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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 56, de 10/10/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 56
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 13
celebrada el martes,
10 de octubre de 2017
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor presidente del Tribunal de Cuentas (Álvarez de Miranda García), para informar sobre:
- Declaración sobre la cuenta general del Estado del ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000005 y número de expediente del Senado 770/000003) ... (Página5)
Proposición no de ley:
- Relativa a la necesidad de anexar a los expedientes de fiscalización del Tribunal de Cuentas otros documentos de interés. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001346 y
número de expediente del Senado 663/000014) ... (Página16)
Debate de las siguientes solicitudes de fiscalización:
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la fiscalización de los contratos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y
2015, especialmente con relación a los contratos de emergencia y de urgencia que se han formalizado por esta entidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000006 y número de
expediente del Senado 772/000009) ... (Página19)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado Tribunal la fiscalización relativa a las inversiones y los gastos de mantenimiento del Metro Ligero Oeste de Madrid y del Tranvía de
Murcia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000007 y número de expediente del Senado 772/000010) ... (Página21)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización específico de las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras incluidas en el
conjunto de Planes de la Minería, incluyendo el Plan de Reordenación del Sector 1990/1993, el Plan de modernización, racionalización y reestructuración de la actividad de la industria del carbón 1994/1997, el Plan 1998/2005 de la minería del carbón
y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, el Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras y el marco de actuación para la minería del carbón y las
comarcas mineras para el periodo 2013-2018. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000018 y número de expediente del Senado 772/000011) ...
(Página24)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización específico de la construcción de la 'Residencia de Mayores La Minería' en
Felechosa, en el Ayuntamiento de Aller, en Asturias, acordado por la Mesa de la Minería y financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000019 y número de expediente del Senado 772/000012) ... (Página26)
Proposición no de ley. (Votación) ... (Página28)
Solicitudes de fiscalización. (Votación):
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado tribunal la fiscalización de los contratos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y
2015, especialmente con relación a los contratos de emergencia y de urgencia que se han formalizado por esta entidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000006 y número de
expediente del Senado 772/000009) ... (Página28)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado Tribunal la fiscalización relativa a las inversiones y los gastos de mantenimiento del Metro Ligero Oeste de Madrid y del Tranvía de
Murcia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000007 y número de expediente del Senado 772/000010) ... (Página28)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización específico de las ayudas a la reactivación de las comarcas mineras incluidas en el
conjunto de Planes de la Minería, incluyendo el Plan de Reordenación del Sector 1990/1993, el Plan de modernización, racionalización y reestructuración de la actividad de la industria del carbón 1994/1997, el Plan 1998/2005 de la minería del carbón
y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, el Plan nacional de reserva estratégica del carbón 2006/2012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras y el marco de actuación para la minería del carbón y las
comarcas mineras para el periodo 2013-2018. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000018 y número de expediente del Senado 772/000011) ...
(Página29)
- Solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización específico de la construcción de la 'Residencia de Mayores La Minería' en
Felechosa, en el Ayuntamiento de Aller, en Asturias, acordado por la Mesa de la Minería y financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000019 y número de expediente del Senado 772/000012) ... (Página29)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
Bloque I:
- Informe de fiscalización de las cuotas a organismos internacionales y de las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los ejercicios 2008 y 2009. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000018 y número de expediente del Senado 771/000018) ... (Página29)
- Informe de fiscalización de la aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus, ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000096 y número de expediente del Senado
771/000095) ... (Página30)
Bloque II:
- Informe de fiscalización de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, ejercicio 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000206) ...
- Informe de fiscalización de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000213 y número de expediente del Senado 771/000208) ...
Bloque III:
- Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000021) ... (Página32)
- Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en
situación de dependencia. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044) ... (Página32)
Bloque IV:
- Informe de fiscalización de la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 sobre extinción y fusión de sociedades estatales, ejercicios 2010 y 2011. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y 2013. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000112 y número de expediente del Senado 771/000112) ... (Página34)
- Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario de SEPES entidad pública empresarial del suelo, ejercicios 2010 y 2011. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000062) ... (Página35)
- Informe de fiscalización de las operaciones de compraventa de títulos representativos del capital social de empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, durante el
ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000192 y número de expediente del Senado 771/000190) ... (Página35)
- Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la empresa estatal Navantia, S.A. en el periodo 2007-2010 y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y
número de expediente del Senado 771/000027) ... (Página36)
- Informe de fiscalización de la Agencia EFE y de sus sociedades dependientes, ejercicio 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022) ...
- Informe de fiscalización de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000202 y número de expediente del Senado 771/000203) ...
Bloque V:
- Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial, ejercicio 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000069 y número de expediente del Senado
771/000066) ... (Página37)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000099)
... (Página38)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000200 y número de expediente
del Senado 771/000197) ... (Página38)
Bloque VI:
- Moción sobre el alcance del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000001 y número de expediente del Senado 773/000001) ... (Página39)
Se abre la sesión a las diez de la mañana.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (ÁLVAREZ DE MIRANDA GARCÍA), PARA INFORMAR SOBRE:
- DECLARACIÓN SOBRE LA CUENTA GENERAL DEL ESTADO DEL EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 250/000005 y número de expediente del Senado 770/000003).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.
En primer lugar, damos la bienvenida al presidente del Tribunal de Cuentas una vez más, no podía ser de otra manera y ya son muchas, que viene aquí a informar de la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al ejercicio
2015.
Tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
El Tribunal de Cuentas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 136.1 de la Constitución y en los artículos 10 de su Ley Orgánica y 33 de la Ley de funcionamiento, ha llevado a cabo, por delegación de las Cortes Generales, el examen y
comprobación de la cuenta general del Estado del ejercicio 2015. El pleno del tribunal, una vez analizadas las alegaciones y oído al fiscal, aprobó el 29 de junio de 2017 la declaración sobre la cuenta general del Estado correspondiente al
ejercicio 2015 y acordó su elevación a las Cortes, dando traslado al Gobierno. En virtud de lo solicitado por la Comisión mixta, se ha acompañado de un resumen para hacer más accesible su contenido. Esta cuenta general del año 2015, formada por la
Intervención General de la Administración del Estado y aprobada por el Gobierno, se rindió en plazo. Por segundo año se presentó como cuenta única consolidada conforme al criterio indicado tanto en las declaraciones del tribunal de ejercicios
anteriores como los acuerdos aprobados por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sobre dichas declaraciones.
En cuanto a la opinión sobre la legalidad y la representatividad de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2015, la declaración indica literalmente lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de la Ley Orgánica del
Tribunal de Cuentas, el Tribunal de Cuentas ha examinado la cuenta general del Estado del ejercicio 2015 con arreglo al objetivo y por medio de los procedimientos descritos en esta declaración. En opinión del tribunal, excepto por los efectos de
las salvedades incluidas en esta declaración, la cuenta general del Estado de 2015 presenta fielmente en todos sus aspectos significativos la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios del patrimonio neto, los flujos de efectivo, los
resultados del ejercicio y la ejecución y liquidación del presupuesto del grupo de entidades que han de integrarse en ella, de conformidad con el marco normativo que resulta de aplicación a dicha cuenta general y con los principios y criterios
contables contenidos en el mismo. Por lo que se refiere a la regularidad formal, de las 392 entidades que formaban parte del sector público estatal, se han integrado las cuentas de un total de 381, el 97,2 % frente al 96,5 % del ejercicio anterior.
Además, no figuran incluidas 6 de un total de 27 entidades multigrupo y asociadas frente a las 2 del año 2014. La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, SEPI, pese a ser la titular del 95,69 % de las acciones de la Corporación de la
Radio y Televisión Española, S.A., no ha consolidado por el método de integración global a esta sociedad al considerar que no ejerce su control efectivo, por lo que se ha integrado en la cuenta general como entidad individual.
Entrando en el análisis de la liquidación de los presupuestos, las previsiones iniciales de ingresos correspondientes al capítulo 9, pasivos financieros, de la Administración General del Estado, siguen sin recogerse en el estado de
liquidación del presupuesto de ingresos consolidado, lo que ocasiona una diferencia por importe de 141 501 millones de euros entre los créditos iniciales y las previsiones presupuestarias. Los expedientes de modificación de crédito han supuesto una
variación neta de 31 281 millones de euros que, tras las oportunas homogeneizaciones y eliminaciones del proceso de consolidación, se ha reducido a una modificación neta de 27 250 millones, lo que representa un incremento del 41 % respecto al
ejercicio 2014. Las modificaciones más significativas afectan a créditos para operaciones financieras, destacando las aportaciones al Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas por 37 818 millones y al Fondo de Financiación de Entidades Locales
por 1000 millones. Adicionalmente, en la sección 06, deuda pública, figuran dos expedientes de ampliación de crédito por un
importe total de 4000 millones de euros destinados a atender la amortización anticipada parcial del préstamo del Mecanismo europeo de estabilidad concedido al Reino de España. Las obligaciones reconocidas netas consolidadas ascendieron a
432 843 millones de euros. No obstante, se han dejado de contraer presupuestariamente obligaciones correspondientes a gastos del ejercicio por un importe consolidado de 2074 millones y, por el contrario, se han imputado al presupuesto de gastos por
importe de 3303 millones que corresponden a ejercicios anteriores. Al cierre del ejercicio han quedado pendientes de reconocerse obligaciones por importe de 342 millones de euros, lo que supone el incumplimiento del principio de anualidad
presupuestaria. Los derechos reconocidos netos consolidados ascendieron a 439 615 millones de euros. Se han reconocido derechos en exceso en el presupuesto de 2015 por un importe neto de 426 millones. La Administración General del Estado y los
organismos públicos tienen pendientes de imputar derechos correspondientes a ejercicios anteriores por 64 y 176 millones de euros respectivamente. Como consecuencia de todo lo anterior, el resultado presupuestario consolidado por operaciones no
financieras imputable al ejercicio presentaría un menor déficit por importe de 1498 millones de euros y el correspondiente a operaciones financieras se hallaría minorado en 25 millones. El resultado presupuestario consolidado del ejercicio se
encontraría infravalorado en 1523 millones.
Por lo que se refiere al análisis del balance, parte del inmovilizado material de la Administración General del Estado no está soportado por inventarios completos, lo que afecta a la representatividad de los saldos reflejados en la cuenta
general del Estado y la Tesorería de la Seguridad Social. Sigue sin actualizar el inventario general de bienes y de derechos de la Seguridad Social. El inmovilizado material recoge por su coste histórico el valor de los inmuebles transferidos a
las comunidades autónomas y a los adscritos a las fundaciones hospital que figuran en los balances del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, del Instituto de Mayores y Servicios Sociales, Imserso, y del Instituto Social de la Marina por 3837
millones de euros, que continúan sin ser regularizados. Además, existen salvedades que afectan al inmovilizado de las confederaciones hidrográficas del Guadalquivir y del Guadiana, al Fondo Español de Garantía Agraria y al Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía principalmente. En el ámbito de las empresas destacan las salvedades que afectan a ADIF Alta Velocidad y al Grupo Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, Grupo ADIF, así como la deficiente forma en la que entidades del
sector público han aplicado la orden que regula aspectos contables para las entidades del sector público empresarial. Por lo que se refiere a las inversiones financieras, las salvedades se refieren esencialmente a la sobrevaloración del deterioro
de los créditos del Fondo de Financiación de Entidades Locales, a partidas procedentes de créditos concedidos por la Administración General del Estado a entidades del sector público administrativo y empresarial, a incidencias en el proceso de
consolidación por las operaciones de deuda pública en las que se materializa el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a la falta de consolidación de la deuda pública integrada en la cartera de valores de las mutuas. En cuanto a los deudores,
deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, el saldo de los créditos por pagos indebidos de prestaciones está afectado por deficiencias en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Imserso, el Instituto Social de la Marina y el Servicio
Público de Empleo Estatal. Se observa también la necesidad de una regularización por los pagos pendientes de aplicación derivados de la antigua normativa de pagos en el exterior y una sobrevaloración en el balance de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Respecto al patrimonio neto, destaca la reclasificación por 2557 millones de euros que procedería realizar en el epígrafe 'Otros incrementos patrimoniales pendientes de imputación a resultados', que recoge principalmente
las subvenciones de capital recibidas. Por lo que respecta a los acreedores, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar, se recogen obligaciones de diciembre de 2015 por importe de 9216 millones de euros derivadas de los gastos por las
prestaciones contributivas y no contributivas no imputadas al presupuesto por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Imserso y el Instituto Social de la Marina y las mutuas. Asimismo ocurre con 1660 millones de euros por prestaciones de
desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal, que al cierre del ejercicio de 2015 reunían todos los requisitos para que pueda efectuarse el acto administrativo de reconocimiento y la liquidación de la obligación y que forman parte de la acción
protectora del sistema de la Seguridad Social. Respecto a la cuenta del resultado económico patrimonial, se observan eliminaciones indebidas en el proceso de consolidación por importe de 481 millones de euros, correspondientes a la transferencia
realizada por las mutuas a la Tesorería General de la Seguridad Social para la dotación de la reserva complementaria de estabilización por cese de actividad. Adicionalmente, el resultado se encuentra infravalorado por un registro indebido de la
Confederación Hidrográfica del Miño-Sil y afectado por sobrevaloraciones de resultados de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y por incumplimiento de normas de registro y valoración por operaciones de
la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Por lo que se refiere al estado de flujos de efectivo, los cobros y pagos de las actividades de gestión de las entidades del sector público administrativo estatal están sobrevalorados en 453
millones como consecuencia de incidencias en el proceso de consolidación.
En relación con la memoria, se ha puesto de manifiesto en la Administración General del Estado la existencia de compromisos de gastos, que afectarán a ejercicios posteriores y que no han sido registrados como tales, por importe de 196
millones de euros. El Tribunal de Cuentas señala además que es necesario que figure en la memoria información sobre las contingencias más significativas. Destaca en particular que la misma no contiene información relativa a los riesgos derivados
de situaciones judiciales en las que se hallaban incursas al cierre del ejercicio fiscalizado distintas sociedades concesionarias de autopistas de peaje tras su entrada en concurso de acreedores. El riesgo máximo previsto por responsabilidad
patrimonial se estima en 3700 millones de euros. La declaración incluye también el seguimiento de las conclusiones del tribunal y de las resoluciones adoptadas por los plenos del Congreso de los Diputados y del Senado en relación con las
declaraciones de ejercicios anteriores.
Finalmente, como consecuencia de la presente declaración, el Tribunal de Cuentas propone a las Cortes Generales que insten al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para que se subsanen las salvedades y deficiencias que se incluyen en
esta declaración, de forma que la cuenta general del Estado refleje adecuadamente la situación económica, financiera y patrimonial, los cambios de patrimonio neto, los flujos de efectivo, los resultados del ejercicio y la ejecución y la liquidación
del presupuesto de grupos y entidades que la integran, de acuerdo con la legislación aplicable. En segundo lugar, que se apliquen las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas a lo largo de la presente declaración y se corrijan las
deficiencias puestas de manifiesto por el tribunal en las declaraciones de ejercicios precedentes que permanecen en la declaración del ejercicio 2015. En tercer lugar, que se pongan en práctica las resoluciones de los plenos del Congreso de los
Diputados y del Senado que proceden de declaraciones de ejercicios anteriores y que se mantienen sin adoptar. Y por último, que se fomenten las medidas legislativas tendentes a la reducción con carácter general de los plazos establecidos en la
actualidad para todos los trámites referentes a la cuenta general del Estado, con el objeto de que la emisión por el Tribunal de Cuentas de la declaración pueda anticiparse respecto a las previsiones establecidas en la actual legislación y se dote a
las Cortes Generales del pronunciamiento del tribunal en un plazo más breve y no alejado en exceso en el tiempo del ejercicio económico al que la cuenta general del Estado se refiera.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El señor Ten, que en estos momentos no está en la sala -ha manifestado que tenía que ausentarse para acudir a otra Comisión-, ha solicitado poder intervenir el último en relación con este punto. ¿Hay alguna objeción por parte de algún
portavoz? (Denegaciones). Esperaremos, pues, hasta el final y si no está, evidentemente, constará su no intervención.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
La declaración sobre la cuenta general del Estado es un informe que por su tamaño y densidad es imposible abordar en unos pocos minutos, de modo que voy a destacar dos de sus ejes fundamentales y plantearé algunas cuestiones. El primero
tiene que ver con las carencias en la contabilidad y en los inventarios y el segundo está relacionado con la situación financiera de la Seguridad Social.
Con respecto a la contabilidad, se reiteran carencias detectadas repetidamente en las declaraciones anteriores que hemos ido viendo en Comisión. Se continúa sin reflejar la totalidad de las cuentas de todas las entidades. El 1 % del sector
público empresarial no presenta las cuentas individualizadas y tampoco lo hace el 5 % de las fundaciones. Aun así, valoramos positivamente que haya disminuido el número de documentación recibida fuera de plazo y quiero preguntar al presidente del
Tribunal de Cuentas qué factores considera que pueden haber contribuido a ese descenso. Nos parece grave la falta de registro en el estado de liquidación de ingresos de las previsiones iniciales del capítulo 9, pasivos financieros, que ha citado el
presidente del Tribunal de Cuentas en su intervención, sobre todo por su cuantía. Los defectos en la ejecución presupuestaria se repiten también ejercicio tras ejercicio y provocan un desplazamiento temporal del gasto y quiero preguntar al
presidente del Tribunal de Cuentas por qué no se consiguen corregir esos defectos, tanto en la parte de gastos como en la de ingresos. Asimismo, persiste la falta de inventarios completos de una parte importante del inmovilizado material de la
Administración General del Estado y quiero preguntarle si considera que se requieren esfuerzos y recursos adicionales de las
administraciones públicas para solucionar esta cuestión. Y algo que también hemos visto en las anteriores declaraciones de la cuenta general es que en el activo del balance del sistema de la Seguridad Social continúa figurando el valor
contable de los inmuebles ya transferidos hace años a las comunidades autónomas. Del mismo modo, la Tesorería General de la Seguridad Social sigue sin disponer del inventario general de bienes y derechos de la Seguridad Social completo y
actualizado.
Estas cuestiones que el Tribunal de Cuentas reprocha en cada declaración anual deberían tener la fuerza suficiente para ser corregidas, pero parece que no es así. En el patrimonio neto de la Tesorería General de la Seguridad Social continúa
sin incluirse la constitución del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, a pesar de las recomendaciones efectuadas por este tribunal en declaraciones de ejercicios precedentes. Existen fundaciones cuyos presupuestos no figuran en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado del ejercicio, aunque la mala praxis se va reduciendo progresivamente. Y persisten también las discrepancias entre la contabilidad de la Tesorería de la Seguridad Social y la Administración General del Estado. En
la declaración figura que la Tesorería General de la Seguridad Social refleja en su balance a 31 de diciembre de 2015, entre otros, unos derechos frente al Estado por 3372 millones de euros mientras que el balance de la Administración General del
Estado a la misma fecha no incluye obligaciones recíprocas. Esta cuestión nos preocupa especialmente y quiero preguntarle por las consecuencias que estas discrepancias pueden tener para la Seguridad Social si siguen reproduciéndose a medio y largo
plazo.
Con respecto a la parte de seguimiento de las resoluciones, el sector público fundacional continúa manteniendo un elevado número de fundaciones que incumplen las obligaciones de publicar en el BOE los resúmenes de cuentas -doce de ellas-, lo
que representa un 30 % del total. La Tesorería General de la Seguridad Social no dispone de un inventario, como decía antes, de bienes y derechos de la Seguridad Social completo, actualizado y conciliado con las cifras registradas contablemente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, ¿considera que cinco años no son suficientes para haber concluido ya esta labor? Porque sabemos que hay una resolución conjunta de 2012 para depurar este inventario general que no ha concluido todavía.
Creemos que es muy importante exigir a la Administración General del Estado que aporte las previsiones presupuestarias y las transferencias correspondientes para pagar las prestaciones no contributivas, de modo que se logre el objetivo de separación
de fuentes de financiación en el sistema de la Seguridad Social. Esto a su vez permitirá evitar tensiones de liquidez.
Acabo mi intervención con tres puntos que mi grupo quiere destacar en esta declaración de la cuenta general del Estado. En primer lugar, es necesario hacer un esfuerzo importante para dar cumplimiento a las normativas que regulan las
relaciones de entidades del sector público con el Tribunal de Cuentas, sobre todo en lo referente a hacer llegar la documentación, reflejo contable y transparencia. En segundo lugar, nos preocupa el equilibrio en todo lo referente a la Seguridad
Social y el cumplimiento de las obligaciones con el pago de las pensiones de nuestros mayores. Y en tercer lugar, urge un acuerdo para continuar con nuestro sistema de reequilibrio social y nuestras pensiones, por lo que exhortamos a una reunión
urgente del Pacto de Toledo para que tome las medidas oportunas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez, sobre todo por su brevedad.
A continuación, tiene la palabra el señor Hurtado, por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, señor presidente.
Agradezco también la comparecencia del presidente del Tribunal de Cuentas en relación con la cuenta general de 2015. Parece que nos vamos poniendo al día después del tapón que tuvimos con las dos anteriores, 2013 y 2014.
¿Novedades? Relativamente pocas. ¿Positivo? En este caso, la presentación en tiempo y forma y que no exista ningún tipo de indicio de responsabilidad contable por parte del ministerio fiscal y de la Abogacía del Estado; son cuestiones
positivas. En anteriores cuentas ha habido algún tipo de indicio de responsabilidad que al final fueron archivadas, pero en este caso ni tan siquiera en los informes iniciales. ¿Negativo? Quisiera destacar que existen deficiencias en la cuenta
general, algunas voluntarias y otras menos voluntarias porque se producen por una inercia de atrás. Las voluntarias o intencionadas son las que quiero poner de manifiesto en primer lugar. El propio informe lo dice, por primera vez se hace una
valoración del nivel de seguimiento de las resoluciones aprobadas por el Congreso y el Senado con relación a las cuentas generales de 2011, 2012 y 2013. La valoración del propio tribunal es que es insuficiente, es decir, que de forma voluntaria no
se atiende a esas resoluciones. Lo considero preocupante
si queremos avanzar. Ya hicimos algún tipo de avance con respecto a la consolidación de la cuenta general de las distintas entidades que integran el sector público en la anterior cuenta general de 2014, pero tenemos que seguir avanzando.
Tenemos que seguir avanzando principalmente porque la cuenta general tiene que reflejar la imagen fiel, por una parte, del patrimonio, por otra parte, de la actividad económica y financiera y, por último, del presupuesto, la gestión y la liquidación
presupuestaria. Reflejar la imagen fiel de estos tres ejes principales es ya una obligación no solamente impuesta por nuestras normas, sino también por los ámbitos internacionales, puesto que nuestro sector público está continuamente siendo
valorado por parte de instituciones internacionales. Por tanto, la credibilidad de nuestras cuentas es fundamental para trasladar credibilidad en nuestro sector público y, en consecuencia, en el funcionamiento de nuestro Estado. Lo considero
preocupante y creo que deberíamos resaltar la valoración que por primera vez ha hecho el Tribunal de Cuentas y que considera insatisfactoria.
En segundo lugar, siguen sin integrarse cuentas generales de distintas entidades. Vamos avanzando poco a poco. En la anterior cuenta general de 2014 fueron catorce y en esta ya son diez las cuentas generales que no se integran. El
Ministerio de Hacienda ya establece sistemas sancionadores como retenciones de liquidaciones e incluso retenciones de entrega a cuenta de los fondos de financiación local cuando los ayuntamientos no presentan las cuentas, las liquidaciones o los
presupuestos. El propio Ministerio de Hacienda ya ha establecido un régimen sancionador y es incomprensible que entidades del sector público se estén negando a presentarlas. Se hace una valoración de ellas en el informe diciendo que no son
entidades de excesiva importancia, pero son diez entidades las que no integran sus cuentas. Independientemente de que se establezca el sistema sancionador, creo que el Tribunal de Cuentas debería incorporar en sus planes de actuación de forma
inmediata a estas entidades que no aportan las cuentas generales. Es una propuesta que hago y sobre la que me gustaría conocer la valoración que hace el presidente del tribunal. Habría que decirles: si ustedes no presentan la cuenta general,
serán fiscalizados en todo el ámbito patrimonial, presupuestario y de situación económicofinanciera en el próximo plan de actuación del Tribunal de Cuentas. Sería una forma de disuadir de esta inercia inadmisible de no presentar las cuentas por
parte de algunas entidades del sector público.
Luego hay otras que sí las presentan, pero también me preocupan. Algunas las presentan con un informe desfavorable de la Intervención General del Estado, como es el caso de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por segundo año
consecutivo. Ya lo hizo la Intervención General del Estado en la cuenta general de 2014 y lo vuelve a hacer en la cuenta general de 2015. Por eso, uno de los puntos que traemos hoy es la necesidad de fiscalizar a esa confederación hidrográfica, no
solamente en términos de contratación -que también los ponemos de manifiesto-, sino en cuanto a las razones por las que la Intervención General del Estado hace un informe desfavorable a sus cuentas generales. Sobre otras confederaciones, como la
del MiñoSil, la Intervención General del Estado prefiere no hacer ningún tipo de valoración, porque no dispone de la suficiente información para hacerla. Esta resistencia de unas a presentar sus cuentas y de otras a aclararlas suficientemente a la
Intervención General del Estado requiere una respuesta contundente, y creo que Tribunal de Cuentas puede tomar medidas en ese sentido y puede incluirlas en el plan de actuación para que tenga efecto disuasorio. Insisto en que es inadmisible y
contribuye a quitar credibilidad a la propia cuenta general del Estado.
Hay otra cuestión que me preocupa aún más, y me remito a la propia valoración que hace el Tribunal de Cuentas. Desde el año 2012 para acá se están inflando aposta por parte del Gobierno las previsiones de ingresos de cotizaciones -tanto a
la Seguridad Social como al SEPE- y de impuestos directos. Es una continua denuncia que venimos haciendo en los Presupuestos Generales del Estado y el propio Tribunal de Cuentas afirma de forma clara y evidente que las previsiones de ingresos de
los presupuestos desde el año 2012 al año 2015 son falsas. No lo quiero decir con esa rotundidad; retiro la palabra 'falsas', pero son previsiones sobrevaloradas, que no se ajustan a la realidad y que son incumplibles, y lo venimos diciendo.
Tratan de cuadrar el presupuesto a martillazos, inflando los ingresos para mantener los gastos. Por tanto, esa es una deficiencia no solamente voluntaria, sino hecha aposta y, desde luego, es una importante irregularidad.
Luego hay otras cuestiones, por ejemplo, a nivel presupuestario.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Es que es la cuenta general, pero voy a acabar, presidente, no vamos a entretenernos.
Las previsiones son inadmisibles también. Ya se ha apuntado que no se incluye el capítulo 9, pasivos financieros, como ingresos ni en la Administración General del Estado ni en la Seguridad Social ni en la Agencia Tributaria. No se está
incluyendo, con lo cual evidentemente los presupuestos no están completos.
Otra cuestión son las modificaciones presupuestarias. Según el informe del Tribunal de Cuentas, se han hecho modificaciones presupuestarias por 27 000 millones de euros. Han aumentado las modificaciones presupuestarias en un 6,3 % respecto
al año anterior, principalmente el Fondo de financiación autonómico y local. Por otra parte, el Ministerio de Defensa continúa requiriendo modificaciones presupuestarias por más de 850 millones de euros para compras de armamento que se repiten año
tras año con las famosas partidas ampliables. Así no se acaba de resolver una presupuestación irregular de gastos que, como dice la Ley General Presupuestaria, son gastos previsibles; no son gastos imprevisibles, que son los que justifican las
modificaciones de crédito.
Con respecto a las obligaciones reconocidas, llama la atención que son más de 3300 millones de euros los que se reconocen como obligaciones de ejercicios anteriores. Evidentemente, eso es una anomalía y una irregularidad a la hora de la
gestión presupuestaria y del reconocimiento de esas obligaciones. Además, se dejan de reconocer gastos que se imputarán a ejercicios posteriores por más de 2700 millones de euros. Por tanto el resultado presupuestario -el propio Tribunal de
Cuentas lo pone de manifiesto- no es ajustado o no reproduce la imagen fiel de la situación presupuestaria.
Con respecto a la situación patrimonial, al no existir inventario es obvio que no puede existir una imagen patrimonial cierta y fiel. Se reproduce la recomendación del Tribunal de Cuentas y se sigue poniendo de manifiesto que no existen
inventarios con valores actualizados, que la Seguridad Social sigue teniendo los activos que ya en su día se dio a las comunidades autónomas, que se sigue dotando un fondo de amortización en detrimento de recursos de la propia Seguridad Social. Es
decir, hay una gestión patrimonial ineficiente y por tanto el resultado de la misma no da un reflejo de la imagen fiel.
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, disposición de más de 13 000 millones de euros, lo cual significa una merma sustancial de esa hucha de las pensiones sin adoptar ningún tipo de medida de reformulación del modelo de financiación de la
Seguridad Social, o el endeudamiento del sector público por 909 000 millones de euros, con un aumento de más del 6 % con respecto al año anterior y que ha continuado, de hecho estamos ya en el cien por cien del PIB y hemos superado el nivel de
endeudamiento.
Concluyo con las cuestiones que afectan a las contingencias, que ha sido uno de los puntos que el presidente ha tratado y que desde luego nos preocupa sustancialmente; contingencias que deben figurar en memoria, con valoración no hecha en
todos los casos, pero sí en el caso de las empresas concesionarias de autopistas por 3700 millones de euros, pero evidentemente hay contingencias...
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, por favor, acabe ya.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir.
Hay contingencias; por ejemplo, la propia Fiscalía de Madrid ha puesto en entredicho y ha cuestionado las propias cuentas que presenta Acuamed. O por ejemplo lo que son las aportaciones del FROB en relación con litigios pendientes en las
entidades participadas o integradas en el propio FROB. Son contingencias de mucha cuantía económica, son contingencias que desde luego van a elevar mucho el coste de financiación de la reestructuración del sector bancario en este país, que hasta
estos momentos han estado valoradas en 60 000 millones de euros, y que probablemente desenmascaren cuál es el coste real, que puede que sea muy superior al que inicialmente se había estimado. Por cierto, el que inicialmente se estimó era de 0 euros
con cargo a los presupuestos del Estado y con cargo a los bolsillos de los contribuyentes.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
A continuación, como veo que ha llegado, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra -si toma aire- el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Muchas gracias por dejarnos intervenir, porque se me había pasado el turno. Quiero comentarle la cuenta general del Estado de 2015. Bienvenido, señor presidente. Vengo corriendo de una votación y la verdad es que me falta el aire.
La opinión del Tribunal de Cuentas que hoy debatimos aquí -me sabe mal haberme perdido la intervención, la he seguido un poco por streaming- pone el broche final al proceso presupuestario, y podemos ver la importancia de hacer de este
procedimiento un control efectivo y desde luego no un mero trámite. Sabemos que el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional básico, lo hemos defendido. Su finalidad es importante desde luego, pero su función se ve gravemente limitada por la
falta de voluntad de los sucesivos Gobiernos, que desatienden la obligación de hacer de esta institución un ejemplo de modernidad, agilidad y eficacia en el siglo XXI. El Grupo Parlamentario Ciudadanos aprobará la opinión del tribunal, la cuenta
general del Estado del año 2015, que evidencia desde luego el cumplimiento de la legislación aplicable y el fiel reflejo de la actividad económico-financiera del sector estatal y sus resultados, así como de la situación patrimonial al cierre del
ejercicio. Pero nos detendremos en analizar cómo dar más efectividad a este control y en algunas excepciones y salvedades que realiza el propio tribunal.
En primer lugar, el incumplimiento de las obligaciones de información y remisión de cuentas. Este año es un poco menor y nos alegramos de ello, son seis entidades cuyo incumplimiento se señala, y esto desde luego nos preocupa, porque nos da
la sensación de que puede haber malversación, puede haber mala gestión o puede haber muchísimos inconvenientes que no se controlan. No voy a hacer la relación porque ya lo estudia el informe.
El segundo problema ha sido más reiterado en distintas ocasiones por el propio tribunal, y es la contabilidad del inmovilizado. Hablamos de activos y hablamos de pasivos, señor Álvarez de Miranda. Desde luego hay un desorden considerable
en el registro y en el uso de los inmuebles del Estado. Por parte de los activos le puedo poner el ejemplo que está en el informe, como del Consejo Económico Social, el CES, que desde su creación en el año 1991 tiene una sede social en un inmueble
de titularidad del Ministerio de Empleo sin disponer de título jurídico. Por ello la fidelidad de las cuentas en lo que respecta a los epígrafes de inmovilizado intangible, material o inmobiliario es desde luego muy cuestionable.
De nuevo otro ejemplo en el patrimonio del Museo Reina Sofía. Está contablemente valorado en 293 millones de euros y el propio tribunal lo califica de incorrecto. Y es que a todas luces parece infravalorado, porque allí tenemos preciosas
obras, como el Guernica, que probablemente valga muchísimo más que esos 293 millones de euros. Estas cosas, esa falta de disciplina contable que hemos reiterado en muchísimas ocasiones de las entidades del sector público, dan cuenta de que puede
haber faltas mucho más graves, y además es que la incorrecta valoración de activos dificulta realmente tomar decisiones correctas. Me estoy acordando, por ejemplo, de la Operación Campamento, esta que vimos hace unos días y que lleva casi veinte
años dando tumbos por el tema de las valoraciones, por el tema de sacar unos terrenos.
Además el informe del Tribunal de Cuentas advierte de cuantiosos costes derivados, por ejemplo, del recobro de las deudas. Por el lado de los pasivos nos preocupa que haya una infravaloración de las deudas en riesgo. Hablamos de 197
millones por cotizaciones sociales, o hablamos de 192 millones por deudas aplazadas desde 1995. Además hay deudas por pagos indebidos de prestación a la Seguridad Social que a 31 de diciembre de 2015 se valoran en 346 millones, y el tribunal
perfectamente y con buen criterio advierte de que el deterioro de esa deuda por riesgo de cobro es históricamente de un 64 %, con lo cual hay 222 millones de euros que no están incluidos en esa memoria. Y es que el SEPE, el Servicio Público de
Empleo Estatal, ni lleva registro. Desde luego en Ciudadanos hemos insistido en que debemos mejorar, tanto el control sobre el pago de prestaciones para reducir estos errores y los pagos duplicados como el recobro de las deudas. Por otra parte,
apoyamos al Tribunal de Cuentas en su reclamación de que la memoria de esa cuenta general del Estado contenga información relativa a los pasivos contingentes. Volvemos a ejemplos que nos dan mucho coraje, como cuando estamos hablando de
responsabilidad patrimonial del Estado y estamos hablando, por ejemplo, de la quiebra de las concesionarias de autopistas de peaje, que aproximadamente se estima en más de 3700 millones de euros; dinero público al fin y al cabo y dinero que no va a
parar a los servicios básicos necesarios.
Por último -y voy terminando-, respecto a las modificaciones de crédito, suben un 41 % respecto a 2014 y además suponen un saldo consolidado de 27 250 millones de euros; es el importe más abultado, que corresponde a la aportación sobre todo
del FLA, del Fondo de Liquidez Autonómica, y eso también deja traslucir esa financiación paralela que estamos sufriendo, esa falta de reforma del sistema de financiación autonómica que desde 2014 no se ha solucionado por los grandes partidos. Y si
hablamos de opacidad me llama la atención -y termino- que el apartado de la cuenta de tributos cedidos por las comunidades autónomas sea un párrafo en todo el informe. No se ofrecen importes totales de cada una
de las fases de gestión de los tributos ni mayor detalle sobre un error que en los beneficios fiscales está sobrevalorado en 877 millones de euros. A este respecto, señor Álvarez de Miranda, me gustaría preguntarle si puede darnos algún
detalle más sobre ese error y su impacto en las cuentas generales del Estado.
Quisiera agradecer al presidente que, aun habiéndose pasado nuestro turno, nos haya dejado intervenir, y dar las gracias al señor Álvarez de Miranda por el trabajo que han realizado en estas cuentas generales del Estado significando todas
aquellas deficiencias que deberíamos corregir en el futuro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Para finalizar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Juncal.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.
Señor presidente del Tribunal de Cuentas, le doy la bienvenida a esta Comisión, donde comparece para informar sobre la cuenta general de 2015.
Voy a empezar casi por el final, no sin antes hacer hincapié en lo que decía el señor Hurtado: novedades pocas y no hay responsabilidades. Bajo ese prisma efectivamente hay pocas novedades y temas que se repiten -los iré comentando-, y en
segundo lugar, no se deducen responsabilidades. Y en general, como ha dicho el presidente, excepto las salvedades expuestas en el informe, la cuenta general representa fielmente la situación patrimonial del Estado. Decía que voy a empezar por el
final, por el tema de los plazos. El informe está fechado el 29 de junio de 2017 y hay que tener en cuenta que estamos analizando el año 2015, es decir, hasta el 31 de diciembre -el ejercicio termina el 31 de diciembre-, que allá por el mes de
junio de 2016 se produce la liquidación del impuesto y que después tiene que entrar el Tribunal de Cuentas. Por tanto creo que podemos jugar ahí un par de meses, si se quiere, pero no mucho más. Es decir, la realidad es la que es. El volumen
económico y el papel que llevan a cabo como consecuencia de ese volumen económico las 392 entidades del sector público generan un volumen que es difícil digerir o controlar en un tiempo significativamente menor. Nos tenemos que alegrar de que
hayamos desatascado esta Comisión y vuelvo a insistir en que ahora estarían prácticamente empezando a trabajar en el de 2016, porque hasta junio tiene que cerrar el ejercicio.
Decía el señor Hurtado que hay pocas novedades. Lamento que siga habiendo esa no coincidencia entre la Intervención General del Estado, que al fin y al cabo es la que presenta las cuentas, y el Tribunal de Cuentas respecto a
Radiotelevisión, dentro de SEPI, si consolida o no consolida. En relación con el capítulo nueve, pasivos financieros, también existe una discrepancia. El señor Hurtado decía que se inflan ingresos. Señor Hurtado, si se inflaran ingresos al final
tendríamos como resultado un mayor déficit presupuestario. Creo que no se ha hecho alusión aquí -si quiere, el presidente del tribunal podría apuntar algo- a la disminución, al control del déficit que se ha producido, y no solamente en este
ejercicio, sino en los ejercicios anteriores. Vuelvo a insistir en que si se hubiesen inflado los ingresos daría como consecuencia un mayor déficit. Por otro lado, también tenemos un resultado positivo en el resultado no financiero, que también
viene siendo positivo en los últimos ejercicios. Por eso esas cantidades que se citan, dentro del principio contable de importancia relativa, no tienen un mayor significado, desde mi punto de vista y desde el punto de vista del Partido Popular. De
392 entidades no se han integrado 11, de las que 5 no tenían obligación. Vuelvo a insistir que, respecto a ese principio de importancia relativa, no es corregible indudablemente. Estoy seguro de que ahí con el Partido Socialista y probablemente
con otros grupos podríamos llegar a un acuerdo para impulsar la medida a la que se refería el señor Hurtado, de que aquellas entidades que durante el ejercicio no presenten las cuentas a tiempo o no las presenten -a tiempo me parece excesivo, pero
sí las que no las presenten- fueran incluidas por el Tribunal de Cuentas de forma casi automática en el plan de inspección o el plan de ejecución en el ejercicio siguiente.
En cuanto al capítulo nueve, pasivos financieros, quisiera insistir en que no se introduce en presupuestos, pero que se puede obtener por diferencia de los capítulos de ingresos y de gastos. Se obtiene por diferencia, pero el criterio como
se sabe es que la Dirección General del Tesoro, que es la que controla la emisión de deuda, lo haga en funciones de tesorería; hacerlo al principio conllevaría después tener que hacer modificaciones presupuestarias en función de las necesidades de
tesorería. Y como eso es previsible y puede tener criterios de oportunidad, creo que es lo razonable.
En cuanto a la modificación presupuestaria, 27 000 millones, hay que tener en cuenta como se ha dicho que las aportaciones que hubo que hacer por necesidad -es decir, son imprevistos que surgen tanto para el FLA como para el Fondo de
Administraciones Locales- están perfectamente justificadas.
Vuelvo a insistir en que dentro del marco del volumen del importe global de las operaciones, que estamos superando los 400 000 millones de euros de presupuesto, no parece que sea una cantidad excesiva ni un desajuste importante o un error
importante en los cálculos. Siguen manteniéndose esas anotaciones o esas advertencias por el tema de ajustes por periodificación, pero todos los contables sabemos que a 31 de diciembre siempre hay problemas de imputación a un ejercicio o a otro.
Quisiera insistir en que se ha controlado el tema del déficit y que en temas de inventarios es reiterativo -no interpreten mal mis palabras-, en el sentido de que hay que seguir haciendo esfuerzos por parte de la Administración, por parte
del Gobierno y por parte de administraciones en general, porque también hay que incluir a las comunidades autónomas y a las administraciones locales, para mejorar toda la rendición de cuentas. Indudablemente, como dice el párrafo del informe del
Tribunal de Cuentas correspondiente a 2015, representa la imagen fiel, salvo las salvedades. Hay unas salvedades que he comentado por encima, porque no son -insisto- significativas.
En cuanto al tema de la Seguridad Social quisiera recordar al señor Martínez que en el Pacto de Toledo se está en conversaciones. No pertenezco a esa Comisión, pero conozco que está manteniendo trabajos, y que por tanto se analizarán dentro
de esa Comisión todas las cuestiones que nos preocupan a todos, como es el tema de las pensiones.
Por mi parte nada más. Le pido al presidente del tribunal una aclaración del tema del control del déficit de estos ejercicios y su evolución, por si estoy yo en un error, aunque creo que no, porque uno de los éxitos de la política económica
y de la recuperación que está teniendo el país es precisamente gracias a haber reducido el déficit de forma considerable, lo que nos está haciendo creíbles en el resto del mundo -ya estamos viendo cuáles son las consecuencias de no tener
credibilidad en el mundo financiero-.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal. Para finalizar y dar respuesta a las cuestiones planteadas por sus señorías, tiene la palabra el presidente del Tribunal de Cuentas.
El señor PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (Álvarez de Miranda García): Gracias, presidente.
Comienzo con la pregunta final del señor Juncal en relación con la situación de déficit en este ejercicio. El déficit como ustedes conocen perfectamente se situó en el 5,16 % del producto interior bruto en términos de contabilidad nacional.
El objetivo era del 4,2 % pero hubo una mejora significativa respecto del año 2014. Empiezo por este último punto no porque lo considere más importante, sino porque forma parte de un clásico en las presentaciones de estos informes sobre cuenta
general en la medida en que el tribunal considera que el verdadero debate importante en relación con las cuentas públicas es el debate establecido en términos de contabilidad nacional, y que tiene efectos ante la Comisión Europea, es decir ante la
rendición de las cuentas nacionales, que se produce de una manera mucho más ágil y rápida en cualquiera de los ejercicios, y por otra parte establece la posibilidad real de sanciones para las entidades que pertenecen a la Unión Europea y que
incumplen sus compromisos y sus obligaciones. Esa demanda planteada en esta Comisión de que la revisión de los datos en contabilidad nacional entre dentro del cometido del Tribunal de Cuentas es algo que se encuentra pendiente, y que ha sido
siempre reclamado porque consideramos que hacer todo el seguimiento sobre la regularidad contable -que es el trabajo que yo les presento hoy aquí- es muy importante, pero lo es también, y de una manera muy significativa, la vigilancia de la realidad
de esas cifras que se presentan y que deben contar con la revisión del control externo.
Continuando con lo que ustedes me han planteado -que son muchísimas cosas y difícilmente podré dar cumplida satisfacción a todas ellas-, he seleccionado algunas de las preguntas que ustedes me han hecho para intentar contestarlas.
Especialmente significativa es la pregunta que me ha formulado el señor Martínez en relación con los inventarios completos de la Tesorería General de la Seguridad Social y en general de toda la Seguridad Social. Me pregunta el señor Martínez si no
son suficientes las múltiples declaraciones de la cuenta general del Estado que señalan la falta del carácter completo de estos inventarios, y le tengo que contestar que tiene toda la razón. Indudablemente es mucho tiempo el que se mantienen las
discrepancias entre el Estado y la Seguridad Social respecto de los inmuebles y de los inventarios. Hay que hacer una advertencia en relación con este tema: aquí no existe exclusivamente un problema de desidia administrativa, lo que hay es un
conflicto jurídico que tiene que ser resuelto. Creo que hay un conflicto jurídico porque el Estado mantiene unas tesis respecto de estos inmuebles, la Seguridad Social -en la defensa del patrimonio único de la Seguridad Social- mantiene otras.
Obviamente hay
diferencias de criterio que no se han resuelto, y por lo tanto las autoridades que tienen la obligación de registrar en contabilidad no quieren renunciar a sus principios y mantienen una diferencia contable en la que tendría que haber
alguien que finalmente mediase y resolviera este problema de una vez. Es indudable que los inventarios deben estar perfectamente alineados y no recoger estas diferencias que se ponen de manifiesto de manera histórica.
En relación con una de las cuestiones que me han planteado prácticamente todos, las obligaciones de rendición de cuentas en plazo -que cada vez tiene una mayor exigencia para el sector público-, hay que tener en cuenta que su incumplimiento
puede constituir una responsabilidad para los gestores públicos en estos momentos. Creo que esa es la explicación de la mejora en los datos de rendición, de acuerdo con lo que me han preguntado ustedes. Me han preguntado a qué se puede deber una
mejora en la rendición de este ejercicio, y yo creo que indudablemente se debe a este hecho. De todas las discrepancias que existen en la rendición de cuentas, por una parte, están aquellas que no han sido integradas en la cuenta general del
Estado, que fundamentalmente se componen de aquellas cuentas que no han sido remitidas a tiempo a la Intervención General de la Administración General del Estado, y por lo tanto la Intervención General de la Administración General del Estado, a la
hora de elaborar la cuenta consolidada, no las ha incluido. Eso no significa que necesariamente no se hayan rendido; se han rendido con carácter posterior, no están integradas en la consolidación, pero la propia Intervención efectúa sobre estas
cuentas los procesos de revisión que hace sobre cualquier cuenta que se le rinde. Y por otra parte están aquellas cuentas que no han sido rendidas, a las que se refiere el señor Hurtado. Algunas de ellas son cuentas en liquidación -como puede ser
la de la Fundación para el desarrollo de la formación en las zonas mineras del carbón- y otras son cuentas que o no tienen actividad o tienen una actividad muy reducida. El planteamiento de proceder a la inclusión en los programas de fiscalización
individual de estas entidades puede ser una opción, es la opción que usted propone, y lógicamente si la Comisión mixta la respalda y se nos propone, lo haremos. Desde mi punto de vista entiendo que sería más conveniente no realizar sobre ellas una
fiscalización individual cuando no tengan la entidad suficiente como para justificar esa fiscalización, y sí englobarlas todas en un paquete para que sobre esas entidades pudieran hacerse comprobaciones que identifiquen las razones de no rendición.
Esto es algo que se ha hecho en el ámbito del sector público local cuando nos encontrábamos con índices de rendición muy bajos y tuvo efectos muy positivos. En el pasado se pusieron de manifiesto aquellas deficiencias que provocaban esa dificultad
de rendición. Por otra parte ustedes también saben -y lo hemos visto en la sesión pasada- que hay cuestiones relacionadas no con el régimen sancionador -que nosotros no tenemos-, sino con el régimen de multas coercitivas y de requerimientos
conminatorios, que indudablemente serían muy útiles en este tipo de casos, porque si hubiera alguna actitud o actividad por parte de gestores públicos que incumplieran sus obligaciones de rendición pudiendo haberlas cumplido, el apercibimiento y la
imposición de multas coercitivas a estas personas modificarían los datos de rendición que ustedes tienen. No obstante datos de rendición que creo que son mucho más positivos que los anteriores, y por otra parte, es altamente reseñable el hecho de
que en nuestro país se consoliden las cuentas públicas administrativas. Es el segundo año en el que nos encontramos con una rendición de cuentas consolidadas, y el segundo año en el que los ajustes y eliminaciones que se producen en este proceso de
consolidación proporcionan una mayor transparencia y fiabilidad a la cuenta general del Estado. A pesar de todas las deficiencias que aquí se han puesto de manifiesto que deben corregirse -en algunas de las cuales el tribunal hace especial hincapié
por su carácter importante-, no puede obviarse el hecho de que, ponderando el efecto de todas ellas, la declaración final del tribunal es una declaración de fiabilidad de las cuentas públicas. La fiabilidad de las cuentas públicas se ha mantenido
en estos años porque la Administración General del Estado funciona correctamente desde el punto de vista presupuestario y contable, con sus deficiencias, con deficiencias que afectan a las actividades de registro del inmovilizado, pero como en
cualquier ámbito del sector público. El talón de Aquiles de la contabilidad pública -lo estudiábamos siempre durante nuestros estudios universitarios- era cómo y de qué manera registraba los activos. No hay tanto problema en registrar las
operaciones corrientes, las compras, las ventas o lo que es la ejecución del presupuesto. El problema es registrar los activos cuando no están, como en el ámbito del sector privado, destinados a lo que sería el propio negocio empresarial, sino que
son activos que muchas veces tienen otro significado, no están vinculados a la consecución de ingresos, y hay que ver cómo se valoran estos inventarios. Hay un clásico. ¿Deberíamos revalorizar Las Meninas de El Prado y obtener una reserva por una
revalorización que nos permitiera hablar de que España funciona mucho mejor, cuando lo único que habríamos hecho habría sido apuntarnos en el patrimonio una operación que no sería muy razonable desde el punto de
vista de criterios de prudencia? De ahí que valorar, por ejemplo, cuestiones como las que ustedes han mencionado del Museo Reina Sofía son complicadas. Es cierto que hay un déficit de valoración del patrimonio del Museo Reina Sofía, pero
habría que ver hasta qué punto ese déficit debe acotarse teniendo en cuenta lo que yo les digo. Revalorizar inventario público de esa manera puede tener efectos contraproducentes. Yo creo que uno de los aspectos más importantes del desarrollo que
tiene la Intervención General de la Administración del Estado como centro directivo de la contabilidad es ajustar cómo debe registrarse el inmovilizado en el ámbito público. En la cuenta general del Estado, y quiero remarcarlo, no hemos dicho que
los inventarios sean incompletos. Los inventarios son completos. Lo que falta verdaderamente son labores de actualización que sean prudentes y que lo sitúen en el valor que deben tener.
En relación con las contingencias, lo que dice el tribunal es que tiene información para indicar la existencia de una eventual contingencia, pero que no tenemos tampoco los elementos necesarios para efectuar una efectiva valoración de las
mismas. Las estimaciones que se puedan hacer sobre contingencias en el ámbito de procesos judiciales muy complicados es un terreno en el que no podemos dar más precisiones de las que hemos dado. Además, en el caso de Acuamed, que es uno de los que
se han utilizado en esta Comisión para indicar que no se recogen las contingencias derivadas del proceso judicial relacionado con Acuamed, hay que tener en cuenta que, al estar bajo secreto de sumario, se desconoce el efecto que sobre las cuentas de
la sociedad pudieran tener las eventuales contingencias que se establecen sobre esta entidad. También hay que tener en cuenta, sobre las contingencias, en concreto lo que les he dicho sobre concesionarios de autopistas, que la declaración avisa
sobre la falta de información sobre el riesgo máximo, pero no queremos inducir a pensar que las cifras que se manejan sean una pérdida cierta. El elemento de advertencia de una contingencia es únicamente hacer referencia a una posibilidad máxima
que como máximo se puede alcanzar pero que no necesariamente se deba producir.
Me han planteado la estimación de beneficios fiscales que se comunica por las comunidades autónomas pero que no se puede comprobar por la Intervención General de la Administración del Estado las estimaciones realizadas al tratarse de
exenciones o bonificaciones autonómicas. Lo más probable es que se trate de un error de la información comunicada. Por tanto, habrá que depurar esa información.
Dentro de las múltiples preguntas formuladas, me han preguntado también sobre la existencia, en relación con las confederaciones hidrográficas, de una recurrente situación de falta de información o de una información deficiente. Esta es una
realidad que ha llevado a que en el pasado el Tribunal de Cuentas realizara múltiples fiscalizaciones sobre confederaciones hidrográficas. Por tanto, no hay ningún problema en volverlas a repetir. Nos tememos que las confederaciones hidrográficas
son organizaciones cuya estructura de decisión y de organización no es la más idónea o no reúne los mejores condicionantes para que en su seno se produzca una gestión ágil y lo suficientemente positiva, pero entendemos que puede ser de interés
realizar un esfuerzo como el que ustedes solicitan.
Yo creo que he respondido aquellas cuestiones de las que ustedes me han planteado sobre las que puedo en estos momentos darles datos. Únicamente puedo volver a lo que tradicionalmente figura en nuestros informes. La cuenta general está
recogiendo buena parte del trabajo que el tribunal ya ha hecho cuando ha fiscalizado individualmente cada una de estas cuestiones. Ustedes han sacado a colación las modificaciones presupuestarias que afectan, por ejemplo, a los programas especiales
de inversiones en armamento. Lo hemos dicho en el informe que ustedes han conocido. Efectivamente es un sistema de presupuestación que no es el adecuado, que incluso ha sido criticado en el ámbito judicial y que necesariamente debe corregirse. Lo
que estamos diciendo en nuestras propuestas de resolución sobre esas cuestiones concretas, como muchas de las que plantea el informe, es que se presenten parlamentariamente para que todas y cada una de ellas puedan quedar corregidas teniendo en
cuenta lo que les he dicho al principio, que no son simplemente deficiencias contables. Detrás de esas deficiencias contables hay diferencias de criterio que responden a conflictos jurídicos, muchas veces conflictos jurídicos que se están
intentando resolver desde hace muchos años y que no se han conseguido todavía resolver, pero entendemos que la obligación de los administradores públicos es llegar a una solución pronta para que nuestras cuentas públicas sean absolutamente
transparentes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Álvarez de Miranda.
Si les parece a sus señorías, suspenderemos la sesión por dos minutos para despedir al presidente del Tribunal de Cuentas y proseguir con el orden del día. (Pausa).
PROPOSICIÓN NO DE LEY:
- RELATIVA A LA NECESIDAD DE ANEXAR A LOS EXPEDIENTES DE FISCALIZACIÓN DEL TRIBUNAL DE CUENTAS OTROS DOCUMENTOS DE INTERÉS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 161/001346 y
número de expediente del Senado 663/000014).
El señor PRESIDENTE: Señorías, proseguimos con el orden del día advirtiéndoles que esta Presidencia tiene que ser inflexible con los tiempos puesto que si no, no conseguiremos acabar esta Comisión. Así, sin más dilaciones pasamos al debate
de la proposición no de ley relativa a la necesidad de anexar a los expedientes de fiscalización del Tribunal de Cuentas otros documentos de interés.
Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.
La bondad de nuestra propuesta radica en que en la actualidad los informes de fiscalización que llegan a la Comisión Mixta Congreso-Senado para las relaciones con el Tribunal de Cuentas, como todos los miembros sabemos, incluyen el informe
de fiscalización realizado por el Tribunal de Cuentas acompañado de las correspondientes recomendaciones o alegaciones de las administraciones u órganos de gestión que han sido fiscalizados. Sin embargo, de la experiencia de todas las sesiones de
esta Comisión a lo largo del tiempo, echamos en falta que los correspondientes expedientes que llegan a las Cortes Generales -puesto que se trata una Comisión Mixta- se pueden acompañar del estado de situación en que se encuentren los informes tanto
del ministerio fiscal como de la Abogacía del Estado. Consideramos que contienen información muy relevante del alcance de esa fiscalización produciéndose, además, una situación de agravio comparativo entre la información de la que disponen los
miembros del Consejo del Tribunal de Cuentas y la que disponen los senadores y diputados que formamos parte de las Cortes Generales. Somos conscientes de la importancia de garantizar los derechos a la información y a preservar la información de
aquellas administraciones y órganos de gestión que están siendo sometidos a fiscalización pero ello no debe ser un obstáculo para que podamos equilibrar y ampliar, en la medida de lo posible, esa información. Ello descansa en la necesidad de
conciliar, como digo, el derecho de información que tienen unos y otros: el Tribunal de Cuentas y los diputados y senadores. Los informes y los dictámenes preceptivos que elaboran el ministerio fiscal y la Abogacía del Estado se emiten, no hay que
olvidarlo, bajo el principio de legalidad y que contienen información sensible e importante sobre indicios de presuntas responsabilidades a veces contables, a veces administrativas y otras veces penales. Entiendo que para los diputados y senadores
que valoramos los informes de fiscalización -que, posteriormente, son la base de la información con la que nosotros realizamos nuestras propuestas de resolución- es importante conocer, desde ese punto de vista jurídico, esos dictámenes para poder
hacernos una idea rigurosa del alcance de las fiscalizaciones realizadas. Por tanto, aunque somos conscientes de que actualmente la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas se está cumpliendo escrupulosamente en cuanto a la información que nos
llega, como no puede ser otra manera, sí queremos a través de está proposición no de ley lograr un acuerdo de toda la Comisión para que pueda acompañarse esa información del estado en el que se encuentren en ese momento esos informes. Sabemos que
es importante precisar exactamente el momento en que se dispone de la información actualizada puesto que los informes van evolucionando a lo largo del tiempo ya que, además, el alcance de la responsabilidad en un alto porcentaje de dichos informes,
casi en un 90 %, ha sido archivada. Ello no obsta para que en el momento en que nosotros valoramos ese informe para elevar las propuestas de resolución sepamos exactamente en qué estado se encuentra.
Concluyendo, insistimos en la necesidad de que los informes de fiscalización que nos remite el Tribunal de Cuentas, que comprenden su propia tarea fiscalizadora, junto con las alegaciones de los órganos u administraciones fiscalizadas, se
acompañen de los correspondientes informes del ministerio fiscal y la Abogacía del Estado, en el estado en que se encuentren -por supuesto, siempre garantizando la protección de los derechos de las personas o entidades afectadas- para que podamos de
una forma rigurosa participar y basar con responsabilidad la actuación que tiene encomendada la ley a esta Comisión Mixta Congreso-Senado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
En la actualidad el Tribunal de Cuentas remite a las Cortes Generales unos informes de fiscalización que incluyen ese informe aprobado por el Pleno del Tribunal de Cuentas y, además, se anexa una cantidad de detalles, datos, cuentas y
balances de la entidad fiscalizada. Además, reconocemos el enorme mérito y trabajo que hay detrás de los informes pero echamos de menos que su redacción sea más clara y mucho más directa. El presidente del Tribunal de Cuentas nos ha comentado en
varias ocasiones que no era su cometido juzgar políticas, que le pedíamos que fuera más allá de su competencia pero no lo creo así, en mi opinión el Tribunal de Cuentas es nuestros ojos. Además, le pedimos que en esos informes se incluya una lucha
contra la corrupción y el despilfarro. El artículo 136.1 de la Constitución es claro, el Tribunal de Cuentas es el supremo órgano fiscalizador de las cuentas y, además, de la gestión -repito, de la gestión- económica del Estado. Hemos oído aquí
ejemplos de informes de otros tribunales que vienen precedidos de una serie de preguntas claras que intentan esclarecer e incluyen resúmenes ejecutivos y abundante infografía. Es frecuente que a esta Comisión lleguen, aunque sea tarde, muchísimos
ejemplos de mala gestión, de fraccionamiento indebido de contratos, de decisiones administrativas, etcétera. No debemos caer en estos errores, aunque tardemos y la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista así lo ha reflejado. Estamos
completamente de acuerdo con esta propuesta, nuestro grupo parlamentario así lo ha expresado en varias ocasiones, y, además, presentó hace poco tiempo una proposición no de ley que va en la línea de mejorar nuestro Tribunal de Cuentas,
modernizándolo y regenerándolo. Entre otras cosas en esa proposición no de ley que hemos presentado pedíamos aumentar la transparencia en el procedimiento de redacción de los informes y revisar el formato y contenido de los informes de
fiscalización del Tribunal de Cuentas así como su presentación ante la Comisión Mixta.
El artículo 44 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece que esos informes de fiscalización se trasladarán al ministerio fiscal y a la Abogacía del Estado para que formulen lo que estimen pertinente. Reitero que
Ciudadanos coincide plenamente con el Grupo Socialista en que en su presentación puede contribuir con una información más útil, más interesante y necesaria para garantizar el trabajo parlamentario que realizamos en esta Comisión y, además, dar
muchísima más transparencia a los trabajos que realiza el Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario de Podemos tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente, buenos días a todos y a todas.
Parto de la base de que los informes que nos presentan en esta Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de Cuentas ya son bastante extensos pero ciertamente útiles para ser analizados por parte de los diputados, diputadas,
senadores y senadores del Congreso y el Senado. Es verdad que muchas veces, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, echamos en falta la trazabilidad de estos informes; es decir, poder hacer un seguimiento de la previa
pero sobre todo también de las consecuencias que se derivan de los informes que nos presenta el Tribunal de Cuentas en esta Comisión. En ese sentido, ciertamente, creo que una parte importante de los grupos parlamentarios compartimos que en estos
momentos seguramente hay que repensar la función y los trabajos que debe llevar a cabo el Tribunal de Cuentas. Seguramente, debe de ir un paso más allá de lo que hoy se hace porque muchos de los informes y sus consecuencias jurídicas y
administrativas nos las encontramos después en prensa y, en cambio, han pasado por esta Comisión sin que se haya detectado unas irregularidades que después sorprenden al conjunto de la sociedad española.
La propuesta que nos presenta hoy el Grupo Socialista nos parece sensata, coherente y útil, por lo tanto, votaremos a favor. Es verdad que acompañando los informes del ministerio fiscal y también los informes del abogado del Estado
tendremos una visión global completa de toda la situación de cada uno de los informes y, evidentemente, colaborará a garantizar la transparencia necesaria de este organismo. Para acabar, es cierto que en numerosas intervenciones, desde el Grupo
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea terminamos preguntando al presidente del Tribunal de Cuentas sobre la trazabilidad jurídica y de fiscalía de la mayoría de sus informes y de sus responsabilidades derivadas. Con lo cual, si
pudiéramos tener acceso y se acompañaran este tipo de informes nos parecería que sería dar un paso más hacia la función de fiscalización que debe de tener una Comisión como esta.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley plantea instar al presidente y a la comisión de gobierno del Tribunal de Cuentas anexar a los expedientes de fiscalización del Tribunal de Cuentas que se eleven a las Cortes otros documentos de interés, en concreto
tanto el informe emitido por el ministerio fiscal como el informe emitido por la Abogacía del Estado, para de esa manera tener una información más completa en los expedientes de fiscalización del Tribunal de Cuentas a tratar en la Comisión Mixta
Congreso-Senado para la relación con el Tribunal de Cuentas. Desde el Grupo Popular, en principio compartimos que los miembros de la Comisión Mixta Congreso- Senado cuenten con toda la información y todos los elementos de juicio necesarios para
poder realizar en las mejores condiciones posibles su función en relación con los informes de fiscalización. De hecho, estos informes en ocasiones se remiten por el Tribunal de Cuentas a los miembros de la Comisión Mixta cuando así se le solicita a
efectos de facilitar su trabajo. Ahora bien, la cuestión que ahora se plantea es que nos encontramos ante una materia que ya está regulada en la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, de 5 de abril de 1988, en su artículo 44 en los
apartados 3 y 4.
En el apartado 3 del artículo 44 se establece que la intervención tanto del ministerio fiscal como del servicio jurídico del Estado formaría parte de la tramitación interna de los informes de fiscalización. Y el apartado 4 del artículo 44
establece de forma muy clara cuál es la información que debe remitirse a las Cortes Generales con los informes de fiscalización para su tramitación parlamentaria. Y este precepto señala lo siguiente -y cito literalmente-: 'La sección de
fiscalización deliberará sobre el citado proyecto y lo someterá a la aprobación del Pleno del Tribunal. Obtenida aquélla, el resultado de la fiscalización se integrará en la Memoria o Informe anual que el Tribunal debe remitir a las Cortes
Generales para su tramitación parlamentaria o se elevará, en su caso, con independencia de aquélla, a las Cortes Generales'. Y a continuación señala: 'El Informe aprobado por el Tribunal de Cuentas deberá contener cuantas alegaciones y
justificaciones hayan sido aducidas por la persona o entidad fiscalizada'. Es decir, la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas ya indica que el pleno del Tribunal de Cuentas debe remitir a las Cortes Generales el informe de fiscalización
aprobado por el pleno junto con las alegaciones y las justificaciones que hayan sido aducidas por la persona o entidad fiscalizada. Por lo tanto, desde el Grupo Popular entendemos no es posible desde un punto de vista jurídico que una proposición
no de ley altere lo dispuesto en un texto legal, creando la obligación de anexar con carácter general a los informes aprobados por el pleno del Tribunal de Cuentas documentos como los informes emitidos por el ministerio fiscal y la Abogacía del
Estado que, según la ley, corresponde a la tramitación interna de los informes de fiscalización pero que no se incluyen legalmente dentro de la documentación que debe ser remitida a las Cortes Generales.
Por otro lado -y a mayor abundamiento-, también hay que señalar que aunque en el Tribunal de Cuentas el órgano de relación permanente con la Comisión Mixta es la comisión de gobierno y el presidente tiene atribuida la función de representar
al Tribunal de Cuentas, sin embargo la función fiscalizadora no corresponde a estos órganos, ni al presidente ni a la comisión de gobierno sino que corresponde al pleno -según el artículo 21.3 a) de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas, de 12 de
mayo de 1983-. Además, según el artículo 3 c) de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas es al pleno del tribunal a quien corresponde aprobar las memorias, informes, mociones o notas a las que pudieran dar lugar los procedimientos de
fiscalización. Por tanto, es el pleno el encargado de elevar los informes de fiscalización a las Cortes Generales junto con la documentación que proceda. Por ello, tampoco es posible desde un punto de vista jurídico que esta proposición no de ley
altere el orden de atribuciones y competencias legalmente establecido entre los distintos órganos del Tribunal de Cuentas, encomendando al presidente y a la comisión de gobierno anexar informes a los expedientes de fiscalización y elevarlos a las
Cortes Generales cuando resulta que esta competencia corresponde, en todo caso, al pleno del Tribunal de Cuentas.
Por todo ello, la postura de nuestro grupo por razones de estricta legalidad es contraria a esta proposición no de ley ya que, a nuestro juicio, entraría en contradicción y alteraría lo establecido en diferentes preceptos relativos a la
normativa reguladora del Tribunal de Cuentas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
DEBATE DE LAS SIGUIENTES SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN:
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR DURANTE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014 Y
2015, ESPECIALMENTE CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA QUE SE HAN FORMALIZADO POR ESTA ENTIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000006 y número de
expediente de Senado 772/000009).
El señor PRESIDENTE: A continuación vamos a pasar a debatir solicitudes de informes de fiscalización. En primer lugar, se debatirá la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe del citado
tribunal la fiscalización de los contratos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, especialmente con relación a los contratos de emergencia y urgencia que se han formalizado por esta entidad.
La presentación de esta iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Socialista.
Quiero hacer una salvedad al respecto. Se ha presentado una propuesta de transacción por parte del Grupo Parlamentario Popular. Todas sus señorías saben que esta es una Comisión con un funcionamiento distinto al resto de las constituidas
en el Congreso de los Diputados. No está prevista en el Reglamento como tal la presentación de enmiendas a las solicitudes de fiscalización. Se han examinado los precedentes y se han encontrado dos cuestiones similares en las que se tramitó como
propuesta de transacción. Por lo tanto, solo se podrá votar la transacción si lo acepta el grupo proponente de la solicitud. Lo digo a los efectos de que cuando se vote la solicitud del informe se hará -si no hay aceptación- en los términos en los
que se ha formulado. Es decir, si por parte del Grupo Parlamentario Socialista no hubiera aceptación de la propuesta del Grupo Parlamentario Popular, se votaría la propuesta de fiscalización en los términos formulados. Espero que a lo largo del
debate se explicite por parte del grupo proponente si se acepta o no se acepta la transacción del Grupo Popular.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Esta es una iniciativa que pretende tener desde el Parlamento el apoyo y las herramientas necesarias para ejercer el control de fiscalización que nos corresponde, en este caso, de una entidad como es la denominada Confederación Hidrográfica
del Guadalquivir. Nuestro mecanismo de control lo hemos venido utilizando y en concreto hemos requerido al Gobierno información sobre contratos de adjudicación desde los años 2012 a 2015 de esta entidad y hemos recibido información. Por eso,
abundamos en la necesidad de control de esta gestión. La información que hemos recibido es muy preocupante porque la información que nos aporta el Gobierno es una relación de treinta y nueve contrataciones de la confederación hidrográfica durante
el periodo señalado que ascienden a más de 27 millones de euros. En principio, todos diríamos: Normal que el valor de los treinta y nueve contratos sea de 27 millones. ¿Qué es lo anormal y que el propio Gobierno reconoce en la información
solicitada? Lo anormal es que el procedimiento utilizado para estos treinta y nueve contratos, por un valor de 27 millones de euros, haya sido un procedimiento de emergencia. Como sus señorías conocen, hay tres tipos de procedimientos de
contratación: el normal y ordinario, que requiere los pliegos de condiciones, la publicación, la presentación de ofertas y los procedimientos y resoluciones de adjudicación que garantizan la publicidad, el mérito y, evidentemente, la competencia
entre las distintas empresas que puedan ser valedoras de la adjudicación de esos contratos. Luego están los procedimientos de urgencia, donde se requiere la apertura de un expediente de contratación, pero reduciéndose sustancialmente los plazos y
donde la entidad recaba, como mínimo, tres ofertas de tres empresas distintas para poder prestar el servicio, con un procedimiento mucho menos dilatado, más reducido. Por último, está el procedimiento de emergencia que significa que ni siquiera hay
que abrir expediente de contratación, es una adjudicación a dedo, directa, y la emergencia, evidentemente, tiene que estar justificada y se tienen que dar las razones precisas valedoras para utilizar este procedimiento ultra extraordinario; el de
urgencia ya es extraordinario, pero el de emergencia es mucho más extraordinario y debe utilizarse en casos muy concretos, como catástrofes, en los que se requiere inmediatez en la actuación por parte de una entidad. Pues bien, se han contratado
treinta y nueve adjudicaciones por el procedimiento de emergencia durante este periodo de tiempo, por un importe de 27 millones de euros, y el objeto de la contratación va desde la compra de vestuario a la reparación de aire
acondicionado o la contratación de agentes de seguridad. Desde luego, esa información que nos aporta el Gobierno en la contestación a una pregunta escrita nos hace abundar más en ello, porque son indicios muy claros y evidentes de
irregularidad en esa contratación.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que ir acabando.
El señor HURTADO ZURERA: Voy a concluir.
Por tanto, pedimos que sea el Tribunal de Cuentas el que vea con detalle todas esas contrataciones durante este periodo y que se pronuncie al respecto. Desde el Parlamento necesitamos el apoyo del Tribunal de Cuentas para ejercer el control
que nos corresponde a diputados y diputadas, senadores y senadoras, sobre unas presuntas irregularidades que se pueden haber cometido en esa entidad. También hemos preguntado por qué se cesa en concreto al presidente de la confederación
hidrográfica en el mes de abril de este año sin dar ningún tipo de razón al respecto o por qué, abundando en esas irregularidades, el propio tribunal ha señalado que las cuentas generales de esta entidad del 2014 y del 2015, que acabamos de ver,
tienen informes desfavorables de la Intervención General del Estado. La única entidad de todo el sector público que tiene informes desfavorables.
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, tiene que acabar ya. He dicho que iba a ser inflexible con el tiempo.
El señor HURTADO ZURERA: No nos negamos, en absoluto, a la propuesta que nos hace el Partido Popular. Nosotros incluimos este informe de fiscalización por parte del tribunal desde el año 2012 al 2015. Digo más, si se pudiese actualizar
hasta el 217, mejor; con lo cual, la ampliación sería del 2008 al 2017.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Mena.
El señor MENA ARCA: Gracias, presidente.
Sobre la petición de fiscalización que plantea el Grupo Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea la apoyará en base a dos hechos: el primero, que no se ha hecho una fiscalización específica
hasta la fecha frente a las que sí se han hecho anteriormente sobre otras confederaciones hidrográficas, como pueden ser la del Tajo y también la del Norte. El segundo, que en las otras confederaciones aparecieron problemas importantes en la
gestión de sus bienes y en la contratación que podrían ser similares en el caso del Guadalquivir, aunque hay que tener en cuenta que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, como todos los organismos públicos, remite al Tribunal de Cuentas
todos los años los contratos que superen el importe establecido por la Ley de contratos y el tribunal los fiscaliza y realiza un informe sobre la contratación. En el ejercicio 2012 hizo un informe del sector público estatal y en el 2013 uno
separado de la administración económica. En ambos informes viene un apartado específico para la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, así como de las ocho confederaciones restantes. En ninguno de los informes del 2012 y del 2013 se pone de
manifiesto la incidencia de la emergencia y urgencia en la Confederación del Guadalquivir, aunque sí en la del Tajo, incidencia que fue puesta de manifiesto por la intervención delegada y que se debió a la falta de crédito presupuestario en el
ejercicio 2012 o a la mala gestión presupuestaria. Esta mala gestión es posible que se realice en todas las confederaciones, por lo que sería más razonable solicitar una fiscalización horizontal sobre las contrataciones de emergencia y urgencia
previstas en las leyes, con el objeto de que se ofrezcan recomendaciones de cambios legislativos que regulen estos supuestos, así como recomendaciones que mejoren el control interno y la gestión presupuestaria.
Por tanto, por estos dos argumentos, desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votaremos a favor de la solicitud del Grupo Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mena.
Por el Partido Popular, tiene la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Popular, como señalaba el señor Hurtado, hemos llegado a un acuerdo con el Grupo Socialista, intentando que la propuesta tenga un cierto carácter objetivo, porque lo que preocupa en el
Grupo Popular es que nos convirtamos en una especie de entidad que, de forma paralela, vaya haciendo una planificación de los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas. El tribunal hace una labor señalando cuáles van a ser los
informes que realiza cada año y pienso que tenemos que ser extremadamente rigurosos a la hora de modificar esa propuesta del Tribunal de Cuentas una vez que es debidamente aprobada. Entonces, entendemos que debe ser muy restrictiva la incorporación
de nuevos informes a los que va a analizar el Tribunal de Cuentas y, desde luego, deben utilizarse criterios, como digo, de una cierta objetividad, porque el criterio que utilizaba el Partido Socialista es que se fiscalicen los años de gestión del
Partido Popular en la confederación hidrográfica y tampoco parece que ese sea un criterio excesivamente objetivo. Lo ampliamos para que sea un informe de fiscalización sobre la última década de actuación de la Confederación Hidrográfica del
Guadalquivir.
De todas maneras, como digo, creo que esta cuestión debemos plantearla con un cierto carácter restrictivo porque, a nuestro juicio, no tiene demasiado sentido andar a golpes individuales de solicitudes de fiscalización, sobre todo porque,
como ya se puso de manifiesto en las intervenciones precedentes, la fiscalización de la actuación contractual de las confederaciones ya ha sido objeto de análisis en anteriores informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas; es decir, el
Tribunal de Cuentas ya fiscalizó, dentro del control de la contratación del sector público, la contratación de las confederaciones hidrográficas y, por tanto, podemos estar cayendo en el riesgo de reiterar o duplicar los informes de fiscalización
que está llevando a cabo el Tribunal de Cuentas.
No obstante, en aras de llegar a un consenso o a un acuerdo en este sentido, planteamos esta propuesta de modificación que fue aceptada por el Partido Socialista. Pero, repito, entendemos que el criterio para incorporar nuevos informes de
fiscalización debe ser restrictivo y, sobre todo, debe responder a razones objetivas; que haya cierta objetividad y cierta racionalidad y no andar a golpe de intereses particulares y partidistas para incorporar otros informes al plan de
fiscalización que aprueba el pleno del Tribunal de Cuentas.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES Y LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL METRO LIGERO OESTE DE MADRID Y DEL TRANVÍA DE
MURCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000007 y número de expediente del Senado 772/000010).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos al debate de la siguiente solicitud de fiscalización, relativa a las inversiones y los gastos de mantenimiento del metro ligero oeste de Madrid y del tranvía de Murcia, presentada por el Grupo
Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra la señora Merchán para su presentación.
La señora MERCHÁN MESÓN: Gracias, presidente. Señorías, buenos días.
El 25 de junio de 2013 en esta Comisión se aprobaba, a propuesta del Grupo Parlamentario Popular, la solicitud de un informe de fiscalización sobre las inversiones y gastos de mantenimiento de los tranvías construidos en diversas ciudades
españolas, en particular Parla, Zaragoza, Jaén y Vélez-Málaga. Los argumentos que se daban para justificar la realización de estos informes eran que se trataba de importantes inversiones para los municipios, destacando el elevado coste de las
mismas en relación con los presupuestos municipales, la falta de usuarios de los mismos, el coste del servicio y se demandaba, por tanto, un ejercicio de transparencia. Durante el debate de esa iniciativa el portavoz del Grupo Socialista pidió
incluir en este listado otras dos infraestructuras de transporte, el metro ligero oeste de Madrid y el tranvía de Murcia, dado que se ajustaban a los argumentos esgrimidos por el proponente de la iniciativa. Esta propuesta fue rechazada por el
Partido Popular y cuatro años después en esta Comisión se ha debatido el oportuno informe sobre los tranvías de Parla, Jaén, Zaragoza y Vélez-Málaga que causalmente -y aquí se acaban de hacer alusiones a estas cuestiones- compartían otra
característica que era que en ese momento eran gobernadas por el Partido Socialista, a diferencia de los municipios afectados por el metro ligero oeste de Madrid, Boadilla, Pozuelo y la ciudad de Madrid, y Murcia, que no eran gobernadas por el
Partido Socialista. (La señora Moreno Ruiz: ¡Sí, señora!). Desde luego, entendemos que la
transparencia no puede ejercerse ni demandarse de parte y por ello el Grupo Parlamentario Socialista trae hoy, ya no como una enmienda, sino como una propuesta formal, la solicitud del pertinente informe de fiscalización relativo a las
inversiones y gastos de mantenimiento del metro ligero oeste de Madrid y el tranvía de Murcia, atendiendo, además, al comentario que acaba de hacer el portavoz del Grupo Popular, solicitando informes sobre la base de criterios objetivos, que son los
esgrimidos en aquel entonces.
¿Y por qué estas dos infraestructuras? Vamos a hacer un poco de memoria. Comenzaré por el tranvía de Murcia, una obra de grandes magnitudes para dar servicio a dos universidades, una pública y otra privada, y a unos centros comerciales,
pero sin cubrir necesidades del municipio tan importantes como la accesibilidad al hospital de Arrixaca. El tranvía, de ámbito local exclusivamente, tiene un coste anual para las arcas municipales de 9 millones de euros, a los que se añade la deuda
de más de 200 millones de la empresa concesionaria que ha sido adjudicada al ayuntamiento por tratarse de un transporte urbano. Además, el Ayuntamiento de Murcia, como sabrán ustedes, se encuentra intervenido. En el caso del metro ligero oeste de
Madrid la historia da para bastante, pero, dada la limitación de tiempo, me concentraré en un par de cuestiones. El penúltimo o último episodio ha tenido lugar la semana pasada cuando la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se personó en la
Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid para solicitar documentación sobre las obras de esta infraestructura. Entendemos que, tras la realización de una infraestructura, y más de esta envergadura, se realiza una auditoría. Siendo más
exhaustivos, podríamos realizar una evaluación, pero no parece normal que la revisión de los documentos los haga la Guardia Civil y es que el motivo de este requerimiento policial es la existencia de sospecha de trato de favor en las adjudicaciones;
unas adjudicaciones en las que, además, participaron personas que están o han estado en prisión y están siendo investigadas en sumarios conocidos por todos.
Como decía, este es el último o el penúltimo episodio, pero es que cuando en 2013 propusimos la realización del informe, la UCO no había intervenido aún, lo hicimos precisamente con los mismos argumentos utilizados para los tranvías de las
ciudades que he mencionado anteriormente. Se trata de una infraestructura deficitaria y con un número ínfimo de viajeros. Sería oportuno conocer el coste real de la concesión por obra -que no se conoce-, el coste de la subvención por billete -que
se estima en un 95 %-. Es una infraestructura que al ser interurbana el coste lo asume la Comunidad de Madrid por más de 100 millones al año.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señora Merchán.
La señora MERCHÁN MESÓN: Es necesario, además, disponer de estudios rigurosos sobre, como decía, el número de viajeros y el coste de la obra, y averiguar y estudiar otras irregularidades supuestas, como que se adjudicaron las obras sin
declaración de impacto ambiental, se modificó el trazado de manera que la obra licitada no se correspondía con la adjudicada y, además, quiero señalar que es una infraestructura que va a ser abordada en la Comisión de Endeudamiento de la Asamblea de
Madrid, puesto que los tres grupos de la oposición han manifestado su voluntad en este sentido. Por consiguiente, entendemos desde el Grupo Parlamentario Socialista que no se justificaría más que el voto favorable a este informe de fiscalización
porque se dan las mismas circunstancias que motivaron los informes anteriores y, además, en el caso del metro ligero oeste de Madrid la situación todavía es más alarmante.
Nos parece urgente y necesario -y ya concluyo, presidente- que el Tribunal de Cuentas incluya la fiscalización de estas infraestructuras en su plan de fiscalización a ser posible antes de que pudieran prescribir incluso posibles delitos o
responsabilidades, en el caso de que los hubiere.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Unidos Podemos, tiene la palabra la señora Palencia.
La señora PALENCIA GARCÍA: Buenos días, señorías.
Nuestro grupo cree oportuna esta solicitud de fiscalización de ambos organismos. Hemos visto cómo en anteriores informes sobre transportes urbanos e infraestructuras afloraban grandes déficits y siempre estaremos a favor de poner la lupa en
cualquier ámbito donde se trate de financiación de infraestructuras con dinero público, con dinero de toda la ciudadanía, pero más aún si el órgano que tiene la obligación de esta fiscalización hace dejación de funciones, como así parece haber
ocurrido en uno de los casos que nos ocupa hoy: el metro ligero oeste de Madrid.
En el informe de 2015, que publicó la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, consta que en aquel año la Comunidad había pagado a los operadores de metro ligero más de 100 millones de euros de las arcas públicas. Sin embargo, no se
daban explicaciones detalladas de por qué no se habían fiscalizado estas concesiones. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid es la encargada del control económico presupuestario del sector público de la Comunidad y debe actuar con
independencia, pero este órgano tiene un presidente y un vicepresidente del Partido Popular, al igual que tres de los cinco consejeros. Esto podría parecer un episodio más de la serie o culebrón ya titulado 'poner el zorro a cuidar el gallinero'.
El responsable de la Cámara de Cuentas no ejerce como tal y sí cumple la premisa de hombre del partido dedicado a tapar, entorpecer y silenciar la corrupción del Partido Popular en Madrid. Nos parece de extrema gravedad este hecho, toda vez que
hemos conocido que, recientemente, la UCO, la Unión Central Operativa del a Guardia Civil, ha visitado la sede de la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid con un requerimiento para recoger documentación relativa al metro ligero
precisamente y relacionada con la etapa de Gobierno de Esperanza Aguirre. En esta situación, ningún órgano fiscalizador ni la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ni el Tribunal de Cuentas deberían tener ninguna duda para incluir estos
informes en sus programas de fiscalización, salvo que medien intereses distintos a la obligada vigilancia y control para que el dinero público, el dinero de toda la ciudadanía, se gaste con el debido rigor y eficacia que tienen que seguir todos los
organismos que se financien con fondos públicos y, por supuesto, también de forma honrada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene de nuevo la palabra el señor Fernández.
El señor FERNÁNDEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como poníamos de manifiesto con anterioridad, nos preocupa que estas solicitudes de informes de fiscalización al Tribunal de Cuentas pierdan los criterios que creemos que deben presidirlas: la objetividad, el rigor y el carácter general con
el que deben afrontarse ese tipo de cuestiones. Estamos hablando de dos peticiones que hacen referencia a contrataciones y al desarrollo de la actividad económica de entes locales o autonómicos. En el ámbito de la Administración local o de la
Administración autonómica la fiscalización que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas es absolutamente exhaustiva y genérica. Esto podría tener sentido hace unos años, cuando ese carácter general y exhaustivo de los informes del Tribunal de Cuentas en
materia de contratación local o autonómica era algo más restringido, pero en la actualidad tenemos informes de fiscalización de todos los municipios, capitales de provincia y comunidades autónomas. A nuestro juicio, no pueden convertirse estas
solicitudes en duplicaciones continuas de informes que ya fueron objeto de análisis y de fiscalización por parte del Tribunal de Cuentas. Los argumentos tienen que responder a un cierto carácter objetivo. Aquí, al final, el único argumento que se
ha dado es que, como se hizo un informe de fiscalización sobre el tranvía de Parla, que se haga también sobre el tranvía de Murcia; y el Grupo Parlamentario Popular podría pedir que se haga también sobre FEVE de Asturias. No podemos caer en esta
dinámica de hacer informes a la carta por intereses partidistas. Hoy el Tribunal de Cuentas realiza una exhaustiva fiscalización de toda la actuación en el ámbito local y en el ámbito autonómico, de forma muy específica sobre la contratación de
todos nuestros ayuntamientos -por supuesto, de las capitales de provincias de forma muy particular- y de todas nuestras comunidades autónomas. Por tanto, no podemos duplicar los informes de fiscalización que ya realiza el Tribunal de Cuentas y
tampoco podemos permitir que esta Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas sirva para que se pierda la objetividad con la que deben hacerse los planes de fiscalización del propio tribunal. Tienen que responder a criterios
objetivos y de racionalidad en el control público. Repito que los ámbitos locales y autonómicos están perfectamente cubiertos por la fiscalización del Tribunal de Cuentas y, a nuestro juicio, debemos velar por el rigor tanto en la labor del
Tribunal de Cuentas como en la forma de definir en sus planificaciones cuáles van a ser las materias objeto de fiscalización.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO DE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS INCLUIDAS EN EL
CONJUNTO DE PLANES DE LA MINERÍA, INCLUYENDO EL PLAN DE REORDENACIÓN DEL SECTOR 1990/1993, EL PLAN DE MODERNIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN 1994/1997, EL PLAN 1998/2005 DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS, EL PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS Y EL MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN Y LAS
COMARCAS MINERAS PARA EL PERIODO 2013-2018. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000018 y número de expediente del Senado 772/000011).
El señor PRESIDENTE: A continuación, pasamos a debatir la solicitud a la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas para que recabe de dicho tribunal la realización de un informe de fiscalización específico de las ayudas
a la reactivación de las comarcas mineras incluidas en el conjunto de planes de la minería, incluyendo el Plan de Reordenación del Sector del Carbón, el Plan de modernización, racionalización y reestructuración de la actividad de la industria del
carbón 19941997, el Plan 19982005 de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, el Plan nacional de reserva estratégica del carbón 20062012 y nuevo modelo de desarrollo integral y sostenible de las comarcas mineras y el
marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 20132018. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor González, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Seré breve porque creo que la historia es de sobra conocida. Desde que se inició el proceso de reconversión de la minería en los años ochenta, las minas y las plantillas de las empresas mineras no han dejado de disminuir. Han quedado
reducidas a su mínima expresión, pasando de 50 000 a poco más de 3000 trabajadores en un período de treinta años. Los planes de reconversión industrial no han servido para compensar los empleos perdidos en el sector. Veinticinco años y cinco
planes de reestructuración no han servido para evitar que el paro en las comarcas mineras esté 5 puntos por encima de la media en una comunidad como Asturias. Después de haber invertido 5000 millones en todos estos planes, las cuencas mineras
siguen sin ver la luz al final del túnel a día de hoy y la gestión de estos planes ha sido casi siempre ineficaz y, en algunos casos, fraudulenta. Esta gestión fraudulenta de los fondos mineros es un hecho de sobra conocido en las cuencas,
especialmente en Asturias. Hubo ayudas a la instalación de empresas que surgieron a la luz y al calor de las subvenciones como Rioglass, Glass Aluminium o Diessa y que echaron el cierre al terminarse estas ayudas mediante ERE, en algunos casos
también fraudulentos. Fue todo un ejemplo de capitalismo de amiguetes, redes clientelares, contratos y subvenciones otorgadas a dedo a cambio de mordidas, como veremos después. Mientras se reproducían como setas los polígonos industriales vacíos,
algunos de los que diseñaron el proceso de cierre de la minería abrían cuentas en Suiza. El de Mina La Camocha -de sobra conocido- o los 1,2 millones de euros declarados en la amnistía fiscal de Montoro por el exlíder de UGT en Asturias, Fernández
Villa, han sido algunos de los escándalos más sonados de la gestión de los fondos mineros que aún hoy nos indignan a todos los asturianos y a todas las personas pertenecientes a comunidades autónomas donde hay minas. Buena parte de ese dinero se
dilapidó en hormigón al calor de la burbuja inmobiliaria, como ocurrió en uno de los casos más recientes en salir a la luz, el del Montepío de la Minería. Según la fiscalía, 31 millones de euros de dinero público fueron quemados en un geriátrico
que sirvió para que Villa y los suyos se repartieran mordidas y comisiones a través de empresas interpuestas.
No cabe duda de que las cuencas necesitan más inversión para la reactivación económica. Actualmente, el Gobierno está incumpliendo el marco de actuación que firmó con el sector para 20132018 por el cual debería estar invirtiendo en un plan
de ayudas de 2130 millones de euros para el cierre de la minería en 2018, tal y como pactó con el sector. Consideramos imprescindible que se pongan en marcha estas inversiones y que se diseñe un nuevo plan de reactivación contando con la
participación de vecinos y agentes sociales, pero no se pueden cometer los mismos errores que en el pasado. Por eso, creemos
que hay que poner en marcha esta auditoría de los fondos destinados a la reactivación de las cuencas mineras. No podemos dar una nueva oportunidad al saqueo sin que paralelamente se haga esta auditoría de los fondos mineros que saque a la
luz dónde están aquellos millones que deberían haber servido para generar tejido económico alternativo en las cuencas, para que no se vuelvan a dilapidar y para que se depuren las responsabilidades políticas y judiciales, si las hubiera. Por ese
motivo, consideramos imprescindible que se haga esta auditoría y queremos que el Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador de la gestión económica del Estado, realice un informe específico sobre la gestión de dichos fondos. Creemos que
es un hecho objetivo que hace falta este informe. El Grupo Parlamentario Popular probablemente aludirá a que hacen falta motivos objetivos, pero creo que están a la luz y es evidente para todos que existen estos motivos. Las cuencas mineras
merecen un futuro, pero también merecen conocer en detalle el pasado para no volver a repetir la historia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Buenos días, señor presidente.
Vamos a votar favorablemente esta solicitud de informe, porque en el fondo no hace más que trasladar al Tribunal de Cuentas la intervención que el Grupo Parlamentario Socialista hizo el pasado 30 de junio de este año ante la petición de una
evaluación sobre parte de esos fondos mineros que se pretendía que se llevara a cabo en el ámbito del Principado de Asturias. En esa intervención el Grupo Parlamentario Socialista instaba precisamente a que se hiciera una solicitud de informe, en
el sentido que ahora mismo vemos aquí; es decir, que se hiciera una evaluación de todos los fondos mineros y de los casi veinte años de los cinco planes de los fondos mineros, que se extendiese a todo el ámbito nacional y no solo se circunscribiese
al ámbito del Principado de Asturias y que se hiciera desde el ámbito central, puesto que al final los fondos mineros se gestionan a través de un convenio del que forman parte el Gobierno, las entidades sindicales mayoritarias y la patronal, donde
además las comunidades autónomas y las entidades locales tienen otro papel mucho más residual. Seguramente un informe de este tipo hará ver la realidad de la gestión de estos fondos que ahora mismo están bajo juicio sumarísimo y puestos en tela de
juicio de forma constante, cuando han sido valorados muy favorablemente tanto por las entidades como por los partidos políticos y la propia ciudadanía. Solo esperamos que este informe de ninguna manera pueda afectar a la gestión de los planes,
especialmente al que ahora mismo está en vigor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra para la defensa de esta propuesta, la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, nosotros votaremos a favor de este informe de fiscalización, como no puede ser de otra manera, siguiendo la historia de denuncias por parte del Partido Popular en diferentes comunidades autónomas -en Aragón y en Asturias, en
concreto- sobre el despilfarro y la mala utilización de fondos de algunos de los planes de la minería. Incluso invito a sus señorías a entrar en una página web de Asturias sobre la senda del despilfarro, en la que se pueden visitar determinadas
obras de millones y millones de euros que nunca en la vida han llegado a ser estrenadas. Esas son las actuaciones en Asturias, y también en Aragón, de Gobiernos socialistas y, en el caso de Asturias, socialistas apoyados por Izquierda Unida, que
ahora son compañeros de grupo parlamentario y traen esta propuesta de fiscalización de fondos mineros. Bienvenidos a esta petición de investigación porque, efectivamente, en determinadas áreas y en determinadas comarcas que se han visto sometidas a
un proceso de recesión económica por la reestructuración de la minería no se han sabido utilizar de forma adecuada esos fondos mineros, que tenían un objetivo fundamental: la creación de empleo y la sustitución de empresas de la minería por otro
tipo de tejido empresarial.
También le recomendaría que actualizasen sus datos porque, señor portavoz de Podemos, no son 5000 millones; son más de 15 000 millones. Lo digo porque habrá que analizar todos los fondos. También, prueba de esa necesidad de fiscalización,
le digo que ya ha habido estudios de fiscalización. La Sindicatura de Cuentas de Asturias ya hizo un informe en 2011 sobre los fondos mineros, donde ya se
denunció esa mala utilización de dichos fondos mineros. Y también le recuerdo que en Asturias hubo una comisión de investigación, de la que yo formé parte, así como el diputado Ramón Cañal, que ha sido uno de los mayores denunciantes de la
mala utilización en Asturias de los fondos mineros. Le vuelvo a repetir que la Sindicatura de Cuentas en Asturias ha hecho ya un estudio, un análisis, y hubo una comisión de investigación dentro del Parlamento asturiano precisamente de esos fondos
mineros. Esto tiene que ver con el siguiente punto que se incorpora hoy en el orden del día, que es el caso Hulla.
Desde el Partido Popular, como venimos haciendo desde hace muchos años, pedimos total y absoluta transparencia en la utilización incorrecta por parte de los Gobiernos del Partido Socialista y de Izquierda Unida de los fondos mineros, y que
realmente en las cuencas, no solo de Asturias sino también de Aragón, se sepa la mala utilización de los fondos por parte de estos Gobiernos de la izquierda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 'RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERÍA' EN
FELECHOSA, EN EL AYUNTAMIENTO DE ALLER, EN ASTURIAS, ACORDADO POR LA MESA DE LA MINERÍA Y FINANCIADO POR EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000019 y número de expediente del Senado 772/000012).
El señor PRESIDENTE: Debate de la última solicitud de fiscalización efectuada a la Comisión mixta, para que recabe del tribunal la realización de un informe específico de la construcción de la residencia de mayores La Minería, en Felechosa,
Ayuntamiento de Aller, en Asturias, acordado por la Mesa de la Minería y financiado por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Para su defensa, tiene la palabra de nuevo, por
el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Seré más breve aún, porque la descripción general en la que se enmarca esta solicitud de fiscalización ya la he realizado en mi anterior intervención y no me voy a repetir. A la construcción del geriátrico del montepío -ya decía- se han
destinado 31 millones de euros de dinero público, que ya están siendo investigados, la fiscalía ya está detrás de este caso porque está probado que hay mordidas detrás que sirven para el usufructo de algunos y para, en el caso de Villa, incrementar
su patrimonio, que después fue declarado y aflorado en la amnistía fiscal, como decía anteriormente. Creemos que hay que insistir en la fiscalización de todos estos fondos y del uso que se les ha dado en los diferentes proyectos de construcción, en
este caso del Montepío de la Minería.
Sin más, porque ya me expliqué anteriormente, creemos que es imprescindible que el Tribunal de Cuentas, como supremo órgano fiscalizador, audite el empleo de los recursos públicos, especialmente aquellos que han estado bajo sospecha, como
son los empleados para la construcción de este megageriátrico y el resto de fondos mineros que se han empleado en las diferentes comunidades que tienen cuencas mineras. Por lo tanto, instamos al resto de grupos a que consideren este informe de
fiscalización y esperamos que salga adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Intervengo brevemente para dos cuestiones. En primer lugar, nos tienen acostumbrados desde el bipartidismo a echarse un poco en cara la deficiente gestión de las inversiones en función del Gobierno, en función del color de uno u otro
Gobierno, y desde luego hay ejemplos claros y reales de estos procedimientos judiciales y sentencias firmes. El Grupo Parlamentario Ciudadanos no tiene ningún inconveniente en apoyar estas solicitudes de nuevos estudios en beneficio de la gestión,
pero requiero de
sus señorías que realicen un esfuerzo de consenso en estas solicitudes y, por supuesto, de rigor y motivación objetiva.
En segundo lugar, mi grupo parlamentario ya presentó una PNL -lo hemos comentado aquí en alguna ocasión- y evidentemente me gustaría que se mejore esa proposición no de ley y se debata en un futuro, pero les advierto que si lo que pretenden
es colapsar esta Comisión y el trabajo que hemos hecho hasta ahora y el impulso que ha dado el presidente para desatascar todos los informes que teníamos pendientes, desde luego nos van a tener en contra y no vamos a estar con ustedes.
Termino. Votaremos a favor de todas estas solicitudes de informes en beneficio de la gestión, pero creo que hay que hacer un esfuerzo para no bloquear esta Comisión que tanto bien hace por la fiscalización de los servicios públicos de este
país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene de nuevo la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Señor presidente, intervengo muy brevemente porque, al final, estamos hablando de una parte de la gestión de los fondos mineros, cosa ya que debatimos anteriormente. Este caso ya está siendo investigado; no
solamente ha sido objeto de la Comisión que se hizo en el Principado de Asturias a la que hacía referencia la señora Ares, sino que también está en este momento en investigación en el ámbito judicial. El Partido Socialista siempre ha colaborado
-somos los primeros interesados en que se depuren todas las responsabilidades- y, por tanto, en este caso también, y vamos a votar a favor.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, de nuevo tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en este caso estamos hablando -entiendo yo- de la supuesta fortuna extraña -vamos a decir- del señor don José Ángel Fernández Villa. Lo voy a recordar porque algunos somos asturianos y conocemos el caso más en profundidad, pero
otros no. A raíz de la regularización fiscal puesta en marcha por el Partido Popular, cuando una persona intentaba acogerse a este proceso de regularización fiscal se analizaba cuál era el origen de los fondos para ver si era lícito o ilícito. El
señor don Ángel Fernández Villa y el señor Postigo, que entonces era el presidente del Montepío de la Minería, al que está vinculada esta residencia de mayores, acudieron físicamente a dos entidades bancarias con dinero en efectivo para acogerse a
la regularización fiscal. Quiero recordarles que el señor Fernández Villa era el secretario general del sindicato SOMA-UGT. A partir de ahí, efectivamente, se inició un proceso de investigación para ver de dónde podía venir esta fortuna,
supuestamente ilegal, tanto del señor Fernández Villa como del señor Postigo y parte de sus familiares. A raíz de eso y de esa comisión de investigación que se inició dentro del Parlamento asturiano, se vio que uno de los posibles orígenes de esa
fortuna tenía que ver con una concesión. Pero es que aquí no solamente estamos hablando de la fortuna del señor Fernández Villa, sino que estamos hablando de una modificación legal por parte del señor Sebastián, que modificó un real decreto que
modificaba las condiciones en cuanto a las adjudicaciones de las subvenciones vinculadas a fondos mineros, de forma que se cambió la normativa para poder hacer una adjudicación de 31 millones de euros a una obra que, por cierto, ya estaba iniciada,
con lo cual ni siquiera cumplió el procedimiento de la Ley de Contratos Públicos. Es decir, que no solamente estamos hablando del señor Fernández Villa, sino que también tenemos que pensar en el entonces secretario de Energía y en el entonces
ministro Sebastián, que fueron los que propiciaron esa modificación legal que posteriormente dio lugar a este caso. Ahora, también echamos de menos en esta solicitud de informe de fiscalización el que se renuncie a otros posibles análisis, porque
lo que está claro y está judicializado es que el origen de la fortuna, presuntamente ilegal -digamos-, del señor Fernández Villa no solamente está ahí, sino que también tiene que ver con algunas dietas que cobraba él por parte de todos sus
compañeros del sindicato que acudían a algunos consejos de Administración.
Nosotros llevamos muchos años denunciando estos comportamientos y continuaremos denunciándolos. Tiene que haber total y absoluta transparencia porque, repito, que en este caso concreto los asturianos nos merecemos total y absoluta
transparencia respecto a la gestión socialista y de Izquierda
Unida con relación a estos fondos, cuyo objetivo era generar empleo y crecimiento económico en las cuencas mineras pero también en el resto de Asturias.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora López Ares.
Les comunico que en tres minutos procederemos a votar. (Pausa).
PROPOSICIÓN NO DE LEY. (Votación):
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar las votaciones.
Proposición no de ley relativa a la necesidad de anexar a los expedientes de fiscalización del Tribunal de Cuentas otros documentos de interés. Se somete a votación la proposición no de ley en sus propios términos.
El señor HURTADO ZURERA: Presidente, yo creo que sería conveniente aclarar de nuevo cómo se vota.
El señor PRESIDENTE: Para activar el sistema hay que darle al uno, el dos es sí, el tres es no y el cuatro es abstención. El uno activa el sistema.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 14; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
SOLICITUDES DE FISCALIZACIÓN. (Votación):
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE LA CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR DURANTE LOS EJERCICIOS 2012, 2013, 2014 Y
2015, ESPECIALMENTE CON RELACIÓN A LOS CONTRATOS DE EMERGENCIA Y DE URGENCIA QUE SE HAN FORMALIZADO POR ESTA ENTIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000006 y número de
expediente del Senado 772/000009).
El señor PRESIDENTE: Solicitud a la Comisión mixta del informe de fiscalización de los contratos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir durante los ejercicios 2012, 2013, 2014 y 2015, especialmente con relación a los contratos de
emergencia y urgencia que se han formalizado por esta entidad. Quiero recordarles a sus señorías que se ha admitido la propuesta de modificación y que ha habido otra durante el debate. Por tanto, la iniciativa queda configurada de manera que la
fiscalización se hará desde el ejercicio 2008 hasta el ejercicio 2017. Eso es lo que al final se ha derivado del debate.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DEL CITADO TRIBUNAL LA FISCALIZACIÓN RELATIVA A LAS INVERSIONES Y LOS GASTOS DE MANTENIMIENTO DEL METRO LIGERO OESTE DE MADRID Y DEL TRANVÍA DE
MURCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000007 y número de expediente del Senado 772/000010).
El señor PRESIDENTE: Propuesta de fiscalización relativa al metro ligero del oeste de Madrid y el tranvía de Murcia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO DE LAS AYUDAS A LA REACTIVACIÓN DE LAS COMARCAS MINERAS INCLUIDAS EN EL
CONJUNTO DE PLANES DE LA MINERÍA, INCLUYENDO EL PLAN DE REORDENACIÓN DEL SECTOR 1990/1993, EL PLAN DE MODERNIZACIÓN, RACIONALIZACIÓN Y REESTRUCTURACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN 1994/1997, EL PLAN 1998/2005 DE LA MINERÍA DEL CARBÓN
Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS, EL PLAN NACIONAL DE RESERVA ESTRATÉGICA DEL CARBÓN 2006/2012 Y NUEVO MODELO DE DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LAS COMARCAS MINERAS Y EL MARCO DE ACTUACIÓN PARA LA MINERÍA DEL CARBÓN Y LAS
COMARCAS MINERAS PARA EL PERIODO 2013-2018. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000018 y número de expediente del Senado 772/000011).
El señor PRESIDENTE: La siguiente propuesta de fiscalización tiene que ver con el conjunto de planes de la minería, incluyendo el Plan de Reordenación del Sector 1990/1993, el Plan de modernización, racionalización y reestructuración de la
actividad de la industria del carbón 1994/1997, el Plan 1998/2005 de la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, el Plan Nacional de Reserva Estratégica del Carbón 2006/2012 y Nuevo modelo de desarrollo integral y
sostenible de las comarcas mineras y el marco de actuación para la minería del carbón y las comarcas mineras para el periodo 2013-2018.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- SOLICITUD A LA COMISIÓN MIXTA PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS PARA QUE RECABE DE DICHO TRIBUNAL LA REALIZACIÓN DE UN INFORME DE FISCALIZACIÓN ESPECÍFICO DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA 'RESIDENCIA DE MAYORES LA MINERÍA' EN
FELECHOSA, EN EL AYUNTAMIENTO DE ALLER, EN ASTURIAS, ACORDADO POR LA MESA DE LA MINERÍA Y FINANCIADO POR EL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 253/000019 y número de expediente del Senado 772/000012).
El señor PRESIDENTE: La siguiente propuesta de fiscalización tiene que ver con la construcción de la residencia de mayores La Minería, en Felechosa, ayuntamiento de Aller, en Asturias, acordado por la Mesa de la Minería y financiado por el
Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Por unanimidad, queda aprobada.
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
BLOQUE I:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS CUOTAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES Y DE LAS SUBVENCIONES Y AYUDAS OTORGADAS CON CARGO A LOS CRÉDITOS DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN EN LOS EJERCICIOS 2008 Y 2009. (Número de
expediente del Congreso de los Diputados 251/000018 y número de expediente del Senado 771/000018).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a votar las propuestas de resolución que se han presentado relativas a la sesión celebrada con anterioridad.
El primer punto es el informe de fiscalización de las cuotas a organismos internacionales y de las subvenciones y ayudas otorgadas con cargo a los créditos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en los ejercicios 2008 y 2009.
Propuesta de resolución número 1, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 6; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, propuestas números 5 a 13.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 14 y 15, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 16, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA APORTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA COMUNITARIO ERASMUS, EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000096 y número de expediente del Senado
771/000095).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la aportación complementaria para el desarrollo del programa comunitario Erasmus, ejercicios 2012 y 2013.
Propuestas número 1 a número 6, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 13; en contra, 19.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 11, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
BLOQUE II:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA ESTATAL BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO, EJERCICIO 2014. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000207 y número de expediente del Senado 771/000206).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, ejercicio 2014.
Propuesta número 1, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 6; en contra, 26.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 3 y 4, también del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas números 6 y 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 8 y 9, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 10 y 11, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS INGRESOS DE LA AGENCIA ESTATAL DE SEGURIDAD AÉREA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000213 y número de expediente del Senado 771/000208).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión de los ingresos de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, ejercicio 2015.
Propuestas números 1 a 4, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 5 a 7, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 8 y 9, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
BLOQUE III:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000024 y número de expediente del Senado 771/000021).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la gestión económico-financiera de la aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia.
Propuesta número 1, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 11, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LAS MEDIDAS DE GESTIÓN Y CONTROL ADOPTADAS POR LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS PARA LA ADECUADA APLICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN
SITUACIÓN DE DEPENDENCIA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000046 y número de expediente del Senado 771/000044).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre las medidas de gestión y control adoptadas por las comunidades autónomas para la adecuada aplicación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención
a las Personas en Situación de Dependencia.
Propuestas números 1 a 5, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 6 y 7, del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 8, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 9, del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuestas número 10 y 11 del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 18 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 21.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 14; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 22 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 23 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
BLOQUE IV:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ESTRUCTURA DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL EN RELACIÓN CON EL ACUERDO DEL CONSEJO DE MINISTROS DE 30 DE ABRIL DE 2010 SOBRE EXTINCIÓN Y FUSIÓN DE SOCIEDADES ESTATALES, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número
de expediente del Congreso de los Diputados 251/000035 y número de expediente del Senado 771/000034).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la estructura del sector público empresarial estatal en relación con el acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de abril de 2010 sobre extinción y fusión de sociedades estatales, ejercicios
2010 y 2011.
Propuestas número 1 a 5 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 7 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 28; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS DISTINTAS MEDIDAS DESTINADAS A LA RACIONALIZACIÓN Y REORDENACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO, ADOPTADAS EN LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000112 y número de expediente del Senado 771/000112).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la ejecución de las distintas medidas destinadas a la racionalización y reordenación del sector público empresarial estatal no financiero, adoptadas en los ejercicios 2012 y 2013.
Propuestas número 1 y 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 6; en contra, 17; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas número 3 a 7 del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 11; en contra, 17; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazadas.
Propuesta número 9 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS INVERSIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS A LARGO PLAZO Y DEL INVENTARIO DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DE SEPES ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL DEL SUELO, EJERCICIOS 2010 Y 2011. (Número de expediente del
Congreso de los Diputados 251/000060 y número de expediente del Senado 771/000062).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo y del inventario del patrimonio inmobiliario de SEPES entidad pública empresarial del suelo, ejercicios 2010 y 2011.
Propuestas número 1 a 4 del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 31; en contra, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuestas número 5 a 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE COMPRAVENTA DE TÍTULOS REPRESENTATIVOS DEL CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DE CAPITAL MAYORITARIAMENTE PRIVADO REALIZADAS POR LA SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES, DURANTE EL
EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000192 y número de expediente del Senado 771/000190).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las operaciones de compraventa de títulos representativos del capital social de empresas de capital mayoritariamente privado realizadas por la Sociedad Estatal de Participaciones
Industriales, durante el ejercicio 2013.
Propuestas número 1 a 3 del Grupo Confederal Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 30; a favor, 15; en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Hay empate. Hay que calcular el voto ponderado. La proporcionalidad quedaría: 281 de lo que representa el bloque del no frente a 265 que representaría el bloque del sí, con lo cual, decae.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 11; en contra, 16; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 28; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA EMPRESA ESTATAL NAVANTIA, S.A. EN EL PERIODO 2007-2010 Y DE SU SITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2010. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000028 y
número de expediente del Senado 771/000027).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de las actividades realizadas por la empresa estatal Navantia en el periodo 2007-2010 y de su situación financiera a 31 de diciembre de 2010.
Propuestas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 26; en contra, 1; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 27; en contra, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 4 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 30; a favor, 26; en contra, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 15; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Resto de propuestas del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta numero 10 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 11 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 27; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA AGENCIA EFE Y DE SUS SOCIEDADES DEPENDIENTES, EJERCICIO 2009. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000023 y número de expediente del Senado 771/000022).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la Agencia EFE y de sus sociedades dependientes.
Propuestas número 1 a 4 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 31; a favor, 31.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ENTIDAD PÚBLICA EMPRESARIAL ICEX ESPAÑA EXPORTACIÓN E INVERSIONES, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000202 y número de expediente del Senado 771/000203).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones, ejercicio 2015.
Propuestas números 1 y 2 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Resto de propuestas.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 27; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 6 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 28; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
BLOQUE V:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES ABONADAS POR EL FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, EJERCICIO 2013. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000069 y número de expediente del Senado
771/000066).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones abonadas por el Fondo de Garantía Salarial, ejercicio 2013.
Propuestas números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Resto de propuestas del mismo grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 6 y 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LAS PRESTACIONES POR DESEMPLEO INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000101 y número de expediente del Senado 771/000099).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de las prestaciones por desempleo indebidamente percibidas.
Propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Ciudadanos números 1 y 2.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 3 y 4 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas número 5 a 7 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuesta número 8 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN Y CONTROL DE LOS DEUDORES POR PRESTACIONES DEL INSTITUTO SOCIAL DE LA MARINA, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000200 y número de expediente
del Senado 771/000197).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los procedimientos de gestión y control de los deudores por prestaciones del Instituto Social de la Marina, ejercicio 2015.
Propuesta número 1 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 2 del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 3 del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 4 del mismo grupo parlamentario.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15, en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 5 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
BLOQUE VI:
- MOCIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL DEBER DE COLABORACIÓN DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS, PÚBLICAS Y PRIVADAS, CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCIÓN FISCALIZADORA. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000001 y número de expediente del Senado 773/000001).
El señor PRESIDENTE: Moción sobre el alcance del deber de colaboración de las personas físicas y jurídicas, públicas y privadas, con el Tribunal de Cuentas en el ejercicio de su función fiscalizadora.
Propuestas números 1 a 9 del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 15; en contra, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Propuesta número 10 del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 32; a favor, 32.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.