los partidos, excepto ustedes y
sus filiales, llevaron en el programa electoral la derogación de esta
ley. ¿Por qué se opusieron todos? ¿Por qué? Porque después de nuestro
pasado político los españoles no quieren un retroceso en la democracia.
Por eso.

¿Cuál fue el objetivo de esta ley? Obviamente, limitar el derecho
a la protesta. ¿Por qué y para qué? Para continuar devaluando los
derechos laborales, el derecho a la salud, el derecho a la educación, sin
que la gente pudiera luchar contra ello. Así de claro. Ustedes intentaron
amordazar los derechos de libertad de expresión y de manifestación
porque, aprovechando la crisis, su hoja de ruta era asalvajar el
capitalismo y llevarlo a la época anterior al Estado del bienestar. Esa
era su hoja de ruta, y para eso necesitaban laminar la contestación
social. Eso es lo que explica esta ley y no otra cosa.

¿Qué es lo que ustedes hicieron? Sacaron del Código Penal
determinadas conductas y, a pesar de que nos intentan vender que eso es
bueno, se despenalizaron las faltas. La realidad es que muchas de esas
faltas pasaron a ser delitos leves, con lo cual se aumentó su pena, por
ejemplo, en el caso de los hurtos, lesiones, coacción, amenazas, daños o
faltas de respeto a la autoridad. Y otras faltas pasaron a ser sanciones
administrativas. Y no nos venda que eso es mucho mejor para poder
sancionar —como nos ha dicho, señor Pérez—, porque la
realidad es que muchas de esas faltas, ahora administrativas, tienen unas
sanciones enormes, mucho mayores que antes. Le pondré un ejemplo. En el
Código Penal, la anterior falta de perturbación leve del orden en
reuniones numerosas tenía una condena de entre diez y treinta días/multa,
lo que podía suponer para alguien que no tuviera recursos un máximo
de 600 euros. Pues bien, actualmente la multa administrativa es de 601
a 30 000 euros. Obviamente, la diferencia es bastante grande. Lo que
ustedes hicieron fue aumentar las infracciones y agravar las sanciones,
por supuesto, provocando la ira del control judicial de la justicia
penal, que es mucho más garantista. Además, los tribunales de lo Penal no
les estaban dando razón respecto de la mano dura que ustedes estaban
pidiendo. Y provocaron que hubiera que acudir a la vía administrativa,
que es más costosa, menos garantista y en la que hay que tumbar la
presunción de veracidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

¿Qué sentido tiene todo esto? Obviamente, amedrentar la protesta,
cuando precisamente los que protestan son las personas con menos
recursos. Ese es el sentido. Además, ustedes condenan formas de protesta
pacífica que antes no eran sancionadas, como el cierre o corte de vías
públicas, los escraches, las pancartas o su despliegue en edificios
públicos. Repito: ¿qué sentido tiene esto? No se puede entender la
Constitución sin los derechos fundamentales de reunión, libertad de
expresión, manifestación o huelga, y ustedes se los están cargando. Antes
los periodistas podían hacer su trabajo y contar a la sociedad lo que
ocurría en una manifestación.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora MORA GRANDE: Ya acabo.

Ahora, la policía puede, si quiere, ocultar algo, intervenir
cámaras y sancionar a los periodistas por hacer su trabajo. Reporteros
sin Fronteras considera, desde luego, que esta ley es coactiva. Esto es
lo que ustedes entienden por defender las libertades.

Con respecto a lo que insta su moción, claro que estamos de
acuerdo en salvaguardar los derechos y libertades de todos los
ciudadanos: derogando la Ley mordaza.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Mora.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Gavira.

El señor GAVIRA MORENO: Gracias, presidente. Buenos días a
todos.

El Grupo Socialista considera que presentar esta moción en estos
momentos viene a justificar lo que otros compañeros ya han dicho aquí y
lo que ya ha ocurrido en el Congreso con la propuesta de proposición de
ley que presentó el Grupo Socialista.

Señores del Partido Popular, esta ley surge como consecuencia de
las manifestaciones y la desesperanza de muchos ciudadanos ante las
iniciativas que ustedes estaban tomando. Todos los datos estadísticos
indican que España es uno de los países más seguros de su entorno, por
tanto, esta ley surge como consecuencia de lo ya dicho. Desde el primer
momento pedimos que se derogase; y había que hacerlo, porque en el
binomio libertad-seguridad esta ley no protegía a los más débiles, sino
todo lo contrario. Los sancionaba. Sancionaba a los que tenían la
necesidad de manifestarse, de reivindicar que no les quitaran su vivienda
por desahucio. Desde el primer momento se ha podido comprobar la
arbitrariedad de esta ley, que no concreta cuestiones fundamentales a la
hora de establecer los procedimientos, donde la autoridad solo la tiene
la policía. Se pueden poner multitud de ejemplos de esa importante
discriminación, y por eso esta ley no puede mantenerse más tiempo.

El señor Pérez se preguntaba cómo los socialistas podemos venir
aquí a dar ejemplo cuando fuimos los responsables de la Ley del 1992, la
de la patada en la puerta. Pues, señor Pérez, estuvo mal, pero le
recuerdo que por aquel entonces cada día un guardiacivil, un policía o
cualquier ciudadano moría como consecuencia del terrorismo de ETA. Eso no
ocurre en estos momentos en España. La única amenaza que tenemos es la
que tienen la mayoría de los países europeos: el terrorismo islamista y
el crimen organizado. No podemos dejar de cambiar esta ley, porque hoy
las necesidades de nuestra población son otras y los ciudadanos se tienen
que sentir seguros y no más inseguros todavía, como ocurre con esta ley.
Les voy a poner un ejemplo. En mayo de 2016, un pescadero del barrio de
La Viña, de Cádiz, estaba vendiendo pescado y le explicaba a la policía
local lo que tenía para dar de comer a sus hijos ese mes; y alguien que
lo grabó con un vídeo fue sancionado con 601 euros de multa. Como decimos
en Andalucía, señor Pérez, esta ley está machacando a los más débiles.
Repito que es necesario derogarla cuanto antes, porque España hoy es uno
de los países más seguros de nuestro entorno. En ese sentido, ya dijo el
ministro que estaba dispuesto a colaborar y a trabajar en una nueva
redacción. Se pueden poner muchos ejemplos de periodistas que por hacer
un reportaje sobre un desahucio han sido sancionados, etcétera, pero
España hoy no tiene que dar ejemplo de esa represión precisamente a los
que han sufrido la crisis, no la crearon y realmente tienen la necesidad
de manifestarse y reivindicar que no les quiten su vivienda y, desde
luego, no ser sancionados. Y es que si a alguien le quitan su vivienda y
encima lo sancionan con una multa entre 600 o 30 000 euros, como decimos
en mi tierra, para ese viaje no necesita esas alforjas, señorías.

Por tanto, vamos a ser coherentes y a tratar la seguridad
atendiendo a la realidad y las necesidades que hoy tiene este país, que
fundamentalmente son, como ya he dicho, el terrorismo islamista y el
crimen organizado. Y hagamos una ley realmente necesaria para los
ciudadanos que más la necesitan.

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

El señor GAVIRA MORENO: Voy terminando, señor presidente.

Repito que lo que hay que hacer es derogar esta ley. Y el Partido
Socialista está aquí para buscar el consenso, desde luego, y para que los
ciudadanos estén cada vez mucho más seguros.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Gavira.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Pérez Lapazarán.

El señor PÉREZ LAPAZARÁN: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo en representación del Grupo Parlamentario Popular para
fijar la posición de nuestro grupo con respecto a esta moción. Como ya he
manifestado, creemos necesario articular medidas para permitir una
impecable, más rigurosa, más amplia y mejor aplicación de la ley para
salvaguardar los derechos de la ciudadanía y proteger las libertades de
todos. Como es evidente, votaremos a favor de esta moción.

Quisiera comenzar diciendo que creemos firmemente que vivimos en
un país, como es España, en el que los derechos y las libertades están
garantizados. No lo duden, señorías. Vivimos en un país seguro, en un
país donde se respetan y se garantizan las libertades; en definitiva,
vivimos en un gran país.

Voy a referirme a alguno de los discursos que hemos escuchado
aquí, que creo que no se corresponden ni con la realidad ni con la
legalidad ni con el sentido común. Algunos han utilizado argumentos
aterradores y conmovedores que rayan en lo esperpéntico y quizá en el
detalle, no en lo genérico. Creo que lo que se ha pretendido con algunos
de los discursos es generar una alarma social, pero no lo van a conseguir
porque la realidad es muy diferente.

Hemos escuchado a algunos portavoces pintar una España siniestra
en la que poco menos que hay un Estado policial que persigue al
pobrecito. Miren, señorías, esa no es la realidad. Se persigue al
delincuente, se persigue al que restringe la seguridad y, en definitiva,
atenta contra la libertad. Han hablado de que en España hay ausencia del
disfrute de libertades, pero en estos momentos eso no se lo cree
absolutamente nadie. Frente a lo que han manifestado, les invito a que
digan qué libertades se restringen. No se restringe ninguna libertad, no
han hablado absolutamente de ninguna, solamente han dado algún detalle.
Decir, como han hecho algunos de ustedes, que se restringe y se sanciona
la libertad de expresión, tampoco es cierto. Y parece una broma contar a
los españoles que se restringe también la libertad de manifestación. Les
he dicho que a lo largo del año de aplicación de esta ley solamente ha
habido noventa y cinco denuncias por manifestaciones. Creo que promulgan
un discurso que no es cierto, y los datos que les he transmitido no se
corresponden con lo que ustedes manifiestan.

Me refiero ahora al mundo de la izquierda. Ustedes han hablado de
Turquía, pero podían haberlo hecho de Cuba o Venezuela, donde algunos han
asesorado, entre otras cosas, en cuestión de libertades. Creo que mal
ejemplo pueden dar en ese sentido. Me imagino que el modelo que pretenden
implantar no es el que más defiende las libertades.

Y me ha preocupado algo que ha dicho la representante de Coalición
Canaria: que esta es una Cámara de confrontación. Creo que eso es una
falta de respeto a la autonomía del Senado y pretende devaluar la acción
del Senado. Nosotros no estamos por estas cuestiones; estamos por
defender la autonomía del Senado, por utilizar al Senado y darle la
máxima capacidad, no solamente de legislar, colegislar o de segunda
lectura, sino también de autonomía propia.

En cuanto al Partido Socialista, su discurso es ambiguo o más bien
contradictorio, porque cuando está en el Gobierno hace unas cosas y
cuando está en la oposición hace totalmente lo contrario. Yo invitaría al
Partido Socialista a sumarse a lo que ha propuesto el ministro del
Interior: políticas de Estado, políticas que de alguna manera defiendan
el interés general, políticas que garanticen la seguridad y profundicen
en la libertad. Eso es lo más importante

Termino, reiterando que con esta moción queremos profundizar en
una más clara aplicación de la Ley de seguridad ciudadana, en una
aplicación que salvaguarde esos derechos. Y les invitamos al diálogo, tal
como hizo el ministro, un ministro que no solamente ha propuesto
participar en seguridad ciudadana, sino incluso mejorar la redacción de
este proyecto de ley, en definitiva, salvaguardar la seguridad de los
españoles en unos momentos muy complicados en toda Europa en materia de
seguridad ciudadana, y eso sí que puede afectar a las libertades. Creo
que si votasen a favor de esta moción harían un favor no solamente al
Partido Popular, sino a todos los ciudadanos de España.

Nada más y muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Pérez Lapazarán.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

El señor PRESIDENTE: Señorías, en primer lugar, sometemos a
votación la moción consecuencia de interpelación, que se debatió ayer a
última hora, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas para la transformación de
nuestro actual modelo energético, con la incorporación de la enmienda
aceptada del senador Cleries, del Grupo Parlamentario Mixto.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, 24.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: A continuación, votamos la moción que se
acaba de debatir, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, por la
que se insta al Gobierno a articular todas las medidas necesarias para
permitir la correcta aplicación de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de
marzo, de protección de la seguridad ciudadana, tal y como ha sido
presentada.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 252;
votos emitidos, 252; a favor, 143; en contra, 109.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor presidente da lectura al punto 4.2.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado 10
enmiendas: 7 del Grupo Parlamentario Mixto: 1 a iniciativa del senador
Yanguas,  3 a iniciativa de los senadores Navarrete y Mulet, 1 a
iniciativa del senador Cleries y 2 a iniciativa de los senadores Alegre,
Crisol y Marcos. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Hay 1 enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; 1
enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Senado y otra enmienda del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor; abandonen el hemiciclo en
silencio.

Para la defensa de la moción, por el Grupo Parlamentario
Socialista tiene la palabra el senador De Lara, que no va a comenzar su
intervención hasta que no haya silencio en el hemiciclo. (Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, señoría.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias, señor presidente. Señorías,
buenos días.

El 14 de diciembre pasado se han cumplido diez años desde la
aprobación de la Ley 39/2006, de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia. Dicha ley fue
concebida y alumbrada de forma consensuada: comunidades autónomas,
entidades locales y movimientos asociativos estuvieron de acuerdo con una
ley que era buena y necesaria. El cuarto pilar del Estado del bienestar
empezaba a cimentarse, garantizando desde lo público la atención y
cuidado de los más débiles, de los más perjudicados por la vida o por la
naturaleza. Se reconocía el derecho subjetivo y universal, garantizado
desde lo público, de la atención a las personas que no pueden valerse por
sí mismas. Existía un calendario de implantación, que se fue aplicando en
su justo cumplimiento. La beneficencia empezaba a arrumbarse en el cajón
del olvido y todas las administraciones se aplicaban y se implicaban en
tan loable decisión.

El calendario se fue cumpliendo a rajatabla, tal como estaba
previsto en la ley, y con la llegada del Gobierno del PP, terminando
ya 2011, se quebró todo lo planificado, y lo que es peor, se sembró el
desasosiego en beneficiarios y familias. Fueron muchos los perjudicados,
entre ellos podemos subrayar la situación de desamparo en que quedaron
aquellos que ya en diciembre de 2011 no pudieron acceder a los derechos y
servicios que la propia ley ya contemplaba. Los Presupuestos Generales
del Estado de 2012 eliminaron la partida correspondiente al nivel
acordado, que ascendía a 283 millones de euros y, tal como ocurrió en los
presupuestos de los años sucesivos, este nivel de financiación ya
previsto en la ley volvió a ser insistentemente suprimido año tras año,
hasta el actual 2016, que ahora acaba.

El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, denominado,
eufemísticamente, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó 14 artículos,
cercenando nuevos derechos incorporados al sistema. A saber, por ejemplo:
la supresión de los dos niveles en que se dividía cada grado; la
reducción en un 13 % de la aportación de la Administración General del
Estado; la reducción de un 15 % de la prestación económica por los
cuidados en el entorno familiar; la revisión del convenio especial de la
Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales, cuyas cotizaciones
pasaban a ser a su cargo; la incorporación de un plazo suspensivo de dos
años de las nuevas prestaciones por el cuidado del entorno familiar; el
retraso de entrada de dependientes moderados; la introducción de un
régimen de incompatibilidades en las prestaciones; la exclusión del
silencio positivo en el reconocimiento de prestaciones para los cuidados
familiares. El incremento de los copagos, por ejemplo, devino en medida
lacerante —añadida, por cierto—, que sufrieron y aún sufren
miles de personas en situación de dependencia. La supresión del nivel
concertado de financiación —para mí es de lo más grave y más
relevante, aunque lo más grave son los problemas de las personas
dependientes— ha supuesto que la responsabilidad de las comunidades
autónomas no se haya visto correspondida con la solidaridad del Gobierno
central.

Vergonzoso es el adjetivo más moderado que se puede aplicar a la
situación actual, en la que la Administración General del Estado aporta
el 18 % para financiar la dependencia y las comunidades autónomas
el 82 %, como tantas veces se ha dicho ya. O sea, el gasto público por
beneficiario es de 8500 euros año, de los que 7000 euros los aportan las
comunidades autónomas y el Gobierno de España solamente 1500 euros. Los
datos no están inventados, están extraídos del informe de la Asociación
Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales a partir de las
certificaciones entregadas al Observatorio Estatal para la Dependencia
por las propias comunidades autónomas, excepción hecha del País Vasco y
de Navarra. En el informe no computan gastos, que a mi modo de ver son
también significativos e importantes, a cuenta de las entidades locales
ni los copagos; si se consideraran, harían aún más raquítica la
aportación de la Administración General del Estado.

Es radicalmente cierto que la dejación de responsabilidad del
Gobierno del PP reducida a cifras y acumulada desde la entrada en vigor
del malhadado Real Decreto Ley 20/2012 asciende ya a más de 2865 millones
de euros. No me lo invento, se reconoce en el plan de estabilidad y en
los planes de reforma remitidos a Bruselas. Cerca de 400 000 personas,
con grado 1 de dependencia moderada que deberían haber sido atendidas
entre 2012 y 2014 vieron postergados sus derechos hasta 2015 y en torno
a 178 000 personas, casi todas mujeres —como todos sabemos,
históricamente encargadas de atender y cuidar a sus familiares
dependientes e imposibilitadas de integrarse por esa causa al mercado
laboral—, que encontraron la espita de poder cotizar a la Seguridad
Social y de asegurarse una pensión futura, vieron sus esperanzas nítida y
netamente tronchadas. Aunque el calendario está implantado desde julio
de 2015, la lista de espera asciende a más de 363 000 personas; hoy hay
menos y peores servicios y prestaciones.

La verdad es que cuesta mucho trabajo hacer un resumen, pero no
resulta difícil exponer que el Gobierno del Partido Popular se ha cebado
con los que menos capacidad tienen para sobrevivir y para defenderse,
podándoles prestaciones y reduciendo impúdicamente un presupuesto
mínimamente digno para sostener las existentes, aplazando por tres veces
el calendario de implantación de la ley.

El Grupo Socialista presenta esta moción e insta al Gobierno para
que dé un radical golpe de timón, promoviendo un gran pacto con las
comunidades autónomas que garantice la financiación y desarrollo
normalizado de la Ley de promoción de la autonomía y atención a las
personas en situación de dependencia. Asimismo, exigimos: Reincorporar al
régimen general de la Seguridad Social a los cuidadores familiares, como
ha quedado expuesto en la introducción, rehabilitándolos en los derechos
de cotización retirados y restituyéndoles el 15 % de prestación económica
detraída. Encomendar a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios la realización de un estudio serio
del estado de aplicación de esta ley a fin de detectar las carencias
existentes; dicho diagnóstico permitirá, estamos convencidos, urdir y
aplicar las mejoras que fueran menester. Presentar un proyecto de ley que
incluya la supresión de las restricciones en materia de
incompatibilidades y de cuidados familiares, garantizando el acceso
universal y equitativo. Eliminar el incremento de los copagos
incorporados en 2012 sería otra de las acciones que se añaden. Potenciar
la gestión pública del sistema y garantizar en cualquier caso,
rotundamente, el carácter público de las tareas de valoración,
seguimiento e inspección. Desplegar, asimismo, un esfuerzo presupuestario
para dependencia, no solo suficiente sino proporcional a la balanza
competencial existente con las comunidades autónomas. Añadir mecanismos
de financiación adicionales a la atención a la dependencia, vinculados en
sentido concreto a la reducción de listas de espera. Incorporar en el
sistema a todas las personas en situación de dependencia moderada.
Mejorar la calidad de los servicios prestados y del necesario nuevo
empleo que se cree; y finalmente —lo expresa la moción—,
priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a
ellos y potenciar en tal sentido la red de centros y servicios que
generan empleo estable y garantizan por encima de todo, ya que es lo más
importante, la atención de calidad que las personas dependientes
indudablemente merecen.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara.

Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto,
tiene la palabra la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, com bé saben, al ple passat vam tenir també
l’oportunitat de parlar de dependència, de la mal anomenada Llei de
Dependència. Des del Partit Demòcrata vam deixar negre sobre blanc,
claríssim, quines eren les exigències a nivell de poder donar resposta
als dependents, en aquest catalans, però de tots els territoris. Estem
d’acord amb l’esperit de la moció. De fer, si
s’aconseguís tot allò que diu seria un gran què.

Però nosaltres hem fet una esmena, en primer lloc, en el sentit de
complir allò que està pactat. Perquè està molt bé promoure pactes, però
primer, abans de tornar a revisar i promoure pactes, el que s’ha de
fer és acomplir allò que està pactat. Altrament no es pot explorar el
camí dels pactes si aquells que ja estan fets no s’acompleixen. En
aquest sentit, demanàvem un bon finançament de la llei; tal com està
pactat, el 50 % per part de l’Estat, igualant allò que aporten les
comunitats autònomes.

També per a nosaltres és molt important que hi hagi concertació a
l’hora de desenvolupar activitats, especialment en el tercer
sector; concertació amb el sector privat. I també és molt important per a
nosaltres que es tingui en compte el cost real del serveis en cada
comunitat autònoma. No estem d’acord amb l’homogeneïtzació,
perquè no és el mateix assumir el servei i el cost d’una residència
en una comunitat autònoma que en una altra, i amb aquest mínim que
s’aporta no està en igualtat de condicions cada Comunitat Autònoma
per donar les prestacions. Volem prestacions iguals, les mateixes
prestacions en tots els territoris, però atenent a aquestes diferències
de costos.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, como bien saben, en el Pleno anterior tuvimos la
oportunidad también de hablar de dependencia, de la mal llamada Ley de
dependencia, y el Partido Demócrata dejó negro sobre blanco, clarísimo,
cuáles eran las exigencias para poder dar respuesta a los dependientes,
en este caso catalanes, pero de todos los territorios. Estamos de acuerdo
con el espíritu de la moción; de hecho, si se consiguiera todo lo que
dice sería muy significativo.

Nosotros hemos presentado una enmienda para, en primer lugar,
cumplir lo que está pactado; porque está muy bien promover pactos, pero
antes de volver a revisar y promover pactos hay que cumplir lo que está
pactado; no se puede explorar el camino de los pactos si los que ya se
han hecho no se cumplen. En ese sentido, pedimos una buena financiación
de la ley, como está pactado, el 50 % por parte del Estado, igualando lo
que aportan las comunidades autónomas.

También es muy importante para nosotros que haya concertación con
el sector privado a la hora de desarrollar actividades, sobre todo con el
tercer sector. También lo es que se tenga en cuenta el coste real de los
servicios en cada comunidad autónoma. No estamos de acuerdo con la
homogeneización porque no es lo mismo asumir el coste de una residencia
en una comunidad autónoma que en otra, y con ese mínimo que se aporta,
las comunidades autónomas no están en igualdad de condiciones para dar
las prestaciones. Queremos prestaciones iguales, las mismas en todos los
territorios, pero teniendo en cuenta estas diferencias de costes.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.

Senador Marcos, tiene la palabra.

El señor MARCOS ARIAS: Gracias, presidente.

Antes de comenzar, quiero mencionar dos hitos que ya ha comentado
el proponente, al senador del Grupo Socialista: el 14 de diciembre
de 2006 entró en vigor la Ley de promoción de la autonomía personal y
atención a las personas en situación de dependencia; diez años después
—y lo traigo aquí porque creo que es pertinente— se acuerda
un impulso para un pacto de Estado por el sistema de autonomía y atención
a la dependencia, que firman todos los partidos políticos en el Congreso
de los Diputados excepto el Partido Popular y el Partido Nacionalista
Vasco.

Menciono esto porque creo que es donde tenemos que poner el
acento, sobre todo reconociendo la gran labor que realiza el Observatorio
Estatal para la Dependencia a través de la Asociación de Directoras y
Gerentes de Servicios Sociales, que en Ciudadanos seguimos muy de cerca y
nos parece un instrumento muy loable para que la Ley de dependencia se
cumpla.

Usted ha apuntado tres cosas que nos parecen muy importantes:
incumplimientos sistemáticos por parte del Partido Popular de la Ley de
dependencia en cuanto a su implementación; falta de financiación, que hay
que retomar, y conflictos de competencias en las comunidades
autónomas.

La letra y el fondo de su propuesta nos parecen bastante bien
traídos por algo que se ha producido hace escasas fechas, el 14 de
diciembre de 2016, después de diez años de la entrada en vigor de la ley,
porque nuestro grupo parlamentario cree que las leyes deben ser cumplidas
y porque no solamente estamos hablando de una ley, en frío, sino de
personas en situación de dependencia —vulnerables somos
absolutamente todos los ciudadanos y ciudadanas de este país— y
están en juego la dignidad y la calidad de 1,2 millones de personas en
todo el Estado español. Por eso, aunque hemos presentado a la moción del
Grupo Socialista un par de enmiendas, que son de matiz, creemos que esta
propuesta está muy bien traída a la Cámara.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Marcos.

Senador Navarrete, tiene la palabra.

El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor president.

La llei coneguda com a Llei de dependència va ser aprovada per un
ampli consens polític, de comunitats autònomes, entitats locals, agents
socials, etcètera. La llei reconeix el dret de les persones que no es
poden valer per sí soles de ser ateses pels poders públics; un dret
universal i una garantia jurídica.

A l’Estat espanyol hi ha més de 2 milions de persones en
situació de dependència reconeguda. Això significa 2,5 % dels ciutadans
espanyols necessita ajut bàsic per les seves activitats en la vida
quotidiana. Una de cada tres persones encara no està rebent cap
prestació. La llista d’espera a l’Estat espanyol és de més
de 400 000 persones.

Amb el famós Decret 20/2012 i l’eliminació de la dotació
pressupostària en aquests temes en els últims 5 anys, el PP ha aconseguit
posar en risc la sostenibilitat del sistema. Ha posat a moltes comunitats
autònomes inpedint-les seguir el camí de la dependència. La intenció era
desfer la llei a l’empara d’un reial decret.

És fonamental desenvolupar i finançar el sistema que garantisca la
igualtat i una vida digna. Per això, estem d’acord amb aquesta
moció tot i haver-hi presentat esmenes, que creiem que haurien
d’acceptar perquè pràcticament són iguals que les que es van
presentar el passat 14 de desembre al Congrés dels Diputats i que van ser
consensuades.

Gràcies.

Gracias, señor presidente.

La ley conocida como Ley de dependencia se aprobó con un amplio
consenso político de comunidades autónomas, entidades locales, agentes
sociales, etcétera. La ley reconoce el derecho de las personas que no se
valen por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos; es un
derecho universal y una garantía jurídica.

En el Estado español hay más de 2 millones de personas en
situación de dependencia reconocida. Eso significa que el 2,5 % de los
ciudadanos españoles necesitan ayuda para las actividades básicas de su
vida cotidiana, pero 1 de cada 3 personas no está recibiendo ninguna
prestación. La lista de espera en el Estado español es de más de 400 000
personas.

Con el famoso Decreto 20/2012 y la eliminación de la dotación
presupuestaria para esta materia, en los últimos cinco años el PP ha
conseguido poner en peligro la sostenibilidad del sistema, lo que ha
supuesto que muchas comunidades autónomas no puedan seguir el camino de
la dependencia. La intención era deshacer la Ley de la dependencia al
amparo del decreto.

Es fundamental desarrollar y financiar un sistema que garantice la
igualdad y la vida digna. Por eso, aunque hayamos presentado enmiendas,
estamos de acuerdo, pero creemos que deberían aceptarlas ya que el 14 de
diciembre en el Congreso de los Diputados se aceptaron y fueron
consensuadas.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.

Senador Yanguas, tiene la palabra.

El señor YANGUAS FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señor presidente.

Nosotros, Unión del Pueblo Navarro, hemos presentado una enmienda
de adición con la que pretendemos dejar más claro en la moción la
financiación de esta ley de promoción de la autonomía y atención a las
personas en situación de dependencia. Solicitamos que se recupere la
financiación que estaba prevista y que se llevó por delante el Real
Decreto Ley 20/2012, del que ya se ha hablado aquí.

En la Comunidad Foral de Navarra, de donde yo vengo, el Gobierno
liderado por UPN, mi partido, mantuvo las cuantías y los servicios de la
anterior ley. No quisimos dejar a nadie en la estacada y fue un
compromiso total con los más vulnerables, que, además, propició después
un informe de la Cámara de Comptos Foral que decía que el 100 % de las
ayudas se repartía de la siguiente manera: el 9 % lo aportaba el Estado,
el 22 % siguiente lo aportaban los usuarios y el 69 % lo pagaba la
Hacienda Foral. Por eso digo que fue una decisión comprometida para no
dejar a nadie en la estacada.

Voy terminando, señor presidente. Así las cosas, en el Congreso de
los Diputados hemos presentado una iniciativa para que se retome aquella
financiación acordada. Y respecto a la enmienda que hoy presento aquí,
como no hablaré en el turno de portavoces y ya ha adelantado el senador
De Lara que la ven con buenos ojos, quiero agradecer al Grupo Socialista
y al citado senador que la acepten.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Yanguas.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, tiene la palabra el senador Martí.

El señor MARTÍ DEULOFEU: Gràcies, president. Senyories.

Ens tornem a trobar per parlar una vegada més sobre temes
relacionats amb la Llei de la Dependència. El parer del Grup Parlamentari
d’Esquerra Republicana és que compartim parcialment el contingut de
la moció, i l’esmena que presentem fa referència al punt 1.
Nosaltres demanaríem que es canviés en el sentit d’incrementar els
recursos destinats al finançament i desplegament de la Llei de Promoció
de l’Autonomia i Atenció a les Persones en Situació de Dependència.
(El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Si fem una mica de memòria, recordarem que la competència en
matèria de serveis socials és exclusiva de la Generalitat de Catalunya, i
per tant la Llei de la Dependència representa una invasió competencial.
Si bé és veritat que en el seu moment, l’any 2006, Esquerra
Republicana de Catalunya va votar-hi a favor, per coherència nosaltres no
ens oposarem a la proposta del Grup Parlamentari Socialista.

També m’agradaria recordar, tal com han fet també altres
grups parlamentaris, que l’aportació de les Comunitats Autònomes
els darrers anys supera el 80 % i que, en concret, fins i tot en alguns
casos l’aportació dels particulars acaba superant l’aportació
que fa l’Estat per aquesta matèria. Així mateix, també
m’agradaria recordar que, en el cas de Catalunya, en el
període 2012-2015, el càlcul dels diners no rebuts per part de
l’Estat espanyol arriba a 336 milions d’euros. En aquest
sentit, la meva companya senadora del Grup Parlamentari d’Esquerra
Republicana, Anna Azamar, en el torn de portaveus, acabarà de completar
aquesta intervenció.

Moltíssimes gràcies, senyores i senyors senadors.

Presidente. Señorías.

Volvemos a encontrarnos para hablar una vez más sobre temas
relacionados con la Ley de la dependencia. El Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana comparte parcialmente el contenido de la moción, y
la enmienda que presentamos hace referencia al punto 1. Pedimos que se
cambie en el sentido de incrementar los recursos destinados a la
financiación y para el despliegue de la Ley de promoción de la autonomía
y atención a las personas en situación de dependencia. (El señor
vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la Presidencia).

Si hacemos un poco de memoria, recordaremos que la competencia en
materia de servicios sociales es exclusiva de la Generalitat de Cataluña
y que, por lo tanto, la Ley de la dependencia representa una invasión
competencial. Si bien es cierto que en su momento, en 2006, Esquerra
Republicana de Cataluña votó a favor, por coherencia, no nos vamos a
oponer a la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

Me gustaría también recordar, tal como han hecho otros grupos
parlamentarios, que la aportación de las comunidades autónomas en los
últimos años supera el 80 % y que incluso en algunos casos la aportación
de los particulares acaba superando la del Estado en esta materia.
Asimismo, me gustaría también recordar que en el caso de Cataluña en el
periodo 2012-2015 el cálculo del dinero no recibido por parte del Estado
español alcanza los 336 millones de euros. En ese sentido, mi compañera,
la senadora del Grupo Parlamentario de Esquerra, Anna Azamar, en el turno
de portavoces acabará de completar esta intervención.

Muchísimas gracias, señoras y señores senadores.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Martí.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular,
tiene la palabra la senadora Sánchez Torregrosa.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, señor presidente. Buenos
días, señorías.

Después de analizar la moción que el Grupo Socialista presenta en
esta Cámara y tras escuchar la intervención del señor De Lara,
intervención que, me tiene que disculpar, deja mucho que desear, no tengo
intención en entrar en el «y tú más» ni en el enfrentamiento. Mi grupo
pretende encontrar puntos de unión con los que podamos comenzar a
trabajar.

Así, en un intento por llegar a un acuerdo y con esa voluntad de
consenso, el Grupo Popular ha presentado una enmienda de sustitución,
cuyo primer punto habla de promover un pacto de Estado por los servicios
sociales, sobre todo para el fortalecimiento del sistema de dependencia,
sobre la base del diálogo, la participación y la transparencia, con la
apertura de diferentes mesas de diálogo. ¿Por qué? Porque la propuesta
que trae el Grupo Socialista en su moción limita el impacto a las
comunidades autónomas y nosotros creemos que debemos ser mucho más
ambiciosos. Por eso consideramos imprescindible hablar de estos asuntos,
que tan directamente afectan a las personas, en ese gran pacto de Estado
al que esta enmienda hace referencia.

El segundo punto de la enmienda pretende priorizar los servicios
sobre las prestaciones económicas y quedaría transcrito tal cual lo trae
el Grupo Socialista. ¿Por qué? Porque esto ya se viene haciendo,
señorías, desde el año 2012, hasta el punto en que hoy los servicios
representan el 66 % del total de las prestaciones reconocidas, es
decir 11 puntos porcentuales más que en el año 2011. Esto ha contribuido
en gran medida a la generación de muchos puestos de trabajo y hoy
hay 382 000 trabajadores en el sistema de dependencia, la mayor parte de
los cuales son mujeres.

Paso a hacer un análisis del resto de propuestas del Grupo
Socialista y explicar por qué no estamos a favor. Por ejemplo, hablan de
incorporar el Régimen General de la Seguridad Social a los cuidadores
familiares de las personas en situación de dependencia, y creo que no es
necesario recordar a sus señorías que cuando se comprometió el abono de
la cotización por parte del Estado, este pago no llegó nunca a realizarse
por el Gobierno socialista y dejaron una deuda de más de 1034 millones a
la Seguridad Social. Además, debemos tener en cuenta que volver al
sistema de financiación de las cuotas de los cuidadores familiares por
parte del Estado supondría una discriminación para el resto de
asalariados y autónomos que tienen que soportar el pago de sus
cotizaciones.

La Ley de dependencia, señorías, quiere generar empleo, a la vez
que respeta, eso sí, las decisiones de los usuarios y sus familias. Por
todo ello, se reformó esta prestación a favor de los servicios de
atención a la dependencia para que se prestase por profesionales
adecuadamente cualificados y así generar empleo.

Hablan de que la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas
Públicas y la Calidad de los Servicios realice una evaluación de la
aplicación de la ley. Por supuesto, el Grupo Popular está a favor de
hacer evaluaciones, ya que con ellas podemos buscar la mejora del
sistema, pero consideramos que es el Consejo Territorial de Servicios
Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia
quien debe realizar dichas evaluaciones, tal y como dice la ley y tal y
como se acordó en julio de 2012 con las comunidades autónomas. En caso de
estimarse conveniente una evaluación por un órgano externo al sistema,
como puede ser Aeval, debe ser el propio Consejo Territorial el que así
lo acuerde.

Hablan de la eliminación del incremento del copago introducido en
el año 2012. Mire, no ha habido ningún incremento del copago en el
año 2012, sino que ha sido la propia ley de 14 de diciembre la que
establece un modelo de financiación en el que participan las diferentes
administraciones públicas, y, señorías, la ley habla de las personas
beneficiarias del sistema, es decir, de los usuarios. Hay que dejar
constancia de que actualmente las cuantías de las aportaciones que
realizan los beneficiarios son inferiores a las que preveía la memoria
económica elaborada por ustedes.

Señorías, si nos centrarnos en buscar puntos de acuerdo, entre
ellos podemos trabajar en presupuestos suficientes y acordes con la
distribución de competencias de las comunidades autónomas. Podríamos
hablar de financiación; claro que hay que mejorar la financiación, pero
el mejor marco para hacerlo es dentro de ese gran pacto de Estado por los
servicios sociales y la dependencia.

Con respecto al resto de propuestas de su moción, no tiene ningún
sentido revocar aquello que se está haciendo bien, como las medidas que
han garantizado la sostenibilidad presente y futura del sistema de
atención y autonomía de dependencia y han garantizado el derecho
subjetivo de la ciudadanía en situación de dependencia.

El Grupo Popular, buscando puntos de unión y un escenario de
consenso, ha presentado esta enmienda de sustitución que engloba
principalmente ese gran pacto de Estado por los servicios sociales y para
el fortalecimiento del sistema de dependencia. Aquí es donde debemos
obrar la mejora de la financiación, entre otros asuntos de interés.
Vamos, pues, a empezar a trabajar sobre aquellos puntos que nos
unen.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya
terminando.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Ahora mismo termino,
presidente.

Vamos a centrarnos en trabajar en los puntos que nos unen y esta
enmienda, señoría, es un buen punto de partida. Trabajemos en nuestros
puntos fuertes y, a partir de ahí, sigamos trabajando todos juntos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora Sánchez
Torregrosa.

Para la defensa de la enmienda del Grupo Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Bernal.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidente.

Señorías, el Grupo Unidos Podemos va a continuar apoyando las
propuestas de PNV y Democracia y Libertad. En consecuencia, vamos a
solicitar la derogación del artículo 135 de la Constitución española y
del Real Decreto Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria, y la apertura de un nuevo proceso constituyente que,
entre otros temas, permita blindar la atención a la dependencia como un
derecho subjetivo.

Consideramos que si no se desmonta el sistema legal que sostiene
las políticas de austericidio del Partido Popular, es imposible que se
atienda a las políticas sociales.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Bernal.

Para manifestar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el
senador De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Señorías, voy a comentar las enmiendas
en función de su orden de presentación en el registro, por su propio
número.

Aceptamos la enmienda de UPN, señor Yanguas, como le he comentado.
Lo que plantea viene expresado con otras palabras en nuestra moción, pero
tampoco rompe el sentido de la moción, concretamente de nuestro punto
número 1, al decir que se incremente paulatinamente la financiación
prevista.

En el caso de Coalició Compromís, señor Navarrete, han presentado
tres enmiendas. La primera, que tiene cinco puntos, la rechazamos. Lo que
plantean ustedes coincide con lo que proponen otros grupos, hay una
identidad de pareceres, pero también coincide con el propio texto de la
moción, aunque con otro tipo de redacción. Por tanto, no es que las
rechacemos, es que si se incorporaran harían el texto retórico,
ampuloso.

De los cinco puntos que proponen en la primera enmienda hay uno
que nos interesa destacadamente: poner en marcha la figura del asistente
personal, pero al ir incluido en una enmienda de mayor dimensión, no
podemos fraccionarla. Aunque, repito, comulgamos con ese planteamiento,
no podemos aceptarlo, aun cuando formaba parte de las líneas incluidas en
el programa electoral del Partido Socialista.

Decimos sí a su enmienda 12 303, en la que apuestan por hacer más
ágil la gestión e incrementar políticas de prevención y control. Estamos
de acuerdo, aunque nosotros también hablamos de control en el
punto 5.

Sí a la enmienda 12 304, en la que, respetando casi todo el texto
de nuestro punto 6, abogan por la financiación equitativa de todas las
administraciones públicas responsables. Estamos de acuerdo.

Señor Marcos, portavoz de Ciudadanos, gracias por sus amables
palabras durante su exposición. En la enmienda 12 477, que no vamos a
aceptar, proponen garantizar la libertad de los dependientes para elegir
la prestación y el servicio correspondiente. Estamos de acuerdo con la
filosofía, pero podría ser un caos la unilateralidad en la decisión del
dependiente para que él decida —que es lo que se desprende de la
enmienda, aunque no hayan querido decir eso— qué tipo de servicios
o prestaciones requeriría. La ley ya contempla la opinión del
dependiente, pero la que vale es la del profesional, que tiene que
valorar, que contrastar qué alternativas de servicios y prestaciones
benefician a ese dependiente.

En cuanto a la otra enmienda, ustedes proponen la palabra abordar
donde nosotros decimos incorporar con carácter inmediato al régimen de la
Seguridad Social a los cuidadores familiares. Es cuestión de semántica,
pero nos parece más radical, más exigente, más necesario que se recoja
incorporar ya.

El señor Martí, de Esquerra Republicana, propone sustituir nuestra
apuesta por un pacto con las comunidades autónomas por un texto genérico
que apuesta por incrementar los recursos que ya aparecen en el punto 6 de
nuestra moción. Estamos de acuerdo, pero hay un solapamiento, una
reiteración y podría parecer redundante.

En cuanto al Partido Demócrata Catalán, señora Rivero, ya se lo he
comentado «pasilleando».

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor DE LARA GUERRERO: Estamos en el debate del otro día:
apostamos por la igualdad y la equidad y no financiar prestaciones,
subvenciones, en función del valor de los servicios prestados.

Termino, señor vicepresidente.

Señora Sánchez Torregrosa, creo que usted ha dicho exactamente que
ha dejado mucho que desear lo que yo he dicho. Sé que son frases hechas,
pero yo ahora podría contestarle a usted, como frase hecha, que si le
hubiera gustado lo que he dicho yo me habría preocupado, evidentemente.
Por tanto, me ha dejado tan feliz como estaba antes.

Salvo en el punto 2, que calca literalmente nuestro punto 7, se
carga nuestra moción. Su compañero en la anterior moción ha dicho...

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, tiene que
terminar.

El señor DE LARA GUERRERO: Son muchas enmiendas, presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Lo sé, pero se pasa usted
ya un minuto de su tiempo.

El señor DE LARA GUERRERO: Estamos en desacuerdo porque rompe
nuestra moción.

En cuanto a Unidos Podemos, proponen derogar el artículo 135 y
abrir un nuevo debate constituyente. Estamos hablando de otra cosa,
estamos hablando de dependientes y de sus derechos con carácter
inmediato. No es momento para el debate constitucional una moción que es
radicalmente exigente aquí y ahora para salvaguardar derechos de
dependientes.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador De
Lara.

Señorías, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿cuántos van a intervenir?
(Pausa).

Tiene la palabra, en primer lugar, la senadora Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president, senyories.

Nosaltres estem també per l’equitat. Equitat, si ho busquen,
no vol dir res més que a cadascú el que li pertoca. Per tant, nosaltres
estem evidentment per l’equitat: a cadascú el que li pertoca. Això
no està passant en aquests moments.

Nosaltres volem que el finançament que està pactat
s’acompleixi, no volem parlar d’implementar partides sinó
d’acomplir aquelles partides que ja estaven compromeses i que no
s’han acomplert. En aquest sentit, nosaltres no posarem pals a les
rodes a una moció que pretén buscar solucions per a la dependència, però
sí els diré que davant l’actitud de la ministra en el seu discurs,
que contraposa al discurs del diàleg, referint-se, entre altres coses, a
temes nacionals de Catalunya, i també al FLA, nosaltres volem gestos i
volem veure solucions, més que no pas mocions o brindis al sol.

Ahir es va parlar aquí de posar catifes vermelles pel tema del
FLA. Nosaltres, la catifa vermella la posarem si entre tots som capaços
d’acomplir els compromisos de la Llei de Dependència per donar
justament autonomia a les persones, la qual cosa no estem fent, i atenció
a la dependència, la qual cosa no estem assolint. Per tant, nosaltres
compartim l’esperit d’aquesta moció, estem a favor de buscar
solucions a aquest tema que està clar que no està resolt, però nosaltres
ens abstindrem.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente, señorías.

Nosotros estamos también por la equidad. Si lo buscan, equidad no
quiere decir más que a cada uno lo suyo. Por tanto, nosotros,
evidentemente, estamos a favor de la equidad: a cada uno lo suyo. Esto es
algo que no está pasando en estos momentos.

Nosotros queremos que la financiación que está pactada se cumpla;
no queremos hablar de implantar partidas, sino de cumplir aquellas que ya
estaban comprometidas y que no se han cumplido. En ese sentido, nosotros
no vamos a poner palos en las ruedas a una moción que pretende buscar
soluciones para la dependencia, pero sí debo decirles que hemos visto una
actitud de la ministra con un discurso que se contrapone al discurso del
diálogo, cuando se ha referido, entre otros, a temas nacionales de
Cataluña y al FLA. Nosotros queremos gestos y queremos ver soluciones más
que mociones o brindis al sol.

Ayer se habló aquí de poner alfombras rojas por el tema del FLA.
Nosotros la alfombra roja la pondremos si, entre todos, somos capaces de
cumplir los compromisos de la Ley de dependencia para dar autonomía a las
personas, lo cual no estamos haciendo, y atención a la dependencia, algo
que no estamos alcanzando. Por tanto, nosotros compartimos el espíritu de
la moción, estamos a favor de buscar soluciones a este tema, que está
claro que no está resuelto, pero nos vamos a abstener.

Muchísimas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, señora
Rivero.

Senador Rodríguez Cejas, tiene la palabra.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Buenos días, señorías. Gracias, señor
presidente.

Con la dependencia hemos topado —






y seré muy breve porque no
tengo mucho tiempo, soy del Mixto—. Pero sí quiero mencionar
algunos puntos por respeto a todas esas personas que esperan cada día,
por respeto a esas 356 000 personas, lo que supone el 29 % del 1,2
millones de personas que tienen algún grado de dependencia reconocido,
pero que aún no reciben ninguna ayuda; también en Canarias, también en la
isla de El Hierro. Y eso no lo digo yo, lo reflejan los últimos datos que
ha hecho públicos la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en
Servicios Sociales con motivo del décimo aniversario de la ley hace muy
pocos días. Un organismo que, por cierto, instó a todos los grupos
parlamentarios del Congreso de los Diputados para la firma de un
documento en el que se comprometían a revertir los recortes que han
sufrido las prestaciones del servicio en atención a personas en situación
de dependencia desde 2012, y lo firmaron todos los grupos parlamentarios
menos uno. Si lo piensan, seguro que aciertan.

Y ustedes se preguntarán, ¿qué barbaridades se proponían en ese
documento? Pues nada menos que recuperar el nivel de inversión por parte
del Gobierno central de antes de la crisis, lo que supondría una
aportación extra de 450 millones. Pero, claro, hay otros intereses.

Se proponía también que los cuidadores —por cierto, más
del 90 % mujeres— vuelvan a cotizar, porque muchas veces tienen que
dejar su puesto de trabajo para hacerse cargo de su familiar.

Se blindaba el servicio, obligando a que cualquier cambio en las
prestaciones sean aprobadas por el Parlamento y no el Gobierno mediante
decretos, como ha sucedido.

Se pedía también que el Consejo de Política Fiscal y Financiera
establezca un nuevo sistema de financiación autonómica que permita a las
autonomías cubrir estos servicios.

Y, por supuesto, se pedía transparencia en el sistema de
información de dependencia, porque con recortes no se reducen las listas
de espera, sino que las personas mueren antes de recibir las
ayudas: 125 000 personas han fallecido en los últimos cuatro años según
el Observatorio de la Dependencia —y no lo digo yo— sin
llegar a recibir las prestaciones o servicios que les habían sido
reconocidos por su situación.

La atención a la dependencia no es un dato, no es una simple ley,
es un derecho y una conquista, una conquista social que genera justicia,
igualdad, que reduce el gasto sanitario y genera empleo. En definitiva,
una conquista que debemos proteger y cuidar como se protegen y se cuidan
a las personas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Rodríguez
Cejas.

¿Alguna intervención más del Grupo Mixto? (Pausa).

Tiene la palabra la senadora Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

El pasado día 14 se cumplían diez años de la Ley de dependencia,
que venía a cubrir un vacío en el sistema de protección social, una ley
cargada de buenas intenciones, pero mal concebida, mal ejecutada e
infradotada desde el punto de vista financiero. Así que menos
conmemoraciones, señorías, porque el coche que ustedes regalaron a los
españoles tenía trampa: la carrocería era preciosa, un gran Maserati,
pero no tenía motor.

No se puede negar que esta ley coloca a las personas con
discapacidad en el centro de la agenda política, pero es una ley idílica
porque es imposible completarla con una financiación adecuada, que no ha
casado en estos últimos años con la realidad económica de España ni con
las limitaciones de gasto de las comunidades autónomas. El ajuste de las
cuentas públicas ha cercenado una ley notablemente menguada desde su
nacimiento. El sistema público de dependencia exige una revisión a fondo
para armonizar la política en esta materia entre el Ejecutivo y las
comunidades autónomas y dotar de la financiación adecuada a un sistema ya
considerado como el cuarto pilar del Estado del bienestar, tras la
educación, la sanidad y las pensiones.

Hay que ser realistas, tener en cuenta la disponibilidad de
recursos y hacerlo de manera coordinada entre el Estado y las comunidades
autónomas.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Domínguez de Posada.

¿Alguien más del Grupo Mixto quiere intervenir? (Pausa).

Pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Vasco. Tiene la palabra la
senadora Ahedo.

La señora AHEDO CEZA: Eskerrik asko, mahaiburu jauna. Egun on
guztioi.

Hoy hablamos de la Ley de dependencia, pero también lo hicimos la
semana pasada e igualmente hace un mes. En lo que va de legislatura es un
tema que hemos abordado aquí, si no me equivoco, cuatro veces. Y si
quieren que les diga la verdad, parece el día de la marmota: sabemos
claramente cuál va a ser el discurso de cada uno de los grupos; sabemos
en qué sentido van a ir las enmiendas; los datos los tenemos todos y
sabemos que es muy importante. No digo esto porque el tema nos parezca
aburrido, ni mucho menos, pero creo que estamos hablando mucho y haciendo
muy poco, y yo no sé si se avanza. A lo mejor es que hablando conseguimos
no pillarnos los dedos, y esto me parece preocupante.

Pues bien, como suele pasar cada vez que hay un tema sensible y de
no fácil solución, aquí se plantea un pacto de Estado. Lo ha planteado el
Partido Popular, pero es que plantean siempre los pactos de Estado como
si fuesen la panacea, cuando mi sensación es que no curan y, que lo único
que hacen, es posponer soluciones. Lo mismo que ese pacto al que se
refería el senador Marcos y que el Partido Nacionalista Vasco,
evidentemente, no lo ha firmado por coherencia. Por coherencia, porque
nosotros votamos no a esa ley, porque nosotros tenemos competencia
exclusiva —exclusiva— en servicios sociales y porque la mejor
manera de no tener que hacer un pacto para solucionar problemas es
cumplir con la ley desde el principio. Curiosamente, la única comunidad
autónoma del Estado que ha cumplido con esta ley y la ha desarrollado
completamente, tanto en plazos como en coberturas, ha sido Euskadi.

La mayoría de los grupos estaremos de acuerdo en que hay un
problema serio de financiación y que las comunidades autónomas están
prestando unos servicios que les corresponden, pero que no tienen
recursos suficientes. Creo que también estaremos de acuerdo en que es
terrible que, en estos momentos, se destine a servicios sociales menos de
lo que se destinaba hace quince años. No hay acceso a servicios y
prestaciones de todos aquellos que según la ley tienen derecho y les
corresponde por derecho ese acceso. Y la mayoría de los grupos de esta
Cámara creemos que el Real Decreto Ley 20/2016 es el gran responsable de
este problema del que hablamos ahora y de otros muchos, pero,
curiosamente, nadie viene aquí a decir que se derogue.

Desde nuestro punto de vista, la Ley de dependencia, aparte de una
clara invasión competencial, es claramente inconstitucional. No sé cómo
el señor De Lara dice que fue consensuada; se consensuaría pero, desde
luego, hubo quienes fueron muy críticos. Es una ley que tiene pecado
original, porque no incluyó previsión de financiación; nació coja, sin
planificación económica, y por eso estamos así ahora. Reconoce un derecho
y nadie se preocupó de saber cuánto iba a costar poder ejercerlo. Es una
ley que no se ha desarrollado en su totalidad —excepto en
Euskadi— y que no se ha cumplido. Por eso, a mí me extrañó bastante
ver cómo antes de ayer el Partido Socialista celebraba en el Congreso su
décimo aniversario. ¿Qué celebraban? ¿Que hay un derecho que muchos no
pueden ejercer? ¿Qué celebraban? ¿Que hay una ley que no se ha cumplido
desde el minuto uno? Sería tan extraño como que nosotros celebrásemos el
aniversario del Estatuto de Gernika, otra sin cumplir.

Por tanto, no se ha cumplido la ley y no se ha cumplido el
compromiso de financiación. Además, a quienes la tenemos plenamente
desarrollada, no solo es que se nos deba la diferencia del 20 % al 50 %
pactado, es que se nos debe lo que nos correspondería por reducción de la
cuantía financiada y por moratoria en el calendario. (Pausa).

Espero que me disculpen, pero tengo un picor de garganta que no
puedo. Termino rápido.

Ahora lo que toca es desfacer el entuerto. Hemos visto diferentes
propuestas, las hemos apoyado, esta también la vamos a apoyar, y lo único
que nos gustaría es que esto no se quede en una mera declaración de
intenciones y que se empiece a trabajar de verdad en este asunto.

Gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias por el esfuerzo,
senadora Ahedo.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra la senadora Azamar.

La señora AZAMAR CAPDEVILA: Gràcies, president. Bon dia senadores
i senadors.

Tornem a parlar de dependència. Segurament tot el que es pugui dir
sobre el tema ja està dit, però en canvi no està fet, ni molt menys. No
han complert amb els compromisos, no han complert amb el finançament, no
han acabar de desplegar la llei. Per això és rellevant que aquest tema
sigui tan recurrent, tant en aquesta Cambra com al Congrés, ja que posa
de manifest l’absoluta manca d’interès del Govern del Partit
Popular per desenvolupar la Llei 39/2006 de la Promoció de
l’Autonomia Personal i l’Atenció a les Persones amb
Dependència. Una llei inspirada en els principis de caràcter públic de
les prestacions del sistema de protecció social, que juntament amb el
sistema de salut, el sistema d’educació i altres actuacions
públiques dirigides a l’ocupació i l’habitatge, conformen el
sistema de l’Estat del benestar; un Estat del benestar que en els
últims anys ha anat minvant gràcies a les polítiques aplicades per part
del Govern amb l’excusa de la crisi.

Aquesta Llei de Dependència ha resultat ser una trampa dissimulada
per a les autonomies. Es tracta d’una invasió competencial i una
recentralització d’una competència exclusiva de les Comunitats
Autònomes, però l’ambigua previsió de finançament a l’hora de
la veritat no s’ha complert; no s’ha complert
l’objectiu de finançament, la qual cosa ha provocat un desequilibri
econòmic en moltes Comunitats, sobretot les que, com Catalunya, han
mantingut el seu compromís per complir el calendari de desplegament
previst. Des que va entrar en vigor la Llei de Dependència, el Govern de
la Generalitat ha aportat un 82,5 % al finançament d’aquesta llei,
mentre que l’Estat només ha aportat el 17,4 %, arribant a ser més
elevada l’aportació dels usuaris a través del copagament en el
període 2013-2015 que l’aportació de l’Estat. Si la
Generalitat de Catalunya hagués destinat la mateixa aportació que
l’Estat, l’any 2014 un 65 % de les persones ateses haurien
quedat al marge d’aquesta atenció. Serveis públics tan bàsics com
aquests no poden prestar-se en tota la seva plenitud perquè l’Estat
no atén les seves obligacions.

La persona dependent ho és per patir una malaltia o un succés
incapacitant o per arribar a la vellesa. La dependència personal és la
incapacitat funcional per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida
diària, i requereix ajuda per a la seva realització; una ajuda que és un
dret universal, i s’ha de garantir l’accés de totes aquestes
persones en aquesta situació, en condicions d’igualtat i no
discriminació, a les prestacions del sistema de protecció social, així
com la seva atenció integral i integrada. Aquestes persones i els seus
cuidadors, molt sovint el propis familiars, han de ser el centre
d’aquest sistema. És especialment preocupant la situació dels
cuidadors no professionals, que han quedat fora del sistema de
prestacions. No es pot permetre que hi hagi tantes persones en situació
de dependència esperant a accedir a les prestacions de la Llei de
Dependència, mentre l’Estat no fa res per posar-hi remei.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Gracias, presidente. Buenos días, senadoras y senadores.

Volvemos a hablar de dependencia. Seguramente, todo lo que se
pueda decir sobre el tema ya está dicho, pero, en cambio, no está hecho,
ni mucho menos. No han cumplido con los compromisos, no han cumplido con
la financiación, no han acabado de desplegar la ley. Por eso este asunto
es tan recurrente, tanto en esta Cámara como en el Congreso, ya que pone
de manifiesto la absoluta falta de interés del Gobierno del Partido
Popular para desarrollar la Ley 39/2006, de la promoción de la autonomía
personal y la atención a las personas con dependencia.

Una ley inspirada en los principios del carácter público de las
prestaciones del sistema de protección social que, junto con el sistema
de salud, el sistema de educación y otras actuaciones públicas dirigidas
al empleo y la vivienda, conforman el sistema del Estado del bienestar.
Un estado del bienestar que en los últimos años ha ido mermando gracias a
las políticas aplicadas por parte del Gobierno con la excusa de la
crisis. Esta Ley de dependencia ha resultado ser una trampa disimulada
para las autonomías. Se trata de una invasión competencial y una
recentralización de una competencia exclusiva de las comunidades
autónomas, pero la ambigua previsión de financiación, que a la hora de la
verdad no se ha cumplido, no ha llegado al objetivo de financiación, lo
que ha provocado un desequilibrio económico en muchas comunidades, sobre
todo las que, como Cataluña, han manteniendo su compromiso para cumplir
el calendario de despliegue previsto. Desde que entró en vigor la Ley de
dependencia, el Gobierno de la Generalitat ha aportado un 82,5 % a la
financiación de esta ley, mientras que el Estado solo ha aportado
el 17,4 %, llegando a ser más elevada la aportación de los usuarios a
través del copago en el periodo 2013-2015 que la aportación del Estado.
Si la Generalitat de Catalunya hubiera destinado la misma aportación que
el Estado en el año 2014, un 65 % de las personas atendidas se habrían
quedado al margen de esta atención. Servicios públicos tan básicos como
estos no pueden prestarse en toda su plenitud porque el Estado no atiende
a sus obligaciones.

La persona dependiente lo es por padecer una enfermedad o un
suceso incapacitante o por llegar a la vejez. La dependencia personal es
la incapacidad funcional para desarrollar las actividades básicas de la
vida diaria y requiere ayuda para su realización, una ayuda que es un
derecho universal y debe garantizarse el acceso de todas estas personas
en esta situación en condiciones de igualdad y no discriminación a las
prestaciones del sistema de percepción social, así como su atención
integral e integrada. Estas personas y sus cuidadores, y muy a menudo los
propios familiares, deben ser el centro de este sistema. Es especialmente
preocupante la situación de los cuidadores no profesionales, que han
quedado fuera del sistema de prestaciones. No se puede permitir que haya
tantas personas en situación de dependencia esperando a acceder a las
prestaciones de la Ley de dependencia mientas el Estado no hace nada para
poner remedio.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Azamar.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Bernal.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidente.

Señorías, quiero empezar recordando que ayer estuvo aquí el
ministro de Economía, el señor Montoro, y dijo que el objetivo del
déficit había sido la mayor medida social de los últimos años. A mí me
dieron ganas de suicidarme, claro.

Vamos a los datos objetivos. En España —y esto va al
portavoz del Grupo Socialista— todos hemos bebido de la misma
fuente: los datos del Observatorio de la Dependencia, de la Asociación de
Gerentes y Directores de Servicios Sociales, nos dicen que en la anterior
legislatura había en España 1 200 000 personas dependientes reconocidas,
de las cuales 400 000 no recibieron ningún tipo de ayuda y, de
esas, 100 000 eran grandes dependientes. Se ha creado lo que se conoce
como el limbo de la dependencia, es decir, tener derecho a la atención y
no recibirla. En los últimos cuatro años ha habido 100 000 personas
fallecidas sin asistencia teniendo el derecho reconocido.

Desde la aprobación del Real Decreto Ley 20/2012, ha habido 2865
millones de euros de recortes en atención a la dependencia —sí es
el momento de acabar con esta con esta ley, señor portavoz del Grupo
Socialista—. Esto significa la insolidaridad del Partido Popular
con las personas dependientes, con las personas que las cuidan y con las
comunidades autónomas. Desde el año 2015, hay 368 000 personas en lista
de espera y su atención generaría 100 000 empleos directos. No se cumple
con la financiación de la ley, el famoso 50 % del Estado y 50 % de las
comunidades autónomas. Se falsean los datos: las personas que han
fallecido se presentan como una reducción de la lista de espera.

Señores del Grupo Socialista, estos son los datos de la anterior
legislatura, con el Partido Popular en el Gobierno. Estos son los datos
de la mayor medida social en los últimos años y estas son las propuestas
que apoyaron ustedes ayer con la aprobación del techo de gasto y con el
apoyo a los presupuestos del año 2017. (Aplausos).

La postura de ustedes ante nuestras enmiendas ha sido la misma que
hicieron el Partido Nacionalista Vasco y Democracia y Libertad ante las
enmiendas que presentamos: cambiar el artículo 135 de la Constitución
española y abrir un nuevo proceso constituyente. Les vamos a preguntar
qué tienen en común el Partido Nacionalista Vasco, el partido
nacionalista catalán y el partido nacionalista español por excelencia,
que es el Partido Popular. ¿Qué pueden tener en común? Pues lo que tienen
en común es el modelo económico, el abrazo al capitalismo y al modelo
neoliberal de la política del recorte. Ustedes están en ese mismo bando.
Cuando hablamos del eje derecha-izquierda, ustedes sabrán dónde se están
colocando apoyando este tipo de iniciativas como las que apoyan con el
Partido Popular.

Señor Yanguas —no lo veo, parece que no está por ahí—,
el relato que cuenta UPN sobre la atención a la dependencia en Navarra es
bastante diferente al que comentó ayer el vicepresidente de derechos
sociales del Gobierno de Navarra, en el que comunicó que en Navarra, de
cada tres euros que se quitaron de la Ley de dependencia en la
legislatura en la que gobernaba UPN, se han recuperado dos mediante una
política fiscal progresiva. Eso significa que se han
aumentado 20,5 millones de euros en atención a la dependencia en Navarra;
significa que en el año 2014 se atendían a 8400 personas y en el año 2016
se atienden a 14 220, más de un 50 %. Señores del Grupo Socialista
—les vuelvo a recordar—, en Navarra, en esa legislatura
gobernaba UPN con su apoyo. Luego debe de ser que en Navarra, hasta que
no se ha echado a UPN del gobierno de las instituciones, no ha sido
posible crear políticas sociales que atiendan a la mayoría social y
trabajadora de este país. Poco a poco, en este país ustedes también
pasarán a dejar de ser necesarios para conformar una mayoría progresista
que permita hacer este tipo de leyes y atender a las personas más
necesitadas.

Ustedes han apoyan el techo de gasto, que implica un recorte
de 5000 millones de euros, y estamos todos a la expectativa de qué van a
hacer con los presupuestos. ¿Van a priorizar un aumento del 30 % en el
gasto militar en vez de atender a las personas con dependencia? ¿Van a
priorizar el rescate de las autopistas con 5000 millones en vez de
atender a las personas con dependencia? ¿Van a priorizar el pago de la
deuda de unas entidades bancarias que han arruinado y han mandado a la
calle a muchas personas que han tenido que perder su vivienda, en vez de
atender a las personas con dependencia?

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Sí, termino. Gracias.

Les recuerdo señorías, hubo un momento en que el capitalismo
permitía hacer políticas sociales y lo que denominaron ustedes Estado del
bienestar. Ahora mismo hay que elegir entre una cosa u otra y no se puede
vivir en la dualidad que representa el PSOE: o se prioriza el rescate a
la mayoría social y trabajadora de este país o se prioriza el dogma
económico neoliberal del recorte y la desatención a las personas más
vulnerables. Ustedes tienen que decidir. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bernal.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
De Lara.

El señor DE LARA GUERRERO: Gracias.

Cuánto me apetece contestarle, señor Bernal, pero tengo cosas más
importantes que decir.

Los beneficiarios de la Ley de dependencia no son un factor
improductivo que solo genera gastos o disfunciones presupuestarias,
incomodidad a la postre. En un país donde la desigualdad ha crecido hasta
extremos aberrantes, donde la cuerda de la crisis se ha roto por donde se
rompe siempre, por el lado del más débil, los cuadro macroeconómicos
tienen que apuntar necesariamente en otra dirección más humana y
humanizadora. Hablar de dependencia no es hablar de carreteras, ni de
defensa, ni de trasvases, ni de energía nuclear; es hablar de personas,
de seres humanos, de proyectos vitales individuales, únicos,
irrepetibles, de dignidades esenciales que no pueden, no deben ser
pisoteadas ni mercantilizadas.

Un amigo mío, Manolo Serrano, me decía hace poco: me siento fuera
del mercado, como ser humano me siento descatalogado. Y en cierta ocasión
leí a Martine Aubry que decía que el primer afán de cualquier buen
político debería ser apostar por una sociedad con un Estado que cuidara
de todos y de cada uno de nosotros con mimo y desde la cercanía. Esto
puede sonar utópico, tan utópico y tan inalcanzable como que aquellos y
aquellas por los que nadie en la vida había cotizado pudieran acceder al
sistema sanitario público sin que dispusieran de una cartilla de la
Seguridad Social, y eso lo consiguió la Ley general de sanidad, de abril
de 1986; tan utópico, como que aquella persona que llegaba a la edad
de 65 años sin que tampoco nadie hubiera cotizado por ella y, por tanto,
sin tener derecho a ningún tipo de pensión, se consiguiera en la
Ley 26/1990, de 20 de diciembre, de prestaciones no contributivas.
Política es priorizar; en eso nos diferenciamos los partidos políticos
representados en esta Cámara, porque tenemos maneras diferentes de
priorizar, de ver las cosas. Para unos, el sálvese quien pueda es catón
irrenunciable; para otros, salvar a quien no puede salvarse por sí mismo
también es catón irrenunciable. Un derecho no es algo que alguien te da,
es algo que nadie te puede quitar.

En 2012, todo resultó más grave y más trágico para muchas
familias: se suprimieron derechos otorgados con carácter previo. Las
consecuencias de los recortes son generalizadas, pero por poner un
ejemplo, señores del PP, ¿se ha reflexionado lo suficiente sobre cómo se
han feminizado los efectos perversos de la retirada de las cotizaciones a
los cuidadores familiares? ¿Cuántas mujeres hay en España que sufren el
llamado síndrome de Antígona, que dedican un tiempo importantísimo de sus
vidas a atender a sus padres en la etapa final de mayor deterioro físico
y psíquico, y que marca en ellas acusadas señales, muchas veces
irreversibles, vinculadas al ámbito laboral, familiar y social? De las
decenas de miles de personas que dejaron de cotizar tras el Real Decreto
de julio de 2012 el 94 % eran mujeres, mujeres cotizantes. Por cierto,
¿saben cuál era la prestación máxima que recibían? 420 euros por 24 horas
de trabajo al día, durante 365 días al año. El problema ha derivado en la
subcontratación de mujeres en trabajos a domicilio cuyas condiciones
laborales en muchísimos casos, si se conocieran, nos darían pavor.

Estoy en total desacuerdo, al igual que mi grupo y mi partido
político, con los adalides de la insostenibilidad del sistema de
dependencia, cuestión a la que se ha referido una senadora esta mañana.
Más allá de lo indecoroso que puede resultar esgrimir criterios de
sostenibilidad o, según los casos, insostenibilidad, cuando hablamos de
derechos de ciudadanía tan básicos, los retornos producidos son siempre
evidentes: impuestos, cotizaciones, etcétera. Se regenera, se mejora la
economía. Todos llegaremos a ser dependientes un día. Todos necesitaremos
de alguien que nos cuide. Recordar la expresión de Lorca, «hacia mañana»,
nos puede condicionar al enfrentarnos a un asunto como el que hoy nos
trae aquí. Por favor, señores senadores, señoras senadoras, recordemos la
expresión «hacia mañana» y pensemos en algo tan importante, tan esencial,
que es cómo nos gustaría conservar nuestra propia dignidad hasta el final
de nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos conseguir? Garantizando la dignidad
de los que ya están necesitando que apoyemos su dignidad.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador De
Lara.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Sánchez Torregrosa.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Gracias, presidente.

Señor De Lara, usted ha dicho que le preocuparía que yo estuviera
de acuerdo con usted. ¡Qué tristeza da oír sus palabras en este
hemiciclo! ¿Sabe lo que me preocupa a mí? Que no lleguemos a puntos de
acuerdo y de unión, que no nos centremos en el consenso y en el diálogo.
(Aplausos). Eso es lo que le preocupa a mi grupo.

A mi grupo los ciudadanos le dieron una mayoría absoluta
relevante. Aun así, he venido aquí y he transcrito mi discurso tendiendo
la mano, viendo de dónde podíamos partir, partiendo de ese pacto de
Estado, partiendo de la base, ofreciendo diálogo, sentándonos. ¿Y usted,
qué ha hecho? Decir que menos mal que no estoy de acuerdo con su
discurso. Eso es muy triste para la ciudadanía. Ahí deja mucho que desear
y con ello demuestra que hay dos formas de hacer política: una, la que
hace mi grupo, buscando consenso, buscando diálogo, que es lo que la
ciudadanía nos está pidiendo a gritos y otra, y usted lo ha manifestado
en su intervención, buscando confrontación, porque yo creo que ustedes
matemáticas sí saben y sabrán el número de senadores que están en esta
sala. Es dramático y es triste para la sociedad que nos ha puesto aquí.
(Aplausos.— Rumores). A los hechos me remito. Es una pena que no
lleguemos a esos puntos de acuerdo, porque las personas que más nos
necesitan merecen que los legisladores trabajemos con rigor y analicemos
el proceso tal y como se ha producido desde su inicio. Sí, con la vista
puesta en la mejora. Es mejorable el sistema, es mejorable la
financiación, no tenemos ningún problema en entrar en eso, señoría.

Mi intención esta mañana, como bien he dicho, era tender la mano,
pero lo que no voy a admitir nunca es la falta a la verdad que el señor
De Lara ha manifestado en este hemiciclo. Señorías, han cruzado la línea
y ahí tengo que centrarme. La Ley 39 de 2016 nació con muy buenas
intenciones, con un gran consenso. Eso nadie lo cuestiona, pero fue una
ley que nació también sin una dotación económica concreta, sin contar con
las administraciones que debían dar el servicio y, lo que es mucho peor,
creando grandes expectativas a unas personas que estaban en una situación
muy difícil. El Partido Socialista no planificó bien, no cuantificó las
necesidades económicas y nos llevó a un auténtico colapso.

Señor De Lara, usted dijo textualmente: un radical golpe de timón
es el que tiene que dar el Gobierno del Partido Popular a sus políticas.
Ese golpe de timón, gracias a la seriedad de este partido, se dio en el
año 2011, cuando este partido llegó al Gobierno (Rumores.—
Aplausos). Y gracias a eso, levantó un sistema que estaba, según decía el
Tribunal de Cuentas, totalmente colapsado y que era complejo y desigual,
con un elevado número de deficiencias. Y eso no es que lo diga yo, es que
está transcrito en el Informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas
sobre la gestión de la Ley de dependencia entre los años 2007 y 2011,
años de su Gobierno.

Señorías, no tienen autoridad moral para decirnos que hemos
desmantelado el sistema de dependencia, no la tienen. (Rumores.—
Aplausos). Señorías del PSOE, no tienen credibilidad porque fueron
ustedes con su gestión quienes dieron lugar a un sistema que les voy a
recordar: tenían 12 055 personas fallecidas que cobraban y figuraban como
beneficiarias del sistema; es decir, se estaban tirando 29 millones de
euros. Había 1363 expedientes duplicados; por ahí se estaban tirando
otros 5 millones de euros. (Rumores). Los plazos de reconocimiento del
derecho de la prestación eran escandalosos, con más de 300 000 personas
en lista de espera. Estaban llevando la dependencia a un sistema de
subsidio. En eso es en lo que ustedes convirtieron el sistema de
dependencia. Ustedes hablan de recortes, señorías, y ustedes fueron los
primeros que le pegaron un recorte a la Ley de dependencia de 234
millones en el año 2011, bajo su Gobierno. (Aplausos).

Señorías, ustedes no pueden pensar una cosa u otra sobre una misma
ley dependiendo de si están en el Gobierno o si están en la oposición.
Sean sensatos, sean serios. Por ejemplo, el copago. Ustedes dicen que hay
que eliminar el copago. Señorías, ustedes lo escribieron en la ley. Fue
su ministro, el señor Caldera, el que la semana pasada, precisamente en
las jornadas que organizó el Cermi, dijo textualmente que el copago era
un asunto de justicia social, que tenían que contribuir con el sistema
las personas que más tenían. Nunca se le va a pedir a un beneficiario que
no tenga que pague nada, señoría, nunca.

Con todo esto, si comparamos la situación actual con el escenario
del 31 de diciembre de 2011, vemos que hoy, gracias al Partido Popular,
tenemos más beneficiarios incorporados al sistema, menos personas
pendientes de recibir prestación, más servicios profesionales, más
empleo, más cobertura y, lo que es más importante, la garantía de que
están atendidos quienes más lo necesitan. (El señor presidente ocupa la
Presidencia). Eso no lo digo yo, eso está en los informes del Tribunal de
Cuentas, señorías (Aplausos).

Y termino. Hace unas semanas se cumplían los diez años de la
entrada en vigor de la Ley de dependencia…

El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Ahora mismo, presidente.

... pero el modelo no se discute, sino que hay que mejorarlo, y la
mejor forma es a través de ese profundo diálogo social.

Señorías, queremos, de verdad, seguir mejorando un sistema que es
vital para muchas personas, vital para las personas más vulnerables.
¿Quieren sentarse con nosotros a trabajar? ¿Quieren que lleguemos a un
consenso?






Pues, adelante. Hoy, con su posición, no han aprovechado la
oportunidad, ustedes se han vuelto a centrar en los puntos que nos
separan en lugar de centrarse en los puntos de unión.

El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.

La señora SÁNCHEZ TORREGROSA: Aun así, señorías, aquí nos
encontrarán; el Grupo Popular les tiende la mano para mejorar la Ley de
la dependencia y su financiación.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sánchez
Torregrosa.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Socialista con
la incorporación de las enmiendas aceptadas: 12299 del senador Yanguas
y 12303 y 12304 de los senadores Navarrete y Mulet.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 253;
votos emitidos, 253; a favor, 76; en contra, 140; abstenciones, 37.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor presidente da lectura al punto 4.3.

El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado siete
enmiendas: cuatro del Grupo Parlamentario Mixto, a iniciativa de los
senadores Mulet y Navarrete; una del Grupo Parlamentario Socialista; una
del Grupo Parlamentario Popular; y una del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Rumores).

Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, el senador Aubà, cuando haya
silencio en el hemiciclo. (Pausa.— Rumores).

Señorías, guarden silencio, por favor.

Cuando quiera, senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, señor presidente, señorías. Els
productors de cítrics europeus i, més concretament, els productors
catalans i valencians estan molt preocupats per les conseqüències que es
poden derivar de l’acord econòmic entre la Unió Europea i la
Comunitat d’Estats Africans del Sud, aprovat el passat mes de
setembre. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia).

Aquest acord posa en perill la supervivència de moltes famílies
que es dediquen a la mandarina i a la taronja, per exemple. Recordem que,
segons les dades del Ministeri d’Agricultura, l’any 2015
Estava comptava amb la superfície citrícola de quasi 300.000 hectàrees,
de les quals 148.000 eren de tarongers, de 110.000 de
mandariners, 105.000 d’arangers i 38.000 de llimoners.

L’amenaça que els nostres productors i pagesos haurien
d’afrontar arran d’aquest acord és doble. D’una banda,
tenim l’amenaça econòmica i de viabilitat de les explotacions per
la seva competència de preus baixos que portarien els cítrics europeus.
De l’altra, tenim l’amenaça fitosanitària per la possible
contaminació de les nostres plantacions. És per tot això que, en
competència deslleial fonamentada en costos de mà d’obra barata i
en producció molt més barats. També la traçabilitat dels cítrics hauria
de sotmetre’s a un control més rigorós.

Les majors importacions de taronges sud-africanes a Espanya es
realitzin els mesos d’estiu i finalitzin el mes d’octubre,
data a partir de la qual comença la màxima producció dels cítrics, en
concret, de les taronges. Arran de l’acord, s’amplia el
període d’implantació dels cítrics procedents de Sud-àfrica fins
al 30 de novembre. Per tant, autoritzen l’entrada d’alts
volums de cítrics sud-africans durant més d’un mes i mig més. Això
comporta la presència als nostres mercats de grans volums de cítrics
sud-africans fins a finals de desembre, fet que incentivarà la pressió de
preus a la baixa en origen, augmentaran l’oferta i, en definitiva,
afectaran negativament els nostres pagesos i productors.

Recordem que les explotacions de cítrics sud-africans a la Unió
Europea oscil·len entre 600.000 i 680.000 tones, de les quals 400.000
i 455.000 tones corresponen a diferents varietats de taronges.

L’altre risc i amenaça que cal afrontar és la temuda plaga
de la taca negra dels cítrics, molt present a l’Àfrica del Sud.
Aquesta és, en principi, una malaltia fungicida dels cítrics a nivell
mundial i que, una vegada s’ha introduït i propagat en les noves
zones, n’és impossible l’eradicació. De moment, les
produccions europees estan lliures d’aquesta plaga, però la seva
infestació suposaria un impacte ambiental molt negatiu i es calcula que
incrementaria d’un 20 % els costos de producció. La preocupació
entre els productors europeus és màxima, perquè els productes
fitosanitaris que són eficaços per lluitar contra aquesta plaga no estan
autoritzats a la Unió Europea.

Per tant, per qüestions de seguretat alimentària i per evitar la
competència deslleial, cal exigir la màxima garantia que totes les
importacions de cítrics procedents de Sud-àfrica compleixin els mateixos
requisits fitosanitaris que els que s’exigeixen als produïts a
Europa.

Des d’Esquerra hem portat aquesta moció reclamant afrontar i
assegurar la viabilitat del futur dels nostres citricultors. Ens hi
juguem molt i, per tant, cal des d’Europa defensar els nostres
productors i pagesos.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Los productores de cítricos europeos, y concretamente los
productores catalanes y valencianos, están muy preocupados por las
consecuencias que pueden derivarse del acuerdo económico entre la Unión
Europea y la Comunidad de Estados Africanos del Sur, aprobado el pasado
mes de septiembre. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia).

Este acuerdo pone en peligro la supervivencia de muchas familias
que se dedican a la mandarina y a la naranja, por ejemplo. Recordemos
que, según los datos del Ministerio de Agricultura, en 2015 España
contaba con una superficie citrícola de casi 300 000 hectáreas, de las
que 148 000 eran de naranjos, 110 000 de mandarinos, 105 000 de pomelos
y 38 000 de limoneros.

La amenaza que nuestros productores y campesinos deberían afrontar
debido a este acuerdo es de doble naturaleza. Por un lado, tenemos la
amenaza económica y de debilidad de las explotaciones por la competencia
en precios bajos que afectaría a los cítricos europeos y, por otro, la
amenaza fitosanitaria por la posible contaminación de nuestras
plantaciones; es decir, se daría una competencia desleal fundamentada en
costes de mano de obra baratos y en una producción mucho más barata.
También la trazabilidad debería ser sometida a un control más
riguroso.

Las importaciones de naranjas sudafricanas a España se producen
durante los meses de verano y hasta finales de octubre, fecha a partir de
la cual empieza la máxima producción de nuestros cítricos, concretamente
de los naranjos. Debido a este acuerdo se amplía el periodo de
importación de los cítricos procedentes de Sudáfrica hasta el 30 de
noviembre. Por lo tanto, se autoriza la entrada de altos volúmenes de
cítricos sudafricanos durante mes y medio más. Esto conlleva la presencia
en nuestros mercados de grandes volúmenes de cítricos sudafricanos que,
hasta finales de diciembre, incentivarán la presión de precios a la baja
en origen, aumentarán la oferta y, en definitiva, afectarán negativamente
a nuestros campesinos y a nuestros productores.

Recordemos que las explotaciones de cítricos sudafricanos en la
Unión Europea oscilan entre 600 000 y 680 000 toneladas, de las que
entre 400 000 y 455 000 toneladas corresponden a diversas variedades de
naranjas.

El otro riesgo y amenaza al que debemos dar respuesta es a la
temida plaga de la mancha negra de los cítricos, muy presente en el sur
de África. Es una enfermedad fúngica de los cítricos a nivel mundial que
es imposible erradicar una vez introducida y propagada en zonas nuevas.
De momento, las producciones europeas están libres de esa plaga, pero su
infestación podría suponer un impacto medioambiental muy negativo. Se
calcula que incrementaría en un 20 % los costes de producción. La
preocupación entre los productores europeos es máxima puesto que los
productos fitosanitarios que son eficaces para luchar contra esta plaga
no están autorizados en la Unión Europea.

Por lo tanto, por cuestiones de seguridad alimentaria y para
evitar la competencia desleal debemos exigir la máxima garantía de todas
las importaciones de cítricos procedentes de Sudáfrica para que cumplan
los mismos requisitos fitosanitarios que los que se exigen a los
producidos en Europa.

Esquerra presenta esta moción para garantizar la viabilidad del
futuro de nuestros citricultores. Nos jugamos mucho; es importante la
defensa en Europa de nuestros productores y campesinos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Aubà.

Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Mixto
tiene la palabra el senador Mulet.

El señor MULET GARCÍA: Gracias.

En mi país, como saben, no sabe llover, y hemos de lamentar de
nuevo los estragos de la lluvia con cuatro personas muertas,
lamentablemente, y también con destrozos de todo tipo, entre ellos, al
campo valenciano. Y como estamos hablando de cítricos, sepan, por
ejemplo, que la cosecha de Clemenules, una variedad potente que ahora se
está recogiendo, está completamente perdida. Se han anulado todos los
pedidos justamente en estas semanas previas a Navidad, lo que supone la
importación del 40 % de todo el año. Estamos hablando de miles de
millones de euros y de centenares de puestos de trabajo. De nuevo el
campo valenciano, los agricultores valencianos, en este caso por las
inclemencias, castigados, pero también castigados por las políticas
europeas y por la insensibilidad del Gobierno central.

Comprenderán ustedes que como valencianos lo que más nos
identifica es este símbolo. (Mostrando una naranja). La naranja es un
símbolo que identifica claramente a los valencianos allá donde vamos.
Comprenderán que para los valencianos lo que más identifica al Estado
español es esto. (Mostrando un exprimidor). Y convendrán también que los
valencianos tenemos por costumbre ser solidarios y aportamos al Estado
español una caja llena de naranjas. ¿Y saben ustedes qué es lo que nos
devuelven a los valencianos de esa caja de naranjas que ponemos sobre la
mesa para compartir? Pues se nos devuelve esto. (Mostrando una cáscara de
naranja). Y ello no pasa únicamente con el pueblo valenciano, sino
también con los cítricos. En agricultura, aquí hablamos mucho de lácteos,
de pesca, del olivar, pero nunca de los cítricos.

La proposta transaccional que presenten els companys
d’Esquerra Repúblicana accepta bona part de les esmenes
presentades, però malauradamente les nostres no entren en el fons. Per a
nosaltres això és de nou un brindis al sol. Propostes abstractes, que no
comprometen a res, esperant bones voluntats de qui fins ara no n’ha
tigunt cap. Ja estem farts de bones paraules i de bones voluntats i el
que volem són solucions definitives. Hi ha propostes de mínims, de màxims
i hi ha propostes que es queden en declaracions de bones intencions.
Nosaltres exigim i volem que Espanya no ratifique el tractat. Òbviament,
és un tractat que té parts positives per a altres sectors, però no pot
ser de nou a costa dels valencians que es firmen este tipus de tractats.
Sabem que en el seu dia no van saber negociar bé i sabem que de nou els
valencians hem sigut moneda de canvi. Per tant, nosaltres volem que
s’arregle, si en el seu dia no es va negociar bé, i que no peguem
la cabotà de nou. Que el tractat encara que no estiga ratificat està en
vigor? Ens dóna igual, almenys com a mostra de bones intencions volem que
no es ratifique. Si l’acord de la UE amb estos sis països africans
es va aprovar el 10 de juny pel Consell de Ministres, segons la normativa
europea cal que els 28 Estats de la Unió el ratifiquen. I Espanya de
moment no l’ha ratificat.

Decisions i acords amb Botswana, Moçambic o Sud-àfrica, com els
secundats per Espanya a Europa, no passarien amb el sector lacti a
Galícia, ni els cereals o la vinya en la resta de l’Estat, per
ficar un exemple. Dins de l’Estat espanyol és el País Valencià el
que genera el 65 % de la producció de cítrics, seguit de Múrcia amb
un 21 %. El 15 % restant és el que produïxen Catalunya i Andalusia.

Les exportacions de cítrics sud-africanes permetrà que una de cada
vuit taronges del mercat siga d’este continent. Sembla poc una de
cada vuit taronges, però amb una de cada vuit taronges es distorsiona el
preu dels llauradors valencians, murcians, catalans i andalusos. Una de
cada vuit competirà en situació de desigualtat, al no disposar dels
mateixos estàndards de qualitat fitosanitaris. Per tant, per a nosaltres
són propostes buides. Mentre que a l’Estat espanyol es controlen
els vectors i malalties, de forma insuficient però real, a tercers països
no existeixen eixos controls, ni disposen de la formació necessària, ni
compten amb els protocols necessaris. Cap proposta que garantisca la
sanitat vegetal dels nostres cítrics ni que siguen una clara competència
comercial. Fan menció a l’article 34, com hem vist, i ningú ens
garantix que això s’aplique.

Com estem acabant el temps i després tenim un temps de portaveus,
acabaré la meua exposició en el torn de portaveus per a que no se’m
talle.

Gràcies.

En la propuesta transaccional que plantean los compañeros de
Esquerra Republicana se acepta buena parte de las enmiendas presentadas,
pero las nuestras no entran. Para nosotros es un brindis al sol.
Propuestas abstractas que no comprometen a nada, esperando buenas
voluntades de las que no tienen ninguna. Ya estamos hartos de buenas
palabras, lo que queremos son soluciones definitivas. Hay propuestas de
mínimos, de máximos y propuestas que se quedan en declaraciones de buenas
intenciones. Nosotros exigimos que España no ratifique el tratado. Es un
tratado que tiene partes positivas, pero no se pueden firmar ese tipo de
tratados a costa de los valencianos. Creemos que el Estado español no
supo negociar bien y que los valencianos fueron moneda de cambio. Por lo
tanto, queremos que se arregle este tratado, puesto que no se negoció
bien, y no tener que asentir de nuevo. Lo que queremos es una muestra de
buenas intenciones, que no se ratifique. El acuerdo de la Unión Europea
con estos seis países africanos, que se aprobó el 10 de junio en el
Consejo de Ministros, precisa que los 28 Estados de la Unión lo
ratifiquen y España de momento no lo ha hecho.

Acuerdos con Botsuana, Mozambique o Sudáfrica, como los secundados
por España en Europa, no tendrían lugar en Galicia con el sector lácteo,
ni con los cereales o la viña en otros lugares del Estado. En el Estado
español es el País Valenciano el que genera el 65 % de la producción de
cítricos, seguido de Murcia con un 21 %. El 15 % restante es el que
producen Cataluña y Andalucía.

Las exportaciones de cítricos sudafricanos permitirán que una de
cada ocho naranjas del mercado sea de este continente. Parece poco una de
cada ocho, pero una de cada ocho naranjas distorsiona el precio de los
agricultores valencianos, murcianos, catalanes y andaluces. Una de cada
ocho competirá en situación de desigualdad y con los estándares de
calidad fitosanitaria. Todas ellas son propuestas vacías. Mientras en el
Estado español se controlan los vectores de enfermedades, en los otros
países no existen estos controles ni disponen de formación necesaria para
ello. No hay ninguna propuesta que garantice la sanidad vegetal de los
cítricos, ni que sean una clara competencia comercial. En el artículo 34,
como hemos visto, nadie nos garantiza que eso se aplique.

Como se está agotando el tiempo, acabaré la exposición en el turno
de portavoces.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): tiene la palabra el senador
Huelva, por el Grupo Parlamentario Socialista.

El señor HUELVA BETANZOS: Presidente, comunico que no vamos a
hacer uso del turno de defensa de las enmiendas ya que hemos llegado a un
acuerdo de transaccional.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Huelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Gracias, presidente.

Al igual que el Grupo Socialista, comunico que tampoco haremos uso
de este turno porque hemos llegado a un acuerdo de transaccional.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senador
Cotillas.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Angustia.

La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Grazas, presidente. Chegamos a un acordo
transaccional, así que non faremos uso da quenda de emendas.

Gracias, presidente. Hemos llegado a un acuerdo de transaccional,
así que no haremos uso del turno de enmiendas.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Angustia.

Para manifestar si se aceptan o no las enmiendas, tiene la palabra
el proponente de la moción, el señor Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, presidente.

Ahora haré entrega de la transaccional por la que todos los grupos
hemos llegado a un acuerdo y, por tanto, por nuestra parte no hay nada
más que añadir.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Aubà.

Señorías, pasamos al turno de portavoces.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Rivero.

La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.

Senyories, des del Partit Demòcrata, en primer lloc volem
manifestar la nostra solidaritat amb tots els territoris mediterranis que
han patit la llevantada i fer una especial menció a aquells on,
desgraciadament, s’han hagut de lamentar víctimes mortals.

Vagi per endavant que nosaltres no som contraris a l’esperit
de les concessions comunitàries cap als estats, en aquest cas, de
l’Àfrica del sud, que pretenen no altra cosa que permetre el
creixement econòmic d’aquestes zones. Volem, com no pot ser
d’una altra manera, per a ells allò que volem per a nosaltres: que
avancin en mesures laborals, ambientals, de seguretat alimentària i de
cohesió social. Tampoc no eren contràries a aquest esperit les
organitzacions del sector que, al seu moment, reclamaven la
no-ratificació de l’acord. Però també és cert que tot això cal
fer-ho respectant el dret del sector a créixer i a ser viable, a defensar
legítimament els seus interessos.

En l’acord no hi ha hagut transparència, no hi ha hagut
estudi d’impacte, no es van tenir en compte mesures compensatòries.
Per a nosaltres, totes les signatures d’acords en matèria
agroalimentària, no només per als cítrics, en aquest cas, sinó per a tot
el sector agroalimentari de la Unió Europea, han de complir com a mínim
dues premisses. En primer lloc, l’exigència dels mateixos requisits
sanitaris per als productes importats que per a aquells que es produeixen
a Europa. En segon lloc, sempre un estudi de les mesures compensatòries
als sectors afectats.

Cal ajudar, senyories, però cal ajudar sense desajudar-nos.
Nosaltres, des del Partit Demòcrata, donarem suport a aquesta proposta,
tal com ja vam fer-ho amb la proposta en el mateix sentit que va
presentar el Grup de Compromís al Congrés. Pensem que, en aquell cas, era
potser més concreta, però nosaltres estem d’acord amb tot el que
pal·lïi aquesta posada en escena d’unes mesures que pensem que no
poden anar en detriment dels sectors que fan un esforç per sobreviure
cada dia.

Moltíssimes gràcies.

Gracias, presidente.

Señorías, en primer lugar, el Partido Demócrata desea manifestar
su solidaridad con todos los territorios mediterráneos que han sufrido el
viento fuerte de levante y nos gustaría hacer una mención especial a los
casos en los que se han tenido que lamentar víctimas mortales.

Vaya por delante que nosotros no estamos en contra del espíritu de
las concesiones comunitarias hacia los Estados, en este caso, del África
del sur, ya que lo único que pretenden es permitir el crecimiento
económico de estas zonas. Como no puede ser de otra forma, lo que
queremos para nosotros lo queremos para ellos, es decir, que avancen en
medidas laborales, medioambientales, de seguridad alimentaria y de
cohesión social. Tampoco se mostraban en contra de este espíritu las
organizaciones del sector que, en su momento, reclamaban la no
ratificación del acuerdo, pero también es cierto que todo esto debe
realizarse respetando el derecho del sector a crecer y a ser viable, a
defender de forma legítima sus intereses.

En el acuerdo no ha habido transparencia, no ha habido un estudio
de impacto ni se contemplaron medidas compensatorias. Para nosotros,
todas las firmas de acuerdos en materia agroalimentaria, no solo en el
caso de los cítricos, sino en todo el sector agroalimentario de la Unión
Europea, deben cumplir, cuando menos, dos premisas: en primer lugar, la
exigencia de los mismos requisitos sanitarios, tanto para los productos
importados como para aquellos que se producen en Europa; en segundo
lugar, un estudio, en todos los casos, de las medidas compensatorias para
los sectores afectados.

Debemos ayudar, señorías, pero tenemos que hacerlo sin
desayudarnos a nosotros mismos. Nosotros, el Partido Demócrata, vamos a
apoyar esta propuesta, como ya lo hicimos en el mismo sentido con la
propuesta presentada por Compromís en el Congreso. Pensamos que en aquel
caso quizá era una propuesta más concreta, pero estamos de acuerdo con
todo lo que mitigue la puesta en escena de unas medidas que no pueden ir
en detrimento de los sectores que hacen un esfuerzo para sobrevivir cada
día.

Muchas gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Rivero.

Senador Mulet, tiene la palabra.

El señor MULET GARCÍA: Gràcies. Continue on havia deixat la
intervenció.

Vostés veuen amb seguretat l’article 34 del Tractat, que
això dóna una sèrie de garanties. Nosaltres pensem que eixe tipus de
garanties malauradament mai s’acaben donant. Podem posar com
exemple qualsevol tipus de tractat internacional. A vore quan es posen
estos tipus de garanties o controls com es complixen. De fet, no
s’estan complint. Qui garantirà complir eixe article? No ens ho
garantix ningú. Qui dirà quan està entrant competència deslleial o
s’ultrapassen els límits de l’acord? Tampoc tenim cap
garantia. Recordem que els Estats Units obliga a les nostres clementines,
als nostres cítrics a entrar pel port de Filadèlfia únicament, i que la
Unió Europea deixa entrar per qualsevol port les importacions de cítrics
d’altres països. I això acaba sent un colador.

Durant 2015 es van detectar a la Unió Europea 45 enviaments de
cítrics procedents de Sud-àfrica amb presència d’agents nocius,
setze dels quals eren vectors que provoquen malalties greus als cítrics.
De fet nosaltres proposem a la nostra esmena, que vostés no han acceptat,
ubicar un únic port d’entrada autoritzat per als cítrics procedents
de Sud-àfrica i, concretament, diem que siga el de Castelló. No ho diem
per proximitat geogràfica nostra, sinó perquè pensem que és el que més
preparat està per a rebre i inspeccionar enviaments, en comptar amb molta
experiència a través d’empreses implantades en ell, i ser de fet el
port des d’on parteixen tots els cítrics valencians en direcció als
Estats Units, i recordem que els Estats Units és un lloc on se’ns
exigix molt de control sanitari a nosaltres. Per tant, hi ha una
experiència contrastada en inspecció i control.

Nosaltres volem que siga el port de Castelló perquè és
l’idoni per estar prop de les empreses que han de manipular i
reexportar estos cítrics als mercats comunitaris. D’aquesta manera
s’evitaria la deslocalització dels punts de reexpedició a altres
països de la Unió Europea. Es troba prop de la principal zona de
producció de l’Estat i, per proximitat, molt a prop de la zona de
Catalunya on més es produeix, que és a Tarragona.

A més, reclamem que s’hauria d’implantar en el port de
Castelló una dotació d’inspectors fitosanitaris especialitzats en
plagues i malalties de quarantena com el citrus black.

Nosaltes volem que hi haja un únic port, com als Estats Units a
Filadèlfia, perquè si no s’acabarà deslocalitzant i perquè si no
acabaran entrant tots els cítrics per tercers països com Holanda, amb
menys preocupació pel control de plagues com hem vist, perquè a ells no
els afecta. I afectaria negativament també al sector del transport de les
nostres comarques. I per això, vostés d’Esquerra Republicana, on
suposadament diuen que baix o dalt de l’Ebre som el mateix, els
donarà igual que es puga importar des de Tarragona o des del port de
Castelló perquè som el mateix.

Nosaltres ja vam advertir a la Comissió d’Agricultura
passada, que fallaven els protocols de control, concretament quan
denunciavem el cas de la Xylella fastidiosa. Van dir que no fallava res i
ara estem lamentant que en les Illes Balears s’ha donat el primer
cas.

Per tant, la seua proposta és positiva però es queda pràcticament
en no res, en cap tipus de mesura concreta, sinó en declaracions de bones
intencions. I pensem que els llauradors valencias ja han patit prou com
perquè continuem amb propostes abstractes. Per tant, ens anem a abstindre
perquè té punts positius però és una proposta ja no de mínims, sinó una
proposta de bones intencions. Ens haguera agradat una proposta molt més
ambiciosa, no han acceptat les nostres esmenes, encara així ens
abstindrem i en la pròxima Comissió d’Agricultura ja presentarem la
nostra.

Gràcies.

Gracias. Continuo donde dejé la intervención.

Ustedes verán, con seguridad, que en el artículo 34 del Tratado se
dan una serie de garantías. Nosotros creemos que esas garantías nunca se
darán. Podemos poner como ejemplo cualquier tipo de tratado
internacional. Cuando se ponen estos controles nunca se cumplen. ¿Quién
garantiza que se cumplirá ese artículo? Nadie lo garantiza. ¿Quién dirá
cuándo se comete competencia desleal o se traspasan los límites del
acuerdo? Nadie. Recordamos que Estados Unidos obliga a nuestras
clementinas, a nuestros cítricos, a entrar por el puerto de Filadelfia
únicamente y la Unión Europa deja que entren las importaciones por
cualquiera de sus puertos, y eso acaba siendo un colador.

En la Unión Europea se detectaron 45 envíos de cítricos de
Sudáfrica con presencia de agentes nocivos, dieciséis de los cuales
provocan enfermedades a los cítricos. De hecho, la propuesta que figura
en nuestra enmienda, que no han aceptado, era ubicar un único puerto para
la entrada de cítricos de Sudáfrica, concretamente el de Castellón, no
solo por proximidad geográfica sino porque es el mejor preparado para
inspeccionar esta mercancía dado que tiene mucha experiencia y es desde
donde los cítricos salen hacia Estados Unidos donde se exigen muchos
controles sanitarios. Por lo tanto, tienen una experiencia contrastada en
inspección y control.

Queremos que sea el puerto de Castellón pues es el idóneo al estar
cerca de empresas que han de manipular y transportar estos cítricos a los
mercados comunitarios. Con esto se evitaría la deslocalización de los
puntos de expedición a otros países de la Unión Europea. Asimismo, está
cerca de la zona de producción del Estado y de Tarragona, es decir, de
Cataluña.

Además, reclamamos la implantación de una dotación de inspectores
fitosanitarios especializados en plagas y enfermedades de cuarentena,
como la citrus black spot. Queremos utilizar un único puerto, como en
Estados Unidos, para que no se deslocalice y no entren todos los cítricos
por terceros países como Holanda. De esta manera, la preocupación por el
control de plagas sería menor, lo que —como hemos visto—,
afectaría negativamente a nuestro sector. Como creo que pensamos lo
mismo, suponemos que a Esquerra Republicana le dará igual de dónde
salgan, si del puerto de Tarragona o de Castellón.

Nosotros advertimos a la Comisión de Agricultura que fallaban los
protocolos de control, como denunciamos en relación con la Xylella
fastidiosa. Así, lamentamos que en las islas Baleares se haya producido
algún caso.

Por tanto, su propuesta es positiva, pero al no contemplar medidas
concretas se queda en nada; es una declaración de intenciones. Los
agricultores valencianos ya han sufrido bastante como para que se les
continúe maltratando. Tiene objetivos positivos, pero es una propuesta de
mínimos; y nos gustaría una propuesta más seria.

A pesar de que no han aceptado nuestras enmiendas, aun así nos
vamos abstener.

Gracias.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Mulet.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el senador
Cazalis.

El señor CAZALIS EIGUREN: Gracias, señor presidente.

Si me lo permite intervendré desde el escaño para agilizar el
debate.

Este es un tema recurrente en esta Cámara. En este caso estamos
hablando de cítricos, pero hemos hablado de otros muchos productos que
están a veces en las mismas condiciones. Nos alegramos del acuerdo y del
éxito del Grupo de Esquerra Republicana con su moción. Esperemos que las
bases del acuerdo al que se ha llegado hoy se puedan aplicar cuando
hablemos del tomate canario frente a las importaciones marroquíes o, en
el caso de la pesca, de las importaciones de conservas procedentes de
Asia, etcétera.






Esto es importante porque, al final, se compite de manera
muchas veces desleal e incontrolada; por ejemplo, en el caso de las
conservas o de los lomos de atún, aunque no todo el mundo esté de acuerdo
aquí.

Entendemos que la Unión Europea acuerde intercambios comerciales
con otros países. Esto es bueno para Europa, es bueno para esos países y,
además, es un instrumento para favorecer las mejoras sociolaborales de
los países que aspiran a vender en Europa sin aranceles o con reducciones
arancelarias, mejorando y homologando las condiciones de trabajo, las
condiciones sanitarias y fitosanitarias que se deben cumplir en Europa,
en los países de origen. Eso es muy importante dentro de este esquema, no
solo que Europa reciba productos que, a lo mejor, pueden ser de la misma
calidad o más baratos sino que, además, eso repercuta en los países de
origen. Sin embargo, no siempre es así; incluso podríamos preguntarnos si
alguna vez es así. Por ejemplo, el 80 % de las conservas de atún
procedentes de Asia no cumplen con alguna normativa europea. Y aquí
podríamos empezar a hablar de pesca ilegal, de trabajo forzado, de
esclavitud, etcétera, que parece que son palabras mayores, pero en esta
misma Cámara celebramos una comisión especial para hablar del trabajo
forzado y este asunto apareció en el informe de la comisión. Y si nos
ponemos a hablar de cacao y de café, en algunos casos más vale que nos
amarremos muy bien las vestiduras.

Si los objetivos marcados son los que se van a cumplir, estaremos
totalmente de acuerdo porque el incumplimiento o la competencia tramposa,
evidentemente, no solamente son malas para nuestros productores sino
también para terceros países que sí cumplen, porque al final acaban todos
en el mismo saco.

También nos gustaría incidir en algo que se recoge en esta moción:
la vigilancia estricta de lo acordado y la capacidad de finalizar el
convenio en caso de que no se cumpa, porque esto es esencial. En el caso
de la pesca empiezan con tarjetas amarillas, como en el fútbol; pero no
se acaba nunca. Y mientras tanto siguen entrando productos en Europa que
no deberían hacerlo. No se trata de proteccionismo sino de coherencia y
de respeto a nuestros productores y, sobre todo, de preservar nuestra
seguridad alimentaria porque, al final, muchas veces sí que está en
juego.

Por eso, vamos a votar a favor y nos alegramos de esta
transaccional. Esperemos que este espíritu se reproduzca también cuando
hablemos de otros productos que puedan estar afectados por el mismo
caso.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Cazalis.

Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra
el senador Aubà.

El señor AUBÀ FLEIX: Gracias, presidente.

Señorías, para mi grupo es muy importante, y creo que para todos,
que hayamos alcanzado esta transaccional, dado que coincidíamos
prácticamente todos los grupos en que había dos preocupaciones muy
presentes en este debate: la seguridad alimentaria y la seguridad de que
no entre la plaga de la mancha negra.

Mi grupo y yo les agradecemos muchísimo el esfuerzo que hemos
hecho todos los grupos para recoger propuestas, que cabe señalar que no
eran tan diferentes. Creo que ha sido un buen acuerdo.

Senador Mulet, en el moment que presentis una moció diferent, que
has anunciat, la valorarem i hi donarem suport, però el que hem buscat en
esta moció és un començament per parlar del tema important.

Ens agrada molt transaccionar, perquè com a mínim tots els grups a
partir d’ara tenim una posició conforme.

A partir d’aquí, pot haver-hi, evidentment, altres mocions i
nosaltres ens hi sumarem, perquè al nostre territori —concretament
el meu, que és la part del sud de Tarragona que toca amb la zona
valenciana— també som productors, i alcaldes i companys meus de
partit estan molt preocupats. Per tant, compartirem tot allò que serveixi
per avançar, però en este moment el que hem aconseguit és que se’n
parli, que ho posem al debat.

Com deia el senador Cazalis, estarem molt pendents perquè si hi ha
risc en les produccions agràries foranes o les locals, haurem
d’actuar amb la clàusula que té el tractat establerta per tal de
garantir que els nostres productors tinguin la seguretat que podran tirar
endavant les seves explotacions.

Una vegada més, vull reiterar l’agraïment a tots els grups,
a Podemos, al Grup del Partit Popular, al Grup Socialista, al Grup Mixt,
per l’esforç que heu fet per donar llum verda a esta moció i els
emplaço que ens puguem trobar treballant per a un sector, l’agrari,
perquè Unión de Uniones —que representa els sindicats territorials,
per dir-ho d’alguna manera— estan d’acord amb este
argumentari que avui presentem. Penso que és un gran dia per al sector
agrari.

Moltes gràcies. (Aplaudiments.)

Senador Mulet, cuando presenten una moción distinta, como ha
anunciado, la valoraremos y le daremos apoyo. Pero lo que hemos buscado
con esta moción es un principio para hablar de un tema tan
importante.

Nos gusta mucho transaccionar porque todos los grupos, a partir de
este momento, tenemos una posición conjunta.

Evidentemente, se podrán presentar otras mociones, y nosotros nos
sumaremos a ellas porque en nuestro territorio —concretamente en el
mío, el sur de Tarragona, que linda con la zona valenciana—,
también somos productores. En este sentido, alcaldes y compañeros de mi
partido están muy preocupados por ese tema, por lo que vamos a compartir
todo aquello que sirva para avanzar. En este momento lo que hemos logrado
es que al menos este problema se ponga sobre el tapete y se hable de
él.

Esperamos, como decía el senador Cazalis —y estaremos muy
pendientes— que si se ponen en riesgo las producciones agrarias
locales actuemos mediante la cláusula recogida en el tratado, para
garantizar que nuestros productores tengan la seguridad de que van a
poder seguir adelante con sus explotaciones.

Una vez más reiteramos el agradecimiento a todos los grupos, a
Podemos, al Grupo Popular, al Grupo Socialista y al Grupo Mixto por el
esfuerzo realizado para dar luz verde a esta moción. Y les emplazo para
que trabajemos juntos por un sector, el agrario, porque la Unión de
Uniones —que representa a los sindicatos territoriales, por
llamarlo de alguna forma—, está de acuerdo con la moción
presentada. Me parece que hoy es un gran día para el sector agrario.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Aubà.

Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Angustia.

La señora ANGUSTIA GÓMEZ: Grazas, Presidente.

Bo día, señorías. Desde o Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea estamos radicalmente en contra á ratificación dun
acordo á asociación económica entre a Unión Europea e os países de África
do Sur sen os estudos de impacto previos á ratificación definitiva do
acordo e poden, polo tanto, hoxe contar co noso voto a favor da súa
moción.

Dixemos non á ratificación do acordo a fondo perdido en Europa,
dixemos non á ratificación do acordo a fondo perdido no País Valenciano e
diremos non á ratificación a fondo perdido do acordo hoxe. Non todos os
grupos aquí presentes poden facer gala de esta coherencia, xa que o
Partido Popular e o Partido Socialista dixeron non en País Valenciano
pero, sen embargo, portando como pavillón o seu pacto neoliberal dixeron
si xuntos facendo de bos servos ao amo capital no Europarlamento.

Consideramos que o acordo vai en contra dun produto emblemático a
nivel social e económico, e parécenos imprescindible que o goberno
defenda os intereses deste sector na Unión Europea. Hai varias razóns que
nos levan a situarnos de partida en contra deste acordo da Unión Europea
cos países de África do Sur. Atopamos primeiro razóns socio-económicas.
Sospeitamos que este acordo non dará resposta ás necesidades do
campesiñado africano pois só responderá aos intereses das grandes
corporacións que acaparan terras e cesións dos propios gobernos africanos
e que beneficiará á mesma agricultura industrial que expulsa das súas
terras e condena á miseria e á pobreza ao campesiñado africano.

Acordos de libre comercio coma este, xestionados de costas á
cidadanía ameazan ademais á agricultura familiar e á produción de
proximidade, de defensa imprescindible para nós. Afectará tamén aos
produtores de cítricos dentro das fronteiras da Unión Europea de forma
negativa economicamente, entendemos. Haberá un maior custo para facer
fronte a un produto que accederá dentro das nosas fronteiras por un
tratado de libre comercio e haberá maiores controis fito-sanitarios
fronte á posibilidade de infeccións fúnxicas externas de infeccións que
aínda non chegaron á Unión Europea pero que este produto africano si fai
que a nosa produción corra risco de verse afectada. A laranxa surafricana
competirá coa navelina, coa variedade máis importante do País Valencià
que na campaña pasada produciu 620 000 toneladas e que en anteriores
superou incluso as 800 000.

Sudáfrica neste momento exporta anualmente 430 000 toneladas de
cítricos a países comunitarios e, polo tanto, afectará ás produtoras
españolas de cítrico para favorecer a estes países do sur de África,
segundo exportador neste momento, por detrás de España.

En Sudáfrica, ademais, atopamos que hai motivos fito-sanitarios
para opoñernos a este tratado. En Sudáfrica está presente esa temida
praga, Black Spot, que aínda non chegou a Europa e está causada por un
fungo que agora mesmo supón que é a primeira enfermidade fúnxica nos
agros a nivel mundial. A Unión Europea suavizou as condicións de control
fito-sanitario aos cítricos procedentes de Sudáfrica precisamente sen ter
en conta as advertencias, por exemplo, da Axencia Europea de Seguridade
Alimentaria que continuamente está a alertar deste risco.

Sudáfrica incumpre sistematicamente as normas de seguridade
fito-sanitaria europeas o que me leva á derradeira proposta. A derradeira
proposta que algúns grupos fan que é falar dun único porto de entrada dos
cítricos procedentes de Sudáfrica á Unión Europea. E aquí hai unha cousa
importante que son as recomendacións que fai o Departamento de
Agricultura de Estados Unidos a este respecto que, sen vergonza ningunha
das súas alianzas, dos seus tratados de libre comercio coa Unión Europea,
atenta contra a soberanía de forma directa recomendando que o único porto
autorizado para a descarga de cítricos procedentes de Sudáfrica sexa
Rotterdam, porto coñecido por todos pola súa laxitude para cumprir a
lei.

Defendemos polo tanto, señorías, a soberanía dos pobos, defendemos
as nosas produtoras, defendemos a calidade do noso agro e defendemos aos
nosos traballadores e traballadoras.

Por iso hoxe seguimos dicindo non aos pactos institucionais, aos
pactos fóra dos parlamentos, aos pactos das multinacionais, que agriden
directamente á cidadanía, que se fan en contra dos sectores afectados e,
polo tanto, realizados en todo momento sen medir o impacto real para as
persoas, para os millóns de persoas que cada día viven dos nosos
agros.

Grazas. (Aplausos).

Gracias, señor presidente.

Buenos días, señorías. En el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea estamos radicalmente en contra de la ratificación
definitiva de un acuerdo de asociación económica entre la Unión Europea y
los países de África del sur, sin los estudios de impacto previos. Por lo
tanto, hoy pueden contar con nuestro voto a favor de su moción.

Hemos dicho que no a la ratificación del acuerdo a fondo perdido
en Europa, que no la ratificación del acuerdo a fondo perdido en el País
Valenciano y hoy diremos que no a la ratificación a fondo perdido al
acuerdo. Otros grupos aquí presentes no pueden hacer gala de esta
coherencia, ya que el Partido Popular y el Partido Socialista han dicho
que no en el País Valenciano y, sin embargo, portando como pabellón su
pacto neoliberal, han dicho que sí, juntos, haciendo de buenos siervos al
amo capital en el Europarlamento.

Consideramos que el acuerdo va en contra de un producto
emblemático en el ámbito socioeconómico y nos parece imprescindible que
el Gobierno defienda los intereses de este sector en la Unión Europea.
Hay varias razones que nos llevan a posicionarnos de partida en contra de
este acuerdo de la Unión Europea con los países de África del sur. Por
una parte, las razones socioeconómicas; sospechamos que este acuerdo no
dará respuesta a las necesidades de los campesinos africanos, pues solo
responde a los intereses de las grandes corporaciones que acaparan
tierras y cesiones de los propios Gobiernos africanos y que beneficiarán
incluso a la agricultura industrial, que expulsa de sus tierras y condena
a la miseria y a la pobreza a los campesinos.

Acuerdos de libre comercio como estos, gestionados de espalda a la
ciudadanía, amenazan además a la agricultura familiar y a la producción
de proximidad, que siempre defendemos. Por otro lado, afectarán
económicamente a los productores de cítricos dentro de las fronteras de
la Unión Europea de forma negativa: habrá un mayor coste para hacer
frente a un producto que creará excedentes dentro de nuestras fronteras
por un tratado de libre comercio, y habrá mayores controles
fitosanitarios ante la posibilidad de infecciones fúngicas externas
porque, aunque todavía no han llegado a la Unión Europea, este producto
africano provocará que nuestra producción corra el riesgo de verse
afectada. Además, la naranja sudafricana competirá con la navelina, la
variedad más importante del País Valenciano, que produjo 620 000
toneladas en la campaña pasada y, en anteriores, llegó incluso a
las 800 000 toneladas.

Sudáfrica, en este momento, exporta anualmente 430 000 toneladas
de cítricos a países comunitarios —y, por lo tanto, afecta a las
productoras españolas de cítricos— lo que favorece a estos países
del sur de África, segundo exportador en este momento, tras España.

Por otro lado, hay motivos fitosanitarios para oponernos a este
tratado con Sudáfrica. Allí está presente esa terrible plaga, la citrus
black spot, que todavía no ha llegado a Europa; está causada por un hongo
que ahora mismo constituye la primera enfermedad fúngica en los campos a
nivel mundial. Se supone que los cítricos procedentes de Sudáfrica ya
están afectados y no se han tenido en cuenta las advertencias, por
ejemplo, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, que está
alertando continuamente de este riesgo.

Sudáfrica incumple sistemáticamente las normas de seguridad
fitosanitarias europeas, lo que me lleva a mi última propuesta, que
también hace algún otro grupo: la existencia de un único punto de entrada
a la Unión Europea de los cítricos procedentes de Sudáfrica. Es necesario
destacar la recomendación del Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos a este respecto que, sin vergüenza ninguna de sus alianzas y
tratados de libre comercio con la Unión Europea, atenta contra la
soberanía de forma directa, recomendando que el único puerto autorizado
para la descarga de cítricos procedentes de Sudáfrica sea Róterdam,
puerto conocido por todos por su laxitud a la hora de cumplir con la
ley.

Por lo tanto, señorías, defendemos la soberanía de los pueblos;
defendemos a nuestras productoras; defendemos la calidad de nuestro
campo; y defendemos a nuestros trabajadores y trabajadoras.

Por eso, hoy seguimos diciendo que no a los pactos
institucionales, a los pactos fuera de los parlamentos, a los pactos de
las multinacionales que agreden directamente a la ciudadanía, que se
firman en contra de los sectores afectados y, por tanto, sin medir el
impacto real para los millones de personas que cada día viven de nuestros
campos.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Huelva.

El señor HUELVA BETANZOS: Gracias, presidente.

Antes de nada quiero agradecer especialmente el trabajo del
senador Aubà en pro de materializar un consenso entre todos los grupos
políticos de la Cámara y su disposición por conseguir siempre lo mejor
para todos y para sacar adelante este proyecto.

Además, he de expresar también la solidaridad del Grupo
Parlamentario Socialista con los agricultores y citricultores de Murcia,
Valencia y Almería, por los graves daños que han sufrido y por las
pérdidas que ello va a suponer en el mercado de cítricos. En este
sentido, manifiesto la voluntad del Grupo Parlamentario Socialista de
ponernos a disposición de los compañeros de Murcia, Valencia y Almería,
para ayudarles en lo que podamos.

Señorías, intervengo no solo en la defensa de esta moción, sino
—y lo que es más importante— en la defensa del sector cítrico
en el territorio nacional; y, sobre todo, en defensa de la economía y de
los puestos de trabajo que genera. El Grupo Parlamentario Socialista
—al que represento aquí— considera que actuaciones de la
Unión Europea como esta ponen en serio riesgo la producción, el empleo y
la estabilidad de nuestro sector agrícola en su conjunto.

El día 10 de junio, la Unión Europea firmó un acuerdo de
asociación económica con la comunidad de Estados de África del sur, que
fue ratificado por el Parlamento el 17 de septiembre. Esta situación ha
provocado que el sector citrícola español esté francamente preocupado por
lo que este acuerdo pueda afectar al conjunto de su propia economía.

El sector de los cítricos de la Unión Europea es muy importante,
desde todos los puntos de vista; y si no se toman —o, si no
tomamos— medidas serias y estrictas, estaremos poniendo en riesgo,
en jaque, 600 000 hectáreas y 500 000 toneladas de producto al año.

Asimismo, la Unión Europea es un exportador neto de cítricos. Por
ello, la llegada de la mancha negra a nuestro territorio podría acarrear
pérdidas para nuestras exportaciones y amenazar seriamente tanto la
calidad de nuestros productos como nuestra posición como exportador.

España, aunque es la primera exportadora mundial, no es la primera
producción del mundo, lo que nos hace pensar que esta circunstancia se
debe a que somos muy competitivos y, sin ninguna duda, nuestros productos
son de una gran calidad y, por ello, muy demandados. Sin embargo, con el
acuerdo firmado entre la Unión Europea y África del sur se abren nuestras
fronteras a cítricos llegados desde Sudáfrica —el segundo mayor
exportador mundial por detrás de España—, ampliando el periodo
hasta el final de noviembre —es decir, un mes y medio más—
con un descenso paulatino de aranceles, hasta llegar al 0 %. Pues bien,
esta apertura —y este mes y medio de más— va a tener lugar
durante el periodo de máxima actividad comercial de las naranjas
españolas y, precisamente, en un momento en el que el sector está siendo
objeto de medidas especiales de retirada de productos por el cierre del
mercado ruso; con lo cual, el incremento del riesgo para nuestro sector
citrícola, desde el punto de vista económico y financiero —y,
claramente, desde el punto de vista de la competitividad—, se
incrementará hasta alcanzar cotas de las que nos va a ser muy difícil
regresar.

En estas circunstancias, resulta cuanto menos paradójico que se
faciliten las importaciones hacia un mercado saturado y en plena
producción, generando una mayor alteración de las condiciones de la
oferta y una perturbación continuada del mercado, de modo que, si no se
actúa, podría provocar un ajuste estructural en el sector.

Desde nuestro punto de vista, a esto se suma una decisión muy
preocupante de la comisión de ejecución, que dispone que se aligeren las
condiciones de control fitosanitario en la frontera de los cítricos
procedentes de Sudáfrica. Esto supone un riesgo que entendemos
innecesario y que se asume sin tener en cuenta las advertencias de la
Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria; plagas como la mancha negra
que, por otro lado, ya han demostrado su peligrosidad devastando grandes
zonas productoras de la propia Sudáfrica, Argentina, Brasil, China,
Estados Unidos, la India o México. Afortunadamente, el pasado 15 de
diciembre, hace escasamente cuatro o cinco días, la Eurocámara ha
aprobado una resolución en la que se rechazan las modificaciones de la
Comisión Europea, advirtiéndoles que no se pueden relajar los controles
fitosanitarios de los cítricos importados por terceros países cuando su
destino sea la industria y no el consumo de frescos, porque ello
supondría poner en serio riesgo las plantaciones de cítricos de Valencia,
Andalucía, Murcia y otros territorios de la Unión Europea.

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya
terminando.

El señor HUELVA BETANZOS: Termino, presidente.

No debemos aceptar que se implanten dos canales fitosanitarios de
entrada, en función del destino del producto.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Huelva.

Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador
Cotillas.

El señor COTILLAS LÓPEZ: Buenos días, señorías. Buenos días,
presidente. Muchas gracias.

Antes de nada, y en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero
solidarizarme de manera clara con todos los afectados por los fenómenos
meteorológicos de los últimos días en la Comunidad Valenciana, en
Andalucía, en la Comunidad de Murcia y en todo el Mediterráneo. No solo
queremos solidarizarnos sino expresar nuestro convencimiento de que el
Gobierno de España —en unión con las instituciones comunitarias,
las regionales, autonómicas y locales—, como ya está ocurriendo, va
a estar al lado de aquellos que han sufrido y que sufren y, por lo tanto,
al lado de la solución a los problemas que este temporal ha generado.
También, este grupo parlamentario se pone a disposición de todos y cada
uno de los afectados.

Por otro lado, quiero agradecer al portavoz de Esquerra
Republicana de Cataluña, Miguel Aubà, la presentación de esta moción que
ha permitido al Grupo Parlamentario Popular, grupo mayoritario en esta
Cámara, contribuir con nuestro trabajo, con el trabajo de los senadores
de la Comunidad Valenciana, de la comunidad de Murcia y de la comunidad
de Andalucía para hacer posible un acuerdo, que es mucho más positivo que
las puestas en escena de Compromís.

Todo aquel que me conoce sabe que tengo mucho y buen sentido del
humor, y está muy bien la pirotecnia para las tertulias con los amigos o
para los bares, etcétera, pero lo que los ciudadanos le están pidiendo a
esta Cámara es que seamos capaces de ceder, de acordar, de buscar
fórmulas transaccionales y de hacer posible que, estando de acuerdo en el
fondo, consigamos llegar también al acuerdo en las palabras y en las
formas. Creo que hoy se ha dado esa circunstancia en esta moción, porque
así lo han querido muchos, como los senadores de Esquerra Republicana de
Cataluña, del Partido Socialista —y a este respecto, agradezco al
senador Amaro Huelva su predisposición—, y también de otros grupos
como Podemos, el PNV, el Grupo Mixto y el grupo mayoritario, que es el
Grupo Popular. Así, hemos llegado a un acuerdo, que creo que es lo que
interesa de verdad a todos aquellos trabajadores y propietarios de esas
miles de hectáreas. (El señor presidente ocupa la Presidencia). En este
sentido, el ministerio hablaba el año pasado de 299 518 hectáreas de
superficie citrícola y también de todo un sector que, en torno a la
producción, al esfuerzo y al trabajo de los agricultores de la naranja,
la mandarina, el pomelo o el limón ayudan, evidentemente, a que la renta
agraria en este país suba —como ha venido ocurriendo con el
Gobierno del Partido Popular— y a que las exportaciones se
incrementen de manera absolutamente de récord, como también ha sucedido
con el Gobierno del Partido Popular.

Señores de Podemos, este acuerdo ha sido aprobado por los
representantes de los ciudadanos en la Comisión Europea y en el
Parlamento Europeo; pero no de espaldas a nadie ni de espaldas a la
ciudadanía. Hay que tener menos miedo a la libertad y a la democracia.
Hay que pensar que los acuerdos de libre comercio ayudan a crecer a todas
las partes, que alcanzar acuerdos es positivo y que todos podemos salir
ganando con ellos.

Nuestro Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, está vigilante,
está comprometido con los productores de cítricos y está trabajando para
que no se perjudique al sector sino todo lo contrario, que tenga
beneficio.

Este acuerdo tiene dos partes que nos preocupan. La primera, lo
que tiene que ver con el aspecto económico. Creo que este punto queda
garantizado con la cláusula de salvaguarda del artículo 34, de modo que
si se producen problemas de sobrepresencia de cítricos en la Unión
Europea se podrá estudiar la viabilidad de medidas compensatorias. Y, la
segunda, la sanidad alimentaria, que no está en este acuerdo pero figura
en una directiva. Los compañeros del Partido Popular y del Partido
Socialista en el Parlamento Europeo, muy recientemente, han trabajado
—igual que el Gobierno— para que no se ablanden las
condiciones de control sanitario sino todo lo contrario: para que vayan a
más. En este sentido, este acuerdo vuelve a hablar de eso, de más y
mejores controles, de la protección al sector económico y al consumidor.
El sector económico y el consumidor son prioritarios en nuestra actuación
y yo me alegro mucho hoy de que podamos haber llegado a ese acuerdo y
felicito a todos los que han participado en él. Espero que Compromís
todavía esté a tiempo de abandonar el efectismo y entre en lo que de
verdad importa: que es acordar y resolver problemas.

Sin más, como estamos en la época que estamos, les deseo feliz
Navidad y feliz año a todos los senadores y senadoras de esta Cámara.
(Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cotillas.

Llamen a votación. (Pausa).

Cierren las puertas.

Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación a la
moción del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, firmada por todos
los grupos.

Comienza la votación. (Pausa).

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 255;
votos emitidos, 255; a favor, 253; abstenciones, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Voy a proceder a la lectura de una
declaración institucional firmada por todos los grupos, que se acaba de
presentar y que dice lo siguiente:

«Durante el pasado fin de semana se ha producido en el Levante
español un fortísimo temporal de lluvias y viento que ha ocasionado
gravísimas inundaciones en diferentes comarcas de la Comunidad Valencia,
de la Región de Murcia, de la Comunidad Autónoma de Andalucía
—especialmente el norte de Almería—, de la Comunidad Autónoma
de Baleares y otras zonas afectadas, ocasionando varias pérdidas humanas
y graves daños en bienes e infraestructuras. Las intensas
precipitaciones, las fuertes rachas de viento han provocado graves daños
a su paso por las ciudades de Valencia, Sagunto, Benidorm, Torrevieja,
Dolores, Orihuela y Pilar de la Horadada, forzando el cierre de algunas
de sus infraestructuras.

Se activaron los diferentes dispositivos por riesgo de
inundaciones ante las fuertes lluvias caídas y el peligro de
desbordamiento de las cuencas bajas del Júcar y Segura.

Las playas se han visto muy afectadas por una pérdida
prácticamente completa de arena. Asimismo, se vieron afectados los
municipios del norte de Almería, como Vera y Pulpí. El temporal también
se ha cebado con la Región de Murcia. Las precipitaciones acumuladas
desde que se iniciaron estos episodios han superado los 100 litros por
metro cuadrado en amplias zonas como Murcia, Águilas y Mazarrón. En San
Javier, en San Pedro del Pinatar o en Cartagena se han llegado a superar
ampliamente los 200 litros por metro cuadrado y en Los Alcázares y Torre
Pacheco.

Pero lo peor del temporal es la pérdida de vidas humanas. En esta
ocasión, directa o indirectamente, se ha cobrado víctimas mortales.

Por todo ello, el Senado lamenta las muertes ocasionadas por este
temporal, traslada su pesar y solidaridad a los familiares de las
víctimas, a la vez que manifiesta la necesidad de terminar a la mayor
brevedad posible y, una vez que finalice el temporal en los municipios
afectados, evaluar el conjunto de los daños causados por las tormentas,
que han afectado, como ya se ha dicho, a las diferentes comarcas tanto de
la Comunidad Valenciana, de la Comunidad de Murcia, de la Comunidad de
Andalucía, especialmente el norte de Almería, de la Comunidad de Baleares
y otras zonas afectadas, a fin de que se proceda a la concesión de las
ayudas y subvenciones correspondientes para reparar los perjuicios
producidos.

Palacio del Senado, 21 de diciembre de 2016.» (Asentimiento).

Información para sus señorías. A continuación, se reunirán Mesa y
Portavoces de la Comisión de Justicia en la sala 20 001A y la Comisión de
Igualdad en la sala Enrique Salas Vila.

El señor presidente da lectura a los
puntos 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10.,
8.11., 8.12. y 8.13.

El señor PRESIDENTE: Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Se
solicita la habilitación para la celebración de dos sesiones
extraordinarias de la mencionada comisión los días 19 y 25 de enero
de 2017, con los órdenes del día que han sido comunicados con números de
entrada 11146 y 12695.

Comisión de Hacienda y Función Pública. Se solicita la
habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la
mencionada comisión el día 19 de enero de 2017, con el orden del día que
ha sido comunicado con número de registro de entrada 11395.

Comisión de Empleo y Seguridad Social. Se solicita la habilitación
para la celebración de una reunión extraordinaria de los miembros de la
Mesa y los portavoces de la mencionada comisión el día 26 de enero
de 2017, así como de una sesión extraordinaria, con el orden del día que
ha sido comunicado, con número de registro de entrada 11414.

Comisión de Asuntos Exteriores. Se solicita la habilitación para
la celebración de una reunión extraordinaria de los miembros de la Mesa y
los portavoces de la mencionada comisión el día 11 de enero 2017, así
como de una sesión extraordinaria, con el orden del día que ha sido
comunicado, con número de registro de entrada 12687.

Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación. Se solicita la
habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la
mencionada comisión el día 25 de enero de 2017, con el orden del día que
ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12069.

Comisión General de Comunidades Autónomas. Se solicita la
habilitación para la celebración de una sesión extraordinaria de la
mencionada comisión el día 24 de enero de 2017, con el orden del día que
ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12077.

Comisión Constitucional. Se solicita la habilitación para la
celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el
día 24 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con
número de registro de entrada 12238.

Comisión de Igualdad. Se solicita la habilitación para la
celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el
día 12 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con
número de registro de entrada 12542.

Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Se solicita la
habilitación para la celebración de dos sesiones extraordinarias de la
mencionada comisión los días 18 y 25 de enero de 2017, con el orden del
día que ha sido comunicado, con número de registro de entrada 12517.

Comisión de Educación y Deporte. Se solicita la habilitación para
la celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el
día 24 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con
número de registro de entrada 12544.

Comisión de Defensa. Se solicita la habilitación para la
celebración de una sesión extraordinaria de la mencionada comisión el
día 26 de enero de 2017, con el orden del día que ha sido comunicado, con
número de registro de entrada 12580.

Y, finalmente, Comisión de Fomento. Se solicita la habilitación
para la celebración de dos sesiones extraordinarias de la mencionada
comisión los días 10 y 23 de enero de 2017, con el orden del día que ha
sido comunicado, con número de registro de entrada 12685.

¿Se pueden aprobar dichas habilitaciones? (Asentimiento).

Muchas gracias. Quedan aprobadas.

Señorías, a las 13.30, en el Salón de Pasos Perdidos, daremos la
tradicional copa de Navidad para todos aquellos que quieran quedarse y
acompañar a los funcionarios de la Casa. A aquellos que no puedan, feliz
Navidad a todos, que tengan unas buenas fiestas con sus familiares, y
próspero Año Nuevo.

Muchas gracias.

Se levanta la sesión. (Aplausos).

Eran las trece horas y cinco minutos.