El señor PRESIDENTE: Pasamos al primer punto del orden del día:
Designación de la ponencia.

Los grupos parlamentarios me han pasado una serie de nombres para
constituir esta ponencia, que paso a leerles. Por el Grupo Parlamentario
Popular, Isabel García Luis y don Jorge Alberto Rodríguez Pérez; y por el
Grupo Parlamentario Socialista, don Julio Cruz y doña Olivia Delgado. Por
el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, todavía no
tenemos el nombre de la persona que va a integrar la ponencia.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Yo mismo, Ferrrán Martínez.

El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Por el Grupo Esquerra
Republicana, don Joaquín Ayats; por el Grupo Parlamentario Vasco PNV,
doña María Dolores Etxano Varela; por el Grupo Parlamentario
Nacionalistas en el Senado, doña María del Mar Julios; y por el Grupo
Parlamentario Mixto, doña María Rosa María Domínguez de Posada
Puertas.

Si están todos los grupos parlamentarios de acuerdo, queda
aprobada la ponencia. (Asentimiento).

El señor PRESIDENTE: Pasamos a tratar la comparecencia de la
ministra, a quien reitero nuestra bienvenida, solicitada por diferentes
senadores y grupos parlamentarios. Han sido retiradas dos de estas
iniciativas de comparecencia, la solicitada por los senadores Alegre
Buxeda, Crisol Lafront, Marcos Arias y Suárez, y la solicitada por la
señora Castilla Herrera.

En primer lugar, daré la palabra a la señora ministra para que
comience su intervención. Una vez terminada, intervendrán los portavoces
de los grupos parlamentarios por un tiempo de diez minutos.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
señor presidente. Buenos días a todos y a todas.

Como decía el presidente, comparezco por primera vez ante esta
comisión para dar cuenta de los proyectos que tiene el Ministerio de
Hacienda previstos para esta legislatura y de los que están ya en marcha
gracias a la intensa labor que ha realizado este nuevo Gobierno en este
corto tiempo. Y, aunque mucho de lo que les voy a contar a continuación
les suene, porque tuve oportunidad de comparecer en términos similares en
la comisión homóloga del Congreso de los Diputados, creo importante
exponer ante sus señorías las líneas estratégicas, las prioritarias, del
departamento que dirijo como muestra del respeto que le tenemos a esta
Cámara.

Señorías, permítanme una reflexión, que reitero cada vez que tengo
oportunidad de acudir a las Cortes Generales, a esta casa de las ideas,
de la palabra, del diálogo, de la transacción, porque, a la postre, es lo
que la política nos indica, y porque, además, tiene más sentido que
podamos encontrar esos puntos de encuentro aquí que en ningún otro lugar;
la siguiente: vivimos una nueva etapa en la que el partidismo que
monopolizó la vida política española durante las últimas décadas ha dado
paso a unas Cortes más plurales, más diversas. Este ha sido un cambio que
se ha producido porque así lo han decidido los ciudadanos y ciudadanas,
en quienes reside la soberanía que representamos. La gente, de la que
algunos solo se acuerdan cuando hay elecciones, nos ha dicho, con su
participación, a las dos formaciones mayoritarias durante años que ya no
estábamos representando sus nuevas inquietudes, su nueva posición, que
era más crítica o más implicada y, por tanto, han propiciado una nueva
pluralidad, que se evidencia en cada comisión, en cada foro de las Cortes
Generales, y también aquí en esta conformación coral de la Comisión de
Hacienda. Sin embargo, señorías, los agoreros, los profetas de los
desastres, los que se atribuyen ser los depositarios únicos de la
voluntad popular dicen que la nueva situación solo genera inestabilidad.
Yo, en cambio, creo que no, que abre nuevas oportunidades para el
diálogo, porque nos obliga a reflexionar y, por tanto, a ponernos de
acuerdo y, también, nos permite ampliar el abanico de opciones, de ideas
y proyectos con los que confrontar nuestra visión; y creo, sinceramente,
que eso es bueno para la democracia.

La ciudadanía, las personas que con su esfuerzo, ilusiones o
esperanzas hacen este país han decidido que la gobernabilidad de España
no recaiga en un solo partido; e, insisto, que esto es bueno para la
democracia, porque ya no se va a poder gobernar con esa arrogancia de las
mayorías o el desprecio a las minorías, que, hoy, han de estar más
presentes en todas y en todos. Por tanto, vivimos un tiempo político
nuevo, en el que es imprescindible hablar con el contrincante en busca de
puntos de encuentro, para llegar a acuerdos en aquellos espacios donde es
posible. Esta discrepancia en política no solo es beneficiosa sino que yo
diría es deseable y, a su vez, enriquecedora. Con este contraste de ideas
y pareceres, espero que se puedan construir acuerdos mucho más
transversales, sólidos y perdurables y, por tanto, que permitan
representar la mayoría de las visiones intentando que impere el debate
del consenso más que imponer una visión excluyente.

Por tanto, señorías, espero que en la intervención del día de hoy,
los partidos políticos representados en esta comisión entiendan cuál es
la orientación que el Gobierno quiere dar a la Hacienda pública. Desde
ya, quiero decir que la discrepancia que se pueda plantear con alguna
formación política no será óbice para que en determinadas cuestiones,
para que en los problemas realmente importantes para este país, las
prioridades y las cuestiones de interés general primen y se pueda llegar
a momentos de acuerdo y de diálogo. Asentados en la posición legítima que
cada uno de nosotros representamos y, por tanto, intentando superar el
interés de parte, espero que esta acción política que hoy vamos a
desarrollar en esta sesión permita avanzar hacia el bien común y, con
ello, aspirar a que la confianza de los ciudadanos en sus representantes
políticos se incremente. Estamos dispuestos a dialogar y vamos a insistir
en ello a lo largo de esta legislatura. Queremos llegar a acuerdos, y no
solo porque la minoría parlamentaria del grupo que sustenta al Gobierno
así lo exija, sino porque creemos en el consenso y estamos convencidos de
que, cuanto más amplio sea, mejor serán las decisiones y mayor
estabilidad tendrán en el tiempo.

Lo dije, señorías, en la comparecencia ante la Comisión de
Hacienda del Congreso y lo voy a repetir en esta Cámara: este Gobierno
está dispuesto a dialogar y a llegar a acuerdos lo más amplios posibles,
pero no vamos a hacer dejación de nuestras responsabilidades porque
algunas formaciones políticas se empeñen en derribar al Gobierno a toda
costa. Si esa es la estrategia de determinadas formaciones, desde luego,
no quieren soluciones sino una confrontación, donde no van a encontrar al
Gobierno. Estoy convencida de que la ciudadanía, si detecta esas
actitudes, las penalizará, porque es precisamente ella la que nos anima e
invita al diálogo, a ser efectivos, en definitiva, a que nos pongamos de
acuerdo para aportar soluciones, fundamentalmente sobre cuestiones de
desigualdad que han surgido fruto de la crisis y que están castigando a
los más vulnerables o a los que menos oportunidades tienen de construir
un futuro. Este Gobierno les puedo asegurar y garantizar que lo va a
intentar con empeño, pero la responsabilidad de llegar a acuerdos no es
solo voluntad del Gobierno, sino que tiene que ser una predisposición de
todos. Por eso, pelearemos, discutiremos, intentaremos hacer pedagogía de
nuestro proyecto y buscaremos el pacto con quienes, como nosotros, estén
dispuestos a hacer concesiones, a abandonar posiciones de máximos, con
una mira responsable. En este punto, pido a quienes voluntariamente se
excluyan del diálogo, porque su batalla sea otra, que no descalifiquen
los acuerdos que podamos alcanzar con otras formaciones políticas, tan
legítimas como la que cada uno representamos.

No sé si las palabras que acabo de expresar tendrán efectividad,
pero me resisto a que el debate político se reduzca o circunscriba al
contexto del «y tú más», el exabrupto o la intromisión en la vida
privada, cuando no a la mentira o a la búsqueda de un titular fugaz en
los medios de comunicación. La política, por tanto, no puede ser un lugar
en donde todo vale con tal de destruir al contrincante político
convertido por alguno en enemigo. Por eso, señorías, voy a intentar
expresar en estas líneas aquellas cuestiones que creo sinceramente que
son importantes para este país, por lo que les emplazo a hacer la
política centrándose en sus diferencias ideológicas, como no puede ser de
otra manera en democracia, sabiendo que tienen la lealtad del Gobierno, y
espero también contar con la lealtad de las formaciones políticas.

El motor que mueve al Ministerio de Hacienda es el interés general
y las acciones que voy a intentar desgranarles intentan responder
realmente a ese diagnóstico de situación que el Gobierno ha ido
explicando a lo largo de estos escasos cuatro meses. Hemos puesto el
acento en aquellas cuestiones que entendemos que han sido más
perjudiciales para los ciudadanos con motivo de la crisis económica y que
tienen derecho, una vez que la recuperación empiece a consolidarse, a que
lleguen a los diferentes hogares. Por eso, el proyecto más importante que
cada año tiene este ministerio —y este es un año más— es la
elaboración de los presupuestos de las cuentas del Estado para 2019.

La diferencia entre quienes lo hacemos es dónde ponemos el acento,
cuáles son las partidas presupuestarias sobre las que se arroja un mayor
interés, porque yo diría que la presupuestación es la política en estado
puro. De nada valen las grandes declaraciones, las grandes palabras o los
discursos retóricos si no se acompañan de unas cifras que permitan
concretar, que permitan cristalizar, la acción política a través de esas
cuentas. Más adelante, cuando empiece la tramitación de los presupuestos,
tendrán ustedes la posibilidad de observar que queremos que sean una
herramienta con la que el Gobierno quiere revertir el deterioro que ha
sufrido el Estado del bienestar durante los últimos años. Son unos
presupuestos que aspiran a ser más sociales, más igualitarios y más
redistributivos, y a tener en cuenta la diversidad que supone el Estado
español. En estos presupuestos vamos a contar con unos 125 000 millones
de euros, con unas cantidades, por tanto, que permitirán el desarrollo de
estas políticas.

Se trata, pues, de que la recuperación económica sea más justa,
porque, no se engañen —tampoco podemos engañar a la
ciudadanía— las cifras macroeconómicas hablan de recuperación
económica, pero la realidad es que muchos hogares españoles no han vivido
esa recuperación, no ha llegado al conjunto de sociedad y, ni mucho
menos, a las personas vulnerables que más necesitan el apoyo del Estado.
De nada vale que crezca la economía, de la que tanto se enorgullecen a
veces los Gobiernos, si ese crecimiento no se traduce en una mejora de la
calidad de vida de las personas. Por tanto, esa recuperación, la de la
calle, la de la gente corriente, es realmente la que le importa a este
Gobierno. La recuperación exclusiva de las élites contribuye a aumentar
la desigualdad social y la hace —créanme— intolerable,
rompiendo el contrato social que nos enriquece como comunidad. ¿De qué
vale una recuperación económica si a la gente le cuesta cada día más
llenar el frigorífico, si los hijos o la generación de jóvenes más
preparados de nuestra historia se tienen que marchar del país porque no
encuentran un trabajo, si los precios suben o las pensiones se congelan o
los salarios continúan en mínimos históricos?

No sé si han tenido oportunidad de ver Tiempo después, la nueva
película del maravilloso José Luis Cuerda, que les recomiendo, si me lo
permiten, a sus señorías. Se la recomiendo porque, si trascendemos el
regusto pesimista que quizás deja la película, pesimismo que combato con
una visión del mundo que pretendo siempre que sea optimista, es una
parábola perfecta sobre las dos sociedades que ha generado la crisis
social, sobre las dos realidades del mundo que queremos cambiar. Por eso,
considero que a las personas, a los ciudadanos y ciudadanas, hay que
hablarles mirándoles a los ojos y no solo contándoles fríos datos
estadísticos. Tenemos que salir a la calle, tenemos que visitar los
barrios obreros y preguntarles a los vecinos si viven hoy o mañana mejor
que en el día de ayer. Para hacer posible esta vocación política teníamos
negociado con Bruselas unos nuevos objetivos de déficit, una nueva senda
de estabilidad para el período 2019-2021 que nos permitía disponer el
próximo año de unos 6000 millones de euros.

Estos 6000 millones, señorías, irían directamente a la ciudadanía
a través de la renta indirecta que suponen unos servicios públicos de
calidad, porque 2500 millones se destinarían a comunidades autónomas,
responsables de la sanidad, de la educación o de la dependencia, por
citar las políticas fundamentales que desarrollan, y otros 2500 a la
Seguridad Social, básicamente para garantizar la sostenibilidad de
nuestro sistema de pensiones.

Era la primera vez, señorías, que el Gobierno de España hacía una
propuesta que beneficiaba en mayor medida a las comunidades autónomas
dotándolas de mayor margen de lo conseguido en el objetivo de déficit; y
lo hicimos, no solo convencidos del autonomismo que vertebra a nuestro
país, del modelo descentralizado, de éxito desde mi punto de vista, del
que nos hemos dotado, sino también convencidos de que dotar de una mayor
y mejor financiación a las autonomías es apostar por unos servicios
públicos para todos y todas. No se trata de ver qué administración
disfruta de mayor o menor capacidad o de mayor o menor margen del
déficit; se trata de ver qué políticas son las que lo disfrutan y, por
tanto, de acompañar los recursos hacia esos entornos que consideramos
prioritarios, por lo que entenderán que el Gobierno, con su propuesta,
está diciendo a los ciudadanos que para él son prioritarias las
pensiones, la sanidad, la educación o la dependencia.

Por este motivo, esta nueva senda logró el respaldo del Consejo de
Política Fiscal y Financiera, porque supone más recursos para los
territorios y, en definitiva, para las políticas sociales que más inciden
en la calidad de vida de las personas. Aun así, hay quienes se oponen, y
tendrán que explicarlo, porque la gente tiene que entender por qué se
interpreta que eso no es bueno o que no es favorable para el interés
general, y por qué hay algunas formaciones que quieren bloquear de forma
sistemática esta mejora de la vida de las personas. Créanme que solo lo
entiendo si se piensa que el peor es mejor o se defiende un cierto
sectarismo partidista.

Diversos grupos parlamentarios presentaron, fechas atrás, una
proposición de ley para acabar con la incidencia —si me permiten la
expresión— normativa o parlamentaria que supone la capacidad de
bloqueo que la Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y financiera
otorga al Senado en la fijación del objetivo de estabilidad. Señorías, no
supone ninguna falta de atención, de prioridad o de respeto a esta Cámara
ni a lo que representan sus señorías, pero sí es una disfunción normativa
que afecta solo a esta norma y que es vocación de este Gobierno igualarla
con el resto de normas. No tiene sentido que el Senado no pueda bloquear
la iniciativa presupuestaria, y, en cambio, sobre la que descansa la
elaboración de los presupuestos sí pueda tener esa prerrogativa. De
hecho, diversas innovaciones procedimentales han impedido que se haga por
lectura única o por procedimiento de urgencia. Por tanto, seguiremos
intentando superar ese bloque de la senda del déficit, porque, insisto,
se produce una situación que no es equiparable a la del resto de las
normas, tan importantes como esta, y que son fundamentales para este
país.

Dice el escritor Andrés Neuman que conformarse es irreversible, y
que tienen la mala suerte de que hemos dado con un Gobierno empeñado en
tener la capacidad legal de superar aquellos obstáculos que se ponen en
su camino para intentar que llegue el interés general a la mayoría de los
ciudadanos. Por eso, entiendan que el interés del Gobierno es legítimo,
democrático, y de lo que se trata, ni más ni menos, es de que todas las
normas tengan una configuración similar y de que una Cámara no tenga
frente a la otra ningún beneficio, tal como marca la Constitución.

Señorías, para que estos presupuestos sean coherentes y nos ayuden
en esa senda de justicia social, vamos a incidir, como saben, en la
política de la fiscalidad, que, sin ninguna duda, juega un papel
primordial en la redistribución de la riqueza de un país siempre que sea
progresiva. Es bastante fácil. Se trata de que cada uno aporte, en
función de su capacidad, y de que reciba según sus necesidades; o más
claro aún: que paguen más quienes más ganan o más tienen, y también que
reciban más aquellos que más lo necesitan, en salud, en educación o en
ayuda al alquiler. La redefinición de la fiscalidad que estamos
estudiando —insisto en ello una y otra vez— no va a afectar
en modo alguno ni a la clase media ni a la trabajadora. Es más, esta
fiscalidad está pensada para proteger a la clase media y trabajadora
mediante la revitalización de los servicios públicos. Quienes los
defendemos nos sentimos orgullosos de que sean servicios frecuentados por
una clase media que podría elegir otra forma de que se atiendan sus
necesidades, pero como confía en la calidad de la universidad pública, de
la sanidad pública o de la atención a la dependencia, prefiere frecuentar
estos servicios. Eso es lo que garantiza que sean servicios de calidad y
para todos por igual, con independencia del nivel de renta que cada
ciudadano tenga.

Insisto en que esta redefinición de la fiscalidad en la que
estamos trabajando permite justamente hacer de esos servicios públicos un
motivo de orgullo y también que aquellos que más contribuyen, que de
forma proporcional es la clase media, se sientan orgullosos de esa
situación, los legitimen y estén dispuestos a seguir pagándolos a través
de sus impuestos.

Por eso creemos que la fiscalidad es necesaria para reforzar estas
políticas sociales, pero es imprescindible que sea justa y que paguen
aquellos que más pueden aportar. Decía el escritor José Luís Sampedro que
hay dos tipos de economistas, los que trabajan para hacer más ricos a los
ricos y los que trabajan para hacer menos pobres a los pobres. Nosotros
incluso aspiramos a ir más allá, a reducir las enormes desigualdades
sociales que tiene nuestra sociedad —que recogen todos los
indicadores internacionales— y que es un reducto que permanece a
consecuencia de la crisis, pero no podemos olvidar que son hombres y
mujeres con rostro y, por tanto, personas que habitan en nuestros pueblos
y en nuestras ciudades.

Entrando en lo concreto de cómo se va a articular esa fiscalidad,
creo que conocen ustedes de forma aproximada las diferentes figuras
tributarias que tenemos en mente modificar, innovar o crear. Se trata de
iniciativas abiertas. Todavía estamos en negociación con algún grupo
político, estamos todavía trabajando y, por tanto, no podemos dar por
definitivo ninguno de los aspectos que conforman el presupuesto, pero
creo que su propia expresión habla claro por sí misma de cuál es la
fiscalidad que quiere este Gobierno, con el apoyo de fuerzas
parlamentarias que persiguen el mismo modelo de sociedad o que, al menos,
se sienten identificadas en ese camino que recorremos.

Nuestra intención es subir el IRPF a las rentas superiores
a 140 000 o 150 000 euros o, lo que lo mismo, a quienes ganan más
de 10 000 euros al mes. Es un nivel salarial, señorías, que, más allá de
los calificativos que cada uno quiera plantear, no representa ni a la
clase media, ni mucho menos a la clase trabajadora.

Señorías, yo creo que las cuentas son relativamente fáciles: el
sueldo más frecuente y habitual de nuestro país es de 16 497 euros brutos
anuales. Este dato no lo da el Gobierno, está sacado de la última
encuesta de estructura salarial del INE, del Instituto Nacional de
Estadística, que se publicó en el mes de mayo. Si lo llevamos al neto,
esto es, a lo que realmente se queda en el bolsillo de las personas, se
produciría una retribución por debajo de los 1000 euros mensuales. Por
tanto, señorías, estamos trabajando justamente para que estas personas
puedan tener unos servicios públicos que sean una suerte de renta
indirecta que les permita una vida digna y con una proyección que permita
que sus hijos e hijas puedan aspirar a llegar socialmente a donde estén
preparados o a donde tengan talento para llegar.

De otro lado, pretendemos también establecer un tipo efectivo
mínimo en el impuesto sobre sociedades para las grandes corporaciones.
Insistimos en que se trata de la fiscalidad de los grandes grupos
empresariales, porque a las pymes y las microempresas, como verán más
adelante, no solo no se les va a subir la fiscalidad, sino que para
algunas de ellas hemos planteado incluso la reducción del tipo efectivo
que pagan. Queremos que las grandes corporaciones paguen un mínimo de
un 15 % y que no puedan valerse del elevado número de bonificaciones,
deducciones o exenciones fiscales que hacen que las compañías que más
tienen que tributar lo hagan a un tipo más bajo.

Solo una curiosidad, si analizan ustedes la hoja de recaudación,
el boletín recaudatorio de la Agencia Tributaria, verán que las empresas
que se engloban dentro de las grandes corporaciones tributan a un tipo
efectivo menor que las pequeñas empresas o que las empresas que se
catalogan en la estadística de no grupos empresariales, o, dicho de otra
manera, las empresas que facturan por debajo de 8 millones de euros
tienen una fiscalidad, según la estadística de recaudación, superior,
aportan más que los grandes grupos empresariales cuyo nivel de beneficio
supera los 8 o 10 millones de euros.

Por tanto, señorías, tenemos que estar atentos a esa recaudación
fiscal, y basta un dato: si miramos la estadística del año 2007, verán
que las previsiones que se plantean de recaudación del impuesto sobre
sociedades están a la mitad de lo que se recaudó en ese ejercicio y los
niveles de beneficio ya han alcanzado las cotas correspondientes a ese
año. Es decir, estamos recaudando la mitad de lo que se producía en el
año 2007, teniendo un volumen de negocio este grupo empresarial superior
o igual al que teníamos en ese año. Algo ha pasado a lo largo de ese
periodo para que la diferencia en la fiscalidad se traduzca de esta
manera, y son datos objetivos publicados por el Gobierno anterior, por
tanto sin ningún tipo de sesgo, y permiten visualizar que tenemos que
actuar en ese nivel para no provocar una situación de injusticia. Porque
no cabe duda de que la crisis afectó a las empresas y que ello incidió,
por fuerza, en la recaudación, pero cuando llega la recuperación
económica tenemos que tener un correlato en el ingreso del impuesto sobre
sociedades que continúa estancado y que requiere de una revisión que
permita su modificación.

La nueva fiscalidad para el siglo XXI se tiene que adaptar a esta
nueva realidad. Estas dos figuras fiscales responden a la lucha contra la
desigualdad social, pero hay todo un apartado, extraordinariamente
importante, que hemos llamado nueva fiscalidad para el siglo XXI, porque
la economía globalizada, los retos internacionales y la economía digital
han desdibujado las fronteras a la hora de que las empresas generen un
negocio o beneficio. El ejemplo más claro lo tenemos en las grandes
multinacionales tecnológicas. El reto en este terreno no es solo español,
es un reto internacional, es un reto europeo y, por tanto, es
imprescindible que la estrategia fiscal global para la economía digital,
al menos en el ámbito europeo, tenga cierta coherencia y homogeneización.
Si algo se tiene que criticar sobre cómo evoluciona la fiscalidad en el
ámbito europeo es el retraso que se está produciendo en que realmente
tengamos una fiscalidad común que permita de forma práctica tener un
espacio único europeo y que haya figuras fiscales homologables, tipos
homologables y libre circulación de personas y mercancías en igualdad de
condiciones. Como saben, la Comisión Europea está trabajando intensamente
en este terreno, ha dado ya los primeros pasos y ha realizado varias
propuestas, entre ellas, que las compañías digitales declaren y graven
sus beneficios allí donde su negocio alcanza un volumen determinado; es
decir, que no esté en función del lugar de origen o de la sede fiscal
donde se instala la empresa, sino donde se consumen —si me permiten
la expresión— los beneficios que se producen en cada país o en cada
territorio.

Igualmente, estamos explorando distintas opciones en relación con
el impuesto sobre transacciones financieras, en línea también, tanto el
digital como este, de lo que se está trabajando en Europa, y vamos a
estudiar en este sentido un tratamiento fiscal adecuado para el reciente
fenómeno —ya no tan reciente— de la economía colaborativa,
fundamentalmente en los sectores del alojamiento y del transporte. Hay
plataformas, ustedes las conocen, dedicadas a estos servicios que están
generando una actividad económica de miles de millones, que no tributan
de forma adecuada porque la fiscalidad actual no reconoce este tipo de
actividad y que incluso entran a veces en competencia desleal con los
sectores tradicionales.

Por otro lado, tenemos que hacer una revisión profunda de la
fiscalidad verde, de la llamada medioambiental, para combatir los daños
que se están ocasionando con motivo del cambio climático, y de la
protección de la salud. Se está trabajando en este paquete de medidas
fiscales en el Ministerio de Transición Ecológica en el marco de una
nueva ley que recoja esta fiscalidad. Tendrán sus señorías ocasión de
discutirla cuando se tramite en las Cámaras. Algunas de esas figuras
fiscales las va a recoger el proyecto de ley de presupuestos y van a
tener previamente, por la tramitación, oportunidad de verlas en primer
lugar, como que se dejen de primar los beneficios que aportaba la venta
del diésel frente a la gasolina, en términos de fiscalidad, para reducir
la diferencia en la presión que existe actualmente.

Esa diferencia de tributación progresiva que vamos a intentar
alcanzar en los diferentes hidrocarburos, básicamente para aquellos que
más contaminan, se hará para que no afecte a aquellos que viven de la
carretera, a aquellos que viven del motor, en especial a los
profesionales del sector o a los autónomos cuyo negocio depende en gran
medida del transporte y que tienen en el vehículo su modo de ganarse la
vida. Por eso hemos insistido en esta idea de que, de ninguna manera,
esta equiparación progresiva del diésel hacia la gasolina va a afectar a
los transportistas.

Queremos también una fiscalidad que ayude a construir el modelo de
sociedad que perseguimos; en este caso, la igualdad de género, porque
entendemos que la fiscalidad actual es discriminatoria. Voy a poner un
ejemplo muy simple que va a entender todo el mundo. Me refiero a algo que
a veces es complejo de abordar, pero que expresa en gran medida lo que
estamos hablando. Los productos de higiene personal femenina, tanto las
compresas como los tampones no están considerados, aunque parezca
mentira, bienes de primera necesidad —y es obvio que lo son—
y están gravados con un 10 % de IVA. Pues bien, la intención del Gobierno
de España, animado por muchas asociaciones y colectivos feministas, es
que estos bienes lo hagan al tipo superreducido del 4 %. Parece lógico,
puesto que el consumo de estos productos responde solo a la condición de
género, por lo que es claramente discriminatorio frente al otro género.
Por tanto, es una política absolutamente necesaria para evitar
discriminación en relación con la tributación de los colectivos de
mujeres.

En definitiva, se trata de un nuevo modelo fiscal que genera
nuevos ingresos que servirán para blindar el Estado del bienestar. Y,
como siempre, frente a los modelos de fiscalidad se puede tener una u
otra posición de partida, pero me gustaría pedirles a sus señorías, que,
más allá de sus aspiraciones legítimas, cada vez que hablemos de la
fiscalidad intentemos hacer pedagogía sobre la necesidad de que los
ciudadanos contribuyan en pos del interés general. No se podrá hablar de
sociedad, de democracia, de interés común, de solidaridad, si no
defendemos una fiscalidad —cada cual el modelo que tenga— que
permita que todos nos podamos beneficiar de aquello en lo que nos hemos
puesto de acuerdo y que es básico para el funcionamiento de una sociedad,
en nuestro caso la sanidad, la educación, las pensiones o cualquier
política social. Entre todos debemos colaborar para que los ciudadanos
entiendan que es obligación de todos contribuir con nuestros impuestos
para que aquellos que menos tienen puedan recibir servicios públicos de
calidad y que estos estén al alcance de todos.

Por tanto, señorías, siempre que hablemos de esto me escucharán no
solamente defender la fiscalidad, sino legitimarla. Y para hacerlo, es
absolutamente imprescindible que hablemos de la lucha contra el fraude
fiscal. No hay una manera peor de desacreditar una política que haciendo
oídos sordos, o simplemente no prestando atención a aquellos que no
cumplen con sus obligaciones fiscales, que a menudo son los patrimonios,
las rentas más altas, que se asesoran o que se nutren de una arquitectura
fiscal que es compleja y tremendamente alambicada. Tenemos la obligación
de ir simplificándola para facilitar el trabajo de aquellos que quieren
contribuir con honestidad y que a veces cometen errores a la hora de
plantear su fiscalidad porque resulta complicado manejar determinados
volúmenes, así como poner una alfombra en el camino de los inspectores de
Hacienda, fundamentalmente en aquellas áreas en las que se detectan
bolsas de fraude que hay interés en que sean perseguidas por la Agencia
Tributaria, con el fin de que afloren para el interés general.

Por eso estamos preparando y vamos a traer una ley de prevención y
de lucha contra el fraude fiscal que va a fundamentarse en la igualdad,
en la progresividad y en la equidad. Una ley que va a intentar poner luz
y taquígrafos a los complejos entramados societarios que a veces son
difíciles de descubrir y que permita a la Agencia Tributaria, a los
magníficos profesionales que desarrollan su trabajo en ella, contar con
instrumentos, con elementos adicionales, para facilitar una labor que,
créanme, muchas veces es de auténtica investigación para poder
desentrañar la complejidad de la declaración de algunos, así como para
garantizar y justificar que todos contribuimos por igual y que, por
tanto, no hay una especial disposición a que determinados patrimonios no
aporten al interés general.

De nada serviría una fiscalidad justa si no se cumple la ley, si
no se persigue el cumplimiento de la ley, porque creo que la opinión que
tienen la mayoría de los ciudadanos —lo dicen las encuestas—
es que contribuimos de forma justa, incluso por encima de lo que nos
correspondería, e igualmente pensamos que la mayoría de los que más
tienen no contribuyen en igual medida. Eso es tremendo, es un misil a la
fiscalidad, porque la deslegitima cara a los ciudadanos y se produce
desapego. Por tanto, no es que yo pida que paguemos impuestos con sumo
gusto, pero sí encontrando el sentido a por qué se aporta y, por tanto,
sintiéndonos satisfechos de contribuir al interés general de todos los
ciudadanos.

En esta lucha tenemos además intención de hacer pública la lista
de morosos con Hacienda, no solo incluyendo a los que ya contiene el
listado, sino también a los responsables solidarios y a los
colaboradores. Queremos que la gente sepa quién está detrás de las
compañías que no cumplen con sus obligaciones fiscales, y además creemos
que solo ese elemento puede ser disuasorio para algunos que, de forma
legítima, no quieren verse retratados en una lista que no habla bien de
la gente que la compone, puesto que está planteando que son personas
morosas con el interés general. No podemos permitirnos esta situación. Si
pensamos que Hacienda somos todos —y creo que los miembros de esta
comisión piensan así— creo que es bueno dar transparencia, claridad
y un sentido de Estado, un sentido de patriotismo a que los ciudadanos
paguen sus impuestos y lo hagan con regularidad y transparencia, y
aspiro, aunque sea una utopía, a que se sientan orgullosos de
hacerlo.

En definitiva, con todo este paquete de medidas fiscales se trata
de trabajar sobre los ingresos en su globalidad, teniendo en cuenta,
señorías, que este país tiene un diferencial de 8 puntos en la presión
fiscal respecto a los países de nuestro entorno, y además, los organismos
internacionales, tanto la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, en
sus frecuente visitas, nos llaman permanentemente la atención porque
existen esos 8 puntos de diferencia en nuestra política de ingresos y,
por tanto, en el margen que tiene España para acercarse a los países de
nuestro entorno, sin que eso suponga una carga añadida para el conjunto
de los ciudadanos. Si aspiramos a un Estado de bienestar que tenga el
mismo porcentaje de gasto público que los países de alrededor, que están
también en un diferencial en torno a 6 u 8 puntos, tenemos que aspirar
también a una fiscalidad que supere esa diferencia de ingresos que existe
en nuestro país y que nos permita estar en las mejores cotas del
desarrollo del Estado del bienestar que disfruten los ciudadanos.

Defendemos también un modelo de financiación económica, que
podemos pactar con las comunidades autónomas; un nuevo modelo de
financiación de las prestaciones que tienen depositadas las comunidades
autónomas, en el marco de los grupos de trabajo multilaterales que ya han
empezado a funcionar y que permitirán cuantificar la insuficiencia de
recursos y también ponderar las variables que tienen que primar en la
distribución de esos recursos entre los diferentes territorios.

Hace poco más de una semana, en concreto el pasado 26 de
septiembre, se reunió por primera vez el grupo de trabajo político
—no técnico, porque los técnicos ya habían desarrollado su
trabajo— en torno a la financiación autonómica. En este encuentro
se fijó como una de las prioridades atender la infrafinanciación que
sufren algunas comunidades. Señorías, tengo que decir a este respecto,
por ser esta la Cámara de representación territorial, que mi opinión es
que el conjunto del subsector comunidades autónomas está infrafinanciado
y, por tanto, cuando ustedes escuchan decir a una comunidad mejor
financiada que otras que a ambas les faltan recursos, en el segundo caso
es obvio, se encuentra por debajo de la media, pero también en el primer
caso puede haber una verdad porque el conjunto del subsector se encuentra
desacompasado en su nivel de ingresos respecto a la distribución total de
la capacidad recaudatoria que tiene el país. Dicho de otra manera, el
diferencial que existe en este momento en torno a la comunidad mejor
financiada respecto a la comunidad peor financiada arroja unos 800 euros
por habitante de diferencia, circunstancia del todo inexplicable. No hay
variable que pueda expresar por qué se produce esa diferenciación. Y ese
elemento interno de distribución hay que corregirlo, pero, de igual
manera, hay que corregir la bolsa global que se reparten las comunidades
autónomas, insisto, porque, desde mi punto de vista, está infradotada,
está infrafinanciada y, por tanto, deberán tener una mayor participación
en la recaudación tributaria que realiza en este momento el Estado.
Tenemos un trabajo importante por delante.

Además, en este mismo sentido, espero que esas nuevas fórmulas de
financiación autonómica permitan que las comunidades autónomas superen
definitivamente la situación de crisis, no solo en cuanto al volumen de
recursos, sino también al estrangulamiento autonómico que ha supuesto la
asfixia financiera con la que hemos vivido todas las comunidades
autónomas a lo largo de los últimos años. Es fundamental, y es prioridad
de este Gobierno, que las comunidades salgan al mercado para poder
financiarse, que dejen atrás mecanismos de financiación como el Fondo de
liquidez autonómica, porque solo se puede tener verdadera autonomía
política cuando se tiene autonomía financiera. Y para ello tiene que
haber un saneamiento de las cuentas públicas autonómicas, no solo en
materia de racionalización del gasto —que puedo dar fe de que se ha
hecho en las comunidades autónomas, algunas con mejores resultados que
otras, pero todas han contribuido de forma decisiva a la corrección de
las cuentas públicas de España—, sino también por la parte de los
ingresos porque, efectivamente, la presión tecnológica sobre la sanidad,
la necesidad de que la dependencia alcance a mayor volumen de ciudadanos
o la innovación y la investigación en las universidades tienen que
permitir que los nuevos recursos hagan una apuesta por aquello que nos
permite construir el nuevo modelo productivo para el futuro y sobre todo
para la justicia social. Por eso tenemos un trabajo arduo y estamos en
los foros, donde están presentes las comunidades autónomas, discutiendo
seriamente sobre estas materias e intentando superar diferencias
legítimas a las que aspiran todos los territorios, buscando los comunes
denominadores que nos permiten avanzar y poner las bases de las reformas
futuras.

Estos serían los elementos básicos de las tareas que tiene
asignado este departamento. Hay algunas otras que, como entenderán sus
señorías, también son importantes, como la reforma del modelo de
financiación local para que los ayuntamientos puedan recuperar las
competencias que perdieron en el nivel de atención a los ciudadanos, o el
acompañamiento a todos los departamentos del Gobierno que les permita el
desarrollo de cada una de las iniciativas políticas con una justa
distribución de los recursos. Esa tarea trasversal que realiza el
Ministerio de Hacienda es absolutamente básica para que la iniciativa
política prospere, no solo en términos de cuantía, sino también de
agilidad en el trámite burocrático, a la que muchas veces la inercia de
las grandes organizaciones va. Por tanto, es tan importante que llegue
una prestación a los ciudadanos de forma adecuada como que el tiempo que
transcurra desde su solicitud hasta su recepción sea más corto.

En esa línea de fiscalidad, de mejora de los presupuestos, de
capacidad de acompañamiento al rendimiento del patrimonio que tenemos
adscrito o del tutelaje que realizamos sobre las empresas públicas, sobre
el control de legalidad que realiza la Intervención General del Estado,
tenemos puestos todos los recursos de los que dispone el Ministerio de
Hacienda. Como ustedes verán, todas las áreas son igualmente importantes,
pero lo que nos marca a todas es la necesidad de seguir trabajando en
este país para hacer de la justicia social el elemento básico que
articule nuestra iniciativa de Gobierno, y queremos hacerlo desde nuestra
legítima posición ideológica, discrepando con algunas formaciones
políticas en el objetivo, en el destino al que queremos llegar, pero
encontrarán en mí la capacidad de diálogo, y, por tanto, todo aquel que
quiera contribuir y que no se autoexcluya de entrada, podrá tener, no
solo una palabra en la que poder fundamentar su construcción, sino
también la posibilidad de llegar a un acuerdo para que cuantos más
participemos de un proyecto común, más capacidad tenga de perdurar en el
tiempo y más capacidad de llevarlo a buen puerto.

Quisiera, presidente, concluir mi intervención con una pregunta
sobre la situación económica mundial que se hacía el Premio Nobel de
Literatura portugués, José Saramago, que decía: «Yo pregunto a los
economistas, a los políticos, a los moralistas si ya han calculado el
número de individuos que es necesario condenar a la miseria, al trabajo
desproporcionado, a la desmoralización, a la infamia, a la ignorancia
crapulosa, a las desgracias invisibles para producir un rico». De hecho,
el objetivo de este Gobierno es revertir la creciente desigualdad social,
eliminar lo que se llama «efecto» que ha dejado la crisis, porque son
personas con rostro, con nombres y apellidos, y por tanto, intentar
superar lo que desde nuestro punto de vista ha sido intolerable. No se
puede perder ni un solo minuto para que esa situación se reconstruya.
Estamos convencidos de que trabajando en esa dirección construiremos una
sociedad más justa y más solidaria. De eso se trata y ahí encontrarán a
este Gobierno.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Pasamos al turno de portavoces de los grupos, por orden de menor a
mayor.

En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario
Mixto, la señora Domínguez de Posada, que como solo interviene ella,
dispone de 10 minutos.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Muchas gracias,
presidente.

Buenos días, señora ministra. Bienvenida a esta comisión. En
nombre de Foro y en aras del interés general, le deseo los mayores
éxitos.

Señora ministra, antes de entrar en la materia objeto de su
comparecencia y dado que dispongo de todo el tiempo, puesto que mis
compañeros del Grupo Parlamentario Mixto han retirado sus peticiones de
comparecencia, quiero recordarle que en el último Pleno en el que
compareció el presidente, señor Sánchez, le hice una pregunta oral sobre
financiación autonómica centrada territorialmente en Asturias. El
presidente no solo no me contestó a lo que le pregunté, sino que se
dedicó a tratar de menospreciarme y ridiculizarme porque traía la
intervención preparada de casa. Desde aquel día he podido comprobar cómo
todos los ministros sin excepción y el propio presidente del Gobierno
leen en sus intervenciones. Hasta ese día siempre mantuve que jamás en mi
vida profesional o personal me había sentido ninguneada por un hombre. Ya
no puedo mantener esa afirmación y lamento profundamente que haya sido el
presidente de todos los españoles, que se vanagloria de la igualdad y de
la corresponsabilidad y que mantiene una política de gestos, el que haya
sido protagonista de esa actuación. Pensará usted que no sabe por qué le
digo esto, dado que usted no fue quien lo hizo, pero yo, dada la mecánica
parlamentaria, la pertenencia al Grupo Parlamentario Mixto y el cupo que
tengo, creo que será imposible volver a hacer una pregunta al presidente
del Gobierno, y puesto que usted es la ministra del ramo y está presente,
así se lo he querido trasladar.

Tras escuchar su comparecencia en la Comisión de Hacienda de esta
Cámara para informar sobre las líneas generales de la política de su
departamento, quiero utilizar el tiempo para referirme a dos cuestiones
que, como representante de los asturianos, considero esenciales.

Todos los días oímos hablar en los medios de comunicación
—un día sí y otro también— de la subida de impuestos que se
nos viene encima a los españoles. En Foro pensamos que el sistema
impositivo español debe garantizar la suficiencia financiera del Estado
y, a la vez, no debe distorsionar el libre desarrollo de la iniciativa
privada y empresarial con una elevada carga fiscal. Para Foro el
incremento de la recaudación no depende de la elevación de los tipos de
gravamen ni de la creación de nuevas figuras impositivas, sino del
incremento de la actividad económica. Por ello, es necesaria la
simplificación de nuestro sistema impositivo con una reforma fiscal
integral. El elevado número de figuras impositivas y su complejidad
impiden un adecuado control y, además, favorecen el fraude fiscal. Una
nueva subida de impuestos restará liquidez y penalizará muy negativamente
la inversión, la seguridad jurídica y la estabilidad de las empresas y
frenará la creación de empleo; y también obstaculizará la inversión
nacional y extranjera. Estamos en contra de cualquier subida de
impuestos, porque recurrir a la manivela de la fiscalidad es una solución
cómoda, pero inadecuada y rechazable. Justificar el aumento de la presión
fiscal para reducir el déficit no es aceptable cuando lo que necesita
España, y por ende, Asturias, son mayores bases imponibles gracias al
crecimiento y no mayores tipos o nuevas figuras impositivas para
frenarlo.

La segunda cuestión a la que quería hacer referencia es la
financiación autonómica. El vigente sistema de financiación fue aprobado
en el año 2009 por el entonces Gobierno socialista de Zapatero a la
medida de las exigencias del tripartito catalán. Se consagró una
financiación que distinguía entre españoles y que despreciaba los
mandatos constitucionales de solidaridad y equilibrio entre territorios.
El actual es un sistema perverso, injusto y antisocial que ya debería
haber sido corregido, pero que empeoró, añadiendo unas medidas
discrecionales de condonación de intereses mediante las que se
repartieron 22 647 millones, el 75 % de los cuales, según datos oficiales
del Ministerio de Hacienda, fueron a parar a las comunidades más
incumplidoras del déficit: Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía,
que, en términos de euros por habitante, establecen unas diferencias de
uno a tres entre comunidades autónomas, con el consiguiente efecto
negativo sobre el crecimiento económico y el empleo, que en el caso de
Asturias también incide con la acumulación de una deuda histórica de
insolidaridad del Estado.

Los criterios de estimación de los costes de los servicios
públicos esenciales —sanidad, educación, servicios sociales—
han creado agravios comparativos entre comunidades autónomas que rompen
la cohesión nacional y crean divergencias en crecimiento y empleo en
España.

Señora ministra, la asignación de inversión pública con criterios
de eficiencia y de equilibrio interterritorial es también un gran
instrumento para lograr la convergencia homogénea del crecimiento en
España y es la herramienta decisiva para articular la cohesión del
territorio nacional, siguiendo el modelo europeo. España necesita un
mayor esfuerzo de solidaridad e igualdad constitucionales. Se lo
requerimos, sabiendo, como usted muy bien conoce, que los asturianos no
queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que los demás, soportando
las secuelas de un discriminatorio sistema de financiación, sufriendo los
peores datos de crecimiento señalados por el Instituto Nacional de
Estadística y ocupando año tras año el farolillo rojo en la tasa de
población activa.

Señora ministra, urge poner punto final a esta deriva. El objeto a
perseguir es asegurar un nivel de servicios en todos los territorios
definiendo una cartera común en las áreas fundamentales y, en segundo
lugar, asegurar una financiación estable y suficiente. Se trata de que
todos los españoles puedan acceder a los servicios públicos en igualdad
de condiciones, vivan donde vivan, pero no basta con decir: hay que
hacer. Además, el sistema ordinario de financiación, que garantiza la
misma cobertura y calidad en los servicios públicos en todas las
comunidades, tiene que articular la cohesión del territorio nacional
siguiendo el modelo europeo y asignando las consignaciones
presupuestarias del capítulo 6, de inversión, en los presupuestos con
criterios que preserven la eficiencia en la selección del gasto público y
la equidad en su distribución, evitando agravios comparativos entre
regiones. La gestión de las consecuencias de un nuevo marco financiero
plurianual para la Unión Europea, lastrado por el recorte de los fondos
de cohesión y de la PAC, no nos ofrece confianza con ustedes en el
Gobierno.

Asturias necesita que ustedes hoy nos garanticen que ejecutarán en
lo que resta del año —como prometió el señor Sánchez en el debate
de la moción de censura— las inversiones contempladas en los
presupuestos de 2018. En enero de 2017 se produjo la gran cita para
iniciar el cambio con la celebración de la Conferencia de Presidentes,
que tuvo lugar en esta Cámara, pero desde aquel día nada hemos
avanzado.

Por cierto, me alegra mucho que en su intervención haya hablado de
la financiación local, algo por lo que peleé durante mis muchos años de
alcaldesa. Pero espero y deseo que no se quede en aquel famoso libro
blanco, que todavía conservo.

Para finalizar, quiero decirle, con respecto a las inversiones,
que es necesario buscar el reparto equitativo, impulsar actuaciones que
redunden en beneficio del interés general y, por supuesto, poner el
énfasis en las políticas que mejoren nuestra economía, amplíen nuestro
tejido productivo, generen empleo y, por tanto, reviertan en riqueza y
bienestar para todos los españoles.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Domínguez de
Posada.

A continuación, pasamos al turno del Grupo Parlamentario
Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria.

Tiene la palabra el señor Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Agradezco la comparecencia de doña María Jesús Montero y las
explicaciones que ha dado sobre las líneas de su ministerio,
especialmente en lo que hace referencia a los presupuestos y algunas
políticas fiscales.

Al Partit Demòcrata le suenan bien algunas de las cosas que ha
dicho, como la lucha contra la desigualdad, hacer unos presupuestos más
sociales, la lucha contra el fraude fiscal, etcétera. Dependerá del
camino que se haga, no solo en el tema de los presupuestos, sino en las
relaciones con la situación de Cataluña, que ustedes puedan contar con
nosotros o no, como ayer muy bien dijo el president Torra. Nosotros nos
debemos al Govern de Catalunya, y el president Torra y el Govern de
Catalunya tendrán al Partit Demòcrata a su lado, digan lo que digan
algunos periódicos hoy, porque en las mociones del Parlamento de Cataluña
no se puede instar a los diputados de las Cortes Generales —parece
que algunos periódicos no conozcan eso—. Por tanto, una cosa son
los acuerdos políticos, y otra, lo que aprobó el Parlament de Catalunya,
para instar al Govern de la Generalitat.

Voy a referirme a algunas cuestiones que nos preocupan, y lo haré
de forma telegráfica por el tiempo que tengo. En primer lugar, las
subvenciones. La aprobación de la Ley 28/2014, del IVA, significó que
concesiones públicas de transporte, urbanas e interurbanas, también a
entidades culturales, centros de investigación y televisiones autonómicas
y locales hayan tenido que pagar el IVA de las subvenciones. Por lo
tanto, queremos saber qué medidas tomará para que la totalidad de las
subvenciones concedidas a estos entes estén exentas de pagar el IVA,
porque nos parece absurdo dedicar dinero público a pagar subvenciones,
por ejemplo, a una entidad cultural, y que después esta tenga que
devolver parte al Estado en forma de IVA. Nos parece absurdo, cuando esto
va ligado a unas entradas y unos ingresos, como pasa en muchos teatros
públicos.

Otra cuestión: la flexibilización en la aplicación del gasto en
los ayuntamientos. ¿Piensa el Gobierno flexibilizar la aplicación de la
regla de gasto en los ayuntamientos y las corporaciones locales, tal y
como este grupo ha reivindicado continuamente? Pedimos que la base de
cálculo no sea el presupuesto liquidado, sino el aprobado, para facilitar
precisamente que los ayuntamientos y las corporaciones locales en general
puedan revertir mucho más a inversiones, porque ahora ese dinero queda en
las cuentas del ayuntamiento y no lo pueden hacer.

Otro aspecto que usted ha comentado, y en el que yo quiero
incidir, es el sistema de financiación. La última actualización del
sistema de financiación es del año 2009. En el año 2014 tocaba revisarlo,
pero el ministro Montoro no lo hizo. El Gobierno del Estado, que todo el
día nos llenaba la cabeza diciendo que se tenía que cumplir la ley,
cuando la tenía que cumplir para las comunidades autónomas, se olvidaba.
En todos estos años el Gobierno del PP subió el IVA, el IRPF, el impuesto
sobre sociedades, y se quedó el cien por cien del incremento de la
recaudación, lo que ha significado un maltrato hacia las comunidades
autónomas. Usted, en su comentario general ya ha dicho que el conjunto de
las comunidades autónomas están maltratadas —lo digo así, para
sintetizar—; y algunas, más, porque son las peor financiadas del
conjunto.

Quiero entrar en algunas cifras relacionadas con la Generalitat de
Catalunya. Ustedes hace pocos días llegaron a un acuerdo con el Govern de
la Generalitat. Evidentemente, el Govern de la Generalitat tiene la
situación que tiene. Antes una senadora hacía referencia al tripartito
catalán. Aún lo arrastramos, porque realmente fue una gestión nefasta de
la parte económica y de la parte de Hacienda la del tripartito, y todavía
se paga en cómodos plazos, que aún estamos notando. Y cuando en el
año 2010 hubo un cambio de Gobierno, la situación fue muy difícil.

Ahora hemos visto un acuerdo por el cual el Estado dice que va a
pagar 1459 millones de euros de algunas deudas que tenía con la
Generalitat de Catalunya. Nosotros, evidentemente, respetamos los
acuerdos del Govern de Catalunya, pero en este caso no lo entendemos,
porque 759 millones de esos 1459 corresponden a una disposición adicional
del Estatuto de Cataluña —concretamente, la tercera— y además
suponen el cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo que se
conoció en noviembre de 2017. Y las sentencias del Tribunal Supremo no se
pagan en cómodos plazos de cuatro años; para eso está el Fondo de
contingencia, para eso lo tienen. Por tanto, nuestro grupo reclama que
esto se pague de forma inmediata. Hace once años que la inversión de esos
recursos se tenía que haber hecho en Cataluña, por lo que esta situación
no nos parece correcta, como tampoco nos parece correcto que lo que se
debe de financiación del Cuerpo de Mossos d?Esquadra, que venía de un
acuerdo con el anterior Gobierno de 10 de julio de 2017, ahora se diga
que se pagará también en cuatro años. Nos parece que se tendría que pagar
de una vez por todas.

Creemos —repito— que el conjunto de recursos que debe
el Gobierno del Estado al Govern de la Generalitat, esos 1459 millones, a
pagar en cómodos plazos en cuatro años —a partir del año que viene,
por cierto—, se tendrían que pagar ahora. Y le daré algunas cifras
de lo que se debe. Por ejemplo, hay una deuda de la disposición adicional
tercera por la que se deben casi 3000 millones de distintos años, y no se
sabe cuándo va a pagar el Gobierno del Estado esa parte. Hay otra de 3238
millones de euros por la falta de financiación estatal de la dependencia
—perdón, he dicho 3000, pero son concretamente 2951 millones de
euros—, por el incumplimiento de la disposición adicional tercera
del Estatut en el período 2009-2013. Asimismo, 837,2 millones de euros
por la pérdida de recaptación de los impuestos suspendidos por el
Tribunal Constitucional. También, 411 millones de euros por el impacto
del cambio en la gestión del IVA. Y 343 millones de euros por la
disminución de las transferencias en ámbitos como educación, ocupación,
inmigración, agricultura y salud. Son 9802,2 millones de euros.

Nos quieren tener contentos —y nosotros, el Partit
Demòcrata, no lo estamos— con 1459 millones de esos 9802, a pagar
en cuatro años. Discrepamos de esta forma de buscar acuerdos sobre los
pagos pendientes. Parece que sigan la senda del ministro Montoro, que
siempre era más de lo mismo: ya lo encontraremos. Pero no se encontraba
nunca cuando era para Cataluña

Usted también ha hablado de igualdad entre ciudadanos del Estado
español. Esto es una broma de mal gusto; no hay igualdad, y lo sabemos.
El día que quieran, hagan cuentas. No me gusta hablar de otros
territorios, y no lo voy a hacer. Hay una senadora de Foro a la que
siempre le gusta meterse con Cataluña, pero yo no voy a hablar de ninguna
comunidad, porque me parece que eso es entrar en una situación de
enfrentamiento que no lleva a nada. Yo le hablo de Cataluña, porque es a
la que me debo, por donde nos hemos presentado. Somos un partido de
ámbito catalán y, por tanto, es a lo que me refiero.

Y me gustaría acabar mi intervención diciendo que podemos
encontrar acuerdos en un marco de diálogo, en un marco sincero de
diálogo. El diálogo solamente sirve si se llega a acuerdos. Se puede
dialogar un tiempo, pero todo tiene un tiempo para dialogar y ha de haber
un tiempo final para el acuerdo;






los diálogos no se pueden eternizar. El
diálogo siempre estará abierto por nuestra parte, por el Partit
Demòcrata. Siempre que quieran, podremos dialogar. Ahora bien,
evidentemente, hemos de buscar unos acuerdos a corto plazo, porque la
situación en Cataluña requiere de acuerdos a corto plazo, que no se
eternicen; y con voluntad de diálogo, de acuerdo y de convivencia, una
palabra que les gusta y que a nosotros nos encanta, porque siempre hemos
basado la política en Cataluña en la convivencia. Lo que nos sabe mal es
que algunos utilicen siempre la palabra convivencia —y no hablo por
ustedes ni por el Gobierno del Partido Socialista en este caso—
para intentar romper la convivencia en Cataluña. Y hay bastante de ese
color.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, señor presidente.

En primer lugar, señora ministra, mi grupo le da la bienvenida a
usted y al equipo que le acompaña en esta comisión para dar cuenta de las
líneas estratégicas de su departamento. En estas intervenciones iniciales
en las que cada ministerio presenta sus líneas estratégicas, a nuestro
grupo le gusta escuchar para ver las acciones que propone el Gobierno,
sin juzgar intenciones. En todo caso, le deseamos suerte y aciertos en su
tarea.

No le voy a negar que su discurso suena bien; suena bien la letra
y suena bien la música. Me ha parecido que ha hablado de tres líneas de
trabajo: en lo que corresponde a su ministerio, la elaboración de los
Presupuestos Generales del Estado, poniendo a las personas en el centro;
el objetivo de estabilidad presupuestaria acordado por el Estado
—digamos el techo de gasto y la consolidación fiscal—; y la
mejora de la estructura de ingresos, al hablar del sistema
impositivo.

Como ha dicho, sin duda estamos en un nuevo tiempo, que se abrió
tras prosperar la moción de censura que presentó el Partido Socialista,
una etapa que para nuestro grupo presentaba inicialmente incógnitas pero
también oportunidades, que se pueden concretar mediante el ejercicio de
la política en el mejor sentido de la palabra. Política con mayúsculas,
como suele decir el lendakari Urkullu.

En este tiempo, desde su entrada en el Gobierno, y en el ámbito
que le corresponde, ha asumido el presupuesto de 2018 que venía
tramitando el anterior Gobierno —usted misma explicó los motivos en
el Pleno de esta Cámara: lo hacía por responsabilidad, algo que nosotros
le hemos agradecido; además, así lo acordamos con ustedes—, por un
lado, para la estabilidad y, por otro, para atender necesidades
inmediatas, como las retribuciones de los empleados públicos, de quienes
trabajan en el sector público, o las pensiones. Además, elaborar un nuevo
presupuesto hubiera retrasado en exceso los tiempos, teniendo un
presupuesto, el de 2017, que no era mejor que el de 2018. Pensábamos que
era mejor dedicar ese tiempo a invertirlo en los de 2019. Y ahí
estamos.

Por ello, mi primera pregunta es obligada: después de todos los
vaivenes en relación con la aprobación de los objetivos de déficit y de
deuda, el techo de gasto y la modificación de la Ley Orgánica de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera para evitar el
anunciado veto del PP, nos gustaría saber qué plazos o qué planificación
tiene previstos su ministerio para completar todo el proceso, es decir,
si vamos a ir a una nueva senda de déficit o a continuar en la anterior.
¿Cómo lo ve usted? Y es obvio plantearlo; se necesitan 176 votos, como
mínimo, para sacar adelante el presupuesto. Pero para ello también es
necesario que esas reuniones empiecen a ser multipartitas para ver lo que
podemos aportar desde distintas sensibilidades.

Contamos todavía con un escenario macroeconómico favorable en la
parte más económica; y, como usted bien decía, no ha llegado todavía a
todas las personas. Sin embargo, tal y como van diciendo las perspectivas
de la Airef y del Banco de España, este escenario macroeconómico, sin ser
preocupante, tiene un crecimiento más moderado, con una prolongación de
la fase expansiva, pero a un ritmo algo menor en los últimos años. Son
los últimos informes que se han publicado.

Los riesgos en la economía siguen siendo evidentes, siguen siendo
los mismos de los que hablábamos hace unos años, tanto a nivel
internacional como a nivel interno. La subida de los tipos de interés, el
precio del petróleo, la retirada de los incentivos europeos, las
tensiones geopolíticas o el brexit son, digamos, los riesgos geopolíticos
y los que nos preocupan. Con respecto a los riesgos internos, los que
atañen solo a España, uno que a nosotros nos preocupa especialmente es el
del endeudamiento, pero también podríamos hablar del desempleo, sobre
todo en la franja de jóvenes; de la brecha salarial entre mujeres y
hombres; de la polarización del mercado laboral; o de la baja
productividad.

Como le decía, hay un riesgo que nos preocupa sobremanera, que es
el endeudamiento. Es una variable de la que se viene hablando poco.
Llevamos muchos años creciendo, pero no se reduce la variable y todavía
estamos muy lejos del objetivo de Maastricht del 60 %. Nos parece que
este es un riesgo añadido, primero, porque puede suponer un problema para
las siguientes generaciones porque les dejamos una hipoteca; también,
porque puede haber un incremento del coste de la deuda por la retirada de
los incentivos del Banco Central Europeo; y porque, ante una nueva crisis
—no estoy diciendo que la vaya a haber, porque no lo creo; los
agoreros probablemente dirán que sí, pero no creo que esta sea inmediata,
aunque es posible que haya otra crisis cíclica en algún momento—,
este endeudamiento sería un lastre, un elemento de riesgo y un factor de
debilidad. Creo que es un aspecto al que hay que prestar mucha
atención.

La economía española ha sido siempre demasiado dependiente del
consumo. Parece que el crecimiento ha cambiado todo esto, pero hay un
gran reto en la economía española, y le voy a hablar de lo que pueda
corresponder a su ministerio y el presupuesto. Es necesario lograr un
aumento de la productividad con políticas encaminadas a que el
crecimiento se dirija a sectores de mayor valor añadido para mejorar la
productividad y hacer que ese crecimiento, además, sea sostenible en el
tiempo. Y es que, frente a futuras crisis, una estructura más equilibrada
ofrece más posibilidades de que la crisis no sea tan profunda como la que
ha habido.

Coincido en lo que se viene escuchando en otros ministerios, es
decir, en el necesario cambio de modelo productivo de país, que, con
políticas adecuadas, transite hacia el objetivo marcado por la Comisión
para Europa en el 2020: un 20 % de sector industrial. Quizá en este
momento ese objetivo sea todavía amplio, pero, sobre todo, se trata de
cambiar el modelo productivo. Para ello se necesita respaldo político;
pero, además de planificación, se necesitan partidas presupuestarias e
invertir en una política industrial con visión a largo plazo en I+D+i,
formación, internacionalización y digitalización. En definitiva, se
requiere un respaldo político y presupuestario para que el entorno
productivo sea adecuado y permita incrementar esa competitividad tan
necesaria.

Parece ya muy lejos —y renegamos de aquellas palabras
desafortunadas— lo que dijo un ministro socialista: que la mejor
política industrial es la que no se hace. Afortunadamente, en Euskadi, en
los ochenta, no hicimos caso de esas palabras, porque creemos que las
políticas industriales son prioritarias.

Ha hablado usted muy poco de la consolidación fiscal, pero sí de
la diferencia en el reparto del déficit. Y hay dos cosas que nos
preocupan. En primer lugar, nuestro grupo ha sido crítico con la política
de austeridad a ultranza que impuso Europa. Creo que esa consolidación
fiscal se podría haber acompasado de otra manera con el crecimiento y se
hubieran evitado muchos sufrimientos a las personas. En el Estado
—en este, en España— se llevó a cabo una reforma
constitucional introduciendo el principio de estabilidad presupuestaria
para las administraciones, y esa reforma constitucional nos llevó a la
Ley Orgánica de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Y
durante los años más duros de la crisis ese control del déficit se
convirtió prácticamente en la única variable estratégica de política
económica. La crisis ha golpeado en los últimos años y ha puesto de
actualidad una serie de hechos, a nuestro entender: por una parte, que
estamos en una zona euro donde hay un estancamiento, normalidad; no hay
crecimientos excesivamente grandes en la zona. Y hay una incertidumbre
generalizada, de forma que parece que en Europa nos estuviéramos moviendo
en un círculo perverso de crisis, austeridad, crecimiento y desafección
de la ciudadanía, algo que es muy preocupante. Estos hechos son los que,
en nuestra opinión, deberían entrar en el debate político.

Creemos que ha habido mucho eufemismo en torno al concepto de
responsabilidad presupuestaria. Lo que se quería era la reducción del
gasto; no era responsabilidad presupuestaria. Esto no lo hicimos así
donde nosotros gobernamos; no se reducían tanto los gastos, porque
afectábamos a las personas. Se decidió salir más tarde de la crisis, pero
salir todos juntos; de alguna manera, salir todas y todos juntos. Pero
entendemos que debe haber una responsabilidad presupuestaria relacionada
con no malgastar los recursos y, sobre todo, relacionada con las
prioridades, con gastar en aquello que es clave y prioritario para el
desarrollo de los territorios y de las personas. Rigor y responsabilidad,
pero compromiso con las necesidades de las personas, que deben ser el
principio de la acción de las políticas públicas. De esta manera quizá
podríamos prolongar más en el tiempo —lo he dicho antes— la
salida de la crisis, pero así lo decidimos en algunos territorios; en
Euskadi, por lo menos.

Con respecto al objetivo de déficit, le voy a hablar de dos
asuntos. Uno es que en el Estado no se ha cumplido el déficit en ninguno
de los años en los que ha habido ese objetivo. Se han modificado todos,
incluso el de 2018. Cuando estábamos en esta Cámara con el debate de los
presupuestos, la Airef ya decía que era poco factible que llegáramos
al 2,2 de déficit y lo situaba en torno al 2,7, con lo cual el acuerdo
que se logra con Europa no está muy lejos de lo que han dicho en esta
Cámara los organismos que vienen controlando la posibilidad del
cumplimiento de los objetivos.

Y el segundo aspecto es que los objetivos de déficit y deuda entre
Estado y comunidades autónomas se han distribuido de manera injusta. La
Airef realiza recomendaciones, en cuanto a que es necesaria una
disciplina para que cada Administración cumpla sus objetivos de déficit.
No vale con que haya un cumplimiento del objetivo global y que sean las
entidades locales y las comunidades autónomas las que cumplan o
sobrecumplan —es el caso de las entidades locales— y no lo
hagan ni el Estado ni la Seguridad Social. Esa también es una debilidad
frente a otras crisis, por lo que habría que exigir una disciplina
individual por sectores. Aparte de repartirlos mejor, habría que ser más
exigente en el cumplimiento.

En cuanto a la regla de gasto, las medidas establecidas en la ley
orgánica ponen al mismo nivel las tres reglas: la regla de gasto, el
déficit y la deuda, algo con lo que nosotros no hemos estado nunca de
acuerdo. Se realizó en España con un enfoque más restrictivo que el que
utilizaba la Unión Europea, ya que la regla de gasto en Europa no se
aplica con carácter sancionador y tampoco cuando un país está en un
procedimiento de supervisión por déficit excesivo. Por eso, queremos
conocer su opinión. Nuestra propuesta es que se flexibilice. De hecho, en
el Congreso hay una propuesta en tramitación, y creo que por ahí podrían
venir reformas de la regla de gasto que mejorarían la situación, sobre
todo, para los cumplidores, para aquellas entidades que no tienen deuda y
que no pueden utilizar los superávits que tienen en sus cuentas.

El señor PRESIDENTE: Señora senadora, se le va terminando el
tiempo.

La señora ETXANO VARELA: Si me lo permite, presidente, quiero
añadir dos cosas sobre la reforma del sistema tributario.

Estamos de acuerdo en que debe ser integral, en que opere en el
largo plazo y en que tenga como prioridad la incentivación. Nosotros
vamos a participar en cuantos debates y decisiones de reforma del sistema
tributario se produzcan, pero siempre con un estricto respeto a nuestro
autogobierno fiscal, en el que disponemos de capacidad normativa.
Tendremos que analizar de qué tipo de impuestos se trata, qué objetivos
tienen y, en el caso de ser impuestos nuevos, tratarlos en la Comisión
mixta del concierto.

Y, ya que usted nos ha recomendado una película, le voy a
recomendar el libro de María Pazos titulado Desiguales por ley, porque me
gusta mucho escuchar a una ministra hablar de igualdad. María Pazos en
este libro hace un análisis de los sistemas tributarios, no solo de las
nuevas figuras, sino de las figuras existentes y legales y de la forma en
que afectan al mantenimiento de la desigualdad entre mujeres y hombres.
Por eso es tan importante la perspectiva de género también en los
presupuestos, y es una lectura necesaria para quienes tienen las
políticas públicas y tributarias en sus manos.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.

Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la
palabra el señor Ayats i Bartrina. (Rumores). Perdón, el señor
Picornell.

Tiene la palabra su señoría.

El señor PICORNELL GRENZNER: Muchas gracias, señor
presidente.

En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la ministra, que al
inicio de su intervención ha dicho que quizá a veces deberíamos dejar los
números y porcentajes y bajar a la calle para conocer de primera mano
cuáles son las necesidades, para saber si la ciudadanía vive mejor o peor
que hace unos años.

En este sentido, en Esquerra Republicana queremos apuntar en
nuestra intervención algunas cosas que nos preocupan desde una vertiente
más bien política.

Decía que es importante el diálogo, la capacidad de llegar a
acuerdos. Yo mismo, durante el trámite de los presupuestos, tuve la
ocasión de tenderle la mano. En nuestro grupo parlamentario siempre
estamos dispuestos a hablar, que no sea el hecho de no hablar la razón de
que no lleguemos a acuerdos. Por lo tanto, sigue vigente este
ofrecimiento. Dicho esto, sepa que en Esquerra Republicana estamos un
poco preocupados, no por su intervención —estamos plenamente de
acuerdo con muchas de las cosas que ha dicho—, sino porque, de
momento, no tenemos noticias sobre cuándo se van a implementar algunas de
las cuestiones que ha citado. En Esquerra tampoco esperamos que lo hagan
todo a la vez, es imposible en política, pero necesitamos saber que esto
no quedará en nada, pues ya son demasiadas las veces que las promesas se
quedan en nada. Entenderá que hagamos esta reflexión porque venimos de
una mayoría absoluta del Partido Popular, venimos de un segundo Gobierno
del Partido Popular con direcciones absolutamente opuestas a las
nuestras. Por lo tanto, insisto en que estamos preocupados y necesitamos
saber cuándo van a pasar algunas de las cosas que usted ha citado.

Entrando en materia, usted ha puesto el acento, como también hizo
en su intervención en el Congreso, en la infrafinanciación de las
comunidades autónomas en relación con los servicios que prestan. Nosotros
queremos poner otra vez encima de la mesa que algunas comunidades están
totalmente ahogadas. Hablamos de aquellas en las que Esquerra Republicana
tiene representación: el País Valencià, las Illes y Cataluña. Para
nosotros, lo más relevante del sistema es que el modelo actual de
financiación no ha funcionado para nada. Debía tratarse de un modelo
basado en subvenciones, pero, desde nuestro punto de vista, con el paso
del tiempo no ha ayudado a reducir las desigualdades, sino que las ha
perpetuado más aún. Para nosotros, el sistema de financiación va
acompañado de otros sistemas obsoletos del Estado español, como es el
sistema tributario, que también ha citado usted. Y el sistema tributario
es un sistema éticamente reprobable porque empobrece a las clases
trabajadoras, a la economía productiva, a los autónomos y a las pymes,
mientras que enriquece a los especuladores y a los grandes oligopolios
que se ven beneficiados de este sistema. Para nosotros, es un sistema
injusto e ineficiente, con impuestos que gravan, como decíamos, a las
pymes, que son, justamente, las que generan riqueza a nuestra economía
productiva y crean empleo de larga duración, y, seguramente, de calidad,
mientras que favorece a las empresas especulativas. Usted pedía bajar a
la calle y saber de primera mano qué es lo que pasa y yo le pediría que
pongamos el acento en las pymes, que son a las que les cuesta día tras
día levantar la persiana porque el sistema no las ayuda.

Ya hace muchos años que nosotros apostamos y defendemos unos
impuestos con un tipo impositivo acorde con el servicio que se presta.
Por ello, volvemos de nuevo a denunciar la injusticia que supone que
bienes que son básicos, de primera necesidad, sean gravados como bienes
de lujo. Por ejemplo, es el caso de los productos —usted también
los ha citado— de la higiene femenina o de los pañales. En su
primera intervención en el Congreso se comprometió a trabajar en esta
reforma, pero aún no tenemos noticia de un calendario —no sé si es
que se me ha pasado por alto en su exposición— y necesitamos saber
cómo y cuándo se va a hacer.

Pero hay también servicios básicos que están gravados con un tipo
de lujo, lo que supone un trato injusto; es, por ejemplo, el caso del IVA
veterinario. Para nosotros es una incoherencia que en este país se
apliquen unos tipos reducidos a los espectáculos taurinos y, en cambio,
los servicios veterinarios tributen al 21 %, un servicio básico para la
prevención en el ámbito de la salud pública y que, por lo tanto, en
nuestra opinión, debería estar gravado con un tipo reducido. ¿Sabe que
justamente hoy hace dos años que en el Congreso, con los votos también
del Partido Socialista, se aprobó una proposición no de ley a instancias
de Esquerra Republicana que pedía que se bajara el IVA veterinario? Pues
sigue igual que hace dos años. Para nosotros es importante poder trabajar
y ejecutar esa reforma, y cuanto antes mejor. Para nosotros es urgente.
También podemos hablar del IVA de los servicios funerarios. ¿Cómo puede
ser que se aplique un IVA de lujo?

En cuanto al IVA cultural, sabe usted que estamos muy lejos de las
demandas del sector. En este sentido, queremos preguntarle —como ya
lo ha hecho el senador del Partit Demòcrata— por la devolución del
IVA de las subvenciones que ahoga a muchos teatros, que ahoga a muchos
festivales de nuestro país. ¿Qué vamos a hacer con esto?

De suma importancia para nosotros es la lucha contra el fraude
fiscal y la elusión fiscal —lo ha citado usted—. Para
nosotros es necesario un buen sistema, con los suficientes recursos
materiales y profesionales para garantizar una recaudación tributaria
justa. Las clases medias y trabajadoras han sufrido las consecuencias de
las crisis económicas y no es justo que, precisamente, las grandes
corporaciones sigan tributando proporcionalmente menos que las pymes, de
las que también hablábamos antes, que son la base, insisto una vez más,
del tejido productivo de nuestro país.

A nosotros nos encontrarán en todas aquellas acciones que tengan
como objetivo igualar el tipo teórico al tipo real de estas grandes
empresas que, mediante la ingeniería fiscal —ya lo ha citado
usted—, acaban tributando tipos irrisorios.

Para terminar, señora ministra, si me permite, voy a hacer una
crítica en la misma dirección a su Gobierno. Empezaron muy fuertes, con
propuestas estrella con las que estábamos ilusionados y con las que
estábamos plenamente de acuerdo, pero estamos a la cabeza de la calle.
Por lo tanto, lo que le pedimos es que concrete cómo va a desarrollar
cada una de estas propuestas estrella. Para nosotros, algunas de esas
urgencias son muy, muy importantes porque para mucha gente poder seguir
adelante depende de que se concreten estas medidas.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.

Disculpe por la confusión anterior.

Pasamos, a continuación, al Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra el señor Martínez Ruiz.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, en nombre de mi grupo, el Grupo Confederal de
Unidos Podemos, quiero dar la bienvenida a la ministra de Hacienda.
También le agradezco que en su intervención inicial haya mostrado esa
predisposición al diálogo y al acuerdo, aunque no somos tan inocentes
como para creer, y tampoco creemos que lo sea usted, que en Ciudadanos y
en el Partido Popular vayan a responder con cualquier otra cosa que no
sea la virulencia y el sectarismo. Por lo menos, hasta ahora, ha sido
así.

Como tenemos poco tiempo, voy a meterme directamente en harina.
Hemos dividido la intervención en tres bloques: financiación autonómica,
reforma fiscal y presupuestos generales.

Voy empezar por el primero, el que se refiere a la financiación
autonómica. Como todos y todas ustedes saben, el modelo de financiación
autonómica vigente es opaco, arbitrario e injusto, un sistema en el que
los fondos no se distribuyen en función de las necesidades de las y los
ciudadanos. Yo soy de la Comunitat Valenciana y allí las consecuencias se
ven en los niños estudiando en barracones, en las listas de espera en la
sanidad pública, en la falta de atención a nuestros dependientes y a
nuestros mayores. El Partido Socialista se comprometió —de hecho,
se comprometió en mi ciudad, Pedro Sánchez se comprometió en
Valencia— a abordar la reforma del sistema de financiación
autonómica, pero lo primero que hizo al llegar a la Moncloa fue dar
marcha atrás. Nosotros consideramos que el Gobierno debe rectificar. La
infrafinanciación está generando, como usted bien sabe, señora Montero,
un enorme problema de deuda. No es casualidad que las comunidades
autónomas peor financiadas sean al mismo tiempo las más endeudadas, como
se ha dicho: Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía. Aumentar el
déficit, como están proponiendo en el Gobierno, puede suponer un desahogo
en el corto plazo, y en ese sentido es una medida positiva que valoramos,
pero en el medio y en el largo plazo solo hará empeorar el problema
porque implicará un aumento de la deuda de las comunidades
autónomas.

Yo creo que no queda nadie en esta sala que defienda que hay que
mantener vigente el modelo de financiación autonómica de 2009. Creo que
esa es una cuestión de consenso, incluso con el Partido Popular y
Ciudadanos. Por eso, creo que debemos dejarnos de generalidades e ir a lo
concreto, porque la política también va de eso, de traducir las ideas en
propuestas concretas. Y por ello quería hacerle algunas preguntas para
conocer cuál es la posición del Gobierno: en el nuevo sistema de
financiación autonómica, ¿qué nuevos fondos se deben crear? ¿En función
de qué criterios se deben repartir esos fondos? ¿Se debe corregir el
criterio de población a un criterio de población ajustada? ¿Sobre la base
de qué variables se debería modificar ese criterio de población, qué peso
debería tener y cómo se calcula ese peso? ¿Qué nuevas competencias en
materia de ingresos fiscales deben tener las comunidades autónomas? Y,
por último, ¿la Administración central tendrá que hacer una nueva
aportación de fondos al sistema? Nosotros creemos que sí. Si la respuesta
es afirmativa, ¿en qué cuantía?

Una cuestión adicional que, además, se planteaba en el informe de
los expertos sobre la financiación autonómica es la cuestión del dumping
fiscal, la competencia fiscal a la baja entre territorios, algo que ha
ocurrido tanto con el impuesto sobre el patrimonio como con el impuesto
sobre sucesiones y donaciones. Y ha ocurrido también en comunidades
autónomas gobernadas por el Partido Socialista: en Andalucía, con usted
de consejera de Hacienda, y en Aragón, donde se ha bonificado el impuesto
sobre sucesiones y donaciones. Eso, a nosotros, nos parece una
barbaridad, más cuando la propia OCDE está recomendando establecer y
reforzar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Por eso, queremos
pedirle una explicación. Nosotros somos favorables a realizar una reforma
del impuesto sobre sucesiones y donaciones que establezca un mínimo común
para todas las comunidades autónomas. ¿Cuál es su posición? ¿Su posición
es favorable a esta reforma?

Entro en el segundo bloque, reforma fiscal. Compartimos que existe
margen en España para mejorar los ingresos públicos. Voy a desgranar
algunas de las principales figuras tributarias. En primer lugar, IRPF,
impuesto sobre la renta. Creo que todos conocen nuestra posición al
respecto, que es la de mejorar la progresividad y aumentar el impuesto de
la renta a las rentas mayores de 10 000 euros al mes. Las rentas mayores
de 10 000 euros al mes representan el 1 % de la población, esos que para
Ciudadanos son las clases medias y trabajadoras de este país, mientras
que los trabajadores precarios y los pensionistas son privilegiados o
parásitos del sistema. Señora ministra, hace pocos días Pablo Casado puso
encima de la mesa cuáles son las propuestas de política fiscal del
Partido Popular, que básicamente consisten en una tarifa plana fiscal
para los más ricos. Creo que a eso debemos responder, con la Constitución
en la mano, defendiendo la progresividad y la igualdad en función de la
capacidad económica de cada ciudadana y cada ciudadano.

En segundo lugar, impuesto sobre sucesiones. Las empresas del
Ibex 35 también son clases medias y trabajadoras para Ciudadanos y para
el Partido Popular. Sin embargo, nosotros creemos que existen grandes
asimetrías en el impuesto de sucesiones que tienen que pagar las pymes y
que de manera real tributan las grandes empresas y las grandes
corporaciones. Creemos que en el impuesto de sucesiones hay bases para un
acuerdo entre el Gobierno y Unidas Podemos. Estamos de acuerdo en
plantear tipos mínimos efectivos. Pero quería detenerme un momento en una
cuestión concreta del impuesto sobre sucesiones, que son las exenciones
por doble imposición que introdujo el Partido Popular en su reforma
de 2014. Las exenciones entre 2006 y 2016 pasaron de algo más de 16 000
millones a más de 115 000 millones de euros. Básicamente, eso ha hecho
que empresas que tienen actividad en el extranjero dejen de tributar en
España, dejen de pagar impuestos en España. De ahí es de donde proviene,
en buena medida, la pérdida de recaudación durante todos estos años en el
impuesto sobre sucesiones, unos 50 000 millones de euros. Creo que
debería ser algo a corregir.

En tercer lugar, el impuesto a la banca. Nos alegró mucho que hace
unos meses el Partido Socialista asumiera esta propuesta de Unidas
Podemos, pero ahora que están en el Gobierno parece que echan marcha
atrás. Usted misma ha comentado que se va a trabajar a través de otras
figuras tributarias y queremos preguntarle: ¿a qué figuras se refiere?
¿Podría especificar cómo y cuándo se van a impulsar?

Y en último lugar dentro de este bloque: la lucha contra el fraude
fiscal. Mientras que el 80 % de los recursos disponibles en la Agencia
Tributaria se dedican a perseguir a los autónomos y a las microempresas,
el sindicato de inspectores de Hacienda calcula que el 70 % del fraude se
concentra en las grandes fortunas y en las grandes empresas. Los propios
técnicos plantean que con un plan de lucha contra el fraude fiscal
realista y eficiente se podrían llegar a recaudar 40 000 millones en el
medio plazo. Usted se ha referido a una propuesta de ley impulsada por el
Gobierno. Queremos preguntarle cuándo se planteará ese plan en el
Congreso y si será en paralelo a la tramitación de los presupuestos
generales.

Paso al tercer bloque, Presupuestos Generales del Estado. Como
decíamos, hay margen para mejorar los ingresos. De hecho, usted misma lo
ha dicho antes. El nivel medio de ingresos en la zona euro es del 46 %
del PIB mientras que en España es del 38 %. La diferencia en la
recaudación a esos niveles es de 80 000 millones de euros. Mejorando esas
cifras es posible dar un vuelco a las políticas económicas en España.
Somos conscientes de que es muy complicado aprobar la nueva senda de
déficit planteada por el Gobierno para obtener un margen de 6000 millones
de euros de cara a los presupuestos del 2019. Es muy complicado debido a
las argucias y a las estratagemas del Partido Popular y de Ciudadanos,
que evidencian con ello su defensa de las políticas de ajuste y de
recortes en contra de la mayoría social de este país. Se oponen a
aumentar el techo de gasto, no por ninguna cuestión financiera —de
hecho, el techo de gasto viene avalado por la Unión Europea, viene
avalado por Bruselas—, sino por rabieta política y por voluntad de
bloqueo. El Ministerio de Hacienda, sin embargo, ya ha manifestado que
está trabajando en un plan b. ¿Podría especificar usted, señora ministra,
si han avanzado algo en ese sentido?

Acabo ya. Unidos Podemos ha planteado una serie de propuestas de
cara a los Presupuestos Generales del Estado y nos gustaría conocer su
opinión. Voy a remarcar solo algunas de ellas; seis en concreto. Primera.
La lucha contra la precariedad: aumentar el salario mínimo
interprofesional; derogar las dos últimas reformas laborales, la del
Partido Popular y la del Partido Socialista, y acabar con la brecha
salarial entre mujeres y hombres. Segunda. Dar un respiro a los
autónomos: reducir las cuotas para quienes tienen menores ingresos,
reducir la burocracia y atajar el fenómeno de los falsos autónomos.
Tercera. Revertir los recortes a los pensionistas. No solo hay que pactar
en una comisión que las pensiones se revaloricen con el IPC; eso hay que
convertirlo en ley. Cuarta. Crear una red de escuelas de 0 a 3 años que
sea pública, gratuita y de calidad. Quinta. Un plan de choque en el I+D+i
que revierta los recortes de los últimos años. Y sexta y última. Un plan
de vivienda poniendo tope a las subidas abusivas, obligando a los grandes
propietarios a sacar sus pisos al mercado a un precio accesible, acabando
con las socimis o ampliando el parque público de vivienda para alquiler
social.

Una cosa más para finalizar, señora ministra. Me gustaría
referirme a una cuestión muy concreta que requiere de una solución
urgente por parte de su ministerio, la situación de los bomberos
forestales en la Comunitat Valenciana. Hace una semana vinieron en bici
dos de ellos para reclamar algo tan lógico como que se cumplan los
acuerdos firmados, incluyendo las subidas salariales respectivas y la
segunda actividad por causa de edad o de enfermedad. Porque no puede ser
que haya trabajadores de más de 60 años que estén en tareas de extinción
en primera línea. Señora ministra, el colectivo de bomberos forestales
empezó este mismo lunes una huelga de hambre.






No puede ser que quienes se
juegan la vida por protegernos a todas y a todos tengan que jugársela de
nuevo para reclamar que se apliquen los acuerdos firmados. Nos consta que
le han hecho entrega al presidente Pedro Sánchez y a usted misma de una
carta en donde detallan esta situación. He traído una copia por si se le
ha traspapelado, que ahora le entregaré. Le pedimos que hable con ellos
y, sobre todo, les pedimos que pongan soluciones encima de la mesa.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Vázquez García.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, señora ministra, quiero darle la bienvenida en
nombre del Grupo Socialista y expresarle nuestra confianza y apoyo.
También, por qué no, quiero manifestar el orgullo de tener un Gobierno
socialista y a usted como ministra del mismo.

En estas últimas semanas se ha acusado al Gobierno de despreciar,
de no respetar al Senado. Le voy a confesar una cosa: difícil de creer
como fácil de demostrar. Con esta, ya ha igualado en comparecencias ante
la comisión al anterior ministro, que durante siete años solo compareció
una vez. Posiblemente alguien entienda que esto es apreciar o respetar al
Senado, nosotros no lo creemos.

El Grupo Socialista coincide plenamente con usted en que hay que
hablar de futuro, de cómo mejoramos la vida de nuestros ciudadanos,
recuperando lo perdido estos años por los trabajadores y clases medias,
recuperando la calidad de los servicios públicos fundamentales, así como
trabajar por el diálogo y el acuerdo. Esa primera parte de su
intervención es fundamental, y todos deberíamos hacer un ejercicio para
adaptarnos a estos tiempos nuevos, como usted los ha definido. Esto no
viene de la moción de censura, sino que ya antes los ciudadanos
expresaron que no habría mayorías y que habría que negociar. Ese fue el
mandato que nos dieron. Pero la experiencia —también tengo que
decirlo— nos hace ser escépticos porque en los últimos siete años
el Grupo Popular, con mayoría absoluta en esta Cámara, ha aplicado sin
ninguna concesión el rodillo.

Ahora se trata de no hacer lo mismo. Durante estos años el debate
se ha centrado en responsabilizar a la herencia del anterior Gobierno de
todos los males, por eso nos alegra escucharla que no haya hecho mención
alguna a ninguna de esas herencias, que tienen sus luces y sus sombras,
como todas las herencias. Pero ese no es el debate, lo que los ciudadanos
quieren es que se hable de cómo se van a resolver sus problemas, de su
futuro y de esperanza, de intenciones y objetivos.

Los datos son conocidos, por lo tanto, no vamos a entrar en su
debate porque sería absolutamente inútil. Queremos centrarnos en nuestra
propuesta, tal y como usted ha hecho en su intervención, en las
diferencias políticas a aplicar, que son consecuencia, inevitablemente,
de diferencias ideológicas. Hablamos, pues, de política económica,
social, de modelo productivo, de patrones de crecimiento distintos que
nos hagan más competitivos sin basar esa competitividad en la devaluación
salarial y la precarización laboral. En definitiva, hablamos del modelo
de país que queremos los socialistas, que es totalmente distinto al que
ha querido imponer la derecha estos años apostando por un Estado social
mínimo, raquítico, que ha sido conocido como el Estado del 38 %. Esto nos
lleva a hablar de fiscalidad, como usted ha hecho, es decir, de cuánto
hay que ingresar y cuánto hay que recaudar para poder mantener un Estado
de bienestar similar; no digo el mejor de Europa, sino similar al de los
países de nuestro entorno, pero totalmente distinto al que nos quieren
llevar, al de países como Rumanía, Bulgaria o Lituania. Es un cambio
fundamental que espero, y confiamos absolutamente en ello, ver plasmado
en los próximos documentos que se envíen a Bruselas, donde el Partido
Popular hacía esta traslación en cuanto al gasto público.

Pero no solo lo hacía en estos documentos. El 16 de abril de este
año el ministro Montoro ofreció una entrevista al diario El Mundo que
tuvo mucha resonancia por lo que dijo sobre la factura del procés, y en
ella se recoge un párrafo que voy a leer a sus señorías porque es muy
clarificador. Dice así: «En España estamos ocho puntos por debajo de la
carga fiscal media, un 38 % frente a un 46 % de promedio europeo. La
izquierda quiere equiparación con Europa, pero yo no porque esa es
nuestra ventaja competitiva para el turismo». Y se quedó tan tranquilo.
Esto define perfectamente cuáles son los dos modelos de sociedad que unos
y otros defendemos. Claro que los socialistas queremos equipararnos a
Europa. Para ello, necesitamos incrementar los ingresos haciendo pagar
más a los que más tienen y menos han perdido en esta crisis; corregir las
desviaciones que han incrementado la imposición indirecta sobre la
directa, las aportaciones del trabajo sobre el capital. Basta un ejemplo.
Nos han vendido —lo hizo el señor Montoro cuando presentó el
presupuesto— que este año se recuperará la recaudación precrisis
de 2007. Es verdad, vamos a alcanzar los 200 000 millones, igual que
en 2007. Lo que no nos han dicho es que mientras con el IRPF y, sobre
todo, con el IVA recaudarán mucho más que entonces, con el impuesto sobre
el beneficio de las sociedades se recaudará la mitad. Lo que nos dice el
último informe de la Agencia Tributaria es que el tipo efectivo en las
grandes empresas ha sido el 6,14 % sobre sus beneficios, mientras las
pymes lo hacen a un 15,5 %, los trabajadores al 22 % y los consumidores
pagan el 21 % de todo lo compran. Esto ni es justo ni es equitativo.

Por tanto, señora ministra, todo nuestro apoyo en ese asunto, como
también lo tendrá en cuanto a las medidas que proponga para luchar contra
la lacra del fraude y la elusión fiscal. Son muchas, muchas las
iniciativas que sobre esto ha realizado el Grupo Parlamentario Socialista
durante los últimos años y todas han sido rechazadas por la mayoría del
Partido Popular; como también han sido muchas las iniciativas que todos
los grupos hemos planteado al anterior Gobierno sobre la financiación
territorial de las comunidades autónomas y corporaciones locales. Causa
cierta perplejidad ver cómo quienes tendrían que haber revisado el modelo
de financiación autonómica hace cinco años y no lo hicieron exijan al
nuevo Gobierno que lo haga en tres meses. Pero, bueno, nos alegra saber
que usted y el Gobierno están trabajando con las comunidades autónomas
para mejorar la financiación. Efectivamente, existe un grave problema de
infrafinanciación en la mayoría de las comunidades autónomas y eso
exigirá un nuevo modelo consensuado con ellas, porque en ellas —y
ya se ha dicho aquí— es donde está residenciada la gestión de los
servicios fundamentales: la sanidad, la educación, la dependencia,
etcétera. Por tanto, cualquier infrafinanciación en estas comunidades
autónomas será una infrafinanciación de estos servicios y, por tanto,
cualquier mejora será la mejora de estos servicios tan importantes.
Igualmente, es un clamor y es de justicia la revisión de la regla de
gasto para que los ayuntamientos puedan hacer uso de su superávit con más
flexibilidad. Y sabemos que está trabajando con ellos y en ello.

Queremos aplaudir su compromiso de transparencia y, en este
sentido, quisiéramos saber en manos de qué gestores estaban los cajones
en que se amontonaban las facturas sin pagar durante los años anteriores
y que, según el Gobierno anterior, eran la causa de la deuda, acusando
constantemente de despilfarro a los gobiernos socialistas en
ayuntamientos y comunidades autónomas. Por simple curiosidad, sería bueno
que los ciudadanos conocieran quiénes eran los gestores que dejaron en
esos cajones esas deudas.

Por otra parte, aplaudimos su claridad y su compromiso con la
claridad. Esperamos no volver a escuchar nunca a un ministro o ministra
del Gobierno de España hablar de detraimiento salarial cuando le quitaba
una paga a los empleados públicos, o de ponderación de impuestos cuando
subía el IVA tres puntos, o de regulación tributaria cuando se trataba de
administrar fiscalmente a corruptos y delincuentes.

Señora Montero, somos conscientes de las dificultades para lograr
sus objetivos, algunas de ellas consecuencia —como se ha dicho
aquí— de las situaciones geopolíticas y geoeconómicas, pues esos
vientos de cola que durante los últimos años han acompañado el
crecimiento van a empezar y están empezando a caer, y otras, por el
intento de bloqueo que la derecha quiere imponer a cualquier avance que
pueda ser beneficioso para la sociedad. Podemos entender, y entendemos,
que se rechace un presupuesto por cuestiones ideológicas —porque,
además, deben ser presupuestos totalmente distintos los que haga la
derecha de los que pueda hacer este Gobierno—, lo difícil es
entender la oposición a que se puedan incrementar las disponibilidades
económicas de las comunidades autónomas para pagar o sostener el sistema
de pensiones, esos 6000 millones de euros que supondría aceptar los
nuevos objetivos aprobados por la comisión y negociados con ella. Es muy
difícil de entender y de justificar. Yo le haría una pregunta: ¿Se
beneficia alguien —algún territorio, algún ayuntamiento, algún
colectivo, algún ciudadano o ciudadana— de poder disponer de
esos 6000 millones adicionales para políticas sociales o para mejorar las
cuentas de las pensiones? O lo que es lo mismo, ¿perjudica a alguien
disponer de eso? Es difícil de entender. Nosotros, el Grupo Parlamentario
Socialista, en 2017, cuando se debatió aquí sobre el techo de gasto, y
anteriormente en el Congreso, no nos opusimos a ello porque precisamente
introducía mejoras para las comunidades autónomas. Eso es sentido de
Estado, eso es votar pensando en el beneficio de los ciudadanos. Que cada
cual asuma sus responsabilidades.

Nos alegra saber y haberle escuchado decir que el Gobierno no se
arruga ante estos obstáculos, que va a seguir luchando y trabajando para
hacer posible un nuevo presupuesto que mejore las condiciones de los
ciudadanos. Tendremos ocasiones de profundizar en todo lo que aquí ha
expuesto en cuanto a fiscalidad. Nosotros estamos totalmente de acuerdo
—lo he dicho antes— en que hay que mejorar la recaudación y
en que debe hacerse cargando más los impuestos de aquellos que menos han
pagado y que más posibilidades tienen; aquella frase que dice: que cada
uno aporte según lo que tiene y que cada uno reciba según lo que
necesite.

No es este el momento, como ha pedido el portavoz de Podemos, para
desgranar y entrar en el detalle de cada una de estas medidas. Hay mesas
de diálogo, hay mesas de negociación y habrá un tiempo parlamentario para
todo ello.

Quiero terminar, como empezaba la ministra, diciendo que esa
voluntad de diálogo tenemos que demostrarla. Hoy, en estos tiempos
confusos, en estos tiempos difíciles, los ciudadanos —si no lo
vemos es que estamos ciegos— cada vez nos exigen más a los grupos
políticos, a sus representantes; exigen esa voluntad de negociación, de
acuerdo, de consenso, tal como sucedió en otra época en este país, cuando
se consiguió llegar a acuerdos desde posiciones ideológicas muy distintas
y muy distantes. Creo que ese es ahora mismo el mayor reto que
tenemos.

Cuando se ponen los intereses partidistas o electorales por encima
del interés general mal vamos, y esto tenemos que asumirlo todos. No
señalo a nadie, pero que cada cual asuma con los hechos su propia
responsabilidad y su propia autocrítica, si es que tiene que hacerlo para
adaptarse a estos nuevos tiempos.

Sabemos que usted practica este intento de acuerdo y de
negociación, siendo flexible, pero, eso sí, sin renunciar a los
principios máximos que cada uno pueda tener, lo que nos anima a pensar
que vamos a avanzar en los objetivos que aquí se han expuesto. Puede
contar plenamente con el Grupo Socialista para conseguirlo y para
trabajar en todo esto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado,
tiene la palabra su portavoz, el senador Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Señora ministra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero
darle la bienvenida a esta comisión y agradecerle su comparecencia. Como
no tengo tiempo ilimitado, lamentablemente no puedo dedicarme a defender
el importante legado del Gobierno del señor Rajoy en materia económica,
que se ha venido criticando tanto por parte del portavoz del Grupo
Socialista como veladamente por usted en su intervención.

Habla usted de que España tiene una grave situación de desigualdad
y pobreza. ¿Sabe qué política genera más pobreza, señora ministra? Sin
ninguna duda, la destrucción de empleo. ¿Sabe cuántos empleos se
destruyeron en el período 2008-2011, cuando gobernaba el señor Rodríguez
Zapatero? Pues 3,5 millones. ¿Sabe cuál es la mejor política social,
señora ministra? La que permite que cada persona lleve un sueldo a su
casa. ¿Sabe cuántos empleos se crearon durante los cuatro últimos años
del Gobierno del señor Rajoy? Dos millones.

Señora ministra, con este bagaje, ¿cómo tiene la valentía de venir
a esta Cámara a dar lecciones de gestión económica, y mucho menos de
generar pobreza, si en esto tienen ustedes, aquí sí, un doctorado cum
laude?

Volviendo al motivo de la comparecencia, que es hablar de los
objetivos políticos de su departamento, comenzaré con la estabilidad
presupuestaria. En relación con esta materia, ya conoce lo que establece
el artículo 135.1 de la Constitución y, por tanto, el ineludible
compromiso que tiene la Administración General del Estado de no incurrir
en déficits estructurales. Sin embargo, ustedes han entrado en una
peligrosa deriva, de la mano de uno de sus socios de Gobierno, por la que
pretenden disparar el gasto público, poniendo en riesgo la sostenibilidad
del sistema. Esa errónea receta ya la aplicaron, y las consecuencias las
sufrimos todos los españoles. Señora ministra, no vuelvan a caer en el
error: gasten lo que ingresen y no incrementen el déficit, porque supone
financiarse con deuda. Incrementar la deuda significa incrementar los
gastos financieros y reducir, por tanto, en el medio plazo la posibilidad
de gasto público. Sus políticas cortoplacistas nos llevan de nuevo a
poner en riesgo la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Señora ministra, están ustedes ejecutando —y además se les
ve felices haciéndolo— un presupuesto que elaboró el Partido
Popular. Un presupuesto que tiende al equilibrio, cuyo gasto social
supone un 56 %, y que garantiza muchas prestaciones que hoy se están
apuntando ilegítimamente en su haber, como el incremento de las
pensiones, la subida del sueldo a los funcionarios, la equiparación
salarial de policías —si no la terminan de reventar— y las
mayores transferencias a las comunidades autónomas, y todo ese incremento
de gasto de manera compatible con mayores desgravaciones fiscales a
quienes más les hace falta y con elevar el mínimo exento en el IRPF.

No tropiecen de nuevo con la misma piedra, señora ministra,
cumplan la senda de estabilidad pactada con nuestros socios comunitarios
y no nos vuelvan a poner en situaciones tan complicadas como las que
dejaron en el año 2011, cuando el déficit estaba en torno al 10 %. No
generen gastos de manera descontrolada aprovechando la bonanza de los
ingresos, porque cuando soplen vientos de frente —y aquí algunos
grupos le han advertido que ese escenario puede estar cerca— no
podrán hacer frente a esos gastos y dispararán el déficit. Señor
ministra, no se trata de gastar más, sino de gastar mejor.

Íntimamente ligado a los razonamientos que le acabo de exponer se
encuentra también nuestro argumentario en materia de política fiscal.
Como no puede ser de otra manera, nosotros compartimos lo que establece
la Constitución española en su artículo 31, es decir, progresividad,
justicia y equidad. Eso no lo ha inventado el Partido Socialista, ya
viene en la Constitución española de 1978. Pero nosotros entendemos que
los impuestos deben ser los suficientes para garantizar la debida
prestación de los servicios contemplados en nuestro Estado de bienestar;
ni un euro más, señora ministra.

Pensamos que donde mejor está el dinero es en el bolsillo del
contribuyente. Sin embargo, ustedes —y no se esconden, hay que
reconocerlo— son partidarios de incrementar la presión fiscal
exponencialmente sobre el conjunto de los españoles. Pretenden
ingresar 32 000 millones de euros adicionales con impuestos, esto es, 700
euros por ciudadano. Han entrado en una competición con su principal
socio de Gobierno, los señores de Podemos, para ver quién es capaz de
crear más impuestos o de subir más los impuestos ya vigentes. Ustedes
quieren subir o crear hasta ocho impuestos más para financiar esa campaña
electoral en la que están ustedes inmersos desde que llegaron a la
Moncloa. ¿No se dan cuenta de que subir el impuesto del diésel afectaría
a las clases trabajadoras? ¿No se dan cuenta de que la mayoría de
los 17 millones de usuarios de vehículos diésel en España son
profesionales, o clase media, que compraron ese tipo de vehículos
precisamente porque era más económico que la gasolina?

Señora ministra, quieren subir los impuestos a la banca, y eso es
popular. La banca, en general, no cae bien a los ciudadanos, y por eso
están ustedes en esa corriente, pero es absolutamente irresponsable.
¿Sabe usted, señora ministra, quién financia las inversiones a la
economía española? Si la banca no es rentable, no puede dar créditos, y
si se paraliza el crédito, se paraliza el desarrollo económico. ¿Sabe
usted quién iba a pagar esos impuestos? Los millones de clientes sobre
los que repercutirían los impuestos las entidades financieras, los
cientos de miles de empleados del sector y los muchísimos pequeños
ahorradores que tienen acciones en estos bancos españoles.

También hablan de un impuesto a las tecnológicas, y ahí estamos de
acuerdo, en que se debe pagar lo justo. No es justo que haya empresas que
generen beneficios en España y no tributen por ello, pero hagámoslo de
manera armonizada, no a lo loco, con nuestros socios comunitarios. No
espantemos a los inversores en sectores de emprendimiento.

Hablan de incrementar el impuesto sobre sociedades demonizando a
las empresas españolas, que son las principales artífices —no lo
olviden— de la recuperación económica en nuestro país. Ustedes
pretenden en este ámbito, entre otras cosas, cobrar por los beneficios
obtenidos por nuestras multinacionales fuera de España, como si no
hubieran tributado ya por ello en virtud de los convenios de doble
imposición que están firmados por el Reino de España. El 70 % de los
beneficios de nuestras grandes empresas son dividendos en el exterior.
Con esta estrategia errónea consiguen generar dos problemas a la vez: en
primer lugar, desincentivan la inversión de nuestras empresas y, en
segundo lugar, es bastante probable que enfrasquen al Estado en una
multitud de reclamaciones de los contribuyentes con elevada probabilidad
de éxito para las empresas, con lo que nos obligaría a devolver dentro de
unos años lo recaudado de más, con sus pertinentes intereses
procesales.

También plantea subir el IRPF a los españoles. Ahí es cierto que
están dudando, junto con sus socios de la izquierda más radical, a
cuántos millones de españoles quieren masacrar a impuestos. En cualquier
caso, hasta la fecha solo hablamos de hipótesis, porque ustedes en este
tema, como en la mayoría de los temas importantes, solo pegan bandazos:
un día una cosa y otro la contraria, y al día siguiente la contraria de
la del día anterior.

Señora ministra, le hago una petición concreta, y con esto ya me
voy satisfecho de esta comparecencia. ¿Puede concretar hoy, aunque solo
fuera por no seguir generando incertidumbre en inversores y en la
ciudadanía, qué impuestos van a crear y cuánto van a subir los impuestos
vigentes?

Señora Montero, le voy a decir lo que el Partido Popular haría en
materia fiscal si retomase el Gobierno: simplificaríamos el impuesto
sobre sociedades para ajustar tipos a la baja, haciéndolo más equilibrado
entre pymes y grandes empresas; reduciríamos el IRPF hasta un tipo máximo
del 39 %, que es la media europea; suprimiríamos el impuesto sobre el
patrimonio y eliminaríamos el impuesto de sucesiones para la gran mayoría
de los españoles, y desde luego siempre en la transmisión de padres a
hijos.

Nuestra receta de bajada de impuestos supondría un ahorro para el
bolsillo de los españoles de cerca de 12 000 millones de euros. Aunque
usted diga lo contrario —hoy no lo ha dicho, pero ha llegado a
decir en alguna ocasión, sin sonrojarse, que el PP subió los impuestos 50
veces, y me gustaría que los enumerase—, hemos demostrado en
nuestra dos etapas de gobierno que se puede incrementar la recaudación
bajando los impuestos. Señora ministra, no falte a la verdad. Los
españoles saben perfectamente qué partidos les suben los impuestos, el
Partido Socialista, y saben perfectamente qué partido les baja los
impuestos, el Partido Popular.

En lo que tiene que ver con la reforma de la financiación
autonómica, le diré que usted ha sido una de las consejeras que más ha
demandado un sistema que no infrafinancie a las comunidades autónomas.
Leo literalmente un extracto de una conferencia que dio en Sevilla el
pasado mes de enero, donde dijo: A los servicios públicos esenciales les
faltarían 16 000 millones de euros en el conjunto del Estado. Una
insuficiencia que ha cifrado en 3400 millones de euros para Andalucía, a
la que se deben añadir necesidades estimadas insatisfechas que
requerirían una necesidad adicional de 4000 millones. Montero situó el
debate de la financiación autonómica como uno de los temas más
trascendentales que tenemos en el presente, y que va a condicionar el
modelo de sociedad en el futuro. Incluso llegó a decir que había que
simplificarlo, crear solamente dos fondos, y un tercer fondo de
sostenibilidad de los servicios públicos para los vaivenes que se
produzcan en los ciclos económicos.

Posteriormente a esa conferencia, el Pleno del Senado, con más
del 80 % de los votos a favor, incluyendo Grupo Parlamentario Socialista
y Grupo Parlamentario Popular, aprobó una moción instando al Gobierno a
que, de manera urgente, llevara a cabo la revisión del modelo de
financiación autonómica. Sin embargo, uno de los primeros anuncios del
señor Sánchez cuando accede al Gobierno, en esta Cámara también, es que
no va abordar la reforma del sistema de financiación autonómica en esta
legislatura. Da la sensación de que están ustedes eludiendo la
responsabilidad y de que no quieren asumir el papel que les corresponde
de unificar posturas en su partido para no tener desgaste electoral en
ningún territorio. No quieren o quizás no pueden, que no sé qué sería
peor. Esto le quita todavía más legitimidad para seguir un solo minuto
más en el Gobierno.

Señora ministra, cumpla lo acordado en las Cortes, cumpla su
compromiso con los españoles y con los andaluces. Si usted pensaba y
defendía a voz en grito que era imprescindible acometer de manera urgente
una modificación del sistema de financiación autonómica para adecuar los
servicios públicos esenciales en las comunidades autónomas, ¿qué
obstáculo insalvable hay hoy para que no sea la prioridad número uno de
su ministerio?

Tampoco puedo dejar pasar la ocasión, señora ministra, como
senador por Ceuta que soy, de instarla a que tenga una especial
sensibilidad con Ceuta y Melilla. Es imprescindible que no se dé un solo
pasa atrás en el esfuerzo presupuestario del Estado ni en materia de
personal ni en materia de inversiones ni en materia de gasto corriente.
Le pido también que consoliden por ley las transferencias sectoriales que
hoy reciben las ciudades autónomas para acción concertada. Y le pido que
formalicen, de una vez por todas, los convenios que permiten aliviar los
sobrecostes que ambas instituciones asumen como consecuencia del hecho
transfronterizo y que están dotados en los presupuestos del Estado
de 2018.

Termino con una última cuestión, señor presidente. Con el
nombramiento del señor Torra y la formación posterior de su Gobierno, el
artículo 155 decayó, y la primera decisión del presidente Sánchez fue la
de eliminar la supervisión que tenía Hacienda sobre todas las órdenes de
pago de la Generalitat. La situación que está viviéndose en Cataluña en
estos momentos es de absoluto descontrol. El conjunto de los españoles
vivimos con extrema preocupación el desgobierno que se padece en aquella
región española. El Gobierno de la Generalitat, en manos de los
independentistas, está ignorando sistemáticamente el ordenamiento
jurídico vigente y está poniendo en serio peligro la estabilidad de
España en todos sus ámbitos. Lo que deberían ustedes hacer ya, si fueran
un Gobierno responsable, es instar a la aplicación del artículo 155 y
asumir el control efectivo de la Generalitat para que se vuelva a cumplir
el orden constitucional, pero, alternativamente y en tanto no hagan lo
que deben, al menos vuelvan a recuperar el control reforzado de las
cuentas de la Generalitat con un sistema de certificación previo al pago
para asegurarnos de que no se estén financiando actividades contrarias a
la ley y de que los recursos se destinen a pagar lo importante: sueldos y
salarios de funcionarios, sanidad, educación y servicios sociales. Sabe
perfectamente, porque se lo dijo el señor Montoro, que si hubiéramos
seguido gobernando, tras la toma de posesión de Torra hubiéramos vuelto a
convocar a la Comisión Delegada para Asuntos Económicos para reactivar el
control financiero que se estableció en la Orden Ministerial de Hacienda
y Función Pública 875/2017. Señora ministra, le exigimos que recuperen el
control en Cataluña. Y ya saben cuáles son los instrumentos
jurídicos: 155 y control financiero reforzado.

Finalizo con una última cuestión. El Gobierno del señor Sánchez se
cae a trozos. Vamos a escándalo por semana. El último conocido —o
el penúltimo, porque ya ayer surgió otro— es el de la posible
evasión fiscal del señor Duque. En este caso se lo voy a poner fácil.
¿Cree usted, como máxima responsable de la Hacienda Pública española, que
el señor Duque cumplió debidamente con sus obligaciones fiscales? La
respuesta es tipo test: a) Sí; b) No; c) Lo sé, pero no se lo puedo decir
porque tendría que dimitir el ministro.

Muchas gracias. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Arcas.

Tiene la palabra la señora ministra para contestar a los
portavoces.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer el tono de la gran mayoría de
los grupos parlamentarios. Creo que ha sido un tono constructivo para
intentar aportar la visión legítima que cada uno tiene, excepto,
evidentemente, el del señor Martínez Arcas, a quien si el resto de
formaciones políticas y sus señorías del Partido Popular me lo permiten,
que para eso estoy aquí, voy a intentar responder en primer lugar,
pasando de mayor a menor en relación con los grupos que han
intervenido.

Señor Martínez Arcas, ¿legado económico del señor Rajoy? ¿La
desigualdad social es el legado económico del señor Rajoy? No lo dice
este Gobierno, señor Martínez Arcas, lo dicen los organismos
internacionales: España se encuentra a la cabeza en desigualdad social.
¿Y hace usted un movimiento como si la desigualdad social no le
importara, señor Martínez Arcas? Pues a nosotros y a este Gobierno nos
importa y mucho. Y es la prioridad sobre la que desarrolla la política
económica. (Rumores).

El señor PRESIDENTE: Silencio, señorías.

Hemos llevado una comparecencia bastante amable y vamos a
continuar de esta manera. Por lo tanto, les pido respeto para la
contestación de la ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias por su
auxilio, señor presidente, porque siempre que tengo el uso de la palabra
y no le gusta a sus señorías lo que digo o cómo lo digo se escucha un
ruido de fondo que, créanme, tampoco me molesta. Ustedes sabrán si se
tienen que manifestar.

¿Legado económico del señor Rajoy por haber endeudado a este país
habiéndose encontrado una situación de ese que ustedes hablan como el mal
de todos los males, el señor Zapatero, de en torno a un 60 % de deuda,
cuando ustedes han dejado a este país en un cien por cien de deuda?
(Rumores). Sí, por lo menos lo reconoce, ¿ese es el legado económico del
que ustedes hacen gala y también el señor Rajoy? Legado económico es que
no han cumplido ustedes nunca con el objetivo de estabilidad, cuando sí
lo han cumplido los ayuntamientos y la gran mayoría de las s comunidades
autónomas. ¿Dónde está la gestión económica de este Gobierno tan
brillante que usted dice defender? (Rumores). Jamás, y estoy hablando yo,
porque yo no le he interrumpido en ninguna parte de su intervención.
Repito, jamás han cumplido ustedes con el objetivo de estabilidad. ¿Van a
hacer ustedes aquí gala, aprovechándose del trabajo de comunidades
autónomas como la andaluza, que ha cumplido de forma sistemática en los
últimos años con su compromiso de estabilidad, a pesar de que ustedes no
han cumplido? ¿O de los ayuntamientos de este país, que han arrojado una
cifra de superávit que ha permitido compensar parte del ajuste que tenía
que haber hecho la Administración General del Estado?

Ustedes no solo no han hecho una buena gestión económica, sino que
ustedes han hecho una mala gestión económica en términos de deuda, en
términos de creación de desempleo, en términos de desigualdad social, en
términos, en definitiva, señorías, del bienestar de los ciudadanos (El
señor Martínez Arcas: ¡Increíble!). A usted le parece increíble porque no
debe de vivir en los pueblos y ciudades de nuestro entorno.

Señor Martínez Arcas, el problema es que para el Partido Popular
el gasto público es un problema en sí. Tenemos seis puntos diferenciales
con el resto de la zona euro, y todas y cada una de las medidas que
ustedes han aplicado durante la crisis, a diferencia de otros países de
nuestro entorno, han perseguido la sistemática bajada del gasto público.
Porque ustedes no creen en lo público, ustedes creen en un mínimo Estado,
ustedes creen que hay que dar paso a la iniciativa privada en materias
como la sanidad, como la educación, como la dependencia o la provisión de
servicios públicos. Pero ¿sabe usted qué pasa? Que no se atreven a
decírselo a los ciudadanos, que se esconden detrás de las cifras
estadísticas o macroeconómicas porque ustedes no creen en lo público, y
lo han demostrado en las comunidades autónomas en las que han gobernado,
y lo han demostrado en las concesiones que han hecho ustedes de la
sanidad pública y lo han demostrado en relación con la educación pública
con las universidades privadas. Lo han hecho ustedes y, por tanto,
señoría, flaco favor hace usted, desde luego, al electorado del Partido
Popular si siguen ustedes defendiendo que la recuperación de los
derechos, tras una crisis tan aguda como la que hemos tenido, es un
despilfarro —es así como lo tildan, de despilfarro— o es un
lujo que no se puede permitir este país porque, según ustedes,
permanentemente tendríamos que seguir bajando ese gasto público hasta
llevarlo prácticamente a la nulidad, porque la sociedad que ustedes
persiguen es una sociedad absolutamente liberal en lo económico, con
libre competencia de la iniciativa privada, sin intervención, ni siquiera
en lo básico, de los servicios públicos.

Habla usted, señor Martínez Arcas, de que no apoyan la nueva senda
de estabilidad porque eso implicaría un mayor endeudamiento, porque eso
implicaría una manera diferente de entender los compromisos con los
socios europeos, y le voy a decir tres cosas. Primero, que ustedes no es
que no apoyen la senda de estabilidad, es que ustedes están hurtando a la
mayoría de la Cámara poder tramitar una ley que cuenta con el respaldo de
la mayoría. ¿Cómo llama usted a eso, señor Martínez Arcas?, porque cuando
se ha constatado que hay una mayoría en el Congreso de los Diputados a
favor del cambio de la senda, ustedes lo vetan. ¿Usted cómo llama a eso?
¿Democracia? ¿Participación? ¿Cómo lo llama usted? (El señor Martínez
Arcas: ¡Cumplir la ley!). No, no; no se le estoy preguntando para que me
conteste ahora, contésteme luego. Esto no es interactivo. Si lo hacemos
interactivo, encantada. (Protestas).

El señor PRESIDENTE: Un momento, señora ministra.

Señorías, yo les pido silencio, por favor, señorías.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Si lo hacemos
interactivo, estoy encantada, señor Martínez Arcas, porque probablemente,
punto por punto, se pueden desenmascarar muchas de las falsedades que
usted ha dicho en su intervención.

Ustedes, realmente, no están tramitando y, por tanto, están
bloqueando la discusión de la senda de estabilidad. Nada que ver con el
endeudamiento, no, no, no. ¿Usted sabe por qué no la tramitan? Porque
ustedes van a poner chinas en el camino a este Gobierno porque entienden
que les ha hurtado lo que les pertenece. Por eso ustedes no dejan que se
acompañe la tramitación.

El Partido Popular siempre ha sido mal perdedor, siempre. Cuando
se ganaron las elecciones por parte del señor Zapatero hablaron de que se
había hecho fraude electoral. (Rumores). No es interactiva esta
comparecencia, así que no voy a entrar en los comentarios que están
haciendo. (Rumores). Por favor, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Señorías, un respeto a la señora ministra y a
la Cámara. Les ruego silencio, por favor.

Tiene la palabra, señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Cuando el señor
Zapatero ganó las elecciones tildaron de fraude los resultados de esas
elecciones. Cuando el señor Sánchez, democráticamente, es nombrado
presidente del Gobierno porque la mayoría del Congreso de los Diputados,
que es quien tiene esa capacidad, había planteado que era bueno que se
fuera el señor Rajoy por la sentencia condenatoria que había habido en
relación con los casos que ha protagonizado su partido, ustedes no
abandonaron la Cámara, ustedes se atrincheraron en el Gobierno y la
moción de censura posibilitó que salieran por la puerta. Y eso, señorías,
no lo han asimilado, ni siquiera a raíz de la supuesta regeneración del
Partido Popular, que, como sus señorías habrán visto, es más de lo mismo
o es más antiguo de lo que habíamos visto previamente.

¿Sabe usted quién aconseja que se cambie la senda de estabilidad,
señor Martínez? Se lo diré por si le interesa, aunque parece que no, pues
está usted hablando con su compañero de al lado. (Rumores). En todo caso,
lo voy a decir para el conjunto de los ciudadanos. Quienes aconsejan que
se cambie la senda de estabilidad son el Fondo Monetario Internacional,
la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la OCDE y la
Comisión Europea. Y dicen que cuando ustedes elaboraron los presupuestos
para 2018 han mentido y que, por tanto, el objetivo de déficit del 2,2
previsto para el año 2018 no se iba a cumplir.






Son ellos los que lo han
dicho. ¿Acaso son todos estos organismos internacionales unos
despilfarradores, unos manirrotos a los que no les importa la deuda? El
Fondo Monetario Internacional —léanse las conclusiones—, en
el día de ayer, dijo que era aconsejable y bueno que se cambiara la senda
de estabilidad para dar cumplimiento a los objetivos que tenemos en
España. Entre otras razones, señor Martínez Arcas, porque Europa no les
ha creído durante este periodo, y ello porque han dado ustedes motivos
para que no se les crea.

Sin embargo, no habrán escuchado ustedes a esta ministra
desprestigiar las cuentas públicas españolas, hablar mal de España,
plantear un discurso destructivo respecto a la herencia que hemos
mantenido, porque tenemos sentido de patria. A eso se le llama tener
patriotismo y sentido de país, no a supuestas banderas en las que nos
envolvemos, pero que, posteriormente, cuando llega la hora de la verdad
ni tenemos sentido de Estado ni apoyamos las políticas globales que
necesita este país.

Unos presupuestos, señoría, que tenían unos ingresos, respecto a
los gastos, de más de 2800 millones menos. Y esto no lo dice la ministra
de Hacienda, sino que lo han dicho todos los interlocutores
internacionales que tienen que validar el proyecto de presupuestos,
afirmando que este proyecto de presupuestos no cumplía con el objetivo de
estabilidad. Por tanto, es mentira que ustedes no tramiten la enmienda
para hacer posible una nueva senda por razones de Estado. Ustedes no la
tramitan porque van a poner cuantos palos en las ruedas puedan para
intentar que no prospere el avance y, sobre todo, señor Martínez Arcas,
según mi impresión, para que no podamos demostrar, aunque lo haremos, que
es posible cumplir con los compromisos que tenemos contraídos con los
ciudadanos, así como con nuestros socios europeos. Lo hemos dicho en las
comunidades donde hemos gobernado y tengan ustedes la tranquilidad de que
también lo haremos en el Gobierno de España. Por eso, lecciones, ninguna.
Y menos de gestión económica, donde, insisto, nunca cumplieron con los
compromisos de estabilidad. Ahí están los datos. Si ustedes niegan esto
es que niegan toda realidad. Ahí están los datos.

Me decía usted algo así como que me instaba a que dijera cuándo ha
subido los impuestos el señor Rajoy. ¿De verdad quiere que se lo relate?
Lo voy a hacer. (El señor Martínez Arcas: ¡Cuénteme!). Ganaron ustedes
por mayoría absoluta en el año 2011, o sea, no tenían que pactar con
ningún grupo de la Cámara, y un mes después de que el señor Rajoy ocupara
la Moncloa, su Gobierno aprobó una subida del IRPF —al BOE me
remito—; lo volvió a subir en otras cuatro ocasiones hasta el
año 2014. ¿Lo niegan ustedes? (Rumores). Esto lo pueden comprobar los
periodistas, no hay ni trampa ni cartón cuando se suben los impuestos,
son leyes que se aprueban. ¿Dicen ustedes que es mentira? Están ustedes
fuera de la realidad. Compruébenlo. Son datos que se puede constatar en
el Boletín Oficial del Estado, porque son leyes. (Un señor senador: ¿Y
las bajadas?). Voy a insistir, porque si ustedes pretenden desviarme de
donde estaba, no lo van a conseguir. Hasta en cuatro ocasiones más, hasta
el año 2014, se hizo, con incrementos del IRPF entre el 0,75 % y el 7 %.
En algunas autonomías —y sé bien de lo que hablo— esa subida
provocó que el tipo máximo en el IRPF alcanzara el 55 %. Lo digo por eso
de que algunas señorías del Partido Popular se llevan las manos a la
cabeza. Subieron el IVA general. Esto que les parecía a ustedes tan
intolerable lo subieron del 18 % al 21 % durante el mandato del señor
Rajoy; el reducido lo subieron del 7 % al 10 %, y recortaron el número de
productos al que aplicaron el superreducido. Subieron el impuesto sobre
sociedades, eliminando la deducción por amortización a grandes empresas y
crearon un gravamen especial del 5 % (Rumores). Si ahora le aburre lo que
le cuento, no haberme preguntado, señoría. Me ha preguntado usted en qué
ocasiones y ahora le aburre. (Protestas.— El señor Vázquez García:
¿Vamos a ponernos todos a dar voces, o qué? Que habéis estado en colegios
de pago, hombre; educación).

El señor PRESIDENTE: Señorías, silencio. También al portavoz
socialista. Silencio todos.

Tiene la palabra, señora ministra, y le ruego que se atenga a la
cuestión de su comparecencia. (Rumores). Señorías, silencio.

Tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Sí, estaba
intentando aclarar la pregunta que me ha hecho su señoría del Grupo
Parlamentario Popular respecto a que negaba que se hubieran subido los
impuestos en la etapa del señor Rajoy, y lo estoy relatando con fechas y
tipo de impuestos que se subieron para que sus señorías puedan tener la
información, por si no la tienen y están desinformados.

Sigo. Subieron el impuesto a las rentas de capital hasta el tipo
máximo del 27 %. Más cosas que hicieron ustedes en esa etapa. Obligaron a
los pensionistas a pagar el 10 % del precio de los medicamentos, elevaron
un 50 % las tasas universitarias, subieron los impuestos especiales sobre
alcohol y tabaco, sobre los premios de lotería, eliminaron la deducción
para el gasóleo profesional, facultaron a las comunidades autónomas para
gravar los hidrocarburos. ¿Y todo esto no le parece usted una subida
fiscal? ¿O en ese momento sí era adecuada y la que se propone cuando
ustedes no gobiernan es un infierno o una subida fiscal que no es
razonable?

Una cosa sí que hicieron ustedes, señorías, y se la voy a
reconocer. Siempre que ha habido en la antesala unas elecciones han
vendido ustedes el gancho de la bajada de los impuestos. (Rumores).
Siempre meses antes de que se convoquen unas elecciones. Por tanto,
ustedes claro que han subido los impuestos y, además, le digo otra cosa,
esto se produce en un momento de crisis cuando el problema de este país
es y sigue siendo un problema de ingresos, 8 puntos diferenciales en
relación con del conjunto de las comunidades europeas.

Podríamos seguir hablando de estas cuestiones. Usted acaba de
hacer una cuenta que es curioso que haga el Partido Popular y que habla
de cómo entiende la fiscalidad el Partido Popular. Cuando en la propuesta
de presupuestos de este Gobierno, que espero presentar conjuntamente con
Podemos, hablamos de la fiscalidad de los grandes contribuyentes o de las
grandes empresas, usted hace el ejercicio de dividir esos beneficios por
el número de ciudadanos. ¿Pero a quién quiere usted engañar, señor
Martínez Arcas? ¿Cuando se está pidiendo mayor contribución a la banca lo
divide por el número de ciudadanos, como si los ciudadanos fueran a pagar
ese impuesto?

¿Qué hacen ustedes¿ ¿Filibusterismo parlamentario y, por tanto,
intentan engañar a la gente? Ustedes siempre asustan cuando se quiere
tocar la fiscalidad de los grandes contribuyentes o de las grandes
empresas. En ese momento, ustedes se dedican a asustar y a decirle a los
trabajadores: No, no, no se pueden subir los impuestos a los grandes
patrimonios, a las grandes rentas o a las grandes empresas porque, al
final, lo terminarán pagando los trabajadores; confórmense con una mala
sanidad, con una mala educación, con una mala dependencia, no vaya a ser
que vayan a perder ustedes. (Rumores). ¿Usted cree que este discurso es
ético, señoría? ¿Ustedes creen que este discurso se resiste con los
datos? ¿Usted cree que la gente de la calle va a entender ese discurso?
¿Usted o alguien de la sala gana más de 140 000 euros? Estamos hablando
del porcentaje de tributación más alto de nuestro país, que no llega ni
siquiera al 5 % de los contribuyentes. ¿Por qué dividen esto por la
totalidad de los ciudadanos? ¿Qué ejercicio es este? Estamos
acostumbrados —y, desde luego, no nos vamos a dejar asustar por eso
que hacen ustedes— a que cuando queremos tocar los impuestos de las
grandes rentas, inmediatamente asustan al conjunto de la ciudadanía.

¿Estamos construyendo los impuestos a la loca, señor Martínez
Arcas? ¿Trasponer las propuestas de directiva en el impuesto digital o en
el de transacciones financieras es actuar a lo loco, como ha dicho usted
textualmente en su intervención? Entonces, tendrá usted que decirles a
los socios europeos esas mismas palabras, porque son resultado de las
propuestas de las directivas.

¿Demonizar a las empresas, señoría? ¿Quién demoniza a las
empresas? Ustedes, cuando hablan de que al final las empresas hacen que
se repercuta en el conjunto de los trabajadores esos beneficios. Nosotros
no vamos a demonizar de ninguna manera a las empresas. Sí vamos a hacer
una cosa —usted lo compartirá conmigo, y si no lo comparte, lo
lamento—, y es corregir la diferencia de tributación real que se
está produciendo entre las pequeñas empresas y las grandes corporaciones.
Ya que usted me hacía preguntas, yo le hago una: ¿a usted le parece
lógico que las pequeñas empresas de este país tributen a un tipo más alto
que al que lo hacen las grandes corporaciones? No son datos de la
ministra de Hacienda, son de la Agencia Tributaria. ¿A usted le parece
lógico que un pequeño empresario, que tenga un negocio con el que se gana
la vida, tribute de forma más alta que una gran corporación, con más
de 10 millones de facturación? ¿Eso es justicia social? ¿Tampoco les
parece que haya que corregirlo? ¿Piensan que es bueno que eso ocurra?
Díganle al 70 % u 80 % de nuestro tejido productivo que ustedes prefieren
que ellos contribuyan más que las grandes corporaciones que, por
supuesto, tienen un mayor margen de beneficio.

Han tenido siete años, señor Martínez Arcas, para corregir muchos
elementos. Y yo me alegro de que usted me lea, porque, a fuerza de leer,
puede quedarse usted con algunos conceptos que en algunas de mis
conferencias haya podido trasladar. Han tenido siete años para modificar
la financiación autonómica y ustedes no han hecho nada, absolutamente
nada. Han hecho ustedes comités de expertos, que terminaron sus trabajos
y ni una reunión política. Nada más llegar, este Gobierno ha convocado la
primera reunión política, que se reunió, como he dicho en mi
intervención, hace escasamente unos días. Y, señorías, mantengo la
insuficiencia de recursos que tienen las comunidades autónomas, lo
mantengo, cosa que el señor Montoro nunca compartió. Por cierto, dice
usted que el señor Montoro me dijo a mí algo a propósito de una cuestión
que iba a hacer con Cataluña. Puedo prometer y prometo que no. No sé de
qué habla usted. No sé si era una comisión que se iba a reunir u otra
cosa. No sé de qué habla. Si usted dice que lo dijo el señor Montoro, se
lo habrá dicho a usted. A mí el señor Montoro sobre convocar una comisión
de Cataluña no me dijo absolutamente nada. Mantengo una buena relación
con el señor Montoro, me hizo un traspaso de poderes, como ya dije
públicamente, que me pareció bueno, pero no me habló nada de esa supuesta
comisión que dice usted que iba a generar con Cataluña.

Al llegar, nosotros hicimos, exactamente, lo que tenía previsto,
incluso firmado, el Gobierno anterior, porque se había decidido el
levantamiento del 155. ¿A quién quieren ustedes engañar? Sobre el
levantamiento del 155 hay un informe que pidió el Gobierno anterior, a
través de la Abogacía del Estado, que dice cómo se tiene que levantar.
¿También duda usted del informe del abogado del Estado? Ese informe lo
solicitó el anterior subsecretario, que había puesto en marcha las
medidas del levantamiento del 155. Por tanto, señorías, no engañen
ustedes a la gente. Cuando fue necesario activarlo, el Partido Socialista
tuvo sentido de Estado, y más allá de cualquier otra consideración
partidista, apoyó al Partido Popular en la aplicación del 155. No decimos
que esperamos que recíprocamente el Partido Popular se comporte
lealmente, porque ya sabemos cómo se comporta, pero que ustedes ahora
quieran confrontar en una medida en la que el Partido Socialista les
apoyó me parece a todas luces, aparte de injusto, absolutamente
antidemocrático.

Y por cierto, señor Martínez Arcas, el control reforzado sobre las
cuentas de la Generalitat sigue vigente. Yo le reto a usted a que, si
dice que el control reforzado de la Generalitat no está vigente, lo
demuestre, porque yo lo voy a demostrar. Así que le insto a hacerlo, y si
usted ha mentido, le ruego que pida disculpas en esta Cámara. El control
reforzado de la Generalitat sigue vigente y lo saben los partidos de
Cataluña. No vale todo en política, señor Martínez Arcas; no engañe. El
acuerdo del año 2015 sigue vigente. Lo he dicho siempre públicamente, ahí
están los papeles... (Rumores.— Protestas).

El señor PRESIDENTE: Señorías, no merece la pena que mantengan
conversaciones entre ustedes. Vamos a escuchar a la ministra. Luego
tendrán un breve turno en el que podrán manifestarse. Les pido
tranquilidad, silencio y que escuchemos a la ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Le decía, señor
Martínez Arcas, que sigue vigente, y le reto a usted, si dice que eso es
mentira, a que lo demuestre, porque ahí está el BOE. Ahora espero que en
su segunda intervención me diga usted por qué es mentira. El control
reforzado del año 2015 sigue vigente. (El señor Martínez Arcas pronuncia
palabras que no se perciben). No, no, perdone, señoría, el control
reforzado es del año 2015 y sigue vigente, y el único control posterior
fue el del 155, que es el que se desactivó. Y si usted no sabe esto,
pregúntele usted a su compañero, el señor Montoro. Pero me parece grave
que usted haga según qué afirmaciones.

Termino, señor Martínez Arcas. Ustedes son la otra cara del señor
Torra. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular en el
Senado: ¡Venga hombre, por favor! ¡Anda ya!). Ustedes contribuyen a
elevar la crispación en este país. Ustedes no están distendiendo la
situación para que haya diálogo, para que la situación de Cataluña pueda
encontrar un punto de solución. Ustedes crispan a este país y hacen
afirmaciones que, por supuesto, crispan. No hace falta que lo diga yo,
señor Martínez Arcas, lo dice todo el mundo. Por tanto, siendo igualmente
lamentables las declaraciones del señor Torra, sobre las que ahora
contestaré a algunos de los grupos parlamentarios, le digo que algunas de
las afirmaciones que ustedes hacen también son lamentables porque
permiten que la sociedad catalana siga enfrentada, y por el
enfrentamiento, señorías, no vamos a tener ningún tipo de solución, ni
para Cataluña ni para este país.

Sigo respondiendo al resto de los portavoces de mayor a menor.
Siguiendo por el grupo parlamentario socialista, quiero agradecer al
señor Vázquez su intervención. Efectivamente, señoría, seguiré viniendo a
la Comisión de Hacienda del Senado tantas veces como me llamen. Creo que
es importante y conveniente que el Gobierno tenga voz, que pueda
explicarse y se pueda someter a las preguntas e interpelaciones
parlamentarias. Quiero agradecer el apoyo, el ánimo, el sentido de país
del Grupo Socialista, y le digo, además, que por mucho que les pese a
algunos, vamos a seguir gobernando y vamos a seguir trabajando. Y digo
esto porque parece que algunos cuentan los días para un adelanto
electoral. Pues que esperen tranquilos porque no va a haber adelanto
electoral y, por tanto, seguiremos trabajando y trayendo iniciativas a
esta Cámara para que ustedes se puedan pronunciar, y seguiremos
concentrados en lo que estamos en este momento, que básicamente consiste,
por mi parte, en preparar los presupuestos con algunas formaciones
políticas. Espero que podamos seguir aportando buenas noticias al
conjunto de los ciudadanos, porque insisto, es fundamental que trabajemos
en esa dirección.

Señor Martínez, portavoz de Podemos, habla usted de financiación
autonómica. Ha tenido ocasión de conocer que la pasada semana se reunió
el grupo político de financiación autonómica. Estoy contenta con las
primeras declaraciones, porque podemos ir a un ritmo adecuado. Fíjese,
señor Martínez, que hemos llevado a debate lo que más compromete al
Gobierno de España, que es determinar la insuficiencia de recursos del
conjunto de comunidades autónomas. ¿Por qué hemos empezado por ahí? En
primer lugar, porque eso compromete más a la Administración General del
Estado, que parece que era reticente a decir que a ese sector le faltaba
una cantidad adecuada de nuevos recursos. Hay diferentes formas de
cuantificarla. El señor Martínez Arcas ha hecho referencia a un documento
hecho en Andalucía. Evidentemente, comparto el posicionamiento de
Andalucía. Por tanto, ya hay material de sobra para empezar a caminar y
ponernos de acuerdo políticamente. Ese grupo estableció la metodología
para determinar esa insuficiencia de recursos.

Hay un segundo elemento que nos movió a plantear este debate, y
probablemente en materia de insuficiencia de recursos todas las
comunidades autónomas estarán de acuerdo. Podremos discrepar en un
intervalo en cuanto a cómo se puede comportar, pero creo que podemos
conseguir el primer gran acuerdo que comprometa al Estado y decir que al
sistema de financiación autonómica el
faltan 9000, 16 000, 20 000 millones de euros de recursos y que se
habilite la fórmula para tener esas cantidades. Yo hice una propuesta en
su día relacionada con una mayor participación en determinados impuestos,
concretamente en el IVA y en los impuestos especiales, entendiendo que el
IRPF tiene que seguir jugando a nivel estatal un papel redistribuidor de
la renta. Puede haber otras combinaciones; queremos dialogar; hay algunas
propuestas, y espero que se pueda seguir avanzando.

Le voy a dar algunas claves. No se van a crear nuevos fondos. No
sé si ese será el acuerdo, pero creo que no; hay que simplificar los
fondos. Por otra parte, ha habido distorsión a la hora de aplicar los
fondos, y los resultados esperados no se parecían a los que finalmente
habían salido, provocando graves diferencias entre comunidades autónomas,
entre ellas la de Valencia, como usted ha comentado, y Andalucía. Por
tanto, hay que corregir este diferencial, porque no es lógico que
haya 800 euros por habitante más en una comunidad autónoma que en otra.
No hay ningún parámetro objetivo para ello.

Tiene que haber consenso en la distribución de las variables que
componen el modelo. La población tiene que ser el elemento fundamental,
porque todos los ciudadanos tienen derecho a tener los mismos servicios
públicos, pero puede haber unas variables que corrijan en función del
envejecimiento, la dispersión, la insularidad, las tasas de desempleo,
los niveles de pobreza o cualquier otro que quieran plantear las
comunidades autónomas. También habrá que armonizar los impuestos que
están cedidos, como el impuesto de sucesiones y donaciones. Hago mía la
conclusión del grupo de expertos, que piensa que tiene que haber un
mínimo común sobre el que fundamentar este tipo de impuestos para no
producir situaciones de dumping fiscal, entre otras razones, señorías,
porque probablemente esas situaciones de dumping fiscal se producen en
aquellas comunidades autónomas que pueden permitirse una bajada de la
fiscalidad, bien porque les llegan más ingresos, bien porque tienen un
mayor nivel de renta por metro cuadrado. Por tanto, tenemos que
distribuir con equidad esos recursos y establecer unos mínimos que
permitan que no haya ningún tipo de competencia fiscal a la baja o
deslealtad en la aplicación de esa competencia.

En materia de fiscalidad, en las reuniones que hemos mantenido
—y quiero agradecer el tono, las aportaciones, el aprendizaje de su
grupo político y la interacción que ha habido entre ambas
formaciones— hay bastante acuerdo sobre cuáles son las figuras
fiscales que tenemos que abordar, sabiendo que hay un trabajo a medio
plazo de simplificación del impuesto de sociedades —en eso
coincidimos con el Partido Popular—, de simplificación de algunas
figuras tributarias y de reconstrucción de otras que nos permitan
abordarlas en el medio plazo.

Tenemos discrepancias en algún tema. En concreto, respecto al
relativo al impuesto a la banca, nosotros hemos preferido incrementar la
aportación tributaria de las entidades financieras a través de otras
figuras fiscales: el impuesto de sociedades o el impuesto de
transacciones financieras. Queremos ver cómo se comporta en el año 2019
esa fiscalidad y, si no se comporta de manera adecuada, no descartamos
acudir a otras figuras fiscales que también puedan tener interés.

Compartimos la lucha contra el fraude que, básicamente, señorías,
se centra en una mayor colaboración institucional. La información es
básica para conocer cómo la compleja trama societaria que muchas veces se
monta en torno a los patrimonios se puede desentrañar. Para ello, la
colaboración con Europa es fundamental, pero a diferencia de lo que
algunos han expresado, le puedo asegurar que la Agencia Tributaria no
inspecciona fundamentalmente a los pequeños y medianos contribuyentes
—no tendría mucho sentido—, inspecciona básicamente a los
grandes patrimonios, donde hay una capacidad real de un asesoramiento
fiscal que permita la elusión o que permita directamente la evasión de
los impuestos. Yo creo que hay que confiar en el trabajo de la Agencia
Tributaria, con magníficos profesionales, independientes del entorno
político y que hacen un trabajo fundamental, del que todos nos tenemos
que sentir orgullosos.

Con relación a los presupuestos, señor Martínez, déjeme que
exprese mi confianza en que vamos a llegar a un acuerdo, le pese a quien
le pese. Vamos a llegar a un acuerdo, porque estamos trabajando mucho y
bien. Por tanto, tendremos que seguir consolidando esa perspectiva para
posteriormente discutir con otros grupos parlamentarios que no se han
autoexcluido de la negociación presupuestaria, en la que confío que, a
pesar de las dificultades, podamos llegar a algún acuerdo.

Asimismo, comparto mucha parte del discurso que usted hacía
respecto a la lucha contra la precariedad laboral, pues la mejor manera
de sostener en el futuro el sistema de pensiones es subiendo los salarios
y haciendo los contratos indefinidos. También en dar un respiro a los
autónomos, muchas veces grandes sufridores. Comparto también la necesidad
de ampliar la escuela de 0 a 3 años, incluso de poder convertirla en una
parte más del ciclo educativo, así como también la revalorización de las
pensiones en función del IPC, el plan de vivienda... Comparto todas esas
cuestiones que usted planteaba.

Usted me hacía una pregunta directa sobre los bomberos forestales
de Valencia. Quiero decirle que el informe evacuado en términos
económicos del Ministerio de Hacienda ha sido favorable, y creo que se
están incrementando esas retribuciones. Por tanto, lo importante es que
se cree la agencia, a lo cual se había comprometido el Gobierno de
Valencia, para que esos profesionales se integren en su estructura. En
este sentido, señoría, creo que el Gobierno valenciano está trabajando
rápidamente. Por lo tanto, espero y deseo que la situación de los
bomberos forestales quede resuelta a la mayor brevedad posible.

A continuación, paso a responder al señor Picornell, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana. Le reitero mi agradecimiento por
su ofrecimiento de diálogo. Entiendo su preocupación por que no se
cristalicen algunas de las políticas que están planteadas en la hoja de
ruta que está diseñando este Gobierno. La situación parlamentaria obliga
a dialogar y espero contar con el apoyo de Grupo Parlamentario de
Esquerra Republicana de Cataluña para la aprobación de los presupuestos,
que es la herramienta que permite cristalizar en cuantías económicas
todos los compromisos que tenemos adquiridos.

Comparto también con el señor Picornell que el modelo actual de
financiación autonómica está haciendo agua. No comparto que no haya
funcionado. Considero que el modelo es mejor que el anterior —creo
que es una opinión unánime de todos los expertos—, pero no es
suficiente. Ahí están los datos para cualquiera que honestamente se
quiera acercar a ellos con rigor intelectual. En ellos se pone de
manifiesto que las comunidades autónomas han tenido un gravísimo problema
de ingresos durante la etapa de la crisis, lo cual les ha hecho soportar
más inflexibilidad en el gasto correspondiente al Estado del bienestar,
lo que ha tenido consecuencias muy superiores en términos de deuda o de
dificultades a las que ha tenido el Gobierno de España. No ha funcionado
este modelo en un ciclo de la economía donde ha habido una caída de los
ingresos. No hace falta tener grandes conocimiento técnicos para
constatarlo, porque así es. No era modelo pensado para un momento de
caída de ingresos; simplemente no ha rodado y ha habido un gran
desequilibrio.

Comparto que hay que ponerse de acuerdo en cómo se hacen los
esfuerzos fiscales y, por tanto, en el reparto del llamado objetivo
vertical. Es una materia que tenemos que discutir. Y comparto la
preocupación en la fiscalidad de las pymes. De hecho, le puedo afirmar
que la negociación con Podemos está en torno a que vamos a bajar 2 puntos
el impuesto de sociedades a las pequeñas y medianas empresas que facturan
menos de un millón de euros. Señoría, en el proyecto de presupuestos se
incorporará toda la parte del IVA femenino y estamos trabajando en el IVA
veterinario.

Comparto gran parte de su discurso respecto al impuesto de
sociedades. Y en relación con lo que comentaba usted del Gobierno,
empezamos fuerte y seguimos todavía más fuertes. No tengan ustedes dudas
de que vamos a seguir trabajando, a pesar de la debilidad parlamentaria,
que es objetiva, por intentar reconstruir los estragos que ha provocado
la crisis. Estoy convencida de que nos vamos a encontrar con ustedes en
las políticas sociales; nos vamos a encontrar en la recuperación del
Estado del bienestar; nos vamos encontrar en muchas cuestiones, aunque en
otras discrepemos porque pertenezcan a otra esfera política en la que
tenemos derecho ambas formaciones a poder discrepar.

La señora Etxano, representante del Partido Nacionalista Vasco,
pregunta por los plazos que tiene el Gobierno para enmendar la Ley de
estabilidad y dar sentido a la nueva senda. Créame que me gustaría poder
contestarle a esa pregunta. Creo que la señora Pastor le puede contestar
mejor, porque es la Mesa del Congreso de los Diputados la que, desde mi
punto de vista, quitando la voluntad de la mayoría del Pleno de la
Cámara, no está tramitando ni por la vía de lectura única ni por la vía
de urgencia ni siquiera por las enmiendas que se han presentado para
otras leyes, para hacer posible un debate transparente democrático y
necesario. Por tanto, lamento no poder contestarle a esa cuestión.

Hablaba usted de los elementos de la desaceleración económica, y
creo que su señoría ha explicado bien los motivos. Se han frenado los
vientos de cola y desde el año 2016 en este país se está viviendo una
desaceleración económica previsible, que ya ha ocurrido en otros países
de Europa. Por tanto, no voy a tener la tentación de echarle la culpa al
Gobierno del señor Rajoy y del Partido Popular, como hacen otras
formaciones políticas. Era una situación previsible después de la salida
de la crisis y una vez vistos los primeros elementos de recuperación. El
conjunto de la Unión Europea, de la zona euro, a nivel mundial, está
observando los indicadores económicos para que no se produzca una
recesión que no haya sido advertida por los observadores internacionales,
que han instado a los países a tomar medidas acerca de esa situación.
Seguiremos participando en esa observación para que no vuelvan a
producirse las circunstancias que se produjeron previas a la crisis del
año 2008.

Una cuestión muy importante que hemos transmitido a las
autoridades europeas, evidentemente, pasa por que no se quede fijado el
suelo del nivel de paro de este país en el 15 %. Tenemos la obligación de
incorporar a gran parte del colectivo que está en desempleo, básicamente
jóvenes y mujeres, al modelo productivo; tenemos que trabajar en el
itinerario de estas personas y tenemos trabajar en un nuevo modelo
productivo que emerja en núcleos de actividad en los que España puede ser
extraordinariamente competitiva. Por ejemplo, las energías renovables
—que fueron penalizadas por el Gobierno anterior—pueden
permitirnos incrementar nuestro nivel de riqueza, nuestro PIB y, por
tanto, contribuir también a que en una situación económica que ninguno
deseamos se puedan producir mejores resortes, mejores amortiguadores,
para que no sean los ciudadanos los que vivan las consecuencias de la
crisis.

Claro que nos preocupa el nivel de endeudamiento y también su
reducción. De hecho, gran parte de la propuesta de presupuestos pasa no
solo por intentar devolver los compromisos de la regresión de la crisis
con los ciudadanos, sino también en atender nuestras obligaciones
fiscales en términos de reducción del déficit y, por tanto, también, en
la medida de lo posible, de nuestro endeudamiento en relación con los
países de nuestro entorno. Se va a presentar una agenda del cambio, donde
se van a establecer las reformas que este Gobierno considera que hay que
llevar a cabo, además de los presupuestos, y también la Agenda 2030 con
la que estamos comprometidos.

En materia de consolidación fiscal seguiremos trabajando con
nuestros socios europeos. La senda era de justicia. Comparto que estaba
mal diseñada, como ha dicho usted. Yo digo en términos coloquiales, que
no se puede esprintar durante toda una carrera. Se puede correr rápido y
se puede esprintar al final, cuando se acerca la meta. Si se esprinta
durante toda la carrera, el ciclista cae desfallecido; es orgánicamente
imposible. Por tanto, lo que queremos llevar siempre al ánimo de las
autoridades europeas es que necesitamos rellano. Cuando uno sube una
cuesta empinada, como la que está subiendo este país, hace falta coger
oxígeno. Este Gobierno está convencido de que solo es sostenible una
política de consolidación fiscal si tenemos la complicidad de los
ciudadanos, y para tener dicha complicidad, tenemos que ganar una
legitimidad en la que los ciudadanos entiendan que la política se ocupa
de ellos, de sus necesidades básicas, de sus problemas. Y es
perfectamente compatible una política de consolidación fiscal con un
compromiso de recuperación de derechos de los ciudadanos, que es lo que
estamos intentando trasladar.

Comparto que el de la crisis ha sido un problema de ingresos: 8
puntos diferenciales respecto a la zona euro y 6 puntos respecto al gasto
público. Por tanto, el problema de este país no es el excesivo gasto
público, el problema son los ingresos y una fiscalidad que no está
ajustada al Estado del bienestar que estamos llamados a construir. Lo
dicen todos los organismos internacionales y, por tanto, no voy a
repetirlo.

Para terminar, leeré el libro que me ha planteado. Estoy segura de
que aprenderemos materias añadidas con motivo de la visión feminista que
tenemos que tener del mundo. Y le anuncio que el presupuesto va a tener
una perspectiva de género, una tarea que veníamos realizando en Andalucía
en mi responsabilidad anterior —y esa metodología ha recibido
premios internacionales—






de cómo se pueden ver también las cuentas
públicas desde las gafas moradas, desde la perspectiva de género que nos
permita seguir avanzando.

Señor Cleries, del partido Demócrata de Cataluña, entiendo que
usted intente defender lo indefendible, que son las palabras del señor
Torra. El ultimátum del señor Torra es, señor Cleries, absolutamente
indefendible. Son unas palabras que conducen a ningún lado, como todo el
procés; a ningún lado. (El señor Cleries i Gonzàlez: Ya veremos). Por
tanto, señor Cleries, en eso discrepamos, y ustedes lo saben. Ustedes
saben que no pueden desafiar al Estado de derecho. Lo saben, porque el
Estado de derecho responde ante ese desafío. Por tanto, no tiene ningún
sentido que se siga en esa tesitura, en esa hoja de ruta, en ese viaje
que no lleva —desde mi punto de vista y con todos mis respetos,
señor Cleries— a ninguna parte; a generar crispación, a generar
confusión, a generar expectativas que saben ustedes que no se pueden
cumplir, y además, se sitúan ustedes en su discurso, a ratos sí y a ratos
no, dentro de la legalidad o fuera de la legalidad, dependiendo de lo que
se plantee. El Estado de derecho, señores Cleries, consiste, justamente,
en la separación de poderes y en que los tribunales de justicia
determinen si se ha producido o no un delito y cuáles son sus
consecuencias, y eso, señor Cleries, cualquier demócrata lo entiende así.
Por tanto, sabe que en eso el Gobierno tiene una posición firme, y de ahí
no se va a apear. De ahí el Gobierno no se va a desviar y no se va a
plantear ninguna cuestión.

Señor Cleries, en cuanto a la otra parte de su discurso, hay
muchos elementos en los que podemos coincidir. Creo que vamos a coincidir
en materia de fiscalidad sobre qué figuras tributarias son importantes, y
además, es fundamental que en una comunidad autónoma como Cataluña
podamos plantear un proyecto de presupuestos y unas figuras fiscales que
incrementen los recursos que llegan allí. Cataluña, al igual que el
conjunto de comunidades autónomas, está infrafinanciada. Yo reconozco esa
infrafinanciación, y estamos intentando arbitrar los procedimientos y los
foros donde dicha infrafinanciación se pueda concretar, cuantificar y
debatir.

Yo espero, señor Cleries, que su partido y los representantes del
Gobierno de Cataluña estén en las reuniones multilaterales donde vamos a
discutir a propósito de esa nueva financiación autonómica y espero que
estén en la defensa de los intereses de Cataluña, igual que el resto de
los miembros de la comisión están en la defensa de los intereses del
resto de territorios.

Me preguntaba usted por alguna cuestión relativa a la regla de
gasto, por la flexibilización. La respuesta es sí. Estamos trabajando con
Podemos en el apartado sobre corporaciones municipales, probablemente no
en el sentido que usted ha dicho, pero sí en el de incorporar nuevos
conceptos a las llamadas inversiones financieramente sostenibles que nos
permitan seguir avanzando.

Yo le decía, señoría, que nosotros cumplimos con el dictado de los
jueces; y en cuanto a la sentencia que obliga al Gobierno de España,
firme en noviembre del año 2017, a pagar a la Generalitat el diferencial
por no haber respetado la disposición adicional tercera respecto del
año 2008, le diré que hemos convocado una comisión bilateral. Asimismo,
en el caso del cálculo de la financiación de los Mossos d’Esquadra,
se tenía que haber hecho en el año 2013 el recuento del número de
efectivos, como marca la ley, como marca el convenio del traspaso de esa
competencia y de esa transferencia. El Partido Popular no lo cumplió.
Nosotros somos un Gobierno que va a cumplir con la ley. No solo exigimos
que se cumpla con la ley, es que damos ejemplo cumpliendo con la ley. Por
tanto, cuando nos sentamos a la Mesa del diálogo, las personas que nos
sentamos y las que queremos que se sienten tienen que cumplir con la ley
obligatoriamente. Y si no se cumple con la ley, no hay posibilidad de
sentarse en una mesa común. Por eso, este Gobierno ha cumplido con la
ley, ha hecho efectiva la sentencia que afecta a la financiación de la
disposición adicional tercera del año 2008, y también ha hecho efectivo
el convenio en lo que concierne al cálculo del número de efectivos en
relación con los Mossos d’Esquadra. Esperemos que ustedes también
cumplan la legalidad como le corresponde hacer a cualquier gobierno
democrático. Por tanto, señoría, siempre y cuando esas premisas se
cumplan, espero y deseo que haya acuerdo entre ambos gobiernos, insisto,
respetando el dictado de los jueces —como hemos hecho con esa
sentencia— cuando favorece y cuando no favorece, simplemente cuando
se produce después de haber agotado todos los recursos que el Estado
entendió que estaban a su disposición.

De todas maneras, señor Cleries, si usted piensa que con las
afirmaciones que ustedes hacen la situación en Cataluña va a mejorar,
permítame que discrepe. Pienso que no, que no conducen a ningún sitio,
pienso que se equivocan y, desde mi punto de vista, cuando trasladan
falsas expectativas a los ciudadanos, no se les está trasladando toda la
verdad.

También quiero decirle que el acuerdo de los cuatro años ha sido
con el Govern de Cataluña legítimamente representado por las personas que
conformaban la mesa, que no son de un partido político: son del Govern de
Cataluña y, por tanto, vienen a hablar en nombre del Govern. Entiendo que
el conjunto del Govern comparte los acuerdos a los que se ha llegado en
esas mesas bilaterales de comisiones mixtas tal como marca la
legislación.

Claro que queremos convivencia. Vamos a seguir diciendo que
apelamos a la convivencia. No queremos imposiciones, no queremos
crispación, enfrentamientos, sinrazones, ni que se produzcan situaciones
de conflicto callejero. Queremos convivencia. Y la primera obligación del
Govern de Cataluña es facilitar y posibilitar la convivencia en Cataluña.
Y esa todavía es una asignatura pendiente, señoría, que espero que
podamos resolver para no seguir ahondando en esa fractura social que se
ha planteado.

A la representante del Grupo Mixto, señora Domínguez, quiero
decirle que no puedo responder a la primera parte de su intervención.
Lamento si alguna cuestión se sacó de contexto. Estoy convencida de que
el señor Sánchez no tuvo para nada el ánimo de desacreditar ninguna parte
de su intervención. Creo que lo que le quiso decir, porque estaba yo
presente, es que la réplica, no la primera intervención, sino la réplica,
estaba hecha de antemano como si se hubieran anticipado las palabras que
iba a decir el señor presidente. En todo caso, si a usted le molestó, yo
en su nombre le pido disculpas, porque sé que no estaba en su ánimo
ofender.

En materia de financiación autonómica, creo que el señor Sánchez,
como he dicho antes, hizo un ejercicio de honestidad cuando planteó que
el Partido Popular , después de que durante esos siete años no hubiera
hecho nada en materia de financiación autonómica en términos políticos
—solo convocó al grupo de expertos, en el que participamos las
comunidades autónomas, pero no había trabajado en términos
políticos— lo que tiene que hacer es un acuerdo político sobre cómo
se distribuyen los recursos entre el Estado y las comunidades autónomas,
primera decisión, y dentro del subsector de comunidades autónomas,
segunda decisión. Creo que la convocatoria del grupo de trabajo habla en
primera persona de que para mí es una prioridad y, por tanto, para el
presidente, y en su orientación de Gobierno lo ha marcado como
prioridad.

Usted hablaba, señora Domínguez, de la subida de impuestos que se
nos viene encima a todos los españoles, y yo le pregunto, sin ánimo de
que usted me conteste: ¿acaso gana usted al año 140 000 o 150 000 euros?
No, pues entonces a usted no le va a afectar la subida del IRPF. Es
sencillo contestar a esa pregunta; si no se ganan esas cantidades, no se
va a ver afectado el IRPF de la clase medida y de la clase trabajadora;
solo afectará a los que ganan por encima de 140 000 o 150 000 euros
anuales, que son unos 10 000 euros mensuales. Por tanto, creo que no hay
nadie en esta sala que esté en esos niveles salariales, pero tampoco lo
afirmo, desconozco, como ustedes entenderán, su nómina. ¿Acaso tiene
usted una empresa o es titular de una empresa que facture más de 8
millones al año? Entiendo que no; por tanto, tampoco le va a afectar a
usted el impuesto sobre sociedades; otra cosa es que tuviera usted una
pyme que facture menos de un millón de euros al año; entonces sí, pero le
va a beneficiar porque se va a bajar dos puntos ese impuesto. Y doy por
hecho, señoría, que no es usted propietaria de una empresa que facture
mundialmente más de 750 millones de euros; por tanto tampoco le va a
afectar el impuesto digital. Por eso, quiero llevar a su ánimo la
tranquilidad. Las figuras fiscales que este Gobierno está proponiendo no
se corresponden probablemente con ningún perfil de los que están
presentes en esta sala. Y si nosotros representamos y somos la expresión
de la gran mayoría de los españoles, como decía me parece que fue el
señor Martínez en su intervención, más del 95 % de los españoles va a
tener intacto su IRPF; es más, se va a beneficiar del incremento de
fiscalidad que se le pide a ese escaso 5 %, que es mejor sanidad, mejor
educación, revalorización de las pensiones o mejor dependencia. En eso
consiste la justicia social, y eso es lo que practicamos.

Señoría, estamos trabajando intensamente, pero llevamos cuatro
meses al frente del Gobierno, por lo que no se puede pretender un cambio
del modelo productivo. Sí podemos compartir que hay que modificarlo, pero
ni mucho menos en tres o cuatro días, porque es una tarea de años y es
una tarea que exige una cierta continuidad. Estoy de acuerdo con usted en
que la inversión del Estado es un importante factor de corrección que
puede evitar las desigualdades, por lo que y es una aspiración de este
Gobierno ejecutarla en su totalidad. Espero que así sea, salvo que haya
algún problema realmente infranqueable. Señoría, también le recuerdo que
el presupuesto sobre el que estamos transitando, el del 2018, tenía más
de 2500 millones de euros de compromiso de gasto que no tenía su
correlato en el nivel de ingresos. Insisto en que no lo digo yo; lo dicen
las auditorías internacionales que se han hecho sobre el presupuesto. Lo
que sí vamos a hacer, por tanto, es cumplir con el objetivo de
estabilidad que nos hemos planteado con Bruselas, porque gran parte de la
credibilidad que tiene este país pasa por cumplir con los compromisos de
Bruselas y por hacer algo distinto de lo que hizo el Gobierno anterior,
porque, y lo vuelvo a recordar, la Administración General del Estado
jamás cumplió con los compromisos del objetivo de estabilidad.

Muchas gracias, presidente. (Aplausos).

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra.

Empezamos un segundo turno de intervenciones de los diferentes
grupos parlamentarios. Se ha hablado de muchas cosas, se han vertido
muchas opiniones, pero los tiempos, tal como se estructura la comisión,
están muy tasados. Por lo tanto, yo les rogaría que sintetizasen, que
concretasen y que se limitasen a este breve turno de intervenciones que
van a tener.

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora
Domínguez de Posada.

La señora DOMÍNGUEZ DE POSADA PUERTAS: Gracias, presidente.

Gracias, señora ministra, por su intervención y por sus
respuestas. Por supuesto, acepto sus disculpas, sobre todo porque no es
usted quien tiene que pedir disculpas. Pero discrepo completamente con lo
que me ha dicho, porque el presidente no me contestó, y yo le contesté
que me estaba hablando de cosas que no tenían nada que ver con mi
pregunta, y por tanto, hice la intervención que consideré sobre los
datos, que además están en su ministerio, sobre la situación de la
financiación en Asturias.

Respecto a lo demás, me tranquiliza usted con lo de la subida de
impuestos. Aquí ha quedado dicho. Todas las comisiones se graban.
Esperemos y deseemos que sea así, que paguen más impuestos aquellos que
más tienen, pero lamentablemente todos sabemos que al final quienes pagan
los impuestos son los que están sujetos a una nómina, que son la inmensa
mayoría de los ciudadanos de este país. Por lo demás, estaremos
vigilantes y preocupados con el tema de la financiación y del reparto
justo. Nos preocupa tanto de la financiación como el Capítulo VI, el de
inversiones.

Y, como le dije al principio, muchas gracias por su comparecencia.
Le deseo, en beneficio de todos, mucho éxito en su gestión.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su comprensión, señora
Domínguez.

A continuación, por el Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la
palabra el señor Cleries.

El señor CLERIES I GONZÀLEZ: Muchas gracias, presidente.

Señora Montero, Esquerra Republicana y nosotros somos un mismo
Gobierno, pero he visto que la respuesta es muy distinta. Me ha quedado
—se lo quiero decir— muy clara. Gracias.

Al señor Guillermo Martínez Arcas le diré que el Partido
Socialista y el Partido Popular siempre están de acuerdo cuando se trata
de ir en contra de Cataluña. El control económico de la Generalitat
de 2015 sigue vigente, puede dormir tranquilo usted esta noche, porque
sigue vigente. Y este es el gran autogobierno de la Comunidad Autónoma de
Cataluña. Pero ya les digo que no nos sentimos comunidad autónoma, sino
que nos sentimos lo que somos, una nación.

También veo que negocian mucho con Podemos. Espero que negocien
algo con nosotros si esperan que después les votemos algo, siempre que
sea el caso y que estemos de acuerdo con ello. Le diré, asimismo, que no
admito lecciones de democracia. Me considero un demócrata. Se lo digo
para que lo sepa. Evidentemente, yo defenderé al president Torra, porque
hay unos partidos políticos españoles, y en este momento no hablo del
Partido Socialista, sino del Partido Popular y de Ciudadanos, que se
dedican a crispar la vida en Cataluña. Porque ellos viven de la
crispación, de buscar votos en la crispación. Es así de triste. Podrían
dedicarse a su España y no molestar en Cataluña llevándonos crispación,
por favor. Porque lo que queremos es construir y Cataluña siempre se ha
basado en la convivencia. Hay bastantes ataques y es vergonzoso lo que
están haciendo.

Quiero acabar diciéndole que yo, dada la crispación y el ambiente
que tienen ustedes, les veo muy divididos. Si fueran una comunidad
autónoma les pediría que se apliquen el 155, tan anticonstitucional como
lo aplicaron en el caso de Cataluña. Y espero que algún día el Tribunal
Constitucional, en el que no confío, diga que la aplicación que hicieron
del 155 fue anticonstitucional. Porque, por ejemplo, el 155 no permite ni
cesar a todo un Gobierno ni tampoco convocar elecciones.

Y aquí lo dejo, porque quiero ser respetuoso con el tiempo. De
todas maneras, señora ministra, me pongo a su disposición para iniciar el
diálogo y para buscar puntos de confluencia. Porque la política es
dialogar y buscar soluciones.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cleries.

Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora
Etxano.

La señora ETXANO VARELA: Gracias, presidente. Me ajustaré al
tiempo.

Gracias, señora ministra.

Valoramos los temas que ha anunciado y haremos un seguimiento para
ver cómo se concretan, así como para realizar un análisis serio y en
profundidad, porque creemos que no tener una política económica ni
cambiaria convierte a la política presupuestaria en imprescindible, así
como en una de las variables más importantes para asegurar valores como
la equidad y la redistribución.

La política ha de servir para dialogar, para buscar puntos de
encuentro y para llegar a acuerdos entre todas y todos. Por lo tanto, le
agradezco nuevamente sus explicaciones y le reitero nuestra disposición
al diálogo y a la negociación.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Etxano.

El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no interviene. Por
tanto, a continuación tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Martínez.

El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.

En primer lugar, quiero agradecer la contestación de la señora
ministra. No obstante, las respuestas que me ha dado a las preguntas
relacionadas con el sistema de financiación autonómica no han zanjado
estas cuestiones. Creo que quedan dudas sin despejar respecto al
calendario y a los criterios de población ajustada, etcétera. Seguiremos
preguntándole más adelante en el Senado y esperamos que lleguemos a
acuerdos, tanto en lo que respecta a la reforma fiscal como a los
Presupuestos Generales del Estado.

No estamos de acuerdo con su oposición al impuesto a la banca. Hay
que tener en cuenta que este país le regaló 77 000 millones de euros a la
banca más 60 000 millones en créditos. Por ello, nuestro grupo
parlamentario considera que es de lógica y de sentido común que las
entidades financieras devuelvan progresivamente ese dinero, estableciendo
un impuesto, que, por otro lado, recomendó el FMI en su momento, y que
existe en países como Australia o Gran Bretaña. Y no se ha ido ninguna
entidad financiera de Gran Bretaña o de Australia. Tampoco David Cameron
es un peligroso comunista que haya reventado el sistema financiero
británico.

El senador Martínez Arcas, del Partido Popular, hablaba de subir
los impuestos a los españoles. No, no, hay que subirles los impuestos a
las entidades financieras, a las grandes corporaciones y al 1 % más rico
de los españoles. Eso no es España, eso, en todo caso, es su España, pero
no es la España en la que nosotros vivimos.

Eliminar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, como propone
el Partido Popular, es una auténtica barbaridad. ¿Cómo pretenden ustedes
financiar los servicios públicos sin recaudar impuestos? ¿Saben lo que
supone el impuesto sobre sucesiones en la Comunidad Valenciana, por
ejemplo? Supone 260 millones de euros, que es el equivalente de euros,
que es el equivalente a lo que gastamos en dependencia o en centros de
mayores. ¿Ustedes quieren que dejemos a las personas mayores sin
asistencia? ¿Quieren que dejemos a los dependientes sin ayudas? ¿De dónde
sacamos el dinero, si no es mediante la recaudación de impuestos y de
impuestos progresivos y justos? Porque ustedes van con este discurso
liberal que solo aplican cuando les interesa. ¿Saben cuándo se introdujo
en España el impuesto de sucesiones? En las Cortes liberales de Cádiz,
en 1812. ¿Quién defendió la introducción del impuesto de sucesiones? Lo
defendían pensadores liberales, como John Stuart Mill. Ustedes no son
liberales, son liberales solo para lo que les interesa y solo para
beneficiar a sus amigos. Están en un momento en el que ustedes y sus
amigos de Ciudadanos han levantado la cresta, van de políticamente
incorrectos y están en una batalla de gallos. Francamente, están en una
carrera absolutamente irresponsable que no les conduce a ningún lado. Si
se aplicaran las medidas que proponía Pablo Casado hace unos pocos días
harían implosionar ustedes el Estado de bienestar en España, que ya de
por sí está maltrecho.

Les pido que reflexionen y espero que la ministra de Hacienda
vuelva a visitarnos más a menudo y que sigan cultivando ustedes su
relación de amistad, cariño y fraternidad.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Vázquez.

El señor VÁZQUEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.

Primeramente quiero disculparme por lo que ha sucedido antes con
la ministra. En esta comisión no es costumbre que se den esos
comportamientos, especialmente, en la intervención de una ministra.

El PP no solamente ha perdido el Gobierno —lo cual, yo creo
que ya tiene asumido y, por eso, sus prisas por intentar recupéralo en
unas elecciones—, el PP también ha perdido la última palabra.
Estaban acostumbrados a hablar los últimos y que nadie les contestase.
Tienen que adaptarse a estos nuevos tiempos. De ahí, un poco, que se haya
producido esta situación de hoy, que yo estoy convencido que no va a
volver a repetirse.

Por otro lado, el señor Martínez no había escuchado o no había
querido hacer caso a su intervención, en la que no llegó a nombrar la
gestión del Partido Popular, no la llegó a nombrar. Él hace, que es lo
que han hecho durante todos estos años en su partido, su gran
demonización de Zapatero, que fue el que provocó la crisis de Lehman
Brothers; o sea, hace lo de siempre: ponerse medallas constantemente,
como hacía el señor Montoro, pero no habla —lo verán cuando se
estudien los Diarios de Sesiones del presente año— nunca de
desigualdad ni de pobreza, no habla nunca de esos dos términos.

El señor Martínez acusa al Gobierno de hacer propuestas sobre
fiscalidad en campaña electoral. Eso ellos sí que lo han practicado bien.
Hicieron una reforma del IRPF, en 2015, que supuso, en dos años, la
disminución de 12 000 millones de euros de ingresos del Estado. Del 70 %
de esos 12 000 millones se beneficiaron las rentas altas, los grandes
capitales y las sicav. Ese es su modelo y yo lo acepto democráticamente.
El señor Martínez ha dicho: Los ciudadanos saben que el PP baja los
impuestos y que el PSOE los sube. Aquí, la ministra nos ha dicho cuáles
fueron los impuestos que subió el PP, pero, a base de repetirlo, la gente
puede pensar que los tres puntos del IVA los subió el PSOE.

Luego hay una cosa que ha dicho y en la que yo quiero entrar. El
señor Martínez Arcas ha dicho, textualmente: Donde mejor está el dinero
es en el bolsillo del contribuyente. El señor Casado y el señor Trump son
los únicos que siguen creyendo en la curva Laffer porque ha fracasado
siempre que se ha aplicado. Eso no es verdad, hay que matizarlo. Lo que
quieren los ciudadanos es tener buenos servicios, que la educación de
calidad para sus hijos no les cueste nada, que la sanidad de calidad para
su familia no les cueste nada, que tengan asistencia cuando sean mayores,
que tengan buenos servicios sociales y, desde luego, que le quede un
sueldo neto. A quien beneficia tener todo el dinero en los bolsillos es a
los que tienen mucho dinero, que se pueden permitir pagar la sanidad, la
educación o asistirse cuando son mayores. Eso es una falacia que la
izquierda debe combatir con todos los términos. Pero claro, cuando lo
sueltan, suena bien, incluso en algunos programas de televisión se les
aplaude, pero no se dan cuenta de que ellos no son los beneficiarios de
tener el dinero en los bolsillos, sino los perjudicados. Cuando se hace
una política fiscal para darle más a los que más tienen, evidentemente,
va en contra de la mayoría de los ciudadanos. El otro día, en la tribuna,
un senador de la derecha dijo: Les vais a subir el IRPF a la clase media.
Volvemos a lo mismo. ¿Consideran clase media a los que ganan 12 000 euros
al mes con extraordinaria? Por favor, ya está bien de tanta falacia.

Termino, señor presidente. El portavoz del Grupo Popular nos decía
al final que el Gobierno está a punto de caer, que está totalmente
descompuesto. Los Gobiernos caen y este Gobierno, en un momento o en
otro, también caerá, pero nunca lo hará por una sentencia que ha
condenado por corrupción al partido que lo sustentaba. Y como aquí se han
recomendado películas, yo recomiendo una que vi anoche, El Reino.
Posiblemente, veamos una época en este país en la que tenemos que
procurar que no vuelva a suceder.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vázquez.

Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor
Martínez Arcas.

El señor MARTÍNEZ ARCAS: Muchas gracias, señor presidente.

Voy a intentar que las aguas vuelvan a su cauce. No obstante,
quiero hacer un par de observaciones de manera breve. Señora ministra,
por muy miembro del ejecutivo y del Gobierno que sea, usted no está
legitimada ni para gritarme ni para chillarme ni para abroncarme como ha
hecho en la sesión de esta mañana, en su primera intervención.
(Aplausos). Estas son las Cortes Generales, señora ministra, y aquí hemos
venido a que usted comparezca porque es el Ejecutivo y nosotros el
Legislativo, no hemos venido a debatir. Usted no está aquí como
parlamentaria, ha venido como ministra para dar cuenta de la gestión del
Gobierno y no para debatir conmigo y hacerme preguntas, y me ha estado
interpelando continuamente.

Decía usted que no admite lecciones en materia económica y eso es
lo peligroso, señora ministra. Su soberbia —me refiero en general,
a la del Partido Socialista, no a la suya particular—, no les hace
ver los errores que cometieron en el pasado y están dispuestos a volver a
meternos en el mismo lío en el que nos metieron cuando aplicaron las
políticas del señor Zapatero en el periodo 2008-2011, con 3,5 millones de
puestos de trabajo perdidos y un déficit del 11 %. Ese es el motivo,
señora ministra, por el que no apoyamos la senda de estabilidad
presupuestaria que ustedes plantean. No hay otra razón más que la del
interés general, el interés de que ustedes no nos vuelvan a meter en el
mismo follón en el que nos metieron cuando ustedes gobernaron aplicando
las mismas políticas erróneas.

En materia fiscal, lamentablemente, no ha respondido a la pregunta
que yo le hacía, sobre que concretara las imposiciones fiscales que
pretenden establecer en esta legislatura, pero sí ha dicho, reiteradas
veces, que están dispuestos a subir la presión fiscal ocho puntos del
PIB. Eso son 80 000 millones de euros, señora ministra, y usted sabe bien
que es imposible recaudar 80 000 millones de euros más en este país si no
es masacrando a la clase media. No engañe más a la ciudadanía.

Por último, termino con el tema de Cataluña. Decía usted que somos
nosotros la otra cara del señor Torra. Efectivamente, somos el reverso
del señor Torra. Los que parecen que tienen la misma cara que el señor
Torra son ustedes, señora ministra. Y le voy a aclarar lo de la Comisión
Delegada de Asuntos Económicos, que es como se llama. Usted no conocía el
término, pero se llama Comisión Delegada de Asuntos Económicos y es una
institución que hay dentro del ministerio para tomar decisiones de gran
calado en el ámbito económico. Pues esta Comisión Delegada de Asuntos
Económicos el 15 de septiembre de 2017 adoptó lo que yo le estoy pidiendo
hoy que haga. Yo no niego, señora ministra, que ustedes estén aplicando
el control financiero del año 2015, como dice el señor Cleries. No lo
niego. Lo que yo le pido es que apliquen el control reforzado del
año 2017, el que estaba vigente justo antes del 155. Eso es lo que yo le
estoy pidiendo, señora ministra. Es distinto. Este control previo del
año 2017, el que se aprueba por orden ministerial —tome nota—
HFP 878/2017, de 15 de septiembre, establece que se verifica previamente
al pago cualquier certificación. Eso es lo que está pidiendo el Partido
Popular que haga el Gobierno socialista, que vuelva a movilizar a la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos y que vuelva a reestablecer el
control financiero reforzado —no el vigente, el del 2015— el
reforzado de 2017.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Arcas.

Para contestar tiene la palabra al señora ministra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
señor presidente.

Agradezco nuevamente el tono de los grupos parlamentarios.

Señor Martínez Arcas, ustedes gritan, ustedes chillan, ustedes
bronquean a los miembros del Gobierno cada vez que intervenimos, no
solamente en comisión, también en Pleno. Ustedes resoplan; cada vez que
interviene un miembro del Gobierno, como ustedes consideran que el
Gobierno es ilegítimo, se permiten el lujo de no respetar una institución
como la del Gobierno, y ustedes chillan, ustedes bronquean, ustedes
gritan... Yo no; yo podré ser vehemente en mi intervención, pero cuando
usted habla, yo no le grito, pero sí lo hacen ustedes, señorías del
Partido Popular, cuando yo hablo, aquí y en el Pleno, y desgraciadamente
cada sesión es una oportunidad para constatarlo. No van ustedes sobrados
de elegancia parlamentaria, porque son ustedes el grupo político que más
me ha sorprendido en esta Cámara —y créame que he estado en
muchas— por cómo vitorean o abuchean a los representantes de mi
Gobierno o de cualquier formación política. A mí me ha sorprendido, y los
que tengan experiencia en Plenos municipales o en Parlamentos autonómicos
sabrán que no hay una situación similar a la que vivimos aquí por mor de
los abucheos, gritos o chillidos. Yo no me he hecho eco de ello. Lo hago
ahora porque usted me ha dicho a mí que yo le he gritado. Y no. Pero
mírense ustedes y vean cómo quedan en el Diario de Sesiones.

Señor Martínez, soberbia la del Partido Popular, que le impide ver
la desigualdad. Ustedes no ven las desigualdades que ha traído la crisis
económica, pero es que, por lo que ustedes refieren ahora, cosa que no
decían cuando gobernaban, no tenían ustedes ninguna aspiración de
devolver los derechos que se quitaron durante el periodo de crisis. ¿A
ustedes no les parece bien que los decretos del año 2012, que quitaban
derechos en sanidad, en educación o en dependencia, se reviertan? Porque
yo nunca he oído decir al Partido Popular que eso no se iba a revertir,
que se había quedado así para siempre. Ahora usted, con su afirmación,
parece decir que eso se ha quedado para siempre. Pues lamento, señor
Martínez Arcas, que efectivamente este Gobierno no considere que el gasto
público sea un despilfarro, y por tanto, va a emplear los recursos que
tiene disponibles, satisfechos nuestros compromisos con los socios
europeos, en intentar devolver a los ciudadanos lo que les arrebató la
crisis, y por tanto, todo lo que hizo abundar en la pobreza y en la
desigualdad.

Señorías, claro que sé lo que es la Comisión Delegada de Asuntos
Económicos. Tengo una reunión dentro de media hora. Usted no sabe lo que
es porque ha dicho que es del Ministerio de Hacienda. No, se ha
equivocado, es del Ministerio de Economía y es una reunión
interministerial. Usted sí que no sabe lo que es, y probablemente nunca
haya estado en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos; yo sí, y por
tanto, claro que sé lo que es. Y es que en su mismo recorrido dialéctico
se desenmascara. Y ha tenido usted que recular cuando ha dicho que el
control reforzado del año 2015 no estaba vigente. Han tenido que recibir
una nota donde les decían: Cuidado, que claro que está vigente, porque yo
le he retado a decir si el control reforzado estaba vigente, y el control
reforzado está vigente. ¿Sabe usted el único control que se retiró? El de
la desactivación del 155. (Rumores).Y le vuelvo a retar, señor Martínez
Arcas, a que demuestre si el control que se retiró fue el de la
desactivación del 155. El único control que se ha retirado. Es más,
cuando llegué al ministerio, se había solicitado a la Abogacía del Estado
cómo llevar a cabo la retirada del 155. ¿Me he metido yo con el señor
Montoro para decir cómo lo desactivó? No, ¡si el señor Montoro tuvo
nuestra lealtad cuando se trató de activarlo! Fue la Abogacía del Estado
la que le dijo al señor Montoro, a petición de su subsecretario
—ahí están las cartas—, cómo se tenía que desactivar el 155 y
fue él quien dijo que eso se había puesto con motivo del 155 en el
año 2017... (Denegaciones del señor Martínez Arcas). Lo reto, señor
Martínez Arcas. (Rumores). ¡Que lo reto, señor Martínez Arcas! ¡Si hace
un momento lo he retado a que diga usted si habíamos retirado el control
reforzado, y ha dicho usted que sí! (El señor Martínez Arcas: Me está
retando, presidente, y tendré que contestar por alusiones).

El señor PRESIDENTE: Señora ministra, no establezcamos un diálogo
de tú a tú.






Simplemente conteste y no lo rete; porque si lo reta, él va a
contestar, lógicamente. Dé explicaciones y luego, si procede, en una
pregunta parlamentaria, se establecerán los turnos de pregunta,
contestación, réplica, etcétera. Vamos a evitar, sobre todo a estas
alturas de la comisión, este tipo de situaciones.

Señora ministra, tiene la palabra.

La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias,
señor presidente. Gracias, señor presidente, por sus palabras.

Lo que he querido transmitir con el término dialéctico del reto es
que lo que está diciendo el señor Martínez Arcas no es cierto. Le pido
que demuestre lo que está diciendo, no ahora, sino donde lo tenga que
demostrar. Lo que está diciendo no solamente no es cierto, señor Martínez
Arcas, sino que es una barbaridad. Este mecanismo se desactivó con motivo
del 155, con motivo del 155. ¡Es que usted no lo ha dicho! Usted no ha
dicho que cuando se desactivó el 155, la Abogacía del Estado dijo al
Gobierno del señor Montoro qué mecanismos tenía que desactivar. Ese no es
el control reforzado. ¡Es que usted no sabe de lo que está hablando! El
control reforzado es del año 2015. Por tanto —aunque se vaya el
señor Martínez Arcas voy a seguir para terminar mi intervención—,
en el año 2015 el control reforzado sigue vigente. Cuando me han
preguntado si lo vamos a retirar, he dicho que, igual que no había motivo
para una nueva aplicación del 155, no hay motivos para desactivar el
control reforzado del año 2015. Quiero que quede constancia por si las
palabras del señor Martínez Arcas han podido generar algún tipo de
confusión.

Gracias, señor Vázquez, por su apoyo y su ánimo. Estoy totalmente
de acuerdo en que la mayoría de los expertos cuestionan la llamada curva
de Laffer. Además, el dinero donde mejor está es, por supuesto, una parte
en el bolsillo de los contribuyentes, pero otra en la redistribución de
la riqueza que se hace a través de los servicios públicos —en
nuestros maestros, nuestros profesores, nuestros médicos o cuidadores de
la dependencia—. Por tanto, continuaremos en esa línea.

Señor Martínez, seguiremos trabajando, dialogando. Tenemos trecho
por delante. Espero que podamos anunciar pronto un acuerdo
presupuestario, que será el preludio de iniciativas que continuarán su
tramitación, porque es un acuerdo que no solo conlleva el reflejo en las
cuentas públicas, sino orientación en cuanto a cómo se tienen que
comportar determinadas actividades y políticas. Espero que ese grado de
entendimiento pueda continuar.

Igual le digo a la señora Etxano que estoy convencida de que
llegaremos a un acuerdo con su formación política en materia de
Presupuestos Generales del Estado, entre otras razones, señoría, porque
una gran parte de la política fiscal que se está diseñando ustedes ya la
tienen en el País Vasco. Por tanto, de alguna manera es también una
inspiración de cómo es posible hacer una fiscalidad justa, intentando que
el crecimiento económico mejore y siga aumentando.

Señor Cleries —no sé dónde va el acento—, cuando le
decía que en la comisión bilateral el Gobierno de Cataluña había llegado
a un acuerdo, probablemente me he confundido al entender que no compartía
que los términos del acuerdo se hubieran secuenciado a lo largo de los
tres próximos años. Si no ha dicho usted eso, le he escuchado mal o le he
interpretado mal. Lo que he querido decir es que en la comisión bilateral
mixta se sienta el Gobierno de Cataluña con sus representantes, igual que
se sienta el Gobierno de España. Y creo que lo que ha permitido poner de
manifiesto el acuerdo —porque lo otro era imposible— es la
viabilidad de las propuestas. Cuando hay propuestas que cumplen con la
ley y con las sentencias de los jueces, buscamos fórmulas para que sean
viables y se puedan abonar. Lo contrario es una suerte de huida hacia
adelante y —si me permite la expresión— habría sido papel
mojado.

Comparto que la crispación no es buena consejera, en ningún
sentido, señoría. Por tanto, no comparto la crispación de su formación
política en Cataluña, no comparto la crispación del Partido Popular, ni
comparto tampoco la crispación a la que invitan en Ciudadanos. Creemos
que el diálogo, el acatamiento de la ley y de las sentencias de los
jueces es el único camino para encontrar fórmulas de diálogo, vías de
encuentro y solución a los problemas que actualmente existen en Cataluña
y, por tanto, en España; porque, evidentemente, sus problemas son
nuestros problemas, y es algo que a todos nos concierne.

Termino diciendo, señorías —y a su grupo parlamentario en
particular—, que espero que la negociación sobre presupuestos hable
de presupuestos, hable de las cuentas públicas, hable de la calidad de
vida de los ciudadanos de Cataluña y del resto de España, y hable de la
mejora de la financiación en Cataluña, elementos que contiene el proyecto
de presupuestos, pues sabe usted que si junto a todo ello se plantean
otros términos políticos inasumibles por el Gobierno de España, va a ser
imposible que se pueda llegar a un acuerdo. Por lo tanto, como creo que
ustedes persiguen el bienestar de los ciudadanos y nosotros también, ahí
podremos por lo menos llegar a un acuerdo; y a eso también les invito,
señor Cleries.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora ministra, por sus
explicaciones, por su comparecencia. Le invitamos a nuevas comparecencias
en el futuro para que pueda seguir debatiendo en este ambiente,
aparentemente algo crispado, aunque no lo sea realmente. En el fondo, hay
debate, que yo creo que siempre mejora la calidad de la democracia.

Antes de levantar la sesión, quiero recordar a los señores que a
continuación tendrá lugar una reunión con el objetivo de fijar las
reuniones de la ponencia y la comisión para debatir y aprobar, en su
caso, la modificación del régimen económico y fiscal de Canarias.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.