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DS. Senado, Pleno, núm. 13, de 14/12/2016
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PLENO


PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. PÍO GARCÍA-ESCUDERO MÁRQUEZ


Sesión núm. 7


celebrada el miércoles, 14 de diciembre de 2016


ORDEN DEL DÍA






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN




Moción por la que se insta al Gobierno a incrementar los
recursos aportados por la Administración General del Estado a los
programas y servicios sociales que gestionan las Comunidades
Autónomas.


671/000006
asignación de recursos; comunidad autónoma; servicio
social


MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPMX)






MOCIONES




Moción por la que se insta al Gobierno a la derogación de la
actual redacción del artículo 23 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de
julio, del Poder Judicial, relativo a la justicia universal.


662/000031
jurisdicción; modificación de la ley

GPPOD





Moción por la que se insta al Gobierno a que realice un
análisis integral y coordinado de la situación y las necesidades del
actual Sistema Universitario Español que permita la elaboración de un
pacto nacional sobre el mismo.


662/000029
análisis cualitativo; política educativa;
universidad


GPP





Moción por la que se insta al Gobierno a elaborar un plan
nacional de lucha contra el acoso escolar.


662/000030
acoso moral; alumnado; planificación
nacional


GPP






TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO




Acuerdo de París, hecho en París el 12 de diciembre de 2015,
y declaración que España desea formular.


610/000001






SUMARIO


Se reanuda la sesión a las nueve horas.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LOS
RECURSOS APORTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES QUE GESTIONAN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.


671/000006

MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPMX)


La señora Rivero Segalàs defiende la moción.


La señora Ahedo Ceza defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


La señora Pérez Castilleja defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Bernal Lumbreras defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora Rivero Segalàs expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, aceptando la presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV) y rechazando las
restantes.


En turno de portavoces intervienen la señora Castilla Herrera y la
señora Rivero Segalàs, por el Grupo Parlamentario Mixto; la señora la
señora Ahedo Ceza, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado
(EAJ-PNV); el señor Martí Deulofeu, por el Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana; el señor Bernal Lumbreras, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor De Lara
Guerrero, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Sanz
Jerónimo, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con la incorporación de la enmienda del
Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), con el siguiente
resultado: presentes, 246; votos emitidos, 246; a favor, 26; en
contra, 145; abstenciones, 5.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA DEROGACIÓN DE LA
ACTUAL REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE
JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVO A LA JUSTICIA UNIVERSAL.


662/000031

GPPOD


El señor Comorera Estarellas defiende la moción.


La señora Moreno Ruiz defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Socialista.


La señora Abad Giralt defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto.


El señor Comorera Estarellas expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, rechazándolas.


En turno de portavoces intervienen la señora Abad Giralt y el
señor Mulet García, por el Grupo Parlamentario Mixto; el señor Bildarratz
Sorron, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); el señor
Vidal Marsal, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el
señor Comorera Estarellas, por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; la señora Moreno Ruiz, por el Grupo Parlamentario
Socialista, y el señor Ramírez Rodríguez, por el Grupo Parlamentario
Popular en el Senado.


Se rechaza la moción, con el siguiente resultado: presentes, 250;
votos emitidos, 250; a favor, 47; en contra, 203.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE REALICE UN
ANÁLISIS INTEGRAL Y COORDINADO DE LA SITUACIÓN Y LAS NECESIDADES DEL
ACTUAL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE UN
PACTO NACIONAL SOBRE EL MISMO.


662/000029

GPP


La señora Sanz Barrios defiende la moción.


El señor Bagué Roura defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada a iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez.


El señor Crisol Lafront defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas a iniciativa del señor Alegre Buxeda, de
él mismo y del señor Marcos Arias.


El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mulet García.


La señora Domínguez de Posada Puertas defiende la enmienda del
Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de esta senadora.


La señora López Alonso defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.


El señor Arrieta Arrieta defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


El señor Picornell Grenzner defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana.


El señor Betegón Baeza expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, anunciando que se ha firmado una
propuesta de modificación.


El señor presidente informa a la Cámara de que, en consecuencia,
decaen todas las enmiendas.


En turno de portavoces intervienen el señor Bagué Roura, el señor
Crisol Lafront y la señora Castilla Herrera, por el Grupo Parlamentario
Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo Parlamentario Vasco
en el Senado (EAJ-PNV); el señor Picornell Grenzner, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Arrieta
Arrieta, por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la
señora López Alonso, por el Grupo Parlamentario Socialista, y el señor
Betegón Baeza, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación con el siguiente
resultado: presentes, 244; votos emitidos, 243; a favor, 200; en
contra, 1; abstenciones, 42.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UN PLAN
NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR.


662/000030

GPP


El señor presidente informa a la Cámara de que ha sido retirada la
enmienda del Grupo Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de los
señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront y Marcos Arias.


El señor Marí Torres defiende la moción.


El señor Bagué Roura defiende la enmienda del Grupo Parlamentario
Mixto presentada a iniciativa del señor Cleries i Gonzàlez.


El señor Navarrete Pla defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de este senador y el señor
Mulet García.


La señora López Santana defiende las dos enmiendas del Grupo
Parlamentario Mixto presentadas a iniciativa de esta senadora.


La señora Castilla Herrera defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Mixto presentada a iniciativa de esta senadora.


La señora Iparragirre Bemposta defiende la enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV).


El señor Álvarez Villazán defiende las tres enmiendas del Grupo
Parlamentario Socialista.


La señora Lima Gonzálvez defiende las cinco enmiendas del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora González García expone la posición de su grupo
parlamentario respecto de las enmiendas, anunciando la presentación de
una propuesta de modificación.


En turno de portavoces intervienen el señor Bagué Roura, por el
Grupo Parlamentario Mixto; la señora Iparragirre Bemposta, por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV); la señora Cortès Gès, por el
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; el señor Álvarez Villazán,
por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora González García, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se aprueba la propuesta de modificación, con el siguiente
resultado: presentes, 250; votos emitidos, 250; a favor, 208; en
contra, 1; abstenciones, 41.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO DE PARÍS, HECHO EN PARÍS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015,
Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.


610/000001



El señor presidente informa a la Cámara de que no se han
presentado propuestas a este convenio.


Hacen uso de la palabra la señora Vilà Galán, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Palomo
García, por el Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Pons Vila, por
el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.


Se autoriza por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las trece horas y cuarenta y cinco
minutos.








Se reanuda la sesión a las nueve horas.


El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se reanuda la sesión.






MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIÓN





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCREMENTAR LOS
RECURSOS APORTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO A LOS
PROGRAMAS Y SERVICIOS SOCIALES QUE GESTIONAN LAS COMUNIDADES
AUTÓNOMAS.


671/000006

MARIA TERESA RIVERO SEGALÀS (GPMX)


El señor presidente da lectura a los puntos 5. y 5.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción consecuencia de interpelación
se han presentado cinco enmiendas, una del Grupo Parlamentario Vasco en
el Senado, dos del Grupo Parlamentario Socialista y dos del Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
Rivero.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president, molt bon dia,
senyories.


Presentem aquesta moció, conseqüència de la interpel.lació que vam
fer a la Ministra, relativa als serveis socials i com les comunitats
autònomes han de fer front a la prestació d’aquests serveis. Vam
explicar en quin context les comunitats autònomes havien de donar
resposta davant dels ciutadans a la prestació d’aquests serveis
socials.


És cert, que no ho fem prou bé, perquè és obvi, la realitat ens
retorna les dades, que hi ha molts serveis socials que no podem prestar
com pertoca. El que pensem que no és just és que se centrifugui aquesta
responsabilitat únicament a les comunitats autònomes i també, per
afegitó, als ajuntaments. Pensem que no hi ha un tracte lleial per fer
front a aquests recursos.


Deia ahir el president del govern que ells havien fet front a la
crisi amb reformes estructurals, amb ajustaments de despesa pública i
també deia el president que havien prioritzat les persones. Des del
nostre punt de vista, i aquí a ningú no li estranyarà que estem a les
antípodes d’aquesta diagnosi, les reformes estructurals que han fet
el Partit Popular han consistit en aprofitar unes cojuntures per a
recentralitzar. Ho han fet una i altra vegada. Aprimar les comunitats
autònomes i, de passada, desballestar també l’administració local,
dient que volien fer sostenible l’única baula de
l’administració que, de fet, ho era. Amb un ajustament de la
despesa pública i aquí també hi estem en desacord. És cert que s’ha
ajustat la despesa pública però tampoc no és cert que tothom hagi fet el
mateix esforç.


Ho vam dir i vam donar xifres. Amb cinc minuts no hi
profunditzaré. Però les comunitats autònomes han fet un esforç important,
assumeixen aquells serveis que estan tocant el ciutadà, que estan tocant
el moll de l’os, que estan al costat de la gent que pateix, els
serveis socials, l’educació, la sanitat, i això els suposa un 80 %
de la seva despesa no corrent. Per tant, hi ha hagut una deslleialtat
també en relació a l’esforç que s’ha hagut de fer.


Vam parlar també de la deslleialtat en el repartiment dels
objectius de dèficit. Ara diuen que el volen canviar, ja ens explicaran
com. Però, de fet, encara que la vicepresidenta digui que no hem de
parlar del temps passat, és cert que, durant les èpoques més complicades
de la crisi, hi hem hagut de fer front amb un objectiu de dèficit
absolutament deslleial i que vostès van repartir de forma absolutament
unilateral, sense consultar-ho amb ningú.


I deia també que estaven al servei de les persones. Doncs
nosaltres això tampoc no ho hem notat perquè vostès han incomplert les
lleis amb el tema de serveis socials. I vostès diuen que tot va bé, que
hi ha recuperació econòmica, que les dades els acompanyen en el seu camí
d’aquests anys i nosaltres veiem que vostès han estat sols, han
augmentat la desigualtat, han augment la pobresa i ara venen el diàleg
perquè penso que el seu discurs ha topat, primera amb la necessitat, la
necessitat que la democràcia els ha posat sobre la taula d’haver de
parlar i després també el seu discurs de portes enfora s’ha esgotat
perquè no es pot fer tot unilateralment i després atribuir les
conseqüències als altres.


I nosaltres els proposem aquests punts, tal i com estan recollits
en la moció perquè són punts molt concrets, punts que responen a coses
que estan ja vigents en la nostra normativa i que pensem que, amb
voluntat política, es poden complir. No demanem una reforma de la
Constitució ni cap cosa estranya. Únicament que compleixin aquells
compromisos que ja estaven acordats i que facilitin a les comunitats
autònomes que puguin donar els serveis adequats als ciutadans, per no
deixar en aquests temps de crisi a la gent que s’han quedat pel
camí, sense els serveis que la llei els diu que tenen el dret de
tenir.


Moltíssimes gràcies.


Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.


Mi grupo parlamentario presenta esta moción consecuencia de la
interpelación que formulamos a la ministra, relativa a los servicios
sociales y cómo deben hacer frente a la prestación de estos servicios las
comunidades autónomas, y ya explicamos entonces en qué contexto las
comunidades autónomas tenían que responder ante los ciudadanos sobre
dicha prestación.


Es cierto que no lo hacemos suficientemente bien porque, como es
obvio, la realidad nos muestra que hay muchos servicios sociales que no
podemos prestar como debiéramos. Pensamos que no es justo que se centre
esta responsabilidad únicamente en las comunidades autónomas y en los
ayuntamientos. Consideramos que no existe un trato leal para hacerlos
frente con estos recursos.


Ayer decía el presidente del Gobierno que habían hecho frente a la
crisis con reformas estructurales, con ajustes de gasto público, y que
habían dado prioridad a las personas. Desde nuestro punto de vista
—a nadie le va a extrañar que estemos en las antípodas de este
diagnóstico— las reformas estructurales que ha llevado a cabo el
Partido Popular han aprovechado unas determinadas coyunturas para
recentralizar. Lo han hecho una y otra vez; han ido adelgazando a las
comunidades autónomas y desballestando la Administración local diciendo
que querían hacer sostenible el único eslabón de la Administración que de
hecho lo era con un ajuste del gasto público, y en esto también estamos
en desacuerdo. Es verdad que se ha ajustado el gasto público pero no es
cierto que todo el mundo haya hecho el mismo esfuerzo.


Ya dimos cifras en su día, no voy a ahondar en este tema, pero las
comunidades autónomas han hecho un esfuerzo importante, asumen esos
servicios que afectan a los ciudadanos, están al lado de la gente que
sufre, en los servicios sociales, en la educación, en la sanidad, lo que
supone un 80 % de su gasto no corriente. Por tanto, sí ha habido una
deslealtad en cuanto al esfuerzo que se ha tenido que hacer.


Hablamos también de la deslealtad en el reparto de los objetivos
de déficit. Ahora dicen que lo quieren cambiar, ya nos explicarán cómo,
pero de hecho, aunque la vicepresidenta diga que no tenemos que hablar
del pasado, es cierto que durante las épocas más complicadas de la crisis
hemos tenido que hacer frente a estas prestaciones con un objetivo de
déficit absolutamente desleal y que ustedes repartieron de forma
absolutamente unilateral y sin consultar a nadie.


Decían que están al servicio de las personas. Pues no lo hemos
notado tampoco porque ustedes han incumplido las leyes en el tema de los
servicios sociales. También dicen que todo va bien, que hay recuperación
económica, que los datos les acompañan en su camino de estos años pero
nosotros vemos que ustedes han estado solos, han aumentado la
desigualdad, la pobreza y ahora nos venden el diálogo porque creo que su
discurso ha topado ya con la necesidad de hablar que la democracia les ha
puesto sobre el tapete. Además, su discurso de puertas afuera, de alguna
forma, se ha agotado porque no se puede hacer todo unilateralmente y
después achacar las consecuencias al resto.


Nosotros les proponemos estos puntos, tal como están recogidos en
la moción, porque son puntos muy concretos que responden a aspectos que
ya están vigentes en nuestra normativa y pensamos que con voluntad
política se podrían cumplir. No pedimos una reforma de la Constitución ni
nada extraño, lo único que queremos es que cumplan aquellos compromisos
que ya estaban acordados y faciliten a las comunidades autónomas que
puedan dar los servicios adecuados a los ciudadanos para no dejar, en
estos tiempos de crisis, a la gente que se ha quedado por el camino sin
los servicios que, tal como recoge la ley, son un derecho del que deben
poder gozar.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco,
tiene la palabra la senadora Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Gracias, señor presidente. Muy buenos días a
todos y a todas.


El Partit Demòcrata nos presenta una moción para aumentar los
recursos que aporta la Administración General del Estado a programas y
servicios que gestionan las comunidades autónomas. Se habla de
financiación, de pactos, de convenios, de políticas de apoyo… Ya
entraré en ese tema en el turno de portavoces.


Si soy sincera, por experiencia, nuestro grupo sabe que, en muchas
ocasiones, en las relaciones entre el Estado y las comunidades autónomas
se olvida la arquitectura institucional de la que nos hemos dotado. Y
esta moción que nos presentan hoy trata de servicios sociales, de la Ley
de promoción de la autonomía y la atención a la dependencia, de pobreza
infantil, y todos ellos son temas cuya competencia pertenece a las
comunidades autónomas. En el caso concreto de Euskadi, además de
competencia exclusiva en estos temas de servicios sociales, contamos con
un sistema de financiación y liquidación propio y nuestra enmienda va en
ese sentido. Hemos presentado esta enmienda como una especie de
salvaguarda.


Varios puntos de esta moción se refieren, por ejemplo, a la
conocida Ley de dependencia, que supuso una clara injerencia
competencial. Los últimos años —todos lo sabemos—, en algunos
momentos con la excusa de la crisis, hemos vivido una vorágine
recentralizadora brutal y no podemos evitar estar en —entre
comillas— «prevengan».


Que se proponga hacer cosas nos parece bien pero siempre y cuando
se respeten las competencias de cada Administración, se respeten las
competencias de cada cual. Esto es lo que pide nuestra enmienda y
esperemos que sea aceptada por el grupo proponente.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Pérez.


La señora PÉREZ CASTILLEJA: Gracias, señor presidente.


En mi primera intervención en esta Cámara defenderé las enmiendas
que mi grupo presenta a esta moción, sobre las medidas para revertir e
incrementar los recursos aportados a los programas y servicios sociales
que gestionan las comunidades autónomas.


Señorías, por mucho que se empeñe el Partido Popular en decir lo
contrario, los grandes recortes del PP en servicios sociales han supuesto
un deterioro en su estructura que, después de cinco años de gestión de la
crisis, es incapaz de dar respuesta a los problemas y necesidades de las
personas y, en muchos casos, a sus necesidades básicas. Se trata de
personas vulnerables, que requieren el apoyo de la Administración y,
hasta ahora, muchas de ellas ni siquiera habían sido usuarias de los
servicios sociales: personas mayores, personas con discapacidad, las
familias y la infancia, por supuesto. En estos momentos, señorías, hay
dos millones y medio de niños en riesgo de pobreza.


La Ley de dependencia a la que también hace mención esta moción es
también un ejemplo claro de ello. Hoy, precisamente, se cumplen diez años
de su puesta en marcha, impulsada por un Gobierno socialista, el Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapatero. Un derecho que supuso un paso de
gigante, trajo mejor calidad de vida y dignidad a las personas
dependientes y a sus familias y, además, generó retornos económicos e
impulso para el empleo. Pero los recortes del PP con esta ley fueron
brutales y su modelo de ley totalmente distinto. Nada más llegar al
Gobierno el señor Rajoy frenó la aplicación de la ley para después
desmantelarla, recortar en prestaciones y en presupuesto y mientras las
personas en la calle pidiendo respuestas.


Claro está, han tenido que ser las comunidades autónomas las que
se han visto obligadas a asumir la mayor parte del esfuerzo, precisamente
en el momento en el que la demanda de ayudas subía y se estimaba que se
incrementaba en un 200 %. Señoría, esto ha generado grandes
desequilibrios en la finanzas de las comunidades autónomas y, por
supuesto, también, grandes desigualdades entre los distintos territorios
tanto en cobertura como en el propio modelo de gestión.


A todo esto hay que añadir que cuando la población más necesita de
la cercanía y de la atención de las administraciones públicas y cuando es
necesario tener un sistema de servicios sociales fortalecido, próximo,
flexible, eficiente y equitativo el Gobierno aprueba la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local y priva a los
ayuntamientos de las competencias de los servicios sociales. Un
atropello, sin duda, que deja a los servicios sociales atrapados entre
las obsesiones ideológicas del PP y también entre contradicciones
gubernamentales.


Señoría, es el momento de hacer una apuesta especial por el
fortalecimiento de los servicios sociales y para ello ni que decir tiene
que tal y como propone esta moción es necesario impulsar, a través de un
pacto, un sistema de financiación que permita a las comunidades
autónomas, en condiciones de igualdad, cumplir con sus obligaciones, pero
es necesario un compromiso serio, real, un compromiso con hechos, y los
hechos se tienen que traducir en presupuestos.


Hay dos cuestiones que para mi grupo son fundamentales y que no
recoge esta moción. Por eso, hemos presentado dos enmiendas. Una enmienda
de sustitución en el punto 2 porque entendemos que hay que garantizar la
financiación de la Ley de dependencia, pero en las mismas condiciones de
igualdad en todos los territorios y con un mínimo exigible de calidad. Y
una segunda enmienda de adición, con el objeto de abrir un diálogo que dé
lugar a la recuperación de las competencias de los ayuntamientos en
materia de servicios sociales y también los de promoción e inserción
social.


Señoría, el papel de los ayuntamientos en materia de servicios
sociales es fundamental y los que hemos tenido responsabilidad en la
Administración local lo sabemos. Por tanto, es necesario impulsar
reformas que se acomoden a los nuevos tiempos acercando las
administraciones más próximas a la ciudadanía mediante la participación y
el consenso y devolver a los ayuntamientos las competencias en servicios
sociales con una financiación justa que les permita ejercerla.


Término, señorías. En definitiva, espero que hoy podamos dar un
paso adelante y poder revertir las políticas sociales y si como dice el
Partido Popular estamos saliendo de la crisis que salgamos todos,
señoría, los más vulnerables también.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pérez.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Bernal.


El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.


En el Grupo de Unidos Podemos vamos a ir al diagnóstico central de
esta situación que es la emergencia social en la que nos encontramos.
Para atender una situación de emergencia social como en la que nos
encontramos no hacen falta tiritas ni improvisaciones, lo que hace falta
son medidas adecuadas para la situación en la que está la mayoría social
y trabajadora este país.


¿Por qué hemos presentado estas dos enmiendas a la moción? En
primer lugar, porque consideramos que si no se desmonta la arquitectura
legal que mantiene la política de austericidio creada entre el Partido
Popular y el Partido Socialista —con la modificación del
artículo 135 de la Constitución y el desarrollo del Real Decreto
Ley 20/2012, de medidas para garantizar la estabilidad
presupuestaria—, no vamos a poder proveer de políticas sociales a
la ciudadanía y se va a priorizar —como hace el Partido
Popular— el pago al rescate de autopistas, al rescate de entidades
bancarias o al gasto militar, en vez de destinar el dinero de toda la
sociedad española y los recursos de este Estado a la atención a la
dependencia a las personas más vulnerables, a las personas que están en
situación de exclusión social, a la infancia y familia, mediante la
provisión de políticas sociales.


En Unidos Podemos queremos auditar la deuda que está pagando este
país, pues consideramos que priorizar constitucionalmente —tal y
como se ha hecho— el pago de una deuda bancaria a la provisión de
políticas sociales no es justo ni adecuado en una sociedad como la
nuestra, ni en la situación en la que nos encontramos.


En segundo lugar, la siguiente de nuestras enmiendas pretende que
podamos hablar de lo más importante de la Constitución de 1978. Algunos
capítulos de la Constitución protegen especialmente unos derechos
sociales y económicos y otros derechos fundamentales. Nosotros
consideramos importantísimo abrir un nuevo proceso constituyente en este
sentido, pues creemos que no es adecuado dar una protección jurídica a
unos derechos sí y a otros no, ya que, si no se pueden reclamar
judicialmente, nos vamos a encontrar con una estructura legal que
permita, otra vez, que el Partido Popular, o quien esté en el Gobierno,
priorice o doble la rodilla ante los intereses económicos y pague antes
los intereses de la deuda bancaria, o prefiera pagar 5000 millones para
rescatar las autopistas, o doblar el gasto militar en los Presupuestos
Generales del Estado, antes de blindar la atención a la dependencia y a
la exclusión social en este país.


Estas son las dos enmiendas que ha presentado nuestro grupo.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bernal.


Tiene la palabra la senadora Rivero, para indicar si acepta o no
las enmiendas.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Començaré per les esmenes que ens ha presentat el Partit
Nacionalista Basc, per suposat li acceptarem l’esmena. Nosaltres
practiquem el que prediquem i el que anem demanant, per tant, absolut
respecte a les seves competències, com no podia ser d’altra
manera.


En relació a les esmenes del Grup Parlamentari Unidos Podem-En
Comú Podem-En Marea els diré, en primer lloc, la proposta que jo els
porto és una proposta molt concreta, que penso que és una proposta de
mínims, en el sentit que es compleixi allò que ja teníem reconegut i
vostès em demanen, d’alguna manera, perdoni’m que li plantegi
així, matar mosques a canonades. I jo entenc que vostès van més enllà i
plantegen una renovació de la Constitució que, miri, des del Partit
Demòcrata nosaltres no tenim, ara el cos no ens demana pas modificar la
Constitució en aquest sentit. A banda que tenim una certa desconfiança
que allò que es pugui modificar vagi en el sentit que nosaltres podríem
aportar o hem estat aportant durant molt de temps. Vostè sap que
nosaltres estem en un altre camí. Nosaltres estem per al dret a decidir
i, en aquest moment, no ens ve de gust entrar en aquests debats de
modificacions constitucionals que, per altra banda, és possible que
calguin per donar solucions estructurals a molts problemes però, miri,
nosaltres sí que pensem que hi ha d’haver un sostre
d’endeutament. Perquè, sinó, quan arribes amb alguns governs i et
trobes governs en fallida és molt difícil després explicar a la
ciutadania per què es fan les coses i per què no es fan. Per tant, no es
poden comprometre partides fins el 2020 sense tenir els recursos i això
penso que és de lògica.


Referent a les esmenes, no els les acceptarem, em sap greu.


En relació a les esmenes del Partit Socialista, estem absolutament
d’acord amb el fons de la qüestió. Vostès saben que hem treballat
per mirar de trobar una transaccional que no ha pogut ser. Quant a la
derogació de la Larsal, estem absolutament d’acord. Tot i que la
moció parla de comunitats autònomes, nosaltres li podríem haver acceptat
però això d’obrir una taula de diàleg a aquestes alçades a
nosaltres ja no ens val perquè ja sabem que el diàleg, en aquests
moments, per nosaltres és un pur maquillatge que ve donat per les
circumstàncies perquè vostè sap, com jo, que hem estat una legislatura on
ningú no ha parlat amb ningú i les coses s’han fet per decisió
unilateral. Per tant, penso que si es vol derogar la Larsal una bona
ocasió hauria estat quan s’estaven fent els pactes per a la
investidura, ha estat un moment perdut, però si vol, ens hi trobarem per
a derogar la Larsal en qualsevol moment.


I, referent a la segona part, el mateix respecte als pactes. Ja no
hi confiem massa. Hi ha pactes que ja estaven establerts i no s’han
acomplert i nosaltres no volíem renunciar a que es tingui en compte el
cost dels serveis en cada comunitat autònoma. Malgrat que jo sé que ens
podem posar d’acord, i mirarem en un futur d’anar-ho afinant,
avui no els podré acceptar les esmenes.


Moltíssimes gràcies pel seu talant.


Gracias, presidente.


Señorías, voy a empezar hablando de la enmienda presentada por el
Grupo Parlamentario Vasco. Por supuesto, vamos a aceptarla. Nosotros
practicamos lo que predicamos y lo que vamos pidiendo. Por tanto,
absoluto respeto a sus competencias, como no podía ser de otra
forma.


En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, en primer lugar, quiero decir
que la propuesta que he presentado es muy concreta, una propuesta de
mínimos, con el fin de que se cumpla aquello que ya teníamos reconocido.
Sin embargo, ustedes, en cierto modo, me piden —y perdonen que lo
exprese así— matar moscas a cañonazos. Ustedes quieren una reforma
de la Constitución y a nosotros, el Partit Demòcrata, no nos pide el
cuerpo modificarla en este caso, pues tenemos cierta desconfianza en que
lo que vayamos a modificar fuera en la línea de lo que nosotros hemos
aportado durante muchísimo tiempo. Nosotros vamos por otro camino.
Estamos por el derecho a decidir y, en estos momentos, a nosotros no nos
apetece entrar en estos debates de modificaciones constitucionales. No
obstante, puede que sean necesarios para dar soluciones estructurales a
muchos problemas. Sin embargo, nosotros sí creemos que ha de haber un
techo de endeudamiento, pues si no, te puedes encontrar después con
gobiernos fallidos, y luego es muy difícil explicar a la ciudadanía por
qué se hacen o no se hacen las cosas. Por lo tanto, no se pueden
comprometer partidas hasta el 2020 sin tener los recursos para hacerlo.
Creo que es algo de lógica.


Por tanto, no aceptamos sus enmiendas. Lo siento.


En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario
Socialista, quiero decir que estamos absolutamente de acuerdo con el
fondo de la cuestión. Ustedes saben que hemos trabajado para intentar
encontrar una transaccional que no ha podido ser.


En cuanto a la derogación de la Larsal, estamos absolutamente de
acuerdo. La moción habla de comunidades autónomas y lo podríamos haber
aceptado, pero esto requeriría una mesa de diálogo y a estas alturas ya
no nos vale, porque sabemos que el diálogo en estos momentos es un puro
maquillaje que viene dado por las circunstancias, porque usted sabe, como
yo, que hemos estado en una legislatura durante la cual nadie ha hablado
con nadie y las cosas se han hecho unilateralmente. Si se quiere derogar
la Larsal, una buena ocasión hubiera sido durante los pactos de
investidura. Ha sido un momento perdido, pero si quieren nos podemos
encontrar en cualquier momento para derogar la Larsal.


En cuando a la segunda parte, lo mismo respecto a los pactos. Ya
no confiamos en los pactos. Hay pactos que ya estaban establecidos y que
no se han cumplido. Nosotros no queremos renunciar a que se tengan en
cuenta los costes de los servicios a cada comunidad autónoma. Aunque sé
que nos podemos poner de acuerdo, y vamos a intentar afinarlo en el
futuro, hoy no les voy a poder aceptar las enmiendas, pero muchas gracias
por su talante.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Castilla.


La señora CASTILLA HERRERA: Buenos días, presidente.


Señorías, la financiación estatal para dar cobertura a los
servicios públicos esenciales y a las situaciones de dependencia sufrió
importantes recortes con ocasión de la crisis económica y,
fundamentalmente, con el objetivo de mantener, y valga la redundancia, el
objetivo de déficit marcado por Europa. Así se llevaron a cabo reformas
pactadas, como la del artículo 135 de nuestra Carta Magna, y de otros
textos legales, que, indudablemente, afectaron a los derechos de las
personas y también a la autonomía local. Al Real Decreto Ley 20/2012, de
medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad le siguió la Ley de sostenibilidad y racionalización de la
Administración Pública, también famosa por contar con más de 3000
recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la misma.


En este punto, lo cierto es que no hemos cumplido con el objetivo
de déficit marcado por Europa y se ha constatado que la política de
recortes ha afectado de forma muy contundente a miles de familias en
España.


En primer lugar, la Administración estatal no ha cumplido, a pesar
de que casi no gestiona directamente los servicios públicos esenciales,
manteniendo un déficit excesivo. En segundo lugar, en el caso de las
comunidades autónomas que no han cumplido, que son incumplidoras, con el
objetivo del déficit y que sí tienen que prestar servicios públicos
esenciales, han preferido endeudarse y utilizar recursos propios para
prestar esos servicios públicos que son fundamentales para los
ciudadanos. Y, en tercer lugar, hay que destacar que es muy injusta la
situación de las comunidades autónomas que sí cumplieron con el objetivo
del déficit y siguen afrontando esa inversión en gasto social con unos
presupuestos limitados, algo que conocemos perfectamente en la Comunidad
Autónoma de Canarias, donde el Estado apenas llega a financiar el 22 % de
las situaciones de dependencia.


Señorías, esperemos que la crisis económica sea dentro de poco
cosa del pasado. Reconstruyamos el Estado de bienestar, recuperemos el
diálogo social y la solidaridad institucional con todas nuestras
comunidades autónomas. Por este motivo, porque entendemos que la moción
del Grupo Parlamentario Mixto es proporcionada, justa y algo a lo que
debemos aspirar entre todos, la Agrupación Socialista Gomera apoyará esta
moción.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.


Senadora Rivero, tiene la palabra.


La señora RIVERO SEGALÀS: Gràcies, president.


Voy a intentar rematar mis argumentos.


Hemos presentado esta moción que es muy concreta y que trata sobre
temas que estaban sobre la mesa, pactados, comprometidos y que no se han
llevado a término.


En la bancada popular nos hablan continuamente de diálogo. Estamos
en la operación diálogo. Nosotros les decimos: cuando hablan de diálogo y
nosotros hablamos del derecho a decidir, el presidente del Gobierno nos
dice que podemos hablar de muchas cosas; cuando nosotros nos ponemos a
hablar de algunas cosas, ustedes nos salen con lo de nuestra deriva
independentista. Entonces, aquí estamos en un diálogo complicado de
abordar porque no sabemos cómo debemos encajarlo.


En cualquier caso, la desconfianza se la han ganado y este
diálogo, se lo dijimos ayer, debe ser un diálogo sincero porque,
señorías, ustedes hablan de diálogo, pero nosotros vemos como se
adelgazan las comunidades autónomas y cómo se pone en tela de juicio a
estos territorios y su gestión. Notamos el efecto, señorías, pero tenemos
que tener cuidado.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Rivero.


Senadora Ahedo, tiene la palabra.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señor presidente.


La verdad es que me parece bastante difícil no repetirme, pero lo
siento. Creo que es evidente que las políticas de recortes impulsadas por
el Partido Popular en estos últimos años han afectado directamente a los
pilares del Estado de bienestar. Se puede constatar cómo está la
educación, cómo está la sanidad, cómo están los servicios sociales, a
pesar de los datos y de esos chutes de optimismo que intenta transmitir
el Gobierno. Y si algo está claro también es que las imposiciones
europeas respecto a los objetivos de déficit o la deuda no se han
repartido de manera proporcional ni solidaria entre la Administración
General del Estado y las comunidades autónomas. Han tenido que ser estas
últimas las que han prestado servicios, que evidentemente les
correspondían competencialmente, sin los recursos suficientes. Y sin
recursos suficientes, además, que estaban de alguna manera previamente
apalabrados.


Lo que parece es que el Gobierno ha hecho una política de, para
poder estabilizar lo financiero, desestabilizar lo social. Y lo social no
es algo abstracto; lo social son personas, son sus vidas, sus
necesidades, su dignidad. Así que lo que pide esta moción, que es que se
aumenten los recursos en servicios sociales, nos parece fundamental.
También nos gustaría que estos servicios sociales no se entendiesen,
cuando hablamos del presupuesto, de liquidaciones y demás, como un gasto
sino como una inversión.


Fíjense, en la moción, al final, lo que nos proponen es que los
importes destinados a servicios sociales se sitúen en los de hace quince
años —para que seamos conscientes de cómo estamos— y,
probablemente, el Gobierno nos dirá que hay que ser conscientes de la
situación, que los ingresos son los que son, que los compromisos
adquiridos con Europa no nos permiten determinadas alegrías. Y sí, somos
conscientes de la situación en la que estamos, pero mi grupo, como ya lo
ha dicho en otras ocasiones, volverá a repetir que, como todo, es una
cuestión de prioridades y de rigor en la gestión.


Esto me parece tan flagrante que les voy a poner un ejemplo que ya
les he puesto en otra ocasión. Ustedes, por ejemplo, no han tenido ningún
reparo en atender pagos de defensa y armamento con créditos
extraordinarios vía decreto ley: en cuatro años, más de 4,5 millones de
una factura global de 30 millones en defensa y armamento. Es lo que yo
les decía, es cuestión de prioridades; cuando se quiere, se saca el
dinero.


En lo que respecta al desarrollo y financiación de la conocida
como Ley de dependencia según lo que se propone en esta moción, yo no voy
a repetir mi intervención de mediados de octubre porque bastante me estoy
repitiendo. Solo voy a decir que hay que cumplir con el calendario
escalonado de implantación, es totalmente necesario y van muy tarde; van
con año y medio de retraso.


También hay que cumplir con el compromiso de financiación por
parte del Estado. No podemos olvidar que se ha privado a personas en
situación de dependencia y a sus familias del acceso a servicios y
prestaciones a las que tienen derecho por ley. Aquí volvemos a toparnos
con el famoso Real Decreto Ley 20/2012. Es omnipresente. Si
desapareciese, la mitad de las intervenciones en esta Cámara no
tendríamos que hacerlas.


Las comunidades autónomas han financiado un 80 % del gasto de la
Ley de dependencia; en 2015, exactamente el 81,9 %, por mucho que ayer la
ministra intentase vendernos otra historia. Y han financiado el 81,9 %
cuando el compromiso del Gobierno era el de una financiación al 50 %.
Evidentemente, es necesaria una revisión urgente.


En la moción se habla de futuro. Nosotros planteamos en octubre, y
nos gustaría hacerlo ahora de nuevo, que se revisasen los desfases
previos. En este sentido, hay una deuda adquirida del Estado que no creo
que debamos olvidar.


Asimismo, en la moción se plantean medidas de apoyo a la familia y
de lucha contra la pobreza infantil. Claro que son necesarias. En
cualquier caso, como siempre decimos, lo que hay que hacer, hay que
hacerlo, y nosotros estaremos de acuerdo y lo apoyaremos, pero siempre
que se mantenga un escrupuloso respeto a las competencias propias de cada
cual. En el caso de Euskadi, los servicios sociales son competencia
exclusiva, y Euskadi y Navarra tienen además una gestión, una
financiación y una liquidación con una forma propia y singular, y así
queremos que se mantenga.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora AHEDO CEZA: Termino, señor presidente.


No obstante, vemos la necesidad de seguir recordándolo.


Para terminar, diré que agradezco la aceptación de nuestra
enmienda por parte del grupo proponente y, por tanto, apoyaremos la
moción.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Ahedo.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Martí.


El señor MARTÍ DEULOFEU: President, senyories.


Segons les dades que conté l’informe sobre l’estat
dels serveis socials a Catalunya 2016, del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, que la Consellera
Dolors Bassa va fer arribar recentment per carta a la nova Ministrade
Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Dolors Montserrat, l’aportació
de l’estat a programes socials s’ha reduït en un 88,28 % en
el període 2011-2015. Període que coincideix, precisament, amb el govern
del Partit Popular. Així mateix, aquesta carta que la Consellera va fer
arribar a la Ministramanifestava de manera expressa la voluntat de la
Consellera de parlar aviat amb la Ministrai d’expressar
personalment la voluntat de la Consellera per a explicar la tasca que
està duent a terme al davant del departament. Ho dic només perquè els
fets demostren que el govern de la Generalitat sempre ha defensat un
diàleg sincer amb l’estat, cosa que no té res a veure amb la
imposició del diàleg. Des del 2011, 11 dels 16 programes cofinançats per
l’estat han estat suprimits o han quedat sense dotació
pressupostària. El pla d’acció per a persones grans, el pla de
voluntariat, el suport a les famílies amb situacions especials, la
conciliació de la vida familiar i laboral, els programes específics per a
dones, el programa d’emancipació de joves, el programa de prevenció
dels maltractaments infantils, el pla d’acció per a persones amb
discapacitat, el programa d’atenció a la dependència, el programa
d’atenció a la dependència nivell acordat, el fons
d’acollida, integració i reforç educatiu per a immigrants. El
programa per a menors d’edat i migrants no acompanyats.


Fixem-nos, per un moment, en el desglossament dels serveis socials
a Catalunya. Pel que fa a la Generalitat de Catalunya, l’any 2015,
si ens centrem en el pressupost inicial del departament, el pressupost
previst per a finançar programes de serveis socials va ser de 1846
milions d’euros, essent el pressupost final destinat de 2090,88
milions d’euros. Això representa el 8,41 % del conjunt del
pressupost executat pel total dels departaments de la Generalitat.


Pel que fa als ens locals, l’any 2014, el pressupost dels
ens titulars d’àrees bàsiques de serveis socials destinats a
serveis socials bàsics, va ser de 415,14 milions d’euros, un 3,5 %
d’increment respecte del 2014. La Generalitat de Catalunya, per
altra banda, aporta el 66 % del cost dels equips dels serveis socials
bàsics dels programes i projectes i dels serveis d’ajuda a
domicili.


L’Administració General de l’Estat, com hem dit
anteriorment, cofinança programes de l’àmbit dels serveis socials,
del total dels 16 programes existents de serveis socials esmentats,
només 5 es mantenen: el programa de prestacions bàsiques de serveis
socials, que és el pla concertat; la intervenció social integral del
poble gitano; el programa d’assistència integral a dones i menors
d’edat víctimes de violència de gènere; el pla nacional de drogues;
la gestió de pensions no contributives. A mode d’exemple, i si
observem dades més concretes, el servei bàsic d’atenció social
prestat a través dels equips bàsics d’atenció social, EBAS, va
atendre 893.303 persones l’any 2015, és a dir, una taxa de
cobertura de la població d’un 11,9 %.


En conclusió. La moció conseqüència d’interpel.lació
presentada pel PDCat, integrat al Grup Parlamentari Mixt, en el sentit de
revertir i incrementar els recursos aportats per l’Administració
General de l’Estat als programes i serveis socials que gestionen
les comunitats autònomes, ens sembla que va en la mateixa línia
argumentativa i d’acció política del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies pel que fa als greuges de l’estat, que generen
tensions a la tresoreria de la Generalitat i, sobretot, dels ens locals.
Estem especialment d’






acord, òbviament, amb el cofinançament de la
dependència al 50 % i a l’assumpció, per part de
l’Administració General de l’Estat, de les cotitzacions dels
cuidadors no professionals, així com amb tot allò que té a veure amb
potenciar les polítiques a les famílies i a la infància i a
l’adolescència.


A la Generalitat de Catalunya impulsem un model basat en la
cartera de serveis socials com a instrument per a assegurar l’accés
a les prestacions garantides del sistema de serveis socials de la
població que les necessiti, determinada per la Llei 12/2007 de serveis
socials.


En definitiva, treballem incansablement per a dissenyar i
desenvolupar un model d’estat del benestar avançat i potent, que
situa les persones al centre de les polítiques socials, pensant en una
república catalana que serà socialment justa.


Moltes gràcies senyores i senyors senadors.


Gracias, señor presidente.


Señorías, según los datos del Informe de los servicios sociales en
Cataluña 2016, del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias
de la Generalitat de Catalunya, que la consejera hizo llegar a la nueva
ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, la
aportación del Estado a programas sociales se ha reducido en un 88,28 %
en el período 2011-2015; período que coincide precisamente con el
Gobierno del Partido Popular. Asimismo, en esta carta que la consejera
hizo llegar a la ministra manifestaba de forma expresa su voluntad de
hablar con ella, de reunirse con ella y explicarle personalmente la tarea
que está realizando en el departamento que ocupa. Digo esto porque los
hechos demuestran que el Gobierno de la Generalitat siempre ha defendido
un diálogo sincero con el Estado, que no tiene nada que ver con la
imposición del diálogo. Desde 2011, once de los dieciséis programas
cofinanciados por el Estado han sido suprimidos o bien han quedado sin
dotación presupuestaria: el Plan de acción para personas mayores, el Plan
de voluntariado, el apoyo a las familias con situaciones especiales, la
conciliación de la vida familiar y laboral, los programas específicos
para mujeres, el Programa de emancipación joven, el Programa de
prevención de maltrato infantil, el Plan de acción para personas con
discapacidad, el Programa de atención a la dependencia del nivel
acordado, el Fondo de acogida, integración y refuerzo educativo para
inmigrantes y el Programa para menores de edad inmigrantes no
acompañados.


Deberíamos fijarnos por un momento en el desglose de la
financiación de los servicios sociales en Cataluña. En cuanto a la
Generalitat de Catalunya 2015, si nos centramos en el presupuesto inicial
del departamento, el presupuesto previsto para financiar programas de
servicios sociales fue de 1846 millones de euros, siendo el presupuesto
final de 2090,88 millones de euros, que representa el 8,41 % del
presupuesto ejecutado del total de los departamentos de la
Generalitat.


En cuanto a los entes locales, en 2014 el presupuesto de los entes
titulares de servicios sociales básicos fue de 415,14 millones de euros,
es decir, un 3,5 % de incremento. Por otro lado, la Generalitat de
Catalunya aporta el 66 % del coste de los equipos de servicios sociales
básicos de los programas y proyectos, y de los servicios de ayuda a
domicilio.


Si observamos la Administración General del Estado, que como hemos
dicho anteriormente cofinancia programas del ámbito de servicios
sociales, del total de los dieciséis programas existentes solo se
mantienen 5: el Plan concertado de prestaciones básicas de servicios
sociales, la intervención social integral del pueblo gitano, el Programa
de asistencia integral de mujeres y menores de edad víctimas de violencia
de género, el Plan Nacional sobre Drogas y la gestión de pensiones no
contributivas. A modo de ejemplo, y si observamos datos más concretos, el
servicio básico de atención social, prestado a través de los Equipos
Básicos de Atención Social, EBAS, atendió a 893 303 personas en 2015; es
decir, una tasa de cobertura de la población de un 11,9 %.


En conclusión, la moción consecuencia de interpelación presentada
por el PDCat, integrado en el Grupo Parlamentario Mixto, para incrementar
los recursos aportados por la administración a los programas y servicios
sociales que gestionan las comunidades autónomas, sigue la misma línea de
acción política del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias,
que genera tensiones a la Tesorería de la Generalitat y, sobre todo, a
los entes locales. Estamos de acuerdo, obviamente, en la cofinanciación
de la dependencia al 50 % y también en la asunción por parte de la
Administración General del Estado de las cotizaciones de los cuidadores
no profesionales, con todo lo que ello tiene que ver con potenciar las
políticas, las familias y la infancia y adolescencia.


Desde la Generalitat de Cataluña se impulsa un modelo basado en la
cartera de servicios sociales, dando acceso a los servicios a la
población que lo necesite, según la Ley 12/2007, de Servicios
Sociales.


En definitiva, trabajamos incansablemente para diseñar y
desarrollar un modelo de Estado del bienestar, avanzado y potente, que
sitúe a las personas en el centro de las políticas sociales, pensando en
una república catalana que va a ser socialmente justa.


Muchas gracias, señoras y señores senadores. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Martí.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Bernal.


El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, señor presidente.


Senadora Rivero, usted ha dicho que queremos matar moscas con
cañonazos, pero la intención de Unidos Podemos no es la de matar a una
mosca sino enfrentarnos a algo mucho más grave, a una situación
estructural de crisis y de emergencia social. Por ello, consideramos que
ante una situación como esta es necesaria la adopción de medidas como las
que hemos solicitado. De todas maneras, también destacamos que la
propuesta y la intención de Democracia y Libertad para atender a las
personas más vulnerables de esta sociedad tienen un fundamento positivo,
y así lo valoramos, de modo que nunca nos pondremos en contra de una
propuesta como esta.


Asimismo, quiero comentar cómo se han elaborado estas enmiendas.
Si hacemos un análisis del debate que mantuvo usted con la ministra de
Asuntos Sociales, vimos que lo que empezaba como una demanda de
ampliación de derechos y prestaciones sociales, al final acababa en una
confrontación, que es como suelen acabar todas las negociaciones entre el
Partido Popular y Democracia y Libertad o Esquerra Republicana, sobre la
identidad o el derecho a decidir. El eje de las políticas de Unidos
Podemos no es el del derecho a decidir ni el de la identidad ni el de la
construcción de un nuevo Estado o nación, el eje sobre el que pivotan
nuestras políticas es el de la derecha y la izquierda. Así, a la derecha,
se colocan aquellos grupos políticos que obedecen, como el Partido
Popular, a los dictámenes de la troika, o que doblan la rodilla ante
estos mismos dictámenes, como el Partido Socialista. Unidos Podemos no va
a entrar en esa dinámica, puesto que nosotros preferimos seguir luchando
de pie y de frente contra todos estos poderes económicos y
financieros.


Para afrontar una política social adecuada a la situación actual,
consideramos necesario un nuevo proceso constituyente, un nuevo marco
legal que nos permita articular las leyes necesarias que protejan a la
sociedad y a la mayoría social y trabajadora de este país de los
intereses de los mercados.


Nosotros no consideramos legítima ni válida una Constitución que
tiene ya 40 años y que fue redactada por unas personas que no pueden
venir a defenderla porque la mayoría han fallecido, y afortunadamente de
vejez. En este sentido, consideramos que somos una generación hipotecada
por las decisiones que tomó una generación anterior y que no nos deja
ahora mismo decidir sobre cómo queremos que sea el marco legal que regule
este país.


No estamos de acuerdo con una Constitución que recoge en su
artículo 35, por ejemplo, que una persona que tiene derecho al trabajo o
a una vivienda digna, pero que no pueda reclamar en un juzgado ni ejercer
ese derecho subjetivo.


En Navarra, tanto Izquierda-Ezkerra como Podemos, participamos en
un Gobierno en el que se ha priorizado por ley el establecimiento de una
renta garantizada. Primero se llevó a cabo una reforma fiscal progresiva,
que es lo que necesita una sociedad para recaudar y, después, una ley de
servicios sociales de renta garantizada que reconoce el derecho subjetivo
a la incorporación sociolaboral. Esos son los pasos que debería dar este
país; es decir, primero crear un modelo de recaudación necesario y,
segundo, desarrollar leyes y garantizar que las personas puedan tener
derechos subjetivos.


Mi grupo parlamentario quiere preguntar a todos los miembros del
Senado —o, más bien, a todos los que me están haciendo caso—
si estarían dispuestos a blindar la atención a la dependencia en la
Constitución.


Nosotros consideramos que Unidos Podemos es un proyecto de ruptura
con la Constitución de 1978 porque pensamos que no articula los
mecanismos necesarios para proteger a la mayoría social y trabajadora de
este país de la situación de emergencia social en la que se
encuentra.


Tenemos que articular leyes que rescaten a las personas, que
blinden ese rescate de las personas en vez de priorizar el rescate de las
entidades bancarias, de las autopistas —5000 millones de rescate
para las autopistas—, o que se duplique el gasto militar en los
Presupuestos Generales del Estado, dejando en la cuneta a las personas
más vulnerables de esta sociedad. En este sentido, no se articulan
políticas de atención a la dependencia, de atención a la exclusión social
y de atención a la infancia y a la familia, que serían las personas más
vulnerables ahora mismo, en esta situación de crisis-estafa.


Creemos que la atención a la dependencia, la incorporación
sociolaboral y la atención a la infancia y a la familia debería ser un
derecho constitucional reclamable ante la justicia, con una protección
jurídica especial que la priorizase ante otros gastos, como sería el del
rescate bancario, el de las autopistas o el gasto militar.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor BERNAL LUMBRERAS: Termino, señor presidente.


Por lo tanto, les solicitamos que nos escuchen y, por lo menos,
que nos hagan un poco de caso.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bernal.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
De Lara.


El señor DE LARA GUERRERO: Señor presidente, buenos días.


La moción que debatimos esta mañana es una más del elenco de
iniciativas que los diferentes grupos venimos presentando y en las que
marcamos y denunciamos el distanciamiento del Gobierno de España respecto
a las políticas exigidas y comprometidas desde los diferentes niveles
territoriales de toda nuestra geografía, particularmente en lo que atañe
a la financiación de esas políticas sociales.


La decepcionante intervención de la ministra de Sanidad en el
debate sobre la interpelación, que ha dado pie a esta moción, dejó ver
—que no entrever— que las quejas de los usuarios de servicios
sociales, de las asociaciones profesionales, de los partidos políticos,
de los organismos internacionales, etcétera, venían a ser una especie de
flatus vocis, absolutamente magras equivocaciones, a juicio de la
ministra. En definitiva, vino a decir que era una especie de estado de
enajenación colectiva porque el comportamiento del Gobierno ha sido y es
ejemplar respecto a las políticas sociales. Esto es como el chiste: 4999
soldados se han equivocado en el desfile y no marcan bien el paso, solo
mi hijo —mis políticas— sí marca el paso adecuadamente.


La ministra llegó a decir que están corrigiendo irregularidades
—la culpa siempre la tienen otros, faltaría más— y destacó
meritoriamente las aportaciones a programas destinados a familias,
personas con discapacidad, etcétera. Incluso llegó a insinuar que, al
destinar a dependencia un 20 % de carácter finalista y un 30 % vía
financiación autonómica —lo que voy a decir es literal—, a lo
mejor lo que estaba ocurriendo es que se dedicaban a otras cosas los
recursos transferidos y no a servicios sociales, demostrando con ello una
falta de respeto al campo competencial autonómico y su falta de
sensibilidad.


En términos muy generales estamos de acuerdo con la moción; con su
espíritu, más que con la moción en sí misma y con su texto literal. Desde
nuestro punto de vista, incluye propuestas de perfil demasiado
heterogéneas y denota imprecisión en algunos programas que no vienen
cuantificados, pero hay una sola razón por la que el Grupo Socialista se
va a abstener: porque no han admitido nuestras enmiendas, señora
senadora, a pesar de que ayer llegamos a un acuerdo transaccional, que no
han sustantivado. Además, nos vamos a abstener porque la Ley de
dependencia ya incluía y exigía los principios de igualdad y equidad para
todos, y nos vamos a abstener porque si votáramos a favor estaríamos
aceptando que una persona dependiente recibiera más recursos del Estado,
pagados por todos los contribuyentes españoles, en función de si viviera
en Cataluña, en Castilla-La Mancha o en cualquier otra comunidad
autónoma. Nuestra exigencia es la igualdad de derechos esenciales entre
todos los españoles.


Si hablamos de personas dependientes, la igualdad como principio
se nos antoja rabiosa, categórica e incuestionable. Por otra parte, jamás
nos cansaremos de repetir que en el Estado social sobreviven importantes
medidas gracias a la labor desempeñada por las comunidades autónomas y
esencialmente también por la inmensurable labor, la inmensurable y
reconocida responsabilidad y compromiso de los ayuntamientos. La LRSAL
pisoteó con bota legal del Partido Popular el reconocimiento del papel
del municipio atendiendo y socorriendo los casos más lacerantes, más
exigibles de ser atendidos desde la proximidad.


La moción habla de un pacto con las comunidades autónomas, y
estamos absolutamente de acuerdo; la ministra habla de diálogo y estamos
totalmente de acuerdo, faltaría más, pero el diálogo se debe instar ya,
de manera inmediata, acotando y definiendo ya las competencias de unos y
otros con precisión meridiana. Basta de discursos que niegan la realidad
o se edulcoran con un autobombo pueril. Es necesario que el Estado
garantice sus cuotas de financiación con luz y taquígrafos, y que
aproveche el momento de esta coyuntura presupuestaria para incorporar y
significar sus planteamientos colaboradores en forma de recursos
presupuestarios.


Quien tiene que contribuir a derogar la LRSAL es el PP; quien
entró como elefante en cacharrería ya en los presupuestos de 2012, y
siguientes, fue el Gobierno del PP, pero quienes están engrosando las
listas de espera, con muy poca esperanza, son 385 000 personas en lo que
atañe a dependencia.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor DE LARA GUERRERO: Termino, señor presidente.


Desgraciadamente, quienes no van a poder esperar más son
los 125 000 ciudadanos que no alcanzarán a disfrutar de derechos que los
políticos, llenándosenos la boca de buena y sincera voluntad,
calificábamos y adjetivábamos como subjetivos y ciudadanos. Quizás esta
frase última sea la expresión más terrible, más dolorosa que pueda
sustraerse y colegirse de este debate.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador De Lara


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Sanz.


La señora SANZ JERÓNIMO: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.


Debatimos una moción consecuencia de la interpelación presentada,
que consta de seis puntos, relativos al incremento de partidas sociales.
De antemano voy a dejar claro que el Grupo Parlamentario Popular no va a
votar a favor de esta moción.


Asimismo, me gustaría también aclarar que en el año 2011 aún no se
había creado un programa específico de colaboración financiera con las
comunidades autónomas sobre familia e infancia, gestionado por el
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y no existía, por lo
tanto, un importe mínimo referenciado a este año 2011 que incrementar,
por lo que no es posible hacer una comparación en los términos que
plantea la señora Rivero. El programa al que usted hace referencia de
apoyo a familias en situaciones especiales fue suprimido en el año 2009
por el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, por el Gobierno socialista.
Por consiguiente, es imposible que en el año 2011 pudiera ser suprimido
por el Gobierno del Partido Popular, puesto que ya había sido suprimido
con anterioridad, y esto lo quiero dejar muy claro, señorías.


Desde el año 2015, el Programa de apoyo a familias e infancia ha
ascendido notablemente. En el año 2008, cuando gobernaba el Partido
Socialista, este programa estaba dotado con 13 700 000 euros; en el
año 2015, aumentó casi tres veces más, hasta los 32 millones de euros; y,
en el año 2016, son 42 millones de euros los que este programa tiene
ahora mismo adjudicados, 16 millones de euros más que el año pasado. Esta
es la realidad, señoría.


No se han suprimido recursos, nos hemos adaptado a las necesidades
reales, nos hemos adaptado a lo que ahora mismo era prioritario y,
además, se han buscado otros sistemas de financiación más eficaces. En
este sentido, he de decir que las comunidades autónomas reciben el
montante económico y la financiación para el Programa de dependencia a
través de dos vías muy diferentes y que creo que ustedes conocen, aunque
parece ser que a veces ignoran: en primer lugar, la financiación
establecida por los Presupuestos Generales del Estado, partida finalista;
y, en segundo lugar, la financiación a través de la Ley de financiación
autonómica. Y esta es la realidad, señorías, y hay que verlo así porque
son dos vías de financiación.


Consideramos que debemos alcanzar un gran pacto por los servicios
sociales entre todas las comunidades autónomas y ejercer la solidaridad
real entre ellas, de modo que tenemos que seguir trabajando juntos para
mejorar nuestro sistema de servicios sociales.


No les quepa la menor duda, señorías, de que para el Gobierno del
Partido Popular el compromiso con los servicios sociales es prioritario y
lo ha demostrado siempre que ha gobernado y lo demuestra en las
comunidades autónomas donde sigue gobernando. Les voy a poner un ejemplo,
la comunidad autónoma de donde yo vengo, Castilla y León, está a la
cabeza en dependencia y en servicios sociales; somos pioneros, y llevamos
gobernando tiempo en esta comunidad autónoma. Por lo tanto, dejemos a un
lado la demagogia. El Partido Popular está comprometido con las personas
mayores, con las personas dependientes, con las personas con capacidades
diferentes, con las familias, con la infancia, con todos aquellos en
riesgo de exclusión social, con los más vulnerables, como siempre lo
hemos demostrado y les he puesto ejemplos.


He de decir también que a finales del año 2011 el sistema para
atención a la dependencia estaba colapsado, funcionaba de manera
desordenada y desigual, y actualmente, desde julio de 2012, tras una
reunión del consejo territorial con las comunidades autónomas esto ha
cambiado notablemente, se ha corregido y se ha mejorado de forma
sustancial.


Quiero remarcar que la protección a las familias constituye uno de
los ejes fundamentales de las políticas del Partido Popular, como hemos
demostrado a lo largo de esta legislatura. En este sentido, en los
Presupuestos Generales del Estado para 2016 se han procurado importantes
incrementos presupuestarios, como también para el próximo presupuesto,
pero quiero insistir en que el principal objetivo del Gobierno del
Partido Popular es trabajar por lograr un gran pacto de Estado por los
servicios sociales; un gran pacto que garantice la igualdad de todos los
españoles y de todas las personas, porque el Gobierno de España gobierna
para todos los catalanes y para el resto de los españoles y nunca va a
dejar a ninguna persona vulnerable en la cuneta. Tengan en cuenta,
señorías, que las prioridades del Partido Popular son las políticas
sociales y las mejores políticas sociales para nosotros son las políticas
de empleo porque son las que dignifican a las personas, y en este ámbito
es donde nos vamos a encontrar y en el que vamos a seguir
trabajando.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la moción consecuencia de
interpelación de la senadora Rivero, del Grupo Parlamentario Mixto, con
la incorporación de la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario
Vasco.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 246;
votos emitidos, 246; a favor, 26; en contra, 145; abstenciones, 75.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, rechazada.









MOCIONES





MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA DEROGACIÓN DE LA
ACTUAL REDACCIÓN DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY ORGÁNICA 6/1985, DE 1 DE
JULIO, DEL PODER JUDICIAL, RELATIVO A LA JUSTICIA UNIVERSAL.


662/000031

GPPOD


El señor presidente da lectura a los puntos 6. y 6.1.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado dos
enmiendas: una del Grupo Parlamentario Socialista, y otra del Grupo
Parlamentario Mixto, a iniciativa del senador Cleries.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el senador Comorera.
(Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Cuando quiera. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia).


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor presidente.
(Rumores). Buenos días, señorías. (Rumores).


Traemos a la Cámara con esta moción una propuesta para la reforma
del artículo 23 de la Ley orgánica del Poder Judicial para revertir la
operada por la Ley orgánica 1/2014, aprobada con el rodillo de la mayoría
absoluta del Partido Popular en la pasada legislatura...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, senador.


Por favor, señorías, guarden silencio.


El señor COMORERA ESTARELLAS: ... y que recordemos fue aprobada de
urgencia por el trámite de lectura única y sin informes previos del
Consejo de Estado o del Consejo General del Poder Judicial.


La reforma de 2014 fue contundentemente rechazada por un amplio
abanico de instituciones, organizaciones y sociedad civil, como Amnistía
Internacional, Rights International Spain, Jueces para la Democracia,
Asociación Judicial Francisco de Vitoria, casi todos los jueces de
instrucción de la Audiencia Nacional, etcétera. La consecuencia de la
reforma es que no solo niega la justicia a las víctimas extranjeras de
graves violaciones de derechos humanos sino que también deja en situación
de desamparo a las víctimas españolas que sufren delitos internacionales
en el extranjero.


Señorías, el principio de justicia universal trata de evitar la
impunidad de los crímenes cometidos contra la humanidad, contra todos
nosotros y nosotras, contra nuestra misma esencia. Ante esto no cabe
decir que lo solucionen otros, que cada país resuelva sus propios
problemas. No son problemas ajenos; cuando se comete un genocidio toda la
humanidad es víctima. Pues bien, como decía, la reforma ha supuesto
prácticamente la derogación del principio de justicia universal debido a
la introducción de un listado de condiciones que en la práctica hace
imposible la intervención de la jurisdicción española, contraviniendo,
además, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, cuyo preámbulo
recuerda que es deber de todo Estado ejercer su jurisdicción penal contra
los responsables de crímenes internacionales.


La Ley Orgánica 1/2014 es contraria tanto al derecho internacional
como a la propia Constitución española, cuyo contenido debe respetar toda
norma interna de acuerdo con el principio de jerarquía normativa, y al
derecho interno español, puesto que, conforme al artículo 96 de la
Constitución, los tratados internacionales se incorporan al ordenamiento
jurídico español sin que puedan ser derogados, modificados o suspendidos
por procedimientos ajenos a lo establecido en cada tratado.


Además, es contraria a la Convención contra la tortura, que en su
artículo 6 dice que todo Estado parte en cuyo territorio se encuentre la
persona que se supone que ha cometido cualquiera de los delitos a que se
hace referencia en el artículo 4, si tras examinar la información de que
dispone considera que las circunstancias lo justifican, procederá a la
detención. Y es contraria también a los convenios de Ginebra y sus
protocolos, que señalan que los países que ratifican dichos convenios
deben respetar ciertos principios humanitarios e imponer sanciones
legales contra quienes los violan.


Y todo esto no lo dice mi grupo parlamentario, lo dice la Sala de
lo Penal del Tribunal Supremo, que en el Auto 3240/2016, de 18 de abril,
señala que la reforma de la justicia universal aprobada por la Ley
Orgánica 1/2014 supuso una restricción sustancial y extrema de los
derechos de los españoles víctimas de genocidios en el extranjero. El
propio Tribunal Supremo duda de que la reforma de la justicia universal
sea constitucional porque limita los derechos de las víctimas. Es más, en
su día la reforma fue tachada por diversos jueces, especialmente los de
la Audiencia Nacional, como chapuza, inadmisible y deficiente, entre
otros adjetivos. Dos años después de esta reforma se constata el cierre
de la mayoría de las causas abiertas en España en aplicación de la
jurisdicción universal. El caso Tíbet, archivado. El caso Ruanda y
República Democrática del Congo, archivado. El caso Falun Gong,
archivado. El caso Guatemala, archivado. El caso Couso, archivado. El
caso Guantánamo, archivado. Los casos Aldaraj y Mavi Marmara, archivados.
Solo aguantan cuatro causas tras su reforma: el caso Jesuitas, el caso
Soria, el caso Sahara Occidental y el caso Boko Haram.


Fíjense, además, en que la gran contradicción sustancial de la
reforma queda evidenciada en el hecho de que, mientras los delitos más
graves del derecho penal internacional, como son los de lesa humanidad,
genocidio y crímenes de guerra, son desplazados fuera de la competencia
de la jurisdicción española, excepto en rarísimas excepciones, en cambio
sí cabría encuadrar en el ámbito de nuestra jurisdicción los delitos de
segundo grado de derecho penal internacional, aunque también con unas
restricciones que no se daban en la Ley Orgánica 1/2009 y mucho menos en
la Ley 6/1985. La reforma operada por la Ley Orgánica 1/2014 parece
establecer, además, víctimas españolas de primera y de segunda categoría
al privilegiar a las víctimas del terrorismo respecto de las de otros
delitos, de tal suerte que los tribunales españoles podrán ejercer la
jurisdicción respecto de este delito por el mero hecho de que la víctima
sea española. Este extremo demuestra, por ejemplo, la discriminación
respecto de la tutela judicial efectiva de víctimas españolas de delitos
de genocidio, lesa humanidad, tortura o crímenes de guerra, en las que no
basta ser nacional español sino que se requieren otras exigencias
adicionales. Pero es que, además, la precipitación de la reforma ha
tenido otros efectos colaterales, por ejemplo, en asuntos de tráfico de
drogas, e impide perseguir a los barcos que transportan droga que
naveguen en aguas jurisdiccionales internacionales próximas a las costas
españolas salvo que la embarcación tenga bandera española, a bordo haya
tripulantes españoles o el barco se dirija a España. Ello provocó en un
primer momento, tras la entrada en vigor de la ley, la excarcelación y
fuga de personas encarceladas tras su detención en alta mar. Han
conseguido que la incertidumbre reine en los procedimientos seguidos por
delitos de narcotráfico internacional.


En definitiva, la reforma de la Ley Orgánica 1/2014 debilita el
Estado de derecho, contraviene el derecho internacional y ataca los
derechos humanos y la dignidad de las víctimas. Su reforma, señores del
Partido Popular, pasará a la historia de los más graves atentados
jurídicos contra las víctimas de los más graves delitos contra el
conjunto de la humanidad, como la piratería, la esclavitud, los crímenes
de guerra, los crímenes contra la paz, los crímenes de lesa humanidad, el
genocidio y la tortura. Y, lo que es más grave, por inconfesables motivos
de realpolitik y presiones de gobiernos extranjeros sobre la soberanía
nacional.


Pero con esta moción no solo pedimos la derogación de la reforma
operada por la Ley Orgánica 1/2014, sino también la reforma del Partido
Socialista con la Ley Orgánica 1/2009, también aprobada sin debate
parlamentario y sin informes previos, que ya limitó el principio de la
justicia universal solo a los supuestos casi imposibles de que los
acusados se encontrasen en España, que las víctimas fuesen españolas o
que existiese conexión relevante en nuestro país. Y lo triste es que la
realidad del porqué de dicha reforma se debe, no a razones de justicia de
mejora legislativa, sino a las relaciones internacionales o a intereses
comerciales. La del PSOE fue por Israel y la del PP fue por China. La
modificación del PSOE se aprobó después de que la ministra de Asuntos
Exteriores de Israel confesase públicamente la promesa del exministro
español Miguel Ángel Moratinos de modificar la ley para archivar el caso
contra los soldados israelíes por su supuesta responsabilidad en el
bombardeo del barrio Al Daraj de Gaza. La modificación del PP llegó tras
la orden de detención dictada por la Audiencia Nacional sobre la cúpula
militar y política de China por el genocidio del Tíbet.


El Estado debe intentar mantener buenas relaciones con todos los
países, pero nunca perdiendo su dignidad ética y política otorgando
favores que desnaturalicen nuestros principios democráticos y nuestros
valores. Las relaciones diplomáticas con China ¿valen tanto como para dar
carpetazo a casos como la investigación del asesinato del cámara de
televisión José Couso en Irak o el genocidio por el Tíbet? No suena muy
humano el carpetazo a los derechos a la verdad, a la justicia y a la
recuperación de nuestros congéneres víctimas de delitos contra la
humanidad, ¿verdad? Miren, señorías, les pido sinceridad. Salgan a la
tribuna y dígannos la verdad: reformamos la justicia universal porque
para nuestros grupos son más importantes los acuerdos comerciales con
China o las relaciones con Israel que la justicia universal, los derechos
humanos o lo que les pase a los españoles en el extranjero. Y si no es
así y estoy equivocado, todos ustedes, los que se sientan a la derecha y
a la izquierda, si de verdad creen en la justicia como valor superior de
nuestro ordenamiento jurídico, como dice el artículo número 1 de nuestra
Constitución, cuyo cumpleaños hemos celebrado recientemente, ustedes, que
se definen como constitucionalistas, apoyarán esta moción.


Las reformas de 2009 y 2014 suponen negar que la finalidad del
principio de justicia universal sea la lucha contra la impunidad. Van en
contra de los principios de Núremberg, cuando la comunidad internacional
en su conjunto se obligó a perseguirlos. Y rechazan que el derecho
convencional o consuetudinario internacional permita u obligue a la
persecución de esos crímenes al amparo del principio universal. Pero aquí
hemos cambiado derechos humanos por derechos económicos. (Aplausos). Y no
solo eso. Ya que tanto que les gusta hablar de la marca España, diré que
éramos, junto con Bélgica, un referente en justicia universal; y hemos
dejado de serlo. Uno de los elementos que podía alimentar algún
sentimiento de orgullo respecto de nuestra posición en la historia de la
humanidad o de confianza en el Estado y en la justicia española era
precisamente que España se había convertido en pionera y estandarte de la
jurisdicción universal, con una avanzada y potente legislación, además de
un buen número de abogados, fiscales y jueces valientes y conocedores del
ordenamiento internacional.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya
terminando.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo, señoría.


Si bien España desatendía y desatiende su propia historia de
crímenes contra la humanidad del franquismo, en los últimos años había
sido pionera en la defensa de los derechos humanos.


En definitiva, la modificación del principio de justicia universal
que han llevado ustedes a cabo, en palabras del profesor de Derecho Penal
de la Universidad Complutense, Manuel Ollé, debilita el Estado de
derecho, contraviene el derecho internacional, destroza los derechos
humanos, vilipendia la dignidad de las víctimas y garantiza la impunidad.
Con sus reformas han consumado la impunidad de los crímenes contra la
humanidad. Miren a los ojos a las víctimas de los delitos atinentes al
principio de justicia universal…


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, tiene que
terminar.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Acabo.


… incluso a las víctimas españolas, y díganles que su
sufrimiento y su derecho a la justicia les es indiferente, que no es
cuestión de España, que llamen a otra puerta, y a ver si hay más
suerte.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Comorera.


Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra la senadora Moreno.


La señora MORENO RUIZ: Señor presidente, señorías, buenos
días.


El Grupo Parlamentario Socialista comparte el sentido general de
la moción que ha presentado Podemos y tiene la voluntad política de votar
a favor. Por eso hemos presentado una enmienda, a fin de que la
iniciativa se pueda centrar en la derogación de la reforma de la justicia
universal operada en 2014 exclusivamente con los votos del Partido
Popular y eliminar de la moción la referencia a la reforma del año 2009,
a iniciativa del Grupo Socialista, y que, al contrario de la reforma
de 2014, fue aprobada con un amplio consenso parlamentario.


Les voy a dar algunas razones de carácter técnico y dejaré algunas
razones políticas para el turno de portavoces. En la moción que presentan
ustedes hacen una referencia prácticamente continua al auto 3240/2016 del
Tribunal Supremo. Pues bien, la lectura de ese auto diferencia
clarísimamente la reforma del año 2009 de la correspondiente al 2014. Lo
hace de manera expresa cuando habla de las restricciones que realiza la
ley de 2014, que no estaban contempladas en la de 2009, y lo hace además
de manera tácita. Obviamente, si ese auto describe las limitaciones que
introduce la reforma de 2014 es porque esas limitaciones no existían en
la Ley de 2009. Por tanto, sean rigurosos al citar la
jurisprudencia.


Y, ya que citan jurisprudencia del Tribunal Supremo, ¿por qué no
citan también la del Tribunal Supremo anterior a la reforma del año 2009,
que pedía que se concretara un nexo de unión entre las causas
internacionales y España? Esa jurisprudencia reiterada del Tribunal
Supremo —por ejemplo, en las sentencias 327/2003 o 645/2006—
fue la que inspiró la reforma que promovió el PSOE. Era una demanda del
Tribunal Supremo que hoy ustedes sí citan, pero que no les gusta cuando
le da la razón a la reforma socialista del año 2009. Así pues, les pido
coherencia para distinguir una reforma de otra, porque, evidentemente, la
del año 2009 introdujo racionalidad en la regulación de la justicia
universal y permitió que se siguieran tramitando las causas abiertas y
que durante estos años se hayan abierto otras causas de justicia
universal, como el genocidio del Sáhara, el asesinato de Carmelo Soria,
el ataque de Israel o el ataque al campo de refugiados iraníes. Como
digo, todas son causas que se han abierto con posterioridad al
año 2009.


Señores y señoras de Podemos, por favor, acepten la enmienda, en
la que coincidimos PSOE y el Partido Demócrata de Cataluña. Ya lo decía
Paracelso: La dosis hace el veneno. Es una cuestión de dosis. Una dosis
exagerada puede marcar la diferencia entre una medicina que cura y un
veneno que mata. Desde ese punto de vista, la reforma del año 2009 fue
una medicina, una reforma justa, atemperada, consensuada, que vino a
mejorar y a sanear la regulación de la justicia universal siguiendo las
instrucciones del Tribunal Supremo, mientras que la reforma del año 2014
ha sido una reforma veneno, un exceso de reforma para matar la justicia
universal, que se impuso por la exclusiva mayoría del Partido Popular.
Creo que si no son capaces de diferenciar una medicina de un veneno
tienen un serio problema cognitivo o de cinismo político. Por eso, confío
en que después de estos argumentos, exclusivamente técnicos, puedan
reconsiderar su posición y aceptar la enmienda del PSOE, porque nos
gustaría apoyar su moción. Es curioso, además, que en la equiparación de
las dos reformas coincidan Podemos y el PP. Como digo, son los únicos
grupos que equiparan ambas. Ellos, porque nos reprochan que en el
año 2009 apoyaron la reforma y que nosotros ahora no la apoyamos; y
ustedes, porque equiparan la regulación del año 2009, que, como he
descrito, respeta los autos del Tribunal Supremo, con una reforma
absolutamente feroz que ha eliminado en la práctica la justicia
universal, como la operada por el Partido Popular.


De nuevo les pido que acepten la enmienda y permitan que votemos a
favor de su moción. Derogar la reforma del 2014 es un objetivo común de
la práctica totalidad de los grupos de la Cámara, y derogar la del 2009
es un objetivo suyo, de Podemos. Si en algún momento tienen una mayoría
suficiente de respaldo ciudadano, lleven adelante sus programas de
máximos, pero en este momento es necesaria la unidad de la oposición al
Gobierno del Partido Popular, la unidad de los partidos que defendemos
los derechos humanos para conseguir que las cosas vuelvan a una
regulación digna, sensata, ambiciosa y valiente de la justicia universal
que ha sido referente y modelo para otros países, como fue la reforma el
año 2009.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, presidente. Muchas gracias,
señorías. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Moreno.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de su enmienda,
tiene la palabra la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidente. El nostre grup està
d’acord amb la moció presentada pel Grup de Podemos, però hem
presentat aquesta esmena per coherència amb el nostre discurs i la nostra
defensa que vam fer ja al seu moment en el posicionament tant al Congrés
com al Senat de la llei de febrer de 2014. En aquell moment, com he dit,
ja des del Congrés i al Senat, nosaltres ens vam posicionar, evidentment,
en contra d’aquesta proposició de llei i sí que vam tenir en compte
el consens de què s’ha parlat en aquesta cambra, que es va aprovar
en la Llei de 2009.


Per tant, per coherència interna del nostre partit, el PDCat, hem
presentat aquesta esmena tenint en compte que estem, evidentment, en
contra de la Llei de 2014 i, en concret de l’article 23, però per
coherència acceptem el consens en què es va aprovar la reforma
de 2009.


Gràcies.


Nosotros estamos de acuerdo con la moción presentada por el Grupo
de Podemos, pero hemos presentado esta enmienda por coherencia con
nuestro discurso y la defensa que realizamos en su día, tanto en el
Congreso como en el Senado, de nuestro posicionamiento sobre la ley de
febrero de 2014. Entonces nos posicionamos en contra de esa proposición
de ley y tuvimos en cuenta el consenso, del que se ha hablado en esta
Cámara, en la Ley de 2009. Por tanto, por coherencia interna de nuestro
partido, el PDCat ha presentado esta enmienda teniendo en cuenta que,
evidentemente, estamos en contra de la Ley de 2014, y concretamente del
artículo 23, y que aceptamos el consenso con el que se aprobó la reforma
de 2009.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Abad.


Para manifestar si acepta o no las enmiendas, por el Grupo
Parlamentario de Unidos Podemos, tiene la palabra el senador
Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor vicepresidente.


Les agradezco que apoyen la derogación de la reforma del Partido
Popular, pero no podemos aceptar sus enmiendas porque no vamos a
renunciar a derogar también su reforma de la justicia universal, que
—recordemos— fue apoyada en su día por el Partido Popular,
Convergència i Unió y PNV.


Con su reforma la Audiencia Nacional solo podía investigar delitos
contra la humanidad cometidos en el exterior si los acusados se
encontraban en España —algo ya de por sí muy complicado—, si
alguna de las víctimas tenían nacionalidad española o si existía algún
vínculo de conexión relevante en España. Esa es una limitación a la
defensa de los derechos humanos a la que nuestro grupo no va a renunciar,
¿o acaso creen que el mundo está mejor ahora que en el año 2009, cuando
tanto Iniciativa per Catalunya Verds como Izquierda Unida nos opusimos a
su reforma? Eso es coherencia y no cinismo, como manifestaba usted,
señoría. (Aplausos). Se trata de una reforma que introdujeron de
tapadillo, una reforma exprés que introducía un elemento tan importante
como es la justicia universal en el seno de una propuesta sobre la
oficina judicial y sin el consiguiente debate parlamentario. ¿Qué les
pasó a ustedes cuando estaban en el Gobierno para pasar de un gesto
valiente, como fue retirar las tropas españolas de Irak, a negarse a
perseguir penalmente los delitos más graves conforme al derecho
internacional, el crimen de guerra o el genocidio, sin que importe el
lugar de comisión, como exigen los tratados internacionales ratificados
por España?


Su reforma también incumple el IV Convenio de Ginebra, que en su
artículo 146 establece que cada Estado parte tendrá la obligación de
buscar a las personas acusadas de haber cometido u ordenado cometer
cualquiera de las infracciones graves contempladas y deberá hacerla
comparecer ante los propios tribunales, sea cual sea su nacionalidad. Su
reforma ya fue un paso atrás indiscutible y, además, un paso
injustificable al reducir la justicia universal a dos criterios:
territorialidad y nacionalidad. Y, curiosamente, quien definió la
justificación de su modificación de la ley fue la actual ministra de
Sanidad, la señora Dolors Montserrat, en su intervención en el Congreso.
Leo textualmente: La evolución seguida por los tribunales de justicia, y
especialmente por la Audiencia Nacional, en el ámbito de la justicia
internacional afecta a nuestra relaciones internacionales y genera
conflictos diplomáticos. Esa fue la razón de su reforma; y ahí no van a
encontrar nuestro apoyo.


Todo iba bien cuando se perseguía a asesinos del Tercer Mundo o
exdictadores derrocados, pero cuando se piden responsabilidades a Israel
por los bombardeos indiscriminados en la franja de Gaza, o al ejército de
Estados Unidos por el asesinato de José Couso, ya es un problema, y
subordinamos la justicia universal a la realpolitik.


Por eso, no vamos a aceptar sus enmiendas, porque nosotros
queremos una justicia universal como instrumento de lucha contra la
impunidad, sin debilitamientos.


Gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Comorera.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la senadora
Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gràcies, president.


El nostre grup està d’acord que l’actual redactat de
l’article 23 de la Llei orgànica del poder judicial no solament
nega la justícia a les víctimes estrangeres de greus violacions dels
drets humans, sinó que també compartim que deixa en una situació de
desemparament les víctimes espanyoles que han patit delictes a
l’estranger. Nosaltres, el PDCat, entenem que, en general, no només
l’article 23 d’aquesta llei, aquesta modificació de llei,
suposa un evident pas enrere respecte de la Llei de 1986 i la modificació
de 2009, perquè entenem que és un pas enrere en la protecció
internacional dels drets humans i una limitació, evidentment, a la
justícia universal. La justícia universal, per a nosaltres, és una tema
molt seriós. Parlem de justícia, del dret de les persones, d’un
tema no solament seriós, sinó també delicat i molt important, perquè
parlem de justícia. En aquest moment, parlem de delictes com la tortura o
el genocidi, i aquests no poden quedar en cap cas impunes. I amb aquesta
nova redacció, la de l’article 23 de la llei de 2014, aquests
delictes poden no ser coneguts pels nostres tribunals i els nostres
jutjats.


Els vull recordar que el nostre grup ja va votar en contra
d’aquesta llei, la de 2014, perquè entenem que tanca la porta de
forma contundent i ho dic, entre altres motius, perquè davant de delictes
com la tortura, com delictes de llibertat sexual contra menors, delictes
contra la dona, etc., no només s’exigeix per conèixer-los que la
víctima tingui nacionalitat espanyola, sinó també que la persona que ha
comès el delicte visqui en territori espanyol. Això, al nostre entendre,
és vetar el dret de la justícia universal. És un límit inadmissible, que
no es pot permetre. A més a més, també entenem que té aspectes que
vulneren clarament la Constitució. Entenem, evidentment, que pica
l’ullet a aquelles persones que han transgredit el dret
internacional o que han transgredit els drets humans.


L’any 2009, en ple debat, el Grup del PDCat ja va presentar
i va dir que podíem entendre que la justícia universal tingués els seus
límits perquè no tot s’hi val, que tingui les seves consideracions
i condicions, com és aquest el cas dels límits que puguin donar lloc a la
impunitat, però no podem mirar enrere amb aquesta impunitat. Per acabar,
i dit això, malgrat que el Grup de Podemos no ha acceptat la nostra
esmena, el nostre grup no pot donar suport a la impunitat i compartim que
es derogui l’article 23, perquè sempre hem estat a favor dels drets
humans, de la legalitat internacional i sempre hem estat en contra
d’aquells estats que han comès vulneracions, genocidis, delictes de
lesa humanitat i, en definitiva, que han pogut cometre atrocitats.


Moltes gràcies.


Gracias, presidente.


Nuestro grupo está de acuerdo en que el actual redactado del
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, no solo niega la
justicia a las víctimas extranjeras de graves violaciones de los derechos
humanos, sino que también deja en situación de desamparo a las víctimas
españolas que han padecido delitos en el extranjero. Nosotros, el PDCat,
consideramos que la modificación del artículo 23 de esta ley supone un
evidente paso atrás respecto de la Ley de 1986 y la modificación del
año 2009, un paso atrás en la protección internacional de los derechos
humanos y una clara limitación de la justicia universal. La justicia
universal es para nosotros un tema muy serio. Hablamos de los derechos de
las personas, un asunto que no solo es serio, sino también delicado y muy
importante puesto que estamos hablando de justicia. Estamos hablando de
delitos como la tortura o el genocidio, que no pueden quedar impunes en
ningún caso; pero, según la redacción del artículo 23 de la Ley de 2014,
dichos delitos pueden no ser conocidos por nuestros tribunales y
juzgados.


Me gustaría recordarles que nuestro grupo ya votó en contra de la
Ley de 2014 por entender que cierra la puerta de forma contundente. Lo
digo, entre otros motivos, porque para el conocimiento de delitos como la
tortura, contra la libertad sexual, contra menores, contra mujeres,
etcétera, no solo se exige que la víctima tenga nacionalidad española
sino, además, que la persona que los haya cometido viva en territorio
español. Eso, a nuestro entender, significa cerrar la puerta, vetar el
derecho a la justicia universal. Es un límite inadmisible, un límite que
no podemos permitir. Además, entendemos que contiene aspectos que
vulneran claramente la Constitución. Sin duda es un guiño a aquellas
personas que han transgredido el derecho internacional, a aquellos que
han transgredido los derechos humanos.


En 2009, en pleno debate, el Grupo del PDCat ya dijo que podía
entender que la justicia universal tenga sus límites porque no todo vale,
es decir, que tenga sus propias consideraciones y condiciones, como son
los casos de los límites que puedan dar lugar a la impunidad, pero no
podemos dejar atrás esa impunidad. Por tanto, a pesar de que el Grupo de
Podemos no haya aceptado nuestra enmienda, no podemos dar apoyo a la
impunidad y compartimos que se derogue el artículo 23 porque siempre
hemos estado a favor de los derechos humanos, de la legalidad
internacional y en contra de aquellos Estados que han cometido
vulneraciones, genocidios, delitos de lesa humanidad y, en definitiva,
que han podido cometer atrocidades.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Abad.


Senador Mulet, tiene la palabra.


El señor MULET GARCÍA: Gràcies.


Com segurament després hi haurà algun tipus de senadors que
parlaran de Veneçuela, i de Cuba i del país dels Teletubbies, també
recordaré el cas de Guinea Equatorial, perquè el tinguen en memòria,
no?


Convindran vostès, els senadors d’esta cambra, que Amnistia
Internacional té una autoritat moral inqüestionable en matèria de drets
humans. Explica Amnistia Internacional com Espanya està en el llistat
dels països que vulneren els drets humans; ho diu Amnistia Internacional,
no ho diem nosaltres. Segons Amnistia Internacional, la llibertat
d’expressió i associació, de reunió, està seriosament amenaçada per
la llei mordassa, la legislació espanyola és repressiva, segons Amnistia
Internacional. Diu Amnistia Internacional que la llei Monotoro atempta
contra els drets econòmics, socials i culturals i contra el dret de la
salut. Diu Amnistia Internacional que Espanya ha fet un retrocés enorme
en jurisdicció internacional, el que comporta impunitat en els crims de
dret internacional, i impedir a les víctimes de greus violacions de drets
humans accedir als tribunals espanyols. Això ho diu Amnistia
Internacional.


També diu:


Gracias.


Como seguramente después algún tipo de senadores hablará de
Venezuela y de Cuba y del país de los Teletubbies, también recordaré el
caso de Guinea Ecuatorial, para que lo tengan en la memoria.


Convendrán ustedes, senadores de esta Cámara, que Amnistía
Internacional tiene una autoridad moral incuestionable en materia de
derechos humanos. Y Amnistía Internacional explica cómo España está en el
listado de los países que vulneran los derechos humanos. Lo dice Amnistía
Internacional, no nosotros. Según AI la libertad de expresión, asociación
y reunión está muy amenazada por la ley mordaza. La legislación española
es represiva, según AI. Dice Amnistía que la ley Montoro atenta contra
los derechos económicos, sociales y culturales y contra el derecho a la
salud. Dice también Amnistía Internacional que España ha tenido un
retroceso enorme en jurisdicción internacional, cosa que comporta
impunidad en los crímenes de derecho internacional y ha impedido a las
víctimas de graves violaciones de derechos humanos a acceder a los
tribunales españoles. Lo dice AI. También dice que la justicia y la
reparación de las víctimas de crímenes de derecho internacional cometidos
durante la guerra civil y el franquismo siguen siendo denegados en
España, que no investiga ni colabora con investigaciones llevadas a cabo
con otros países, lo cual resulta tremendamente preocupante.


Això no ho diem nosaltres des de Compromís sinó que ho diu
Amnistia Internacional. Per tant, com no hem de retrocedir en la defensa
de les víctimes de genocidi, lesa humanitat, crims de guerra fora de les
nostres fronteres si dins de les nostres hem patit un retrocés bestial?
Hem retrocedit molt, i és normal, perquè què porta en l’ADN la
dreta d’este país tots ho sabem, no? Recordem com 19 càrrecs
franquistes, entre ells ministres, comissaris de policia, capitans,
coronels de l’exèrcit, caps de la Guàrdia Civil, acusats de tortura
i homicidis perpetrats durant 1936 i 1977 el Govern espanyol es nega a
extradir-los. Per tant, què ens ha d’estranyar?


Òbviament compartim plenament la intervenció que ha fet el company
Comorera; és trist i lamentable que hàgem d’estar a estes altures
demanant 40 anys després que Espanya funcione com un estat de dret
normal. Nosaltres estem prop de la família Couso que de Teodoro Obiang;
nosaltres estem més prop del poble sahrauí que de la monarquia
marroquina; estem més prop del poble palestí que d’un estat
terrorista; estem més prop de la jutgessa Servini que de Martín Villa, i
sabem perfectament que hi hauran altres que no serà així; per tant
nosaltres òbviament... (Aplaudiments).


No lo decimos nosotros en Compromís, sino que lo dice Amnistía
Internacional. Por tanto, ¿cómo no tenemos que retroceder en la defensa
de las víctimas de genocidio, lesa humanidad, crímenes de guerra fuera de
nuestras fronteras, si dentro de las nuestras hemos sufrido un retroceso
bestial? Hemos retrocedido mucho, y es normal, porque lo que lleva el ADN
en la derecha de este país ya lo sabemos; ministros, comisarios,
coroneles del Ejército, jefes de la Guardia Civil, cargos franquistas
acusados de genocidio perpetrado entre el treinta y seis y el setenta y
siete. Y el Gobierno español se niega a extraditarlos. Por tanto, ¿qué
nos tiene que extrañar?


Compartimos la intervención del señor Comorera. Es triste y
lamentable que tengamos que estar a estas alturas, pidiendo, cuarenta
años después, que España funcione como un Estado de derecho normal.
Nosotros estamos más cerca de la familia de Couso que de la de Teodoro
Obiang, más cerca del pueblo saharaui que de la monarquía marroquí,
estamos más cerca del pueblo palestino que de un Estado terrorista,
estamos más cerca de la jueza Servini que de Martín Villa, y sabemos
perfectamente que habrá otros así. Por tanto, nosotros...
(Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Su tiempo ha terminado,
señor Mulet. Su tiempo ya ha terminado.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor
Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Egun on. Eskerrik asko, mahaiburu
jauna.


Gure ustez, jurisdikzio unibertsala aztertu behar dugunean, hiru
irizpide nagusi kontutan hartu beharko genituzke. Lehenengoa: nazioarteko
elkartasuna, alegia, jurisdikzio unibertsala gaia jorratzen ari garenean,
izango litzateke nazioarteko elkartasuna lehen printzipioa. Bigarren
printzipioa: estatuko jurisdikzioa gaindituko duen kontzeptu bat da. Eta
hirugarrena: arrisku globaleko gizarte batean mugitzen ari garen honetan,
inportantea da sortzen den eskubide subjektiboa, alegia, Ruandan,
Errusian, Espainian, edozein lekutan, munduko edozein lekutan bizi den
pertsona batek giza eskubideekiko eduki dezakeen, hitzak esaten duen
bezala, eskubidea, gutxienezko eskubidea. Azken finean, giza eskubidea
izango da pertsonaren bizitzan, pertsonaren eremuan, gutxienezko
oinarria. Hori izango da. Nahiz Turkian, Ruandan, nahiz Somalian, nahiz
Euskadin, nahiz Errusian izango lukeen gutxienezko oinarrizko elementua:
giza eskubidea.


Gainera, hiru printzipio hauek behin esanda, baita ere beste
kontzeptu bat mahai gainean jarri behar da, eta da Nazioarteko Zigor
Penala, nolabait, Corte Penal Internacional. Hau ez da horren ordezkoa;
guztiz aurkakoa, horren guztiaren osagarria izango litzateke. Hitz egiten
ari gara giza eskubideez, eta giza eskubide horiek munduan zehar baloratu
beharrekoak dira. Galdera izango litzateke: zein kalte, edo zein kritika
jasoko luke kontzeptu honek onartua izan zedin? Batik bat, Alderdi
Popularrari begira ari naiz. Bere garaian gai hau jorratu genuenean,
esaten zuen, bueno, horretarako badaude beste tribunal batzuk. Eta garbi
dago hori ez dela horrela. Badaude tribunal batzuk, baina beste tribunal
horiek ez dute bere osotasunean guzti hau estaltzen. Hor dugu Erromako
Estatutua, adibidez, Estatu Batuek, Israelek, Txinak izenpetu ez dutena.
Adibidez, hori guztia, honek, jurisdikzio honek, jurisdikzio unibertsal
honek estaliko luke. Orduan, non dago hor arazoa?


Beste bigarren argudioa, Alderdi Popularrak erabiltzen duen
argudioa izango litzateke inoiz ez dela erabiltzen, ez duela
eraginkortasunik. Zuei, benetan, iruditzen zaizue mundu global honetan,
gai izatea giza eskubideak Espainiako estatuan ere ardura hartzea,
horiek, horien aurrean lan bat egiteko; edo zer iruditzen zaizue, Garzón
epailea zenak Pinochetekiko egin zuena? Azken finean, justizia
unibertsalak ahalbideratzen zuen. Edo beste galdera, lehen aipatu den
bezala: Couso familiari zer esan beharko genioke orain esaten denean,
hemen onartu zen, 2014. urtean onartu zen, legea dela eta, Espainiako
estatua ez dela gai horko hilketa epaitzeko? Orduan, galdera horiei
erantzun bat eman behar zaie. Ez baldin bazaie ematen, benetan, porrot
bat, edo huts bat, hutsune bat sortzen ari da. Azken finean, giza
eskubideak, alegia, edozein pertsonaren oinarrizko elementua, mantentzea
inportantea delako.


Azkeneko segundoak; ez zait batere gustatu bai Alderdi
Sozialistaren eta bai Podemosen artean sortu den hika-mika hori, ulertuz
zein den kontzeptua. Benetan hemen elementu inportantea izango litzateke
justizia unibertsalari aurre egitea, giza eskubideez hitz egiten ari
garelako, eta norbaitek, hemen, beste posizionamendu bat idatzi nahiko
balu, ez zait egokia iruditzen. Orduan, azpimarratu nahi dut inportantea
dela adostasuna, era batekoa, edo bestekoa. Eta aipatu dudan moduan, giza
eskubidea da gure bizitzek behar duten, merezi duten oinarrizko
kontzeptua, eta benetan merezi duela horren inguruan adostasunak
bilatzea.


Eskerrik asko.


Buenos días. Gracias, señor presidente.


En nuestra opinión, cuando tenemos que analizar la jurisdicción
universal hay que tener en cuenta tres criterios principales. Primero, la
colaboración internacional, la solidaridad internacional. Cuando
abordamos temas de jurisdicción universal el primer principio tendría que
ser la solidaridad universal. El segundo principio, un concepto que
supera la jurisdicción estatal.






Y el tercer principio, que en la
situación en que nos estamos moviendo, en una situación de peligro
global, debemos tener en cuenta el derecho subjetivo, es decir,
situaciones que ocurren en Ruanda, Rusia o España. Una persona, viva
donde viva, debería tener el mínimo de derechos humanos. Al fin y al
cabo, estos son la base mínima en la vida de cualquier persona, esté esa
persona en Turquía, Somalia, Euskadi o Rusia. Un mínimo que debe tener
cualquier persona en cualquier parte del mundo son los derechos
humanos.


Además de mencionar estos tres principios, hay que plantear otro
concepto: esto no sustituye a la Corte Penal Internacional, sino que
sería complementario. Estamos hablando de derechos humanos, y esos
derechos humanos deben valorarse a través del mundo. La pregunta sería:
¿qué crítica recibiría o que perjuicio causaría este concepto para que no
fuera aceptado? Lo digo, sobre todo, mirando al Partido Popular. Cuando
abordamos este tema en su día, se decía que para eso ya existían otros
tribunales, y está claro que no es así. Es cierto que existen otros
tribunales, pero esos tribunales no abordan totalmente esta cuestión.
Tenemos el Estatuto de Roma, que no ha suscrito ni China ni Estados
Unidos ni Israel, y esta jurisdicción universal abordaría esa cuestión.
Entonces, ¿dónde está el problema?


El segundo argumento que utiliza el Partido Popular es que no
tiene efectividad, que no se utiliza nunca. Se trata, en este mundo
global, de ser capaces de responsabilizarse de los derechos humanos,
también en el Estado español, es decir, de ser capaces de hacer un
trabajo sobre esta cuestión. ¿Qué les parece lo que hizo el juez Garzón
con respecto a Pinochet, que daba viabilidad a la justicia universal?
¿Qué tendríamos que decirle a la familia de Couso respecto a la ley
aprobada en 2014, que dice que el Estado español no es capaz de juzgar
ese asesinato? Hay que responder a estas preguntas porque, si no se hace,
se estará creando un vacío. Al fin y al cabo, los derechos humanos, que
son un elemento básico de cualquier persona, son importantes.


Voy a utilizar los últimos segundos para decir que no me ha
gustado nada la disputa que ha surgido entre el PSOE y Podemos. Es
fundamental abordar la justicia universal porque estamos hablando de los
derechos humanos. Si alguien aquí quiere que se recoja otro
posicionamiento, no me parece bien que surja esta disputa. Es importante
lograr el acuerdo de una forma o de otra. Tal y como he dicho, los
derechos humanos son un concepto básico en nuestras vidas y merecen que
se logren acuerdos al respecto.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bildarratz.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Vidal.


El señor VIDAL MARSAL: Gracias, señor presidente.


Senyories, el principi de justícia universal és una conquesta
irrenunciable de tota la humanitat i, en particular, de les societats
democràtiques, perquè possibilitat que aquests crims internacionals no
quedin impunes. I això ha de ser així amb independència de la
nacionalitat o residència més o menys habitual o permanent de les
persones agressores o de les seves víctimes, perquè conductes tan
execrables com les que contempla aquesta legislació transcendeixen les
víctimes concretes i específiques, ofenen tota la humanitat i posen en
perill els valors i principis generals de les civilitzacions
democràtiques modernes.


L’Estat espanyol, després de la transició democràtica
l’any 1978, va assumir diferents obligacions en aquest camp. El
portaveu del Grup Parlamentari de Podemos i les seves confluències ens ha
il·lustrat sobre quina és aquesta normativa i quines han estat les
sentències del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional espanyol.
Permetin-me que els recordi, ampliant aquesta informació, que
l’article 7 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics,
l’article 6.2 del Conveni de les Nacions Unides contra la Tortura i
Tractes Inhumans de 1984 i el Conveni Europeu de Drets Humans, a més a
més actualment actualitzat per la Resolució 60/147 de l’Assemblea
General de les Nacions Unides de 16 de desembre de 2005, garanteixen el
dret de totes les víctimes, passi on passi el delicte, a ser protegides
per les violacions de normes internacionals dels drets humans.


Hi ha unanimitat, a més a més, en tota la carrera judicial, amb
independència de quina de les associacions de jutges o de fiscals ens
referim, sobre la necessitat de mantenir en el marc jurídic de
l’Estat espanyol la perseguibilitat d’aquests delictes. Si
algun sentit té avui dia l’existència de l’Audiència
Nacional, si és que en té, és precisament per a perseguir aquest tipus de
crims, i no pas per fer el ridícul internacional, com va succeir ahir,
criminalitzant conductes tan innòcues —ens agradin més o ens
agradin menys— com estripar fotografies o cremar banderes.
Conductes que a qualsevol estat democràtic poden ser considerades més o
menys cíviques, però que estan absolutament permeses per la llei, no com
aquí a l’Estat espanyol.


Doncs bé, en aquest context l’Estat espanyol té
l’obligació de perseguir aquests crims i el novembre de 2009 ja va
fer un primer pas enrere, com vostès recordaran. La jurisdicció universal
va ser objecte d’una important reforma que va limitar de manera
dràstica el seu àmbit d’aplicació, per cert, reforma imputable,
senyories, al Partit Socialista Obrer Espanyol —cadascú ha
d’assumir les conseqüències de les seves decisions—. En
aquesta reforma es va introduir un requisit absolutament innecessari, que
restringia moltíssim l’exercici d’aquesta acció, la connexió
rellevant amb l’Estat espanyol o que no s’hagués iniciat el
procediment criminal en el país d’origen. Com vostès saben,
precisament aquests fets succeeixen en països on la justícia no inicia
aquest tipus de procediment.


Altres estats, com Bèlgica, Suècia, Itàlia, Dinamarca, Alemanya,
tenen legislació específica en aquest àmbit que era coherent amb la que
estava vigent a Espanya abans de l’any 2009. Bé, els avanço que, en
la futura república de Catalunya, el nostre marc legal en aquest àmbit
serà molt més proper al d’aquests països que no pas el vigent avui
a l’Estat espanyol. Però el pitjor és que amb la reforma de
l’any 2009 —insisteixo, del Partit Socialista— no
n’hi va haver prou. El 2014, vostès, el Partit Popular, van acabar
amb la persecució d’aquests crims en fer una nova reforma i
impedint que puguin ser investigats, a l’exigir uns requisits de
pràcticament impossible compliment.


Molt bé, és per aquests motius que Esquerra Republicana els
anuncia que votarà a favor de la proposta presentada per Unidos Podemos i
les seves confluències en compartir íntegrament no tan sols els motius
que han presentat en la seva moció, sinó també les mesures concretes i de
proposta de reforma legislativa que contenen.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


Señorías, el principio de justicia universal es una conquista
irrenunciable de toda la humanidad y, en particular, de las sociedades
democráticas, puesto que posibilita que estos crímenes internacionales no
queden impunes. Esto debe ser así, con independencia de la nacionalidad o
residencia más o menos habitual o permanente de las personas agresoras o
de sus víctimas, porque conductas tan execrables como las que contempla
esta legislación trascienden a las víctimas concretas, ofenden a toda la
humanidad y ponen en peligro los valores y principios generales de las
civilizaciones democráticas modernas.


El Estado español, después de la transición democrática en 1978,
asumió distintas obligaciones en este campo. El portavoz del Grupo
Parlamentario de Podemos y sus confluencias nos ha ilustrado en esta
normativa y ha citado cuáles han sido las sentencias del Tribunal Supremo
y del Tribunal Constitucional españoles. Si me lo permiten, me gustaría
ampliar esta información y recordarles que el artículo 7 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 6.2 del
Convenio de Naciones Unidas contra la tortura y tratos inhumanos de 1964
y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, actualmente actualizado por la
Resolución 60/147 de la Asamblea General, de 2005, garantizan el derecho
de todas las víctimas, suceda donde suceda el delito, a ser protegidas
por las normas internacionales por la violación de los derechos
humanos.


Además, existe unanimidad en toda la carrera judicial, con
independencia de las asociaciones de jueces o fiscales a los que nos
refiramos, sobre la necesidad de mantener en el marco jurídico del Estado
español la perseguibilidad de dichos delitos. Si algún sentido tiene hoy
en día la existencia de la Audiencia Nacional, si es que existe, es
precisamente para perseguir este tipo de crímenes y no para hacer el
ridículo internacional, como sucedió ayer, criminalizando conductas tan
inocuas —nos gusten más o nos gusten menos— como romper
fotografías o quemar banderas; conductas que en cualquier Estado
democrático pueden ser consideradas más o menos cívicas pero que están
absolutamente permitidas por ley, no como sucede en el Estado
español.


Pues bien, en este contexto el Estado español tiene la obligación
de perseguir estos crímenes, y en noviembre de 2009 ya dio un primer paso
atrás, como ustedes recordarán: la jurisdicción universal fue objeto de
una importante reforma que limitó de forma drástica su ámbito de
aplicación. Por cierto, señorías, una reforma imputable al Partido
Socialista Obrero Español —cada uno tiene que asumir las
consecuencias de sus decisiones—. En esta reforma se introdujo un
requisito, absolutamente innecesario, que restringía muchísimo el
ejercicio de esa acción. Me refiero a la conexión relevante con el Estado
español o que no se hubiera iniciado el procedimiento criminal en el país
de origen. Como ustedes saben, precisamente estos hechos ocurren en
países en los que la justicia no inicia este tipo de procedimiento.


Otros Estados como Bélgica, Suecia, Italia, Dinamarca o Alemania
tienen legislación específica en esta materia, coherente con la vigente
en España antes de 2009. Pues les adelanto que en la futura república de
Cataluña, nuestro marco legal en este ámbito será mucho más cercano al de
estos países que al vigente hoy en el Estado español. Pero lo peor es que
con la reforma del año 2009 —insisto, del Partido Socialista—
no bastó; en 2014, ustedes, el Partido Popular, acabaron con la
persecución de estos crímenes al realizar una nueva reforma que impedía
que estos hechos pudieran ser investigados por exigir unos requisitos
prácticamente de imposible cumplimiento.


Pues bien, por estos mismos motivos Esquerra Republicana anuncia
que va a votar a favor de la propuesta presentada por Unidos Podemos y
sus confluencias, dado que compartimos íntegramente no solo los motivos
que han presentado en su moción, sino también las medidas concretas y la
propuesta de reforma legislativa que contienen.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Vidal.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra el senador Comorera.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Gracias, señor vicepresidente.


La reforma respondió a la priorización de los intereses económicos
sobre los derechos humanos, en contra de los principios básicos del
Estado y de sus acuerdos internacionales. Ello implica, además, una
cesión de soberanía ante presiones de otro Estado y puede crear un
precedente para la relación con otros países. Cuando hay víctimas
españolas, el deber del Estado es garantizar el acceso a la justicia de
sus ciudadanos en virtud del criterio de nacionalidad pasiva.


En casos de genocidio y lesa humanidad, cobra la máxima gravedad
que España reniegue de sus competencias, puesto que no podrá proteger a
sus nacionales, sino únicamente perseguir a los perpetradores que residan
en España y cuyo extradición hubiera sido denegada por las autoridades
españolas.


Proteger los derechos humanos de los españoles en el extranjero es
uno de los deberes principales del Estado y, en especial, de las
instituciones españolas en el extranjero. Mediante el principio
fundamental de la complementariedad en el estatuto de la Corte Penal
Internacional, se subraya el hecho de que por sí los enjuiciamientos
internacionales nunca resultarán suficientes para lograr la justicia, y
se destaca la función primordial de los sistemas jurídicos nacionales
para poner fin a la impunidad. La triste realidad es que los Estados
territoriales no suelen investigar y enjuiciar las graves violaciones de
derechos humanos. Por consiguiente, la aplicación de la jurisdicción
universal es un elemento fundamental de la justicia.


Como saben, el pasado sábado fue el día internacional que
conmemora el 68 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y, por desgracia, las malas noticias abundan y los conflictos
crecientes, la restricción de las libertades y la impunidad oscurecen el
panorama mundial. España es firmante del Estatuto de Roma de 1998, que
crea la Corte Penal Internacional y, conforme a la Ley Orgánica 18/2003,
de cooperación con la Corte Penal Internacional, España coopera con dicho
organismo en el marco de sus competencias, incluso inhibiéndose a su
favor cuando sea pertinente, conforme a los artículos 7 y 8.


Pero la Corte Penal Internacional no es, desgraciadamente, por el
momento, la panacea para la justicia universal, por lo que la persecución
en los tribunales nacionales debe mantenerse. Por ejemplo, en la
Declaración sobre la protección de todas las personas contra las
desapariciones forzadas, se contempla la aplicación de la jurisdicción
universal a los presuntos actos de desaparición forzada —algo que
sería de especial interés en el caso del segundo país del mundo en
desaparecidos, España— para que la acción de otros Estados, en el
marco del principio de justicia universal, hubiera impedido la impunidad
que el Estado español no quiso impedir. Es obligación no solo de los
políticos, sino también de la propia sociedad, que reclamemos el
cumplimiento de las normas internacionales y el enjuiciamiento de los
crímenes más graves que afectan al género humano por encima de otros
criterios de subordinación política. No cabe duda de que quienes
defienden la impunidad de los crímenes del franquismo en el propio Estado
español, con plena coherencia, entiendan que se deba legislar en pro de
la impunidad respecto de hechos ocurridos fuera de nuestras fronteras,
mientras que al mismo tiempo se penaliza y sanciona cualquier tipo de
conflicto social, se instituye la cadena perpetua y se impide la protesta
social.


Quienes pretenden sustraer de la acción de la justicia a los
criminales de lesa humanidad, a los genocidas y a los criminales de
guerra, deben mirar a los ojos de las víctimas y explicarles por qué se
les abandona, beneficiando así a ciudadanos de otros Estados a los que
aseguran de esta forma su total impunidad ante los tribunales del Estado
español. La indefensión de nuestras víctimas en el extranjero produce
sonrojo y vergüenza. Cada declaración de incompetencia o falta de
jurisdicción es una agresión en el corazón del pueblo, que nuevamente es
golpeado y olvidado, potenciándose la impunidad frente a la
insensibilidad de nuestros legisladores y operadores jurídicos, más
atentos a las interpretaciones restrictivas de los derechos de las
víctimas que a su potenciación como elemento esencial de una verdadera
justicia integral y reparadora.


¿Son conscientes ustedes de que con su reforma, si mañana hay
españoles misioneros, sanitarios, periodistas, defensores de derechos
humanos, etcétera, víctimas de genocidio, crímenes de lesa humanidad,
tortura o crímenes de guerra, judicialmente hablando quedarán abandonados
por nuestro país a pesar de ser nacionales españoles, al carecer los
órganos jurisdiccionales nacionales españoles de competencia para
enjuiciar a sus verdugos? ¿Saben que cualquier persona acusada de un
crimen de genocidio, tortura, lesa humanidad o crimen de guerra puede
venir tranquilamente a pasar unas vacaciones en España, bañarse en
nuestras playas y no ser detenido porque en su reforma se exige que tenga
residencia habitual en nuestro país? Señorías, la actual ley, como se
desprende de nuestra Constitución, no puede cambiar a su antojo los
tratados internacionales añadiendo requisitos y condiciones que estos no
adoptaron.


A ustedes les va más eso de legislar para los poderosos y primar
siempre los intereses económicos y los suculentos contratos para sus
amigos que buscar justicia para las víctimas de crímenes horribles y sus
familiares; es más importante que las cuentas y los negocios vayan bien
con China o que no se enfaden Estados Unidos o Israel.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Termine, señoría.


El señor COMORERA ESTARELLAS: Voy acabando, señor presidente.


Supongo que la moción será rechazada con su mayoría absoluta,
señorías del Partido Popular. Quizás tengamos más suerte en el Congreso,
donde no pueden ejercer ya el rodillo, pero tengan por seguro que
nosotros, como los demás grupos políticos que van a votar a favor de esta
moción, como gran parte de la sociedad civil, seguiremos insistiendo para
acabar con estas regresivas reformas y para que no haya impunidad para
genocidas o criminales de guerra en el Estado español.


Gracias (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Comorera.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Moreno.


La señora MORENO RUIZ: Muchas gracias, presidente.


Señor Comorera, nos hubiera gustado mucho poder apoyar esta
moción, pero no lo vamos a poder hacer porque, por desgracia, no han sido
capaces de facilitar un acuerdo entre los progresistas de esta Cámara.
Han preferido anclarse en sus ideas minoritarias en lugar de buscar un
espacio compartido, y eso es muy malo para la política, muy malo para la
izquierda y muy malo para este país.


Señorías, el Grupo Socialista votó en contra de la reforma del
Partido Popular, y lo hizo cargado de razones y cargado de coherencia.
Las mismas razones que ustedes han esgrimido aquí las podemos suscribir
una por una en lo que se refiere a la reforma del año 2014, porque los
requisitos que exigen para perseguir los distintos delitos enunciados en
el nuevo artículo 23 hacen inviable en la práctica la acción de la
justicia universal. Votamos en contra porque el carácter retroactivo del
sobreseimiento decretado es una clara intromisión en el poder judicial,
un claro atentado a la división de poderes. Votamos en contra porque
supone el incumplimiento de nuestros compromisos internacionales y
porque, además, no ya es que se aprobara sin consenso —eso puede
ocurrir—, es que se aprobó sin intentar ni siquiera un mínimo de
diálogo. La reforma de 2014 ha representado un claro retroceso en el
combate contra las violaciones de derechos humanos y un grave menoscabo
de la imagen de nuestro país en materia de jurisdicción universal y de
nuestro prestigio, ya que hemos pasado de estar a la vanguardia en
materia de defensa de los derechos humanos a estar en la cola.


Señores del Partido Popular, nunca tantas palabras significaron
tan poco como ese catálogo de persecuciones imposibles redactado para
camuflar el apagón total de la justicia universal. Pero con la misma
fuerza y con la misma intensidad con la que estamos en contra de la
reforma de 2014, vamos a seguir defendiendo la de 2009, porque fue una
reforma que nació del diálogo, con un gran respaldo de la Cámara, porque
fue una reforma que permitió perfilar la competencia de la jurisdicción
española, ampliando los delitos perseguibles y definiendo las condiciones
de su aplicación, recogiendo la jurisprudencia del Tribunal Supremo.


El señor Comorera hablaba de coherencia. Y yo le digo: ¿por qué
lee un auto del Supremo y no una sentencia de este mismo Tribunal cuando
dice que el ejercicio de la jurisdicción no puede controvertir otros
principios del derecho internacional público si no existe un punto de
conexión directo con los intereses nacionales? Esto también es el
Tribunal Supremo. ¿Solo se quedan con el Tribunal Supremo cuando coincide
con ustedes y cuando no coincide con ustedes ya no vale el Tribunal
Supremo? Nosotros hicimos una limitación precisa, con la redacción más
abierta que pudiera permitir homogeneizar esa jurisprudencia reiterada
del Tribunal Supremo con la persecución de los delitos, como a la vista
está en la multitud de causas que han seguido abiertas y que han seguido
abriéndose.


Señorías, si el objetivo de esta moción hubiera sido mejorar la
justicia universal deberían haber aceptado nuestra enmienda. Sin embargo,
al no hacerlo están dividiendo el voto de la izquierda, están dividiendo
el voto de los defensores de los derechos humanos que estamos en esta
Cámara y, si no, aquí me tienen, dedicando la mitad de la intervención a
defender la reforma de 2009 en vez de dedicar toda nuestra energía a
combatir la reforma de 2014, en la que estamos de acuerdo con que se
produjo ese apagón total. Comprendo que el Partido Popular esté encantado
cuando se hacen esas equiparaciones. De hecho, sé que les cuesta trabajo
no aplaudir las iniciativas de Podemos cuando les toca dar caña al
Partido Socialista. Y en esa equiparación solamente ganan los que de
verdad han pasado los límites de la regulación y no quienes de verdad
estamos a favor de los derechos humanos.


Señorías, yendo al asunto que nos ocupa, les diré que, más allá de
esta desafortunada iniciativa —que no vamos a poder apoyar por las
razones expuestas—, vamos a tener ocasión, porque es nuestra
obligación, de cambiar, de revertir la reforma del Partido Popular. Por
eso mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, ha
presentado una proposición de ley para cambiar el artículo 23 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial. En esa ocasión, en ese debate, espero que
todos tengamos flexibilidad y altura de miras como para poder derogar
esta reforma del Partido Popular que tanto daño ha hecho a la dignidad de
los pueblos del mundo, a la capacidad y prestigio de la justicia española
y de nuestro país. No les queda duda de que en el debate de esa
proposición de ley el Grupo Socialista demostrará la flexibilidad y las
ganas de entenderse con Podemos que ustedes hoy no han demostrado en esta
iniciativa.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Moreno.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador
Ramírez.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: Con la venia, señor presidente.


La reforma de la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, a diferencia
de su regulación previa, supuso acotar la jurisdicción universal con las
obligaciones internacionales asumidas por España.


Señora Moreno, la reforma de 2009 fue un puro ejercicio de
responsabilidad, exactamente igual que lo fue la de 2014. Y es
francamente chocante ver el arte de prestidigitación que usted hace entre
ser Gobierno en 2009, oposición en 2014 y, por lo tanto, hacer compatible
lo de soplar y sorber.


En la redacción hecha en 2009, todos los delitos susceptibles de
jurisdicción universal eran perseguibles siempre que el autor fuera
español o residiera en España, o alternativamente hubiera una víctima
española. Con la reforma de 2014 se va punteando cada delito para
determinar los casos en los que es viable la aplicación de la justicia
universal.


En veinte años, señorías, solo ha habido una sentencia de la Ley
Orgánica del Poder Judicial 3/1985; sentencia, además, por un delito de
tráfico de drogas a un ciudadano italiano que comprobó personalmente que
había más pena en Italia para su caso de la que había en España y, por lo
tanto, se personó en España y cumplió aquí la sentencia. No sé, señorías,
si después de tanto como hemos hablado esta mañana de derechos humanos,
realmente se puede decir que esta ley orgánica, que fue reformada en 2009
y en 2014, ha hecho algo por la defensa de los derechos humanos.


Nuestro sistema de atribución de jurisdicción a los tribunales
españoles se basa, en primer lugar y como criterio general, en el
principio de territorialidad y, a continuación, incorpora de forma
escalonada o subsidiaria los principios de personalidad, defensa de los
intereses nacionales y justicia universal, al que resulta aplicable una
cláusula final de subsidiariedad.


El principio de justicia universal del artículo 23, apartado 4, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial es, pues, una excepción al principio
de territorialidad y extiende su capacidad de actuación penal de los
Estados más allá de sus fronteras, con base a la protección de intereses
del Estado y al reconocimiento y desarrollo de los derechos humanos. (El
señor presidente ocupa la Presidencia). Por eso nosotros, en el Grupo
Popular, pensábamos y pensamos que su regulación debe ser estricta.


En suma, señorías, la jurisdicción universal no puede concebirse
sino desde las exigencias del derecho internacional, por lo que es
adecuado un enfoque normativo de carácter estricto sobre la materia,
exigido por la excepcionalidad del principio de jurisdicción universal,
dado que el mismo supone una innegable injerencia o invasión por parte
del juez o tribunal en el espacio judicial de otro país soberano. Es
innegable que una aplicación expansiva del principio de justicia
universal propicia eventuales conflictos de jurisdicción entre
Estados.


Se puede afirmar taxativamente que la regulación actual en esta
materia en nuestro país se encuentra alineada con el tratamiento que de
ella se hace en el resto de los países de nuestro entorno cultural y
geográfico. Es decir, países como Bélgica, como Holanda, como Alemania,
como Italia, como Francia lo han regulado y lo han limitado exactamente
igual. Pero bueno, nosotros solemos actuar así. Es como cuando hablamos
de los puentes en España y decimos que esto no pasa en ningún país, pero
no tenemos ni idea de lo que pasa en otros países y hacemos siempre
referencia al exterior o a ese tótem que llamamos Europa, como si eso
siempre significase que está mejor, que son superiores o que lo hacen
mejor, sin que, insisto, lo sepamos.


El artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial regula en el
orden penal la competencia para el conocimiento por la jurisdicción
española de los tipos penales dentro de los límites y exigencias propios
del derecho internacional. El consenso de la comunidad internacional,
además, debe ajustarse a los compromisos derivados de la ratificación por
España, el 19 de octubre del 2000, del Estatuto de la Corte Internacional
Penal como instrumento esencial en la lucha por un ordenamiento
internacional más justo, basado en la protección de los derechos humanos,
de forma que en este contexto solamente cabe atribuirse esa jurisdicción
ampliada en los supuestos en los que existe la base de un tratado
internacional.


Las modificaciones de esta ley orgánica, la de 2009 y la de 2014,
encajan la acción jurisdiccional española con el resto de países de
nuestro entorno —repito, los países a los que me he referido antes,
Francia, Gran Bretaña, Alemania, Italia, Bélgica y Holanda— y son
coherentes con lo que se nos demanda desde la organización de Naciones
Unidas y con nuestro papel y compromisos en los tratados internacionales
de los que somos firmantes. La Corte Internacional Penal, y no nuestras
instituciones judiciales, habrá de conocer de los delitos que
procedan.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor RAMÍREZ RODRÍGUEZ: El papel de gendarme internacional no
corresponde a España y, además, no ha sido de la más mínima
utilidad.


La instrumentalización política de la acción de la justicia es
algo en lo que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, nunca vamos a
colaborar.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Ramírez.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, votamos la moción del Grupo Parlamentario Unidos Podemos
tal y como ha sido presentada.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250;
votos emitidos, 250; a favor, 47; en contra, 203.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE REALICE UN
ANÁLISIS INTEGRAL Y COORDINADO DE LA SITUACIÓN Y LAS NECESIDADES DEL
ACTUAL SISTEMA UNIVERSITARIO ESPAÑOL QUE PERMITA LA ELABORACIÓN DE UN
PACTO NACIONAL SOBRE EL MISMO.


662/000029

GPP


El señor presidente da lectura al punto 6.2.


El señor PRESIDENTE: A esta moción han presentado ocho enmiendas:
cinco el Grupo Parlamentario Mixto —una a iniciativa de los
senadores Navarrete y Mulet, una por iniciativa del senador Cleries, dos
por iniciativa de los senadores Alegre, Crisol y Marcos, y una por
iniciativa de la senadora Domínguez de Posada—; una del Grupo
Parlamentario Socialista; una del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea; y una del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana. (Rumores).


Señorías, guarden silencio, por favor.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra, por el Grupo
Parlamentario Popular, la senadora Sanz.


La señora SANZ BARRIOS: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías.


Con el objetivo de alcanzar un pacto nacional, reiteramos la
oportunidad que ofrece el momento actual de realizar un análisis integral
y coordinado de la situación y necesidades del sistema universitario
español; un pacto que sea fruto del compromiso entre el Estado, las
comunidades autónomas y los colectivos implicados en la educación
superior, que permita establecer un horizonte común a medio y largo
plazo. El Grupo Popular considera urgente alcanzar un acuerdo de esas
características que refuerce el sistema universitario español, con
medidas para impulsar la modernización, la flexibilización de la oferta,
la internacionalización y la movilidad de profesores y estudiantes.


Señorías, España es un país de gran talento, un talento que
debemos respaldar mediante un sólido compromiso que tenga por objeto la
mejora de la educación y del conocimiento, así como fomentar el espíritu
emprendedor y el afán de superación entre los jóvenes. Por eso, nuestro
principal reto debe ser impulsar al máximo las potencialidades de cada
alumno a través de una formación de calidad. Para lograrlo, debemos
analizar primero cuáles son las debilidades de nuestro sistema, que nos
impiden progresar y hacerles frente… (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora Sanz.


Señorías, hay un rumor de fondo que impide oír a la senadora Sanz.
Les ruego, por favor, que guarden silencio o, si tienen que hablar, que
salgan fuera. (Pausa).


Continúe.


La señora SANZ BARRIOS: Gracias, señor presidente.


Actualmente existe una alta tasa de abandono universitario
—el 30 % frente al 16 % de la media europea—. Hoy, además,
solo el 33 % de los estudiantes obtienen el título sin repetir curso.
También vemos que la actual oferta dispone de titulaciones muy similares
en centros próximos, lo cual genera una competencia entre ellos para
tratar de alcanzar una matrícula mínima, que, a la postre, acaba
repercutiendo en la calidad de la enseñanza. Es de reseñar también que
el 20 % de los parados entre los 25 y los 29 años son universitarios.
Estos datos son una pequeña muestra de que las universidades adolecen de
falta de flexibilidad y de estabilidad en la financiación y de distancia
con las empresas empleadoras; son una muestra, en definitiva, de que
nuestro sistema universitario es mejorable. De ahí la necesidad de contar
con un análisis integral y coordinado para identificar todas ellas y
ofrecer soluciones. Desde esta premisa debemos ofrecer a las
universidades la posibilidad de adoptar estructuras más flexibles, con un
modelo de financiación estable y plurianual. Asimismo, esta estructura
debe hacer posible una relación más directa con las empresas y permitir
una mayor captación del alumnado extranjero, una creciente
especialización y una reorganización de la oferta académica, de acuerdo
con criterios como la empleabilidad o los resultados investigadores. De
este modo conseguiremos que la educación esté adaptada a las exigencias
del mundo laboral y de un mercado cada vez más exigente, competitivo y
global.


La realidad es que, a pesar de la gran calidad de nuestras
universidades y de que el gasto público de las instituciones de educación
superior respecto al PIB en España se sitúa en los niveles que marca la
OCDE —es decir, el 1,2 %—, ninguna de ellas figura entre las
ciento cincuenta mejores universidades del mundo.


Según el Ranking Internacional de Universidades, es mayor el
número de centros españoles que pierden posiciones que aquellos que suben
en la clasificación mundial. Este ranking evalúa un total de 300
universidades de acuerdo con cinco indicadores: reputación y acuerdos de
cooperación con empleadores, resultados de los graduados, vínculo de
empleador-estudiante y tasa de empleo de los graduados. No obstante,
también arroja datos positivos. La Universidad de Barcelona escala
puestos hasta alcanzar la posición 160.ª y la Universidad de Navarra, por
su parte, experimenta una evolución positiva, subiendo 20 puntos. Por
otro lado, once de las diecisiete universidades incluidas en el ranking
del año pasado mejoran su ratio de estudiantes internacionales, mientras
que quince bajan en el ratio de investigadores internacionales. Los
resultados muestran, pues, que las universidades españolas aumentan su
alcance y atractivo hacia alumnos de fuera de nuestras fronteras, si bien
también carencias a la hora de atraer a académicos extranjeros.


En definitiva, seguimos contando con una internacionalización
insuficiente y con poca movilidad de profesores y alumnos. Por aportar
algunas cifras: en España cambian de distrito universitario solo un 7 %
de los alumnos frente, por ejemplo, al 68 % del Reino Unido. Por ello,
debemos impulsar la movilidad y la relación entre las universidades tanto
para facilitar el empleo a los egresados como para incrementar la
competitividad del sector empresarial. Asimismo es necesario potenciar la
internacionalización, la investigación y la innovación, aspectos
esenciales para mejorar el posicionamiento internacional de nuestras
universidades y convertirlas en la verdadera palanca sobre la que
promover la economía del conocimiento. Es fundamental, como ya he
señalado anteriormente, hacerlo desde el consenso de todas las fuerzas
políticas y agentes educativos, por encima de las siglas políticas. Solo
así mejoraremos la calidad de nuestro sistema educativo, que es la mejor
garantía de igualdad de oportunidades.


En mi tierra, señorías, existen tres universidades: la Universidad
Pública de Navarra, la Universidad de Navarra y la Universidad a
Distancia —la UNED—, y defiendo la igualdad de oportunidades
para todas ellas desde la libertad de la elección de los alumnos. Pero,
para que esta igualdad sea efectiva, es necesario un apoyo desde las
instituciones libre de sectarismos. Por desgracia, algunos gobiernos,
como el de la Comunidad Foral, se rigen por criterios partidistas en
cuestiones como la cuantía destinada a las becas universitarias, y ha
decidido recortar las ayudas a los alumnos de la Universidad de Navarra.
De este modo se perjudica a quienes optan por este centro para cursar sus
estudios superiores y se empuja a quienes tienen las rentas más bajas y
dependían de la beca para seguir estudiando a que opten por otras
universidades de fuera de Navarra. De esta forma también, prácticamente
se obliga a los alumnos a renunciar a una universidad que ocupa en el
ranking de la empleabilidad de las universidades españolas el número 37.º
del mundo. Se penaliza a un centro que aspira alcanzar la excelencia y
que presenta el mayor grado de conexión con el mercado laboral entre las
universidades de nuestro país, además de ostentar el segundo puesto en
número de profesores por estudiante.


De ahí la importancia de contar con un modelo de becas y ayudas al
estudio, nacionales e internacionales, que garanticen la equidad, la
cohesión social y el acceso al mercado laboral. Durante los pasados años
ya se impulsaron medidas como el programa Campus de excelencia
internacional o la Estrategia de internacionalización de las
universidades españolas.


También es de reseñar la modificación de la Ley orgánica de
universidades para permitir a los miembros del cuerpo de profesores
titulares de universidades el acceso a cuerpos de catedráticos de
universidad por medio de la promoción interna, con el objetivo de
favorecer el desarrollo profesional y la movilidad de los profesores
universitarios. Sobre este soporte, señorías, debemos seguir
avanzando.


Se trata, en definitiva, de firmar un gran pacto alejado de una
visión cortoplacista, que, sin duda alguna, permitirá una mejora
sustancial en la calidad de nuestro sistema universitario. Ayer, en la
Comisión de Educación, el ministro, en su comparecencia, manifestó en
varias ocasiones su voluntad de alcanzar acuerdos, que ha llegado el
momento y la oportunidad de mirar atrás con espíritu crítico, de sumar
voluntades y aunar esfuerzos para dotar a nuestro país de un modelo
educativo eficaz y estable. Para ello, como he dicho, señorías,
solicitamos al Gobierno de España que facilite al Senado un análisis
pormenorizado de la situación de nuestras universidades, que sirva para
fijar las bases de dicho acuerdo; un acuerdo que permita, señorías,
ahondar en la flexibilización de la oferta académica y en el refuerzo de
la investigación, la innovación y la internacionalización, así como la
movilidad entre universidades, organismos públicos y empresas.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Sanz.


Para la defensa del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el
senador Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.


El nostre grup ha presentat una esmena que parla d’elaborar,
en col.laboració entre les comunitats autònomes i la comunitat educativa,
un acord marc, perdó que m’equivoco. Presentem una esmena en què
subratllem la necessitat de col.laborar amb les administracions
autonòmiques i, sobretot, pactar les principals reformes a impulsar.
Sobre la necessitat d’elaborar un estudi diagnòstic que estudiï a
fons la necessitat de revisar l’actual sistema universitari, crec
que hi estem tots d’acord.


En aquest sentit, per tant, nosaltres presentem aquesta esmena i,
en el torn de portaveus explicarem, a mode de conclusió, la nostra
postura. En tot cas, sí que volem subratllar que la qüestió
d’elaboració de pactos nacionales ens sembla no adequat. Totes les
administracions, des de l’any 77, 79, estan treballant en els seus
àmbits competencials i, per tant, creiem que és necessari respectar la
feina, la bona feina que moltes d’aquestes administracions han
fet.


Per tant, nosaltres defensem aquesta esmena que subratlla,
sobretot, la necessitat de respectar les competències de cada
administració.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Mi grupo parlamentario presenta una enmienda que subraya la
necesidad de colaborar con las administraciones autonómicas en la
elaboración de un diagnóstico que estudie a fondo la necesidad de revisar
el actual sistema universitario y pactar las principales reformas a
impulsar, con lo que pienso que estarán todos de acuerdo.


En el turno de portavoces explicaremos a modo de conclusión
nuestra postura. En todo caso, quiero subrayar que la elaboración de
pactos nacionales no es adecuada. Desde el año 1977,1979 todas las
administraciones están trabajando en sus ámbitos competenciales, por ello
consideramos necesario respetar el buen trabajo que muchas de estas
administraciones han efectuado.


Por tanto, defendemos nuestra enmienda que subraya, sobre todo, la
necesidad de respetar las competencias de cada administración.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Tiene la palabra el senador Crisol.


El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, señor presidente.


Señorías, Ciudadanos ha presentado una enmienda a la moción del
Grupo Parlamentario Popular sobre la situación y las necesidades del
sistema universitario español. Ya avanzo que el contenido de esta moción
nos parece bien, pero entendemos que cualquier iniciativa que se debata
aquí, en el Senado, debería contener medidas concretas.


Como decía, hemos presentado dos enmiendas muy en la línea del
acuerdo que firmamos con el Partido Popular. La primera hace referencia a
la participación de todos los actores del sector para lograr un pacto
nacional para la universidad. Estamos de acuerdo en que la participación
de las fuerzas parlamentarias y la comunidad educativa es básica, pero
entendemos que la colaboración y participación de las comunidades
autónomas también puede aportar una visión más amplia y consensuada. La
segunda enmienda es mucho más concreta y abarca tres temas que deberían
estar encima de la mesa a la hora de lograr un gran acuerdo: la Red
Cervera de Transferencia Tecnológica, la excelencia docente e
investigadora y el aumento de las becas. Proponemos crear una red formada
por institutos tecnológicos para la investigación, similar a la existente
en Alemania y que ha dado muy buenos resultados. (La financiación, tal
como dice la enmienda, sería público-privada).


Por otro lado, entendemos que es fundamental la promoción de la
excelencia docente e investigadora, y, para ello, debería reformarse la
gobernanza de las universidades públicas con el objetivo de garantizar su
autonomía e independencia. Y finalmente, señorías, pero no menos
importante, deben aumentarse las becas, con un objetivo muy concreto:
garantizar la igualdad de oportunidades.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.


Tiene la palabra el senador Navarrete.


El señor NAVARRETE PLA: Gràcies, senyor President.


Senyors del Grup Popular, un gran èxit d’Espanya en la
democràcia ha estat obrir el camí de l’educació superior a tots
aquelles persones amb capacitat i voluntat de seguir estos estudis
independentment de les seves possibilitats. Senyors del PP, vostès els de
l’enduriment de les beques universitàries, de l’accés a les
mateixes, de la reducció de les quanties, de la pujada de les taxes més
altes de la història, del 3+2, de la nul·la taxa de reposició de mestres,
de l’eliminació dels equips d’investigació sustentats en
pressupostos públics; vostès, els de la falta de diàleg i consens, han
vingut aquí amb una moció en la qual en la seua exposició de motius, cito
literalment: «El talento debe tener el respaldo para una mayor formación
y conocimientos. La educación es el principal motor del desarrollo de la
sociedad. Un sistema educativo de calidad es el mayor garante de la
igualdad de oportunidades.» Fi de la cita.


Vostès, de debò, ara vénen a demanar això? Bé, benvinguts, senyors
del PP, a la nova situació política de l’Estat espanyol, quan cal
tornar a dialogar, a negociar, i sobretot a escoltar els facultatius i
els agents implicats.


Aquesta moció, la seva, és un brindis al sol. En el fons és una
bona idea, però estem tots d’acord que aquí venim a representar els
ciutadans, que exigeixen que actuem, i per tant creiem que la nostra
esmena a substitució és molt més concreta i va més a les idees i als
fets.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


Señores del Grupo Popular, un gran éxito de España en la
democracia ha sido abrir el camino a la educación superior a todas
aquellas personas con capacidad y voluntad de seguir estos estudios,
independientemente de sus posibilidades. Señores del PP, ustedes, los del
endurecimiento de las becas universitarias, del acceso a ellas, de la
reducción de las cuantías, de la subida de las tasas más altas de la
historia, del tres más dos, de la nula tasa de reposición de maestros, de
la eliminación de equipos de investigación sustentados con presupuestos
públicos; ustedes, los de la falta de diálogo y consenso, han venido aquí
con una moción en cuya exposición de motivos dicen: «El talento debe
tener el respaldo para una mayor formación y conocimientos. La educación
es el principal motor del desarrollo de la sociedad. Un sistema educativo
de calidad es el mayor garante de la igualdad de oportunidades.» Fin de
la cita.


¿De veras que ustedes ahora piden esto? Bienvenidos, señores del
PP a la nueva situación política del Estado español, cuando hay que
volver a dialogar, negociar y, sobre todo, a escuchar a los facultativos
y a los agentes implicados.


Su moción es un brindis al sol. En el fondo es una buena idea,
pero estamos todos de acuerdo en que aquí venimos a representar a los
ciudadanos, que exigen que actuemos. Por lo tanto, creemos que nuestra
enmienda de sustitución es mucho más concreta y va más a las ideas y a
los hechos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Navarrete.


Senadora Domínguez de Posada, tiene la palabra.


La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.


La educación universitaria ha de constituir el motor esencial del
progreso y la prosperidad de un país y surgir de un sistema formativo e
investigador de calidad capaz de crear conocimiento y de garantizar su
transmisión al conjunto de la sociedad. Las administraciones responsables
del sistema de educación superior —tanto autonómicas como
nacionales— han de conseguir alcanzar un equilibrio adecuado entre
regulación, gobernanza y autonomía institucional. El error de no pactar
una política de Estado en educación, que ha producido una proliferación
de diecisiete sistemas educativos, desperdigados tras treinta y cinco
años, y diecisiete leyes de desarrollo, se ve completado por las más de
ochenta universidades, que —ninguna—, en cualquiera de los
rankings internacionales, no ocupan los cincuenta primeros puestos.


Competitividad, calidad e innovación constituyen los tres pilares
de la universidad moderna. Por eso, es imprescindible disponer de una
legislación actualizada que responda a las nuevas necesidades, reduzca la
burocracia y aumente la flexibilidad para no estar continuamente
cambiando la normativa.


Las competencias digitales del profesorado universitario. En
general están en unos niveles muy bajos si lo comparamos con los alumnos,
que ya son nativos digitales. Los profesores responsables de la enseñanza
de los estudiantes del nuevo milenio tienen que ser capaces de guiarles
en su viaje de conocimiento a través de los nuevos medios. Por eso,
necesitan un mensaje político claro, y este es el preferente
reconocimiento público que exigirá a su vez una atención preferente en
los sistemas de formación del profesorado.


En definitiva, la propuesta resultante ha de tener dimensión
estatal y la aprobación y consenso de todos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Domínguez de
Posada.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra la senadora López.


La señora LÓPEZ ALONSO: Gracias, señor presidente.


Señorías, un pacto de Estado sobre una institución tan fundamental
para el desarrollo cultural, social y económico de nuestro país debe
partir, como mínimo, de análisis realistas. En los últimos años, el
sistema universitario español ha sufrido ataques y recortes sinfín que le
han llevado a una crisis profunda. En este intento de desmantelamiento,
se han tomado medidas en materia de acceso, de reducción de financiación
con una descapitalización del sistema universitario público, medidas
regresivas en cuanto a la igualdad de oportunidades —tanto en tasas
como en becas—; o la política de tasa de reposición, que, aunque
corregida en el último año, ha causado un gran daño a las plantillas
universitarias; y todo ello regulado en normas jurídicas dañinas para la
institución, entre las que citaremos el Real Decreto 43/2015 —el
llamado comúnmente del tres más dos—, que devalúa el título de
grado al permitir que una misma titulación tenga duración diferente en
distintas universidades; o el Real Decreto 415/2015, en el que se
establece la acreditación del PDI, que, añadido además al nefasto
funcionamiento de la Aneca en este último año, ha producido una bolsa de
acreditados en paro dada la parálisis de este organismo; o el Real
Decreto 420/2015, de creación de universidades y centros universitarios,
deliberado intento de devaluar las universidades públicas y favorecer a
las privadas. Y lo más grave, todas estas medidas se han hecho de
espaldas a la comunidad universitaria, sin el consenso con las
comunidades autónomas, la conferencia de rectores, las organizaciones
sindicales y estudiantiles y ni siquiera con otras fuerzas políticas
parlamentarias. De ahí que creamos necesario introducirlo explícitamente
en la enmienda.


También se les ha olvidado incluir la financiación de la
universidad, que debe ser sostenible en el tiempo e incluida en el pacto.
Hemos pasado de cerca de un 0,93 % del PIB en el año 2010 a un 0,80 %
en 2016. Comprenderán que nuestro objetivo deber ser como mínimo volver a
las cifras del 2010 e incluso superarlas.


Nuestro futuro como país estriba también en la calidad de las
universidades y de la investigación básica y aplicada que en ellas
realizamos, cuestión que asimismo han olvidado en su moción. En este
sentido se presenta nuestra enmienda de adición.


Además quiero recordarles que el 29 de noviembre en esta Cámara
realizamos una pregunta al ministro de Economía, Industria y
Competitividad en este sentido sobre el pacto por la ciencia, y en su
respuesta ni siquiera citó ni hizo la mínima referencia a las
universidades y apenas a la investigación pública. A esto añadiremos que
el sector investigador ha sido uno de los que más ha sufrido en los
últimos cuatro años. En el último informe de la Encuesta de investigación
y transferencia de las universidades españolas, elaborado por la CRUE y
presentado muy recientemente, se plantea que el gasto en I+D del sector
de enseñanza, y también según datos del INE, es de 3606 millones de
euros, cifra similar a la del año anterior y dato muy preocupante en un
momento de bonanza económica, según dicen ustedes.


Pese a la progresiva disminución y envejecimiento de las
plantillas de personal docente, la pérdida de jóvenes investigadores y el
retroceso en financiación en I+D+i —en la actualidad, del 1,23 %
del PIB, que está por cierto a la cola de los países europeos—, los
resultados que presentan nuestras universidades son meritorios.


En definitiva, no puede realizarse un pacto por la universidad
olvidando gran parte de sus funciones, fundamentalmente la investigadora.
La corrección de todos estos factores nos debe llevar a reestablecer un
servicio de educación superior de calidad que garantice el principio de
igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación de
todos los ciudadanos.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Arrieta.


El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, jaun-andreok. Bada,
egia esanda, Gabonak hurbil ditugu eta orain arte nik ez nuen ikusia
Gabonetako espiritu hori. Ematen du azkenean gai honetaz emango dela.
Baina bai ikusten dut behin eta berriro bata besteari kritika egiten
diogula, kritika legitimoa, batzuetan kareko bat eta beste batean
hondarreko bat ematen dugu. Eta nik hemen azaldu nahi dut diskurtsoko
lehenengo zati honetan, atzo Hezkuntzako Batzordean ministro jaunarekin
komentatu genuena.


Estatu Itun bat eta hau, nik horrela deitzen diot, ez «Pacto
Nacional», baizik eta Estatu Itun batek, eskatzen duen lehenengo gauza da
diagnostiko bat. Hau da, ez bagatoz bat egiten dugun diagnostikoarekin,
zail samarra izango dugu norabide bera hartzea, nahi dugun helburuak
lortzeko. Orduan lehenengoa izango litzateke diagnostiko hori, eta ikusi
ia diagnostiko horrekin bat gatoz. Egia da, eta txalogarria da azken
bolada honetan azken legealdi honetan Gobernuko alderdiak behin eta
berriro datorkigula itun batekin eta bestekin. Eta eskertzekoa da,
benetan horrela sinesten dutelako. Ez bada hori, sentitzen dutelako,
bereziki Kongresuan, horrelako ahulezia parlamentario bat edo, baizik eta
ikusten dutelako, bada bai unibertsitateak kasu honetan, eta beste
kasuetan beste gai batzuk aurrera eramateko, beharrezkoa da ahalik eta
gehien adostasun hori lortzea. Guk aurkezturiko ekarpenetan bai ikusten
genuen ituna agertzen den bezala, nahiko hutsa da, ez du gehiegi esaten.
Eta horregatik, gure ekarpenekin osatu nahi genuen, hain zuzen, PPk
aurkezten zuenarekin.


Eta horregatik esaten genuen zein inportantzia daukan
finantzazioak. Eta horrela esan zuen gainera ministroak berak, hau da,
itunak inportanteak dira, baina itunekin batera etorri behar dute ere
finantzaketarako beste itun batzuk. Eta finantzaziorik gabe, ez goaz
inora. Eta guk kasu honetan esaten genuen zein inportantzia
daukan 2010ean planteatu zen kasu honetan PIBen %2ra iristea. Momentu
honetan ez delako iristen.


Bestetik esaten genuen zein inportantzia daukan irakasleen eta
ikertzaileen estatutu bat. Eta estatutu horrek besteak beste hartu
beharko zuen zientifiko gazteak lanbideratzea, irakasleen eta
ikertzaileen egonkortasuna bere karreran ere ziurtatzea, eta genero
berdintasunaren aldeko mekanismoak ere. Bigarren puntua zen ebaluazioaren
eta akreditazioaren erreforma bat. Eta erreforma honek errespetatuko ditu
irakaste eta ikerketa helburuen aniztasuna, baita oso inportantea dena,
unibertsitateen autonomia. Hirugarren puntu bat, hitz egiten zuen
gobernantzari buruz. Hau da, gobernantza-erreforma bat eskatzen du. Eta
erreforma horrek jaso behar du argi eta garbi komunitatearen parte
hartzea. Hor daude irakasleak, daude ikasleak, daude sindikatuak, eta
daude ere unibertsitateko beste zerbitzuetako pertsonalak. Esaten
genuenean, izanik zerbitzu publiko bat, zein inportantzia dauka ere
barruko zein kanpoko interes korporatiboetatik babesteak. Baita ere
esaten genuen gestioaren gardentasuna bermatu beharko du eta gizartearen
aurrean emaitzen berri ematen duena.


Eta gero, oso inportantea zena, unibertsitatean sartzea izan behar
du eskubide unibertsala. Horrek eskatzen du tasak murriztea, eta bekak
handiagotzea. Hau da, zalantzarik gabe puntuetariko inportante bat. Eta
bestetik, behar adina irakasleak ere edukitzea. Gero komentatuko dut
bigarren partean, azken urte hauetan zer murrizketa eman diren ere,
irakasleen zenbakietan. Baina inportantea da ere, alde batetik, aukera
eman langileen seme-alabei unibertsitatean ikastea, hori oso inportantea
da, azken urte hauetan hori ez delako ematen, eta beste aldetik ere,
mantentzea eta handitzea, horrela beharrezkoa baldin bada, irakasleen
kopurua.


Mila esker.


Señor presidente, señoras y señores, lo cierto es que se acercan
ya las Navidades y hasta ahora yo no había visto este espíritu navideño
—cuando hablemos de este tema ya lo veremos—. Pero sí pienso
que una y otra vez estamos criticándonos los unos a los otros —y es
una crítica legítima—; una de cal y otra de arena. Lo que quiero
manifestar en esta primera parte de mi discurso es, en primer lugar, que
ayer en la Comisión de Educación comentamos con el señor ministro algo
que quiero exponer a continuación.


Se habla de la necesidad de un pacto nacional —y es así como
lo llamo yo, un pacto nacional, y no solo un pacto nacional, sino un
pacto Estado—, y esto nos exige, en primer lugar, un diagnóstico.
Es decir, si no estamos de acuerdo con el diagnóstico que realizamos,
será bastante difícil establecer un rumbo común para poder cumplir con
nuestros objetivos. Por tanto, lo que tenemos que hacer, en primer lugar,
es elaborar este diagnóstico y ver si estamos de acuerdo.


Nosotros aplaudimos que, durante esta última legislatura, el
partido que está en el Gobierno nos haya hablado una y otra vez de un
pacto; lo agradecemos, sinceramente; agradecemos que se crea en esto.
Parece ser que en el Congreso se sienten débiles a nivel parlamentario,
pues, al hablar de la universidad y de estas cuestiones, tienen la
necesidad de llegar a acuerdos. Sin embargo, observamos que el pacto es
bastante vacuo y que no concreta demasiadas cuestiones. Precisamente por
eso, hemos tratado de complementar precisamente con nuestras aportaciones
lo presentado por el Partido Popular.


Hemos hablado de lo importante que es la financiación —y lo
decía también el propio ministro—. Es decir, los pactos son
importantes, pero, junto a ellos, han de venir las cuestiones de
financiación y otro tipo de pactos relacionados con ello. Sin
financiación, de hecho, no vamos a ningún lado. En este sentido
recalcábamos la importancia de lo que se propuso en 2010, concretamente
llegar a un 2 % —pues actualmente no llegamos a esa
cuantía—.


Por otra parte decíamos lo importante que es el asunto del
estatuto de los docentes e investigadores. Estos estatutos deben abordar
la cuestión de la profesionalización de los investigadores, la
estabilización profesional y los mecanismos a favor de la igualdad de
género en este ámbito. Asimismo se habla de una reforma de la evaluación
y acreditación, reforma que respete la diversidad de objetivos docentes e
investigadores, y también de una cuestión muy importante: la autonomía de
las universidades. Otro punto habla acerca de la gobernanza
—básicamente se pide una reforma de la gobernanza—. Esta
gobernanza deberá recoger y asegurar la participación de la comunidad
universitaria —profesores, docentes, sindicatos, estudiantes y
también personal de otros servicios que forman parte de la misma—.
Decíamos también que es muy importante proteger este ámbito de servicio
público de intereses corporativos internos y externos, además de
garantizar la transparencia en la gestión y, cómo no, rendir cuentas de
resultados ante la sociedad.


Por otro lado, también se habla de que el acceso ha de ser
universal a cualquier nivel, lo cual exige reducir tasas y ofrecer un
aumento de las becas. Esta es una cuestión importante. Asimismo se señala
la necesidad de contar con recursos docentes suficientes, de contar con
la cantidad de profesorado necesaria. Asimismo es importante dar la
posibilidad a los hijos e hijas de los trabajadores de estudiar en las
universidades —algo que no se ha producido en estos últimos
años—, así como mantener y aumentar, si es necesario, el número de
docentes.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Esquerra
Republicana, tiene la palabra el senador Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Bon dia, president, senadors,
senadores.


Nosaltres hem presentat una esmena de modificació a la moció que
presenta el Grup Popular en tres direccions diferents. En primer lloc,
demanem respecte pel marc competencial. No pot ser que estiguem demanant
un pacte nacional en el qual han d’intervenir molts actors i
justament ens oblidem del territori, d’aquelles comunitats que
tenen transferides les competències en educació. Si tenen transferides
les competències en educació és justament perquè hi tinguin alguna cosa a
dir, per tant, nosaltres crèiem important afegir aquest punt, el de
respectar aquest marc competencial i, per tant, aquesta era la primera
direcció de l’esmena de modificació.


En segon lloc, nosaltres estem d’acord i, després a
l’exposició al torn de portaveus ja aprofundiré en aquest sentit,
estem bastant d’acord amb les diferents qüestions que es plantegen
en l’exposició de motius de la moció i, al nostre entendre, hi ha
una sèrie de qüestions que directament són conseqüència de no tenir prou
pressupost en alguns dels aspectes esmentats. Per tant, nosaltres creiem
que, per no perdre directament un altre any, nosaltres proposàvem
incrementar amb càrrec als pressupostos generals de l’estat les
partides i transferències a les comunitats autònomes destinades al
sistema universitari, perquè justament algunes de les coses que plantegen
com a mancances del sistema universitari són conseqüència directa de no
tenir prou finançament, per tant, no perdem un any, per tant, incrementem
les partides dels propers pressupostos generals de l’estat
del 2017.


I, en últim lloc, demanàvem i creiem que és molt i molt important
i, per nosaltres és una peça fonamental, procedir a transferir a la
Generalitat de Catalunya, a la Generalitat Valenciana i al Govern de les
Illes Balears la competència en matèria de beques i ajudes a
l’estudi. És una qüestió, com deia, que per a nosaltres és una peça
angular del sistema universitari que, a més a més, moltíssimes sentències
del Tribunal Constitucional i, de fet, una de fa ben pocs mesos ja demana
o, en tot cas, reconeix la necessitat de transferir la gestió
d’aquestes beques.


Per tant, nosaltres presentàvem aquesta esmena de modificació en
aquests tres termes i, per tant, doncs, al torn de portaveus ja
aprofundirem més sobre aquestes qüestions.


Gràcies.


Buenos días, presidente.


Señores senadores y senadoras, nosotros hemos presentado una
enmienda de modificación a la moción del Grupo Parlamentario Popular, que
va en tres direcciones distintas. En primer lugar, pedimos respeto por el
marco competencial. No puede ser que estemos solicitando un pacto
nacional, en el que deben intervenir muchos actores, y nos olvidemos sin
embargo del territorio, de aquellas comunidades que tienen transferidas
las competencias en educación. Si tienen transferidas las competencias en
educación, algo tendrán que decir. Así que creemos importante añadir un
punto de respeto hacia el marco competencial, y en esa primera dirección
va nuestra enmienda de modificación.


En segundo lugar, estamos de acuerdo —y en el turno de
portavoces, ahondaremos en este sentido— con las distintas
cuestiones que se plantean en la exposición de motivos de la moción. A
nuestro entender, hay cuestiones que directamente son consecuencia de no
tener suficiente presupuesto. Así que para no perder otro año, proponemos
incrementar con cargo a los Presupuestos Generales del Estado las
partidas de transferencia a las comunidades autónomas destinadas al
sistema universitario, porque entendemos que lo que se plantea como
debilidades del sistema universitario son consecuencia directa de la
falta de financiación. Por lo tanto, no perdamos un año e incrementemos
las partidas de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.


Y por último, solicitamos —para nosotros es muy muy
importante y una pieza fundamental— transferir a la Generalitat de
Catalunya, a la Generalitat Valenciana y al Gobierno de las Illes Balears
la competencia en materia de becas y ayudas al estudio. Para nosotros es
una pieza angular del sistema universitario. Además, en muchas sentencias
del Tribunal Constitucional —de hecho, en una muy reciente—
se reconoce la necesidad de transferir la gestión de estas becas.


Hemos presentado la enmienda de modificación en estos tres
términos, y en el turno de portavoces ahondaremos más sobre estas
cuestiones.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.


Para indicar si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra el
senador Betegón.


El señor BETEGÓN BAEZA: Gracias, señor presidente.


En primer lugar, debo agradecer la actitud de todos los grupos de
la Cámara porque ha sido muy fácil llegar con ellos a acuerdos, lo que ha
permitido redactar una enmienda transaccional que paso a leer: «Los
portavoces de los grupos parlamentarios abajo firmantes proponen la
siguiente redacción: El Senado manifiesta la necesidad de que, de común
acuerdo entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria y en
colaboración con las comunidades autónomas, conferencia de rectores de
las universidades, sindicatos educativos, asociaciones de estudiantes y
demás comunidad universitaria, se realice un análisis integral y
coordinado de la situación y las necesidades del actual sistema
universitario español que permita la elaboración de un pacto nacional
sobre el mismo. Este pacto deberá incluir todas las medidas necesarias
para reforzar el sistema universitario español financiándolo
adecuadamente, modernizándolo, racionalizando la oferta, impulsando la
movilidad de los estudiantes y profesores, así como impulsando la
internacionalización de las medidas. Entre otras medidas se creará la Red
Cervera de Transferencia Tecnológica. Asimismo, se proveerá la excelencia
docente investigadora y se reformará el sistema de gobernanza de las
universidades públicas para garantizar su autonomía y se aumentarán las
becas para facilitar el acceso a la educación de todas las personas con
necesidad de ayudas con el objetivo de garantizar la igualdad de
oportunidades. Este pacto llevará a impulsar las competencias digitales
del profesorado universitario como medio imprescindible para lograr la
excelencia y subir puestos en los ranking internacionales.»


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Betegón.


La presentación de una enmienda transaccional firmada por todos
los grupos implica que decaen todas las enmiendas presentadas y que el
texto de la moción y las enmiendas son sustituidas por esa enmienda
transaccional.


Pasamos al turno de portavoces.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador
Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.


Resumint i, a tall d’intervenció de resum, al Grup del
Partit Demòcrata no veiem amb desgrat el contingut de la proposta
d’aquesta moció.






I la transacció que se’n deriva, que és
clarament millorada. El que passa és que continua havent-hi problemes. La
nostra esmena deia: ha de quedar reflectit que les administracions
autonòmiques hi tenen un paper important i, sobretot, nosaltres entenem
que la clau de tot és saber pactar les principals reformes a impulsar. A
Catalunya, es va saber pactar la Llei d’Educació de Catalunya i
portem tres governs diferents amb la mateixa llei d’educació.
Nosaltres creiem que la clau de tot és la capacitat de saber impulsar
reformes que perdurin en el temps i que perdurin als governs.
L’important és això.


El senador del Grup d’Esquerra, el senador Picornell, es
referia a la importància del traspàs de les beques. És evident que això
és un fet clau. Hem denunciat reiteradament que portem més de 12
sentències entre el Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem que
dictaminen a favor del traspàs de les beques als governs autonòmics i, el
Govern de l’Estat, quan no li convé allò que dictaminen el Suprem i
el Constitucional, no ho aplica. Per tant, quan parlen del respecte a la
llei, podrien començar per aplicar-s’ho.


Per tant, nosaltres estem d’acord en la necessitat de fer
diagnosi, creiem que és realment important i és convenient fer una
diagnosi acurada sobre la situació i les necessitats de l’actual
sistema.


El que comentava la portaveu del grup del PSOE de la reducció que
s’ha produït del 0.93 fins al 0.80 en el percentatge pressupostari,
creiem que això és un fet i que, per tant, parlar de reformes sense
garantir-ne el finançament és una qüestió que no té massa sentit.


Com que compartim la necessitat de la diagnosi, però continuem
tenint molts problemes tant amb el fet que s’acordi com a pacto
nacional com amb aquestes qüestions que acabo d’exposar, el nostre
grup s’abstindrà.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Para resumir, en el grupo del Partido Demócrata no vemos mal el
contenido de esta moción ni la transacción que se deriva de ella, que la
ha mejorado. Lo que pasa es que sigue habiendo algún problema y es que
nuestra enmienda decía que debía quedar reflejado que las
administraciones autonómicas tienen un papel importante. Sobre todo,
nosotros entendemos que la clave está en saber pactar las principales
reformas a impulsar. En Cataluña se supo pactar la Ley de educación de
Cataluña, y llevamos ya tres gobiernos distintos con la misma ley de
educación. Nosotros creemos que la clave es la capacidad de saber
impulsar reformas que perduren en el tiempo y que perduren a los
gobiernos. Eso es lo importante.


El senador Picornell, del Grupo de Esquerra, hablaba de la
importancia del traspaso de las becas, que es un hecho clave. Hemos
denunciado reiteradamente que llevamos ya más de doce sentencias del
Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo que dictaminan a favor del
traspaso de la competencia de becas al Gobierno autonómico, y el Gobierno
del Estado, cuando no le conviene aquello que dictaminan el Supremo y el
Constitucional, no lo aplica. Por lo tanto, cuando hablan del respeto a
la ley, podrían empezar por aplicárselo.


Estamos de acuerdo en la necesidad de hacer un diagnóstico.
Creemos que es realmente importante y conveniente hacer un diagnóstico
preciso de la situación y necesidades del actual sistema.


Respecto a lo que comentaba la portavoz del Grupo Socialista sobre
la reducción que se debe producir del 0,93 al 0,80 en el porcentaje
presupuestario, creemos que es un hecho. Hablar de reformas sin
garantizar la financiación no tiene sentido.


Como compartimos la necesidad del diagnóstico pero seguimos
teniendo muchos problemas tanto con el hecho del pacto nacional como con
lo que acabo de exponer, nuestro grupo se va a abstener.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué.


Tiene la palabra el senador Crisol.


El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.


Señorías, la política del conocimiento es, a nuestro entender, una
de las grandes asignaturas pendientes de este país. En Ciudadanos creemos
que urge desarrollar acciones que engloben políticas relacionadas con la
generación y la difusión del conocimiento, en particular la política
universitaria y la de I+D+i.


Si queremos que las universidades lideren la transformación de la
sociedad española, hay que elevar las cifras actuales de inversión en
I+D+i y acercarnos a la recomendación de la Unión Europea. Entendemos una
universidad que prepare el presente pero también el futuro. Por ello,
deberíamos priorizar una serie de medidas que, sin duda, ayudarán a
mejorar nuestro sistema universitario.


A nuestro entender, en el pacto que propone el Partido Popular se
deberían tener en cuenta algunas consideraciones: disminuir el importe de
las tasas universitarias y establecer un sistema de becas con el objetivo
de garantizar que ninguna persona quede fuera del sistema universitario
por razones socioeconómicas; hacer realidad el objetivo europeo de
invertir el 3 % del producto interior bruto en la educación superior;
facilitar la movilidad estudiantil universitaria y docente y reformar el
sistema de financiación de las universidades.


Damos las gracias al Grupo Parlamentario Popular por aceptar
nuestras enmiendas.


Señorías, pongámonos a trabajar ya con un objetivo en el
horizonte: lograr un gran consenso para el sistema universitario
español.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Crisol.


Tiene la palabra la senadora Castilla.


La señora CASTILLA HERRERA: Gracias, presidente.


Señorías, la Agrupación Socialista Gomera considera fundamental un
pacto sobre universidades dado el vital papel que juegan estas en la
formación y en el futuro de nuestros jóvenes. El sistema educativo y
formativo es el pilar fundamental para garantizar el derecho
constitucional a la educación y es vital para la proyección del derecho
constitucional al trabajo. Así las cosas, sería deseable que se
implementara en mayor medida la dimensión del empleo en el desarrollo de
las políticas educativas.


Ahora bien, me gustaría destacar un dato alarmante. El censo del
alumnado universitario español ha decrecido en los últimos tres cursos
un 4,5 %, y en este debate deberíamos plantearnos cuáles han podido ser
las razones. He investigado y he detectado, en principio, cuatro razones
—son muchas más pero estas son las que más me han llamado la
atención—: primera, la contracción de la población entre los 18 y
los 24 años; segunda, el cambio en la duración de los cursos
universitarios debido a la adaptación del sistema universitario español
al espacio europeo de educación superior; tercera, el cambio de las
condiciones para adquirir y mantener las becas, y cuarto, el aumento del
precio de las matrículas universitarias. Son estos dos últimos factores
los que han incidido de forma considerable en el abandono de la
universidad de nuestros estudiantes. Personalmente he constatado
numerosos casos en Canarias en los que nuestros estudiantes han
abandonado su fructífera carrera por no poder costearse los estudios
universitarios, y con ello estamos perdiendo talento, lo que repercute en
todos los ámbitos económicos y sociales de la sociedad española.


Señorías, para que salga adelante un pacto nacional de educación
es preciso que las universidades, desde el pago inicial de la matrícula
hasta la etapa postuniversitaria, se adapte a las necesidades reales de
las personas y de la sociedad, por lo que esperamos que el pacto nacional
por la universidad que finalmente se apruebe tenga en cuenta estas
necesidades.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Castilla.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra la
senadora Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, presidente. Buenos días,
señorías.


Ayer durante cuatro horas debatimos en la comparecencia del
ministro en la Comisión de Educación todos estos asuntos, tanto este como
el que vamos a debatir en la siguiente moción, y algún portavoz expresó
al ministro que daba gusto estar debatiendo sobre algo tan importante. Yo
misma le decía: bienvenido sea el momento del debate y el momento de la
búsqueda de consensos y de acuerdos, pero lástima que esto no se hubiera
hecho un tiempo atrás.


La moción que hoy se presenta busca también un acuerdo, busca
partir de hacer un análisis de la realidad, que es importante —como
han mencionado quienes me han precedido en el uso de la palabra— y
que, sin duda, requiere una precisión a la hora de analizar no solo el
contenido de los resultados sino también el contenido de lo que vamos
analizar, y me atrevería a decir que en algunos casos hasta la semántica
de cómo lo redactamos o de qué es lo que vamos a analizar.


Me van a permitir hacer una matización sobre la forma de presentar
esta moción —que he comentado a alguna portavoz del Grupo
Popular—. Es cierto que esta moción se presentó tiempo atrás, que
por las circunstancias sobrevenidas es hoy cuando se debate y que en este
ámbito de la educación, como en casi todo lo que ocurre en la vida hoy en
día, la velocidad es muy rápida, los acontecimientos van sucediendo y
algunos aspectos van quedando atrás. Pero esta nos suena un poco a moción
de cupo. Ciertamente es un tema actual importante y no seré yo quien
juzgue la importancia que, sin duda, para el grupo proponente tiene esta
materia. Pero por la forma, parece una moción de cupo, y vaya por delante
mi agradecimiento por la intencionalidad de la búsqueda de acuerdos. Pero
siempre nos ocurre que a última hora tenemos que hacer una transaccional,
y lo que para unos son matices, para otros tienen gran calado e
importancia. Y anticipándome a que nos pueda ocurrir lo que en
legislaturas pasadas ha sucedido en la Cámara, si vamos a intentar llegar
a acuerdos, busquemos las formas para facilitar la posibilidad de
encuentro.


Refiriéndome al contenido de la moción, voy a citar algo que ya se
ha dicho: sin duda, la importancia del análisis de una realidad. Ayer
hablábamos de las evaluaciones como dato importante para, tras los
análisis y los resultados, modificar lo necesario. En el ámbito de las
universidades también es necesario hacer un análisis de la realidad para
modificar aquello que haya que modificar.


A nosotros también nos llaman la atención algunos apuntes, como al
senador Bagué. Se dice: «De común acuerdo entre las fuerzas políticas con
representación parlamentaria y en colaboración con las comunidades
autónomas». Permítanme que les diga —en la moción posterior volveré
a manifestarlo— que a nosotros nos gusta mucho más el término
coordinación, puesto que ya hemos dicho que otras administraciones, en
este caso las comunidades autónomas, ya tienen las competencias y
desarrollan sus actividades; por tanto, no colaboremos sino
coordinémonos. Ayer mismo, le hablé al ministro de un caso concreto
—que citaré en la siguiente moción— sobre la necesidad de
coordinación, porque ya se vislumbran dificultades en algunos casos. ¿Y
qué quieren que les diga? Vuelven a la carga con el plan nacional.


El senador Arrieta ha dicho lo siguiente: «Euskaraz esan duzu,
eskertzekoa da itunekin etortzea. Bueno, itun bat, Estatu ituna...» («Es
de agradecer que se nos presenten pactos. Se habla de un pacto de Estado,
un pacto nacional»). Yo no agradezco tanto que vengan con un pacto
nacional, señor Arrieta. Evidentemente, mi grupo entiende que hay que
alcanzar acuerdos y consensos, pero, como muchos de mis compañeros han
dicho desde todos los ámbitos, y yo misma se lo dije al ministro, el
pacto nacional nos sigue preocupando, porque entendemos que tiene que
hacerse desde el respeto competencial y desde la coordinación y no desde
la colaboración.


Entendemos que en ese pacto nacional, quienes se sienten a
debatir, a contrastar y a manifestar sus diversas opiniones serán quienes
lleguen a la conclusión de qué medidas deben adoptarse, y llama la
atención que en la moción aparezcan algunas de ellas, como la creación de
la Red Cervera de Transferencia Tecnológica. Entendemos que puede ser
fruto de la prisa con la que se ha redactado, pero nos parece que son
diferentes niveles de concreción. Habríamos preferido que dicho nivel de
concreción hubiera matizado la inversión que se iba a realizar, puesto
que la consideramos necesaria en I+D+i.


Finalizo, señor presidente, porque se me termina el tiempo. Como
les he dicho, consideramos que es un asunto importante y necesario y que
hay que llegar a acuerdos. Y hay que analizar las realidades, pero, como
ha dicho el senador Bagué, hay aspectos que nos generan dudas. Por ello,
no nos opondremos a que ustedes continúen y que entre todos busquemos
acuerdos, pero no votaremos favorablemente; nos abstendremos.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el senador Picornell.


El señor PICORNELL GRENZNER: Senadors, senadores, senyor
president.


Com deia la companya senadora del Partit Nacionalista Basc,
aquesta moció ens genera un sèrie de dubtes. De fet, estem molt
d’acord, podríem signar l’exposició de motius en la qual fan
una anàlisi del sistema universitari i de la situació actual, però no
entenem algunes afirmacions, justament del grup que ha estat governant
els últims anys a l’Estat espanyol i que, de fet, governa i ostenta
la responsabilitat de dirigir les polítiques en matèria
d’universitats. No les entenem perquè, de fet, jo crec que hi ha
diferents exemples que posen, que ens sorprenen, com a mínim.


Es venaglorien a la moció que l’Estat espanyol té talent i
que aquest s’expressa en la indústria cultural i editorial.
Justament, una indústria maltractada pel govern del Partit Popular. Una
indústria ofegada, una indústria que no té marge de creixement, per
exemple, i només poso un exemple, amb la imposició d’un IVA
cultural que ofega, com deia, el sector de les indústries culturals.


En segon lloc, parlen de l’esperit emprenedor que tenen els
joves. I jo, el que diria, és que, més que esperit emprenedor, el que
tenen els joves és precarietat. Perquè, de fet, l’esperit
emprenedor evidentment és quelcom positiu però, mentre no puguin accedir
a determinats mercats com el laboral, per exemple, o no puguin accedir o
continuar els seus estudis per manca de recursos, aquest esperit
emprenedor es veu mancat de les seves possibilitats d’eixir amb la
seva esplendor.


En tercer lloc i, de fet, en la mateixa direcció, parlen
d’una joventut preparada però jo diria preparada, però sense
oportunitats. Som la generació més ben preparada de la història i som la
generació amb menys oportunitats de sortir-nos-en i, de fet, serem la
primera generació que viurà pitjor que els nostres pares.


En quart lloc, parlen —i cito textualment—: que «la
formació ha de ser una escala social que permeti als joves aprofitar al
màxim les seves capacitats». Però, com deia abans, són capacitats que no
poden desenvolupar perquè, de fet, alguns no poden directament ni accedir
al sistema universitari, per exemple, per una manca de beques. No hi ha
recursos que afavoreixin, de fet, diuen també, la mobilitat. I a mi em fa
gràcia perquè, justament, si no hi ha prou mobilitat, és que no hi ha
recursos perquè s’hi pugui accedir. I, de fet, deixi’m que
expliqui casos que s’han succeït de gent que accedeix a programes
de mobilitat i, en el moment en què estan fent la mobilitat Erasmus, per
exemple, a qualsevol punt dels estats membres d’aquest programa,
se’ls canvien les condicions econòmiques de beques, etc. Per tant,
no hi ha recursos que afavoreixin la mobilitat, no els posen vostès que
governen però, com a mínim, reconeixen que cal millorar en aquest sentit.
I també afegiria que, un cop aquests joves surten de la universitat,
accedeixen al mercat laboral, si hi accedeixen, doncs amb unes condicions
laborals molt dolentes.


Nosaltres estem a favor de debatre, d’analitzar, de treure
conclusions sobre quin és l’estat actual del sistema universitari
però, com deia abans, hem de respectar el marc competencial. No pot ser
que debatem i parlem de quin és el moment del sistema universitari i no
respectem aquelles institucions que, justament, han de desenvolupar el
dia a dia d’aquest sistema. Com comentava també abans, jo crec que
unes quantes de les raons que exposen a la seva moció, la conseqüència
directa per a millorar-les és incrementar les partides pressupostàries
que les integren. Jo crec que tenen un problema perquè, si reconeixen que
hi ha una sèrie de mancances i, alhora, doncs no hi posen prou diners,
aquí tenim un problema.


Gracias, señor presidente.


Senadoras, senadores, como ha dicho la compañera, la senadora del
Partido Nacionalista Vasco, esta moción nos genera una serie de dudas; de
hecho, casi podríamos firmar la exposición de motivos, en la que hacen un
análisis de la situación actual del sistema universitario, pero no
entendemos algunas afirmaciones justamente del grupo que ha estado
gobernando en los últimos años en el Estado español y que, de hecho,
gobierna y tiene la responsabilidad de dirigir las políticas en materia
de universidades, y no las entendemos porque aportan distintos ejemplos
que nos sorprenden.


En primer lugar, en la moción se dice que el Estado español tiene
talento y que ello se expresa en la industria cultural y editorial,
justamente una industria que ha sido maltratada por el Gobierno del
Partido Popular, una industria ahogada, una industria que no tiene margen
de crecimiento, y solo les pongo un ejemplo: la imposición de un IVA
cultural que ahoga, como digo, al sector de la industria cultural.


En segundo lugar, hablan del espíritu emprendedor de los jóvenes,
y yo diría que más que espíritu emprendedor lo que tienen los jóvenes es
precariedad, porque el espíritu emprendedor es algo positivo, pero
mientras no puedan acceder a determinados mercados, como el laboral, o no
puedan continuar sus estudios por falta de recursos, este espíritu
emprendedor se escapa de sus posibilidades y de salir esplendoroso.


En la misma dirección, hablan de una juventud preparada. Preparada
sí, pero sin oportunidades. Somos la generación de jóvenes más bien
preparada de la historia, pero a su vez somos la generación con menos
oportunidades, con menos posibilidades de salir adelante, y seremos la
primera generación que vivirá peor que nuestros padres.


En cuarto lugar, dicen —y cito textualmente— que «la
formación debe ser una escalera social que permita a los jóvenes
aprovechar al máximo sus capacidades». Pero, como he dicho, son
capacidades que no pueden desarrollar porque algunos no pueden acceder al
sistema universitario, por ejemplo, por falta de becas. Dicen también que
no hay recursos que favorezcan la movilidad. Me hace mucha gracia, porque
si no hay suficiente movilidad es debido a que no hay recursos para poder
acceder a ella. Voy a explicarles un caso: hay quienes acceden a
programas de movilidad, pero en el momento en que están disfrutando de la
movilidad del programa Erasmus en cualquier punto de los Estados
miembros, se les cambia las condiciones económicas de las becas. Por lo
tanto, no hay recursos que favorezcan la movilidad porque ustedes no los
ponen a disposición. Ustedes, que son los que gobiernan, reconocen, como
mínimo, que hay que mejorar en este sentido. También añadiría que una vez
que estos jóvenes salen de la universidad y acceden al mercado laboral
—si acceden a él— lo hacen en unas condiciones laborales muy
malas.


Nosotros estamos a favor de debatir, analizar y sacar conclusiones
sobre cuál es el estado actual del sistema universitario, pero, como he
dicho antes, debemos respetar las competencias. No puede ser que
debatamos aquí sobre el sistema universitario y no respetemos aquellas
instituciones que justamente tienen que desarrollar el día a día de este
sistema. Algunas razones que exponen en su moción, como que la
consecuencia directa para mejorarlo es el incremento de las partidas
presupuestarias que lo integran, creo que suponen un problema. Si
reconocen que hay debilidades en el sistema, pero no ponen suficiente
dinero, se nos presenta un problema.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor PICORNELL GRENZNER: Per últim, sobre les beques,
n’hem parlat abans. Hi ha moltíssimes sentències, vaig acabant
president i, de fet, l’última del 12 de maig, que reclamen al
Govern espanyol que faci la transferència del sistema de beques a les
diferents comunitats autònomes i, vostès, que són molt amants de fer cas
al Tribunal Constitucional, no ho practiquen.


Voy terminando, presidente.


También hemos hablado de las becas. Hay muchas sentencias; la
última, del 12 de mayo, reclama al Gobierno español que de una vez por
todas transfiera la competencia del sistema de becas a las distintas
comunidades autónomas, y ustedes, que son muy amantes de hacer caso al
Tribunal Constitucional, no lo han practicado.


Por último, ¿cuál es el objetivo de un pacto nacional? Un pacto
nacional es escuchar a todos los agentes que tienen algo que decir.


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor PICORNELL GRENZNER: Per últim. Quin és l’objectiu
d’un pacte nacional? Un pacte nacional és escoltar tots els agents
que hi tenen alguna cosa a dir. És un pacte, i acabo, per a centralitzar
o és una pacte per anar a millor. Si és un pacte per anar a millor, jo
els convidaria a que integrin els diferents agents que hi
participen.


Gràcies.


Termino. ¿Es un pacto para centralizar o es un pacto para mejorar?
Si es un pacto para mejorar yo les invitaría a integrar a los distintos
agentes que participan en él.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Picornell.


Por el Grupo Parlamentario Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene
la palabra el senador Arrieta.


El señor ARRIETA ARRIETA: Presidente jauna, jaun-andreak, bai, nik
aurreko parte-hartzean komentatu dut positiboki baloratzen genuela ituna,
eta esaten nuen askoz gehiago gustatzen zitzaidala Estatu Ituna, arrazoi
bategatik: Me gusta más lo de pacto de estado que pacto nacional porque
mi nación es Euskadi.


Esaten nuen ere bai oso inportantea zela ea bat gentozen
diagnostikoarekin. Orduan nire oraingo honetan datu batzuk aipatu nahi
ditut guk egiten dugun egoerari buruz jakiteko bat gatozen horrekin ala
ez.


Orokorrean esan nahi dut adibidez 2006ko Estatuaren Aurrekontu
Orokorrak, I+D, zibilak eta militarra 6.500 milioi ziren. Zientziako
inbertsioak hamarkada bat atzera egin du, 2006koa baino gutxiago izatean,
hau da, izan da aurten 6.545 gutxiago. Gaurko gobernuak %1,6 eskaintzen
die ikerketari eta berrikuntzari.


2010eko helburutik, garai hartan zela %2 iristea, nahiko urrun.
Espainiako unibertsitate publikoetako multzoa, bere inbertsioa %15,3
murriztu egin da ere bai. Eta inbertsio publikoko 6 euro bakoitzeko 1
desagertu da. Prezioen aldetik, ikaslegatik gastua pasatu da hasiera
batean baziren 7.760 euro, 6.481era, hau da, %16,5 gutxiago. Espainia
Europako bederatzigarren herri garestien bihurtu da, horrela, gradua
unibertsitatean ikasteko. Europarrak zortzigarren herria dira masterreko
prezio altuenekin. Graduen prezioak batez beste %20,6 igo du. Masterren
prezioa %53,7 gehiago igo dute. Ikasleen aldetik, azken urte
hauetan 127.000 ikasle gutxiago ditugu unibertsitatean. Bekak murriztu
egin dira ere %27. Eta irakasleen aldetik, unibertsitateak galdu
ditu 4.000 irakasle. Irakasle-ikertzaile gutxitu ditu baita ere
administrazioko eta zerbitzuetako pertsonala. Gaurko politika da 10
irakasle erretirodun bakoitzaren 1 soilik ordezkatzea. Txantiloi
zahartzea eta kontratazio ez berriak eraginez.


Orduan, hauek dira datuak eta ministroari esaten nion ere agian
begiratu behar genuen ea iturriak, datuak jasotzeko, berdinak diren ala
ez baina hauek dira, hotzean, ezagutzen ditugun datuak. Eta nik uste dut
horrekin bat gentozela denok, orduan hurrengoa izango litzateke onartzen
badugu hauxe dela egoera, orduan nora joan nahi dugu? Eta seguru aski
joan nahi dugun norabide horretan, gizarte berak esaten digu nahi duguna.
Zer da denok nahi duguna? Bai zuek, bai zuek, bai guk. Zer nahi dugu?
Espainia osoan edukitzea unibertsitaterik hoberena. Bai ala ez?
Unibertsitaterik hoberena, hori alde batetik. Agian aldea dago, eta hori
inportantea da, nahi dugula ere unibertsitate horretan ez bakarrik
aberatsen seme-alabak, baizik denon seme-alabak, hau da, langileen
seme-alabak ere hor edukitzea. Eta horrek zer suposatzen du? Horrek
suposatzen du bai tasak murriztea, eta bai suposatzen du ere beka
politika aldatzea, eta gehitzea. Eta iristea, ikasi nahi duenari aukera
eman ikasteko. Hori da guk nahi duguna eta hori da nik uste dut egin
behar dugun esfortzua.


Orduan, unibertsitateko itun berri bat? Bai. Itun honetan parte
hartzerakoan edo egiterakoan, nortzuk parte hartu dute? Afektatuak dauden
guztiak, hau da ikasleak, bai irakasleak, eta bai unibertsitatean lan
egiten duen pertsonala, eta sindikatuak eta abar. Hau da, denok bat
eginez egin beharko dugu itun hau aurrera eramatea. Argi eta garbi uzten
eta uste dut hau dela guretzako inportanteena, eta oso inportantea denez,
eta batzuek pinganiloa jartzen ez duenez, esango dut.


Señor presidente, señoras y señores, en la intervención anterior
he comentado que valoramos de forma positiva el pacto, y decía que me
gustaba mucho hablar de un pacto de Estado por un motivo: porque mi
nación es Euskadi.


También decía que es muy importante ver si estamos de acuerdo con
el diagnóstico. En este turno quiero dar una serie de datos acerca del
diagnóstico que hacemos nosotros de la situación, para ver si estamos de
acuerdo en general.


En el presupuesto para 2016 la partida destinada a inversión civil
y militar era de 6000 millones. En inversiones en ciencia ha retrocedido
diez años, ya que son menores que en 2006; este año han sido menos de 6
millones; el Gobierno actual ofrece un 1,6 % a investigación e
innovación.


Uno de los objetivos de 2010 era tratar de llegar al 2 % y estamos
muy lejos. En la universidad pública de España, en su conjunto la
inversión se ha reducido en un 15,3 %, y en la inversión pública de
cada 6 euros, uno ha desaparecido. Desde el punto de vista de los
precios, el gasto por alumno ha pasado de 7760 euros a 6000 y pico
actualmente, es decir un 16,5 % menos. España es el noveno país europeo
más caro, y esto sucede en los grados. En Europa somos el número ocho,
con los precios de máster más elevados. Los precios de grado han
aumentado un 20,6 % y los de máster un 53,7 %. Respecto a los alumnos, en
estos últimos años tenemos 127 000 alumnos menos en la universidad y las
becas se han visto reducidas en un 27 %. En lo que respecta a los
docentes, las universidades han perdido 4000 docentes, profesores e
investigadores, que han disminuido también en administraciones y en
servicios. En la política actual, de cada diez personas retiradas solo se
repone una plaza.


Básicamente esos son los datos, y quizá deberíamos comprobar si
estamos consultando las mismas fuentes al estudiar los datos. Estos son
los que conocemos nosotros; yo pensaba que en eso estábamos todos de
acuerdo. El paso siguiente sería: si aceptamos que esta es la situación,
tenemos que pensar a dónde queremos ir. Seguramente, en este nuevo rumbo
tendremos que escuchar lo que nos dice la sociedad. ¿Qué queremos? Tanto
ustedes como nosotros, ¿qué queremos? Que en España tengamos la mejor
universidad ¿Sí o no? Esa es la cuestión. Es decir, se trata de tener las
mejores universidades, eso por un lado. Quizás sea importante que
queremos que en esa universidad no solo estudien los hijos e hijas de las
personas más ricas, sino también los de los trabajadores y trabajadoras,
es decir, que esos hijos e hijas de la clase trabajadora estén ahí. ¿Qué
supone eso? Eso supone reducir tasas y cambiar la política de becas y
aumentarlas, para así dar la oportunidad de estudiar a quien lo desee.
Eso es lo que nosotros queremos y ese ha de ser el esfuerzo que debemos
realizar.


Por tanto, un nuevo pacto por la educación, sí; pero a la hora de
ver quién participa en ese pacto hay que tener en cuenta que tienen que
participar todos los afectados y afectadas: profesores, docentes,
alumnos, alumnas, también el personal que trabaja en la universidad,
sindicatos, etcétera. Por tanto, todos juntos tendremos que llevar a cabo
y sacar adelante este nuevo pacto. Y hay que dejar bien clara una
cuestión —que es la más importante y fundamental para
nosotros—, y como algunos no tienen puesto el pinganillo, continúo
en castellano: no sobran profesores, en la universidad no sobran alumnos
y alumnas y en la universidad no sobran las becas. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Arrieta.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora López.


La señora LÓPEZ ALONSO: Gracias, señor presidente.


Señorías, estamos de acuerdo en que la universidad debe ser un
asunto de Estado fundamental; nuestro progreso como país depende en gran
medida de ello. Hasta tal punto nos parece importante, que hemos firmado
una enmienda transaccional que, si bien no colma todas nuestras
expectativas, la hemos firmado pensando en el bien de esta institución,
que necesita urgentemente un trabajo de análisis y un pacto.


No hemos de olvidar que Ortega y Gasset cuando en su obra Misión
de la Universidad señalaba que tres son las funciones de la universidad:
trasmisión de la cultura, enseñanza de las profesiones e investigación
científica y educación de nuevos científicos, resaltaba de estas
funciones la trasmisión de la cultura, porque consideraba esencial la
tarea de ilustración del hombre, de descubrirle con claridad el mundo
presente, donde tiene que encajarse su vida para ser auténtica.


Nuestras universidades han sufrido grandes transformaciones en la
etapa democrática, han desarrollado grandes esfuerzos, culminando,
además, con el reto que ha supuesto la adaptación al espacio europeo de
la educación superior. Sin embargo, quiero señalar mi extrañeza ante su
moción, señores del Grupo Popular, pues para justificar un pacto por la
universidad, ustedes realizan un análisis demoledor de la situación de
estas instituciones, en el que no se atisba el menor rastro de
autocrítica hacia sus propias políticas y los recortes que se han llevado
a cabo en los últimos cuatro años. Estamos asistiendo a una erosión
planificada del sistema universitario público en nuestro país, con la
implantación de medidas que no solo se derivan de la crisis, sino de un
intento ideológico de devaluar a las universidades públicas.


En su moción solamente se vierten datos de fracasos, culpando al
sistema universitario español de no tener mayores cotas de excelencia,
pero no analizan la relación de sus políticas con estos resultados. Así,
por ejemplo, culpan al sistema o a los propios estudiantes de la altísima
tasa de abandono o de no titulación que se produce, sin reconocer que sus
políticas de becas y subida de tasas les expulsan del sistema, o señalan,
por ejemplo, que ninguna universidad española se encuentra entre las 150
primeras del mundo, cuando si se tienen en cuenta los recortes en
financiación, especialmente en investigación, los resultados deben ser
considerados incluso brillantes. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Espere un momento, senadora López.


Señorías, guarden silencio, por favor. (Pausa).


Continúe.


La señora LÓPEZ ALONSO: Asimismo, han puesto en marcha normas
lesivas, a las que antes me he referido. No me he mencionado el dañino
Real Decreto 14, de 2012, que pese a señalarse como algo coyuntural, ya
desaparecido, ha llevado a las universidades públicas a una situación de
deterioro irreversible o difícilmente solucionable. Además, la normativa
que se ha elaborado se ha hecho de manera sorpresiva y a espaldas, sin el
consenso de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas.


Frente a esta política normativa, los presupuestos de las
universidades no son mejores.






A ustedes parece complacerles ese 0,80 %
del PIB, que es claramente insuficiente y que nos sitúa a niveles muy
alejados del 0,93 % del PIB del año 2010. Entre estos dos años, 2010
y 2016, los presupuestos han caído en un 11,7 %. Yo creo que es un craso
error y más para ustedes, que tienen una visión economicista de estas
cuestiones. El informe de impacto económico que han elaborado para las
universidades madrileñas los consejos sociales de la Comunidad de Madrid
señala que se revierte en la economía de la región casi cinco veces lo
que reciben de dinero público las universidades. Cifras aún mayores se
desprenden del informe que ha elaborado mi universidad, la Universidad de
Salamanca, mi universidad de origen, que señala que por cada euro público
invertido en las universidades revierten seis a su entorno.


Otro de los éxitos que ha supuesto el aumento de las tasas, junto
a la disminución de las becas y el endurecimiento para optar a ellas, ha
sido el abandono de muchos alumnos o la renuncia al inicio de estudios
por parte de otros jóvenes. Como consecuencia, hoy tenemos 80 000 alumnos
menos en las universidades públicas, mientras que tenemos 6000 más en las
privadas y estos hechos se producen en un período de crisis, en el que
las dificultades económicas de las familias han sido mucho mayores. Los
precios de los estudios de grado y máster se han disparado, digamos
disparatado, por ejemplo, en el caso de los másters no habilitantes, que
rondan el 50,9 %. Las cifras sobre evolución de las becas, con datos MEC,
han caído un 12 % entre los cursos 2011-2012 y 2015-2016.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora LÓPEZ ALONSO: Voy acabando. Gracias.


Pero no solo pierden alumnos, también pierden personal Las
universidades públicas, en concreto, un 4,5 el PDI y un poquito más el
PAS entre los años 2012 y 2016.


Estas universidades del siglo XXI han de convertirse en referentes
mejorando su financiación, su gobernanza, su autonomía, su calidad, su
internacionalización y el trato a sus alumnos, alcanzando la excelencia
sin perder equidad ni atentar contra la igualdad de oportunidades.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora López.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador
Betegón.


El señor BETEGÓN BAEZA: Señor presidente, señorías, con ustedes
quiero volver a analizar la franca disposición que tiene esta Cámara con
el sistema universitario español, y no únicamente con el sistema, sino la
muy favorable disposición que he encontrado para llegar a acuerdos, como
el de esta enmienda transaccional.


La universidad es el lugar donde recalan los alumnos que han
pasado etapas docentes anteriores, bachillerato y formación profesional,
y sabemos que en esas etapas anteriores los partidos ya están llegando a
acuerdos. La prensa nos recuerda todos los días que es posible hacerlo.
Nos ha llegado, por tanto, la oportunidad de alcanzar acuerdos también a
nivel universitario, y es ahí donde tiene sentido la moción que presenta
el grupo que represento. Antes de ponerse a pactar, solicita que el
Gobierno y otras entidades informen de la situación en que se encuentra
el sistema universitario español; y, una vez conocido ese informe,
estaremos en mejor disposición de llegar a ese pacto.


Entiendo que ese pacto es posible y hay dos razones que me llevan
a ello: la primera es que la mayoría de los programas con que los grupos
políticos se presentan a las elecciones hacen hincapié en este aspecto;
insisten en la necesidad de llegar a un pacto docente también a nivel
universitario. Y la segunda razón es que, analizando las diferentes
enmiendas presentadas a la moción, ninguna se opone radicalmente a la
moción en sí misma. Entiendo que la disposición es favorable y franca.
Por eso, termino mi intervención solicitando el voto favorable de todos
los grupos políticos de esta Cámara.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Betegón.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, sometemos a votación la propuesta de modificación
firmada por todos los grupos a la moción del Grupo Parlamentario
Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 244;
votos emitidos, 243; a favor, 200; en contra, 1; abstenciones, 42.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.









MOCIÓN POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ELABORAR UN PLAN
NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL ACOSO ESCOLAR.


662/000030

GPP


El señor presidente da lectura al punto 6.3.


El señor PRESIDENTE: A esta moción se han presentado quince
enmiendas: seis del Grupo Parlamentario Mixto —una por iniciativa
de los senadores Navarrete y Mulet, una por iniciativa de la senadora
Castilla, una por iniciativa del senador Cleries, dos por iniciativa de
la senadora López Santana, y otra, que ha sido retirada, por iniciativa
de los senadores Alegre, Crisol y Marcos—; una enmienda del Grupo
Parlamentario Vasco; tres del Grupo Parlamentario Socialista; y cinco del
Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


Para la defensa de la moción, tiene la palabra la senadora
González. (El señor vicepresidente, Sanz Alonso, ocupa la
Presidencia.— Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Guarden silencio,
señorías.


En lugar de la senadora González, va a intervenir el senador Marí.
Tiene usted la palabra.


El señor MARÍ TORRES: Gracias, señor vicepresidente. Señorías, muy
buenos días a todos.


El Grupo Parlamentario Popular presenta esta moción para instar al
Gobierno a elaborar un plan nacional de lucha contra el acoso escolar con
la convicción de que seremos capaces de ponernos de acuerdo en un tema
tan crucial como este. (Rumores).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Un momento, senador Marí.
Por favor, señorías, guarden silencio. (Pausa).


Continúe.


El señor MARÍ TORRES: Gracias, señor vicepresidente.


Como todos sabemos, la convivencia pacífica es la base sobre la
que se construye cualquier Estado democrático y de derecho. Todo sistema
educativo moderno tiene en la convivencia un doble referente: constituye
una finalidad de la educación y, por otro lado, no puede haber proceso
educativo sin convivencia en las aulas y en las comunidades
educativas.


El acoso escolar, más conocido como bullying, es una forma
característica de violencia escolar, que tiene múltiples facetas, como
son la violencia física, verbal, psicológica y, sobre todo, hay que
destacar los nuevos canales a través de los que se produce dicho acoso,
como son las redes sociales y, en especial, los teléfonos móviles, lo que
se conoce como ciberbullying o ciberacoso. Uno de cada cuatro casos de
acoso escolar se produce a través de las redes sociales y, sobre todo, a
través de los móviles. El acoso escolar es un tipo de violencia que tiene
nefastas consecuencias para los niños y jóvenes que la padecen,
generándoles problemas y trastornos, tanto en la infancia y en la
juventud, como en la vida adulta, con consecuencias gravísimas, señorías,
como las depresiones, las fobias, el aislamiento, la ansiedad, el
abandono escolar, o, peor aún, los homicidios o suicidios por no poder
aguantar la presión en los casos más graves.


Este tipo de conductas interfieren muy negativamente en el
desarrollo educativo y social del alumno que lo padece, generando una
sociedad en donde la violencia a todos los niveles está muy presente,
siendo la lacra de la violencia de género su peor expresión.


Señorías, todos los que estamos aquí, si hacemos memoria, habremos
escuchado alguna vez a algún niño o niña decirle a un compañero o
compañera: ¡cuatro ojos!, ¡vaca gorda!, ¡maricón! —y disculpen las
expresiones—, por mencionar algunos de los insultos más suaves.
Aunque parezcan insultos insignificantes, para la víctima pueden tener
consecuencias irreversibles. Se trata de una problemática muy seria,
cuyas consecuencias, como he dicho, son irreversibles.


Además, en la resolución de esta problemática tenemos que estar
implicados todos los sectores, mundo educativo, familia, docentes,
administración educativa, todas las instituciones, Gobierno de las
comunidades autónomas, ayuntamientos, Gobierno de España, y los agentes
del tercer sector, que promueven actividades extraescolares, deportivas,
culturales y de ocio entre los niños y jóvenes. Y, por supuesto, en la
solución de este grave problema tenemos que estar todas las fuerzas
políticas con representación parlamentaria para conseguir entre todos,
con el diálogo, el consenso —hoy más necesario que nunca,
señorías— y las propuestas constructivas, erradicar esta lacra de
los centros educativos y que la educación sea el eje vertebrador para que
en un futuro —esperemos que no muy lejano— podamos tener una
sociedad libre de cualquier tipo de violencia, con ciudadanos
democráticos, críticos y libres.


Señorías, el Ministerio de Educación no ha sido ajeno a este
problema ni a los numerosos casos que desgraciadamente estamos viendo a
través de los medios de comunicación. En la Conferencia Sectorial de
Educación, de 13 de agosto de 2015, se aprobó un mandato a la Comisión
General de Educación para que trabajara a fin de conseguir centros
educativos seguros, libres de cualquier tipo de violencia, inclusivos y
favorecedores del éxito escolar. En este sentido, cabe recordar que
España, como Estado firmante de la Convención sobre los Derechos del
Niño, se compromete a proteger a los niños y niñas contra cualquier forma
de explotación, abuso o violencia.


Para elaborar un plan estratégico y atajar de forma implacable
este problema, el Gobierno en el curso 2015-2016 elaboró, como he dicho
anteriormente, el Plan estratégico de la convivencia escolar, coordinado
por el Ministerio de Educación; una parte importante de este plan
consiste en reforzar e incrementar la formación de los docentes, padres,
alumnos y de la sociedad en general, para que el bullying pueda
desaparecer. Los ejes fundamentales del Plan de convivencia son:
educación inclusiva; participación de la comunidad educativa; aprendizaje
y convivencia; educación en los sentimientos y en la amistad;
socialización preventiva de la violencia de género; prevención de la
violencia desde la primera infancia; y atención y cuidado del uso de las
tecnologías de la información y de la comunicación. Y las líneas de
actuación y medidas para la mejora de la convivencia escolar son:
observación y seguimiento de la convivencia en los centros educativos;
desarrollo de políticas educativas para la mejora de la convivencia;
incorporación de las actuaciones educativas de éxito y prácticas basadas
en evidencias científicas para la mejora de la convivencia escolar;
formación del profesorado y otros agentes de la comunidad educativa;
coordinación y cooperación entre administraciones, entidades e
instituciones; prevención y control de incidentes violentos o de acoso en
los centros educativos y apoyo a las víctimas de violencia y acoso;
comunicación, intercambio y difusión de información y conocimiento sobre
el impacto de la convivencia escolar en la educación; y, por último,
investigación y divulgación científica sobre la convivencia escolar.


Este plan de convivencia escolar va acompañado además de una
estrategia de seguimiento, evaluación y mejora. El Ministerio de
Educación ha creado también una página web de convivencia escolar, que es
una herramienta que refuerza la comunicación, favorece el intercambio de
información y ayuda con numerosos recursos a los centros educativos,
profesorado, alumnado y familias.


Cabe recordar también que desde el 1 de noviembre el Ministerio de
Educación ha puesto a disposición de cualquier persona el número de
teléfono gratuito contra el acoso escolar 900 018 018, en el que se puede
denunciar de manera totalmente anónima cualquier caso de violencia
escolar. Se trata de una herramienta clave, efectiva, directa y rápida
para poder atender a las víctimas de manera adecuada y a la mayor
brevedad posible.


Señorías, ha sido terrible el éxito que ha tenido este teléfono de
atención a las víctimas del acoso escolar. En sus primeros cuarenta días
de funcionamiento, abierto desde el 1 de noviembre, ha atendido un total
de 4714 llamadas, de las cuales 1594 son potenciales casos que se están
estudiando, lo que indica lo urgente y necesario que era implantar esta
medida ante una lacra que las nuevas tecnologías extienden más allá de
las aulas.


Para contabilizar esta lacra, que afecta a alrededor del 4 % del
alumnado, también se ha creado un fichero de atención de casos de acoso
escolar y malos tratos en el ámbito de los centros docentes del sistema
educativo español. Del mismo modo, el Gobierno ha trabajado y trabajará
para la mejora de la formación a través de jornadas, congresos,
encuentros estatales, proyectos de formación en centros, cursos de
formación en red dirigidos a los diferentes agentes educativos y a las
administraciones competentes en materia de convivencia. El Gobierno es
consciente de que es necesario concienciar no solo al entorno escolar,
sino a todo el entorno social. Por ello, también puso en marcha un sello
de correos el 11 de febrero de 2016, donde se podía leer: Tú puedes
evitar el bullying, no permitas el acoso escolar.


Señorías, como hemos visto, el Gobierno no se ha quedado de brazos
cruzados ante unos problemas tan serios como son el acoso y la violencia
escolar. El Grupo Parlamentario Popular en el Senado pretende, con esta
moción, continuar mejorando el trabajo realizado por el Gobierno a partir
de un plan nacional elaborado con la participación de todas las fuerzas
políticas, de todos los sectores educativos y sociales, que cuente con
las aportaciones de las comunidades autónomas y que tenga, como base,
estudios científicos y técnicos para atajar el problema de la manera más
eficaz posible, a través del establecimiento de medidas efectivas para
erradicar esta lacra del ámbito educativo y de la sociedad en
general.


Además, señorías, tenemos recientes los resultados del informe
PISA. España ha eliminado la brecha educativa respecto a la OCDE y se
sitúa, por primera vez en la historia, al nivel de los países más
avanzados. Hemos tenido el segundo mayor descenso en la tasa de abandono
educativo temprano. El informe TIMSS nos dice que hemos tenido la mayor
subida en matemáticas y la cuarta mejor en ciencias. Señorías, vamos por
el buen camino. Este es el camino. Somos conscientes de que nos queda
mucho por recorrer y ustedes deciden si nos acompañan o no. Nosotros
tenemos la mano tendida, queremos advertirles de que la sociedad no
entendería que no nos pusiéramos de acuerdo en un tema tan crucial como
este, que tiene que quedar al margen de partidismos y sectarismos, ya que
todos deseamos la mejora de la educación para llegar a una sociedad
democrática, formada, inclusiva, crítica, plural y libre.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


El señor MARÍ TORRES: Termino.


Ustedes ya conocen el tenor literal de la moción.


Muchas gracias, señoría. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Marí.


Para la defensa de las enmiendas, el Grupo Parlamentario Mixto
tiene que repartirse sus seis minutos entre los cuatro senadores que van
a intervenir.


Senador Bagué, tiene la palabra.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.


El Grup Parlamentari Popular presenta aquesta moció una altra
vegada elaborant el Plan Nacional —sembla que a cada moció ens
parlaran del Plan Nacional, sembla que és el que toca, el Plan
Nacional— per una qüestió molt important i molt rellevant, que és
l’assetjament escolar.


Nosaltres hem presentat una esmena en un doble sentit. Primer,
demanar que més que un pacto nacional sigui un acuerdo marco. Per què?
Perquè moltes comunitats autònomes ja han fet feina i, per tant, no té
cap sentit que tirem enrere allò que ja s’ha fet. I, per un altre
costat, perquè es respecti, una vegada més, l’àmbit de
competències.


Es podria produir una paradoxa: l’única administració que no
té competència educativa, que és la de l’Estat, que sigui la que ha
d’impulsar el que veiem en el dia a dia. L’assetjament
escolar no és una cosa teòrica, és una realitat, desgraciadament, que es
produeix a les escoles. Seria una paradoxa, un contrasentit, si vostès ho
volen, que l’única administració que no té competència en Educació
i que, per tant, no viu el dia a dia d’aquest tipus de problema
sigui la que hagi de liderar la solució a l’assetjament. És,
evidentment, un contrasentit i en aquesta ocasió clarament no podem
donar-hi suport.


En el torn de portaveus, hi intervindrem a tall de resum
argumentant més qüestions.


Gràcies.


Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Popular presenta una moción en la que otra
vez habla del plan nacional —parece que en todas las mociones
debemos seguir hablando del plan nacional, como si fuera lo que
tocara—, pero en este caso por una cuestión muy importante como es
el acoso escolar.


Nosotros hemos presentado una enmienda que va en un doble sentido.
Por un lado, queremos solicitar que más que un pacto nacional sea un
acuerdo marco. ¿Por qué? Porque muchas comunidades autónomas ya han
realizado trabajos en esta dirección y no tiene sentido que demos marcha
atrás con lo ya ejecutado. Y, por otro lado, queremos que respeten el
ámbito de las competencias.


Podría producirse una paradoja: que la única Administración que no
tiene competencias educativas, que es la del Estado, sea la que deba
impulsar aquello que vemos en nuestro día a día, porque el acoso escolar
no es algo teórico, es una realidad que, desgraciadamente, se produce en
las escuelas. Por consiguiente, sería paradójico o un contrasentido, si
me lo permiten, que la única Administración que carece de competencias en
educación y, por lo tanto, no vive el día a día de este tipo de
problemas, al final sea la que deba liderar la solución al acoso.
Evidentemente, es un contrasentido y, en esta ocasión, a todas luces no
podemos dar nuestro apoyo.


En el turno de portavoces intervendremos a modo de resumen y
argumentaremos más cuestiones.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bagué.


Senador Navarrete, tiene la palabra.


El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente.


En el Consell de Ministres del passat 22 de gener el Partit
Popular va aprovar el Pla estratègic de convivència escolar rescatant
quasi totes les idees del Pla estatal de convivència del 2005, que vam
acordar els representants polítics, professors, pares, alumnes. En el
marc d’aquest pla es va posar en marxa l’Observatori estatal
de convivència escolar. L’observatori, va publicar diversos
estudis, protocols... en la convivència escolar, en l’assetjament
escolar, i en diverses reunions que va tindre. Però sorprenentment aquest
observatori es va paralitzar al 2011, just quan van entrar vostès a
governar. Cap ministre del PP d’Educació ha convocat aquest
observatori durant estes legislatures passades. Reiterades vegades
se’ls ha demanat des del Consell escolar estatal. L’últim
intent, a l’octubre de 2015, però oídos sordos, señores.


Per tant en aquest document vostès només aporten que un brindis al
sol, que una manera de pensar, que volen negociar coses noves, però
simplement haurien d’haver activat una cosa que ja existia i que ja
tenia un reial decret que posava com i de quina manera es feia.


Bé, gràcies.


En el Consejo de Ministros del pasado 22 de enero el Partido
Popular aprobó el Plan estratégico de convivencia escolar rescatando casi
todas las ideas del Plan estatal de convivencia 2005 que acordamos todos
los representantes políticos, profesores, padres y alumnos. En el marco
de este plan se puso en marcha el Observatorio estatal de convivencia
escolar. El observatorio publicó varios estudios y protocolos sobre la
convivencia y el acoso escolar y tuvo varias reuniones, pero,
sorprendentemente, este observatorio se paralizó en 2011, justo cuando
entraron ustedes a gobernar. Ningún ministro del PP de Educación ha
convocado este observatorio durante estas legislaturas pasadas.
Reiteradas veces el Consejo escolar estatal les ha pedido que lo
hicieran, el último intento fue en octubre de 2015, pero oídos sordos,
señores.


Por lo tanto, en este documento ustedes solo aportan un brindis al
sol, una manera de pensar. Dicen que quieren negociar cosas nuevas, pero
simplemente tendrían que haber activado algo que ya existía y que ya
estaba en un real decreto donde ponía cómo y de qué manera se hacía.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Navarrete.


Senadora López Santana, tiene la palabra.


La señora LÓPEZ SANTANA: Gracias, presidente.


En Nueva Canarias consideramos que el incremento del acoso escolar
en los últimos años es alarmante y es indispensable abordar sus causas y
consecuencias.


En algunas comunidades ya hay camino recorrido, como es el caso
canario, donde el Programa de prevención de ayuda contra el acoso escolar
de Canarias, que está funcionando de manera eficaz desde hace una década,
es apoyado y valorado por la comunidad educativa. Desde el momento en el
que se efectúa la primera llamada de denuncia hasta que se produce la
primera reunión en el centro educativo con todos los agentes implicados
no trascurren más de 48 horas. El abordaje de la cuestión es inmediato
porque este problema requiere de inmediatez, cercanía y proximidad en la
actuación. No se trata solo de una cuestión competencial, en este caso
autonómica, sino que la solución requiere protocolos descentralizados. A
un niño canario se le prestará más atención de forma más rápida y cercana
desde Canarias que desde Madrid. Por eso hay que colaborar con las
comunidades autónomas y ayudar a impulsar iniciativas que ya están dando
resultados en otros territorios, como es el caso canario donde los datos
nos acompañan. La media de acoso escolar ocasional y frecuente es
inferior en Canarias que en España. Este es el primer sentido de nuestra
enmienda.


En la segunda, solicitamos que, para conseguir esta
descentralización y eficacia en los procedimientos, el teléfono que, de
manera loable, ha puesto en marcha el ministerio modifique su protocolo y
derive las llamadas de manera automática al teléfono canario, porque así
se evitarán duplicidades que ya se están dando y que están perjudicando a
los procesos que requieren inmediatez.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora López
Santana.


Senadora Castilla, tiene la palabra.


La señora CASTILLA HERRERA: Gracias, presidente.


Señorías, nuestra enmienda de adición pretende que en materia de
acoso escolar se llegue a una colaboración y a una coordinación entre el
Estado y las comunidades autónomas, en particular entre las consejerías
de Educación y universidades de estas.


En este sentido, consideramos vital aprovechar las experiencias
tanto negativas como positivas de cada comunidad autónoma para mejorar lo
ya existente en el ámbito nacional y en el de todas las comunidades,
compartir experiencias y hacerlo todo mucho más enriquecedor, más
efectivo y más eficiente. Por ejemplo, como ya se ha comentado aquí
brevemente, Canarias fue pionera en la lucha contra el acoso y la
violencia escolar, ya que comenzó a tratar este tema en los años noventa.
El archipiélago canario también fue una de las primeras regiones en
formar a profesionales y en implantar comisiones de convivencia en los
centros educativos. Por otro lado, también se ha formado al alumnado para
que utilice la figura del mediador y así pueda actuar con criterio para
evitar el conflicto del acoso escolar.


Así, por ejemplo, en el curso 2014-2015, en Canarias se incluyó en
educación primaria la asignatura de Economía emocional y para la
creatividad. Y si bien es verdad que hemos mejorado en lo que a cifras se
refiere, en Canarias el acoso escolar ha crecido un 34 % y debemos actuar
contra ello, porque cuatro de cada diez casos en los que se activó el
protocolo de acoso escolar finalmente fueron casos confirmados; en
concreto, el pasado curso fueron un 43 %: 67 confirmaciones
de 156 activaciones del protocolo.


Señorías, este no es solo un tema del Gobierno central. Tenemos
que colaborar: Gobierno central, comunidades autónomas, padres, madres,
profesores, alumnado y comunidad educativa debemos colaborar para
eliminar esta lacra social de una vez por todas. Por tanto, la educación
no puede basarse solo...


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Vaya terminando,
señoría.


La señora CASTILLA HERRERA: Disculpe, presidente, ya termino.


La educación no puede basarse solo en aprobar asignaturas, debe
basarse también en una serie de valores con los que podamos construir una
sociedad sana, que pueda vivir con dignidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Castilla.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


Esta moción se presenta —como decía en su primera frase el
senador del Grupo Parlamentario Popular— con el objetivo de instar
al Gobierno a elaborar un plan nacional contra el acoso escolar. Estamos
totalmente de acuerdo en que el acoso es una forma de violencia escolar
que provoca gravísimas consecuencias y además nos parece que es un tema
como para tomárselo muy en serio, tanto para implementar medidas de
prevención como, en el caso de que no pudiéramos llegar a tiempo, de
intervención, que ha de ser sistemática, eficaz y coordinada, sin
duda.


Ya en abril estuvimos debatiendo una moción —que presentó
Ciudadanos— y como detalle quiero señalar que en la enmienda que
presentó entonces el Grupo Parlamentario Popular se decía: en
colaboración con las comunidades autónomas. En cambio, en esta ocasión no
lo han incorporado, y lo menciono únicamente como detalle. Por este
motivo, mi grupo ha presentado una enmienda de adición —para
incorporar un tercer punto a los dos que contiene la moción del Grupo
Popular— y la justificación no sería otra que el hecho de que en
Euskadi ya tenemos nuestro programa, las medidas necesarias y la
coordinación, y que, tal y como mencionaba la senadora canaria
anteriormente, si ustedes no respetan nuestras competencias, las medidas
que se tomen nos pueden perjudicar, ya que esto afecta también a la
sociedad y a la comunidad educativa.


Un claro ejemplo de ese perjuicio sería el del teléfono,
mencionado anteriormente por la senadora y que yo misma comenté ayer al
ministro, quien me confirmaba que tenía constancia de que eso era así. El
teléfono de llamadas que tenemos en Euskadi, Zeuk Esan, único en Europa
de atención a niños y niñas adolescentes —aunque acabo de oír ahora
que en Canarias también lo han puesto en marcha—, aunque está
enfocado al servicio de ayuda a personas menores de edad —es
el 116111— también recibe llamadas de personas adultas, como
padres, madres, familiares, profesorado, profesionales, monitores o
monitoras de la enseñanza no reglada y demás personas vinculadas a la
infancia y la adolescencia, y es que sin duda las personas adultas
podemos detectar situaciones como el acoso escolar, entre otras, que no
siempre pueden o saben afrontar los menores. Es ahí donde la orientación
y el asesoramiento dados por equipos de profesionales que atienden dicho
teléfono tiene especial importancia y, además, el servicio tiene la
capacidad de derivación y coordinación con los principales recursos
destinados a la infancia y a la adolescencia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, cuya intervención, como decía al principio, debe ser eficaz y
coordinada.


Este servicio funciona muy bien, pero se ha implantado otro de
ámbito estatal con un funcionamiento diferente y, como no existe esa
coordinación entre ambos que nosotros reclamábamos —por ello mi
insistencia en la anterior moción para cambiar el término de colaboración
por coordinación, por casos concretos como este—, se pueden perder
llamadas y, en consecuencia, también casos.


Por ello, consideramos que de esta manera está justificada la
enmienda de adición que mi grupo presenta como punto tercero a la moción
del Grupo Parlamentario Popular, en la que solicitamos que se coordine y
se respete el ámbito competencial. Decía el ministro ayer mismo: hagamos
uso de las buenas prácticas. Luego si otros lo han hecho y les ha
funcionado bien, pongámoslo en práctica, pero no propongamos otro
diferente, que aunque pueda funcionar bien va a producir interferencias,
de forma que lo elaborado e implementado ya —que está dando buenos
resultados— no pueda continuar de esa manera.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Álvarez Villazán.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.


Señorías, lamentablemente, el acoso escolar ha existido desde
siempre, con muchas y dramáticas facetas. Lo han sufrido y lo sufren a
diario cientos de niños y niñas bajo patrones distintos, en algunos casos
por estereotipos que son utilizados para hacer daño a los compañeros que
sobresalen en cualquier sentido o que tienen algún rasgo físico
característico, que destacan en el rendimiento escolar o por todo lo
contrario, también por razones de género, muy frecuentes también por su
orientación sexual, por distintas etnias o religiones distintas. Existen
también casos de acoso escolar que no obedecen a ningún patrón concreto y
no hay que olvidar que ahora mismo también hay un colectivo objeto de
acoso: el niño o niña pobre que, a consecuencia de esta crisis económica
que ha dejado en España a uno de cada tres niños en riesgo de pobreza o
exclusión social, llega a la escuela y sufre las burlas de sus
compañeros.


Lo más importante del acoso escolar es que cada alumno o alumna
que lo sufre padece un problema traumático que puede marcar su futuro si
no se sabe detectar y parar a tiempo, porque repercute, lógicamente, en
el rendimiento escolar. Urge, pues —y creo que en eso estamos todos
de acuerdo—, buscar soluciones. Y al hablar de soluciones para
evitar el acoso escolar es imprescindible que hablemos de la convivencia
escolar, pero esto es complejo porque mantener la convivencia requiere
una serie de intervenciones planificadas en los centros y elaboradas y
coordinadas entre las administraciones educativas: lógicamente, el
Gobierno y los gobiernos de las comunidades autónomas.


El problema del acoso escolar es un problema de convivencia y no
puede ni debe ser simplificado mediante la creación de un teléfono de
apoyo, cursos online, páginas web, que están muy bien —como la que
ha elaborado el ministerio—, pero que no son suficientes. Este
problema no puede ser abordado sin hacer un diagnóstico riguroso y sin
establecer una tipología de los problemas de convivencia escolares y sin
basarlo en medidas de intervención avaladas por estudios científicos que
hay en esta materia. La mejora de la convivencia en los centros
educativos debe ser, por tanto, el objetivo prioritario a lograr, ya que
comporta múltiples beneficios para todos los integrantes de la comunidad
educativa. Incide, además, en el mejor aprovechamiento de los procesos de
enseñanza y aprendizaje. Los planes de convivencia escolar,
efectivamente, no son nuevos, pero hoy son una necesidad urgente, una
necesidad que conlleva una exigencia legal para que todos los centros
cuenten con un plan de convivencia y, dentro de este, un protocolo de
actuación para hacer frente al acoso escolar.


El Partido Popular nos ha presentado hoy una moción que, en
principio, parece muy oportuna. Parece muy oportuna, pero déjenme que les
diga que, después de la intervención del señor Marín, yo diría que es
quizá innecesaria, porque con la autosatisfacción que nos la ha expuesto
da a entender que el Gobierno ya ha realizado todo, absolutamente todo lo
que hay que hacer en este sentido; con lo cual, yo me planteo si no
estaremos aquí realmente desperdiciando el tiempo, puesto que el Gobierno
ya ha tomado todas las medidas que habría que tomar. En cualquier caso, a
nosotros la moción nos parecía aun así insuficiente y, por eso,
presentamos una serie de enmiendas para concretar las actuaciones que
creemos que se deberían incluir por parte de la Administración
central.


En este sentido —y es verdad, lo decía también el senador
Marín—, no podemos olvidar que es fundamental proporcionar una
formación sólida al profesorado —cierto— para que sepa
detectar los síntomas y aplicar las medidas preventivas y de actuación
necesarias, potenciando en los centros la creación de equipos de
profesores responsables de convivencia, como ya funcionan en algunos.
Pero también, y no lo olvidemos, hay que educar en valores sociales, en
la tolerancia, en el respeto a los demás, valores que se impartían
—y lo recordarán ustedes muy bien— en la asignatura
denominada Educación para la ciudadanía, que fue aniquilada por el
Partido Popular cuando aprobó la LOMCE y que se debería recuperar de
forma inmediata.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Álvarez
Villazán.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Lima.


La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, quizá voy a repetirme un poco porque los compañeros del
Grupo Mixto y de otros grupos ya lo han comentado, pero el Plan de
estrategia de convivencia escolar que se presentó en enero y que menciona
la moción no contó con la participación, por ejemplo, de la Plataforma
por la Educación Pública y de hecho no asistió a su presentación por no
haber contado con la participación de todas las entidades de la sociedad
civil. Por lo tanto, se trata de un plan que, de nuevo, no ha sido
precedido por un proceso participativo.


También es normal que ese carácter centralizador que le sale de
forma innata al Gobierno lo manifieste constantemente ninguneando a las
comunidades autónomas y sus planes e iniciativas, que ya existen y
funcionan. Y eso no se puede permitir, no se puede continuar así porque,
al final, todas las comunidades autónomas van a querer buscar esa
independencia y vamos a tener que cerrar el Senado, señorías, eso va a
ser así. No nos cansamos de repetir que España es un país de países.


Existe una inercia de crear planes y de hacer pactos como setas,
creyendo que así vamos arreglando las cosas; es un continuo yo me lo
guiso, yo me lo como. Tenemos que ser coherentes y serios y, por tanto,
esas competencias delegadas a nivel educativo en las comunidades
autónomas nos impelen a contar con ellas y a hablar de coordinación, no
de colaboración, sino de coordinación.


Hemos planteado una enmienda que hace hincapié en los conceptos
que se utilizan, como, por ejemplo, impulsar. Las palabras que utilizamos
son importantes: podríamos hablar de implementar o simplemente de hacer,
porque esos términos implican un compromiso de cumplimiento real. Es
verdad que las palabras contienen fuerza a la hora de declarar
intenciones, pero son los hechos los que expresan la voluntad política
real.


Por último, y como siempre, sería importante acompañar esta
propuesta de una partida o dotación presupuestaria, porque sin ella es
imposible poder desarrollarla. Puesto que el plan anterior contaba con
una partida presupuestaria de seis millones de euros, esta vez también es
necesaria, pero hemos buscado y no la hemos encontrado, con lo cual,
actualmente esta partida cuenta con cero euros.


Muchas gracias por escucharme.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
Lima.


Tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Popular
en el Senado para establecer si acepta o no las enmiendas a la moción
original.


Señora González, tiene la palabra.


La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Gracias de verdad a todos los grupos por las enmiendas presentadas
y por las propuestas: quince. Nos hubiera gustado recoger todos los
puntos en una única enmienda, pero era imposible y hemos presentado una
transaccional, que ahora expondremos, y que pretende recoger la mayoría
de las propuestas de los diferentes grupos.


Efectivamente, hemos integrado la propuesta de Socialistas por la
Gomera relativa a la necesidad de la colaboración y coordinación con las
comunidades autónomas, en concreto con las consejerías de educación, y
con las universidades.


También hemos recogido la propuesta del Grupo Parlamentario Vasco
de garantizar la necesaria coordinación con las comunidades autónomas
para resolver cuestiones y puntos, como lo tratado aquí sobre el teléfono
de acoso que tienen puesto en marcha determinadas comunidades autónomas y
al que ayer hizo referencia el señor ministro, para encontrar una manera
de comprometernos para resolver esta cuestión.


Además, se han incluido las propuestas del Grupo Socialista, de
Compromís, en Comú Podem, En Marea y como Podemos sobre la necesidad de
establecer acciones específicas de prevención, además de un protocolo de
actuación efectivo contra el acoso.


Efectivamente, el senador de Compromís ha hablado de la necesidad
del observatorio, de la necesidad de que se convoque y se ponga en
marcha. Hay un compromiso por parte del Gobierno para que se ponga en
marcha de la forma más breve posible y que se reanuden las reuniones
anuales. La propuesta es de Compromís, pero el Grupo Socialista también
ha hecho mención a ello.


Con respecto al Grupo Podemos, no nos saltamos las competencias de
las diferentes comunidades autónomas y no es cierto que haya cero de
partida presupuestaria. Este pasado viernes, en el Consejo de Ministros
del 9 de diciembre, se aprobó una partida presupuestaria de 1,5 millones
de euros —lo pueden ustedes consultar en su página web—, que
se denomina Programa de cooperación territorial de convivencia escolar,
cuyo objeto es impulsar medidas para la prevención, detección y solución
pacífica de conflictos. Por tanto, sí hay una partida, no dentro del
presupuesto, que por supuesto todavía no hemos aprobado, pero sí hay una
partida concreta que se aprobó el pasado viernes en Consejo de
Ministros.


Estoy satisfecha, estoy contenta de haber llegado a determinados
acuerdos, pero hay que dar un paso más, y me gustaría convencer a uno de
los grupos que ha dicho que esto no es más que algo paradójico y que
supone dar un paso atrás. No, señoría del Partido Democrático Catalán,
pretende recoger todo aquello que se está poniendo en marcha e incluso
otras comunidades que ya lo han puesto en marcha pueden aprender de
aquellas que lo vayan a iniciar.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya
terminando.


La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Termino, señor presidente.


No obstante, después, en el turno de portavoces, me gustaría ser
capaz de convencerles y poder ponernos de acuerdo todos los grupos porque
no podemos dar la espalda a un tema tan importante, de crucial
importancia.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senadora
González.


Pasamos al turno de portavoces.


¿Quiénes van a intervenir por el Grupo Parlamentario Mixto?
(Pausa).


Tiene la palabra el señor Bagué.


El señor BAGUÉ ROURA: Gràcies, senyor president.


La posició del Grup del Partit Demòcrata inicialment, l’hi
confessaré, senadora González, era votar-hi en contra. Per aquestes
millores que han incorporat, que han matisat el text que tenien com a
moció, passarem a abstenir-nos. Per tant, hem avançat i hem acostat
posicions, però no suficients com per votar-hi a favor. Per quins motius?
Els que ja hem exposat abans. Aquí sembla que ens estem movent a còpia de
buscar titulars de premsa. Com que hi ha hagut alguns casos mediàtics
d’assetjament, fem un Plan Nacional contra el Acoso Escolar.
Hauríem de ser més rigorosos.


Si precisament el que ha passat aquests anys és que moltes
administracions territorials, molts governs autonòmics, també el Govern
de la Generalitat, han tirat endavant protocols d’actuació que han
estat eficaços, eficients, i que han resolt moltes situacions, per què
hem de malmetre això? Per què no ho hem de tenir en compte?


Segona qüestió: es despengen amb un telèfon d’atenció a la
infància que el senador Marí, en la primera intervenció, deia que havia
tingut molt d’èxit. És clar, deu haver tingut èxit allà on no hi
havia cap telèfon d’atenció. En aquells llocs on ja hi havia un
telèfon d’atenció. Per exemple, al Govern de la Generalitat hi ha
un telèfon d’Infància Respon, que és el 116111, que va
atendre 168 casos relacions amb l’assetjament aquest darrer curs
i 13 més per maltractaments a menors. Per tant, fixi’s si feia anys
que ja hi havia administracions que estaven treballant en aquesta
qüestió.


El que plantegem nosaltres és que no té sentit que cada vegada que
vulguem fer aquesta mena de brindis al sol anem fent planes nacionales.
Nosaltres proposàvem un acord precisament per recollir i regular totes
aquelles experiències positives, que són moltes, que hi ha hagut aquests
darrers anys. En aquest sentit, per tant, el que farem nosaltres és, com
li deia, passar del vot negatiu a l’abstenció perquè sí que és cert
que han fet l’esforç d’incorporar el respecte a les
competències de les comunitats autònomes, però continuem lamentant que no
hagin volgut deixar-ho en un acord marc.


Fins i tot la qüestió més central de totes: no té sentit que
l’






única administració que no té competències en Educació i que, per
tant, no treballa el dia a dia de les escoles sigui la que lideri el Plan
Nacional contra l’assetjament escolar. No té sentit per concepte,
perquè el qui té el dia a dia, treballa i veu la problemàtica de manera
ordinària d’aquest tipus de problemes són els governs autonòmics i
els ajuntaments, fins i tot. No té sentit que anem elaborant planes
nacionales pretenent liderar una qüestió que no competeix, és que és de
concepte.


Agraeixo, això sí, tots els esforços d’incorporació
positiva, crec que la moció ha quedat molt clarament millor a la que hi
havia inicialment, vull ser honest i reconèixer-ho, però té poc sentit
que aquell que no té competències i no viu el dia a dia de
l’educació sigui el que hagi de liderar aquest Plan Nacional contra
l’assetjament. És una qüestió de concepte. Ho dic amb el millor
dels tons i la millor de les actituds. Com li deia, passem del no a
l’abstenció, però no podem donar suport, almenys de moment, a
aquesta moció.


Moltes gràcies.


Gracias, señor presidente.


Senadora González, le voy a confesar que la posición inicial del
Partido Demócrata era votar en contra; precisamente por estas mejoras que
han incorporado y han matizado el texto de la moción, vamos a
abstenernos. Por lo tanto, hemos avanzado y hemos acercado posiciones,
pero no lo suficiente como para votar a favor. ¿Por qué motivos? Por los
ya expuestos anteriormente. Parece que nos estamos moviendo a base de
buscar titulares de prensa: como se han producido algunos casos
mediáticos de acoso, vamos a crear un plan nacional contra el acoso
escolar. Deberíamos ser más rigurosos.


Si precisamente lo que ha sucedido estos años es que muchas
administraciones territoriales, muchos gobiernos autonómicos, también el
Gobierno de la Generalitat, han impulsado protocolos de actuación que han
sido eficaces, eficientes y que han solucionado muchas situaciones, ¿para
qué dejar a un lado todo lo logrado? ¿Por qué no tenerlo en cuenta?


En segundo lugar, vienen aquí con un teléfono de atención a la
infancia y, en su primera intervención, el senador Marí ha dicho que
había tenido un gran éxito. Claro, seguro que ha tenido un gran éxito
allí donde no existía un teléfono de atención, pero no en los lugares
donde ya se contaba con un teléfono de atención, como, por ejemplo, el
Teléfono Infancia Responde 116 111, de la Generalitat, que atendió 168
relacionados con el acoso y 13 más de maltrato a menores en el último
curso. Con lo cual, fíjense ustedes, si hacía años que ya había
administraciones trabajando en esta cuestión.


Lo que nosotros planteamos es que no tiene sentido que hagamos
este tipo de brindis al sol y creemos nuevos planes nacionales. Nosotros
proponíamos un acuerdo marco precisamente para recoger y regular todas
las experiencias positivas, que son muchas, que ya han existido en estos
últimos años. En este sentido, lo que vamos a hacer nosotros es, como ya
he dicho, pasar del voto negativo a la abstención porque sí es cierto que
han hecho el esfuerzo de incorporar el respeto a las competencias de las
comunidades autónomas, pero seguimos lamentando que no hayan querido
dejarlo en acuerdo marco.


La cuestión central para nosotros es que no tiene sentido que la
única administración que carece de competencias en educación y que, por
tanto, no trabaja en el día a día de las escuelas, sea la que lidere el
plan nacional contra el acoso escolar. No tiene sentido por concepto,
porque el que vive ese día a día, el que trabaja, el que observa la
problemática de forma ordinaria este tipo de problemas son los gobiernos
autonómicos e, incluso, los ayuntamientos. Por tanto, no tiene sentido
que sigamos elaborando planes nacionales, pretendiendo liderar una
cuestión que no compete. Es de concepto, lo lamento.


Lo que sí agradezco son todos los esfuerzos positivos de
incorporación, porque, a todas luces, la moción ha quedado mejor respecto
a la que inicialmente existía. Quiero ser honesto y quiero reconocérselo,
pero también es cierto que no tiene demasiado sentido que aquellos que no
tienen competencias y no experimentan el día a día de la educación sean
los que lideren este plan nacional contra el acoso. Es una cuestión de
concepto, y lo digo con el mejor de los tonos y la mejor de las
actitudes. Pasamos del no a la abstención, como mencionaba, pero no vamos
a poder apoyar, al menos de momento, esta moción.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador
Bagué.


Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la senadora
Iparragirre.


La señora IPARRAGIRRE BEMPOSTA: Gracias, señor presidente.


Como le he dicho antes, volvemos a lo mismo: instar al Gobierno a
un plan nacional contra el acoso escolar. Se ha mencionado anteriormente
el plan estratégico en el curso 2015/2016, que ya figura en la propia
moción. Hay momentos en los que da la sensación de que cuando el Gobierno
pone en marcha un plan —como debe ser—, el Grupo Popular, que
lo sustenta, nos lo trae aquí para que entre todos debatamos, para que
entre todos nos pongamos de acuerdo —no seré yo la que diga que no
hay que llegar a esos acuerdos—, pero es algo así como: tenemos
todo esto ya hecho, súmense a lo que tenemos hecho y alcancemos el
acuerdo.


Como educadora infantil, puedo decir que cuando los niños de
cuatro años tienen que ponerse de acuerdo, uno tiene que ceder en una
parte y otro tiene que ceder en otra. En este caso, creo que no es
cuestión tanto de ceder como de escucharnos, y si verdaderamente hay un
deseo de crear un foro en el que cada uno opine, que sea de esa manera,
desde el planteamiento de cada uno, de lo que cada uno conceptúa, porque
está claro que los aquí representados no conceptuamos de la misma manera.
Pongámonos en marcha, debatamos y, posteriormente, concluyamos, que sean
esas las conclusiones y no las previas, ya existentes, las que se tengan
en cuenta. Es la sensación que queda plan tras plan en unos casos y en
otros: modificando este poquito, a ver si ustedes se suman a lo que yo
tengo.


Comparto la importancia que tiene el tema desde el principio y me
parece muy interesante lo que ha mencionado la senadora Lima sobre la
importancia de las palabras, y es que esta moción, la original, a nuestro
criterio, era quizá como la anterior moción: había un cierto desfase
entre el punto 1 y el punto 2 en cuanto al nivel de concreción; sin duda,
en el primero se elaboraba el plan nacional y en el segundo se
impulsaba... Pero impulsar es una cosa, elaborar es otra e implementar
otra. Con esto quiero decir que la semántica que se utiliza en los
términos es importante, y lo es también —se ha reflejado en otra
intervención— si hablamos de pacto nacional o de acuerdo marco,
donde los demás podamos sentirnos más cómodos con las aportaciones que
traemos y no, como decía, en ese súmense a lo que yo tenía.


Nuestra valoración sigue siendo que la importancia del tema
requiere que tomemos medidas serias y coordinadas, porque no hay otra
manera de dar respuesta a este problema, de lo contrario nos podemos
encontrar cada equis semanas volviendo a debatir sobre qué hacemos con
este asunto. Y me parece que esto no sería positivo para ninguno de los
aquí presentes porque nuestra tarea, más allá de debatir y de legislar,
es dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, en este caso a los
niños y a las niñas y a los adolescentes que sufren a diario este tipo de
problemática. Por ello digo que la transaccional que se ha conseguido es
mucho más concreta, tiene una mayor precisión —por lo menos se
habla ya de medidas, se habla de otro tipo de concreciones— que la
primera propuesta que se nos trajo.


Es cierto que llama la atención que el segundo punto sigue siendo
«impulsar medidas específicas para prevenir», cuando ya en la nueva
redacción aparecía «este plan incluirá acciones específicas de
prevención, detección», es decir, esa es la concreción necesaria. Luego
nos tendremos que poner de acuerdo sobre qué acciones entendemos los
diferentes grupos que deben llevarse a cabo, pero permítanme que les diga
que ya no estamos para «impulsar medidas específicas para prevenir», ya
no estamos para ello. El tema es lo suficientemente serio como para
abordarlo con medidas concretas, con medidas acordadas por todos y que
puedan tener una solución.


Como decía, nos preocupa y nos ocupa este tema, consideramos
necesario este mayor nivel de concreción que se ha conseguido en esta
segunda ocasión y entendemos que se acerca más a aquello que podemos
entender.


Plan nacional/acuerdo marco, no me voy a repetir, llevo varias
intervenciones hablando de la duda que nos genera el plan nacional. A lo
mejor, la terminología nos ayudaría para poder encontrarnos, pero valoro
positivamente también, como se ha dicho anteriormente, la búsqueda de
acuerdos y que sea por ese camino por el que podamos, si no plenamente,
al menos no imposibilitar que las cosas sigan para adelante. Estos
alumnos —estos niños y niñas y estos adolescentes— necesitan
de esa manera eficaz y coordinada también entre nosotros, no solamente
con los que van a tener que intervenir en el problema propiamente dicho.
Pongámonos de acuerdo y, de manera coordinada y eficaz, demos respuesta
en la parte que nos corresponde para que las medidas necesaria se puedan
implementar.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Iparragirre.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana, tiene la palabra
la senadora Cortés.


La senadora CORTÈS GÈS: Gracias, señor presidente. Señorías.


El Grup Parlamentari Popular avui ens ha presentat una moció en
què instava al Govern de l’Estat espanyol a elaborar, amb la
col·laboració de la comunitat educativa, un Plan Nacional de lluita
contra l’assetjament escolar. En primer lloc, volem fer palès el
compromís total i absolut d’Esquerra Republicana en aquests temes i
el nostre compromís amb la lluita contra qualsevol tipus de
discriminació.


Entenem i defensem que les persones tenen dret a desenvolupar la
seva vida pública i privada sense marginació, sense discriminació de cap
tipus i que cal garantir aquest dret i promocionar el respecte a la
igualtat de tracte i vetllar perquè el conjunt de la ciutadania pugui
viure sense discriminacions per raó d’identitat, de gènere,
d’orientació sexual, de religió, d’opinió o de qualsevol
altra condició o circumstància personal o social, i que tothom ha de
poder viure la seva identitat lliure de discriminacions.


Condemnem tot tipus de discriminació pel motiu que sigui. Els
nostres arguments i el nostre rebuig a l’assetjament que en molts
casos es produeix l’hem fet palès en les mocions que hem anat
presentant i aprovant en els diferents ajuntaments de Catalunya. El
Parlament de Catalunya, per posar un exemple, ha reconegut la necessitat
de polítiques antidiscriminatòries que ens dotin d’instruments i
que apoderin les persones, per exemple, del col·lectiu LGTBI, que ja van
passar per aquí en aquest Senat, per combatre aquesta discriminació.


I la Generalitat ha estat pionera en l’aprovació d’una
llei, la Llei 11/2014, contra l’homofòbia, la bifòbia i la
transfòbia. Una llei que dóna resposta a reivindicacions que durant molts
anys ha fet el teixit associatiu. Una llei que només existeix a Catalunya
i que és un pas endavant cap al reconeixement dels drets de les persones
LGTBI. Una llei de garantia de drets, en la qual, evidentment, Esquerra
Repúblicana de Catalunya, hi va votar a favor.


Tot i així, des d’Esquerra lamentem que els grups
parlamentaris presentin mocions al Senat que no sóc competència del
Senat. Aquesta moció és específica d’Ensenyament i les competències
d’Ensenyament estan transferides a les comunitats autònomes, i
Catalunya té competència plena en aquesta matèria. Per això no podem
entendre que es presenti aquesta moció al Senat, sabent que vulnera les
competències de la Generalitat de Catalunya. Tot i així, volem deixar
molt clar que el nostre suport en la lluita contra l’assetjament
escolar és absolutament i total a favor, i volem garantir els drets de
les persones. Hem de rebutjar, combatre, prevenir tots els actes
provocats per l’odi cap a qualsevol tipus de discriminació,
exclusió i injustícia.


Els docents en tenim experiència, ho vivim de primera mà, sabem
perfectament el sofriment que comporta als nens i nenes, als joves, que
pateixen l’assetjament escolar, i també per a les seves famílies,
arribant a punts gravíssims i extrems de llevar-se la vida en algunes
ocasions. Malauradament, aquest tema no és nou, sinó que prové de fa
molts anys, des de sempre. Per això, la Generalitat de Catalunya fa anys
que emprèn accions i lleis en aquest sentit.


Tot i que, com anteriorment he dit, Esquerra Republicana està
d’acord amb la lluita contra l’assetjament sexual, ai, perdó,
contra l’assetjament escolar i de tot tipus, no podem acceptar que
en aquesta cambra s’envaeixin competències de la Generalitat de
Catalunya. Votaríem que no per la invasió de competències, però ens
abstindrem en el nostre vot justament perquè no volem dificultar cap
acció que ajudi a prevenir l’assetjament escolar i a defensar els
drets de les persones. El nostre vot serà d’abstenció. Tot i així,
el nostre compromís, el d’Esquerra Republicana, és el de seguir
lluitant pels drets de les persones per avançar cap a una república
catalana de persones lliures.


Moltes gràcies. (Aplaudiments.)


El Grupo Parlamentario Popular hoy nos ha presentado una moción
instando al Gobierno del Estado español a elaborar con la colaboración de
la comunidad educativa un plan nacional de lucha contra el acoso escolar.
Ante todo, queremos manifestar el compromiso total y absoluto de Esquerra
Republicana en estos temas y nuestro compromiso en la lucha contra
cualquier tipo de discriminación.


Entendemos y defendemos que las personas tienen derecho a
desarrollar su vida pública y privada sin marginación, sin discriminación
de ningún tipo, y que debemos garantizar este derecho y promocionar el
respeto a la igualdad de trato y velar para que el conjunto de la
ciudadanía pueda vivir sin discriminaciones por razón de identidad, de
género, de orientación sexual, de religión, de opinión o de cualquier
otra condición o circunstancia personal o social, así como que todo el
mundo debe poder vivir su propia identidad libre de
discriminaciones.


Condenamos cualquier tipo de discriminación por el motivo que sea.
Nuestro argumento, nuestro rechazo al acoso que se produce en muchos
casos lo hemos manifestado en las mociones que hemos venido presentando
en los distintos ayuntamientos y aprobando en Cataluña. El Parlamento de
Cataluña, por dar un ejemplo, ha reconocido la necesidad de políticas
antidiscriminatorias que nos doten de instrumentos y que empoderen a las
personas, por ejemplo, del colectivo LGBTI, que ya pasó por este mismo
Senado para combatir esa discriminación.


Y la Generalitat ha sido pionera en la aprobación de una ley, la
Ley 11/2014, contra la homofobia, la bifobia y la transfobia, una ley que
da respuesta a reivindicaciones que durante muchos años ha realizado el
tejido asociativo, una ley que tan solo existe en Cataluña y que es un
paso adelante hacia el reconocimiento de los derechos de las personas
LGTBI, una ley de garantía de derechos que, evidentemente, Esquerra
Republicana de Cataluña votó a favor.


Aun así, en Esquerra lamentamos que los grupos parlamentarios
presenten mociones en el Senado que no son competencia del Senado. Esta
moción es una moción específica de educación y las competencias de
educación están transferidas a las comunidades autónomas, y Cataluña
tiene competencia plena en esta materia. Por ese motivo no podemos
comprender que se presente esta moción en el Senado sabiendo que vulnera
las competencias de la Generalitat de Cataluña. Aun así, queremos dejar
muy claro que nuestro apoyo en la lucha contra el acoso escolar es total
y absolutamente a favor y queremos garantizar los derechos de las
personas. Debemos rechazar, combatir, prevenir todos los actos provocados
por el odio ante cualquier tipo de discriminación, exclusión o
injusticia.


Los docentes que tenemos experiencia en este campo lo vivimos de
primera mano; conocemos el sufrimiento que padecen los jóvenes, los
niños, las niñas que sufren ese acoso escolar y también sus familias, que
llegan en ocasiones a extremos gravísimos como el de quitarse su propia
vida. Lamentablemente, no es un tema nuevo, sino que procede del pasado,
de hace muchos años, desde siempre. Por eso, la Generalitat de Cataluña
hace años que lleva asumiendo leyes y acciones en este sentido.


Como ya he dicho anteriormente, Esquerra Republicana está a favor
de la lucha contra el acoso escolar y de todo tipo, pero no podemos
aceptar que en esta Cámara se invadan competencias de la Generalitat de
Cataluña. Votaríamos en contra por la invasión de competencias, pero, al
final, nuestro voto será la abstención justamente porque no queremos
dificultar ninguna acción que ayude a prevenir el acoso escolar y a
defender los derechos de las personas. Como digo, nuestro voto será la
abstención. Aun así, nuestro compromiso, el compromiso de Esquerra
Republicana es el de seguir luchando por los derechos de las personas
para avanzar hacia una república catalana de personas libres.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Cortès.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Lima.


La señora LIMA GOZÁLVEZ: Gracias, señor vicepresidente.


Señorías, ayer, en la Comisión de Educación y Deporte, el ministro
de Educación habló del acoso escolar, el tema que nos ocupa, y de las
medidas del Plan estratégico que abordaban este asunto. Es cierto que la
moción planteada complementa este Plan estratégico.


El bullying escolar es una situación extremadamente grave y
delicada. El ministro de Educación habló de que este plan se realizó con
un intenso proceso participativo con la comunidad educativa, con las
comunidades autónomas, y repitió varias veces que es importante trabajar
con ellas. Por tanto, esos planes que se han realizado en las comunidades
autónomas se tendrían que haber recogido previamente para poder
desarrollar este plan, y así esos éxitos y fracasos podrían habernos
ayudado a erradicar desigualdades entre las comunidades.


El ministro también hablaba de siete ejes transversales que
abordan este plan, esta estrategia de convivencia escolar, y se refería,
por ejemplo, a la educación inclusiva. Me gustó verlo, pero me gustaría
mucho más verlo en el título de una ley, derogando la LOMCE y con una
nueva ley educativa que se titulara educación inclusiva. Asimismo hablaba
de educación en los sentimientos, por ejemplo. Bueno, supongo que la
realidad LGTBI estaba dentro de ese eje transversal, aunque es mucho
suponer. En ocasiones nos presentan iniciativas tan ambiguas, tan vagas
que nos están obligando a una nueva modalidad de legislación, que es la
legislación imaginativa. Las cosas que no se nombran, difícilmente se
pueden erradicar. Creemos que la LGTBfobia debería tener entidad propia y
reconocimiento explícito en esos ejes transversales.


Retomando lo anterior, en relación con las comunidades autónomas y
los planes específicos de cada una de ellas, por ejemplo, en la Comunidad
Valenciana contamos con el plan Previ y se creó también en les Corts una
comisión para estudiar cómo erradicar la lacra del acoso escolar porque
los datos han dejado patente que es una preocupación en alza. Eso tiene
que valorarse. No podemos obviar el trabajo que se ha realizado en las
comunidades autónomas; tampoco podemos obviar que el origen del acoso
escolar proviene, emana de un sustrato cultural que tenemos que abordar.
Por ejemplo, el informe de delitos de odio del 2015 hablaba de tres
aspectos: LGTBfobia, discafobia, como segundo dato más alarmante, y
xenofobia. Si eso que ocurre en la sociedad a nivel macro lo extrapolamos
a nivel micro, que en este caso sería el aula, tenemos que abordarlo de
esa manera global también, o sea, tenemos que remontarnos a las raíces de
por qué ocurre eso a nivel micro en el aula y atajar esa semilla, ese
sustrato cultural.


Para terminar, les diré que nosotros y nosotras nos vamos a
abstener en esta iniciativa, porque no estamos del todo contentos y
contentas con esta propuesta, porque necesitamos más concreción. Queremos
hechos, como hemos dicho antes, y que las palabras que se utilicen
reafirmen compromisos. Por eso, mantendremos una actitud vigilante y de
seguimiento acerca de esta cuestión y seguiremos trabajando para lograr
consensos, pero con esta actitud.


Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Muchas gracias, senadora
Lima.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador
Álvarez Villazán.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: Gracias, señor presidente.


Señorías, en primer lugar quiero agradecer el trabajo que ha
realizado la senadora González porque hay que reconocer que, con tantas
enmiendas, es digno de elogio que haya sido capaz de hacer una
transaccional que recoja fundamentalmente lo que todos exponíamos en cada
una de las nuestras, al menos en nuestro caso sí que recoge lo
fundamental de lo que presentábamos.


En especial, nos parece muy importante que se haya recogido la
exigencia de convocar el Observatorio estatal de la convivencia, dado
que, como señalaba anteriormente el senador Navarrete, desde 2007, año en
que fue creado por el Gobierno socialista para contribuir a la
construcción activa de un ambiente de convivencia escolar adecuado,
lamentablemente no se ha convocado ni una sola vez. No parece, señores
senadores del Grupo Popular, que la mejora del clima de convivencia en
los centros educativos haya sido una prioridad para el Gobierno del
Partido Popular durante estos últimos años. Por tanto, nos congratulamos
de que se exija esta convocatoria. Si bien es cierto que el pasado mes de
enero el Gobierno en funciones anunció un plan de convivencia, lo hizo
una vez más sin consultar con la comunidad educativa, sin consultar con
los expertos, sin consultar con los miembros del Observatorio estatal de
la convivencia, cuyas funciones precisamente son analizar situaciones,
hacer diagnósticos y proponer medidas que favorezcan la convivencia
escolar.


Déjenme que les exponga otra de nuestras preocupaciones en estos
momentos. Quizá en demasiadas ocasiones el enfoque que se transmite a la
opinión pública no sea el más riguroso, elevando a veces lo excepcional a
categoría y dando con ello una imagen distorsionada de la realidad,
centrándose en todos los tipos de conflictos, incluso el de violencia,
que se pueden producir en los centros educativos. Créanme que esto no
ayuda mucho, porque para afrontar el problema —es grave— es
fundamental conocer con rigor su dimensión. Hace muy poco, frente a
determinados estudios que están divulgando datos poco rigurosos, un
informe de la Ceapa, que coincide con otros estudios de acreditada
solvencia, señalaba que el acoso escolar afecta a un porcentaje que no
supera aproximadamente el 4 %, desmintiendo así determinados informes de
otras entidades que utilizan estos datos con cifras muy superiores y
cuyos objetivos no entiendo cuáles pueden ser, pero quizá pretendan crear
una alarma social desproporcionada para justificar su existencia y sus
actuaciones, y siendo el acoso y la violencia escolar algo a erradicar,
no podemos crear estas falsas alarmas, haciendo creer que los centros son
como espacios selváticos y olvidando que los centros educativos siguen
siendo los espacios más seguros para los menores después del ámbito
familiar. Por una parte, existe falta de información sobre lo que es el
acoso escolar y hay mucha gente que confunde actos puntuales inadecuados
con lo que realmente significa el acoso, y por otra, hay un porcentaje
importante de padres y madres que resta gravedad a los verdaderos casos
de acoso escolar. Por ello, junto con ese plan de formación del
profesorado, que está muy bien que se haga, creo que sería necesario un
plan de formación específico para padres y madres, que pueda ser llevado
a cabo perfectamente a través de las AMPA y con campañas de información
adecuada y de sensibilización para cambiar esa visión de las
familias.


No quiero decir que no haya que dar importancia a este tema,
incluso aunque solo existiera un caso de acoso y violencia deberíamos
actuar inmediatamente para que dejara de producirse, pero, insisto, para
poder actuar correctamente es imprescindible conocer la realidad tal y
como es y, por supuesto, dimensionar adecuadamente la envergadura del
problema. Si son importantes actuaciones de concienciación, más lo son
también las de carácter preventivo, que deben ser realizadas en el centro
educativo, porque es evidente que una falta de formación adecuada para
todos los sectores de la comunidad educativa es grave. Dado el lugar y la
forma en la que se produce mayoritariamente el acoso escolar, deben ser
todas las administraciones educativas, todas, quienes implanten estos
nuevos procedimientos de prevención y mediación basados, por supuesto
—vuelvo a insistir en ello—, en la promoción de la
convivencia con la participación fundamental del alumnado, de los padres
y madres y del profesorado, porque solo así entre todos…


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Señoría, vaya
terminando.


El señor ÁLVAREZ VILLAZÁN: … será posible erradicar estos
casos.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Sanz Alonso): Gracias, senador Álvarez
Villazán.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
González.


La señora GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias.


Señorías, el Grupo Popular ha presentado esta moción con el pleno
convencimiento de que es necesario prevenir y dar respuesta a una dura
realidad que lamentablemente viven muchos de nuestros niños, niñas y
jóvenes. No se trata, señorías, de un titular, no; no se trata de hacer
una moción y de que ustedes vayan añadiendo, sino de que estemos
plenamente convencidos de que en esta Cámara es necesario debatir esta
moción para llegar a puntos de encuentro, a acuerdos para tener un frente
común y único contra esta realidad que lamentablemente sí existe en
nuestras aulas.


Fíjense, el día 27 de abril de 2016, en este Senado, a una
propuesta de Ciudadanos, fuimos capaces de sacar una iniciativa adelante
en la que se instaba al Gobierno a desarrollar un protocolo contra el
acoso escolar, especialmente por orientación y causa sexual. Además,
instábamos a seguir trabajando en un plan estratégico. Fuimos capaces de
ponernos de acuerdo. Entiendo que hoy tenemos que dar un paso más y
tenemos que ponernos de acuerdo, como muy bien decía el senador Marí,
para poner en marcha un plan nacional contra el acoso escolar.


El acoso escolar es una situación común y actual de violencia en
nuestras aulas, fundamentalmente —ya se ha dicho aquí— a
través del teléfono móvil o de las redes sociales y, desde luego, tenemos
que impulsar una estrategia conjunta para abordar de forma implacable
esta realidad, algo que solo se puede hacer a través de la prevención y
de la atención personalizada y profesional. (El señor presidente ocupa la
Presidencia).


La atención y la mejora de la convivencia escolar son un objetivo
y un reto que tienen la mayoría de los sistemas educativos del mundo. El
senador del Grupo Socialista nos ha dicho que los datos son confusos y
que a veces se contradicen. Efectivamente, yo tengo aquí datos de un
último estudio de Unicef de 106 países que dice que la violencia se sitúa
entre el 7 y el 74 % entre menores de 13 a 15 años. O un estudio de
Microsoft, que dice que 1 de cada 4 jóvenes de entre 8 y 17 años sufren
ciberacoso. Los datos de la Ceapa de un 4 % son más que suficientes para
ponernos de acuerdo y trabajar contra una realidad que tenemos entre
manos y que requiere un compromiso de los diferentes grupos
políticos.


Señorías, el acoso ni es un simple juego de niños, ni es una
exageración, ni se debe exclusivamente a las tecnologías, ni es cierto
que si no hay agresión física no hay maltrato. Es un problema que está
latente y patente en nuestras aulas. Por eso, se requiere abordar de
forma efectiva, sistemática —lo ha dicho la portavoz del
PNV—, conjunta y sin fisuras.


Decía la senadora de Podemos que no se han recogido suficientes
propuestas. Es un ámbito que todavía está abierto. Se están recogiendo
propuestas para el Plan estratégico a favor de la convivencia escolar de
las comunidades autónomas, de los diferentes implicados, de la sociedad
civil y de la comunidad educativa. Y está listo para que cuando se
recojan todas esas propuestas se pueda aprobar, gracias al consenso, en
conferencia sectorial de las diferentes comunidades autónomas. Asimismo,
se han puesto en evidencia las diferentes propuestas que se han puesto en
marcha de forma urgente.


Estos días, cuando quise diferenciar entre la abundante
terminología que hay al respecto —bullying, ciberacoso, grooming,
happy slapping...—, encontraba una referencia en un libro que dice
así: Parecía una consulta más, pero aquel día era diferente. Cuando Pablo
entró en nuestro centro, tímido a la vez que inquieto, la experiencia nos
dijo que algo estaba sucediendo. Tras largas sesiones pudimos entrar de
lleno en su mundo, en el mundo del maltrato, del acoso, y créannos que
tras escuchar, comprender y analizar, nos dimos cuenta de que tenemos que
seguir trabajando en esta cuestión. Nosotros también. Señorías, Pablo y
muchos que han sufrido el acoso escolar no entienden de competencias, no
entienden de conceptos ni de que tengamos diferencias en esta cuestión,
entienden que nos tenemos que poner de acuerdo.


Yo estaba convencida de que iba a ser capaz de convencerles,
porque esta es una realidad que nos atañe a todos y, desde luego, la
ciudadanía cuenta y nos pide que seamos capaces de ponernos de acuerdo
para dar un primer paso y enfrentarnos a esta realidad. El Grupo Popular
cuenta con su apoyo.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora González.


Llamen a votación. (Pausa).


Cierren las puertas.


Señorías, antes de votar, información útil para sus señorías. Al
terminar el Pleno se van a reunir: la Comisión de Peticiones, en la sala
Manuel Giménez Abad. La Comisión de Cooperación Internacional para el
Desarrollo, en la sala Clara Campoamor. La Mesa y Portavoces de la
Comisión de Economía, Industria y Competitividad, en la sala Manuel
Broseta. La Mesa y Portavoces de la Comisión de Agricultura, Pesca y
Alimentación, en la sala Enrique Casas Vila. La Mesa y Portavoces de la
Comisión de Asuntos Exteriores, en la sala de Comunidades Autónomas. Y la
Mesa y Portavoces de la Comisión de Igualdad, en la sala 20001B.


A continuación, sometemos a votación la propuesta de modificación
firmada por todos los grupos parlamentarios a la moción del Grupo
Parlamentario Popular.


Comienza la votación. (Pausa).


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: presentes, 250;
votos emitidos, 250; a favor, 208; en contra, 1; abstenciones, 41.


El señor PRESIDENTE: Queda, por tanto, aprobada.









TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES




CONOCIMIENTO DIRECTO





ACUERDO DE PARÍS, HECHO EN PARÍS EL 12 DE DICIEMBRE DE 2015,
Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR.


610/000001



El señor presidente da lectura a los puntos 7., 7.1.
y 7.1.1.


El señor PRESIDENTE: No se han presentado propuestas a este
convenio.


¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa).


¿Senadora Vilà? (Denegaciones).


¿No hay intervenciones? (Rumores).


Señorías, estoy preguntando si alguien quiere intervenir en
relación con el convenio, con el Acuerdo de París. (Pausa).


Tiene la palabra el senador Palomo. (La señora Vilà Galán pide la
palabra).


Un momento, senador Palomo.


Tiene la palabra la senadora Vilà.


La señora VILÀ GALÁN: En principio, entre todos habíamos acordado
que interveníamos todos los grupos por un tiempo de diez minutos cada
uno. Nosotros no renunciamos a esa intervención. Pensaba que usted se
refería a si había habido alguna propuesta o intervención.


El señor PRESIDENTE: Senadora Vilà, no todos los grupos han
pedido ni han querido intervenir. No se llegó a un acuerdo sobre el
tiempo. Normalmente, el tiempo de intervención suele ser de cinco
minutos. Si usted quiere intervenir, hágalo, por eso le he preguntado, y
luego lo hará el señor Palomo, que también quiere intervenir.


Tiene usted la palabra. (Rumores). Señorías, guarden silencio,
por favor.


La señora VILÀ GALÁN: Gracias, presidente.


Ciertamente, el cambio climático es uno de los mayores retos
ambientales, económicos y sociales a los que nos enfrentamos en el siglo
XXI. Por tanto, la lucha contra el cambio climático debe ser afrontada de
una forma multilateral partiendo del principio común pero también
diferenciando, por supuesto, las distintas responsabilidades dependiendo
de las distintas partes. Por eso, los gobiernos han reconocido en el
acuerdo del cambio climático de París la urgencia de actuar para reducir
las emisiones de gases de efecto invernadero, mantener el aumento de la
temperatura media mundial por debajo de los 2º y proseguir los esfuerzos
para que ese aumento no supere el 1,5º centígrados respecto a las
temperaturas preindustriales.


El acuerdo de la Cumbre de París, sin duda, siempre es una buena
noticia a la que damos nuestro apoyo más sincero. Sin embargo, albergamos
serias dudas por los reiterados incumplimientos de las partes desde hace
ya veinticuatro años. Me refiero a los incumplimientos del acuerdo de la
Cumbre de Río de Janeiro, por ejemplo, de 1992. Allí se empezó a luchar
de forma oficial contra el cambio climático, pero dicho acuerdo no iba
acompañado de ninguna medida. En 1997 fue la tercera Cumbre contra el
cambio climático y allí se firmó el protocolo de Kioto, pero ni Estados
Unidos ni China lo firmaron. Desgraciadamente, España no lo ratificó
hasta el año 2005. En 2009, en Copenhague, con el COP 15, tampoco
teníamos un texto vinculante ni objetivos cuantitativos ni tampoco
plazos. Fue una gran decepción para las organizaciones ecologistas. Los
objetivos de estos acuerdos consistían en reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero para prevenir las consecuencias catastróficas del
cambio climático. Pese a todos estos acuerdos, hemos pasado de emitir 21
gigatoneladas en 1992 a 33 gigatoneladas en 2014. Por eso, albergamos
serias dudas. Del mismo modo, las concentraciones de dióxido atmosférico
también han pasado de 350 ppm a 400 ppm. La comunidad científica está
advirtiendo de que llegamos al límite de estado catastrófico. Este año ha
sido el más caluroso jamás registrado; de los dieciséis años más
calurosos de la historia, catorce se han producido en este siglo.


El de París fue un acuerdo pequeño y creemos que su ratificación
parcial en la Cumbre de Marrakech fue un buen ejemplo declarativo por las
políticas amenazantes de Donald Trump. Nosotros no nos quedamos solo con
las declaraciones, no queremos solo buenas intenciones, sino que queremos
una agenda, un compromiso concreto. España, debido a la crisis también,
ha reducido algunas emisiones de GEI, pero las está aumentando desde el
año 2014, concretamente en un 4,3 %. (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


La señora VILÀ GALÁN: Es urgente la transición hacia un modelo
energético renovable, eficiente, sostenible y justo, que garantice el
acceso universal a la energía.


España llega tarde y mal. La Cumbre de Marrakech ya se ha
celebrado y España no fue, no estaba, no era uno de los 111 países que
llegó a la cumbre con el acuerdo ratificado.


El Gobierno se excusa diciendo que estaba en funciones, pues
bien, el Gobierno también estaba en funciones cuando el 14 de octubre
autorizó la firma del CETA, por ejemplo, el tratado de libre comercio con
Canadá. También estaba en funciones el Gobierno cuando ratificó
vergonzosamente un acuerdo con la Unión Europea y con Turquía para
financiar al dictador sanguinario y fanático Erdogan, con tal de retener
a los refugiados que huyen de los países en cuya destrucción colabora
España.


Señorías, tenemos que considerar este acuerdo como un acuerdo de
mínimos que requiere ser aplicado de manera más ambiciosa en nuestro
país, que es el más amenazado por desertificación de la Unión Europea.
Por eso, instamos al Gobierno a la adopción de las medidas legislativas
reglamentarias y políticas que resulten necesarias para la efectiva
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación
de sus impactos. Nos parece una buena noticia el anuncio del presidente
de impulsar una ley contra el cambio climático, pero también albergamos
serias dudas con esta ley. Nosotros vamos a participar de lleno en ella,
no tengan la menor duda.


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


La señora VILÀ GALÁN: Voy acabando.


Punto número uno, esperamos que esta ley no sea un brindis al sol
al calor de la fiesta climática de Marrakech; punto número dos, que esta
ley de cambio climático de Rajoy no resulte finalmente tan decepcionante
como la ley de Zapatero; y punto número tres, que entre los asesores con
los que se cuente para su redacción no se encuentren los negacionistas
que han hecho tanto daño, como el primo del señor presidente.
(Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el
senador Palomo.


El señor PALOMO GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Efectivamente, hace un año y un día se alcanzaba el Acuerdo de
París que hoy se trae a ratificación de esta Cámara. En nombre del Grupo
Socialista manifiesto nuestro voto favorable, como ya se hizo en el
Congreso los Diputados, porque creemos que es un buen acuerdo dentro de
lo que se puede alcanzar en este momento en la comunidad
internacional.


El acuerdo tiene como antecedente inmediato el Protocolo de Kioto
pero, sobre todo, es fruto de las evidencias innegables sobre el
calentamiento que está sufriendo nuestro planeta por el incremento del
CO2 y otros gases de efecto invernadero. Este calentamiento es
especialmente perceptible en los mares y océanos, y las consecuencias son
por todos conocidas: fenómenos devastadores para las poblaciones, para la
agricultura y para la propia naturaleza en forma de lluvias torrenciales
y sequías especialmente duras. También hay que añadir otros efectos
negativos, tanto o más importantes, como son la pérdida de la
biodiversidad, la pérdida de hielos polares y en los glaciares y en
último extremo el continuo ascenso del nivel del mar como consecuencia de
todo ello. Hay consenso en la comunidad científica sobre que el cambio
climático es la mayor amenaza a la que se enfrentan el planeta y la
humanidad en los próximos tiempos. Ha empezado a correr el reloj y a
partir de ahora la situación puede ser irreversible, por lo tanto esta
debe ser nuestra primera preocupación.


El acuerdo de hace un año debía ser ratificado por cincuenta y
cinco países que representaran el 55 % de las emisiones y a día de hoy se
ha superado ampliamente esa cifra. El pasado mes de octubre se alcanzó el
requisito que permitió la entrada en vigor del acuerdo: la aceptación
formal por parte de cincuenta y cinco países. Al cierre de la conferencia
de Marrakech ya habían ratificado el acuerdo un total de ciento once
países, más de las tres cuartas partes de las emisiones globales. España
y su Gobierno no han estado a la cabeza en este proceso; ya vamos en el
furgón de cola, como en otras cosas.


Esta amplia y rápida ratificación no puede llevarnos a caer en la
complacencia nacional o internacional, porque los acuerdos, además de
ratificarlos y firmarlos, hay que cumplirlos. Y lo cierto es que, durante
los últimos cinco años, España ha sufrido un gigantesco retroceso en la
lucha contra el cambio climático. Pondré solamente tres ejemplos. La
atrabiliaria gestión del Ministerio de Industria y Energía supuso un
durísimo mazazo para el desarrollo de las energías renovables, como la
solar y la eólica, que en estos cinco años se han quedado completamente
estancadas. España había alcanzado en 2011 una posición puntera en el
mundo y ahora mismo nos hemos quedado completamente estancados, como el
propio ministro reconoció aquí ayer. El cénit de ese despropósito fue el
llamado impuesto al sol, que de hecho bloquea el autoconsumo energético
con fuentes renovables. Este es el efecto del famoso decreto que ha
impedido que siguiéramos el ritmo de la vanguardia tecnológica en la
lucha contra el cambio climático. Además, como todos sabemos, el efecto
del famoso impuesto al sol será, probablemente, que todos los españoles
tengamos que pagar una cuantía importantísima, millonaria, en
indemnizaciones para aquellos inversores que vieron frustradas sus
expectativas. El tercer ejemplo de retroceso en la lucha contra el cambio
climático tuvo lugar en 2011. España había alcanzado una posición puntera
en la investigación y tecnología de la captura y el confinamiento de CO2.
Sin embargo, el Gobierno paralizó los trabajos de la Ciudad de la Energía
de Ponferrada y de Elcogas, en Puertollano, y la tecnología y la
investigación no han seguido avanzado en cuanto a la captura de CO2.
Curiosamente, sí se ha seguido trabajando —y reciben subvenciones
europeas— en las instalaciones de almacenamiento y confinamiento de
CO2 existentes en Hontomín, Burgos, lo cual resulta completamente
contradictorio. No se trabaja en captura, pero sí se trabaja en
almacenamiento.


El resultado es que se han desperdiciado cinco años preciosos y
hemos dejado de estar a la cabeza en estas investigaciones, cuando
estábamos al nivel de Noruega y Canadá...,


El señor PRESIDENTE: Vaya terminando, señoría.


El señor PALOMO GARCÍA: ... países que en este momento
representan la punta de lanza en captura y confinamiento de CO2, además,
por supuesto, de Estados Unidos y China.


Finalizo, señorías, reiterando nuestro voto favorable a la
ratificación del acuerdo de París porque, como ha señalado el Secretario
General de la ONU, Ban Ki-moon, la entrada en vigor del acuerdo antes de
fin de año será una etapa clave para un porvenir más seguro, más justo y
más próspero. Ahora bien, hemos de tener en cuenta una circunstancia muy
novedosa que se ha producido, y es que la llegada a la Administración
norteamericana, a partir de enero, de negacionistas del cambio
climático...


El señor PRESIDENTE: Termine, señoría.


El señor PALOMO GARCÍA: ... va a suponer una situación
completamente diferente a la prevista, de tal manera que corresponderá a
la Unión Europea liderar la implementación del acuerdo de París, ya que
si no lo hace la Unión Europea, no lo hará nadie; ya no lo va a hacer una
Administración norteamericana que ha sido relevada.


Por lo tanto, pido al Gobierno español que la Unión Europea
impulse...


El señor PRESIDENTE: Senador Palomo, ha sobrepasado el tiempo
suficientemente. Vaya terminando.


El señor PALOMO GARCÍA: Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Palomo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora
Pons.


La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.


No se trata de ser triunfalistas pero creo que vale la pena,
aunque sea en menos de cinco minutos, resaltar la importancia del acuerdo
de París. Estamos ante un acuerdo internacional de carácter universal y
jurídicamente vinculante. Por lo tanto, creo que las diferencias que
podamos tener en la política nacional no deben desvirtuar un acuerdo de
carácter mundial.


La lucha contra el cambio climático se puede calificar ya como un
proceso irreversible y totalmente imparable, aunque pueda haber Estados
que sufran retrocesos puntuales; por ejemplo, no sabemos qué va a pasar
en Estados Unidos. De hecho, 191 Estados y organizaciones ya han firmado
este acuerdo.


He escuchado muchas críticas sobre temas internos, como que el
Gobierno de España no cumple o que no luchamos contra el cambio
climático. Sí quiero decirles que el compromiso del Gobierno de España ha
estado claro durante la X Legislatura. España cumple sus compromisos
respecto a Kioto I y vamos a cumplir Kioto II. Tenemos hasta el 2020 para
seguir trabajando en esta línea. Una vez que se ha constituido el
Gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los informes jurídicos de que
disponíamos y según el informe del Consejo de Estado, de julio de 2016,
que establecía que debía ser ratificado por las Cortes Generales y no por
un Gobierno en funciones, se ha ratificado con la máxima urgencia.
Comprenderán que el hecho de que no hubiera Gobierno no puede ser
achacable al Partido Popular.


Además, para llegar a estos compromisos sí que se han llevado a
cabo unas políticas públicas decididas, ya que España es uno de los
países que se verá más afectado si no logramos mitigar de alguna manera
los efectos del cambio climático y parar el proceso de deterioro en el
que estamos. Creo que es algo que nos afecta directamente, así que más
valdría que nos lo tomáramos en serio. En este caso, viendo que la
comunidad internacional lo está haciendo, yo creo que España tiene que
situarse a la cabeza y trabajar en ese sentido.


El portavoz del Grupo Socialista nos ha dicho todo lo mal que lo
había hecho España, y yo tengo que decirle que lo que ustedes hacían era
comprar derechos de emisión y no acometer políticas activas, como
nosotros, y eso que estaban en una época de bonanza. Así que vamos a
poner las cosas en su sitio.


Para finalizar, he de decir que este momento es histórico. Es un
acuerdo mejorable, como todos, pero hay que poner en valor que países no
tan desarrollados también hayan decidido luchar contra el cambio
climático, aunque eso pueda ir en detrimento de algunas de sus
posibilidades de desarrollo y de avances que nosotros ya disfrutamos. Es
decir, los países desarrollados están pidiendo a los menos desarrollados
que se priven de cosas de las que nosotros ya gozamos. Ponernos todos de
acuerdo es complicado y ese es el gran éxito del Acuerdo de París.
Evidentemente, marcará el futuro de las próximas generaciones y es
responsabilidad de todos. En este momento, como senadores, tendríamos que
estar satisfechos de poder participar en la ratificación de un acuerdo
que afectará al compromiso de las futuras generaciones, de nuestros hijos
y de todos los que vengan detrás. Estoy convencida de que en esta
legislatura vamos a trabajar en el cambio climático, como ya lo hicimos.
Vamos a seguir por esa senda y confío en que se pueda aprobar una ley de
cambio climático con el mayor consenso posible, como espero que hoy se
apruebe el Acuerdo de París.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Pons.


Señorías, ¿puede autorizarse por asentimiento este convenio o
alguna de sus señorías quiere que se someta a votación?
(Asentimiento).


Queda autorizado.


Muchas gracias.


Se levanta la sesión. Buenas tardes.


Eran las trece horas y cuarenta y cinco minutos.