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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 57, de 17/10/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 57
DE RELACIONES CON EL DEFENSOR DEL PUEBLO
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSEBA ANDONI AGIRRETXEA URRESTI
Sesión núm. 6
celebrada el martes,
17 de octubre de 2017
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor Defensor del Pueblo en funciones y adjunto primero (Fernández Marugán), para:
- Informar sobre los mecanismos de contención mecánica en los centros de privación de libertad. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000247 y número de expediente del Senado
713/000121) ... (Página2)
- Estudio 'La situación de las personas con enfermedad celíaca en España'. A petición propia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000006 y número de expediente del Senado 781/000006) ...
- Estudio 'Protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica'. A petición propia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000008 y número de expediente del Senado 781/000009) ...
Se abre la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (FERNÁNDEZ MARUGÁN), PARA:
- INFORMAR SOBRE LOS MECANISMOS DE CONTENCIÓN MECÁNICA EN LOS CENTROS DE PRIVACIÓN DE LIBERTAD. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 212/000247 y número de expediente del Senado
713/000121).
El señor PRESIDENTE: Buenos días a todas y a todos.
Vamos a dar comienzo a la sesión de hoy de la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo. Hoy, como veréis, tenemos una novedad, y es que la anterior defensora ha cesado en su cargo y es la primera vez que comparece el Defensor
del Pueblo en funciones, don Francisco Fernández Marugán, a quien damos la bienvenida en nombre de toda la Comisión. En esta primera comparecencia suya vamos a sustanciar tres puntos del orden del día que han sido organizados de la siguiente
manera: el defensor hablará, sin límite de tiempo -aunque con la consideración que seguro que tiene respecto a esta cuestión-, sobre el primer punto: para informar sobre los mecanismos de contención mecánica de los centros de privación de
libertad, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista. Posteriormente, abriremos un turno de intervención de los grupos, por un tiempo de cinco minutos cada uno, con flexibilidad; turno en el cual intervendrá en primer lugar la representante de
Unidos Podemos, porque tiene que marcharse -no hay ningún inconveniente por parte de los demás grupos para que sea la primera en intervenir-, y seguidamente intervendrán de menor a mayor el resto de los grupos.
Posteriormente, el defensor hablará de los dos siguientes puntos conjuntamente: la situación de las personas con enfermedad celiaca en España y la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica. A continuación,
intervendrán los grupos, esta vez por un tiempo estimado de ocho minutos, para hablar sobre los dos temas concretos, y cerrará el debate el defensor contestando a las sugerencias y a las intervenciones de los grupos.
Sin más dilación, vamos a empezar. Señor defensor, don Francisco Fernández Marugán, es suya la palabra.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, senadoras, senadores, diputadas y diputados.
Lo entenderán ustedes fácilmente. Es para mí una enorme satisfacción volver a esta casa y poder dirigirles a ustedes la palabra en tres cuestiones, sin lugar a dudas, relevantes. Vayamos a la primera. En el año 2001, Nigel Rodley, que a
la sazón era relator de Naciones Unidas sobre la tortura, entregó un documento al secretario general de esa organización para que lo hiciera llegar a los miembros de la Asamblea, que decía lo siguiente: 'El paradigma básico que se ha dado por
sentado durante al menos un siglo es que las prisiones, las comisarías de policía y los centros de este tipo son lugares cerrados y secretos en los que se realizan actividades a escondidas de la opinión pública'. Y continúa: 'Es necesario
sustituir la idea de la opacidad por la idea de la transparencia'. Rodley escribió estas palabras cuando ya habían pasado veinte años desde que en España se había creado la institución del Defensor del Pueblo. Cinco años después del año 2001, es
decir en el año 2006, España suscribió el protocolo facultativo, entrando a formar parte de un grupo de países -veinticinco para ser exactos- que dieron prioridad a la prevención de la tortura y a los malos tratos. Esta decisión expresaba la
voluntad de ir mejorando aspectos difíciles y complejos y de que se iba a trabajar en la dirección de los mismos con el concurso de todos. Las cuestiones de las que trata el Mecanismo nacional de prevención de la tortura y otros tratos o penas
crueles, inhumanos o degradantes -que es el título completo- son de esta índole. Por eso, a la hora de abordarlos, a la hora de analizar un documento importante, quisiera que estuviéramos todos dispuestos a hacer las cosas de manera que nos
permitiera tener una buena nota.
Este documento fue registrado -como bien ha dicho el presidente- el día 12 de mayo y contiene una guía de buenas prácticas y una serie de recomendaciones. Es la primera vez que, mediante una monografía, se trata en el Parlamento un texto
que posibilita que se entable una reflexión sobre una cuestión importante y dura. Por eso, tiene sentido que empiece diciéndoles a sus señorías cuál es la génesis y la metodología de trabajo que hemos empleado. La génesis es el resultado de una
experiencia en la que se observaron bastantes diferencias en los distintos centros penitenciarios a la hora de analizar
cómo llevaban a cabo las prácticas de contención y cómo se registraba este tipo de prácticas, que, por otra parte, es una de las medidas más severas que se han establecido en la normativa penitenciaria. La contención mecánica -para los que
no sean conocedores de esta materia- es nada más y nada menos que una inmovilización corporal con instrumentos, equipos o materiales destinados a restringir los movimientos de una persona. Hay una contención regimental y una contención sanitaria,
pero no voy a entrar en ese tipo de diferenciación porque me llevaría bastante tiempo.
Para llevar a cabo este trabajo, desde el defensor se hicieron una serie de reuniones y de entrevistas, tomamos contacto con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior y la Dirección General de
Servicios Penitenciarios de la Generalidad de Cataluña. Los funcionarios del mecanismo y los técnicos externos que colaboran con nosotros, a lo largo del año 2015, hicieron seis visitas monográficas a una muestra representativa de centros
penitenciarios donde venía siendo frecuente la aplicación de sujeciones. Estos centros fueron Sevilla II (Morón de la Frontera), Brians I y II (Sant Esteve), Madrid VI (Aranjuez), Brieva (Ávila) y Madrid V (Soto del Real). Durante esas visitas,
además del examen de las instalaciones, se llevaron a cabo las siguientes actuaciones: hubo entrevistas con la dirección de los centros, con los funcionarios y con el personal sanitario; hubo entrevistas reservadas y en profundidad con la
totalidad de los internos a los que se les habían aplicado contenciones mecánicas y que en aquel momento estaban en prisión; se revisaron los expedientes penitenciarios y las historias clínicas de todas las personas sometidas a sujeciones mecánicas
y se observó la información disponible en los centros.
El análisis de la situación se realizó sobre la base de un conjunto de treinta parámetros que nos parecían significativos, que se podían agrupar en ocho ámbitos: registro de la medida, instalaciones en la que se llevó a cabo, adecuación de
la medida, método de aplicación de la misma, mantenimiento de la medida y supervisión por el juez de Vigilancia Penitenciaria y, por último, hicimos una supervisión de estas actuaciones con los servicios centrales. Tras este tipo de actuaciones, se
remitió una serie de conclusiones a los miembros de cada Administración responsable.
Sobre las conclusiones, voy a hablar ahora. La primera conclusión a la que llegaron estos técnicos y estos funcionarios del mecanismo es que era preciso una regulación más específica sobre el empleo de las sujeciones que garantizara a los
internos y a los funcionarios el ejercicio de su actividad. En segundo lugar, se recogió de forma explícita la prohibición del uso de sujeciones, al menos en los siguientes casos: cuando existen contradicciones médicas o cuando se aplica de forma
regimental en pacientes con trastornos mentales graves e incluso con trastornos psíquicos. También se destacó que, según la forma en que se aplicaban estas medidas, cabría la posibilidad de recurrir a actuaciones terapéuticas en lugar de recurrir,
con la frecuencia que se hacía, a actuaciones regimentales. Se señaló que convendría limitar el uso, como forma de prevención, de las sujeciones mecánicas a la hora de evitar autolesiones y que, desde luego, solo se podrían emplear en el caso de
que hubiera la certeza de que esas autolesiones podrían producirse.
Los funcionarios y técnicos señalan que en todos los centros penitenciarios visitados las sujeciones mecánicas se realizan sobre un número muy concreto de reclusos -personas que solían tener especiales dificultades para la integración en el
entorno- y que quizás se pudiera mejorar el trabajo con este tipo de internos si se recurriera a medidas preventivas y se minimizara el uso de las sujeciones. En casi todos los centros se usaba el sistema de contención de cinco puntos, boca arriba
en los casos de la contención sanitaria y boca abajo en los casos de la contención regimental. Por razones de dignidad y por razones ecológicas se desaconseja en el informe de los técnicos la contención boca abajo.
Desde el punto de vista -digamos- administrativo, aunque la palabra quizá no sea todo lo precisa del mundo, señalaron que han de mejorarse los sistemas de registro, que todas las sujeciones, incluyendo las esposas y las sujeciones
sanitarias, deben quedar registradas. Se ha constatado -dicen las personas que fueron representando al mecanismo- que se aplican criterios muy diferentes en cuanto a la normativa y a la gestión de los incidentes. Se apreció una importante
necesidad de mejorar la formación de aquellos funcionarios que deben llevar a cabo estas tareas. Señalan que las instalaciones destinadas a las sujeciones mecánicas no son las adecuadas, que el estado de las mismas resulta muy desigual, y esta
desigualdad se establece cuando se compara centro con centro, pero también se puede establecer cuando se comparan las distintas celdas que hay en un establecimiento, es decir, cuando se hacen análisis en relación con actividades de enfermería o
cuando se hacen análisis en los módulos de aislamiento. Dicen que el estado de las infraestructuras no es aceptable y que aumentan los riegos y acentúan las tensiones.
En la mayoría de los centros dependientes de Instituciones Penitenciarias no había sistema de autovigilancia que permita la grabación de imágenes y de sonidos en las celdas donde se llevan a cabo sujeciones mecánicas. Se observaron
deficiencias en el control de la medida, en la frecuencia de la revisión, en el control de los elementos de sujeción, en el estado del interno y en la necesidad o no de continuar con la medida. Los internos aludieron en las entrevistas que se les
hicieron a episodios de uso excesivo de la fuerza. Algunas visitas a los centros permitieron apreciar que se producen periodos prolongados de inmovilización que llegan a superar las veinticuatro horas, lo que implica riesgos sanitarios. Se dice
que algunos centros no cuentan con la asistencia médica de veinticuatro horas, por lo cual se impide el preceptivo control previo por parte de los facultativos médicos. Se carece de un protocolo que determine en qué debe consistir el preceptivo
reconocimiento médico. En la mayoría de los casos, los facultativos no dejan constancia detallada del estado en el que se encuentran los internos ni revisan cómo están aplicados los elementos de sujeción ni hacen alusión a la higiene de los
internos y al estado de las celdas. Debería -señalan las personas del mecanismo- procurarse que la medida se aplique única y exclusivamente durante el tiempo mínimo imprescindible. Por último -voy por la letra erre-, detectan retrasos en la
comunicación de la adopción y cese de la sujeción mecánica al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria. El trabajo realizado por estas personas permitió elaborar la guía de buenas prácticas y un conjunto de recomendaciones. Lo uno y lo otro están
incluidos en este documento del Mecanismo nacional de prevención de la tortura.
La guía de buenas prácticas permite señalar que esta institución cree que debe constituir un objetivo prioritario del sistema penitenciario español la disminución de este tipo de medidas. Sabemos que este objetivo va a ser difícil de
lograr, pero creemos que merece la pena trabajar con un horizonte cero en contenciones. Para ello, señalamos en múltiples momentos de la guía, y también del documento más extenso, que deberíamos recurrir a alternativas de previsión y al uso de
medidas y de técnicas menos lesivas. Ahora bien, una vez que la contención resulta inevitable, la guía señala los métodos de actuación que entiende la institución que son menos gravosos para la dignidad y para la seguridad de los internos.
Respecto a las infraestructuras -por ir detallando-, las celdas deberían estar dotadas de, al menos, una cama articulada para permitir la elevación de la cabeza y prevenir que a lo largo de la aplicación de esta medida puedan producirse
vómitos por parte del recluso. Los procedimientos para llevar a cabo la sujeción son analizados de una forma detallada y nosotros creemos que deben contar con la colaboración del interno, con el fin de que se produzca el menor número posible de
tensiones. Deberían hacerla cuatro funcionarios, o cinco, según el estado del recluso que está sometido a este tipo de prácticas. Habitualmente se recurre a una medida de cinco puntos, pero en la guía se hace una apuesta por que se empiece con un
mínimo de tres y se tengan en cuenta para las modificaciones el estado y el grado de agitación del interno.
Un aspecto esencial es el relativo al control médico. La contención mecánica está claramente contradicha en el caso de enfermos, por ejemplo, de epilepsia pero en los restantes casos nosotros creemos que se debe ser muy riguroso en su
adecuación y en su empleo, por lo que se apunta a un contenido mínimo imprescindible a través de un listado de nueve ítems que, de una manera detallada, introdujo en este documento la anterior defensora. Desde luego, durante el periodo de
contención ha de prestarse especial atención a los cuidados de enfermería, registrando la toma de constantes, la ingesta de agua y alimentos, la diuresis, los cuidados higiénicos y las erosiones que pueden producirse en la zona de contacto de las
bandas de sujeción. El procedimiento de contención debería quedar íntegramente grabado y las imágenes y sonidos ser conservados durante un periodo de seis meses.
En cuanto a la supervisión, se reclama una inmediata puesta en conocimiento del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y que el jefe de servicio resuelva cada dos horas sobre el mantenimiento, la atenuación o la finalización de la misma. Han
de darse indicaciones en la comunicación que se efectúa al juez de Vigilancia Penitenciaria; aparte de la fecha, la hora de inicio y cese, se le debe informar de los motivos por los cuales se lleva a cabo esta medida, aunque solo sea para que el
juez pueda valorar la adecuación de la misma. Si la contención se prolonga -piensa el defensor- hay que prever que, al menos cada seis horas, sea conveniente facilitar comida y procurar atención a las necesidades fisiológicas del recluso. Por
último, este tipo de prácticas, que son duras y severas, deberían ser algo más que una solución coyuntural, por lo que se recomienda que se traten de examinar por parte de los servicios psicológicos, sanitarios y de seguridad las motivaciones que
llevaron a la aplicación de la misma.
Esto es nuestro trabajo, insisto; casi todo lo que he dicho está aquí. (Muestra un informe). A partir de ahí, nosotros hacemos una serie de recomendaciones, veinte recomendaciones. Una al Ministerio del
Interior, que se le recomendó una modificación normativa para contemplar de manera específica las correas de sujeción mecánica como un medio coercitivo, ya que tienen un carácter menos lesivo que las esposas, para las inmovilizaciones. El
lenguaje es tremendo pero ese es el contenido de la recomendación. El ministerio nos dijo que está trabajando en un proyecto de reforma de la Ley Penitenciaria y que contempla esta posibilidad. Se hicieron diecinueve recomendaciones a los dos
centros gestores, a Instituciones Penitenciarias y a la dirección general correspondiente de la Generalidad de Cataluña. Un número considerable de las mismas fue aceptado. Se aceptó aumentar el nivel de concreción de las instrucciones internas;
ajustar el procedimiento de aplicación a los estándares internacionales y a las recomendaciones de buenas prácticas que llevó a cabo el defensor; reenfocar las contenciones para evitar su reiteración y concreción en un número muy determinado de
reclusos; mejorar la atención psicológica y psiquiátrica disponible en los centros penitenciarios; reforzar la formación del personal; establecer un protocolo de grabación de imagen y sonido mientras dure la medida y que se mantenga dicha
grabación durante seis meses; revisar las formas en que se complementan los registros de empleo, asegurando que todas las modalidades que se emplean queden adecuadamente reflejadas, y realizar investigaciones ante las alegaciones de malos tratos.
También se formuló una recomendación sobre la necesidad de la homologación de los criterios que establece el mecanismo, señalando la necesidad de disponer de las pertinentes dotaciones presupuestarias.
Este es el nexo común que tienen tanto la secretaría como la dirección general. Luego hay otro grupo de recomendaciones cuya aceptación ha variado en función del organismo responsable. Instituciones Penitenciarias rechazó la recomendación
de que los centros penitenciarios dispongan de servicio médico presencial durante veinticuatro horas porque señala que carece de recursos para sostenerlo. La Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña entiende que ella ya tiene
resuelto este problema.
Respecto a las pautas de reconocimiento médico, la Administración catalana se muestra en principio favorable a su aplicación; la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dice que eso debe quedar a criterio de cada profesional. En
Instituciones Penitenciarias se estima suficiente la información que se le proporciona al juez de vigilancia. Los técnicos de la casa no concuerdan con ese criterio y la Dirección General de Servicios Penitenciarios de Cataluña indica que, aunque
actualmente se informa de una manera bastante completa a Vigilancia Penitenciaria, en una nueva instrucción que está preparando cabría incorporar las cuestiones recomendadas. Ambos organismos han rechazado la recomendación de prohibir el uso de
sujeciones mecánicas en determinadas circunstancias, básicamente contradicciones médicas.
Este ha sido el resultado de nuestro trabajo. Después de llevarlo a cabo, me he acordado de algunos hechos y circunstancias que he vivido en esta casa durante bastante tiempo. Algunos de ustedes saben que fui diputado durante un periodo
dilatado de tiempo y que durante ese periodo dilatado de tiempo me tocó asumir tareas presupuestarias y sé lo que significa en una organización administrativa, representativa o ejecutiva hacer frente a la dialéctica entre necesidades y recursos.
Sinceramente, yo creo que hay momentos en que uno tiene que elevar el tono de su decisión y de su reflexión. Yo tendría presente una vieja máxima de Dostoyevski, quien dijo que el grado de civilización de una sociedad se mide por el trato que da a
sus presos; extendiéndonos en el tiempo, el trato que da a las personas que están privadas de libertad. A mí me gustaría que un informe como el que presento a sus señorías en este momento sirviera para poner ante los ojos de la sociedad española
la realidad en la que transcurren las diversas modalidades de privación de libertad y que de alguna manera fuéramos capaces de hacer frente de una forma -entre comillas- 'civilizada' a esta situación.
Hechas estas observaciones, diría dos cosas más. Primero, que no podemos dar por cerrado el trabajo que hemos iniciado con este informe y que, al menos nosotros, continuaremos comprobando cómo se hacen las cosas en los centros que visitemos
y formularemos en cada momento las recomendaciones y las sugerencias que sean precisas, aunque solo sea porque nuestra tarea consiste en ser vigilantes de la dignidad con la que se trata a aquellos que están privados de libertad en determinados
centros, ya sea penitenciarios, ya sea residenciales, en España.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán, por su intervención. Creo que ha quedado bastante claro el trabajo que ustedes han realizado y ahora es el turno de los grupos. En primer lugar, como he dicho, intervendrá la senadora
Mora en nombre de Unidos Podemos y, posteriormente, intervendrán los demás grupos de menor a mayor.
Señora Mora, tiene usted la palabra.
La señora MORA GRANDE: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a los portavoces del resto de grupos parlamentarios por la deferencia de dejarme intervenir la primera, ya que me tengo que ir a la Junta de Portavoces del Senado en breve.
Tenemos que felicitar, en primer lugar, la iniciativa de esta guía. Nos parece que es un buen momento para sacarla. Precisamente, la realidad bastante dura de las contenciones mecánicas es uno de los ejercicios de fuerza del Estado sobre
los ciudadanos más potentes que hay, donde existe bastante opacidad. (El señor vicepresidente, Romero Santolaria, ocupa la Presidencia). No existía una guía como esta y les felicitamos por el trabajo. Pensamos que es una realidad a la que hay que
prestar muchísima atención. Dentro del sistema penitenciario, los regímenes de aislamiento y el de las contenciones mecánicas son los de mayor restricción de libertad; la restricción de libertad dentro de la restricción de libertad: restricción
de libertad de movimientos dentro de una prisión. Además, muchas veces tanto el aislamiento como las contenciones mecánicas también se aplican a personas con problemas de salud mental. Por lo tanto, hay que estar muy pendientes de cómo se está
aplicando esto, entre otras cosas porque o se aplica de manera escrupulosamente perfecta o caemos en lo que sería un trato degradante, humillante, malos tratos o tortura directamente por parte del Estado. En consecuencia, damos la bienvenida a esta
guía, que nos parece buena y que puede ser bastante útil.
El problema que vemos -que no tiene nada que ver con la defensoría- es que ha comentado que algunas de las recomendaciones son rechazadas por Instituciones Penitenciarias. Sería interesante tener una relación de todas las recomendaciones
que son rechazadas por Instituciones Penitenciarias. Ha comentado la del servicio médico veinticuatro horas, rechazada por no tener presupuesto; la información suficiente al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, rechazada porque se estima
suficiente la que se envía, o la prohibición de la utilización de contención mecánica cuando hay contraindicación médica. Analizando los informes que realizan de las visitas del mecanismo a cada prisión, se ve que rechazan muchas más
recomendaciones y que lo hacen en las visitas concretas. Sería interesante y útil saber cuáles son en general -a veces la rechazan en general- para que podamos hacer una función de control sobre el Ejecutivo y de presión para forzar el
cumplimiento.
Y si bien realmente tenemos que felicitar esta iniciativa, hay una cosita que echamos en falta: la reflexión previa -ha comentado algunas pinceladas- para la realización de esta guía de buenas prácticas. A la anterior defensora del pueblo
le pregunté varias veces cuándo se iba a publicar el informe sobre la situación de la aplicación de contención mecánica en régimen de aislamiento en las prisiones y me comentó varias veces que estaba a punto de ser publicado, pero realmente no llega
a ver la luz. Ese análisis de la realidad creo que es muy importante que podamos tenerlo porque realmente no se cuenta cómo se llega a estas recomendaciones. Sabemos que el mecanismo ha estado durante tres años de trabajo visitando las prisiones,
analizando datos y haciendo entrevistas tanto a funcionarios como a presos; ha sido un gran trabajo visitando prisiones muy duras, como la de Brians, Morón, Mansilla de las Mulas, Brieva, Soto... Y seguimos sin conocer cuáles son las prácticas
reales, cuáles son las disfunciones de la Administración que llevan a estas recomendaciones. Llegamos a pensar -y se lo llegué a insinuar a la anterior defensora- si no se estaba ocultando a la opinión pública el conocimiento de esta realidad, si
la realidad era tan dura que había algún miedo de sacar este informe o si les había parecido un régimen demasiado deshumanizado. En el anterior informe de partes de lesiones sí se hace un análisis de la realidad bastante potente y descarnado. Era
un informe bastante completo, que ha sido muy útil. En este quizá echamos eso de menos, pero esperamos que pueda salir. Ha hecho mención a Rodley, precisamente hablando sobre la opacidad y la necesidad de sacar a la luz, a la opinión pública lo
que pasa dentro de las prisiones y centros de detención, y creo que está superbién traído, y también se ha referido a Dostoyevski hablando de que la evolución de una sociedad se mide, entre otras cosas, por el trato a las personas presas. Vemos muy
importante que esto pueda salir a la opinión pública. El poder arreglar las disfunciones de la Administración pasa por que las podamos conocer. Queremos agradecerle la guía; de verdad, creemos que es muy buena, pero les animamos a que ese informe
pueda salir ya.
Por último, quiero traer a colación algo que está relacionado con este tema, la visita del Comité de Prevención de la Tortura en 2015, que analizó muchas de las cosas que el mecanismo ha podido analizar para la realización de esta guía;
además, su visita coincidió con varias de las visitas del mecanismo. El comité ya emitió un informe; la contestación del Gobierno debía estar el día 4, pero el Gobierno aún no ha autorizado la publicación de dicho informe. Por tanto, tampoco
conocemos por parte del comité qué fue lo
que analizó. Quiero pedirle que, dentro de sus competencias, dentro sus posibilidades, solicite al Gobierno -también lo haremos nosotros- la publicación inmediata de ese informe porque creemos que es importante que podamos tener esa
información. Por lo demás, deseo felicitarle por la guía, que nos parece muy buena.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, senadora Mora.
Tal como ha indicado el presidente, ahora intervendrán los grupos presentes en la sala, de menor a mayor. Por tanto, si no me equivoco, señor Agirretxea.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias.
Señor defensor -en este caso le considero como titular porque en esas funciones está-, me parece interesantísima la reflexión que ha hecho, sobre todo la lectura que ha hecho del informe, porque aunque el informe fuera objetivo, las
apreciaciones que usted ha hecho me parecen oportunas e indicadas, entre otras cosas porque hay ciertas cuestiones que no pueden plantearse desde una mal entendida neutralidad. En ese sentido, el Defensor del Pueblo en su función está precisamente
para eso, para no ser neutral en algunas cosas; sí ser objetivo. Por lo tanto, me parece muy grave no que lo haya dicho, sino que tenga que decir las cosas que ha dicho, porque algunas cuestiones que se plantean en el informe nos hacen formularnos
la siguiente pregunta: ¿por qué todavía hay tanta oscuridad, por qué todavía hay tanto oscurantismo en ciertos sectores, ámbitos, lugares de la sociedad, y por qué siempre esos ámbitos oscuros están relacionados con la represión o la no represión,
con la privación de libertad, con el poder que se ejerce hacia personas que no tienen defensa ni posibilidad de hacerlo? Ese es el ámbito en el que siempre buscamos cuartos oscuros. El ejemplo del que usted ha hablado, el de las contenciones
mecánicas, en el fondo es una forma de cómo estamos ejerciendo el poder ante alguien que por alguna cuestión tiene que pagar una pena y se le imponen otras más como si fuera lícito poder hacerlo.
La reflexión que nos hacemos es que si existen esas conculcaciones de derechos humanos, evidentemente tienen que desaparecer ya, y si no existen, ¿por qué no hay una firmeza, un compromiso absoluto por parte de los órganos de gobierno para
investigar y demostrar que no existen? Porque en el caso de la tortura nosotros siempre hemos dicho esto y siempre se nos ha echado en cara, como si se defendiera a quien... Si no existen torturas, no existen; pero si existen, la obligación es
investigar. Cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena a España, no la condena por torturar -eso está sin saber- sino por no investigar, por no ser diligente en la investigación. ¿O es que se quiere esconder algo? Esa es la pregunta:
¿se quiere esconder algo? Si no hubiera existido este informe, ¿se hubiera seguido funcionando de otra manera? Es decir, ¿ha tenido que venir el Defensor del Pueblo -y lo digo en el mejor sentido de la palabra- a decir que esto no se hace así?
¿Si no existiera esa labor del Defensor del Pueblo habría impunidad para poder hacer ese tipo de cosas? Usted dice que hay que guardar esto seis meses -por supuesto, se tienen que fotografiar y filmar-, pero puede ser un tiempo arbitrario el de los
seis meses. Si tienen que llevarse como prueba de una denuncia ante un tribunal y pasan tres años, ¿qué pasa con esa grabación que a los seis meses ha sido borrada?
Por último, cuando se tiene que corregir, la pregunta es: ¿por qué se ejercía? ¿Porque los funcionarios que aplicaban esos métodos no conocían el reglamento, la legalidad, cómo tenía que hacerse o porque no aplicaban lo que sí estaba
establecido que tenía que hacerse?
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Romero Santolaria): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Turno para el portavoz de Ciudadanos, señor Rodrigo.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias, señor Fernández Marugán, por su comparecencia esta mañana aquí. Bienvenido a esta, que es su casa, ya que, como ha dicho, estuvo muchos años aquí de diputado. Le felicito por el trabajo realizado, por el informe, por esa
guía de buenas prácticas, que valoramos muy positivamente y creemos que recoge bastante bien, de manera pormenorizada y clara qué es lo que se debe hacer, cómo se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer. La verdad es que es preocupante y grave
lo que usted nos ha señalado, por eso queríamos hacerle varias preguntas.
En primer lugar, queremos decirle que compartimos el objetivo que usted ha manifestado de que se debe disminuir el número de casos que se producen de contención mecánica y que tenemos que tener como objetivo final que los casos se reduzcan a
cero.
En su informe ha dicho -y esta mañana también lo ha mencionado- que hay diferencias entre los seis centros penitenciarios que visitaron: hay centros en que no había sistemas de autovigilancia, hay centros que no tienen asistencia médica
veinticuatro horas y en otros centros hay retrasos en la comunicación al juzgado. Viendo estas diferencias y las deficiencias que hay en las prácticas, queríamos preguntarle si se puede asegurar que se cumplen los derechos fundamentales de todos
los internos en los centros penitenciarios de España. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Nos ha dicho que hizo recomendaciones a la institución penitenciar del Estado y a la Dirección General Penitenciaria de Cataluña, pero queríamos
preguntarle si las ha dirigido específicamente y de forma particular a cada uno de los centros. Si es así, nos gustaría saber a qué centros y qué recomendaciones se les ha hecho. También quería saber, aparte de lo que ha señalado, respecto a los
superiores orgánicos, qué han dicho esos centros y si usted tiene constancia, respecto a las recomendaciones que parece que se aceptaron, de que se hayan producido esas mejoras desde que se hizo el informe hasta ahora.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Galovart.
La señora GALOVART CARRERA: Gracias, presidente.
Satisfacción, esperanza y apoyo crítico. Con estas palabras el Grupo Parlamentario Socialista saluda a Francisco Marugán como Defensor del Pueblo. Saludamos así al defensor porque su larga trayectoria a favor de los derechos humanos hace
que estemos confiados, que tengamos esperanza en que ahora como defensor tampoco se va a poner de perfil respecto a los derechos de las personas, sobre todo de las personas que viven a la intemperie de los derechos. Y saludamos también a la adjunta
al defensor y al equipo de profesionales de la institución aquí representados; bienvenidos siempre.
Esta portavoz solicitó en su día a la defensora del pueblo la realización de un informe escrito contundente sobre los medios de contención mecánicos y farmacológicos en los centros de privación de libertad. Posteriormente, el Grupo
Socialista solicitó su comparecencia para que explicara el informe al respecto, cuya elaboración se estaba ultimando. El motivo de estas dos peticiones estribaba en que, a pesar de las importantes repercusiones morales, éticas, sociales y jurídicas
que conlleva el uso de las contenciones, en el informe de 2016 del Mecanismo nacional de la tortura esta cuestión es abordada sin realizar el correspondiente cuerpo de doctrina, sin establecer conclusiones respecto a la prevalencia de su uso tanto
en el ámbito social como en el sanitario y sin abordar si los mencionados usos conculcan los derechos humanos y la Convención de la Tortura.
Decía al principio de esta intervención que habíamos solicitado a la defensora un informe escrito sobre los medios de contención mecánicos y farmacológicos. Sin embargo, la respuesta a esa petición, en forma de guía, no responde a nuestras
expectativas y en ese sentido nos ha decepcionado. Esta decepción la ponemos de manifiesto sin perjuicio de señalar que el Grupo Socialista da la bienvenida a todo protocolo o guía que pueda contribuir a la correcta aplicación de las sujeciones y,
en definitiva, que pueda servir para proteger los derechos de los más vulnerables. Hemos de señalar que se trata de una guía restringida a los centros penitenciarios y, dentro de ellos, restringida a las instituciones visitadas, a las instituciones
que visite el defensor. Quedan fuera, pues, de su ámbito todos los centros penitenciarios que no sean visitados por el defensor, los centros hospitalarios, los sanitarios, y también los centros de protección y de reforma de menores, los centros
psiquiátricos y las residencias geriátricas. Asimismo, ha de indicarse que una guía, para que sea de utilidad, además de estar correctamente elaborada -como es el caso que nos ocupa-, ha de ser aplicada de forma efectiva por los profesionales a los
que va dirigida. Para ello, para que la guía que nos ocupa no se convierta en papel mojado guardado en cajones de los despachos, es necesario que con carácter previo se hubiesen realizado programas de sensibilización y formación con el fin de
conseguir un cambio filosófico y cultural. De poco sirve un protocolo si el personal que lo ha de utilizar no percibe que las malas prácticas que viene realizando, las de toda la vida, por negligencia intencional o por omisión vulneran el derecho a
la libertad del interno, no respetan su dignidad y autonomía, y en ocasiones pueden ser constitutivas de maltrato, trato inhumano o degradante. De poco sirve una guía si los responsables de los centros no son conscientes de que los derechos
mencionados de los internos están por encima de cualquier otra consideración, como la escasez de personal, su inexperiencia, su falta
de formación, la inadecuación de las instalaciones, los horarios laborales prolongados o la simple comodidad de las personas al cargo. Ha de recordarse que las causas más frecuentes del maltrato y de la mala praxis se deben precisamente a
las circunstancias antes mencionadas. Si esas causas no se atacan o se corrigen, de poco servirán los protocolos. Es obvio decir que para que una guía no se convierta en un brindis al sol es preciso que cuente con la infraestructura necesaria para
su puesta en marcha, tal y como establece la guía respecto a las condiciones de las celdas, de los sueldos, de las camas, del sistema de regulación de luz, temperatura, humedad, videovigilancia, la necesidad de limpieza, cómo ha de ser el material
de sujeciones, etcétera. Si esta infraestructura no existe o es precaria, como indica el propio defensor del pueblo, la aplicación de la guía será de imposible o de dificultoso cumplimiento. Asimismo, poca utilidad podrá tener un protocolo si el
personal que se precisa -dice la guía: entrenado y bien formado- no tiene la formación adecuada, no realiza cursos de formación y de conocimiento de gestión de conflictos, si está sometido a estrés por la carga de trabajo, si cuenta con escasos
recursos materiales o si no está remunerado de forma correcta. En estas condiciones, ¿cómo podrá realizar, por ejemplo, las maniobras previas de diálogo o la de escalada? En estas condiciones, ¿cómo podrá realizar las supervisiones precisas que
señala la guía? A este respecto, es fácil concluir de la lectura de los diferentes informes del Mecanismo nacional de la tortura que buena parte del personal de los centros visitados se encuentra en alguna o en todas las precarias condiciones
descritas. Por esta razón, entiendo que va a ser complicado que algunos centros tengan capacidad para poder poner en marcha el protocolo que les va a ser entregado por el defensor cuando los visite.
También hemos echamos en falta que en la guía no se hayan mencionado los motivos por los que la defensora del pueblo ha considerado conveniente proceder a su elaboración. Nos hubiese gustado recibir una explicación sobre por qué es oportuno
señalar los procedimientos permisibles y aquellos que no se deben poner en marcha, tal y como se indica en la introducción de la guía. Parece evidente -así se desprende de los informes del mecanismo, de sus anexos, del Comité de Bioética, de la
Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, de los diferentes informes a España, del Comité europeo para prevención de la tortura y de las penas o tratos inhumanos o degradantes- que el motivo que llevó a la defensora a la elaboración de esta
guía es la alarmante constatación de que en no pocos centros de privación de libertad se lleva a cabo un uso abusivo de las sujeciones mecánicas sin justificación, con duración prolongada, no proporcional al fin, con métodos no adecuados, con
ausencia de supervisión, con falta de constancia y de registro de las mismas.
El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, por favor.
La señora GALOVART CARRERA: Gracias, presidente.
Por esta realidad constatada volvemos a insistir en la necesidad de que el nuevo defensor proceda a la elaboración de un informe que aporte una visión global y panorámica sobre la utilización de las contenciones en los centros de privación
de libertad; un informe en el que entre otras cuestiones se reconozca de manera explícita que en España en muchos centros de privación de libertad existen espacios oscuros, invisibles, infradenunciados y opacos a los derechos.
Finalizo, señor presidente, y lo hago como empecé. El Grupo Parlamentario Socialista está satisfecho y esperanzado con la nueva andadura de la institución. Por eso confiamos en que el Defensor del Pueblo ponga en marcha el informe
demandado y realice de forma exhaustiva el seguimiento de las recomendaciones ya realizadas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Galovart.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Romero.
El señor ROMERO SANTOLARIA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días y bienvenido, señor Marugán, Defensor del Pueblo en funciones, a esta, su primera intervención, su primera comparecencia ante todos nosotros. No me queda más que desearle la mejor de las suertes y el mayor de los éxitos en su
labor.
Aquí todo el mundo se congratula de la presentación de esta guía de buenas prácticas -creo que ha hecho una relación muy extensa y pormenorizada de lo que en ella está incluido- pero luego en la intervención se sacude por todos lados a la
misma; no acabo de entender algunas cosas. En cualquier caso, sea bienvenida. Y en línea con lo que usted ha dicho, vamos a intentar sacar todos buena nota; creo
que es un buen símil el que usted ha utilizado porque, al final, estamos hablando de derechos humanos, de derechos de los internos, pero también de los derechos de los funcionarios y de dignidad de unos y de otros. Todos estaremos de
acuerdo en que el modelo a seguir sería la práctica cero y en todo caso conseguir que el uso de las contenciones mecánicas sea el imprescindible, y que cuando se utilicen se haga adecuadamente, ya que en ocasiones resulta imperiosamente necesario.
Estoy convencido de que la reducción de las contenciones mecánicas es para todos un tema prioritario de intervención en esas actividades orientadas a garantizar prácticas que respeten los derechos humanos, los derechos de los internos y, como decía,
de los funcionarios.
El uso de métodos de contención mecánica supone una práctica de intervención forzosa y, por tanto, puede entrar en colisión con los propios derechos de los internos, incluso podemos transitar bordeando el conflicto ético de los funcionarios.
Por eso se debe garantizar ese Estado de derecho; debe haber garantías jurídicas y de seguridad, y por eso debe ser -como decía antes- para todos, para internos y para funcionarios. Está claro que el uso de esas contenciones puede ser percibido
como un impedimento o contradicción en relación con la promoción del enfoque de la inserción, puesto que supone una intervención forzosa normalmente rechazada por la persona. Esta guía de buenas prácticas hace mención a ello y la observancia de las
mismas a buen seguro facilitará unos resultados óptimos. Es cierto que deben respetarse los derechos de los internos, pero no es menos cierto que en ocasiones el uso de estas medidas coercitivas se hace imprescindible, no solo para preservar la
seguridad de los propios internos y de sus compañeros, sino también la seguridad de los propios funcionarios. Sin duda, el objetivo debe estar encaminado a disminuir el número de contenciones mecánicas que se realizan. Me parece muy oportuno y muy
importante aumentar las habilidades y capacidades de los profesionales para prevenir el uso de dichas contenciones mecánicas y además sensibilizar sobre el impacto de las mismas.
Los criterios contenidos en esta guía han dado lugar a unas recomendaciones, de las que usted ha hecho un esbozo, y entre las mismas se considera que las esposas metálicas no deben ser empleadas durante muchas horas y se recuerda que están
indicadas únicamente para la realización de sujeciones de escasa duración -traslados entre departamentos, etcétera-, siendo obligatorio el uso de las sujeciones de material textil para las inmovilizaciones; así viene detallado en el informe. Se
recalca que las inmovilizaciones solo han de aplicarse excepcionalmente cuando no exista otra manera menos gravosa para conseguir la finalidad perseguida y ponderando la necesidad de aplicación en cada caso particular. Además, señalan también que
las inmovilizaciones han de durar el tiempo mínimo imprescindible -eso es lo que se busca- y que deben existir normas claras e impartirse cursos de formación específica para los funcionarios, cuestión que me parece muy importante. En ese sentido,
compartimos que debe mejorarse la formación del personal en la aplicación de medios coercitivos y en particular impartir esos cursos especiales sobre la aplicación de correas.
Por otro lado, la guía recoge un pormenorizado procedimiento de desescalada, cuya finalidad es alcanzar una política de cero sujeciones y un sistema organizativo institucional que las considere como el último recurso. En ese sentido, me
gustaría destacar que la aplicación de las medidas de temporalidad prolongada de correas homologadas se redujo a prácticamente la mitad desde 2015 a 2016. Nos pueden parecer muchas si hablamos de 120 en 2015 y de 63 en 2016, pero creo que estamos
en el buen camino y que vamos a por esa buena nota a la que hacíamos referencia yo al principio y usted en su intervención. Simplemente quiero matizar una cosa, y es que me ha parecido entender que las recomendaciones que se efectúan por parte del
defensor al Gobierno o a las instituciones correspondientes en su mayoría no se cumplen. Solamente quiero dar un dato -y con esto finalizo-: en 2016, el Mecanismo nacional de prevención de la tortura realizó 101 visitas a centros de privación de
libertad -centros penitenciarios, etcétera-; efectuó 352 recomendaciones a la Administración, de las cuales se aceptó el 88 %. Aunque todo es mejorable, no es mala cifra.
Reitero mi agradecimiento y, con esto, concluyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Romero.
Finalizadas las intervenciones de los diferentes grupos, es ahora el turno del señor defensor, que va a contestar en bloque a todos los portavoces. Después haremos una pausa de cinco minutos.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Yo preparé con mis colaboradores esta intervención poniendo de relieve los retos que la adjunta segunda y yo vemos que en este momento se tienen que llevar a
cabo en esta casa, a la cual nosotros dedicamos
la atención pertinente, y que tenemos que administrar en tanto en cuanto se supere esta situación transitoria. Esa parte -porque ya era pesado todo lo que iba a decir a continuación- de alguna manera no la reflexioné, pero los que hemos
hecho actividad parlamentaria sabemos que estas cosas, si queremos, se vuelven a sacar en algún momento. Por tanto, en un sentido o en otro, ustedes me dan la oportunidad de que yo refleje los retos que nosotros, mientras estemos aquí, queremos
afrontar, en la medida en que las cuestiones se puedan afrontar.
Nosotros creemos que hay que aumentar las visitas, teniendo en cuenta que para aumentar las visitas hay que tener personal que pueda realizar esas visitas, y punto; lo siguiente lo entienden ustedes bastante bien. Hay tres cosas que
inspiran nuestro trabajo. Las personas que están hoy en el mecanismo y las que estamos hoy en la dirección hemos tratado de averiguar si tenemos un sistema que tenga las garantías y los protocolos suficientes como para ser capaz de detectar
situaciones complicadas de malos tratos. Es decir, en primer lugar, determinar si el sistema cuenta con los protocolos y las garantías necesarias para que sea difícil ejercer malos tratos. En segundo lugar, nos hemos planteado en qué medida se
puede conocer si los mecanismos de actuación de las instituciones de privación de libertad favorecen la transparencia y la dación de cuentas. Y en tercer lugar, qué pasa en el conflicto. Las sociedades occidentales llevan muchos años siendo
capaces de buscar mecanismos y sistemas para resolver en alguna medida el conflicto. ¿Qué pasa cuando se producen en este tipo de instituciones determinadas anomalías? Que es necesario llevar a cabo una investigación. Con esos criterios nos
movemos y nos desenvolvemos. En España hay 1500 lugares de privación de libertad -de larga, media y corta duración-, nosotros hemos hecho visitas a 724, de las cuales alrededor de 200 han sido visitas de seguimiento. Los del sur diríamos que nos
queda una jartá de trabajo, pero de alguna manera en eso estamos.
Alguien ha dicho -y con razón- que no solamente se plantean este tipo de situaciones conflictivas en los centros donde hay una ausencia de privación de libertad. Yo he hecho una alusión a los centros residenciales y ahora voy a contestar.
Ella no está, pero está el Diario de Sesiones, que para los buenos diputados y senadores siempre es un elemento a consultar y a seguir, inclusive las propias intervenciones que uno lleva a cabo. Hoy en España vivimos la emergencia de una sociedad
envejecida y la situación en la que viven las personas mayores a nosotros nos preocupa de forma importante. En realidad los centros residenciales son centros en abierto y en principio las personas que allí permanecen no se encuentran privadas de
libertad, pero su condición es a veces muy dificultosa. Esa población envejecida experimenta un deterioro físico y cognitivo y cuando se produce esa decadencia una de las cosas que ocurren es que su condición de vida termina bastante afectada. Es
verdad que son objeto de un tratamiento diario y rutinario en ocasiones. Han de padecer movilizaciones con grúas, cambios posturales, cambios de pañales -con lo que eso significa psicológicamente-, empleo de sucesiones mecánicas. Todas esas
cuestiones requieren una ponderación muy cuidadosa, extraordinariamente cuidadosa, y nosotros creemos que, o bien por ausencia de esos tratos o bien por deficiencia en la aplicación de los mismos, pueden llegar a constituir casos de maltrato o
incluso de tortura. A nosotros nos gustaría poder disponer de información, que por supuesto compartiríamos con los gestores de los mismos, de cuál es el estado de esos centros residenciales, dónde está su mapa, dónde están los indicadores que nos
lleven a decir que es necesario llevar a cabo esas visitas, y esas visitas se tienen que hacer con la periodicidad y la frecuencia que de alguna manera se requiera en cada momento. Por lo tanto, mientras estemos allí vamos a trabajar en esa
dirección, que no le quepa a nadie la menor duda, y, como he dicho al final de mi intervención, en la medida en que detectemos ese tipo de prácticas iremos con esos casos a donde hay que ir: nosotros al fiscal y ustedes al Pleno del Congreso o al
Pleno del Senado. Cada cual tiene que hacer su trabajo y que no quepa duda de que las cosas se harán así.
A mi amigo el representante del PNV le agradezco que haya hecho una intervención moral. Es verdad. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué estas cosas, como sociedad, de alguna manera nos las ocultamos los unos a los otros? Créame que me
ha hecho ilusión traer el párrafo de la intervención de sir Nigel -que era un abogado británico y profesor de Essex-, que demostró con hechos, con palabras y con textos el coraje que tenía a la hora de abordar estas cuestiones.
Agradezco que el señor Gómez haya hecho las observaciones que ha formulado. Nosotros hemos ido haciendo el informe y el mecanismo a lo largo de los últimos años y de alguna forma hemos formulado a los dos centros gestores y al Ministerio
del Interior las preguntas no hace tanto tiempo, calculo que a lo largo de abril o mayo del año 2017; hemos recibido las respuestas de los unos y los otros, de los tres -del ministerio y de los dos entes gestores-, en junio o julio de este año y
estamos celebrando la
comparecencia en octubre, con un mes de agosto relativamente dilatado como los meses de agosto que se tienen en esta sociedad. Por lo tanto, hemos venido rápidamente y hemos hecho una exposición realmente exhaustiva para lo que es habitual,
entrando en un territorio que es un tanto agreste. De alguna forma hemos hecho una intervención de la cual carecíamos como institución, y ustedes también carecían de elementos de reflexión.
En las primeras semanas que la nueva dirección se hizo cargo del mecanismo nosotros pensamos que nuestro calendario situaría una primera comparecencia sobre estos temas con el informe anual del año 2017. Ustedes han pedido que vengamos
antes; pues hemos venido antes. Ustedes han pedido que hablemos de estas cuestiones; pues hemos hablado de estas cuestiones. Nosotros, si llegamos a tiempo de presentar el informe correspondiente al año 2017, que será a lo largo de 2018,
introduciremos algunas reflexiones de contenido sobre cómo entendemos que han de hacerse los trabajos del personal del Defensor. Ahora hemos hecho en parte una exposición. Pensar que en esta sociedad va a haber unanimidades...; en esta sociedad
no hay unanimidades. A algunos de ustedes les ha gustado menos y a otros les ha gustado más; es la vida. (Risas). La próxima vez que comparezcamos para hablar de esta cuestión, que será al calor del informe anual del mecanismo, entraremos en
algunas de las cuestiones que ustedes nos han planteado. Hay cosas que, sabiendo manejarse en los sistemas de información del Defensor, ustedes pueden encontrar con relativa facilidad. Por tanto, yo agradezco las alabanzas y las críticas a la
guía. La guía es escueta, pero el documento que se hizo y que se entregó en esta casa en mayo de este año aclara algunas circunstancias. En la medida en la que tengamos la posibilidad de realizar el informe del próximo ejercicio, estoy seguro de
que ampliaremos el núcleo de personas satisfechas, aunque créanme que la nota que yo quiero es una nota normalita, no extraordinariamente generosa. En cualquier caso, habrá grupos que estén satisfechos por lo que se diga y grupos que no lo estén
tanto. Ahora, creo que este sí es un tema -no porque lo dijeran Dostoievski o el sir británico- que la sociedad española se tiene que plantear y tiene que adquirir una impregnación que en este momento no tiene. A veces uno conoce y tiene que
perorar sobre aspectos de una extraordinaria dureza que se ejerce sobre personas que tienen pocas posibilidades de librarse de ese tipo de comportamientos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor.
Ahora vamos a hacer una breve pausa de cinco minutos y proseguiremos con los dos siguientes puntos, quizá un poco a mayor velocidad.
Muchas gracias. (Pausa).
- ESTUDIO 'LA SITUACIÓN DE LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD CELÍACA EN ESPAÑA'. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000006 y número de expediente del Senado 781/000006).
- ESTUDIO 'PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES VULNERABLES EN MATERIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA'. A PETICIÓN PROPIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 261/000008 y número de expediente del Senado 781/000009).
El señor PRESIDENTE: Tal y como aparece en el orden del día, los siguientes dos puntos van a ser tratados correlativamente. El primero de ellos se refiere a la situación de las personas con enfermedad celiaca en España, a propuesta del
propio Defensor del Pueblo y, el segundo, a la protección de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, también a propuesta del Defensor del Pueblo. Por tanto, uno y otro se desarrollarán consecutivamente y posteriormente daremos
turno a los grupos parlamentarios, que intervendrán repartiéndose el tiempo fijado, que es de unos ocho minutos, en caso en que deseen dividir el tiempo entre varios intervinientes -cuatro minutos para cada uno en caso de dos intervinientes o seis y
dos, o lo que estimen ellos oportuno-. En definitiva, un bloque total de unos ocho minutos para los dos temas por cada grupo.
Tiene la palabra el señor Defensor del Pueblo.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muchas gracias.
Empecemos por el tema de los celíacos. La enfermedad celíaca es una patología crónica con numerosos afectados. Históricamente, era una enfermedad que se consideraba poco grave y el común de la gente decía que eran personas sanas que comían
de manera diferente, algo que ya no se considera así
en la actualidad. Es una enfermedad que ha ido creciendo en la sociedad española con una prevalencia de entre el 1 y el 2 % y la padece un número relativamente elevado de ciudadanos; afecta a los niños, a los mayores y a las mujeres más
que a los hombres. Los que entienden de esto dicen que en esta enfermedad se produce el conocido fenómeno del iceberg, es decir, que se sabe que existe un número de personas que han sido diagnosticadas, pero que por debajo existe un número mayor
que se desconoce. Eso es un problema, porque como terminemos hablando de ayudas, no es lo mismo programar ayudas para 2 millones de ciudadanos que para 500 000. En conclusión, hemos dicho que se trata de una enfermedad crónica con numerosos
afectados. En segundo lugar, solo tiene un tratamiento que es relativamente inseguro, y es el de dieta sin gluten, difícil de seguir, primero, porque es cara y, segundo, porque se contamina de productos que llevan gluten. Por tanto, ahí hay un
problema un poco complicado en el sentido de que el celíaco tiene dificultades para seleccionar los productos y para elegir los lugares donde comer, hablando llanamente. La verdad es que eso plantea algunos problemas.
Antes de aterrizar en el mundo de las recomendaciones, diré que nosotros en esta historia de los celíacos hemos cambiado nuestro método de trabajo. Nosotros siempre tenemos una fuente de información, que son las quejas, pero, a partir de
ahí, hay más cosas y llevamos las quejas a las administraciones públicas. Nosotros hicimos algo que no salió mal sino bien. En España va a haber que acostumbrarse a no decir que las cosas no, sino a decir que las cosas sí. Esto salió bien, salió
bien porque colgamos de la página web un cuestionario que suscribieron 12 000 personas; contamos con la ayuda de las asociaciones de celíacos; celebramos una jornada a la que asistieron veintisiete expertos y presentamos el documento que ustedes
tienen con veintiocho conclusiones y veintidós recomendaciones. ¿Sobre qué hicimos lo uno y lo otro? Sobre política sanitaria, sobre seguridad alimentaria, sobre política social y sobre política educativa. En esas recomendaciones señalamos que
las cosas habían avanzado en la buena dirección, que la oferta era más abundante y que el etiquetado era más correcto. De eso nos podemos sentir relativamente orgullosos. Más difícil era el mundo de las compensaciones. ¿Por qué? Porque sacamos
el tratamiento de los celíacos del aspecto sanitario e hicimos algo parecido -en la distancia- a considerar que los celíacos podrían ser una enfermedad social, que es como los italianos denominan este tipo de enfermedades de un espectro muy amplio y
generalizado. La verdad es que eso llevaba a que las administraciones -fundamentalmente las territoriales- tuvieran que establecer algún mecanismo de financiación para las personas enfermas o bien que la Administración tributaria del Estado
considerara una de las dos posibilidades: el establecimiento de una deducción fiscal en el IRPF por motivos de salud o el incremento de los mínimos personales y familiares también en el IRPF.
¿Cómo son las respuestas a las recomendaciones? Se las pueden ustedes imaginar pero se lo voy a decir. Las respuestas han sido positivas en líneas generales, sobre todo las que se materializan en cuestiones sanitarias, en seguridad
alimentaría y en el sistema educativo. Las ayudas sociales, por qué no lo voy a decir claro, no entusiasman. No entusiasman porque las consejerías propenden a llevar estas ayudas al sistema sanitario y tratan de meterlo de alguna manera en el
catálogo de productos objeto de prestación en la sanidad española pero no muestran ningún entusiasmo por operaciones diferenciadas. En lo que se refiere al sistema tributaria -me van a permitir que lo diga así- peloteamos, jugamos desde el fondo de
la pista unos y otros y de alguna forma seguimos discutiendo con la Administración tributaria del Estado. Hace ya muchos años hice aquí algunas gestiones sobre esta cuestión con un excelente diputado de Convergència i Unió y amigo mío, el señor
Sánchez i Llibre, no tuvimos ningún éxito. Pero bueno, creo que hay cosas que hay que ser capaz de empujarlas porque en algún momento cristalizan. Esto es lo que tendría que decir sobre celíacos.
En cuanto a los consumidores vulnerables, lo primero que tengo que decir es que la energía es una forma de consumo un tanto especial. Por lo tanto, ahí hay que ver cómo se compatibilizan muchas cosas. No hace mucho tiempo la Asociación de
Ciencias Ambientales, ACA, dijo que en España había un conjunto de familias que dedicaban una parte desproporcionada de sus ingresos a la adquisición de servicios energéticos de calidad. Desproporcionada, sí, porque era el 15 % de los hogares.
Desproporcionada, sí, porque dedicaban el 10 % de la renta. Por lo tanto, este es un tema de alguna relevancia. En esta cuestión se plantean tres cosas: un problema de renta, un problema de precio de la energía y un problema de ayudas públicas.
El Eurostat también entró ahí, pero fue más cualitativo y dijo: ¿Cuántas personas se retrasan en el pago del suministro? Y luego añadió: ¿Cuántas personas, cuántas familias no pueden mantener su vivienda con la temperatura adecuada? Esto plantea
una serie de cuestiones importantes. A nosotros las quejas nos llegaron, y si ustedes cogen el librito verán que a lo largo de estos años hemos ido abordando el tema de la relación entre energía y derechos. Creo sinceramente que ahí hay cosas en
las cuales se puede avanzar. Nosotros llegamos a donde llegamos y somos lo que somos, pero hay decisiones importantes de política energética, es decir, de política económica, que se sitúan en otra esfera, y ustedes me van a permitir que no
aluda mucho a ellas.
El precio de la energía es elevado, la factura eléctrica es una de las más caras de Europa y ahí al consumidor se le plantea una diatriba: o dedica una parte importante de su renta disponible al pago de la energía o lo dedica a otras
cuestiones. Es decir, se ve en el dilema de o come o se calienta; un dilema que no resulta fácil resolver. Un economista no debe dejar nunca pasar la oportunidad de decir que la contradicción se establece entre equidad y competitividad; equidad
porque en estos años en España la recesión ha hecho que los salarios y el empleo hayan experimentado fuertes caídas y, por tanto, ahí se plantea un problema de equidad, sobre todo si la energía sube de precio; y también hay un problema de
competitividad. Yo recuerdo grupos parlamentarios importantes de esta Cámara, como el del señor presidente de esta Comisión, que en múltiples ocasiones han planteado que uno de los problemas de competitividad que tienen las empresas de exportación
es que el input energético es más alto aquí que entre nuestros rivales potenciales y no potenciales en la propia Unión Europea.
El segundo tema es que sube mucho la parte de la potencia. La subida de la potencia, de la ponderación que adquiere la potencia, se hace en detrimento de la ponderación que hace el consumo porque no se tiene en cuenta de una manera debida
el consumo que realizamos. Por tanto, si no tiene mucha importancia el consumo que realizamos, propendemos a hacer un uso excesivo del consumo y a no aplicar políticas de ahorro. Luego hay otra cuestión, lo que llaman los técnicos la cuña
gubernamental. A la factura van muchas cosas, algunas relativamente inverosímiles, como el tema de las renovables, el tema del carbón, la anualidad del déficit de tarifa, sus intereses, etcétera, y todo eso carga la factura y la encarece. Quizá
deberíamos plantearnos en algún momento limpiar alguna de estas ayudas para reducirla. No quiero hablar ya del IVA al 21 % o del impuesto energético. Este es un problema que ha saltado al debate social y al debate político. Hoy esta cuestión se
plantea en unos territorios distintos a los de hace algunos años. Hace un tiempo se decía con rudeza -esta es una sociedad en muchos aspectos ruda- que algunas personas o algunas instituciones no pagaban la luz porque no querían. Hoy nos hemos
sensibilizado con estas cuestiones y podemos decir que los que no pagan la luz es porque no pueden; la mayor parte de los que no pagan la luz es porque no pueden. Por tanto, se nos plantea el tema de cómo resolver la cuestión del bono social
eléctrico, que ha tenido bastantes elementos de contradicción. Las empresas no están de acuerdo con él, el Tribunal Supremo les ha dado la razón en dos ocasiones y los consumidores dicen que la distribución del antiguo bono se hacía con unos
parámetros donde se daba poca importancia a la capacidad de pago. Nosotros ahí también intentamos cambiar nuestro criterio de trabajo. Ese cambio se hizo, fundamentalmente, a través de una reunión, de una jornada con miembros de la ACA, con
miembros de las administraciones españolas -incluida la presencia del secretario de Estado de Energía-, con los consumidores, con las empresas eléctricas, con el CES y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Es decir, nosotros tratamos de
poner juntas opiniones bastante diferentes de instituciones para ver si se podía llegar a un acuerdo y se llegó a algunas coincidencias. Esas coincidencias se las enviamos a las administraciones, sobre todo al Ministerio de Industria, el cual ha
publicado un decreto que salió el día 6. Me encuentro aquí en una situación que no voy a negar a sus señorías, y es que creo que si el decreto se publica el día 6 y hoy estamos a 17 el primero que habla del decreto soy yo, y eso es un tanto
paradójico. Si yo me dedicara a alabarlo o a atacarlo, estaría utilizando el saque y obligaría al Gobierno a que viniera aquí a utilizar el resto, y la función que me corresponde no es poner este orden de cosas. Por otra parte, por qué no decirlo
-de alguna manera antes lo he dicho-, les privaría a ustedes de la posibilidad de asumir su papel. Su papel es decir sí o decir no, pero lo tienen que decir ustedes en la Comisión, en un Pleno, en el Congreso o en el Senado. Esa es la tarea para
la cual han sido elegidos y no me parece conveniente que yo les prive a ustedes de esa posibilidad. Por tanto, me voy a ajustar a una cosa mucho más modesta, y es ver en qué medida nos han hecho caso, que es verdad que nos lo han hecho en algunas
cuestiones. Creemos que el criterio de la renta como criterio de determinación de acceso al bono social sale mejor parado que entró. Ahí ha habido un avance. Se han establecido tres clases de consumidores y hay una tipología en relación con el
descuento que perciben: hay consumidores a secas, hay consumidores vulnerables y hay consumidores que están al borde de la exclusión social; los primeros tienen un descuento del 25 %, los segundos del 40 y los terceros del 50, y ese tipo de
descuento tiene en cuenta unos umbrales de renta que se aplican de manera distinta. Hay un hecho que quiero destacar, y es que en este tipo de determinación de las proporciones que se les reconoce a los
consumidores juegan un papel muy importante las corporaciones locales. Nosotros siempre hemos defendido que eso fuera así, es más, creemos que un fenómeno tan significativo como el corte de luz no puede llevarse a cabo sin que digan algo, y
algo muy poderoso, las corporaciones locales.
Termino, porque ahora les toca a ustedes. Nos parece que se nos ha hecho un poco de caso y que se ha protegido a algunos colectivos por los cuales estamos aquí. Nosotros estamos aquí para proteger a la gente sencilla, a la gente que carece
fundamentalmente de niveles de renta, y eso está en este momento entre algunos mayores y algunas personas que padecen discapacidad. Ahí nos sentimos satisfechos; que se nos haya hecho caso en esa cuestión nos hace sentirnos satisfechos. Nosotros
seguiremos atentos a cómo se aplica el nuevo sistema y procuraremos formular las reservas aquí, y en las comunicaciones que tengamos con la Administración formularemos las correspondientes recomendaciones para tratar de mejorar el nuevo bono social
eléctrico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor defensor, por su concreción.
Ahora le toca el turno a los diferentes grupos parlamentarios, que harán lo mismo. En orden de menor a mayor, en nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra don Rodrigo Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señor Fernández Marugán. En cuanto al tema de la celiaquía, quería dar las gracias a la defensoría del pueblo por tratarlo; darle las gracias en nombre de Diego, de Víctor y de María, mis sobrinos, que son celíacos, y en
nombre de Almudena, mi mujer, que también es celíaca. Como puede ver es un tema que padecemos en la familia y que, por desgracia, conocemos bastante bien.
Quería poner en evidencia, para que la gente se lo imagine, lo que es un enfermo de celiaquía, que parece que el único problema que tienen es que comen diferente, que comen un poco raro o que deben tener cierto cuidado. Imagínense ustedes
lo que es para unos niños, que ya han nacido celíacos, ir a un cumpleaños y que su madre les tenga que llevar otra comida porque no puedan comer lo mismo que el resto de los niños, que no puedan comer la tarta, que no puedan comer los mismos
bocadillos; o en unas fiestas o en una excursión del colegio que ellos tengan que ir con otra comida y que, incluso, estén preguntando constantemente si pueden comer o no determinadas cosas. Lo duro que es ir a un restaurante, donde muchas veces
lo único que te ofrezcan para comer sea una ensalada y una manzana porque no se comprometen a nada más por el tema de la contaminación, por el tema de los aceites... También lo duro que es ir a un supermercado y que la estantería para poder elegir
los productos sea de un metro, aunque es verdad que la oferta ha mejorado, pero aún sigue siendo muy limitada. Y ya no hablemos de los precios de esos productos. La Federación de Asociaciones de Celíacos de España calcula que la cesta de la compra
por cada celíaco viene a ser de unos 1040 euros más al año de lo que sería para una persona que no es celíaca. Imagínense ustedes para una familia que tiene tres niños lo que eso supone al final del año.
Hay un punto que también destacan en su informe, que es el de la detección temprana de la enfermedad. Es básico que se trabaje y que se haga un esfuerzo en ese sentido porque nos jugamos la vida de las personas. Por desgracia, mi sobrina
estuvo a punto de fallecer porque comía cereales en los biberones; ella se ponía mala y se ponía mala hasta que descubrieron que era por eso. Por ello, creo que debemos hacer un esfuerzo en ese sentido y trabajar por la detección precoz para que
no se produzcan estas situaciones. El estudio es de abril de 2017 y ustedes han hecho una serie de recomendaciones y han dado algunas respuestas positivas y otras negativas. Quería preguntarle cómo ha cambiado en este tiempo, cómo lo ha visto y en
general cuáles han sido las respuestas. Para que comprendan un poco el asunto, yo invitaría a los diputados, a los senadores y a quienes nos estén viendo que intenten comer un bocadillo de jamón con pan sin gluten. Si son capaces de comérselo, les
daré la enhorabuena.
En cuanto al otro punto del orden del día, el bono social y el derecho de los consumidores vulnerables en materia de energía eléctrica, hay un tema -usted lo dice en su informe- que es capital, y es la simetría de información y transparencia
a la hora de la contratación eléctrica. Quería preguntarle qué aspectos considera que se deberían mejorar, cómo podríamos hacer realmente para mejorar esa transparencia en la contratación. Y en cuanto al decreto que se acaba de aprobar, quería
preguntarle en qué no le han hecho caso. Usted ha dicho que estaba moderadamente satisfecho. ¿En qué no está satisfecho? ¿En qué no le han hecho caso exactamente?
Por último, aunque no está dentro del orden del día, quería avanzarle que vamos a pedir su comparecencia para que nos informe sobre los casos que están ocurriendo en Cataluña de adoctrinamiento y de odio en los colegios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gómez.
En nombre del Grupo de Unidos Podemos, tiene la palabra la senadora Gorrochategui.
La señora GORROCHATEGUI AZURMENDI: Eskerrik asko, presidente.
Muchas gracias, defensor, en nombre de mi grupo por poner su punto de atención en estas cuestiones. Yo me voy a referir específicamente al bono social energético, aunque si el defensor piensa que su posición es rara por ser quien habla en
primer lugar, lo cierto es que hay veces que la rareza de la situación se contagia a quienes tienen la oportunidad de hablar con el defensor sobre esta cuestión, porque probablemente yo le daría las gracias por el informe, le felicitaría, pero más
bien me entran ganas de hablar del decreto. No sé si tendrá luego la oportunidad o le parecerá oportuno, pero mi grupo piensa que este decreto no respeta como debiera el principio de precaución, que es al que se supone que debería responder, porque
si se regula la existencia de un bono social energético es precisamente para prevenir que haya cortes de luz en hogares de personas vulnerables. Con este decreto se rompe de alguna manera ese principio. Por una parte, porque se añaden exigencias
formales a la falta de capacidad económica de las familias, tales como el hecho de estar ya atendidas por servicios sociales y que esos servicios sociales se estén haciendo cargo del 50 % de la factura eléctrica. Parece que el decreto se interesa,
casi antes que por pagar, por asegurarse de que las compañías eléctricas cobren, cuando el interés principal debiera ser el de proteger aquellos hogares que tienen dificultades para pagar la factura. Además, se exige que la solicitud se haga de
forma expresa, cuando el ministerio sabe que la mitad de las personas que podrían ser merecedoras de recibir esta ayuda por cuestiones económicas no realizan la solicitud. Hay otra cuestión, y es que el bono social se amplía, por ejemplo, a las
familias numerosas independientemente de la renta que tengan, lo cual tampoco parece tener mucho sentido ni casa muy bien con el principio de precaución, principio que la ley establece y que debería ser el criterio principal para la regulación de un
instrumento de estas características.
Por último, me gustaría señalar que esta regulación, que podemos considerar menos generosa con las situaciones de necesidad que algunas normativas autonómicas, podría generar problemas competenciales, de manera que nos encontraríamos ante
una situación más complicada todavía.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Gorrochategui.
Por parte del Grupo Socialista, se van a distribuir el tiempo el señor Luena y la señora Nasarre.
El señor LUENA LÓPEZ: Gracias, presidente. Intervendré con brevedad y concreción, como ha pedido usted.
Sea bienvenido, señor defensor. Se ha referido a usted mismo en alguna ocasión como defensor en funciones, y lo cierto es que es un defensor que funciona, y como funciona, que sea para bien y, al menos por parte de mi grupo, por mucho
tiempo.
Quiero hacer dos consideraciones previas en relación con el informe sobre los ciudadanos con problemas de celiaquía. En primer lugar, quiero referirme a la oportunidad del informe, ya que las personas celiacas representan el 1 por ciento de
la población. Creo que el hecho de que se haya realizado por iniciativa propia, con la metodología a la que se ha referido, a través de cuestionarios, así como por la información rigurosa, por las peticiones a los organismos, etcétera, es algo
digno de señalar. En segundo lugar, en parte, es una misión de la defensoría estudiar, analizar, ofrecer alternativas. Usted antes hablaba del saque. Yo creo que es cuestión del organismo no solamente recibir la pelota cuando se le da, sino
pedirla, levantar la mano; creo que eso es lo que se tiene que hacer. Además, le informo de que he tenido oportunidad de hablar con la Federación de Asociaciones de Celiacos de España y me han dicho que están muy contentos con el tratamiento
recibido por parte de la institución, de los trabajadores, y que se habían sentido muy bien tratados y atendidos.
Este informe es un estímulo, una referencia, porque delimita los problemas, cuyo calado es como para que las administraciones tengan en cuenta -lo decía antes el compañero de Ciudadanos- lo relevante de atender con especificidad y con
sensibilidad a las personas con esta enfermedad. En la página 17 se
habla de problemas como los precios, de la falta de alternativas a veces, del etiquetado, de la desinformación, de la falta a veces de listado oficial de medicamentos, de las dificultades para comprar alimentos cerca de casa... Estas son
cosas que dice el informe. También es verdad que, a continuación, el informe se esfuerza, con esos 12 000 cuestionarios, en ofrecer alternativas. Me gustaría que la defensoría ayudase a las administraciones a elegir, por jerarquía, por
prioridades, cuáles son las cuestiones principales.
Tres cuestiones concretas y termino. En la página 39 se habla del control de la cadena alimentaria y del problema del etiquetado. Esta puede ser una de las prioridades. En la página 55, primer párrafo, se habla de los efectos o reacciones
vinculadas al principio activo de los medicamentos. La lectura de ese párrafo es importante. En las páginas 60 a 62 se alude a medidas fiscales -el impuesto sobre la renta y el impuesto sobre el valor añadido-, que forman parte después de las
conclusiones de las últimas páginas, conclusiones 24 y 25, señor defensor. Además, usted, en esto algún doctorado tiene hecho, político y académico. Aparte de la añoranza de aquella Convergència y del señor Sánchez i Llibre, futuro y proyección,
quizá es necesario también ayudar a las administraciones con las medidas fiscales. El modelo italiano que se explica en la conclusión 27 de ayudas directas parece un ejemplo al menos a estudiar.
Termino con las recomendaciones. Le iba a preguntar si se sabía algo. Usted ha dicho que la sanitaria y la de seguridad alimentaria están suficientemente atendidas. Le señalo que, de todas las conclusiones, las 21 a 27 son las más
interesantes. Usted dice que no hay menús alternativos, que es un gasto elevado en la cesta de la compra, y habla de disparidad de medidas de las comunidades autónomas. Luego parece que la conclusión final es que hace falta más política -como se
dice en el ámbito de la lealtad institucional- de cooperación entre las comunidades autónomas. Yo le planteo que estudie -sería bien visto por nuestro grupo parlamentario- la posibilidad de sugerir al Gobierno que incorpore en el apartado de
políticas sanitarias y de bienestar social el estudio de políticas de cooperación entre las distintas comunidades autónomas para atender todos estos problemas que se estudian con bastante rigor y seriedad en este informe.
Por parte de nuestro grupo le animamos a que siga la labor como comisionado de las Cortes Generales. Las Cortes Generales seguiremos haciendo el nuestro, como usted nos recordaba, y en tanto en cuanto usted esté en funciones le animamos por
parte de nuestro grupo a seguir haciendo lo que están haciendo, que funciona bien.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra la señora Nasarre.
La señora NASARRE OLIVA: Gracias, señor Defensor del Pueblo. Quiero darle la bienvenida a usted y a su equipo y desearles éxito y acierto.
En primer lugar, voy a destacar la fecha de hoy, 17 de octubre, el Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, y precisamente hoy usted, señor defensor, presenta un informe acerca de la protección de los consumidores vulnerables en
materia de energía eléctrica. Este día nos volverá a recordar esas cifras alarmantes a las que hay que mirar y por supuesto, como han hecho y hacemos, trabajar en ello, presentar iniciativas y fijar criterios para que se establezcan sus
recomendaciones y para que se tengan en cuenta los derechos. De hecho, hoy hablamos de necesidades de consumidores vulnerables, pero también de pobreza.
Permítanme que reflexionemos acerca de una palabra difícil que se hace grande y peligrosa en nuestro país. Estamos ante unos 13 millones de personas que se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social en España, según el informe
Arope. Estamos saliendo de la crisis, según los datos macro, y la recuperación económica arranca, pero no arrancan unas mejores cifras para los más vulnerables, para la gente que realmente lo necesita. Somos el tercer país de la Unión Europea
donde más ha aumentado la tasa de pobreza desde 2008. Es alarmante el aumento de la desigualdad, la desprotección que sufren muchos ciudadanos; por ello, quiero resaltar y poner en valor su informe, señor defensor, el trabajo de su defensoría en
un campo que es fundamental para la protección social. La pobreza hoy, tristemente, ha evolucionado hacia una pobreza que no solamente existe en la calle sino que la padecen trabajadores que tienen una nómina y que no pueden llegar a fin de mes
porque cobran 600 euros; trabajadores que no pueden hacer frente a cargas familiares ni menos aún afrontar las facturas de la luz en los meses de invierno. Este informe, el trabajo realizado, que hace visible una realidad, es muy importante y por
ello hay que destacarlo. Es muy importante igualmente el trabajo de su defensoría con
las jornadas realizadas, pues se manifiestan distintas opiniones y se hace una gran labor, lo que se refleja en la aceptación de numerosas recomendaciones en el real decreto del bono social puesto en marcha. No entro a valorar el decreto,
sino su informe, un decreto en el que ha habido participación y se ha llegado a consensos, pero hay que apostar por mucho más. Los socialistas, nuestro grupo, tanto en el Congreso como en el Senado, hemos presentado y seguiremos presentando
iniciativas en este sentido, proponiendo un pacto de Estado de la energía, erradicando la pobreza energética y asegurando una tarifa social a los consumidores más vulnerables.
En este informe hablamos de energía eléctrica, pero estamos ante un grave problema que afecta también al gas, por ejemplo. Nuestro grupo apuesta por que se tenga en cuenta en el bono social a los consumidores vulnerables, pero también con
respecto al gas. Hemos dado un paso, pero tenemos que seguir caminando. El bono social debe ser entendido como una herramienta para paliar la pobreza energética. Entendemos que la electricidad es un avance, pero debemos ir más allá: ser
ambiciosos y apostar por más protección, en los mismos términos que en muchos países de Europa, como Francia, Italia o Portugal, con bonificaciones en electricidad y también en gas. Más de un millón de hogares en España viven en situación de
pobreza energética; es una lacra en nuestro país y debemos estar a la altura, implicándonos todos y estableciendo la protección de una manera integral, global.
Para finalizar le damos la enhorabuena por el trabajo y por la gran aceptación de las recomendaciones recogidas en el decreto. Y como usted ha dicho nos corresponde a los partidos políticos seguir trabajando e insistiendo para que las
recomendaciones no aceptadas, debido fundamentalmente a los criterios economicistas que priman hoy en día, sean tenidas en cuenta, y se establezcan criterios de humanidad para que esta lacra que es la pobreza energética sea tenida en cuenta de
manera integral, abordada desde las distintas administraciones de una manera decidida y ambiciosa, ya que la pobreza se extiende y no entiende de fronteras.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Luena, señora Nasarre.
Ahora, en nombre del Grupo Popular, en primer lugar, tiene la palabra la señora Zaplana y después la señora Soler.
La señora SÁNCHEZ ZAPLANA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo ya de manera muy breve para dejar tiempo a mi compañera. Les doy las gracias, en primer lugar, al Defensor del Pueblo, a su oficina y a su equipo por la elaboración del estudio sobre celiaquía. Tuve la oportunidad de participar
con ustedes, también con mi compañero senador Antonio Romero, en la presentación del estudio sobre celiaquía en la propia casa del Defensor del Pueblo. Fue un éxito, pues contó con la presencia de asociaciones de pacientes, de empresas y de
consumidores, y lo cierto es que fue un momento muy especial. Quiero reconocer también un estudio que a mí me ha resultado -creo que es así- instructivo, muy claro en su desarrollo expositivo y que da mucha información. La aportación, como bien ha
destacado, en este caso por primera vez es de una encuesta, contestada de manera masiva -12 000 respuestas son muchas-, y cuenta además con la participación de asociaciones, consumidores y pacientes. Usted lo ha dicho: el diagnóstico de la
enfermedad celiaca, más que en edades pediátricas, en la edad adulta no es fácil por la sintomatología, porque tiene manifestaciones clínicas muy variadas y a veces es asintomática, como muy bien ha recogido su señoría, el senador que ha intervenido
por parte del Grupo Ciudadanos. Un buen diagnóstico precoz, que es en lo que se está trabajando, también se recoge en el informe por parte de las diferentes administraciones públicas, y la aplicación de una dieta sin gluten normaliza el estado de
salud de los pacientes y hace recuperar la calidad de vida.
De su informe y de su explicación hoy se deduce que la línea de trabajo y la aceptación de las recomendaciones, en referencia a cuestiones sanitarias, seguridad alimentaria y en el mundo educativo, es el buen camino, así como avanzar en ese
diagnóstico precoz, en esa investigación, optimizando el abordaje de la enfermedad. En este sentido le preguntaría si cree que sería bueno -y en el informe también se recoge- homologar, homogeneizar en un único etiquetado las diferentes formas que
hay de especificar los productos con gluten, sin gluten o con bajo contenido en gluten. Ya se está aplicando en la normativa europea, en este caso desde julio de 2016. Mi grupo aportaría la posibilidad de aprobar, de elaborar un manual de buenas
prácticas para que los productores de alimentos libres de gluten faciliten la identificación de los productos a través de un etiquetado más claro y fácilmente identificable para todos los consumidores.
Para terminar, porque no me quiero extender, hay un punto que habría que comunicar a toda la población en general y en concreto también al sector de la restauración, la gastronomía y la alimentación: sensibilización y concienciación. Eso
lo están haciendo las administraciones y las asociaciones, pero tendríamos que llegar a la población en general y a las personas que manipulan y trabajan con los alimentos en este caso; difundir más información en todo este sector para evitar
muchas veces la contaminación cruzada y para que las personas, como ya se ha dicho en esta sala, que padecen la enfermedad celíaca puedan acceder no solo a la compra del producto en pequeña o en gran superficie, sino en bares, comercios, también en
administraciones públicas, en centro sociales, en centros de personas mayores o de personas con discapacidad. Que fuera como decía accesible. Mi grupo apostaría por la sensibilización y concienciación.
Con respecto a las compensaciones hay abierto un debate amplio. Hemos hablado del impuesto sobre el valor añadido, del IRPF, que no ayudaría en este caso a las rentas más bajas. Eso se recoge también en el informe. Quedarían exentas, en
el caso de la compensación que viniera por ahí. Habría que estudiar lo que propone la Unión Europea, estudiar legislaciones como la italiana, y entre todos, en este caso en el que están distribuidas las competencias entre Administración General del
Estado, comunidades autónomas, competencias sanitarias y educativas, y administraciones locales, avanzar juntos, porque lo que para mí se deduce de este informe es un buen trabajo y un futuro muy esperanzador.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Señora Soler.
La señora SOLER TORRES: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, doy la enhorabuena al Defensor del Pueblo y a todo su equipo por el informe que nos han hecho llegar sobre la protección de los consumidores vulnerables en materia energética, y todas las reuniones que se han ido celebrando
así como los seminarios. Quiero aprovechar el día de hoy, Día de la Pobreza, para hablar de pobreza energética. Si bien es cierto que aún estamos a altos niveles de personas en riesgo de pobreza, también es cierto que estamos mucho mejor que en
los años 2002, 2003, 2005 o 2007. Por tanto estamos en el camino. Cuando hablamos de energía eléctrica, igual que cuando hablamos del agua, hay que tener en cuenta que la energía eléctrica se ha convertido en un bien de primera necesidad, va más
allá de lo puramente económico, pasando a ser también un bien social -si no, no estaríamos probablemente hablando de este bono social-, con connotaciones ecológicas debido al distinto impacto sobre el medio natural, según sea su forma de obtención.
El suministro eléctrico es esencial para una vida digna y condición imprescindible para el ejercicio de otros derechos fundamentales. Por ejemplo, es necesario para la conservación y preparación de los alimentos, de manera que la falta de la
electricidad pone en peligro el derecho a una alimentación adecuada, como ha reconocido el propio Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
De aquí todo el trabajo realizado por el Defensor del Pueblo, por los diferentes ministerios y por la Secretaría de Estado de Energía, y haciendo caso a las recomendaciones del Defensor del Pueblo se aprobó un nuevo real decreto de bono
social basado en criterios de renta y diversas medidas de protección para los consumidores. En las recomendaciones aportadas por el Defensor del Pueblo se ha regulado en este bono social la figura del consumidor vulnerable, que se solicitaba, tal
como establecía una de las primeras recomendaciones. Tales consumidores se beneficiarán de un descuento del 25 % en su factura eléctrica, que podría llegar a ser del 40 % en función de su nivel de renta, y del 50 % si además están siendo ya
atendidos por los servicios sociales de sus respectivos municipios. De ahí la importancia de las corporaciones locales, como bien ha manifestado el Defensor. Tal como establecían en las recomendaciones igualmente se regula un mecanismo para evitar
los cortes de suministro en el caso de los consumidores vulnerables en riesgo de exclusión social. También se han aprobado diversas medidas para reforzar la protección de los consumidores, mejorando la transparencia en la contratación y la
información en casos de impago de las facturas. Se han reforzado las medidas de protección del consumidor en la comercialización y ante los cortes de suministro. Se regula en este real decreto del bono social un mecanismo para evitar los cortes de
suministro en los casos con mayor riesgo social: aquellos consumidores vulnerables, severos, que están siendo atendidos por los servicios sociales de una Administración autonómica o local, que financie al menos el 50 % del importe de su factura,
debido a su especial protección, y que serán considerados como consumidores en riesgo de exclusión social. Para este colectivo además también las comercializadoras de electricidad deberán asumir el resto de la factura, y no podrá por tanto
procederse al corte de suministro en caso de impago. En estos casos se establece
un mecanismo para que las comercializadoras de electricidad realicen una aportación financiera adicional a la hora de evitar cortes de suministro. Si bien todo esto es cierto, se han tomado medidas y se han tenido muy en cuenta determinadas
recomendaciones del informe del Defensor, y como he manifestado anteriormente que la electricidad es un bien de primera necesidad, también creo que se debería seguir avanzando porque en una sociedad avanzada no se puede llegar a estas situaciones
límites por falta de electricidad.
Por tanto, ¿se podría plantear una tarifa escalonada, compuesta por varios niveles de tarifa, en función del consumo y la potencia contratada, y sistemas de ayuda como, por ejemplo, puede ya ocurrir con los recibos de agua en alguna
localidad de España? Es una pregunta, un planteamiento que se podía formular. ¿No podríamos quizá ir pensando en un modelo distinto del actual, donde las personas y el medio ambiente no requieran cambios drásticos y contundentes para alcanzar un
mundo mejor, donde se pueda mirar como bien ha dicho la cuestión de la potencia, etcétera? Son dudas que le planteo. Todos estamos muy satisfechos de los pasos avanzados en las recomendaciones que ha hecho el Defensor del Pueblo con el real
decreto, pero sí que hay dudas y planteamientos que se pueden hacer en determinadas Comisiones, tanto del Congreso como del Senado, para que luego se puedan ver reflejadas y cada día avancemos más.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez Zaplana; gracias, señora Soler. Gracias a todos.
Para finalizar la comparecencia de hoy le damos la palabra al señor defensor, que va a cerrar con su intervención.
El señor DEFENSOR DEL PUEBLO EN FUNCIONES Y ADJUNTO PRIMERO (Fernández Marugán): Muy breve, además.
Yo he intentado salirme del debate del bono y ustedes han entrado -dos o tres- en ese debate. Ustedes han hecho uso de una opción que no me parece inadecuada. Ahora, aquí al menos -en otros Parlamentos no se actúa así- una de las cosas que
no se hacen por ningún grupo, ya esté en el Gobierno, ya esté en la oposición, ya sea socio o no, es coger los informes del Defensor y volcarlos en iniciativas parlamentarias que le planteen cuestiones controvertidas y algo difíciles al Gobierno.
En otros parlamentos autonómicos se hace y aquí no. Yo lo he dicho en dos oportunidades, a mí no me importa -me encanta- que ustedes se refieran a nosotros, pero cuando se tienen que referir a nosotros es cuando establezcan la relación dialéctica
con el Gobierno, no se queden aquí. Todos han manejado buenos y abundantes argumentos, a favor y en contra; yo solo he dicho una cosa: que en una parte pequeñita del decreto y de la orden de desarrollo se tiene en cuenta lo que hacemos. Ahí se
han recogido una serie de cuestiones que afectan a un conjunto de grupos que a nosotros nos parecen positivas. ¿Que se puede hacer más? Este es un asunto controvertido en toda Europa. Los franceses tienen un sistema, los italianos otro, los
finlandeses han jugado al quita y pon; es decir, las legislaciones tributarias no suelen ser ni rígidas ni permanentes. Ahí cabe la posibilidad de que abran algunas cuestiones que se tengan en cuenta.
Lo que han conseguido los celíacos -y paso a la otra cuestión- es hacerse visibles. Hoy no son el único grupo al que se le plantean problemas con la alimentación, pero desde luego es el grupo que ha conseguido situarse en los primeros
lugares de la escala con esta cuestión. Ahí ese grupo y los grupos políticos que están representados en esta Cámara pueden llevar a cabo una tarea más intensa de la que han venido realizando hasta ahora.
Me preguntaba don Rodrigo que en qué no nos han hecho caso. No nos han hecho caso, por ejemplo, en las ponderaciones de la parte fija de la tarifa. Es un asunto importante, porque en realidad aquí se produce un hecho que uno de mis
colaboradores me explicó de manera pedagógica -a ver si yo soy capaz de explicarlo también de la misma manera-, y es que la factura de la luz en España tiene una rareza, que es que la parte fija es alta y la parte variable no lo es tanto. Es como
si usted y yo vamos a un restaurante, nos sentamos y nos cobran por sentarnos. Lo normal y lo correcto sería que me cobren por lo que coma, no porque me siente en la silla. De alguna manera los poderes públicos, los Gobiernos, sean los que sean
-yo empecé aquí en el año 1982, por lo que he conocido varios Gobiernos y de distinto color-, este asunto no lo han resuelto. Esas cosas sí se deberían establecer. ¿Por qué? Porque en algunos momentos la factura de la luz es relativamente
complicada. Y don Rodrigo también me ha preguntado en qué sí nos han hecho, refiriéndose a la celiaquía. La actitud de las administraciones en la aceptación o rechazo de nuestras propuestas es bastante normal. Lo único que sucede es que debemos
establecer algunos mecanismos para hacer entender a las administraciones que ha llegado el momento de tomar en cuenta realidades sociales que ya están muy consolidadas. Discutir si tengo que hacer una ayuda social o no o tengo que poner una
desgravación en el IRPF o tengo que poner o no un incremento en el mínimo exento o en el mínimo familiar, con eso se puede empezar, pero con esas estrecheces no se puede vivir toda la vida. Por lo tanto sí deberíamos -ustedes y nosotros- hacer
saber a los ministerios responsables -lo digo en plural, aunque ustedes entienden también que podría decirlo en singular, pero no me parece elegante- y a las administraciones responsables que hay momentos en los que no merece la pena seguir mareando
la perdiz, y que hay que resolver temas que la sociedad española es capaz de resolver con relativa facilidad.
Por lo tanto agradezco mucho la atención, agradezco que este tipo de trabajos les sean útiles. No somos gobierno, somos una institución, un comisionado de Cortes Generales que está para ayudarles a ustedes en su trabajo. Somos en el mejor
de los casos una administración de convicción, pero no tenemos poder ejecutivo, y no lo queremos. Queremos llegar a los ciudadanos y a las administraciones a través de la fortaleza de nuestros argumentos. Que seamos capaces de encontrar una
comprensión por parte de ustedes nos parece relativamente útil. Por ello agradezco esa atención, esa dedicación, y el que les siga pareciendo útil, como ha venido sucediendo desde años atrás, este tipo de trabajos para el suyo, para su cometido,
que es muy importante, que es trascendental, y al que todos los ciudadanos españoles están deseosos de poder ponderar, de poder valorar muy positivamente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández Marugán, Defensor del Pueblo, y gracias también a la adjunta y a todo el equipo de la defensoría que ha acudido hoy. Asimismo gracias a todas las senadoras y senadores, diputadas y diputados
que han asistido hoy a la sesión. Nos vemos en la siguiente comparecencia, que ya veremos cuándo se da. (Risas).
Muchas gracias. Se levanta la sesión.
Eran las doce y quince minutos del mediodía.