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DS. Cortes Generales, Comisiones Mixtas, núm. 122, de 04/12/2018
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DIARIO DE SESIONES DE LAS CORTES GENERALES
COMISIONES MIXTAS
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 122
PARA LAS RELACIONES CON EL TRIBUNAL DE CUENTAS
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ELOY SUÁREZ LAMATA
Sesión núm. 27
celebrada el martes,
4 de diciembre de 2018
en el Palacio del Congreso de los Diputados
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora presidenta del Tribunal de Cuentas (De la Fuente y de la Calle), para informar sobre:
- Informe de fiscalización sobre la rendición de cuentas de las entidades locales, ejercicio 2016, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000267 y número de expediente del Senado 771/000263) ... (Página2)
- Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la Plataforma de Rendición Telemática de la Contratación, en los ejercicios 2015 y
2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000268 y número de expediente del Senado 771/000264) ... (Página11)
- Informe de fiscalización del grado de cumplimiento por Aguas de las Cuencas de España, S.A., Aguas de las Cuencas Mediterráneas, S.A., el grupo Renfe-Operadora, Ferrocarriles de Vía Estrecha, el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias y Adif-Alta Velocidad, de las recomendaciones incluidas en informes de fiscalización. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000269 y número de expediente del Senado 771/000265) ...
- Informe global del sector público autonómico, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000274 y número de expediente del Senado 771/000272) ... (Página28)
Debate y votación de las propuestas de resolución:
- Informe de fiscalización de los contratos de cesión, arrendamiento o enajenación de bienes inmuebles y derechos de la propiedad incorporal más significativos formalizados por las empresas estatales durante los ejercicios 2013, 2014 y 2015.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000263 y número de expediente del Senado 771/000258) ... (Página36)
- Informe de fiscalización de los procedimientos de concesión y de gestión y justificación de ayudas sociales concedidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a los programas de atención a las personas con
necesidades de atención integral sociosanitaria, convocatoria de 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000264 y número de expediente del Senado 771/000261) ... (Página37)
- Informe de fiscalización de los ingresos de la Jefatura Central de Tráfico, ejercicio 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000265 y número de expediente del Senado 771/000262) ...
- Informe de fiscalización del Fondo de Financiación a Entidades Locales, ejercicios 2015 y 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000266 y número de expediente del Senado 771/000260) ...
Se abre la sesión a las once de la mañana.
COMPARECENCIA DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (DE LA FUENTE Y DE LA CALLE), PARA INFORMAR SOBRE:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS ENTIDADES LOCALES, EJERCICIO 2016, CON ESPECIAL ATENCIÓN A ENTIDADES CON INCUMPLIMIENTOS REITERADOS DE DICHA OBLIGACIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados
251/000267 y número de expediente del Senado 771/000263).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías.
Vamos a comenzar la sesión dándole la bienvenida, como no puede ser de otra forma, a la presidenta del Tribunal de Cuentas, que nuevamente nos vuelve a acompañar. Señorías, puesto que esta sesión empieza más tarde de lo habitual -tal como
fue acordada- les pediría que hoy se ciñesen al tiempo que reglamentariamente se pactó, es decir, cuatro minutos. Sin más dilación, vamos a pasar al debate del primer informe, que es de fiscalización sobre la rendición de cuentas de las entidades
locales, ejercicio 2016, con especial atención a entidades con incumplimientos reiterados de dicha obligación.
Tiene la palabra la señora De la Fuente.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Buenos días. Muchas gracias, señor presidente.
La presente fiscalización cuyo informe, como saben, se aprobó el 27 septiembre 2018, analiza el incumplimiento del deber de rendición de cuentas por las entidades locales y la problemática que origina su carácter reiterado, identificando las
razones que lo provocan con el fin de contribuir a remover los obstáculos estructurales, organizativos y las prácticas de gestión y control que están dificultándolo o ralentizándolo y, en definitiva, poder colaborar a impulsar, potenciar y
fortalecer la rendición y la interiorización del cumplimiento de este deber.
Se trata de una fiscalización horizontal de legalidad en lo que afecta al análisis general respecto del censo, del cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas y de los plazos de aprobación y liquidación de los presupuestos. En lo
que se refiere al análisis específico respecto de la muestra de cincuenta y seis entidades, esta fiscalización incluye aspectos de carácter financiero -en la medida en que se analiza la integridad y coherencia de las cuentas anuales de las
entidades-, así como operativo -ya que se examinan los sistemas y procedimientos contables de las entidades locales y su correlación con los sistemas de
información y control interno de las mismas-. Además, la fiscalización efectúa el seguimiento de los resultados del informe de fiscalización del mismo nombre correspondiente al ejercicio 2015 respecto de las veintiocho entidades locales que
en él se analizan y que, a la finalización de esta fiscalización, a la aprobación del informe, aún seguían sin rendir las cuentas del periodo 2014-2015.
El censo del sector público local se encontraba integrado al finalizar 2016 por 12 953 entidades. De ellas, el 65 % eran ayuntamientos y el 29 % entidades de ámbito territorial inferior al municipio, Eatim. La disminución de entidades
locales es apenas apreciable en el periodo 2011-2016, siendo inferior al 1 % del total de las entidades, si bien las entidades dependientes continuaron una cierta tendencia a la baja. El 61 % de las entidades locales rindieron las cuentas generales
del ejercicio 2016 en plazo. El porcentaje fue superior al del ejercicio anterior, que fue del 56 %. No obstante, existe un porcentaje significativo de entidades locales que aún no lo hacen. A 31 de diciembre de 2017, es decir, transcurridos dos
meses y medio desde la finalización del plazo legal de rendición de cuentas del ejercicio 2016, el nivel de cumplimiento fue del 76 % frente al 73 %, que lo hicieron en el plazo equivalente respecto de las cuentas del ejercicio 2015. Esta situación
implica volver al crecimiento de la rendición, en concreto al que tuvo lugar en el ejercicio 2014. La media de cumplimiento fue del 80 % en ayuntamientos, consejos y cabildos insulares, y del 95 % en diputaciones provinciales. Los menores
porcentajes de rendición de la cuenta del ejercicio 2016, al 31 diciembre 2017, se encontraban entre los ayuntamientos de entre 50 000 y 100 000 habitantes -el 73 %-, de entre 100 000 y 500 000 habitantes -el 71 %-, en las Eatim -72 %-, en las
mancomunidades -56 %- y en especial en las agrupaciones de municipios -el 29 %-. En el caso de las Eatim el porcentaje de rendición disminuyó del 89 % en la cuenta correspondiente al ejercicio 2013, al 72 % en el ejercicio 2016. Ello se debió en
parte a la no aplicación integral por las comunidades autónomas de las medidas legislativas que permitían la extinción de las Eatim en el caso de que no hubieran rendido a 31 diciembre de 2014 y a la no atribución de carácter continuo a estas
facultades legales. Por comunidades autónomas, el menor grado de rendición a finales de 2017 correspondía a las entidades locales de Andalucía, con un 45 % le seguían la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Cantabria, con unos niveles de
rendición del 62, 65 y 69 % respectivamente. En el otro extremo, presentaban valores superiores al 90 % las entidades locales de la Comunidad Autónoma de Aragón, el 93 %, y de la Comunidad Valenciana, el 92 %.
En general se observa que los niveles de rendición son sustancialmente superiores e incluso siguen experimentando notables incrementos en las entidades locales de las comunidades autónomas que tienen adoptadas medidas que condicionan la
concesión de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendir cuentas o que vinculan su incumplimiento a la posible retención de los pagos que pudieran corresponderle. Por ello, en el informe del Tribunal de Cuentas -al igual que ya se
hiciera en informes anteriores- se aboga por la adopción y aplicación efectiva de las medidas que a nivel nacional contribuyan a reforzar la obligación de rendición de cuentas en plazo y en forma y que aseguren que estas ofrezcan una información
completa, coherente, íntegra y fiable. Así, atendiendo al marco normativo, el Tribunal de Cuentas remitió al Ministerio de Hacienda, al transcurrir el plazo legal de rendición de las cuentas del ejercicio 2016, información sobre las entidades
locales que no habían rendido -actualizándose periódicamente estos datos-, al objeto de que pudiera hacer efectiva la retención que procediera y que contara para ello con información suficiente.
Además, el tribunal, como ya hiciera en años anteriores, llevó a cabo -en colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas- un plan de actuaciones para promover e impulsar la rendición y además publica en el
portal de rendición de cuentas de las entidades locales la relación de entidades que no rinden las cuentas correspondientes a los ejercicios 2014 a 2016, siendo así de público conocimiento. Igualmente, el Tribunal de Cuentas está efectuando
requerimientos conminatorios a los alcaldes de los veintiséis ayuntamientos que, según resultaba de la fiscalización de la observancia de la obligación de rendir cuentas correspondientes al ejercicio 2015 -el informe del que les hablaba al comienzo
de esta exposición-, aún no habían cumplido con su obligación de rendir cuentas, estando en marcha en la actualidad el procedimiento para la imposición de las correspondientes multas coercitivas a aquellos alcaldes que aún no han rendido las
correspondientes cuentas.
El Tribunal de Cuentas viene manifestando reiteradamente que el plazo general de rendición de cuentas de las entidades locales -como saben, el 15 de octubre del año siguiente al que corresponden-, que responde a la situación y a las
herramientas existentes cuando se estableció dicho plazo de rendición hace más de veinte años, resulta excesivo a la luz de las posibilidades que ofrecen actualmente los sistemas de información contable y las nuevas tecnologías, que permitirían la
tramitación y rendición de
la cuenta en un plazo más breve. Por otra parte, la regulación de plazos de rendición de las entidades locales, distintos al general en determinadas comunidades autónomas, produce divergencias temporales no justificadas en el cumplimiento
de dicha obligación. Todo ello impide ofrecer una visión homogénea y ocasiona una demora en el control, lo que le hace perder su utilidad, oportunidad y relevancia en cuanto a sus resultados. En particular, las cincuenta y seis entidades objeto de
la muestra seleccionada en esta fiscalización -constituida por cincuenta y dos ayuntamientos, dos diputaciones provinciales, un cabildo y un consejo insular- tenían, a 23 de septiembre de 2018, cincuenta y siete cuentas pendientes de rendir, de las
cuales el 7 % se refería a 2014, el 43 % a 2015 y el 52 % a 2016.
Por lo que se refiere al análisis del cumplimiento de los plazos para la aprobación y liquidación del presupuesto y la tramitación de la cuenta general, se expone en el informe que la práctica totalidad de las entidades que habían rendido
las cuentas de 2016 también habían aprobado su presupuesto, si bien únicamente un tercio de ellas lo había hecho antes de comenzar el ejercicio, evidenciándose así una inadecuada planificación presupuestaria y económica de la actividad en las
entidades, lo que no facilita su gestión municipal ordenada y transparente. En el caso de las entidades de la muestra, únicamente el 13 % habían aprobado en plazo el presupuesto para el ejercicio 2016, y el retraso medio en la aprobación de aquel
fue de ciento cuarenta días. Por su parte, el 73 % de las entidades locales aprobaron la liquidación del presupuesto en plazo, situándose en sesenta y ocho días el retraso medio en los restantes casos. El retraso en la formación, aprobación y
rendición de la cuenta general del ejercicio 2016 se produjo en el 41 %, 23 % y 20 % de las entidades del territorio nacional respectivamente. Como motivos de la falta de rendición en plazo de la cuenta general se identifican en el 48 % de las
entidades la falta de dotación de recursos humanos; en el 13 %, problemas para la adopción del acuerdo de aprobación de la cuenta por el pleno de la entidad o por carecer de interventor o haberse producido cambios en este; en el 9 % de las
entidades la causa fue la omisión de la aprobación de las cuentas de las entidades dependientes, lo que imposibilita la formación de la cuenta correspondiente a la entidad principal; en otro 9 % los motivos estarían relacionados con incidencias de
tipo informático; en el 5 % de los casos fue el retraso en la liquidación presupuestaria lo que pudo motivar que no se rindiera en plazo y en el 2 % de los casos se debió a la falta de recursos materiales.
Del análisis del sistema de información contable y su correlación con el sistema de control interno y otros sistemas de información de las entidades de la muestra, resulta que en el 77 % de ellas el Sistema de Información Contable para la
Administración Local permite realizar el control de legalidad, pero solo en el 41 % posibilita efectuar actuaciones de control financiero, lo que se motivó fundamentalmente en la falta de medios técnicos o personales. Además, únicamente el 4 % de
las entidades locales de la muestra que disponían de aquel lo habían llevado efectivamente a cabo. La inexistencia de control financiero supone una debilidad del sistema de control interno y afecta directamente a la evaluación de la gestión de la
actividad económico-financiera de la entidad local. Se revelan importantes deficiencias en la regulación contable de las entidades locales de la muestra, pues la práctica totalidad de las que no habían cumplido con la obligación de rendir cuentas
no tenían elaborada instrucción de cierre contable y presupuestario y el 41 % de ellas no contaba con bases de ejecución de presupuestos. Ello supone la ausencia de una herramienta básica para el cumplimiento del principio de anualidad
presupuestaria y de devengo.
La totalidad de las entidades de la muestra disponía de un punto general de entrada de facturas electrónicas, si bien en algo menos de un tercio de ellas este registro no estaba conectado con los registros contables, circunstancia que
incrementa el riesgo de errores y de retrasos en la tramitación de las facturas y en el pago a los proveedores. El 12 % de las entidades de la muestra no remitieron al Ministerio de Hacienda la información relativa al cuarto trimestre de 2016 que
legalmente le habían de proporcionar, lo que provoca que el ministerio no pueda generar la información necesaria para verificar los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Respecto de los veintiocho ayuntamientos
analizados en el informe de fiscalización sobre rendición de cuentas de las entidades locales del ejercicio 2015 que a la aprobación del mismo persistían en el incumplimiento de la rendición de cuentas, se observan ciertos cambios en los sistemas de
información contable, si bien se mantienen aún algunas incidencias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Bienvenida, señora presidenta, señora De la Fuente. Desde nuestro grupo parlamentario le agradecemos el informe que nos ha presentado. Además me consta su experiencia, sobre todo en entidades locales, y creo que usted podría aportar
muchísimas de las soluciones que se le pueden sugerir aquí en el Congreso de los Diputados. Nos ha hablado de muchísimas causas de incumplimiento y de muchísimas propuestas. Es cierto que debemos obligar al cumplimiento de esta rendición de
cuentas, y así nos lo propone en esas recomendaciones, sobre todo en cuanto a requisito indispensable para obtener subvenciones públicas. Es impensable que una empresa privada que no cumpliera, por ejemplo, con las obligaciones con sus accionistas,
con la rendición de cuentas a sus accionistas o sus socios, tenga beneplácito para obtener ciertos privilegios cuando realmente estamos hablando de un dinero público, sobre todo porque en 2016 el sector público local estaba superando los 45 000
millones de euros, es decir, un 4 % del PIB. Es cierto que ha habido un cambio de ciclo, es cierto -usted lo apuntaba- que hay un aumento en la rendición de cuentas, pero aun así vemos notables incumplimientos.
A mí me preocupa mucho la estabilidad presupuestaria y quiero resaltar que en el Pleno de la semana pasada la mayoría de grupos parlamentarios rechazaron una enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la proposición de ley de Podemos,
que estaba planteada dinamitando ese pacto de estabilidad presupuestaria. Hay que preguntarse qué mensajes está dando el Partido Socialista en Bruselas. La proposición de ley de modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto
planteaba eximir de esa regla de gasto a los ayuntamientos con superávit, es decir, la gran mayoría. Esto puede suponer incrementar los gastos sin subir los impuestos para financiarlos, pero sin ningún tipo de control. Según las estimaciones de la
AIReF, si la regla de gasto hubiese entrado en vigor antes de la crisis -no sé si usted está de acuerdo, por eso la primera pregunta- el endeudamiento público podría haber sido casi treinta puntos inferior a 2014. Nuestro grupo parlamentario es
partidario de mejorar y flexibilizar las normas de estabilidad presupuestaria para facilitar esas inversiones financieramente sostenibles, pero no llegar a ese descontrol que preferiría Podemos. Le pongo un ejemplo. Podemos ya se ha hecho sitio en
ese top 10 de ayuntamientos con obligaciones pendientes de aplicar presupuestos. Hay gastos no aplicados en el presupuesto y además pueden suponer un riesgo a la sostenibilidad de los gastos públicos. El Tribunal de Cuentas destaca como positivo
que haya repuntado el número de entidades locales que rindieron cuentas en 2016. Así nos lo ha planteado. En todo caso, yo creo que este porcentaje -no sé si se lo parece a usted- es llamativamente bajo. Estamos hablando de unos niveles que se
podrían mejorar. Ustedes han presentado unas propuestas y no sé si usted tiene la sensación de que durante muchísimo tiempo el Partido Popular y el Partido Socialista no han tenido ninguna intención de corregir estos datos.
Termino, señor presidente. Hay diferencia entre comunidades que registraron mejores resultados unas que otras, pero yo insisto en que aplaudimos sus recomendaciones, sobre todo aquella que viene a decir que es necesario el cumplimiento de
ese requisito indispensable de rendición de cuentas para que las entidades accedan a las ayudas y subvenciones públicas y la importancia de la digitalización y la conexión entre cada una de las administraciones para acometer las responsabilidades y
las obligaciones que tienen con la legalidad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora presidenta del Tribunal de Cuentas. En este informe de fiscalización vemos cómo tan solo el 61 % de las entidades locales enviaron la cuenta del ejercicio 2016 en el plazo legalmente establecido, un porcentaje que fue el
5 % superior al registrado en 2015, pero menor que el de 2014, que fue del 62 %. Aun con estos datos, el cumplimiento de los plazos sigue siendo insuficiente, cuestión que debería preocuparnos si lo que queremos es avanzar y no retroceder en
materia de rendición de cuentas. Es cierto que entre estas entidades locales no hay ninguna en la que gobierne Ciudadanos, pero probablemente sea porque no gobierna en ningún ayuntamiento, lo cual explicaría el motivo. (El señor Ten Oliver: Todo
llegará). Por otro lado, es incomprensible que estén pendientes de rendir cuentas de 2017 un 20 % de los ayuntamientos, porcentaje que se eleva al 21 % para ayuntamientos menores de medio millón y un 85 % para los ayuntamientos menores de mil
habitantes. Nos preguntamos cómo es posible que haya tal cantidad de información que no se ha remitido al
Tribunal de Cuentas o que los presupuestos no se hayan presentado a tiempo. Cuando una incidencia de esta índole se repite durante tanto tiempo y con tantas entidades locales afectadas, como ya sugerimos en anteriores intervenciones
relativas a este tipo de informes de fiscalización, creemos que puede haber un mal diseño del proceso de rendición de cuentas. Creemos que habría que buscar un diseño distinto del modo en que se aplica la rendición de cuentas teniendo en cuenta el
diferente tamaño de las entidades locales y, sobre todo, facilitando el proceso a estas entidades que cuentan con menos medios, que al final son las más afectadas. Nos gustaría conocer la opinión de la presidenta del Tribunal de Cuentas respecto a
este punto.
Como venimos diciendo, si analizamos por tipo de entidad, es innegable que aquellas entidades más pequeñas y que cuentan con menor personal administrativo han sido las que menos han cumplido con los plazos marcados por la ley. Según los
informes del Tribunal de Cuentas para 2014, 2015 y 2016, la causa de no rendición de plazo de la cuenta general del ejercicio atiende a cuestiones como la falta de dotación de recursos humanos y la acumulación de tareas del área de intervención para
dichas entidades. Por lo tanto, podemos concluir que buena parte del incumplimiento se debe a la falta de medios y facilidades de que disponen para acatar la normativa al respecto. Por ello, quisiéramos también hacer hincapié en que es necesario
facilitar y promover medios efectivos para garantizar a las entidades locales de menor tamaño el cumplimiento, y queremos preguntarle en este sentido a la presidenta del Tribunal de Cuentas si no cree que esta falta de recursos derivada en gran
medida del legado legislativo del señor Montoro, refiriéndonos a la Ley de racionalización de las entidades locales y a la regla de gasto, puede afectar al cumplimiento con los plazos de rendición de cuentas. Creemos que los plazos de rendición de
cuentas generales de las entidades locales deben coincidir con lo que dispone la legislación del marco estatal, esto es fundamental para facilitar el proceso. Por ello, también hay que instar a las modificaciones de plazo, como las que se han
realizado en la Comunidad Valenciana. Además, es muy significativa también la medida que se aprobó en las Cortes de Aragón mediante la Ley 5/2015, que condicionaba la concesión de subvenciones a las entidades locales al cumplimiento de la
obligación de rendir cuentas a la Cámara de Cuentas de Aragón. Esta comunidad se suma así a las de Galicia, Cataluña, Madrid y Canarias, que aprobaron normas que vinculan esta concesión de ayudas a la rendición de cuentas. Como consecuencia de la
normativa, el 93 % de las entidades en esta comunidad cumplieron con la rendición de cuentas en plazo y forma; por tanto, creemos que esta puede ser una buena medida preferible a las medidas coercitivas de imponer sanciones. Especialmente en lo
referido al artículo 36 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, donde se establece el supuesto de que el hecho de que las entidades locales que incumplan la obligación de rendir cuentas podrá suponer retenciones en las entregas a
cuenta y, en su caso, anticipos y liquidaciones definitivas de participación en los tributos del Estado. Medidas como estas se han mostrado ineficaces y desde nuestro grupo abogamos por utilizar más la vía que han venido practicando en la Comunidad
Autónoma de Aragón, más este tipo de medidas que vinculan las ayudas, que medidas coercitivas como la definida en la Ley de Economía Sostenible.
También toca obtener conclusiones respecto a la modernización y actualización del proceso de rendición de cuentas. El propio informe del Tribunal de Cuentas señala que el plazo de rendición de cuentas de las entidades locales está
establecido hace más de veinte años y por ello no responde a la situación existente con las herramientas de las que actualmente se dispone en relación con las posibilidades que ofrecen los actuales sistemas de información, digitalización, etcétera.
Habría por tanto que modernizar el proceso de rendición de cuentas con el fin de ser más eficientes. Por ello, me gustaría preguntarle a la presidenta del Tribunal de Cuentas si han pensado desde este organismo medidas concretas para facilitar por
parte del Tribunal de Cuentas esta rendición de cuentas utilizando las nuevas herramientas disponibles.
Por último, me gustaría reseñar algunas cuestiones en relación con la transparencia que señala el informe en lo relativo a que el 77 % de las entidades locales tengan implementado un portal de transparencia. Aun así, hay un 5 % de entidades
que no han adoptado medidas en este sentido para publicar su gestión administrativa, lo que supone una merma en la necesaria publicidad para que exista un control también por parte de la ciudadanía, los medios de comunicación, etcétera, de la
actividad que se lleva a cabo en los espacios institucionales locales.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor González.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Gracias, señor presidente.
Señora De la Fuente, gracias por la explicación extensa sobre este informe, que desde luego también es extenso en sí mismo, porque cuando hablamos del sector público local hablamos de mucha heterogeneidad, de muchas realidades y de distintas
características de las entidades que lo conforman.
En el informe se destaca que avanzamos respecto a 2015, pero ya partíamos de una bajada de la rendición de cuentas en el año 2015, por tanto estamos volviendo a la senda de años anteriores y, como usted ha dicho, es importante el porcentaje
de entidades que todavía no cumplen con la obligación de rendición de cuentas generando un déficit importante de transparencia, información y control en un asunto de tanto calado como es la utilización del dinero público, de los fondos públicos. Y
es que la fiscalización interna responde a una obligación de las entidades de informar, de exponer públicamente cuál es su gestión, de asumir las responsabilidades de la gestión económica que han realizado durante el ejercicio. Pero además también
cumple una función a la hora de que en ese control interno no solo se controle la legalidad, sino también la consecución de los objetivos que se han marcado conforme a los principios de eficacia, eficiencia y economía. Por tanto, la rendición de
cuentas es una herramienta esencial para la toma de decisiones de nuestras administraciones locales. Rendir cuentas en tiempo y forma y seguir las recomendaciones de los órganos de control facilita la mejora continua en la gestión, porque
proporciona un mejor conocimiento. Sería curioso que se pudiera medir el nivel de cumplimiento de esas recomendaciones para saber si realmente se hace caso a las mismas y se va mejorando.
Vemos el papel tan importante que juega en la agilización del ejercicio de esta obligación la implantación de la Administración electrónica, de todos los nuevos sistemas. Es verdad que es una herramienta cada vez más importante de cara a
facilitar las relaciones y los servicios que se prestan a la ciudadanía y garantizar el derecho a la información pública. Una de las causas que alegan las entidades incumplidoras es la falta de recursos humanos y materiales, por lo que se hace
esencial reforzar esos recursos, incrementar el apoyo de diputaciones y de los servicios de asistencia a las corporaciones locales y de los ayuntamientos matrices a través de la colaboración y cooperación necesaria. Es necesario fortalecer los
servicios de intervención locales, garantes del cumplimiento de la legalidad y de estos principios de buena gestión. Creemos que es necesario trabajar para facilitar la mejora del sistema de información contable porque, como ha dicho y ha
destacado, obtenemos unos resultados más o menos deseables en cuanto al control de la legalidad, pero se está muy lejos todavía de unos parámetros también deseables en cuanto a incrementar el mayor control financiero, de eficacia, la publicidad o la
transparencia, que es donde parece que estos sistemas tienen más carencias y más lagunas.
El sector público local ha sido el más cumplidor respecto a las exigencias impuestas por el anterior Gobierno central, generando superávit, pero también es el que más recursos ha perdido. Por tanto, en todas las medidas que se tengan que
implementar hay que tener en cuenta esa falta de recursos materiales y humanos que están sufriendo las entidades locales. Queremos poner en valor la colaboración con los OCEX. Ha mejorado la capacidad de control contable, fiscalización, eficacia,
legalidad y rendición de cuentas del sector público local y también se ha incrementado en ese trabajo de fomento de la cultura de la transparencia y de la rendición de cuentas. Asimismo, valoramos positivamente la evolución del portal de rendición
de cuentas que está incrementado esa eficacia en cuanto a evitar duplicidades, mejorar el índice de rendición de cuentas, mejorar la calidad de la información que se vuelca y aumentar el control, pero también creemos que está cumpliendo esa función
de ir incorporando e incentivando esa cultura de rendición de cuentas.
Estamos absolutamente de acuerdo en que no estamos ante un mero trámite administrativo, es un valor fundamental en nuestro sistema democrático. Hay que adoptar las medidas necesarias encauzadas para que se lleven a cabo no solo por el hecho
de ser una obligación legal, sino, como decía, porque debe ser un valor interiorizado dentro de los sectores públicos, porque aportan en términos de calidad democrática muchísimo valor. De ahí la importancia de la labor de apercibimiento y
requerimientos que ha llevado a cabo el Tribunal de Cuentas en las entidades incumplidoras que estaban incluidas en el informe de 2015. Entendemos que las propuestas de medidas sancionadoras y coercitivas son interesantes, pero queremos matizar.
Creemos que primero hay que incentivar y hay que ayudar a que cumplan con la obligación, para que no haya que llegar a la imposición de sanciones que al final gravan al ciudadano y la calidad y prestación de los servicios públicos. Retener la PIE o
denegar una subvención va a tener -y ya
voy terminando, señor presidente- al final una repercusión directa en el ciudadano o ciudadana. Por eso, compartimos que hay que cambiar la normativa para que el mero hecho de que las cuentas no sean aprobadas en el pleno no se considere
una no presentación o un incumplimiento de esta obligación legal. Así, teniendo en cuenta el principio de oportunidad, que impacta directamente en la eficacia de la fiscalización y en las funciones concretas de gestión, previendo los problemas,
detectándolos y haciendo las debidas recomendaciones, se propone acortar los plazos, pero -repetimos- siempre que esto vaya acompasado con la recuperación de los medios materiales y humanos.
Asimismo, nos llama la atención que las sociedades mercantiles estén a la cola en el cumplimiento de esta obligación legal. Parece que, como en algunos aspectos se rigen por el derecho privado, en los aspectos del derecho público se relajan
un poco. Nos gustaría que nos hiciera algún comentario respecto a las medidas a tomar para poder hacer que estos organismos dependientes se espabilen en ese sentido.
Por último, quiero decir que el mayor control en el destino del dinero público, su mejor uso en los servicios públicos que deben prestarse, la mayor transparencia y la publicidad suponen un gran paso en los valores legales y democráticos que
rigen nuestro sector público local. Por tanto, agradecemos el informe, el análisis y las recomendaciones que nos ha presentado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alconchel.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Fole tiene la palabra.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Muchas gracias, señora De la Fuente, por acercarse de nuevo a esta Comisión para explicarnos o intentar resumir este extenso informe. El informe menciona las posibles soluciones legales y administrativas que se deben tomar para que cada vez
más las entidades locales rindan cuentas y también se enfoca en la imagen de prioridad que tiene el concepto de oportunidad a la hora de rendir cuentas para saber la imagen fiel de las entidades locales, hacer un seguimiento de las medidas
propuestas y plantear medidas correctoras si fuera el caso.
En el informe se analiza el cumplimiento de la rendición de cuentas de las entidades locales, también de las entidades dependientes y adscritas, de las que no han rendido cuentas y, luego, se hace un especial hincapié en la rendición de
cuentas de las entidades locales de la propia muestra.
Me gustaría hacer un pequeño resumen de su informe, de sus conclusiones. Sobre el primer punto usted ya ha dado muchísimos datos y el informe revela muchísimos más, por lo que yo no voy a insistir en los mismos porque sería reiterativo,
pero algunos sí que tengo que tocar. Según el análisis del cumplimiento del conjunto de las entidades locales, este se incrementa en 5 puntos desde 2005; se mejora en aquellos ayuntamientos de mayor tamaño y hay peores porcentajes en aquellos
ayuntamientos o entidades locales dependientes, en las Eatim, o en las mancomunidades. Aquí hago una primera pregunta. Usted ha dicho que la disminución de estas entidades locales dependientes o adscritas ha sido pequeña pero ha sido efectiva.
¿Usted cree que deberíamos insistir en este tipo de fusión o en que las entidades locales adoptasen las competencias que tienen las adscritas o dependientes? ¿Una progresiva desaparición mejoraría la rendición de cuentas de las mismas? Por otro
lado, la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local vinculaba la rendición de cuentas a la propia existencia de las Eatim. El artículo 36 de la ley se modifica y se plantea que para que las entidades locales tengan derecho a
las retenciones o ingresos a cuenta de las participaciones en los ingresos del Estado deberían tener la obligación de rendición de cuentas. Decía el señor Ten, que es una ley en la que el Partido Popular no había hecho nada. Critica mucho al señor
Montoro, pero continuamente en este informe se hace referencia a las bondades de la aplicación y la existencia de esta ley y de sus modificaciones en la rendición de cuentas y en otra serie de cumplimientos en los que la ley hace hincapié. En otras
comunidades autónomas, como Aragón o Galicia, también han enfocado la ley de subvenciones a poder obtener subvenciones con la obligación de la rendición de cuentas. ¿Cree usted que eso ha sido positivo y que se debería profundizar en modificaciones
de la ley para que valgan para la rendición de cuentas, en este caso, o para otro tipo de obligaciones de las entidades locales?
También se hace referencia en el informe a las nuevas tecnologías y a la falta de aplicaciones, a que esa falta de aplicaciones influye en los plazos de presentación y a que la disminución de los plazos de presentación facilitaría una mayor
transparencia y un mayor acceso a la información. Asimismo, en otra parte del informe se hace referencia a que faltan recursos humanos y se dice que en un determinado momento habría que potenciar la figura del interventor, sus competencias. Sin
embargo, el interventor no
es el que tiene la competencia de presentar el informe; sí lo hace, pero si luego se hacen reparos, no se presenta. Así, por mucho que se potencie -habría que ver cómo se analiza eso- la labor del interventor, si después el que tiene la
responsabilidad de presentar el informe no lo hace porque tiene reparos, estamos en una situación un poco anómala.
Respeto al cumplimiento de las entidades dependientes y adscritas, decía que el 53 % rindió en plazo. En los ayuntamientos grandes hay mayor rendición, como he dicho antes, y en los ayuntamientos pequeños, de menos de 1000 habitantes, el
porcentaje de rendición es mucho menor. En una de las recomendaciones hace referencia a que las instituciones provinciales deberían tomar medidas para facilitar los servicios y los medios para que pudiera aumentarse, no la competencia, pero sí ese
porcentaje de rendición de cuentas. En cuanto a otras entidades locales de la cuenta general, en los tres últimos ejercicios han sido casi 5000 entidades las que no han rendido: 50 % ayuntamientos, 30 % Eatim y el resto mancomunidades. Respeto al
50 % de ayuntamientos, el 62 % eran cuentas de 2016, el 21 % de 2015 y el 17 % de 2014. Claro, el 17 % de 2014, tres años antes; evidentemente, si en tres años no damos cumplimiento a la rendición de cuentas, algo sigue fallando. Sobre el
cumplimiento de la rendición de cuentas de las entidades locales de la muestra, hace referencia también a los tres ejercicios: 2014, 2015 y 2016. Igualmente, aunque nos acerquemos a la fecha actual, el porcentaje de incumplimiento de rendición de
cuentas sigue siendo muy elevado. Estamos en el 7 % en 2014, el 43 % en 2015 y el 52 % en 2016. Sobre las entidades locales fiscalizadas, incluso se detecta que el 32 %...
El señor PRESIDENTE: Vaya acabando, señor Fole, por favor.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, presidente.
Bien, tendré que ir resumiendo. Decía que el 32 % no las tenían ni elaboradas. En ese sentido, tenemos que ver una serie de recomendaciones como las que usted plantea.
Respecto a las recomendaciones, estamos muy de acuerdo con ellas, pero me gustaría hacer algún tipo de matiz. En la recomendación 4 dice que, efectivamente, se debería revisar la normativa actual en relación con el procedimiento de
rendición de la cuenta general de las entidades locales. Me gustaría que concretase algo más, porque en algún momento las tiene que aprobar el pleno y en un momento se facultó a la Junta de gobierno local para aprobar los presupuestos y las
cuentas. ¿Cree usted que debería ir por ahí la actuación concreta o nos puede contar alguna novedad?
En la recomendación número 10, que plantea que las entidades locales deberían adoptar los procedimientos necesarios para garantizar que el presupuesto cumpla su función de instrumento efectivo de planificación. Me remito a lo que decía
antes, si la entidad que debe preparar esas medidas es la misma que la que incumple, creo que debería ser otra administración la que haga ese tipo de exigencia, porque, si no, estamos equivocando un poco la recomendación.
Para finalizar -aunque tenía más cosas que decir-, en las últimas recomendaciones propone una serie de medidas que ya son reiterativas de otros informes e incluso de otro tipo de fiscalizaciones, como homogeneizar proyectos, más recursos
humanos, homogeneizar normas para el control y seguimiento de la contabilidad financiera y seguimiento de la ejecución presupuestaria. ¿Qué opina usted sobre la aplicación de superávit? En otra sesión hubo grupos políticos que plantearon que
debería dedicarse solamente a inversiones financieramente sostenibles, no solo a la amortización de la deuda, pero una vez que hemos visto que la Administración local da ejemplo precisamente de saneamiento, quizá deberíamos reflexionar sobre la
aplicación del superávit. ¿Cree que sería una buena recomendación que parte de ese superávit se pudiera aplicar a todo este tipo de carencias que año tras año se van viendo y que esto mejoraría no solo la fiscalización, sino el propio servicio, la
propia gestión de la entidad local a la hora de tener mejores tecnologías y mejor formación de personal para trabajar en esas nuevas tecnologías, y quizá también sería un incentivo para homogeneizar procedimientos, que sabemos que siempre llevan
aplicaciones informáticas paralelas? Creemos que sería una buena medida, al igual que lo fue la de las subvenciones o la de participar en los ingresos del Estado, si se cumple con las obligaciones, y quizá también lo sería si se recomienda u obliga
a que, efectivamente, parte de su beneficio lo reinviertan en mejorar ese servicio, porque así tal vez se prime a quien está trabajando bien en vez de castigar a quien no lo hace.
Muchas gracias, presidente, y perdone por la extensión.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fole.
Para dar respuesta a sus preguntas, tiene la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias por todas sus preguntas. Voy a procurar ser muy telegráfica, puesto que, efectivamente, es un poco tarde y porque creo que todas sus intervenciones y
sus preguntas van orientadas al mismo lugar y, además, coinciden con la preocupación fundamental del Tribunal de Cuentas en cuanto a que resulta fundamental promover la rendición de cuentas y lograr cumplir al cien por cien la rendición de cuentas.
Ello es así porque la rendición de cuentas no solamente es una obligación legal, sino también de transparencia. Además, es un elemento que permite la toma de decisiones, puesto que si no se rinden cuentas no se sabe cómo se gestiona y si no se sabe
cómo gestionar no se sabe cómo se ha de gestionar el futuro, es decir, qué se hace bien y qué se hace mal. En consecuencia, la rendición es una prioridad, y lo ha sido para el tribunal. Ustedes mismos han repetido en varias de sus intervenciones
que estas recomendaciones no son nada más que la reiteración, la insistencia en recomendaciones que venimos aplicando en los sucesivos años, en la medida en que nos encontramos con que los niveles de rendición aumentaron exponencialmente hasta el
ejercicio del año 2012, se estabilizaron en el ejercicio 2013 y siguieron más o menos el nivel en 2014. En 2015 bajaron de manera importante, seguramente por la modificación de las instrucciones de contabilidad y porque se modificó también la
aplicación de la plataforma de rendición de cuentas -es decir, hubo una serie de circunstancias que pudieron hacer que las entidades locales en un momento dado tuvieran más incertidumbres o más dificultades en la rendición-, pero se ha evidenciado
que en 2016 ha aumentado nuevamente el nivel de rendición en relación con 2015, a lo mejor porque se han superado esas dificultades. Sin embargo, si ustedes miran los niveles de rendición, verán que en 2017 vuelven a bajar, y no tiene sentido que,
una vez estabilizados en el proceso de rendición, vuelvan a bajar los niveles de rendición en plazo.
El Tribunal de Cuentas está haciendo un esfuerzo extraordinario para promover la rendición. El primer gran esfuerzo fue la plataforma de rendición de cuentas, que constituye una herramienta extraordinariamente útil que uniforma la rendición
de cuentas en todo el territorio nacional. Además, se han firmado convenios de colaboración con los órganos de control externo de las comunidades autónomas -anteriormente se ha puesto de manifiesto la colaboración en este punto con los OCEX- y se
ha adoptado un formato único de cuenta general de las entidades locales que facilita la rendición. Por otra parte, se llevan a cabo todos los años planes para promover la rendición con carácter preventivo, antes de la llegada de la fecha, y con
carácter reclamatorio, una vez transcurrido el plazo legal para la rendición sin que se hayan rendido cuentas. Se hacen fiscalizaciones específicas a las entidades que no rinden y, además, para averiguar cuáles son las causas que motivan esta falta
de rendición, precisamente por esa voluntad de ayudar a las entidades en el caso de que existieran problemas estructurales u organizativos que limitaran sus posibilidades de rendición para así poder ayudarles a hacerlo. Además, entre las
recomendaciones se pone de manifiesto el papel fundamental que desempeñan las diputaciones provinciales y los servicios de asistencia de las comunidades autónomas respecto de la rendición de las entidades locales de menor tamaño.
Resulta llamativo el dato de que no porque las entidades sean más pequeñas rindan menos. Aquí quisiera llamar su atención sobre estos datos. Por el tipo de entidad, como decía anteriormente, el 80 % de los ayuntamientos habían rendido la
cuenta general del ejercicio 2016 a diciembre de 2017. A excepción de los seis ayuntamientos de más de 500 000 habitantes, cuya rendición se situaba en un cien por cien, y de los ayuntamientos situados en el tramo de entre 5001 y 20 000 habitantes,
con un 75 %, el porcentaje de rendición -y aquí es donde quiero llegar- aumentaba a medida que descendía el tramo de población del ayuntamiento, llegando al 81 % de los ayuntamientos de entre 1 y 1000 habitantes. Luego, ¿es falta de medios? ¿El
problema es la falta de recursos? Lo que resulta preocupante es que, por ejemplo, la falta de rendición sea del 29 % en ayuntamientos entre 100 000 y 500 000 habitantes o que sea del 27 % en ayuntamientos de entre 50 000 y 100 000 habitantes o que
sea del 25 % en el tramo entre 50 000 y 20 000 habitantes. Entiendo que esto es lo preocupante.
Por otra parte, me preguntaba el señor González si el modelo de diseño del proceso de rendición de cuentas no es el adecuado. En este sentido querría comentarle que hay tres modelos de plan de contabilidad, precisamente para ajustarse al
tamaño y a las características de cada entidad, lo cual facilita la rendición de cuentas. Por otra parte, como le señalaba anteriormente, se ha llegado a un formato único de rendición de cuentas, con un modelo simplificado para las entidades más
pequeñas, con un formato que se viene probando ya desde las cuentas correspondientes al ejercicio de 2007, es decir, que está muy interiorizado por las entidades locales, y con un procedimiento muy sencillo de rendición. Por tanto, no sé si el
problema está en el proceso de rendición de las cuentas, sobre todo cuando hay entidades locales,
por ejemplo, Canarias o Aragón, que llegan al 98 %, y otras que llegan, como Andalucía, al 75 %, o como Castilla-La Mancha, al 79 %. El modelo de rendición es igual en todas las comunidades autónomas, precisamente porque hay un formato
único, luego, quizás el problema no está tanto en el modelo de rendición cuanto en el ejercicio de la rendición por parte de algunas entidades.
Por otra parte, a mí me llama mucho la atención una circunstancia. Por ejemplo -me voy a la rendición del ejercicio de 2017, porque creo que es el más gráfico-, a mí no me parece lógico que una comunidad autónoma como Castilla-La Mancha
rinda en plazo, es decir, el 15 de octubre de este año, el 35 % de las cuentas y transcurrido mes y medio haya rendido el 51 %. Esto no tiene sentido, esto no se debe a una dificultad de personal, porque si transcurrido mes y medio se ha rendido
este porcentaje, también se hubiera podido rendir mes y medio antes. Por ejemplo, el caso de la Región de Murcia, se ha rendido el 38 % de las cuentas en plazo en el ejercicio de 2017 y a fecha actual, mes y medio después, el 53 %. Yo creo que,
sin perjuicio de las dificultades y limitaciones de personal que pueda haber, sin perjuicio del apoyo que tenga que haber de las diputaciones provinciales, sin perjuicio del apoyo y la colaboración que podamos prestar los poderes públicos, el
problema de la rendición requiere la interiorización de la cultura de la rendición y de la importancia que tiene rendir y el efecto de ese rendimiento.
Por otra parte, dicen ustedes que es más conveniente la utilización de medidas como la vinculación de la percepción de subvenciones a la rendición que la imposición de sanciones. Respecto de la imposición de sanciones querría aclararles lo
siguiente. Las multas coercitivas no son sanciones, son simplemente medidas encaminadas a que se cumpla la rendición, a que se haga efectiva. Además, esas multas coercitivas se imponen sobre el responsable legal de la entidad y con cargo a su
propio peculio, es decir, no es la corporación local la que paga las multas coercitivas, sino el alcalde o el presidente de la diputación o cabildo o consejo insular quienes hacen efectivas esas multas coercitivas que, como les digo, no son
sanciones.
También me preguntaban sobre la no aprobación de las cuentas por parte de las sociedades mercantiles. Como saben, las sociedades mercantiles no rinden la cuenta de manera independiente, sino integrada dentro de la entidad pública.
Precisamente una de las cuestiones que ponemos de manifiesto es que no se pueda rendir por parte de la entidad principal porque no ha rendido la sociedad mercantil. En parte puede estar motivado porque hay un gran número de entidades mercantiles
locales que no tienen actividad y, sin embargo, no se dan de baja, que es por lo que aboga el Tribunal de Cuentas, que si no tienen actividad durante ejercicios sucesivos den de baja esas sociedades que no tienen actividad. Pero aunque no tengan
actividad, están obligadas a rendir su cuenta poniendo de manifiesto, precisamente, que no tienen actividad. En consecuencia, por esa circunstancia de que hay muchas que no tienen actividad puede estarse produciendo un retraso en la remisión o una
omisión de la remisión de las cuentas a la entidad principal para que las integre dentro de sus propias cuentas y las pueda rendir al Tribunal.
Finalmente, me preguntaban una serie de cuestiones relativas a las recomendaciones, y no puedo sino señalar que no cabe otra cosa que seguir insistiendo. Lo hacemos efectivo -y ustedes lo han puesto de manifiesto- en estos informes
específicos que hemos considerado muy oportuno seguir realizando precisamente para sensibilizar a las entidades locales, a ustedes -Parlamento- y a los ciudadanos de que resulta fundamental ser transparente y cumplir las normas de dación de cuentas
y de asunción de responsabilidades por la gestión realizada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD CONTRACTUAL DEL SECTOR PÚBLICO EMPRESARIAL ESTATAL NO FINANCIERO, A PARTIR DE LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR LA PLATAFORMA DE RENDICIÓN TELEMÁTICA DE LA CONTRATACIÓN, EN LOS EJERCICIOS 2015 Y
2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000268 y número de expediente del Senado 771/000264).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del segundo punto del orden del día: Informe de fiscalización de la actividad contractual del sector público empresarial estatal no financiero, a partir de la información proporcionada por la
Plataforma de rendición telemática de la contratación, en los ejercicios 2015 y 2016.
De nuevo tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, presidente.
Esta fiscalización ha tenido como objetivo principal verificar si se han cumplido las disposiciones legales y reglamentarias a que está sometida la actividad contractual de las entidades del sector público empresarial estatal no financiero,
configurándose como una fiscalización horizontal y de cumplimiento. En el informe se exponen, en primer lugar, un conjunto de resultados generales predicables del conjunto del ámbito subjetivo fiscalizado y, posteriormente, resultados particulares
respecto de cada uno de los concretos grupos de empresas analizados.
En los resultados generales se indica que el número de contratos formalizados por las entidades fiscalizadas en el periodo 2014-2016 fue de 29 455, con un importe total de 14 741 millones de euros. Fue en 2015 cuando se formalizaron más
contratos, casi el 14 % más que en el ejercicio anterior, volviendo a reducirse la contratación en 2016 casi un 9 % respecto de 2015. La mayor relevancia económica de la contratación correspondió al Grupo ADIF, que adjudicó el 41 % del importe
contratado, siguiéndole en importancia los grupos Enaire y Renfe Operadora, con el 12 % y el 11,52 % respectivamente. Por el número de contratos formalizados, destaca el Grupo Tragsa, con el 16,29 % de los expedientes, y Puertos del Estado y las
Autoridades Portuarias, con el 11,39 % de los contratos.
En 2015, el número de expedientes remitidos en plazo ascendió al 50 %, habiéndose mejorado el cumplimiento de esta obligación en el ejercicio 2016 al llegar al 62 %. En todo caso, presentan niveles bajos de remisión. Estos retrasos afectan
fundamentalmente al Grupo Adif, al Grupo Enaire, a Navantia, al Grupo Correos y al Grupo Renfe. Además, el Tribunal de Cuentas ha recibido 4563 comunicaciones, correspondientes a expedientes de incidencias surgidas durante la ejecución de los
contratos a lo largo de 2014-2016, de las que el 70 % fueron remitidas dentro del plazo previsto. De las entidades que remitieron las relaciones anuales de contratos formalizados en el ejercicio 2014, el 53,64 % lo hicieron dentro del plazo
establecido, y el porcentaje de rendición en 2015 se incrementó hasta el 83 %, aunque solo se recibieron en plazo el 64 % de los contratos. Durante 2016, los porcentajes de entidades que cumplieron con la mencionada obligación descendieron,
situándose en el 79 %; no obstante, mejoró el cumplimiento en plazo alcanzando el 73 %.
Las comprobaciones realizadas han puesto de manifiesto que se han producido discrepancias entre las relaciones anuales de contratos certificadas y los expedientes de contratos, remitidas en el 34 % de los casos. En torno al 98 % de los
expedientes de contratación se tramitaron en el periodo fiscalizado por el sistema ordinario, habiendo tenido un carácter muy residual los tramitados por el procedimiento de urgencia y emergencia. El procedimiento abierto, en el que además del
precio se tuvieron en cuenta otros criterios, fue el más utilizado desde el punto de vista del importe, representando el 52 % en 2014, el 38 % en 2015 y el 26 % en 2016. El procedimiento negociado con publicidad también resultó de importancia
significativa en la adjudicación de los contratos, tanto por el número de contratos adjudicados como por la cantidad contratada; en el ejercicio 2014, lo fueron el 21 % del importe total; en 2015, representó el 33 % y en 2016, el 30 %. En cuanto
al procedimiento negociado sin publicidad, en 2014 el importe contratado por este procedimiento representó el 15 % del total; en 2015, el 14 %; y en 2016, el 25 % del importe total contratado. Sin embargo, en cuanto al número de contratos fue el
procedimiento más utilizado.
Las bajas obtenidas en los precios de los contratos guardan una estrecha relación con los diferentes procedimientos de adjudicación. La baja media en el periodo 2014-2016 fue prácticamente del 11 %; no obstante, el ahorro en el precio
osciló entre el 20-28 %, para los expedientes adjudicados mediante procedimiento abierto con criterios múltiples, y el 4,55 %, para los adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad. Por otra parte, el 71 % de los expedientes de
incidencias surgidas a lo largo de la ejecución de los contratos tuvo repercusiones en el precio o en los plazos de los contratos. Las principales incidencias se refirieron a modificaciones de contratos, ampliaciones de plazos, prórrogas,
revisiones de precios y suspensiones en la ejecución. Las entidades que presentaron mayor número de incidencias fueron Adif, Adif Alta Velocidad y, con porcentajes mucho más bajos, Renfe Operadora, Enaire y la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos.
En cuanto al cumplimiento de la normativa sobre transparencia, el informe indica que la diversidad de formatos de comunicación en las webs corporativas para dar publicidad a la actividad contractual dificulta al ciudadano el acceso a la
información, afectando a la transparencia. Por otra parte, no existe un tratamiento homogéneo en el sector de empresas estatales en lo que se refiere a la inclusión en los contratos de condiciones especiales destinadas a promover la igualdad de
género relacionada con la ejecución de los contratos.
En cuanto a los resultados más relevantes sobre los principales grupos de empresas contenidos en el informe, en relación con el Grupo Adif y Adif alta velocidad se indica que, según las relaciones anuales remitidas, formalizaron, en el
periodo 2014-2016, 3102 contratos, por un importe de 6000 millones de euros. Adif utilizó para el 70 % de los contratos adjudicados, que representan el 26 % del importe adjudicado, el procedimiento negociado sin publicidad, habiendo obtenido una
baja del 5 %. La baja media fue muy superior en el resto de los procedimientos de adjudicación, situándose entre el 15 y el 21 %. Por su parte Adif Alta Velocidad, para el 53 % de los contratos adjudicados, que suponen el 67 % del importe
contratado en ese periodo, utilizó un procedimiento abierto con criterio múltiple, habiendo obtenido una baja del 42 %. El procedimiento negociado sin publicidad se aplicó para el 30 % de los contratos, habiendo obtenido una baja media del 7 %.
Algunos expedientes de contratación de obras complementarias de Adif Alta Velocidad adjudicadas al contratista principal mediante procedimiento negociado sin publicidad incluyeron convalidaciones de gasto de actuaciones ya ejecutadas,
procedimiento que no se ajusta a la normativa reguladora de la contratación, que impide la contratación verbal, habiéndose justificado en los expedientes los motivos que imposibilitaron la ejecución de estas actuaciones sin la previa formación del
contrato. En ocasiones estas obras complementarias no obedecieron a obras nuevas, sino a actuaciones adicionales debidas a incidencias surgidas durante la ejecución de los contratos principales, que en algunos casos obedecieron a defectos en la
previsión de los proyectos debidos a la falta de estudios necesarios en los terrenos en los que se iban a ubicar las obras. Se autorizaron ampliaciones de plazos y prórrogas sucesivas mientras se tramitaban las modificación de los contratos con el
objeto de mantenerlos vigentes y evitar una nueva licitación.
Respecto del Grupo Enaire, señala el informe de fiscalización que, según las relaciones de contratos remitidas, este grupo formalizó 3164 contratos, por un importe global de 1781 millones de euros. La baja media obtenida fue del 15 % del
importe de licitación, que descendió hasta el 10 % para los contratos en los que se empleó el procedimiento negociado sin publicidad, frente el 19 % de ahorro que se obtuvo en los contratos para los que se utilizó el criterio precio. En el 85 % de
los contratos la adjudicación se realizó por el procedimiento negociado sin publicidad con una baja media de 16 %.
El Grupo Renfe Operadora, según las relaciones anuales de contratos remitidas, formalizó 5641 contratos por un importe global de 1698 millones de euros, obteniendo la mayor relevancia los contratos de servicios que representaron el 75 % del
importe total contratado. El 72 % de los contratos de este grupo se adjudicaron por el procedimiento negociado sin publicidad, con una baja media del precio del 2,21 %. El ahorro para los contratos que se adjudicaron por el procedimiento abierto
con criterio precio negociado con publicidad y restringido criterio precio se situó en torno al 15 %. Y la baja media para aquellos que se adjudicaron mediante el procedimiento abierto con criterios múltiples ascendió al 19 %, empleándose este
procedimiento en el 11 % de los expedientes por un valor del 11 % de la contracción total. El grupo Renfe Operadora empleó con frecuencia los acuerdos-marco, los contratos derivados de estos son en realidad notas de pedido contra el contrato
principal que responden a una modalidad de contratación de compras centralizadas para todas las empresas del grupo. Se trata de una modalidad de contratación bajo la modalidad de contrato abierto, principalmente para los contratos de fabricación y
de mantenimiento cuya tramitación no precisa reserva presupuestaria previa, y que se adjudican normalmente por el procedimiento negociado sin publicidad. Con estos contratos podría limitarse la competencia.
El grupo Tragsa, según las relaciones de contratos, formalizó en el período 2014-2016 4799 contratos, por un importe global de 627 millones de euros. Los contratos que tuvieron mayor relevancia fueron los de suministro, que representaron el
54 % del número de contratos formalizados, y el 49 % del importe contratado en el período, seguidos por los de obras y servicios. Tragsa tramitó 56 expedientes por el procedimiento negociado sin publicidad, por un importe de 31 813 millones de
euros, obteniendo una baja media del 13 %, sin que estén suficientemente motivados los supuestos concretos que permiten adjudicar mediante este procedimiento. Por su condición de empresa pública obtuvo contratos en virtud del régimen especial del
Gobierno de Ecuador, que permite la adjudicación a este tipo de empresas sin procesos previos de licitación y concurrencia, cuya ejecución tenía pactada con empresas locales con las que suscribía posteriormente acuerdos de negocio en común, para que
asumieran la ejecución de más del 30 % contratado, y acordando una participación en riesgos y beneficios del 51 % para Tragsa y el 40 % para las empresas locales. Estos acuerdos de negocios en común no se formalizaron en escritura pública y no se
comunicaron formalmente en sus estrictos términos a la Administración ecuatoriana. Tragsa celebró dos contratos para la adquisición de mobiliario para el edificio del Mineco, resultando difícil estimar
que este suministro pueda considerarse como servicio esencial dentro de las materias que constituyen el objeto propio de los servicios esenciales que presta.
Finalmente el sector portuario, según las relaciones anuales remitidas, formalizó 3355 contratos por un importe global de 996 millones de euros, siendo los contratos de obras los que tuvieron mayor relevancia desde el punto de vista
económico a lo largo del periodo, representando el 66 % del importe total contratado. La baja media obtenida en los precios de adjudicación de los contratos en el periodo 2014-2016 fue del 13 %, que se situó entre el 26 y el 24 % para los
adjudicados por los procedimientos abierto, criterio precio y criterios múltiples. La baja media descendió al 12 % cuando el procedimiento de adjudicación fue el negociado sin publicidad, que por otra parte fue el más utilizado.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Picornell tiene la palabra.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias. Buenos días, señor presidente.
Buenos días, señora presidenta. En primer lugar, felicitamos al Tribunal de Cuentas por este interesante informe que a nuestro juicio nos deja ver el más puro estilo de la marca España, y decimos esto porque se encarga una obra y en muchas
ocasiones, en demasiadas ocasiones ni se cumplen los plazos de las obras y además se incrementa su coste. De hecho el Estado -quiero recordarlo- ya fue el hazmerreír del mundo y la indignación por las obras de Sacyr en Panamá, es decir, que es una
constante que se va repitiendo a lo largo de los años. Creo no equivocarme si digo que este es el modus operandi de muchas de las empresas que operan en nuestro Estado.
El informe eleva el número de prórrogas hasta casi 700, sumando en ellas casi 5700 meses, dejando el impacto de 582 millones de euros, algunas de las cifras ya las ha explicado la presidenta. En total el sobrecoste de estas actuaciones
asciende a casi 1000 millones de euros, repito casi 1000 millones de euros. Nosotros nos preguntamos qué bien habrán vivido algunas de estas empresas a lo largo de los años con estas prácticas, no nos lo explicamos, no encontramos explicación. No
sé cómo lo ven el resto de grupos parlamentarios, pero desde Esquerra Republicana creemos que alguien debería dar explicaciones políticas por esas barbaridades. Usted, presidenta, ya lo ha citado. Durante los años fiscalizados se registraron en
ADIF Alta Velocidad un total de 885 incidencias, en Renfe Operadora 250, en Renfe Viajeros 162, en Renfe Mantenimiento 83, además de otras empresas públicas que también ha citado. En total 1380 incidencias relacionadas directamente solo con Renfe o
ADIF. Como decía, nosotros alucinamos con estas cifras, no las entendemos, vamos a pedir explicaciones políticas. Esperemos recibir respuestas convincentes, porque para nosotros es una cuestión que no podemos pasar por alto.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
En primer lugar, quiero trasladar nuestro agradecimiento, señora De la Fuente, por el informe que ha presentado; la verdad es que ha sido clara e incluso en ciertos momentos ha sido especialmente dura. Creo que es bueno que lo diga el
Tribunal de Cuentas y así lo agradecemos. Ha hablado de transparencia, ha hablado de digitalización, centrándose sobre todo en la rendición telemática, y sobre todo en que eso mejora la información desde luego para la toma de decisiones. Usted lo
decía antes: sin esa información es evidente que no se pueden tomar correctamente las decisiones. El señor Picornell, de Esquerra Republicana de Catalunya, que gobierna además con el antiguo Convergència i Unió, los del 3 %, hablaba de la marca
España. Marca España no, creo que esto es lo que ha resultado durante muchísimos años, tanto con Gobiernos del Partido Popular como del Partido Socialista y con Gobiernos de Convergència, que ahora gobiernan con Esquerra Republicana. Esto es lo
triste, lo triste es la situación de corrupción y de sobrecoste que tenemos que aplacar con la legislación positiva que tenemos que hacer los grupos parlamentarios, especialmente el nuestro.
La Ley 7/1988, de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, establece que están sujetos a fiscalización por el propio tribunal todos los contratos celebrados por la Administración del Estado y demás entidades del sector público, lo cual supone
evidentemente una avalancha que hasta ahora no podía fiscalizarse con pequeñas muestras. Creo que esta plataforma desde luego va a ayudar muchísimo. Es un informe además
muy reciente -2015 y 2016- con lo cual volvemos a agradecer el trabajo que está haciendo el Tribunal de Cuentas. La primera pregunta que quería hacer es si pudiera darme un balance realmente de esta plataforma telemática de contratación, y
si piensa usted que es suficiente con todo ello para poder tener esa información y para poder mejorar estos procesos.
De los 3064 contratos remitidos hay un tercio que tenía discrepancias con la información, usted lo ha comentado, y quería preguntarle si no hay ninguna recomendación específica sobre este asunto. Es decir, ¿qué grado de gravedad tienen esas
discrepancias? No sé si me puede concretar algo más. Nos parece que es preciso hacer un seguimiento especial sobre los sobrecostes. Usted nos ha comentado algunos casos, pero en el periodo fiscalizado supusieron casi 1000 millones, 953 millones
de euros. Ya no tanto nos preocupan los sobrecostes -que son fruto de esa falta de competencia-, sino que lo que nos preocupa es el motivo, el porqué de ese sobrecoste. Si realmente es por ese capitalismo de amiguetes que llamamos nosotros o de
esa falta de competencia y analizar las causas. Le pongo un ejemplo, nos llama la atención que nueve contratistas acumularán el 18,6 % de los 7830 millones a los que ascendió el importe adjudicado de los contratos en ese periodo 2014-2016. Le
pregunto, señora De la Fuente, ¿es este un dato que se ha podido obtener por el nuevo tratamiento temático de los datos, de esta plataforma? ¿Puede elaborar qué hay detrás de esa concentración de contratos? Porque la respuesta puede ser muy
sencilla, y es que puede ser que sean las mejores empresas las que están realizando ese tipo de contratos o por el contrario que sean las mejor conectadas, las que mejor están colocadas por las influencias políticas, con lo cual permitimos no solo
un sobrecoste, sino además un coste de oportunidad, y creo que mandamos un mensaje erróneo al mercado. Yo le pregunto si esa concentración se da en el procedimiento abierto o negociado, porque según el informe -y usted lo ha dicho- el ahorro en el
precio osciló un 20 % en adjudicaciones por el procedimiento abierto con criterios múltiples, y un 5 % para contratos adjudicados mediante procedimientos negociados sin publicidad. Nos ha hablado del tema de Tragsa, y evidentemente eso limita la
competencia, y ya sabemos los resultados que se producen cuando hay limitación de competencia.
Por último nos ha hablado de las entidades más incumplidoras; tenemos a Navantia, a Correos, a Renfe Operadora. Señora De la Fuente, ¿existe alguna explicación de por qué esa coincidencia? ¿Usted piensa que tiene algo que ver la
politización de los consejos de dirección de estas entidades para que tengamos estos expedientes, en los cuales la peor rendición de cuentas la hacen esas empresas?
Termino, señor presidente. Tenemos el informe del consejo general del mercado de la competencia que estima ese sobrecoste, y yo espero que la plataforma de rendición de cuentas telemática avance para disminuir estas deficiencias. Además no
podemos estar más de acuerdo con usted en el sentido que apuntan sus recomendaciones de garantizar esa profesionalización de las comisiones de valoración. Le pregunto lo siguiente: si hay que mejorar esa profesionalización de las comisiones de
valoración que ustedes hacen en sus recomendaciones, en la transparencia para reducir esas incidencias, me gustaría saber por qué causa no se hace, por qué no se ha hecho hasta ahora. Si conseguimos concretar las causas es mucho más fácil la toma
de decisiones. Tengo la sensación, repito, de que es porque estas decisiones están politizadas. Usted comentaba que en numerosas ocasiones las empresas públicas que no tienen actividad no se dan de baja. ¿Por qué no se dan de baja? No sé qué
interés puede haber en el Partido Popular o el Partido Socialista en aquellas entidades que están controladas por estos partidos; no entiendo por qué no se dan de baja.
Muchísimas gracias. Le manifiesto mi agradecimiento especial por el informe que ha hecho, señora presidenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, presidenta del Tribunal de Cuentas, por su exposición inicial. Voy a sustituir a la senadora Celia Cánovas, que no ha podido estar hoy con nosotros y que iba a encargarse de hablar de este informe.
Como señala el informe la Ley 31/2007 traspone las directivas europeas sobre la regulación de los contratos para los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales. Este régimen singular en la contratación es menos
estricto que el establecido para la adjudicación de los contratos públicos de obras, servicios y suministros, entre ellos la selección del contratista. Entre las entidades
sometidas a este régimen especial de contratación encontramos al Grupo ADIF, Enaire, Correos, Renfe Operadora, Puertos del Estado y las Autoridades Portuarias, es decir, una parte muy relevante de nuestro sector público. El grado de
cumplimiento de remisión al Tribunal de Cuentas dentro de los tres meses siguientes a la formalización del contrato en 2016 fue de un 61 %, que es un dato preocupante, y en algunas empresas como Navantia es completamente desolador. Además, de los
3064 expedientes examinados, 318 estaban incompletos, pero creo que lo más relevante de este informe es en cuanto a los procedimientos de selección de los contratistas y su adecuación a los principios de concurrencia y publicidad, e igualdad de
trato entre los licitadores. En 2014 fue significativa la utilización del procedimiento negociado sin publicidad para la adjudicación del 45 % de los contratos, siendo en todos los ejercicios el principal procedimiento utilizado. Hay un escaso uso
del proceso de adjudicación bajo el criterio de la mejor oferta económica. De hecho las bajas obtenidas en los precios guardan relación con los diferentes tipos de adjudicación. El ahorro del precio osciló desde el 20,28 % para los expedientes que
se adjudicaron mediante procedimiento abierto, hasta un ahorro de tan solo el 4,55 % para los expedientes adjudicados mediante el proceso negociado sin publicidad, es decir, los precios más caros se pagaron en un mayor número de contratos y en
procedimientos sin publicidad.
Hay que señalar que a partir de la entrada en vigor de la Ley de Contratos el Sector Público, que ha tenido como objetivo implantar una contratación pública basada en la integridad, la transparencia, la igualdad y la competencia, se han
suprimido preceptos que atentasen contra dichos principios y se ha suprimido el procedimiento negociado sin publicidad que comentábamos, y del que tanto se ha abusado. Quería pedirle a este respecto una valoración a la presidenta del Tribunal de
Cuentas sobre el impacto que ha tenido la nueva Ley de Contratos del Sector Público. Además es llamativo, como ya se ha comentado, el gran volumen de contratación que se concentra solo en nueve contratistas, el 18,6 % de la contratación, y
queríamos preguntarle también cuáles cree usted que son los motivos de la concentración de este volumen de contratación en tan pocas manos.
En cuanto al cumplimiento de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información y buen gobierno, en materia de contratación, deseo señalar las dificultades del acceso a la información debido a la diversidad de
formatos, a la carencia de webs y a que la plataforma de contratación del sector público no resulta una herramienta ágil para acceder a la información. Sobre esto también queríamos preguntarle si el Tribunal de Cuentas ha advertido a este respecto
y si se espera una pronta resolución a estos problemas.
Para terminar quisiera indicarle que de nuevo no existe tratamiento homogéneo en las condiciones contractuales destinadas a promover la igualdad de género en los contratos, y nos parece un dato recurrente en muchos de los informes que vemos
en la Comisión, lo que es muy preocupante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mato.
El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, deseo reconocer el completo y complejo informe de fiscalización que hoy se debate, y trasladar nuestro reconocimiento al Tribunal de Cuentas y por supuesto a la presidenta, que hoy nos acompaña. El objetivo que se plantea
con este informe es...
El señor PRESIDENTE: Entiendo que es el señor Alonso el que va a intervenir en este punto. Tiene usted la palabra, señor Alonso. En cualquier caso agradezca la versatilidad de su compañero el señor Mato. (Risas).
El señor ALONSO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias, señora presidenta, por su comparecencia y por su informe. Nosotros hemos hecho un examen y hemos estudiado con profundidad este gran informe que usted ha elaborado, en el que la mayor parte de las conclusiones de carácter
general se refiere fundamentalmente al grado de incumplimiento del deber de rendición de cuentas y a la remisión al tribunal de la información, pero también entendemos que muchas empresas han cumplido estos deberes, de conformidad con la normativa
vigente. Destaca el Tribunal de Cuentas el exceso de utilización del procedimiento negociado sin publicidad, y también la escasa utilización de los procedimientos de adjudicación, que se realizan atendiendo a un solo criterio de adjudicación, como
es el precio. Sobre esta cuestión debemos señalar, en
cuanto al empleo del procedimiento negociado sin publicidad, que en el período al que se refiere la fiscalización los supuestos y la legislación vigente permitían acudir realmente a este procedimiento mucho más que la ley actual. Es
evidente que la vigente Ley de Contratos del Sector Público es mucho más restrictiva y por tanto superará esta cuestión.
Por lo que se refiere a las conclusiones sobre ADIF y ADIF Alta Velocidad, cuyos datos se refieren al empleo del procedimiento negociado sin publicidad, se señala que ambas entidades han acudido al citado procedimiento excesivamente. Sin
embargo entendemos, como he dicho anteriormente, que esta es una posibilidad que permitía la ley. Gran parte de los procedimientos negociados sin publicidad incluidos en la fiscalización realizados por ADIF y ADIF Alta Velocidad son negociados sin
publicidad por motivos de vinculación técnica, ya que únicamente hay una empresa que pueda realizar el objeto del contrato, y en estas situaciones, dado lo restrictivo del mercado, lo habitual es obtener bajas reducidas respecto a los presupuestos
de licitación. También se expone que hay supuestos en los que ADIF y ADIF Alta Velocidad han llevado a cabo convalidación de las actuaciones ejecutadas. Entendemos que las convalidaciones procede llevarlas a cabo para no contravenir el principio
de enriquecimiento injusto.
En cuanto a las obras complementarias se disponía que las obras complementarias no obedecieran a obras nuevas, sino a actuaciones adicionales, y además hay que decir que estas obras adicionales fueron firmadas directamente por la Dirección
de la Asesoría Técnica Jurídica, por los servicios generales del Ministerio de Fomento.
Respecto a las recomendaciones que hace el informe, la primera de las recomendaciones tiene por objeto promover la integridad y evitar prácticas irregulares, garantizar la profesionalización de las comisiones de valoración en la
contratación, que deberían estar conformadas exclusivamente por personal técnico. Sin embargo entendemos que tanto en ADIF como en ADIF Alta Velocidad estas comisiones de contratación son conformadas fundamentalmente por personal técnico.
Propone también el tribunal plena garantía de la transparencia, y para ello sería recomendable que en los procedimientos de adjudicación con varios criterios de ofertas y licitadores estas fuesen anónimas. Entendemos que esta recomendación
sin embargo es poco viable, una vez que la presentación de las ofertas se realiza de forma electrónica, y que las mismas han de ser firmadas por el ofertante por medios electrónicos. Asimismo, de ser posible la presentación de ofertas anónimas, eso
generaría -entendemos- mucha dilatación en la contratación. También recomiendan medidas y procedimientos que permitan una previsión más realista, destinando más recursos a la fase de la redacción de los proyectos. Entendemos que en este momento
tanto ADIF como ADIF Alta Velocidad han intensificado sus esfuerzos en la fase de redacción de proyectos de obras.
También recomienda el tribunal mayor utilización de procedimientos de adjudicación basados en criterios del precio. Entendemos que este criterio no se puede compartir porque, tanto la directiva de contratación pública como la Ley 9/2017,
asientan el principio de selección de ofertas, no la más ventajosa económicamente, sino la que sea mayor y mejor en relación con la conexión precio-calidad que represente.
Por último vamos a hacer referencia también a Enaire, esta empresa donde hay un informe de fiscalización que hace constar que ha habido hasta 238 incidencias, pero realmente 94 son actuaciones sin repercusión económica, 82 corresponden a
actuaciones que han dado lugar a una minoración del coste efectivo del contrato, 62 son actuaciones con coste para esta entidad, si bien no ha supuesto ningún incremento del precio contratado, 59 se corresponden a prórrogas contractuales, 2 se
corresponden a actualización contractualmente prevista, y una solamente corresponde a un modificado de alcance. Por lo tanto, de las 238 incidencias comunicadas en cumplimiento de la ley, solo una responde a un modificado inicialmente no
contemplado en el contrato.
En cuanto a las recomendaciones del tribunal, para concluir se inculca intentar una profesionalización de las comisiones de evaluación integradas exclusivamente por personal técnico, excluyendo a los directivos. Entendemos que en estos
momentos los informes de evaluación de las ofertas técnicas vienen siendo firmados solo por los técnicos. Hay otra recomendación que es que en los procedimientos con más de un criterio de evaluación las ofertas deberían presentarse de forma
anónima. Creo que esto generaría, como hemos dicho anteriormente, distintas dificultades porque habría que realizar un formulario estandarizado de oferta, se tendrían que presentar las ofertas de forma telemática, y ello no podría ser porque
tendría que aparecer la firma de la persona que lo representa. No podría solicitarse como criterio de valoración la viabilidad económica de las empresas; la inclusión de algún error, de algún anagrama también llevaría consigo la pérdida de esta
oferta. En definitiva entendemos que el futuro desarrollo electrónico podría minimizar esta posibilidad.
Finalmente, para concluir, nos gustaría preguntarle con carácter general cuál es la composición actual de las comisiones de valoración, y qué incidencia tienen estas en la valoración de las ofertas. Se ha hablado también de la contratación
de Tragsa en Ecuador, con datos procedentes de rendición de contratos en la plataforma de contratación del Tribunal de Cuentas, pero entendemos que sería conveniente realizar una fiscalización específica de la contratación en el exterior de Tragsa y
de otras empresas del SEPE. También hemos visto que se hace mención a las condiciones especiales de ejecución para estimular la presencia de mujeres en sectores donde están infrarrepresentadas, e incidimos en que convendría valorar una
fiscalización del seguimiento y eficacia de estas medidas. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Popular el señor Juncal tiene la palabra.
El señor JUNCAL RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero darle la bienvenida nuevamente a la presidenta del Tribunal de Cuentas. Y quiero felicitar al tribunal por este extenso informe, extenso e intenso en cuanto a cifras estadísticas, porque abarca muchos campos de la actividad
empresarial del Estado, e intenso por el número de contratos que trata.
Los datos arrojan que hay deficiencias en cuanto a la presentación tardía o nula, como es el caso de Navantia, que llama la atención, pero tiene una explicación por lo menos razonable; muchas de las preguntas que se han hecho
indudablemente, leyendo las alegaciones, yo comprendo que es un tocho -permítaseme la expresión- de novecientas y pico páginas, y leerse las alegaciones es un trabajo laborioso, pero indudablemente daría respuesta a alguna de las preguntas que aquí
se han hecho. Tampoco tenemos todos la capacidad de mi paisano -y permítame la broma, señor presidente-, el señor Mato, de empezar a hablar de un tema, de un expediente que no tocaba, pero es que los de Ferrol somos así.
Mi pregunta, señora presidenta, era sobre la extensión, las deficiencias, pero también las ilegalidades, las responsabilidades contables, porque se han detectado denuncias a fiscalía, y quería saber en cuántos expedientes se ha tenido que
tomar esa medida, porque se detecta no un incumplimiento formal, sino ya una responsabilidad. También quisiera que hiciese una aproximación -voy a ser muy breve- a lo que ha significado la nueva Ley de Contratos del Sector Público, porque está en
vigor desde 2017, si no me equivoco, y fue un avance -a mi entender- impulsado por el Gobierno del Partido Popular, que precisamente recoge parte de las recomendaciones que hace el propio tribunal en cuanto a la profesionalización de las comisiones
de valoración. Por lo tanto le pediría una valoración sobre esos extremos.
Y ya solamente un apunte. Se habla a veces de los contratos negociados sin publicidad. Y es que estamos en situaciones, como se ha citado sobre ADIF, donde muy pocas empresas tienen la capacidad técnica y económica para hacer frente a
obras de la envergadura -como en el caso de ADIF- como trenes de alta velocidad y otras infraestructuras, que indudablemente no pueden ser acometidas, y por lo tanto no nos debe asustar. Lo que sí nos debe preocupar, por lo menos a este grupo le
preocupa, es que más allá de las responsabilidades formales haya responsabilidades de otro tipo, que obviamente eso sí sería preocupante.
Quisiera que usted explicara el tema que comentaba de la profesionalización y el tema del precio, porque muchas veces nos fijamos en el precio, pero es verdad aquel refrán de lo barato sale caro, es decir, que hay que llevar perfectamente
las características del proyecto, y también conocemos los problemas que generan las bajas temerarias, etcétera.
Por mi parte nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Juncal, y por su brevedad también.
Tiene la palabra la señora presidenta para dar respuesta a los intervinientes.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias.
Varios de ustedes me han pedido una valoración o el balance que se puede hacer de la plataforma de rendición telemática de la contratación. Efectivamente creo que es bastante expresivo el informe en relación con el balance que hace, porque
hace referencia permanente y ofrece muchos datos sobre la contratación, que también pueden ser analizarlos y ofrecer resultados.
Por otra parte, me preguntaba el señor Ten si podría aclarar un poco más las discrepancias que existen entre las relaciones de contrato remitidas y los expedientes de contratación remitidos. Sabe usted
que la remisión de las relaciones de contratos responde a una obligación establecida por el artículo 40 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. Sin embargo, es el artículo 29 de la ley vigente en el periodo fiscalizado el que
establecía la obligación de remisión de los expedientes de contratación en el plazo de tres meses desde el momento de su celebración. Consecuentemente, al tratarse de dos obligaciones distintas, deberían incluirse en las relaciones de contratos que
se remiten al Tribunal de Cuentas todos aquellos contratos de las mismas cuantías. Es decir, no estamos hablando de la misma obligación pero estamos hablando exactamente de las mismas cuantías. No todos los expedientes de contratación que se
remiten al Tribunal de Cuentas han de incluirse en la relación de contratos que se remite al Tribunal de Cuentas. Es verdad que esta circunstancia se ha modificado como consecuencia de la nueva Ley de 2017 y que en la relación de contratos habrá de
incluirse mayor cantidad de información y mayor número de contratos, incluso los menores siempre que sean de 5000 euros. De ahí proceden las discrepancias sobre esas obligaciones y, además, esas obligaciones no afectan a los mismos tipos de
contrato.
Han planteado algunas cuestiones sobre qué hay detrás de la concentración de contratos adjudicados al contratista o sobre la causa de que no se hayan profesionalizado las comisiones de valoración. Tengo que insistir en este punto en el tipo
de fiscalización en el que nos encontramos. Es una fiscalización de cumplimiento donde se ponen de manifiesto cuáles son, precisamente, los cumplimientos, qué nivel de observancia de la legalidad se ha tenido en la contratación de estas entidades.
Desde luego, no se entra a analizar las razones que han motivado esas incidencias. Nos encontramos en un sector con unas empresas donde no todas ellas cuentan con la capacidad técnica suficiente para hacer frente a grandes proyectos de
infraestructura, lo cual podría explicar de algún modo que recayera sobre las mismas empresas un gran número de contratos. En cualquier caso, no es la función de este informe de fiscalización entrar a dilucidar estos extremos. También han puesto
ustedes de manifiesto la importancia de la remisión de las relaciones de contratos y de los expedientes de contratación. Nuevamente, en esto coincido con ustedes, en la medida en que sin información no hay transparencia y en que sin información y
sin transparencia no puede haber control. Por tanto, estoy plenamente de acuerdo con ustedes en que resulta fundamental el cumplimiento de esta obligación.
Varios de ustedes me han preguntado qué impacto puede tener la nueva normativa de contratos en todas estas irregularidades que se ponen de manifiesto en el informe de fiscalización. En relación con esta cuestión, quería hacer referencia a
algunos pronunciamientos que hace la propia norma. Es cierto que todavía no hemos fiscalizado los contratos bajo la entrada en vigor de la nueva ley, de manera que no sabemos el efecto real ni el impacto real que esta nueva norma tendrá, porque,
como saben, somos un órgano que fiscaliza estos contratos, pero los pronunciamientos que recoge la norma ya pueden indicar que se establece un marco que puede ayudar a favorecer, como no podría ser de otra manera -entiendo que el Parlamento cuando
legisla procura hacerlo para mejorar-, todas estas incidencias que se ponen de manifiesto en la contratación. Y quiero llamarles la atención sobre algunos de los pronunciamientos de la ley en este sentido. La ley señala que ha tenido como objetivo
fundamental implantar una contratación pública basada en los principios de integridad, transparencia, igualdad y competencia, introduciendo novedades dirigidas a la consecución de estos objetivos y suprimiendo los preceptos que pudieran ocasionar el
resultado contrario. Además, también se pretende asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad presupuestaria y de control del gasto y el principio de integridad, una eficiente utilización de los fondos destinados a la contratación mediante
la exigencia de la definición previa de las necesidades a satisfacer -esto resulta absolutamente esencial en grandes infraestructuras-, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta económicamente más ventajosa. Aquí hay un
cambio en el criterio de la nueva ley. Como decía el señor Juncal, ya no es tanto la absoluta economía cuanto la oferta económicamente más ventajosa, en su más amplio sentido. Además, la nueva ley establece que en toda la contratación pública se
incorporarán, de una manera transversal y preceptiva, criterios sociales y medioambientales, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, con la finalidad de proporcionar una mejor relación calidad/precio en la prestación contractual y
una mayor y más eficiente utilización de los fondos públicos. La nueva ley incluye una serie de cuestiones como, por ejemplo, la supresión de procedimiento negociado sin publicidad por razón de la cuantía, que puede favorecer la gestión, ya que se
está utilizando de manera desproporcionada y sin motivación. Además, lo que ha puesto de manifiesto claramente el informe es que las bajas de los precios son mayores en la medida en que se utilizan procedimientos que abren en mayor medida la
concurrencia.
Finalmente, también me han preguntado, en relación con las posibles responsabilidades contables que hayan podido deducirse de este informe por parte del ministerio fiscal o de la Abogacía del Estado. Lo que les puedo señalar es que no ha
habido ninguna solicitud de indicios de responsabilidad contable y, por tanto, de apertura de procedimientos de esta naturaleza.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL GRADO DE CUMPLIMIENTO POR AGUAS DE LAS CUENCAS DE ESPAÑA, S.A., AGUAS DE LAS CUENCAS MEDITERRÁNEAS, S.A., EL GRUPO RENFE-OPERADORA, FERROCARRILES DE VÍA ESTRECHA, EL ADMINISTRADOR DE INFRAESTRUCTURAS
FERROVIARIAS Y ADIF-ALTA VELOCIDAD, DE LAS RECOMENDACIONES INCLUIDAS EN INFORMES DE FISCALIZACIÓN. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000269 y número de expediente del Senado 771/000265).
El señor PRESIDENTE: A continuación, vamos a pasar al debate del tercer punto del orden del día, que es el informe de fiscalización del grado de cumplimiento por Aguas de las Cuencas de España, Aguas de las Cuencas Mediterráneas, el Grupo
Renfe Operadora, Ferrocarriles de Vía Estrecha, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y ADIF Alta Velocidad, de las recomendaciones incluidas en informes de fiscalización. Tiene la palabra de nuevo la señora De la Fuente.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Esta fiscalización, cuyo informe se aprobó el 5 de octubre de 2018, se configura como horizontal y tiene por objeto analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas en cuatro informes que se
aprueban entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015. Esta fiscalización persigue, además, evaluar la implementación de las medidas en los sistemas y procedimientos de control interno y en la gestión aplicados por las entidades para
dar cumplimiento a estas recomendaciones que en su día hiciera el Tribunal de Cuentas.
Como conclusión general, el informe señala que, de un total de las catorce recomendaciones efectuadas, se han cumplido dos, están en proceso de realización cuatro y no se han cumplido ocho. A continuación, el informe singulariza el
seguimiento de recomendaciones en relación con cada uno de estos cuatro informes que son objeto de seguimiento. En relación con el informe sobre los convenios de gestión directa vigentes entre las sociedades de Aguas y el Ministerio de Agricultura,
Pesca y Alimentación y Medio Ambiente, quisiera señalar que se incluían en este informe dos recomendaciones. La primera es la relativa a la conveniencia de valorar el mantenimiento de dicho instrumento de gestión y la segunda que se pusieran en
marcha medidas y procedimientos que ayudaran a efectuar una previsión más realista de las actuaciones, minimizando las desviaciones en la ejecución del presupuesto. Se ha revisado el grado de ejecución del nuevo convenio de gestión directa de la
sociedad mercantil Aguas de España, sociedad anónima, en adelante Acuaes, y de las actuaciones incluidas en la reprogramación de Aguas de las Cuencas Mediterráneas, Acuamed, y se ha analizado la coherencia entre los instrumentos de planificación de
las sociedades y el grado de eficacia alcanzado, contrastando la planificación con los datos de ejecución. Durante el periodo 2014-2017, han continuado existiendo en ambas sociedades discrepancias entre el plan especial de seguimiento y control de
objetivos y el anexo de inversiones reales, tanto respecto al montante de la inversión como al número de actuaciones recogidas en cada uno de esos documentos. Acuaes formalizó el 30 de junio de 2014 su convenio de gestión directa con el entonces
Mapama, suscribiéndose en 2017 una adenda con un descenso de la inversión de aquel y un incremento del 2 % en los porcentajes de financiación con fondos propios de la sociedad.
Se ha constatado que en el periodo 2014-2017 la inversión total reflejada en el plan ha ido disminuyendo paulatinamente en cada ejercicio y que la actividad inversora está prácticamente paralizada. A 31 de diciembre de 2017 la inversión
pendiente de ejecutar ascendía al 25 %. Existe un exceso de financiación con fondos propios de la sociedad respecto de la aportación prevista, lo que, junto con las aportaciones de fondos europeos, ha compensado el déficit de financiación a cargo
de las tarifas de usuarios y en menor medida de las Administraciones públicas.
En cuanto a Acuamed, a 31 de diciembre de 2017, coexistían cuatro convenios de gestión directa, el de la propia sociedad y el de las tres sociedades absorbidas. La reprogramación de las actuaciones
encomendadas aprobada a finales de 2013 hizo preciso suspender la mitad de las actuaciones existentes e incorporar otras nuevas propuestas por los usuarios y subactuaciones para completar otras ya ejecutadas. La inversión total a realizar
se estimó en 3613 millones, estando pendiente de ejecutar el 23 %. La inversión total reflejada en el Plan especial de seguimiento y control de objetivos del periodo 2014-2017 se ha incrementado un 3 % en estos cuatro años y la evolución de la
inversión total realizada apenas ha variado en los últimos ejercicios, poniendo de manifiesto que la actividad inversora de la sociedad está prácticamente paralizada. Por lo que se refiere a la financiación real acumulada de la inversión realizada
a lo largo del periodo 2014-2017, se ha puesto de manifiesto un exceso de financiación de aportación de los usuarios respecto de lo previsto, si bien las variaciones no son significativas. De la fiscalización resulta que no se ha cumplido ninguna
de las recomendaciones efectuadas en el informe de fiscalización y que estas sociedades continúan sin dar respuesta eficaz a la inversión y gestión de obras hidráulicas.
Del seguimiento de las recomendaciones de otro de los informes -el informe sobre las relaciones económico-financieras entre Renfe Operadora y la Administración General del Estado ejercicios 2011 y 2012- resulta que la recomendación primera,
relativa a la limitación del periodo de vigencia de los contratos programa a un intervalo que no excediera de tres años, se ha cumplido. En efecto, en 2013 Renfe Operadora firmó el primer contrato con la Administración General del Estado para la
prestación de servicios de transporte de viajeros sujetos a la obligación de servicio público, cuyo periodo de vigencia era de tres años económicos -como se recomendó- y en 2015 se formalizó el segundo para los ejercicios 2015 y 2016, prorrogándose
durante un año más.
En cuanto a las recomendaciones segunda y tercera de este informe, se debe señalar que se encuentran en proceso de cumplimiento. En la primera de ellas se instaba a que Renfe Operadora y las sociedades mercantiles en las que se segregó su
actividad implantaran un sistema de contabilidad analítica normalizado. Renfe Viajeros cuenta con un modelo de contabilidad analítica y un manual de procedimientos aprobado en 2017, lo que ha de hacerse efectivo respecto del resto de las sociedades
del grupo.
La recomendación tercera señalaba la conveniencia de que se aprobaran unas directrices marco para las actuaciones de patrocinio y que estas se regularan por instrucciones internas escritas. Las directrices marco y las instrucciones internas
ya se han aprobado y se hallan en fase de implementación.
En cuanto al tercero de los informes cuyas recomendaciones son objeto de seguimiento -informe de fiscalización de la financiación de las infraestructuras ferroviarias en el periodo 2011-2013- se incluyeron seis recomendaciones sin que a
ninguna de ellas se le haya dado debido cumplimiento. Así, en relación con la planificación de las inversiones y la sostenibilidad financiera de ADIF Alta Velocidad a largo plazo, se han analizado conjuntamente las recomendaciones primera y
segunda, que proponían que las previsiones presupuestarias relativas a las inversiones en infraestructuras se ajustasen mejor a las perspectivas de financiación existentes, priorizando la evaluación socioecónomica de los proyectos y que se revisase
el sistema de financiación de los cánones ferroviarios de manera que fueran suficientes para cubrir los costes de administración y mantenimiento de la red y que se garantizase la sostenibilidad financiera a largo plazo de la red de alta velocidad.
En relación con dichas recomendaciones cabe indicar que la estrategia indicativa del desarrollo, mantenimiento y renovación de las infraestructuras ferroviarias integrantes de la red ferroviaria de interés general no había sido aprobada todavía por
el ministerio, lo que no ha permitido elaborar el programa de actividad previsto en la Ley 38/2015. En los ejercicios 2015 a 2017 los ingresos comerciales cubrieron más del 50 % de los costes de producción. Esta ratio ha sido inferior al 100 %,
por lo que la actividad de ADIF Alta Velocidad continúa aún siendo deficitaria.
Respecto de los cánones ferroviarios, si bien la entidad ha puesto en marcha las medidas establecidas en el marco de la legislación comunitaria y nacional para optimizar los ingresos obtenidos mediante el canon de acceso mínimo y de acceso a
infraestructuras que conectan las instalaciones de servicios, la actividad ADIF Alta Velocidad continúa siendo deficitaria y los cánones ferroviarios no cubren la totalidad de los costes de administración y mantenimiento de las líneas ferroviarias
de alta velocidad.
La recomendación tercera de este informe sugería que se agilizasen los trámites de firma del acta de entrega a ADIF de la infraestructura ferroviaria Red Convencional de la red titularidad del Estado. A 31 de diciembre de 2017 dichas actas
de entrega estaban pendientes de formalizarse, estando supeditado a que la entidad concluya la valoración de dichas infraestructuras, lo que está previsto para finales del ejercicio 2020.
La recomendación cuarta estaba relacionada con un método de amortización basado permanentemente en una estimación de un crecimiento del 3 % del tráfico sobre las líneas de alta velocidad, sugiriéndose la revisión anual del criterio de
depreciación para su modificación cuando se percibiera estancamiento de los servicios. Durante el periodo 2014-2017 la entidad ha revisado al cierre de cada ejercicio el criterio de amortización por ejes ferroviarios en lugar de individualizado por
líneas de alta velocidad, lo que ha llevado a continuar aplicando el mismo método de amortización.
La recomendación quinta se refiere a la necesidad de que ADIF suscribiera un convenio de financiación con un ámbito temporal de tres o cuatro años que garantizase la seguridad y la eficiencia de la gestión de la Red Convencional. Así, desde
2013, para financiar el mantenimiento de la Red Convencional, ADIF ha venido percibiendo una transferencia considerada como subvención de explotación y considerada en los Presupuestos Generales del Estado destinada a la realización de las labores de
mantenimiento de la Red Convencional y que no ha sido canalizada, tal y como establece la Ley 38/2015, a través de un convenio entre el Ministerio de Fomento y los gestores de infraestructuras. Estas subvenciones de explotación recibidas del
Estado, además de los ingresos por cánones y otros ingresos, en los últimos ejercicios han cubierto la mayor parte de los gastos relacionados con la misma para los ámbitos de mantenimiento y circulación. No obstante, dado que el convenio de
financiación no ha sido suscrito, la recomendación aún permanece vigente.
Por su parte, en la última recomendación de este informe se hacía referencia al establecimiento de una serie de medidas que permitieran evaluar de modo global la gestión de la explotación de la red ferroviaria por parte del Ministerio de
Fomento. ADIF y Renfe Operadora han implementado diferentes medidas para mejorar la transparencia. No obstante, el Ministerio de Fomento no ha adoptado las que permitan evaluar de un modo global la gestión de la explotación de la red ferroviaria.
En lo que se refiere al último informe, cuyas conclusiones son objeto de seguimiento -el informe de fiscalización de las principales inversiones efectuadas por FEVE en el periodo 2005-2012-, no se ha realizado el seguimiento de la primera de
las recomendaciones que en él se hacían, que se refiere a la planificación de las inversiones que tenía encomendadas FEVE al haberse extinguido esta entidad. De las otras tres recomendaciones una de ellas se considera cumplida y las otras dos se
consideran en proceso de cumplimiento. En la recomendación segunda de este informe se exponía la necesidad de que exista una adecuada coordinación de las actuaciones de ADIF y de Renfe Operadora que garantice la existencia de los equipos de
transporte necesarios para que sea posible la explotación de los nuevos tramos de la red. La extinción de FEVE supuso que la red de ancho métrico se incorporase al modelo dual ferroviario español correspondiéndole a ADIF la administración de las
infraestructuras ferroviarias de esta red, prestando los servicios de transporte de mercancías y de viajeros Renfe Operadora con los trenes traspasados por FEVE. En términos generales, esta recomendación se considera cumplida tanto por ADIF como
por Renfe Operadora y su grupo.
En cuanto a la recomendación tercera, que hace referencia al inventario de FEVE que se ha integrado en ADIF y en Renfe Operadora, se ha comprobado que los activos se integraron correctamente en el inventario de Renfe Operadora y
posteriormente en las sociedades filiales cuando se segregó su actividad. Esta recomendación se considera cumplida por Renfe Operadora y en proceso de cumplimiento por parte de ADIF.
Por último, respecto de la cuarta recomendación de este informe, de que se lleven a cabo las actuaciones necesarias tendentes a liquidar y resolver los convenios o contratos mediante la negociación por las otras partes, evitando la vía
jurisdiccional, y que afectaba principalmente a dos proyectos -uno relativo a la construcción de un ramal de acceso a la factoría de Navia y el otro respecto a la integración del tranvía en la ciudad de León-, las incidencias surgidas en los dos
proyectos muestran que estas no se habían resuelto, aunque se estén realizando algunas actuaciones por parte de ADIF y Renfe Viajeros destinadas a su resolución. En consecuencia, esta recomendación se considera que está en proceso de ser cumplida.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo de Esquerra Republicana el señor Picornell tiene de nuevo la palabra.
El señor PICORNELL GRENZNER: Gracias, señor presidente. Gracias de nuevo, señora presidenta.
Estamos ante un informe que para nosotros es más de lo mismo que otras veces y que en reiteradas ocasiones hemos denunciado en esta Comisión. En demasiadas ocasiones nos encontramos con
empresas que no hacen caso para nada a las recomendaciones de los informes del Tribunal de Cuentas. De hecho, recuerdo que en esta misma Comisión, analizando la cuenta general del año 2013, cogimos la de 2014 y las recomendaciones eran muy
iguales, nos encontrábamos con las mismas recomendaciones. Nosotros querríamos preguntarle -porque creo que ya lo comentamos con usted en alguna ocasión- cómo se puede mejorar esta situación. Si el final tenemos unas recomendaciones que no se
cumplen, alguna medida tendremos que adoptar. Dicho de otra forma, señora presidenta, ustedes hacen un trabajo e intentan poner encima de la mesa algunas recomendaciones para que las empresas públicas mejoren su gestión, pero a la hora de la verdad
no les hacen caso para nada, al menos en algunas ocasiones.
Antes hablábamos de ADIF, grandes gestores de obras, como vimos en el anterior informe, y en este informe vemos que se pasan -permita que lo diga así- por el forro las recomendaciones del propio tribunal. Para nosotros no es una sorpresa,
hacen mal una cosa y parece que hacen mal también las otras, que no hacen caso de las recomendaciones. Si entramos a valorar globalmente la red ferroviaria, cuestión que ustedes han intentado analizar en este informe, nuestro grupo parlamentario ya
viene alertando desde hace muchos años de que no era un modelo sostenible para nada, pero el modelo del Estado español y la apuesta política hacen que la mayoría de la red no sea sostenible. Somos de los países con más kilómetros de alta velocidad
del mundo, pero no somos sostenibles. Esto solo por entrar en el ejemplo de Renfe. Si no es sostenible y además ustedes ya alertaron de ello, nosotros preguntamos si con criterios de eficiencia se están usando mal -entendemos que se están usando
mal- los recursos públicos. Por tanto, suponemos que a la vista de los hechos este tribunal investigará y preguntamos si van investigar este mal uso de los recursos, si van a investigar a los responsables y les van a pedir que paguen por ello.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Picornell.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos de nuevo tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Señora De la Fuente, insistimos, sin información, sin rendición de cuentas y sin transparencia no se pueden tomar decisiones correctamente. Usted lo decía y nosotros abundamos en esa idea. Este presente informe ha estudiado ese grado de
cumplimiento en estas empresas públicas de las recomendaciones que realizó el propio tribunal en 2010 y 2011. Renfe Operadora sale bien parada, pero tenemos otras empresas, como las sociedades de agua o ADIF, que no han atendido a las
recomendaciones. Usted comentaba, por un lado, que ADIF no ha cumplido ninguna de las seis recomendaciones que el Tribunal de Cuentas realizó en este último informe, y esto vulnera la sostenibilidad económica de la red de alta velocidad. La
propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos fue esa oficina nacional de evaluación de proyectos, que estará destinada a evaluar la rentabilidad socioeconómica de los proyectos y poder así priorizar entre inversiones y conseguir alejar las
decisiones de inversión en infraestructuras de ese interés político. Esto, que parece una obviedad, ha sido reflejado gracias a Ciudadanos en el artículo 332 de la última reforma de la Ley de Contratos del Sector Público. Yo le quería preguntar,
en primer lugar, si esta oficina nacional de evaluación de proyectos se parece un poco a las recomendaciones de evaluar que usted hacía expresamente en este informe.
Por otra parte, tenemos el caos en las sociedades públicas de agua, Acuamed y Acuaes, que no han tomado ninguna medida para evitar que se sigan produciendo desviaciones significativas en la ejecución de presupuestos. Estas empresas manejan
inversiones de miles de millones, pero lo que es aún más grave es que estas inversiones españolas en infraestructuras hídricas son las más bajas de Europa. Tenemos que recordar que invertimos un 0,11 % del PIB frente a un 0,27 % de media europea.
El Tribunal de Cuentas pidió además a estas dos empresas -usted lo ha comentado- que revisaran estos instrumentos de gestión. Le pongo el ejemplo de cuando a 31 de diciembre de 2011, en el primer informe, de las 106 actuaciones encomendadas a
Acuamed solamente 16 obras hidráulicas se encontraban ejecutadas al cien por cien. Es decir, el 85 % no registraba avances significativos. Seis años después, de las 56 actuaciones reprogramadas, el 38 % de las obras prácticamente se encontraban
sin haberse iniciado. Insisto, más que nunca me parece necesaria esa oficina nacional de evaluación. Yo le pregunto, señora De la Fuente, ¿es sostenible económica y medioambientalmente este ritmo de inversión de actuaciones?
Este es un ejemplo de que hace falta una revisión a fondo de nuestras políticas y gobernanza y hace reflejo expreso en los casos de corrupción en el sector del agua. Es apabullante. No tengo tiempo de enumerar todos ellos, pero me gustaría
hacer mención al caso Emvicesa, por ejemplo, de las Aguas de Ceuta; al caso de La Sal, que investiga la presunta malversación multimillonaria en Murcia; al caso Agissa, de delitos de fraude y administración desleal, por cierto vinculado al grupo
político del 3 % en Cataluña; al caso Emarsa, que me toca en la Comunidad Valenciana; al caso Acuamed, que investiga un presunto fraude millonario en la adjudicación de la empresa pública Agua de las Cuencas Mediterráneas; al caso Aquagest, que
afecta a Galicia, Asturias y Cantabria... Esto es completamente generalizado. Ciudadanos es el único partido que está pidiendo poner en marcha esa mesa nacional del agua sobre el plan hidrológico y que actuemos con gran consenso, para lo que
pretendemos que esa oficina nacional de evaluación se ponga en marcha.
Voy terminando. Doña Teresa Ribera, la ministra, ha causado alarmas con las últimas declaraciones de pegar un gran mazazo al trasvase Tajo-Segura. No entendemos que esta sea la solución. Estamos en un escenario de corrupción, de
sobrecostes, de parálisis política, multas por incumplimientos de la Unión Europea y un escenario climático cada vez más complicado. Hemos llegado a esta situación límite -yo pienso- por la inactividad tanto del Partido Popular como del Partido
Socialista como de otros grupos en Cataluña. Yo querría preguntar, por último, señora De la Fuente -porque esto es terrible-, si usted cree que ante este escenario, si no se hubiera producido esta corrupción, si no se hubieran producido estos
sobrecostes, si la gestión de estas empresas del agua estuviera profesionalizada, si no estuviera tan politizada, habría arreglado esta situación tan alarmante de sobrecostes y de corrupción en estas sociedades que gestionan el agua.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.
Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene la palabra la señora García.
La señora GARCÍA SEMPERE: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a la presidenta del Tribunal de Cuentas. Por no repetirme y no ir más allá, la descripción que ha hecho el señor de Esquerra Republicana sobre ADIF y ADIF Alta Velocidad es claramente compartida. Nos parece que quizá en el
informe falta un análisis más profundo de las causas de por qué el grado de cumplimiento de las recomendaciones es tan bajo, porque de catorce recomendaciones solo dos se dan por cumplidas, todas las demás permanecen vigentes. Nos hubiese gustado
un cierto análisis más en profundidad. Hay algunas cuestiones que nos gustaría que nos aclarase ahora si fuera posible. Sobre los datos de financiación previstos en el Plan especial de seguimiento y control de objetivos de las sociedades del agua
nos gustaría saber si considera que eran coherentes con las previsiones de los Presupuestos Generales del Ministerio de Agricultura y Pesca y si considera que este ministerio disponía de la capacidad suficiente para cubrir las necesidades contenidas
en dicho plan.
Hay algunas cuestiones que no encontramos y creemos que deberían figurar por ser interesantes. Se desconoce cómo deberían haber computado a efectos de déficit las aportaciones de las administraciones públicas a Acuaes y a Canasa. Sobre
todo en relación con la inactividad de Acuamed habría sido oportuno señalar si se debió a ineficacias o ineficiencias de la propia sociedad o a restricciones presupuestarias impuestas por alguno de los tres ministerios implicados. En relación con
Renfe Operadora también habría sido interesante -entendemos desde nuestro grupo- que se señalara si con el sistema de entregas a cuenta de las compensaciones de la Administración General a la sociedad se puede o no estar eludiendo su cómputo a los
efectos del déficit público o su traslación a ejercicio posterior. Entendemos que se debería haber informado sobre el tratamiento en contabilidad nacional que pudo haber supuesto para la Junta de Extremadura su compromiso de sufragar el coste de
algunos servicios ferroviarios. Y, casi terminando, nos gustaría que pudiera referirse al tratamiento dado a las aportaciones patrimoniales de la Administración General del Estado a ADIF Alta Velocidad complementarias a esos recursos obtenidos de
la Unión Europea por los cánones, por servicios prestados y por endeudamiento.
Le planteo una última cuestión sobre el método de amortización de ADIF Alta Velocidad. La propia empresa concluye que la recomendación no la cumplen porque entienden que su método para la amortización es más oportuno, pero nos parece que
habría sido interesante poder hacer una comparativa entre los dos métodos y determinar cuál de los dos sería más conveniente para comprender por qué eligen uno y no otro.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado. Le ruego, señor Hurtado, que hoy no colme la paciencia de este presidente.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente. Su paciencia es infinita, por eso sé que nunca la colmo. (Risas).
Quiero agradecer otra vez la intervención de la presidenta del Tribunal de Cuentas en relación concretamente con este informe de fiscalización. Y quiero empezar por una conclusión, que es el objeto final de este tipo de informe de
fiscalización, principalmente de cumplimiento, aunque también de control financiero y de gestión. Quiero destacar esa parte pues considero que es el objeto prioritario y fundamental, que es un informe de cumplimiento con una serie de
recomendaciones.
Me gustaría empezar diciendo que quizás habría que plantearlo no solamente en cuanto al cumplimiento de recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas, sino también por el nivel de cumplimiento de las resoluciones aprobadas por la Comisión
mixta del Tribunal de Cuentas. En los próximos informes de cumplimiento me gustaría que se hiciera mención a qué propuestas fueron aprobadas y evidentemente cuál ha sido su nivel de cumplimiento. Creo que no solo es importante valorar el nivel de
ejecución de la opinión del tribunal, sino también de los representantes del Congreso de los Diputados. El debate es importantísimo y esa es mi primera pregunta. ¿Qué hacemos cuando no se cumple con las recomendaciones y con las resoluciones de la
Comisión mixta del Tribunal de Cuentas? Me gustaría saber si nosotros a nivel normativo, a nivel de ley de funcionamiento, podemos adoptar algún tipo de medida para exigir por lo menos el esfuerzo de cumplir, ya no digo el cumplimiento, porque
algunos requerirán de un tiempo y por eso se habla de proceso de cumplimiento o de que están en proceso de cumplir, pero me gustaría saber su opinión al respecto. ¿Qué podemos hacer? Porque los datos son muy significativos, catorce propuestas o
catorce recomendaciones y solo se cumple con dos, lo que significa un 14 % del total, y no se cumple con ocho, es decir, con un 57 % de las recomendaciones planteadas. Esto es inaceptable. Después hablamos de acuerdos plenarios del informe de
fiscalización de 2014-2015 y de que hasta 31 de diciembre de 2017 se ha tenido tiempo suficiente como para cumplir con esas recomendaciones. Por tanto, esa es la primera pregunta, qué deberíamos hacer nosotros para que esas recomendaciones fueran
importantes para las propias sociedades o las entidades gestoras y que, por tanto, se vean hasta cierto punto obligadas.
En el informe también se pone de manifiesto una dispersión, porque hay algunas que son muy cumplidoras y otras que, como se suele decir, pasan de las propias recomendaciones. ADIF es el ejemplo de que parece que no va con ella, parece que
las recomendaciones del Tribunal de Cuentas no le afectan; son justamente seis recomendaciones y ninguna de ellas se han cumplido. Hay otras que también tienen un nivel de cumplimiento cero, sociedades del agua, como Acuaes o Acuamed, en las que
ninguna de las dos recomendaciones se cumplen. Hay otras que son cumplidoras, en concreto Renfe y FEVE. De tres recomendaciones, Renfe cumple una y tiene dos en proceso de cumplimiento, y exactamente ocurre con FEVE. Por tanto, la voluntad es
importante. Si ninguna cumpliese, podríamos decir que las recomendaciones son inalcanzables, pero no, hay entidades que se interesan por cumplir con esas recomendaciones y lo hacen, como es el caso de Renfe Operadora y de FEVE, pero hay otras que
pasan de las recomendaciones, no las tienen en consideración y parece ser que no hacen el mínimo esfuerzo.
La naturaleza de esas recomendaciones también es muy importante, porque al final son principalmente mejoras sustanciales en lo que es el proceso de gestión. Es decir, estamos tratando de que los responsables de la gestión de estas
sociedades o de estas entidades realmente tengan instrumentos adecuados y eficaces para mejorar sustancialmente la gestión. Ahí destacamos, por ejemplo, los convenios de gestión directa que el propio Tribunal de Cuentas pone en cuestión para las
sociedades del agua, y los pone en cuestión porque hay muchísimas desviaciones en estos convenios de gestión y, por tanto, hay una planificación muy poco fiable porque no llega ni al 15 % el nivel de cumplimiento con estos convenios. Hay otras
cuestiones que son indispensables para saber los costes de gestión y los costes de estas actuaciones, como puede ser la contabilidad analítica que se le requiere en este caso a Renfe Operadora, que sí está en proceso de cumplimiento o, por ejemplo,
los cambios de criterio de amortización en el caso de ADIF y en el caso de FEVE. Son cuestiones que mejorarían sustancialmente la fiabilidad de sus cuentas e incidirían sustancialmente en la mejora de su gestión. En otros casos son también
cuestiones de consideración, como pueden ser las actuaciones de patrocinio para el caso de Renfe o cuestiones de inventario, de infraestructuras que no han sido ultimadas, no han sido cumplidas o
inventarios que requieren de un control específico para el caso de FEVE o contratos de prestación de servicios en los casos de obligaciones de servicio público, que sí se están cumpliendo.
Por tanto -y concluyo-, en primer lugar, me gustaría saber qué nos recomienda hacer el tribunal para que sus recomendaciones y las de la propia Comisión mixta sean tenidas en consideración, qué podemos hacer para que cumplan, qué cambios
normativos promueve el propio tribunal o qué sistema podemos aplicar. En segundo lugar, debemos hacer de obligado cumplimiento mejoras de gestión en cuanto que inciden sustancialmente en la eficiencia y en la eficacia de los servicios públicos que
prestan estas entidades.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Hurtado.
Para finalizar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Merino.
La señora MERINO PORTUGAL: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, presidenta del Tribunal de Cuentas, agradecemos la exposición de los informes de fiscalización que esta mañana estamos tratando en esta Comisión mixta.
Como ha expuesto, van en torno a la fiscalización de cuatro informes relacionados con dos temas o dos sectores importantes, como son el tema del agua y del transporte ferroviario. Si tenemos en cuenta aquellas recomendaciones de un total de
catorce que ya están cumplidas y otras que están en tramitación, podemos decir que aproximadamente un 43 % están finalizados o están en ello y que un 57 % no se han cumplido a día de hoy. Como ha expuesto inicialmente en su intervención, todas
estas recomendaciones del Tribunal de Cuentas van destinadas a implementar por parte de estas entidades fiscalizadas las medidas necesarias y oportunas en sus sistemas y procedimientos para el control interno, así como una gestión económica
financiera para dar cumplimiento a esas recomendaciones, que además va a redundar en beneficio de todos, tanto de las empresas como de las administraciones y de la ciudadanía en general.
Entendemos que el seguimiento en cuanto a fiscalización para ver esos grados de ejecución de los contratos y convenios relativos a distintas administraciones -y, además, de varios ámbitos como pueden ser las inversiones, la planificación,
ejecución, la sostenibilidad, la prestación de servicios de calidad a la ciudadanía, el control de ingresos o gastos o, lo que es lo mismo, la gestión contable eficiente, así como la coordinación y modernización- son esenciales y prioritarios para
todas las administraciones en cualquiera de sus estamentos. Dicho esto, habría que analizar, después de la presentación de este informe, cuáles son los motivos de por qué, aunque va pasando el tiempo, nos encontramos con que no todas las
recomendaciones se llevan a cabo. Tendríamos que ver si es por imposibilidad, por falta de recursos materiales o personales, si es porque realmente se quiere hacer caso omiso de esas recomendaciones o por otra serie de motivos. Creo que esa
evaluación sería lo que necesitaríamos para poner encima de la mesa y así buscar medidas para que estas instituciones, empresas o a quien le corresponda pongan en marcha los mecanismos, ya que la puesta en marcha de estas recomendaciones redundarían
en un beneficio. Además, nos ahorraríamos así hacer afirmaciones un poco efímeras y con falta de rigor, como generalizar diciendo que empresas de determinados sectores, como ya se ha dicho aquí, podrían estar vinculadas todas ellas a temas de
corrupción o que falten a la legalidad vigente. No pueden ir por ahí las cosas. Aquellos que hemos trabajado en distintas administraciones -y en ello tenemos culpa tanto los gestores de la Administración como las empresas que llevan la explotación
de determinados servicios, sobre todo algo tan importante como el agua- a la hora de hacer los seguimientos por parte de comisiones que se deben de formar para ello, nos percatamos de una dejación de funciones por ambas partes. ¿Por qué? Quizás
por el volumen de trabajo o por el volumen de contratos. Cada una de las administraciones tendría que hacer autocrítica para ver qué soluciones se podrían poner encima de la mesa, si es por falta de recursos, que en muchas ocasiones puede pasar.
Se ha hablado también de la sostenibilidad de los servicios públicos. Si por algo ha abogado el Partido Popular ha sido siempre por una sostenibilidad de los servicios públicos, porque creemos que se puede hacer. Y si no puede ser en
todos, tiene que haber una armonía entre los que sean más sostenibles y los que lo sean menos para que exista un equilibrio en las cuentas públicas. Por eso causa sorpresa escuchar que todo servicio público tiene que ser sostenible -que para
nosotros, como ya he dicho, es una prebenda- en otras formaciones políticas cuando su discurso es todo lo contrario. Pero no vamos a entrar ahí porque tendremos ocasión en otro momento de hablar de ello.
Para finalizar, quiero insistir en la importancia que tienen los seguimientos y controles desde cualquier Administración, ya sea local, autonómica o estatal, para seguir fiscalizando y controlando esos convenios y contratos tanto entre
administraciones públicas como con entes privados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Merino.
De nuevo, tiene la palabra la presidenta del Tribunal de Cuentas.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Lo primero a lo que quería hacer referencia, como no podía ser de otra manera, porque además todos ustedes han puesto de manifiesto esta cuestión y nosotros compartimos con ustedes el mismo sentimiento, es la preocupación y el interés que
tendría que se diera mayor cumplimiento a las recomendaciones que lleva a cabo el Tribunal de Cuentas en sus informes de fiscalización y, como señalaba el señor Hurtado, las recomendaciones que o bien hace suyas o bien adopta de forma propia esta
Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas. Deben tener en consideración una cosa y es que aquí cada uno tenemos nuestra parte de responsabilidad en que se cumplan las recomendaciones. El Tribunal de Cuentas, como saben, no es
un órgano ejecutivo, es un órgano técnico al servicio del Parlamento al objeto de que ustedes lleven a cabo con suficiente información la función de control político y la función legislativa que la Constitución les atribuye. En consecuencia,
nosotros estamos intensificando, si se dan cuenta, las actuaciones dirigidas a promover el seguimiento de las recomendaciones, pero solamente desde las competencias que nosotros tenemos y en la medida en que nosotros hemos sido configurados como el
órgano que somos. Simplemente el hecho de que sean recomendaciones es indicativo del valor que tienen, pero ello responde al modelo de Tribunal de Cuentas, que es un órgano técnico, no es un órgano político, no es un órgano ejecutivo. Por tanto,
por nuestra parte, como verán, hemos incrementado el número de informes de seguimiento de las recomendaciones precisamente para llamar la atención sobre la importancia de que se cumplan las recomendaciones.
En segundo lugar, hacemos permanentemente recomendaciones en las fiscalizaciones de carácter recurrente. Si observan sobre todo, por ejemplo, las fiscalizaciones de distintas entidades públicas, hacemos un seguimiento de las
recomendaciones. Por ejemplo, cuando hacemos los informes globales del sector público local o autonómico procuramos hacer una evolución temporal que nos permite saber cómo van evolucionando a su vez las magnitudes a la vista de las recomendaciones
que hemos hecho. Les comenté en otra comparecencia que estamos elaborando un manual para las fiscalizaciones de seguimiento de las recomendaciones, ello por la importancia que le damos a esta cuestión. También estamos elaborando una base de datos
que permita hacer un seguimiento más sencillo de las recomendaciones, ver cuáles se han cumplido o cuáles son los elementos de las distintas recomendaciones que faltan por cumplir. En su día, a lo mejor, podría ser una fórmula de transparencia de
manera que los ciudadanos pudieran conocer cuáles son las recomendaciones que se cumplen y cuáles no por parte de las entidades públicas. Naturalmente, el principal implicado en el cumplimiento de las recomendaciones es aquel al que van dirigidas,
es decir, las entidades a las que van dirigidas, pero las Cortes Generales también tienen una labor fundamental en el cumplimiento de las recomendaciones. Como señalaba antes, ustedes tienen la función legislativa y la función de control político.
Varias de las recomendaciones que se incluyen en los informes de fiscalización van dirigidas precisamente a la posible consideración de que se hagan modificaciones en los textos normativos o a que se modifiquen algunas fórmulas establecidas en las
leyes. Ustedes son los responsables de llevar a cabo y de desarrollar ese proceso legislativo y, naturalmente, ustedes también son los responsables de reclamar las responsabilidades políticas como consecuencia de la gestión realizada. En
consecuencia, todos tenemos una parte importante en la mejora de la implementación de las recomendaciones.
Otra cuestión previa que también quería señalar o matizar es la naturaleza de estos informes. Los informes de seguimiento de recomendaciones no son informes en los que se haga un análisis financiero o de cumplimiento u operativo o de
gestión; no. Son informes que tienen como finalidad exclusivamente determinar si se han cumplido esas recomendaciones concretas que se hicieron y en los aspectos concretos en que se hicieron. Miro fundamentalmente a la señora García porque decía
que echaba de menos en el informe algunos contenidos o reflexiones. Creo que el informe es bastante profuso en indicar las razones que motivan por qué no se han cumplido las recomendaciones. Lógicamente, no estamos en la fiscalización de cada una
de estas entidades. Si estuviéramos en esa fiscalización podríamos hacer un
control de todas las circunstancias y todos los elementos derivados de la gestión económico-financiera de esas entidades, pero aquí nos centramos, precisamente por la naturaleza de este informe, exclusivamente en las recomendaciones. Estimo
que el informe, como le digo, es bastante profuso a la hora de determinar cuáles han sido las causas o las circunstancias por las que se han entendido cumplidas o no cumplidas las recomendaciones que se realizaron en su momento.
El señor Picornell me preguntaba si el Tribunal de Cuentas exigirá las responsabilidades que se ponen de manifiesto en este informe. A estos efectos he de señalarle que, en relación con este informe aprobado en octubre de 2018, no ha habido
solicitudes de responsabilidad ni por parte del ministerio fiscal ni por parte de la Abogacía del Estado y es el ámbito de responsabilidad que es competencia estricta del Tribunal de Cuentas.
El señor Ten me preguntaba sobre si la función que se ha encomendado a la Oficina Nacional de Evaluación equivaldría a la evaluación de la gestión que se pone de manifiesto en el informe. Efectivamente, todas las evaluaciones sobre la
gestión son bienvenidas porque permiten identificar las debilidades y planificar, pero a lo que se refiere el informe es precisamente a una mayor evaluación interna por parte del propio órgano de gestión para que, por una parte, prevea mejor sus
necesidades y, por otra, planifique mejor las obras a la vista de esas necesidades y las actuaciones para dar una mayor coherencia a los instrumentos de planificación y al grado de eficacia y eficiencia que se ha alcanzado como consecuencia de las
inversiones realizadas.
Si se dan cuenta, estos informes, aunque son muy distintos, tienen un determinado punto en común, y es que la Administración ha optado por un sistema de gestión directa constituyendo una sociedad encargada precisamente de la construcción y
explotación de las grandes obras hidráulicas o ferroviarias. Ha optado por este modelo y sobre este modelo nosotros hacemos la fiscalización. Me preguntaba también, señor Ten, lógicamente, si es sostenible este ritmo de actuaciones en
infraestructuras. Esto es una decisión política, una decisión que no corresponde al Tribunal de Cuentas porque el Tribunal de Cuentas lo único que verifica es si esas decisiones se han llevado a cabo ajustándose a los principios que deben
determinar su gestión y que establece el artículo 9 de la Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas. Como le señalo, en estos informes se pone de manifiesto la necesidad de que haya una mayor precisión y planificación de las actuaciones, que las
previsiones presupuestarias relativas a inversiones en infraestructuras se ajusten mejor a las perspectivas de financiación existentes y también se pone de manifiesto que no se da la respuesta eficaz que se espera de las inversiones de gestión en
obras y, además, se plantea el carácter deficitario de las actividades recalcando que es necesario garantizar la sostenibilidad. Creo que con esto he dado respuesta a la mayor parte de las cuestiones que han planteado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- INFORME GLOBAL DEL SECTOR PÚBLICO AUTONÓMICO, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000274 y número de expediente del Senado 771/000272).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate del último informe del orden del día, que corresponde al sector público autonómico, ejercicio 2015.
Tiene de nuevo la palabra la señora presidenta.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Este informe tiene como objetivo mostrar los resultados y ofrecer una valoración técnica conjunta respecto de la rendición de cuentas, la ejecución presupuestaria, la situación patrimonial y la gestión autonómica en diversas áreas y además
incluye los resultados de la fiscalización de las participaciones en los fondos de compensación interterritorial para las comunidades autónomas y ciudades autónomas que los reciben. Se trata de un informe global que recoge con un enfoque homogéneo
los resultados más relevantes contenidos en los informes de fiscalización relativos al subsector autonómico realizados por los órganos de control externos de las comunidades autónomas y por el propio Tribunal de Cuentas respecto de aquellas
comunidades autónomas que no cuentan con OCEX.
El sector público autonómico durante 2015 estuvo constituido por 1162 entidades, doce menos que el año anterior, y el porcentaje de cuentas rendidas en plazo asciende al 73 %, siendo el de las rendidas
fuera de plazo del 14 % y del 13 % el de las no rendidas. Estos porcentajes son muy similares a los de ejercicios anteriores. Las diecinueve administraciones generales remitieron sus cuentas en plazo, correspondiendo los principales
retrasos e incumplimientos a los consorcios, empresas y entes públicos sujetos al Plan General de Contabilidad y a las fundaciones. La mayoría de las entidades que no han rendido cuentas se hallan en las comunidades autónomas de Cataluña y de
Madrid. Se mantiene la diferencia normativa respecto de los plazos para la rendición de cuentas al tribunal y a los órganos de control externo de las comunidades autónomas reiterándose en el informe la conveniencia de adoptar medidas tendentes a
homogeneizar los plazos y a su aproximación temporal de manera que el control sea mucho más oportuno al acercarse a la gestión.
Con respecto a la información contractual, se indica en el informe que el número de contratos recibidos en el tribunal y en los órganos de control externo de las comunidades autónomas ha sido tanto por su importe como por su cuantía menor
que el correspondiente al ejercicio 2014. Las comunidades autónomas de Andalucía, Cataluña, Castilla y León y Madrid son las que celebraron un mayor número de contratos alcanzando el importe de sus adjudicaciones el 71 % del total adjudicado en
todo el territorio nacional. La actividad contractual se centró fundamentalmente en suministros y en servicios.
Entrando en el análisis de las cuentas de la Administración general, los organismos autónomos y los entes públicos, el informe expone en cuanto a la liquidación presupuestaria que existen diferencias entre los créditos finales y las
previsiones finales debido a que algunas comunidades autónomas no registraron en el presupuesto de ingresos las modificaciones que debían financiar las correspondientes al presupuesto de gastos, por lo que no se mantiene el equilibrio
presupuestario. Para el conjunto de la Administración pública autonómica, las modificaciones presupuestarias han supuesto el 10 % del incremento de los créditos iniciales, destacando en especial La Rioja, con el 32 %; Aragón, con el 21 % y la
Ciudad de Ceuta, con el 24 %. Con carácter general, los presupuestos por programas de las comunidades autónomas no especifican suficientemente los indicadores que permitieran el seguimiento de los objetivos programados. Además, tienen pendiente
reconocer obligaciones de gastos realizados en ejercicios anteriores con falta de consignación presupuestaria, lo que afecta fundamentalmente al gasto sanitario.
El resultado presupuestario en su conjunto es negativo en 21 424 millones de euros, un resultado un 5 % inferior al del ejercicio anterior, mientras que el saldo presupuestario es positivo en 3325 millones de euros, un 49 % inferior al del
ejercicio 2014, como consecuencia principalmente de la variación neta de los pasivos financieros. Respecto de la situación patrimonial, el informe expone que, con carácter general, no se dispone de inventarios de bienes y derechos completos y
debidamente valorados y que no hay concordancia en algunos casos entre los datos contables y los del inventario y tampoco se han implantado subsistemas de gestión de inventarios que permitan su correcta contabilización y la de las correcciones
valorativas. El remanente de Tesorería agregado fue negativo por importe 4584 millones de euros, lo que supone una mejoría frente al del ejercicio anterior, en que también fue negativo pero de mayor cuantía. Al igual que en el ejercicio previo, en
2015 tuvieron remanentes positivos las comunidades autónomas de Canarias, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Principado de Asturias y Región de Murcia, así como las ciudades de Ceuta y Melilla. El resultado económico patrimonial es negativo en
todas las comunidades autónomas, en parte condicionado por las limitaciones y salvedades puestas de manifiesto en el informe, y fue positivo en las ciudades autónomas. Las memorias de las cuentas generales de las comunidades autónomas se
presentaron incompletas y su información no era suficiente para ampliar y completar la contenida en los estados financieros y en algunas su estructura no se adaptaba a los correspondientes planes de contabilidad.
En cuanto a la participación en los fondos de compensación interterritorial, el informe señala que su cuantía global, que ascendió a 432 millones de euros, fue igual a la dotación del ejercicio precedente. El porcentaje que representa el
fondo sobre la base de cálculo constituida por la inversión pública es del 29 %. Debido a lo anticipado del tiempo con que se solicitan los fondos, los proyectos de inversión que inicialmente se escogieron para ser financiados con cargo a este
fondo eran genéricos, por lo que podrían sufrir modificaciones. En el caso de las universidades públicas, el elevado importe de las modificaciones presupuestarias, que supusieron un incremento del 27 % sobre los créditos iniciales aprobados,
evidencia la necesidad de que estas elaboren con rigor sus presupuestos incluyendo los mismos toda su actividad tanto docente como investigadora. Con incrementos superiores al 30 % destacan las universidades de Cataluña, Andalucía, Comunidad
Valenciana, Islas Baleares y Extremadura. El resultado presupuestario de las universidades en su conjunto fue positivo, 51 millones de euros, si bien su saldo presupuestario fue negativo, 18 millones de euros, consecuencia de la variación neta de
los pasivos financieros, lo que
implica un mayor capital de deuda amortizado que suscrito en el ejercicio. Treinta universidades no contaban con contabilidad financiera o patrimonial al no haber adaptado los planes de contabilidad autonómicos al del Estado de 2010.
En el sector empresarial autonómico, integrado por 371 entes empresariales, los resultados de explotación eran negativos antes de las subvenciones públicas por un total de 4051 millones de euros. La financiación del sector público
empresarial sigue procediendo en un importante porcentaje de las subvenciones de explotación y de capital que reciban de las comunidades autónomas y de otras administraciones y de los ingresos por la realización de trabajos, en su mayoría por
encargo de otras administraciones. En algunas comunidades autónomas se observa la tendencia a sustituir la financiación mediante subvenciones por ampliaciones de capital por autorizaciones de endeudamiento avaladas por la Administración respectiva
o por el otorgamiento del préstamo; operaciones que no tienen impacto en el déficit, si bien podrían tener una repercusión futura en las cuentas públicas.
Respecto de las fundaciones y consorcios, el informe aprecia una ligera reducción de su número en varias comunidades como consecuencia de la reestructuración del sector público, insistiéndose en el informe en la necesidad de completar y
delimitar con precisión el registro de los consorcios autonómicos. Los resultados de explotación de estas entidades eran negativos antes de subvenciones. El gasto sanitario público supuso 60 607 millones de euros en el ejercicio 2015; el 92 % de
todo el Sistema Nacional de Salud, lo que representa 5,7 % del PIB nacional. El gasto sanitario per cápita por término medio fue de 1310 euros por habitante. Las comunidades con mayor gasto sanitario público en relación con su población son País
Vasco, Principado de Asturias y la Comunidad Foral de Navarra. En términos de gasto sanitario total el sector autonómico experimentó un aumento del 6,1 %, siendo Castilla y León, la Comunidad Valenciana, Cataluña e Islas Baleares las comunidades
que más incrementaron el gasto sanitario; y Aragón, País Vasco y Cantabria las que menos lo hicieron. El gasto en retribución de asalariados representó casi el 45 % del gasto consolidado del sector sanitario y el gasto farmacéutico el 16,5 %. La
contribución del gasto farmacéutico al total del gasto sanitario público consolidado de la comunidad autónoma osciló entre el 13,2 % en las Islas Baleares y el 20 % en Galicia. Vuelve a constatarse en el sector sanitario la limitación del documento
presupuestario, ya que se siguen sin dotar créditos iniciales suficientes para dar cobertura a las obligaciones del ejercicio, lo que obliga a recurrir a la generación de gasto que excede las consignaciones presupuestarias.
El objetivo de estabilidad presupuestaria fijado para todas las comunidades fue de un déficit del 0,7 del PIB a diferencia de otros años en que los objetivos estaban individualizados. El déficit global a efectos de cumplimiento de dicho
objetivo no se ha cumplido para el conjunto del subsector, si bien sí lo han hecho las comunidades de Galicia, Canarias, País Vasco y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Todas las comunidades, salvo Canarias, Galicia y País Vasco,
incumplieron la regla de gasto y el objetivo de deuda pública. El saldo de endeudamiento de las administraciones generales sufrió una variación del 11 % destacando en términos relativos Aragón, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y Cataluña;
y en términos absolutos Cataluña, Comunidad Valenciana, Andalucía y la Comunidad de Madrid. En el ámbito de la contratación administrativa se han observado incidencias similares a las de ejercicios anteriores en las fases de preparación,
adjudicación y ejecución de los contratos. En las comunidades autónomas y ciudades autónomas que fiscaliza directamente el tribunal se ha analizado también el cumplimiento de la legislación en materia de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y
el cumplimiento de la normativa en materia de transparencia y todas las comunidades autónomas -salvo Melilla- han elaborado planes de igualdad de oportunidades, y la mayoría ha dictado su propia normativa en materia de transparencia.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Los reparos en los que el Tribunal de Cuentas pone el énfasis en el sector autonómico la verdad es que coinciden con aquellas recomendaciones y aquellos reparos que cuando analizamos la cuenta general del Estado hemos visto durante los
pasados ejercicios. Como pasa en la Administración General del Estado, tampoco las comunidades autónomas cuentan con inventario de bienes y derechos completos y debidamente valorados, y en algunos casos no hay concordancia entre los datos contables
y los del inventario. Con carácter general las memorias de las cuentas generales de las comunidades
autónomas se presentan incompletas, no adaptadas a sus respectivos planes de contabilidad. En materia de contratación se observa, como en ejercicios anteriores, una insuficiente justificación sobre la necesidad de celebrar el contrato, así
como una serie de deficiencias en los criterios objetivos de adjudicación.
Señora De la Fuente, yo voy a intentar entrar en el análisis de determinados programas de gasto, no quiero empezar a decir cifras y repetir las que usted ha comentado. Me parece fantástico el informe y cómo lo han elaborado con el resto de
sus compañeros, pero sí quisiera remarcar ciertas cuestiones. Primero, en relación con el gasto sanitario. Usted misma documentaba que el gasto sanitario medio fue de 1310 euros por habitante; sin embargo, el País Vasco o Navarra son comunidades
que evidentemente superan los 1600 euros por habitante -yo sí tengo una explicación-. Quisiera que si puede me diera una explicación, pero evidentemente la explicación es que estas comunidades autónomas están financiadas con un cálculo no
transparente del cupo -o del cuponazo que llamamos nosotros-, yo creo que incluso los propios expertos que había nombrado el Partido Popular se oponían a ello. En cuanto al gasto de farmacia, la Unión Europea nos reitera recomendación tras
recomendación que contengamos este gasto. Evidentemente, yo estoy convencido de que se puede gastar mejor, pero con especial relevancia -además lo decía usted- en algunas comunidades autónomas están consignando compromisos de gasto con cargo a
ejercicios futuros. Me gustaría que nos aclarase esto y a qué se debe. Respecto al gasto universitario, cabría exigir que todas las universidades dispongan, como exige la ley, de una contabilidad financiera analítica que pudiera maximizar el
aprovechamiento de los recursos disponibles.
Por último, en relación con la estabilidad presupuestaria y su importancia, ya comentábamos en el resto de informes nuestro posicionamiento como Grupo Parlamentario Ciudadanos, pero evidentemente hay comunidades como Galicia, Canarias,
Comunidad Foral de Navarra y País Vasco que cumplieron con esa estabilidad. Volvemos otra vez a lo mismo, al tema de la infrafinanciación de las comunidades autónomas, de la reforma de la financiación autonómica, al tema de tener un Gobierno débil
presidido por el señor Pedro Sánchez que ya nos ha dicho que evidentemente no puede reformar el sistema de financiación porque tiene compromisos con los nacionalistas; y cuando uno tiene compromisos con los nacionalistas evidentemente tiene
compromisos con los privilegios entre comunidades autónomas. Yo le pongo un ejemplo, señora De la Fuente. Es importante recordar esto porque el pasado 25 de septiembre el Gobierno de Pedro Sánchez, en una reunión bilateral con la Generalitat de
Catalunya, acordó una refinanciación de 2773 millones de euros a deuda a corto plazo a Cataluña, y es que precisamente Cataluña no ha sido de las comunidades cumplidoras. No sé qué méritos son estos para ofrecer a estos mismos dirigentes un trato
de favor del Estado y además a aquellos que quieren romper el Estado. Desde luego, nuestro grupo parlamentario no cree que este tipo de decisiones deban convertirse en privilegios que establezca el Gobierno a discreción. Por eso, introducimos en
los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que pactamos con el Partido Popular y que además están prorrogados porque no consiguen sacar unos presupuestos, una enmienda en la cual se exigía un informe previo de la AIReF. Hemos solicitado al
Gobierno que nos dé ese informe para poder ver qué dice específicamente.
Nos comentaban en los distintos informes los portavoces que Ciudadanos no había gobernado y no podíamos haber incumplido la rendición de cuentas tan importante que hemos establecido en esta Comisión. Evidentemente es hasta ahora. Yo creo
que tienen ahora la posibilidad el resto de grupos parlamentarios, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, de tener un Gobierno en Andalucía que pueda ser de Ciudadanos y demostrarle que nosotros somos capaces de rendir cuentas
perfectamente, no como lo han hecho ellos.
Señora De la Fuente, desde luego apoyamos sus recomendaciones, apoyamos los informes y tiene el agradecimiento especial de este grupo parlamentario por las explicaciones que nos ha dado. Precisamente, la semana que viene -creo que es el 17;
me corregirá si no el señor presidente- tendremos el debate de una proposición no de ley que mejorará el seguimiento de esas recomendaciones, así la presentamos y la registramos el Grupo Parlamentario Ciudadanos para comunicar públicamente y además
en lo digital a través de una web, el seguimiento especial de esas recomendaciones, porque yo estoy convencido de que si todas las instituciones públicas que ustedes han fiscalizado dieran perfecto cumplimiento a todo aquello que ustedes han hecho,
las cosas nos irían mucho mejor a todos los ciudadanos, independientemente del color del Gobierno que esté en ese momento.
Muchas gracias, presidenta.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten. Le reconozco una habilidad excesiva en hilar la conformación de un Gobierno en Andalucía con esta Comisión, pero me temo que no va a ser nuestra misión. (Risas.-Rumores).
Tiene la palabra a continuación el señor Martínez, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor MARTÍNEZ RUIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias de nuevo a la presidenta del Tribunal de Cuentas por su exposición inicial. Estoy de acuerdo en que las comunidades autónomas arrastran los mismos problemas endémicos que el resto de administraciones del Estado y es algo
especialmente palpable en lo referente a la contratación pública donde se detectan, por ejemplo, deficiencias en los criterios de adjudicación, deficiencias en las actuaciones de control, abuso del procedimiento negociado, falta de justificación de
la necesidad del contrato o ausencia de estudios económicos. En realidad, es que en cada informe que vemos se repiten las mismas incidencias una, otra y otra vez y al final esta Comisión parece el día de la marmota. Antes, el senador Mato se
equivocaba de informe, pero podría haber leído perfectamente su intervención y le hubiese valido igual porque los problemas siempre son los mismos.
Lo que aporta de nuevo y de interesante este informe es una foto sobre el modelo territorial, sobre el Estado de las autonomías en su vertiente económica y financiera y creo que eso es lo que puede promover un debate políticamente
interesante. Tenemos un sistema de financiación autonómica -sobre el que quería preguntarle su opinión- que es a nuestro entender opaco, arbitrario, que no respeta los principios constitucionales de autonomía y de suficiencia financiera y, por lo
tanto, no es capaz de garantizar el acceso de las y los ciudadanos a los servicios públicos fundamentales como la educación, la sanidad o la dependencia. Este es un factor decisivo para comprender la crisis territorial que vive hoy España y para
entender también que la crisis territorial y la crisis social son en realidad las dos caras de la misma moneda. Hay comunidades autónomas como la mía -la Comunitat Valenciana- que arrastran un enorme problema de financiación acumulado durante años.
Eso es lo que ha dado origen a un problema enorme de deuda. De hecho, no es coincidencia que las comunidades autónomas peor financiadas sean también las más endeudadas. En el informe cita que Cataluña tiene el 18 % de la deuda total de las
comunidades autónomas, la Comunitat Valenciana tiene el 17 %, Andalucía tiene el 14 %. Estas tres comunidades autónomas prácticamente suman la mitad de la deuda global de las comunidades autónomas y son las tres peor financiadas, y no es algo que
tenga que ver con el signo ideológico de cada Gobierno. Son comunidades autónomas que han estado gobernadas por partidos diferentes.
Por otro lado, las políticas de austeridad, desde nuestro punto de vista, no han hecho sino agravar el problema. Han reducido la capacidad de las comunidades autónomas para garantizar los derechos sociales y no han contribuido a solucionar
el problema de fondo que es la falta de ingresos. Es más, se han establecido estas políticas de austeridad sin tener en cuenta la realidad concreta que tenían que atender las comunidades autónomas y de ahí los resultados que se reflejan en el
informe. En 2015 solo tres de diecisiete comunidades autónomas habían podido cumplir el objetivo de déficit del Gobierno del Partido Popular y dos de ellas eran las comunidades forales de Euskadi y Navarra. El objetivo de déficit para el conjunto
de las comunidades autónomas era del 0,7 y se llegó al 1,7 %. Tampoco se logró cumplir la regla de gasto pese a las restricciones e imposiciones del Gobierno central del Partido Popular, de nuevo solo tres comunidades autónomas lo cumplieron. Y,
por supuesto, tampoco se cumplió el objetivo de deuda pública. Es decir, ni siquiera las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han sido capaces de cumplir los objetivos de austeridad impuestos por el Gobierno del Partido Popular.
Por otra parte, tras más de treinta y cinco años de Estado de las autonomías, creo que debemos concluir que las diferencias interterritoriales no solo no se han relajado sino que continúan y además han aparecido otras nuevas. Esto nos lleva
a otra parte del informe donde se señala el peso de los fondos de compensación interterritorial que, a nivel agregado, solo suponen el 0,24 % de los fondos totales en manos de las comunidades autónomas, a pesar de que es el instrumento
constitucional para corregir los desequilibrios interterritoriales. Es decir, no se dedican recursos en serio a compensar estas asimetrías entre territorios y el sistema de financiación autonómica produce otras nuevas. En definitiva, creemos que
las políticas de recentralización y austeridad han contribuido solamente a poner en erupción el modelo territorial. España es un país enormemente diverso y lo que une a una inmensa mayoría de la gente son las conquistas sociales y democráticas. Si
se desmantelan esos avances, si se desmantelan las conquistas sociales y democráticas se provoca el resquebrajamiento de la estabilidad y de la unidad. Defender a
nuestras comunidades autónomas es, por lo tanto, defender la educación pública, la sanidad pública o las prestaciones de la dependencia. El portavoz de Ciudadanos ha hecho referencia a las elecciones andaluzas. Creo que la falta de
responsabilidad y la falta de escrúpulos que están demostrando el Partido Popular y Ciudadanos en su carrera hacia la extrema derecha (rumores) no solo ha fomentado el surgimiento de VOX, sino que está dibujando de una forma cada vez más clara la
bifurcación en la que nos encontramos: o autoritarismo, recentralización y recortes o democracia, federalización y derechos sociales, y nosotros tenemos muy claro de qué lado estamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez.
Tiene, ahora sí, el señor Mato la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista.
El señor MATO ESCALONA: Gracias, señor presidente, y gracias a todos los portavoces por acordarse de mí, especialmente a mi paisano, el señor Juncal, por haber mencionado también a mi ciudad, Ferrol, la nuestra.
En efecto, señora presidenta, ya ve este debate de política general que se ha producido aquí. En ocasiones sí es verdad que esto parece el día de la marmota, pero generalmente es porque los portavoces también ayudan a que sus discursos
planos y sin contenido hagan de esta Comisión a veces algo ligeramente tedioso. Lo digo porque tanto da lo que se diga en Cataluña como en Madrid, pero generalmente se dicen cosas distintas. No creo que a nadie le pueda molestar que hablando como
estamos de cuestiones básicas para los ciudadanos como puede ser la universidad, los servicios públicos básicos de salud, etcétera, alguien pueda poner en cuestión que se negocie o no con una comunidad autónoma que, como todos sabemos porque estamos
perfectamente informados, tiene unas necesidades básicas importantes, como puede ser el caso de Cataluña. Por lo tanto, el señor de Ciudadanos debería de hacer el ejercicio también de decir lo mismo en Cataluña que aquí, porque estoy completamente
seguro de que en Cataluña dice que hay que defender los servicios públicos y hará gala de eso.
Si entramos un poco en el informe, simplemente quiero decirle que presenta una complejidad importante. No me voy a parar mucho en todas y cada una de las cuestiones que usted ha tocado, pero sí me gustaría resaltar una serie de aspectos.
En relación con la rendición de cuentas, hemos apreciado que todas las comunidades han rendido cuentas según la normativa y curiosamente donde más problemática se ha dado fue a la hora de enviar la documentación en lo referido a las empresas
públicas, entes, fundaciones y consorcios. Además, otra cuestión que nos ha resultado relevante es que se mantenga la desigualdad normativa con respecto a los plazos para la rendición de dichas cuentas. En general no se incluyen memorias
demostrativas del grado de cumplimiento de los objetivos programados y hay una cierta tendencia a no disponer de una contabilidad adecuada ni un seguimiento de los gastos con la financiación afectada. Sin embargo, no todas las cuestiones que se
reflejan en el informe son negativas. Nos alegramos de que las comunidades autónomas hayan regulado en cada uno de sus territorios el impacto de género -es una cuestión importante y hay que reseñarla- y también es un apartado positivo que cada una
de las comunidades autónomas haya regulado su normativa sobre la base del cumplimento de transparencia, acceso de información y buen gobierno; esto de lo que siempre se habla y que este informe también refleja. Por lo tanto, en ese sentido,
también creo que podemos estar bastante satisfechos.
Tal y como ha venido ocurriendo en informes de fiscalización previos de otras entidades públicas -y aquí también se ha dicho-, existe con carácter general una falta de criterio de necesidades de contrato, por ejemplo, en la preparación de
los expedientes en los procesos de licitación, apostando en la mayor parte de las contrataciones por procedimientos negociados con respecto a las adjudicaciones. Aquí quería hacer una pregunta sencilla: ¿Cree usted que el papel de los habilitados
nacionales y la incorporación de más personal en cada una de las comunidades autónomas podría ser una posible solución para que estos informes no se repitan sistemáticamente y puedan hacerse las cosas un poco mejor facilitando el trabajo también de
las distintas administraciones?
Asimismo, quería reseñar que con carácter general y entrando en las cuentas anuales de los organismos autónomos y de la Administración general, que los presupuestos por programas en general no especifican suficientemente los indicadores, los
planes de contabilidad autonómica no están adaptados al nuevo marco contable y tan solo Andalucía, La Rioja, la Comunidad de Madrid y País Vasco los tienen adaptados. Esto ya es una cuestión básica y fundamental que debería ser un objetivo para los
próximos años en el resto de comunidades. Desde nuestro grupo y tal y como hace incidencia este informe,
entendemos que las cuentas generales de las comunidades autónomas deberían presentarse mucho más completas, deberían tener una estructura adaptada a este nuevo marco contable y, no obstante, para ello creemos que deberían marcarse criterios
comunes y vías de solución a través de aquellos espacios donde estas se encuentran representadas en su conjunto.
Para finalizar, quiero referirme al gasto sanitario. Usted ha dicho que el gasto había aumentado en un 5,9 % y el gasto per cápita en 1400 euros por habitantes. Resaltamos como muy necesario que este presupuesto que se configura en cada
ejercicio sea lo más fiel posible a las necesidades del sector con una perfecta previsión y control, ya que reiteradamente y a modo general las previsiones iniciales para dar cobertura a las obligaciones son totalmente insuficientes y posteriormente
se exceden todas las consignaciones presupuestarias. Este es un elemento fundamental, un elemento de cohesión social, como se ha dicho también anteriormente, y es evidente para todos nosotros que estamos hablando de un ámbito esencial para todas
las personas que reciben esta cobertura. Por lo tanto, queremos resaltar con respecto al cumplimiento tanto del objetivo de déficit y estabilidad presupuestaria como de la regla de gasto y la deuda pública, que en la mayoría de los casos -como
usted también ha dicho- las comunidades autónomas no han cumplido con los marcos establecidos a nivel ministerio y también que en el año 2015, que nos encontrábamos en una situación de crisis económica muy importante, el Estado, que debía ser
ejemplarizante, tampoco cumplió en ese momento la regla de gasto.
Por último, quiero formularle una pregunta con carácter general. De todas las recomendaciones de este informe tan complejo, ¿cuáles cree usted, señora presidenta, que son las más relevantes para poder acometerlas con carácter urgente?
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mato.
Para finalizar, tiene la palabra la señora Antoñanzas, por el Grupo Parlamentario Popular.
La señora ANTOÑANZAS GARRO: Muchas gracias, presidente.
Quiero empezar agradeciendo a la presidenta del Tribunal de Cuentas su comparecencia y su continua exposición de los informes en esta Cámara. Estamos ante un informe realmente amplio que abarca todo el sector público autonómico. No
solamente engloba las administraciones de las comunidades autónomas, sino también sus empresas, fundaciones, consorcios y universidades. Desde el punto de vista objetivo, la fiscalización abarca la rendición de cuentas, la contratación, la
estabilidad presupuestaria, el endeudamiento, la concesión de avales, el gasto sanitario, la participación en el Fondo de Compensación Interterritorial. Este tribunal ha detectado y apreciado problemas comunes en todas ellas. Para que este
tribunal cumpla su función de la labor de fiscalización, nos centraremos en el esfuerzo, en analizar dónde se encuentran esa serie de deficiencias y debilidades de la gestión económica y dónde se encuentra el intento de subsanar estas deficiencias,
tanto en el informe de alcance general y global como en los informes específicos de cada una de las comunidades autónomas.
Nos encontramos con la reiteración de determinadas observaciones que siguen sin subsanarse ejercicio tras el ejercicio. Los informes deberían servir para corregir estas deficiencias en cuanto se ponen de manifiesto y evitar, de este modo,
que se aprecie, tal como se hace en la lectura de este informe, que estas mismas deficiencias aparecen una y otra vez en los mismos términos ejercicio tras ejercicio. Esto se observa en todos los ámbitos del informe. El porcentaje de las cuentas
rendidas en plazo asciende a un 73 %, las rendidas fuera de plazo a un 14 %, y las no rendidas a un 13 %. Son porcentajes que se vienen manteniendo en los dos ejercicios anteriores. Lo mismo sucede en la liquidación del presupuesto. Existe
diferencia entre los créditos finales y las provisiones iniciales, lo que viene motivado por que en algunas comunidades no se registra el estado de los ingresos, las modificaciones presupuestarias que deben financiar las correspondientes al
presupuesto de gastos, por lo que no se mantiene ese equilibrio presupuestario. Hay comunidades autónomas, como La Rioja, Comunidad de Madrid, Andalucía o País Vasco, que han adaptado sus planes de contabilidad autonómicos al nuevo Plan general de
contratación pública. El resto sigue elaborando sus estados financieros con arreglo al antiguo Plan General de Contabilidad Pública. En lo relativo a los consorcios, se debe insistir en esa necesidad de complementar y delimitar con precisión su
registro, dada la variedad de las entidades consorciadas, lo que dificulta su inscripción en los mismos. Una buena noticia es que la mayor parte de las comunidades autónomas fiscalizadas elaboraron planes de igualdad de oportunidades entre hombres
y mujeres.
También me gustaría destacar otra buena noticia, y son las conclusiones relativas a la trasparencia. En el desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia y buen gobierno, la mayoría de
las comunidades autónomas ha dictado su propia normativa en esta materia para ampliar, facilitar y garantizar que la información llegue a la sociedad de modo que pueda actuar de forma crítica y exigente con las acciones políticas y
administrativas. Las conclusiones del Tribunal de Cuentas van en la línea de la valoración realizada por Transparencia Internacional en su último informe, que valora en tres áreas: páginas web, relaciones con los ciudadanos y sociedad,
participación ciudadana, transparencia económica y financiera y transparencia en las contrataciones, convenios, subvenciones y costes de servicios. Quisiera destacar que una de las opciones que se están realizando en distintos Gobiernos, entre
ellos el de La Rioja, es un plan implantado con una contratación socialmente responsable en el ámbito de la Administración, tal y como se recoge en la Estrategia de Responsabilidad Social Corporativa diseñada por este Gobierno mediante la
introducción de cláusulas sociales en los contratos. Con ello busca garantizar el respeto de los derechos laborales, promover la calidad en el empleo, fomentar el acceso al mercado laboral de los colectivos con dificultades en este ámbito, impulsar
la igualdad entre hombres y mujeres y favorecer la protección del medio ambiente. De esta forma, a la hora de calcular el presupuesto de licitación para un determinado servicio, se realiza una correcta valoración de los costes laborales y los
derechos de los trabajadores. En el proceso de adjudicación de un contrato se introducen criterios de valoración de estabilidad laboral y de la inserción laboral de colectivos con dificultades, la adopción de medidas de conciliación de la vida
personal y familiar, la eficiencia energética, o la utilización de promoción de criterios de compra responsable.
Por último, me gustaría añadir que la transparencia es un valor que hay que defender y potenciar porque en ello está la mejora de la calidad democrática de las comunidades autónomas y la mejora de la eficacia en la gestión de los recursos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Antoñanzas.
Para finalizar, tiene de nuevo la palabra la señora presidenta del Tribunal de Cuentas. (Rumores). Señorías, les ruego que bajen un poquito el tono; ya queda muy poco para acabar.
La señora PRESIDENTA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS (De la Fuente y de la Calle): Muchas gracias, señor presidente.
Una de las cuestiones que me preguntaban tanto el señor Ten como el señor Martínez -la primera que me preguntaban los dos- es la relativa a la emisión de pronunciamientos sobre el sistema de financiación autonómica. Como ustedes saben,
tanto el sistema de financiación autonómica como las fórmulas de gestión establecidas por las correspondientes normativas son decisiones que corresponde adoptar a los Gobiernos y a los parlamentos, en este caso los autonómicos, y al Tribunal de
Cuentas lo que le corresponde es verificar si se está llevando a cabo aquello que se ha mandatado y qué efectos está produciendo la gestión ejecutada respecto de esta cuestión. Por tanto, lógicamente no es función del Tribunal de Cuentas hacer un
pronunciamiento sobre la condición del sistema de financiación, y esto es una decisión de naturaleza política que corresponde a los órganos competentes y, en el caso de las comunidades autónomas, a sus Gobiernos y sus parlamentos, cada uno en el
ejercicio de sus atribuciones. Lo mismo ocurre con la forma de distribuir sus presupuestos. Me preguntan sobre la distinta dotación para el gasto sanitario en las comunidades autónomas. Es cada comunidad autónoma, dentro de los fondos de que
dispone y de los servicios y obligaciones que ha de atender, la que establece cómo ha de cumplirlos de la mejor manera y con suficiencia.
Asimismo, me preguntaban sobre el papel de los habilitados, fundamentalmente el papel del control interno, porque habilitados nacionales realmente no existen en las comunidades autónomas. Me preguntaban sobre el papel del control interno
dentro de las comunidades autónomas. El Tribunal de Cuentas siempre está abogando por la relevancia que tiene el control interno, entre otras cosas porque de la suficiencia y la fortaleza del control interno también dependen sus propias
verificaciones. Es lo primero que se examina cuando se hace una fiscalización: la solvencia y la fiabilidad del control interno. Tanto en este informe de manera general, donde se incluyen conclusiones globales respecto de la relevancia del
control interno, como en los propios informes específicos fiscalizadores de cada una de las comunidades autónomas, se recogen las recomendaciones más específicas relativas al valor que tiene el control interno. Por ejemplo, ya que me preguntaba por
los habilitados nacionales, el Tribunal de Cuentas siempre ha hecho un esfuerzo por destacar el papel y la importancia que tiene dotarles de los medios suficientes para que puedan ejercer su labor, y no solamente en las propias conclusiones y
recomendaciones de los informes del Tribunal de Cuentas, sino en las declaraciones que el Tribunal de Cuentas y los órganos de
control externo de las comunidades autónomas aprobaron en relación con la declaración de medidas para estimular la rendición de cuentas de entidades locales y las modificaciones legales para promover la reducción de plazos de la rendición de
cuentas del sector público, donde hace especial hincapié precisamente en eso.
Si me permiten, como botón de muestra, me gustaría leerles una de las propuestas que planteaban en esta declaración el presidente del Tribunal de Cuentas y los presidentes de los tribunales de cuentas de las comunidades autónomas. Decía:
Promover la cobertura de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de habilitación nacional; la actuación ha de ir dirigida tanto a la convocatoria de procesos selectivos que permitan cubrir el déficit existente como a regular de una manera
más precisa y racional los casos de agrupación de municipios o las autorizaciones de acumulación de funciones. Además, se abogaba por reforzar la capacidad y la suficiencia de recursos y de medios cualificados de las intervenciones locales para el
ejercicio de sus funciones de control interno en el ámbito de la actividad económico-financiera y presupuestaria de las entidades locales. Efectivamente, el reforzamiento del control interno es siempre una garantía para la gestión y es una
garantía, una gran ayuda y un gran apoyo para el buen ejercicio del control externo.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a interrumpir por un minuto para despedir a la señora De la Fuente y volveremos para votar. (Pausa).
DEBATE Y VOTACIÓN DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN:
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS CONTRATOS DE CESIÓN, ARRENDAMIENTO O ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES Y DERECHOS DE LA PROPIEDAD INCORPORAL MÁS SIGNIFICATIVOS FORMALIZADOS POR LAS EMPRESAS ESTATALES DURANTE LOS EJERCICIOS 2013, 2014 Y 2015.
(Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000263 y número de expediente del Senado 771/000258).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a proceder a la votación.
Votación correspondiente al informe de fiscalización de los contratos de cesión, arrendamiento, enajenación de bienes inmuebles y derechos de la propiedad incorporal más significativos formalizados por las empresas estatales durante 2013,
2014 y 2015. Votación de las propuestas de resolución números 1 a 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 9; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos números 5, 6, 7 y 9.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 8, 10, 11, 12 y 13.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuesta número 14, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Propuesta número 15, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 16, del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 27.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN Y DE GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE AYUDAS SOCIALES CONCEDIDAS POR EL MINISTERIO DE SANIDAD, SERVICIOS SOCIALES E IGUALDAD CON CARGO A LOS PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON
NECESIDADES DE ATENCIÓN INTEGRAL SOCIOSANITARIA, CONVOCATORIA DE 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000264 y número de expediente del Senado 771/000261).
El señor PRESIDENTE: Informe correspondiente a la fiscalización de los procedimientos de concesión y gestión y justificación de ayudas sociales concedidas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con cargo a los programas
de atención a las personas con necesidades de atención integral sociosanitaria, convocatoria 2015. Propuestas números 1 a 3, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 4 a 6, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas números 7 a 9, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad. Propuesta número 10, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Propuesta número 11, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DE LOS INGRESOS DE LA JEFATURA CENTRAL DE TRÁFICO, EJERCICIO 2015. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000265 y número de expediente del Senado 771/000262).
El señor PRESIDENTE: Informe de fiscalización de los ingresos de la Jefatura Central de Tráfico, ejercicio 2015. Propuestas números 1 a 9, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 25; en contra, 9.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas números 10 a 13, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas 14 a 19, de Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 18.
El señor PRESIDENTE: Quedan rechazadas.
Propuestas números 20 y 21, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
- INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL FONDO DE FINANCIACIÓN A ENTIDADES LOCALES, EJERCICIOS 2015 Y 2016. (Número de expediente del Congreso de los Diputados 251/000266 y número de expediente del Senado 771/000260).
El señor PRESIDENTE: Último informe, de fiscalización de los fondos de financiación a entidades locales, ejercicios 2015 y 2016. Propuestas número 1 y 2, del Grupo Parlamentario Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas 3 y 4, del mismo grupo parlamentario.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Propuestas 5 a 12, del Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas por unanimidad.
Propuestas 13 y 14, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; abstenciones, 5.
El señor PRESIDENTE: Quedan aprobadas.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las dos y quince minutos de la tarde.