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DS. Senado, Comisiones, núm. 165, de 21/09/2017
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COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES


PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL CARMEN DE ARAGÓN
AMUNÁRRIZ


Sesión celebrada el jueves, 21 de septiembre de 2017


ORDEN DEL DÍA






Designación de ponentes




Ponencia de estudio sobre genómica, creada en el seno de la
Comisión de Sanidad y Servicios Sociales.


543/000006
biotecnología; política sanitaria

COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES






Dictaminar




Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo.


621/000005
juicio; protección del consumidor

GOBIERNO




Se abre la sesión a las a las trece horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


En primer lugar, procede la aprobación de las actas de las sesiones
anteriores, celebradas los días 17 de mayo y 13 de septiembre
de 2017.


¿Pueden aprobarse? (Asentimiento).


Quedan aprobadas.


Señorías, estaba prevista la aprobación de una declaración
institucional con motivo del Día Mundial del Corazón, pero, de acuerdo
con los portavoces, se ha retirado del orden del día de hoy. Se trabajará
en ella, y será presentada en otra sesión de la comisión.






DESIGNACIÓN DE PONENTES





PONENCIA DE ESTUDIO SOBRE GENÓMICA, CREADA EN EL SENO DE LA
COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES.


543/000006

COMISIÓN DE SANIDAD Y SERVICIOS SOCIALES


La señor PRESIDENTA: Pasamos, por tanto, al punto primero del
orden del día.


Designación de ponentes para la Ponencia de estudio sobre
genómica, creada en el seno de la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales.


La distribución de ponentes, según el número de miembros de los
grupos parlamentarios en la comisión, sería la siguiente: tres, del Grupo
Popular; dos, del Grupo Socialista; y uno, de cada uno del resto de
grupos. Tras una petición que me han hecho distintos portavoces, y una
vez consultado con la letrada, nos parece lógico que, para dar mayor
agilidad a la ponencia, aquellos grupos que tengan más de un miembro en
la comisión puedan proponer un sustituto, con un máximo de dos. Los
componentes de una ponencia de estudio deben pertenecer a la comisión en
la cual se crea esa ponencia. Por tanto, en los grupos que solamente
tienen un miembro este no puede ser sustituido por otro de su grupo
parlamentario, puesto que, repito, no pertenece a la comisión.


Para realizar sus propuestas, en primer lugar, por el Grupo
Popular, tiene la palabra el senador Alarcó.


El señor ALARCÓ HERNÁNDEZ: Buenos días, presidenta,
compañeros.


Efectivamente, es bueno que podamos hacer sustituciones, porque la
ponencia tiene que ser muy ágil y va a haber muchas reuniones.


Los ponentes del Grupo Popular serían María del Carmen de Aragón,
Alfonso Jesús Rodríguez Hevia y Antonio Alarcó, como portavoz de Sanidad.
Y los suplentes, Francisco José Fernández Pérez y Pedro Jareño
Paricio.


Esta es nuestra propuesta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el senador Martínez
Olmos.


El señor MARTÍNEZ OLMOS: Gracias, presidenta.


Buenos días, señorías. El Grupo Socialista se congratula de que
demos el primer paso con la designación de las personas que van a
componer la ponencia. Proponemos a doña Perla Borao y a mí mismo, como
miembros de la comisión. Y como suplentes, al senador Modesto Pose y a la
senadora Ana María Pérez Castilleja.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
tiene la palabra la senadora Palencia.


La señora PALENCIA GARCÍA: Gracias.


En el Grupo Unidos Podemos la ponente seré yo. Y el sustituto será
Iñaki Bernal.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


En cuanto al resto de grupos, como ya he dicho, al contar solo con
un miembro en la comisión, se entiende que este será el que forme parte
de la ponencia. ¿De acuerdo? (Asentimiento).


Por tanto, quedan designados los miembros de la ponencia, que se
reunirá en breve.









DICTAMINAR





PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE INCORPORA AL ORDENAMIENTO
JURÍDICO ESPAÑOL LA DIRECTIVA 2013/11/UE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL
CONSEJO, DE 21 DE MAYO DE 2013, RELATIVA A LA RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE
LITIGIOS EN MATERIA DE CONSUMO.


621/000005

GOBIERNO


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto del orden día:
Dictamen del Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la Directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo.


A este proyecto de ley se ha presentado un veto, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, y treinta y siete enmiendas, de
distintos grupos parlamentarios.


En cuanto al veto de Esquerra Republicana, el grupo ha anunciado a
la letrada poco antes de la comisión que no iba a acudir a la sesión. Por
tanto, el veto decae.


Pasamos, pues, al debate de las enmiendas.


En la reunión de la ponencia, finalizada unos minutos antes de dar
comienzo a esta sesión, se han aprobado las siguientes enmiendas, que
quedan incorporadas al texto del proyecto remitido por el Congreso de los
Diputados: enmiendas números 23 a 26, del Grupo Parlamentario Popular en
el Senado; enmiendas números 2, 4, 5 y 6, del Grupo Parlamentario
Socialista, puesto que ha retirado la enmienda número 3; enmienda
número 20, del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
al artículo 40.2, con la supresión del último párrafo al artículo 39.2; y
enmienda número 22, del Grupo Parlamentario Mixto. Por otro lado, ha sido
firmada una enmienda transaccional por todos los grupos presentes en la
ponencia y en esta comisión que modifica la letra l) al
artículo 29.1.


Por tanto, como el veto ha decaído, pasamos a la defensa de las
enmiendas.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Señora presidenta, para una cuestión
de orden.


¿Queda constancia, con lo que usted ha relatado, de que la
enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Socialista, es igual que la
enmienda número 24, del Grupo Popular, excepto en las letras n) y h)?
¿Queda así? ¿En esos términos?


La señora PRESIDENTA: Efectivamente. Queda en esos términos.


Como he dicho, a este proyecto de ley se han presentado treinta y
siete enmiendas.


Por el Grupo Mixto, para la defensa de la enmienda número 22,
tiene la palabra la senadora Castilla.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Buenas tardes, señorías. La Agrupación Socialista Gomera ha
presentado una enmienda de modificación de la Disposición adicional
segunda, relativa a las entidades de resolución alternativa en el ámbito
de protección de los usuarios del transporte aéreo, que doy por
reproducida y defendida. Únicamente quiero destacar que el objetivo de la
enmienda es mejorar la protección de los usuarios, fundamentalmente de
los usuarios del transporte aéreo. Teniendo en cuenta lo manifestado
previamente en esta comisión, agradezco con carácter previo la aceptación
de la enmienda, aunque o reiteraré en el turno de portavoces, y su
incorporación al proyecto de ley que aquí nos ocupa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Castilla.


Para la defensa de las enmiendas números 28 a 37, por el Grupo
Parlamentario Nacionalista Partit Demòcrata-Agrupación Herreña
Independiente-Coalición Canaria, tiene la palabra la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidenta.


En primer lugar, hablaré en nombre del PDECAT, el partido al que
represento. Quisiera que constara en acta lo siguiente: dada la situación
vivida ayer en Cataluña, quiero poner en valor la convicción democrática,
defendiendo nuestros derechos y actuando con la legitimidad que nos
dieron unas elecciones, porque esto va de democracia, y defender las
instituciones catalanas. Y lo único que queremos es votar.


Dicho esto, el PDECAT da por defendidas las enmiendas y queremos
hacer constar que se mantengan vivas para ser debatidas en el Pleno. Y
aprovecho para manifestar que nosotros votaremos en contra del texto de
la ponencia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, senadora Abad.


Creo que nadie pone en duda el espíritu democrático de todos los
grupos parlamentarios que constituyen esta Cámara y esta comisión.


Para la defensa de la enmienda número 27, del Grupo Parlamentario
Vasco en el Senado, tiene la palabra la senadora Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias, señora presidenta.


Se trata de una enmienda a la disposición final primera del
proyecto de ley, que indica que la ley se dicta en base a las
competencias exclusivas que corresponden al Estado, a lo que nosotros
queremos añadir que, además, sea sin perjuicio de las competencias
exclusivas que corresponden a las comunidades autónomas en materia de
protección y defensa de los consumidores y usuarios. No negamos las
competencias exclusivas del Estado en una ley de procedimiento. De hecho,
no sustituimos; eso lo mantenemos. Solo añadimos, porque creemos que no
se puede olvidar la distribución competencial del Estado. Euskadi es
competente en la protección y defensa de los consumidores y usuarios, y
no queremos que se pueda cuestionar en algún momento la capacidad de
regulación que tenemos. Repito que no negamos la competencia exclusiva
del Estado, pero aunque sea una ley procedimental hay aspectos que al
final pueden acabar afectando a cuestiones materiales. Hay cuestiones
conexas, y por eso proponemos esta adición al texto, que supone una
salvaguarda de esas competencias.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Para la defensa de las enmiendas 7 a 21, por el Grupo Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el senador Bernal.


El señor BERNAL LUMBRERAS: El Grupo Unidos Podemos ha presentado
una serie de enmiendas a este proyecto de ley. Quiero destacar la
número 20, al artículo 40, con la que proponemos que queden especificadas
las vías que van a utilizar los empresarios para que los consumidores
puedan hacer las reclamaciones y cómo informar sobre ellas. En cuanto al
resto de enmiendas, ya las hemos concretado antes, por lo que no voy a
hacer referencia a ellas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la
senadora Borao.


La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, presidenta.


El Grupo Parlamentario Socialista se encuentra muy satisfecho del
trabajo realizado por nuestros parlamentarios, por el grupo de trabajo,
que ha hecho posible que este proyecto de ley llegue con unas condiciones
mucho más ventajosas para todos los consumidores. Particularmente,
estamos muy contentos con la enmienda número 6, porque con ella
conseguimos que las compañías aéreas se vean obligadas a participar de
esta resolución alternativa de litigios y que eso tenga carácter
vinculante, lo que creemos que es absolutamente trascedente e importante,
siendo esto lo más destacable. El resto de enmiendas que hemos presentado
en el Senado son de tipo técnico. Y hemos retirado una de ellas por puro
consenso, para evitar que esto se alargue, porque realmente ya vamos
contrarreloj.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, senadora Borao.


Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de las
enmiendas 23 a 26, tiene la palabra el senador Canals.


El señor CANALS LIZANO: Muchas gracias, señora presidenta.


Este proyecto de ley llega a esta Cámara con un amplio consenso,
que ya se realizó por el esfuerzo de los grupos políticos en el Congreso.
De las 116 enmiendas presentadas en el Congreso, 58 se incorporaron
directamente o bien sufrieron alguna transacción y se incorporaron
posteriormente al informe. Además, en la votación de la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales del Congreso el texto se aprobó por una
amplia mayoría: consiguió 35 votos a favor y solo 2 en contra. Por tanto,
viene ya con un bagaje muy importante de consenso entre los diferentes
grupos. Y aquí también se está dando. Quiero agradecer a los diferentes
grupos las facilidades que se han dado, especialmente al Grupo
Socialista, incluso por la retirada de su última enmienda. Creo, pues,
que aquí vamos a conseguir también un gran apoyo a este proyecto de
ley.


Como se ha comentado, en el Senado se había presentado un veto,
que ha decaído, y 36 enmiendas. De estas, 10 se han incorporado
directamente en la ponencia y se han corregido dos erratas. Por tanto, en
este momento quedan pocas enmiendas que debatir.


Y aprovecho ya para hacer uso del turno en contra. No vemos
oportuno incorporar el resto de enmiendas a este informe. Algunas de
ellas ya fueron transaccionadas en el Congreso y de alguna forma,
incorporadas, pero parece ser que algunos grupos han preferido
mantenerlas.


En relación con la enmienda del Grupo Vasco, no encuentro en esta
ley nada que parezca que menoscabe las competencias de las comunidades
autónomas en ningún momento. Por tanto, creo que tampoco es necesario
incorporarla. Y respecto del resto de enmiendas, o no se ajustan a la
directiva o tratan sobre normativas que no vienen al caso. Por lo tanto,
nuestra posición respecto de esas enmiendas es, como digo, el voto en
contra.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Una vez realizado el turno en contra, pasamos al de
portavoces.


Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la senadora Castilla.


La señora CASTILLA HERRERA: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, el proyecto de ley que nos ocupa, por el que se
incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva comunitaria
relativa a la resolución alternativa de litigios en materia de consumo,
ha sido y es muy esperado por todos los consumidores, puesto que una cosa
es que tengan esos derechos plasmados en el papel y cosa bien distinta es
que vean cómo son ejercidos de forma eficaz y eficiente. Y entiendo que
al transponer esta directiva con este proyecto de ley lo vamos a
alcanzar.


Señorías, según la Tabla del balance de 2016 realizada por Facua
—una organización no gubernamental de consumidores en acción—
sobre las consultas y reclamaciones de los consumidores, el sector
automovilístico se lleva la medalla, con el 51,1 % de las reclamaciones,
seguido del sector de las telecomunicaciones, que hasta ahora lideraba el
ranking, con un 15,3 % de estas; y en tercer lugar se encuentra el sector
energético, que acumula el 6,5 % de las quejas. Respecto de este último,
la defensora del Pueblo, en su informe Avance relativo al periodo de
enero a junio de 2017, dedica un apartado específico al estudio sobre la
protección de los consumidores vulnerables en materia de energía
eléctrica que creo que debe servir de punto de partida para los futuros
desarrollos reglamentarios del proyecto de ley que hoy nos ocupa. Y aquí
lo dejo apuntado, en la medida en que es responsabilidad de todos atender
a estas necesidades, trabajar y adoptar medidas para proteger aún más a
estos consumidores vulnerables.


Sentado lo anterior, partiendo del hecho de que todo es mejorable,
y teniendo en cuenta el ámbito de consenso y diálogo que ha reinado en
esta ponencia, la Agrupación Socialista Gomera considera muy positivo el
presente proyecto de ley por varios motivos. En primer lugar, por razones
de índole técnica y jurídica y porque es de obligado cumplimiento que
España, al ser un Estado miembro de la Unión Europea, transponga la
directiva comunitaria y la incorpore al ordenamiento jurídico español. En
segundo lugar, porque se encarga de supuestos en los que el empresario y
el consumidor residen en países distintos, en Estados miembros distintos.
Podemos ver ejemplos muy claros de ello en el caso del comercio
electrónico. Y, en tercer lugar, porque en su tramitación, tal como he
dicho, he observado que se ha negociado y se han incluido aspectos muy
relevantes, entre los que me gustaría destacar el principio de gratuidad
en la reclamación de los consumidores. No podemos olvidar que muchas
personas no reclaman por el pequeño importe que les supone la adquisición
del bien o servicio frente al gran coste económico y burocrático que
supone la reclamación y el procedimiento frente a los empresarios que
ello conlleva. También me gustaría destacar como un hito importante la no
limitación por razón de la cuantía, pues antes algunas reclamaciones se
quedaban fuera al no alcanzar el umbral exigido. Y quisiera resaltar de
forma positiva que se impida la acreditación dentro de las entidades de
resolución alternativa de litigios a aquellas personas que estén
empleadas por el empresario reclamado. Eso es loable por muchas razones,
pero fundamentalmente por los criterios de imparcialidad y ética en la
actuación de las mismas. Con respecto a las juntas arbitrales, he
observado que se hace un esfuerzo para contar con más medios humanos y
materiales para mejorar su funcionamiento y capacidad de respuesta.
Espero que este compromiso se vea reflejado en los próximos Presupuestos
Generales del Estado.


En relación con las comunidades autónomas y sus competencias, el
proyecto de ley parece que las respeta. Lo cierto es que juegan un papel
vital en el día a día de los consumidores, ya que, junto con los
ayuntamientos y los cabildos insulares, son las administraciones más
cercanas a los ciudadanos. Y aquí quiero hacer un alto en el camino, pues
es un hecho más que contrastado que la mayor parte de los consumidores y
empresarios continúan sin conocer los derechos y los procedimientos a los
que tienen acceso como vías de recurso extrajudicial para resolver estos
problemas. Lo debemos solucionar haciendo más esfuerzos, con dotaciones a
más medios informativos y publicitarios de todas las administraciones que
tengan competencia en la materia.


Señorías, el objetivo de la directiva origen del proyecto de ley
que nos ha traído aquí es obligar a los Estados miembros a garantizar a
los consumidores residentes en la Unión Europea la posibilidad de
resolver sus litigios con empresarios establecidos en cualquier Estado
miembro mediante la intervención de entidades de resolución alternativa
de litigios que ofrezcan una alternativa extrajudicial al litigio y que
sean independientes, imparciales, trasparentes, efectivas, rápidas y
justas. Y espero que así se consiga. En definitiva, lo que nos debe
preocupar es mejorar y reforzar los mecanismos de garantía de los
derechos de los usuarios. Con este proyecto de ley creo que damos un gran
paso, pero lo más importante es que los derechos y procedimientos no se
queden en el papel, como he dicho, sino que sean una realidad palpable
por todos los consumidores. Así habremos conseguido el objetivo que todos
ellos nos han encomendado al traernos aquí como representantes
suyos.


Desde aquí quiero anunciar el voto favorable de la Agrupación
Socialista Gomera al proyecto de ley que nos ocupa.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario Nacionalista, tiene la palabra
la senadora Abad.


La señora ABAD GIRALT: Gracias, presidenta.


En nombre del PDECAT, solo quiero hacer constar nuestro voto en
contra del texto de la ponencia.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Vasco, tiene la palabra la senadora Ahedo.


La señora AHEDO CEZA: Muchas gracias.


De la intervención del portavoz del Grupo Popular deduzco que la
enmienda que hemos presentado no va a ser incorporada al dictamen de la
comisión, pero nosotros queremos mantenerla para el Pleno. Por esa razón
nos vamos a abstener en la votación del dictamen, sin perjuicio de cuál
pueda ser nuestro voto en el Pleno, cuando sea aprobada la ley.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, tiene la palabra el
senador Bernal.


El señor BERNAL LUMBRERAS: Gracias, presidenta.


En el Grupo Unidos Podemos vamos a mantener la línea que hemos
acordado en el Congreso, que es ofrecer un voto positivo a esta ley,
destacando dos elementos con los que habríamos querido que se hubiese
avanzado más, como son la cuestión de las competencias territoriales a la
hora de tener la capacidad de designar las agencias de mediación y, sobre
todo, que la gestión de esas agencias de mediación hubiese sido pública.
Son aspectos en los que no coincidimos con esta ley, pero, a pesar de
estos escollos, vamos a votar que sí.


Consideramos que este voto es consecuencia de un trabajo, un
diálogo y una búsqueda de puntos de acuerdo para mejorar las condiciones
transaccionales entre consumidores y empresarios o proveedores de
servicios. El objetivo, sobre todo, es proteger al consumidor ante los
abusos que hemos conocido en el pasado, abusos desmedidos por diferentes
sectores, como bancarios, aerolíneas o nuevas tecnologías. En un mundo
global, la persona queda en situación de vulnerabilidad ante sus derechos
por la globalización y el mercado global de grandes empresas
trasnacionales, que dejan al individuo como un elemento aislado que solo
puede ser protegido por una ley que garantice un trato de igual a igual
entre individuo y empresas o proveedores de servicios y consumidor.


Queremos concretar que en el Congreso se llegó a acuerdos sobre la
gratuidad del servicio de resolución alternativa de conflictos, así como
para que no haya una cuantía máxima ni mínima para el acceso a estos
servicios, acuerdos que se van a mantener en el Senado y que permiten así
mejorar la ley, respetando los objetivos principales.


Nuestro grupo parlamentario también de una importancia de primer
orden a una cuestión que no se pudo resolver satisfactoriamente en el
Congreso y que invito a los presentes a discutir aquí. Me refiero a la
resolución de conflictos en el sector financiero y de seguros, así como
en el de transporte aéreo. Ambos afectan a un número elevadísimo de
ciudadanos, tanto por su frecuencia como por su cuantía económica. Como
hemos visto recientemente, estos sectores son blanco de conflictos
constantes. Las preferentes, los bonos, las hipotecas han abierto
telediarios por las estafas a las que ha sido sometida la ciudadanía de
este país. Por otro lado, el transporte aéreo también ha sido
protagonista en numerosos conflictos con los consumidores: desde retrasos
hasta cancelaciones de vuelos de última hora por motivaciones únicamente
imputables a las compañías en cuestión. Es de sobra conocido lo costoso y
complicado que resulta enfrentarse a una gran compañía aérea, lo que
obliga a muchas personas que han sido perjudicadas por esta a renunciar a
proseguir con la resolución del conflicto por lo complejo que les resulta
continuar con ello.


En ambos casos la ley propone que sean los ministerios de Economía
y Fomento los que se ocupen de la resolución alternativa del litigio. La
enmienda que presenta el PSOE, y que han acordado ustedes en esta Cámara,
va en la línea de dejar en el aire de forma indeterminada, a criterio del
ministro o ministra de turno, la responsabilidad del organismo que debe
resolver el litigio, en vez de definirlo ya en esta ley.


Consideramos que este mundo sigue cambiando a un ritmo vertiginoso
y que la concentración del poder en unas pocas manos es todavía mayor en
el campo de le economía. Está desapareciendo el comercio local y el
consumo online se está destacando como candidato a un nuevo modelo de
consumo hegemónico. Nuestro deber como cargos públicos ante la
concentración de capital, la unificación de mercados y el poder creciente
de las grandes corporaciones es proteger a los ciudadanos y consumidores,
que únicamente disponen de las herramientas públicas e instituciones para
estar en igualdad de condiciones ante las grandes empresas y las
multinacionales.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra la senadora Borao.


La señora BORAO AGUIRRE: Gracias, señora presidenta.


Quiero iniciar mi intervención manifestando que considero que es
de justicia reconocer el trabajo realizado en el Congreso y el grado de
consenso conseguido gracias a la aceptación de las enmiendas presentadas
por mi grupo, también aquí, en el Senado. Como ya he dicho, estamos
bastante satisfechos por ello, así como por la actitud negociadora y de
consenso del Grupo Popular y de muchos de los grupos aquí presentes. Creo
que estamos de enhorabuena porque, como consumidores que somos todos y
como defensores de los derechos de los ciudadanos, hemos avanzado en
alguna materia de forma muy relevante.


La primera lectura de este proyecto de ley que llegó al Congreso
evidenciaba una falta de sensibilidad del Gobierno al proponer tasas para
la resolución alternativa de litigios que impedían la gratuidad y la
universalidad de estos procedimientos. Por eso presentamos enmiendas.
Tras la negociación, se consiguió que se excluyeran cuantías inferiores
a 30 euros o mayores de 10 000, que representan el 90 % de los litigios.
El Grupo Socialista considera que el sistema de resolución alternativa de
litigios tiene que ser universal. Por tanto, no ha de encontrar
limitación por razón de la cuantía reclamada puesto que representa una
garantía para los consumidores en sus relaciones con las empresas.
También es importante destacar que el plazo de resolución de 90 días, si
no iba acompañado de una ayuda o dotación suficiente para los sistemas de
arbitraje, agravaba la situación de esas juntas, tan maltrechas que no
podían haber asumido este punto. Esto se consiguió gracias a nuestra
propuesta, a otra enmienda y al consenso.


Quiero comentar otros dos puntos conseguidos merced a otras
enmiendas presentadas por este grupo, como la obligatoriedad de la
adhesión de las entidades financieras, muy especialmente, como hemos
comentado, el de las compañías aéreas. Es un hito histórico que nos
afecta a todos porque, además de la resolución en el caso de las
compañías aéreas, esta será vinculante, algo muy importante si
contemplamos los hechos acaecidos recientemente con la suspensión de
miles de vuelos de Ryanair, algo que podría afectar hasta 400 000
usuarios de toda Europa. Si esta ley estuviera en vigor, podrían
beneficiarse de ello.


Hay un punto que fue necesario enmendar, que la acreditación como
entidades de resolución de litigios en materia de consumo no fuera
posible por aquellas personas que fueran empleadas o retribuidas por el
empresario reclamado. De todos los países de la Unión Europea, solo en
Francia se utiliza este método. Cualquier otro método parecido que se ha
utilizado para esta resolución no ha sido bien acogido en España. Por
tanto, pensamos que es bueno que sigamos este criterio establecido en los
Estados miembros ya que pensamos que dará mayor confianza a los
consumidores que viajan, a los que compran online y también a los que
realizan diversas transacciones en diferentes mercados de la Unión
Europea.


Con respecto al tema competencial, no encontramos razones
suficientes para impedir que, en su ámbito territorial, sean las
comunidades autónomas las autoridades competentes para la acreditación de
entidades de resolución alternativa, sin perjuicio de que el Estado sea
el competente para acreditar las de ámbito supraautonómico.


Nosotros creemos que esta normativa abre cauces para la resolución
no judicial de litigios. El Partido Socialista, como partido de gobierno,
ocupado y preocupado por la protección de los consumidores, ha
desarrollado leyes y decretos desde 1983 a través de la Ley de consumo y
los diferentes decretos, y seguimos trabajando para avanzar en la defensa
de los derechos de los consumidores, tal y como se ha puesto de
manifiesto en la mejora de este texto con la incorporación de esta
normativa. De nada serviría ir avanzando en derechos si no establecemos
los procedimientos para ser ejecutados, imprescindibles, por otra parte,
para que cumplan los requisitos establecidos en esa normativa de
imparcialidad, transparencia y, además, para que sean efectivos, rápidos
y justos.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


Por el Grupo Popular, tiene la palabra la senadora Riolobos.


La señora RIOLOBOS REGADERA: Muchas gracias, señora
presidenta.


Señorías, quiero empezar mostrando, en nombre de mi grupo, el
apoyo al Gobierno de España, agradeciendo especialmente a los partidos
políticos Socialista y Ciudadanos el apoyo que han mostrado al
funcionamiento de la justicia y especialmente a los jueces, los fiscales
y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en defensa del Estado de
derecho en Cataluña.


En relación con la ley que nos ocupa, que es una transposición de
una directiva europea sobre la resolución alternativa de litigios en
materia de consumo, vamos a conseguir un gran avance con la aprobación de
esta nueva ley porque va a permitir mejorar la capacidad que van a tener
todos los consumidores y usuarios de España a la hora de defender sus
derechos. En este sentido, 46,6 millones de españoles se van a ver
beneficiados. Por lo tanto, señorías, creo que tenemos que estar muy
orgullosos de que esta ley se apruebe cuanto antes y se pueda aplicar, en
línea con lo manifestado por el resto de portavoces que me han precedido
en el uso de la palabra.


Creemos que es muy importante dotar de este instrumento a los
consumidores, que va a permitir que de una forma más rápida, más eficaz y
de forma gratuita puedan defender sus derechos, especialmente en los
sectores que siempre son más problemáticos, como se ha comentado, y en
los cuales suele haber mayor número de reclamaciones o de quejas por
parte de los consumidores. En ese sentido, los avances en las compañías
aéreas y en las empresas financieras son realmente significativos.


A lo largo de esta legislatura, el Gobierno de España ha intentado
garantizar el más alto nivel de protección de los consumidores. A este
respecto, quiero tranquilizar a sus señorías porque en los Presupuestos
de 2017 se incrementó la partida presupuestaria para consumo en
un 26,83 %, y estamos convencidos de que se va a seguir incrementando
en 2018. ¿A qué se han destinado fundamentalmente estos recursos? A
proteger los ámbitos en los que hay más quejas, como son el sector
financiero, el sector energético y el sector de las nuevas tecnologías,
que, como decía antes, acumulan el máximo de reclamaciones, quejas o
denuncias por parte de los consumidores. Creo que se ha avanzado mucho en
la coordinación con las comunidades autónomas, que tienen una amplísima
gama de competencias en materia de protección de los consumidores. Se ha
trabajado muy bien con el Centro Europeo del Consumidor. Por otra parte,
se está avanzando mucho en el Observatorio de Internet para garantizar la
defensa de los consumidores en el comercio electrónico. Asimismo, se está
potenciando la Agencia Española de Protección de Datos para garantizar el
consumo que hacemos todos diariamente en internet para que estén
garantizados nuestros derechos como consumidores y usuarios de estos
servicios a través de internet. También se está potenciando el Instituto
Nacional de Ciberseguridad para garantizar los derechos de los usuarios.
Tanto la Aecosan como el Consejo Nacional de Consumidores y Usuarios
están trabajando en la defensa de los consumidores y creemos que esta Ley
de resolución alternativa de litigios en materia de consumo viene a fijar
algo que es importantísimo. En primer lugar, los requisitos que deben
tener las entidades que van a resolver los conflictos. En segundo lugar,
cómo se produce el procedimiento de acreditación de estas entidades a
nivel nacional, qué obligaciones tienen estas entidades, quién es la
autoridad nacional —en este caso la Aecosan— y que estos
beneficios van a afectar a todos los consumidores tanto en litigios que
tengan de carácter nacional como transfronterizos, que benefician no solo
a los consumidores españoles, sino también a todos los consumidores
europeos por extensión.


Creemos que deja claro cuál es la relación entre los consumidores
y los empresarios, donde casi siempre, en todo el articulado, y sobre
todo en las correcciones que se han introducido en las enmiendas del
Grupo Socialista y de otros grupos tanto en el Congreso de los Diputados
como en el Senado, siempre a los consumidores se les da un poco más de
ventaja que a los empresarios, aunque a los empresarios se les da también
las garantías de saber cuáles son sus obligaciones. Aparte de la
gratuidad y de poner en su sitio a las compañías aéreas y a las entidades
financieras, hay un dato muy importante, y es que la resolución de
conflictos tiene un plazo máximo de 90 días, antes creo que era entre
seis y ocho meses. Por tanto, hay una ventaja que es muy importante.
También lo es la garantía de independencia, imparcialidad, transparencia
y que sean efectivas, rápidas y justas todas estas resoluciones. En este
sentido, hemos avanzado mucho y es importante que salga con el alto nivel
de consenso con el que entendemos que va a salir esta ley.


Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Socialista, y
especialmente a la senadora Borau, su amabilidad, su receptividad y,
sobre todo, el trabajo que han hecho para mejorar esta ley. Al Grupo
Mixto, especialmente a la senadora Castilla, y al senador Marcos, de
Ciudadanos, por su receptividad y porque han mejorado también con sus
enmiendas esta ley. Al Grupo Parlamentario Podemos, especialmente al
senador Bernal —el ponente de la ley— porque ha estado
siempre muy receptivo a las sugerencias que le hemos hecho; también ellos
han sido muy amables con las enmiendas que han presentado. Y, cómo no, a
la senadora Ahedo, del Grupo Parlamentario Vasco, a la senadora Azamar
—que no nos acompaña hoy— de Esquerra Republicana de
Cataluña, y a las senadoras Rivero y Abad del PDECAT por la amabilidad
que han tenido también al escucharnos en la tramitación de esta ley.


Esperemos que todo esto que vamos a aprobar vaya en beneficio,
como queremos, de los ciudadanos para que esos 46,6 millones de españoles
tengan cada vez más derechos y los puedan ejercer mejor.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


A continuación, procedemos a la votación del informe de la
ponencia con las enmiendas que han sido aprobadas.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a
favor, 24; en contra, 1; abstenciones, 1.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la comisión
relativo al Proyecto de Ley por la que se incorpora al ordenamiento
jurídico español la directiva 2013/11/UE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de mayo de 2013, relativa a la resolución alternativa de
litigios en materia de consumo.


Quiero informar a sus señorías de que los votos particulares deben
presentarlos como muy tarde mañana para que poder defenderlos en el
Pleno; aquellos que los quieran presentar, lógicamente.


¿Tiene algún miembro de la comisión interés especial en presentar
la ley ante el Pleno, o la presento yo como presidenta? (Asentimiento).
Muchas gracias por su confianza.


Se levanta la sesión.


Eran las trece horas y cuarenta minutos.