CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES


COMISIONES MIXTAS

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 84

PARA LA UNIÓN EUROPEA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA SORAYA RODRÍGUEZ RAMOS

Sesión núm. 25

celebrada el lunes,

19 de marzo de 2018

en el Palacio del Congreso de los Diputados

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión Mixta para la Unión Europea:


- De la señora Del Castillo Pérez (coordinadora del área de Europa de Comisiones Obreras (CCOO), para informar sobre las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea (brexit).
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 219/001097 y número de expediente del Senado 715/000390) ... (Página2)


- Del señor Gallego García, secretario internacional del Sindicado Unión General de Trabajadores (UGT), para informar sobre las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión Europea
(brexit). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 219/001095 y número de expediente del Senado 715/000388) ... (Página2)


- Del señor Martín Corral, secretario de formación y salud laboral de la Confederación General del Trabajo (CGT), para informar sobre las consecuencias derivadas de la salida del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte de la Unión
Europea (brexit). (Número de expediente del Congreso de los Diputados 219/001096 y número de expediente del Senado 715/000389) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a comenzar la sesión de la Comisión Mixta para la Unión Europea con la celebración de las comparecencias de doña Begoña del Castillo Pérez, coordinadora del área de Europa de Comisiones Obras, de don
Jesús Gallego García, secretario internacional del Sindicato de la Unión General de Trabajadores, y de don Desiderio Martín Corral, secretario de formación y salud laboral de la Confederación General del Trabajo.


En primer lugar, quiero agradecer a las tres organizaciones sindicales presentes hoy en esta Comisión que estén con nosotros para tratar sobre las consecuencias que para el mundo del trabajo en España puede tener la salida del Reino Unido de
la Unión Europea; es decir, sobre las consecuencias que el brexit puede tener en nuestro mercado laboral.


Les he explicado, tal como acordamos el otro día en la reunión de Mesa y portavoces, que habrá una primera intervención de cada uno de los representantes de los sindicatos, por un tiempo máximo de doce minutos; a continuación, daré la
palabra a los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y, finalmente, volverán a tomar la palabra para que puedan responder a las cuestiones que les planteen los grupos.


Sin más, y agradeciéndoles de nuevo, en nombre de toda la Comisión, su presencia hoy aquí, doy la palabra a doña Begoña del Castillo Pérez, coordinadora del área de Europa de Comisiones Obreras.


La señora DEL CASTILLO PÉREZ (Coordinadora del área de Europa de Comisiones Obreras, CCOO): Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señorías. Obviamente, quiero empezar esta intervención agradeciendo la invitación para participar en esta sesión. Les adelanto que en este tema la posición de Comisiones Obreras y de UGT es común, tanto en el ámbito nacional
como en el europeo. Por tanto, vamos a intentar hacer intervenciones que no se solapen, sino que se complementen. Aun así, seguramente encontrarán alguna reiteración que creo que es imposible de soslayar en este ámbito.


En el tiempo del que dispongo, voy a tratar de señalar las cuestiones que, como representantes de los trabajadores, más nos preocupan en relación con la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Lo primero que debo decir es que somos
conscientes de que nos encontramos ante una situación inédita, ya que desde que en 1957 siete países firmaron el Tratado de Roma la Unión Europea solo ha abordado negociaciones de cara a su ampliación. Esta es la primera vez que se enfrenta a
negociar la retirada de un Estado miembro, tal y como recoge el artículo 50 del Tratado.


Buena parte de las soluciones de algunos de los problemas que más nos preocupan dependen de la decisión que adopte el Reino Unido sobre su futura vinculación a la Unión Europea. Aun así, consideramos que hay cuestiones en las que tanto la
Unión Europea como el Gobierno de España todavía tienen margen de maniobra. Sabemos que, con independencia del efecto que puedan tener las presiones internas en el marco de las futuras negociaciones, actualmente la opción del Reino Unido es un
brexit duro que les dejaría fuera del mercado único y, consecuentemente, de la libre circulación. Tampoco parecen interesados en mantenerse en el espacio económico europeo. En este momento, una salida a la Noruega parece que ya no es una opción.


Obviamente, como ciudadana me preocupan todas las consecuencias que el brexit pueda tener sobre la población en general. Sin embargo, como representante sindical estoy aquí para trasladarles nuestras inquietudes en relación con las
consecuencias que la salida del Reino Unido puede tener sobre los trabajadores y las trabajadoras. En primer lugar, y a pesar de las declaraciones de Theresa May anunciando que utilizaría el brexit para llevar a cabo mejoras laborales en el Reino
Unido, no parece que esta sea la intención real del Gobierno británico. Según se ha sabido, una evaluación de impacto del Gobierno británico, solo recientemente disponible para los miembros del Parlamento Europeo en una sala de lectura, establece
la ventaja competitiva de reducir la protección del empleo. El informe dice textualmente: La salida de la Unión Europea podría brindar al Reino Unido la oportunidad de regular de forma diferente las normas sociales, medioambientales y energéticas
de los consumidores y de los productos. Esto, unido a que el actual proyecto de ley de retirada, en el que trabaja el Gobierno británico, no incluye una cláusula de no regresión, nos genera gran preocupación sobre el futuro de los trabajadores y
las trabajadoras en el Reino Unido, de los cuales, más de 3 millones proceden de otros países de la Unión Europea y más de 68 000 son ciudadanas y ciudadanos españoles, además de los 5500 que se encuentran en situación de desempleo. El resto, hasta
casi un total de 200 000 españoles y españolas son población inactiva, jubilados, estudiantes, etcétera.

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Además, nos preocupan mucho las repercusiones que este deterioro en las condiciones laborales en el Reino Unido pueda tener sobre la población trabajadora del resto de países de la Unión Europea. Si el Gobierno británico no respeta los
derechos de los trabajadores podría producirse una situación de dumping social que, sin duda, dañaría los derechos de las trabajadoras y los trabajadores europeos. Es importante que el Reino Unido no fomente el comercio o las inversiones por la vía
de reducir los niveles de protección de su legislación laboral después del brexit. El futuro acuerdo de asociación Unión Europea-Reino Unido debe garantizar que el Reino Unido no derogue su legislación laboral con el objetivo de fomentar el
comercio o atraer inversiones extranjeras. Esta perspectiva nos preocupa especialmente en el caso de España, donde en aras de una mayor competitividad ya se ha producido un deterioro gravísimo de las condiciones de trabajo, con consecuencias
directas sobre el aumento de la precariedad y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, tal y como reconocen las propias instituciones europeas. Para proteger la igualdad de condiciones y evitar el dumping social, el futuro acuerdo de
asociación debe abarcar la totalidad del acervo de la Unión Europea, debe exigir que el Reino Unido proteja los derechos existentes a través de una cláusula de no regresión y que se comprometa a trasponer los avances que se puedan producir en
materia social en la Unión Europea.


Una cuestión de vital importancia en relación con las trabajadoras y trabajadores españoles residentes en el Reino Unido es cuál va a ser la legislación que se les va a aplicar en materia de Seguridad Social una vez que el Reglamento de
coordinación europeo haya dejado de funcionar. Por otra parte, hay un tema que, sin estar directamente vinculado a las cuestiones laborales, dada su naturaleza nos preocupa especialmente desde un punto de vista social. Se trata del acceso a la
sanidad que tendrán a partir de diciembre de 2020, cuando concluya el periodo transitorio, los más de 300 000 ciudadanos británicos residentes en España, muchos de ellos, personas mayores con enfermedades crónicas, dado que con la actual legislación
española estas personas no tendrían acceso a la sanidad pública. Además, el actual mecanismo de reciprocidad dejará de funcionar. La misma incertidumbre se nos plantea de cara a los residentes españoles, tanto a los trabajadores y trabajadoras
como a estudiantes o a cualquier ciudadana o ciudadano español que resida de manera coyuntural en el Reino Unido.


Estas son algunas de las preocupaciones que nos consta que se están planteando también nuestros colegas de otros sindicatos europeos. Sin embargo, en el caso de España hay una cuestión particular: Gibraltar. Para ponerlo en su contexto, y
asumiendo que sus señorías conocen perfectamente la situación, merece la pena señalar que una cuarta parte del PIB del Campo de Gibraltar y el 24% del empleo de la zona depende directamente del Peñón. Por su parte, Gibraltar importa de Andalucía
430 millones de euros en bienes y servicios. Estos datos son especialmente relevantes si consideramos que estamos hablando de una de las zonas más pobres de España y con niveles de desempleo más altos. Más de 13 000 personas cruzan la verja cada
día para desarrollar su trabajo en el Peñón. De esos más de 13 000 ciudadanos residentes en nuestro país, más de 8000 son de nacionalidad española.


En Comisiones Obreras -me consta que también nuestro compañeros de UGT- estamos francamente preocupados por el futuro de esos miles de trabajadores y trabajadores, y estamos expectantes ante las medidas que el Gobierno de España vaya a
plantear para proteger a ese colectivo. Igualmente nos preocupa la posibilidad de que el Gobierno español ejerza el derecho de veto en relación con Gibraltar en el marco de las negociaciones sobre el futuro acuerdo de asociación Unión Europea-Reino
Unido.


Voy a concluir esta intervención manifestando la incertidumbre que nos produce el futuro acuerdo de asociación. Parece que se vislumbra un acuerdo tipo CETA, al que, como saben sus señorías, Comisiones Obreras y también UGT hemos
manifestado nuestro rechazo. Quiero dejar constancia de que no estamos en contra de los acuerdos comerciales per se; de hecho, somos conscientes de las ventajas que el comercio puede tener sobre la economía y, obviamente, sobre el empleo. Sin
embargo, la inseguridad medioambiental, social y para los consumidores, junto con el establecimiento de mecanismos de resolución de conflictos, en nuestra opinión injustos, nos lleva a ser muy críticos con el CETA. En ese sentido, confiamos en que
el acuerdo de asociación Unión Europea-Reino Unido incorpore un fuerte contenido social y democrático.


Muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su intervención.


Tiene ahora la palabra don Jesús Gallego García, secretario internacional del sindicato Unión General de Trabajadores.

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El señor GALLEGO GARCÍA (Secretario internacional del sindicato Unión General de Trabajadores, UGT): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, gracias en nombre de la Unión General de Trabajadores por invitarnos a comparecer en esta Comisión sobre las consecuencias derivadas del brexit. Centraré las inquietudes que mi organización tiene sobre los
problemas que podrán sufrir trabajadores y trabajadoras como resultado de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Como bien ha explicado Begoña, con el ánimo de poder aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos y para no repetirnos,
las dos organizaciones hemos repartido los temas que consideramos fundamentales, por lo que quiero que entiendan que el aporte que ahora hago complementa la postura expresada por Comisiones Obreras y que avalamos plenamente.


Ya saben que existe gran preocupación porque la resolución al inesperado resultado del referéndum británico cuide más a una parte que a otra en el hace tiempo roto equilibrio entre trabajadores, trabajadoras y capital. En este sentido,
quiero dejar constancia aquí del excelente trato e interés que siempre ha mostrado el jefe de negociaciones de la Comisión, el señor Barnier, con el que UGT y Comisiones hemos tenido la oportunidad de despachar tres veces antes de ser escuchados en
esta Comisión. Aunque la Unión General de Trabajadores agradece sinceramente su interés en escuchar a los representantes legales de los trabajadores, y como sindicatos de clase también representantes de la sociedad civil, quiero señalar nuestra
extrañeza porque nuestra visita se produzca casi un año después de la primera comparecencia que se realizó en esta Comisión o después de las numerosas actividades que esta Comisión Mixta ha compartido con organizaciones empresariales, de España y de
Reino Unido, para tratar sobre el asunto del brexit. En este caso, como en otros, el diálogo con las organizaciones obreras no es solo sinónimo de posible solución a los problemas, sino que, además, es sinónimo de democracia.


La fuerte convicción de que un problema interno del Partido Conservador británico pudiera acabar siendo una bomba para la clase trabajadora, hizo que UGT, así como Comisiones Obreras, se implicase con fuerza desde el comienzo en la campaña
contra el brexit, tanto de la mano de la Confederación Europea de Sindicatos como de manera bilateral con organizaciones británicas. Pese al esfuerzo, también nos consta, que la mayoría de partidos, a los que ustedes representan, hizo para que el
resultado no fuera el que fue, la decisión democrática del electorado nos deja un camino plagado de incertidumbres que, a nuestro juicio, deben ser tenidas en consideración de manera prioritaria, habida cuenta de que muchos de los factores que
contribuyeron a la victoria del sí en el Reino Unido podrían alimentar el muy preocupante antieuropeísmo en los Estados miembros de la Unión Europea que podría abocarnos a más procesos de salida. En otras palabras, si el arreglo del brexit se hace
a cargo de los y las trabajadoras, al mismo tiempo que deliberadamente se beneficia a los capitales, no solo se estará cometiendo una injusticia más y no se estará resolviendo el problema fundamental, sino que se estará preparando la voladura desde
dentro de la propia Unión Europea.


UGT cree firmemente, señorías, que el enfoque del acuerdo comercial no funcionará. Si las partes comenzaron hablando del brexit duro y desde el principio se dijo que las cuatro libertades fundamentales irían siempre de la mano y que no
habría acuerdo comercial sin acuerdo social, todo apunta a que vamos acercándonos a un escenario que, como ya se ha dicho, las organizaciones sindicales y numerosos colectivos sociales conocemos muy bien, que es el de los acuerdos comerciales que
favorecen a una de las partes, como fue el caso del CETA. Un acuerdo comercial así, sin las cláusulas de regresión de derechos de las que se ha hablado, sin sanciones por infracción de compromisos laborales o reducción al acceso al mercado, sin
exclusión real de los servicios públicos, con listas negativas o cláusulas de cooperación regulatoria, así como los mecanismos de resolución de disputas que ha mencionado la compañera Begoña, tendría el efecto de crear un mundo más injusto y menos
democrático para la ciudadanía, en el que se regalase gasolina a los que dicen que la Unión Europea es el problema y no la solución. Ante el acuerdo de salida con el Reino Unido y ante la negociación del acuerdo España-Reino Unido, creemos que no
se puede dejar a la negociación bilateral entre Estados la resolución de problemas que tendrán efectos en toda la Unión, sino que estos deben quedar resueltos en el primero de ellos.


Por no extenderme y repetir lo que se ha expuesto anteriormente, el posible efecto de dumping salarial del que se ha hablado, y que automáticamente supondría también un dumping entre los costes operativos de las empresas europeas, se podría
haber magnificado por un dumping fiscal que podría acabar arrastrando a todos los Estados miembros, significativamente a España, como estamos acostumbrados. Súmese a esto el dumping social que algunos insistirán en justificar como necesario para la
búsqueda de la inversión económica, arrastrando a todo el continente a un agujero negro de degradación de derechos y lastrando su crecimiento económico en fórmulas tan nocivas como injustas.

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Igualmente, si hablamos de los temas de Seguridad Social y prestaciones por desempleo, solo existen ahora mismo dos convenios bilaterales, Canadá y Australia, que contemplan esto, por lo que no creemos que el acuerdo bilateral con España sea
la mejor respuesta a ese problema. Tampoco sería bueno que asuntos como la limitación de la libre circulación no fueran tratados de manera conjunta -cabe recordar aquí el intento de Suiza por limitar el cupo de terceros nacionales, que solo pudo
frenarse gracias a la acción común de la Unión Europea y no por el trabajo individual de los Estados miembros- o que la definición del cupo de trabajadores estables y temporales no fuese el resultado del esfuerzo de toda la Unión Europea para evitar
así la fuga de talentos o decisiones cuestionablemente democráticas, como identificar la valía o no de una persona por el pasaporte que lleva consigo.


Así pues, en UGT y en Comisiones creemos que todos estos asuntos deberán ser reglamentados antes de concluir el acuerdo de salida. Por su especial incidencia para la clase trabajadora, y siguiendo los principios de la Unión, las
organizaciones sindicales más representativas deberán ser informadas y consultadas en tiempo y forma y sus aportaciones tenidas en consideración, ya que, como he dicho, de no ser así la ciudadanía seguiría pensando que la gestión política, bien de
la Unión, bien de los Estados miembros, se limita a cercenar aún más sus derechos sociales y laborales, dando alas a las voces antieuropeístas, ultranacionalistas y populistas que tanto nos alarman.


Dos notas más. Con respecto al asunto mencionado de Gibraltar, en el que UGT y Comisiones Obreras son especialmente activos, exigimos que durante los dos años de tránsito los trabajadores y trabajadoras puedan estar especialmente protegidos
en sus derechos y que el Gobierno de España acelere el registro del grupo de cooperación transfronterizo en la región para que este tenga personalidad jurídica y pueda así actuar pese a la salida del Reino Unido. Por encima de banderas, el interés
de las personas.


Por último, no quiero dejar de mencionar la situación en la que se encuentra en el Reino Unido las empleadas y empleados públicos de España, cuyas condiciones laborales previsiblemente empeorarán aún más. Este colectivo de laborales,
muestra de un grupo repartido por el mundo, maltratados sistemáticamente por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación y por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y para el que pido su especial atención en esta Comisión,
será el encargado de redactar y enviar las notas verbales, los telegramas, los informes, los certificados y demás labores que implica la firma de un acuerdo bilateral. Serán también los que, como en el resto del mundo, pese a sus exiguos salarios y
derechos laborales, atiendan a la ciudadanía en el Reino Unido en consulados, oficinas laborales, comerciales, etcétera. Estos empleados públicos son también a los que la Comisión Europea ha decidido recientemente excluir de sus legítimos derechos
a la información y a la consulta, que fueron recogidos en un acuerdo de diálogo social. Que el ejemplo de este colectivo, que evidencia la vergonzosa desigualdad en la que vivimos, que sigue agrandándose, y que solo puede ser corregida con voluntad
y compromiso político, sirva para ver el camino a seguir, que es el del avance social conjunto y no el de unos pocos. Que los más de 10 000 trabajadores que a diario acuden desde el Campo de Gibraltar a trabajar a la Roca, que las más de 175 000
personas de nacionalidad española que según la Oficina Nacional de Estadística del Reino Unido vivían allí en 2017 o que el resto de trabajadores y trabajadoras de la Unión Europea que están en Gran Bretaña no tengan que volver a pagar -y solo
ellos- por los desaciertos y errores de las aventuras políticas populistas que nos han traído a esta situación.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra don Desiderio Martín Corral, secretario de formación y salud laboral de la Confederación General del Trabajo.


El señor MARTÍN CORRAL (Secretario de formación y salud laboral de la Confederación General del Trabajo, CGT): Muchas gracias, señora presidenta.


Agradezco a los diputados y diputadas el hecho de que CGT pueda al menos dar su opinión acerca de lo que es para nosotros lo que está dentro de la agenda. No tenemos representación a niveles institucionales en la Confederación Europea de
Sindicatos, pero sí trabajamos directamente en relación con las consecuencias que puede suponer la desconexión del Reino Unido de la propia Unión Europea; es más, lo estamos sufriendo.


Tal como hemos preparado la comparecencia, aparte de hacer una introducción del porqué del brexit, del porqué Reino Unido decide salir de la Unión Europea, que creemos que es una reflexión necesaria que sus señorías habrán hecho ampliamente,
vamos a plantear cinco preguntas desarrolladas no tanto en

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función de lo que puede pasar como de lo que está pasando con las directivas europeas en aquello que afecta a los derechos laborales y sociales. No vamos a hablar del futuro, sino que hablaremos en presente de todas las políticas laborales
y sociales, de esas libertades fundamentales que decía el compañero de UGT que establece el Tratado de Lisboa, como la libre competencia, la libre circulación de mercancías y la libre circulación de mano de obra, así como de ese dumping social.
Creemos que dependiendo de cómo se haga la desconexión y la negociación, eso va a suponer todavía un avance mayor.


Para la CGT, el referéndum del 23 de junio de 2016, mediante el que los y las británicas decidieron por mayoría del 52% su desconexión de la Unión Europea, sienta sus bases sociales en una crítica a un capitalismo global por parte de las
clases medias asalariadas, perdedoras de sus estados de bienestar, en las cuales habían constituido sus vidas, ahora disociadas y enfrentadas a la distopía de este capitalismo 2.0, que es como nosotros lo denominamos. Parte del stablishment
político y parte de las oligarquías económicas británicas apostaron, al estilo proteccionista Trump, por la desconexión, y lo hicieron sobre dos claves esenciales, que es lo que nos preocupa: el control de la inmigración y el rechazo a los poderes
jurisdiccionales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La primera ministra, Margaret Thatcher, perdón, Theresa May -disculpen por el lapsus, pero se parecen mucho-, la principal responsable negociadora en el proceso de desconexión, en una
declaraciones que encontrarán ustedes en la página www.independent.ie/ business/brexit, fue muy clara al respecto: La salida de la Unión Europea implica quedar fuera de la jurisdicción del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Lo que está
absolutamente claro es que cuando abandonemos la Unión Europea, estaremos abandonando la jurisdicción del TJUE. [...] Lo que podemos hacer es producir nuestras propias leyes -eso nos preocupa muchísimo-. [...] El Parlamento producirá nuestras
leyes. Serán jueces británicos los que interpretarán esas leyes y será el Tribunal Supremo británico el que será el árbitro de esas leyes. [...] Vamos a retornar el control de nuestras leyes.


Esto y lo de Trump todo es igual. Las dos claves nos llevan a una conclusión obvia: el problema real no es la existencia de una norma internacional más o menos programática u ornamental, el problema es que el cumplimiento de la misma pueda
ser fiscalizado a instancias de los ciudadanos y ciudadanas que acuden a los tribunales y que, además, esta fiscalización cuente con el apoyo de un órgano internacional independiente y que actúe fuera del control político que los Estados puedan
ejercer sobre sus jurisdicciones nacionales. Esta cita que les acabo de leer es de Rafael A. López Parada, magistrado del Tribunal Superior de Castilla y León, que pone el acento en concreto en el problema que supone que el Reino Unido trate de
salir fuera y evitar que alguien pueda controlarlo a través de un tribunal, que luego veremos que es muy complicado.


En definitiva, nos encontramos con dos sujetos políticos, Unión Europea y el Reino Unido, que han dado sobradas muestras de que lo único esencial y fundamental son las categorías económicas. La libertad de circulación de las mercancías, así
como la libertad de prestación de servicios de cualesquiera de las empresas multinacionales o transnacionales, añadido o sumado a la libre competencia, confieren un estatus jurídico al capital con categoría de derecho fundamental de mayor rango que
la libertad sindical, el derecho de huelga o la negociación colectiva. Y esto no es algo que se haya inventado la CGT o los sindicatos, sino que lo señala el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea en algunas sentencias a las que luego me
referiré, como las de los casos Viking, Laval o Rüffert. Los derechos laborales y sociales de los trabajadores y las trabajadoras con ciudadanía europea -no hablamos de los extracomunitarios, que ese es otro problema- son violados y ninguneados,
produciéndose un auténtico dumping social. Si las personas trabajadoras pierden el estatus de ciudadano o ciudadana europea, las consecuencias sobre los derechos podrían ser muy negativas -había puesto una palabra más fuerte, pero la he retirado
porque estamos en sede parlamentaria-, como sucede en la actualidad en la aplicación de las políticas migratorias de la Unión Europea con toda la mano de obra migrante extracomunitaria.


La primera pregunta que planteamos a la Comisión del Congreso es si, como parece, el Reino Unido no se va a quedar en el mercado único, ¿solamente será a efectos económicos o también mantendrá el vínculo con la agenda social de cara a ese
acuerdo de asociación? No sé cómo lo llamarán, si será un acuerdo tipo CETA, Canadá-Unión Europea, vaya usted a saber qué es. Todo apunta a que el Reino Unido no va a permanecer dentro del mercado único, lo que significará que por parte del Reino
Unido se deja de aceptar la primacía del derecho europeo, y entendemos que, de ser así, de la jurisprudencia existente del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La señora May vuelve a decir lo mismo. Es decir, la Unión Europea ha
fijado, bien en los tratados -especialmente el vigente, el Tratado de Lisboa-, bien en su jurisprudencia, que existen cuatro libertades fundamentales: la libertad de circulación de mercancías, la

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libertad de circulación de las personas y, en consecuencia, de trabajadores y trabajadoras europeos, claro está, la libertad de circulación de capitales y la libre prestación de servicios y establecimiento. La apuesta por la Comisión y el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido nítida: se apuesta por las libertades económicas frente a los derechos sociales. En materia de empleos, sistemas públicos de seguridad social y derechos del trabajo, a pesar de las competencias
limitadas que tiene la Unión Europea en alguno de estos temas, está actuando a través de lo que se conoce como el MAC, método abierto de coordinación, contra los derechos laborales y sociales en todas las materias referidas a través de mecanismos
políticos -que no con legitimidad jurídica- como el MEDE, es decir, el Tratado Constitutivo del Mecanismo Europeo de Estabilidad, de 2 de febrero de 2012, y el Tratado de estabilidad, coordinación y gobernanza en la unión económica y monetaria,
TECG, adoptado un mes más tarde, es decir, el 2 de marzo de 2012, por veinticinco Estados miembros, excluyéndose el Reino Unido y la República Checa. El reforzamiento de las políticas económicas y presupuestarias a través del TECG obliga a los
Estados nacionales a que todas las administraciones públicas tengan o bien superávit o bien equilibrio -aquí conocemos muy bien las consecuencias de lo que suponen este tipo de políticas con el superávit y el equilibrio. Y el último ejemplo es la
Seguridad Social del Estado español por la vía de las pensiones-, lo que ha posibilitado la devaluación generalizada de las pensiones públicas, las reformas laborales de los mercados de trabajo flexibilizándolos y el empeoramiento de las políticas
sociales. El lanzamiento, esto es muy novedoso, del denominado pilar europeo de derechos sociales, no es sino un maquillaje ornamental, y ese objetivo de alcanzar un mercado laboral justo, para nosotros nace lastrado y condicionado por la
gobernanza económica dirigida por el capital financiero.


La segunda pregunta que planteamos dentro del rango de preocupaciones que tenemos es qué sucede con las directivas sociales, como las relativas al desplazamiento de trabajadores y trabajadoras y sus derechos mínimos en materia salarial,
seguridad social, salud laboral, vacaciones, etcétera; qué sucede con la directiva sobre subrogación en los casos de ventas, fusiones o absorciones; qué sucede con el resto de directivas traspuestas al ordenamiento jurídico del Estado nacional del
Reino Unido. La Directiva 96/71/CE, ante la liberalización del comercio internacional a escala planetaria y los acuerdos comerciales de última generación, TTIP y CETA, no obliga a una convergencia en derechos laborales para los países de la Unión
Europea, con lo cual nos hemos encontrado que cuando se realizan desplazamientos de un país con estándares laborales más bajos a otros países con estándares laborales más altos, las empresas deben elegir entre los estándares más bajos, por ejemplo,
si la sede del prestador radica aquí -lo que se denomina lex loci delegationis-, o entre los estándares más altos del lugar de prestación -lex loci laboris-. Hubo una primera sentencia del TJUE de 27 de marzo de 1990, caso Rush Portuguesa, que
incluyó en la libertad de circulación de servicios el derecho de la empresa prestataria a desplazar su personal a países diferentes al de su sede negocial, en este caso Francia, manteniendo la aplicación de la ley laboral del país de origen, en este
caso Portugal. En este contexto nació la famosa Directiva 96/71/CE, de 16 de diciembre, relativa al desplazamiento de trabajadores y trabajadoras en el marco de una prestación transnacional de servicios, que garantiza la aplicación en estos
desplazamientos de la ley del territorio donde se realiza el trabajo, es decir, la lex loci laboris. La directiva en su artículo 3.1 obliga a los Estados miembros a velar porque, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación laboral,
las empresas garanticen a las y los trabajadores desplazados en su territorio las condiciones de trabajo y empleo establecidas por disposiciones legales, reglamentarias o administrativas relativas a: los periodos máximos de trabajo y los periodos
mínimos de descanso; la duración mínima de las vacaciones anuales retribuidas; las cuantías del salario mínimo; las condiciones de suministro de mano de obra, en particular por las agencias de trabajo interino; la salud, la seguridad y la
higiene en el trabajo; las medidas de protección aplicables a las mujeres embarazadas o que hayan dado a luz recientemente, así como a los niños y jóvenes; y la igualdad de trato entre hombres y mujeres y disposiciones sobre no discriminación.
Esta directiva tiene una doble perspectiva o doble aplicación, como se verá en las sentencias de los casos Viking, Laval y Rüffert de 2007 y 2008. Desde la perspectiva económica, constriñe el campo de las medidas nacionales proteccionistas, es
decir, fija un máximo que los Estados no pueden mejorar, pues de hacerlo incurrirían en conducta proteccionista. Desde la perspectiva social, introduce una cláusula social en el libre comercio. Lo que prevalece desde un principio, señorías, es la
perspectiva económica sobre la social.


La regulación en materia de seguridad social también nos preocupa muchísimo. El Reglamento 883/2004/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social, establece en su artículo
12.1 que la persona que ejerce una actividad

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asalariada en un Estado miembro por cuenta de un empleador que ejerce normalmente en él sus actividades, y a la que este empleador envíe para realizar un trabajo por su cuenta en otro Estado miembro, seguirá sujeta a la legislación del
primer Estado miembro, a condición de que la duración previsible de dicho trabajo no exceda de veinticuatro meses y de que dicha persona no sea enviada en sustitución de otra persona, lo que se llama la prohibición de reemplazo. En su apartado dos
se establece lo mismo para los trabajadores y trabajadoras autónomos, pero a estos sí les concede la posibilidad de reemplazo. La liberalización del mercado único de servicios -la famosa directiva denominada Bolkestein por quien fue su promotor-
planteaba la aplicación de la legislación de origen en el desplazamiento de personas trabajadoras. Ahora bien, la oposición social, sindical, del pueblo o de la gente a esta Directiva 2006/123/CE, hace que esta no afecte a la Directiva 96/71/CE.


Las sentencias del TJUE en los casos Viking, Laval y Rüffert, de diferentes años, establecen que en el derecho comunitario las libertades económicas ostentan diferente rango, son auténticos derechos con fundamento directo en los tratados
originarios, mientras los derechos sociales son simplemente principios. Es decir, nos encontramos con una contradicción práctica: solamente las libertades económicas, la libertad de competencia, son un derecho fundamental...


La señora PRESIDENTA: Disculpe, quisiera recordarle que ya debe concluir este primer turno.


El señor MARTÍN CORRAL (Secretario de formación y salud laboral de la Confederación General del Trabajo, CGT): Me quedan cinco segundos, señora presidenta.


Así, no solo se instaura el dumping social, sino que se consolida toda una fundamentación ideológica que considera que los derechos sociales no son sino límites de las libertades económicas que actúan contra la libre competencia y, en
consecuencia, contra el interés general, el de la economía, que en este caso no es sino la economía de la clase empresarial y de su rentabilidad.


Para concluir, el Tratado de Lisboa -por ahora inaplicable a los hechos de las sentencias citadas, que afectan a todos los derechos laborales y sociales de los y de las trabajadoras, mientras el TJUE no modifique su doctrina- reconoce el
valor jurídico normativo de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, entre los cuales se reconoce expresamente los derechos de negociación y acción colectiva, es decir, huelga, que habían sido supeditados a la libertad económica
empresarial. Lo que nos planteamos es si habrá un nuevo ordenamiento, después de que en la reunión del día 23 de octubre de 2017, parece que los ministros de Empleo tenían intención de reformar la Directiva 96/71/CE en el orden concreto de buscar
un equilibrio entre derechos sociales y libertades económicas. Nosotros presuponemos que solamente es un anuncio ornamental, porque las propias prácticas jurídicas que ahora fundamentan las relaciones laborales de los y de las trabajadoras en la
Unión Europea vienen precedidas de esas sentencias y de esa regulación, donde las libertades económicas están por encima de los derechos laborales, bien afecte a empleos, a condiciones de trabajo, a vacaciones o a seguridad social. La propia
desconexión del Reino Unido de la Unión Europea va a empobrecer todo esto.


Las otras tres preguntas -y con esto, señora presidenta, le juro que acabo- son muy sencillas.


La señora PRESIDENTA: Si no, puede dejarlo para el segundo turno.


El señor MARTÍN CORRAL (Secretario de formación y salud laboral de la Confederación General del Trabajo, CGT): Las preguntas son: ¿Habrá que negociar, Estado por Estado, las condiciones de movilidad de mano de obra -ya lo han planteado los
compañeros-, trabajadores y trabajadoras, de manera bilateral o es la Comisión quién cerrará el tema en nombre de la Unión Europea? ¿Se verá el Reino Unido afectado por la jurisdicción Europea en el supuesto de mantenerse en el mercado único o una
cosa parecida? ¿O se impondrá una regulación propia del Estado del Reino Unido en materia de migración?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, damos la palabra a los representantes de los distintos grupos políticos. No está presente el señor Martínez Oblanca. Por tanto, tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario Vasco en el Senado (EAJ-PNV), el
señor Bildarratz Sorron.


El señor BILDARRATZ SORRÓN: Muchas gracias, señora presidenta.


Comenzaré recogiendo el testigo que lanzaba el señor Gallego García porque, aunque somos un grupo pequeño, también me doy por aludido cuando nos dice que, después de un año desde que comenzó

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esta ponencia, ya era hora de que comparecieran. Lo cierto es que todavía falta mucho tiempo y el procedimiento, al menos de la sesión de hoy, de una manera u otra y desde el papel que podamos jugar tanto con los comisarios europeos, como
el señor Barnier, como con el ministro -por ejemplo, mañana tenemos una reunión sobre este tema con señor Dastis-, es recoger y trasladar cuál es su opinión, su parecer y, sobre todo, sus dudas. De todas formas, al releer el artículo 50 del TFUE,
tengo la sensación de que establece un mecanismo para la retirada voluntaria unilateral de un país de la Unión Europea, y que los tratados dejan de aplicarse al país que realiza la solicitud. Creo que esto responde a muchas de las cuestiones que
estamos planteando hoy. Además, tenemos otra hipótesis de trabajo, y es que la salida del Reino Unido no puede suponer una mejor situación para este país que la que puedan tener el resto de los Estados miembros; es decir, que el resto de Estados
miembros no salgamos perdiendo en esa negociación. Creo que esto es un elemento importante.


A partir de ahí, hay una serie de cuestiones que ustedes han planteado y que, a su vez, ha promovido la salida del Reino Unido, por ejemplo, como comentaba el señor Martín Corral, la gestión de la inmigración. Este es un tema clave para el
Estado español, para el futuro de la Unión Europea y, en mi caso, para el País Vasco, donde tenemos determinada demografía y una necesidad de gestión. Esto nos exige una gestión inteligente de la inmigración, que parece que para el Reino Unido
resultaba ser un problema. Además, hay otros problemas unidos a esta cuestión como son la reunificación familiar o el derecho a percibir una pensión. Es decir, una serie de cuestiones en las que, evidentemente, vamos a tener que trabajar. En ese
sentido, agradecemos sus aportaciones, pero, tal como he dicho antes, siendo conscientes de que el Reino Unido aplicará la legislación que quiera aplicar; no hay más que desarrollar el artículo 50 más todas las declaraciones y documentos que se han
ido aprobando.


Para cerrar, ustedes han hecho mención a algunos modelos de acuerdos con terceros países. Esta puede ser una de las líneas de trabajo. En este sentido, ustedes reclamaban participación, transparencia, que yo comparto. Como decía al inicio
de esta intervención, en el tiempo que nos quede de gestión del brexit, deseo que logremos esta participación tanto a través de esta Comisión como de manera bilateral, con el fin de que todo aquello que les preocupe, sea también nuestra preocupación
y nuestra ocupación, de manera que poco a poco podamos ir desarrollando esta tarea porque son muchos los problemas que tenemos, algunos tampoco se han mencionado. Por ejemplo, podríamos hablar de la frontera de Irlanda del Norte, de las
consecuencias que tendrá el brexit en toda esa zona, para el trabajo, etcétera. La agenda es muy amplia, son muchos temas y poco tiempo, pero al menos tenemos una base para empezar a trabajar y de la mano intentar encontrar una solución inteligente
para todos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Maura.


El señor MAURA BARANDIARÁN: Gracias, señora presidenta.


Gracias también a la representación sindical que nos ha trasladado sus reflexiones en la tarde de hoy. Como ha dicho previamente mi colega, don Jokin Bildarratz, se trata de integrar las preocupaciones de los sindicatos en nuestro trabajo
parlamentario. En primer lugar, me gustaría decir que, de acuerdo con lo que ustedes han planteado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea es una mala noticia para todos. Creo que en eso coincidimos prácticamente todas las fuerzas
políticas, la sociedad y también el conjunto de la Unión Europea. A nadie le gusta afrontar este nuevo esquema, esta retirada de la Unión Europea de uno de sus miembros a través del artículo 50 de la Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,
que no estaba previsto para ser invocado, pero como cualquier otro tratado firmado entre naciones soberanas, también se recoge la posibilidad de la salida de alguna de ellas. Por lo tanto, ahí está y hay que cumplirlo, no hay más remedio.


Es verdad que en el planteamiento de cara al futuro de la negociación emprendida por parte de la Unión Europea, la sensación que yo puedo transmitirles es que estamos en buenas manos. Esta Comisión Mixta para la Unión Europea ha celebrado
dos reuniones con el encargado de la negociación por parte de la Unión Europea, el señor Barnier, y nos consta el buen hacer y el buen oficio en la forma de plantear las negociaciones por parte de la Comisión Europea. En este sentido, debo decir
que la preocupación que este portavoz tenía al inicio de las negociaciones por la salida del Reino Unido de la Unión Europea era precisamente la desunión por parte de los países miembros, pero, afortunadamente, esa desunión no se ha producido; al
contrario, se está manteniendo una actitud muy solidaria, muy coherente y de unidad por parte de los distintos países en apoyo de la estrategia negociadora que se está llevando. Una estrategia

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negociadora que, como ha dicho la Comisión y parece que es un tema pacífico, tiene tres elementos fundamentales: el primero les concierne particularmente a ustedes, los derechos de los ciudadanos, que son un aspecto fundamental en toda la
negociación. El segundo se refiere al cheque a pagar por el Reino Unido tras su salida de la Unión Europea. Y el tercero se refiere a la frontera entre Irlanda y el Ulster. Son temas que quizás pueden parecer poco importantes para España, pero
que tienen su importancia en cuanto forman parte del acuerdo y, también, en cuanto tienen sus posibles réplicas en futuros acuerdos que, evidentemente, conciernen a España.


Se ha hablado de la importancia de evitar el dumping social, también de cómo los derechos económicos prevalecen sobre los sociales. Este es un elemento que, donde hemos tenido la oportunidad de plantearlo, lo hemos hecho. El pilar social
de la Unión Europea no está adecuadamente desarrollado en el proyecto fundacional y en la gestión que ha desplegado la Unión Europea. Es un elemento que precisamente se trató hace pocos meses en la Cumbre social de Gotemburgo, y que ha tenido un
carácter más de planteamiento filosófico -si me permiten la expresión- que de especial relevancia en cuanto a acuerdos plenamente operativos. Hay que desarrollar ese pilar social, pero es evidente que, hoy por hoy, es un desiderátum dentro de la
Unión Europea. También se preguntan ustedes que va a pasar con las directivas y con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bien, lo que hay es que una vez resuelto el primer elemento, se abre un periodo transitorio de dos años en el que
existe una plenitud de la legislación europea en lo que a las directivas se refiere y también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, aplicable al Reino Unido, sin perjuicio de que, concluido ese periodo transitorio y a la luz de lo que se
plantee respecto del acuerdo futuro, habrá que ver qué dice ese acuerdo y ahí hay algunas fórmulas, que algunos de ustedes han expresado, pero que todavía están por dilucidar. En todo caso, para hacer una previsión sobre si lo que nos vamos a
encontrar va a ser un brexit duro, un brexit blando u otro tipo de situación respecto a la dureza de ese acuerdo, en este momento yo no sabría muy bien qué decir porque constantemente, no sé si mes tras mes, pero a lo mejor, incluso, semana tras
semana o quincena tras quincena, nos remiten noticias respecto de las distintas posiciones de las fuerzas políticas británicas que tampoco ayudan a saber exactamente en qué escenario nos vamos a encontrar. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que
hacer es seguir trabando por el brexit que más convenga a los intereses españoles y europeos y, por supuesto, el que más convenga a los intereses de los ciudadanos.


Por otro lado, el acuerdo entre el Reino Unido y la Unión Europea debe establecer un marco de actuación que de ninguna manera debe evitar que haya acuerdos posteriores en clave bilateral. El hecho de que España en relación con otros países
de la Unión Europea tenga un desequilibrio desde el punto de vista de la presencia de ciudadanos británicos en suelo nacional respecto de los ciudadanos españoles que viven y trabajan en el Reino Unido -según la información que nos facilitaba la
semana pasada el Real Instituto Elcano, un millón de españoles, no todos censados, viven en el Reino Unido y 130 000 británicos viven en España-, introduce algún tipo de ajuste que deberá contemplarse por parte de los dos Gobiernos, en la medida en
que no es la misma situación que se produce en el conjunto de los países de la Unión Europea.


Para terminar y por no evitar ninguna de las reflexiones que han hecho, es evidente que el caso de Gibraltar nos preocupa. Se han referido a su preocupación por el ejercicio del derecho de veto, pero es que ese derecho de veto se ha
concedido ya a las autoridades españolas, al Gobierno español, conforme al acuerdo previo entre la Unión Europea y el Reino Unido. Se ha excepcionado el caso de Gibraltar al acuerdo bilateral entre la Unión Europea y el Reino Unido y, por lo tanto,
debe haber un acuerdo entre España y el Reino Unido respecto al futuro de Gibraltar. Evidentemente, en ese punto nuestra preocupación de manera muy especial son los ciudadanos españoles que viven y trabajan en Gibraltar, cuyos intereses nuestro
grupo parlamentario está absolutamente comprometido en salvaguardar, sin perjuicio de entender que tiene que haber un esfuerzo muy importante por parte del Gobierno de España en el desarrollo de la comarca. Pensar y fiar que todo el futuro de esa
comarca dependa simplemente del polo de desarrollo y de capacidad económica que representa Gibraltar no es la solución. En todo caso, habría que buscar un trabajo para desarrollar la comarca o región con un planteamiento de carácter endógeno, sin
perjuicio de entender que estamos en el momento para plantear un acuerdo ambicioso respecto de Gibraltar que en absoluto perjudique, sino al contrario, los intereses de los trabajadores españoles.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, por su intervención.


A continuación, por Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra doña Sonia Farré Fidalgo.

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La señora FARRÉ FIDALGO: Gracias, señora presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer vuestra presencia y disponibilidad para venir a dar vuestro punto de vista sobre un tema que para el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos es central, y es dónde quedan las personas y sus derechos,
también los laborales en este caso, en las negociaciones porque, si bien se dice a menudo que son la primera preocupación, también vemos muchas veces que estos derechos pueden acabar siendo moneda de cambio. Entonces, esto es algo que nos
preocupaba y ansiábamos que vinierais; de hecho, creo que a todos nos toca disculparnos por haber tardado tanto en celebrar la comparecencia, como habéis comentado, porque realmente es un tema central. Ahora mismo la situación y los derechos de
los trabajadores del Reino Unido aquí o de los trabajadores españoles allí no están claros, ni siquiera en esta primera fase. Además, tenemos el problema añadido de que hasta que no haya un acuerdo en todo, no hay acuerdo en nada. Entonces, no hay
ni siquiera la posibilidad de blindar la parte de los derechos de la ciudadanía, y esto es algo que nos preocupa.


Creemos que es importante que vosotros seáis actores del proceso y que se os tenga en cuenta en las mesas en las que se dirimen estas cuestiones y también que se os consulte. Asimismo, aquellos compromisos que salgan de esas consultas
creemos que es importante que queden plasmados en los acuerdos. Por otra parte, hace una semana se dio el visto bueno para empezar a negociar tratados comerciales, a pesar de que no entran en vigor hasta una vez que se haya hecho efectiva la
salida. Muchas de las cosas que ya habéis apuntado son importantes y cruciales.


Hay un tema que nos preocupa, como veréis todos tenemos preocupaciones e incertidumbres. Vosotros nos trasladáis vuestras incertidumbres y nosotros no tenemos respuestas sino que tenemos otras dudas que os trasladamos a vosotros, aunque
entiendo que no responderéis a todas, al igual queréis ahondar sobre algunas. Un elemento importante es: ¿qué procedimientos y qué instancias se usarán para resolver las disputas laborales? Nosotros no somos favorables a los tribunales
multilaterales de inversión como los que se han propuesto para los tratados de libre comercio, porque creemos que no es justificable utilizar estos mecanismos, puesto que favorecen intereses privados de inversores y pasan por encima de decisiones
democráticas de Estados, de parlamentos y de tribunales que van a favor del interés fundamental o de los derechos fundamentales. No está claro cuáles son estos mecanismos y me gustaría saber si vosotros habéis hecho debates al respecto y tenéis
impresiones o sugerencias al respecto que podamos trasladar nosotros, a su vez, al Gobierno y a los negociadores.


Otro elemento se refiere a algunas de las resoluciones que habéis realizado desde UGT y Comisiones con the European Trade Union Confederation, en las que destacáis un tema que compartimos: los derechos laborales deberían estar blindados.
De hecho se hacía referencia a que hubiera una cláusula de no regresión. El tema está ahí. ¿Qué hacemos para garantizar que el Reino Unido no disminuya los estándares en prestaciones laborales ni en las condiciones de trabajo? Qué podemos hacer
para que existan estas cláusulas vinculantes y qué podemos hacer para contribuir a ello, tanto en los resultados como en aquellos acuerdos comerciales que puedan venir después.


Además, esto se vincularía con el hecho de que una de las primeras políticas que quieren hacer propia y trasladar es la de migración. Todos hemos oído ya muchas declaraciones que resultan preocupantes, puesto que muchos de los migrantes son
nuestros. Nosotros hemos pedido muchas veces que se hiciera un censo para poder conseguir saber cuántos trabajadores y de qué tipos de trabajadores españoles estamos hablando en el Reino Unido, porque algunos de ellos están en situación muy
precaria y no están siendo contabilizados.


Vinculado a este tema de la migración y de los derechos laborales, así como a las situaciones de irregularidad y de precariedad, me gustaría destacar el tema de las trabajadores y trabajadores domésticos, puesto que como sabéis está el
Convenio 189 de la Organización Mundial del Trabajo, que exige que se adopten medidas que garanticen toda una serie de derechos que ya conocemos. Aquí se aprobó, por ejemplo, una proposición no de ley a instancia de nuestro grupo y del Partido
Socialista por un trabajo decente. Además, la Unión Europea ha instado a los miembros a cumplir con esta resolución, pero ni el Reino Unido ni España lo han hecho. Si tenéis alguna sugerencia o puntualización que hacer al respecto, os lo
agradecería. Al igual pasa con la precariedad laboral en general de nuestros compatriotas en el Reino Unido, tanto en esta convención como con la Convención internacional sobre protección de derechos de los trabajadores migratorios y de sus
familias, que es algo que también debería garantizarse.


Para acabar me quiero referir al tema de Gibraltar, porque es un tema que nos preocupa. De hecho se ha hecho una reunión en el Congreso con el alcalde de La Línea, pero es un problema que es extensivo al resto de municipios del Campo de
Gibraltar. Como apuntabais, teniendo un 35% del paro, una de las

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tasas más altas del Estado, este asunto es muy preocupante. Somos conscientes de que estos trabajadores dependen de la permeabilidad de la economía y de la frontera, no solo por el tema de trabajar o residir a un lado o al otro, sino además
por las compras que se hacen y por todo lo que implica en la economía. Solo el hecho del sí a la salida de la Unión Europea ya ha tenido impactos porque esto ha afectado a la libra y a la economía. Como ponencia tenemos fijada una sesión sobre el
Campo de Gibraltar, puesto que era algo que nos preocupaba. Nos gustaría saber -sé que en algún momento se ha comentado algo sobre cómo llevar a cabo un censo de trabajadores- si alguno tenéis propuestas a este respecto o sobre otros aspectos que
afectan al Campo de Gibraltar. ¿Qué tipo de censo plantearíais? ¿Cómo y cuándo creéis que debería hacerse para que fuera lo más fidedigno posible a las condiciones laborales y económicas de los trabajadores del Campo de Gibraltar? ¿Y qué
realidades creéis que correrían el riesgo de quedar fuera de este posible censo? Me gustaría saber si tenéis propuestas sobre cómo afrontar este asunto -como comentaba el señor Maura- y qué medidas podrían adoptarse de cara al Campo de Gibraltar,
no solo aprovechando el brexit sino a un nivel más general, para poder tomar medidas que ayuden a solventar la situación que se vive en el Campo de Gibraltar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Zaragoza Alonso.


El señor ZARAGOZA ALONSO: Muchas gracias, por haber venido a la Comisión a explicarnos vuestra posición. Más que dar nuestras opiniones, creo que lo interesante es escuchar vuestras posiciones. Lo primero que a mí me ha gustado -que he
observado que ha sido común a las tres intervenciones- es que todos coincidimos -mi grupo también- en algo: que para los trabajadores estar dentro de la Unión Europea es más positivo que estar fuera. Dentro de la Unión Europea los trabajadores
tienen mejores defensas, más derechos y más posibilidades de defenderse, que no fuera de la Unión Europea. No es poca cosa en estos tiempos que corren, ya que como sabéis que hay muchas discusiones sobre pertenecer o no a la Unión Europea. Que los
tres sindicatos que han participado hoy -CGT, UGT y Comisiones Obreras- defiendan la pertenencia a la Unión Europea, creo que es importante para nosotros.


La segunda cuestión común es que compartimos las preocupaciones. Las preocupaciones que habéis expresado sobre la negociación del brexit son compartidas por la mayoría de los portavoces de esta Comisión y ya las pusimos de manifiesto en las
dos comparecencias de Barnier. En ese sentido, coincidimos y las preocupaciones son las mismas. Desde que emergió la posibilidad del brexit es evidente que esas son las preocupaciones que tenemos todos, no porque las tengamos solo nosotros sino
porque teníamos preocupación por lo que iba a hacer la Comisión Europea frente a estos temas. Por ahora podemos decir que la posición de la Unión Europea en las negociaciones es positiva, porque no renuncia a la defensa de los derechos de los
ciudadanos europeos presentes en el Reino Unido y de los ciudadanos del Reino Unido presentes en los diferentes países de la Unión Europea.


Desde este punto de vista hasta ahora todas las cosas que nos han dicho sobre este tema son positivas, porque no se ha roto lo que es un consenso general en España alrededor de estos temas. Aquí os voy a leer lo que afirmó Barnier en la
Comisión sobre los derechos de los ciudadanos. No sé si en la reunión que tuvo con los sindicatos se explayó más porque la última comparecencia que hizo aquí fue rápida y rauda. No tuvimos la posibilidad de repreguntar, vienen aquí con una hora
tasada y además nos dan un discurso que más bien reproducía al anterior que tuvimos con él y en las respuestas nos dice que no pueden decir nada para que no se publique. Además, como se ha explicado aquí en algunas intervenciones, te dicen que todo
esto que han acordado por ahora viene condicionado al acuerdo definitivo. Vosotros que sois sindicalistas sabéis que esto significa que no hay un acuerdo todavía, porque los temas complicados los vas aplazando al final. Vosotros sabéis lo que es
negociar, en una negociación vas desbrozando lo fácil y vas dejando para el final lo más complicado. Esa es la sensación que nos dio.


El señor Barnier nos dijo aquí literalmente en una comparecencia suya: 'En diciembre, en un acuerdo bilateral de Theresa May con el presidente Juncker hemos garantizado la situación, los derechos de todos estos ciudadanos, de 4,5 millones
de personas, sus derechos de residencia, portabilidad de las pensiones, régimen de Seguridad Social, subsidios o ayudas familiares, reagrupación familiar durante toda la vida de estos ciudadanos. Hablo de derechos que se han ido adquiriendo en el
pasado en función de las decisiones vitales de cada uno; derechos hasta el día del brexit, el 29 de marzo de 2019. Este es un resultado importante.' Parece ser, por lo que he leído en la prensa, que se ha prolongado en los veintiún

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meses de transición. Esto es lo que nos afirmó. No sé si a vosotros os afirmó más cosas, o si os dio más información, o si incluso os dedicó menos tiempo del que nos dedicó a nosotros en esta Comisión. En cualquier caso, este avance
positivo en estos temas a nosotros nos preocupa cómo se han ido desarrollando. Nos gustaría que profundizaseis un poquito más sobre los derechos de los ciudadanos, no solo de los trabajadores sino de los estudiantes o de los residentes.


La situación de Gibraltar para nosotros es muy importante. Aquí creo que la portavoz de Podemos ha señalado un tema clave, porque no solo es importante aquello que depende de la negociación. Hay dos temas que van paralelos, por un lado, el
tema de las fronteras de Irlanda del norte e Irlanda que es un tema conflictivo, y por otro, las negociaciones de Gibraltar aunque la Unión Europea ha dado al Gobierno de España la última palabra. En cualquier caso, además de la negociación global
hay otro elemento que podemos añadir -en el que sí podemos tener un poquito más de influencia-, es decir, en esas consecuencias que se puedan producir en el Campo de Gibraltar qué está haciendo el Gobierno de España. Aquí nos gustaría que los
sindicatos nos pudierais decir algo más.


Un tercer tema del que no se habla mucho se refiere a las consecuencias que tendrá la marcha del Reino Unido de la Unión Europea en los presupuestos en el futuro. A veces parece que esto de los presupuestos no es importante, pero sí lo es
porque tiene consecuencias en dónde se van a dedicar los recortes en esos presupuestos y qué efectos van a tener en muchos de los planes europeos que hay, por ejemplo, de promoción del trabajo, de garantías laborales y todas estas cosas. No he
visto que aparezca ninguna preocupación en cuanto a los presupuestos, aunque es un elemento que aparecerá con mucha intensidad en un futuro cuando esto se complemente.


Por último -no me quiero alargar porque es vuestro momento y prefiero que habléis vosotros-, no ha aparecido un tema pero me interesa mucho: ¿qué relaciones tenéis, si habéis hecho algo con los sindicatos británicos, los Trade Unions?
Sería importante que hubiera coordinación. Me gustaría saber si habéis trabajado los temas del sindicalismo en estos asuntos. La Unión Europea está negociando con el Gobierno de Inglaterra, pero qué información tenéis también los sindicatos, sobre
todo vosotros. Qué posiciones están teniendo las Trade Unions en esta negociación, que para nosotros es muy importante y que me imagino que para vosotros, por vuestras relaciones internacionales, son también significativas.


Una vez más, quiero daros las gracias por vuestra comparecencia y vuestra paciencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Soler-Espiauba.


El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Gracias, señora presidenta.


Quiero dar las gracias a los tres comparecientes por sus opiniones, por la información, por su punto de vista y por las muchas reflexiones que han hecho sobre lo que significa el brexit, o lo que puede significar tanto para los trabajadores
españoles que están trabajando en el Reino Unido, como para los residentes británicos que están viviendo en España, ya que es el país de la Unión Europea que mayor número de británicos acoge. Para España tiene que ser un asunto a cuidar
especialmente, no solo por consideraciones de carácter humano y social, sino porque oficialmente son 300 000 británicos, pero en muchas estadísticas se sugiere que pueden ser justamente el doble. Lo mismo ocurre como los 175 000 españoles que están
registrados en nuestros consulados en Gran Bretaña, cuando en realidad los residentes allí son casi 300 000.


Quisiera hacer una pequeña reflexión, quizás para quitar un poco algunos lugares comunes que necesitan cierta explicación. Por ejemplo, se ha dicho que el brexit no lo esperaba nadie. No es exactamente así. Si escuchabas lo que decían
muchos británicos te entraban muchas dudas, aunque todas las encuestas, si bien es cierto que daban una victoria al no brexit, lo hacían por muy escasa diferencia. Lo cierto es que Gran Bretaña ha tenido problemas en el seno de la Unión Europea
desde su comienzo y no solo se trata de una rivalidad interna o un conflicto interno del Partido Conservador, ya que en el grupo de brujas que había lanzado Margaret Thatcher había también laboristas. Es algo diferente que tiene que ver mucho más
con el apego que tiene la Inglaterra tradicional -digo Inglaterra, no Gran Bretaña- a sus formas de entender la vida y el mundo, así como de entender las relaciones de su isla con el exterior, que con aquellos que tienen una visión mucho más
dinámica, mucho más real, mucho más progresiva de lo que son las relaciones. El espléndido aislamiento que parece estar en la nostalgia del brexit hoy carece de sentido, sobre todo, para los continentales aunque como hemos visto, por desgracia, hay
muchos británicos, fundamentalmente ingleses, que lo han visto de otra manera. Con esto es con lo que nos tenemos que manejar.

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Me gustaría matizar alguna consideración que ha hecho la representante de Comisiones Obreras. He creído entender, a lo mejor me equivoco, que ha dicho que no existe cobertura para los británicos residentes en España. Me ha sorprendido
porque precisamente el primer acuerdo que ha habido hace ya algún tiempo recogía estos derechos de esos británicos en nuestro país. Hoy hemos conocido precisamente en la segunda parte de ese acuerdo que se está haciendo por capítulos una noticia
saludable que es la garantía o el blindaje durante ese periodo de dos años de transición de todos los derechos de los extranjeros en el Reino Unido, y también de los españoles, que son los que más nos tienen que importar a nosotros porque somos sus
representantes.


Me ha agradado mucho escuchar decir a la representante de Comisiones Obreras que reconoce que el comercio es muy importante para el desarrollo económico, para el desarrollo de las civilizaciones. La historia del comercio es realmente la
historia del progreso. Sin embargo, tengo que recordar algo al representante de la CGT, cuando ha dicho que en el Tribunal Superior de Justicia de Europa tenemos el problema de que dan más importancia a los derechos económicos que a los derechos
sociales. Los derechos económicos traen causa de los primeros tratados de la Unión, del Tratado de París y del Tratado de Roma. Traen causa de ahí, con lo cual son más antiguos, están más desarrollados -sobre esos derechos hay muchas más
sentencias- y están más pulidos. Los otros tratados han llegado después y por eso tienen una historia más dificultosa. Es cierto que se da la circunstancia de que los derechos económicos y la libertad de comercio están en el corazón, en el
comienzo en la estructura y en el objetivo de la propia Unión Europea, pero también lo es que no reconocer que los derechos sociales han avanzado a un ritmo apreciable a lo largo del tiempo sería faltar a la verdad.


No podemos decir que se hace dumping social, cuando la contemplación de determinados contratos laborales en los diferentes países de la Unión Europea es diferente. En España teníamos una legislación laboral muy antigua y a veces estaba el
un problema de que esa legislación laboral impedía el acceso al trabajo a generaciones más jóvenes. Yo recuerdo la campaña que hizo el Gobierno de Felipe González sobre determinados aspectos de la contratación laboral para favorecer el acceso al
trabajo de los más jóvenes, es decir, siempre ha tenido sus complicaciones. La reforma laboral que se ha hecho en España se ha concretado con el éxito de un crecimiento del empleo amplísimo, aunque luego ese empleo tiene que ir mejorando en
calidad, y en eso vamos a estar de acuerdo. Lo cierto es que esa reforma laboral ha tenido un éxito y ha conseguido que poco a poco vaya creciendo el número de cotizantes a la Seguridad Social y el número de españoles y españolas que tienen
trabajo. No reconocerlo sería desdibujar la verdad.


Asimismo, quiero poner en valor a la diplomacia española, a nuestros diplomáticos que han conseguido la excepcionalidad con la que se va a tratar el tema de Gibraltar, porque creo que es algo bueno y saludable. El caso de Gibraltar es un
exotismo, es como si la Corona española todavía conservara el charolés en medio de Francia. Es algo que tiene un origen histórico, pero tan lejano en el tiempo que hoy carece de sentido. Quizás el brexit ayude a nuestro país a reconducir la
situación en la que se encuentra Gibraltar y tenga un beneficio evidente sobre los casos inmensos, porcentualmente hablando, de paro que hay en el Campo de Gibraltar, o bien en la economía sumergida que supone que también Gibraltar esté siendo un
punto de referencia de determinadas actividades ilegales de diversa índole. Quizás este brexit podrá ayudar a la posición española en la Unión Europea con respecto a la solución de este conflicto bilateral, porque España está en el lado donde más
ayuda diplomática puede tener para llegar a solventarlo. Eso probablemente beneficiará también al Campo de Gibraltar. Mientras se decide qué tratamiento hay que dar al Campo de Gibraltar y a Gibraltar, la diplomacia española está siendo
extraordinariamente eficaz, eficiente y oportuna.


Cuando el representante de la CGT ha confundido a la señora Thatcher con la señora May me ha recordado aquel conflicto que hubo en un debate televisivo entre Lloyd Bentsen, que era el candidato a vicepresidente de Estados Unidos, y Dan
Quayle. Dan Quayle quiso compararse con John Kennedy y le contestó Bentsen: Yo conocí a Kennedy, usted no se parece en nada a Kennedy. Yo creo que la señora May en estos momentos ha demostrado que no se parece en nada a la señora Thatcher. La
señora Thatcher, con la que seguramente muchos de ustedes estarán en desacuerdo, tenía capacidad de liderazgo, lo cual probablemente hubiera facilitado la negociación, porque tendría las posiciones muchos más claras. Una de las dificultades con las
que nos encontramos en la posición del Gobierno británico con respecto a Europa es que muchas veces no se sabe cuál es y otras veces cambia de una semana para otra.

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Los británicos se han equivocado, desgraciadamente. No estoy de acuerdo con que las grandes firmas, los grandes bancos y las grandes empresas británicas estuvieran favoreciendo el brexit. Al contrario, creo que todas esas grandes firmas,
grandes empresas y grandes financieras han sido las más sorprendidas y las más decepcionadas con el resultado de aquel referéndum, junto con sus profesionales liberales, las clases medias progresivas, los muchos estudiantes y la gente más joven, que
en su momento votaron en menor cantidad y se encontraron con una situación -retomo el argumento del principio- que todos creíamos que no se iba a producir, aunque había datos alarmantes para concluir que no estaba descaminado que se pudiera
producir.


La señora PRESIDENTA: Señor Soler-Espiauba.


El señor SOLER-ESPIAUBA GALLO: Termino, presidenta, porque no me gusta incomodar a la Presidencia por exceso de tiempo. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación tendrán la palabra los comparecientes para contestar, por el mismo orden que han intervenido. En primer lugar, tiene la palabra doña Begoña del Castillo, coordinadora del área de Europa de Comisiones Obreras.


La señora DEL CASTILLO PÉREZ (Coordinadora del área de Europa de Comisiones Obreras, CCOO): Sin haberme puesto de acuerdo con Jesús, voy a contestar solo a algunas cuestiones. Le voy a dejar que repita o conteste alguna pregunta que deje
sin contestar. Con ello quiero decir, que no sé si quito alguna respuesta a mi compañero.


La primera cuestión que había pensado incorporar en mi intervención, aunque antes me había parecido que no era necesario hacerlo, pero que ahora constato que efectivamente es algo incuestionable, se refiere a las cifras, que desgraciadamente
varían muchísimo. Yo les puedo asegurar que antes de incluir las pocas cifras que están en mi intervención he tratado de cotejarlas por distintas vías y finalmente he decidido poner unas, siendo consciente de que seguramente ustedes tengas otras
diferentes. Efectivamente, todos los datos que tienen que ver con las personas que están allí, aquí o en Gibraltar, es decir, los registros y las estadísticas, no son absolutamente fiables. En fin, tenemos que partir de ahí.


Previamente quería decirle al representante del Partido Socialista, cuando ha dicho que el señor Barnier les dedicó poco tiempo, que ese día llegó a vernos a nosotros tarde porque venía de verles a ustedes y nos dedicó un cuarto de hora. A
ustedes les engañan con nosotros, y a nosotros con ustedes, o algo así.


Respecto al brexit blando y brexit duro, efectivamente, todavía en estos momentos no está claro. Obviamente va a depender mucho de las presiones, como decía en mi intervención, que reciba el propio Gobierno británico, de sus negociaciones
internas. Yo creo que a estas alturas lo que sí está claro es que se van a quedar fuera del mercado único. Parece ser que eso ya lo han dicho, que se quedan fuera del mercado único y que tampoco quieren estar en el Espacio Económico Europeo. Por
tanto, desde nuestra perspectiva ya lo interpretamos como un brexit duro. A partir de ahí supongo que habrá matices sobre su dureza, pero básicamente sería así.


¿Que la salida del Reino Unido es mala? Por supuesto, para nosotros eso es incuestionable, nosotros lo valoramos como algo negativo. Este es el resultado (aunque el Reino Unido es un caso excepcional y no podemos verlo desde la misma
perspectiva que lo que está pasando en otros países europeos, porque el Reino Unido tiene sus peculiaridades y nunca ha sido un socio comprometido, por decirlo de alguna manera) y la posición de los trabajadores británicos que tienen mucho que ver
con la respuesta a las políticas que se están desarrollando a nivel de la Unión Europea. Eso no es que lo digamos nosotros, sino que es lo que nos han trasladado nuestros colegas del TUC británico, que estamos trabajando con ellos. Por tanto, no
tenemos dudas respecto a eso.


Derechos laborales, moneda de cambio. Efectivamente en mi intervención, cuando apelaba al margen de maniobra que le queda a la Unión Europea y a España, me refería justo a eso, a que los derechos laborales son moneda de cambio. Por eso,
confiamos que en ese margen de maniobra en la negociación nuestro Gobierno y el Gobierno de la Unión Europea no jueguen con los derechos de los trabajadores, que no los utilice como moneda de cambio.


Periodo de transición. Nosotros sabemos que en el periodo de transición los derechos van a estar garantizados. De hecho el Reino Unido va a seguir manteniendo en el periodo transitorio las cuatro

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libertades, entre ellas, la libertad de circulación. Además, se han responsabilizado de la parte de presupuesto que se habían comprometido en la negociación, es decir, la parte de presupuesto que ya estaba acordada. Ellos van a cumplir
hasta donde sabemos, incluso estando fuera, con aquellos compromisos financieros que ya habían adoptado; contamos con eso. Sin embargo, nos preocupa mucho el tema del presupuesto, aunque se me había olvidado mencionarlo, al intentar hacer una
intervención corta para ceñirme al tiempo que me habían sugerido. El tema del presupuesto, el cómo va a afectar a España, nos preocupaba. El efecto que va a tener el brexit sobre el presupuesto comunitario se está viendo también en el marco del
debate del paquete UEM, unión económica monetaria. Nosotros tenemos muchas incertidumbres, sobre todo para España, en cómo va a afectar a España la salida del Reino Unido. Obviamente, va a entrar mucho menos dinero y creemos que España que va a
ser, y nos preocupa, uno de los Estados donde más se va a notar esas consecuencias.


Mecanismos de resolución de conflictos. Este mecanismo que se ha negociado en el CETA y en otros acuerdos comerciales nos parece que no es equilibrado porque da preferencia a los derechos de las empresas, sobre todo a la hora de acceder a
la resolución de conflicto, ya que las multinacionales tienen acceso directo al mecanismo de resolución de conflicto, mientras que los trabajadores no pueden acudir a ese mecanismo. La representante del Grupo de Unidos Podemos preguntaba por
nuestra propuesta. Para nosotros, la propuesta ideal -nos preguntaba la representante de Unidos Podemos- sería que ante los conflictos que se produzcan en el marco de las empresas multinacionales instaladas en un país se aplicase la legislación del
país donde están ubicadas y en los tribunales nacionales. En definitiva, es la posición que defendía Francia hasta hace año y medio aproximadamente. No sé el momento exacto en que cambiaron de posición, aunque ni siquiera estoy segura de si han
cambiado radicalmente y es una duda personal. En todo caso, la posición de Francia era esa y es la que nosotros defendemos, porque nos parece más justa y ecuánime.


En cuanto a los derechos de los trabajadores británicos en España, si usted lo dice seguramente es así. Hasta ahora funcionaba una especie de mecanismo de reciprocidad, pero entiendo que una vez que el brexit esté en marcha ese mecanismo
dejará de funcionar. Y eso es lo que trataba de explicar en mi intervención, qué va a pasar con las personas residentes en España una vez que se haya producido la desconexión total y ya no funcione el mecanismo de reciprocidad que venía existiendo
hasta el momento. Efectivamente, los derechos económicos han estado legislados desde el principio. Por eso, desde la Confederación Europea de Sindicatos y los sindicatos españoles que allí estamos, Comisiones Obreras y UGT, hemos insistido, y una
de nuestras principales reivindicaciones es que se incorpore a los tratados un protocolo de progreso social. Esperábamos hacerlo en función de la negociación con respecto al pacto fiscal, que según se fuera progresando en la legislación sobre el
mismo, en ese contexto fuéramos insistiendo en la incorporación de un protocolo de progreso social que garantizase que los derechos sociales no están supeditados a las libertades económicas, pero parece que técnicamente va a ser difícil. Siempre
parece que los trabajadores nos encontramos con dificultades; cuando no son políticas, finalmente son técnicas, pero siempre hay dificultades para que nuestras reivindicaciones se lleven a cabo.


No voy a comentar nada sobre el aumento del empleo y la precariedad -se lo voy a dejar a mis compañeros-, aunque tengo muchas ganas.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Begoña, también por ajustarse al tiempo que hemos sugerido en la Mesa.


Tiene la palabra ahora Jesús Gallego García, secretario internacional del sindicato Unión General de Trabajadores.


El señor GALLEGO GARCÍA (Secretario internacional del sindicato Unión General de Trabajadores, UGT): Muchas gracias, señora presidenta.


Al señor Bildarratz y, en general, a quienes han recogido el guante cuando he empezado la crítica diciendo que nos hubiera gustado haber estado con ustedes antes y que nos ha sorprendido que la patronal les haya visitado más veces que
nosotros -no nos ha sorprendido pero dejamos constancia-, les agradezco haberlo hecho y tenerlo en consideración.


El señor Bildarratz hablaba del artículo 50. Evidentemente, está ahí, nosotros no lo hemos redactado, y el protocolo que emana de ese artículo y la decisión democrática de los británicos no lo cuestionamos, pero sí -y es por lo que estamos
aquí- la solución que se puede dar una vez que se ha puesto en

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marcha el mecanismo de desconexión. Eso es lo que nos preocupa, y nos consta que también les preocupa a todos ustedes y a las propias personas que lo están negociando, porque es la primera vez y nadie se lo esperaba. Es una de tantas
ocasiones en que vemos cómo en el articulado y la construcción de la Unión Europea pasan cosas que nadie esperaba pero que acaban pasando. Y sí es verdad, por lo que decía en mi primera intervención y está en la mente de muchas personas, que
solventar los problemas del brexit de manera que solo beneficie a una parte pueda suponer que en otros sitios de Europa pueda suceder un brexit dos. En Dinamarca la presidenta del Parlamento es de un partido ultraderecha, ultranacionalista, en
Suecia está el Sverigedemokraterna, en Alemania cada vez de una manera más poderosa, en Grecia lo mismo, los resultados de las elecciones italianas debieran llamar a todo el mundo a hacerse cruces, y lo mismo ha sucedido en Francia. Es decir,
dependiendo de cómo se resuelva, será bueno o puede que la mecha prenda en Hungría mañana, en Polonia pasado mañana, etcétera.


Hablaba usted de que la mejora que se produzca no suponga que una parte salga beneficiada. No sé exactamente a quién se refería sobre la mejora. Sinceramente, no creo -y me gustaría- que las trabajadoras y los trabajadores británicos sean
los que vayan a salir mejorando del brexit. Creo que todos tenemos en mente quién va a mejorar o a quién le va a ir mejor cuando esto finalmente se articule.


El señor Maura decía que nos concierne especialmente la defensa de los derechos de la ciudadanía. Creo que en eso los sindicatos y los políticos nos parecemos bastante. La defensa de los intereses de la ciudadanía nos compete a todos los
que estamos en esta sala, y también a los que no están.


Hablaba del pilar social. En confianza, le puedo decir que tanto UGT como Comisiones han sido muy críticos con el pilar social. Entendemos que la construcción en la que se basa, supeditada a la moneda única, hace que más que pilar sea una
pequeña columna, ya sea que fluctúe, tenga inconvenientes o dependa de la política monetaria de la Unión. Nosotros estuvimos en Gotemburgo, en la proclamación del pilar, y creemos que la Comisión no está haciendo lo que se comprometió a hacer. Que
ahora de lo único de lo que se esté hablado es de una directiva sobre paternidad y pocas cosas más deja en evidencia que la Comisión tenía prisa por sacar un documento. No soy político pero no se me escapa que dentro de un año aquí la gente se
tiene que presentar a las elecciones al Parlamento Europeo.


La señora Farré hablaba de los derechos. Le doy las gracias porque también se ha referido a tener en cuenta la posición de las organizaciones sindicales antes de que se firmen los acuerdos. Por no repetir sobre lo que ha hablado Begoña, de
las disputas laborales, también quiero hablar de la propuesta que hemos tenido sobre una inspección de trabajo laboral en otros ámbitos y un tribunal laboral. Particularmente, no me parece muy democrático, pero no creo que sea mala idea que, si
existe un tribunal privado para solventar los intereses entre las empresas y los Estados, exista un tribunal para solventar las disputas entre los intereses de los trabajadores y de las empresas, que, por supuesto, gestionemos nosotros, igual que se
han gestionado otros tribunales que se han inventado. Pero en una línea más seria, también menos realista porque la realidad es la otra, todo el marco que supone la Organización Internacional del Trabajo, etcétera, pone de manifiesto -y usted ha
hecho mención a dos convenciones y dos articulados- que no estamos jugando en igualdad de condiciones. El Reino Unido está bastante peor, aunque es verdad que España cuenta con deshonrosas excepciones, que, a nuestro juicio, debiera poner en marcha
inmediatamente. No estamos comparando dos zonas iguales del mundo y no podemos dejarlo solo a criterio de la OIT, aunque es un buen marco, y además tripartido, de resolución de disputas.


Hablaban de Gibraltar también y de qué se puede hacer. En mi intervención he hecho mención al registro de grupo de cooperación transfronterizo que se ha creado en Andalucía. Asimismo, hace aproximadamente un año y medio las organizaciones
sindicales fuimos las primeras en crear un comité sindical transfronterizo, donde las organizaciones de Gibraltar y las organizaciones sindicales de Andalucía trabajan mano a mano para censar a esos trabajadores que no hay manera de censar y se
dedican precisamente a las empleadas domésticas -en su mayoría, mujeres- que cruzan a la Roca todos los días o a la mano de obra de la economía informal, que es muy difícil de registrar.


Con respecto al señor Zaragoza, estoy prácticamente de acuerdo con todo lo que ha dicho. Pero quiero hacer dos menciones.


Con referencia a cuando ha hablado de los presupuestos, no lo he mencionado porque no sé si esta Comisión es el marco, pero no solo va a tener influencia en los presupuestos de la Unión Europea, sino también en los presupuestos de la OTAN.
Y a ninguno se nos escapará que hoy ha habido una noticia referida a que España se compromete, trabaja y no tiene temor en meter dinero para cumplir con determinados presupuestos y determinados acuerdos, una noticia bastante más fría que cuando se
habla, por ejemplo, de cooperación al desarrollo u otros acuerdos internacionales -por cierto, en sedes

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internacionales que tienen más representación democrática que la OTAN- o cuando se habla de articulado en derechos humanos, por ejemplo, que tiene una consideración mayor que los acuerdos que se puedan hacer sobre la OTAN. Pero por supuesto
que va a tener influencia en los derechos de las personas significativamente -la semana pasada lo estuvimos celebrando sobre las mujeres, y algunas de las directivas europeas han sido las únicas que han conseguido que aumenten las mejoras en las
condiciones laborales de las mujeres en el Reino Unido, porque nunca ha estado en la mano del Gobierno inglés, como de forma relevante en las de la señora Thatcher, a la que no admiro nada en absoluto-, es decir, en mejorar las condiciones de la
mayoría de la población que vive en el Reino Unido.


Por acabar, respondiendo al señor Soler-Espiauba, dos cuestiones.


Sí creo que es un asunto del partido conservador. De hecho, quien lo lleva a un referéndum es un presidente conservador; dimite el presidente que lo ha llevado y quien toma el testigo y es ahora primera ministra es la señora que estaba en
contra del no pero que ahora dice sí. El partido que está a favor es el conservador -y no hablo de individuos, pero, igual que si ustedes votan de manera diferente a lo que dice su partido cae una multa, allí también-. Ha hablado usted de faltar a
la verdad. Que yo sepa, esto fue así.


Con respecto a los derechos de los españoles que tenemos que proteger, como ha dicho usted, se me ocurre el acuerdo del Consejo Europeo que se firmó antes de la votación del brexit. El Gobierno de España, haciendo dejación de la tarea que
tiene de protección de la ciudadanía española, firmó un acuerdo para rebajar los derechos de los españoles y las españolas que viven en el Reino Unido, para que allí se votase una cosa, y no otra. No solo supone algo bastante curioso sobre
injerencia en la democracia, sino, desde luego, una dejación de esta gente, a la que dejó tirada. Le agradezco que me lo haya recordado.


Sobre el tema de la juventud y Felipe González, vengo de la UGT. Seguramente, las personas del Grupo Socialista que están aquí lo recuerdan muy bien -particularmente, yo le hice una huelga al señor González por eso-, esa bronca todavía se
recuerda en el seno del Partido Socialista y sabemos perfectamente lo que pasaba allí.


Habla también de los diplomáticos y de lo orgulloso que está de ellos. Bien dice diplomáticos, porque la mayoría son hombres, y sabemos que ahí el tema de género lo tiene completamente abandonado el Ministerio de Asuntos Exteriores. Yo me
acuerdo más de los trabajadores y de las trabajadoras, que ganan una quinta parte de lo que gana esta gente y no tienen derecho a la seguridad social en el Reino Unido, como en otras partes del mundo, están cotizando como falsos autónomos, tienen
contratos blindados a su permiso de residencia y son excelentes profesionales, aunque ese ministerio les siga dando mal trato.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Si me permite y por si puede servir como aclaración con relación a un tema que está presente desde el inicio de la intervención del representante de la Unión General de Trabajadores, en la ponencia sobre el brexit -y
me corrigen ustedes si estoy equivocada- no ha comparecido la patronal, a la que se ha hecho referencia. Quisiera aclararle esta confusión. La CEOE organizó unas jornadas en el Congreso de los Diputados, en colaboración con la presidenta del
Congreso, y pidió la participación y la colaboración de la Comisión Mixta de la Unión Europea. Por tanto, fuimos invitados a participar en esa reunión e intercambiar con sus socios los distintos puntos de vistas que teníamos en esta ponencia del
brexit.


Y en este sentido, quiero decir a los sindicatos aquí presentes que, indudablemente, también ustedes tienen abiertas las puertas del Congreso de los Diputados para organizar cualquier tipo de evento con relación al brexit, y que, desde
luego, la Comisión Mixta, y la ponencia, más concretamente, estaríamos dispuestas y encantadas de poder colaborar en aquello que nos pidan y sea necesario, tanto sobre jornadas que se puedan celebrar en sede parlamentaria como en cualquier otro
sitio.


Y con relación a la reunión que mantuvimos con representes de la city londinense, del sector financiero y bancario, que fue muy interesante, no fue de la ponencia, sino de la Mesa y portavoces, porque ellos nos lo solicitaron, de igual
manera que también otros sectores nos las piden para intercambiar puntos de vista. Sobre aquella reunión, ellos estaban aquí de visita y a nosotros nos pareció interesante, y fue una reunión de la Mesa y portavoces tanto de la Comisión Mixta como
de la ponencia. Lo digo porque me parece que había cierta confusión. En lo que se refiere a las comparecencias de la ponencia, no ha habido tales solicitudes.


El señor GALLEGO GARCÍA (Secretario internacional del sindicato Unión General de Trabajadores, UGT): ¿Puedo tomar la palabra por alusiones?

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La señora PRESIDENTA: Realmente no era ninguna alusión, sino una aclaración. Lo digo como presidenta, porque es así como va a aparecer en el Diario de Sesiones, no con ánimo de debatir.


Tiene la palabra don Desiderio Martín Corral, de la Confederación General del Trabajo.


El señor MARTÍN CORRAL (Secretario de formación y salud laboral de la Confederación General del Trabajo, CGT): Gracias, señora presidenta.


Nosotros no tenemos la capacidad en legislación que tienen ustedes y lo que vemos es que existe una preocupación que no es común. Por lo que decía el representante del Grupo Socialista acerca de que tenemos la misma preocupación -insisto-,
no es igual, porque las políticas que empleamos no son las mismas, y me explico. Cuando se dice por parte del portavoz del Grupo Vasco que no va a mejorar la situación del Reino Unido porque son ellos quienes han decidido libre y voluntariamente
con el 52 % la situación en la que están, nosotros estamos en contra. ¿Qué es eso de una mejora? Nosotros estamos por que los trabajadores y las trabajadoras mejoren en esa negociación. Claro, hablar de regulaciones laborales, de si se ha
desarrollado un favor positivo a lo largo del tiempo, como dice el portavoz del Grupo Popular, es no decir absolutamente nada que corresponda con la realidad de millones y millones de personas concretas que se han visto ninguneadas precisamente por
ese pacto fiscal y por las regulaciones de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea es la que determina nuestras relaciones laborales, nuestros derechos laborales y nuestros derechos sociales actualmente, y lo que cuenta de la propia
legislación y regulación del Estado español es muy poco; así fue adoptado libremente cuando alguien dijo que entrábamos en la Unión Europea y luego entramos en la unión monetaria, etcétera. Por tanto, decir que no condiciona los derechos
fundamentales, la libertad de comercio y la libertad de competencia, muchos derechos que aquí se están discutiendo es obviar lo que ha sido una deriva antisocial por parte de la Unión Europea pervirtiendo la agenda social europea y la Carta de
Derechos Fundamentales en función de un comercio que ha traído progreso pero también situaciones absolutamente precarias y de desigualdad. Así sucede en el Estado español por mor de esas desregulaciones laborales existentes, y que no son únicas del
Estado español, sino comunes a los veintiocho Estados en materia laboral con la flexibilización de los mercados de trabajo, en materia de seguridad social con las jubilaciones, pensiones, etcétera, y en materia fiscal posibilitando regulaciones que
no solamente son acordes con la doctrina del propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea sino en función de los intereses de las grandes empresas y corporaciones transnacionales. Claro, jugar a buscar ahora cuál es la desregulación, los
tribunales, etcétera, es absurdo. Es decir, ¿qué va a pasar con los tratados de la Unión Europea? ¿Se negocia un CETA? ¿Se negocia un acuerdo económico-social? ¿Se negocia un tratado bilateral entre el Reino Unido y la Unión Europea? ¿Qué ha
pasado? Que no hemos tenido ni arte ni parte en las negociaciones acerca del comercio internacional de inversiones, mercancías y productos donde se fijaban las condiciones de vida, en las que los trabajadores y las trabajadoras no han contado
absolutamente para nada. En cambio, en los conflictos sobre comercio e inversiones -cosa que puede ocurrir perfectamente entre el Reino Unido y el Estado español- lo que determina es el interés particular de alguien que mañana puede decir que a
través del CETA se opone a entrar en la seguridad social o en la sanidad pública de tal Estado. Se puede hacer perfectamente y va en contra de los intereses concretos. Lo hemos visto en el caso Castor y otros ejemplos concretos, con los intereses
de las grandes multinacionales. Es decir, la Unión Europea renunció hace mucho tiempo a una convergencia social y fiscal y se han permitido impuestos sobre sociedades o casos fiscales como el de Irlanda, etcétera, que es lo que luego lleva a los
dumpings sociales, laborales y fiscales. Desde sus comienzos, a la Unión Europea, que era una unión económica y monetaria, la del acero y el carbón, todo ese tipo de historias y luego su desarrollo, lo único que la interesaba era garantizar el
beneficio particular de las grandes empresas. A eso lo llaman economía, a eso lo llaman progreso, pero con las consecuencias sociales y la deriva antisocial que ha tenido. Es decir, solamente podremos tener un buen acuerdo si hay convergencia
social, esto es, si las condiciones de trabajo en Irlanda, Polonia, Inglaterra o Francia son las mismas, si los impuestos fiscales son los mismos aquí y en todas partes, porque, si no, se dan unas reglas de juego absolutamente pervertidas.


No confiamos nada en los tribunales extras o fuera de, y mucho menos si son particulares, al estilo del TTIP o el CETA, no creemos que esa sea la solución. Sí consideramos que los trabajadores y las trabajadoras tenemos un problema serio,
porque las políticas de la Unión Europea a través de las diferentes directivas -que es lo que consta- han llevado en la práctica a la deriva antisocial, a la precarización de las condiciones laborales y al desmantelamiento progresivo del Estado
social, ese famoso Estado social del bienestar europeo. Y no se extrañen ustedes de que cada vez más las gentes

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se desafecten, por cuanto que responde a condiciones de vida que para nada tienen que ver con las condiciones que se nos habían vendido. Es decir, no creo que solo hayan sido los de derechas y los muy radicales los que han decidido salirse
de la Unión Europea. Esto tiene mucho que ver con las condiciones de un Estado del bienestar que se les había vendido a las clases asalariadas, porque lo que trajo la globalización y el liberalismo fue mucha destrucción de empleo, clases
asalariadas convertidas en clases medias que no son capaces de realizar esa utopía.


Por último, a mí sí me preocupan las migraciones y las legislaciones al respecto y a Europa le deberían dar vergüenza las políticas sobre migraciones extracomunitarias. ¿Qué va a suceder ahora? Que en el Reino Unido -y lo dice la señora
May, que tiene las mismas políticas que la señora Thatcher- vamos a ser tratados como los migrantes extracomunitarios en sus derechos de reagrupación, etcétera, lo mismo que toda Europa. El Fondo Monetario Internacional acaba de decir que el Estado
español necesita 5,5 millones de trabajadores y trabajadoras migrantes si quiere conservar su estado de seguridad social y pensiones, pero eso lo viene diciendo desde el año 1990. Si tenemos legislaciones singulares en las que se precariza la mano
de obra, como se ha precarizado a través de todas esas directivas, claro que se ha conseguido un éxito absoluto en la reforma laboral: para los intereses de una economía privada y de las grandes transnacionales. Se ha creado precariedad y se ha
resuelto que vamos a un permanente estado estructural de desigualdad. Por eso la desafectación, por eso sale la gente a la calle, no por otra cosa. El problema está en esa negociación, en qué pintan ustedes o ese negociador que es tan bueno, como
decía el diputado de Ciudadanos. La estrategia es que estamos en buenas manos, en el buen hacer. También lo dice May, en las declaraciones que hizo en marzo en el periódico El País decía lo mismo: vamos al mejor acuerdo, por el empleo y el
crecimiento. Esas son palabras vacías.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


¿Algún grupo parlamentario desea hacer uso de la palabra? (Denegaciones).


Damos por finalizada esta comparecencia, agradeciendo de nuevo en nombre de la Comisión a los tres intervinientes su participación hoy en estos trabajos, que indudablemente será de interés para las conclusiones de la ponencia del brexit, y
esperando que no sea la última vez que podamos compartir y hacer un seguimiento de las negociaciones.


Muchas gracias. Se levanta la sesión.


Eran las seis de la tarde.