CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 92

DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI

Sesión núm. 8

celebrada el martes,

24 de abril de 2018

en el Palacio del Senado

ORDEN DEL DÍA:


Presentación del Informe correspondiente a la gestión realizada por el Defensor del Pueblo durante el año 2017, remitido en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 32.1 de la Ley Orgánica 3/1981, de 6 de abril, del Defensor del Pueblo.
(Número de expediente del Senado 780/000002 y número de expediente del Congreso de los Diputados 260/000002).


Autor: Defensor del Pueblo ... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez horas.


El señor PRESIDENTE: Buenos días a todos y a todas.


Bienvenidos a esta Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, que hoy celebramos en el Senado con la comparecencia del señor defensor del pueblo para hacernos llegar el informe del Defensor del Pueblo del año 2017.


El transcurso de esta comisión va a ser el siguiente. El defensor del pueblo hablará, intervendrá, informará en el tiempo que estime oportuno y, a partir de ahí, intervendrán los grupos parlamentarios de menor a mayor por un tiempo de doce
minutos máximo cada uno. Posteriormente, el defensor volverá a intervenir, y en el caso de que hubiera algún elemento que no haya quedado claro, no para volver a una réplica, sino para alguna aclaración de algún grupo que haya considerado que no ha
habido suficiente explicación en torno a un tema, entonces se le dará la palabra por un tiempo máximo de tres minutos al grupo que lo solicite para esa aclaración.


Sin más dilación, ya que son las diez y un minuto, empezamos la sesión de hoy.


Señor defensor, bienvenido. Tiene usted la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señoras y señores senadores y diputados.


Nosotros venimos a exponer los problemas que los ciudadanos vienen manifestando que padecen y las carencias en las que incurren los poderes públicos; carencias que, en nuestra opinión, deberían ser prioritariamente corregidas.


La crisis ha generado un impacto en el ámbito de los derechos sociales, que tiene un claro reflejo en un número relativamente abundante de las quejas que vienen formulando. Los efectos derivados de la misma inciden pues sobre el ejercicio
real de los derechos económicos y sociales que nuestra Constitución ampara.


Comenzaré señalando algunos rasgos básicos de nuestro trabajo a lo largo del último año. Se han tramitado 25 776 expedientes, de los cuales 24 976 son quejas de ciudadanos -25 000 en números redondos-. Nosotros hemos hecho un conjunto de
sugerencias, recomendaciones, reclamatorios de deberes legales en una cuantía de 2338, unas pocas más que el año 2016.


Vayamos al contenido de las quejas. La queja es el arranque del proceso de actuación del Defensor del Pueblo, se las hacemos llegar a las administraciones públicas y, una vez que culmina esa tarea, ellas responden y nosotros tratamos de
poner en marcha un elemento de negociación y de convicción.


Por tanto, ahí hay una serie de cuestiones que quisiera abordar en la mañana de hoy.


Es la tercera vez que comparezco en esta comisión y he hablado casi siempre de los mismos temas. Me gustaría hablar en este momento de cuestiones sobre las que no he hablado anteriormente y que también constituyen la preocupación del
defensor del pueblo, que son las que, de alguna manera, generan su trabajo diario. Pero no quiero dejar de dar mi opinión al respecto.


Las quejas recibidas son 25 000. Para hacer manejable y entendible lo que piensan los ciudadanos, ha habido que someterlas a un análisis, teniendo en cuenta lo que podríamos llamar ámbitos específicos. Por su número, el primer bloque de
quejas tiene que ver con los servicios públicos. En este bloque hemos computado 8158, un número alto, el más alto de quejas recibidas en el año 2017. Reflejan la opinión de los ciudadanos y también el trabajo del defensor. En este bloque, en
primer lugar, tenemos el ámbito de servicios tan esenciales para la sociedad española como la justicia. A este bloque hemos agregado las abundantes listas de espera y la saturación que se produce en los servicios de urgencia de los hospitales, el
continuado y exasperante retraso en la tramitación de solicitudes de nacionalidad en el Registro Civil, que constituye el objeto de nuestra atención, así como el mal funcionamiento de los servicios de seguridad en los aeropuertos. El último paquete
está integrado por el permiso de conducir, el DNI y el pasaporte, en donde, para conseguir alguna de estas licencias, hay que superar unas cuantas carencias.


Como Defensor del Pueblo, lamentamos que, con excesiva frecuencia, se esté detectando un deficiente funcionamiento de los servicios públicos, ya sean directamente prestados por la Administración, ya sean prestados a través de entidades
privadas concesionarias. Que las administraciones públicas funcionen mal, que acumulen tantas carencias debería ser objeto de reflexión para las autoridades encargadas de su llevanza y también deberían ser objeto de corrección los defectos e
imperfecciones. Puedo entender que han sido años de recortes -los recortes en las plantillas aparecen en múltiples quejas, cualquiera sea la actuación que se lleve a cabo-, también ha habido mermas continuas en las

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inversiones de mantenimiento, lo que ha provocado que muchos servicios queden reducidos a estructuras bastante deficitarias en las que tan solo se han puesto de vez en cuando un parche. Creo que entre unos y otros deberíamos hacérnoslo ver
y observar.


El segundo bloque de quejas tiene que ver con la función y el empleo público. A este bloque se han presentado 4417 quejas, que es un número respetable y significativo, que reflejan una queja permanente de un conjunto de funcionarios que han
sido objeto de contrataciones duraderas y dilatas pero que están en régimen de interinos o que han sido contratados a través de contratos temporales y eventuales.


El tercer bloque, notable, lo he agrupado por criterios funcionales, que serían los relacionados con la política social, es decir, la sanidad, la vivienda y la educación. Dentro de este bloque, sanidad tiene 544 quejas, de las que una parte
significativa se refiere al nuevo sistema de copago de los medicamentos, en el que hay una queja recurrente de los ciudadanos. Ante esta queja, nosotros hemos querido seguir los criterios constitucionales de progresividad y equidad, nos hemos
dirigido recientemente a la Administración pública española, en este caso, a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, para proponerle una iniciativa legislativa que modifique la Ley del medicamento, en la que se fijen nuevos tramos de
renta y sus correspondientes porcentajes de aportación farmacéutica, reduciendo el amplio tamaño de los actualmente existentes. En segundo lugar, que esta normativa establezca una exención del copago para los ciudadanos con mayor riesgo y mayor
vulnerabilidad; me estoy refiriendo a las personas discapacitadas, a las personas con ingresos económicos que no superen un umbral mínimo y a pacientes con enfermedades crónicas severas, con especial referencia a los menores de edad, incluidas
también las enfermedades raras y poco frecuentes, las enfermedades degenerativas y las patologías oncológicas. En realidad, el elemento central de este cambio en el ámbito de los copagos farmacéuticos está en que se establezca una exención por
ingresos por debajo de un determinado umbral mínimo, en el que pueda resultar más efectivo compensar las carencias que tiene el sistema actual.


Pues bien, hemos tenido una cierta contestación de la Administración, aunque no muy comprometida. Si nosotros presentamos la queja en el mes de noviembre de 2017, la respuesta de la Administración se ha producido en febrero de 2018, de lo
que me parece bien darles cuenta a ustedes. Parece que la Administración admitiría revisar los tramos de renta y estudiar el establecimiento de un posible umbral de exención. Pero lo mismo que digo que hay una respuesta, también digo que quizás no
es extraordinariamente comprometida. Lo que sí señala la Administración es que estaría dispuesta a estudiar el impacto del copago sobre el gasto farmacéutico; en las demás cuestiones que le hemos planteado no hay ningún criterio que permita decir
que han sido aceptadas.


En el mundo de la política de la vivienda, se han presentado 374 quejas. Antes de entrar en esta cuestión, que me parece relevante en términos sociológicos, tengo que decir o al menos fijar un conjunto de rasgos básicos del problema de la
vivienda.


El problema de la vivienda en España es que es cara y hay que hacer un esfuerzo muy importante para poder acceder a ella. Pero no solamente eso, es que la vivienda en alquiler, que es uno de los procedimientos de acceso a la vivienda, tiene
precios altos. El número de viviendas en alquiler es bajo, el nivel de gasto público estatal destinado a ayudas al acceso a la vivienda es reducido y, por último, la disponibilidad de viviendas sociales por las administraciones territoriales es
escasa.


Hemos visto cinco rasgos que son fundamentales y ahora tendremos que ver cómo funciona el mercado. En el mercado, a la hora de definir el perfil del demandante, hay un primer grupo que es el de las personas que tienen recursos suficientes
para desplazar sus decisiones de inversión, y lo hacen en función de la rentabilidad de las mismas. Existen esas personas en España. Hay un segundo grupo que es el de las personas que consiguen que las instituciones financieras les concedan un
crédito hipotecario. ¿Por qué? Porque normalmente tienen una renta suficiente para hacer frente a ese tipo de compromiso. Y, por último, hay un tercer grupo, complejo, heterogéneo, numeroso, que ha aparecido con la crisis y como consecuencia de
la crisis. Son familias con menores a cargo, son mujeres víctimas de la violencia de género, son familias con un número importante de sus miembros en desempleo o que, aun estando empleados, tienen poca remuneración, y son jóvenes que no han podido
alcanzar la emancipación residencial. Este tipo de ciudadanas y de ciudadanos, junto con otros que vivieron procesos normales y corrientes, cuando la sociedad española crecía a una velocidad de crucero estable durante etapas dilatadas de tiempo, ha
tenido que hacer frente a fenómenos complejos y, en algunos casos, han visto cómo llegaba hacia ellos el dramático desahucio. No voy a hablarles mucho de desahucios, pero sí diré que entre 2008 y 2017 se han visto afectadas por esta traumática
decisión algo así como 600 000 viviendas. Por tanto, yo creo que hay un hecho determinante en el perfil del demandante de viviendas que

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es su condición laboral. Hoy, sobre todo, la mayor parte de los jóvenes se contratan a través de relaciones temporales y a tiempo parcial, y en casi todos los casos conlleva un baja remuneración. Por lo tanto, aquí se produce un fenómeno
que no voy a esconder. Creo que este colectivo, este conjunto heterogéneo y abigarrado de personas a las que he hecho alusión, solo tiene una posibilidad, la de alquilar en lugar de comprar. Eso hace que para muchos de ellos el alquiler no sea una
opción, sino que sea una necesidad, único procedimiento por el cual pueden llegar a adquirir una vivienda. Seamos sinceros, lo acabamos de oír en algunos lugares bastante numerosos de España: el alquiler ha subido mucho a lo largo de 2017 y está
subiendo a lo largo de 2018. En ese sentido, creemos que, de alguna manera, hemos de dar un paso más. El mercado de alquiler tiene y supone restricciones, como la propiedad, y deberíamos tratar de establecer una política de oferta pública de
alquiler social para los colectivos más desfavorecidos, como el de los jóvenes, que necesitan recurrir a este tipo de mecanismos de acceso a la vivienda si quieren tener un proyecto vital.


Hago una última referencia que quizás tenga que ver con el oficio que uno ha tenido en años anteriores. Sabemos muy poquito del mercado de alquiler, muy poquito. ¿Qué información nos proporcionan las administraciones públicas? Los censos
decenales y dos encuestas, la encuesta continua de los hogares y la encuesta de condiciones de vida. Deberíamos ser capaces de establecer algún criterio más amplio que permita conocer qué está pasando en un mercado tan esencial para la sociedad
española como el de la vivienda.


Respecto a la educación se han presentado 1092 quejas. Reconozco que con cierta ingenuidad, el epígrafe relativo a la educación en este informe se inicia confiando en que el pacto de Estado social y político por la educación llegue a buen
puerto y que con él se pueda proporcionar al sistema educativo español una cierta estabilidad. Creo que la intención es buena, porque un buen sistema educativo necesita tiempo para implementarse y para perfeccionarse. Pero, permítanme que les
diga, las cosas en España no son así. En nuestro caso se vienen produciendo cambios normativos frecuentes y con duración bastante reducida. Por lo tanto, entramos en una dinámica que hace difícil que se puedan cumplir algunos criterios que yo creo
que son esenciales. La estabilidad es un elemento importante, central, y la flexibilidad se puede llevar a cabo. Es ese juego entre estabilidad y flexibilidad el que permite evaluar los resultados, el que permite corregir las deficiencias, el que
optimiza los recursos empleados y el que hace avanzar en una oferta educativa de calidad y adecuada a las exigencias económicas y tecnológicas del momento que vivimos. Después de haber estado aquí muchos años en este tipo de instituciones, mi
pregunta es: ¿tan difícil y complejo es acordar? Creo que no debería ser tan difícil y tan complejo acordar cuando existen tantas coincidencias. El objetivo de un sistema educativo de calidad estable es compartido por todos. No creo que haya
ninguna formación política, en estas Cámaras y en este momento, que no crea que deberíamos ser capaces de producir un sistema educativo de calidad y estable, con una financiación que ha de ser suficiente y adecuada, claro está. En la selección y
formación del personal también hay acuerdo, y todos lo consideran como un elemento clave, a la vez que expresan su preocupación por la tasa de abandono y el fracaso escolar. Por lo tanto, el futuro tiene que ver bastante con la capacidad que tengan
quienes asuman la responsabilidad de aprobar las normas de esta naturaleza en los próximos meses.


Pues bien, a pesar de esas cinco coincidencias, lamento tener que decirles que creo que el pacto de Estado social y político por la educación no parece estar próximo. Hay muchas coincidencias, pero no parece que en los próximos meses
vayamos a poder obtener algún éxito notable.


Por lo tanto, me pregunto: ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que deberíamos procurar lograr en un futuro próximo? Creo que las medidas compensatorias y las ayudas que se han establecido se relatan bien en la parte relativa a
educación del informe de este año, pero me parece que hay algunas cosas que deberíamos tratar de lograr: garantizar la gratuidad y la accesibilidad a la educación en los niveles obligatorios -y no me importa decirlo con cierta contundencia-. Yo
creo que es fundamental que las clases medidas no huyan de las escuelas públicas de sus barrios. Existe un factor de garantía y también hay, y debería haber, un factor de igualdad de oportunidades en los niveles posobligatorios y en la educación
superior. En cualquier caso, este es un reto importante de la sociedad española y, desde luego, es esencial que podamos ser capaces de solventarlo, porque en la educación está el futuro de nuestros hijos.


Otro tema que viene siendo preocupación es la tramitación de las solicitudes de las rentas mínimas presentadas a lo largo de este año. Nosotros sostenemos, y hemos sostenido siempre, que los ingresos mínimos están y deben estar al alcance
de quienes lo necesitan y, para ello, debe disponerse de unos recursos presupuestarios mayores de los que existen o han existido hasta ahora. En cualquier caso tengo

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que decir que el número de quejas en el caso de las rentas mínimas es menor este año que en años anteriores. No obstante, el desempleo es un flagelo de esta sociedad. El desempleo explica el 80 % de la desigualdad, y el riesgo de desempleo
se ha concretado en un porcentaje elevado de población precisamente con bajo nivel de renta. Hay un número importante de hogares donde el porcentaje de trabajadores con bajos salarios es elevado. De hecho, un fenómeno sociológico relativamente
reconocido es que el trabajo ya no es una garantía para salir de la pobreza.


Administración de Justicia y Registro Civil: se han presentado 2395 quejas, que no son pocas. Nosotros tenemos ahí una tarea un tanto peculiar. Nosotros no entramos nunca en el mundo de lo jurisdiccional. Nosotros podemos actuar de
alguna manera sobre los medios personales y materiales que las administraciones competentes ponen a servicio y disposición de quienes tienen la responsabilidad de juzgar y ejecutar lo juzgado. En este sentido, se está produciendo en este momento un
caso significativo como consecuencia de las nuevas disposiciones que se han establecido en materia de cláusulas suelo. Un hecho que no deberíamos ignorar, y que yo no quiero ignorar aquí en la mañana de hoy, es que las demandas judiciales para
hacer frente a este tipo de modificación normativa superaban en diciembre de 2017 los 160 000 asuntos; es decir, un número de demandas realmente notable e importante. De esta situación solo se puede salir con la colaboración entre las diferentes
administraciones.


En cualquier caso, al margen de este fenómeno tan reciente e importante, los ciudadanos se quejan de que no se ha conseguido el objetivo de una justicia rápida y demandan que no exista el número de dilaciones que han venido ocurriendo a lo
largo de tanto tiempo. Los retrasos en la aplicación de la justicia son un problema estructural, y no me atrevo a decir que sea un fenómeno que ocurra en este momento, sino que viene ocurriendo desde hace bastante tiempo Resultan muy difícilmente
admisibles algunos casos que se citan en el informe y que yo voy a mencionar aquí: dictar una sentencia en octubre de 2017 y que su ejecución se programe para septiembre de 2018 no parece muy razonable; imponer una demanda mercantil en octubre de
2014 y que la vista se señale para septiembre de 2019 es otro caso no precisamente de modernidad; iniciar una causa penal en 2010 y dictar la sentencia en abril de 2017 ídem de ídem y presentar una demanda de lo social en 2015 y que esté previsto
que se dicte sentencia para finales de 2019 no deja de ser extrañamente significativo. Todos estos casos están en el informe y los traemos aquí porque son anomalías que una sociedad moderna como la española no debería permitir.


De los fallos informáticos todos tenemos conocimiento y de la falta de personal también.


En el Registro Civil se han presentado 893 quejas. La reforma de 2011 quería homologarnos a un sistema parecido al que existe en países de nuestro entorno y prestar un servicio de calidad con garantías. Por motivos que no se me alcanzan,
la entrada en vigor de esta norma se viene demorando una y otra vez y estamos en una situación de provisionalidad que afecta a todos los ciudadanos, en general a todos los que utilizan los servicios de los registros para la inscripción de
nacimientos, defunciones y matrimonios, pero sobre todo afecta muy especialmente a aquellos cientos de miles de ciudadanos extranjeros que solicitan la adquisición de la nacionalidad española.


Por tanto, me atrevo a decir que el sistema no funciona, y de alguna manera se hace más complicado porque a la ausencia de medios personales se le añaden las carencias para ejecutar labores de grabación de los expedientes y de su
digitalización. Tan es así, que se han acumulado miles de expedientes de nacionalidad y padecemos una demora crónica en su tramitación. Existe un retraso generalizado, tanto en los presentados antes de 2016 como en los que se han presentado
después, y, en general, entre los unos y los otros nos acercamos a 400 000 expedientes no resueltos. Estas cifras que se manejan son muy elevadas y cuestionan el sistema y los procedimientos empleados hasta ahora. Esto es muy evidente y como
consecuencia de ello las quejas han llovido.


El defensor considera que ha llegado el momento de hacer una evaluación del coste económico de las sucesivas encomiendas de gestión y de explorar otras formas de actuación que permitan la reducción de la demora que han de soportar los
ciudadanos extranjeros tras largos años de residencia en España. Estas carencias las venimos denunciando y, desde luego, una vez más dejaremos aquí constancia de las dificultades existentes en el Registro Civil.


El quinto bloque es el que se vincula con la actividad económica. Hay 2322 quejas y nos encontramos con que algunas iniciativas que hemos adoptado ante las administraciones tienen éxito pero otras no. Por ejemplo, la prórroga de la
suspensión de los alzamientos en ejecuciones hipotecarias está ahí y se mantiene. Pero la falta de regulación de las empresas de recobro está pendiente de la respuesta del Ministerio de Justicia; el problema de los servicios de reclamaciones de
las entidades bancarias está

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pendiente de respuesta del Ministerio de Economía, como hemos podido ver; el de los tipos de interés abusivos en los créditos rápidos fue rechazado por el Ministerio de Economía y está, de hecho -un tema como ese-, cerrado en este momento,
y la práctica que las entidades bancarias llevan a cabo tratando de vincular las concesiones de préstamos a algunas figuras de seguro está pendiente de lo que decida la Unión Europea. Por lo tanto, nos gustaría que algunas acciones que están
pendientes tuvieran en este momento una respuesta satisfactoria, que hasta ahora no ha llegado.


En materia de tributos, el más conflictivo es el IRPF, por varias causas. Los españoles admiten mal que haya tributaciones diferenciadas entre las comunidades autónomas y que la implantación de los sistemas automatizados y telemáticos haya
llevado a la supresión de los servicios que se realizaban de forma personal, lo que también es objeto de quejas. Ahora que estamos en periodo de declaración de renta, todavía hay ciudadanos que quieren rellenar el impreso y depositarlo escrito a
mano en una agencia tributaria.


En empleo y Seguridad Social se han presentado 1230 quejas. Hay un hecho que para el defensor constituye una buena noticia, y es que ha continuado la tendencia de creación de empleo y de disminución del paro iniciada en años anteriores.
Eso es una buena noticia. Pero también saben sus señorías que el defensor cree que esta crisis ha dejado un fuerte poso de desigualdad en la sociedad española y que esa desigualdad tiene que ver con la temporalidad y con la precariedad laboral, lo
que conduce a salarios más reducidos. Durante el año 2017, 9 de cada 10 nuevos contratos han sido temporales, y al finalizar el año, la tasa de temporalidad en España duplica la media europea. Es evidente que la lucha en contra de la precariedad y
en favor de la estabilidad es una actitud ineludible en los próximos años.


Hay dos colectivos a los que quiero aludir: el primero, los parados de larga duración; el segundo, los jóvenes, que tienen bastante dificultad para lograr emplearse de manera adecuada. Creo que hay que seguir estando atentos a cómo
funcionan los servicios públicos de empleo en materia de colocaciones, y un aspecto fundamental de lo que debe ser, de cómo debe actuarse y de lo que debe verse es su grado de eficacia.


En Seguridad Social se han presentado 712 quejas y tienen que ver con pensiones de jubilación, con prestaciones sociales y con el subsidio de desempleo. Los ciudadanos tratan de ver cómo se hace la tramitación, la gestión y el pago de
aquellas prestaciones a las que tienen derecho. Ahora bien, a lo largo de los últimos meses, los ciudadanos y las asociaciones de pensionistas llegan con frecuencia a nuestra sede y manifiestan al defensor su discrepancia con las modificaciones
legislativas que en materia de pensiones se están produciendo. Sobre todo, manifiestan su preocupación por lo que supone para ellos el índice de revalorización, así como por la sostenibilidad del conjunto del sistema. Estos ciudadanos y estas
asociaciones señalan al defensor que las cuantías de las pensiones son modestas, sobre todo las de viudedad.


En materia de medioambiente se han presentado 1200 quejas. De ellas se desprende que las autoridades no reaccionan de manera eficaz y que en muchas ocasiones prevalecen unos intereses económicos mal entendidos sobre los valores ambientales.
En muchas ocasiones, los controles que se han establecido no entran en el fondo de la cuestión, sobre todo porque las consecuencias medioambientales no se evalúan bien -creo que en el proyecto de almacenamiento de Doñana ha ocurrido algo parecido a
esto-. Destacan en materia de medioambiente los problemas del ruido, que son frecuentes. Pero en nuestra opinión, los ayuntamientos, los grandes y los pequeños, se muestran reacios a actuar con contundencia contra los infractores, cosa que, de
alguna manera, entra en contradicción con el hecho de que existe un número importante de sentencias con una cierta preocupación por que las normas medioambientales se cumplan.


El octavo grupo es el de extranjería e inmigración, donde se han presentado 1009 quejas. Me voy a fijar en una cuestión, en el asilo, donde se han presentado tan solo 137 quejas. Es decir, una nación como España, importante en la Unión
Europea, parece que tiene un sistema de acogida que no funciona. Sus cifras son pequeñas y no han sido capaces de gestionar el impacto que ha supuesto el aumento exponencial en el número de solicitudes durante los últimos años. Me atrevo a decir
que es insostenible la situación en la que se encuentra hoy la Oficina de Asilo y Refugio, es insostenible; no ha sido capaz de adoptar medidas de choque para la resolución de los casi 4000 expedientes que todavía tiene por resolver, y, desde
luego, tampoco lo ha hecho con los 30 000 expedientes que se presentaron en el año 2017. Por lo tanto, este es un problema que debería plantearse con atención y con alguna reflexión.


En materia de acogida, nos hemos transformado en algo un tanto peculiar. Siempre creímos que íbamos a ser un país receptor de inmigrantes, pero no somos un país receptor, somos un país de tránsito,

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con una cierta proclividad al incumplimiento de las normas y eso, algún día quizá no muy lejano nos cree algún problema con otras naciones de la Unión Europea. En cualquier caso, el reglamento de la Ley de asilo está pendiente -la Ley es de
2009 y el reglamento está pendiente- y no deberíamos ignorar la posibilidad de explorar si podemos captar recursos para el sistema de registro y para la tramitación.


Quiero aludir a un hecho que ha ocurrido y sobre el que nosotros hemos tomado posición: el de los ciudadanos venezolanos. Como ustedes saben, existe un número importante de venezolanos en España que se han visto privados de la pensión que
obtenían y que habían generado en Venezuela, y solo viven de una pequeña pensión por los años que han cotizado en España. Esos ciudadanos tienen una situación de necesidad básica y se han dirigido a nosotros y a otras instituciones para tratar de
encontrar una solución a su problema. Con motivo de ello, nosotros hemos hecho unas recomendaciones a la ministra de Empleo y Seguridad Social para que busque una solución a estos ciudadanos.


El noveno bloque es el de los centros penitenciarios, donde está incluido lo que haya que decir en su momento en el informe del mecanismo. En España hay 58 958 personas que se hallan privadas de libertad en 96 centros penitenciarios. Creo
que el antiguo problema de la masificación de las cárceles se ha resuelto, pero está pendiente de resolverse el problema del funcionamiento de algunos servicios. En el defensor nos ocupamos de tratar de proteger los derechos de los internos, con
especial acento en el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y el derecho a la salud. En muchas ocasiones hemos dicho que los internos están privados de libertad por alguna circunstancia por la que la justicia ha determinado que es
allí donde deben estar. Ahora bien, que estén ahí en esas condiciones no les priva de tener unos derechos que la Constitución les ampara, y nosotros, desde luego, haremos todo nuestro trabajo para lograrlo. Esa idea dura de que en las cárceles hay
que estar más o menos como se estaba en la época del conde de Montecristo no parece que tenga mucho que ver con el momento que vivimos. Por lo tanto, nuestro trabajo es ese, y también tratar de mejorar los protocolos.


Dentro de este bloque hay un aspecto que tiene que ver con la atención penitenciaria. Nosotros creemos que tenemos que actuar para intentar que las condiciones de estos ciudadanos sean equivalentes a las del resto de ciudadanos. Nos hemos
ocupado de los convenios con comunidades autónomas -hablaré de ello más adelante-, de los enfermos de hepatitis C, de las pérdidas de citas médicas y de una serie de hechos que están ahí y a los que aludiré muy brevemente. La Administración se
reafirma en que el tratamiento de la hepatitis C lo reciben en las mismas condiciones que la población en general. Nosotros creemos que en algunos casos, en algunos centros penitenciarios se presenta una elevadísima tasa de suspensión de consultas
por falta de fuerza conductora, y en algunos hospitales también parece ser que hay lista de espera. La pérdida de consultas en algunos sitios es muy evidente. En el centro penitenciario de Jaén se perdieron 299 citas el año pasado. El problema de
los médicos en los centros penitenciarios es la falta de atractivo que tiene esta profesión, y nosotros creemos que se debería valorar algún procedimiento para mejorar sus condiciones.


El último tema del que voy a hablar en este bloque es la atención al enfermo mental privado de libertad, al que me quiero referir en la presentación de este informe. El problema de la atención al enfermo mental persiste, y nosotros creemos
que no es una solución satisfactoria que estos enfermos se mantengan en módulos de régimen ordinario, atendidos por funcionarios de vigilancia y sometidos a códigos disciplinarios; no. Este tipo de enfermos requieren otro tratamiento, un
tratamiento que en muchos casos no se da porque no hay servicios psiquiátricos, no ya de plantilla, sino en muchos casos incluso de consultoría.


Último apartado: el de los mayores. Esta es una sociedad envejecida. El Imserso habla del envejecimiento del envejecimiento. Nosotros tenemos 46,5 millones de habitantes con una esperanza de vida del 83 %. Las personas de 65 años y de
más de 65 años son casi 9 millones, algo así como el 19 %. Los mayores de 80 años son 2 800 000, un 6 % del conjunto de la población, y créanme, estas tendencias se van a mantener a lo largo de los próximos años. Y aquí se produce una vinculación
entre edad y dependencia, porque el número de personas con limitaciones en su capacidad temporal aumenta con la vejez, especialmente a partir de los 80 años, en que son más frecuentes las enfermedades derivadas de la pérdida de memoria, algunas
demencias, personas afectadas por el alzhéimer, por ictus y por accidentes cerebrales, que se dan con mucha más frecuencia en la vejez. Por tanto, este es un colectivo de ciudadanas y ciudadanos que merece especial atención.


Pero es que, además, en él se dan algunos fenómenos, algunos rasgos que quisiera señalar esta mañana: primero, en la composición de los hogares, que no son ahora como fueron en otro tiempo; segundo, en las posibilidades de esos hogares de
apoyarles materialmente. Este es un mundo mucho

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más complejo de lo que fue anteriormente. Y, por tanto, quiero exponer aquí tres ideas: primera, la estructura de edad de la población y su proyección, que es un fenómeno a considerar; segunda, los cambios en el modelo de hogar, y
tercera, las condiciones socioeconómicas de la familia. Estos tres fenómenos inciden en un hecho que nos vamos a tener que plantear en algún momento: que la atención a estas personas tiene que intensificarse a lo largo de los próximos años y a lo
mejor se tienen que producir algunos cambios cualitativos. De hecho las quejas que en esta área se presentan tienen alguna importancia.


Hay dos problemas: el que se plantea en los servicios asistenciales derivados de la dependencia y el que se plantea en la residencias de ancianos. Respecto al primero, las quejas y los datos estadísticos ponen de relieve que el SAAD, que
es como se llama este servicio, no tiene capacidad para incorporar en un plazo razonable de tiempo a las casi 300 000 personas reconocidas como dependientes. Algo parecido ocurre con la valoración del grado de dependencia. Por lo tanto, hay
personas que están en situación de dependencia y que han sido valoradas como tales pero que de hecho no reciben la prestación reconocida a ese derecho. Eso hace que entren a formar parte de un colectivo cuya lista de espera es muy prolongada, y a
determinadas edades la lista de espera no puede ser muy prolongada, pero ese es otro punto.


Lo único que quiero señalar es que el defensor cree que el reto de llegar a la plena atención y al cumplimiento del plazo legal establecido parece imposible a no ser que se produzca una mejora en la financiación del sistema, algo que
supondrá gastos mayores y, desde luego, gastos de una cuantía notable.


En cuanto a la residencias, en este mundo también se han intensificado las quejas. Se quejan de la pérdida de atención residencial a los mayores, y los quejosos pueden ser profesionales, usuarios o familiares. Nosotros creemos que, de
alguna manera, hay que prestar atención a este fenómeno porque, desde nuestro punto de vista, hemos de ser extraordinariamente respetuosos con la dignidad básica de estas personas. Un elemento clave lo constituyen los ratios del personal que les
atiende directamente, sobre todo porque actualmente hay personas con un elevado grado de dependencia de forma bastante habitual. Las plantillas de atención directa cumplen en la mayoría de las ocasiones los ratios fijados normativamente, e incluso
en algunas circunstancias los elevan. Tengamos en cuenta que los ratios que están establecidos legalmente fueron pensados, planificados y aprobados hace tiempo para un número y unas necesidades de población mayor bien distintas a las que hoy
existen. Estas necesidades han cambiado y hay razones para afirmar, y nosotros así lo creemos, que el cumplimiento de estos estándares ya no es suficiente y hay que hacer un mayor esfuerzo, ya que las carencias, las evidencias y las circunstancias
de este tipo de usuarios han cambiado. Por eso, nosotros hemos iniciado en 2017 actuaciones de oficio en todas las comunidades autónomas para conocer las características y la dotación de recursos residenciales para los mayores y detectar las
dificultades existentes en todos estos ciudadanos y ver si lo que se hace está de acuerdo con sus necesidades.


Termino con un fenómeno que nos preocupa: la violencia machista. Y como nos preocupa, hemos centrado el esfuerzo en reclamar un doble enfoque, de género y de infancia, a la hora de luchar contra esta lacra. Venimos señalando y diciendo
que un maltratador nunca puede ser un buen padre y hemos recibido con satisfacción la aprobación del Pacto de Estado contra la violencia de género. Deseamos que las medidas del pacto empiecen a plasmarse en cambios normativos y en nuevas prácticas
que sirvan para defender a todas la víctimas.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor del pueblo.


Como he indicado al inicio de la sesión, los grupos parlamentarios tendrán un turno de intervención por tiempo máximo de doce minutos y posteriormente el defensor contestará. Intervendrán primero todos los grupos y después contestará el
defensor.


Por lo tanto, en primer lugar y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el senador Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Egun on, presidente jauna. Muchas gracias.


En primer lugar, quería disculparme por no haber podido estar en la primera parte de su intervención. He tenido otro evento importante y no tengo el don de la bilocación de santa Teresa, pero he venido corriendo como Usain Bolt, un poco más
king size. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia).

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Quería agradecerle y reconocerle, tanto a usted como a su equipo, el nivel del informe de este año, que creo que ha variado considerablemente respecto a informes de años anteriores. De igual forma, creo que es digno de reconocimiento ese
informe sobre la crisis económica y la desigualdad, que guardaré como libro de mesilla para intervenciones parlamentarias, por la calidad de su datos y por su contundencia en aspectos como la cronificación de la desigualdad, que en un momento en el
que supuestamente este Estado se está recuperando de la crisis haya personas, las más vulnerables, que no lo estén haciendo.


Hay algo alarmante, y es que haya trabajadores pobres; un 14,1 % de trabajadores están en riesgo de pobreza. Yo creo que esos datos y esos análisis eran más necesarios que nunca; quizás se deberían haber realizado con más contundencia en
otros momentos, pero, como se han hecho en este informe, quería reconocer su labor. Cabe destacar que han aumentado sus actuaciones prácticamente un 50 %, y eso es también digno de reconocérselo a la Defensoría del Pueblo. Creo que esa es la línea
en que debe continuar.


Hay que fijarse también, cómo no, en la situación de los pensionistas, que estos meses han defendido en las calles en diferentes movilizaciones una causa justa: dignificar esas pensiones, que ningún sentido tiene que se vean en riesgo en
este momento; pensiones públicas con unos mínimos que no llegan a mínimos de dignidad. Varios informes de la Unión Europea señalan que una pensión mínima debe estar en el 60 % del salario medio de un Estado. En el País Vasco lo ciframos en 1080
euros, quizás en el Estado en general pueda tener otras cifras, pero qué menos que tender a un mínimo de una pensión digna.


Respecto a un asunto importante que se va a producir dentro de dos semanas, el final de ETA, y que es una noticia positiva, quedan dos asuntos de lo que se viene en llamar posviolencia, que yo instaría al Defensor del Pueblo a que siguiera
con detenimiento. Uno es el reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas de la violencia, y también los derechos de las personas que están presas. Teniendo en cuenta el derecho de las víctimas de la violencia, el pasado
año la Defensoría del Pueblo realizó un informe sobre las víctimas de ETA, que creo que está bien, que era necesario. Cómo no, las víctimas de ETA tienen que tener todo el reconocimiento, el derecho a la verdad, a la justicia, a la no repetición.
Pero de igual forma, hay unas víctimas, en muchos casos de segunda, que son las víctimas de terrorismo de Estado, que tienen falta de reconocimiento, falta de investigación, falta de colaboración, en muchos casos, por parte del Estado. Y, cómo no,
también las víctimas de la tortura, sin equiparaciones, pero sin exclusiones, deberían ser reconocidas. Por eso insto a la Defensoría del Pueblo a investigar y, por qué no, a hacer un informe sobre las víctimas del terrorismo de Estado, las
víctimas de la tortura, que el Gobierno sigue negando. En una pregunta parlamentaria esta semana negaba que hubiera existido la tortura como forma de trabajo, cuando ya son nueve las condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no
investigación y una -la más reciente- por malos tratos. Ante eso, el Estado, en vez de hacer una lectura crítica, poner medidas para que no se vuelva a repetir y reconocer lo que ha ocurrido, hace un ejercicio de negacionismo. Por cierto, es
curioso que en el último informe del Comité de Prevención de la Tortura, en una visita a la comisaría de la Policía Nacional -la que está más cerca de aquí- en la calle Leganitos, en una sala de interrogatorios, se encontraran instrumentos tan
curiosos como un bate de béisbol, un látigo y unas cuerdas. No creo que se utilizaran en ningún caso para infligir malos tratos o torturas, pero llamó la atención a las personas que componían la delegación. No creo que se utilizaran porque desde
hace décadas la tortura es mucho más sibilina, mucho más inteligente y se aplican métodos que no dejan huellas, como son la bañera o la bolsa.


En cuanto a lo que tiene que ver con los derechos de las personas presas, hay que acabar con ese sistema Guantánamo, en el que se ha tenido y se tiene a las personas que están cumpliendo condena por haber militado en ETA o en lo que alguien
calificó un día como 'todo es ETA'. Están alejados, dispersados muchos de ellos, a más de 1000 kilómetros de sus lugares de residencia; el 90 % está en una situación de aislamiento. Cuando solo el 2 % de la población penitenciaria está en primer
grado, el 90 % del colectivo de presos vascos está en primer grado y, en muchos casos, en régimen cerrado. Es hora ya de acabar con toda esta excepcionalidad y política de venganza. En la página 164 del informe se dice que los traslados no son un
derecho de las personas presas, cuando el artículo 12 de la Ley Orgánica general penitenciaria sí lo reconoce, así como las reglas Mandela, las recomendaciones de Naciones Unidas, del Consejo de Europa y las ya numerosas sentencias del Tribunal
Europeo de Derechos Humanos, que están creando jurisprudencia, que han condenado a varios Estados por mantener a personas presas fuera de sus lugares de residencia, porque eso produce la violación del derecho a las relaciones familiares. Y qué
decir de los presos enfermos. Se aprovecha esta política penitenciara de excepción y, en vez de

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acercarlos a centros sanitarios, como puede ser Aita Menni, en Arrasate, donde ha habido un caso recientemente, se les mantiene en situaciones que no tienen ningún sentido en la Europa del siglo XXI. Es hora de acabar con esa
excepcionalidad y venganza y, cómo no, reconocer a todas las víctimas de violencia.


No sé cómo voy de tiempo, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Lleva consumida la mitad de tiempo.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Gracias.


Respecto del País Vasco, me gustaría señalar que, recientemente, una persona presentó una queja en la Defensoría del Pueblo por el cálculo del cupo, relacionado también con el concierto en la Comunidad Autónoma del País Vasco y el convenio
en la Comunidad Foral de Navarra. Es cierto que hay una campaña de desprestigio tanto del convenio y el concierto como del cálculo y el cupo en sí mismo, algunos por el desconocimiento y el analfabetismo de lo que supone el concierto y el convenio
y otros por puro cuñadismo político. Le animaría a investigar cuál es la razón de que treinta y nueve años después, 35 competencias, poderes propios que tenían que haber sido trasladados a la Comunidad Autónoma del País Vasco sigan sin
transferirse, 25 de la Ley de amejoramiento del fuero navarro. Estamos ante un proceso de recentralización y, a la vez, no se ha cumplido con el traspaso de competencias básicas, algunas fundamentales, de estos estatutos. Como alguien le instó a
investigar en materia de cupo, el concierto y el convenio, le animaría también a investigar cuál es la razón de que esto no se haya realizado.


Entrando en materia de derechos humanos, mencionaba usted, y se menciona en el informe, el asilo y refugio. Creo que se recoge bastante bien en el informe y comparto lo que se dice. Es vergonzoso que se sigan produciendo expulsiones
sumarias, a fortiori después de la condena del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el pasado otoño. De igual forma, quiero que se investigue cuál es la razón de la dificultad de acceso de las personas de origen subsahariano a las oficinas de asilo
en frontera tanto en Ceuta como en Melilla. Es cierto que las personas del Magreb o de Oriente Medio no están teniendo dificultades, pero sí las que proceden del África subsahariana.


De igual forma, cómo no mencionar el caso de Helena Maleno. Ya sé que en su oficina están trabajando para que se aclare este asunto. Es vergonzoso que a una defensora de derechos humanos se la haya señalado y puesto en riesgo, enviando
nuevos informes que el Gobierno dice desconocer y no saber nada. Recientemente, el ministro del Interior me dijo que no sabía de dónde habían salido esos informes de la Comisaría General de Fronteras que han aparecido en un juzgado de Marruecos.
En este informe se habla de estas dos ciudades africanas de Ceuta y Melilla, especialmente, en cuanto a los MENA, que es un asunto grave que se debe solucionar, pero no se menciona a los porteadores y, especialmente, las porteadoras, algo que
considero sangrante; es un ejemplo de esclavitud que va en contra de la dignidad humana y no tiene sentido que se produzca en un Estado miembro de la Unión Europea. Le insto y animo a que investigue sobre este asunto.


Para ir acabando, quiero mostrar también mi preocupación ante la reducción de derechos y libertades civiles en este Estado, y no solo porque lo diga yo, ya que son varios los organismos e instituciones que lo están señalando. Muchos de
ellos se iniciaron con la Ley mordaza, y en muchos casos, se ha dado un instrumento de abuso a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, algo que habría que revisar. Pero, mientras no se revise y no se corrija, se dan situaciones, como la que
hemos visto la senadora Isabel Mora y yo mismo en la ciudad de Melilla, en la que un agente de la Policía Nacional multaba por una falta de respeto inexistente a un fotoperiodista del diario El País, con nosotros de testigos -por cierto, un agente
que no portaba su número de identificación, como es obligatorio después de la Instrucción 13, del año 2007, una norma que en muchos casos no se cumple ni por las propias instituciones oficiales del Estado-. En el informe se hace mención a algún
caso, pero considero que es un asunto flagrante y repetitivo, y habría que investigar y obligar o aconsejar, en su caso, al Gobierno a que se cumpla.


De igual forma, esta preocupante falta de libertades lleva a que haya un debate en este Estado. Yo tengo claro que hay presos políticos, según la definición de la Resolución 1900, del año 2012, del Consejo de Europa, pero, hay otros que
dicen que no, que son políticos presos, como si el orden de factores alterara el producto. En este caso, vemos un Gobierno legítimo, pacífico y democrático, que está siendo perseguido, y la otra parte, encarcelada, algo que considero preocupante.
También hay otros colectivos, como los tuiteros, los cantantes, los titiriteros, que están siendo criminalizados, en muchos casos, detenidos, mientras la Policía Nacional se encarga de quitar prendas de color amarillo, como si fuera la criptonita
del establishment. En pleno siglo XXI, en la Unión Europea, considero un sinsentido que algo

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que forma parte de un ámbito global -y con esto acabo, señor presidente, ya que me quedan dos minutillos-...


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): No, está rozando el límite.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Vaya, pues ya termino.


Como digo, esto debería ser preocupante porque, poco a poco, este Estado, como dice el semanal The Economist -poco sospechoso de ser de extrema izquierda-, el Estado español está pasando de ser una democracia perfecta a una democracia
imperfecta, especialmente por la represión total y desproporcionada que está habiendo con el asunto catalán -un asunto político que debería ser resuelto por vías políticas-, pero no solo. Esta situación es preocupante, y mientras, vemos a ministros
que, por una fiesta religiosa, ponen la bandera del Estado a media asta y cantan himnos coloniales, como puede ser El novio de la muerte, en una fiesta religiosa.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Debe ir concluyendo, señor Iñarritu.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Voy terminando, señor presidente.


Es una cuestión preocupante, pues hemos pasado del 'todo es ETA' al 'todo es terrorismo', y hay cuatro veces más personas que están siendo imputadas por enaltecimiento del terrorismo en un momento en el que, afortunadamente, la violencia en
el País Vasco ha cesado, y hay otras violencias preocupantes, como el yihadismo, que debería centrar la preocupación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Iñarritu.


Por el Grupo Parlamentario Vasco en el Senado, tiene la palabra el señor Agirretxea.


El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.


Yo creo que hay que felicitar al defensor por el cambio que se ha dado en ciertas cuestiones a la hora de elaborar el informe. Me parece que de una actitud casi pasiva -diría yo- o casi lectora de la realidad, se ha pasado a una actitud más
activa en cuanto a la detección de lo que verdaderamente puede importar, y no solo la detección, sino a su interpretación y su posible salida. Por lo tanto, hay una especie de proactividad del defensor que yo creo que es interesante y, a su vez, es
importante porque genera también un debate. Creo que quien se implica tiene también la posibilidad de que aquello en lo que se implica pueda ser rebatido, pueda ser, incluso, cuestionado y pueda ser generador de debate. Creo que hoy esto se va a
ver claramente.


Coincido con lo que ha dicho el senador Iñarritu en muchas cuestiones que iré detallando. En el ámbito social, que es el primero que usted plantea en el informe, constata una realidad, una realidad social relativa a la pobreza, a la
situación del empleo, la denuncia de que el empleo ya no garantiza nada -evidentemente, el desempleo más-. Esa situación, llamémosle, de pobreza social que existe y que, a veces, está escondida, creo que es importante que aparezca en un informe
como este y ponga el dedo en la llaga en aquellos que son los responsables o que tienen la responsabilidad pública de hacerlo constar y pueda solucionarse. Evidentemente, todas aquellas cuestiones que no conciernen a los estamentos públicos quedan
en el aire. Aunque no todas las cuestiones conciernen a los estamentos públicos, es su obligación y su deber hacerlo saber a las instituciones públicas a las que se dirigen esas quejas.


Me voy a centrar, como harán otros también, en varias cuestiones relativas a la política penitenciaria y a las prisiones. Creo que se sigue constatando que no tenemos un sistema penitenciario perfecto, sin duda alguna. Y decir esto no es
ir en contra de nadie. Porque lo que ocurre con toda esta cuestión -el sistema penitenciario, los malos tratos, la tortura, el alejamiento-, es que, automáticamente, quien recibe esas críticas se pone una coraza, se pone a la defensiva, haciéndote
partícipe de quien padece esa situación, como si defender que no haya torturas, defender que no haya alejamiento, defender que no haya malos tratos, defender que haya dignidad en las prisiones fuera defender las causas que llevaron a esos presos a
la cárcel. Y son dos cosas muy diferentes. Cuando se dice que se tienen que investigar las torturas, como el que tortura -si es que ha existido tal tortura- es un poder del Estado, automáticamente, se considera que se va en contra de los poderes
del Estado y se defiende al torturado -si es que ha existido-, que ha sido un delincuente, un terrorista, un criminal. Creo que hay que quitar ese antifaz, porque creo que es el mayor lastre que tiene la democracia española cuando no quiere
investigar, precisamente porque parece que es causarse a sí mismo el daño. Si no hay nada, no hay nada. Pero si

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la Unión Europea dice que investiguen ustedes y no quieren investigar, lo lógico es sospechar por qué no se quiere investigar. ¿Es que alguien esconde algo?


El alejamiento es una cuestión que más de una vez le ha reiterado mi grupo -y que sigue retirándole- no solo porque los familiares de los presos no tienen ninguna culpa del delito que haya cometido, no, sino porque no hay que confundir las
cosas. Existen los derechos de los ciudadanos presos, y no se puede perjudicar doblemente a nadie. Me da igual que sea un yihadista, un terrorista de ETA, un violador o un ladrón de gallinas. Me da igual; es una persona presa. Puedo estar
totalmente en contra del delito que ha cometido, pero no tiene nada que ver, y sus familiares y sus hijos, tampoco.


En torno a este tema hay otra cuestión. No sé si usted ha tenido constancia de ciertas quejas que han presentado algunos presos en el centro penitenciario de Albolote, en Granada, sobre la discriminación machista que se ha producido, según
la queja de estos presos, en la cárcel de mujeres, a quienes se ha obligado a realizar funciones que no les corresponden -a los hombres no les obligan, a las mujeres sí-, como limpiar ciertas letrinas. Es una conducta totalmente reprobable, por
supuesto, primero, porque discrimina entre hombres y mujeres y, segundo, porque tampoco sé si les corresponde hacerlo. En cualquier caso, me gustaría que usted tuviera constancia de este tema y lo investigara.


Hay ciertas quejas relativas a función y seguridad pública, como los problemas que hay en las oficinas del documento nacional de identidad. Cada vez son más las ciudades que están reclamando, porque hay unos problemas inmensos para hacerse
el carné. Es algo que todo ciudadano de este Estado está obligado no solamente a tener, sino a renovar cuando le corresponde, y la Administración pone problemas para que eso sea posible. Eso no es lógico, no puede ser. Lo mismo pasa con los
examinadores de tráfico. Ya sé que el problema no es suyo, pero usted como su receptor sabrá que no se puede conducir sin carné y hay colas y colas de personas que quieren examinarse. Tenemos una situación complicada, como usted bien ha reflejado
en su informe.


Ha hablado de la educación. Usted se ha sumergido en algo tan político como es la defensa del pacto de Estado. Y se lo agradezco, porque aquí nadie es apolítico; todo el mundo tiene sus pasados más presentes y sus relaciones, y todos nos
conocemos. Me parece bien, además, porque no somos robots. Pero cuando ha hablado de por qué usted considera que es necesario un pacto de Estado, ha entrado en ciertas cuestiones y se le ha olvidado una, porque también es necesario que se respete
el ámbito competencial de la educación. Algunos hemos dejado de participar en esa comisión porque veíamos que no se iba a respetar eso. Y tan importante como otras cuestiones de las que usted ha hablado es que se respete el ámbito competencial
educativo para que sea posible que la educación en cada ámbito sea la que corresponda. Cuando la competencia absoluta de educación está transferida -por ejemplo, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco-, esa comisión debe garantizar que
el sistema educativo que se implante va a respetar esas competencias.


No voy a entrar en las migraciones y en los CETI, porque hemos tenido algunos debates monográficos y creo que está todo dicho. En ese sentido, la labor de vigilancia y denuncia que usted está haciendo es aceptable y buena. Creo que debe
seguir trabajando en ese ámbito.


Sí voy a incidir en el tema del déficit democrático. Coincido plenamente con algunas cuestiones de las que ha hablado el señor Iñarritu. Creo que en este Estado estamos bajando enteros en cultura democrática. Creo que se está
interpretando la ley y que la legalidad está por encima de la democracia, y creo que es un resorte bastante pobre, porque cuando no se tiene maniobrabilidad democrática, se recurre a la ley como si fuera un clavo ardiendo, porque no se tiene
capacidad para convivir democráticamente y se necesita el apoyo de algo tan seco a veces y tan poco político como puede ser la legislación vigente. En ese sentido, sería importante que usted también hiciera un comentario en torno a la actitud que
las fuerzas de seguridad del Estado tuvieron el 1 de octubre en Cataluña. La imagen al exterior fue bochornosa, aunque lo bochornoso no fue tanto la imagen como el hecho de que se tuviera que actuar de aquella manera ante gente que lo único que
quería era votar. Los problemas políticos se solucionan políticamente. Lo que ocurrió fue un hecho bastante lamentable.


En cuanto al cupo, está muy de moda cuestionar el concierto o el cupo. Estuvo usted muy acertado al no atender aquella petición que le hicieron de recurrir el cupo. Creo que fue inteligente su actitud. Coincido en que defender al pueblo
es, también, defender las transferencias que le corresponden a la Comunidad Autónoma de Euskadi, que tantos años llevamos reclamando. No se cumple la ley. Tanto decir que se ha de cumplir la ley, pero lo que no se está cumpliendo es la ley y,
cuando no se cumple, hay que denunciarlo.

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Por lo demás, espero que continúe con esta labor, que siga denunciando lo denunciable y poniendo el dedo en la llaga sobre aquellas cuestiones que, por muy molestas que pudieran ser para la Administración, se tienen que solucionar en aras de
conseguir un sistema más justo y democrático.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Agirretxea, ha cumplido perfectamente con su tiempo.


Por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana no hay ningún portavoz en este momento, por lo que correspondería el turno de portavoces al representante del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Gómez.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señor Fernández Marugán, bienvenido, una vez más, a esta comisión. Quisiera darle la enhorabuena y felicitarle a usted y a todo su equipo por el magnífico informe que han realizado; creo que este año es mejor que el del año
pasado, pues refleja mejor la situación que se vive en el país. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


No pensaba entrar en este asunto, pero ante los comentarios que se han hecho anteriormente sobre el déficit democrático que hay en España, que tenemos una democracia imperfecta, o que en España hay presos políticos, yo quisiera manifestar
que España es un país tan tan tan antidemocrático que -mire usted- cualquiera puede venir a esta Cámara o al Congreso de los Diputados y decir lo que quiera, incluso montar el mayor espectáculo. En este país no hay nadie en la cárcel por sus ideas
políticas. En este país no hay nadie preso por sus pensamientos. En este país hay gente en la cárcel por saltarse la ley, por saltarse las resoluciones de los tribunales de justicia, del Tribunal Constitucional. Se lo habían avisado los letrados
de las Cámaras, se lo había avisado todo el mundo. Por eso están en la cárcel, no por sus ideas. Para que haya democracia es básico, es fundamental que se respeten las reglas del juego, que se respete la ley, porque si no se respeta la ley, si no
se respetan las reglas del juego que todos nos hemos dado, no hay democracia. Si aquí cada uno puede hacer las reglas del juego a su antojo, no podremos hablar, ni mucho menos, de democracia.


En cuanto al informe, en primer lugar, quisiera hacer unos comentarios generales, para después centrarme en diferentes áreas.


Me ha llamado la atención el tiempo medio de respuesta de las diferentes administraciones. Veo en el informe que, desde el año 2014, en general, todas las administraciones han ido mejorando el tiempo de respuesta, salvo las universidades y
otras entidades públicas. Por lo tanto, quisiera saber si ustedes se han puesto en contacto con ellos, o si les han requerido para saber por qué van aumentando sus tiempos de respuesta y que me explicara cuál es la situación.


Por otra parte, en 2017, se presentaron en esta comisión tres estudios monográficos: uno, sobre la enfermedad de la celiaquía; otro, sobre la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica y, otro, sobre las
contenciones mecánicas en los centros de privación de libertad y una guía de buenas prácticas; tres informes muy buenos y minuciosos, donde se señalaban una serie de recomendaciones a diferentes administraciones.


En este sentido, me gustaría que nos indicase en qué situación estamos en relación con esas recomendaciones, si han sido o no atendidas o cómo ha ido evolucionando la situación respecto a estos tres aspectos.


En cuanto a los recursos, no voy a entrar en el cupo vasco porque eso es de este año, de 2018 y lo hablaremos cuando se presente el siguiente informe. Nadie dice que el cupo sea inconstitucional, está en la Constitución y hay que
respetarlo, claro que sí, pero otra cosa es el cálculo que se haga del cupo. Sin embargo, nos llama la atención que se hayan presentado 28 solicitudes -si no he contado mal- y que solo se hayan atendido 4; es decir, que no llegan al 15 % las
solicitudes atendidas en cuanto a plantear recursos de inconstitucionalidad. Creo que es un criterio restrictivo y, además, echo de menos en el informe que, si bien se explican cuáles son las razones que expone el solicitante, no ocurre así con las
razones que usted argumenta para denegar la solicitud. Sería bueno que en el informe apareciese eso.


También se detallan cuáles son las administraciones entorpecedoras: 19 ayuntamientos y un colegio profesional. Ya se ha dado traslado a la fiscalía y me gustaría saber en qué situación están esos expedientes, qué ha pasado y sobre todo,
como aragonés que soy, me gustaría saber en qué situación está el del Ayuntamiento de Barbastro.

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Pasando ya a áreas concretas de su informe, le diré que estamos de acuerdo en que el principal problema que tiene este país es el del empleo. Por un lado, la tasa de paro, que es absolutamente desproporcionada, la segunda tasa de paro más
alta de Europa, lo que no se resuelve ni se aborda correctamente tanto por unos como por otros gobiernos. Y, por otro, la precariedad, porque 9 de cada 10 contratos son temporales y con salarios muy bajos, lo que dificulta que la gente pueda tener
un proyecto de vida. Es un asunto que debemos resolver.


También nos preocupa la educación. Ciudadanos intenta impulsar el pacto por la educación y, al final salió la subcomisión con Partido Popular y Partido Socialista pero, por desgracia, hay intereses partidistas. Como usted decía, en los
grandes aspectos coincidimos todos los grupos -y el presidente de esta comisión es también miembro de esa subcomisión-, pero esos intereses partidistas se ponen por encima de los intereses de Estado. Esto es un problema, porque al final la
educación es nuestro futuro, es el futuro de nuestros hijos y nuestro futuro como país.


También le quería preguntar sobre el área de trasparencia. Han hecho una encuesta y me llama la atención que en ella se diga que el 75 % de las personas sabe cómo acceder a la información de las administraciones públicas. Me gustaría saber
cómo se ha hecho esa encuesta, porque si se ha hecho vía web, puedo entender que la gente que haya entrado en la web del Defensor del Pueblo esté habituada a buscar esa información y, así, me cuadraría más la respuesta de los usuarios. Repito que
me gustaría saber cómo se hizo esa encuesta y si tienen pensado modificarla o hacer una nueva. Ustedes también han planteado una serie de sugerencias al Consejo de Trasparencia. Se dice en el informe que, a fecha de su elaboración, todavía no
había contestado, pero no sé si a día de hoy, ya que ha pasado un tiempo, ha contestado ya o no.


Nos preocupa mucho también, y lo reflejan también en el informe, la subida de precio de la vivienda de alquiler, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona.


No ha abordado en su exposición el tema de la ocupación -no puede abordarlo todo-, pero en el informe sí que se recoge. Se trata de un problema que afecta al derecho del propietario a disponer de su vivienda, al derecho de los vecinos a su
descanso, y a vivir en paz y con tranquilidad. Han hecho una serie de sugerencias a la fiscalía, que ha rechazado y nos gustaría saber qué le parece.


Para terminar, llama la atención que la tercera área que más quejas recibe sea la Administración de Justicia. La verdad es que es un poco descorazonador que la Administración que tiene que ser garante de los derechos y libertades de los
ciudadanos ocupe el tercer lugar en número de quejas. Esto es debido a la falta de medios, no a la dedicación y al esfuerzo del personal, tanto jueces y fiscales como el resto, que hacen un trabajo fantástico. Sin embargo, hay una clara
deficiencia de medios en este país y creo que la justicia ha sido el hermano pobre porque, como no daba votos, siempre ha estado desatendida. De este modo, es posible que lleguemos a algo histórico en este país, a una huelga de jueces y fiscales,
que es algo que nunca ha ocurrido y hay que tenerlo en cuenta.


Le doy nuevamente las gracias, la enhorabuena y le felicito por su trabajo y por el de todo su equipo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.


En nombre del Grupo Parlamentario Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la senadora Mora.


La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.


Señor defensor del pueblo, quiero agradecerle su asistencia a esta comisión para presentarnos el informe anual, y felicitarles a usted y a su equipo por su trabajo. Este informe nos parece mejor que los anteriores, más claro, y señala
lagunas que afectan a los derechos fundamentales de los ciudadanos y a los problemas de los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Hemos visto en este informe una clara mejoría y queremos agradecérselo. También quiero felicitarle por algo que
anteriormente echábamos en falta: la presencia del defensor del pueblo en las situaciones de conflicto y de grave vulneración de los derechos humanos. Por ejemplo, hemos visto un cambio en relación con lo que ocurrió en Archidona y en otros casos,
una implicación personal y directa, y una sensibilidad especial cuando se produce una vulneración grave de derechos humanos, sobre todo en el caso de colectivos vulnerables.


Además, hemos percibido un aumento en la tramitación de los expedientes de un 48 % y un aumento de las resolución de un 32 % y me gustaría que este hecho se reflejara en los presupuestos. Entiendo que han puesto un especial interés, pero
nos gustaría saber qué necesitan para una mayor intervención en algunos temas, a los que haré referencia, y dónde necesitan mayor presupuesto o mayor dotación. Nos

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ha parecido muy bien el anexo de la crisis económica y la desigualdad. Nos ha parecido un acierto total. Es una radiografía muy buena de la situación en la que está viviendo una parte importante de la población española durante la crisis,
en la que se está cronificando una situación de desigualdad, de injusticia y de pobreza. Además, se señalan claramente cuáles son las políticas públicas que están ahondando en esa brecha social cada vez mayor.


Estamos totalmente de acuerdo en que hay que revertir la política fiscal, de manera que sea progresiva, y no regresiva, como la que estamos aplicando. De hecho, lo que se está consiguiendo es acumular riqueza entre unos pocos y empobrecer a
una mayoría social, que está manteniendo esta situación de crisis.


Nos parece muy interesante señalar el problema de los jóvenes en relación con el derecho a la vivienda. Existen situaciones dramáticas. Las reformas laborales han facilitado que se usen fraudulentamente los contratos temporales, y es un
problema que afecta directamente a la población joven, poniendo encima de la mesa, como bien ha dicho, que ser trabajador no significa poder llegar a fin de mes ni poder mantener un proyecto independiente de vida, ya que hay un 14 % de trabajadores
pobres.


Nos parece estupendo incidir en que hay que fortalecer lo público, en que no se puede precarizar lo público ni utilizar excusas para privatizarlo. En este sentido, se señala hasta qué punto se han ido deteriorando esos servicios durante los
últimos años y quería incidir en lo que ha comentado sobre la justicia porque tenemos un problema estructural de mal funcionamiento, debido al retraso de los procedimientos judiciales. Quiero señalar que este problema de la justicia tiene que ver
con la desatención y con el interés político porque, obviamente, es una cuestión política y no una cuestión que surja por sí sola.


Respecto a la vivienda nos parece imprescindible incidir en la necesidad de hacer un gasto público importante para que exista un parque público de vivienda en alquiler social suficiente, sobre todo para jóvenes. Es dramático que hoy en día
los jóvenes, con trabajos superprecarios, no puedan independizarse. Hay que abordar esa realidad y nos parece muy bien lo que plantea en el informe.


Me centraré ahora en uno de los colectivos más vulnerables e invisibles: el de las prisiones. Nos gustaría que se hiciera un esfuerzo por visitar todas las prisiones, pues todavía no se ha hecho. Son los servicios públicos más ocultos,
más opacos y más desconocidos, y la sociedad civil encuentra ciertas dificultades para acceder a su interior; de hecho, a los parlamentarios nos llegan muchas quejas de la sociedad civil porque tienen dificultades para relacionarse con la
Administración. Por ello, nos gustaría que se prestara atención a esto. Asimismo, me gustaría resaltar algunas cuestiones que nos parecen claves acerca de lo que está sucediendo dentro de las prisiones. Por ejemplo, como se explica muy bien en el
informe, la situación de la asistencia sanitaria en prisión, que si ya antes estaba deteriorada, ahora es realmente dramática. Una de las cuestiones más graves está siendo la reducción de la plantilla del personal sanitario. Eso lo señala en el
informe y relata muy bien cuáles son las consecuencias de la falta de personal sanitario, como el deterioro de sus condiciones laborales, pero que también incide, y muy negativamente, en la sanidad de la persona presa. No se está cubriendo la
plantilla del personal médico desde hace muchísimos años, desde el año 2008, y ni siquiera se cubre cuando se hacen ofertas para la contratación temporal. Sin embargo, no comparto la opinión que ha dado sobre que es por falta de atractivo de ese
trabajo porque el personal médico es un personal de vocación, que tiene muchísimo interés en trabajar ahí; el problema es que se están deteriorando tantísimo las condiciones laborales que es muy difícil que haya alguien que quiera trabajar allí con
esas condiciones. Además, no solo supone el deterioro de las condiciones laborales, sino que eso se suma al entorno de una prisión, la violencia y otras situaciones, que van mucho más allá de condiciones laborales. Obviamente, ahí hay un culpable
directo, que es Instituciones Penitenciarias que, desde mi punto de vista, está deteriorando mucho este recurso, con la idea de transferirlo al menor coste posible porque lo que gastan en asistencia sanitaria cada vez es menor.


Voy a hacer referencia al Paiem, el Programa de atención integral a enfermos mentales, que ha mencionado en el informe y sobre el que me gustaría solicitarle una petición, si lo tiene a bien. Me parece muy grave que haya personas con
enfermedad mental que estén cumpliendo sus penas con medidas de seguridad en centros ordinarios, como el caso que comenta en el informe. Cumplen sus sentencias en centros ordinarios porque Instituciones Penitenciarias indica en los juzgados que es
posible el cumplimiento en un centro no especializado gracias a este programa de atención, pero esto es mentira; ese programa integral no cuenta con recursos, no existen plantillas y no existen especialistas. Además, hace referencia en el informe
y se posiciona en el sentido de que no deberíamos permitir que personas con medidas de

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seguridad estén cumpliendo sus penas en estas condiciones, en centros ordinarios. Sería muy interesante hacer un mapeo de cuál es la situación real en cada centro penitenciario y cuáles son los recursos del Paiem para poder enviarlo tanto a
los juzgados como al Consejo General de la Abogacía y que esto no ocurra.


El mayor número de quejas en materia penitenciaria se refieren a los traslados en las prisiones y dice que son 804. Tampoco comparto lo que figura en el informe sobre que no es un derecho del interno sino que es criterio de la
Administración. Es cierto que la distribución corresponde a la Administración, pero sí señala que se podían tener en cuenta razones humanitarias. Además, no estoy de acuerdo con eso porque el artículo 25 de la Constitución española habla de la
reinserción, y la reinserción no es posible si no existe una vinculación familiar y la pena se cumple fuera del entorno familiar. Por otro lado, la Ley General Penitenciaria habla, en el artículo 12, de que es necesario que existan centros
penitenciarios en todos los ámbitos territoriales para evitar el desarraigo social al estar lejos de la familia. Esto es lo normal, y ya hay sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vinculando el cumplimiento de la condena en el lugar de
residencia con las relaciones familiares. Sería bueno prestar atención a esta situación porque, por los últimos datos que me facilitó el Gobierno, casi el 30 % de las personas presas cumplen condena fuera de su lugar de residencia. Es un
porcentaje muy alto, con independencia de que haya un colectivo en concreto que está especialmente alejado de su lugar de residencia. Pero, repito, el 30 % de las personas presas son casi 17 000 personas, y habría que prestar especial atención a
ese dato porque esto incide en la reinserción.


Quiero mencionar a las personas con diversidad funcional dentro de prisión, en concreto a los sordos, y lo quiero mencionar porque el Gobierno no sabe cuántos sordos hay dentro de prisión, según respondió a mis preguntas recientes. Por
tanto, no hay intérpretes y la Ley de derechos de las personas con discapacidad no se está cumpliendo. En este sentido, sería interesante empezar a darle cumplimiento y elaborar un plan.


También en relación con las cárceles quisiera incidir en que sería interesante que se prestara atención a las personas con largas condenas, a los que tienen cadenas perpetuas de verdad. Habla solamente de un caso de Córdoba, de alguien que
cumplía 36 años seguidos sin permisos, y se dice expresamente que el programa de reinserción no funcionaba; pero es que actualmente hay 195 personas con más de 40 años de cumplimiento efectivo; 101 con más de 50 años de cumplimiento efectivo; y
54 con más de 60 años de cumplimiento efectivo. Son datos del Gobierno de hace menos de un mes. Es interesante incidir en qué está pasando con los tratamientos de personas que cumplen cadena perpetua, y en cuál es el deterioro de estas personas,
porque eso también es contrario a la reinserción.


Por último, en materia de prisiones, quisiera indicarle que también sería interesante -y no se habla de ello en el informe- prestar atención a las personas en régimen cerrado, en primeros grados y en régimen cerrado, que es una situación
especialmente dramática. Es una regulación que va directamente contra los derechos humanos.


El señor PRESIDENTE: Señora Mora, ya ha sobrepasado su tiempo.


La señora MORA GRANDE: Voy acortando, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Acortando, no. Tiene que acabar.


La señora MORA GRANDE: Voy acabando.


Actualmente hay 900 personas clasificadas en régimen de aislamiento absoluto a las que se debería prestar atención.


Para terminar, quiero decir solamente en materia de migraciones que nos parecen muy bien las referencias que se hacen. No tenemos un sistema de acogida y estamos incumpliendo muchísimas normas. Nos parece muy bien el trabajo que está
haciendo, y quiero solo indicarle que se hace poca referencia al tema de las porteadoras.


Quisiera hacerle una petición en materia de devoluciones en caliente.


El señor PRESIDENTE: Ya se ha pasado su tiempo.


La señora MORA GRANDE: Y es que pidan el visionado de las cámaras cuando hay fallecimientos porque nosotros tenemos problemas para lograrlo.

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Y recordarle también el déficit democrático que se está produciendo con la criminalización de defensores de derechos humanos, como es el caso de Helena Maleno, al que sé que le está prestando atención.


Les agradezco el informe y el trabajo que han realizado.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Mora. Ha sobrepasado su tiempo y esperemos que no ocurra más veces.


En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la diputada señora Galovart.


La señora GALOVART CARRERA: Gracias. Buenos días defensor, adjunta y equipo que les acompaña.


Existen políticos que no solo dominan la gramática de la competición política sino que también saben de la más compleja y generosa de pensar en los intereses de la sociedad, por encima de los de su grupo político. Es fácil identificarlos en
unos y otros partidos, y todos ellos forman una comunidad que es un pilar para nuestra democracia.


Hace dos meses tuve la ocasión de resaltar la espléndida labor de la defensora María Luisa Cava de Llano, que por encima de todo puso el foco, hizo visible y denunció la inhumana situación de los presos españoles en el extranjero. Hoy, en
esta comparecencia, he de poner de manifiesto que el defensor Fernández Marugán, sin renunciar ni esconder su ideología, se ha despojado de ella en aras de los intereses generales y se está tomando la molestia de ser útil a los demás; útil porque
su informe es claro y de fácil comprensión al utilizar un lenguaje preciso y no alambicado; útil porque al mejorar su sistemática, los temas se encuentran y no hay que buscarlos entrelíneas; útil porque hace un relato coherente y su toma de
posición está fundamentada y contextualizada, y con esas armas intenta vencer convenciendo; útil porque al no contentarse con que la Defensoría sea un mero registro de quejas o de actuaciones de oficio, intenta ir al fondo de las cuestiones
buscando la verdadera voz de los ciudadanos y de las ciudadanas; útil porque pretende ser un agente eficaz para la solución de los problemas de nuestro país; útil porque alza su voz, aunque no agrade, aunque moleste al poder establecido y aunque
personalmente le pueda perjudicar.


Así las cosas, también he de señalar que el informe tiene, además, las siguientes fortalezas, y es que viene acompañado de la novedad de un informe específico sobre la crisis económica y la desigualdad. En dicho informe centraré parte de mi
intervención en el Pleno. Contiene un nuevo apartado sobre violencia de género, tal y como reclamamos en nuestra intervención sobre el informe de 2016, apartado del que resulta el compromiso de la Defensoría en la lucha contra la violencia machista
y también su toma de posición sobre la necesidad de cumplir con los compromisos del Pacto contra la violencia de género, alertándonos al mismo tiempo del riesgo de prometer y de no dar; premonitoria advertencia, habida cuenta del limbo en el que se
encuentra la partida de 200 millones de euros, comprometida en su día por el Gobierno, en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales.


Otra fortaleza del informe es su apuesta por retomar la presencia de la Defensoría en el ámbito internacional, habiendo designado para ello a una experimentada persona para la coordinación y dirección de las relaciones internacionales.


Sin embargo, señorías, señalar las fortalezas del informe sin hacer mención a sus debilidades desvirtuaría nuestra pretensión de realizar una evaluación lo más objetiva posible de este. Por ello, como tales, destacaré las siguientes: la
falta de un área específica para la defensa y promoción de los derechos de los menores con el objeto de conformar una idea de conjunto sobre su situación y de evaluar las políticas dirigidas a estos, todo ello sin perjuicio del buen trabajo llevado
a cabo por la adjunta segunda y por su equipo asesor. Mi grupo político tiene una gran preocupación por la situación de la infancia, máxime si se tiene en cuenta que en 2017 se produjo el mayor empobrecimiento infantil de los últimos años y que,
según el INE, el 22,23 % de los niños y niñas se encuentran en riesgo de pobreza.


Otra de las debilidades que quiero señalar es que la Defensoría cuenta con un presupuesto insuficiente para poder cumplir de forma plena y efectiva con sus funciones constitucionales. Es insuficiente el presupuesto si se pretende compaginar
el acortamiento de tiempos de respuesta a la quejas con la calidad de las resoluciones. No es suficiente tampoco si se ambiciona hacer análisis de conjunto sobre las diferentes realidades detectadas a través de la queja; si en definitiva se quiere
ir al fondo de estas. No llega el presupuesto si se quiere ir más lejos de las quejas y entrar de verdad en los sitios donde las personas no se quejan por sufrir una especial vulnerabilidad. Es pequeño el presupuesto para el

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Mecanismo nacional de prevención de la tortura, como expondré en su día. Es recortado el presupuesto si el defensor aspira a hacer más y mejores seguimientos de los compromisos de la Administración. A este respecto, quiero señalar que en
el actual entorno digital es necesario un nuevo método de trabajo que permita, por ejemplo, el acceso al sistema informático de las administraciones, para comprobar de forma efectiva el cumplimiento de las resoluciones aceptadas.


Cambiando de discurso, y obligada a elegir entre los variados temas del informe, he optado por el del funcionamiento de los servicios básicos del Estado y, en concreto, de la Administración de justicia. La decisión de esta elección estriba
en que es el primer bloque de quejas, unas 8000, referentes al funcionamiento de los servicios básicos del Estado y también en que su funcionamiento, por ser deficiente, conculca el derecho de la ciudadanía a la buena administración y su derecho a
que las administraciones, con eficacia y en plazo razonable, cumplan su deber constitucional de servir con objetividad a los intereses generales; intereses que se encuentran en la promoción de los derechos fundamentales de las personas. Así, el
defensor, también este año, insiste en que los servicios públicos esenciales para la vida de los ciudadanos no sirven a esos intereses generales de la población, sobre todo a los intereses más elementales de las personas más necesitadas de esos
servicios que son, precisamente, los que no se han beneficiado de los efectos de la recuperación económica y a los que les resulta difícil o imposible reclamar sus derechos. Reitera el defensor también que la causa principal del mal funcionamiento
de esos servicios se encuentra en un alarmante abandono en inversiones económicas. Incluso se deduce del informe el contrasentido de que la Administración a veces ahorre por la técnica de no generar derechos o de dilatar su ejercicio. ¿Cuánto
ahorro genera el no cumplimiento de la Ley de dependencia, por ejemplo? Pues es fácil calcularlo, teniendo en cuenta el elevado número de personas que fallecen con derechos reconocidos sin haber recibido el servicio o la prestación; sin haber
podido, en definitiva, ejercer sus derechos subjetivos.


Concretando, y respecto a la Administración de justicia, es obligado hacer mención a su colapso, a su monumental retraso, léase juzgados de la mercantil, y a la situación límite en la que se encuentran muchos de ellos. Se trata de un
problema estructural desde hace décadas.


Vamos a hablar de esta Administración por el gran número de quejas presentadas, más de 3000, y porque no se ha conseguido la justicia rápida y eficaz que demandan la ciudadanía y los operadores jurídicos. No en vano se ha anunciado una
protesta de jueces y fiscales que puede culminar en huelga general y que tiene mucho que ver con el mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Ante esta situación, nos preguntamos: ¿Qué justicia es esta que se ve obligada a citar a
juicio con dos o tres años de demora? ¿O la que dicta sentencia con tanto retraso que ya no existe objeto a resolver? ¿Puede ser eficaz una justicia con sistemas informáticos inadecuados, descoordinados e incompatibles con los sistemas
tradicionales? ¿Tiene algún sentido que el sistema telemático de los juzgados sea diferente al de las fiscalías? ¿Es posible una gestión adecuada si existe escasa coordinación entre las tres entidades que gestiona la Administración de Justicia?
¿Se invierte suficientemente en medios materiales y personales para afrontar la carga de trabajo de los juzgados y fiscalías y también para dotarlos de infraestructuras necesarias? Léase, por ejemplo, los juzgados de Plaza de Castilla, de Madrid.
Señorías, con estos mimbres, ¿dónde está la tan cacareada tutela judicial efectiva?


Desgraciadamente, según el informe, en 2017 la situación fue igual de mal y, si no se remedia, continuará así de mal en 2018, porque son insuficientes los 1774 millones de euros que figuran en el Proyecto de Ley de presupuestos del
Ministerio de Justicia, inferior al también insuficiente presupuesto socialista de 1800 millones de euros del año 2010.


Así las cosas, y sin poder adentrarnos en la situación de otros servicios esenciales para una vida digna e imprescindible para el ejercicio de los derechos fundamentales, se puede concluir y se deduce del informe del defensor y también del
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado que en nuestro país los servicios públicos esenciales están bajo mínimos: Energía eléctrica, con 4 600 000 personas que no pueden mantener su casa caliente; una salud con listas de espera
interminables y un copago farmacéutico basado en la atención por proceso y no en la lógica de la atención integral al paciente; una educación con graves deficiencias en la equidad, la inclusión y la atención a la diversidad, alcanzando mínimos
históricos en inversión pública, lo que ha provocado una significativa carencia de recursos y una manifiesta pérdida de su nivel de calidad; una vivienda con dificultades de acceso; un empleo temporal y precario, con repercusión en las
cotizaciones y en las pensiones.


En conclusión, defensor, podemos decir que el panorama que se deduce de su informe sobre el funcionamiento de los servicios básicos es más que preocupante y, empleando sus palabras, diríamos que

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de alarmante precarización. Por ello, apelamos a que siga trabajando por los intereses de toda la sociedad y a que continúe tomándose la molestia de ser útil a los demás.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Galovart. Ha respetado muy bien su tiempo.


A continuación, en nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el senador señor Cortés.


El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, el informe anual que nos acaba de presentar el defensor en funciones en este trámite de comisión supone una novedad, tal y como dice el defensor en la página 6 de la introducción al informe que
lleva su firma. Se trata de una triste novedad, porque, efectivamente, todos los informes anteriores se habían ajustado al mandato de la Constitución y de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, y este no lo hace.


No resulta cómodo, señor presidente, tener que empezar esta intervención dando lectura al artículo 54 de la Constitución o al artículo 1 de la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo, que se refieren a dos cuestiones muy claras: por un lado,
que el defensor es el alto comisionado de las Cortes Generales y, por otro, que el defensor controla a la Administración, y solo a la Administración, para la defensa de los derechos recogidos en el Título I de la Constitución. La parte más extensa
del informe está ajustada a su mandato; la que el defensor califica de novedad, a todas luces, no.


Como bien dice el defensor en funciones en la página 5 de su presentación -cito textualmente-, 'la estructura del presente informe sigue la utilizada en años anteriores' -cierro comillas-. Sin duda, con consideraciones propias del impulso
que el señor Fernández Marugán ha querido dar a la institución, pero este es su derecho porque, como él mismo recuerda en el cuarto párrafo de la página 6, interinidad no es sinónimo de inactividad, ni siquiera de actividad ralentizada o mermada.
Señor presidente, hay que reconocer que en esta etapa, que esperemos que pueda ser breve porque es deseable que las instituciones funcionen con normalidad, la actividad de la defensoría se ha mantenido, como refleja el informe con el detalle con el
que tradicionalmente lo viene haciendo.


En esta comisión debemos celebrar que a lo largo de 2017 se hayan tramitado 25 776 expedientes, 24 976 quejas ciudadanas, 760 actuaciones de oficio y 40 peticiones de recurso al Tribunal Constitucional, datos que se reflejan detallados en el
informe. Es importante también que el defensor siga informando a las Cortes Generales y, a través de ellas, a la opinión pública de las administraciones incumplidoras, porque supervisar la actividad de la Administración es la misión del defensor
del pueblo, pero, insisto, de la Administración, no de las Cortes Generales. Procuraré decirlo de una forma más clara: lo que tiene que hacer el defensor del pueblo -también cuando está en funciones- es recibir las quejas de los ciudadanos -este
término, 'quejas', es el que figura en la ley-, investigarlas y actuar en consecuencia, ya sea archivándolas, ya sea procediendo a efectuar la oportuna denuncia o recomendación.


Al principio de su intervención, el señor Fernández Marugán ha hablado de lo siguiente -y cito literalmente, creo recordar la literalidad-: 'Carencias en que incurren los poderes públicos' -fin de la cita-. Este es el error, señor defensor
en funciones, porque no son los poderes públicos, es la Administración. No le corresponde tratar de lo que hacen otros poderes públicos, como pueden ser las Cortes Generales o el Poder Judicial; se trata de actuar por actividades concretas, y cito
literalmente el artículo 9.2 de la Ley reguladora -abro comillas-: 'Los ministros, autoridades administrativas, funcionarios y cualquier persona que actúe al servicio de las administraciones públicas' -cierro comillas y punto-. Pese a la calidad
inequívoca de su norma reguladora, la novedad del señor Fernández Marugán entra en un terreno que para nada le corresponde enjuiciando políticas y leyes que han sido aprobadas por las Cortes Generales, con lo que llegamos a la pintoresca situación
de que el órgano comitente pasa a ser enjuiciado por quien es su comisionado. Prácticamente todo el volumen 1.2, que lleva el título de Crisis económica y desigualdad, entra en un terreno que no corresponde a las competencias legales del defensor,
dirigiéndose a enjuiciar políticas y no actos administrativos.


He tenido la fortuna de convivir durante muchos años con el señor Fernández Marugán cuando era uno de los más tenaces y pugnaces parlamentarios en el Congreso de los Diputados. Cuando he leído su informe o, más bien, esta parte tan personal
de su informe, me han venido a la memoria sus intervenciones en la tribuna del Congreso. Le recuerdo año tras año en los debates de los presupuestos -esa era su misión-, ya fuese en apoyo del Gobierno o como portavoz de la oposición. Pero, señor
Fernández Marugán, por mucho que lo añore, no es esa su misión desde que dejó de ser diputado. Somos los diputados y los senadores, señor Fernández Marugán, los que tenemos que valorar las políticas, y lo hacemos todos los días. Si usted dejó el
escaño para ser adjunto al defensor del pueblo y ahora es

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defensor en funciones, tiene que actuar de acuerdo con lo que exigen la ley y la Constitución, y no con lo que le pide el cuerpo. Ni siquiera sirve, señor Fernández Marugán, que, como excusatio non petita, califique en la página 13 de
'imparcial' -y lo digo entre comillas- su examen de la coyuntura económica y sus consecuencias. Es evidente que las distintas respuestas políticas a los problemas de la sociedad española son expuestas y debatidas con carácter general o analizando
en particular los casos que los parlamentarios tengan a bien, pero esta es nuestra misión, no la suya. Lo que tiene que hacer el defensor del pueblo -y es una misión de enorme trascendencia que justifica su existencia- es escuchar y analizar las
quejas de los ciudadanos, tal y como dice con claridad la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo; y, si de la investigación se deduce que ha habido algún comportamiento incorrecto de algún funcionario o Administración, proceder a efectuar una
recomendación para corregir esa vulneración.


Esta parte del informe a la que me refiero está llena de valoraciones políticas, como la que dice, por ejemplo -y leo textualmente porque no quiero salirme de la literalidad-: '...políticas concretas y específicas que han actuado como un
corrosivo, dañando al entramado institucional y a la cohesión social'. Esto lo dice usted en la parte novedosa. Dos párrafos más abajo dice que le preocupa -abro comillas- 'que se pretenda mantener la política de austeridad'. No le corresponde
decir eso, como tampoco le correspondería decir en este informe que España es el país de la Unión Europea que crea más empleo, sería incorrecto; de esto segundo se olvida, de lo otro, sí habla. En el párrafo siguiente se refiere a, según usted ha
supuesto -abro comillas-, 'una caída en la prestación de los servicios públicos, habiendo, por otra parte, reducido la inversión pública hasta mínimos históricos'. El dato es muy cuestionable, pero lo que no es cuestionable es que la inversión
pública la deciden, año tras año, los Presupuestos Generales del Estado, las Cortes Generales, de quien el defensor es alto comisionado, y no controlador.


En su intervención se ha extendido en otras cuestiones reflejadas en el informe, pero que su discurso ha agravado. Me referiré a cuatro, solo a título de ejemplo. En el texto dice que la temporalidad está reapareciendo y que cayó con la
crisis. Debemos manejar datos distintos, porque, según los míos, que son públicos, la temporalidad empezó a subir en 2007 y alcanzó su máximo anual en 2012; desde entonces, ha ido disminuyendo de forma sostenida -insisto: sostenida-. Se puede
considerar si esto es bueno o es malo, si es aceptable o inaceptable, pero lo que sí es cierto es que está disminuyendo de forma sostenida, que no está reapareciendo y que cayó con la crisis -son los datos-. Mire bien los datos oficiales hasta
2017, que son esos de los que yo dispongo, aunque la realidad le estropee el discurso; discurso que, por cierto, ha sido tuiteado en tiempo real sin esperar a escuchar a los comisionados a quienes debe dar cuenta. Y lo mismo podría decirse de la
evolución salarial: los salarios cayeron a partir de 2009, y desde 2003 han ido subiendo.


El tercer asunto -en mi intervención no puedo agotarlos todos- se refiere al sistema público de pensiones. Señor Fernández Marugán, la página diez de la parte novedosa de su informe, además de entrar en terrenos que no le corresponden,
incurre en clamorosas falsedades, como decir que la Ley 27/2011 tuvo como principal virtud -son palabras suyas- el consenso. Señor Fernández Marugán, usted y yo éramos diputados en ese momento, y algunos otros comisionados también eran diputados o
senadores, y esa ley fue cualquier cosa menos una ley consensuada. En el Parlamento, el Partido Popular e Izquierda Unida votaron en contra, el PNV se abstuvo.


Finalmente, señor defensor en funciones, ¿de verdad cree usted que es serio decir en sede parlamentaria que en las cárceles españolas se está hoy como en tiempos del conde de Montecristo? En 1840 no había un servicio estadístico fiable,
pero, ya que su fuente de información es literaria y no científica, al menos debería haber leído con más atención a Alejandro Dumas.


El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, sepa que le queda un minuto.


El señor CORTÉS MARTÍN: Sí, gracias.


Espero que, al menos, en su próxima intervención corrija la falsedad sobre el consenso en torno a la Ley 27/2011, por la que se produjo el único recorte que han sufrido las pensiones en España, y matice, aunque sea literariamente, esa
comparación tan injusta, por manifiestamente falsa, como exagerada.


Creo que he llegado al límite de mi tiempo, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cortés.


Después de las intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor Fernández Marugán, defensor del pueblo, por el tiempo que él estime oportuno. Posteriormente, como he dicho

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antes, si alguien considera que no ha habido alguna aclaración concreta de algo que se le ha pedido, se dará un turno a quien lo solicite, pero no para abrir un nuevo debate.


Muchas gracias.


Señor defensor del pueblo, tiene la palabra.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Gracias.


Los contenidos, e incluso los volúmenes del informe del defensor del pueblo, han ido cambiando a lo largo de los treinta y tantos años de vida parlamentaria. Por ejemplo, entre el año 1988 y el año 1994 se incluyó el capítulo de Los
derechos y libertades fundamentales y la Administración Pública, seguido después de una serie de capítulos relativos a la supervisión de las administraciones. Entre el año 1995 y el año 1999 se incluyó una primera parte titulada Tratamiento
monográfico de determinados temas. Este Tratamiento monográfico de determinados temas tuvo un contenido variable en cada ejercicio. El defensor ejercía un derecho de opción y, como consecuencia de ello, hubo una parte que se dedicó a la actuación
de una serie de materias de supervisión que él consideraba insuficiente. A partir del año 2012, pasó a tener una fórmula distinta, donde se recogían los listados completos de las resoluciones y los contenidos de las peticiones. En mi opinión, el
informe del año 2017 se parece bastante, en alguna medida, al informe que se hizo entre los años 1995 y 1999. Primer tema.


Segundo tema. Créame, lo digo con sinceridad, no me parecen ni bien ni mal algunos de los juicios que ha hecho el señor Cortés. La Ley de 2011 puede entenderse que es consensuada o no es consensuada. Es posible que así se pueda entender.
Pero le recomiendo una excelente intervención que se produjo en esta Cámara en el único debate que ha habido dedicado a las pensiones y que corrió a cargo de un diputado que no pertenece a mi grupo, pero que es una persona que lleva mucho tiempo en
el Pacto de Toledo, el señor Campuzano. El señor Campuzano, en uso de un enfoque distinto, manifestó que la Ley de 2011 tenía un consenso político, un consenso parlamentario y un consenso social. Por tanto, estas actitudes no son tan categóricas
como usted señala. Anoche, cuando terminé de subrayar aquellos aspectos que a mí me parecían relevantes del informe que yo iba a exponer esta mañana aquí, me entretuve en tratar de encontrar la intervención del señor Ramírez. Al señor Ramírez le
entregaron ayer un premio importante, premio que refleja la calidad de sus puntos de vista. El señor Ramírez, en un momento determinado, decía: Cerrar los ojos, apagar la luz y bajar la cortina es equivocarse en el oficio. Emplea otra palabra más
dura que no voy a decir aquí porque supondría que yo pretendo ofenderle.


Yo sí he querido decir y he dicho que yo no voy a mirar para otro lado. Lo digo sinceramente: no voy a mirar para otro lado. Lo dije desde el primer momento: yo voy a ser ponderado en mis juicios de valor. Pero de ahí a decir que yo no
tengo derecho a presentar un informe que, de alguna manera, se acerca al análisis de los contenidos y de las consecuencias que una dura crisis ha generado en la sociedad española, hay una enorme distancia. Esa idea que ha manejado usted de que si
la inversión es de aquí o de allá no es mía, es del Banco de España. Es verdad que el defensor ha hecho un ejercicio que es discutible, pero ese ejercicio se apoya en criterios manejados por el FMI, por la OCDE, por la Unión Europea, por la OIT,
por Cáritas, por el Banco de España o por el IVIE. ¡Cielo santo! En este momento hay dos realidades que son muy evidentes y que aparecen en la presentación del informe del defensor. Primera evidencia: hemos salido de la crisis, y se dice. Y se
dice, además, que entre el año 2008 y el año de salida de la crisis han transcurrido nueve años. Y se mide el PIB del año 2008 y el PIB del último ejercicio que, si no me falla la memoria, es 2017. La diferencia es un 4 %. Hemos salido de la
crisis. Pero hay otra evidencia -además, cambiarán ustedes de discurso y me lo terminarán reconociendo-: esta es una sociedad desigual. Yo aprendí mucho en la política, aquí, y aprendí algo que no me importa repetir: lo que más aleja a un
político de la gente es que este político defienda las ideas en las que la gente no cree. Y en este momento, en la sociedad española no hay nadie que sostenga con solvencia que esta no sea una sociedad más desigual en el año 2016 y en el 2017 que
en los años 2008, 2009 y 2010. Eso, ¿a qué es debido? En el mejor de los casos, a las políticas, y el defensor lo puede y lo debe decir. España es hoy una sociedad más desigual que antes. Alguien me podría decir: esto fue consecuencia de un
determinado proceso de actuación y de vinculación a unas políticas que se llevaron a cabo y que, en este momento, el que más y el que menos trata de echar a un lado.


Por lo tanto, no hay más que decir sobre esta cuestión. Realmente creo que se podrían hacer otras cosas. Es más, diré una cosa más: la salida de esta situación va a consistir fundamentalmente en cambiar el contenido de algunas políticas
que se han venido haciendo hasta ahora. Esto lo harán quienes lleguen

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a la conclusión de que para seguir teniendo un predicamento en la sociedad española no pueden anclarse en normas que han sido tan categóricas y tan discriminatorias en el sentido general de la palabra. Por consiguiente, no me preocupa. Lo
lamento porque ni usted ni yo somos personas que hayamos defendido aquí actitudes intransigentes, pero estoy seguro de que cuando los conservadores españoles tengan que acercarse a las situaciones del ciudadano normal y corriente, estarán más cerca
de mis posiciones que de las que usted ha defendido aquí esta mañana.


El presidente me ha preguntado cómo veo yo lo que ocurrió y lo que se hizo en España en octubre del año pasado. Creo que se refería, fundamentalmente, al trato que recibieron los ciudadanos que ejercieron el derecho de manifestación y que,
en opinión de muchas personas, fueron reprimidos de manera escasamente prudencial. Las quejas sobre esos días y sobre ese ambiente se produjeron, pero no fueron muy numerosas. Hubo catorce quejas a favor de la defensa de la Constitución, nueve a
favor de las posiciones de la Generalidad, dos críticas efectuadas en relación con el comportamiento de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y una actuación de oficio, que realizó otra institución pública similar a la nuestra. Nosotros tenemos
una costumbre, que considero correcta: cuando se producen este tipo de incidentes, le pedimos al quejoso la mayor precisión posible en relación con el contenido de la queja. Hay que preguntarle qué, cómo, cuándo y en qué circunstancias se produjo
ese fenómeno. Creo que ese es el método correcto. En este caso, nosotros nos dirigimos a las personas que habían manifestado esa queja y les pedimos que nos precisaran su contenido, pero, lamentablemente, hemos de decir que los quejosos no nos
contestaron. Por lo tanto, pasado un tiempo, cuando no se responde a esas peticiones, la queja se archiva.


Otro tema general, relacionado con 2018, pero que no quiero que se quede sobre la mesa sin una respuesta adecuada, es el de si hubo concierto o concierto-cupo. Nosotros consideramos que este no es un problema de constitucionalidad, sino de
legalidad. Ahí se apoya todo nuestro hilo argumental. Nosotros creemos que es así y, además, hemos hecho algo que nos parece adecuado: colgar en la red la respuesta que les dimos a las siete personas que se dirigieron a nosotros reclamando la
presentación del recurso correspondiente. Por lo tanto, no hubo una actitud opaca u oculta. El defensor cree que lo que hicimos es correcto y me sigue pareciendo que es mucho más adecuado lo que ha ocurrido en este momento que el haber abierto un
supuesto de inconstitucionalidad que no hubiera contribuido en nada a la estabilidad de las instituciones españolas, algo que estoy obligado a mantener.


El señor representante de Ciudadanos me preguntaba sobre Barbastro y también se me ha preguntado sobre Albolote. Nosotros lo vamos a averiguar. No tengo ningún inconveniente en poner a su disposición la intervención que se ha producido.
Estamos totalmente dispuestos a dar todo tipo de explicaciones.


Hay una cosa que también ha salido aquí, y es el tema de los MENA. Este es un asunto de una fuerte complejidad y es verdad que requiere una atención y nosotros se la vamos a dar. Nosotros creemos que tenemos que ver las situaciones que se
producen en torno a las personas no acompañadas porque hay muchas facetas y hay muchas cosas que puntualizar. Hay casos muy lamentables, como el que se está produciendo en Melilla, y hay menos intensidad sobre ese fenómeno en Ceuta, pero hay
personas no acompañadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Por lo tanto, el defensor tendrá que buscar de alguna manera la forma de abordar la cuestión porque, insisto, este es un tema que está ahí, que llega y la opinión pública, en
algunos segmentos y en algunas circunstancias, plantea una serie de cuestiones que a mí me parecen relevantes.


Un diputado ha planteado si la encuesta que se hizo sobre trasparencia era una encuesta que pretendía ser representativa o era una encuesta obtenida a través de la página web. Yo le puedo decir que es una encuesta obtenida a partir de la
página web, por lo que no pretendía ser representativa.


Los representantes del PNV y de Bildu me preguntan sobre los problemas relacionados con el tratamiento que se da en las cárceles españolas a determinado tipo de presos. He de decirle claramente una cosa, y es que nosotros ese tipo de
cuestiones las querremos plantear y las plantearemos en el informe sobre el mecanismo, que es un informe que pretendemos que entre en esta Casa en las primeras semanas del mes de junio. Por lo tanto, a las dos o tres personas que se han referido a
esta cuestión les pido que tengan un poco de paciencia. Trataremos de obtener la mayor información posible y proporcionarles los elementos de juicio que sean posibles.


En relación con los celiacos, tengo que decir que hay un número destacado de recomendaciones que sí se han cumplimentado, pero hay otras donde existen problemas y, seamos sinceros, se sabía que los problemas iban a existir, y es la
resistencia de la parte de Hacienda de la Administración española, porque

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la historia de conceder determinado tipo de estímulos fiscales no le parece muy razonable. Por consiguiente, estaremos ahí y punto.


¿Por qué no nos contesta una universidad española? Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer en estos casos. Nosotros le requerimos -tres veces- y cuando no cumplen el requerimiento, lo pasamos al fiscal. Esto lo hacemos en todos los
casos y en este también lo hemos hecho.


Por tanto, yo creo que de alguna manera se es bastante generoso, se aplica este tipo de criterio en todos los casos y, sinceramente, no acertamos a entender por qué se ha hecho así en este momento y en esta circunstancia.


Por lo demás, si se me ha olvidado alguna pregunta, no tengo inconveniente en que me la reiteren, si conozco la respuesta se la daré y si no la averiguaré, no vean ahí ningún intento de ocultar nada a nadie en ninguna de las cuestiones que
hemos puestos de relieve a lo largo de las tres intervenciones que he hecho en esta comisión.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor.


¿Alguien, por alusiones, quiere hacer alguna pregunta en concreto?


De menor a mayor, tiene la palabra el señor Iñarritu, y después la señora Galovart, por tiempo de tres minutos.


El señor IÑARRITU GARCÍA: Muchas gracias, presidente. Seré breve, me sobrará uno.


El pasado año una institución tan poco sospechosa como la OCDE hacía un informe sobre el bienestar de los Estados miembros de la OCDE y señalaba que España es el país con mayor índice de desigualdad. Por eso es lógico, y le agradezco y
reconozco el monográfico que ha realizado sobre la desigualdad y sobre la situación después de la crisis, y le animo, como ha señalado usted, a seguir haciendo monográficos en asuntos graves, urgentes o que llamen la atención.


Decía Dostoievski que una sociedad se conoce visitando sus cárceles y decía un señor tan poco sospechoso también como Luis Bárcenas, que algunos conocerán bien, que las cárceles del Estado español eran parecidas a las prisiones de la
Inglaterra del siglo XIX en los relatos de Charles Dickens. Por eso yo le animo, como decía, a seguir haciendo informes sobre asuntos que puedan ser de especial gravedad o urgencia, como pueda ser este o como puedan ser otros, como el que han
realizado en este año.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Iñarritu.


En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Galovart. (El señor Cortés Martín, pide la palabra).


La señora GALOVART CARRERA: Renuncio. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Señor Cortés, tiene la palabra.


El señor CORTÉS MARTÍN: Señor presidente, muy brevemente, es evidente que los contenidos de los informes han ido cambiando; alguno conozco porque alguna relación he tenido también con esta comisión exactamente y no solo con el Parlamento,
pero siempre se han referido a la Administración. Pero hay una cuestión concreta que ha dicho el señor defensor en funciones, que la Ley de 2011 no puede ser consensuada o no consensuada, no, la Ley de 2011 se aprobó con los votos del PSOE y de
Convergència i Unió, por eso el señor Campuzano quiso cubrirse diciendo que tenía un apoyo más amplio, pero lo cierto, antes he dicho solo Partido Popular e Izquierda Unida, no, Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra Republicana, Bloque
Nacionalista Galego votaron en contra y el PNV se abstuvo. Si a eso se llama consenso, pues que venga Dios y lo vea. Y eso es lo que dice aquí el informe, no solo porque lo diga, sino porque lo dice para compararla con otra reforma de la ley, que
ese es el problema, no el que se refiera a esto (El señor defensor del pueblo en funciones y adjunto primero, Fernández Marugán: ¿Que tuvo consenso?). No, pero es que usted dice que una sí lo tuvo y la otra no, y sobre una hace unas valoraciones
positivas y sobre la otra no las hace, y ese es el terreno en el que no debe entrar el defensor en funciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


Tiene la palabra el señor defensor y daremos por concluida esta comparecencia.

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El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Señor presidente, yo sinceramente creo que el giro hacia determinadas actuaciones del defensor se tenía que producir en algún momento. Y se ha producido en
este momento, ampliando las zonas de actuación. ¿Que esto no iba a gustar? Sinceramente, yo estaba bastante convencido de que no iba a gustar. Pero, que no fuera a gustar a determinadas formaciones políticas, no conduce en modo alguno a que yo,
al menos mientras esté aquí el tiempo que tenga que estar, no esté predispuesto a clarificar de la forma política más precisa el contenido y las consecuencias que se derivan de determinadas actuaciones.


Nada más.


El señor PRESIDENTE: Señoras y señores diputados, senadoras y senadores, señor defensor del pueblo, adjunta y todo su equipo, muchísimas gracias por su comparecencia.


Se levanta la sesión.


Eran las doce horas y cuarenta y cinco minutos.