El señor PRESIDENTE: Si les parece, trataremos en un primer bloque
varios dictámenes de tratados y convenios internacionales: el Convenio de
cooperación en materia de lucha contra la delincuencia entre el Reino de
España y la República de Níger, hecho en Niamey el 14 de mayo de 2015; el
Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Conjunta de
Cooperación en Materia de Armamento (OCCAR) para el establecimiento de
una oficina satélite del Programa A400M en territorio español, hecho en
Madrid el 9 de julio de 2014; actas, resoluciones y recomendaciones de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal adoptadas en La Habana
el 13 de septiembre de 2013, durante el XXII Congreso Ordinario de la
Unión Postal de las Américas, España y Portugal; las actas aprobadas en
Doha el 11 de octubre de 2012 durante el XXV Congreso de la Unión Postal
Universal; la modificación del texto y de los anexos II a IX e
incorporación de nuevos anexos X y XI al Protocolo del Convenio de 1979
sobre Contaminación Atmosférica Transfronteriza a Gran Distancia,
relativo a la reducción de la acidificación, de la eutrofización y del
ozono en la troposfera, adoptada en Ginebra el 4 de mayo de 2012; el
Convenio entre el Reino de España y el Estado de Catar para evitar la
doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos
sobre la renta, y su protocolo, hecho en Madrid el 10 de septiembre
de 2015, y el Acuerdo por el que se crea la Fundación Internacional Unión
Europea-América Latina y el Caribe, hecho en Santo Domingo el 25 de
octubre de 2016.

Si les parece, tratamos estos convenios en bloque y después
entraremos a debatir el Acuerdo económico y comercial global entre
Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados miembros, por
otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016.

¿Algún portavoz quiere intervenir en este primer bloque? (Pausa).
¿Alguien querrá votación separada del mismo? (Denegaciones).

Nadie va a querer votación separa en el primer bloque.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, a debatir el Acuerdo
económico y comercial global entre Canadá, por una parte, y la Unión
Europea y sus Estados miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de
octubre de 2016. Se había presentado una propuesta de no ratificación por
el senador Carles Mulet García, pero como no está presente para
debatirla, decae.

Si les parece, pasamos a las intervenciones de los portavoces. En
primer lugar, tiene la palabra el Grupo Mixto.

El señor CRISOL LAFRONT: Buenos días.

En Ciudadanos no compartimos la propuesta de no ratificación del
CETA que ha presentado Compromís. A nuestro entender, el CETA es un buen
tratado, un acuerdo que abrirá oportunidades a empresas y a ciudadanos de
Canadá y la Unión Europea.

Señores de Compromís —que no están aquí—, no es cierto
que el CETA atente contra los derechos blindados de la Constitución.
Vivimos inmersos en la globalización. Obviamente, no es la panacea, pero
un mercado abierto es sinónimo de oportunidades mejores, de creación de
empleo y de que nuestras empresas puedan competir con menos obstáculos.
Este acuerdo mejorará el desarrollo y la vida cotidiana de los ciudadanos
y de las empresas, sobre todo de las pequeñas empresas, que son el núcleo
duro del empleo y de la economía europea y española.

Ciudadanos votaremos a favor del CETA y en contra de la propuesta
de no ratificación de Compromís.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.
(Denegaciones).

No interviene.

Tiene la palabra el portavoz del Grupo Vasco, el senador
Bildarratz, por tiempo de cinco minutos.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

La verdad es que no sé qué argumentos voy a defender ni qué
contrargumentar, puesto que no he tenido la oportunidad de escuchar cuál
era el razonamiento para un planteamiento contrario al CETA. Pero
intuyendo por dónde pueden ir las razones, voy a establecer una serie de
bases que pueden trasladar cuál es la opinión del Partido Nacionalista
Vasco y que, si fuera necesario, en su momento complementaremos cuando
debatamos este punto en el Pleno.

Lo primero que me viene a la mente cuando debatimos este punto es
un libro editado por Innerarity y Javier Solana, que trata los riesgos de
la globalización, porque la filosofía y las reflexiones de todos los
autores de este libro es la imposibilidad de llevar adelante determinados
ámbitos de trabajo si no es de manera conjunta. Estamos hablando del
terrorismo, terrorismo internacional, estamos hablando del cambio
climático, estamos hablando de la crisis financiera, etcétera. Pero lo
que pueden ser una serie de riesgos globales también pueden ser una serie
de oportunidades globales, que entiendo es lo que en estos momentos es el
CETA: una oportunidad para una región, como es la Unión Europea, que
tiene como uno de sus grandes objetivos el desarrollo de una agenda
comercial propia.

Después de la situación sobrevenida con el brexit, después de la
situación sobrevenida del resultado de las elecciones americanas, es
evidente que la Unión Europea necesita ir desarrollando una serie de
nuevos acuerdos y este es un ejemplo. Lo que es un desarrollo de la
agenda comercial significa empleo: el presidente Juncker daba unos datos
interesantes, vino a decir que por cada mil millones de euros adicionales
en exportaciones se generan 14 000 nuevos puestos de trabajo en Europa.
No sé si esas son las cifras, pero, evidentemente, los acuerdos
comerciales traen empleos, traen economía y esto es algo positivo.

Además de con Canadá, se está trabajando también con Japón, con el
que ya tenemos un acuerdo político, para una futura asociación económica;
lo mismo con México y con países de América del sur; se han abierto
negociaciones comerciales con Australia, con Nueva Zelanda. Es decir, se
están defendiendo intereses estratégicos de la Unión Europea, lo que
viene a aportar una mayor fortaleza y una mayor competitividad para la
industria europea.

Evidentemente, como he dicho al comienzo de mi intervención,
estamos hablando de globalización y de la necesidad de trabajar en esta
dinámica, que es importante para las empresas de tamaño medio o pequeño
—que son la mayoría en el caso vasco y el 95 % de las empresas
españolas—, con mucha dificultad de deslocalización, con mucha
necesidad de eliminar barreras y de colaborar con otros ámbitos
regionales a otra escala mundial.

Es decir, como puede desprenderse de nuestra reflexión, nosotros
apoyamos fervientemente este tipo de acuerdos, independientemente de que
haya elementos a corregir, a cuestionar, a debatir, etcétera. El CETA
lleva muchos años debatiéndose en el ámbito europeo y ahora nos toca
ponerlo en marcha —de hecho, está provisionalmente en vigor desde
el 21 de septiembre, tal y como comentamos en el último Pleno— y
seguir obteniendo otra serie de acuerdos con otra serie de regiones que
van a crear mayor poderío, mayor empleo y mayor economía para nuestro
ámbito industrial y empresarial.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Por el Grupo Unidos Podemos, tiene la palabra la senadora
Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Muchas gracias, presidente. Buenos
días, egun on a todas y a todos.

La postura de este grupo parlamentario frente al CETA es
sobradamente conocida. Para nosotros el CETA es la prueba de que a nuevos
problemas se quieren aplicar viejas fórmulas que consideramos que han
fracasado, que se quiere arrastrar a un modelo de globalización en el que
parece que únicamente tienen derechos las grandes corporaciones y los
bancos a costa de los derechos de las mayorías sociales, un modelo que
entró irreversiblemente en crisis en el año 2008, un modelo en blanco y
negro con más sombras que luces. Para nosotros el CETA es un modelo de
concentración de los mercados y de los capitales globales contra la
apertura y la distribución de las rentas, contra un modelo económico que
debe diversificarse y permitir una libertad e igualdad de oportunidades
entre consumidores y productores. El CETA es, de alguna manera, la
capitulación de nuestros gobiernos y de nuestra soberanía frente a
grandes intereses que quieren mantener unas tasas de beneficios
exorbitantes mientras la mayoría social sigue empobreciéndose y sigue
creciendo la desigualdad en Europa y en nuestro país.

Este grupo parlamentario ya presentó una iniciativa en el último
Pleno solicitando un informe previo de constitucionalidad sobre el
acuerdo CETA. Creemos que es importante revisar ciertos artículos de ese
tratado para verificar si son constitucionales y respetan la Constitución
y seguimos sin entender que muchas fuerzas políticas que defienden a
ultranza la Constitución y los derechos de la ciudadanía se opongan a
este informe previo de constitucionalidad. Nosotros seguimos defendiendo
que creemos que es importante revisarlo, así como se está haciendo en
otros países: por ejemplo, Bélgica ha solicitado al Tribunal Europeo que
se pronuncie sobre la constitucionalidad del mismo, o Italia, cuyo Senado
ha pedido un alargamiento del proceso para hacer una comisión específica
y debatir en profundidad qué implicaciones va a tener dentro de su
país.

Pensamos que no se ha estudiado suficientemente en este país, que
no ha habido un debate suficientemente profundo ni social ni
parlamentario y, en este sentido, nosotros nos opondremos a la
ratificación del acuerdo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora Villanueva.

Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Óscar
López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.

Vamos a debatir esta mañana un par de veces al menos sobre
globalización: lo vamos a hacer primero con esta discusión sobre el CETA
y, después, gracias a la iniciativa del Partido Popular, también en
relación con el TTIP.

Es evidente que los tiempos han cambiado y la mejor muestra de
ello es el debate que se ha suscitado en torno al CETA y al TTIP no solo
en España, sino en diversos miembros de la Unión Europea. Es verdad que
esto nos debe hacer reflexionar y, en primer lugar, quiero poner en valor
una propuesta del Grupo Socialista para que se cree precisamente una
comisión permanente de estudio en el Parlamento para abordar más en
profundidad —y no como lo hacemos hoy—, este tipo de
convenios, que antes se aprobaban más como un trámite y hoy tienen mucho
más debate. Por tanto, vaya por delante esa propuesta para la creación de
una comisión permanente no solo para este, sino para el resto de
convenios y tratados.

Es verdad que la globalización es absolutamente imparable y es
verdad que hay una expresión que dice que es imposible poner puertas al
campo pero, si es imposible poner puertas, al menos deberíamos intentar
poner ciertas vallas, ciertas vallas que sí se pueden poner al campo. La
crisis financiera de 2008 precisamente puso de manifiesto que la
desregulación de los mercados financieros y la desaparición del Estado de
esa regulación produjo una burbuja de consecuencias nefastas en todo
Occidente: millones de personas perdieron su trabajo y, por lo tanto, es
verdad que hace falta una regulación, y en esta ocasión estamos hablando
de una regulación que no es nacional, es transfronteriza y, en todo caso,
es europea, con lo cual se hace necesario que haya esa regulación.

Por tanto, mi grupo parlamentario, el grupo Socialista, va a estar
siempre de acuerdo con que se firmen tratados de comercio internacional
donde además la Unión Europea tenga un papel clave. Por otra parte, no
hay ninguna duda del apoyo de mi grupo a las empresas españolas, a la
exportación española y, en definitiva, al libre comercio, pero, como
digo, ha de ser regulado para que esa globalización sea justa, y esta es
la palabra clave: justicia. Insisto, si no se pueden poner puertas a la
globalización, pongamos al menos ciertas vallas y que no vuelva a suceder
lo que provocó el estallido de la burbuja financiera en 2008. Por lo
tanto, se trata de regular.

En relación con el CETA concretamente —luego hablaremos del
TTIP—, mi grupo reconoce que tiene muchos avances, además hemos
trabajado activamente en el Parlamento Europeo, donde se ha discutido
para conseguir ciertas mejoras, que se han conseguido y tiene, por tanto,
muchos aspectos positivos. Sin embargo, hoy mi grupo se va a abstener,
como todos ustedes saben, porque es la posición que ha definido mi
partido —además, es importante argumentar que ha habido un congreso
en el Partido Socialista que ha tomado una decisión, que ha deliberado,
que ha votado y esa es la posición de mi grupo— en defensa, por
supuesto, del comercio libre, en defensa de que la Unión Europea firme
acuerdos con terceros países y en defensa de las empresas españolas, pero
con algunas reservas, que son básicamente tres: la primera —y ha
surgido un debate en toda Europa— es el modo de resolución de
disputas, que todos sabemos; la segunda es que no se produzca un
desequilibrio entre intereses de inversores y protección de derechos
laborales y medioambientales y la tercera es que es verdad que este tipo
de tratados hoy requieren más debate, más incorporación de la sociedad
civil, más debate en los propios parlamentos nacionales. Como he dicho
antes, tenemos una propuesta —no solamente decimos por qué nos
parece mal, sino que ponemos una propuesta— y es que se cree esa
comisión para que este parlamento discuta más en profundidad estos
tratados.

Por los argumentos expuestos, les anuncio que el voto de mi grupo
será abstención.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

Le corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario
Popular, don Carlos Aragonés. Tiene usted la palabra.

El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Muchas gracias, señor presidente,
con la venia.

Como estos días son bastante infelices, de mal agüero y aciagos, a
veces la política exterior puede contribuir a situarnos, a redimensionar
los problemas internos y ver en qué situación estamos. Espero que así sea
y lo voy viendo en la sesión de nuestra comisión en el Senado, y máxime
cuando se trata de política comercial, donde las cifras y la precisión
son obligadas.

Han intervenido tres portavoces a favor y Podemos en contra, como
era de presumir —por cierto, doy la bienvenida al nuevo portavoz
del Grupo Socialista en esta comisión, el señor López—, y vamos a
ver si es posible lo que ya se apuntó en el Congreso y hoy ratifica Grupo
Socialista en el Senado, esto es, la conveniencia de una comisión no solo
de estudio, yo la llamaría también de evaluación, de tratados comerciales
y de otros acuerdos internacionales en el seno del Parlamento español;
probablemente debería ser mixta, pero si solo es de estudio que sea en el
Senado, pues parece que nos correspondería más según las especificidades
de Cámara. Esa es una buena idea.

Como también era una buena valoración aquella que decía:
Sinceramente, pensamos que el CETA es el acuerdo más avanzado hecho por
la Unión Europea; no es un peligro para el comercio ni para los
estándares laborales ni sociales ni medioambientales de la Unión. Esto se
dijo el pasado 14 de febrero. Y lo digo porque es verdad que la soberanía
nacional —de la que predica ahora tanto el grupo que rechaza el
acuerdo— pone y quinta, borra y escribe, pero deberíamos ser un
poquito más observantes de nuestra inmediata tradición y de nuestros
inmediatos actos, y esto no es un reproche, ni mucho menos una suerte de
maniobra para afear al grupo mayoritario con el nuestro en la Cámara su
nueva abstención. Si esa abstención de los grupos socialistas hubiera
sido algo debatido internamente, públicamente conocido, examinado con
detalle, todavía, pero es que el cambio fue muy súbito y fue de arriba
abajo, señores, no nos engañemos.

Y no voy a seguir por esta vía porque quiero apuntar únicamente
que si se trata de mejorar los procedimientos de consulta, información y
aprobación, empecemos a hacerlo los grupos políticos y los propios
partidos. El CETA ha sido debatido en el Parlamento Europeo durante dos
años de una manera exhaustiva. Nosotros tenemos representación en el
Parlamento Europeo, participación, adhesión a grupos parlamentarios;
podemos sentirnos perfectamente representados en el Parlamento Europeo y
deberíamos hacerlo, de manera que las palabras, la redacción y los
acuerdos en el Parlamento Europeo, adoptados por los cuatrocientos y poco
diputados europeos a favor y doscientos y algunos más en contra o
abstenciones, deberían servirnos, no diría yo que de precedente
obligatorio, pero sí de indicativo de una obligación contraída por
España. Y vuelvo a lo de antes: España tiene que tener una mayor
conciencia internacional. ¡Qué pocos son los asuntos que se tratan en el
Pleno de esta Cámara relativos a política exterior! Y no lo digo para
aprovechar una posible capacidad de palabra, de la que disfrutan más los
portavoces de los grupos minoritarios, más pequeños, otros portavoces,
pero es verdad que sin esto no seremos conscientes de la verdadera
dimensión de los problemas españoles.

Del adversario, el consejo. Está bien que se tenga una conciencia
más aguda sobre la debida información y transparencia a la llamada
sociedad civil —cuidado con la sociedad civil, no solo está
compuesta por organizaciones no gubernamentales alternativas, tampoco de
misteriosos lobbies poderosos—, está bien que haya una conciencia
jurídica nueva sobre la necesidad del mecanismos de resolución de
conflictos, pero lo que no está bien es ignorar las consecuencias
políticas de nuestros actos. Es muy de presumir que si el CETA fuera
rechazado, ya sea por un Estado miembro, ya sea por un Estado federado,
como en el caso de Valonia, no habrá acuerdo comercial en los próximos
quince años, por la sola razón de que el CETA empezó en 2007, el tratado
con los Estados Unidos empezó en 2011 y el Mercosur, que ha recibido
recientemente una bendición de empujón recientemente por cambios de
gobierno —no lo digo yo, lo dijo el presidente del grupo socialista
español del grupo socialista europeo— desde los años noventa. No
habrá nuevo bloque comercial y si no hay un nuevo acuerdo del bloque
regional lo más posible es que los famosos acuerdos multilaterales,
señora portavoz de Podemos, no existan, no saldrán adelante. Llevamos con
la ronda Bali desde el año 1995, van a cumplirse treinta años, de manera
que el pronóstico —y estamos en política, no solo estamos en una
preocupación por la acuidad de los procedimientos que se aprueban—
es que vamos a contraer una gravísima responsabilidad, pero no para los
grandes países, no para nuestras zonas de desarrollo, sino porque los
pequeños países, que son los que están incursos en la ronda mundial de
comercio Uruguay, en el GATT, no podrán acogerse a cláusulas de acuerdo
de nación más favorecida. Si no hay acuerdos regionales importantes, es
muy difícil que vaya a haber un futuro acuerdo multilateral, y llevamos
treinta años esperándolo. Esta es mi preocupación principal, luego
hablaremos del otro gran acuerdo pendiente, pero, en todo caso, este
acuerdo está aprobado por las instituciones europeas y por el Gobierno de
Canadá.

Otra cosa más. Como estamos en política —y con esto acabo
ya, presidente—, debemos tener también en cuenta las consecuencias
no queridas ni previstas de los rechazos; es decir, Canadá es un país que
desea firmemente este acuerdo, pero Canadá ha signado con muchas más
dificultades de las que se le supone el acuerdo del cambio climático. El
rechazo del CETA es un clarísimo acto de hostilidad al gobierno de Canadá
y el gobierno actual puede ser sustituido por otro que sea más exigente,
cuando, como digo, los acuerdos del cambio climático, particularmente
para Canadá por su enorme capacidad exportadora de petróleo, podrían ser
muy lesivos para ellos.

En fin, deberíamos tener en cuenta muchas más cosas que la
perfectibilidad de un acuerdo, que por supuesto que la tiene. Pero caray,
es que estamos en el mejor acuerdo obtenido hasta ahora en la historia
desde el año 1949, después de la ronda Uruguay, precisamente en la
cuestión principal: el mecanismo, el procedimiento de resolución de
conflictos. Por lo tanto, se puede soñar con un mundo mejor, pero no se
puede no ver el actual; eso no vale, eso es puro maximalismo. Se puede
hacer un brindis al sol, pero que conste que acabará cayendo sobre
nosotros.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, portavoz.

El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de las mociones.

Moción por la que se insta al Gobierno a la adopción de
determinadas medidas en el marco de la política exterior y de seguridad
común. Su autor es el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, que ha
presentado también una autoenmienda.

Para la defensa de la moción, tiene la palabra la portavoz del
grupo en la comisión, la senadora Villanueva Ruiz.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Gracias, presidente.

Hoy traemos una moción aquí como consecuencia de una reunión que
tuvimos el pasado noviembre de 2016 en el Parlamento Europeo, en la
Comisión de Exteriores de la Unión Europea, a la que se invitó a
diferentes parlamentarios de las distintas comisiones de exteriores
nacionales para debatir el proyecto de informe sobre la aplicación de
política exterior y de seguridad común.

Creemos que es muy importante tener este debate en Exteriores
sobre qué es seguridad, sobre qué es defensa y sobre las necesidades de
nuestras ciudadanas y ciudadanos.

Creo que será unitaria la posición de todos los grupos
parlamentarios si digo que es prioritario favorecer y fortalecer la
seguridad humana de las ciudadanas y los ciudadanos de nuestro país y del
mundo. Creo que será unitaria esta posición de todos los grupos
parlamentarios de esta Cámara cuyo objetivo, como digo, debería ser
aumentar la seguridad de las ciudadanas y de los ciudadanos de nuestro
país y del mundo. En este sentido, el informe que pudimos estudiar y
debatir aporta una visión común, una actuación conjunta, una Europa más
fuerte, a la par que conlleva un objetivo estratégico sobre la aplicación
de política exterior y de seguridad basada en la aceleración de tiempos
para avanzar hacia una política supranacional única de defensa,
transparentada en la creación de un cuartel general civil y militar
permanente y, de la misma manera, solicita un aumento de la partida del
presupuesto de los Estados miembros destinada a defensa. Pese a que el
informe presenta algunas carencias, por ejemplo, adolece de una política
integral común sobre la política migratoria y de refugiados, nosotros
consideramos que, cuando hablamos de seguridad, también tenemos que ser
conscientes de que es importante que nuestro país cumpla con los acuerdos
con los que se ha comprometido con otros países, en este caso, con la
Unión Europea. Decía que encontramos carencias en este informe respecto a
una política integral sobre migración y sobre refugiados, como también en
materia de injerencias en Oriente Medio y las responsabilidades propias
de los países europeos en la desestabilización de esta región.

Creemos que es importante seguir trabajando en la línea de una
defensa común pero no subordinada a la OTAN. La OTAN fue una alianza
transatlántica pensada para los desafíos y los retos del siglo XX, en un
contexto de guerra fría y bajo la dirección de Estados Unidos. Creemos
que este contexto ha cambiado, creemos en una defensa común, pero, como
decía, no subordinada a la OTAN. Necesitamos seguir caminando hacia una
política común adaptada a las necesidades y los retos del siglo XXI; una
agenda propia que deberíamos basar en los principios de cooperación, de
paz y de defensa de los valores del multilateralismo democrático y que
sea capaz de vertebrar y vehicular la apuesta por una política común de
seguridad a nivel europeo.

Por otra parte, desde 2010 estamos rompiendo la convivencia de
forma ininterrumpida en la Unión Europea. El índice de Gini no deja de
aumentar y las cifras de Eurostat nos golpean día tras día: el 20 % de
los europeos más ricos ganan cinco veces más que el 20 % más pobre; el
mantenimiento del paro en la Europa del sur es totalmente inasumible, al
tiempo que es insostenible el aumento de la desocupación de la población
juvenil. En este contexto de aumento de la interrelación entre la
seguridad interior y la seguridad exterior, consideramos que luchar
contra la desigualdad y la exclusión social debería ser una primera
política preventiva también en términos de seguridad.

Por último, queremos hacer hincapié en la necesidad de diseñar e
implementar una política activa en el tráfico de armas. Consideramos que
una de las prioridades para una estrategia común de defensa es detener el
tráfico de armas y cortar el grifo a las mafias que se enriquecen con el
aumento de la tensión, la violencia y la ausencia de control en varias
partes del mundo. En este sentido, la moción que hoy presentamos pretende
tener un debate sobre lo que consideramos aquí la prioridad de la
seguridad para las ciudadanas y los ciudadanos. Por ello, instamos a esta
comisión a promover la defensa, irrenunciable siempre en política
exterior, de los derechos humanos y la importancia del cumplimiento
efectivo de las convenciones de Ginebra sobre Derecho Internacional
Humanitario —no pierdo la ocasión de decir que Europa nos llama la
atención y nos dice que las devoluciones en caliente que se hacen en
España, que tantas veces hemos traído a esta comisión y a este
Parlamento, son ilegales—. Repito, promover la defensa
irrenunciable de los derechos humanos y la importancia del cumplimiento
efectivo de las convenciones de Ginebra sobre el Derecho Internacional
Humanitario. Por otro lado, instamos a promulgar un cambio sobre las
políticas exteriores intervencionistas por una política de diálogo, tan
importante en estos días, tanto en nuestro país como en Europa, de
cooperación y de paz que garantice la seguridad de la ciudadanía.
Implementar políticas efectivas contra el terrorismo internacional
basadas en el refuerzo de las labores de inteligencia, la regulación
estricta de los flujos ilícitos de capital y del creciente mercado ilegal
de armas que estamos viviendo. De esta manera, habría que reformar el
código de conducta de la Unión Europea en materia de exportación de
armas, así como el Tratado de comercio de armas y nuestra propia
normativa basada en la Ley 36/2017. Asimismo, como decía en mi
exposición, cumplir con los compromisos de reubicación y asentamiento
adquiridos por España asegura también que este país apueste por la
seguridad, tanto de nuestro país como la seguridad común en el mundo.
Priorizar la inversión en la defensa de políticas públicas eficaces
contra la desigualdad y la exclusión social. Y promover e impulsar una
Europa de defensa para garantizar la apuesta por la autonomía estratégica
y de acuerdo con la estrategia de seguridad global.

Por todo lo expuesto, mi grupo parlamentario quiere llamar a la
unidad de acción del conjunto de los grupos de esta Cámara para impulsar
una política de seguridad común. Creo que en el transcurso del debate
podremos llegar a posiciones similares cuyo objeto sea consensuar una
postura unitaria en un tema tan importante como es el de la seguridad de
la ciudadanía, tanto española como europea.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, portavoz.

En turno de portavoces, por el Grupo Mixto, tiene la palabra el
señor Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias, presidente.

Nosotros hemos hablado con la senadora Idoia y, si se cambian unas
palabras del punto número dos de la moción, votaremos afirmativamente,
porque yo no hablaría de intervencionismo, sino de que deberíamos apostar
por un proyecto de educación europea, es decir, una Europa que tuviera la
capacidad de actuar en materia de paz y seguridad frente a los
compromisos de asistencia mutua y solidaridad; una Europa que promoviera
la democracia junto con los derechos humanos, las libertades
fundamentales y el Estado de derecho; una Europa que fomentara un orden
mundial basado en normas como el multilateralismo como principio
esencial; en definitiva, una Europa con mayor integración en todos los
ámbitos de actuación de la política exterior y de seguridad, siempre
basada en la cooperación entre Estados.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Luego, la senadora Villanueva, en su siguiente intervención, le
dará la respuesta a esta propuesta in voce que usted ha hecho.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Nacionalista, el señor Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Intervengo de manera breve para
manifestar el voto afirmativo del Grupo Parlamentario Nacionalista en el
Senado porque entendemos que es una propuesta que repercute en la defensa
y en la preservación de los derechos humanos. Así pues, tienen todo
nuestro apoyo.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Me cuesta situarme en esta moción, principalmente porque, tal como
la senadora Villanueva afirmaba, parece que su objetivo es definir el
aspecto de seguridad. En el petitum estamos totalmente de acuerdo con el
penúltimo punto, que pide cumplir con los compromisos de reubicación y
asentamiento adquiridos por España y solicitar vías seguras legales, pero
no lo acabamos de entender en la definición del concepto de
seguridad.

Nosotros tenemos claro que una de las deficiencias, uno de los
grandes fracasos de la Unión Europea en estos últimos años ha sido el
pilar social, y esta es una de las políticas que se van a tener que
abordar. Paralelamente a este pilar, es evidente también que toda la
política de seguridad y defensa común es un aspecto que se va a tener que
desarrollar porque se dice, y es más o menos discutible, que la Unión
Europea tiene que tener una política propia, no subordinada a la OTAN,
pero también hemos de ser conscientes de que las afirmaciones de este
tipo tienen un significado económico. Si nosotros tenemos que desarrollar
una política de seguridad y de defensa común propia, es evidente que eso
también va a tener un coste. Es una moción en la que parece que se
contrapone el desarrollo del ámbito social con el de la seguridad.
Nosotros pensamos que no son incompatibles, sino todo lo contrario, que
se van a tener que desarrollar de forma paralela.

En estos momentos el presupuesto de la Unión Europea para estas
políticas es el 0,9 % del PIB. Es un presupuesto muy bajo que de una
manera u otra se va a tener que incrementar. La Unión Europea va a tener
que definir qué quiere ser de mayor, los Estados van a tener que decidir
si van a desarrollar de verdad una política exterior común, van a tener
que decidir si van a querer aplicar y desarrollar el pilar social dentro
de la Unión Europea, van a tener que decidir si quieren incrementar y
desarrollar la labor de seguridad y defensa común, y más si cabe después
de que Reino Unido haya decidido dejar la Unión Europea y después de la
política exterior que parece que va a aplicar Estados Unidos con su nuevo
Gobierno.

Comparto la preocupación con la senadora Villanueva, porque el
tema de la seguridad es algo que vamos a tener que definir dentro de la
Unión Europea, pero nosotros no entendemos que haya que hacerlo en
contraposición al pilar social. Es evidente que el pilar social se va a
tener que desarrollar dentro de la Unión Europea, pero a su vez también
hay que desarrollar la seguridad y la defensa común, y todo ello
aderezado con un déficit muy importante, cual es la profundización de la
democracia en las diferentes instituciones de la Unión Europea que en
estos momentos, como digo, tienen un verdadero déficit. Siendo la
Comisión Europea, por ejemplo, el verdadero Ejecutivo de la Unión, lo
cierto es que va a tener que ser elegido de otra manera, de una manera
mucho más participativa para que los ciudadanos entiendan que en Europa
también tienen representantes, que se representan sus intereses en esa
profundización de la democracia con un desarrollo mayor de la política
social, pero también de la de seguridad. Todos debemos ser conscientes de
que, si queremos más seguridad y si queremos una mayor y mejor defensa,
vamos a tener que asumir un coste.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra la senadora Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Gracias, presidente.

Quiero agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios. Respecto
de Ciudadanos, aceptamos su propuesta, que simplemente es promulgar un
cambio sobre las políticas exteriores, propiciando un acuerdo y un
proyecto europeo de integración para una política de diálogo, cooperación
y paz que garantice la seguridad de la ciudadanía.

El portavoz del Grupo Vasco decía que no entiende bien por qué
están aquí las cuotas de los refugiados. Señoría, precisamente lo que
trata de trasladar la moción, que insta al Gobierno a que cumpla con las
cuotas y compromisos adquiridos, algo con lo que su grupo parlamentario
está de acuerdo, es que un país que no cumple sus compromisos no es un
país serio, no es un país confiable y no es un país del que pueda decirse
que es seguro; y no es seguro para su población porque tiene un Gobierno
que no cumple sus compromisos hacia el exterior ni apuesta por la
seguridad mundial. Las personas refugiadas no desaparecen, y el que
nosotros no cumplamos con nuestras cuotas no significa que siga habiendo
un reto internacional enorme respecto a la migración en el que hay que
intervenir y solucionar.

Como decía, precisamente esta moción trata de aunar. El concepto
de seguridad es más amplio y consideramos que el pilar social y todas las
medidas sociales para atajar la desigualdad creciente que tenemos, tanto
en nuestro país como en Europa, deben ser una de las prioridades dentro
de la política exterior, que también tiene mucho que ver con la
seguridad. Precisamente creo que se unifica el discurso sobre que la
seguridad también es la apuesta por la estabilidad social, por el pacto
de bienestar y por la lucha contra la desigualdad. En este sentido no he
podido escuchar la opinión de todos los grupos parlamentarios; es una
lástima tener que pronunciarme antes. Pero vuelvo a agradecer el apoyo de
los diferentes grupos parlamentarios y confío en que también el
Socialista y el Popular apoyen esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Gracias.

Como entiendo que la propuesta in voce va a ser admitida,
necesitamos una redacción por escrito, que les ruego pasen al letrado,
con la firma de la portavoz proponente de la moción.

A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista,
don Oscar López.

Gracias, señor presidente.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, presidente.

Vamos a votar a favor de esta iniciativa de Podemos porque estamos
de acuerdo con la enmienda, no así con la moción original. Algo raro ha
pasado por el camino. Entiendo que esta es una moción sobre política
exterior y de seguridad común de la Unión Europea, sin embargo, no sé qué
habrá pasado entre quien propuso la moción inicial y quien ha planteado
la enmienda porque me parece que van en direcciones completamente
opuestas. Es más, la primera tiene una redacción taxativa cuando afirma:
... rechazar la creación de... Me parece una apuesta precisamente por que
no avance esa política exterior y de seguridad común, y concretamente la
política de defensa.

En cambio, la enmienda que presenta Podemos a su propia moción es
un texto correcto, con el que estamos todos de acuerdo, si bien es verdad
que —insisto— cambia el sentido de la moción completamente,
que de ir hacia un lado, ahora pasa a ir hacia otro; y además, también
cambia su objeto, porque en la primera se hablaba sobre política de
defensa europea y en esta no, aunque se pueda entender como política de
defensa —y lo comparto— que haya otro tipo de políticas que
también afectan a la defensa común.

Por tanto, vamos a votar a favor de esa enmienda, pero no podíamos
votar a favor de la moción. Y quiero aprovechar este debate para hacer un
alegato a favor de la integración europea e incluso a favor de una Europa
federal, porque ese es el camino. Lamentablemente estamos viendo cómo
Europa está siendo recorrida nuevamente por el fantasma del nacionalismo,
y por tanto, la única salida es precisamente la integración europea, que
no solo significa una moneda única, sino por supuesto una Europa social,
como decía el portavoz del Grupo Vasco, y también, cómo no, una Europa
con una política exterior, de seguridad y de defensa común.

Recientemente algunos parlamentarios tuvimos la oportunidad de
asistir en Tallin a una reunión de parlamentarios europeos en la que
hablamos precisamente de política exterior y seguridad común. Allí
compareció la comisaria Mogherini durante más de dos horas —y
también estaba su compañero, el señor Bustinduy—. Fue una reunión
muy interesante donde tuvimos el privilegio de poder escuchar a la señora
Mogherini hacer una exposición en profundidad sobre toda la política
exterior y de seguridad común de la Unión Europea, y preguntarle
libremente sobre todos los aspectos que quisimos. Y es verdad que hay un
debate, que usted tocaba de pasada y entiendo que estaba en la iniciativa
original, sobre el porcentaje de gasto en defensa tras las palabras del
presidente Trump y después de la exigencia al resto de los países, sobre
todo a los de la OTAN, del compromiso del 2 %. Y la señora Mogherini
explicaba bien —y yo estoy de acuerdo con ella— que muchas
veces no se trata de gastar más, sino mejor; se trata de coordinar
políticas europeas, se trata de que de verdad haya una política de
defensa de compras, incluso industrial común, algo que, por cierto,
también se mencionaba en la moción original y ha desaparecido en la
enmienda.

Luego creo —e insisto— que para que de verdad exista
una Europa integrada, para que de verdad podamos avanzar hacia una Europa
que tenga una voz en el mundo, no basta con tener solo una integración
monetaria, sino que también hemos de tenerla social y de política
exterior, de seguridad y de defensa común. Insisto, no sé qué ha pasado
en Podemos entre la redacción original y la final, pero creo que la
redacción original de la moción iba en contra de una política de defensa
común y esta no lo hace. No sé si ahora habla tanto de seguridad o no,
pero es verdad que habla de una política exterior común y no tenemos
problemas con el texto de la enmienda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el
senador don Gabino Puche.

El señor PUCHE RODRÍGUEZ-ACOSTA: Gracias, señor presidente.

Yo también estoy francamente sorprendido con la nueva redacción,
pero lo cierto es que la moción original, en su exposición de motivos e
incluso en la intervención de la portavoz de Podemos —y no quisiera
ser yo el Pepito Grillo de la comisión—, plantea algo que no se
quiere ver, con la sordera de no querer oír e, incluso —y permítame
que se lo diga—, con unos tintes de populismo y demagogia que me
preocupan. Y digo esto porque la moción se plantea tras una reunión de
una Comisión de Exteriores en la que participaron determinados diputados
—no precisamente quién le está hablando—, donde tuvieron la
ocasión de debatir con la señora Mogherini y donde llegaron a una especie
de acuerdo, que luego se pasó al siguiente Consejo; es decir, no
entendemos cómo a raíz de esta moción lo que se plantea es una enmienda a
la totalidad del informe sobre la aplicación de la política exterior de
seguridad y de defensa y de lo que se trata es de aplicar también una
enmienda a la totalidad, si se quiere, de la propia política exterior y
de defensa de la Unión Europea.

Por tanto, desde ese punto de vista, dado que se trata de una
enmienda a la totalidad del informe de aplicación, nosotros no podemos
estar de acuerdo y no vamos a apoyar su moción. ¿Por qué digo esto? Digo
que se trata de una enmienda a la totalidad porque ustedes, en la
exposición de la señora portavoz y en la exposición de motivos de la
propia moción, dicen que el único objetivo de la estrategia global de la
Unión Europea en política exterior de seguridad y defensa trata nada más
que de una política supranacional de defensa que se visualiza en un
único, por decirlo de alguna forma, cuartel general, al que ustedes hacen
alusión, político o civil y militar con una petición a todos los países
miembros de un incremento en los presupuestos de defensa por encima de la
inversión en políticas públicas, que ustedes defienden que son las únicas
favorecedoras de la creación de empleo, de la creación de puestos de
trabajo y del crecimiento económico. Ese no es el objetivo de la política
exterior de seguridad y defensa europea, en absoluto. Parece mentira que
ustedes estuvieran en esa reunión, parece mentira que ustedes no
atendieran a la señora Mogherini y parece mentira que ahora ustedes nos
pretendan pedir, en este caso al Grupo Popular, que apoyemos unas
propuestas que van en contra de las resoluciones adoptadas en el propio
Consejo; es decir, en el Consejo del 14 y del 15 de noviembre se dio la
bienvenida al informe de aplicación planteado por la señora Mogherini en
el informe del señor Brok y, por tanto, España, como miembro de ese
Consejo, no va a ir en contra ahora de sus propias conclusiones, igual
que tampoco vamos a ir en contra de las propias conclusiones que se
aprobaron ya en el Consejo de política exterior y defensa del pasado 26
de junio.

Señorías, ustedes no solamente utilizan la enmienda a la totalidad
para enmendar el criterio estratégico de la política exterior y de
defensa, sino que hacen ustedes afirmaciones muy graves que ni mi grupo
ni yo estamos dispuestos a tolerar; es decir, ustedes en ese documento
hacen una crítica a ese informe porque no se asume una responsabilidad
durante la intervención de quince años en Oriente Medio y a consecuencia
de eso dicen que es Europa la culpable —y así se escribe en el
documento— de la inestabilidad de la región en Oriente Medio y del
terrorismo de Daesh y de ISIS, cuando, señorías, los únicos responsables
del terrorismo y de los actos terroristas son los terroristas. No puede
decir usted que es culpa de la política de intervencionismo de quince
años de la Unión Europea porque eso no se puede tolerar. Por eso, le
hacía a usted el análisis de la demagogia y, en definitiva, del
populismo, porque no se puede hablar por un lado de seguridad de los
ciudadanos cuando por otro estamos criticando la política de la Unión
Europea.

Dice usted también en esa moción que no se cumplen los derechos
humanos en la Unión Europea. ¿Cómo puedo yo aceptar que usted diga eso?
¿Cómo voy a aceptar yo la enmienda a la totalidad que dice que la Unión
Europea no respeta ni aplica los derechos humanos? Bajo ningún concepto.
¿Por qué? Porque si hay una norma en la que se mueve, precisamente, la
Unión Europea es en el contexto de la norma mundial del respeto al
derecho internacional que defiende los derechos humanos, que respeta y
apuesta por la sostenibilidad económica y que apuesta por el orden
mundial más justo.

Por tanto, no podemos aceptar su moción porque, en el fondo, lo
que trasciende es, insisto, una enmienda a la totalidad sobre la política
exterior de defensa y de seguridad. Y cuando digo estrategia global,
señoría, no me estoy refiriendo al aspecto geográfico, sino al conjunto
de políticas que se aplican en el informe a las que usted no hace
referencia. El conjunto de políticas que se aplican en ese informe son
políticas de defensa, claro que sí, son políticas antiterroristas, por
supuesto que sí, pero también son políticas económicas tendentes al
mantenimiento del empleo, tendentes al crecimiento económico de los
países afectados y tendentes a la mejora del bienestar de los ciudadanos.
Señora portavoz, ese es el objetivo fundamental, las políticas globales
del mantenimiento de la paz y del reforzamiento de la seguridad.

Termino, porque me está mirando el señor presidente, diciéndole a
usted una cosa muy importante que me gustaría oír de manera clara, fuerte
y determinante en sus exposiciones cada vez que hable de la política
exterior de seguridad y defensa de la Unión Europea, y es que la defensa
es un derecho inalienable e irrenunciable que, además, tiene un mandato
constitucional en todos los países de la Unión Europea y que asigna la
competencia a los distintos gobiernos, que son los que tienen la
importante y sagrada misión de respetar la independencia, la soberanía de
sus países y la defensa de sus propios ciudadanos.

Por último, señoría, tenga usted claro que en el Grupo Popular
estamos plenamente convencidos de que sin esa defensa que a ustedes les
produce urticaria o incluso sarampión cuando hablamos de gastos militares
o cuando hablamos de la defensa y seguridad de nuestros países, no hay
seguridad; que sin seguridad no hay libertad; sin libertad, señora
portavoz, no hay democracia y, por tanto, no se puede mantener ese Estado
de bienestar que implica la libertad y la defensa de los derechos de los
ciudadanos.

Por tanto, señorías, hasta que nosotros no estemos convencidos de
que su grupo en esta moción no tiene un tinte populista, un tinte
demagógico y un tinte de no querer abrir los ojos y los oídos, mi grupo
no va a pasar por eso porque nosotros apostamos por la seguridad de todos
los ciudadanos, y no solamente de los españoles, sino también de todos
los europeos y de todos los ciudadanos del mundo, poniendo encima de la
mesa el derecho internacional, la defensa de los derechos humanos y el
desarrollo sostenible.

Muchas gracias, señoría. Lamento en el día de hoy no poder apoyar
su moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Puche.

El senador Bildarratz me ha pedido la palabra, como algo
excepcional, para acotar alguna parte de su intervención. Tiene usted la
palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Quería hacer una pequeña aclaración y
es que nuestra argumentación estaba relacionada con la primera moción
presentada; es decir, independientemente de que ayer nosotros sí
recibimos esta enmienda, yo no he tenido conocimiento de ella hasta
ahora, por lo que voy a revisar nuestro sentido de voto. Si bien comparto
y me identifico con la reflexión realizada, únicamente basándome en el
rigor, quiero decir que mi argumentación ha estado basada en el primer
texto presentado por el Grupo Podemos y tengo que ver cómo me rehago en
este sentido.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Ajustaremos el posicionamiento de cada grupo después, en la
votación.

El señor PRESIDENTE: Moción por la que se insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas para garantizar el pago de las pensiones
del Gobierno venezolano a los españoles residentes en el exterior. El
autor es el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación
Herreña Independiente-Coalición Canaria.

Decae una enmienda presentada por el señor Crisol y se defiende
una propuesta de modificación que ha sido presentada por todos los grupos
presentes hoy en la comisión, menos el Grupo Podemos.

Para su defensa, tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas, por
un tiempo de siete minutos.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Buenos días,
señorías, de nuevo.

Como pueden ver en el encabezado de la moción, y como ya ha
adelantado el presidente de la comisión, hoy les traslado a esta Comisión
de Asuntos Exteriores una preocupación latente y muy generalizada en un
colectivo concreto, y es que aquellas personas que durante su vida
trabajaron en Venezuela, una vez han retornado o han decidido vivir en
España, han dejado de percibir la pensión que por derecho les corresponde
percibir del Estado venezolano dada la escasez de divisas de aquel
país.

Como digo, desde diciembre del año 2015 la República Bolivariana
de Venezuela interrumpió el pago de las pensiones a los beneficiarios en
el exterior, y el problema afecta a los pensionistas venezolanos
residentes en España y a pensionistas emigrantes retornados españoles,
gran parte de los cuales, por nuestros vínculos con Venezuela, son
canarios venezolanos que regresan a su tierra después de trabajar y
cotizar una vida entera allá.

El Convenio bilateral de Seguridad Social entre España y
Venezuela, firmado en Caracas el 12 de mayo de 1988, y en vigor desde
el 1 de julio de 1990, reconoce el derecho al cobro de las pensiones,
subsidios, rentas e indemnizaciones sin que estén sujetas a reducción,
modificación, suspensión, supresión o retención por el hecho de que el
beneficiario se encuentre en un lado o en el otro. Y se harán efectivas
en idénticas condiciones y con igualdad de extensión que a los nacionales
que residan en el referido país. El Convenio vincula a ambas partes y,
como tal, debe ser el instrumento para garantizar estas prestaciones.
Para ello, en su artículo 30 prevé que las diferencias que puedan surgir
en su interpretación y aplicación se resolverán de común acuerdo entre
las autoridades de los Estados. Y cuando las controversias, como en este
caso, no puedan resolverse de conformidad serán resueltas por la vía
diplomática. De ahí, señorías, la necesidad de que el Gobierno de España
se implique de manera efectiva, reforzando el diálogo diplomático, para
hacer cumplir a Venezuela el Convenio de Seguridad Social vigente entre
ambos países desde el año 1990.

Por otra parte, también interesa traer a colación el Real
Decreto 1170/2015, de 29 de diciembre, sobre revalorización de las
pensiones del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones
sociales públicas para el ejercicio 2016, cuyo artículo 14 determina las
condiciones de revalorización de las pensiones reconocidas en aplicación
de las normas internacionales. Según este artículo, cuando el importe
total de las pensiones reconocidas por ambas partes no alcance el mínimo
previsto para la pensión de que se trate, vigente en ese momento en
España, se garantizará al beneficiario, en tanto resida en el territorio
nacional y reúna los requisitos exigidos al efecto por las normas
generales, la diferencia entre la suma de las pensiones reconocidas,
española y extranjera, y el referido importe mínimo. En este mismo
sentido, tal y como apuntamos en la argumentación de la moción, el Real
Decreto 746/2016, de 30 de diciembre, sobre revalorización y complementos
de pensiones de clases pasivas y sobre revalorización de las pensiones
del sistema de la Seguridad Social y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio 2017, en su anexo primero establece las
cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2017. Por
tanto, a la vista de lo anterior, en los casos de totalización de
periodos nuestro sistema de Seguridad Social reconoce la garantía del
abono del importe mínimo previsto para la pensión vigente en España en
cada momento.

Cuestión distinta, y que considero necesario señalar en la defensa
de esta moción, es que estos pensionistas tienen dificultades para
acceder a los servicios, ayudas o prestaciones sociales en España porque
sobre el papel tienen ingresos, pero lo cierto es que en realidad no los
están percibiendo.

Por todo ello, estimamos que el Gobierno de España debería
emprender acciones para paliar la grave situación que sufren numerosos
pensionistas y jubilados venezolanos en España, y muy especialmente los
canarios venezolanos residentes en Canarias, como consecuencia del
retraso del Gobierno de Venezuela en el abono de sus pensiones. Sin duda,
Venezuela está atravesando actualmente una situación económica, política
y social muy complicada que está afectando a miles de personas que, sin
tener responsabilidad ni culpa alguna, están siendo víctimas directas de
esa situación. Y por el mismo motivo están sufriendo también —cabe
añadirlo en este debate— los jóvenes venezolanos que estudian fuera
de su país, en el exterior, a los que tampoco les están llegando las
becas de su país.

Defiendo hoy esta moción en esta comisión porque soy testigo de lo
que están pasando muchas personas. Muchos son vecinos y vecinas de la
isla de El Hierro, de Canarias, que están escapando de la situación
gracias a la compasión, a la caridad de sus familiares y amigos y a la
asistencia que, en un momento dado, se les puede prestar por los
servicios sociales de los ayuntamientos. Señorías, son personas que lo
único que han hecho es trabajar durante toda su vida para, ahora, una vez
alcanzada la edad de jubilación, disfrutar de todo aquello que con tanto
sacrifico y sudor han logrado. Entenderán mi preocupación si les digo,
por ejemplo, que en 2016 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife
había 5997 venezolanos pensionistas censados y en la de Las Palmas, 1725,
por lo que, como pueden ver, la casuística en el archipiélago canario es
bastante elevada. Con todo ello, no debemos olvidarnos de los miles y
miles de pensionistas venezolanos que se encuentran repartidos por el
resto del país y cuya situación es, en la mayoría de los casos, igual de
dramática.

En este sentido, hace muy pocos meses, el Parlamento de Canarias
aprobó por unanimidad, y en representación de toda la ciudadanía del
archipiélago, instar al Estado a que abra negociaciones con Venezuela con
el fin de que se cumpla ese Convenio bilateral de Seguridad Social y se
abonen las pensiones a los jubilados venezolanos residentes en España. En
su mayoría son personas de avanzada edad para quienes la pensión era su
única fuente de ingresos y, como consecuencia de ello, se han visto
abocadas a una situación de precariedad, sin posibilidades, también en su
mayoría, para afrontar sus necesidades elementales, como el pago de la
vivienda o costear las medicinas. Se trata de una situación injusta y
dramática, agravada por el largo tiempo transcurrido. Han pasado ya casi
dos años sin cobrar, a lo que se añade la incertidumbre de no saber si
cobrarán o si podrán recuperar algún día las cantidades dejadas de
percibir. Esta no es una cuestión de partidos políticos. Estamos
abordando, señorías, un tema muy serio y entre todos deberíamos
garantizar el marco jurídico adecuado para que se resuelva lo antes
posible.

Voy finalizando. Si bien sabemos aquí cuál es la parte que ha
dejado de cumplir, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria
considera que nuestro país, empezando por la Administración estatal,
debería mojarse un poco más y atender las necesidades de tantas personas
que, con nombre y apellidos, se sienten abandonadas y desatendidas por el
país al que dedicaron los mejores años de su vida. En este camino de ida
y vuelta solicito al Estado español, a través de los términos que reflejo
en esta moción, su implicación; y si no es en esos términos exactamente,
que sea en los que acordemos entre todos y todas para buscar lo que
interesa: una salida a esta situación, que, como les digo, es dramática y
dolorosa para muchas personas.

Muchas gracias, señor presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Rodríguez Cejas.

Senador Crisol, tiene usted la palabra.

El señor CRISOL LAFRONT: Gracias.

Nosotros hemos retirado la enmienda y nos congratulamos de que la
comisión haya sido capaz de llegar a un consenso sobre el tema.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Senador Bildarratz, tiene la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.

Tomo la palabra únicamente para manifestar nuestro voto afirmativo
y felicitar a los proponentes de esta moción, y por el acuerdo obtenido
con el grupo mayoritario.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Senador Rodríguez Cejas, ¿quiere hacer uso del turno de
portavoces? No lo veía preciso, porque acaba de intervenir, pero si
quiere hacerlo, tiene usted derecho. (Asentimiento).

Tiene la palabra, senador.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente.

Tras la defensa de la moción que acabo de hacer, me acojo al turno
de portavoces porque creo necesario agradecer el acuerdo al que hemos
sido capaces de llegar. Y doy las gracias especialmente al senador del
Grupo Popular porque hayamos logrado sacar adelante el documento final.
Ya he dicho que esta no es una cuestión de partidos políticos, sino que
afecta a muchísimas personas, las cuales, como decía en la defensa de la
moción, se sienten abandonadas y olvidadas por su país, al que dedicaron
los mejores años de su vida, pero también se sienten desprotegidas en
España. Y eso, señorías, no lo podemos permitir en un Estado de
derecho.

A todas las formaciones que han apoyado este acuerdo de nuevo les
muestro mi agradecimiento. Esperemos que ese compromiso del Estado
español sea real para que, con las comunidades autónomas y las
administraciones locales, se puedan plantear las soluciones posibles en
el marco competencial de cada una de las comunidades.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Por el Grupo Unidos Podemos, tiene la palabra, senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Muchas gracias, presidente.

Nosotros queremos dejar muy claro que, evidentemente, queremos que
se paguen las pensiones a los más de 4000 pensionados y jubilados
venezolanos que residen en España y que además están amparados por
distintos convenios suscritos entre Venezuela y España. Pero también nos
consta que los consulados de Venezuela y la propia embajada en España
están en contacto con sus conciudadanos y han recibido a representantes
de distintas asociaciones de pensionados y jubilados que hacen vida en
España, preocupándose, además, por suministrar a las autoridades en
Caracas toda la información para que la problemática se resuelva lo antes
posible. Ciertamente, hay una coyuntura económica muy crítica en la que
se presenta este lamentable retraso en el pago de las pensiones. Sin
embargo, creemos que el Gobierno venezolano asume la responsabilidad de
la situación y no desiste en su empeño por procurar la solución cabal que
amerita.

En todo caso, nosotros creemos que se trata de un asunto interno
que ha sido, sí, instrumentalizado para finalidades políticas. Hemos
visto muchas mociones sobre Venezuela. Hemos visto, en excesivas
ocasiones, cómo se ha utilizado e instrumentalizado lo que está pasando
en Venezuela para fines políticos. Dejamos muy claro que, evidentemente,
y como no puede ser de otra manera por sentido común, queremos que se
paguen estas pensiones, pero estamos bastante hartos ya de la
instrumentalización política de Venezuela.

Existen varias problemáticas cambiarias en el tema de las
pensiones que no han sido tenidas en cuenta y varios informes sobre la
mediación que se está haciendo que tampoco se han tenido en cuenta en
esta moción. En cualquier caso, apoyamos, eso sí, el refuerzo al diálogo
entre ambos gobiernos para resolver la situación. Por ello, nuestro grupo
parlamentario se va a abstener con respecto a esta moción.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora Vilà Galán.

En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra su
portavoz adjunto.

El señor CEPEDA GARCÍA DE LEÓN: Muchas gracias, señor
presidente.

Obviamente, el Grupo Socialista va a apoyar esta iniciativa
transaccional de casi todos los grupos. Digo de casi todos, porque
acabamos de oír que un grupo no la va a apoyar, cosa que lamento
profundamente, porque, como muy bien decía el senador proponente,
hablamos de un tema que afecta a muchísimas personas, no es un problema
estrictamente partidista.

Mi grupo hizo una pregunta al secretario de Estado en la Comisión
de Asuntos iberoamericanos, quien puso encima de la mesa algunos
parámetros que son muy importantes a la hora de definir la problemática
que están sufriendo hoy esas más de 7000 personas en nuestro país. Y es
que, claro, el Gobierno de Venezuela no da datos, no sabe exactamente
cuál es el censo de las personas a las que afecta directamente este
convenio. La senadora de Podemos hacía mención a la fluctuación de su
moneda, lo que genera un problema económico muy importante.
Efectivamente; la actual situación política en Venezuela es la que es.
Pero, precisamente por eso, nosotros, en un alarde de responsabilidad,
tenemos que proteger a todas esas personas, a todos esos pensionistas, y
no intentar hacer de esto una batalla estrictamente política. No me
parece que esta iniciativa tenga ningún tipo de función más allá de lo
que estrictamente es una cuestión humanitaria que afecta a ese número de
jubilados; por lo tanto, no creo que consista simplemente en decir que
queremos que se paguen las pensiones en un acto de fe mayestático. Creo
que debemos exigir al Gobierno de Venezuela que cumpla los compromisos
que ha firmado con el Gobierno de España, responsabilidad que tiene hoy
el Gobierno de Venezuela. Y no se trata solamente de que asuma su
responsabilidad, sino que realmente tiene que cumplir el convenio y pagar
esas pensiones. Esa es la realidad.

En ese espacio vacío en el que lamentablemente estamos, me parece
muy bien que el Senado de España se pronuncie. Ya he dicho que mi grupo
ha presentado alguna iniciativa de estas características, y lo único que
podemos hacer es apoyar la que ha propuesto su señoría. E insisto:
tenemos que cuidar que todas esas personas no caigan en una desprotección
social absoluta. Nos consta que hay muchos jubilados que incluso tienen
problemas a la hora de pagar sus alimentos más básicos o sus casas, y en
esto todas las administraciones públicas —en ese sentido va la
transaccional que hemos apoyado— tienen que hacer un esfuerzo: el
Gobierno central, las administraciones autonómicas y, por qué no, también
las administraciones más cercanas a los ciudadanos, que son los
ayuntamientos. Repito, pues, que el voto de mi grupo será favorable. Y
espero que el Gobierno de Venezuela cumpla los compromisos que
firma.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Cepeda García de
León.

En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don
Dionisio García.

El señor GARCÍA CARNERO: Muchas gracias, señor presidente.

Señorías, la intervención del senador proponente de la moción
refleja una situación que es cierta. Es una situación penosa que muchas
personas que hoy están en España —algunas, porque han querido,
otras, porque han tenido que huir de aquel país— vivan en algunos
casos de la protección de las familias o de algunas instituciones
benéficas del lugar donde residen. Muchos son canarios, y gallegos, y de
todas partes de España; por tanto, entiendo que un senador canario ponga
el acento sobre lo que ocurre en su isla o su provincia, pero el caso es
extensivo a todo el territorio nacional.

Y esta situación, siendo penosa, no es la más dramática que viven
muchos españoles canarios venezolanos. Y es que es penoso tener derecho a
una pensión, tenerla reconocida y no cobrarla, pero hay muchos que han
perdido la vida y sus bienes. Desde el año 2005 nuestro grupo ha
denunciado aquí, en esta Cámara, la usurpación, la ocupación en los
Estados de Yaracuy, Barinas y Portuguesa de fincas de ciudadanos
canario-venezolanos, hijos de canarios que emigraron allí. Como digo,
perdieron sus bienes, algunos, sus vidas, y hoy, los que han podido venir
a España encima no cobran su pensión. Por eso digo que, aun siendo una
situación penosa, lo es mucho menos que la que muchos otros
—incluso algunos de los que son hoy pensionistas— han
sufrido.

Segunda cuestión. Se ha hecho mención varias veces al convenio
suscrito entre España y Venezuela. Ese convenio es del año 1988 y pasó a
ser efectivo en el año 1990. Entonces España era una democracia; el
presidente del Gobierno socialista era Felipe González. Y Venezuela era
una democracia en 1988. Primero estuvo Lusinchi y, después, Carlos Andrés
Pérez, también socialistas. Como digo, eran democracias, y en las
democracias la ley es lo que impera. Pero cuando la democracia deriva
hacia el totalitarismo, como ha ocurrido en ese país, la ley le importa
un comino. El tirano —no el dictador— es la ley, la dicta
cada día por la mañana; no hay leyes. Esa es la realidad de los
antecedentes de esta situación.

Nosotros no solo hemos querido apoyar esta moción, esta idea, sino
ser prácticos. Y ser prácticos significa respecto de esa gente que está
en esa penosa situación, no solo que proclamemos aquí, en el Parlamento,
la penuria y la injusticia que viven, no solo que lancemos al mundo
proclamas y sigamos protestando ante el insensible Gobierno de Venezuela.
Que seamos prácticos significa que esa gente pueda percibir unos
ingresos. Para aquellos que no estén al día de lo que ocurre, ¿cuál es la
situación? Pues que hay un colectivo de varios miles de personas que
viven en España —muchas de las cuales no pueden, aunque quieran,
volver a su país— que tienen reconocida una pensión, y que el
Gobierno de Venezuela no se la paga. Esa es la cuestión. Si queremos que
esas personas cobren la pensión a la que tienen derecho, lo primero que
hay que hacer es exigir a quien tiene que pagarlas que lo haga. Eso es lo
que hay que hacer. Aunque, dicho sea de paso, señorías, no creo que sea
un agorero si digo que con este Gobierno de Venezuela eso es
absolutamente imposible, por mucho que la embajada o el embajador reciba
a colectivos. Lo que tiene que hacer es, repito, pagarlas. Ese es el
planteamiento, no vaya a ser que al final resulte que es el malévolo
Gobierno de España el que no trata bien a los venezolanos. No, el que les
castiga, les echa de su país y además no les paga las pensiones es el
Gobierno de Maduro. Y la que les acoge y trata de ayudarles es la
sociedad española a través de sus instituciones, entre ellas, también el
Gobierno, los ayuntamientos y las comunidades autónomas. Esa es la
realidad, y no cabe disfraz.

Les decía que nosotros hemos tratado de ser útiles y prácticos,
aportando a la idea inicial que presentaba el senador algunas
modificaciones que la hagan verdaderamente práctica. Hablaba usted de
reforzar el diálogo diplomático. En fin, yo creo que cualquier observador
ve cómo se juega la diplomacia de Venezuela, con un presidente que cada
mañana insulta, etcétera. Bien, los servicios diplomáticos —tanto
el consulado como la Embajada de España— desde hace años insisten
cada día en sus conversaciones con las autoridades venezolanas para ello.
Pero diré algo más: las instituciones españolas, no el Gobierno, sino las
instituciones, la Seguridad Social...

El señor PRESIDENTE: Senador, vaya concluyendo, por favor.

El señor GARCÍA CARNERO: Sí, termino enseguida.

La Seguridad Social ha presentado cuatro escritos formales ante el
presidente del Instituto Venezolano: en septiembre de 2016, en diciembre
de 2016, en febrero de 2017 y hace solo unos meses, en julio. Y vamos a
continuar.

La petición inicial de la moción era que el Gobierno garantice.
Bien, en un Estado de derecho, como es España, las garantías se hacen con
la ley, la ley es la que garantiza; y la ley vigente en España no permite
la propuesta tal y como venía formulada. Por eso, hemos llegado a un
acuerdo, reconduciéndola, para que eso se haga a través de los servicios
sociales, de los servicios asistenciales que tiene el Estado español. El
Gobierno central, las comunidades autónomas, los municipios, los
cabildos, las diputaciones tienen unos vínculos, y lo que se pide es que
el Gobierno se comprometa a través de esos mecanismos en convenios de
colaboración para que esas personas puedan ser atendidas al menos en esos
mínimos.

Para no abusar más de su paciencia, señor presidente, creo que con
esto queda resumida nuestra posición.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador García Carnero. (La
señora Vilà Galán pide la palabra).

Tiene la palabra, senadora Vilà.

La señora VILÀ GALÁN: Sí, señor presidente, porque hemos cambiado
el sentido del voto. Después de ver que en la propuesta de modificación
la palabra diálogo ha desaparecido de la moción, y después de escuchar al
señor García, hemos decidido votar que no, porque no creemos que el
Gobierno español esté en estos momentos en condiciones de dar lecciones a
ningún otro Gobierno.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Luego podrá posicionarse en la votación.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir la moción por la que se
insta al Gobierno a impulsar dentro de la Unión Europea la conclusión de
las negociaciones del acuerdo comercial de la Asociación Transatlántica
para el Comercio y la Inversión entre la Unión Europea y los Estados
Unidos de América.

El autor es el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, y su
portavoz, el senador Aragonés, tiene la palabra.

El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Con el permiso del presidente.

En realidad, se continúa con el punto de acuerdos generales, en
cuanto a la discusión referida al acuerdo con el Canadá. El acuerdo con
el Canadá —aprobado, y que solo puede ser finalmente
rechazado— está en una situación mucho más próspera que el acuerdo
comercial —en suspensión— con los Estados Unidos.

¿Por qué se trae esta moción a la comisión? Porque se quiere
remover un asunto que parece haber muerto y que, en cambio, es
importantísimo reanimar. Y con eso lo que hace el grupo que apoya al
Gobierno es dirigirse, antes que al Gobierno, a sus colegas del
Parlamento para que se vuelva a tratar precisamente el acuerdo comercial
pendiente más importante que le cabe hacer a la Unión Europea en los
próximos años. E insisto en lo de los próximos años, porque, si no, no
habrá acuerdos comerciales grandes, como es de presumir. Y es que no los
ha habido. El último —que yo recuerde— es el de Vietnam y el
penúltimo, el de Singapur. Son acuerdos muy importantes, pero los dos
acuerdos cruciales para el comercio internacional —por decirlo en
términos sencillos—, el transpacífico y el transatlántico, han sido
metidos en un cajón a raíz de dos cambios políticos fundamentales. Uno es
la llegada del señor Trump y otro, la nueva sensibilidad, por supuesto,
manifestada especialmente en la Unión Europea, respecto a la real
prosperidad o no que traen los acuerdos comerciales de este porte.

Bien, creo que es bueno tomar conciencia del problema y también de
lo que se pierde si no se reanima la situación política en favor de un
acuerdo con los Estados Unidos, primer inversor, con diferencia, en la
Unión Europea.

La Unión Europea ha dado un salto espectacular en la cobertura
geográfica de los acuerdos y en su orientación, desde los acuerdos que se
firmaron hace años con Turquía y los países del norte de África, acuerdos
en realidad estrictamente arancelarios y con países en vías de desarrollo
algunos de ellos, si se me permite decirlo en esta comisión; acuerdos de
estimulación, de apertura de mercados, lo que eran los viejos acuerdos de
libre negociación y de levantamiento de aranceles. Y se ha pasado a
acuerdos interesantísimos, como los que ya he citado; sobre todo, el
acuerdo de México y los acuerdos de Perú y Colombia. Los de México y
Chile fundamentales para los intereses comerciales españoles, intereses
con cara y ojos y no solo cifras —hablamos de mucha gente—.
También está cubierta Centroamérica. Y, por suerte, y por otro cambio
político, de repente, en diciembre del año pasado, los mandatarios de
negociación de Mercosur comunicaron que estaban dispuestos a revitalizar
ese acuerdo. Esta es una noticia geopolítica importantísima para la
Unión; sería el acuerdo más importante después del firmado con México y,
desde luego, el más importante después del de Estados Unidos. Y ha sido
gracias a que ha cambiado una jefatura de Gobierno en uno de los país
clave, que es Argentina. Mercosur lleva esperando desde 1993 o 1994. Lo
digo, porque los cambios políticos son decisivos y puede que no solo para
mal. Si Trump es malo para el comercio, no me explico demasiado bien qué
hacemos favoreciendo los obstáculos que él mismo pone con su lema America
first. ¿Vamos a comprar todos productos españoles? Volvemos a lo de
siempre. Por eso el interés en tratar con sus señorías en primer lugar
esta moción. No hay ningún afán de reivindicación de parte, sino de toma
de conciencia de la situación.

En julio de 2015, el Parlamento Europeo aprobó una resolución
favorable que incluía el procedimiento de solución de controversias, que
es la piedra de toque del Tratado de Canadá. Es el mismo problema; eso
sí, añadiendo lo que tiene de respetable el tamaño de la inversión de los
Estados Unidos. Ni más ni menos. Y no sobra decir que en los mecanismos
de resolución de controversias las pequeñas y medianas empresas son las
que más tienen que ganar. Eso es cosa sabida, y me gustaría que fuera
contradicho con algunos datos. Es decir, el 20 % de las resoluciones que
han tenido lugar en el mecanismo del Ciadi está presentado por pequeñas
empresas o, si se quiere, medianas —desde luego, grandes a efectos
españoles—. Y de esas resoluciones del Ciadi, en contra de lo que
se dice, solo un 30 % —hablo de varias décadas— ha reconocido
y amparado las reclamaciones de los Estados y solo un 20 % a los
inversores. De manera que el balance judicial de los denostados
tribunales particulares es bastante favorable a esa preocupación por que
los nuevos gobiernos en sus políticas públicas no sean excesivamente
frenados por los acuerdos comerciales adoptados por gobiernos
anteriores.

Por otro lado, al famoso transpacífico le puede ocurrir una cosa
que prefiero dejar para más adelante, con la venia del presidente, y
acabar este turno de presentación.

Este acuerdo es el más transparente de todos los realizados por la
Unión Europea; de todos los que les he relatado, este es, como digo, el
más transparente, con diferencia. Es la primera vez que el mandato de
negociación se hace público, lo que significa que la famosa sociedad
civil —no solo lobbies ni organizaciones no gubernamentales
alternativas— conoce de antemano lo que se va a negociar en la
mesa, lo cual es una restricción bastante notable a la capacidad de
negociación y, por cierto, un adelanto a otras partes que pudieran estar
interesadas en boicotear el acuerdo en cuanto a los términos de
este.

Y por primera vez, también en este acuerdo por la trasparencia,
fueron publicadas las propuestas de la Comisión Europea, es decir, los
borradores de negociación para reformar los primeros términos del
tratado, como las enmiendas parlamentarias, solo que en este caso no se
trata de votaciones, sino de negociaciones, que hasta la fecha y por más
de setenta años se han llevado a cabo bajo reserva y en secreto por la
delicadeza de los intereses que allí están presentes. De manera que
tenemos un acuerdo que es muy parecido al de Canadá y que lo mejora en
calidad democrática, como es usual decir ahora.

Presidente, aquí concluyo mi presentación. Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, portavoz.

Por el Grupo Mixto, tiene la palabra el senador Crisol.

El señor CRISOL LAFRONT: Brevemente, solo intervengo para informar
de que nosotros vamos a votar a favor de esta moción.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Tiene la palabra el senador Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Intervengo brevemente. Solo quiero
manifestar el sentido de nuestro voto. Nos vamos a abstener, dado que en
las administraciones herreñas siempre ha habido dudas a este respecto por
la opacidad con la que se han desarrollado estas negociaciones.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el
senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Intervengo para complementar, si se quiere, la reflexión realizada
con respecto al CETA, que yo creo que es muy comparable, y en ese sentido
me reafirmo en todos aquellos planteamientos que he comentado antes.

La Unión Europea ha modificado de forma sustancial su estrategia
de cara a este tipo de acuerdos comerciales realizados con terceros.
Antes estaban basados en unos objetivos de política exterior, y en estos
momentos están basados en una política de la Unión Europea como bloque
desde el punto de vista comercial. En ese sentido, están generándose
nuevos ALC, nuevos acuerdos de libre comercio con terceros ámbitos
—pero ya desde la Unión Europea— que son muy interesantes y
nos van a posibilitar la integración. Si antes estaban únicamente
desarrollados desde el punto de vista del ámbito exterior, en estos
momentos ya se impulsa la integración económica a través de otras
cuestiones, como son los servicios, las competencias, las inversiones; se
consideran otros factores que, desde nuestro punto de vista, son
tremendamente positivos, y por eso nos reafirmamos en el voto favorable a
esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

En nombre del grupo Podemos, tiene la palabra la senadora
Villanueva.

La señora VILLANUEVA RUIZ: Muchas gracias, presidente.

La verdad es que es sorprendente. Antes hablábamos del CETA y
decíamos que mejoraba mucho el acuerdo del TTIP, y ahora, cuando
defendemos el TTIP, decimos que es el más democrático, el más trasparente
y que mejora el CETA. A ver si nos aclaramos, porque la verdad es que me
ha dejado confundida en el día de hoy.

Nosotros consideramos que el TTIP no lo ha parado ni el señor
Trump ni ningún gobierno, sino que lo ha parado la sociedad civil
organizada. Cuanto más se sabía del TTIP, más oposición ha ido generando
socialmente. El TTIP es un tratado que se ha negociado a espaldas de la
ciudadanía. Como parlamentaria nacional, tuve la ocasión de acudir a la
que se llamaba reading room, a la que no podías llevar ningún papel para
apuntar nada. Te permitían leer partes del tratado firmando un acuerdo de
confidencialidad sin poder decir después nada de lo que allí estabas
leyendo. Difícil es de entender que algo tan bueno para nuestra
ciudadanía y para nuestro comercio tenga que tratarse a oscuras y no se
dedique una campaña muchísimo más amplia de participación y de exposición
sobre el tratado.

Nosotras lo hemos dicho muchas veces, consideramos que el TTIP
supone una pérdida de soberanía para nuestro país, y rescatarlo solo
puede responder a la voracidad de diferentes élites económicas que están
tras ello y que pretenden continuar acumulando riqueza, siguiendo la
vertiente que estamos viendo de crecimiento de la desigualdad; un tratado
que, al igual que el CETA, pone a las empresas privadas y a organismos de
arbitraje privados, no democráticos en ningún caso, por encima de los
Estados miembros.

El libre comercio es un concepto del siglo XVI. De lo que
deberíamos estar hablando y debatiendo hoy es de la regulación de ese
libre comercio. Anteriormente, el portavoz del Grupo Popular nos ha
acusado de no sé cuántas cosas, de que no creemos en el comercio, de que
no creemos en el proyecto europeo. Por mucho que lo repitan, no lo van a
convertir en verdad; por mucho que pongan palabras que no son nuestras en
nuestra boca, no terminarán siendo verdad. De lo que hablamos hoy aquí es
de la regulación de ese comercio.

Nosotros votaremos en contra porque seguimos pensando que
perjudica a muchos de nuestros agricultores, a un tercio, a los pequeños
agricultores de nuestro país que tienen problemas en relación con la
salud pública, que se va a deteriorar en gran medida y que va a ser
todavía más cara, intentando acabar con muchos elementos genéricos. Los
servicios públicos, incluyendo la salud y la educación, se
reducirán.

Intentar rescatar este acuerdo, que cada vez que ha tomado la luz
ha sido frenado por múltiples municipios, centenares de municipios en
nuestro país —y varios parlamentos autonómicos han mostrado también
su rechazo al acuerdo—, vuelve a ser una vez más desoír las voces y
las posiciones de nuestro territorio y apoyar algo en contra. Por todo lo
dicho, nosotros votaremos en contra de esta moción del Grupo
Popular.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, el
senador López.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, señor presidente.

Le agradezco al Grupo Popular que traiga una vez más este debate,
que creo que es oportuno. Estos son los debates que afectan y que
importan de cara al futuro.

Le voy a anunciar el voto en contra por una razón muy sencilla que
va a entender, por aquello de «vísteme despacio, que tengo prisa». Creo,
señor Aragonés, que la coyuntura no es la mejor. Es verdad que la
Administración Trump no va a ser la mejor para negociar el nuevo acuerdo,
es un argumento de fondo, de peso.

Decía el señor Aragonés con ironía, y tenía razón: «A ver si
resulta que ahora Trump es una amenaza para el comercio». Es verdad, la
historia nos demuestra que los extremos se tocan, y precisamente el señor
Trump muchas veces, por lo menos en sus declaraciones, no es el más
favorable a la apertura. Hemos visto que ha basado prácticamente su
campaña en México, diciendo que la culpa del empleo y el desempleo en
Estados Unidos es de las fábricas mexicanas. Por lo tanto, es verdad que
tiene un tufillo hipernacionalista, de cerrazón que es curioso. El
problema de la Administración de Trump no es su posición en relación con
el comercio, que también, el problema es su posición en relación con los
estándares sociales y laborales que tiene la Unión Europea, desde nuestro
humilde punto de vista.

Reitero que el Grupo Socialista es favorable, por supuesto, al
comercio internacional; que defiende, por supuesto, la
internacionalización y la exportación de nuestras empresas, ¡faltaría
más!; que defiende la firma de tratados comerciales, por supuesto que sí.
Y qué decir con Estados Unidos, la primera potencia y uno de nuestros
socios más importantes, por supuesto que sí. Por lo tanto, la posición
del Grupo Socialista no es en contra de un TTIP, sino en contra de este
TTIP, que, tal y como está ahora mismo no nos parece el más
adecuado.

Entiendo que la intención de la iniciativa del Grupo Popular es
volver a poner encima de la mesa este asunto para impulsarlo, porque es
verdad que hay un cierto bloqueo. Todos sabemos que cuando se iba a ir el
señor Obama todos estábamos preocupados porque sería mucho más difícil
llevarlo a cabo con la nueva Administración; lo sabíamos todos, ustedes
también. Pero ha llegado Trump y no es la mejor coyuntura.

Por lo tanto, reiteramos la defensa y la apuesta del Grupo
Socialista, por supuesto, por el comercio internacional. Sabemos que la
globalización es imparable y que no se pueden poner puertas al campo,
pero sí hay que ponerle vallas, porque, insisto, la crisis financiera
de 2008 tiene su origen en la desregulación de los mercados. En
consecuencia, es clave que en la política tomemos conciencia de la
importancia de regular todos los mercados. Es más, tenemos que hacerlo a
nivel trasnacional porque se ha quedado pequeño el Estado nación. Es
absolutamente imposible. Por eso ciertos debates me parecen anacrónicos,
en nuestro país también. Repito, se ha quedado pequeño el Estado nación.
Si algo me parece anacrónico en este mundo es el brexit, o lo que está
pasando en España en estos momentos; lo digo con la mano en el corazón.
El debate tendría que ser cómo hacemos más integración europea, cómo
hacemos una Europa federal. Lo creo de verdad.

Estamos a favor de que haya tratados de comercio, pero estos
tratados tienen que incorporar unos estándares de calidad no solo en el
ámbito medioambiental, sino también en el laboral y social, y, desde
nuestro humilde punto de vista, los de la Administración del señor Trump
no son los mejores, y el mejor ejemplo es su posición en relación con la
sanidad pública en Estados Unidos con los nuestros, con los europeos, con
los tratados que hemos defendido durante décadas en Europa y que espero
que no dejemos de defender nunca.

Por lo tanto, compartiendo la defensa de las empresas españolas,
compartiendo la defensa del mercado internacional y la firma de acuerdos
trasnacionales, no estamos de acuerdo con el TTIP tal y como está ahora
mismo, y nuestro argumento político es: «vísteme despacio, que tengo
prisa», más aún cuando en frente está el señor Trump.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Le corresponde el uso de la palabra al portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, señor Aragonés.

El señor ARAGONÉS MENDIGUCHÍA: Con permiso de la Presidencia, voy
a deliberar y debatir sin merma del adversario.

Quiero agradecer incluso la abstención, porque es una manera de no
cerrar puertas, como decía el portavoz socialista a propósito del CETA.
No hay que cerrar puertas ni poner vallas —nos referimos al
levantamiento de aranceles—, pero sí hay que ordenar el intercambio
comercial.

Como el senador Bildarratz se ha ausentado, voy a esperar a que
vuelva para comentar una idea que ha apuntado. Por cierto, quiero
agradecer a los grupos el que hayan firmado las propuestas de acuerdo que
hemos presentado. Creo que eso facilita el transcurso del orden del día
que tenemos pendiente de aprobar.

Al grupo que más lo rechaza le diré que —Señora Villanueva,
si me presta atención...— quien dijo que era el acuerdo más
progresivo no fue el Grupo Popular, fue el secretario general del Grupo
Socialista en el Parlamento Europeo el 14 de febrero. Por eso no hay
contradicción entre lo que dice un socialdemócrata, por cierto bastante
conocido... Voy a pasar a otro interlocutor.

El problema básico, como dicen los detractores del TTIP, es la
renacionalización y las invocaciones a la soberanía. No voy a perder aquí
ni un minuto —porque el señor presidente me regañará, no es por
menosprecio— en argüir contra esta defensa acalorada del Tribunal
Constitucional, que vendría a ser, según otras manifestaciones del mismo
grupo, una especie de emanación maléfica de la famosísima casta política.
En todo caso, conviene aprovechar los recursos institucionales, aunque
sea por aquello de que el fin justifica los medios.

El problema es que la racionalización también ocurrió en los
Estados Unidos. La ventaja del acuerdo que teníamos bajo el mandato Obama
es que la Trade Promotion Authority —no recuerdo su nombre exacto
en inglés— le estaba reconocida al presidente y al departamento. Si
eso volviera al Congreso por la renacionalización, si volviera al mandato
de los congresistas, no sería posible ningún acuerdo comercial con los
Estados Unidos; lisa y llanamente, porque los congresistas americanos
tienen su sociedad civil. Ellos son mucho más sociedad civil que,
probablemente, los parlamentarios europeos, incluidos los de Podemos,
porque su elección está muy cercana a demasiados lobbies. Recordemos
—esta es la comisión de política exterior— las tormentosas
sesiones sobre acuerdos que interesan a otros Estados, empezando por el
malhadado Kissinger. El Congreso está colonizado por lobbies, y no
lobbies cualesquiera o de particulares ni de inversores extranjeros, sino
de Estados, tal cual, como, por ejemplo —para el que no le
duela—, el Estado de Israel. De manera que eso de que el retorno a
las capacidades legisladoras de sus parlamentos es bueno sin más, no es
que haya que verlo, es que ya lo hemos visto: es malo en sí, lo cual no
quiere decir que los acuerdos no deban ser transparentes y que se tenga
que avanzar muchísimo en la institucionalización de tribunales, que hoy
por hoy —ya lo digo yo, o mi grupo, o cualquiera, pues no hay
ningún afán de disimular— son todavía privados. Pero dejan de serlo
—están en una figura intermedia— en el CETA, y estaban
todavía en discusión, porque explicar estas cuestiones a otros grupos
comerciales es muy difícil.

Sin embargo, hay un porrón de gente en Europa que está esperando
que se firme ese acuerdo. ¿Por qué? En España, porque somos el segundo
país que recibe inversiones de los Estados Unidos. Por ello ¿somos una
especie de colonia? No. Les pasa lo mismo a Alemania, a Holanda o a Gran
Bretaña. No. Además, en la prospectiva del acuerdo, las cifras son buenas
—aunque las prospectivas no sean científicas, son algo mucho más
que temores desiderativos—: están esperando 80 000 empleos anuales,
un 0,7 % de aumento del PIB y un 0,7 % de aumento salarial. ¿Quiénes? Los
españoles. ¿Dónde? En muchas partes, en muchísimas partes. Imagínese
usted, por ejemplo, que la inversión americana en España no tuviera las
suficientes garantías de protección, según los moldes del comercio
internacional que han imperado por más de setenta años. Pues resulta que
todo el sector de la automoción se vería afectado. ¿Por qué? Porque son
inversiones extranjeras, no hay ni una sola fábrica de titularidad
española. Llevamos así muchos años y no pasa aparentemente nada. Puede
haber deslocalización, por supuesto, pero, mientras tanto, hay un montón
de empleos que están pendientes de que el inversor tenga seguridad, y
esto no podemos ignorarlo. Y ya le digo —porque creo que en ese
momento usted estaba a otra cosa, con otros portavoces— que ni
siquiera en el balance histórico de la resolución de controversias se
puede decir que hayan sido sistemáticamente favorecidos los inversores,
los poderosísimos o los menos poderosos. No lo han sido. Lo han sido los
Estados. Pero es verdad que tenemos que mejorar enormemente, debido a la
crisis financiera de 2007, la institucionalización de una corte, que es
lo que reclama el CETA. Cuando se reclama en un tratado entre Canadá y la
Unión Europea que se llegue a la Corte Internacional, hay que tener en
cuenta que a la Corte Internacional se tarda mucho en llegar, incluida la
de los derechos humanos o la del mar. Se tarda mucho en llegar. No se
puede pedir hoy, ni se pueden asaltar los cielos. Esto no es progresivo,
no es realista, no es gradual, no es partidario del libre comercio, sea
del 16 o del 21.

Hay un porrón de gente —perdón por la expresión—
esperando que los acuerdos comerciales entre países tan potentes como
Estados Unidos, la Unión Europea —que no es un país— y Canadá
tengan lugar. Mucha gente los necesita imperiosamente. El problema de
dejar de hacerlo es que tendremos que estar pendientes de otros grandes
inversores, por supuesto que sí, que no firman acuerdos comerciales,
simplemente compran empresas. ¿Sabe quién tiene más dinero en estos
momentos? La República Popular China. ¿Sabe quién tiene que decidirlo? El
politburó del Partido Comunista Chino. ¿Sabe usted cuándo lo decidirán?
No. Se trata de reuniones secretas que empezaron hace dos semanas y no se
sabe cuándo acabarán.

Mire usted, en términos de institucionalidad, evitar que el señor
Trump y el Congreso de los Estados Unidos vuelvan a nacionalizar la
política comercial es tan sano como evitar que la política exterior
americana quede solo en manos del Congreso. Por tanto, recapaciten sobre
esta cuestión.

Y ya le digo: lo del acuerdo progresivo no lo digo yo, lo dijo el
Grupo Parlamentario Socialista. Ya sé que no lo dijo el Grupo Podemos en
el Parlamento Europeo, pero, lamentablemente, el Grupo Podemos coincide
sistemáticamente en su oposición a cualquier apertura internacional ¿con
quién? Con la extrema derecha europea. Es así de gracioso.

Imagínese usted. En su demanda de renacionalización podemos hacer
una cosa —no estaremos usted ni yo en el Parlamento,
seguramente—: Unión Europea firma el acuerdo —acabo ya—
con Gran Bretaña, al que seguirá un acuerdo comercial, sin la menor duda;
es inevitable. Ese acuerdo comercial tendrá que ser revisado después del
brexit por veintiocho parlamentos nacionales más otros quince federales.
¿Quiere esto decir que un acuerdo con Gran Bretaña en términos que no
sean lesivos para la ciudadanía es posible bajo ese procedimiento? Yo
diría que, por lo menos, hay que ponerlo en cuestión.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, portavoz.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la siguiente moción, del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas de apoyo al pueblo rohinyá dentro de una
República de la Unión de Myanmar plenamente democrática.

Hay una propuesta de modificación firmada por todos los
grupos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, don Óscar López,
tiene la palabra.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Gracias, presidente, le agradezco la
aclaración porque me da el tono de la intervención.

Quiero agradecer a todos los grupos que al menos en esto podamos
alcanzar un acuerdo y hablar como una sola voz en esta comisión, y no lo
digo porque sea una iniciativa socialista, sino porque afecta a
casi 400 000 personas.

Todos hemos visto los lamentables acontecimientos acaecidos en
Myanmar. Es verdad que en Myanmar se había abierto una etapa nueva con la
elección de la primera ministra, líder de Myanmar, premio nobel de la
paz, Aung San Suu Kyi, y, sin embargo, hemos visto lo que se ha
producido. Es verdad que Myanmar nos queda muy lejos, pero, al menos hoy
el Senado va a alzarse con una sola voz para hacer una llamada de
atención a la comunidad internacional, y muy especialmente al país de
Myanmar, para que frene lo que el máximo responsable de Naciones Unidas
para los derechos humanos ha definido como «una limpieza étnica de
libro», fin de la cita, como diría el señor Rajoy. No hay más que
hablar.

Yo agradezco que los grupos hayan tenido la altura de miras de
consensuar esta posición. A mí me parecía mucho mejor la moción original,
que era un poquito más ambiciosa, pero da igual, renuncio al texto
original para que haya una sola voz en este Parlamento de condena a lo
que está pasando en Myanmar, a la persecución al pueblo rohinyá y que,
como digo, podamos entre todos frenar esta situación cuanto antes. No
tengo más que añadir. Todo el mundo sabe lo que ha pasado, todo el mundo
sabe que estamos hablando de frenar una limpieza étnica de libro, insisto
y subrayo, y, por tanto, solamente puedo agradecer al resto de grupos que
apoyen esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor portavoz.

¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegaciones). No interviene.

Tiene la palabra el señor Rodríguez.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Intervengo brevemente.

El apoyo se da por sentado ya que hemos firmado esa propuesta,
pero sí quiero resaltar iniciativas como la que nos trae hoy el Grupo
Parlamentario Socialista. Agradecemos que haya traído aquí una situación
tan dolorosa y complicada, y esperamos que lo que firmemos hoy aquí
realmente se convierta en un compromiso allá donde el Estado español
pueda intervenir, porque favorecer y proteger los derechos humanos nunca
está de más. Por eso agradezco esta moción hoy en esta comisión.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría.

A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo
Parlamentario Senadores Nacionalistas Vascos, senador Bildarratz.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

También quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista que
haya traído esta moción a debate, así como la generosidad que ha mostrado
para que todos los grupos parlamentarios podamos llegar a un acuerdo
sobre una etnia, un pueblo que se encuentra en una situación de verdadero
drama, a la que hasta ahora no se le ha dedicado mucha atención.

Hay un informe de Naciones Unidas de no hace mucho que plantea una
serie de elementos que pueden ser importantes, como, por ejemplo, dotar
de ciudadanía a este colectivo, que viene recogido en la moción que el
Grupo Parlamentario Socialista nos ha planteado.

Por tanto, agradezco esta moción. Por supuesto, la vamos a apoyar
y esperemos que tenga su fruto. Si de una manera u otra entendemos que el
Gobierno no interpreta de manera adecuada lo que está planteando esta
moción, persistamos en instar al Gobierno a que se preocupe por la
gestión de una situación que es verdaderamente dramática, donde hay miles
de personas a las que no se les respetan los derechos humanos, y de la
cual nosotros debemos preocuparnos y ocuparnos.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador.

Senador Bernal, tiene la palabra.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias.

Soy el senador Bernal y sustituyo a la senadora Vilà que ha tenido
que ir a la Comisión de Cooperación Internacional.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos vamos a apoyar esta moción
del Grupo Parlamentario Socialista. Nos encontramos ante un largo
conflicto consecuencia de un proceso de colonización y descolonización en
el antiguo Estado de Birmania, ahora conocido como Myanmar. Este país del
noroeste del sudeste asiático ha sido objeto de una guerra civil
atemporal que se inició hace más de sesenta años, tras la Segunda Guerra
Mundial y la ocupación japonesa y la alianza de los rohinyá con los
ingleses.

Birmania, hoy conocida como Unión de Myanmar, está presidida en la
sombra por la conocida premio nobel de la paz, Aung San Suu Kyi, que no
pudo ejercer su cargo tras la victoria de su partido en 2015 por tener
hijos de nacionalidad inglesa. La represión, fruto del conflicto
étnico-religioso tras el levantamiento de las milicias, es intolerable
desde cualquier punto de vista. Miles de personas han sido torturadas,
encarceladas y asesinadas mientras centenares de miles han huido a
Bangladés. Es prioritaria una acción humanitaria que apoye a una
población olvidada por todos y que está sufriendo de forma inhumana.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador.

Señor portavoz del Grupo Socialista, si quiere intervenir de
nuevo, tiene la palabra.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Está todo dicho. Agradezco de nuevo que
este Senado alce su voz como una sola voz en defensa de los derechos
humanos para condenar una limpieza étnica de libro.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias.

Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra
la senadora Marta Lucio.

La señora LUCIO GÓMEZ: Gracias, presidente.

En primer lugar, quiero agradecer, como el resto de grupos
parlamentarios, al Grupo Socialista que haya presentado esta moción. El
Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado una enmienda de
modificación al texto, tanto en el punto 1 como en el 2, y personalmente
quiero agradecerle que haya estado receptivo desde el primer momento para
poder llegar a un consenso, y, por supuesto, en este caso también a los
demás grupos parlamentarios que han firmado esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senadora.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a la moción presentada por el Grupo
Parlamentario Vasco en el Senado, por la que se insta al Gobierno a
cumplir con la estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014
sobre la responsabilidad social empresarial.

Senador Bildarratz, tiene usted la palabra.

El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.

Para que sus señorías puedan entenderme de una manera gráfica
quiero que recuerden el 24 de abril de 2013 cuando un bloque de ocho
pisos se derrumbó en Bangladés. Como consecuencia del colapso de este
edificio hubo 1129 muertos y 2515 heridos. Se trataba de una industria
textil, con las consecuencias que ustedes conocieron y que en estos
momentos he recordado.

La precarización de las relaciones laborales no solo tiene
implicaciones en las empresas que operan dentro del Estado, también en el
ámbito internacional. La responsabilidad social corporativa no hay que
tenerla únicamente en cuenta cuando se dan hechos desastrosos, como el
que les acabo de describir, porque es evidente que la precarización de
normas laborales y de políticas económicas que se dan en el ámbito
internacional es muy grave.

Nuestro planteamiento tiene dos puntos, pero sobre todo
quisiéramos subrayar el segundo. Consideramos que el primero ya se puede
dar por cumplido, al menos en cuanto a intención, porque, como ustedes
sabrán, el Consejo de Ministros, después de tres años, el 28 de julio
aprobó el plan que pedía la Unión Europea en su momento. Queremos
agudizar nuestro interés sobre el segundo punto, que es promover la
responsabilidad social en las empresas.

Voy a hacer un poco de historia. En Naciones Unidas, en el 2011,
se definieron los principios rectores de las empresas y los derechos
humanos, subrayando la responsabilidad que tienen las empresas de
respetar los derechos humanos y los Estados de promover el respeto de los
derechos humanos por parte de las empresas. Estos son principios que
pretenden establecer la primera norma mundial para prevenir y hacer
frente al riesgo de que las actividades empresariales tengan
consecuencias negativas sobre los derechos humanos. Y se establecen unos
mínimos en cuanto a la definición de derechos como los enunciados en la
Carta Internacional de Derechos Humanos y en los principios establecidos
en la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo, relativa
a los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Se tiene en
cuenta este planteamiento, hay una comunicación de la Comisión Europea en
octubre de 2011 y se renueva ese compromiso a través de un plan de acción
de la Unión Europea para los derechos humanos y la democracia,
realizando, además, un segundo plan 2015-2019. Existe un objetivo que
viene definido por la Unión Europea, el décimo octavo, que es el de
promover los derechos humanos y empresas, y que tiene que llevarse a cabo
durante 2017. Como les he dicho, el Gobierno español ha cumplido ese
compromiso, aprobando a finales de julio este plan para definir una serie
de estrategias de acción de cara al cumplimiento por las empresas de este
tipo de normas. Y en ese sentido, donde queremos poner el verdadero
acento es en el desarrollo e implemento de los planes nacionales de
acción. Es decir, únicamente con el plan no va a ser suficiente, sino que
las empresas tienen que llevarlas adelante. Con lo cual el verdadero
compromiso que necesita el Gobierno es el de la implementación de los
compromisos aprobados, porque no debe ser únicamente la sensibilización o
el fortalecimiento de la ventaja competitiva de las empresas españolas,
sino, como dicen las diferentes ONG, lo que hay que hacer es prevenir,
minimizar y abordar los potenciales abusos de derechos humanos cometidos
por las empresas españolas y reforzar los mecanismos, tanto
sancionatorios como de reparación, para las víctimas de estos
abusos.

Todavía se dan una serie de circunstancias que llevan a que nos
preocupemos por este tipo de situaciones. Por tanto, les traigo esta
moción para que, poco a poco —además, compruebo que vamos a obtener
un acuerdo con todos los grupos parlamentarios—, hagamos hincapié
en la situación que se vive en muchas empresas en este mundo globalizado,
que nosotros también tenemos que atender y entender.

Les pido el voto favorable a la moción que en estos momentos hemos
traído como un primer paso para empezar a trabajar desde esta comisión en
un tema que tanto nos tiene que preocupar.

Muchas gracias, presidente.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, portavoz.

Intervenciones del resto de grupos.

El Grupo Mixto ¿quiere hacer uso de la palabra?
(Denegaciones).

Tiene la palabra el señor Rodríguez Cejas.

El señor RODRÍGUEZ CEJAS: Gracias, señor presidente. Seré muy
breve.

Estamos convencidos de que el trabajo no puede ser sinónimo de
explotación, ni mucho menos un riesgo para los trabajadores, con lo cual
compartimos plenamente el contenido de esta moción, agradeciendo al grupo
proponente que la haya traído a esta comisión para debate.

Por ello, la Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria,
integrados en el Grupo Parlamentario Nacionalista, manifestamos nuestro
apoyo a esta moción y a las medidas que aquí se recogen.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

A continuación, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.

Señor Bernal.

El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidente.

El Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea vamos
a votar a favor de esta iniciativa del Partido Nacionalista Vasco.
Consideramos que es un acierto haberla traído aquí, a esta Cámara, a
debatirla y proponerla.

La responsabilidad social de las empresas y la defensa de los
valores de los derechos humanos, el desarrollo sostenible y contribuir a
la economía social deberían ser un objetivo prioritario para nuestras
sociedades y para un desarrollo justo del bien común. En este sentido
apoyaremos la moción para instar al Gobierno a que cumpla con la
estrategia suscrita y firmada en la Unión Europea, que sigue sin llevarse
a cabo en nuestro país ya que no se ha desarrollado una legislación
propia que trabaje activamente en el cumplimiento de estos objetivos y
que permita una defensa de los derechos laborales en todo el planeta,
como ha comentado el portavoz del Grupo Vasco, con un mínimo, que serían
los que marca la Organización Internacional del Trabajo.

Como ejemplo, nos podemos encontrar la red Campaña Ropa Limpia que
diferentes ONG han planteado y que surgió como consecuencia de este grave
incidente que ocurrió en Bangladesh, a través de la cual las ONG asesoran
tanto a administraciones públicas como a empresas para hacer un comercio
responsable respecto a la elaboración de productos textiles.

Damos todo nuestro apoyo a esta moción.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bernal.

En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra su portavoz, don
José Martínez Olmos.

El señor MARTÍNEZ OLMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Intervendré brevemente para manifestar la posición del Grupo
Parlamentario Socialista.

En primer lugar, quiero agradecer y saludar muy positivamente la
iniciativa del Partido Nacionalista Vasco sobre un tema que tiene una
enorme trascendencia, tal como ha manifestado su portavoz en el texto
pero también en la exposición, y que al resto de grupos parlamentarios
nos da la oportunidad de sumarnos; iniciativa que creemos que es
prioritaria, no solamente porque estemos en la obligación de aplicar los
compromisos internacionales que tenemos en esta materia y porque de
alguna forma se deriva de ello la mejor situación y respeto de los
derechos laborales de los trabajadores, que ya en sí en un objetivo
loable y de obligado cumplimiento, sino porque también da la oportunidad
—además, puede salir con el apoyo unánime de la comisión— de
trasladar a la sociedad la importancia que tiene en un mundo global hacer
posible un elemento que contribuye también a la competitividad y al que
muchas veces las empresas tienen que hacer frente cuando producen
determinados bienes y servicios que están en el mercado y que se ve
afectada por el incumplimiento de derechos laborales en otros países, que
en sí mismo, como decía, es un atentado a los derechos de las personas,
vivan donde vivan. Pero, a su vez, es una de las causas por las cuales
estamos teniendo dificultades para el sostenimiento del Estado del
bienestar y para que se extienda también a esos países pobres.

Por lo tanto, quiero manifestar nuestro máximo apoyo a esta
iniciativa, el agradecimiento, como he dicho, y la petición de que
continuemos juntos haciendo iniciativas y acciones en este sentido,
porque, lógicamente, benefician a todo el mundo.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, senador.

Para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene
la palabra doña Juana Pons.

La señora PONS VILA: Gracias, señor presidente.

El Grupo Popular lo primero que quiere hacer es agradecer, y vaya
por delante, al portavoz del Grupo Vasco que haya traído esta iniciativa
a la comisión. Evidentemente, supongo que, a partir de ahí, entenderán el
apoyo que nosotros también vamos a dar a esta iniciativa. Si me permiten,
voy a explicar lo que el Gobierno, y, evidentemente, con el respaldo del
Grupo Parlamentario Popular, ya se ha hecho en esta materia y en la que
nos comprometemos a seguir trabajando.

En el primer punto de su moción hace referencia al cumplimiento de
la estrategia renovada de la Unión Europea. Le tengo que indicar que el
Consejo de Ministros ya aprobó, el 24 de octubre de 2014, una estrategia
española de responsabilidad social de las empresas 2014-2020, documento
que dota a nuestro país de un marco común de referencia que permite, a su
vez, armonizar las distintas actuaciones que, en relación con la
responsabilidad social, se desarrollan tanto en el ámbito público como en
el ámbito privado. Este documento compromete a las empresas, a las
administraciones públicas y al resto de organizaciones para avanzar hacia
una sociedad y a una economía más competitiva, productiva, sostenible e
integradora. El documento incluye 60 medidas para alinear los compromisos
de las organizaciones con las necesidades y las preocupaciones de la
sociedad española y reforzar así los modelos de gestión sostenible que
prevén la creación de una herramienta telemática y un procedimiento de
publicación de memorias e informes de responsabilidad y sostenibilidad
sin cargas administrativas adicionales. Es una actuación que responde a
las recomendaciones plasmadas en la estrategia renovada —que usted
nos solicitaba— y que insta a los países miembros a impulsar
políticas nacionales en materia de responsabilidad social de las empresas
y que compromete a las empresas, a las administraciones y al resto de
organizaciones. La estrategia es un documento, el resultado de más un año
de trabajo, en cuya elaboración participaron los cuatro grupos que
componen el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas
—administraciones públicas, empresas, sindicatos y sociedad civil
organizada—, además de otros ministerios, comunidades autónomas,
entidades locales y responsables de responsabilidad social de empresas,
de grandes empresas y expertos académicos.

Usted ha dicho que le importaba más el segundo punto de la moción,
a la que nosotros también damos apoyo, y ha hecho referencia a que el
Consejo de Ministros el 28 de julio del 2007 ya adoptó un acuerdo
precisamente por el que se aprobaba el Plan de acción nacional de
empresas y derechos humanos, dando así cumplimiento a lo que nos habíamos
comprometido. Este plan tiene la finalidad de la aplicación en el ámbito
nacional de estos principios rectores de Naciones Unidas sobre empresas y
derechos humanos, adoptados mediante resolución del Consejo de Derechos
Humanos; plasma el compromiso de España como Estado para proteger los
derechos humanos, también haciendo frente a cualquier impacto que la
actividad empresarial pueda tener sobre ellos, y responde igualmente al
llamamiento hecho por el Congreso y el Senado para avanzar en materia de
empresas y derechos humanos. Este plan responde también a las
recomendaciones efectuadas en el marco de la Unión Europea a través de la
estrategia renovada, que hemos citado anteriormente, sobre
responsabilidad social. Este plan tiene además presente la Agenda 2030
para el desarrollo sostenible, aprobada también por la Asamblea de
Naciones Unidas, y que invita a las empresas a alinear su estrategia
corporativa de negocio con los objetivos de desarrollo sostenible. El
plan contribuye también a fortalecer la ventaja competitiva de las
empresas españolas en el mercado global y ofrece a las empresas el marco
óptimo para desarrollar sus operaciones empresariales, previniendo y
mitigando riesgos basados en derechos humanos y fortaleciendo sus
capacidades al respecto.

El texto aprobado por el Consejo de Ministros es, como he
comentado antes, el resultado de un proceso iniciado ya en 2013, con lo
cual no se nos puede acusar de no estar haciendo nada al respecto porque
llevamos bastantes años trabajando en este tema, se desarrolló a su vez
mediante la celebración de amplias consultas entre la Administración, las
empresas y la sociedad civil durante casi dos años. Se crea en este plan
una comisión de seguimiento que es la que evaluará anualmente la
ejecución de las medidas previstas y a su vez elaborará las propuestas de
autorización del mismo. La comisión de seguimiento irá concretando la
puesta en práctica de las medidas de ejecución, identificando a los
responsables de su aplicación, los indicadores de este cumplimiento y el
calendario de su ejecución. La aprobación de este plan sitúa a España, a
nuestro juicio, entre el grupo de países con mejores prácticas en un
ámbito de crucial importancia.

El Gobierno y el grupo parlamentario del que en este caso soy
portavoz es consciente y defiende la importancia que tiene en el ámbito
de las relaciones laborales la existencia de un marco de referencia en
todo el territorio en materia de responsabilidad social y medidas
dirigidas a impulsar el desarrollo de prácticas responsables, tanto en
organizaciones públicas como privadas, para que constituyan un motor
significativo de la competitividad de este país y su transformación hacia
una sociedad y una economía más productiva, sostenible e integradora. En
todo caso, el empleo de calidad y con garantías es un objetivo
prioritario del Gobierno. Vamos a seguir trabajando en el marco de este
diálogo social, intentando que eso se impulse también en el
exterior.

Por todo ello, el Grupo Popular, evidentemente, va a apoyar su
moción y, repito, le agradece que haya presentado esta iniciativa y pone
de manifiesto el interés que tanto usted como nosotros, y por lo visto
todos los grupos en esta comisión, tenemos al respecto.

Muchas gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senadora.

Si los portavoces de los distintos grupos tienen ya preparados a
sus miembros... (El señor López Águeda pide la palabra). Sí, don Óscar
López tiene la palabra.

El señor LÓPEZ ÁGUEDA: Presidente, tengo una sustitución. El señor
Tovar ha sido sustituido por el senador Pérez Navas. (El señor Aragonés
Mendiguchía pide la palabra).

El señor PRESIDENTE: Senador Aragonés, tiene la palabra.

El señor ARAGONÉX MENDIGUCHÍA: El señor Agramunt ha sido
sustituido por el señor Soler; el señor Gutiérrez Alberca por la señora
Jurado; el señor Pérez Ortiz por la señora Martín Gómez; el señor
Rodríguez Hevia por la señora Núñez de la Iglesia; y el señor Altava por
el señor Delgado Cáceres.

En todo caso dispongo del papel por si hubiera alguna duda.

Gracias.

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.

Si les parece, empezamos las votaciones, tal y como señalamos al
inicio de la sesión.

El señor PRESIDENTE: Votamos primero el dictamen de tratados y
convenios internacionales, agrupados los siete primeros, dejando el de
Canadá para la siguiente votación.

¿Votan por asentimiento todos los grupos a favor, o alguien quiere
salvar su voto? (Asentimiento).

Quedan aprobados por asentimiento (Rumores).

Señorías, si son tan amables, no distraigan a este presidente.
Gracias.

El señor PRESIDENTE: Votamos el Acuerdo económico y comercial
global entre Canadá, por una parte, y la Unión Europea y sus Estados
miembros, por otra, hecho en Bruselas el 30 de octubre de 2016.

Decayó la propuesta de reserva al convenio del senador Mulet por
no estar presente y votamos el acuerdo económico tal y como se
conoce.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 18; en contra, 2; abstenciones, 6.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.

Pido a la comisión que me designe ante el plenario para la
presentación de los convenios.

¿Están de acuerdo? (Asentimiento).

El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces a la votación de las
mociones.

La primera moción que vamos a votar insta al Gobierno a la
adopción de determinadas medidas en el marco de la política exterior y de
seguridad común y su autor es el Grupo Parlamentario Unidos Podemos. Hay
una transaccional, que había presentado inicialmente el Grupo Mixto, que
ha sido admitida por el grupo proponente y firmada por cuatro
grupos.

Votamos la moción con la transaccional que se ha recogido y que
todos los portavoces deben tener.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 10; en contra, 15; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.

El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a votar la moción
presentada por el Grupo Parlamentario Nacionalista Partit
Demòcrata-Agrupación Herreña Independiente-Coalición Canaria, por la que
se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para
garantizar el pago de las pensiones del Gobierno venezolano a los
españoles residentes en el exterior. Hay una propuesta de modificación
firmada por todos los grupos menos por el Grupo Podemos. ¿Es así,
portavoz? (Asentimiento).

Votamos la moción.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 24; en contra, 2.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor PRESIDENTE: Moción por la que se insta al Gobierno a
impulsar dentro de la Unión Europea la conclusión de las negociaciones
del Acuerdo comercial de la Asociación Transatlántica para el Comercio y
la Inversión entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América.

El grupo proponente es el Grupo Parlamentario Popular en el Senado
y se vota la moción tal y como se conoce desde el inicio del orden del
día.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 17; en contra, 8; abstenciones, 1.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.

El señor PRESIDENTE: Votamos ahora la moción del Grupo
Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno a la adopción
de determinadas medidas de apoyo al pueblo Rohinyá dentro de una
República de la Unión de Myanmar plenamente democrática. Se ha presentado
una propuesta de modificación por todos los grupos parlamentarios, así
que entiendo que todos estarán a favor.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 26.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Muchísimas gracias.

El señor PRESIDENTE: Por último, votamos la moción del Grupo
Parlamentario Vasco, por la que se insta al Gobierno a cumplir con la
Estrategia renovada de la Unión Europea para 2011-2014 sobre la
responsabilidad social empresarial.

Se vota tal y como se traía al inicio de la comisión.

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor,
26.

El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.

Muchas gracias, señorías.

Se levanta la sesión.

Eran las once horas y cincuenta y cinco minutos.