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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 34, de 07/03/2017
cve: DSCD-12-PL-34
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 34
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 32
celebrada el martes,
7 de marzo de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Exclusión en el orden del día ... (Página4)
- Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). ('BOE' núm. 48, de 25 de febrero de 2017). (Número de expediente 130/000010) ... (Página4)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular:
- Proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios
de las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031 de la X Legislatura y 120/000001 de la XI Legislatura). 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 2-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente
120/000001) ... (Página5)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados:
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 80-1, de 30
de enero de 2017. (Número de expediente 410/000005) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Matute), sobre la central nuclear de Santa María de Garoña. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 110, de 24 de febrero de 2017. (Número de expediente 162/000333) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 105, de 17 de febrero de 2017. (Número de expediente 162/000319)
... (Página33)
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página42)
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página42)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página42)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Exclusión del orden del día ... (Página4)
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con arreglo a lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete al Pleno la exclusión del orden del día del punto correspondiente a la convalidación o
derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la Sentencia del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052), lo que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular ... (Página5)
Proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de
las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031 de la X Legislatura y 120/000001 de la XI Legislatura) ... (Página5)
En turno a favor interviene la señora Pérez Domínguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Alli Martínez, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como las señoras Alba Goveli, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea, y Navarro Lacoba, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados ... (Página17)
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley ... (Página17)
Defiende la toma en consideración el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Salud
Areste, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Císcar Casabán, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página26)
Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Matute), sobre la central nuclear de Santa María de Garoña ... (Página26)
Defiende la proposición no de ley el señor Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de la enmienda presentada intervienen la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Rodríguez
Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor López de Uralde Garmendia, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones interviene el señor Mariscal Anaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Matute García de Jalón.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos ... (Página33)
Defiende la proposición no de ley el señor Lorenzo Torres, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, así como para fijación de posición el señor Bataller i Ruiz, del mismo grupo; y los señores Santos Itoiz, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Capella i Farré, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Prendes Prendes, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Lorenzo Torres.
Toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. (Votación) ... (Página42)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de iniciativa popular de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia,
en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias (corresponde a los números de expediente 120/000031/0000 de la X Legislatura y 120/000001/0000 de la XI Legislatura), se aprueba por 326 votos a
favor más 2 votos telemáticos, 328, y 5 en contra.
Toma en consideración de proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados. (Votación) ... (Página42)
Sometida a votación la toma en consideración de proposición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley, se
aprueba por 332 votos a favor más 2 votos telemáticos, 334.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página42)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Matute), sobre la central nuclear de Santa María de Garoña, se aprueba por 205 votos a favor y 126 en
contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario
Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Mixto, a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos, se aprueba por 304 votos a favor y 28 abstenciones.
Se suspende la sesión a las seis y cincuenta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
EXCLUSIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:
- CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 4/2017, DE 24 DE FEBRERO, POR EL QUE SE MODIFICA EL RÉGIMEN DE LOS TRABAJADORES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PORTUARIO DE MANIPULACIÓN DE MERCANCÍAS DANDO CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN
EUROPEA DE 11 DE DICIEMBRE DE 2014, RECAÍDA EN EL ASUNTO C-576/13 (PROCEDIMIENTO DE INFRACCIÓN 2009/4052). (Número de expediente 130/000010).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la exclusión del orden del día de la presente sesión del punto 28,
correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 4/2017, de 24 de febrero, por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario
de manipulación de mercancías, dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014, recaída en el asunto C-576/13 (procedimiento de infracción 2009/4052). Número de expediente
130/000010. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento). En consecuencia, queda aprobada la exclusión del punto de referencia.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR:
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS
DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 120/000031 DE LA X LEGISLATURA Y 120/000001 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente 120/000001).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos la sesión con el punto relativo a la toma en consideración de proposiciones de ley de iniciativa popular. En concreto la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de
promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado el uso de turno a favor y para ello tiene la palabra la señora Pérez Domínguez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la organización promotora de la iniciativa legislativa popular, a los representantes y las representantes del
Cermi que nos acompañan desde la tribuna y también al Consejo de Trabajo Social. Lamentamos que no la puedan defender ellos mismos y ellas mismas. Aunque hemos dado un gran paso -ya se ha avanzado y han podido explicarnos en Comisión la necesidad
de esta iniciativa-, hubiera sido deseable que lo hubieran hecho ellos.
El Grupo Parlamentario Socialista, a quien me honro en representar en esta tribuna, ha solicitado el turno de defensa de la misma. Al fin y al cabo, si me lo permitís todos vosotros que estáis arriba y también buena parte de los diputados y
diputadas que están en esta Cámara y que participaron en la elaboración de la ley, es lógico, porque al fin y al cabo esta ley es nuestra ley, es la ley de todos, también es mi ley. Es un turno que se justifica plenamente en la defensa de una ley
hermosa, de una digna ley que allá por el año 2006 nos trajo a debate el Gobierno socialista y en la que trabajamos muchas horas, muchos días, muchas noches, muchos meses y muchas personas de esta Cámara y de fuera de ella, de la sociedad civil...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Pérez.
Señorías, no le daré la palabra a la interviniente hasta que no haya silencio en la Cámara. Son las tres y cinco de la tarde. Yo creo que es momento para estar en silencio y escuchar a la oradora.
Adelante, señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Esta ley la poníamos en marcha en 2007, reconociendo por primera vez en nuestro país el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, un derecho universal para toda la población y con
garantía pública. Esta ley vino a dar respuesta a una demanda, a una necesidad de la sociedad, y, permítanme añadir, tratándose del día que es -mañana es día 8 de marzo-, también a poner el foco sobre el invisible trabajo de los cuidados que
millones de mujeres han venido realizando en la atención de sus mayores, de sus hijos, de sus familiares en situación de dependencia; un trabajo invisible que esta ley sacó a la luz, igual que sacó el derecho, y lo convirtió para ellas, para las
eternas cuidadoras, en empleo, no solo en trabajo, en empleo remunerado, de calidad, con cotización a la Seguridad Social que garantizase una pensión en la vejez, buena parte de ese trabajo invisible que siempre, hoy y mañana, 8 de marzo, realizamos
los socialistas y las socialistas pretendiendo hacer visible este trabajo oculto de las mujeres. Era una ley que, además de reconocer un derecho a las personas en situación de dependencia, ofrecía una alternativa a quienes entonces estábamos
obligadas al cuidado, una alternativa para poder desarrollarnos profesionalmente, porque sabíamos que las instituciones se iban a responsabilizar de ese cuidado; también una corresponsabilidad y una esperanza
en unas tareas que pasaban a ser servicios y prestaciones reconocidas por un derecho, pero también una oportunidad para que aquellas que deseáramos cuidar de los nuestros lo hiciéramos con dignidad, con reconocimiento, con un salario, con
una cotización a la Seguridad Social que nos diera derecho a unas pensiones. También por todas ellas, no solamente por la iniciativa generosa del Cermi, también por todas ellas y para todas nosotras, esta ley fue un homenaje y una oportunidad que
hemos visto frustrada por la demolición, en palabras de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que el Partido Popular realizó durante los cinco duros y crueles años de su mayoría absoluta en el Gobierno y en este Parlamento,
devolviéndonos a las mujeres durante ese periodo al ámbito doméstico, al hogar y a cuidar de los nuestros, con políticas que nos han penalizado y que no voy a enumerar, pero entre ellas esta que nos trae hoy aquí el Cermi, la implantación de un
copago imposible al cuidado y atención de las personas en situación de dependencia.
Señorías, el proceso previo a la tramitación de esta ley parlamentaria fue ejemplar. También lo fue la tramitación parlamentaria, con más de cincuenta comparecencias de todo tipo durante meses y con aquellas seiscientas veinticinco
enmiendas que se negociaron una a una, resultando la mayoría incorporadas directamente o transaccionadas. La aprobación definitiva contó con un amplio apoyo al que se sumó a última hora el Partido Popular, y quedaron fuera solo aquellos grupos que
pusieron sus reivindicaciones territoriales por encima de todos y de todo. Entonces fueron Convergència i Unió y el PNV. Es necesario hacer este breve recordatorio para señalar que, tras su aprobación, comenzó a implantarse según lo previsto. Las
modificaciones introducidas en la tramitación parlamentaria -quiero recordar a la Cámara que en aquellos momentos se negociaba tanto en la Cámara como fuera de ella- ampliaron cualitativa y cuantitativamente el campo de actuación de la ley, buena
prueba de ello la debe dar el Cermi, las personas con discapacidad y con necesidades de apoyo fueron incorporadas a esta ley. Ello implicó un esfuerzo mayor al previsto inicialmente, a pesar de lo cual el sistema comenzó a implantarse; lo hizo con
fuerza y de manera ininterrumpida hasta finales del año 2011. Pero, la llegada al Gobierno del Partido Popular supuso un brusco parón tras el cual el sistema fue brutalmente atacado en forma de recortes y de reformas. Señorías, en diciembre de
2011 el Gobierno de Mariano Rajoy decidió paralizar el calendario de aplicación de la ley. Posteriormente, en los primeros Presupuestos Generales del Estado que elaboró ese Gobierno correspondientes al año 2012, eliminó la partida correspondiente
al nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros. Este nivel de financiación fue suprimido, año tras año, en los presupuestos de 2013, 2014, 2015 y 2016. El pernicioso Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la
estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad -ya me dirán qué tiene que ver esto con esta ley de la que les hablo- introdujo numerosas modificaciones en la regulación del sistema que causaron un enorme perjuicio a las personas en
situación de dependencia. Y a ello, por si fuera poco, hay que añadir que la resolución de 13 de julio de 2012 de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad aprobó criterios y contenidos sobre capacidad económica y participación del
beneficiario -que es el tema que nos trae aquí- en el coste de las prestaciones que suponían un importante incremento del copago.
Esta resolución que se plasma en un acuerdo del consejo territorial es fruto de su época, la época en la que coincidían un Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta, que hizo del rodillo su único modo permanente de actuar, y una
mayoría de Gobiernos autonómicos del Partido Popular. La ecuación es fácil, si hay un Gobierno de la derecha con escasa mayoría, ya sabemos, políticas antisociales; pero si, además, hay un Gobierno de la derecha con mayorías absolutas, pues
absoluta falta de políticas sociales o absolutas políticas antisociales. Reflejo de ello fue el nuevo modelo del copago que implantaron. Su configuración se enmarcó en los objetivos de reducción de gasto, como decía, y esto lo dice todo. La
resolución de 2012 fijó una subida de la participación de los beneficiarios en el coste de la atención por los servicios y prestaciones de hasta un máximo del 90 % del coste del servicio. Anteriormente, este límite solo estaba previsto para las
personas que estaban en una institución -solamente para ellas- residencial y siempre con una previsión de liquidez, porque el resto de todos los servicios copagados estaban entre un 40 y un 65 %, lo que significa que la aportación máxima del
beneficiario -que es lo que nos trae hoy aquí esta iniciativa- se incrementó entre un 25 y un 50 %. Pero esto, siendo grave, no fue lo peor. La citada resolución establece que las comunidades autónomas o Administración competente podrían, a su
vez, establecer una mayor participación del beneficiario en el coste de los servicios y de las prestaciones económicas. Y, por si esto fuera poco, fijaron una reserva del 19 % del Iprem para gastos personales añadiendo, sin embargo, la coletilla de
que las comunidades autónomas podrían establecer cuantías aún inferiores. Esta regulación ya traspasaba todos los límites que algunos podíamos imaginar. Si las
comunidades autónomas pueden establecer otros regímenes de participación más duros todavía para el beneficiario, el consejo no estaría cumpliendo con su función que no es otra que garantizar el objeto de esta ley: el derecho a recibir
atención y a asegurar la existencia de un mínimo contenido común del derecho en todo el territorio nacional y para todos los españoles y las españolas. A algunas comunidades autónomas, obviamente gobernadas por el Partido Popular, les faltó tiempo
para utilizar el acuerdo para endurecer todavía más el copago, lo que supone que los servicios o prestaciones para una misma situación varían enormemente dependiendo de en qué comunidad autónoma se resida o, lo que es lo mismo, cuando uno vota
también es importante quién va a gobernarle. No solo eso, sino que en algunos casos se ha llegado a vaciar totalmente de contenido la ley. A nuestro juicio, a juicio del Grupo Socialista, se ha vulnerado el derecho a la promoción de la autonomía
personal y atención a la dependencia así como el principio de igualdad, ya que no existe un contenido mínimo común del derecho, además de cuestionar claramente el carácter universal que la ley establecía como uno de los principios inspiradores del
sistema.
Ante este panorama ya se pueden imaginar todos -porque lo hemos vivido- lo que sucedió, comenzaron a surgir las plataformas de defensa de la Ley de dependencia. Fíjense bien en el lenguaje, defensa, alguien estaba atacando la ley y ya le
hemos puesto nombre. Los dictámenes del Observatorio de la Dependencia de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales denunciaron que la llegada al Gobierno del PP iniciaba una fase de retroceso y demolición del sistema y su muerte
por inanición. El Consejo General del Trabajo Social impulsó la marea naranja en una campaña de protesta por los recortes sociales entre los que estaba la ley. En el informe de la defensora del Pueblo correspondiente al año 2012 se apreció un
crecimiento desmedido de los expedientes de quejas colectivas, que ascendieron a 14.335, lo que suponía un incremento del 170,06 % respecto del año anterior, provocado por estos recortes. También el Cermi, la plataforma de representación, defensa y
acción de la ciudadanía española con discapacidad no podía ser indiferente ante lo que calificaron como una reglamentación carente de equidad y justicia material, próxima a lo confiscatorio, y que, más que invitar a ejercer el derecho subjetivo,
expulsaba a las personas mayores y con discapacidad, destinatarias naturales del sistema. Reaccionaron promoviendo esta iniciativa legislativa popular cuya toma en consideración tenemos el honor de debatir y defender. Esta es la realidad.
Tras la gestión del Partido Popular tenemos un sistema con un calendario totalmente implantado pero con unos tristes datos: 350.000 personas permanecen en el limbo de las listas de espera; en los últimos cinco años más de 150.000 personas
dependientes con derecho reconocido causaron baja y no porque se recuperaran, sino por fallecimiento sin haber llegado a recibir las prestaciones o servicios que les correspondían. Del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración
General del Estado soportó, aportó, regaló el 17 % y las comunidades autónomas el 83 % restante. El recorte acumulado de la Administración General del Estado en dependencia tras el real decreto de 2012 asciende a más de 3.734 millones de euros,
considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la de las cotizaciones de cuidadoras familiares. En un ejercicio de máximo cinismo son capaces de negar aquí la evidencia de los recortes mientras que ante la Comisión
Europea, el Banco Central Europeo o el FMI no solo lo reconocen, sino que, además, se jactan de ello. No hay nada más que leer la actualización del programa de estabilidad para ver cómo presumen de lo que han recortado en derechos. Pudieron elegir
y eligieron, eligieron destrozar la vida y la esperanza de las personas porque detrás de esta ley, señorías, hay personas con nombres y apellidos, familias que sufren y hemos dejado atrás a muchas que han muerto por el camino con su derecho
reconocido y sin poder disfrutarlo. Señorías, hace tan solo unos días asistí a la presentación del informe del Observatorio de la Dependencia que hace la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, con datos oficiales. Los datos de
esta voladura de la ley mediante decretos o resoluciones son realmente terribles, pero hoy tenemos motivos para volver a recuperar ese derecho y mejorarlo, entre otras cosas la representación que hoy tenemos en esta Cámara. Señorías, solo en mi
tierra, en Extremadura, se podría haber atendido a 2.638 beneficiarios si nos hubiesen llegado los cerca de 16 millones de euros que ha supuesto el recorte brutal del PP en la financiación.
Voy terminando, presidenta. También es necesario hablar de financiación, de esa financiación de quienes pudieron elegir y eligieron que esa financiación recayera sobre las personas, sobre las familias y sobre las comunidades autónomas. En
este escenario, mi grupo comparte, apoya y hace suya la necesidad de debatir y actuar para recuperar la ley, pero no por una cuestión formal ni porque nos guste mucho la ley, sino porque la nuestra es una posición a favor de las personas en
situación de dependencia
y de sus familias, que un día tuvieron un derecho y que hoy lo han visto cercenado por un Gobierno de la derecha.
Muchas gracias, señorías. Espero que todos los grupos apoyen y tomen en consideración esta iniciativa. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre de Foro, quiero expresar nuestra satisfacción por la oportunidad de aprobar la primera iniciativa legislativa popular que se debate en las Cortes Generales democráticas, relativa a cuestiones sociales por las que se pretende
modificar la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Hay que reconocer este logro a sus impulsores, englobados en el Cermi, y agradecérselo a los casi 740.000 firmantes que han respaldado la
revisión del marco normativo sobre el copago en dependencia.
No dispongo de tiempo para extenderme sobre la evaluación de resultados de la propia Ley de dependencia, manifiestamente mejorables desde el minuto uno de su aprobación, si bien señalaré que en Asturias ha imperado la precariedad.
Actualmente, hay más de 4.000 personas de las 23.100 con derecho a una ayuda a dependencia que no han logrado ayuda alguna del Gobierno autonómico socialista presidido por Javier Fernández. Por lo tanto, cuando se señala como uno de los objetivos
principales de esta ILP el de preservar la unidad y equidad en la implantación de la Ley de dependencia sin agravios en razón del lugar de residencia, desde Asturias no podemos hacer otra cosa que respaldarlo porque, a diferencia de otras
comunidades, una parte importante de nuestras personas dependientes está sufriendo la desatención de sus derechos, con la particularidad de que la situación se agudiza constantemente debido a que sufrimos el problema demográfico más acusado de
Europa. En Asturias, el copago aplicado por el Gobierno autonómico se tornó en un abuso, por decirlo en términos amables. Tómese como muestra que el Principado ha admitido que perjudicó a 2.338 herederos de usuarios dependientes y reconocido una
deuda de más 6 millones de euros con familias a las que se cobró de más por el uso de los establecimientos residenciales. Datos y mea culpa autonómica de la pasada semana.
Señorías, esta ILP permite la revisión de medidas para la mejora de vida de muchas personas, lo que solo estará garantizado si en España continúa el crecimiento económico y se generan puestos de trabajo. No olvidemos que el gran obstáculo
para aplicar la Ley de dependencia ha sido el de ignorar la crisis y tratar de poner en marcha diferentes medidas sin tener los recursos para aplicarlas. De ahí que está ILP tenga que impulsar necesariamente unas reformas que sean consecuentes con
la capacidad de España para generar recursos porque, de lo contrario, se volverá a recaer en la frustración para centenares de miles de personas y para sus familias, que se verán sin protección social y truncadas las esperanzas para mejorar sus
condiciones de vida. Mi voto, señora presidenta, será favorable.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta. Señores diputados, buenas tardes.
Señor Cayo, señor Durán, representantes del Cermi estatal, enhorabuena por esta iniciativa legislativa popular. Les comunico a todos los presentes que Unión del Pueblo Navarro lógicamente votará a favor de la toma en consideración de la
modificación de la Ley de dependencia. Además, también quiero agradecer la presencia de don Luis Cayo la próxima semana en esa visita a Navarra que hará a la Comisión de Discapacidad, a iniciativa de Unión del Pueblo Navarro, para conocer las
entidades sociales del ámbito de discapacidad y también de la dependencia. Muchísimas gracias.
También quiero trasladar y recordar, señores diputados, cuál era el espíritu en el año 2006 de la mal llamada Ley de dependencia, la Ley 39/2006, que venía a decir que además del copago del usuario, de las personas dependientes, el Estado
iba a abonar el 50 % del coste de esas prestaciones y otro 50 % cada comunidad autónoma y, por tanto, la Comunidad Foral de Navarra. La realidad ha sido tremendamente distinta. Tal como recoge el último informe de la Cámara de Comptos, que es
nuestro órgano fiscalizador y auditor en la Comunidad Foral de Navarra -insisto, en marzo del 2015-, el 70 % de la aportación del
coste de esas prestaciones de la inversión social por responsabilidad social fue del Gobierno foral de Unión del Pueblo Navarro, apenas el 9 % lo abonaba el Estado y el 21 % lo soportaba el usuario a través del copago. Quiero también
recordar que en los últimos cinco años, tras la derogación del nivel de financiación acordado entre las comunidades autónomas y la Comunidad Foral de Navarra con el Estado, Navarra ha dejado de ingresar 10,1 millones de euros. Queremos retomar esa
financiación tal como lo recogía inicialmente el proyecto inicial de la Ley de dependencia.
Por último, señora presidenta, queremos denunciar la actual situación del sistema de dependencia en Navarra: 4.300 personas dependientes o con discapacidad, por lo tanto 4.300 familias, están hoy esperando una media de trece meses para el
derecho a su prestación económica o de servicios, cuando hace escasamente dos años, en mayo del 2015, apenas se tardaba seis meses. Por eso, por responsabilidad y por sensibilidad social, votaremos favorablemente esta modificación de la Ley de
dependencia.
Enhorabuena y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, también por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Buenas tardes a todos y a todas.
Euskal Herria Bildu apoyará esta iniciativa por entender que pretende establecer criterios más claros, justos e iguales en relación con la capacidad económica y la participación en el coste de las prestaciones para que no excluyan a las
personas en situación de dependencia de una adecuada protección social y les permitan contar con los recursos económicos necesarios para llevar una vida digna. Y es que la regulación del copago es determinante para hacer efectivo un derecho. No
basta con tener servicios adecuados, es necesario que éstos sean accesibles. Por decirlo más claro: nadie puede quedar excluido de los servicios que necesita para poder llevar una vida digna por su capacidad económica. Entendemos que para ello es
justo tener en cuenta el momento vital de la aparición de la situación de dependencia, ya que no tiene el mismo impacto vital que la dependencia esté vinculada a la edad o a la propia discapacidad. Igualmente, en aras a potenciar la autonomía
personal de la persona con dependencia, es un elemento importante que al establecer la capacidad económica a la hora de determinar el pago a realizar no se tenga en cuenta la capacidad de la unidad convivencial, es decir, de su familia o de quienes
conviven con esta persona. En cuanto a la cuantía mínima que la persona dependiente debe tener para sus gastos personales, lo que se conoce como libre disposición, hay que tener en cuenta que los servicios que se ofertan son muy diversos e incluso
en los residenciales no se cubren todos los gastos. Por tanto, entendemos que no solo hay que respetar esa cuantía mínima, sino que habría que garantizársela a quien no dispone de ella. Otro elemento de la propuesta que garantiza una aplicación
progresiva del copago es la exención a las personas con ingresos inferiores a 1.300 euros. A nuestro entender, al menos los gastos asistenciales deberían ser gratuitos por estar vinculados a las necesidades de dependencia, mientras que los de
manutención y hoteleros podrían tener otra consideración por cuanto son gastos que todas las personas debemos realizar.
Por todo ello, el voto de Euskal Herria Bildu será afirmativo, porque entendemos que la ley debe ofrecer ayudas a las personas dependientes, pero también debe empoderarles para que tengan mayor autonomía; y entendemos que todavía queda un
largo camino que recorrer.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Damos también la bienvenida a los representantes del Cermi y del Consejo del Trabajo Social. No es fácil recoger 750.000 firmas para poder presentar una ILP en esta Cámara, y eso es expresión de la fortaleza del movimiento asociativo de las
personas con discapacidad, que ha demostrado tener esta presencia en el conjunto del territorio con organizaciones fuertes en todas partes, que le permite abrir este debate; el debate de la revisión de la Ley de la Dependencia a través del
cuestionamiento del sistema de copago, planteando un copago que sea más equitativo, que sea más justo y que tenga en cuenta las necesidades específicas de las personas con discapacidad.
El debate del copago también es el debate sobre la financiación de la Ley de la Dependencia. Mi grupo, con el Grupo Vasco y la diputada de Eusko Alkartasuna, se opuso hace diez años al proyecto de
ley porque existía invasión competencial y además porque en el enfoque de la ley las cuestiones de sostenibilidad financiera de la misma no estaban resueltas. Recuerdo que desde el escaño le advertimos al señor Rodríguez Zapatero de que con
el sistema de financiación que se configuraba en la ley, al final quienes iban a tener que corresponsabilizarse del coste de estas políticas iban a ser fundamentalmente las comunidades autónomas. Y eso ha pasado de tal manera que incluso durante la
crisis las comunidades autónomas han tenido que hacer frente a más responsabilidades financieras de las que les tocaba. El 80 % del gasto público en esta materia corresponde a las comunidades autónomas, lo que rompe con los compromisos que se
establecían en la propia ley. Y más copago de las comunidades autónomas quiere decir más presión para el copago de los usuarios. Por tanto, el debate no es tan solo en relación con cómo configuramos un sistema de copago, sino con cómo hacemos que
el Estado vuelva a implicarse en la financiación de la dependencia y cómo configuramos un sistema de atención a la dependencia que sea sostenible en el tiempo. Esta discusión no se afrontó hace diez años, pero otros Estados europeos abordaron estas
políticas con recargos en el IRPF o con cotizaciones a la Seguridad Social. En España se decidió que eso correspondía simplemente a la dinámica de los ingresos generales del Estado, y eso ha llevado a la crisis del sistema de dependencia durante
estos años.
Bienvenida sea la discusión que nos plantea el Cermi; nos permite tener la discusión sobre el copago, pero también nos debe permitir una discusión a fondo sobre la sostenibilidad de esta política pública. No es un tema menor, los diputados
del Partido Demócrata vamos a estar en esta discusión.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
No les debe extrañar ni a los proponentes ni a sus señorías que empiece por recordar que el Grupo Vasco se opuso en el año 2006 a la ley que se pretende modificar porque entendió y sigue entendiendo que vulnera el reparto competencial entre
el Estado y las comunidades autónomas, y en nuestro caso en concreto porque vulnera el artículo 10.12 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Por ello plantear hoy, diez años después, al amparo del mismo título competencial, el 149.1.1.ª, lo que
se describe como una corrección del resultado de un proyecto malogrado -más o menos- no nos mueve precisamente a modificar aquella opinión, aquella postura y aquella valoración que se hizo en su día. Parece difícil hacerlo, además, cuando el
proyecto reitera, a nuestro modo de ver -y con todo el respeto, dicho sea, hacia los proponentes, a los que, por su parte, también debemos demostrar una consideración absoluta-, el mismo error competencial, el mismo incumplimiento estatutario y con
iguales consecuencias de omitir las competencias autonómicas en la gestión de políticas sociales, con el complemento añadido de que la gestión de esas competencias desde la Administración del Estado se ha calificado, en su caso, como un fracaso. Y
es que el error se encuentra, a nuestro modo de ver, en la misma concepción de aquella ley que, como la ILP, justificaba en el 149.1.1.ª la posibilidad de intervención en esa materia, esto es, en la regulación de las condiciones básicas que
garanticen la igualdad de todos los españoles. Lo dijimos en su día y lo reiteramos hoy: no es lícito invocar como título competencial un valor superior del ordenamiento jurídico, como es el principio de igualdad, como si fuera un título
atributivo de competencias. No es ese el objeto del artículo 149.1.1.ª, ni cabe hacer de él una utilización de sus términos para justificar una atribución impropia de competencias para el Estado. No se puede manipular y tergiversar el 149.1.1.ª
para convertir lo que es una competencia exclusiva de las comunidades autónomas en una competencia en parte exclusiva del Estado y en parte compartida, como las de las comunidades autónomas, sobre todo -como acaba de exponer quien me ha precedido en
el uso de la palabra- con unas consecuencias desastrosas que, como digo, estamos viendo. En lugar de atender en su lugar natural, en la proximidad de la solución normativa, los problemas que se pueden crear, se vuelve a intentar remedar aquel
intento legislativo que ha resultado un fracaso. A nuestro modo de ver -dicho sea también con respeto-, se está intentando cobijar bajo el paraguas aparente de un derecho necesitado de regulación en aspectos básicos para legislar ámbitos concretos
de gestión del título material de servicios sociales que, perfectamente, pueden ser diseñados por el legislador autonómico, atenido tanto a sus competencias como a sus características particulares. Se está intentando disfrazar, bajo la apariencia
de medidas que garantizan el núcleo esencial de un derecho de configuración legal, lo que no son sino medidas de gestión material -la de sostenibilidad financiera de garantía de aquel derecho-, lo que no obedece, de ninguna forma, a ninguno de los
requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional cuando ha venido a interpretar el 149.1.1.ª como
título propio. No se está regulando el contenido normativo de aquel derecho subjetivo, sino que se pretende actuar vaciando nuevamente de competencias las competencias autonómicas exclusivas y, por tanto, las condiciones de disfrute de
aquel derecho.
En el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Ley 12/2008 es la que regula los servicios sociales y ahí se articula la competencia interna en orden a la regulación de prestaciones que se incorporan, primero, a la cartera de
prestaciones y servicios del Sistema Vasco de Servicios Sociales y, segundo, integrando las previstas en la Ley de Dependencia estatal, que se ejecutan en nuestro caso tanto por el Gobierno vasco como por las diputaciones forales y los
ayuntamientos. Esa cartera se reguló por un Decreto, el 185/2015, en el que se atribuyó al Gobierno vasco la regulación y provisión de determinados servicios, por lo que es el Gobierno el que regula los requisitos económicos de la prestación y se
atribuye a las diputaciones forales la regulación y provisión del resto de servicios. En estos servicios, cada diputación foral aprueba también un decreto foral regulando los requisitos técnicos y económicos de esa prestación. Es nuestra normativa
la que regula esos aspectos que nuevamente viene a regular la ley -y ahora la modificación que se pretende de la misma- y, por tanto, entendemos que se produce esa nueva intromisión. Ello a pesar de que, por su parte -dicho sea también con
reconocimiento a los proponentes de esta cuestión-, las medidas concretas sobre las que se sustenta pudieran ser incluso aceptables, es decir, podríamos coincidir en ellas y, de hecho, están aplicándose en parte también en el País Vasco. Las
medidas concretas son las del artículo 14, que incluye diferentes factores para determinar la capacidad económica de quienes pueden contribuir al sostenimiento de la prestación y la del artículo 33 para introducir diferentes garantías en el esfuerzo
económico de las personas beneficiarias del sistema. Repito, no son cuestiones baladíes ni nos resultan ajenas; podríamos haber participado de dos de ellas, pero en cambio sí debemos discrepar de que -lo comenta la propia exposición de motivos- se
incide en una nueva cuestión que supone también una nueva invasión competencial, que es la atribución al desarrollo reglamentario de aquellas determinaciones que se incluyen en la ley, esta vez de manera modificada.
Por todo ello, y aun participando de alguna manera no solo de la filosofía sino incluso de parte del contenido que se ha propuesto por quienes han tenido la iniciativa legislativa, no nos cabe otra solución, no vamos a poder cambiar esa
decisión, esa valoración que se hizo en el año 2006. Entendemos que sigue incurriendo en los mismos defectos, pero sobre todo sigue incurriendo en un defecto básico, que es aquel de entender que determinados problemas, por el hecho de ser regulados
por el Estado, van a estar mejor atendidos. La distribución competencial del 148 y del 149 de la Constitución viene a atender también determinada realidad, que es la de que determinados problemas en el sistema de atención social han sido
reconocidos a favor de las comunidades autónomas, en nuestro caso de forma específica en el 10.2 del Estatuto de Autonomía, como he recordado antes. Y no es casualidad, es porque hay problemas que son mejor atendidos desde la inmediación, desde la
cercanía, por los ayuntamientos en su caso y en nuestro caso por las diputaciones, pero desde luego por las comunidades autónomas en estos casos y en otros muchos en los que se está incurriendo nuevamente en infracciones competenciales a las que,
con todo respeto, no podemos dar nuestra bendición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.
Diputades i diputats, bona tarda. Mi afecto y consideración para los representantes del Cerm, que nos honran con su presencia. ¡Qué difícil y largo camino han seguido hasta el día de hoy! Tienen todo nuestro reconocimiento. Promover una
iniciativa legislativa popular lleva mucho tiempo y esfuerzo, son muy pocos los que lo consiguen. De hecho, en esta Cámara se han intentado sacar adelante cerca de noventa iniciativas populares y solo una lo consiguió en el año 1995. Una vez
superados todos los requisitos -que no son pocos- y demos hoy luz verde a esta ILP y prospere -eso espero- serán estas fuerzas políticas las que deban llevar a puerto estas propuestas. Les pido que sean vigilantes, les pido que en esta Cámara no se
legisle en contra de lo que ustedes han propuesto, es decir, que no se rebaje con mucha agua lo que ustedes acertadamente han propuesto. Sin duda nosotros estamos vigilantes, pero ustedes han de hacer este último esfuerzo, no poco importante.
El Comité español de representantes de personas con discapacidad, el Cermi, ha conseguido pasar todos los trámites. Hoy discutimos el último, que permitirá que los actuales criterios de copago en materia
de autonomía personal y atención a la dependencia cambien porque -como aquí se ha dicho y dicen ustedes- son confiscatorios. Cerca de 740.000 firmas lo han apoyado, así como todas las fuerzas políticas. Cuando usted, Luis Cayo Pérez Bueno,
estuvo en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales todas las fuerzas políticas le felicitamos. Por tanto, pienso que la felicitación se convertirá muy mayoritariamente en un voto a favor. Compartimos su opinión expresada en la Comisión e
insistimos en que hace más de diez años éramos conscientes de que no era la mejor ley ni se aseguraba su financiación.
¿Qué hizo que los republicanos votásemos a favor? El coste de la no ley; repito, el coste de la no ley. Vistos estos diez años y esta crisis terrible que hemos sufrido -unos mucho más que otros- imaginémonos si no hubiese habido Ley de
dependencia, con todas sus carencias, qué situación tan terrible se habría dado. Ahora bien, si lo votamos por fraternidad republicana, continuamos viendo cómo lo que se hizo mal se ha de rectificar y, parece mentira, no lo rectifican los grandes
partidos de esta sala, lo rectifican ustedes con su iniciativa. Esto es algo con lo que espero que nadie se ponga encima la medalla, porque es a iniciativa de ustedes.
Es cierto que la creación de la denominada cuarta pata del Estado del bienestar fue algo positivo, pero nació corta, es una cuarta pata corta. No se logró el apoyo político suficiente para que esta nueva arquitectura de protección social
fuese gratuita, sin coste para la persona usuaria. El copago como mal menor -en este país los males menores duran y duran y se hacen mayores- ha marcado el conjunto del sistema, y este mal menor se ha convertido por los reglamentos que se han
sucedido en inaceptable. Los actuales criterios de copago expulsan a muchas personas beneficiarias del sistema por no poder afrontar los gastos; permiten grandes diferencias entre comunidades autónomas y existen territorios en los que el coste es
cero y en el otro el 90 %; perjudican a las personas con discapacidad que generan ingresos propios, es decir, se penaliza algo que se tendría que positivizar. Ante este escenario, la ILP plantea establecer un copago máximo del 60 % para la persona
beneficiaria, dejando libertad a las comunidades autónomas para que puedan establecer porcentajes inferiores y eximir de cualquier pago a quienes posean una renta inferior a 2,5 veces el Iprem, 1.331 euros. Además, es necesario tener en cuenta la
variable de la situación de dependencia, el que haya sido adquirida o que sea de nacimiento, porque en este segundo caso la persona en situación de dependencia no ha podido tener ingresos propios y afrontará los gastos durante muchos más años.
Y de nuevo hemos de hablar de financiación. Si esta no figura de forma explícita, si no se hace posible esta financiación en los cambios, si esta no es compartida al 50 % entre Estado y comunidades autónomas, porque con el Estado actual
sería imposible de aplicar, no frustremos de nuevo las expectativas; ni se lo merecen ni hoy tendríamos ninguna legitimidad para hacerlo. No podemos seguir, como ahora, pagando las comunidades autónomas, como la Generalitat, el 80 % y el Estado el
20. Esto no empezó con el último Gobierno, empezó antes. Empezó con el 40, luego con el 30 y ahora con el 20; es decir, excusas del Estado, a las que tiene acostumbradas a las comunidades autónomas, excusas de mal pagador. Esta ley ha de tener
una memoria de compromisos plurianuales de obligado cumplimiento en los Presupuestos Generales del Estado.
Todo esto lo hablaremos en el trámite de ley, pero es fundamental, porque ya está bien de buenas palabras. Hay que decirlo alto y claro. Hay que reconocer que las personas que precisan de apoyos intensos para su autonomía, las personas con
discapacidad, mayores y sus familias, han estado históricamente silenciados, han sido invisibles, no han formado parte de la centralidad, ni han tenido acceso fácil y fluido a la agenda política, ni a la legislativa; se han tenido que organizar,
han tenido que batallar, han tenido que poner nombre, 740.000 firmas, para que se les haga caso de una vez por todas. Sin duda, les apoyaremos.
Déjenme antes de acabar que recuerde a una gran persona que fue diputado. El 10 de marzo cumpliría años y el 5 de este mes se cumple el aniversario de una intervención que nos conmovió a muchos. Me inspira mucho aquella frase de 'a la
mierda', que no tenía voluntad de ofender sino de expresar un estado de ánimo, ¿o no hemos compartido muchas veces este estado de ánimo en este país? Era José Antonio Labordeta. Recitaré unos versos, porque el mejor homenaje no es el silencio, es
su palabra. Lo siento, Jaume Malla y Oskar Matute, pero de momento no cantaré, solo recitaré un breve fragmento de Somos: 'Somos / como esos viejos árboles / batidos por el viento / que azota desde el mar. / Hemos / perdido compañeros, / paisajes
y esperanzas / en nuestro caminar. / Vamos / hundiendo en las palabras / las huellas de los labios / para poder besar / tiempos / futuros y anhelados, / de manos contra manos / izando la igualdad'.
Somos como estos viejos árboles. Un abrazo a la gente de su tierra, Aragón, especialmente dedicado a ustedes, la buena gente del Cermi, y a todos los que han hecho posible luchando día a día acercarnos a la igualdad. Igualdad y república.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
'La dependencia no es viable' -cierro comillas-. (Muestra una página de El País). Esto lo dijo el presidente Rajoy tres días antes de ganar las elecciones en noviembre de 2011, y así lo recogió El País. Haciendo honor a sus palabras,
apenas un mes después su mayoría absoluta aprueba el Real Decreto 20/2011, de 30 de diciembre, que modificó el calendario de aplicación de la ley e introdujo los recortes en el gasto. Le seguirán otros reales decretos en la misma línea como el
20/2012, en el que otra vez la mayoría absoluta del Partido Popular establece el copago para los dependientes de rentas superiores al Iprem, 532 euros, señorías, que tienen que asumir así parte del coste de la prestación o servicio. Y centrada en
el copago se nos presenta esta iniciativa legislativa popular avalada por 740.000 firmas, promovida por el Cermi. Aprovecho para saludar a don Luis Cayo Pérez Bueno, a doña Pilar Villarino, a don Luis Javier Alonso, a don Alberto Durán de la
Fundación Once y al resto de representantes del movimiento asociativo en torno a la discapacidad que nos acompañan hoy desde la tribuna de invitados. Bienvenidos. (Aplausos). Me alegra por fin saludarles en el Pleno después de las vicisitudes que
ha atravesado esta iniciativa a lo largo de varias legislaturas ya.
Después de esta breve introducción y saludo debemos preguntarnos en qué situación se encuentra la Ley 39/2006 en la actualidad. Pues bien, de promoción a la autonomía personal, nada, y de atención a las personas en situación de dependencia,
más bien poco. Según el informe publicado hace unos días por la Asociación estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales basado en datos oficiales, uno de cada tres dependientes no recibe ninguna prestación o servicio del Sistema de
Atención a la Dependencia aun teniendo pleno derecho a los mismos. Pero la cifra más cruel, la que evidencia el fracaso de estos diez años de aplicación de la ley, es que cerca de 150.000 personas dependientes con derechos reconocidos han fallecido
en los últimos cinco años sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios, dato este del último dictamen del Observatorio de la Dependencia. Esto arroja una cifra diaria, señorías, de más de ochenta fallecidos que no se beneficiaron nunca de
una ley lastrada por los recortes.
En este contexto, el pasado mes de agosto se firma el acuerdo entre el Partido Popular y Ciudadanos, el acuerdo de investidura, donde se recogen los puntos 57 al 60, que contemplan fortalecer el Sistema de Atención a la Dependencia para que
tenga una gestión más ágil y poniendo mayor énfasis en la prevención, la evaluación permanente del sistema en colaboración con las comunidades autónomas para garantizar unos estándares mínimos de calidad, y lo más importante en cuanto al tema que
nos ocupa hoy: se recuperará el nivel de los recursos destinados al sistema anteriores a 2012. Hasta aquí bien; sin embargo, el pasado 14 de diciembre todos los grupos parlamentarios apoyamos la propuesta de la Asociación de Directores de
Servicios Sociales para revertir los recortes con la única excepción del Partido Popular, que no firmó el acuerdo. En agosto sí y en diciembre no, así que la pregunta es obvia, señorías del Partido Popular: ¿La dependencia son también lentejas?
¿Son lentejas la dependencia, señor Martínez-Maíllo? ¿Sí? Una pena. (Aplausos). Aclárenos en su intervención si vamos a dar cumplimiento o no a estos acuerdos porque en el tema de la dependencia no vale la excusa de que no hay mayoría
suficiente, como van a poder comprobar hoy.
Hace una década de la aprobación de la ley, ha llegado el momento de revisarla y ponerla al día, son muchas las claves a tener en cuenta: la financiación, las listas de espera, la reducción de ayudas y el hecho de que la excepción se haya
acabado convirtiendo en la norma; me estoy refiriendo a que más de la mitad de las ayudas económicas son para las familias cuando esto debería ser la excepción y suceder solo en el caso de que la red institucional de servicios no pudiera dar estos
apoyos. De todo esto se deberá hablar con detenimiento porque, como ya digo, ha llegado el momento de revisar la ley y habrá que crear el pertinente grupo de trabajo para poder evaluarla y revisarla en profundidad.
Hoy toca centrarse en el copago, que es el objeto de la ILP; copago que estaba previsto por la ley pero que no ha sido objeto del desarrollo reglamentario que correspondía en estos diez años. Esto ha dado lugar a grandes desigualdades
entre los dependientes por razón del territorio. El hecho de que las comunidades autónomas estén financiando el sistema de dependencia en un 80 % ha tenido un grave
efecto en los copagos. En la práctica, esa carencia o ese mal diseño inicial del modelo de financiación ha terminado con una mayor participación y responsabilidad de las comunidades autónomas y, como consecuencia de esto, de un mayor
incremento de los copagos, y permítanme que aquí haga un inciso. Señor Olòriz, si hablamos de verdadera fraternidad republicana, nosotros la entendemos como que los derechos son inherentes a las personas y no a los territorios, por eso luchamos
tanto en Ciudadanos contra las desigualdades ocasionadas por razón del territorio. (Aplausos). En palabras de los proponentes de la iniciativa, en algunos casos el copago llega a suponer no una participación sino, como dijo don Luis Cayo Pérez
Bueno en la Comisión, una auténtica compra del derecho. En otros casos, expulsa a los dependientes del sistema si estos no pueden hacer frente al coste de la prestación y además, como bien dijo, supone un castigo para los dependientes con ingresos
propios, en la medida en que desincentiva el trabajo y desincentiva por tanto autonomía personal, que, no olvidemos, era la primera aspiración de la ley.
Al Grupo Parlamentario Ciudadanos nos parece adecuado -por eso votaremos favorablemente la toma en consideración de esta iniciativa- que se revise y se concrete el elemento del copago reglamentariamente. Nos parece acertado que se tenga en
cuenta la capacidad económica del beneficiario del derecho para determinar su participación en el coste del mismo, es decir, su renta y su patrimonio. También nos parece bien el establecimiento de límites, una exención o un tope de la capacidad
económica por debajo del cual se estará exento de participar en ese copago y unos topes máximos de participación en el mismo para evitar que se adquiera un carácter confiscatorio. No obstante, nos reservamos -como no puede ser de otra manera- la
posibilidad de presentar enmiendas tendentes a enriquecer y a mejorar el texto una vez estudiado el alcance de estos límites, para ver si son los más adecuados y en definitiva los más justos.
Termino llamando a la reflexión de todas las administraciones implicadas en el sistema de dependencia. Tenemos que dejar de pensar en el ahorro a corto plazo. Tenemos que incidir en las políticas de promoción de la autonomía personal.
Invertir en prevención y en autonomía personal, además de prevenir situaciones de dependencia, es también ahorrar en dependencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Alba Goveli.
La señora ALBA GOVELI: Gracias, presidenta. Señorías, arratsalde on.
En primer lugar, quería comenzar felicitando, en nombre de mi grupo parlamentario, a los representantes del Cermi y a todas las personas que al fin y al cabo han impulsado esta propuesta y han trabajado para que lleguemos a este punto y la
podamos debatir hoy en el Pleno. Siempre es motivo de alegría poder debatir en esta Cámara una iniciativa legislativa popular. Quería darles las gracias, por tanto, por su esfuerzo y su trabajo incansable hasta llegar a este punto.
Lo digo porque somos perfectamente conscientes de lo complicado que puede llegar a ser para cualquier colectivo, para la ciudadanía en su conjunto, conseguir que llegue hasta aquí una propuesta. Esto debería, de paso, invitarnos a una
reflexión a todas y a todos los que conformamos esta Cámara sobre cómo podríamos facilitar este proceso. Sobre todo -y aquí adelanto el principal motivo por el que vamos a apoyar la admisión a trámite de esta iniciativa-, acerca de cómo podemos
garantizar que, una vez que todas las propuestas fruto del trabajo incansable de la sociedad civil lleguen aquí, sea una obligación de esta Cámara no solo debatir sobre ellas sino que también sean tomadas en consideración.
El tema que nos ocupa hoy no es cosa menor. En el Estado español hay 2 millones de personas en situación de dependencia, es decir, personas que precisan de la atención de otras o de ayudas importantes para realizar actividades básicas de la
vida cotidiana, o personas que necesitan de algún tipo de apoyo para su autonomía personal. En este sentido, la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, la que conocemos como Ley de
dependencia, supuso un gran paso hacia delante, aun con sus déficits y limitaciones como, por ejemplo, el hecho de que el artículo 18.1 haya dejado de ser una excepción para convertirse casi en la norma, afectando muy especialmente a las mujeres que
tienen personas dependientes a su cargo, que ven muy limitadas su posibilidades de tener tiempo para dedicarse a algo que no sean los cuidados de la persona dependiente. A pesar de ello, en general, tenemos muy claro que esta ley fue un primer
paso; un primer paso importante. Pero el Gobierno del Partido Popular, en vez de aprovechar este punto de salida sobre el que seguir avanzando, prefirió
retroceder, prefirió dar pasos atrás, por eso aprobaron el Real Decreto-ley 20/2012 que, por un lado, rebajaba un 15 % las prestaciones económicas de los cuidadores y de las cuidadoras familiares y restringía los pagos de carácter
retroactivo, y por otro lado, revisaba al alza el copago al introducir nuevos criterios de evaluación de la capacidad económica de los usuarios y de las usuarias. Esto nos ha dejado, señorías del Partido Popular, con 400.000 personas en lista de
espera, más de 150.000 personas que han fallecido en los últimos cinco años sin recibir las prestaciones o los servicios que les habían sido ya reconocidos por la ampliación de los plazos de seis meses a dos años, con 170.000 personas fuera de la
cotización a la Seguridad Social y, de ellas, otra vez, 146.000 eran mujeres, sin olvidar el recorte de casi 4.000 millones de euros en dependencia.
Mencionaba el copago, que se estima en un 20 % sobre el total de gasto directo del sistema. Estas aportaciones están al límite, señorías; han supuesto una reducción grave del patrimonio de las personas en situación de dependencia. Esto es
precisamente lo que nos preocupa de la propuesta recogida en esta ILP, porque si bien tenemos claro que puede suponer una pequeña mejora, creemos que puede traer como consecuencia, como resultado, la legitimación de un sistema como es el del copago
y al final acabar alimentando las ansias de privatización en materia de dependencia que está demostrando que tiene el partido en el Gobierno. Esta propuesta pide que se instaure el copago según capacidad económica y otra serie de criterios, de
manera que las personas que perciban rentas superiores a 1.300 euros mensuales deban sufragar parte de la atención que reciben en concepto de ayuda a la dependencia. Nosotros consideramos que legitimando el copago, naturalizándolo, abrimos la
puerta a la destrucción de un sistema que debería ser universal y garante de un derecho subjetivo. El copago en el ámbito que sea es aceptar volver a pagar por unos servicios públicos que ya pagamos entre todos y todas a través de los impuestos.
No se puede jugar con los derechos de aquellos que por su situación de dependencia requieran de los servicios prestados por la Administración pública, porque, señorías, la autonomía es un derecho, no es un privilegio de quienes tienen ingresos
suficientes para permitírselo.
A nuestro juicio, la Ley de dependencia, sin ninguna duda, necesita de una reforma urgente, eso lo tenemos claro, pero creemos que el primer paso de esta reforma debe ser la derogación del Real Decreto 20/2012 y garantizar, vía Presupuestos
Generales del Estado, que todos los recortes en dependencia sean restituidos, y además de manera inmediata. Lo que no podemos permitir, señorías, es que sean las personas en situación de dependencia o sus familias quienes palien, quienes compensen
de su bolsillo los recortes en dependencia que ha hecho el Partido Popular. Nuestro compromiso con las personas en situación de dependencia es muy claro y también lo es nuestro compromiso con la democracia y con la participación ciudadana. Por eso
tienen nuestro apoyo para que esta ILP sea tomada en consideración. Entonces presentaremos nuestras enmiendas en el sentido de nuestras propuestas de hoy.
Eskerrik asko. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro Lacoba.
La señora NAVARRO LACOBA: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al Comité Español de Representantes de las Personas con Discapacidad y a otras entidades que constituyen el Cermi, como la ONCE, Plena Inclusión y demás, que esta tarde nos
acompañan. Siéntanse en su casa, porque esta es sin duda su casa. (Aplausos).
El Cermi se ha constituido en un interlocutor fundamental en el diálogo social, ha sido el artífice de los logros y de las conquistas sociales para las personas con discapacidad, y el Partido Popular tiene muy claro que quiere ir de la mano
de esta entidad, que no solo tiene nuestro apoyo en esta iniciativa legislativa popular para su tramitación y su toma en consideración esta tarde aquí en la Cámara, sino que estamos especialmente trabajando en aquellas reivindicaciones que provienen
del Cermi, como por ejemplo el derecho al voto de las personas con discapacidad, el acceso a la maternidad de las mujeres con discapacidad o que conozca de la jurisdicción social en los conflictos en materia de dependencia que se debatirá esta misma
semana en la Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales, a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular. Ese es todo nuestro apoyo y todo nuestro compromiso con el Cermi y con la comisión proponente.
Mi grupo quiere hacer referencia a dos cosas fundamentales. En primer lugar, esta proposición de ley emana de una iniciativa legislativa popular. ¿Saben lo que demuestra que una iniciativa legislativa popular llegue a la Cámara, tal y como
prevé la Constitución de 1978 en su artículo 87 y cuyo ejercicio desarrolla
la Ley Orgánica 3/1984? Que las leyes emanan del pueblo, que el pueblo tiene mucho que decir, no solo a través de sus representantes aquí en esta Cámara, libremente elegidos. En segundo lugar, ¿Saben lo que ello significa? Que tenemos una
democracia que está viva, y no solo eso, sino que tenemos un sistema constitucional que funciona, pese a lo que últimamente está de moda. Esta iniciativa, además, es la primera en materia social que entra en la Cámara. ¿Qué significa? Que los
ciudadanos, la sociedad civil, están influyendo en la agenda política. Hace cinco años esto era impensable. La sociedad del bienestar se encontraba tambaleándose, hacia aguas. Lo que tuvo que hacer el Partido Popular fue centrarse absolutamente
en salvar la sociedad del bienestar y en preservarla para que, tal y como hoy lo conocemos, la conozcan nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, porque esa es la obligación fundamental que tenemos los políticos.
Hoy nos encontramos en una situación de recuperación económica, de salida de la crisis. ¿Gracias a quién? Gracias al esfuerzo de todos los españoles, que son los que han puesto su granito de arena para que hoy nos encontremos en esta
situación, para que esta iniciativa tenga fuerza y entre en la Cámara. Ese esfuerzo de todos los españoles, que el Partido Popular muy bien conocía, dio lugar a dos leyes de la X Legislatura -la que lideraba el presidente Rajoy-, la Ley del tercer
sector y la Ley del Voluntariado, para dar a esas entidades, como el Cermi, garantía, identidad y sostenibilidad. Apostamos por lo más importante que tiene España, que son los españoles y su solidaridad. A Ciudadanos le quería decir, ya que tanto
ha insistido en su intervención, que el Partido Popular va de la mano de todas las entidades y no solo al dictado de algunas entidades partidistas que tienen un punto de vista Ese es un punto de vista a tener en cuenta, pero hay muchos más que
también tendremos que tener en cuenta.
Esta proposición de ley que trae a la Cámara el Cermi pide la modificación de la Ley de dependencia, la Ley 39/2006, que también contó con el voto favorable del Partido Popular; ley que se centraba especialmente en el cuidado de las
personas, un ámbito de protección social que hasta entonces giraba en torno a los dependientes, a los discapacitados y a las personas mayores. Pues bien, hoy se centra en todas las personas que por cualquier circunstancia y por diversa índole no
pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria. Además, supuso una innovación en el ámbito normativo para coordinar dos principios: la competencia que tienen las comunidades autónomas en la prestación de los servicios sociales -según el
artículo 148 de la Constitución- y que el Estado se reserva -según el artículo 149- dictar las garantías que sean necesarias para la igualdad del ejercicio de los derechos de todos los españoles, cualquiera que sea el punto del territorio español.
Esa fue la novedad de esta ley; el Estado diseña la ley -la ley de dependencia, se dice, la inventó el Estado, la diseñó el Estado y las comunidades autónomas- y hoy la gestionan las comunidades autónomas. Era la fórmula perfecta con la que el
Partido Socialista siempre gestiona: el yo invito que tú pagas. Y aquí está el quid de la cuestión, lo que las comunidades autónomas tendrán que decir a este respecto.
Me ha sorprendido oír al diputado del PNV que se trataba de una ley que daba lugar a una invasión de competencias de las comunidades autónomas y que iba a votar en contra. ¿Es que la renta mínima no invade competencias? Porque usted
entonces sí que votó a favor. Además, en este caso, los poderes públicos, no solo la sociedad civil, también están absolutamente preocupados por la dependencia. Fruto de ello, en la Conferencia de presidentes liderada por nuestro presidente Rajoy
el pasado mes de enero, se produjo la creación de un grupo de trabajo que estudie la financiación autonómica y una comisión de estudio para el análisis de la situación de la dependencia y de su financiación. Por ello, nuestro voto será favorable a
la toma en consideración para la tramitación de esta proposición de ley. Luz verde, que empiece el juego, la tramitación, pero esto no puede ser un cheque en blanco. Yo sé que el Cermi lo entiende y le pido al resto de fuerzas políticas que
colaboren con la misma responsabilidad. Tenemos que llegar a un acuerdo en materia de financiación de comunidades autónomas porque si no nos mantendremos en el que impuso el Partido Socialista en el año 2007. Y para eso es necesario el acuerdo, el
consenso y el diálogo de todos los grupos políticos. Además, la Ley 39/2006 de la dependencia se modificará a la vista de las conclusiones que salgan de esa comisión de trabajo en la que están representadas siete comunidades autónomas de diferentes
colores políticos. Tenemos que esperar las conclusiones de la misma para poder avanzar en la tramitación de la modificación de la Ley 39/2006, porque tienen mucho que decir y tienen mucho que aportar.
El copago, por mucho que se empeñen, no se lo inventó el Partido Popular. Esta fue una ley que nació con muchísimas deficiencias que sufrió el Partido Socialista pero que también heredó el Partido Popular. La diputada del Partido
Socialista se abanderaba hoy en relación con la protección de las mujeres que se vuelcan en el cuidado de sus familiares para darles una cobertura y una garantía en materia de Seguridad
Social. Siento decirle que dejaron a deber 1.034 millones de euros en materia de Seguridad Social porque no pagaban las cotizaciones. (Aplausos). Eso lo pagó el Partido Popular en el año 2012. Tenían una lista de espera de más de 300.000
personas con derecho reconocido y que no habían llegado a acceder a la prestación que les correspondía. Además, habían hecho de la prestación en el entorno familiar la tónica general. ¿Saben también cuál fue el descalabro de la aplicación de esta
ley? En Castilla-La Mancha, en mi tierra, en el año 2012 habían presupuestado tan solo 21 millones de euros para pagar las prestaciones destinadas a la dependencia. ¿Saben cuál era el gasto real? Era de 147 millones de euros, una diferencia de
más de 120 millones. Un descalabro de esta magnitud es la mejor señal del juego de los socialistas cuando se abanderan de lo social y lo que hacen es jugar con el futuro de los ciudadanos. (Aplausos). Es la gestión responsable del Partido
Popular; en el ADN del Partido Popular va gestionar con responsabilidad atendiendo siempre al interés general, velando por los dependientes de hoy pero también por los dependientes de mañana. Se adoptaron una serie de medidas de la mano de las
comunidades autónomas en el seno del consejo territorial y gracias a ello hoy se ha permitido una gestión en la que tenemos una aportación de más de 4.668 millones de euros en la dependencia de la que tenía el Gobierno de Zapatero. ¿Saben lo que
significa eso? Que siete de cada diez euros del presupuesto del Ministerio de Sanidad y Asuntos Sociales se destina a la dependencia. Además, hemos reducido la lista de espera al 50 %; hay casi 900.000 personas incorporadas al sistema de la
dependencia y más del 78 % de ellas se han incorporado en los últimos seis años, es decir, durante la legislatura del Partido Popular.
Al diputado de Ciudadanos también quería decirle que nos avala el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas con sus informes, que dicen que el Gobierno central está cumpliendo con el 50 % de financiación de la dependencia, lo que nos
corresponde. (Aplausos). Aquí tengo un gráfico (Muestra un gráfico) en el que pueden ver cómo gestiona el Partido Popular la dependencia. ¿Sabe quién lo lidera? Las comunidades autónomas en las que gobierna el Partido Popular, situándose a la
cabeza Castilla y León. Cuánto siento decirles que en el furgón de cola están comunidades como Castilla-La Mancha -gobernada por el Partido Socialista-, Andalucía y Cataluña. (Aplausos.-La señora Pérez Domínguez: Después de cuatro años de
Gobierno). Nuestra gestión nos avala, sé que el Cermi lo entiende perfectamente. Al resto de fuerzas políticas les pido responsabilidad, altura de miras y que traigamos a la Cámara los resultados que arroje esa comisión de trabajo que está
analizando cuál será la financiación de la dependencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL CONTROL PARLAMENTARIO DE ACUERDOS PARLAMENTARIOS SIN FUERZA DE LEY. (Número de expediente 410/000005).
La señora PRESIDENTA: Corresponde debatir a continuación la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos
parlamentarios sin fuerza de ley. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Muchas gracias, señora presidenta.
Todos los presentes recuerdan aquello de que el Gobierno hará lo que esté obligado a hacer y es indudable que eso ocurre con aquellos mandatos de las Cortes que van al Boletín Oficial del Estado, es decir, con la legislación. Evidentemente,
lo que está en el boletín es de obligado cumplimiento para el Gobierno, aunque no siempre; también podemos encontrar excepciones, pero no es la cuestión que vamos a tratar hoy.
De lo que parece que este Parlamento no debería o no puede encargarse es de una función que, teóricamente, aparece constitucionalizada, como es la de control e impulso al Ejecutivo. En definitiva, todas aquellas resoluciones que, no siendo
parte de la legislación, sí que indican al Gobierno por dónde tiene que actuar, hacia dónde tiene que ir, hacia qué tiene que tender su acción. Es verdad que en una situación de mayoría en la Cámara de apoyo al Gobierno, normalmente son pocas las
iniciativas que salen pero no nos encontramos en esas circunstancias. Además, aun en el caso de que fueran pocas, deberían ser tomadas en cuenta. Esa función de in diritto es reconocida en todos los parlamentos y debería ser
cada vez más valorada. En definitiva, ¿a qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, al debate de política general que concluye con una serie de propuestas de resolución por parte de los grupos políticos y que son votadas. ¿Hay manera
después de llevar el control de esto, de saber verdaderamente qué ha hecho el Gobierno durante el año con todas y cada una de las resoluciones aprobadas por esta Cámara en un debate teóricamente tan fundamental o tan central? También los debates
sectoriales en los que se pueden contemplar planes, programas, proyectos de carácter específico, fijando la Cámara la posición mayoritaria, o las proposiciones no de ley, las mociones, las resoluciones... En definitiva, los posicionamientos de esta
Cámara con respecto al Gobierno.
No pedimos nada extraño con esta modificación reglamentaria. No es algo que no exista en ningún parlamento del mundo ni que sea imposible. Como ven, la pretensión -luego me referiré más en concreto a ella- es bastante moderada. No estamos
pidiendo nada extraño porque en el Parlamento vasco se viene haciendo desde hace mucho tiempo. y si repasamos el origen de esta resolución nos daremos cuenta que tiene lugar a través de una proposición no de ley del Partido Popular en el Parlamento
Vasco. Es una proposición no de ley muy acertada que, con ligeras modificaciones, ha sido tomada en consideración. Desde entonces se ha seguido al pie de la letra en el Parlamento vasco la elaboración de informes con aquellas proposiciones de
impulso y el estado de cada una de ellas. Yo creo que tiene básicamente dos virtudes; por una parte, sirve o es un buen instrumento que facilita la labor de control parlamentario, y por otra parte, es un buen instrumento de autoevaluación para el
Ejecutivo, si es que este se toma en serio su relación con el Parlamento.
Lo que proponemos es exactamente la medida que ya se ha demostrado que es posible hacer en otros parlamentos. Se trata de que al inicio de cada periodo de sesiones se entregue un informe en el que se haga una evaluación de todas aquellas
iniciativas no legislativas que hayan sido aprobadas por el Parlamento en cada una de sus expresiones, desde el Pleno a las comisiones, y que se informe de qué es lo que ha hecho el Gobierno o de lo que no ha hecho porque no ha podido hacerlo, que
puede ser perfectamente explicable. No se ha podido hacer por esto o estamos esperando a esto otro para poder actuar en esta tarea o nos hemos encontrado con este imponderable... En definitiva, saber que el Gobierno recibe los encargos de la
Cámara. Una vez presentado este informe, que a los quince días pueda comparecer un representante del Gobierno para dar una explicación sobre lo que aparece en dicho informe e intentar responder a las preguntas de los parlamentarios. También sirve
como documentación para generar nuevas iniciativas parlamentarias, si es que se entiende que el Gobierno no ha cumplido aquello que se le había mandatado. Es simple, lisa y llanamente esto, que nos tomemos nuestra labor en serio, que el Parlamento
se tome en serio que mandata al Gobierno y que el Gobierno se tome en serio que tiene un mandato no para cumplir de forma exacta una línea o unos puntos absolutamente concretos, como puede ser el mandato legislativo, pero sí una línea de trabajo y
una línea de actuación. Es, en definitiva, cumplir lo que la voluntad de la mayoría de la expresión popular ha resumido en una propuesta concreta en la Cámara.
La propuesta es tan sencilla y elemental que creo que tendrá la acogida mayoritaria de la Cámara, por lo que, señora presidenta, finalizo diciendo que espero que podamos aprobar esta propuesta.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Hoy hablaremos de lentejas, un plato que de un tiempo a esta parte se estila mucho. Me explico. A veces tenemos muchos la sensación, cuando salimos por ahí, de que el tiempo no pasa para el PP; de hecho, el PP sigue actuando como en la X
Legislatura, como si siguiera disfrutando de una cómoda y plácida mayoría absoluta, como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquí no hubiera mayorías alternativas a la suya. No es su culpa, la culpa es de otros, de los que dejaron que Mariano
Rajoy fuera presidente, de los que firmaron un pacto con el PP que este incumple sistemáticamente o de los que, con su abstención, soñaron con una oposición útil. Son esos los que comen lentejas todos los días; las lentejas de los incumplimientos
del PP cada día, porque al PP le da igual no tener mayoría ya que sigue actuando como si la tuviera. Por eso esta proposición me parece de mucho sentido común, de muchísimo sentido común. Acabo de oír que el PP ya la presentó en el Parlamento
vasco; supongo que aquí hará lo mismo y disfrutaremos todos los meses de una comparecencia del Partido Popular diciéndonos en qué estado se
encuentra lo que se aprueba aquí. Eso sería respetar a esta Cámara. Lo contrario es no respetar a esta Cámara y lo que se vota en ella; no sería respetar a los ciudadanos. Me imagino que esta proposición contará con el apoyo de una
amplia mayoría e incluso que haya unanimidad. Que el partido que gobierne tenga que dar explicaciones de lo que se aprobó en esta Cámara, que diga qué está haciendo con las PNL, con las mociones, con las propuestas, indicaría un respeto a todos
nosotros. En concreto, a mí me interesan mucho dos iniciativas que fueron aprobadas con los votos del Partido Popular. La primera era una iniciativa de la Comunidad Valenciana, que ustedes aprobaron junto con los radicales de Compromís, para
ajustar las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado al peso demográfico de los valencianos. Una cosa de absoluto sentido común. Por eso estamos muy expectantes para ver si su propuesta de Presupuestos Generales del Estado se ajusta a
lo que ustedes aprobaron en esta Cámara. La segunda es la que se aprobó hace apenas tres semanas, una moción nuestra sobre el corredor Mediterráneo donde de alguna manera se obligaba a que hubiera calendarios o partidas presupuestarias, en
definitiva a que hubiera compromisos con respecto a las obras del corredor Mediterráneo. Por tanto, me encantará, después de que se apruebe esta proposición, oír en qué estado de tramitación se encuentran estas iniciativas.
Votaremos a favor. Nos gustan las lentejas, pero no las lentejas del Partido Popular.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes. Votaremos a favor de la proposición de reforma del Reglamento que presenta el Grupo Parlamentario Vasco, que es para el control de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley -proposiciones no de ley, mociones y otro
tipo de propuestas o iniciativas- que simplemente son elementos importantes de debate. Creemos que es importantísimo ese control parlamentario básicamente para conocer si se toma o no en consideración el trabajo que hacemos aquí los diputados; que
se ponga en valor el trabajo que se hace en el debate parlamentario. Se habla, a partir de unos informes, de intentar hacer una regulación o un control sobre la actividad y sobre la acción del Ejecutivo, sobre el trabajo o el debate que se está
haciendo. No confío mucho en los informes ya que muchas veces no llegan a ser más de dos o tres y al final acaba perdiéndose lo que sería el control mismo. Creemos que es necesaria la propuesta que plantea el Grupo Parlamentario Vasco y que es
importante la aportación que establece. Fíjense por qué consideramos que es importante justamente en este momento, precisamente porque en esta legislatura no hay mayorías absolutas y por lo tanto una gran parte del trabajo y del debate
parlamentario se establece a partir de los acuerdos entre las minorías o los acuerdos entre las mayorías simples. En estos momentos, cualquier decisión que se toma tanto en las distintas comisiones como en el Pleno se establece a raíz de un debate
y de un trabajo mucho más profundo que no simplemente elaborar unas propuestas que salen de las mayorías absolutas. Por lo tanto, cualquier acuerdo que salga a partir de un trabajo que hagamos tiene un valor específico. Esas propuestas, esas
iniciativas surgen de la representatividad real, de la pluralidad ideológica de la sociedad y, por lo tanto, han de leerse en clave de oportunidad. Esa concepción más amplia de lo que sería el debate ideológico en el Parlamento, en sus comisiones,
sus trabajos, implica que se hable en clave de oportunidad porque en esos momentos tenemos una representatividad real del debate que hay en la calle y que se traslada a un espacio como este. Es decir, que tienen mucho más valor esas iniciativas y
su resultado final que simplemente una mayoría absoluta. Incluso tenemos signos claros de cómo el Ejecutivo tampoco tiene intención de tomar en consideración ya no iniciativas que hemos aprobado, como mociones o proposiciones no de ley, sino
incluso proposiciones de ley. Recuerden, por ejemplo, los recursos al Tribunal Constitucional sobre la proposición de ley del cambio de la Lomce o la equiparación salarial de los subcontratados por la Administración; aludiendo al veto a los
proyectos que conllevan aumento de gastos o disminución de ingresos y afectan al Presupuesto General del Estado pretenden romper cualquier debate y cualquier acuerdo que se haya establecido ya no de proposiciones no de ley sino de proposiciones de
ley. Por tanto, no hay una voluntad expresa por parte del propio Gobierno.
Detrás de esto hay un modelo de Gobierno demasiado presidencialista, donde el Legislativo ve difuminada su función ante un Ejecutivo omnipresente. La mayor parte de las iniciativas sin fuerza de ley no son tomadas en cuenta por el Ejecutivo
y eso supone que todo el esfuerzo del debate sectorial y de la
pluralidad política que se trabaja desde el propio Pleno y las comisiones se reduce a la mínima expresión en el momento de su plasmación real en la toma en consideración. Fíjense qué imagen pueden tener los ciudadanos del trabajo que
hacemos los diputados aquí. Los ciudadanos hacen el esfuerzo de trasladar a los diferentes grupos los debates que ellos consideran necesarios, los grupos trasladan a las comisiones o al Pleno sus inquietudes y aunque, después de un esfuerzo muchas
veces titánico, se llega a un acuerdo sobre esas iniciativas sin fuerza de ley y acaban aprobándose, muchas veces todo eso queda en agua de borrajas y por lo tanto, no tienen ninguna fuerza. Cómo explicamos luego a los ciudadanos que todo ese
esfuerzo, todo ese trabajo que hemos hecho los diputados de trasladar su voz aquí no ha tenido resultados. Fíjense en el impacto que, de alguna manera, tiene sobre ellos.
¿Qué diagnóstico haríamos de esto? Realmente, esto supone poco respeto al debate parlamentario y por lo tanto, marca un déficit en la praxis parlamentaria. No se le da el valor real al propio debate parlamentario, no se da el valor que
tiene el debate parlamentario en relación con la elaboración de las leyes. Y esto se enmarca en un déficit mucho más amplio de negación de la cultura del debate, del acuerdo; se rehúye el debate; se permite el debate pero no que el resultado del
debate se traslade a nivel legislativo y esto implica una falta de compromiso con los acuerdos que ese establecen en ese debate. Es realmente un tema de praxis y de cultura democrática. Fíjense si es importante el trabajo que hacemos en el
Parlamento que, por un lado, es un pilar básico del debate democrático y por otro, de la representación de la pluralidad ideológica y territorial del propio Estado. Por lo tanto, cualquier iniciativa que se trabaja desde este ámbito es uno de los
pilares básicos de la construcción democrática de lo que estamos trabajando. Poner en valor nuestra función como diputados en el debate político ha de ser una de esas funciones y creemos que esta propuesta lo que hace es intentar incidir en ese
aspecto.
Una de las causas de la situación en Cataluña, de la situación de petición de independencia o de creación de un nuevo Estado, de una república, es precisamente el reiterado incumplimiento de acuerdos. El reiterado incumplimiento de acuerdos
ha hecho que, de alguna manera, la ciudadanía perciba esto como un agravio o una falta de respeto a las decisiones, al debate político que luego, a la hora de la verdad, no llega a ningún sitio.
Por tanto, tengan en cuenta que el debate que tenemos aquí, si no tiene realmente una consecuencia directa, un ejercicio directo sobre la legislación, acaba teniendo repercusiones de manera que la ciudadanía percibe que el trabajo que
hacemos no tiene ninguna función. Creemos que es importante esta o cualquier iniciativa que refuerce realmente el control de ese debate parlamentario que hacemos día a día muchos de nosotros tanto en el Pleno como en las propias comisiones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.
El señor GIRAUTA VIDAL: Buenas tardes.
Presidenta, señoras y señores diputados, respecto a la reforma del Reglamento que plantea el Grupo del Partido Nacionalista Vasco, referido a iniciativas con función de orientación política, permítanme que me centre, de entrada, en las más
habituales o las más importantes, las proposiciones no de ley. Quiero decir que tanto a la luz del Reglamento como de la propia actividad de la Cámara las PNL no son cualquier cosa, son propuestas que se formulan desde la Cámara para resolver algo;
la Mesa del Congreso decide sobre su admisibilidad tomando en consideración la importancia del tema. Se pueden presentar enmiendas, que se discuten; el objeto de las PNL se debate, se puede intervenir aquí -un representante de cada grupo lo hace-;
se someten a votación. Repito, no son cualquier cosa y, además, en los seis primeros meses de esta legislatura ya se habían presentado una cuarta parte de las PNL registradas durante el primer mandato del presidente Rajoy. Por tanto, no solo nos
lo tomamos todos en serio sino que nos vamos al doble en su cantidad. En la XII Legislatura, que es la actual, para hacernos una idea de las cifras de las que estamos hablando, se han presentado 347 PNL ante el Pleno y 1.490 en Comisión, así como
18 mociones consecuencia de interpelaciones urgentes y 2 objetivos de estabilidad presupuestaria. Total, 1.857 iniciativas que contrastan con un número de proposiciones de ley presentadas de 76. En la X Legislatura, la legislatura de la mayoría
absoluta del Partido Popular, completada -para comparar las cifras-, encontramos un total de 5.481 iniciativas. Por tanto -repito-, no son cualquier cosa, parece que todos nos las tomamos en serio y que cada vez las tomamos más en serio.
En cuanto al contenido específico de la reforma planteada por el Partido Nacionalista Vasco, se pretende -nos dicen- reforzar el control del Ejecutivo e impulsar la acción política desde el Parlamento,
fines que me parecen loables. En su exposición de motivos se nos explica que con el actual Reglamento -con el que habría que modificar- es imposible constatar si el Gobierno está tomando en cuenta o no los mandatos no legislativos y que eso
puede redundar en un menoscabo del Parlamento. Estoy de acuerdo. Si fuera así -que no se prestara la más mínima atención a los mandatos no legislativos y que estuviéramos produciendo millares de documentos, debatiéndolos, discutiéndolos,
enmendándolos, negociándolos y aprobándolos, y que después quedaran en nada-, efectivamente esta casa quedaría menoscabada.
En la reforma del Grupo Vasco básicamente se nos proponen dos cosas; en primer lugar, un artículo 203 bis que establece que durante el primer mes hábil de cada periodo de sesiones el Gobierno remita a la Cámara un informe detallado relativo
a la situación y grado de cumplimiento de cada una de estas iniciativa y, en segundo lugar, que en la quincena posterior a la entrada en el registro de la Cámara de ese informe comparezca ante la Comisión de Reglamento un representante del Ejecutivo
para explicar dicho informe. Por tanto, este es el estado de la cuestión y de la propuesta. ¿Cómo analizamos nosotros esta reforma planteada por el Grupo Vasco? En primer lugar, y desde un punto de vista amplio, teórico, todo control del Gobierno
por parte del Parlamento parece positivo y deseable. En un sentido más práctico, nos parece innegable que el control parlamentario ha decaído de forma preocupante durante las últimas legislaturas, y no digamos ya durante la última, donde
directamente no se aceptó que cupiera control parlamentario alguno del Gobierno. Y en la anterior, como decía, pasó lo mismo por efecto de una interpretación de la mayoría absoluta, que iba a decir que es bastante particular, pero a la vista de la
historia democrática contemporánea de España no es bastante particular sino que es lo habitual en las situaciones de mayoría absoluta. Por lo tanto, ¿puede impulsar esto la regeneración?, ¿puede reforzar esto el sistema de checks and balances?,
¿puede aumentar nuestra calidad democrática? Sí en el caso de que lo que se nos propone sea viable. Veámoslo. Como he dicho antes, nos topamos con un número muy alto de iniciativas, pero esas no son las iniciativas aprobadas. Por lo tanto,
distíngase entre aquellas cifras tan abultadas que di antes y las que se refieren realmente a iniciativas no legislativas aprobadas. Si vamos a estas, veremos: PNL aprobadas sin modificación en Pleno, 4; PNL aprobadas con modificación en Pleno,
14; PNL aprobadas sin modificación en comisiones, 50; y PNL con modificación en comisiones, 159; mociones consecuencia de interpelaciones urgentes aprobadas sin modificaciones, 3; y mociones con modificaciones, 10. Por lo tanto, un total de 240
proposición no de ley, mociones y resoluciones; sale a unas 80 iniciativas al mes. Si tenemos en cuenta que los periodos de sesiones -que es a lo que nos referimos- son ocho meses al año, no solo es viable, es perfectamente viable, no supone
ninguna carga especial al Gobierno, con los recursos que tiene, ni es especialmente trabajoso que realice este trabajo de rendición de cuentas. Queda una duda, que tiene que ver con la fe que tengamos en nuestro propio sistema, si por mucho que se
presenten los informes y se nos refresque el grado de cumplimiento y el estado esto va a contribuir de forma real y efectiva al control parlamentario y va a dejar de estar en situación de menoscabo este Parlamento con la mayoría de resoluciones que
adopta. Yo creo que tiene que ver con la calidad democrática que ya hemos conseguido. Vinculante no va a ser; el Gobierno se explicará, el Gobierno rendirá cuentas, pero seguirá sin ser vinculante aquello que se ha aprobado por esta vía. Por lo
tanto, solo en una democracia madura, con un sistema de opinión pública y donde la crítica libre esté diversificada y no centrada en temas de moda en los medios de comunicación, solo en esas circunstancias, ese mejor conocimiento y ese mejor
seguimiento de las iniciativas con función de orientación política redundará en mayores grados de compromiso del Ejecutivo y, por ende, de cumplimiento, pero de cumplimiento por la vía de la convicción y de la presión de la opinión, no porque sea
vinculante jurídicamente, es decir, que se cumplirá de grado, pero se cumplirá. Ojalá España sea esa democracia madura. Confiando en que así será, nosotros vamos a votar a favor.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud Areste.
La señora SALUD ARESTE: Señorías, arratsalde on, bona tarda.
Estamos ante una iniciativa que pretende modificar, de forma puntual, es cierto, el Reglamento del Congreso de las Diputadas. El PNV ha propuesto que podamos controlar de alguna manera el incumplimiento constante por parte del Gobierno de
las mociones y proposiciones no de ley que aprueba este Parlamento. De entrada, a la gran mayoría le parecen aburridos los reglamentos y las normas; nadie
les presta demasiada atención, sin embargo cualquier colectivo de cualquier ámbito, desde el vecinal hasta este Congreso, necesita un reglamento y unas normas que regulen su funcionamiento. Ahí suele estar el esqueleto del funcionamiento de
las instituciones y modificar esas normas nos puede ayudar a transformarlas. Son normas importantes para la convivencia y también para el conflicto, y regulan las relaciones. Instituciones como esta, el Congreso, cuyo simbolismo estético tanto nos
remite a día de hoy a la monarquía, al patriarcado y al cristianismo, expresan sin ninguna duda la ideología de la clase dominante, la de ustedes. Son normas que expresan mayor o menor grado de participación, de democracia, de transparencia, de
agilidad en los procesos y de efectividad, y a esto me quiero referir hoy también, a la democracia y a la efectividad. Estamos ante una modificación que, aunque sea puntual, para nuestro grupo es muy importante. Afecta a una de las iniciativas
parlamentarias -ya se ha dicho anteriormente- más utilizadas en el Congreso y la que menor efectividad tiene, por no decir casi ninguna, más allá de publicitar un conflicto o una propuesta, más allá de servir de altavoz y tratar de ejercer cierto
control público sobre el Gobierno.
Aquí todas sus señorías saben qué es una PNL, una proposición no de ley. Hemos hecho muchas, también mociones, pero quizás la ciudadanía no tenga tan claro a qué nos referimos cuando hablamos de las PNL, y quizá convenga explicarlo porque
hemos pasado muchas horas elaborándolas, a raíz de la reivindicación de un colectivo o a raíz de una reivindicación o iniciativa propia. Nos hemos reunido con los colectivos afectados. Hemos buscado información. Hemos preparado el texto de la
iniciativa. La hemos registrado, a veces acompañadas de las personas afectadas. Hemos hablado a la prensa. Hemos transmitido un mensaje, una reivindicación a la sociedad. Hemos pasado a la fase del debate en la Comisión y también en este Pleno,
con presentación de enmiendas, algunas aceptadas y otras no; con intervenciones a favor y en contra, y finalmente muchas de ellas han sido aprobadas por la mayoría de esta Cámara. Aparece así luego en los medios, en las portadas de los grandes
periódicos, con grandes titulares: El Pleno del Congreso aprueba tal cosa. Todo muy bien. Y, a continuación, la gente en la calle nos pregunta, sobre todo aquella gente a la que le afecta directamente: ¿Y cuándo entrará en vigor ese acuerdo?
Entonces, nos enfrentamos a la realidad y les decimos: Pues, mira; pues, no; verás, es que es una PNL, una iniciativa que no obliga al Gobierno a cumplirla, ni siquiera si el Gobierno la ha aprobado. Esto es terrible y nos sitúa ante nuestro
propio espejo. Entonces, la gente nos acaba diciendo: Entonces, ¿para qué hacéis esto?, ¿para qué sirve una PNL? Y quizá tengamos que reconocer hoy, aquí y ahora, mirándonos a los ojos, que algo de razón tienen. Mucho tiempo dedicado a las PNL,
mociones, resoluciones; mucho trabajo para tan poco fruto; muchas horas, señorías. ¿Ustedes no creen que ya es hora de que abordemos la modificación, pero en serio, de esta iniciativa en profundidad para que sea realmente útil? Porque esta
iniciativa presentada por el PNV apunta un grave problema de nuestro parlamentarismo que ha de ser subsanado: los mandatos expresos del Legislativo al Ejecutivo en forma de mociones o PNL no suelen cumplirse, ese es el problema. Es decir, el
Gobierno, en situación de minoría parlamentaria -más grave todavía si cabe-, no está cumpliendo con lo que le ordena el Congreso, esta es la realidad. Se muestra insumiso ante mociones aprobadas, que se quedan en el plano de lo simbólico con el
consiguiente desconcierto de la ciudadanía, que nos mira con ojos muy abiertos.
Las PNL están pensadas y limitadas -es verdad- como un elemento de impulso parlamentario a la acción del Gobierno, sí, pero a la vez no se contempla ningún control, ninguna sanción sobre su incumplimiento. En esta Cámara se expresa la
voluntad popular y el Gobierno, sin embargo, nos dice esto para después ignorarlo; sí, ignorarlo. Y además ignorarlo justamente, por casualidad o por interés, para todas aquellas iniciativas que defienden los intereses de la mayoría social
trabajadora de nuestro país, esta es la verdad. El señor Rajoy jamás ha gobernado pensando en las mayorías, el suyo es un Gobierno al servicio -lo sabemos- de las minorías poderosas, de las élites y de la banca; para esto gobiernan ustedes,
sencillamente. Que el Gobierno deje de ignorar al pueblo fue una gran demanda que se manifestó y se extendió a lo largo y ancho de nuestro país y que nos trajo a muchas de nosotras y nosotros a la Cámara, cuando en las calles se gritaba: ¡Que no
nos representan! Entonces entendimos que este parlamentarismo debía ser cambiado de raíz. Ríanse, señoras y señores del Partido Popular. Por eso nuestro Grupo Confederal ha iniciado ya el trabajo necesario para reformar profundamente el Reglamento
y que acoja una representación política más democrática y ligada a la ciudadanía; una modificación que asegure una efectiva separación de poderes, con un Legislativo que cuente de verdad, capaz de controlar de manera efectiva al Ejecutivo y de
aprobar leyes que sean fruto de una discusión ágil, atractiva y rigurosa. Y esa aspiración, la de reformar este Reglamento rígido y obsoleto que tenemos, resulta clave para convertir esta Cámara en un espacio auténtico de deliberación, en un motor
participativo y en un
franco apoyo para una nueva cultura política, eso es lo que pretendemos. Por eso queremos reforzar el Parlamento frente al rodillo del actual Gobierno, de cualquier Gobierno, porque no queremos más leyes parlamentarias sin Parlamento, eso
no lo queremos. Apostamos por una mayor participación ciudadana, por una apertura de la sociedad civil organizada, aprendamos a escuchar a la calle directamente, démosle voz entre las moquetas y tapices de estas salas. Demos voz a la gente;
establezcamos también mayor trasparencia; reduzcamos la complejidad de los procedimientos parlamentarios, que la gente nos entienda; reduzcamos la burocratización agilizando los procesos y la técnica legislativa, tal y como la mayor parte de
letradas y expertos en la materia ya nos están aconsejando. Mejoremos la deliberación como un elemento fundamental, como reflejo respetuoso de la pluralidad del país que tendríamos que ser. Debates menos rígidos, más ágiles, con menores ventajas
para el Gobierno. Queremos aumentar la función de control al Gobierno, claro que sí, introduciendo controles claros para evitar la insumisión del Gobierno frente a un mandato de esta Cámara, del Congreso. Queremos introducir también códigos
éticos, queremos renovar el espacio simbólico de este palacio; queremos renovarlo, claro que sí. Pongamos la historia política de las mujeres, la historia política de las personas antifascistas y la historia política de las personas demócratas de
este país donde se merece. Hagámoslos visibles en la estética de este Parlamento, que no están. Ya es hora, en el siglo XXI, de que estén aquí, ya es hora de que se les visualice. Y con todo ese espíritu queremos también trabajar con otros grupos
parlamentarios. Hacemos un llamamiento para que esta acertada aunque insuficiente propuesta del Grupo Parlamentario Vasco no se quede en un mero trámite de mejora parcial del Reglamento -que estará bien también-, sino que nos ayude a construir un
parlamentarismo más democrático y más ligado a la ciudadanía que decimos y pretendemos representar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Císcar Casabán.
El señor CÍSCAR CASABÁN: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre de mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, para expresar la posición del mismo en torno a esta proposición de ley que plantea el Grupo Parlamentario Vasco
(EAJ-PNV).
La proposición, conveniente, plantea una reforma del Reglamento puntual para introducir un nuevo artículo con dos previsiones. La primera, tal como ha sido expuesto por el señor Esteban, que se remita al inicio del periodo de sesiones a la
Cámara un informe sobre la situación y grado de cumplimiento de cada una de las proposiciones no de ley, mociones y resoluciones aprobadas tanto por el Pleno como por las Comisiones. Y, en segundo lugar, que comparezca a continuación un
representante del Ejecutivo para explicar el citado informe y responder a los requerimientos de los grupos.
Esta propuesta -como digo, conveniente- no es nueva aunque sí necesaria. En 2003, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una propuesta de reforma global del Reglamento de la Cámara que incluía un artículo que decía lo siguiente: Antes
del comienzo de cada periodo de sesiones, el Gobierno dará cuenta a la Cámara mediante un informe escrito del grado y el modo de cumplimiento de las propuestas de resolución aprobadas por la Cámara desde el inicio de la legislatura relativas a la
acción del Gobierno o a las materias de su competencia. En la siguiente legislatura, los trabajos de reforma que se realizaron en el seno de la Comisión de Reglamento también incluyeron una previsión similar en lo que tendría que ser la reforma del
mismo Reglamento. Es verdad que se refería exclusivamente a remitir el informe y no contemplaba expresamente la realización de comparecencia, pero a su vez esta podía ser solicitada en las comisiones correspondientes, donde la materia objeto de
tratamiento tuviera una relación más directa. Las referidas propuestas de reforma no prosperaron, lo que no impidió al Gobierno socialista en la VIII Legislatura remitir desde 2004 a 2007 tres informes con relación a esta misma materia aunque no
hubiera sido así introducido en el Reglamento.
Posteriormente, en 2009, el Grupo Parlamentario Popular, cuando gobernaba el Partido Socialista, planteó una iniciativa por primera vez también introduciendo o pretendiendo introducir esta norma en el Reglamento. Si bien la mantuvo, no la
llevó a cabo hasta 2011, fecha en que fue aprobada. Pero a pesar de la iniciativa que el Partido Popular había planteado y aprobado en 2011, similar a la que el señor Esteban decía con anterioridad que existía en el Parlamento vasco, al llegar al
Gobierno se olvidó de la misma aun cuando hubiera sido aprobada no como una reforma del Reglamento pero sí como una propuesta de resolución en el ámbito de este Parlamento. Por tanto, a pesar de ello, entramos en una situación en la que se utilizó
fundamentalmente la mayoría absoluta, no solo -lo cual es legítimo- para
oponerse a iniciativas de todo tipo que se plantearan aquí, sino también para que fueran muy reducidas las comparecencias donde se explicaran las iniciativas pretendidas. Así pues, en 105 ocasiones se planteó la comparecencia del presidente
del Gobierno ante la Cámara, ante el Parlamento; de ellas, 59 a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Y de estas 105 iniciativas, tan solo 5 fueron admitidas y subsumidas en 2 que se sustanciaron fundamentalmente en unas comparecencias el
8 de mayo de 2013 y también el 1 de agosto de 2013. A esto quedó fundamentalmente reducida la posibilidad de comparecer, de informar sobre las situaciones producidas. Posteriormente, la vicepresidenta del Gobierno fue requerida en la Comisión
Constitucional para que informara sobre esta situación. Se le preguntó por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista: ¿Qué fue de esa loable iniciativa cuando llegaron ustedes al Gobierno? ¿Piensa ahora ser coherente y recuperarla
para adoptar las medidas que en su día se establecieron al respecto y suscribieron ustedes? Tengo que decir que no hubo respuesta en ese momento a esta pregunta que le fue formulada a la señora vicepresidenta al inicio de esta legislatura en la
Comisión Constitucional. Por tanto, la iniciativa que hoy contemplamos es necesaria, es de utilidad y, si bien es puntual -y suscribo también las palabras que mi antecesora en el uso de la palabra ha indicado desde esta tribuna sobre la necesidad
de contemplar una reforma mayor, una reforma global del Reglamento, ajustándola a las necesidades, a la centralidad que debe representar esta Cámara-, mi grupo va a apoyar la toma en consideración de esta propuesta de reforma, aunque algunos de sus
aspectos van a merecer, sin duda, una reflexión posterior en el trámite que se abrirá a partir de este momento y sobre todo pensando en la conveniencia, en la necesidad que la Cámara pueda apreciar para impulsar en su momento, y de acuerdo con los
grupos parlamentarios, una reforma adecuada que dé respuesta a las necesidades actuales en el ámbito de la Comisión de Reglamento.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Borrego Cortés.
La señora BORREGO CORTÉS: Presidenta, señorías, buenas tardes.
Avanzo que mi grupo va a votar que sí a la toma en consideración de esta iniciativa. Voy a exponer el porqué. El Grupo Vasco nos plantea una nueva iniciativa de modificación del Reglamento de la Cámara. Hace unos días el Grupo Popular
presentó también en el registro una modificación del Reglamento en otro sentido: la regulación de los grupos de interés. ¿Por qué lo saco a colación? Porque estamos remando en el mismo sentido. Esto refleja que vamos en la misma dirección, que
hay un ambiente compartido de intentar adaptar el Reglamento del Congreso, buscando mecanismos que hagan más eficiente la labor del Poder Legislativo.
Mi grupo está comprometido y es absolutamente consciente de la necesidad de buscar consensos que hagan que la Cámara pueda realizar mejor su misión y sus debates, que estén más cercanos a la realidad social, que los diputados puedan realizar
mejor su tarea y que esta tarea sea reconocida por la sociedad. Yo llevo poco tiempo en esta Cámara, pero ya puedo reconocer el trabajo intenso que hacen los diputados, que hacemos todos los diputados de esta Cámara, y necesitamos mejorar los
mecanismos para hacer mejor todavía ese trabajo y para que sea reconocido. Esos solo son algunos de los aspectos que se deben modificar en el Reglamento -hay muchísimos más-, pero es muy importante que lo hagamos todos juntos y que lo hagamos de
acuerdo todos.
Hoy estamos debatiendo, como se ha dicho, facilitar el seguimiento de las decisiones que adopta la Cámara que no tienen rango de ley; como ha dicho el proponente, las otras se publican en el BOE. Por supuesto que vamos a votar que sí,
independientemente de que estudiaremos todos juntos, como les he dicho, si se puede mejorar esta iniciativa durante la tramitación para lograr los objetivos que todos queremos. Votaremos que sí porque subyace en esta modificación planteada trabajar
a favor de las políticas de transparencia pública, de gobierno abierto, de regeneración y de calidad democrática.
Al hilo de esta iniciativa es bueno que hablemos de dos temas, de transparencia y de separación de poderes, sobre todo viendo cómo han sido las intervenciones anteriores. La transparencia es un elemento esencial para incrementar la
confianza de los ciudadanos en las decisiones públicas y mejorar la percepción de la actividad política al servicio de los ciudadanos. El Gobierno de Mariano Rajoy y el Grupo Parlamentario Popular están comprometidos con su impulso y así han
promovido muchas iniciativas desde el año 2012. Yo quiero remarcar aquí una que ha sido un hito legislativo, la Ley 19/2013, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que ha supuesto un hito, como les digo, en la promoción
de la transparencia y que fue apoyada mayoritariamente por esta Cámara. Además, esta iniciativa del Grupo
Vasco entronca con las diferentes iniciativas que en el mismo sentido ha promovido el Grupo Popular, entre otras, la proposición no de ley aprobada el 18 de mayo de 2010 o la propuesta de resolución que ha citado antes el representante del
Grupo Socialista.
Cuando una cuestión se aprueba en el Parlamento es para cumplirla. Si no, los ciudadanos no nos tomarán en serio. Los ciudadanos deben tener la certeza de que el Gobierno respeta a esta Cámara y sus decisiones, pero a veces, como ha dicho
el señor Esteban, no se pueden cumplir y se debe y se puede explicar el porqué. Algunos diputados han dicho antes que no se cumple lo que aprueba esta Cámara. ¿Qué entienden por cumplir? Por supuesto que el Gobierno está cumpliendo lo que dice
esta Cámara, pero tiene la obligación de hacerlo en el marco de sus competencias. Tiene la responsabilidad de hacerlo buscando que el interés de los ciudadanos ocupe un lugar central en sus acciones y, por supuesto, respetando también nuestros
compromisos internacionales. ¿Alguien ha tenido en cuenta los tiempos para cumplir las decisiones de esta Cámara? ¿O nos creemos que hoy aprobamos aquí que hay que hacer un túnel en tal sitio y mañana ya está hecho? Tiene que tener una partida
presupuestaria, hay un procedimiento administrativo. Todo eso alguien lo debe tener en cuenta. Se están vertiendo críticas que no responden a la realidad. Llevamos unos pocos meses con un Gobierno en plenitud de funciones y está cumpliendo de
manera escrupulosa y buscando consensos con todas las fuerzas políticas. Lo que no se puede aprobar ni traer a esta Cámara son cuestiones de imposible cumplimiento, con el único objetivo, como han dicho antes, de tener un titular en la prensa, la
mayoría de las veces sabiendo que no se pueden cumplir. Eso se llama engañar a los ciudadanos. El Gobierno lo que quiere es cumplir con lo que dice la Cámara, y sé muy bien lo que estoy diciendo. No obstante, también debemos reflexionar en la
Cámara, al hilo de esta iniciativa, que una democracia sólida, madura y estable, tal como la conocemos, exige tres poderes independientes con misiones distintas y ninguno de los tres debe interferir en el otro. El Legislativo no puede sustituir al
Ejecutivo ni viceversa. El Gobierno ostenta el Poder Ejecutivo y no es un mero ejecutor de las decisiones del Congreso. Tiene su ámbito de responsabilidad, aunque tiene la obligación de ser controlado y rendir cuentas al Parlamento.
Señora Salud, esta Cámara debe controlar la función del Gobierno, pero no lo sustituye. Esto no significa que no debatamos y que no seamos capaces de debatir, de entender y de coordinarnos. Quizá desde el año 1977 no ha habido una
legislatura que requiera un nivel de acuerdo, de diálogo y de consenso como el que esta va a necesitar. Estamos obligados a buscar continuamente marcos comunes de acuerdo para solucionar los problemas reales de los ciudadanos. Debemos buscar
acuerdos entre los grupos, entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo, entre las diferentes administraciones, y el Reglamento debe ayudar a que esos acuerdos y esos marcos existan para llegar a soluciones reales, como les he dicho. En las diferentes
ponencias que han estudiado la reforma del Reglamento, como ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, se han puesto sobre la mesa las diferentes cuestiones y las funciones de las Cortes, en lo que se refiere a la función de control, la función
presupuestaria, la legislativa...Ya en el dictamen de la Comisión de Reglamento de 1993 se preveían mecanismos de control para el cumplimiento de acuerdos parlamentarios sin fuerza de ley. Es cierto, la función de control al Gobierno ha abierto un
especial debate, ya que persigue un dificilísimo equilibrio entre la gobernabilidad, la estabilidad y el máximo escrutinio de la actividad del Gobierno. Pero yo creo que a veces nos olvidamos de que no es cuestión de cantidad, no es cuestión, señor
Girauta, de cuántas PNL han presentado, de cuántas mociones han presentado; es cuestión también de calidad. No solo se cuenta el control con el número de iniciativas que se han presentado para controlarlo sino con qué contienen esas iniciativas.
También debemos buscar procedimientos para que ese control sea el adecuado.
En definitiva, modificando el Reglamento en el sentido planteado se avanza en la línea marcada por el Gobierno desde el año 2012 y se impone la obligación ya existente en el Senado, prevista en su artículo 178 del Reglamento, como ustedes
conocen. El Senado tiene previsto que el Gobierno tenga que dar cuenta del cumplimiento de las mociones, aunque en este caso sí que se está hablando de un informe escrito, no como el que aquí ahora se plantea. En esta legislatura el Grupo Popular
tiene un compromiso firme de avanzar en la regeneración democrática y, dentro de ella, de hacer que el Gobierno sea el centro de la vida política. Para conseguirlo es importante -y en eso yo creo que todos estamos de acuerdo- modificar y adaptar el
Reglamento a las nuevas exigencias, pero creo que nunca debemos olvidar que el Reglamento no es un fin en sí mismo sino un medio para cumplir el mandato de los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MATUTE), SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. (Número de expediente 162/000333).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Matute, sobre la central nuclear de Santa María de Garoña. Para
la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Eskerrik asko, presidente andrea. Arratsalde on guztioi.
Nuevamente aquí, en esta Cámara, tenemos la oportunidad de poner encima de la mesa una cuestión sangrante, la pervivencia aún hoy de la central nuclear de Santa María de Garoña y, probablemente, sea un capítulo más en una larga historia. Y
ya que hablamos de capítulos, permítanme que comience con la alusión a otro capítulo, en este caso un capítulo de Los Simpsons. En él, la central nuclear de Springfield recibe una inspección sorpresa de seguridad. El señor Burns, el dueño de la
central, sabiendo que no cumple los mínimos de seguridad requeridos, improvisa una excusa: Lo siento, señores, se han equivocado. Esto no es una central nuclear, es una fábrica de galletas. Yo sé que ustedes jamás tendrán que echar mano de un
argumento tan peregrino para tapar la propia existencia de Garoña y sus evidentes carencias. Tienen al Consejo de Seguridad Nuclear de su parte; al fin y al cabo lo nombran ustedes mismos. Pero, ¿han pensado alguna vez qué diría su señor Burns,
el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, si recibiera una inspección de seguridad independiente? ¿Qué les diría cuando vieran que la central tiene cuarenta y siete años, que se construyó en el franquismo, que está obsoleta y que debería
hacer sido cerrada y desmantelada ya en 2009? ¿Qué les diría ante las 137 incidencias conocidas y reconocidas, recogidas en la central de Garoña en sus años de funcionamiento? ¿Qué les diría de una piscina colmatada de residuos que no saben adónde
llevar porque tampoco saben dónde construir ese cementerio nuclear? ¿Cómo les justificaría su vigencia siendo esta, la central nuclear de Santa María de Garoña, un vestigio del pasado coetánea con la hoy cada vez más innombrable Fukushima? ¿Les
hablaría quizás de rentabilidad económica? Difícil, porque para Nuclenor, en todo caso -y no tanto por lo que produce la propia central de Santa María de Garoña, que es un porcentaje ínfimo de la producción energética, como ya se señaló en la
Comisión-, no supone ni siquiera un elemento importante en sus cuentas de beneficios.
Tal vez con el debate sobre el no cierre o el no desmantelamiento de Santa María de Garoña haya quien esté pensando en la posibilidad de mantenerla abierta y en stand by para así poder pedir algo para lo que el Estado es sumamente generoso,
el famoso lucro cesante, la famosa indemnización por lo que podían haber ganado las grandes empresas que lo gestionan. Pero, como les decía, ni Endesa ni Iberdrola necesitan -en definitiva, son quienes componen Nuclenor- de Garoña para la
viabilidad de sus empresas. Lo comentábamos en la Comisión, 137 millones de euros se han repartido 243 ejecutivos de Iberdrola como beneficios durante este periodo. Somos conscientes de la estrecha relación de algunos partidos de esta Cámara con
dichas empresas, Iberdrola y Endesa, porque sabemos el lugar tan honorable que ocupan en sus consejos de administración. Baste como muestra un botón, el otrora ministro de Interior, señor Acebes, ahora flamante -y supongo que alumbrador- miembro
del consejo de Iberdrola. Sabemos, como les decía, de esa relación pero ustedes se deben, en su caso, a sus administrados y sus administrados son la ciudadanía que se encuentra en su territorio. En política el interés general debería prevalecer
sobre cualquier otra consideración pero parece que el interés general se conforma en aquello que salvaguarda los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas, que les garantiza una mayor protección y una mejor calidad en sus vidas, pero también
atiende a las mayorías sociales y a las mayorías políticas. Parece evidente y es constatable que la mayoría social, por lo menos de nuestro país, Euskal Herria, está en contra de la pervivencia y de la existencia de la central nuclear de Santa
María de Garoña, de todas las centrales nucleares diría por extensión, y clama por su cierre y desmantelamiento. Y también lo están cada vez más instituciones, como las Juntas Generales de Álava, el Parlamento de Gazteiz y parece que también este
Congreso de los Diputados.
Decía el señor presidente del Gobierno en respuesta a una pregunta sobre este tema que estaba en una fase de escucha activa, que lo que le tocaba ahora es escuchar lo que decían y opinaban diferentes entidades o entes para, a partir de ahí,
tomar una decisión. Si está en esa fase activa, este Gobierno tiene la oportunidad de escuchar a la Cámara más representativa de su Estado, esta, el Congreso de los Diputados, para, a partir de ahí, proceder al cierre y desmantelamiento definitivo.
Hasta la fecha este
Gobierno, con su presidente a la cabeza, nos ha abrumado en muchas ocasiones con palabras -algunas más afortunadas que otras-, pero ha demostrado en muchísimas más ocasiones no tener palabra. (Rumores). Digo esto porque estamos hablando de
la salud y la seguridad de más de tres millones de personas. Como aclaración, soy consciente de que Santa María de Garoña se encuentra enclavada en el Valle de Tobalina, que pertenece a Burgos, y como no me guía ningún afán expansionista -no
comparto la tesis que he oído por Internet de un portavoz de Ciudadanos de que Portugal es España y Cuba es España, creo que era un vídeo del señor Girauta- les diré que lo hago para garantizar la salud, la dignidad y el derecho a una vida digna de
los ciudadanos y las ciudadanas vascas que serían potencialmente afectados, pero también de los ciudadanos y ciudadanas del Estado español. Es evidente que en nuestro pueblo, Euskal Herria, no queremos centrales nucleares, que no queríamos la
central nuclear de Lemóniz y que no queremos ninguna central nuclear, pero mientras estemos en el Estado español y podamos hacer algo para evitar que las consecuencias de un posible accidente en cualquier central nuclear afecten a la población
vasca, nuestra obligación es intentar sumar fuerzas para que estas cierren. Como decía, el derecho a la salud debería estar por encima de los beneficios de unos pocos, que no de todos, y tampoco parece sensato que alguien especule con la
posibilidad de cerrar o no Garoña en función del apoyo o no a unos presupuestos.
Con el tiempo todo cambia, las tecnologías también, la conciencia ecológica crece en un mundo finito que estamos devorando porque no somos capaces de acompasar nuestro crecimiento a los límites del planeta. Aquí lo que se hace es arrinconar
las energías renovables. Pero hay actitudes que no cambian. No ha variado la manera de pensar de aquellos que construyeron la central nuclear de Garoña en plena época franquista como parece no variar la de quienes hoy se empeñan en mantenerla
abierta. Siendo esto así, evítense el bochorno de tener que, en el caso de que se produzca un incidente nuevamente en la central nuclear de Santa María de Garoña, recurrir a hilillos de plastilina como con el Prestige para justificarlo o, aun peor,
de tener que ponerse el bañador y bañarse en el Ebro para emular a Fraga en Palomares.
Vamos a apoyar una enmienda transaccional que firma la mayoría de grupos de esta Cámara porque, aunque no pide la dimisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, sí recoge lo fundamental, que es el cierre definitivo, el
desmantelamiento y la reactivación económica. Nos hubiera gustado que también se incluyera la dimisión del presidente del Consejo de Seguridad Nuclear porque, como dije en Comisión y para enlazar con el inicio de mi intervención, Homer Simpson
merece más fiabilidad para manejar estos asuntos que el propio presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por cada grupo, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias. Arratsalde on. Buenas tardes.
El debate sobre Garoña está nuevamente en la calle. Así, nos encontramos con titulares como, por ejemplo, 'Garoña: El extraño caso de la nuclear que (casi) nadie quiere reabrir' o 'Garoña o la jubilación a los sesenta años'. Es un debate
de rabiosa actualidad, sobre todo por dos motivos: por el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear a favor de su reapertura y porque, al final, es el Gobierno quien debe autorizar o no esa reapertura. Nosotros abogamos por un no rotundo a Garoña.
Es verdad que debería haber estado cerrada definitivamente hace mucho tiempo por vieja, peligrosa e innecesaria, sobre todo para el mix energético, porque ya está amortizada y, además, porque lo demandan la sociedad y las instituciones. Como
muestra se han presentado varias proposiciones no de ley aprobadas por el Parlamento vasco y mociones de las Juntas Generales de Álava.
Garoña es una central nuclear de primera generación que ha superado la fecha de caducidad, por lo que prolongar su vida útil supondría un riesgo inasumible desde el punto de vista de la seguridad. En definitiva, la seguridad no puede estar
supeditada en ningún caso a unos intereses económicos o incluso políticos particulares. La central nuclear de Santa María de Garoña es la más antigua del parque nuclear español, de 1971, y ya ha cumplido con su ciclo de vida útil: cuarenta años.
Es una central obsoleta, insegura e innecesaria. Santa María de Garoña es una central pequeña, de unos 460 megavatios -el equivalente al 1,4 de la potencia de generación total del sistema eléctrico- y no produce electricidad desde el año 2012. Por
tanto, ha quedado demostrado a lo largo de estos años que es absolutamente prescindible para el sistema eléctrico español, ya que este no ha percibido esa carencia. Como hemos
dicho, se encuentra en situación de cese definitivo en su actividad desde el año 2013, una vez que expiró la licencia para operar.
La emisión del dictamen favorable a la reapertura de Garoña por parte del Consejo de Seguridad Nuclear y, por tanto, otorgar una nueva licencia para su explotación hasta el 2031, supondría llevar a un reactor nuclear hasta los sesenta años
de vida útil y una autorización administrativa de diecisiete años consecutivos en lugar de los diez que hasta ahora se han venido otorgando. Pero lo más grave es que cuando la propiedad solicitó su reapertura, el propio Consejo de Seguridad Nuclear
condicionó esta al cumplimiento de una serie de mejoras o medidas relacionadas con la seguridad de la planta: un nuevo sistema de detección de gases, separación física de cables, aislamientos, protección de techo de turbinas. Tras estas
exigencias, el dictamen, como he dicho, es favorable y da luz verde a su reapertura, pero es un dictamen que no entendemos porque la central no ha realizado esas mejoras establecidas por el propio Consejo de Seguridad Nuclear, por lo que entendemos
que este no debería haber emitido un informe favorable a la reapertura de Garoña, porque va en contra de las medidas que el propio Consejo de Seguridad Nuclear exigió. El supervisor ha incumplido las reglas que él mismo fijó para emitir su informe.
¿Contradictorio, no? Es verdad que el Consejo de Seguridad Nuclear no tiene capacidad decisoria, pero da los argumentos necesarios para que el Gobierno adopte una u otra decisión. ¿Va a adoptar el Gobierno una decisión contraria a la tomada por el
Consejo de Seguridad Nuclear? Eso es lo que le pedimos al Gobierno, que adopte la decisión contraria, el cierre de Garoña. Con este dictamen no solo se está hablando de Garoña, sino que lo que, en definitiva, se está proponiendo es el alargamiento
de la vida del resto de las centrales nucleares más allá de los cuarenta años y, por tanto, la posible apuesta energética también por las nucleares en el caso de que el Gobierno autorice esa apertura.
Estamos a favor de poner en marcha las medidas necesarias para proceder al cierre definitivo de Garoña, acometer su proceso de desmantelamiento en condiciones de seguridad y, por tanto, activar un plan de reactivación económica para el área
de influencia de Santa María de Garoña, incluyendo también dentro de esta área a algunos municipios de Álava y Guipuzcoa. Por tanto, apoyaremos la proposición no de ley transaccionada en este momento.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Presidente, señorías, bona tarda.
Estoy de acuerdo con nuestro ilustre colega Oskar Matute y con lo que dice su PNL; de acuerdo con lo que se va a transaccionar, por Garoña misma, que es lo que reza en la PNL presentada, pero también -y creo que a estas alturas no se le
oculta a nadie- porque donde dice Garoña también dice Almaraz, pongamos por caso. Porque al final lo que indica el titubeo del Gobierno no es más que su supeditación a los planes de las grandes eléctricas y a la perpetuación de su negocio a costa
de todos.
Dicho esto, y si me lo permiten, diré cuatro cuestiones que les parecerán aledañas pero que no hacen sino reafirmar la tesis que acabo de proponer. A corto plazo, salvo en el caso de las centrales del Ebro, resuelto un poco en el empeño de
mi compañero el diputado por Tarragona don Jordi Salvador en la Comisión de Energía con el concurso de una insólita unanimidad y en el bien entendido de que el Gobierno dé por bueno y lleve a cabo lo que se le demanda cuando se aprueba una PNL
-cuestión magníficamente argumentada en el punto anterior del orden del día-, salvo ese caso son múltiples los ejemplos de planes de seguridad nuclear no actualizados, con el consiguiente riesgo para la población. ¡Dios nos libre de un mini
Fukushima en algunas comarcas!, por temas tan tontos como la cobertura telefónica, las carreteras de evacuación... No se está abordando con seriedad ni con rigor ni con inteligencia; diría que no se están abordando planes de reindustrialización de
las comarcas núcleodependientes en el horizonte de la desnuclearización, simplemente porque no se está por la desnuclearización. A medio plazo las nucleares también generan CO2 y algún día habrá que dejar de escuchar a los gurús para poner más
atención a lo que dicen los ingenieros; el argumento de la inocuidad carbónica de las nucleares cuenta cada día con menos adeptos.
Y una pregunta: ¿Qué haremos con los residuos? Diseñaron hace cuarenta años un modelo que ahora pretenden exprimir hasta los sesenta. Eso implicaría grosso modo -y para eso no hay que ser ingeniero- un tercio más de residuos. ¿Qué
hacemos? ¿Reabrimos el debate de Villar de Cañas? ¿Nos sacamos de la chistera los ATI? ¿Realmente creen ustedes que es serio que tan trascendental debate se sustancie por la vía de los hechos consumados? A largo plazo, en el gran debate en el
horizonte 2030,
que es la transición energética, el Gobierno deja que lo urgente pase delante de lo importante y no nos muestra cuál es su plan para la implementación de un sistema eléctrico presidido por energías limpias y seguras, si es que alguna vez ha
contemplado esa posibilidad, cosa que empiezo a dudar. También tiembla ante la posibilidad de la democratización del mercado eléctrico.
Parecería, señorías, que no he hablado de Garoña. Pero, créanme, no he dejado de hacerlo todo este rato.
Muchas gracias y buenas tardes. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Capdevilla.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señorías, miembros de la Mesa, parece que tengo un déjà vu y lo digo bien -no sé si parece o que lo es- porque llevamos debatiendo sobre lo mismo muchas semanas. De hecho, la semana
pasada debatimos otra vez sobre este tema y me voy a centrar en el discurso de lo que se va a votar, que al final es la misma transaccional que se votó la semana pasada. Como creo que todos pueden estar más o menos hartos de este debate que al
final parece que nunca llega a término, voy a intentar ser lo más ilustrativa posible para todos aquellos compañeros que no están en la Comisión de Energía. La central nuclear de Garoña abrió en 1971. Es una central gemela a la que tuvo el
accidente en Fukushima y su potencia instalada es de 466 megavatios. (Muestra una tabla sobre potencia instalada de Garoña y Asco II). ¿Por qué enseñarla? Porque la siguiente más pequeña tiene 1.027 megavatios eléctricos, que es la de Ascó II.
¿Esto qué quiere decir? Que si la relacionamos con el parque nuclear español, se trata de una central muy, muy pequeña y que nada ha influido en que haya ningún tipo de inestabilidad en el sistema energético de hoy. Además, vamos a hacer un relato
de la historia de qué ha sucedido con Garoña y por qué reitero que seguimos teniendo déjà vu. (Muestra otra tabla sobre la vida de la central nuclear de Garoña). En 1971 Garoña se abre, como he dicho anteriormente; en 2009 el Partido Socialista,
gobernado por el señor Rodríguez Zapatero, extiende su vida útil hasta el año 2013. En 2011 es el accidente de Fukushima, con lo cual el Consejo de Seguridad Nuclear aumenta las exigencias en materia de seguridad que la empresa que gestiona y es
propietaria de Garoña tiene que hacer: inversiones valoradas en más de 100 millones de euros para mantenerse abierta. En 2012 el Partido Popular revoca el decreto de cierre que había propuesto el Consejo de Seguridad Nuclear porque no se habían
hecho las inversiones pertinentes y ese mismo año la empresa solicita la revocación; vamos, que no quiere abrir, que quiere cerrar la central. En 2013 finalmente se cierra.
¿Por qué esto? Porque también voy a recordar declaraciones del partido que gobernaba en ese momento. El portavoz del Partido Popular, el señor Hernando, tachó de frivolidad absolutamente incomprensible que esa central nuclear quisiera
centrar voluntariamente porque, según sus dueños, no era rentable. Además el ministro de Energía de aquel momento, el señor Soria, dijo que se trataba de un burdo chantaje al Gobierno, una presión de los propietarios de esa central para cerrar. La
realidad es que la central cerró porque quisieron cerrar, porque alegaron que no era rentable, y que no pasó absolutamente nada. No pasó nada, no decayó el suministro, no hubo ningún problema de suministro energético en este país. Después del
cierre la empresa, Nuclenor -como saben, tiene dos participantes- pide al Consejo de Seguridad Nuclear que se cree un informe para la reapertura de esta central. Recordamos, la reapertura no era rentable en términos empresariales. El 16 de abril
de 2015 el Consejo de Seguridad Nuclear emite un dictamen técnico que dice que si no se hacen las inversiones en materia de seguridad, que son indispensables, no se podrá dar luz verde a ese informe de reapertura de la central. En noviembre de 2016
el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear dice que el informe sobre la reapertura de Garoña quedará congelado hasta que se realicen las inversiones en materia de seguridad. Tres meses después el informe sale a la luz, se aprueba que se reabra
la central de Garoña; además, es un informe que sienta precedentes, puesto que no se han realizado las inversiones y además nos consta que uno de los propietarios de forma Nuclenor dice que no tiene ningún tipo de interés en reabrir la central.
Por tanto, ¿existe independencia del Consejo de Seguridad Nuclear de este país? No se puede cerrar lo que está cerrado; la central está cerrada porque quisieron cerrarla; no era rentable. Por supuesto, le pedimos al Gobierno que ni se le ocurra
reabrir esta central y muchísimo menos si no se han hecho los inversores en materia de seguridad que ha requerido el propio Consejo de Seguridad Nuclear en reiteradas ocasiones.
¿Se busca reabrir la central -porque este es el foco del debate- o lo que se busca es sentar un precedente para que se dé una patada hacia delante, hacia el debate que comenzará dentro de unos
años? Esta es la edad del parque nuclear de este país (muestra una tabla con datos sobre la edad de las centrales nucleares), y será a partir de 2020 cuando se tenga que decidir qué va a pasar con él. Se ha sentado un precedente: el
Consejo de Seguridad Nuclear ha politizado o ha intentado dictar la política energética de este país. Por eso todos saben que buscamos un Consejo de Seguridad Nuclear despolitizado.
Lo que nos ocupa hoy es que se intervenga en esa zona para que no quede deprimida, para que se rehabilite o para que se pueda crear una alternativa. Es necesario hablar de seguridad, es necesario hablar de modelo energético, de transición
energética, pero lo que no es necesario de ninguna manera es que se intente, a través de consejos que deberían ser técnicos e independientes, sentar precedentes sobre el futuro energético de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, el otro día, en esta misma Cámara, el portavoz de nuestro grupo le preguntaba al presidente del Gobierno cuántos casos de corrupción aislados son necesarios para que se considere corrupción. Pues en este caso, en el caso de la
central nuclear de Garoña, nosotros nos preguntamos también cuántas mayorías absolutas hacen falta para que el Gobierno haga caso a lo que la ciudadanía está demandando, porque lo que estamos viviendo con esta central nuclear no tiene parangón ni en
España ni en el resto del mundo. El otro día, en la ciudad de Vitoria, que está a 40 kilómetros en línea recta de la central nuclear de Garoña, se convocó una cadena humana para protestar contra la posible reapertura de la central. Había tanta
gente en las calles que no se pudo hacer la cadena humana. Se esperaban 150 personas y, según los medios de comunicación, había como 5.000. ¿A qué se debe esto? Pues a que hay una enorme preocupación en la ciudadanía, en la opinión pública, sobre
lo que está ocurriendo. Y es normal que haya esa preocupación porque estamos hablando de una central, como ya se ha dicho, del año 1971, una central vieja, peligrosa y obsoleta; una central nuclear que no ha aportado en los últimos cuatro años ni
un solo kilovatio a la red. Pero es que, en realidad, lo que estamos debatiendo aquí no es el futuro de la central nuclear de Garoña, lo que hay detrás es lo que va a ocurrir con las centrales nucleares españolas, con el parque nuclear, que está
envejeciendo a pasos agigantados y el Gobierno y la industria nuclear tienen una estrategia para sacar adelante el alargamiento de la vida de las centrales nucleares.
Esa estrategia consta de tres ejes fundamentales: uno de ellos es Garoña, del que estamos hablando hoy; el segundo son los residuos radiactivos y, el tercero, rebajar las condiciones legales de seguridad de las centrales nucleares. Sobre
los residuos radiactivos, parte de esa estrategia para el alargamiento de la vida de las centrales pasa por la construcción de un basurero nuclear en Villar de Cañas y en ello están, a pesar de todos los obstáculos legales y técnicos que se están
encontrando. Debido a esos obstáculos legales, se están construyendo cementerios dentro de los recintos de las propias centrales, los llamados ATI. En cuanto a la rebaja de las condiciones legales de la seguridad nuclear, el cambio en la escala
INES para evaluar los sucesos radiactivos fue el primer paso, pero asistimos a una progresiva reducción de los requisitos de seguridad e incluso se ha eliminado el límite de diez años para la duración de la licencias de funcionamiento de las
centrales. Garoña no era una central segura cuando estaba funcionando -ya se han mencionado aquí los 137 incidentes nucleares que tuvo durante su funcionamiento-. Garoña era una central a la que se llamaba la central de las mil y una grietas,
debido a las numerosas grietas que aparecieron en la vasija del reactor de la central nuclear. Garoña generaba graves problemas de recalentamiento del agua del río Ebro -hasta 15 grados de calentamiento del agua del Ebro durante el funcionamiento
de la central-, hasta el punto de que estamos hablando no solo de los mandatos del Consejo de Seguridad Nuclear, sino que además el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ordenó la construcción de una torre de refrigeración para evitar ese
calentamiento del Ebro y, por cierto, la Confederación Hidrográfica del Ebro reclamó que se pusiera fin al calentamiento del Ebro que suponía el funcionamiento de la central, por no hablar de los numerosos escapes radiactivos que se produjeron
durante su funcionamiento.
La cuenca del Ebro sería la principal afectada por un accidente en la central nuclear de Garoña. Estamos hablando de una cuenca muy rica, la cuenca fluvial más rica de España, con una intensa actividad
agrícola que, sin lugar a dudas, se vería afectada en caso de un accidente en esta central nuclear. Por tanto, la preocupación es grande en toda la cuenca del Ebro por lo que pueda ocurrir y, por eso, en todas las ciudades y parlamentos de
esas comunidades autónomas se están aprobando mociones para el cierre de la misma. Insisto nuevamente en que la pregunta que unos y otros nos hacemos es cuántas mayorías absolutas hacen falta para que el Gobierno tome nota y haga caso a la
ciudadanía y cierre definitivamente este debate -que, insisto, no tiene parangón- de reabrir una central nuclear que lleva cuatro años cerrada, una central nuclear de cuarenta y seis años, una central nuclear que no ha aportado en los últimos años
ni un kilovatio a la red. También se está diciendo que el cierre definitivo de Garoña afectaría al precio de la luz, pero eso es falso, absolutamente falso, porque Garoña no está aportando kilovatios desde hace cuatro años. En definitiva, ya
sabemos que aquí tenemos el debate sobre el futuro de las centrales nucleares españolas. Nosotros hemos plantado cara a este debate y presentamos una proposición de ley que en su momento se discutirá abogando por el cierre progresivo y ordenado de
las centrales nucleares. Entendemos que si no se hace ese cierre progresivo y ordenado, vamos a tener que hacer frente a una situación de desorden, y ahí sí que puede haber impacto sobre el precio o sobre las emisiones.
La central de Garoña no es necesaria desde el punto de vista energético, su puesta en marcha sería muy peligrosa y, por ello, ha generado un enorme rechazo social y político. Exigimos que nunca más vuelva a abrirse y reclamamos una apuesta
decidida por un modelo energético limpio, sostenible y seguro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor López de Uralde.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenas tardes, señorías.
No voy a anunciar nada que no sepan. La posición del Grupo Socialista respecto a la Central Nuclear de Santa María de Garoña es clara: cierre, desmantelamiento y futuro. Nos preocupa qué va a pasar con Garoña una vez conocido el
contradictorio informe del Consejo de Seguridad Nuclear. Quieren abrir una central que no cumple las medidas de seguridad, quieren darle sesenta años de vida cuando solamente está proyectada para aguantar cuarenta, y quieren licencia para una
central a la que prohíben generar electricidad porque es peligrosa, así que, ¿qué quieren que les diga sobre opacidad, mentiras y contradicciones sobre esta central? Ya llueve sobre mojado. Ténganlo claro, los socialistas vamos a estar en frente
mientras el Gobierno siga jugando con Garoña, jugando con la seguridad y jugando con los intereses de los ciudadanos de la zona. Los socialistas no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, queremos aprobar una ley que impida la autorización para
explotación o renovación de una nuclear una vez haya sido decretado su cese definitivo. Y recuerden, señorías del Grupo Popular, en esto también están solos.
Queremos que nos expliquen el opaco proceso seguido en la autorización de Garoña. Señorías, qué ha pasado para que hace cuatro meses el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear asegurara aquí, en el Parlamento, que era condición sine qua
non que Nuclenor llevara a cabo las mejoras de seguridad exigidas desde el año 2009 para emitir el informe y esto no ha sucedido. ¿Qué paso? Que mintió. Cualquier ciudadano que nos escuche se preguntará para qué todo esto. Porque con esta
autorización nunca podremos tener un debate público y serio sobre la transición energética en este país; para, por ejemplo, bajar la luz, apostar por las renovables o reducir la dependencia de las nucleares, porque habrá que pagar indemnizaciones
multimillonarias a las eléctricas.
He aquí el negocio redondo de la cuestión; son mentiras hoy y mentiras ayer. Hagamos memoria para entender lo que está pasando. El Partido Popular, que lleva gobernando más de cinco años, prometió en el año 2011, en campaña electoral, que
abriría Garoña y que mantendría el plan de reindustrialización en las comarcas afectadas. La realidad cinco años después es que no hay ni plan ni central, que mintieron. Lo que sí tenemos es una central cinco años más vieja y cinco años más
peligrosa porque no se han hecho las inversiones para garantizar la seguridad de los ciudadanos y la seguridad de la central. Y hablando de realidad, es interesante que los vecinos del entorno de Garoña sepan que el Partido Popular hace escasos
diez días rechazó que haya inversión para desarrollar proyectos en la zona. El partido en el Gobierno no quiere invertir ni un euro, exactamente lo mismo -o sea, nada- que ha invertido desde que está gobernando. Hay que recordar que en el año 2012
eliminaron un plan de reindustrialización puesto en marcha por los socialistas, que activó en solo dos anualidades más de 165 millones de euros en desarrollo. Desde que el Partido Popular llegó al Gobierno, destinó ceros euros al
empleo, cero euros a los servicios y cero euros a las infraestructuras en las comarcas afectadas. Por eso, ¿quién les va a creer ahora en ese plazo de seis meses que se han dado para tomar una decisión?
Ustedes llevan toda la vida tomando decisiones políticas con Garoña, una de ellas abandonar el entorno a su suerte. Decisiones que han provocado, además, una gran incertidumbre entre los trabajadores de la central, porque también es verdad
que los únicos empleos perdidos en Garoña se han perdido con Gobiernos del Partido Popular. Su Gobierno ha acabado con cientos de empleos en Garoña. Su compromiso con el empleo es falso y es mentira. Y qué decir de los ayuntamientos de la zona,
que solo les están pidiendo tres cosas: información objetiva, seguridad y desarrollo. Así que, señorías, resuelvan sus problemas en unas comarcas que han sido siempre muy generosas con ustedes y a las que ustedes han dado tan poco.
En definitiva, desde el Gobierno del Partido Popular quieren a Garoña como un elemento de negociación. Garoña sirve a las eléctricas para ampliar la vida útil de las nucleares de los cuarenta a los sesenta años, sin necesidad de cumplir
medidas de seguridad. Garoña sirve al Partido Popular como moneda de cambio para aprobar los Presupuestos Generales del Estado. A los que no va a servir Garoña para nada es a los vecinos de Burgos, a los vecinos de Álava, a los vecinos de su
entorno. Así que escuchen a la ciudadanía, escuchen la enmienda que con vocación de acuerdo hemos presentado todos los grupos de esta Cámara y escuchen a este Parlamento: Queremos el cierre, queremos la programación del desmantelamiento y queremos
un plan de reactivación económica participada por agentes sociales e institucionales para empezar a hablar por fin de oportunidades, de infraestructuras y de futuro en el entorno de Garoña.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Peña.
En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el señor Mariscal.
El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.
Señor Matute, siempre es mejor venir a defender a esta casa, en el ámbito democrático, con la palabra el cierre de una central nuclear que hacerlo, como otros hacían en otros tiempos, con la violencia, la extorsión y el asesinato, como
ocurrió con Lemóniz. Siempre es mejor. (Aplausos). Que Bildu traiga a esta casa una iniciativa para mejorar la vida de los españoles me genera sospechas. Veo que al resto no, pero a mí me impulsa a sospechar. Por tanto, ya conocerán ustedes
cuál es el sentido del voto de mi grupo político.
Con la energía nuclear ocurre como ocurría con el petróleo. Ya en su día Ahmed Yamani, que fue ministro saudí de Petróleo, decía que la edad de piedra no finalizó porque acabaran las piedras y que la edad del petróleo no acabará porque
acabe el petróleo. Pues exactamente igual ocurrirá con la energía nuclear; dejará de ser una fuente de generación eléctrica, obviamente. Pero lo relevante en política energética es la velocidad que le demos a esa transición. Si la velocidad no
es responsable y no es medida, si nos precipitamos, ocurrirá lo que ha ocurrido recientemente con el sistema eléctrico español: se generará déficit, por tanto incremento del precio de la luz, se incumplirán los objetivos de emisiones, por ejemplo,
y acabaremos perjudicando el bienestar y la competitividad de las empresas y las familias. Sé que han encontrado un pegamento que permite unirse a todos contra el PP. Esto puede parecer rentable a corto plazo, pero este grupo político, el Grupo
Parlamentario Popular, y el Gobierno no son ni pro ni antinuclear, y en eso nos diferenciamos de todos ustedes. Nosotros lo que queremos es un sistema eléctrico que garantice lo que tantas veces he planteado en esta casa: veinticuatro horas, siete
días de suministro continuado y, por tanto, garantía de suministro, sin emisiones y, por tanto, reduciendo las emisiones de CO2 y permitiendo la lucha contra el cambio climático, y a un precio razonable. Esa tecnología nuclear, que tiene un 7 % de
energía instalada y que garantiza el 23 % de la energía que consumimos, garantiza 490 días continuados de energía a nuestra sociedad. Sé que hay un sentimiento antinuclear, que es un endemismo español; es más, es un endemismo de la izquierda
española. Digo de la izquierda española porque, si analizamos que existen en todo el mundo ahora mismo en construcción sesenta centrales o que en Francia, donde gobierna el Partido Socialista, como ustedes bien saben, hay cincuenta y ocho centrales
operando y una en construcción, y en total generan el 48 % de la energía que se consume, nos encontramos en esa oposición ante un endemismo típicamente de la izquierda española.
Creo que con Garoña existe prejuicio; hay un gran prejuicio y poco juicio. Hay prejuicio y poco juicio porque no hay razones económicas que avalen que no continúe la central -ya hemos explicado muchas
veces que el cierre de todo el equipamiento nuclear español supondría un incremento entre el 20 y el 35 % en la factura de la luz-; no hay argumentos medioambientales, pues es evidente que la desaparición del parque nuclear traería consigo
más emisiones de CO2 y, por tanto, un incumplimiento de los objetivos de la cumbre del Clima, y tampoco hay argumentos relacionados con la seguridad. He escuchado a todos los intervinientes y la verdad es que me siento inferior en materia de
seguridad y de conocimiento al Consejo de Seguridad Nuclear. Veo que aquí hay grandísimos expertos, yo no; yo me fío de los doscientos técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear, que son los que velan por la seguridad en nuestro país.
Poner en duda la seguridad nuclear o la protección radiológica de nuestro país en debates de política energética no solamente es irresponsable, sino a mi juicio es claramente un acto de frivolidad. El Sistema Integrado de Supervisión de
Centrales, que es un sistema que tiene el consejo en funcionamiento, habla bien a las claras de centrales que operan con plenitud de garantías para el medio ambiente y para las personas, y además habla muy bien del trabajo que se realiza por los
trabajadores de las centrales. El Grupo Socialista habla de por qué se quiere elevar más allá de cuarenta años el funcionamiento de las centrales, ¡pero si fue el Gobierno de Rodríguez Zapatero el que elevó de cuarenta a cuarenta y dos años la vida
de Garoña! Hay que ser coherente en política energética. Y no hay que dudar -ahora me refiero al Grupo de Ciudadanos- de la independencia de los reguladores, porque si ya dudamos incluso de la independencia de los propios técnicos, tendremos una
dificultad añadida, y hay que intentar entender que para llegar a un pacto por la energía es importante no sustraer lo que no nos interesa. En este caso, si nosotros quitáramos de la red eléctrica de nuestro país los 7.000 megavatios nucleares,
como aquí se ha venido a plantear de soslayo o directamente, si lo hiciésemos, tendríamos que encontrar una tecnología que nos garantizase igualdad de competitividad y nos diera las mismas garantías, y esa tecnología hoy traería consigo mayor
precio, el incumplimiento de los objetivos de la cumbre del Clima y dificultaría la garantía de suministro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mariscal.
En turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada tengo que preguntarle al señor Matute García de Jalón si su grupo acepta la enmienda presentada.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Es una enmienda transaccional que, por supuesto, aceptamos dado que también la firmamos.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias. Se tendrá en cuenta en el momento de la votación.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A FOMENTAR LA MEDIACIÓN COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. (Número de expediente 162/000319).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a continuación al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la mediación como forma de resolución de conflictos.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Lorenzo Torres. (La señora vicepresidenta, Elizo Serrano, ocupa la Presidencia).
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, traemos hoy a este Pleno para su consideración y aprobación una proposición no de ley que insta al Gobierno a adoptar una serie de medidas destinadas a fomentar la mediación como forma de resolución de los conflictos.
Como ustedes saben -igual muchos de ustedes estaban aquí-, en el año 2012 se inició un nuevo camino para la resolución de los conflictos en este país a través de la Ley 5/2012, de 6 de julio, sobre mediación de asuntos civiles y mercantiles,
una ley que vino a trasponer al ordenamiento jurídico español la Directiva 2008/52, del Parlamento Europeo y del Consejo de Europa; ley que a su vez fue complementada por el Real Decreto-ley 980/2013, de 13 de diciembre, que desarrolló determinados
aspectos de la ley referentes a la formación de los mediadores, la responsabilidad civil, la publicidad de los mediadores y de las instituciones de mediación y que implantó el procedimiento simplificado de mediación para los procesos electrónicos.
Posteriormente, se fue avanzando y se introdujo la mediación también en materia penal a través del Código Penal, con la modificación del artículo 84.1, así como la Ley de Responsabilidad Penal
de Menores y, por supuesto, la importante Ley del Estatuto de la Víctima, ley que instauró en este país la justicia restaurativa, aquella cuyo objetivo es que el infractor reconozca o se haga responsable de lo que ha hecho, que sea
consciente de las consecuencias de lo que ha hecho, que exista un encuentro en el que pueda pedir perdón a la víctima llegando a reparar el daño causado. Además, la víctima encuentra un lugar de escucha y de expresión a nivel emocional ante el daño
causado, y todo esto permite orientar el conflicto hacia la reeducación y la reinserción.
Por eso estamos aquí hablando hoy de mediación, y la verdad es que en estos dos últimos años, según las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial, se han promovido muchas iniciativas de mediación: casi 17.000 en mediación
familiar, 910 en el ámbito civil y 12.000 en el ámbito penal. Por eso, hoy creemos que la mediación es un instrumento o una herramienta muy necesaria y muy demandada por la ciudadanía, y por eso presentamos esta PNL, con el fin de fomentar la
mediación como una alternativa útil y eficaz para solucionar, de forma pacífica y positiva, los conflictos surgidos en los diferentes ámbitos, familiar, social, civil, penal y mercantil, y sobre todo para crear una cultura de la mediación, es decir,
educar a las personas en la formación y en la mediación como forma de resolver estos conflictos.
Es verdad que las ratios españolas son muy parecidas a las de los demás países europeos en los que está funcionando la mediación, sin embargo, respecto al informe que realizó la Unión Europea destinado a conseguir una deliberada relación
entre la mediación y los procesos judiciales, la mediación en España dista mucho aún de llegar a esos datos, porque piden que casi un 50 % de los asuntos se resuelvan a través de la mediación y un 50 % a través como mínimo de los tribunales.
Consideramos necesario este tipo de impulsos, motivo por el que presentamos hoy esta PNL, que espero que sea aprobada por todos ustedes. Todos los representantes de los partidos políticos nos hemos estado reuniendo con el fin de conseguir este
apoyo.
Resumiendo, y por falta de tiempo -son solo siete minutos los que tengo-, voy a decir solo las medidas necesarias que queremos impulsar o respecto de las que queremos instar al Gobierno. La primera medida es potenciar la mediación como
herramienta de resolución de todos los conflictos, a fin de que se tomen las medidas necesarias para los cambios culturales y educacionales necesarios en todos los ámbitos sociales, promoviendo la forma efectiva de abordar los conflictos a través de
la mediación. Por supuesto, no siempre la mejor respuesta ni la más oportuna ni la más eficaz ni la más ágil es la justicia tradicional. Por eso debemos acudir a estos nuevos procedimientos de mediación. Un segundo punto consiste en dar a conocer
la mediación a toda la ciudadanía. Hay que sensibilizar a toda la sociedad sobre las ventajas de su utilización a través de campañas de difusión y colaboración con las instituciones del ámbito de la mediación. Un tercer punto también muy
importante es trabajar estrechamente con los especialistas en mediación y las instituciones que la integran. -Esto es algo esencial-. Las personas que están trabajando en mediación son conocedoras de los problemas reales que sufren las personas
que se someten a mediación o las que se someten a un conflicto judicial, por ello es necesario conocer su experiencia y traerla a las normas. De hecho, a través de todos los juzgados de familia se está promoviendo la mediación familiar, de manera
que la primera sesión informativa sea obligatoria con el fin de dar a conocer a las personas en el ámbito de la familia en conflicto este tipo de solución. Cantidad de procedimientos, sobre todo ejecuciones de sentencias o modificaciones de medidas
cuando hablamos de cambios de pensiones compensatorias, de modificación del importe de las cargas, del régimen de visitas, de adjudicaciones o de uso del piso se podrían solucionar a través de la mediación. Esto es lo que nos están pidiendo los
especialistas, que las personas que se sometan a estos procedimientos tengan una primera reunión y que esta sea obligatoria, aunque solamente con carácter informativo.
Otro punto importante es incluir la mediación en el ámbito educativo. Siempre tenemos que influir mucho en la educación, en la formación de los jóvenes en estos valores de la mediación y en que sea esta una forma de resolver los conflictos
que se producen dentro de las escuelas. No cabe duda de que el centro escolar se confirma como el contexto educativo fundamental para el desarrollo personal del alumnado. Ya hay leyes educativas que fomentan este tipo de mediaciones, sobre todo
cuando estamos hablando del acoso escolar o del bullying. Por último, también queremos establecer un día nacional de la mediación que coincida con el Día Europeo de la Mediación, que sería el día 21 de enero, porque fue ese día cuando se aprobó por
el Comité de Ministros de Europa la Recomendación número 98 de 21 de enero del año 1998, que es el primer texto legislativo sobre mediación familiar.
Termino, señorías. Como dije en un principio, en 2012 esta ley se aprobó casi por unanimidad; creo que se abstuvo únicamente Izquierda Unida más por unas razones de texto que de contexto, tal y como leí en el Diario de Sesiones de este
Congreso. Pero en ese momento se inició un camino inédito y poco
explorado en este país como fue la resolución de los conflictos por la mediación, el diálogo y la búsqueda de acuerdos. El apoyo que pido a esta PNL, que ya fue negociada con otros grupos, se sitúa en este camino, que no es más que la
búsqueda del acuerdo, del diálogo permanente y del compromiso, con el fin de mejorar la vida de los ciudadanos, porque no cabe duda de que estamos aquí para hacer leyes que mejoren la vida de las personas que nos han votado, pero queremos que estos
valores de búsqueda del acuerdo, de diálogo permanente y de compromiso se trasladen también a todos los debates que se planteen en esta Cámara.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Plantea el Grupo Popular una interesante iniciativa sobre la solución extrajudicial de los conflictos. Lo hace poniendo en valor la ley que hace cinco años implantó la mediación y la necesidad de que la sociedad conozca más y mejor las
herramientas que permiten, entre otros aspectos, aliviar la carga de los tribunales con la resolución previa de controversias y disputas y también evitar un sobrecoste administrativo de recursos materiales y humanos al servicio de la Administración
de Justicia y a su vez el colapso en la resolución de los conflictos. Esta proposición entra de lleno en una imprescindible cultura del acuerdo y es una realidad que se avanza en el incremento de los casos que se someten a mediación y que acaban
con un acuerdo positivo sin tener que pasar por los tribunales. Si bien ya anuncio mi respaldo a esta iniciativa, he querido mejorar su texto ampliando con un punto añadido los cinco de la iniciativa original, en el que reclamo el impulso a la
mediación intrajudicial en colaboración con las diferentes comunidades autónomas, instituciones y agentes implicados, ampliando la red de puntos de información de mediación intrajudicial, PIMI, dotándolos de cobertura legal y regulación, así como
estableciendo instrumentos de colaboración con las entidades necesarias para su funcionamiento. Los PIMI responden a una necesidad que viene poniendo en evidencia la cada vez más numerosa sección española del Grupo Europeo de Magistrados por la
Mediación, en el que se integran jueces, magistrados, fiscales, secretarios judiciales y mediadores. Supondría un gran avance para la mediación en España que el Gobierno impulsara esta red de puntos de información. El diputado don Miguel Lorenzo
ha tenido a bien incorporar el sentido de mi enmienda en el texto transaccional, razón de más, señora presidenta, para dar el voto favorable de Foro.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Tiene el turno de palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Desde nuestro partido hemos sido siempre fervientes defensores de la mediación porque entendemos que supone muchísimos beneficios a la hora de poder acordar soluciones extrajudiciales que canalicen las necesidades de dos partes en conflicto.
Además, siempre hemos visto la mediación como una cuestión eficiente a la hora de dinamizar y agilizar la justicia. Hay un estudio del Colegio Oficial de Gestores Administrativos que dice que una mediación eficiente del 10 % de asuntos en litigio
representaría un ahorro de 177 millones de euros, y si fuese del 30 % la cifra alcanzaría los 530 millones de euros. Por tanto, entendemos que la mediación es una buena medida para la resolución extrajudicial de conflictos que hay que apoyar e
impulsar. Evidentemente, esto desencadena una espiral de confianza en las relaciones económicas y sociales.
Hemos presentado un par de enmiendas de las que por cierto no tenemos retorno del grupo proponente de la iniciativa. Nos consta que puede haber, por lo que se ha dicho, una transacción cuyo resultado esperaremos para pronunciarnos. De
entrada les diría que no tendrán nuestro voto a favor. ¿Por qué? Porque nos gustaría ante todo que se aclarasen, señores del grupo de la mayoría, porque su ministro de Justicia, que entiendo que es de su mismo partido político, anunció una ley de
mediación obligatoria y ustedes están hablando de una mediación voluntaria. Nos gustaría saber exactamente cuál es la naturaleza de esta mediación que están ustedes intentando presentar. En cualquier caso, no deben necesitar nuestro apoyo si no se
han procurado el consenso del Grupo Mixto en esta tarea. Por tanto, esperaremos la transaccional para fijar nuestro posicionamiento a la vista de la misma.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Elizo Serrano): Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, desde Compromís saludamos esta proposición no de ley, que nos parece demasiado tibia, demasiado genérica, pero que es un buen paso adelante. Coincidiendo con lo que ha dicho la señora
Ciuró, entendemos que el grupo proponente debería tener la sensibilidad de llegar a una transacción con todas las formaciones que han presentado enmiendas. (La señora presidente ocupa la Presidencia).
Nosotros compartimos los argumentos de eficiencia que se esgrimen en pro de la mediación, pero también cabe incidir en algo más. Los mecanismos conflictuales de resolución de controversias comportan una teatralización, una cierta puesta en
escena, que muy a menudo lleva la confrontación entre partes a extremos que no son razonables y que provocan un enquistamiento negativo de numerosas relaciones humanas. Piensen en todos los problemas que llegan derivados de juicios de familias,
sucesiones hereditarias, deslindes, comunidades de vecinos... No descubro nada nuevo al afirmar que los contenciosos judiciales son un mal menor que solucionan numerosos problemas pero también generan otros. Para mejorar la justicia es necesario
confiar en las personas, en su capacidad de comprensión racional de sus intereses y en su capacidad para buscar autónomamente la mejor forma de atenderlos. La mediación no juzga, sino aproxima, lima asperezas, ayuda a sacar los puntos de encuentro,
nos obliga a no desentendernos de nuestro problema, sino a ser responsables de su solución.
Esta proposición no de ley tiene también como elemento valioso que apunta a la mediación en el ámbito educativo, donde todas y todos debemos aprender desde bien pronto a razonar, comprender y arreglar civilizadamente nuestros problemas de
convivencia. El Poder Judicial es y debe seguir siendo uno de los pilares de nuestro Estado de derecho. Hemos de dejar que mejore y que evolucione y hemos de promover la mediación como una tijera de poda de toda la hojarasca que está impidiendo a
este poder desarrollarse coherentemente. Pero le insisto al grupo proponente en que nos gustaría que se llegase a una transacción y que se oyesen todas las enmiendas que aquí se han presentado.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos Itoiz.
El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes.
Nos encontramos con una proposición del Grupo Popular que en su redacción original sencillamente, desde nuestro humilde punto de vista, era absolutamente inocua y, por lo tanto, redundante con lo que ya se establecía en la propia legislación
que ellos mismos mencionaban en la proposición que han traído a esta Cámara. Como inocua, solo llevaba una consideración: no sabemos qué decir con este tema. Porque lo que ya está en la ley, volverlo a traer aquí en una proposición no de ley y
decirnos lo obvio, genera cierta perplejidad. En principio, lo que hay que decir es que la mediación es un sistema de resolución de conflictos, pero lo que persigue es la justicia de una forma autocompositiva, es decir, que alguien en un momento
determinado pueda arreglar sus conflictos con ayuda de un tercero que no sea un juez que imponga una solución sino que se llegue a eso. La mediación se puede aplicar en muchos ámbitos, en el ámbito civil, en el mercantil; se puede aplicar también
en lo que se denomina justicia restaurativa en el ámbito penal, en el ámbito educativo, todos lo sabemos. ¿Cuáles son las gafas de ver del Partido Popular y el sesgo que tiene esta proposición? Pues que vamos a hablar de la mediación, pero solo de
la mediación en los ámbitos civiles y mercantiles. ¿Por qué? Pura y sencillamente porque es dónde está el negocio, es donde está el dinero y donde la propia ley establece que se podrá delegar en cámaras de comercio, etcétera, la ejecución de estos
servicios de mediación. Desde ese punto de vista, a nosotros no nos hacía excesiva gracia hablar de este tema porque hubiéramos ampliado el marco. Cuando el propio Partido Popular dice que la ley es el hito principal para la implantación de la
mediación en España, se olvida de que la mediación es el resultado de un montón de pioneros que muchas veces, de forma gratuita y encastrados en asociaciones o de forma individual o privada, han ido extendiendo este criterio para que los jueces y
tribunales, poco a poco, y la ciudadanía en general fuera entrando en esta cultura y entendiera que, efectivamente, esta es una forma razonable de resolución. No nos hemos querido olvidar de ellos y por eso hemos incorporado en la enmienda
transaccional un agradecimiento a todas estas personas. ¿Que es necesario reforzar esta institución? Sí. ¿Que nada se ha hecho? Sí. ¿Que esperamos que se
vaya a hacer algo? No, porque si no hay dotación presupuestaria para todo este tipo de asuntos nos dedicaremos, como hasta ahora sucede en el Consejo General del Poder Judicial, a llamar a diversos actores jurídicos, a explicarles lo bonita
que es la mediación, pero sin gastar un duro en hacer la mediación misma o en retribuir a estos profesionales. ¿La mediación debe jugar como instrumento un papel fundamental en la justicia? Si, pero para la justicia. No tiene como misión ni
aliviar la carga de asuntos ni ser un medio eficaz que facilite al ciudadano. No, es un servicio más de justicia, de tal manera que cuando sea necesario se hará por mediación y cuando sea imprescindible se puede hacer de otras maneras, de la manera
tradicional con un juez, pero sin tener unas gafas de ver mercantilistas que nos enfoquen simplemente a sacar la calculadora y si no nos conviene lo hacemos o si nos conviene porque generamos un negocio privado, lo derivamos de esta otra manera.
También se plantea en esta proposición no de ley que esta iniciativa genera valores para la convivencia. Efectivamente, y estamos totalmente de acuerdo en que se generan esos valores para la convivencia, pero eso lo podría aplicar, por
ejemplo, el Partido Popular a todas las formas de mediación que han existido. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de justicia restaurativa y se hicieron los denominados encuentros restaurativos entre víctimas del terrorismo y personas exmiembros
de ETA que estaban en prisión, se cortó sin ningún tipo de explicación por parte del Partido Popular. Eso no debía ser extender los valores de la cultura, la paz, la convivencia pacífica, etcétera, que la mediación lleva consigo.
No obstante, como sé que al señor Lorenzo le gustan los romanos y como a veces hemos hablado y quod abundat non nocet -no sé por dónde está-, es decir, lo que abunda no daña, y se han introducido algunas correcciones que nosotros entendemos
de interés como, por lo menos, encuadrar la mediación en los servicios de los juzgados, hacer un estatuto de mediador con derechos y deberes y dar seguridad jurídica, y centrándonos únicamente en lo que sería la cuestión que se trae a este hemiciclo
que sería la civil y mercantil, podemos votar a favor sin perjuicio de todo lo que acabamos de comentar.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Señora presidenta, señoras y señores diputados, muy buenas tardes.
El Grupo Parlamentario Popular somete a la consideración de esta Cámara la aprobación de una proposición no de ley con unos contenidos muy concretos, como acabamos de escuchar: potenciar la mediación, dar a conocer la mediación, trabajar
estrechamente con los especialistas en mediación, incluir el valor de la mediación y declarar el día 21 de enero como día nacional de la mediación. Cierto es que distintos grupos hemos presentado enmiendas y parece que podemos llegar a un acuerdo
transaccional. Pero créanme si les digo que la sensación que me embarga es la del eterno retorno nietzscheniano o, dicho de otro modo, el uróboro, es decir, el esfuerzo inútil. Con la que está cayendo, con la de situaciones excepcionales que se
están dando y que ponen en tela de juicio la justicia en todas las miradas, es una pena ver que desaprovechan la situación y no presentan una proposición con mucha más enjundia. En la propuesta que se nos presenta no se dice nada nuevo. Todo lo
que nos proponen ya está incluido en la legislación española y las directivas europeas, porque la única novedad se reduce a la declaración del día 21 de enero como el día nacional de la mediación, día que, por cierto, ya venía celebrándose.
Permítanme que motive lo que estoy diciendo. Fíjense lo que puede leerse en la Ley 5/2012, de mediación en asuntos civiles y mercantiles, ley en vigor. Disposición adicional segunda: 'Impulso a la mediación. 1. Las administraciones
públicas competentes para la provisión de medios materiales al servicio de la Administración de Justicia proveerán la puesta a disposición de los órganos jurisdiccionales y del público de información sobre la mediación como alternativa al proceso
judicial. 2. Las administraciones públicas competentes procurarán incluir la mediación dentro del asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso, previstos en el artículo 6 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica
Gratuita, en la medida en que permita reducir tanto la litigiosidad como sus costes'. Sí, señorías, mal debieron entender esa disposición adicional segunda cuando ahora vuelven a pedir el apoyo de la Cámara para su impulso. No es otra cosa lo que
puede extraerse de la pretendida aprobación de esta proposición no de ley. Los verbos utilizados son bien elocuentes y expresivos: potenciar, dar a conocer, búsqueda de espacios de colaboración, incluir la mediación en el plano educativo.
¿Cuántos años más tenemos que esperar para construir los cimientos de la mediación? La recomendación europea del año 1998, hace casi veinte años, ya puso estos cimientos y seguimos diciendo que vamos a dar a conocer, a potenciar. Señorías, esto es
ya tan insuficiente como inútil. Si de verdad creemos en los valores para que la
convivencia democrática y la paz social subyazcan en la mediación, dejémonos de perder el tiempo y creemos servicios de calidad, incorporemos profesionales de la mediación en los centros educativos que, desde la educación infantil hasta la
universitaria, vayan incorporándola en sus sistemas de vida y transformando la sociedad. El crecimiento de la sociedad pasa por la regularización de la mediación no como una actividad más de profesionales con cien horas de formación, tendrá que ser
algo más, elevar su estatus, un lugar específico en nuestra sociedad; en suma, que tengan visibilidad.
¿Dónde queremos situar la mediación? Esa es la pregunta. ¿Queremos potenciarla y darla a conocer? ¿Cómo? Pues creemos colectivos mediadores que estén en nuestros juzgados, que estén en nuestros colegios, que estén en los hospitales...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.
Silencio, señorías.
Adelante, señor Campo.
El señor CAMPO MORENO: Gracias.
Qué mejor campaña de difusión que el que la ciudadanía los encuentre en las instituciones. Aclaro: eso necesita presupuesto.
Señorías, mi grupo parlamentario considera que el sistema de justicia no debe ser el último remedio, sino la primera solución. Para ello no debemos agilizar la tramitación procesal, sino que es preciso mejorar y potenciar los mecanismos
alternativos de resolución de controversias. Tenemos que dejar de obsesionarnos con la litigiosidad. Acabar con ella es muy fácil, recuerden la fórmula del ministro Gallardón: ponemos tasas y efecto conseguido. La litigiosidad es consustancial a
las sociedades con complejas relaciones personales y comerciales, un fenómeno común a las sociedades democráticas avanzadas. Una creciente tasa de litigiosidad es una de las características distintivas de nuestras sociedades y, por ello, es
necesario que hagamos un diagnóstico adecuado para no equivocarnos en las soluciones. Por tanto, la litigiosidad no es una medida que sirva para valorar la eficacia de nuestro sistema de justicia, sino de la complejidad de la sociedad. El Partido
Socialista fijó la solución de los conflictos en el ámbito extrajudicial. Su éxito sí que reducirá esos pleitos judiciales, los tiempos y la satisfacción de los ciudadanos. El objetivo es fácil, pero ustedes se empeñan en no verlo. Es preciso
engarzar la mediación en la legislación procesal, además de asegurar un marco común en este ámbito para todo el Estado. Desde este planteamiento general, sí a la necesidad de la mediación y en áreas concretas como puede ser, por ejemplo, establecer
la obligatoriedad para una primera obligación de conocer que un asunto es posible llevarlo y resolverlo por mediación. Señorías, trabajemos en la mediación y trabajaremos en la felicidad de nuestros ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Nos plantea el Grupo Parlamentario Popular una proposición no de ley para fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos y nos propone que la Ley 5/2012 sea complementada con medidas que amplíen el conocimiento de la
institución de la mediación y sensibilizar a la sociedad para su utilización en sus controversias en los ámbitos familiar, civil y penal. Efectivamente, la mediación de la que hablamos es la mediación intrajudicial, es decir, aquella en la que un
órgano judicial que conoce de una controversia la deriva hacia servicios públicos de resolución alternativa de conflictos a fin de que, en su caso, se llegue a un acuerdo interpartes. Por ello, el Consejo General del Poder Judicial viene fijándose
en la institución y en todas sus memorias desde 1913, una vez aprobada la Ley 5/2012, y a ella también le dedica parte de su actuación y para ello promueve convenios-marcos con las administraciones públicas con competencia en materia de justicia.
El consejo también promueve la actividad formativa de jueces y magistrados en la Escuela Judicial tanto en la formación inicial como en la formación continua. Asimismo, ha aprobado unas guías prácticas y una guía específica, es decir, protocolos de
derivación que son la base y guía para los procesos de mediación. Igualmente, desde el servicio de inspección, a través de visitas de inspección, se colabora en la mejora de su calidad, fusión y promoción en aquellos juzgados y tribunales donde se
hace mediación.
Como se aprecia, hay un doble objetivo en materia de mediación. Por un lado, consolidar el sistema intraprocesal de resolución de conflictos complementario a la jurisdicción, y no solo para aliviar la carga de trabajo sino porque se propone
una respuesta no judicial que resulta mucho más adecuada a muchos asuntos. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, un segundo. Vamos a esperar a que se sienten sus señorías, a que guarden silencio y después continúa.
Adelante, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Como se aprecia, decía que había un doble objetivo y el segundo es proporcionar también una serie de valores como el diálogo, la cooperación y la responsabilidad de los ciudadanos ante los conflictos, a los que debiéramos añadir, en la
mediación familiar, que los acuerdos dentro de la familia fomentan una vía de diálogo que se concreta en una menor conflictividad procesal a posteriori y que, aunque no se llegue a un acuerdo, la mera participación en procesos de mediación implica
una reducción del tono de los conflictos. En cuanto a la mediación penal, aunque no esté bajo el paraguas de la Ley 5/2012, debo decir que es un procedimiento válido de resolución de conflictos y para la paz social, ya que coadyuva a la reparación
de la víctima, que es la principal destinataria del proceso, y también facilita la recuperación social del infractor al responsabilizarse de sus actos del injusto causado.
En este contexto, ¿cómo valoramos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular cuando nos propone dar a conocer la mediación, sensibilizar sobre sus ventajas, declarar el 21 de enero día nacional de la mediación e incluirla
dentro del entorno educativo? Nos propone cosas importantes, pero, a nuestro juicio, no la más importante, que es que las administraciones públicas con competencias en materia de Administración de Justicia, es decir, el Ministerio de Justicia y
ciertas comunidades autónomas, contribuyan a favor de la mediación intrajudicial mediante la creación de servicios públicos de resolución alternativa de conflictos. Y esto, precisamente esto, es lo que no hace el Ministerio de Justicia ni algunas
comunidades autónomas. Veamos lo que dice al respecto la última memoria del Consejo General del Poder Judicial: El problema de la mediación es que el Poder Ejecutivo no destina medios personales ni materiales a la mediación, siendo excepciones las
administraciones con competencia en justicia que lo han hecho. Y sigue diciendo: Cataluña, el País Vasco y La Rioja financian la práctica totalidad de los servicios de mediación intrajudicial que se llevan a cabo, habiendo creado sus propios
servicios. Otras comunidades -sigue diciendo- financian parcialmente experiencias de mediación: Canarias, Galicia, Valencia, Aragón, entre otras. Y finalmente -y acaba el informe-, otras comunidades autónomas no dedican ningún medio a la
mediación: Cantabria carece por completo; Madrid, no hay apoyo de la Comunidad; y -dice textualmente- tampoco lo hace el Ministerio de Justicia. En definitiva, señores del Grupo Parlamentario Popular, menos ruido y más nueces.
Y por último, presidenta, dos cuestiones; muy brevemente. En lo que respecta a la declaración del día 21 de enero como día nacional de la mediación, no compartimos la propuesta. El día 21 de enero ya es el Día Europeo de la Mediación, y
en la medida en que es el día de Europa, lo es aquí también, salvo que apelemos a una suerte de dualismo como se produce entre el derecho internacional y el derecho interno. Y tampoco entendemos la propuesta de incluir la mediación dentro del
entorno educativo. Nos preguntamos: ¿En qué materia de las troncales? ¿Van a recuperar Educación para la Ciudadanía como materia y como materia troncal? Porque, fuera de ese ámbito, no cabe actuación del Gobierno.
Pediremos la votación separada de los puntos 4 y 5 de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella i Farré.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Bona tarda, senyora presidenta.
Senyors diputats, hoy el Partido Popular -que nosotros sepamos, es el partido que gobierna en el Estado español- nos trae una proposición no de ley para fomentar la mediación como forma de resolución de conflictos. Y, claro, a nosotros nos
hubiese gustado, ya que gobiernan, que hubiesen presentado un proyecto de ley o una proposición de ley, dependiendo de si lo presentaba el Gobierno o lo presentaba el grupo parlamentario, en atención a ir en la línea de lo que apuntaba el ministro
de Justicia el 5 de diciembre, cuando dijo que era una de sus prioridades regular la mediación y el arbitraje. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora Capella i Farré.
Señorías, no estoy dispuesta a mandarles callar una vez más. Si alguno no quiere estar en el hemiciclo, que se salga. Desde luego, falten diez minutos, veinte o una hora, sus señorías tienen derecho a que se les escuche y, por lo tanto, no
lo repetiré una vez más. La señora Capella i Farré tiene la palabra y quien no quiera escucharla que salga del hemiciclo.
Señora Capella, adelante.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Pues eso, que está muy bien y que es fantástico que ahora ustedes impulsen la mediación, pero para que esto pueda ser creíble no basta con decirlo, sino que es necesario que se aplique la ley y se adopten medidas,
simple y llanamente, ras i curt, como decimos en catalán. Porque, que nosotros sepamos, ustedes están gobernando desde la X legislatura, desde 2011, y han tenido tiempo suficiente y motivos para hacerlo, para regular más allá de lo que han
regulado. Durante todos estos años, ¿qué han hecho ustedes? Alguna cosa han hecho; si, es verdad, pero entre otras cosas lo que han hecho principalmente es desincentivar la litigiosidad aplicando tasas a los procedimientos judiciales y no
fomentando, por otro lado, las medidas alternativas a la judicialización de los conflictos. Desde Esquerra Republicana creemos que ya va siendo hora de que repensemos los mecanismos de resolución de conflictos.
La vía judicial no lo soluciona todo, no lo arregla todo. La confrontación judicial no lo soluciona todo, y prueba de ello es el alto grado de frustración que producen los procesos judiciales para todas las partes implicadas. También es
cierto que desde las carreras judiciales, en las distintas personas y carreras jurídicas que intervienen en los procesos, la desjudicialización y por tanto la pérdida de espacios causa miedo, y también existen resistencias a los cambios. Josep
Redorta, abogado y mediador, en uno de sus muchos artículos sobre la mediación nos decía ya en el año 2011 que a lo largo de la historia han existido tres grandes métodos de resolver los conflictos: la fuerza, el derecho y la palabra. Y lo cierto
es que de distinta manera y con diferente intensidad se han usado y se usan los tres: la fuerza, el derecho y la palabra. Las soluciones negociadas de los conflictos, sean los que sean, están en la base de la cultura de toda sociedad y acostumbran
a ser soluciones de alta calidad, ya que acaban agradando a todas las partes que se encuentran en el conflicto mientras que no ocurre así con las soluciones impuestas, que vienen a ser las judiciales. Esto no quiere decir que se trate de mundos
antagónicos o no conciliables; todo lo contrario, hay cosas cuya solución se halla en el proceso y hay cosas que deben ser resueltas en el campo de la gestión de conflictos y con los distintos instrumentos y mecanismos existentes en este campo,
entre ellos la mediación.
El derecho y la mediación, como decía, no son campos opuestos sino todo lo contrario. La mediación nos permite mejorar el propio sistema judicial. Por tanto, como decía al inicio de la intervención, hoy nos hubiese gustado encontrarnos con
un proyecto de ley o con una proposición de ley que dijese que apostaba abiertamente por la mediación y que hubiera tenido un enunciado distinto al retórico 'potenciar' para llegar a afirmar que en la nueva concepción de la Administración de
justicia se plantease que el acceso a la justicia por los ciudadanos comporta el acceso a los medios necesarios o apropiados de resolución de conflictos, según las circunstancias de cada caso. Eso requiere avanzar hacia una cultura de resolución de
conflictos menos vinculada exclusivamente al litigio. Por cierto, ustedes han firmado aquí una propuesta de transacción en la que no han contado ni han pedido la opinión de Esquerra Republicana. Por tanto, consideramos que ustedes no creen
necesarios los votos de Esquerra republicana. Se lo agradezco infinitamente porque eso nos permite abstenernos con toda tranquilidad y normalidad, en atención a que también es una proposición no de ley que no aporta nada, como muy bien ha apuntado
anteriormente uno de los portavoces, porque todo lo que ustedes dicen en esta proposición no de ley se encuentra en la ley. Los catalanes y las catalanas sabemos, porque nos lo han demostrado sobradamente, que a ustedes, al Partido Popular y al
Gobierno del Reino de España, les van más las soluciones impuestas que las soluciones negociadas.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, intervenir al final del debate tiene el inconveniente de que seguramente la mayoría de las cosas que uno debería decir ya están dichas. En todo caso, anunciamos nuestro apoyo, como no
podía ser de otra manera, a esta iniciativa y agradecemos
además el esfuerzo de alcanzar una transacción; precisamente en una iniciativa que trata de promover los mecanismos de mediación y de alcanzar acuerdos más allá de los procesos habituales de resolución de conflictos es especialmente de
agradecer ese esfuerzo de diálogo y de alcanzar acuerdo. Además, ese acuerdo transaccional creemos que mejora sustancialmente la iniciativa que, en un primer lugar, podía pecar, quizá, de escaso fuste o de escaso contenido. Lo cierto es que la
mediación, el proceso de resolución de conflictos que es el objeto de esta proposición no de ley, es el proceso de resolución de conflictos más usado a lo largo de la historia, y además en unas sociedades cada vez más complejas -ya se ha dicho aquí
a lo largo de las diferentes intervenciones- donde las relaciones sociales y económicas se han complejizado y han llevado también a que se disparen los procesos de judicialización es evidente que promover los modos alternativos de resolución de
conflictos es una manera de rebajar la carga y la presión sobre nuestros juzgados y tribunales y, desde luego, alcanzar un mayor grado de satisfacción por parte de los ciudadanos. Solo un dato, que creo que es suficientemente significativo de la
necesidad que tenemos de promover este tipo de procesos: en España, con casi 50 millones de habitantes, se denuncian cerca de 9,5 millones de litigios al año y en Francia, con 65 millones, apenas llegan a los 6 millones de procedimientos. Por
tanto, como les decía, nos parece que promover estos modos de resolución de conflictos alternativos es absolutamente imprescindible y necesario.
Desde la Ley 5/2012, de 6 de julio, tenemos una normativa que regula a nivel nacional la mediación en el ámbito civil y mercantil que, por otra parte, es la trasposición de una directiva del año 2008 del Parlamento y del Consejo y que
nosotros creemos que es insuficiente. Por eso, nos parece que extender a otros ámbitos -que no estaban contemplados en esta ley- estos procesos de mediación es absolutamente necesario. (Rumores). Pero el éxito de la mediación para nosotros no se
mide exclusivamente en términos cuantitativos, sino también en términos de mejora de la calidad de vida y de relaciones de las personas y de ahí que sea beneficiosa en sí misma la mediación, aun cuando no se logre un acuerdo definitivo y total;
también cuando se alcanzan acuerdos parciales o se mejora la relación entre las partes es evidente que hemos alcanzado un acuerdo positivo. (Rumores). Para nosotros, como les decía, es importante promover la mediación, pero tampoco desconocemos
las dificultades...
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor, silencio!
El señor PRENDES PRENDES: No desconocemos algunas de las dificultades que se tratan de corregir precisamente con esta iniciativa: en primer lugar, el desconocimiento por parte de la mayoría de los ciudadanos de la existencia de estos
procesos de mediación. La mayoría de los ciudadanos, ni siquiera muchos profesionales, conocen la existencia de estos procesos. (Rumores). También es evidente que en algunos países europeos se ha intentado promover esta alternativa con procesos
obligatorios de recurrir a la mediación -se decía también por algún interviniente- y a nosotros nos parece que esa puede ser una vía para explorar precisamente incentivar estos procesos. (Rumores). Sin duda...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor PRENDES PRENDES: Es muy difícil concentrarse. La verdad es que cuando lo ve uno desde aquí aprecia en su magnitud lo difícil que resulta concentrarse con este murmullo, aunque sea al final de la tarde.
En definitiva, vamos a apoyar esta iniciativa, que además formaba parte del pacto de investidura con el Grupo Parlamentario Popular, y ahí está esa medida 137 que precisamente señala potenciar el arbitraje y la mediación otorgando un papel
protagonista a los ciudadanos y asegurando las correspondientes garantías de libertad y de seguridad. No desconocemos las dificultades pero, como les decía, nos parece que es necesario aliviar la carga y la presión sobre los juzgados y tribunales y
aumentar el grado de satisfacción de los ciudadanos haciéndoles partícipes de la solución de los conflictos en que se ven involucrados.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto al señor Lorenzo Torres si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor LORENZO TORRES: Sí, las aceptamos, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En dos minutos comenzará la votación. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE INICIATIVA POPULAR. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY DE MODIFICACIÓN DE LA LEY 39/2006, DE 14 DE DICIEMBRE, DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA, EN MATERIA DE PARTICIPACIÓN EN EL COSTE DE LAS PRESTACIONES Y SERVICIOS
DE LAS PERSONAS BENEFICIARIAS (CORRESPONDE A LOS NÚMEROS DE EXPEDIENTE 120/000031/0000 DE LA X LEGISLATURA Y 120/000001/0000 DE LA XI LEGISLATURA). (Número de expediente 120/000001).
La señora PRESIDENTA: Señorías, va a comenzar la votación.
Votamos la toma en consideración de la proposición de ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el
coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331, más 2 votos telemáticos, 333; a favor, 326, más 2 votos telemáticos, 328; en contra, 5.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS PARA EL CONTROL PARLAMENTARIO DE ACUERDOS PARLAMENTARIOS SIN FUERZA DE LEY. (Número de expediente 410/000005).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados para el control parlamentario de acuerdos parlamentarios sin fuerza
de ley.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332, más 2 votos telemáticos, 334; a favor, 332, más 2 votos telemáticos, 334.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de reforma del Reglamento.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR MATUTE), SOBRE LA CENTRAL NUCLEAR DE SANTA MARÍA DE GAROÑA. (Número de expediente 162/000333).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar el texto de las proposiciones no de ley según lo acordado en el debate. Votamos en primer lugar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señor Matute, sobre la central nuclear de Santa
María de Garoña. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana, el Grupo
Vasco, PNV, y Grupo Mixto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 331; a favor, 205; en contra, 126.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A FOMENTAR LA MEDIACIÓN COMO FORMA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. (Número de expediente 162/000319).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a fomentar la mediación como forma de resolución de
conflictos. La votaremos en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 332; a favor, 304; abstenciones, 28.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta las nueve horas de mañana.
Eran las seis y cincuenta minutos de la tarde.