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Se abre la sesión a las a las trece horas. El señor PRESIDENTE: Señorías, buenos días. Se abre la sesión. El señor letrado va a proceder a comprobar las asistencias. El señor letrado procede a la comprobación de los señores senadores El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor letrado. Sus señorías conocen el acta de la sesión anterior, celebrada el Queda aprobada. Muchas gracias. Punto único del orden del día: Dictamen de la Proposición de Ley de A esta proposición de ley se han presentado nueve enmiendas y han Se abre un turno para la defensa de las enmiendas, al no haber Conocen sus señorías que disponen de tres minutos por cada Enmienda número 5, de los señores Alegre Buxeda, Crisol Lafront, Tiene la palabra el senador Navarrete. El señor NAVARRETE PLA: Gracias, señor presidente. La doy por defendida, porque el señor Alegre, que tenía previsto El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Queda defendida. Enmiendas números 6 a 9, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Tiene la palabra, senadora Garrido. La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. Yo creo que resulta bastante desolador, por utilizar un concepto Entendemos parte de la situación que se expone en esa propuesta, en Para remendar este despropósito hemos presentado una serie de La enmienda número 6 mejora la redacción y otorga cierta seguridad y La segunda de nuestras enmiendas delimita la legitimación activa. Ya La tercera enmienda trata de reforzar las garantías y el principio Por otro lado, se garantiza la asistencia de los servicios sociales La última enmienda recupera un plazo de ejecución para las Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido. Para la defensa de las enmiendas 1 a 4 del Grupo Parlamentario La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Buenos días, señorías. Mi propósito es enfocar y diagnosticar el problema que hoy debatimos. Existe una demanda potencial de 1,5 millones de hogares; 4000 Durante el año 2016 en el Estado español hubo 60 000 desahucios, 166 Señorías, la modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de El Grupo Socialista está de acuerdo en perseguir y acabar con las Señorías, debemos actuar de una manera proporcionada para solucionar Señorías, el 15 de marzo de 2018, el Grupo Parlamentario Socialista Señorías, el Partido Socialista se opuso a la toma en consideración El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Muñoz. Cabe un turno en contra, por un tiempo máximo de diez minutos. Tiene la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia. La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente. Como avanzamos en la ponencia, vamos a rechazar todas las Respecto a la enmienda número 1, que presentaba el Grupo Socialista, Respecto a la enmienda número 2, tengo que recordar que el artículo Rechazamos la enmienda número 3, porque el concepto de vivienda no Respecto a la enmienda número 4, ustedes proponen unos elementos que Con respecto a la enmienda que plantea el Grupo Mixto, creemos que la Pasamos a las enmiendas de Podemos. En cuanto a su primera enmienda, Con respecto a la segunda enmienda, debo decir que esta medida se Con respecto a la tercera enmienda, hay que recordar que el objetivo La última enmienda la rechazamos porque creemos que esta ley no Sí quiero recordar a las ponentes, a las que he escuchado Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Quiero recordar al Grupo Mixto que, como la enmienda 5 no ha sido Pasamos al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, ¿el señor Navarrete quiere hacer Por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata - Agrupación El señor BAGUÉ ROURA: Gracias, señor presidente. Buenos días. A pesar de que el Grupo Popular acaba de anunciar su El Partit Demòcrata aceptaría las enmiendas 2 y 3, del Grupo Con respecto a la enmienda número 5, de Ciudadanos, nosotros nos Respecto a la enmienda número 6, de Podemos, nos abstendremos. Y a Por lo que se refiere a la proposición de ley, entendemos que no es El motivo de esta iniciativa legislativa es precisamente no dejar en Es verdad que tenemos un problema grave de vivienda y que cuanto Que tenemos un problema en vivienda es una evidencia —seguro Damos por hecho que es verdad que existe un problema acuciante de Por lo tanto, nosotros nos centramos en la iniciativa concreta, y Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bagué. Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente. Quisiera, en primer lugar, definir y poner el foco en el objeto de Queremos felicitar al Grupo PDeCAT por saber escuchar. Probablemente No hay que olvidar que esta proposición de ley tiene tres objetivos, A través de esta proposición de ley, también se mejora la relación Es evidente que hay un conflicto de derechos individuales entre unos A la hora de abordar el problema de la vivienda tenemos que trabajar Por otro lado, no debemos olvidar que los objetivos son las personas Por tanto, creo que su objetivo es muy claro y que lo que viene a En este sentido, creo que la proposición es interesante, que es Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz. Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra El señor ESTRADÉ PALAU: Muchas gracias, señor presidente. Mi grupo en el Congreso votó en contra de la proposición de ley y A pesar de ello, quiero destacar que hay muchos aspectos de la Nosotros también somos partidarios de proteger la propiedad privada y Sin embargo, si hemos votado en contra es porque entendemos que no es En este momento tenemos un problema muy grande porque hay muy pocas Por último, y de forma paralela, si queremos tener legitimidad para Por esas razones, aun estando de acuerdo con gran parte del contenido Muchas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Estradé. Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, La señora GARRIDO GUTIÉRREZ: Gracias, presidente. Me alegra mucho la preocupación que muestran todos los senadores y En todo caso, voy a aprovechar la ocasión, ya que aprecio esa Como ya se ha dicho en esta comisión, tenemos un parque social Al final, los derechos no deben interpretarse de manera aislada; los También me llama la atención el hecho de que se utilicen tópicos, que Por otro lado, creo que el senador del PNV hablaba de las Esta ley no va a acabar con las mafias. No tiene esa finalidad. Lo Supongo que se me está acabando el tiempo, así que tampoco voy a Gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Garrido. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la senadora La señora FERNÁNDEZ MUÑOZ: Muchas gracias, presidente. Señorías, vuelvo a preguntar, ¿cuál es el problema? El problema es Creo que si empezáramos por aquí, señorías, estaríamos hablando ahora A mi modo de ver, con esta reforma no estamos atendiendo ni poniendo Hay mafias que se aprovechan de esas personas, de esas familias con Se está produciendo lo que ya empezamos a conocer como la burbuja del A estas familias tampoco les estamos ofreciendo un piso público de Desde nuestro punto de vista, esta proposición de ley no pretende Los socialistas estamos de acuerdo en que hay que acabar con estas Por tanto, hagamos valer los mecanismos que establece nuestro sistema Muchísimas gracias. El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Fernández Muñoz. Para concluir, por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Gracias, señor presidente. Señorías, desgraciadamente, la ocupación tiene una doble vertiente en Señorías, la modificación legislativa que tratamos aquí no Los políticos que estamos en instituciones —es decir, lo Señorías, estamos hablando de proteger el derecho de todos los Señorías, he leído alguna enmienda con la que pretendían que la Estamos hablando de personas reales que están inmersas en una batalla En definitiva, señorías, esta proposición de ley recoge dos Señorías, insisto, no podemos enfrentar derechos ni enfrentar a Por cierto, la señora portavoz de Podemos decía que las historias de Muchas gracias, señorías. (Aplausos). El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Muñoz de la Señorías, a tenor de lo establecido en el artículo 116.2 del Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; El señor PRESIDENTE: Por tanto, la Comisión de Justicia ha Procede designar al miembro de la comisión que llevará a cabo la Senadora Muñoz de la Iglesia, tiene la palabra. La señora MUÑOZ DE LA IGLESIA: Este grupo propone al presidente de la El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. ¿Tienen algo que objetar? (Denegaciones). Muchas gracias. Asumo gustosamente el encargo. Muchas gracias, señorías. Se levanta la sesión. Eran las catorce horas.
enero, de Enjuiciamiento Civil, en relación a la ocupación ilegal de
viviendas.
vivienda; procedimiento civil; vivienda social
ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, EN RELACIÓN A LA OCUPACIÓN ILEGAL DE
VIVIENDAS.
presentes.
día 16 de mayo de 2018. ¿Hay alguna objeción, alguna sugerencia?
(Denegaciones). ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento).
modificación de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil, en
relación con la ocupación ilegal del viviendas.
sido todas rechazadas en la ponencia. Por tanto, se mantiene el texto
remitido por el Congreso de los Diputados.
quedado ninguna incorporada al texto en la ponencia; después, turno en
contra y, para finalizar, un turno de portavoces.
enmienda.
Marcos Arias y la señora Roldán Suárez, todos ellos del Grupo
Parlamentario Mixto.
venir, ha tenido un problema médico familiar urgente y se ha tenido que
ir.
Comú Podem-En Marea.
suave, que la primera propuesta normativa que se presenta en esta
legislatura sobre el tema de la vivienda ponga el foco en aquellas
personas más vulnerables. La razón de que la mayoría de estas personas
estén en la situación de ocupación en la que están es que han visto
insatisfecho su derecho a una vivienda digna. De nuevo, se pretende
agilizar la puesta de estas familias, generalmente en situación de
vulnerabilidad, en muchos casos con menores a su cargo, en la calle, sin
ningún tipo de miramiento. Dicho de una manera más técnica o más
jurídica, poner a estas familias en la calle significa no respetar ni los
derechos humanos ni la Constitución ni los tratados internacionales.
la medida en que entendemos que hay que respetar el derecho de propiedad,
por supuesto. El propietario tiene derecho a recuperar su vivienda. Pero
también es verdad que con esta propuesta no se ataca el problema que está
en el fondo de la cuestión. Al final, si una persona o una familia
—en la mayoría de los casos, vuelvo a repetir— ocupa un
vivienda normalmente es porque no tiene otra posibilidad. Por lo tanto,
hagamos un poco más de hincapié en garantizar el derecho constitucional a
una vivienda digna y tratemos de respetar la Constitución y los tratados
internacionales. Proteger la propiedad, sí, pero de esta manera, no. Esta
sería la conclusión.
enmiendas, que tratan de paliar esta propuesta normativa. Paso, de manera
muy rápida, a exponer lo fundamental de cada una de las enmiendas.
certeza al procedimiento mediante el cual se prevé la intervención de los
servicios sociales. ¿Para qué interviene la Administración? No se trata
de hacer brindis al sol, sino de saber el papel que juega la
Administración y, por lo tanto, acabar en la garantía real de ese derecho
a la vivienda. Lo demás son brindis al sol. De esta forma, no se está
haciendo nada extraordinario, solo se están respetando las resoluciones
del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales, así como las últimas recomendaciones
del Defensor del Pueblo.
que entendemos que el procedimiento tan especial y tan sumario que se
establece es de una gravedad importante, debería limitarse a aquellas
situaciones especiales en las que el propietario pudiera sufrir mayor
daño. En este caso, nos referimos a las personas físicas, a pequeños
propietarios que se pueden ver afectados de una manera más grave, porque
quizás tiene necesidad de disponer de su vivienda o utilizarla como mejor
les convenga.
constitucional que todos conocemos de tutela judicial efectiva en
relación con la notificación. En este caso, no compartimos esa
especialidad, porque yo creo que la regulación general ya es
suficientemente garantista y adecuada. Tampoco entendemos que no exista
posibilidad de recurso ante una situación bastante grave. Por lo tanto,
son cuestiones que creo que mínimamente deberían aparecer recogidas en la
propuesta.
en caso de alegación o percepción por el juez de que las personas o las
familias que ocupan esa vivienda se encuentran en una situación de
vulnerabilidad. Volvemos, sin más, a respetar el artículo 47 de nuestra
Constitución. Se establece un procedimiento para los supuestos de
vulnerabilidad para que se respete la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de
enero, de protección jurídica del menor y la Convención sobre los
derechos del niño, entre otros.
sentencias. Estamos hablando de una situación muy drástica y, por lo
tanto, qué menos que recuperar y mantener ciertos plazos en relación con
la ejecución de las sentencias.
Socialista, tiene la palabra la senadora Fernández Muñoz.
Señorías, el gasto en vivienda supone una carga inasumible para el 10 %
de la población en ocho de las quince comunidades autónomas, entre ellas
Madrid, Castilla-La Mancha, Canarias, Baleares y Cataluña. Las familias
destinan al menos el 40 % de la renta familiar a pagar la renta del
hogar. Esto supone graves dificultades para acceder a una vivienda digna,
tanto en régimen de propiedad como de alquiler, en unos momentos en que
la oferta de vivienda de protección oficial, como todos sabemos, se ha
recortado.
familias constan en los registros oficiales para la obtención de una
vivienda. El parque público protegido de vivienda en España, según un
análisis del contexto europeo de la Fundación Alternativas, advierte que
España puede acabar entre los países europeos con un menor nivel de
protección social en este campo y los mayores índices de exclusión
residencial.
por día; es el país de Europa donde más desahucios hay. Este es el
problema, señorías, que ha tenido, lógicamente, efectos colaterales, como
la generación de mafias que trafican con viviendas vacías de propiedad
privada, vulnerando un derecho constitucional; aprovechando, a su vez, la
situación de vulnerabilidad de muchas familias, a las que tampoco les
hemos garantizado su derecho a una vivienda digna.
enjuiciamiento civil, que hoy debatimos tras su paso por el Congreso, a
nuestro entender —a mi entender—, no resuelve el problema de
estas familias a las que pretendemos poner bajo las estrellas de forma
inmediata, sin ofrecerles ninguna alternativa. Esta propuesta de
modificación por sí sola, sin atacar las causas por las que se producen
esas ocupaciones y sin atajar las causas por las que han surgido esas
mafias, solo va dirigida a expulsar de forma inmediata al ocupante, pero
no actúa contra el extorsionador, contra esas mafias organizadas que,
aprovechando la situación de extrema necesidad, han decidido quedarse con
su cartera delincuencial para comercializar con las desgracias
ajenas.
mafias organizadas, esas que entran en las viviendas vacías, cambian las
cerraduras, extorsionan al propietario, las alquilan, y luego las
realquilan. Y llegan a más: se ofrecen de intermediarios entre el
ocupante y la propiedad a cambio de importantes sumas de dinero. En el
Grupo Socialista defendemos sin fisuras el derecho de inviolabilidad de
la propiedad privada, pero esta modificación que hoy nos proponen, lejos
de ofrecer una solución, empeora el problema. Las ocupaciones ilegales y
las extorsiones son un problema con dos caras: una afecta a los
propietarios de esas viviendas, y otra a las familias que por causas
sobrevenidas no pueden hacer frente al pago del alquiler y están
pendientes de interminables listas de espera para que las
administraciones les facilitemos una respuesta adecuada a su problema de
vivienda, a la que tienen derecho constitucional.
de manera simultánea ambos problemas: el del ciudadano al que le han
ocupado de manera ilegal su vivienda y el de miles de familias que tienen
derecho constitucional a una vivienda digna, derecho que también les
estamos sustrayendo.
en el Congreso registró una proposición no de ley sobre medidas de
fomento de alquiler estable de vivienda. ¿Por qué no empezamos por ahí?
¿Por qué no nos ocupamos y nos preocupamos de adoptar medidas eficaces
que fomenten el mercado del alquiler? Empecemos por garantizar que los
propietarios puedan poner en el mercado de alquiler esas viviendas vacías
con tranquilidad, y tengan garantizada la fianza en caso de cuotas
impagadas. ¿Por qué no empezamos, señorías, por cambios legislativos
estables, que permitan a los municipios limitar los precios del alquiler?
¿Por qué no regular ya de forma inmediata los alquileres turísticos, que
están provocando una escasez de pisos residenciales y están haciendo
subir los precios hasta un límite prohibitivo, para que estas familias,
que queremos desahuciar de manera inmediata y sin ninguna condición ni
garantía, tengan una vivienda digna para ellos y para sus familias?
Señorías, ¿por qué no pensamos que hay que hacer una tarea previa para
evitar la proliferación de estas mafias y evitar que estas familias
tengan que acudir a estas ocupaciones y resolver el problema de vivienda
que sufren estas familias?
de esta proposición no de ley en el Congreso y vamos a hacer lo mismo en
el Senado, aunque habiendo realizado nuestra tarea como parlamentarios:
enmendando el texto para, al menos, darle las máximas garantías si sale
adelante. Pero hay una tarea previa para que no proliferen las mafias y
para que esas familias no tengan que ocupar viviendas de nadie. A nadie
le gusta ocupar una vivienda. Lo que queremos las personas es tener un
techo donde poder vivir con dignidad con nuestras familias. Por tanto,
esa es la posición del Grupo Socialista, aunque mantenemos nuestras
enmiendas para mejorar el texto propuesto.
enmiendas.
el texto ya prevé que el demandado se persone en el plazo de cinco días
desde la notificación y que aporte justificación suficiente de su derecho
a poseer el inmueble. Por lo tanto, va de suyo.
único aprobado tiene un tenor muy similar al que nos proponen; por lo
tanto, preferimos el que viene ya en la ley, que fue acordado por el
Congreso. Hay que recordar también que la notificación de la resolución a
las autoridades competentes en materia social ya se prevé de modo
específico en el artículo 441.
puede quedar definido en la Ley de enjuiciamiento civil. Es un concepto
que tienen que determinar los jueces que valoran cada caso.
ya se tienen en cuenta. Actualmente en los juzgados españoles se está
llevando a cabo la coordinación que nos proponen ustedes, y existen
varias comunidades autónomas con servicios de orientación y protocolos de
actuación. Por lo tanto, también la vamos a rechazar.
versión actual es técnicamente mejor que la que nos proponen. Por lo
tanto también la rechazamos.
diré que la redacción actual ya contiene la referencia al consentimiento
de los interesados. Por lo tanto, creemos que ya está incluido.
propuso con el objetivo de agilizar la recuperación de la vivienda, tanto
para personas físicas como para personas con unas determinadas
condiciones, y se ha delimitado, a su vez, teniendo en cuenta el bien
social que persiguen. Por lo tanto, también entendemos que debemos
rechazarla.
de esta ley era lograr un mecanismo ágil para la recuperación de la
posesión de viviendas que se han ocupado sin el consentimiento del
titular del derecho a poseerlas. Por ello, el único supuesto que permite
evitar el lanzamiento del ocupante es que el mismo acredite su derecho a
poseerla. Por lo tanto, también rechazamos la enmienda.
impide que sea precisa una atención ágil por parte de los servicios
sociales competentes si viene recogido en la ley. Por lo tanto, también
la rechazamos.
atentamente, que hoy no estamos debatiendo una ley de vivienda, sino el
derecho de las personas a ser propietarios de su vivienda. Por lo tanto,
espero que en el turno de portavoces se centren más en esta reforma
legislativa, que va encaminada hacia una reforma de la Ley de
enjuiciamiento civil. Estoy convencida de que en la Comisión de Vivienda
podremos debatir muchas de las propuestas aquí expuestas —y,
además, he escuchado algunas muy interesantes—, pero deben
centrarse en lo que vamos a debatir hoy aquí.
Iglesia.
defendida por el senador proponente, para su mantenimiento ante el Pleno,
se tiene que presentar un voto particular antes del día de mañana, según
lo establecido en el artículo 117.3 del Reglamento del Senado.
uso de la palabra? (Denegaciones). No interviene.
Herreña Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra el senador
Baguè.
oposición a todas las enmiendas, voy a aprovechar este turno para fijar
la posición del Partit Demòcrata respecto a las enmiendas de los
distintos grupos.
Socialista, porque son correctas y encajan bien con el espíritu de lo que
estamos tratando. En la enmienda número 4, por el contrario, nos
abstendríamos, porque se produciría, en caso de aprobarse, una invasión
del marco competencial que corresponde a las comunidades autónomas.
posicionaríamos en contra, por cuanto no distingue entre persona física y
jurídica y, según el informe del letrado, tendríamos que distinguir o
precisar mejor.
las enmiendas 7, 8 y 9 nos vamos a oponer, porque creemos que en algunos
casos —por ejemplo, en la limitación de propiedad—, incluso
estaríamos entrando en otras cuestiones que difícilmente podrían
sustentarse desde un punto de vista jurídico. La enmienda número 7 no
habla de administraciones públicas; la enmienda 8, a nuestro entender,
desvirtúa la proposición de ley, y la 9 tampoco la suscribimos. Eso en
cuanto a nuestro posicionamiento respecto a las enmiendas.
una iniciativa sobre vivienda, sino que estamos tratando de la ocupación
ilegal. Queremos huir de caricaturas y demagogias, pero hay casos
sangrantes. Por ejemplo, nuestra compañera en el Congreso mencionaba un
caso concreto de un señor que se fue al Hospital Clinic y, cuando
regresó, su casa estaba ocupada y no podía recuperar su titularidad. En
el contexto actual, esto se resuelve en dos años.
indefensión al pequeño propietario que ve pisoteados sus derechos a la
propiedad. Entendemos que el objetivo de esta proposición de ley es
también luchar contra los abusos y las mafias. Que se subraye el hecho de
que se avise a los servicios sociales garantiza también que no quede
nadie en situación de indefensión. Se excluye a los fondos buitre y a la
banca, con lo cual estamos centrando mucho a quién queremos proteger. No
estamos protegiendo ni a fondos buitre ni a grandes parques inmobiliarios
de Sareb o de entidades financieras, sino al pequeño propietario.
mayor es la ciudad o la conurbación más se acentúa, pero no aprobar una
iniciativa como esta, que pretende proteger los derechos del pequeño
propietario, porque no se afronta bien una reforma del problema de la
vivienda, que tendría que ser más general, sería como si no aprobásemos
la Ley de costas porque estamos haciendo una ley de medioambiente. Una
cosa no tiene por qué ir contra la otra. Por ejemplo, que tengamos en
cartera una ley sobre biodiversidad, medioambiente y protección del
entorno natural no es problema para que, mientras tanto o en paralelo, se
pueda regular una cosa concreta como las costas. En este caso, nosotros
hacemos esta similitud.
que en ello coincidiremos muchos grupos y, a lo mejor, vamos a coincidir
más de lo que inicialmente puede parecer—, pero entendemos que hay
que proteger al pequeño propietario, que puede tener una propiedad fruto
de treinta y cinco años de trabajo, que ha cotizado año tras año en su
declaración de IRPF y que, si la ha heredado, encima ha pagado impuestos
de transmisiones y todo tipo de cargas fiscales. Entendemos que hay que
proteger a este tipo de propietario y, por lo tanto, es necesaria esta
iniciativa.
vivienda en general, pero ahora estamos hablando del fenómeno de la
ocupación ilegal, el alquiler en negro y en paralelo, que en ciudades
grandes o grandes conurbaciones —yo soy de una ciudad pequeña,
Girona, donde este problema ocurre poquísimo— es innegable.
estamos muy orgullosos de representar a un segmento de la sociedad que
necesita la protección del Legislativo.
senador Bildarratz.
esta proposición de ley, que es precisamente trabajar contra los
fenómenos de ocupación ilegal premeditada. En ese sentido, no podemos
confundir los objetivos, las ideas que puede tener una determinada
política de vivienda o un proyecto de ley con el objeto de esta
proposición de ley.
todos los que estamos aquí habremos oído y conocido casos —y
Euskadi no es una excepción—, de una persona que ha estado fuera de
casa un mes por vacaciones y, cuando ha regresado, se ha encontrado con
un verdadero problema y no ha podido resolverlo durante dos años. Y todos
habremos percibido la incomprensión de nuestros amigos, de nuestros
conciudadanos por el hecho de que sucedan este tipo de situaciones
injustas. Yo creo que el objeto de esta proposición de ley es
precisamente resolver esta situación.
y esto es muy importante. Uno, las personas físicas; dos, las
administraciones públicas, pues las administraciones públicas no somos
especuladores, sino que nos compete gestionar los recursos para la
comunidad, y estos no se pueden gestionar de manera arbitraria, sino que
tiene que existir una serie de criterios a los que todos los miembros de
la comunidad se tienen que atener. No es: el primero que llega, coge. No.
La Administración pública tiene que tutelar los derechos de todos los
miembros de la comunidad que están sufriendo y viviendo estas
situaciones, evaluarlas y valorarlas.
entre el Poder Judicial y los servicios sociales en cuanto a
coordinación, aunque sí exista en estos momentos. Los que hemos podido
vivir la Administración Local y las propias comunidades autónomas somos
conscientes del trabajo que se hace en los servicios sociales de base a
la hora de comunicar las situaciones que se dan en cada uno de nuestros
municipios, en cada una de nuestras comunidades.
—a la propiedad— y otros —a la vivienda—, pero lo
que la Administración pública y el conjunto de la sociedad no pueden
hacer es poner unos derechos sobre otros ni enfrentar unos derechos con
otros. Por eso digo que es muy importante que seamos las administraciones
públicas las que seamos capaces de arbitrar, sobre la base de una serie
de criterios, todas estas cuestiones.
con las administraciones locales, con las comunidades autónomas e ir
todos de la mano. Es necesario trabajar contra los fenómenos de ocupación
ilegal premeditada, que creo que es el objeto de esta proposición de ley
y, en ese sentido, ya hemos anunciado nuestro voto favorable.
físicas propietarias de derechos; las administraciones públicas, que
también tienen muchas viviendas sociales que están siendo ocupadas de
manera ilegal, con lo cual se está impidiendo que otra gente que quizá
tenga necesidades mayores, no pueda ocupar estas viviendas por aquello de
que el que primero llega, lo ocupa, y esto no puede ser; y también
organizaciones sin ánimo de lucro, como Cruz Roja u otras, que también
están haciendo mucha labor en el ámbito de la vivienda, de la migración,
de las necesidades sanitarias, de la dependencia, etcétera.
hacer es clarificar y posibilitar que se respeten los derechos de los
diferentes miembros y para eso está la Administración pública. Lo que no
podemos pretender ni insinuar es que las administraciones públicas son
las que especulan. No, las administraciones públicas son las que
gestionan los derechos de todos los miembros de la comunidad.
totalmente oportuna y, por ello, felicitamos al grupo del PDeCAT y
votaremos a favor.
el senador Estradé.
aquí haremos lo mismo.
proposición de ley que nos gustan, que creemos que han sido bien
concebidos y, además, sabemos que las intenciones del grupo proponente
responden a una demanda social y a un problema.
de proteger los derechos de posesión legítimos porque entendemos que,
normalmente, esos derechos son el resultado de un esfuerzo, de un ahorro,
de una vida de trabajo de nuestras clases trabajadoras y medias, que han
destinado una parte importante de sus recursos a comprar propiedades y,
en muchos casos, a trasmitírselas a sus hijos o a sus descendientes.
Aunque este tipo de conductas hayan podido generar algún problema, en
general han tenido efectos muy positivos y entendemos que si la crisis
que hemos padecido estos últimos años, y que aún estamos padeciendo, no
ha tenido efectos más devastadores ha sido en muchos casos precisamente
porque esas clases populares y medias tuvieron en su día la previsión de
ahorrar y de comprar viviendas. Por lo tanto, hay que proteger esos
derechos que nos parecen perfectamente legítimos.
oportuno plantear esta proposición de ley si de forma simultánea, de
forma paralela no planteamos también unas acciones decididas, valientes y
enérgicas a favor de la existencia de un parque de viviendas sociales lo
suficientemente amplio y que garantice el derecho a la vivienda, que
también es un derecho reconocido en la Constitución y que además es un
derecho que, si no se puede hacer efectivo, pone en peligro la
convivencia.
viviendas de protección social. También tenemos un problema mayúsculo
debido a la burbuja que se ha montado con la especulación de los
alquileres, sobre todo en las grandes ciudades —Barcelona, Madrid y
otras—; los alquileres se han disparado de una forma indecente, de
una forma vergonzosa. Por cierto, algunos de los propietarios que
acumularon una propiedad con su ahorro, hoy quizá sacan provecho, un
provecho desmesurado de ese esfuerzo y cobran un alquiler abusivo.
Asimismo, a veces ofrecen viviendas en condiciones que no son óptimas,
pero lo pueden hacer porque los poderes públicos no han actuado con la
suficiente contundencia. Por consiguiente, hay que actuar en ese sentido
porque, si no lo hacemos, estaremos favoreciendo una auténtica lucha de
clases entre los propietarios y los que no tienen acceso a la propiedad,
cuando en realidad todos ellos son víctimas de un modelo capitalista que
ha estado muy mal orientado; un modelo de crecimiento económico que ha
propiciado este tipo de situaciones y de conflictos que en este momento
están provocando que se expulse de muchas ciudades a la gente joven y a
las familias con menos recursos. Es decir, que se está produciendo un
proceso de limpieza social que creo que no se puede admitir.
impulsar una proposición de ley como esta, si queremos tener autoridad
moral y política, tendríamos que perseguir con mucha más severidad a las
mafias, que son las que provocan muchas de estas situaciones. Por lo
tanto, si no acompañamos esta proposición con otro tipo de medidas, como
he dicho antes, creo que estaremos lanzando un mensaje equívoco a la
sociedad y fomentando el conflicto.
de la proposición de ley, no vamos a votar a favor.
tiene la palabra la senadora Garrido.
senadoras por la protección del derecho a la vivienda, pero la verdad es
que no cuela y lo voy a explicar. Nuestras enmiendas no niegan el derecho
de propiedad o los derechos del propietario a recuperar su vivienda, en
este caso, sino que lo que hacen es completarlos, integrarlos con otros
derechos constitucionales que tienen igual rango, como es el derecho a la
vivienda y también con aquellos principios y valores que, como todos
sabemos, recoge la Constitución. Vivimos en un Estado social y, por
tanto, podríamos hablar también del valor y del principio de la dignidad
de la personas. En este sentido, se trata de integrar el respeto a la
propiedad con otros derechos que, repito, tienen igual valor y, en
definitiva, de respetar la Constitución. En España hay un problema muy
serio de vivienda; vivimos una situación de emergencia habitacional y no
podemos dejar ese aspecto fuera de nuestro discurso, solucionando
únicamente la cuestión que nos trae aquí —la lucha contra las
mafias que ocupan viviendas, que nada tiene que ver con esta proposición
ni va a solucionar nada—, y dejamos fuera el derecho a la vivienda,
que ya veremos si lo solucionamos.
preocupación tan clara por el derecho a la vivienda. Mi grupo
parlamentario, como me imagino que saben sus señorías, ha presentado una
proposición de ley de reforma de la LAU para la protección del alquiler y
nos felicitamos porque parece ser que no va a ser vetada por el Partido
Popular, y va a entrar en tramitación parlamentaria. Por lo tanto, si
esta legislatura sigue, les animaría a que apoyaran con la misma pasión
esa reforma de la Ley de arrendamientos urbanos, que es tan urgente como
esta proposición que, al final, lo que hace es poner el foco y hacer
hincapié en una responsabilidad de las administraciones y, trasladarla,
en este caso, a los ocupantes, cuyos derechos —como digo— se
pueden ver vulnerados.
ínfimo. Las familias dedican más del 40 % de sus ingresos a la renta o a
pagar la hipoteca. Si hablamos de necesidad de vivienda, algunos estudios
hablan de un millón y medio de personas: en el caso de Cataluña, podemos
hablar de 230 000 personas; y, en el de Madrid, de 22 000 personas,
con 14 000 en emergencia habitacional, una situación de gran
vulnerabilidad. ¿Qué hacemos con esa situación? Vuelvo a repetir que
tenemos la posibilidad de integrar en esa proposición la solución a las
situaciones más extremas; es decir, que si se vota a favor de nuestras
enmiendas podremos proteger el derecho de propiedad y de los propietarios
pero, a la vez, a aquellas personas que están en una situación de
vulnerabilidad extrema. Esa es la cuestión.
juristas hablamos de ponderación de derechos. En este sentido, tenemos
que ponderar el derecho a la vivienda y el derecho a la propiedad, pero
esta proposición de ley hace tabla rasa; es decir, que no reconoce nada,
ningún derecho distinto al derecho de propiedad, sin tener en cuenta la
situación a la que abocan a esas familias que viven en una situación de
exclusión social que pueden demostrar. La administración debe responder a
esa situación.
no voy a repetir porque son más comentarios de taberna, por así decirlo,
que aspectos a defender en sede parlamentaria. La idea de que una persona
se va de vacaciones, vuelve, etcétera... Sí, puede ser, no digo que no
pase nunca pero, desde luego, no es lo que está en el fondo de esta
proposición de ley. Por consiguiente, no podemos poner ese ejemplo para
acabar arrasando los derechos a la vivienda de un montón de familias que
pueden quedar fuera.
administraciones públicas, pero las administraciones públicas especulan y
les puedo poner ejemplos. ¿Hablamos de Madrid? ¿Hablamos de la señora
Botella? ¿Hablamos de la venta de viviendas a fondos buitre? No estamos
haciendo un análisis serio de lo que está sucediendo en España. Por ello,
les pediría que volvieran a mirar las enmiendas y que hicieran un
esfuerzo por integrar el derecho —que respetamos— de los
propietarios a disponer de su vivienda y el derecho a una vivienda digna
que reconoce la Constitución.
que hace es saltarse las garantías judiciales necesarias, el artículo 24
de la Constitución —la tutela judicial efectiva— y el
artículo 47. Por lo tanto, integremos ciertas garantías judiciales de
forma más clara, de manera que no establezcamos un procedimiento
sumarísimo que se salte cualquiera de ellas y hagamos que el derecho a la
vivienda también lo sea. No estamos hablando del derecho a la vivienda
para todos los españoles y todas las españolas, que puede sonar a brindis
al sol, sino que estamos hablando del derecho a la vivienda para personas
que están en una situación de extrema necesidad; es decir, a aquellas a
las que si se desaloja, si se les echa a la calle, en ella se
quedan.
repetir la cantidad de derechos y de tratados internacionales que nos
saltamos. Repetidamente, los tribunales internacionales han sacado los
colores a España por esta situación. Por favor, defiendan un poco la
Constitución. Aquí, a algunos y a algunas se les llena la boca hablando
del contenido de la Constitución cuando se tocan aspectos como el
territorial. Pues bien, a mí me gustaría escuchar esa misma defensa
cuando se habla de derechos humanos y de derechos sociales. Por lo tanto,
hagamos todos y todas un esfuerzo por integrar esos derechos y piensen en
nuestras enmiendas.
Fernández Muñoz.
que hay cientos, miles de familias, en este país, que no tienen
garantizado un derecho básico que establece la Constitución en su
artículo 47. Aquí todos nos rasgamos las vestiduras porque hay que
cumplir la Constitución en Cataluña. Pues bien, el artículo 47 también
hay que cumplirlo; y ese artículo dice que todos los españoles tienen
derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes
públicos promoveremos las condiciones necesarias y estableceremos las
normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Un derecho que se
extiende en el artículo 39 de nuestra Constitución, que nos mandata a los
poderes públicos la protección a la familia y a la infancia.
mismo de un problema menor, residual, de casos aislados de ocupación de
una vivienda privada de manera ilegal, porque no habría familias
desesperadas a la búsqueda de un techo, teniendo que acudir a las mafias
y a esa ocupación ilegal. Ciertamente, si redujéramos ese problema,
estaríamos al mismo tiempo garantizándolo y no poniendo en juego el
artículo 43 de la Constitución, que también tenemos el deber de proteger,
y que regula el derecho a la propiedad privada, por lo que nadie podrá
ser privado de sus bienes y derechos.
el foco en la ponderación y la compatibilización de ambas partes del
problema. Hemos obviado resolver la causa para atender y resolver solo
las consecuencias, haciendo hincapié en una parte del problema, la más
débil, la más vulnerable. Esta proposición de ley, lo único que pretende
es agilizar los desahucios de las familias que están ocupando de manera
ilegal —de acuerdo—, pero justificándolo en que hay mafias
organizadas que se dedican a detectar pisos vacíos y a ponerlos en
alquiler de manera fraudulenta. Efectivamente, esta fenomenología existe,
y muchas ciudades se enfrentan a este problema pero, insisto, si
resolviésemos la causa, estaríamos hablando de un problema bastante
menor.
menores y dependientes, que se encuentran en situación de falta de un
lugar donde vivir. Se trata de personas que no pueden pagar una hipoteca
porque cuentan con unos contratos precarios a los que les ha llevado la
reforma laboral —los que se denominan contratos basura—; en
situación de desempleo; incluso trabajadores cuyos salarios no les
permiten pagar el alquiler, lo que ya denominamos trabajadores pobres; y
jubilados, personas que no pueden, que no les llega, para pagar una
hipoteca, ni siquiera para pagar un alquiler a precio de mercado.
alquiler y esperemos que esta vez lleguemos a tiempo en su regulación y
no como ocurrió con la burbuja inmobiliaria, que tanto se ha llevado por
delante. La burbuja de los precios del alquiler está creciendo a un ritmo
desorbitado, entre otras razones, por la falta de regulación del mercado
de los pisos turísticos, que está campando a sus anchas y copando toda la
oferta de vivienda susceptible de ser alquilada.
alquiler porque, sencillamente, no hay; no tenemos un parque público que
pueda asumir la demanda existente.
solucionar el problema real de miles de familias, abocadas a obtener un
techo como sea. ¿No creen sus señorías que acabaríamos con el negocio de
las mafias, que evitaríamos el problema al que se enfrentan los
propietarios particulares de viviendas, los ayuntamientos y las ONG que
ven ocupadas sus viviendas, adoptando determinadas medidas? Me refiero a
medidas tales como el fomento del arrendamiento estableciendo límites de
precios; regulando el alquiler para uso de pisos turísticos; ofreciendo
garantías y seguridad a los arrendatarios; con políticas tributarias que
penalicen las especulaciones; con incentivos por la puesta en el mercado
de viviendas de alquiler; aumentando el parque público de vivienda en
colaboración con los ayuntamientos y las empresas públicas de vivienda; y
exigiendo a los fondos buitre y a las entidades financieras que cedan sus
pisos a las administraciones públicas que los reclamen para ponerlos en
alquiler social, evitando lo que acaba de hacer la Generalitat, que ha
subastado veinte casas con inquilinos por más de seis millones, y esta es
una noticia de hace escasos días.
mafias inmobiliarias. Es inadmisible que el derecho a la propiedad se vea
conculcado por un extorsionador que, además, está abusando de la
situación de precariedad de quien demanda un espacio para vivir. Tanto
los propietarios de las viviendas como las familias vulnerables, en
riesgo de ser desahuciadas, requieren protección, pero no es eso lo que
ustedes nos traen aquí. Esta proposición de ley pretende, única y
exclusivamente, con las reformas procesales que plantean, expulsar al
ocupante sin tener en cuenta sus circunstancias, pero no perseguir al
extorsionador. No tiene en cuenta, señorías, que las actividades ilícitas
que llevan a cabo estas mafias —como forzar puertas, enganchar
suministros, cambiar cerraduras o extorsionar— están ya definidas
en nuestro Código Penal.
penal, con los que ya contamos, vayamos a resolver las causas del
problema de habitabilidad de estas familias que se ven abocados a acudir
a ese mercado ilícito, dejemos de marear la perdiz y empecemos por donde
debemos empezar, por construir la casa por los cimientos y no por el
tejado.
la palabra la senadora Muñoz de la Iglesia.
nuestro país; existen dos casos bien diferenciados a los que esta ley que
hoy modificamos, sobre la ocupación ilegal de viviendas, da cobertura:
por un lado, los casos de personas en situación de vulnerabilidad que
ocupan una vivienda por necesidad; y, por otro, el de la ocupación ilegal
de viviendas por parte de grupos criminales organizados que se lucran de
estas ocupaciones, y también de los grupos antisistema, que no respetan
el derecho a la propiedad ni de los bienes públicos ni privados y lo
hacen en su propio beneficio.
corresponde a un debate entre el derecho a la vivienda y el derecho a la
propiedad porque la ocupación ilegal no es título de acceso a la posesión
de una vivienda ni encuentra amparo alguno en el derecho constitucional a
disfrutar de una vivienda digna, como algunas de sus señorías pretenden.
Esto es fundamental porque el mensaje que debemos mandar los diferentes
poderes del Estado no puede ser la confrontación entre derechos, entre el
derecho a la propiedad y el derecho a una vivienda —ambos recogidos
en nuestra Constitución— sino que son complementarios y, en ningún
caso, señorías, como algunos de ustedes pretenden, pueden ser excluyentes
el uno del otro.
gestores de lo público—, debemos promover las condiciones
necesarias y legislar para hacer efectivos ambos derechos y ocuparnos, de
forma prioritaria, de aquellas personas que están en riesgo de exclusión
social. De ahí que las administraciones trabajen en planes y actuaciones
que permitan generar un parque de vivienda social para atender, de manera
rápida, ágil y eficaz, las necesidades de las personas y familias en
riesgo de exclusión. Por poner un ejemplo citaré que en Madrid y
Barcelona, gobernadas por ayuntamientos del cambio —como dicen
ellos—, sostenidos por el Partido Socialista y con una agenda
política basada en la emergencia social —emergencia habitacional,
decía la senadora de Podemos—, tengo que recordar que solo han
cumplido con el 20 % de los objetivos de vivienda pública. Es decir, que
quienes habitualmente defienden y pretenden legitimar la ocupación ilegal
de viviendas son los mismos que no cumplen con sus responsabilidades
respecto a los planes de vivienda.
ciudadanos a ser propietarios de su vivienda y no el capitalismo maldito,
no. Estamos hablando de personas y familias reales que, con su esfuerzo,
han comprado una vivienda donde formar una familia y, después de unas
vacaciones, como se ha dicho aquí, se han encontrado con que no pueden
acceder a su vivienda porque ha sido ocupada; son familias que han hecho
un esfuerzo y se han comprado una segunda vivienda como inversión para el
futuro;
son familias que han heredado una segunda vivienda y tienen
derecho a poseerla; y son familias que llegan a fin de mes gracias a que,
en su momento, hicieron una inversión y pueden vivir del alquiler de esa
segunda vivienda.
propiedad acabase cuando se tuviera determinado número de viviendas, y yo
me pregunto, ¿tiene el derecho a la propiedad, en nuestra Constitución,
límite alguno? Mi opinión personal es que no y que todo el mundo tiene
derecho a disfrutar de sus esfuerzos. Además, la Constitución no pone
ningún límite al derecho a la propiedad.
para poder recuperar lo que por derecho les pertenece y que, en muchas
ocasiones, se trata de lo poco que tienen y con lo poco que pueden
subsistir.
cuestiones fundamentales: por un lado, la recuperación de la propiedad y,
por otro, la garantía de los ocupantes, siempre que esté probada su
vulnerabilidad, para que puedan reconducir su situación de manera
legal.
personas, que es lo que se pretende cuando se titubea en la defensa de la
propiedad, en favor de la ocupación legal. La solución no es permitir la
ocupación ilegal, es gobernar con responsabilidad en las instituciones,
gestionar bien lo público en las administraciones y tener claros los
objetivos. En este sentido, si vemos los ejemplos de Madrid y Barcelona,
está claro que el marketing y la demagogia no resuelven los problemas
reales de la gente.
ciudadanos que vuelven a sus casas y las encuentran ocupadas son, más o
menos, leyendas urbanas. Pues bien, igual ustedes no conocen la vida de
los ciudadanos reales, pero gran parte de los españoles no tiene un
partido detrás que pague la seguridad de nuestras viviendas, de nuestros
chalets, cuando no estamos. (Protestas).
Iglesia.
Reglamento del Senado, pasamos a votar el informe de la ponencia, que
mantiene el texto tal y como ha venido del Congreso de los
Diputados.
en contra, 3; abstenciones, 1.
dictaminado la Proposición de Ley de modificación de la Ley 1/2000, de 7
de enero, de enjuiciamiento civil, en relación con la ocupación ilegal de
viviendas.
presentación del dictamen ante el Pleno del Senado.
comisión.