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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 98, de 30/05/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 98
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 23
celebrada el miércoles,
30 de mayo de 2018
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Informe de fiscalización del grado de cumplimiento de los planes para la corrección de los desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los efectos de su aplicación en la estabilidad presupuestaria por los ayuntamientos con población
de entre 75 000 y 150 000 habitantes. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000251 y número de expediente del Senado 771/000248) ... (Página2)
- Informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadalajara. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000252 y número
de expediente del Senado 771/000247) ... (Página8)
- Informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ejercicio 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000250 y número de expediente del Senado 771/000249) ...
- Informe de fiscalización de la gestión y control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000254 y número
de expediente del Senado 771/000251) ... (Página22)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS PLANES PARA LA CORRECCIÓN DE LOS DESEQUILIBRIOS FINANCIEROS VIGENTES EN 2014 Y DE LOS EFECTOS DE SU APLICACIÓN EN LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA POR LOS AYUNTAMIENTOS CON POBLACIÓN
DE ENTRE 75 000 Y 150 000 HABITANTES. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000251 y número de expediente del Senado 771/000248).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.
Vamos a dar comienzo a esta Comisión y les comunico que, de mutuo acuerdo, va a haber una alteración en el orden del día, de tal forma que el número 2º de la convocatoria del orden del día se debatiría en primer lugar; el que tiene número
3º, el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Guadalajara, se debatiría en segundo lugar; el informe de fiscalización de la actividad crediticia en tercer lugar, y el que tiene el número cuatro quedaría en el mismo puesto.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia del presidente del Tribunal de Cuentas que, como ven todos ustedes, ya se ha recuperado. Sin más dilación, damos paso al informe de fiscalización del grado de cumplimiento de los planes para la
corrección de desequilibrios financieros vigentes en 2014 y de los efectos de su aplicación en la estabilidad presupuestaria para los ayuntamientos con población entre 75 000 y 150 000 habitantes.
Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
Se han fiscalizado cincuenta y tres planes de distinta naturaleza -de ajuste, de saneamiento, de reducción y deuda y económico-financieros- vigentes en 2014, aprobados por un total de treinta y nueve ayuntamientos. Por lo que se refiere a
la evolución de la situación económico-financiera de las entidades, desde que se advirtió la necesidad de formular un plan, a 31 de diciembre de 2016 continuaban en vigor veintiocho de los planes fiscalizados, habiéndose finalizado los veinticinco
restantes. Los planes de saneamiento aprobados, como condición necesaria para concertar el endeudamiento bancario previsto en el Real Decreto-ley 5/2009, presentaron una baja eficacia, pues de las nueve entidades que los adoptaron solo dos
-Roquetas de Mar y Torrevieja- consiguieron reequilibrar el remanente de tesorería para gastos generales. Destaca la evolución negativa de los Ayuntamientos de Lleida y Parla en el periodo 2012-2015.
Las veinticinco entidades locales que tenían un plan de ajuste en vigor al cierre, del ejercicio 2016, han cumplido los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de dicho ejercicio salvo los Ayuntamientos de Jaén y
Parla, que tuvieron necesidad de financiación, situación prevista en el plan del primero de ellos. De los cuatro ayuntamientos que a 31 de diciembre de 2014 contaban con un plan de reducción de deuda, dos de ellos incumplieron el objetivo previsto
para el ejercicio 2016, si bien se estima posible el cumplimiento del plan por el Ayuntamiento de Manresa y el de Torrent se adhirió al Fondo de Impulso Económico y Local.
En relación con las medidas incluidas en los planes, respecto a su coherencia con la situación preexistente, su viabilidad y su grado de cumplimiento, cabe destacar las siguientes conclusiones. Nueve de los treinta y cuatro ayuntamientos
con plan de ajuste en vigor a 31 de diciembre de 2014, no ofrecían información sobre el volumen de ahorro generado, por lo que se desconoce la viabilidad y el grado de ejecución de las medidas previstas en los respectivos planes. Otros seis
ayuntamientos, cuyos planes de ajuste se mantenían en vigor a 31 de diciembre de 2016, obtuvieron un grado de ejecución total de las medidas previstas inferior al 50 %. Ninguno de los planes económico-financieros vigentes a 31 de diciembre de 2014,
correspondientes a los ayuntamientos de Avilés y Pontevedra, preveía medidas concretas para el cumplimiento de la regla de gasto, al considerar su desequilibrio como coyuntural. En general, los planes de saneamiento al amparo del Real Decreto-ley
5/2009 no preveían medidas concretas dirigidas a la obtención de ahorros que permitieran la consecución de sus objetivos o, en los casos en que sí lo hacían, no se cuantificaba dicho ahorro. La ausencia de cuantificación y evaluación de los
objetivos
intermedios imposibilita llevar a cabo un adecuado seguimiento y control del cumplimiento de los propios planes, lo que puede vincularse al bajo desempeño generalizado de tales planes.
Respecto al resto de planes de saneamiento fiscalizados, los de los ayuntamientos de Reus y Mataró no contenían medidas concretas de ahorro, incluyendo estimaciones de ingresos y gastos que se cumplieron en la ejecución presupuestaria. En
el caso de los planes de reducción de deuda, se considera poco realista el incremento de ingresos necesario para cumplir la estimación del nivel de endeudamiento del Ayuntamiento de RivasVaciamadrid, así como la reducción del nivel de deuda prevista
en el plan de saneamiento del Ayuntamiento de Manresa. El informe también se refiere a la razonabilidad de los indicadores de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera y su coherencia con la contabilidad presupuestaria, así como la
adopción, en su caso, de medidas oportunas para corregir situaciones de desequilibrio.
Un total de veintitrés entidades tuvieron incidencias en la determinación de la capacidad o necesidad de financiación o del gasto computable en alguno de los ejercicios del periodo 2012-2016. Conforme a la evaluación realizada por las
respectivas intervenciones, treinta y nueve de las cincuenta y tres entidades locales incumplieron el objetivo de estabilidad presupuestaria o la regla de gasto en algún momento del citado periodo. Sin embargo, solo catorce de aquellas aprobaron el
preceptivo plan económicofinanciero. Por tanto, veinticinco entidades incumplieron la normativa en cuanto a la aprobación de planes económicofinancieros, si bien doce de ellas los habían aprobado solo en relación con alguno de los incumplimientos
de las reglas fiscales del periodo.
Finalmente, en el periodo 2012-2016, un total de treinta y un entidades presentaron un endeudamiento excesivo, superior al 75 % de los ingresos corrientes. Con la excepción de los ayuntamientos de Algeciras, Huelva, Jaén, Lleida, Mataró y
Parla, todas ellas habían logrado reducir en el ejercicio 2016 su nivel de endeudamiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor Álvarez de Miranda. El Tribunal de Cuentas analiza el grado de cumplimiento por parte de los ayuntamientos con población entre 75 000 y 150 000 habitantes de la corrección de los desequilibrios financieros. Existen
distintos tipos de planes para la corrección de esos desequilibrios financieros. En cuanto al plan de ajuste, al plan económicofinanciero y al plan de saneamiento junto al plan de reducción de deuda quisiera hacerle alguna pregunta y, a su vez,
hacer alguna mención a todos ellos. En primer lugar, en cuanto al plan de ajuste es, evidentemente, un plan de acceso a algunos de los mecanismos de facilidad financiera y de apoyo de liquidez del Estado. Funciona relativamente bien, y así lo
hemos visto en el informe. Nos ha comentado que de nueve de los treinta y cuatro no hay información sobre esos planes de ajuste y de los treinta y cinco fiscalizados solo seis mostraron problemas de desviaciones negativas generalizadas en la
ejecución. Por eso le pregunto si existe algún denominador común entre todos estos casos. En segundo lugar, en cuanto al plan económicofinanciero, el incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, del objetivo de deuda pública o de la
regla de gasto obliga, evidentemente, a un plan económico-financiero que permita el cumplimiento del año en curso y el siguiente. El problema que vemos es que el 64 % de las entidades fiscalizadas incumplían ese objetivo de estabilidad
presupuestaria o regla de gasto y, en algún momento del mencionado periodo incumplieron la normativa, ya que no aprobaron el preceptivo plan económicofinanciero. En cuanto al plan de saneamiento, este se configura como un instrumento correctivo de
planificación estratégica y el propio tribunal expone una baja eficacia de los planes de saneamiento pues solo el 22 % de las entidades que lo adoptaron consiguieron a su finalización reequilibrar el remanente de tesorería. En general, estos planes
no contenían medidas concretas a implementar ni cuantificar ese ahorro a conseguir. Aplaudo las propuestas que realiza el Tribunal de Cuentas.
Finalmente, en cuanto a los planes de reducción de deuda, este es un instrumento para refinanciar esas operaciones de crédito a largo plazo, pero el tribunal apunta, señor Álvarez de Miranda, que tiene previsiones poco realistas. Dice
textualmente: y viables de esos planes para alcanzar el nivel de endeudamiento previsto. Le quiero preguntar a qué es debido, es decir, si es debido a falta de profesionales, si es debido a falta de personal, si es idóneo quien lo hace. Sobre
todo, en el sentido de
que nos preguntamos si sobre esto tiene algo que decir la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal. En este informe del Tribunal de Cuentas no se cita a la Airef en ningún punto.
Según el artículo 19 de su Ley orgánica, la 6/2013, de declaración de esta autoridad de responsabilidad fiscal, se encomienda a esta institución realizar un informe previo a su aprobación sobre los planes económico/financieros y planes de
reequilibrio de la Administración central, comunidades autónomas y corporaciones locales; evidentemente empezando en 2014, que es de cuando viene este organismo. Me da la impresión de que hay escasa coordinación y/o colaboración con este organismo
independiente -se lo he comentado en alguna ocasión- y mi pregunta es si es así, si son escasas esa coordinación y esa colaboración qué se podría hacer para mejorarlas, señor Álvarez de Miranda.
Por último, Podemos y PSOE o PSOE y Podemos proponen siempre indistintamente reformar la regla de gasto, pero para nada mejorarla. Yo creo que es importante mejorar esa regla de gasto porque el gasto público debe ser eficaz, debe tener
medidas flexibles que puedan adaptarse a las distintas circunstancias del ciclo y de las entidades, pero sobre todo que cumplan y den seguridad a los ciudadanos en estos días en los que la verdad es que se tiene mucho miedo por si vuelven a esas
políticas de despilfarro y de barra libre.
Acabo. Sus recomendaciones nos merecen una alta consideración, yo creo que habría que tomarlas en cuenta cuando habla de que se adopten esas medidas para que los planes de contenido económico-financiero detallen esos datos, estimaciones y
cuantificaciones. Por último, que se refuercen esos controles establecidos por los órganos de tutela financiera para las entidades locales que se dirijan a que se dé cumplimiento a esas obligaciones de aprobar esos planes económico-financieros, ya
que al final no lo hacen.
Sin más, muchísimas gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Doy también las gracias al presidente del Tribunal de Cuentas por su exposición inicial.
En este informe del Tribunal de Cuentas se hace un seguimiento de la ejecución de los planes de contenido económico que tienen como objetivo corregir desequilibrios financieros de determinados ayuntamientos vigentes en 2014. Esa fecha es
importante retenerla porque es anterior a las últimas elecciones municipales de mayo de 2015. A menudo los nuevos gobiernos municipales han tenido que hacerse cargo del cumplimiento de planes elaborados con anterioridad a su mandato y han heredado
severos desequilibrios financieros de gobiernos municipales anteriores; es el caso, por ejemplo, de muchos de los ayuntamientos del cambio.
El Partido Popular, primero llevó a la ruina a nuestros ayuntamientos, para después adoptar severas medidas de ajuste contra ellos. La combinación de ambos procesos ha repercutido muy negativamente en la capacidad de los ayuntamientos de
asistir a sus vecinas y vecinos en medio de una coyuntura social difícil y muy dolorosa para el conjunto de las familias. Hay cuatro tipos de planes cuya ejecución ha sido fiscalizada en este informe: el plan de ajuste, el plan
económico-financiero, el plan de saneamiento y el plan de reducción de deuda. En general la valoración que se hace del estado financiero de los ayuntamientos indica una evolución positiva a partir de indicadores como el plazo de pago medio a
proveedores, el remanente de tesorería o el cumplimiento de algunos objetivos. Sin embargo es más problemático el balance sobre la coherencia, la viabilidad y el grado de cumplimiento de las medidas establecidas.
Paradójicamente ha habido diversos ayuntamientos gobernados también por el Partido Popular que no solo han tenido que elaborar planes de ajuste, sino que después no han cumplido con las medidas establecidas en aquellos o ni tan siquiera han
facilitado la información necesaria para su fiscalización. Por ello, en nuestro grupo parlamentario cuestionamos y queremos plantearle al presidente del Tribunal de Cuentas si considera que los instrumentos de ajuste financiero han sido los más
adecuados para la mejoría de la situación de nuestros ayuntamientos. Nos parece que hay un desajuste importante entre fines y medios y que estos últimos, incluso en muchas ocasiones, han llegado a ser lesivos; de hecho, nos parece que en las
recomendaciones del informe se cuestiona -como ya se ha hecho por parte de otras entidades y otras administraciones- el diseño de estos planes.
La posición de Unidos Podemos ya es conocida por todos sobre esta cuestión. Hace escasos meses presentamos en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para flexibilizar la regla de gasto, una propuesta de mínimos para que los
ayuntamientos no se vean atados de manos para usar sus propios recursos, pero además, en línea con lo que plantea el informe, nos parece que tiene escaso sentido imponer unos objetivos de déficit y deuda homogéneos para todos los ayuntamientos dadas
las enormes diferencias que pueden llegar a existir entre unos y otros. Sobre esta cuestión, nos gustaría también conocer la opinión del presidente del Tribunal de Cuentas.
Para finalizar, la existencia de planes de reequilibrio financiero puede ser útil para garantizar una senda de viabilidad a medio y a largo plazo. Estamos de acuerdo en que es necesario que estén mejor definidos y haya un adecuado
seguimiento de ellos. Ahora bien, instrumentalizarlos para aplicar la doctrina de austeridad del Gobierno ha tenido efectos muy negativos sobre nuestros ayuntamientos y hoy estamos viviendo esas consecuencias, como también hacerlo sin tomar en
cuenta la difícil coyuntura social que se ha dado en España y sin corregir la histórica infrafinanciación -a nuestro modo de ver nos parece que este es el pecado original- que han sufrido históricamente en España las corporaciones locales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas, por su comparecencia. Este es un informe de fiscalización que incluye una tipología de municipio que no es ni mucho menos la más representativa en cuanto a repetida -por así decirlo- del
panorama municipal español, pero en cualquier caso agradecemos el trabajo realizado por el tribunal y la información que se desprende de él. Entre los antecedentes de la presente fiscalización, señorías, que justifican la inclusión en el programa
del tribunal, el informe incluye una referencia que considero importante traer aquí a colación y que es la siguiente. El tribunal dice -prácticamente al inicio del informe del que nos ocupamos ahora- que en cuanto al origen de los problemas de
liquidez en los agentes económicos y entre ellos en la Administración local, reconoce el descenso de los ingresos -fundamentalmente los procedentes de la gestión urbanística- así como la prestación además de las competencias que le atribuye la
normativa como propias de otras administraciones, principalmente la autonómica -las competencias impropias- y sin contar con la financiación necesaria para ello. Es que, señorías, y abro ahora comillas, 'el contexto en el que se mueve la
administración local parte de un grave problema de financiación estructural que padece desde hace años agravado, lógicamente, por la crisis económica que todos conocemos, que ha provocado un descenso de los ingresos municipales, además de tener que
asumir unas competencias impropias que absorben un 25 % de su presupuesto, cierro comillas'.
Estas palabras no son de ningún portavoz del Partido Socialista ni de un alcalde socialista, sino que son palabras del señor Íñigo Gómez de la Serna cuando todavía ostentaba la alcaldía de Santander. Porque aunque este no sea el tema que
estructura el contenido de este informe, señorías, en el Grupo Socialista no queremos dejar pasar esta oportunidad -como siempre venimos diciendo en esta casa- para reclamar esa financiación y no solamente la adecuada financiación de las
administraciones locales, sino la necesaria lealtad institucional que merece la Administración local de este país, del respeto que se han ganado los municipios españoles, sus alcaldes, sus corporaciones, sus empleados públicos. Entre otras cosas
porque han sido protagonistas principales del saneamiento del conjunto de nuestras cuentas públicas y socios imprescindibles del señor Montoro para presentar ante Bruselas una disminución del déficit público que todos conocemos.
Entrando en el informe en concreto que aquí nos ocupa, el tribunal marca la insuficiencia de los mecanismos de disciplina presupuestaria existentes en aquellos años y confirma la relevancia de determinadas reformas en muchos casos impuestas
por el propio Ministerio de Hacienda, pero nada más precisa luego ni en las recomendaciones ni en el informe del -como decía en su primer párrafo- necesario planteamiento de la reforma de esa financiación local.
Vemos aquí un vasto informe con planes de todo tipo, de diversa índole, una gran batería de medidas puestas en práctica en función de las necesidades de uno u otro municipio con deficiencias que señala el tribunal en muchos casos por falta
de seguimiento de la ejecución de estos mismos planes, por la falta de revisión de aquellos que, por ejemplo, no han dado los frutos deseados e incluso por la diferente
interpretación que se ha llevado a cabo entre las propias intervenciones municipales de los ayuntamientos y el propio ministerio.
En el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que seguramente urge dejar a un lado esta manera de actuar del ministerio, estos modos coercitivos y considerar soluciones más apropiadas para determinados entes locales. Ahí le quiero
preguntar en concreto al tribunal por el caso del Plan de Pago a Proveedores con intereses muy por encima de los del mercado y la manifiesta imposibilidad que tienen muchos de nuestros ayuntamientos de obtener una mejor financiación, teniendo en
cuenta la atadura que tienen ahora mismo esos municipios con el señor Montoro, es decir, qué opinión tiene el tribunal sobre este asunto del Plan de Pago a Proveedores y la posibilidad de acudir al mercado por los municipios para mejorar ese tipo de
financiación.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole Díaz.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Bienvenido, señor presidente, Álvarez de Miranda. Traemos hoy a esta Comisión un informe sobre el grado de cumplimiento de los planes, como dice el título, para la corrección de los desequilibrios financieros vigentes en 2014 y los efectos
de su aplicación a la estabilidad presupuestaria, que algunos parecen no entender o no querer aplicar. ¿De qué planes hablamos? Como dijo el presidente, del plan de ajuste, del plan económico-financiero, del plan de saneamiento y del plan de
reducción de deuda. Los objetivos y procedimientos de este informe, como bien dice él mismo, son analizar la evolución económico-financiera de las entidades locales, examinar las medidas incluidas en los planes -coherencia, viabilidad, grado de
cumplimiento- y valorar la razonabilidad de los indicadores de estabilidad y sostenibilidad financiera, que a veces no son del todo acertados. Como decían mis compañeros, son ayuntamientos de entre 75 000 y 150 000 habitantes. También coincido en
que no son los que más fielmente reflejan el tamaño de los ayuntamientos de nuestro país. Tampoco voy a hacer, como otras veces, un análisis exhaustivo de ayuntamiento por ayuntamiento porque creo que debemos hacer un estudio un poco más
transversal y más conjunto y general de los ayuntamientos fiscalizados.
Estamos hablando de desequilibrios financieros, de planes para corregirlos, del grado de cumplimiento y de su efecto y aplicación en la estabilidad de las entidades locales, tan importantes para la gestión y como ejemplo de la propia gestión
en otras administraciones, como hemos visto. La mayor parte de estos planes se iniciaron al amparo de la Ley orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera; esa ley que casi todos los partidos quieren derogar pero que
después, cuando analizamos y cuando vemos muchos informes, se aprecia la eficacia de su aplicación. Sabemos que hay algunos grupos que lo que es saneamiento, reducción de deuda, equilibrio financiero o superávit parece que les da alergia, pero
efectivamente es lo que tenemos que hacer. Lo que también demuestra este propio informe es que estas medidas han sido beneficiosas, no a lo mejor en el cien por cien de lo que refleja este informe, pero estamos acostumbrados a leer otros muchos
donde de sí, efectivamente, se hace fiel la imagen de la eficacia de la aplicación de esta ley.
Cada uno de estos planes, además, regula o vigila diferentes ratios de la situación económica financiera. Así: el plan de ajuste, la sostenibilidad financiera; el plan económico financiero, los objetivos de estabilidad presupuestaria,
deuda pública y regla de gasto; el plan de saneamiento, ahorro neto, remanente de tesorería y periodo medio de pago; y en reducción de deuda, reducir el nivel de deuda. Muchos de ellos son importantísimos en la gestión diaria de una entidad
local. Parece que antes alegremente se recomendaba en la propia Ley de Bases de Régimen Local la adopción de determinados planes de equilibrio en determinados casos, en función de las ratios que fuesen decretadas por el departamento de Intervención
Económica de la propia entidad local, pero no había como una especie de seguimiento, fiscalización. No quiero hablar de sanción, pero sí de poner medidas para lograr su eficacia y su cumplimiento. La consecución de todos estos planes hace que las
entidades locales efectúen más y mejores servicios. Unas entidades locales eficaces, sostenibles, saneadas y cumplidoras es un reflejo de un mejor servicio al ciudadano, como todos los ciudadanos nos exigen.
Como norma general y siempre considerando que las realidades de cada ayuntamiento son diferentes, desde el punto de vista que nos ocupa, económico y financiero, y que muchas veces están también determinadas por el color político de sus
regidores, en los ayuntamientos fiscalizados -en estos y en otros muchos- vemos la eficacia de esas medidas en el conjunto de su gestión. Pero existen casos,
como dice el propio informe, en la estabilidad presupuestaria o regla de gasto en los que muchos de los ayuntamientos o incumplen o no habían aprobado aún el plan económico-financiero en el periodo fiscalizado, de 2012 a 2016, incumpliendo
así en algunos preceptos la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. ¿Cree el presidente o el tribunal que quizás deban incluirse algunas medidas o valorarse por parte del ente o el ministerio -de quien fuese- de
reconocimiento a aquellos ayuntamientos que efectivamente hacen esa gestión, hacen el seguimiento, elaboran los planes, los cumplen y son eficaces en lo suyo? Por ejemplo, se nos puede ocurrir que a la hora de aplicar el superávit, aquellos
ayuntamientos cumplidores y que son ejemplo para otros puedan tener una serie de mejoras, beneficios, aplicaciones no solo para pagar la deuda, que casi todos tienen, sino, como se ha visto ahora y el propio ministro ha puesto en marcha, para las
inversiones financieramente sostenibles, a las que después me referiré.
Otro clásico, presidente, en las recomendaciones de los informes del Tribunal de Cuentas es la homogeneización de informes y refuerzo de controles en los órganos de tutela. Como también pone el informe, sería conveniente seguir impulsando
los planes de aplicación de la ley, regulaciones legislativas, reglamentarias, detalladas y normalizadas del contenido de los planes. ¿Hay alguna sugerencia concreta, presidente, sobre la aplicación de estas medidas, como pudo ser en su momento el
Plan de Pago a Proveedores o el periodo medio de pago, que efectivamente fueron muy importantes para estabilizar la situación financiera de muchos de los ayuntamientos?
Me gustaría hacer una alusión final, presidente, a algunas comentarios que han hecho mis compañeros, en el sentido de que los planes no eran efectivos o que había mucho gasto incontrolado. Yo quiero recordar que hubo Gobiernos que pusieron
también planes en marcha, como los planesE, que fueron un auténtico despiporre de despilfarro. No hubo ningún criterio para inversiones financieramente sostenibles, que son las que pone en marcha ahora la ley, y la mayoría de los ayuntamientos y
entidades locales estamos pagando el coste y el mantenimiento de esos planesE, que al final hacen mella en las cuentas anuales de cada entidad local.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.
Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Querría aclarar que lógicamente yo no puedo jugar un papel diferente en esta Comisión que explicar con el mayor detalle el contenido del informe -del que, por otra parte, creo que he hecho una presentación lo suficientemente expresiva- en
relación también con otra cuestión que tiene mucho mayor calado, que excede lógicamente de lo que me corresponde realizar, que es efectuar una valoración sobre la situación de las entidades locales, del mundo local, de su infrafinanciación, de su
normativa reguladora a la hora de valorar el peso económico que tienen. Intentaré, en la medida en que pueda, ofrecerles a ustedes alguna reflexión. De todas maneras, la mejora de la situación económica que estamos viviendo indudablemente permite
abordar todos estos informes y mirar la labor de realización de los mismos con una posición de mayor flexibilidad para aquellos ayuntamientos que han obtenido superávit, que han ido incrementando su situación de partida y que no se encuentran en la
que originariamente tenían. Hace cuatro, cinco o seis años verdaderamente nos encontrábamos en una situación económica y financiera muy complicada y la política de aprobación de este tipo de planes lo que fundamentalmente buscaba era encontrar el
reequilibrio financiero que se planteaba en términos de supervivencia prácticamente. He de indicarles también que el Plan de Pago a Proveedores ha tenido un efecto muy positivo para otorgar liquidez y reducir la morosidad del sector local, y creo
que además esto ha tenido y tiene un efecto muy positivo para la recuperación del sector privado asociado a la contratación pública local. Yo creo que todo lo que ha venido por esa vía hay que valorarlo de manera a positiva.
Me plantean una serie de preguntas sobre el denominador común de las entidades que hemos valorado y, por otra parte, ustedes mismos han hecho una valoración -la ha planteado el señor Galeano- en el sentido de que nos encontramos ante una
tipología de municipios que no es representativa de lo que ocurre en el conjunto de los mismos. Nos encontramos con municipios que tienen entre 75 000 y 150 000 habitantes, que son los que tienen más variación de situaciones en su gestión
económico-financiera y en su propia situación financiera. Por tanto, yo creo que hay que ver este informe desde el punto de vista de la valoración concreta que en cada ayuntamiento se está haciendo.
También me han preguntado en qué medida no hemos tenido suficientemente en cuenta el trabajo de otras entidades, como la AIReF, a la hora de valorar la realización de estos informes. Por supuesto, en la realización de nuestro trabajo
contamos con todo tipo de informes, incluidos los de la AIReF; lo que ocurre es que la potencia que proporciona al Tribunal de Cuentas la gestión de la plataforma de rendición de cuentas permite acceder a un conjunto de información de un nivel y
una calidad muy superior, en la medida en que tenemos acceso a la formulación de los reparos realizados por los proveedores y a la contratación. En definitiva, la posibilidad del Tribunal de Cuentas a la hora de valorar las entidades locales de la
muestra es suficientemente válida como para poder haber hecho nuestro trabajo con los propios medios del tribunal, pero por supuesto no infravaloramos las posibilidades de coordinación con otras entidades. De hecho, en nuestras medidas hemos
solicitado que los órganos que ejercen la tutela financiera, que fiscalizan y controlan las entidades locales refuercen su actividad, y la mejor manera de hacerlo es compartir las informaciones que sobre el sector público local tienen todas aquellas
entidades que ejercen algún tipo de función de tutela.
En relación con la consideración de si los instrumentos de ajuste son los adecuados, indudablemente se pueden mejorar. El propio informe contiene propuestas de mejora. Nosotros planteamos la posibilidad de que se desarrolle normativamente
que el límite de deuda pública aplicable a cada entidad local pueda fijarse. Esa es una de las cuestiones que podría incorporarse a estos planes, así como las medidas que acompañen a situaciones de remanentes de tesorería para gastos generales
negativos o saldos acreedores pendientes de aplicar a presupuesto; en aquellos supuestos en los que esto se ha acreditado, la valoración para elaboración y aprobación de los planes de saneamiento.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000252 y número
de expediente del Senado 771/000247).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo punto del orden del día, que es el informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas en el informe de fiscalización del Ayuntamiento de
Guadalajara.
Tiene de nuevo la palabra el señor Álvarez de Miranda para exponer el informe.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
La fiscalización ha tenido por objeto principal el seguimiento de las recomendaciones contenidas en el informe anterior de fiscalización del Ayuntamiento de Guadalajara, ejercicios 2005 a 2007, a cuyo cumplimiento instaba la Comisión mixta
en su resolución. En síntesis, de las catorce recomendaciones formuladas, se han cumplido dos de ellas, diez lo han sido parcialmente, en distinto grado, y las otras dos restantes se han incumplido.
En relación con la primera recomendación que formula el informe, referida a la estructura organizativa del ayuntamiento, se ha cumplido de forma parcial, en la medida en que el pleno aprobó el Reglamento Orgánico Municipal, adaptando su
estructura organizativa a la regulación legal de los municipios de gran población. También se aprobaron los reglamentos del Órgano de Gestión Tributaria y del Órgano especializado para la resolución de reclamaciones económico-administrativas. No
obstante, están pendientes de llevarse a la práctica las citadas disposiciones en lo referente a aspectos como la creación efectiva de los mencionados órganos, la separación de las funciones de contabilidad y fiscalización y el nombramiento del
titular de la asesoría jurídica, cuyas funciones ejerce el secretario municipal. Por lo que se refiere a las recomendaciones relativas al personal y a las condiciones laborales del mismo, la correspondiente a la relación de puestos de trabajo se ha
cumplido parcialmente al haberse aprobado la misma, pero sin contener todavía la totalidad de las especificaciones legalmente requeridas y presentando una plantilla superior a aquella, con un exceso de plazas del 23,52 %. En cambio, la relativa a
las condiciones laborales se considera cumplida, puesto que se ha aprobado un nuevo acuerdo económico y social adaptado en su mayor parte a la normativa vigente. Respecto a la recomendación referida a los procedimientos de funcionamiento, que
instaba al establecimiento de procedimientos escritos en el marco
de la nueva relación de puestos de trabajo, se ha cumplido de forma parcial, precisando avances relevantes. Si bien se han realizado acciones para la mejora en esta materia, persiste la necesidad de establecer procedimientos escritos en los
que se definan los cometidos y las responsabilidades asignadas a cada uno de los puestos de trabajo y las tareas a desempeñar. El resto de las recomendaciones del anterior informe se refieren a las actuaciones de las áreas de especial relevancia en
el ámbito de la gestión económicofinanciera de la corporación.
En relación con los presupuestos, entre 2012 y 2017 únicamente se aprobó en plazo el referido al ejercicio 2015, presentando el resto un retraso medio de treinta y ocho días sin haberse aprobado prórrogas presupuestarias y con un detalle
insuficiente de las inversiones. No obstante, se observa una mejora en la planificación al haber disminuido las modificaciones presupuestarias hasta llegar a una media del 28 % para el conjunto del periodo analizado frente al 59 % de los ejercicios
2005 y 2006 y el 48 % del ejercicio 2007. Tanto el resultado presupuestario como el remanente de tesorería muestran una evolución positiva en el período entre 2011 y 2015.
Respecto a las recomendaciones referidas a los ingresos y deudores, se considera cumplida la relativa a la depuración de los saldos deudores, liquidando los no prescritos y anulando los definitivamente incobrables. En cambio, no se ha
cumplido la referente a una adecuada comunicación entre las unidades intervinientes en el proceso de concesión de licencias urbanísticas y de liquidación de los tributos asociados a ellas. Otras dos recomendaciones se consideran parcialmente
cumplidas.
En cuanto al seguimiento de las recomendaciones referidas al inmovilizado, la derivada de la ausencia del inventario general de bienes ha sido parcialmente cumplida al haber sido aprobado el mismo, pero sin llevar a cabo tareas de
rectificación y actualización ni conciliaciones periódicas entre la contabilidad y el inventario. También se considera parcialmente cumplida la relativa a la constitución del inventario del patrimonio público del suelo, que fue aprobado pero no ha
sido depurado ni actualizado posteriormente. Por lo que se refiere a la tesorería, aún se mantienen abiertas numerosas cuentas bancarias, un 19 % de ellas con un uso residual.
En relación con las recomendaciones referidas a la contabilidad, no se considera cumplida la relativa al uso de determinados criterios contables para los anticipos reintegrables al personal y para las obligaciones pendientes de pago, al
continuar incumpliendo los principios de anualidad, devengo e imputación de la transacción. Se considera parcialmente cumplida la recomendación relativa a la contratación, al mejorar la custodia de las plicas, pero sin disponer del sistema de
registro y archivo de las proposiciones económicas. Finalmente, también se han advertido incidencias del análisis sobre el cumplimiento de la normativa de igualdad y de transparencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Nos alegra verle recuperado totalmente.
El informe que estamos tratando hoy es el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones que ya hizo el tribunal precisamente para los ejercicios 2005 y 2007, que tenía por objeto verificar y evaluar, desde la perspectiva de los
principios de buena gestión financiera, las modificaciones introducidas en los sistemas y procedimientos de control interno y de gestión económicofinanciera del Ayuntamiento de Guadalajara para solucionar básicamente las recomendaciones que ya había
propuesto el Tribunal de Cuentas en su anterior informe. Podemos resumirlo en que se está haciendo un análisis del trabajo que ha hecho el alcalde Antonio Román desde el año 2013 para mejorar la situación fiscalizada, responsabilidad del alcalde
Jesús Alique. La verdad es que nos sorprende que de las catorce recomendaciones solo se hayan cumplido dos, diez se hayan cumplido parcialmente y dos se hayan ignorado completamente, hayan sido totalmente incumplidas, y no nos parecen cuestiones
menores. Como nos comentaba el presidente del Tribunal de Cuentas, en la recomendación número cuatro se habla de las concesiones de licencias de obras y de que se establezca una necesaria coordinación entre los departamentos, básicamente para que
se cumpla con los requisitos formales, los requisitos que introduce la normativa municipal en la concesión de las obras y que, por lo menos, se haya hecho una autoliquidación de los conceptos tributarios pertinentes para la concesión de las mismas,
algo que se ha ignorado completamente por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Tampoco se ha avanzado nada en la número trece que, como nos ha dicho el presidente del tribunal, básicamente trataba de modificar la contabilidad incorporando los
ajustes y clasificaciones necesarias para que haya una imagen fiel de la contabilidad, del patrimonio y de la situación económico y financiera del Ayuntamiento de Guadalajara. En este caso sí quería hacer una pregunta al presidente, si esta
falta de la imagen fiel, si esta falta de los conceptos necesarios a nivel contable para que sea reflejo del patrimonio, de la situación patrimonial del ayuntamiento, ha supuesto en algún caso el inicio de algún procedimiento por parte del tribunal.
La gran mayoría de las recomendaciones -como nos ha relatado- han tenido un cumplimiento parcial, y esto desde luego tiene dos lecturas. La primera -he de decírselo claramente-, un reconocimiento al Tribunal de Cuentas, que ha hecho una gran labor
para señalar las importantes áreas en las que tiene que mejorar la gestión el Ayuntamiento de Guadalajara y, la segunda, un reproche para el equipo de gobierno actual, que se limita a parchear -que es a lo que estamos acostumbrados en las
recomendaciones analizadas-, y desde luego nos parece muy preocupante.
Por otro lado, en cuanto a las recomendaciones formuladas, están los sospechosos habituales; a saber, falta de gestión, falta de control escrito, escasez de debates, persistencia en la falta de normalización de los procedimientos de
actuación, del funcionamiento del ayuntamiento y la atomización de la mayor parte de las tareas. Existe además cierta desconexión funcional entre las distintas áreas, algo que nos parece muy preocupante, y aunque es cierto que podemos decir que en
Guadalajara por fin no hay firmas habilitadas en las cuentas bancarias de los alcaldes de las anteriores corporaciones -como sí pasaba en el anterior informe-, se siguen manteniendo cuentas bancarias que son residuales, y no tiene mucho sentido, no
se aprecia desde luego ninguna justificación para que sea así. Por otra parte, la entidad sigue empleando criterios de contabilización no conformes a la normativa. Por ejemplo, no se ajusta al principio presupuestario de anualidad, no se utilizan
los principios contables de devengo y de imputación de la transacción, con lo cual entiendo que también incurrirán en alguna falta a nivel administrativo de la que dará cuenta el tribunal.
Desde luego, el Grupo Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara ha venido aportando pruebas desde el inicio del mandato para mejorar la estructura organizativa. Hemos solicitado al ayuntamiento que de una vez por todas actualice esa
relación de puestos de trabajo que, si bien -como ha dicho el presidente- la ha introducido, no ha sido desde un cumplimiento estricto de cómo debe ser dicha relación de puestos de trabajo. Seguiremos vigilando para que de una vez por todas el
Ayuntamiento de Guadalajara tenga una gestión lo más profesional, lo más acertada y ajustada a la normativa posible.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene de nuevo la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, señor presidente.
Yo quería señalar antes de todo que es una buena metodología elaborar informes de este tipo que evalúan el seguimiento de las recomendaciones de informes de fiscalización previos. Entendemos que le da un sentido global a toda la coherencia
del trabajo del Tribunal de Cuentas y nos parece que esta es una muy buena práctica por parte del Tribunal de Cuentas. Pero de este informe hay un elemento que nos preocupa por encima de todos los demás, y es que es un informe de fiscalización que
viene de los ejercicios 2005 a 2007 y -como bien ha dicho el presidente- trece años después solo dos de las catorce recomendaciones aprobadas por el Tribunal de Cuentas han sido cumplidas. Esto, además de señalar el bajo grado de cumplimiento de
las recomendaciones de tribunal por parte del Ayuntamiento de Guadalajara, provoca de facto casi, casi la inefectividad del informe, porque no es efectivo destinar recursos públicos para elaborar informes de fiscalización y que después las entidades
afectadas, en este caso el Ayuntamiento de Guadalajara, hagan caso omiso de las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, no cumplan estas recomendaciones o, si las cumplen, tarden hasta trece años en hacerlas efectivas.
Hay tres ámbitos del informe que querría destacar en esta intervención: lo estructural de las deficiencias en el sistema, las recomendaciones relativas al ámbito laboral y los elementos relacionados con la igualdad de género, que, por
desgracia, vienen siendo una constante en esta Comisión. En lo estructural quedan pendientes elementos fundamentales del informe, como la necesaria separación entre las funciones de fiscalización y de contabilidad, la creación del Órgano de Gestión
Tributaria y del Órgano para la resolución de las reclamaciones económico-administrativas y algo tan importante como el nombramiento del titular de la asesoría jurídica, ya que ahora asume las funciones el secretario del ayuntamiento. Queríamos
conocer, presidente, si usted sabe si estas anomalías, que para Unidos
Podemos son estructurales, han sido corregidas por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. En materia laboral hay elementos parcialmente cumplidos, como las diferencias en la relación de puestos de trabajo o en las condiciones laborales del
personal. ¿Se ha planteado otra vía, presidente, para dar cumplimiento a estos aspectos, ya que vulnerar las condiciones laborales de los trabajadores y las trabajadoras del ayuntamiento es también una forma de atacar directamente a los servicios
públicos? Por lo que se refiere a la materia de igualdad, la composición del consistorio sigue sin ser paritaria. Tenemos el 67 % de hombres frente al 33 % de mujeres. ¿Sabe el presidente si la corporación tiene previsto actualizar su plan de
igualdad?
Para finalizar querríamos preguntarle sobre el ámbito de presupuestos. Hay incumplimientos flagrantes, como la carencia del decreto de la alcaldía de prórroga presupuestaria, la falta del anexo de inversiones y el elevado nivel de
modificaciones, que han supuesto hasta un 59 % de incremento en 2005 y en 2006. Queríamos preguntarle, presidente, si sabe usted si esa mala práctica ha sido corregida en presupuestos posteriores.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra doña Riansares Serrano.
La señora SERRANO MORALES: Gracias, señor presidente. Gracias, señor Álvarez de Miranda, por su comparecencia. Buenas tardes, señorías.
Leemos con gran preocupación el informe de fiscalización del cumplimiento de las recomendaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas al Ayuntamiento de Guadalajara, de las cuales solamente se han cumplido plenamente dos. En primer lugar,
con relación a la estructura organizativa, ya comienzan las irregularidades. Se observa una resistencia por parte del ayuntamiento a separar las funciones de contabilidad y fiscalización, que ambas son realizadas por el interventor general, o la
asesoría jurídica, cuyas funciones las desempeña el secretario. Guadalajara está, podríamos decir en términos coloquiales, reservona con la RPT. Es inconcebible que, a día de hoy, todavía no exista una relación de puestos de trabajo clara en el
ayuntamiento, con atribución de competencias y funciones, y, lo que es más grave, hay diferencias importantes entre la cifra real de trabajadores y las que nos cuentan en los papeles oficiales. También se constata una excesiva realización de horas
extraordinarias, fruto de una lamentable planificación, así como abonos de cantidades de productividad fija en nómina, que deberían figurar como complemento específico. En cuanto a las cuestiones de funcionamiento, nos sorprende que la corporación
aún no disponga de manuales de procedimiento, así como que no haya aplicaciones informáticas interrelacionadas para la gestión de la información, aunque nos consta el esfuerzo del departamento de archivo para conseguir una normalización documental.
Esto conduce a un caos organizativo, a una falta de comunicación entre las unidades intervinientes en los procesos, especialmente en la concesión de licencias urbanísticas, y a verdaderas chapuzas en la gestión administrativa, como la concesión de
licencias de obras sin el pago del correspondiente tributo o la falta de verificación de los expedientes de concesión de licencias de primera ocupación. Si hablamos de política presupuestaria, he de reseñar que el retraso medio en la aprobación de
las cuentas generales del ayuntamiento fue de cien días, siendo destacable también el elevado nivel de modificaciones presupuestarias en el capítulo 6, de inversiones reales, lo que denota una falta de ajuste en las partidas a las necesidades reales
del gasto. Las deficiencias siguen acumulándose en el informe. El ayuntamiento no cumple con tener actualizado el inventario individualizado del patrimonio municipal del suelo, ni tampoco existe en la sección de contratación un registro de
recepción de las proposiciones económicas de los licitadores, lo que es realmente preocupante.
Para finalizar, quiero hacer mención a dos cuestiones que nos parecen especialmente relevantes en el informe. El ayuntamiento no ha actualizado el plan de igualdad que se aprobó en 2006, y nada ha hecho desde entonces. El alcalde de
Guadalajara, Antonio Román, incumple la Ley de igualdad desde hace once años y minimiza la representación de la mujer en diferentes ámbitos de la vida pública de la ciudad. Esto es lo que le importa al Partido Popular de Guadalajara la igualdad:
nada, como no le importa nada al Gobierno de España, que se ha tenido que sumar por obligación y a remolque al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y ha habido que arrancarle, con mucho esfuerzo y tesón y a propuesta del Grupo Socialista,
los 120 millones de euros que no había puesto en los Presupuestos Generales del Estado para luchar contra esta importante lacra.
Por último, el incumplimiento de la normativa sobre transparencia. Al Ayuntamiento de Guadalajara le gusta hablar de transparencia y del portal de transparencia, pero escucharle hablar sobre esta materia nos produce el mismo efecto que
cuando oíamos hablar de sanidad en Castilla-La Mancha a Cospedal: credibilidad nula; porque la realidad que vivimos los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara en cuanto a transparencia y que, en muchos casos, pone de manifiesto el Tribunal de
Cuentas, es esta: no se puede solicitar información pública vía portal, hay que ir personalmente al ayuntamiento; los grupos de la oposición se las ven y se las desean para acceder a la documentación municipal; no se publican las resoluciones
sobre compatibilidad que afectan a los empleados públicos; no se da conocimiento de las evaluaciones de los programas municipales y de los medios para llevarlos a cabo; no se publica información actualizada acerca de las subvenciones concedidas
por el ayuntamiento; nadie sabe cuánto se gasta el ayuntamiento en propaganda y publicidad institucional; los organismos autónomos, patronato de cultura y deportes no rinden cuentas trimestrales como exigen sus estatutos; el Consejo Económico y
Social de la ciudad, máximo órgano de representación de Guadalajara, no se ha reunido nunca en los últimos once años. En fin, el alcalde de Guadalajara es el primer alcalde de la etapa democrática que ha sido reprobado por la mayoría del pleno
municipal por su opacidad.
Señorías, la transparencia y la rendición de cuentas de las administraciones públicas, además de ser una obligación legal, constituyen un ejercicio democrático que permite a la ciudadanía valorar la eficacia y el impacto de las actuaciones
públicas. Sin transparencia disminuye sin duda la calidad de la democracia, y esto es realmente preocupante en Guadalajara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Serrano.
Para finalizar este punto, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De las Heras.
El señor DE LAS HERAS MUELA: Gracias, señor presidente.
Iba a pedir que continuáramos esta sesión hasta que se vote la moción de censura, porque seguramente no me dé tiempo a responder a todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En cualquier caso, bienvenido de nuevo a
esta Comisión y espero que esté usted plenamente recuperado. Nos alegramos todos de su labor y de la que hacen los técnicos de la institución que usted tan dignamente preside.
El señor Ramírez no está pero se lo digo a su compañero, el señor Ten. ¡Cómo se nota que nunca han gobernado! Que existan diecinueve cuentas bancarias en las que no hay ningún tipo de movimiento empece el trámite parlamentario de si el
elemento cumple o deja de cumplir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas lo mismo que la Susana en los títeres. Sobre los criterios contables, le recuerdo al diputado, señor Ramírez, que no es un criterio del alcalde, que es del interventor.
Y le recuerdo también al señor Ramírez y a la senadora Serrano -que parece ser que ha cambiado el turno con su compañero, el diputado Bellido, que era el que iba a llevar esta comparecencia- que la RPT esta aprobada y el acuerdo económico y social
está aprobado.
En cualquier caso, y esto va dirigido al portavoz de Podemos, la inefectividad del informe...
El señor PRESIDENTE: Señor De las Heras, le rogaría que reflexionara dirigiéndose al presidente del tribunal. Ya sabe que a este presidente no le gusta que dialoguen entre ustedes, así que haga usted las consideraciones, pero no intente
entablar una discusión porque no daré lugar a pregunta-respuesta.
El señor DE LAS HERAS MUELA: No, no, si no quiero dar lugar a eso, pero es que lo que se ha dicho en esta Cámara es muy grave, porque algún portavoz parlamentario ha insinuado que el ayuntamiento lleva trece años sin hacer ningún tipo de
consideración, y le recuerdo, en este caso al diputado de Podemos -que no recuerdo su nombre-, que no es así. Incluso, cuando se refiere al tema presupuestario y la carencia de la prórroga, o al elevado nivel de modificaciones presupuestarias que
han supuesto hasta un 59 % de incremento en los años 2005 y 2006, no era don Antonio Román alcalde del PP, sino el que fue diputado y senador Alique el que no la hizo.
Preocupación ninguna. Están cumplidas dos y diez en fase de cumplimiento. Además, el ayuntamiento ha aprobado la relación de puestos de trabajo. En cuanto a las cifras discordantes con respecto al tema de los complementos o el tema de las
aplicaciones, están cumplidas. Respecto de las licencias urbanísticas, de las cuales tengo una responsabilidad directa, quiero decir a los miembros de esta Comisión que en ocho años no ha habido una sola sentencia desfavorable sobre esas licencias
del
Ayuntamiento de Guadalajara; que la cuenta general y la estructura económica y presupuestaria del Ayuntamiento de Guadalajara para sí la quisieran el 99,9 % de los ayuntamientos de España, liquidando todos los presupuestos con remanente de
tesorería positivo y su resultado presupuestario. El inventario está realizado, falta simplemente su actualización y poner el enfoque respecto de las modificaciones que se produzcan sobre él. En cuanto al plan de igualdad -y no lo digo yo, lo dice
el informe del Tribunal de Cuentas, que leo literalmente-, el Ayuntamiento de Guadalajara ha adoptado las medidas necesarias para la efectiva igualdad entre hombres y mujeres con la aprobación del Acuerdo Económico y Social, AES 2016-2019.
Con respecto a la transparencia y a lo que han comentado algunos de los portavoces, simplemente leo lo que dice el informe del Tribunal de Cuentas: El Ayuntamiento de Guadalajara cumple con la Ley de transparencia, acceso a la información y
buen gobierno; tiene una web transparente y forma parte de la Red de Entidades Locales por la Transparencia y Participación Ciudadana; cumple el código de la FEMP sobre la materia; además, obtiene -y esto se lo añado yo- 99,4 puntos sobre 100,
según un organismo al que habitualmente el Partido Socialista le daba mucha importancia, que es Transparencia Internacional. ¡Son 99,4, señora Serrano! Cumple con la publicidad activa de su información institucional, organizativa, de planificación
y de evaluación, aunque existen incidencias de incompatibilidades de algunos funcionarios y altos cargos; también cumple con la información económica, presupuestaria y estadística. Y respecto a la información pública -si no lo sabe usted, se lo
digo yo-, existe un apartado que se llama consultas y avisos, donde todos los ciudadanos pueden dejar de forma informática quejas y sugerencias. Evidentemente, cuando uno presenta una solicitud formal tiene que hacerla ante el registro general del
Ayuntamiento de Guadalajara. Con respecto a la concesión de las licencias urbanísticas, repito y reitero que en ocho años no ha habido una sola sentencia que haya perdido el Ayuntamiento de Guadalajara.
Muchas gracias, señor presidente. Estamos convencidos además de que el ayuntamiento seguirá las recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas, que el Grupo Popular va a apoyar y de las cuales el Ayuntamiento de Guadalajara ya ha dado
cumplida cuenta en el pleno del ayuntamiento celebrado el día 27 de abril de 2018.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De las Heras. No me cabía la menor duda de que, conociéndole, iba a reconducir usted su discurso.
Para dar cumplida respuesta, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda): Muchas gracias, presidente.
Pocas cuestiones tengo que añadir en la medida en que la discrepancia manifestada en la Comisión es la propia derivada de las diferentes opiniones sobre la gestión de las entidades. Únicamente me gustaría contestar algunas de las preguntas
que me han formulado.
El señor Ramírez me ha planteado si existe algún procedimiento derivado de los incumplimientos que recoge el informe y que hacen referencia especialmente a la contabilidad, a los ajustes de balance y a la falta de imagen fiel. Y en relación
con los incumplimientos de principios contables, planteaba si también, derivada de los mismos, ha podido haber algún tipo de consecuencia. Le indico que estos incumplimientos de falta de imagen fiel y de principios contables que el tribunal ha
puesto de manifiesto no se derivan de una revisión completa de la contabilidad del ayuntamiento, sino que hacen referencia a determinadas operaciones identificadas que no cumplen esos principios, si bien no se ha emitido una opinión global en este
caso sobre la representatividad de las cuentas generales.
Por otra parte, quiero indicar también que no existen responsabilidades por deficiencias contables concretas, que no es el caso. Quizá lo que puede inducir a cierta confusión es que hay regulaciones concretas sobre la contabilidad de
determinados partidos políticos de las que se derivan incumplimientos por responsabilidades asociadas a incumplimiento de principios contables o de la propia fiabilidad de la imagen fiel de unas cuentas, pero se derivan de una ley propia, que es la
Ley de Financiación de Partidos Políticos, y no existe una correlación en el ámbito público para que determinadas irregularidades como son estas a las que usted ha hecho referencia tengan un reflejo en procedimientos del tribunal. De hecho, ni el
fiscal del Tribunal de Cuentas ni el abogado del Estado han formulado peticiones concretas de llevar a efecto esas responsabilidades.
El señor Mena me ha preguntado si le puedo dar información sobre si los incumplimientos de la legislación laboral o bien sobre estructura y también sobre igualdad han sido corregidos. He de decirle que el trabajo de campo y las
comprobaciones que se han hecho en este informe llegan hasta finales de 2017. No tengo la suficiente información sobre 2018 para hacer las precisiones que usted me pide, pero hasta finales de 2017 lo que dice el informe es lo que se ha podido
comprobar.
Todos ustedes han puesto de manifiesto que estos incumplimientos detectados en el Ayuntamiento de Guadalajara tienen una gravedad importante tanto en el aspecto estructural como en la aplicación de determinadas medidas, pero hay que recordar
los informes anuales que presenta el Tribunal de Cuentas sobre la situación del sector público local en los que estas cuestiones están repetidas de una manera recurrente para el conjunto de los ayuntamientos. Es decir, en cuanto a la aplicación del
régimen presupuestario, la aprobación de los presupuestos en plazo o la realización de las operaciones económico-financieras de acuerdo con las legislaciones de haciendas locales, el incumplimiento generalizado por parte de las entidades locales es
la regla y no la excepción. Se van produciendo avances notables, indudablemente, pero todavía tenemos mucho camino por recorrer y en ese camino tiene mucho que ver y mucha importancia la dotación de los cuerpos de funcionarios de habilitación
nacional de la Administración local en la provisión de sus puestos y su efectiva disposición por parte de las entidades locales, porque muchos presupuestos y mucha separación o segregación de funciones entre intervención y contabilidad se podrían
resolver si se dispusiera de los medios adecuados para contar con el personal apropiado.
En relación con la no actualización del plan de igualdad o la aprobación del plan de igualdad que el informe contiene, yo le puedo dar las explicaciones hasta diciembre de 2017. Aquí se han dado unas explicaciones adicionales sobre el
cumplimiento de ese plan y será en el futuro cuando se podrá comprobar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor presidente.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CREDITICIA DEL INSTITUTO DE CRÉDITO OFICIAL (ICO), EJERCICIO 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000250 y número de expediente del Senado 771/000249).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a debatir el informe de fiscalización de la actividad crediticia del Instituto de Crédito Oficial. Para la exposición del informe, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
La actividad crediticia que el Instituto de Crédito Oficial lleva a cabo en cumplimiento de sus fines de apoyo financiero a ciertos sectores y actividades de las empresas españolas comprende las líneas de mediación y las operaciones de
financiación directa.
En las líneas de mediación se canalizan las operaciones a través de entidades financieras privadas. A finales de 2016, el saldo vivo de estas operaciones ascendía a 17 736 millones de euros. Por su parte, el saldo vivo de los préstamos
directos del ICO al cierre del ejercicio de 2016 alcanzó 13 398 millones de euros. La entidad no disponía durante los últimos ejercicios de un plan estratégico exigido por la Circular 3/2008 del Banco de España, si bien posteriormente se ha
aprobado un plan estratégico 2018-2021.
Los procedimientos internos aplicables a la actividad crediticia se encontraban sin actualizar total o parcialmente durante los últimos diez años desde la aprobación del Plan Avanza en 2005. Respecto a los sistemas de información, su
principal debilidad deriva de su falta de integración, estando muchos de ellos en un proceso de sustitución desde hace varios años y aún sin finalizar. El proyecto más importante para la integración de la información de la actividad crediticia es
el denominado de gestión de préstamos, que en 2016 únicamente se encontraba operativo para las líneas de mediación, pero no así para las operaciones de financiación directa, estando en desarrollo desde al menos hace cinco años.
En general, los sistemas de comunicación del ICO estaban bien dimensionados para las necesidades de la entidad. No obstante, existe una falta de personal propio para acometer los proyectos de desarrollo y mantener el control y seguimiento
de los servicios externalizados, lo que supone una debilidad de control interno. Asimismo, la auditoría realizada en 2014 determinó que el instituto disponía de controles y
medidas de seguridad implantadas en relación con el esquema nacional de seguridad, si bien con salvedades. La auditoría de seguridad, limitada a la red interna realizada en 2015, detectó numerosas debilidades graves.
El ICO dispone de un mapa de gestión de riesgos como un sistema de control y gestión de riesgos operativos, función que debería recaer en una unidad de mayor rango, en la dirección, que el área de cumplimiento normativo de la asesoría
jurídica. El instituto aprobó su plan de igualdad en 2015. Respecto a la distribución del personal, la presencia femenina va disminuyendo según se asciende en la escala laboral. En el consejo no había mujeres, si bien se nombraron dos consejeras
en 2017.
Por lo que se refiere a los procedimientos de gestión y control de las líneas de mediación, en 2016 se encontraban operativas siete líneas, ascendiendo el importe dispuesto a 4681 millones de euros. Desde el año 2010 el ICO ha establecido
en un único contrato, denominado contrato marco, una serie de condiciones que resultan de aplicación a la mayoría de las líneas de mediación que ha venido instrumentando desde entonces. Correspondía al área de administración el control del
cumplimiento del calendario de cobros de las entidades financieras. En tanto no se integren las aplicaciones informáticas, las conciliaciones se hacen manualmente y las diferencias se comunican a la entidad financiera. Se observa el adecuado
cumplimiento del calendario. No se había realizado ninguna supervisión por muestreo de los ejercicios 2015 y 2016 estipulada en los contratos, estando previsto que se inicie aquella en el presente ejercicio. Por este motivo, están pendientes de
registrar numerosas cancelaciones, penalizaciones y comisiones de líneas abiertas en 2015, así como las de 2016.
Respecto a los procedimientos de gestión y control de la financiación directa, el documento de políticas de actuación aprobado en 2007 no fue actualizado hasta finales de 2016. Se observa una adecuada segregación de funciones entre las
unidades que intervienen en la tramitación y gestión de las operaciones de financiación directa, cumpliéndose el procedimiento de formalización y constando toda la documentación requerida para la aprobación y administración de los fondos prestados.
No obstante, se han detectado deficiencias en el tratamiento de la documentación de las operaciones, estando en muchos casos duplicada, al no existir un expediente único, ni físico ni electrónico, que centralice la información y, además, por la
falta de integración de las numerosas aplicaciones y sistemas de información. La falta de una aplicación integral y de una base de datos única ha llevado a que el área de seguimiento y recuperación mayorista utilice su propia base de datos y fichas
en diferentes formatos. A finales de 2016, tanto la clasificación de la cartera de clientes en función del riesgo como la dotación de provisiones por riesgo de crédito en operaciones directas se encontraban adaptadas a la normativa vigente del
Banco de España.
Entrado en el análisis de la línea de financiación CINE, dirigida al fomento de la producción cinematográfica, el saldo vivo de los créditos al cierre de los ejercicios 2015 y 2016 ascendía a 27,2 y 26,3 millones de euros, respectivamente.
Se ha verificado el proceso de formalización y disposición de fondos, no habiéndose observado deficiencias en las operaciones analizadas. Por lo que se refiere a la línea de financiación VPO, alrededor del 80 % de la cartera correspondía a clientes
de titularidad pública. El Consejo de Ministros instó en 2012 a no conceder nuevas operaciones al perímetro público mientras no estén amortizadas las operaciones de financiación a promotores. A finales de 2016 estaban clasificados como de riesgo
dudoso veintinueve clientes de VPO-alquiler y diez de VPO-venta, con un riesgo vivo de 162 y 28,5 millones de euros, respectivamente, provisionados en un 97 %. Finalmente, en la línea ICO Directo no se ha respetado en su literalidad el acuerdo del
Consejo de Ministros que preveía su comercialización a través de una red financiera de ámbito nacional, habiéndose seleccionado dos redes comerciales sin explicación de quién tomó la decisión ni sobre su motivación. En esta línea, que estuvo en
vigor entre 2010 y 2012, la morosidad es muy elevada, lo que evidencia una mayor laxitud en la política de riesgos. El 83 % del saldo vivo a finales de 2016 correspondía a fallidos o dudosos, íntegramente provisionados. Aproximadamente, unos dos
tercios de las operaciones vivas estaban en mora o en suspenso.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Tenemos un informe de fiscalización de la entidad crediticia ICO, Instituto de Crédito Oficial, señor Álvarez de Miranda, y desde nuestro grupo parlamentario entendemos que la salud de nuestras
instituciones es determinante para acometer las dificultades de nuestra economía. En la medida en que seamos capaces de despolitizar y de profesionalizar estos organismos, gestionaremos muchísimo mejor los recursos públicos -esos recursos
escasos- y soportaremos mejor la crisis. Además, una de las principales consecuencias de la crisis es el cierre del grifo de la financiación, del crédito, de forma súbita, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, de los autónomos.
Entre 2010 y 2013 la financiación bancaria a empresas era realmente preocupante y creo que el ICO ha hecho un papel crucial y determinante. Evidentemente, entendemos que el saldo es positivo, y así lo vemos en el informe; era una palanca y
favorecía la internacionalización de las empresas. Una de las principales ventajas, además, de estas líneas de financiación eran los largos plazos de amortización que cubrían periodos de hasta veinte años con dos años de carencia de inversión.
Pero, ante todo esto y una vez pasada la crisis, los rescates de la banca y la triste experiencia de las cajas de ahorros, vemos con preocupación tres cuestiones en cuanto a la dirección, en cuanto a la gestión del riesgo y en cuanto a la
organización interna.
En cuanto a la dirección, el ICO mantiene resultados positivos y lo que debe preocuparnos es la ausencia de presión competitiva. Esto puede estar escondiendo, quizá, importantes ineficiencias. El ICO es un banco público sin red minorista y
como tal no es raro que esté politizado. La cuestión es si eso afecta negativamente a su eficacia y a su gestión. Me gustaría saber su opinión.
En la actualidad está dirigido por el señor Pablo Zalba -no dudo de su idoneidad, además es licenciado en Administración y Dirección de Empresas-, que sabemos que dejó el cargo de eurodiputado del Partido Popular. Además, usted mismo lo ha
dicho, el instituto, hasta que llegaron ustedes, no tenía plan estratégico. En esos cincuenta años de historia la verdad es que los presidentes no han durado mucho, no han durado ni una legislatura. Es decir, hay un media entre dos y tres años
como máximo; yo le quería preguntar si es beneficioso para mejorar la gestión del ICO que su presidente tan solo tenga dos o tres años de gestión. ¿Por qué durante los últimos ejercicios el ICO no ha contado con ese plan estratégico, un plan
comercial periódico, como usted ha dicho, con esa circular de Banco de España 3/2008? Le pregunto, ¿tendrá algo que ver la rotación de esos presidentes que le comentaba, o incluso la dirección política de los partidos del bipartidismo que siempre
se empeñan en colocar a políticos para ocupar estos puestos?
En cuanto a la gestión de riesgos, nos llama la atención que el Tribunal de Cuentas haya puesto en cuestión la adjudicación por parte del ICO de un programa de créditos en 2010 al Banco de Santander y al BBVA cuando esta línea estaba
concebida inicialmente -como indica el informe- para una sola entidad, sin haber recibido ustedes, además, ninguna explicación ni motivación de por qué se repartió dicho programa. Este programa concedió 550 millones de euros en 13 961 operaciones y
concentró una elevada morosidad, como usted ha comentado: dos tercios de las operaciones vivas a finales de 2016.
Por otra parte, en cuando al área de cumplimiento normativo de la asesoría jurídica, nos indica que no dispone de competencias suficientes ni medios humanos para realizar este seguimiento adecuado. Yo le pregunto: ¿es razonable asumir que
hubo interferencias políticas en la decisión para poner en marcha este programa, que además acabó teniendo esa alta concentración de mora, aun cuando a nivel de control de riesgos en el ICO es deficiente? ¿Ha existido algún tipo de responsabilidad?
¿Se ha iniciado algún tipo de expediente? ¿Se ha derivado al ministerio fiscal o a la Abogacía del Estado? En este caso, la dirección del ICO no veló por el interés general sino todo lo contrario. Esto se puede hacer en tiempos del Partido
Socialista -fue en 2010- y también se puede hacer en tiempos del Partido Popular. Parece una enorme irresponsabilidad que, como decimos, no va a mayores porque el ICO da beneficios, sí, pero yo me pregunto cuál es el coste de oportunidad. ¿Se ha
valorado ese coste de oportunidad en el que hemos podido incurrir en este banco, que entendemos que está politizado?
Para terminar, en cuanto a la organización interna -usted mismo lo ha comentado-, hay evidencias en el informe que aporta sobre el descuido sobre las herramientas informáticas, el no garantizar esa unidad de tratamiento de la información.
El instituto cuenta con numerosos sistemas de información no integrados y, además, hay un retraso en los proyectos informáticos. Estamos hablando a veces de cinco o seis años en el desarrollo de los procedimientos informáticos. Yo le pregunto:
¿cuáles son sus consecuencias? A nosotros nos preocupa la política de recursos humanos, nos preocupan los recortes que se hayan producido en esto porque, evidentemente, estamos hablando de pérdidas y de coste de oportunidades de esos recursos
públicos. Yo le pregunto: ¿cómo han afectado los recortes y la congelación
salarial a los recursos humanos? ¿Hay problemas para la captación y retención del talento? ¿Los recursos humanos condicionan las posibilidades futuras de este Instituto de Crédito Oficial?
Sin más, agradezco el informe que ha realizado el señor presidente. Lo vemos con muchísimas conclusiones y además nos da muchísima información sobre aquello que tenemos que mejorar y de lo que no podemos hacer.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor presidente del Tribunal de Cuentas. Espero que se haya recuperado completamente del problema que tuvo hace unas semanas.
El ICO, como organismo público de crédito, debería jugar un papel fundamental en la canalización del crédito a pymes y autónomos, que componen el 98 % del tejido empresarial de nuestro país. Sin embargo, pese a que el último año ha
experimentado una leve mejora, en los años en los que más se le necesitaba, en los años más duros de la crisis, ni el ICO ni los bancos rescatados con dinero público estuvieron presentes. En este informe del Tribunal de Cuentas de la actividad de
2016 vemos numerosas cuestiones referentes al funcionamiento del ICO que se podrían mejorar.
Con respecto a la actividad crediticia, vemos que hay una baja actividad de las líneas ICO de 2016 respecto a 2015 y, más allá de las razones aducidas por la entidad, es una carencia de la ya normalmente escasa política crediticia del ICO.
Si analizamos las líneas de mediación que mantiene el ICO, de los 4700 millones de estas líneas de mediación tan solo ha provisionado unos 81 millones, es decir, el 1,7 %. Si tomamos como referencia el periodo anterior, 2012-2014, en el que el
nivel de incumplimiento de las líneas se situaba en el 7,55 y en el 4,07 %, no sé cuál es la opinión que tiene el presidente del Tribunal de Cuentas sobre esta reducción en las provisiones respecto al periodo anterior. Por otro lado, analizando la
financiación de operaciones directas, el informe del Tribunal de Cuentas expone que el ICO no ha contado en los últimos ejercicios con un plan estratégico y un plan comercial adaptados a la coyuntura económica actual, así como su revisión periódica.
Consideramos que la falta de este plan conlleva que se den de forma bastante discrecional estas líneas de financiación que, además, tienen un alto porcentaje de morosidad. Por otra parte, respecto a la financiación de las líneas de crédito de
financiación de vivienda de protección oficial, la línea de VPO-alquiler tiene una calificación de riesgo dudoso del 34 % y la de VPO-compra del cien por cien, aunque estos casos sí que están cubiertos con provisiones. Por último, analizando la
línea ICO Directo, el informe señala una importante morosidad y discrecionalidad en la concesión pero, al menos, está provisionada.
Los procedimientos internos aplicables a la actividad crediticia se han encontrado sin actualizar o actualizados solo parcialmente. La conveniencia de que el ICO disponga de procedimientos internos actualizados sobre las distintas áreas de
la actividad crediticia es acuciante si se quiere llevar un verdadero control sobre la actividad que realiza. Además, en el informe se señala una mala integración de los sistemas de información del instituto que se encuentran en proceso de
sustitución durante un plazo de tiempo excesivamente largo. Por otro lado, el informe establece que existe una falta de personal propio para acometer los proyectos de desarrollo y mantener el control y seguimiento de los servicios externalizados,
lo que redunda en una debilidad del control interno. Consideramos que las restricciones presupuestarias derivadas de las políticas de austeridad del Gobierno, así como la limitación de la tasa de reposición, han supuesto una destrucción de las
instituciones y los servicios que prestan, como es el caso. Nos gustaría conocer la opinión del Tribunal de Cuentas al respecto de estas limitaciones que tiene el ICO en su política de personal debidas tanto a la tasa de reposición como a las
limitaciones presupuestarias.
Asimismo, el Comité de Empresa del ICO ha dado a conocer recientemente la denuncia a la dirección del ICO porque se negaba a hacer público el sueldo del personal que trabaja para el Instituto de Crédito Oficial con contrato individual, es
decir, aquellas personas contratadas discrecionalmente que constituyen el equipo de confianza de la dirección. Además, esta negativa persiste, a pesar de que existe una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que obliga a la
dirección del instituto a publicarlos. Es una cuestión que no viene recogida en este informe y sobre la que nos gustaría preguntar al presidente del Tribunal de Cuentas.
Respecto al cumplimiento de la Ley orgánica para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, se ha analizado en el informe la distribución de personal del ICO por género y categoría profesional, destacando
que la presencia de mujeres va disminuyendo según se asciende en la escala laboral, una de las principales características del denominado techo de cristal. De cuatro directores tan solo hay una mujer, mientras que el personal administrativo
está completamente feminizado, un 87 % del personal son mujeres. Del mismo modo, si se analiza la composición del consejo, se evidencia una total ausencia femenina en el año 2016, aunque esto ha sido superficialmente corregido con la incorporación
en 2017 de dos mujeres a la dirección del ICO. Consideramos que esto debe ser corregido a través de la implementación de un plan de igualdad porque parece evidente que existe un problema de visibilidad y participación igualitaria de las mujeres en
la toma de decisiones y en la dirección del ICO. Además, si hubiera voluntad política por parte del ICO, esta situación podría ser resuelta nombrando a más mujeres para el consejo y para la dirección del ICO.
Finalmente, esperamos que si hay un nuevo Gobierno a partir de este viernes se puedan revertir todas estas incidencias y rogaría a los diputados y senadores del Partido Popular que no se pongan nerviosos porque esta es una Comisión que se
suele desarrollar en un ambiente bastante apacible y que todavía les quedan dos días hasta el viernes, así que esperamos que no les dé un ataque de nervios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
No veo síntoma de ninguna alteración y espero que así sea hasta el final de la comisión.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Como portavoz socialista quiero mostrar mi satisfacción por la recuperación del presidente del Tribunal de Cuentas y por su presencia, de nuevo, en esta sesión.
Quiero empezar mostrando una queja que voy a reiterar hasta que no se desbloquee la situación, y es que en enero de este año cesó por cuestiones personales un consejero del Tribunal de Cuentas; se inició la tramitación en el Senado, porque
corresponde su nombramiento al Senado, y en este momento está bloqueada. Creo que le estamos haciendo un flaco favor al Tribunal de Cuentas, a su labor de fiscalización, por tanto, voy a hacer mención...
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene muy poquito que ver lo que usted está manifestando con el informe, así que le rogaría, por favor, que se ciñera a la cuestión.
El señor HURTADO ZURERA: De acuerdo. Lo voy a reiterar hasta que no se desbloquee porque creo que esto afecta y me gustaría saber los efectos que está teniendo en su trabajo de fiscalización, señor presidente del Tribunal de Cuentas.
Muestro nuestro total malestar con esa situación de bloqueo.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, por favor.
El señor HURTADO ZURERA: Continúo.
En relación con el expediente que nos trae del ICO, es una parte la que se fiscaliza de un ejercicio, del año 2016. Todos sabemos que el ICO es una entidad bancaria, pero también es una agencia financiera del Estado. En este caso solamente
se fiscaliza la función bancaria que ejerce como entidad bancaria en el ejercicio 2016. Del informe de fiscalización yo deduzco que es evidente que cumple con la regulación y con las normas establecidas a través del Banco de España, poniendo de
manifiesto que supera los niveles de solvencia que se le exigen como entidad bancaria. Por esa parte no hay problema. Pero sí nos preocupa la escasa significación que tiene como entidad bancaria. Estamos hablando de líneas de mediación que tienen
un saldo vivo, según especifica el informe, de 17 700 millones de euros, y de líneas de financiación directa, que tiene otro saldo vivo de 13 300 millones de euros. La comparativa con la deuda de las sociedades no financieras en este país, que está
en 850 000 millones de euros, pone de manifiesto la insignificancia del ICO en nuestro sistema financiero como entidad pública y como banca pública. Aparte de la escasa significación, nos preocupa lo que se pone de manifiesto en el propio informe,
y es que aun cumpliendo con la normativa, es un sistema de funcionamiento bastante obsoleto; se pone de manifiesto que no tenía plan estratégico en 2016 -ya lo tiene, se aprobó en 2017 un plan estratégico 2018-2021- y que ni siquiera había carta de
servicios, y se pone también de manifiesto lo que son procedimientos internos no actualizados -parece ser que la última vez que se actualizó fue en el año 2009-, lo que significa que está prácticamente con manguitos. No es una entidad bancaria a la
altura de otras con las que compite y con las que trabaja
para ofrecer una línea de mediación o un sistema de financiación directa. Eso es lo que nos preocupa, un funcionamiento bastante obsoleto que requiere tomar medidas que se van dilatando en el tiempo y que no se abordan, yo creo que de forma
intencionada; creo que no hay interés en que el ICO tenga la función de banca pública y que tampoco se atreven a liquidar el ICO. La significación es cada día menor en el caso de las líneas de mediación; si bien es cierto que tienen un carácter
anticíclico, las líneas de mediación tienen cada día más insignificancia en el mercado financiero. Y no digamos ya lo que es la financiación directa; desaparecido el ICO directo en el año 2012; el ICO de cine ha desaparecido también, acabó en
2018; y al ICO para viviendas, la financiación a instituciones para viviendas de protección oficial, se le exigió el requisito de tener amortizadas operaciones anteriores, con lo cual se han limitado aún más las posibilidades y la escasísima
significación que tiene, insisto, yo creo que de forma premeditada.
Felicito al Tribunal de Cuentas por algo que se pone de manifiesto en el informe y, por otra parte, le pediría algo que echo de menos en el mismo. El Tribunal de Cuentas está abordando en estos informes de legalidad y de operatividad algo
que es muy importante, que es el cumplimiento con la Ley de igualdad de género y con la presencia de las mujeres en el ICO; la insignificancia en las escalas laborales más altas de este organismo o de esta sociedad mercantil y la insignificancia de
su presencia en el consejo de administración. Aplaudo porque hablar de esto y ponerlo de manifiesto es muy importante; algo estamos consiguiendo y en ese sentido el Tribunal de Cuentas está colaborando. Le animo a que todos los informes contengan
un análisis de la presencia de la mujer en los escalafones más altos de los organismos públicos. Pero justamente echo de menos otra aportación que sé que ya tiene como cometido el Tribunal de Cuentas y es el nivel de transparencia. Echo de menos,
como se está denunciando, que no se publique y no se establezcan como están en la normativa de transparencia los empleados o altos directivos del ICO en relación con sus retribuciones y su régimen de compatibilidad. Es una labor muy importante y sé
que el Tribunal de Cuentas está comprometido en abordarla, pero justamente lo echo de menos en este informe y quisiera conocer su opinión al respecto. También echo de menos el nivel de cumplimiento con las propias normas laborales a través de los
convenios. El ICO tiene una que se está incumpliendo de forma reiterada en relación con la promoción de los técnicos y del personal del ICO a través de un sistema de promoción establecido en el convenio y que se está incumpliendo en relación con
las retribuciones con carácter de productividad que tienen marcado. Ese incumplimiento también lo echo de menos como transparencia en este informe que estamos comentando.
Se echa de menos también algo a lo que se hace mención pero que me gustaría que se abundase más al respecto. El Tribunal de Cuentas cuestiona el hecho de que la totalidad del riesgo de las operaciones de mediación que se gestionan a través
de entidades financieras corra a cargo del ICO e incluso comparte la necesidad de que ese riesgo no sea total y absolutamente asumido por la entidad pública. Me gustaría que se ahondase en esa cuestión, en aras de si asumir menos riesgo también
puede significar que se pueda implicar aún más en la inyección de financiación a entidades, a empresas que compiten a la hora de captar recursos, el ICO con otras entidades bancarias fuera del sector público. Por último, querría conocer su opinión
con relación a otras entidades bancarias con las se pudiese, de alguna forma, establecer vínculos si no de fusión sí de colaboración, como son entidades bancarias que ya pertenecen al sector público, como es el caso de Bankia BMN; la necesidad de
establecer esos vínculos de colaboración con entidades financieras públicas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado. No le transmitiré ninguna queja, pero le comunicaré que ha excedido usted en más del doble su tiempo.
Para finalizar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Señor Álvarez de Miranda, bienvenido de nuevo a esta Comisión. Le agradecemos su exposición y me alegro de verlo recuperado.
Estamos ante un informe que, desde mi punto de vista, refleja una actuación del Tribunal de Cuentas. Hay un informe que se aprobó por el pleno del tribunal en 2012 sobre esta misma entidad en el que se recogían una serie de recomendaciones,
y ahora en 2016 hay otro informe en el que se observa -es mi opinión, y le pregunto si la comparte- que se ha avanzado de forma efectiva. El plan estratégico se había aprobado en 2008 para adaptarlo a la normativa del Banco de España, pero se ha
conseguido que el consejo general aprobara en 2017 el Plan estratégico 2018-2021. También se modificó en 2015 la
composición del consejo general, en el que, por razones de mejora de gobierno corporativo, se incorporaron cuatro consejeros independientes que representan la mayoría de votos en operaciones crediticias. Desde mi punto de vista, es una
mejora en la calidad del funcionamiento y en la independencia muy importante. Sobre la normativa interna, es verdad que las normas estaban sin actualizar, pero en este momento, de las diez normas sobre el tema de créditos, solamente hay dos
procesos en los que su fecha de actualización es anterior a 2014, y el objetivo del ICO es que ambos procesos de revisión estén actualizados en este ejercicio, en 2018.
En relación con la normativa interna, que es otra de las debilidades que ha detectado el Tribunal de Cuentas, solamente el 18 % tiene una actualización anterior a 2012 y está previsto también que sea actualizado en este ejercicio. Como
conclusión, la actividad crediticia está adecuada a la normativa del Banco de España y ha sido aprobada en el consejo del ICO con una fecha de actualización inferior a dos años. En cualquier caso, el ICO procede, de acuerdo con las recomendaciones
del Tribunal de Cuentas, a la revisión de la normativa interna y a actualizarla cada tres años, por eso digo que en este informe, consecuencia también del anterior del año 2008, se ve indudablemente la influencia de la actuación del Tribunal de
Cuentas. A pesar de retrasos en los entornos tecnológicos y de integración de grandes plataformas, se ha conseguido avanzar de forma importante en la mejora tecnológica.
En cuanto a los créditos, es lo único donde el señor Segundo González nos pone nerviosos al Partido Popular a raíz de los datos que contiene el informe. Esa obsesión de la izquierda del banco público, etcétera. Resulta que las actuaciones
en las que el ICO va solo y actúa directamente hay un saldo de fallidos del 80 %; eso sí que es para poner los pelos de punta a cualquiera; pensar que el 80 % de la actividad crediticia la tienes que provisionar y va a la cuenta de pérdidas y
ganancias como en vena. (El señor vicepresidente, Priego Chacón, ocupa la Presidencia). Una de las recomendaciones es que el instituto no asuma en exclusiva los riesgos de las operaciones minoristas; se concluye que los costes humanos y
tecnológicos, las pérdidas ocasionadas por la puesta en marcha del citado programa del ICO directo aconsejó en 2012, como bien ha dicho usted, cerrar el programa, sin que se haya mantenido esa línea estratégica para años siguientes porque resultaban
de un coste extraordinario. Por lo tanto, no existe la posibilidad de que el ICO participe en operaciones minoristas asumiendo el riesgo en solitario. La mención que el Tribunal de Cuentas hacía sobre esa posibilidad se fundamenta en los
resultados que tuvo esa línea entre los años 2011-2012. Aceptaremos las recomendaciones que hace el tribunal y las haremos nuestras.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Priego Chacón): Muchas gracias, señor Juncal.
Para contestar a los portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Muchas gracias, presidente.
Empiezo por agradecer las muestras de interés que los diferentes portavoces parlamentarios han expresado sobre la indisposición que tuve hace unos quince días. Les agradezco su preocupación e interés y, como ven, estoy suficientemente
restablecido.
En relación con las preguntas y las gestiones que han planteado, empezando por una de las cuestiones que ha formulado el señor Juncal, que me parece relevante, deseo indicar que la recomendación formulada por el tribunal sobre que no se
asuman riesgos en exclusiva por parte del ICO va asociada precisamente a una de las características de la propia institución, y es que la institución carece de una red propia y, por lo tanto, la mayor parte de las operaciones que ha instrumentado se
hacen a través de la mediación de residencias privadas. Por tanto, parecía y parece razonable que cuando se está en manos de terceros, se les haga también a los terceros partícipes de una cierta parte del riesgo que se va a asumir. Creo que es una
política de prudencia que ustedes comprenderán perfectamente que el tribunal formule en un planteamiento muy básico pero que es perfectamente entendible.
Hay diferentes cuestiones relacionadas con el ICO que van fundamentalmente dirigidas a su configuración como entidad de crédito, a considerar si se encuentra politizada o si verdaderamente hay o no que promoverla como banco público. En
primer lugar, no creo que se pueda hacer un análisis, por lo menos el tribunal no está indicado para hacer un análisis sobre la orientación política o no de una determinada institución. Nosotros revisamos sus operaciones, la ejecución de sus
políticas -en este caso
políticas de crédito- y establecemos criterios sobre si hay elementos de su gestión que pueden ser mejorables. Así lo hemos planteado fundamentalmente en los procedimientos de gestión interna, que es el apartado del informe en el cual el
tribunal ha hecho mayores recomendaciones, en la medida que entendemos que una entidad financiera está fundamentalmente basada en un adecuado control del riesgo, en una adecuada evaluación del riesgo a la que se encuentra sometida, y esa evaluación
requiere instrumentos y procedimientos de clasificación de los acreditados y de evaluación de su riesgo que les permita adoptar las decisiones lo más pronto posible en la medida en que se puedan prever situaciones de insolvencia o puedan surgir
situaciones que afecten a la solvencia de los acreditados a lo largo de la vida de las operaciones. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Las entidades que mejor se encuentran situadas en este mundo financiero son aquellas que tienen los
mejores instrumentos de verificación y de control de este riesgo. El ICO está haciendo un esfuerzo muy importante de actualización, pero el tribunal ha señalado determinados aspectos de su gestión interna que deberían ser mejorados en este acto.
Me han felicitado en relación con la política que hace el tribunal respecto de la fiscalización o la comprobación de las situaciones que afectan al género, es decir, a la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de las administraciones
públicas y de las instituciones públicas. He de decirles que el tribunal lleva muchos años haciendo esta labor, incluyendo en todos sus programas de fiscalización el objetivo de verificación de estas políticas de género siempre que son aplicables.
De hecho, participamos en Intosai, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores, que, como ustedes saben, dentro de la Agenda de Naciones Unidas promueve los objetivos de desarrollo sostenible, siendo uno de los diecisiete
objetivos precisamente la igualdad de género. De los diecisiete objetivos de la Agenda de Naciones Unidas, el tribunal ha escogido este para participar dentro del ámbito internacional en la fiscalización que tiene esta orientación, en la
verificación en toda la Administración pública española del cumplimiento de las obligaciones derivadas y de los compromisos asumidos en relación con la igualdad entre hombres y mujeres. Tenemos una fiscalización especial dentro de nuestro programa
que tiene esa orientación. En este caso concreto, la labor de verificación del ICO ha ido encaminada a fiscalizar y verificar su plan de igualdad y a ver cómo se está aplicando en la institución, con las consecuencias que ustedes conocen y que el
informe detalla.
Me plantean que algo parecido debería realizarse en aspectos como la transparencia y cuestiones similares. Dentro de los objetivos de fiscalización, indudablemente se incluyen verificaciones sobre el cumplimiento de la transparencia de las
entidades. En estos momentos es así porque la transparencia es una obligación legal para las administraciones públicas y también es una obligación legal como principio de verificación del tribunal, que ha sido ampliado de los tres clásicos que
figuraban en nuestra ley para incluir precisamente este principio de transparencia como una de las cuestiones que tenemos que verificar, pero tienen ustedes que comprender que hay comisiones y entidades que tienen directamente encomendada esta
labor. Nosotros realizamos la correspondiente a verificar el cumplimiento de la Ley de transparencia en sus aspectos generales, pero no llegamos a la verificación concreta de cada una de las obligaciones de cumplimiento de la Ley de transparencia,
de cada una de las obligaciones que esa entidad tiene. Con respecto a esa medida, cuando ustedes nos solicitan que publiquemos o que incorporemos a nuestro informe las retribuciones de determinados empleados o directivos, he de decir que no estoy
de acuerdo con ustedes, entre otras razones porque los informes del tribunal generalmente no publican informes de terceros que no sean la propia entidad fiscalizada, por aplicación precisamente de los principios derivados de la doctrina europea Liz
Mary Evelyn de que solo se puede aludir en nuestros informes a aquellas personas a las que se les haya dado trámite de observaciones o de alegaciones. No tiene sentido, pues, que en nuestros informes figuren las listas de empleados o directivos con
sus retribuciones. Si eso es materia de la Ley de transparencia, debe ser la propia entidad quien lo recoja y, si no lo cumple la propia entidad, que sea el consejo de transparencia quien lo pueda advertir y denunciar.
Me han preguntado si existen responsabilidades derivadas de este informe. No las hay. Ni el fiscal ni el abogado del Estado ha presentado peticiones de responsabilidad derivadas de este informe. Por último, el señor Hurtado ha hecho
referencia a la asunción de menos riesgo, lo que ha quedado contestado con la respuesta que le he dado al señor Juncal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ASUMIDAS POR LAS EMPRESAS QUE COLABORAN VOLUNTARIAMENTE CON LA SEGURIDAD SOCIAL, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000254 y número
de expediente del Senado 771/000251).
El señor PRESIDENTE: Para finalizar, pasamos al debate del último informe, de fiscalización de la gestión y control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social, ejercicio 2015.
Tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
La colaboración voluntaria de las empresas con la Seguridad Social está prevista respecto de las prestaciones por incapacidad temporal, asistencia sanitaria y recuperación profesional derivadas de contingencias profesionales, y también
respecto de la prestación por incapacidad temporal derivada de contingencias comunes. La fiscalización se refiere a las entidades de la Seguridad Social que participan en el control de las empresas colaboradoras en la gestión. Estas empresas
asumen los costes por las prestaciones económicas y en su caso sanitarias, reteniendo la parte de cuota por contingencias profesionales y aplicando unos coeficientes reductores en sus cotizaciones por contingencias comunes.
El importe de la reducción aplicada por las empresas colaboradoras en la gestión de prestaciones por incapacidad temporal derivadas de enfermedad común o accidente no laboral no coincide con el comunicado a la Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social, existiendo una diferencia de 5,8 millones de euros. Las cuotas retenidas y los gastos imputables por las empresas que colaboran en la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de accidente de
trabajo y enfermedad profesional, por importe de 141,4 y 128,3 millones de euros, respectivamente, no se refleja en ninguna partida del presupuesto de la Seguridad Social ni en su resultado económico-patrimonial. La Dirección General de Ordenación
de la Seguridad Social no ha ejercido de forma eficiente la competencia relativa a la coordinación y tutela sobre la gestión de las empresas colaboradoras. Así, no cumplió la obligación de elaborar el informe correspondiente a estas empresas ni ha
aprobado instrucción alguna en la que se determine el procedimiento de remisión de información, el plazo de envío, su contenido o las consecuencias derivadas de su falta de remisión.
El intercambio de información entre la Tesorería General y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social presenta deficiencias. Adicionalmente, esta última no ha cumplido con la recomendación del Tribunal de Cuentas tendente a
impulsar las modificaciones normativas necesarias para que los excedentes de la colaboración voluntaria se ingresen en la Tesorería General ni tampoco la que instaba a eliminar esta colaboración voluntaria en la gestión de las prestaciones
económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral.
Por lo que se refiere a la financiación de las prestaciones asumidas por las empresas colaboradoras, la normativa es significativamente antigua y escasa, no regulando de forma expresa los gastos que son imputables a esta colaboración ni los
requisitos para aplicar las mejoras en las prestaciones de incapacidad temporal. Las doscientas cuarenta empresas que a 31 de diciembre de 2015 colaboraban voluntariamente en la gestión de las prestaciones económicas por incapacidad temporal,
derivada de enfermedad común o accidente no laboral, tenían una situación económica más ventajosa que el resto de las empresas colaboradoras con la Seguridad Social. En este sentido, no anticipan el importe de la prestación, no están obligadas a
aportar recursos propios al sistema de la Seguridad Social, no tienen la obligación de realizar aportación alguna al sostenimiento de los servicios comunes y, además, tienen derecho a mejorar la citada prestación con cargo a la colaboración.
En relación con la asistencia sanitaria imputada como gasto, la normativa no define ni precisa el concepto de suficiencia de las instalaciones sanitarias de las que deben disponer estas empresas. Tan solo cinco de las setenta y cuatro
empresas colaboradoras en la gestión de la prestación por incapacidad temporal derivada de accidente de trabajo y enfermedad profesional son de carácter sanitario. Las instalaciones sanitarias del resto de las empresas autorizadas se emplean no
solo para asistencias derivadas de la gestión de esta prestación, sino también para todas aquellas prestaciones sanitarias encuadradas dentro de la prevención de riesgos laborales. Por otra parte, el informe incluye conclusiones sobre los
resultados del ejercicio, las reservas de estabilización dotadas y las mejoras de las prestaciones de seis empresas colaboradoras. En su conjunto, las empresas que colaboran voluntariamente con la
Seguridad Social disponían a 31 de diciembre de 2015 de un patrimonio total afecto a la colaboración de 403 millones de euros. Estos fondos, a pesar de tener origen en cuotas no ingresadas, están a disposición de las propias empresas y no
del sistema de la Seguridad Social hasta el cese en la colaboración. Además, este patrimonio podría haber generado unos intereses financieros de elevado importe que nunca formarán parte de la Seguridad Social.
Finalmente, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no publica en su página web de forma periódica y actualizada información relevante sobre las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social,
por lo que no da cumplimiento adecuado a las obligaciones de publicidad activa que impone la Ley de Transparencia de 2013.
Nada más, muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Gracias de nuevo al presidente del Tribunal de Cuentas.
El ámbito de fiscalización que estamos debatiendo en este momento trata sobre las prestaciones asumidas durante el ejercicio 2015 por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social en virtud de lo que está previsto en el
artículo 77.1 de la Ley General de la Seguridad Social, que básicamente reúne a empresas que tienen una serie de condiciones, una serie de requisitos, entre los que se encuentran tener más de 250 trabajadores fijos y dados de alta en el régimen
general de la Seguridad Social, poseer instalaciones sanitarias propias que sean suficientes y eficaces, y por último tener la capacidad para observar la legislación social. El informe desde luego resulta muy crítico con la gestión y supervisión
realizada por la Seguridad Social, que básicamente -por lo que aparece en el informe- se ha desatendido completamente y se fía de lo que las empresas le digan -no hay ningún control, no hay ninguna inspección, no hay ninguna vigilancia- y pone en
cuestión un sistema de colaboración que debería ahorrar costes a las empresas y a la Seguridad Social.
Para empezar, como bien ha dicho el presidente, el importe de la reducción aplicada no coincide con el que es comunicado; hay una diferencia de 5,8 millones de euros entre lo que está comunicado a la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social y el importe de la reducción, y esto es posible por esa deficiencia en el intercambio de información que se produce entre la Tesorería General de la Seguridad Social y la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social.
Parece que es una cifra alarmante -estamos hablando de 5,8 millones comparados con el total, aproximadamente 105 millones de obligaciones por el Instituto Nacional de la Seguridad Social-, pero yo creo que desde la Seguridad Social tendrían que
tener una previsión porque es una señal terrible y una invitación al fraude.
En este sentido, quería preguntar al presidente qué consecuencias acarrea para las empresas la diferencia entre la imputación de cuotas y la comunicación definitiva y si ha habido algún tipo de proceso de penalización. Estamos hablando de
la Seguridad Social que, como todo el mundo sabe en esta sala, tiene un déficit de más de 15 000 millones y no nos podemos permitir perder recursos públicos, teniendo en cuenta que el 40 % de los Presupuestos Generales del Estado van al pago de
pensiones -hablamos de 144 000 millones~_. No obstante, es cierto que cada informe que hace el Tribunal de Cuentas sobre la Seguridad Social refleja falta de control, falta de vigilancia, falta de inspección, en definitiva nuevas grietas por donde
la Seguridad Social pierde liquidez a raudales. En cinco de las empresas donde se realizaron comprobaciones no existían estudios objetivos que avalasen que el destino efectivo de los fondos fuera la asistencia sanitaria o la prevención de riesgos,
de forma que se pudiera estar financiando con cargo a cuotas, actividades ajenas a la colaboración voluntaria, destinándolo por tanto a actividades distintas a las que están previstas en este artículo 77.1.a) de la Ley General de la Seguridad
Social. Desde luego, la primera responsable de estas deficiencias es la Administración; ahí no podemos poner ningún paño caliente. Es la responsable de fijar el marco normativo que, como bien nos ha dicho el presidente, es un marco que tiene que
ser actualizado, que debe ser modernizado y que está actualmente obsoleto, y tiene que supervisar que se cumpla con la normativa aunque sea antigua.
En el ejercicio de 2015 la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social incumplió, además, la obligación de elaborar el informe correspondiente a estas empresas -algo que nos parece absolutamente intolerable-, no aprobó ninguna
instrucción en la que se determinase el procedimiento de revisión de información -el plazo de envío, el contenido de la información a remitir, las consecuencias de esa falta de remisión o el procedimiento para la subsanación de errores-, y no
dispuso de información
relativa a cincuenta y dos empresas, el 16,56 % del total. Nos parece que desde los ámbitos de la Administración, de nuestras instituciones no se puede permitir esto. Pero es que además esto no es nuevo, porque ya se había advertido con un
informe del resultado de fiscalización del año 2014, con lo cual se reiteran, encima, en los mismos vicios, algo muy pernicioso para las arcas de la Seguridad Social. En ese sentido, le quería preguntar también al señor Álvarez de Miranda si nos
podemos permitir como sociedad que otro informe nos diga esto igual dentro de tres años. Además quizás el problema más grave es que estas sociedades gozan de una situación más ventajosa -palabras textuales del informe- que el resto de las que
colaboran con la Seguridad Social, ya que no anticipan el importe de la prestación, no se les obliga a aportar recursos propios al sistema ni a realizar aportación alguna al sostenimiento de los servicios comunes, y además tienen derecho a mejorar
la citada prestación con cargo a la colaboración. En definitiva, lo que tenemos entre manos es que nuestras administraciones no controlan las colaboraciones y las obligaciones que tendrían que tener estas empresas, y encima esto produce una
situación más ventajosa, lo cual es muy negativo dentro del ámbito de la competencia.
Como bien decía el presidente, a 31 de diciembre de 2015 el patrimonio total afecto a la colaboración casi supera los 403 millones de euros -son 402,98 millones de euros- de fondos públicos que, a pesar de tener origen en cuotas, si se están
delegando intereses, nunca van a caer esos intereses en el patrimonio de la Seguridad Social, algo también muy negativo. Creemos que estamos ante un informe importante del que deben derivarse cambios normativos -actualización de la normativa- y
cambios de diversa índole y consecuencias, empezando por la más importante, la mayor transparencia. Nos parece inadmisible que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no haya publicado hasta la fecha en su página web y de forma
periódica y actualizada la información relevante sobre las empresas que colaboran voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social, que además, como bien ha dicho el presidente, sería en cumplimiento de una obligación legal, ya que lo impone la
Ley 19/2013, de 9 de diciembre.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, presidente del Tribunal de Cuentas; me uno a la alegría de ver que se encuentra ya en perfecto estado de salud.
Este informe, que fiscaliza la gestión y el control de las prestaciones asumidas por las empresas que colaboran voluntariamente con la Seguridad Social y que corresponde al ejercicio de 2015, señala diferentes aspectos que ya hemos visto en
informes anteriores sobre este mismo organismo, sobre el Instituto Nacional de la Seguridad Social; aspectos principalmente sobre los procedimientos de gestión y control, como las faltas de coincidencia entre datos y coordinación para la gestión de
las prestaciones económicas de incapacidad temporal derivadas de enfermedad común o accidente no laboral, la falta de coordinación efectiva debida a deficiencias en el intercambio de información entre la Dirección General de Ordenación de la
Seguridad Social y la propia Tesorería General de la Seguridad Social. Dice el informe que la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no ha ejercido de forma eficiente la competencia relativa a la coordinación y tutela sobre la
gestión de las empresas voluntarias. No voy a repetir las cuestiones que usted ya nos ha señalado en su exposición y también el diputado que me ha precedido en el uso de la palabra, pero sí quiero destacar por importante la cuestión de que la
Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social no cumpla las recomendaciones que anteriormente se le han dado desde el propio Tribunal de Cuentas y que fueron adoptadas como propias por esta Comisión y que también ha citado el presidente.
Quiero destacar también los incumplimientos sobre las normas de transparencia de acceso a la información pública y buen gobierno que, efectivamente, resulta un incumplimiento de la Ley de Transparencia. Y le quiero preguntar por una
cuestión que también usted ha citado y que nos parece preocupante; se trata de esa pérdida de rendimientos financieros que provoca el hecho de que el excedente originado por cuotas no ingresadas, que constituyen los fondos públicos, obren en poder
de las empresas colaboradoras y no de la propia Seguridad Social. Según el informe, a 31 de diciembre de 2015, este patrimonio afecto a la colaboración en manos de las empresas ascendería a unos 403 millones de euros. Este importe se encuentra
depositado en cuentas corrientes bancarias a nombre de las empresas y no de la Seguridad Social. Por lo tanto, el rendimiento generado por este patrimonio no se destina a
fines propios de la colaboración voluntaria con la Seguridad Social y no será reintegrado a la Tesorería de la Seguridad Social, en el caso de que esta colaboración cesara, sino que revierte en beneficio de las propias empresas. Le quiero
preguntar al presidente si no le parece que esto puede ser objeto de expediente sancionador o si tenemos alguna herramienta para evitar que así ocurra.
Como he dicho al principio, nos encontramos de nuevo con un informe que afecta al Instituto Nacional de la Seguridad Social que pone de manifiesto fallos de gestión y comunicación en lo que respecta a la gestión y el control de las distintas
prestaciones.
En resumen, es palmario el descontrol y la falta de comunicación interinstitucional. Es palmario el problema de gestión de las prestaciones por parte del Instituto de la Seguridad Social y la falta de vigilancia y control debido para con
las entidades colaboradoras, ya sean mutuas como en el anterior informe que vimos que ustedes también fiscalizaron, o ya sean empresas colaboradoras voluntarias como estamos viendo en el actual informe. Parece que no está siendo de utilidad aprobar
propuestas de resolución, y ni siquiera cumplen las indicaciones del propio Tribunal de Cuentas.
Por todo ello, nuestro grupo volverá a presentar propuestas para que el Gobierno actual, o quizá ya le corresponda al futuro Gobierno, intervenga con urgencia y actúe con celeridad para solucionar los graves problemas que sesión tras sesión
se detectan en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Palencia.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lima.
La señora LIMA CID: Gracias, señor presidente.
Como no iba a ser menos, señor Álvarez de Miranda, nos alegramos de poder compartir Comisión y también seguir analizando los diferentes informes de fiscalización que nos presenta desde el tribunal.
Tal y como han dicho anteriormente el resto de partidos, volvemos a tratar el tema de la gestión y financiación de las empresas colaboradoras voluntarias que participan en la gestión de la Seguridad Social, tanto en su modalidad de
incapacidad temporal por contingencias comunes como por las profesionales. Volvemos a hablar, al fin y al cabo, de la mala gestión de unos fondos públicos en cuantías muy considerables, destacando del informe, por parte del Grupo Socialista, los
siguientes aspectos. Hay una deficiencia en la contabilización de los ingresos y gastos derivados de esta colaboración, algo muy importante. Mientras la Tesorería General de la Seguridad Social contabiliza cuotas dejadas de recaudar por
incapacidad temporal de contingencias comunes por valor de 105,4 millones, las empresas colaboradoras lo hacen por 99,6 millones de euros. Podríamos estar hablando de una sobrefinanciación, tal y como emite el informe, algo que no se encuentra
recogido, y lo más grave es que no se han interpuesto las medidas correctoras precisas para evitarlo.
Con respecto a las cuotas relativas a contingencias profesionales, la Seguridad Social no registra, en este caso, ni gasto ni ingreso y evidentemente tampoco los excedentes. Por lo tanto, hay un escaso control contable. Hay excedentes del
sistema de colaboración que no están a disposición de la Seguridad Social que tanta falta hace. Estamos hablando -tal y como se comentó anteriormente- de que en el año 2015 se contabilizaban 403 millones más de rendimientos financieros que constan
en el patrimonio de las empresas, y que deberían estar constando directamente en la Seguridad Social. Se vuelve a poner de manifiesto el insuficiente control por parte de la Dirección General de Ordenación a las Entidades, sobre las que se debería
ejercer una tutela efectiva, tal y como marca la ley. Falta el informe anual preceptivo ni hay instrucción alguna para homogeneizar, en este caso tan importante, los procesos que deben seguir tanto las empresas como las entidades públicas. No se
han impulsado las reformas normativas recomendadas, y ya se ha reiterado en distintos informes -mire que llevo poquito tiempo en esta Comisión y ya lo he escuchado por tercera vez- para corregir elementos tan importantes como los fondos públicos, el
ingreso en la Seguridad Social de los excedentes y la derogación de la colaboración voluntaria en contingencias comunes.
Se desprende del informe un trato de favor hacia las entidades colaboradoras voluntarias, empresas colaboradoras con respecto a la incapacidad temporal de contingencias comunes que no aportan recursos propios ni medidas de sostenimiento de
los servicios comunes, en este caso, teniendo estas, por tanto, más capacidad económica que el resto de las empresas, y también pueden dedicarlo a mejorar las prestaciones a sus trabajadores y trabajadoras, y la de contingencias profesionales que
pudieran estar destinando los fondos a la prevención de riesgos laborales, algo que le corresponde en exclusividad a la empresa.
Por lo tanto, las resoluciones que presenta el Partido Socialista irán otra vez en la misma línea que las restantes que hemos venido presentando en materia de actualización de la normativa que compete a esta materia, derogación de la
colaboración voluntaria en el apartado de contingencias comunes, y en el apartado de contingencias profesionales, la recomendación de mejorar los procedimientos y la transparencia en la gestión.
Señor presidente, señor Álvarez de Miranda, yo sé que no le corresponde a usted contestarme, pero como reclamación del Partido Socialista, qué tiene que ocurrir para que en la gestión de los fondos públicos sigamos teniendo un informe tras
otro en los que nos están recomendando que hagamos efectiva la tutela que corresponde por ley directamente al ministerio -a la dirección general-, que se contabilicen los ingresos, los gastos y los excedentes, que coincidan por parte de las empresas
y también por las instituciones públicas, qué tiene que ocurrir para que esto de una vez por todas se cambie; porque, al fin y al cabo, termino por donde empecé: estamos hablando de fondos públicos que deben estar perfectamente fiscalizados y ser
coincidentes tanto en la parte privada como en la pública.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lima.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Antoñanzas.
La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente.
Señor Álvarez de Miranda, quiero agradecerle su presencia para la presentación de estos nuevos informes. Las posturas coinciden en la necesidad de proceder a dar una nueva regulación de esta fórmula de colaboración para que sea más actual,
y que prevea el retorno de los excedentes al sistema en el ejercicio en el que se produzcan, y la conveniencia de articular esos mecanismos de coordinación entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Tesorería General de la Seguridad
Social. Dicha cuestión, al igual que otras carencias puestas de manifiesto en este anteproyecto del informe, serán tenidas en cuenta y dedicadas a la subsanación al elaborar el proyecto normativo que sustituye a esa orden del 25 de noviembre de
1966 a tramitar en el presente ejercicio.
En relación con la recomendación relativa a publicar la información relevante y actualizada sobre la colaboración, se considera que hay que ser especialmente cuidadosos con la información que se publique dentro de esta Dirección General de
Ordenación de la Seguridad Social, dado que como se ha indicado en numerosas ocasiones la información que se recibe aquí es la que proporcionan las empresas, por lo que algunas veces la información es siempre la información de parte y, en ocasiones,
parcial e insuficiente. No es hasta que se realiza una auditoría, por parte de la Intervención General de la Seguridad Social, cuando se tiene esa información fehaciente acerca de esa gestión que realizan estas entidades en el ámbito de la
Seguridad Social.
Como dicen esas consideraciones, existen distintos trámites contables. En contingencias comunes las reducciones de la cuota total a las que se acogen las empresas colaboradoras son aplicadas al presupuesto de ingresos de la Tesorería
General, que contabiliza el importe íntegro de las cuotas antes de aplicar la reducción. Como contrapartida, el instituto nacional ya aplica su presupuesto de gastos correspondientes a la colaboración voluntaria, valorados estos en el mismo importe
que las cuotas dejadas de ingresar por la Tesorería General. En las contingencias profesionales, la Tesorería General imputa en su presupuesto de ingresos el importe neto de las cuotas a percibir, una vez deducida la parte de la cuota
correspondiente a las prestaciones de la colaboración voluntaria que es retenida por las empresas colaboradoras Y el Instituto Nacional de la Seguridad Social no imputa a su presupuesto de gastos estas reducciones de cuotas como gastos de
colaboración voluntaria de las empresas, por lo que es imposible conocer ese importe de las prestaciones de dicha colaboración voluntaria. Se entiende que el criterio contable debería ser homogéneo para ambos tipos de contingencias. Sin embargo,
para que sea coherente ha de afectar tanto al presupuesto de ingresos de la Tesorería General como al presupuesto de gastos de las entidades gestoras del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Instituto Social de la Marina. Entendemos que
debe ser la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social la que impulse y coordine con la Intervención General de la Seguridad Social, la Tesorería General y las entidades gestoras del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el
Instituto Social de la Marina, la adecuación de los presupuestos de las diferentes entidades a las directrices contables indicadas por este tribunal.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Antoñanzas.
Para finalizar tiene la palabra el señor Álvarez de Miranda.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, señor presidente.
En relación con las preguntas y cuestiones que ustedes han formulado, la primera y principal recomendación que formula el tribunal creo que es la propia supresión de la colaboración voluntaria en la gestión de prestaciones por incapacidad
temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, conocida como de contingencias comunes. Quiere decir que entendemos que no ha sido un modelo de buena gestión. Las diferencias en las prestaciones y en las cantidades contabilizadas por
parte de las entidades y de la dirección general derivan de la falta de remisión de fichas por las empresas colaboradoras, así como la remisión de fichas sin datos, lo que no ha provocado por la dirección General de Ordenación de la Seguridad Social
que se ejercieran adecuadamente sus funciones de coordinación y tutela, y se ha exigido a las sociedades colaboradoras que faciliten convenientemente la información. En ese sentido, yo creo que un mayor celo en la vigilancia de estas cuestiones es
perfectamente reclamable a la Dirección General de Ordenación de la Tesorería General de la Seguridad Social y que se comprometa a su rectificación.
Me han preguntado si existen expedientes en el Tribunal de Cuentas derivados de este informe. He de decirles que es el único en el que se han llevado a efecto diligencias preliminares formuladas por la Presidencia, en la sección de
enjuiciamiento, en la cual se comunica la apertura de estas diligencias para tres empresas colaboradoras que han incluido gastos de colaboración por hospitalización cuando en sus instalaciones no disponen de camas para proceder a la hospitalización
ni de capacidad para practicar intervenciones quirúrgicas. Por tanto, estos procedimientos se están revisando en la sección de enjuiciamiento. También hay otro procedimiento abierto de diligencias preliminares por la inclusión indebida por
empresas colaboradoras de gastos imputados a la colaboración que merman el saldo favorable de la Seguridad Social.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.
Sin más asuntos que debatir, se levanta la sesión.
Eran las seis y veinticinco minutos de la tarde.