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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 168, de 22/11/2018
cve: DSCD-12-PL-168
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 168
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 161
celebrada el jueves,
22 de noviembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Decaído del orden del día:
- Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial:
- Propuesta de nombramiento de vocales del Consejo General del Poder Judicial. (Número de expediente 244/000001) ... (Página6)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de
septiembre. ('BOE' núm. 271, de 9 de noviembre de 2018). (Número de expediente 130/000044) ... (Página6)
- Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras. ('BOE' núm. 271, de 9 de noviembre de 2018). (Número de expediente 130/000045) ... (Página18)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 142-1, de 30 de junio de 2017. (Número de expediente 122/000114) ... (Página27)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas:
- Proposición de Ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 152-1, de 8 de septiembre de 2017. (Número de expediente 122/000121) ...
- Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 165-1, de 13 de octubre de 2017. (Número de expediente 122/000132) ...
- Proposición de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 307-1, de 7 de septiembre de 2018. (Número
de expediente 122/000269) ... (Página62)
Declaración institucional:
- Declaración institucional del día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. (Número de expediente 140/000029). ... (Página72)
- Declaración institucional para manifestar el apoyo de la candidatura de las tamboradas rituales del toque del tambor y el bombo, a 'Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad' de la Unesco para el año 2018. (Número de expediente
140/000030) ... (Página73)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página74)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página74)
Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página75)
Votación de conjunto ... (Página76)
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página76)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
La Presidencia informa de que las votaciones no se producirán antes de las tres de la tarde.
Decaído del orden del día ... (Página6)
La Presidencia informa de que la Comisión Consultiva de Nombramientos no ha emitido criterio en relación con la propuesta de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas, por lo que decae el
correspondiente punto del orden del día.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página6)
Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre
... (Página6)
La señora ministra de Hacienda (Montero Cuadrado) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo
Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; las
señoras Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista; y el señor Floriano Corrales, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras ... (Página18)
El señor ministro de Fomento (Ábalos Meco) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario
Ciudadanos; la señora Valido Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y los señores Ramos Esteban, del Grupo Parlamentario Socialista, y Barrachina Ros, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página27)
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente ...
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Rivera Andrés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Alli Martínez y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i Lozano, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Bellido Acebedo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gamazo Micó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página35)
Proposición de Ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas ... (Página35)
En defensa de la enmienda a la totalidad de texto alternativo interviene el señor Alonso Díaz-Guerra, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene el señor González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Replica el señor Alonso Díaz-Guerra y duplica el señor González García.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sorlí Fresquet y el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Urquizo Sancho, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de Ley Orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto ... (Página46)
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Marí Bosó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno en contra interviene la señora Ramos Jordán, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Replican los señores De la Torre Díaz y Marí Bosó y duplica la señora Ramos Jordán.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, las señoras Oramas González-Moro y Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Candela Serna y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal
Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Sumelzo Jordán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página62)
En defensa de las enmiendas a la totalidad de texto alternativo intervienen los señores Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro y los señores Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Lasarte Iribarren, del Grupo Parlamentario
Socialista.
Declaraciones institucionales ... (Página72)
La señora secretaria (Sánchez-Camacho Pérez) da lectura a la declaración institucional del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
El señor secretario (Gordo Pérez) da lectura a la declaración institucional para manifestar el apoyo de la candidatura de las tamboradas rituales del toque del tambor y el bombo a Patrimonio cultural inmaterial de la humanidad de la Unesco
para el año 2018.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página74)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e influir en los
trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés
general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia, se aprueba por 167 votos a favor, 162 en contra y 11 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, se aprueba por 170 votos a favor, 2 en contra y 168 abstenciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página74)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el Texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, se aprueba por 204 votos a favor más 1 voto telemático, 205 y 136 abstenciones más 1 voto telemático, 137.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 337 votos a favor más 1 voto telemático, 338 y 3 abstenciones más 1 voto telemático, 4.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, se aprueba por 193 votos a favor más 2 votos telemáticos, 195; 135 en contra y 12 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 337 votos a favor, y 3 en contra más 2 votos telemáticos, 5.
Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página75)
Sometidas a votación las enmiendas a la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del
abandono del lugar del accidente, son rechazadas todas.
Sometido a votación el dictamen de la comisión, se aprueba por 269 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones.
Votación de conjunto ... (Página76)
Sometida a votación de conjunto, por tener la iniciativa carácter de ley orgánica, se aprueba por 273 votos a favor más 1 voto telemático, 274; 64 en contra más 1 voto telemático, 65, y 2 abstenciones.
Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) ... (Página76)
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 143
votos a favor, 173 en contra más 2 votos telemáticos, 175 y 23 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, se rechaza
por 167 votos a favor y 172 en contra más 2 votos telemáticos, 174.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, se rechaza por 166 votos a favor y 173 en contra más 2 votos telemáticos, 175.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo
Parlamentario Popular en el Congreso, se rechaza por 165 votos a favor y 173 en contra más 2 votos telemáticos, 175.
Sometida a votación la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos, se rechaza por 32 votos a favor, 305 en contra más 2 votos telemáticos, 307 y 1 abstención.
Se levanta la sesión a las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
La presente sesión plenaria incluye el debate y aprobación del dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de imprudencia en la conducción de
vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. Por tener carácter de ley orgánica esta iniciativa tiene que ser sometida a una votación final, que de conformidad con el artículo 131.2 del Reglamento debe ser
anunciada con antelación por la Presidencia. Por ello, en cumplimiento de esta disposición, les anuncio que las votaciones no se producirán antes de las quince horas.
DECAÍDO DEL ORDEN DEL DÍA:
- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL:
- PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL. (Número de expediente 244/000001).
La señora PRESIDENTA: Asimismo les informo de que la Comisión Consultiva de Nombramientos no ha emitido criterio en relación con la propuesta de nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial por el turno de juristas.
En consecuencia decae el punto del orden del día correspondiente.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 17/2018, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, DE 24 DE
SEPTIEMBRE. (Número de expediente 130/000044).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos, señorías, con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes, y en concreto con el Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el texto refundido
de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre. Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora
ministra de Hacienda.
Adelante. (Rumores). Les ruego silencio, señorías.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Me dirijo al Pleno de la Cámara en la mañana de hoy para someter a la consideración de sus señorías el Real Decreto-ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley sobre el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados. Recordarán que se trata de un real decreto-ley que aprobamos en el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre para responder, dar satisfacción, para de alguna manera tener la capacidad política de intervenir en todo el proceso que
se había abierto con motivo de la inquietud generada por la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de noviembre.
Señorías, es de todos conocida esta sentencia por la que el pleno de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo obligaba a la ciudadanía a asumir el pago de este impuesto, cambiando de manera sorpresiva, a mi criterio, el que había sido
hasta la fecha el criterio de la sentencia previa del mismo tribunal, que había establecido que era la entidad bancaria la que debía hacer frente al mismo. Es una obviedad -pero siempre es bueno repetirlo- que respetamos escrupulosamente las
decisiones judiciales, como lo es también remarcar precisamente en este Pleno la separación de poderes. Pero ello, señorías, no impide que como Poder Ejecutivo tuviésemos la responsabilidad de aquilatar el texto legislativo para no generar
inseguridad jurídica. Tienen que recordar que se había producido un freno, una parada en la firma de las hipotecas con motivo de la inseguridad que se había generado con las sentencias contradictorias. Igualmente, señorías, tampoco queríamos dejar
la norma al albur interpretativo que se pudiera hacer en cada caso. Por tanto lo que pretendemos con este real decreto-ley es garantizar desde su publicación que el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados correspondiente a la firma de
las hipotecas le corresponde a los bancos.
Este real decreto no tiene solo como objetivo tranquilizar a la ciudadanía, tras la alarma generalizada, aunque hubiera podido ser legítimo, sino también garantizar las condiciones y las reglas del juego del mercado inmobiliario, ...
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): ... que también, señorías, se estaba viendo interpretado por distintas situaciones, y por tanto perjudicado en su desarrollo habitual. Tengan en cuenta que el mercado hipotecario es un
sector muy relevante de la economía española, y que no se podía continuar operando en las circunstancias que emanaron de estas decisiones. También es conveniente que tengamos en mente que en las transacciones hipotecarias se produce o se establece
la elevación a escritura pública como elemento esencial del préstamo que se suscribe. Y es esta elevación a escritura pública, que interesa especialmente al prestamista -que a través de este documento exige al que le ha prestado el dinero que se lo
devuelva en las condiciones que se habían pactado-, la que conlleva el devengo del impuesto del acto jurídico documentado. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un momento, señora ministra.
Señorías, le ruego silencio, por favor. Continúe.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Gracias, señora presidenta.
Por ello, señorías, como le interesa fundamentalmente al prestamista, porque a través de este documento es como se establecen las condiciones para que se pueda devolver el dinero que previamente se ha prestado, es por lo que entendemos que
la principal interesada en esta operación es la entidad financiera, y por tanto es quien tiene que hacer frente a este impuesto.
Señorías, el real decreto-ley no establece más cambio que este, que no por concreto es menos importante para la seguridad jurídica de todas las partes a partir de ahora. La necesidad de hacer esta modificación legislativa mediante un real
decreto-ley viene justificada por la urgencia derivada de la situación de incertidumbre que se generó tras la sentencia del Tribunal Supremo. Pueden ustedes consultar cualquiera de las estadísticas que se publicará en los próximos meses sobre
cuántas son las escrituras que se habían elevado, y cuántos son los movimientos hipotecarios que se habían producido, porque efectivamente se produjo un frenazo en la tramitación de estos documentos con motivo de la duda a propósito de quién tenía
que hacer frente a este gravamen o a este impuesto. Por eso era urgente y era necesario que la fijación del marco jurídico fuera clara, para que esta actividad mercantil cotidiana, que supone la suscripción del contrato, tuviera unas reglas claras,
y por tanto todas las partes que intervienen supieran de sus derechos, pero también supieran de sus obligaciones; un marco claro jurídico para la ciudadanía en relación con el sistema bancario, y también en relación con la propia Administración
pública; es decir, con aquel ciudadano que quiere tener sus impuestos al día y que no
tenga ninguna duda de quién es aquel que tiene que hacer frente a la elevación de la hipoteca con el acto jurídico documentado.
Sí me gustaría aclararles, señorías, aunque no se recoge en el real decreto-ley, pero ha sido objeto de discusión política o de opinión por parte de los grupos parlamentarios, ya que es una inquietud de una parte de este Pleno, que no fue
posible establecer en el real decreto-ley la retroactividad de la norma, porque como ustedes bien saben el Código Civil fija con carácter general que las normas no tienen efecto retroactivo, porque implicaría hacer frente a situaciones jurídicas ya
pasadas que se regían por una norma entonces vigente, y eso afectaría al principio de seguridad jurídica que se recoge en la Constitución, en el artículo 9.3. Muy especialmente no se les escapa que la retroactividad en las leyes, que se aplica con
carácter excepcional, no es posible hacerlo en este caso. Justamente en materia fiscal las sentencias del Tribunal Constitucional son especialmente claras: que no se puede aplicar esta retroactividad cuando hay un tercero obligado al pago o cuando
hay un tercero que tiene que hacer frente, de forma retroactiva, al pago con el conjunto de la Administración pública, que es la que tiene que exigir ese impuesto. Por tanto, señorías, no siendo posible la aplicación de la retroactividad, el cambio
legal solo puede tener efecto una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado.
Saben también que vamos a estar vigilantes para que no se repercuta el pago de este impuesto a la ciudadanía. Para ello, señoría, apelamos en primera instancia, como en cualquier norma, como en cualquier juego democrático, a la
responsabilidad de aquellos que intervienen, y básicamente en esta ocasión a la responsabilidad del sector financiero. Si a ello se suma el hecho de que el mercado hipotecario es muy competitivo -por tanto el libre mercado en esta circunstancia
opera de especial manera- entendemos que la ciudadanía no se va a ver afectada. Habrá entidades financieras que evidentemente ofrezcan unas condiciones para la suscripción de la hipoteca que evidentemente tendrán mejores ventajas, y los ciudadanos
se inclinarían en su consumo de forma habitual por ella. En consecuencia, señorías, y sobre todo aquellos que queden de forma taxativa en las reglas del libre mercado saben que este tipo de movimientos se absorben por parte de las entidades
financieras, para que no se produzca una repercusión y para que cada uno, en la oferta de condiciones, sea capaz de establecer qué límites o partes les parecen más importantes a la hora de entenderse con el posible cliente. No obstante, y para
velar de una forma más celosa por esta cuestión, el Ministerio de Economía trabaja para crear a la mayor brevedad la autoridad de protección de los clientes financieros, que se encargaría entre otras cuestiones de evitar estas cláusulas abusivas por
parte de las entidades financieras.
Termino, señorías, solo con dos apuntes a propósito de la modificación que traemos hoy a convalidación. El primero, el que se refiere a las excepciones que se establecían previamente, también a la hora de suscribir la elevación de la
escritura a través del devengo del impuesto del acto jurídico documentado. Básicamente en todas las entidades todas las circunstancias que se habían exceptuado anteriormente en la firma del convenio -hipotecas de administraciones, hipotecas de
entidades sin ánimo de lucro, de la iglesia, o de cualquier otra que vele por el bien común- se entiende que quedan igualmente exceptuadas, de manera que no cambia nada respecto a la norma anterior. Y en segundo lugar, también quisiera dejar claro,
señorías, que la norma no da lugar a la dudas: efectivamente todos y cada uno de los prestamistas de las entidades financieras que conceden el préstamo tienen que hacer frente al devengo del impuesto o, dicho de otra manera, no hay excepcionalidad
para que ningún prestamista no abone este impuesto, salvo en aquellas circunstancias como les decía anteriormente que ya previamente estaban exceptuadas por la ley, y que no tienen que ver con quién es el prestamista, sino con quién es la persona
jurídica o física que en este caso recibe el dinero o el préstamo.
Así pues, señorías, espero y deseo que la convalidación de este decreto-ley cuente con la aceptación de la mayoría de los grupos parlamentarios, porque creemos que expresa el mismo sentir y opinión de los diferentes grupos políticos, al
menos eso entendemos por la reacción que se produjo tras la sentencia. Sería muy interesante, y más en el día de hoy, que este Parlamento tuviera la capacidad de aprobar este real decreto-ley por unanimidad, de manera que tengamos un criterio común
a la hora de interpretar una norma que, como digo, ha sido controvertida y para que todos los condicionantes que han ido recogiendo esta situación vuelvan a un marco de interpretación legal, tal como entendemos desde el Gobierno que se tiene que
plantear, en donde son las entidades financieras las que hacen frente a este impuesto en beneficio de los clientes hipotecarios que en esta circunstancia, a partir de su publicación en el BOE, ya no tienen que hacer frente al acto jurídico
documentado, circunstancia, señorías, que esperemos que también contribuya a la movilización del sector inmobiliario, porque sin duda es un importante motor en el desarrollo económico. Es bueno y conveniente que se produzcan movimientos de
compraventa de
vivienda, porque eso expresará que las familias tienen una mayor capacidad de renta y también que tenemos una economía dinámica en la que este tipo de actividad no solamente tiene un hueco importante, sino que igualmente dinamiza nuestro
tejido productivo, de valores y de mercado.
Así pues, señorías, invitándoles a que voten favorablemente, estas son las circunstancias y los argumentos por los que el Gobierno decidió tramitar este real decreto-ley, sin duda dando respuesta a la inquietud, a la inseguridad, pero
también a la expectativa ciudadana que la mayoría de las persona han manifestado, esperando que los políticos nos ocupemos realmente de los problemas que afectan a la gente de la calle, y olvidemos la crispación y las discusiones, y seamos capaces
al menos en una materia como esta de expresar unanimidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
En el turno de fijación de posiciones, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra de Hacienda. Estamos ante una convalidación que es producto de la controvertida actuación del Tribunal Supremo a cuenta de la interpretación de unos procedimientos que datan de los tiempos en los que también
gobernaba el Partido Socialista sobre los llamados gastos hipotecarios. En Foro nos parece bien que se busque claridad a la vista de la inseguridad jurídica creada por las palmarias dificultades de interpretación de la normativa, y especialmente en
defensa de los consumidores que acceden a un préstamo hipotecario y que hasta la fecha venían haciéndose cargo de los gastos de tasación, notaría, Registro de la Propiedad, gestoría, y en materia tributaria del impuesto de actos jurídicos
documentados. Sin embargo no nos ha parecido apropiado el boato propagandístico del presidente del Gobierno promoviéndose como paladín de una reforma para la que el Legislativo, del que él mismo llegó a formar parte, no encontró momento tras más de
dos décadas de vigencia. No consta tampoco que el economista Pedro Sánchez se preocupase por mejorar las condiciones hipotecarias que antaño asumían los clientes de Caja Madrid, aunque él sí que las obtuvo más ventajosas por su calidad de miembro
de la Asamblea General.
Señorías, apoyaré la convalidación y también que se tramite como proyecto de ley para tratar de evitar que por diversas vías se le acabe endosando al consumidor el equivalente al impuesto hipotecario, que a nuestro juicio debería ser
suprimido. Por cierto, hoy en Asturias ya nos anuncian el Partido Socialista e Izquierda Unida al alimón una próxima subida del impuesto de actos jurídicos documentados. Dale que te dale a la manivela de la fiscalidad.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el mismo grupo, tiene la palabra señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en Unión del Pueblo Navarro creemos que la manera más eficaz y más segura de evitar que los bancos repercutan el coste de este impuesto a los prestatarios hipotecarios sería al menos establecer un tipo cero cuando estos
suscriban un préstamo hipotecario para la compra de su vivienda habitual, su primera vivienda. Es lo mismo que vamos a plantear en la modificación del impuesto foral que hoy mismo se debate en la Cámara en Navarra. Nosotros tenemos muchas y serias
dudas de que este real decreto-ley, apresurado e incompleto, pueda obtener por sí solo y con este texto la finalidad que todos deseamos. ¿Ingresarán los bancos el impuesto? Sí. Pero, ¿van a asumir un compromiso de no repercutirlo? No, ni se
sanciona si lo hacen, y además no es ilegal hacerlo. Por tanto este real decreto deja más incógnitas que garantías. Como decía, ¿lo repercutirán a los clientes, serán responsables, lo harán aplicando en toda España el tipo máximo autonómico del
1,5 %? ¿El cliente navarro que antes pagaba el 0,5 % pagará el 1,5 % de forma diferida? ¿Le repercutirán los bancos el 1,5 %, que es el máximo, armonizado en su caso, pero el banco ingresará el 0,5 %? Muchas dudas. ¿Qué hará la autoridad de
protección: sugerencias? ¿Cómo lo controlará? ¿Tendrá capacidad sancionadora? Quien antes lo pagaba directamente pero tenía unas bonificaciones -familias numerosas, jóvenes, personas con discapacidad-, ¿lo pagará ahora de forma diferida, más
cara y sin ellas?
Señorías, las prisas y la demagogia son malas consejeras y el populismo legislativo de alguna manera también. A nosotros desde luego nos preocupa esta legislación y nos gustaría que se corrigieran todas estas dudas e incógnitas con su
tramitación como proyecto de ley. En función de eso nosotros creemos que en ese caso y con esos cambios podría garantizar los objetivos que se propone. También le digo que lo vamos a pedir y en función de ello fijaremos nuestra posición.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Egun on. Gracias, señora presidenta.
Nosotros partimos de que la banca nunca pierde. Por tanto pensar que no nos lo va a repercutir es de ingenuos. Buscará cómo hacerlo. Por tanto hay que terminar con ese círculo vicioso en el que quienes legislan lo hacen siempre a favor de
la banca, y les permiten que presenten un sinfín de cláusulas abusivas y no actúan contra ellas. Lo hacen, eso sí, cuando desde los tribunales se les afea la conducta, después de que la ciudadanía se tiene que defender ante los jueces para
reivindicar sus derechos, y entonces lo hacen normalmente a regañadientes, tarde y de manera parcial. Esa es la dinámica perversa que tiene que cambiar, y no responder ahora de manera precipitada para acallar las críticas de un fallo cuyo problema
no es solo lo que ha sentenciado, sino que se haya actuado para que cambie su propia doctrina, hecho que ha ahondado en el descrédito de la justicia española.
La cuestión del impago del impuesto podríamos decir que es una anécdota en ese mar de cláusulas abusivas que se le permiten a la banca. Tienen que dejar de legislar a favor de la banca; tienen que actuar como les corresponde en la defensa
de las personas consumidoras, porque tener una vivienda, un lugar en el que vivir es un derecho básico que las leyes y las actuaciones de los bancos hoy en día están negando y obstaculizando. Me atrevo a decir que el impuesto, tal y como estaba
redactado, pero con la salvedad que establecen hoy en día las diputaciones vascas -dejando exento de su pago la primera vivienda-, protege más a la ciudadanía que un cambio puntual como este, si no viene acompañado de reformas de calado y de una ley
de crédito hipotecario a favor de las personas, y que impida dejar en la calle a miles de personas, como ocurre en la actualidad. Si quieren ser creíbles traigan a votación una ley que acabe con esta sangría, y que ponga el derecho a la vivienda en
el centro. Euskal Herria Bildu se abstendrá.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Quiero anunciar, señor ministra, que Compromís votará a favor del decreto. Entre otras cosas que haya un nuevo Gobierno puede servir como una ventana de oportunidad para aprobar esta y otras leyes más ambiciosas que protejan a los
ciudadanos. Votaremos a favor, pero también le recordamos que antes de que el Tribunal Supremo reconsiderara su decisión, aquí, en sede parlamentaria, desde allá arriba, yo le dije al presidente que lo cambiara, simplemente que hiciera lo que están
haciendo ahora. Siempre nos quedará la duda de si se hubiera hecho antes el tribunal se hubiera atrevido a reconsiderar esa solución, y probablemente algunos ciudadanos podrían tener derecho a recobrar los gastos que hicieron en su momento.
Siempre nos quedará la duda. Pero en todo caso votaremos a favor y les animamos a que hablemos menos de elecciones y más de la ventana de oportunidad que se ha abierto en este Parlamento, a pesar de la crispación de algunos, para poder hacer muchas
más cosas. Esta es tímida; probablemente los bancos la repercutan, pero si somos valientes seremos capaces de hacer muchas más cosas. Por tanto menos elecciones y más acciones, por favor.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Señora ministra, señorías, ya les avanzo que nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto, y también vamos a solicitar su tramitación como proyecto de ley. Creo que también es bueno que desde esta tribuna se haga
un poco de autocrítica por todo lo ocurrido en este asunto, porque
la sobreactuación del presidente del Gobierno presentando un real decreto para modificar el artículo del contribuyente en actos jurídicos documentados fue de libro, porque la verdad es que alguien se pregunta: ¿y por qué no lo hicieron
antes? ¿Por qué no lo hicieron antes, cuando sabían que el artículo del reglamento estaba dando todas estas interpretaciones? También es de libro lo que estamos oyendo a lo largo de estos últimos días por parte del Partido Popular y otros de sus
socios de presupuestos: que lo que hay que hacer es quitar el impuesto. Uno se pregunta, ¿y por qué no lo quitaron en los últimos Presupuestos Generales del Estado? ¿O por qué no lo quitaron a lo largo de estos últimos años, cuando a quien lo
pagaba no se le repercutía, cuando quien lo pagaba era el propio prestatario?
En todo caso, señora ministra, también tenemos dudas, porque creo que introducen una novedad. Este es el primer impuesto que no va a ser deducible del impuesto sobre sociedades, más allá del propio impuesto sobre sociedades, cosa que nos
crea alguna duda y que supongo que alguien nos explicará, porque si no vamos a tener que enmendarlo, pero no para que los perversos bancos no se lo puedan deducir, sino por un tema de coherencia legislativa y tributaria: o hay algunos impuestos que
no son deducibles o todos son deducibles, pero eso de exceptuar este caso nos genera muchas dudas, simplemente desde el ámbito de la técnica tributaria.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Egun on, buenos días. Ministra, señorías, este real decreto, como bien ya se ha dicho, tiene por objeto modificar el texto refundido de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Un real decreto que
es la respuesta al caos jurídico que ha protagonizado el Tribunal Supremo a tenor de la decisión de a quién correspondía pagar el impuesto de actos jurídicos. Un real decreto que a lo mejor puede ser que se haya tramitado de forma un tanto rápida y
algo improvisada a nuestro juicio, ya que entendemos que hay ciertas lagunas que pueden quedarse sin resolver, como puede ser la subrogación, la novación o la sucesión del crédito, algunas bonificaciones y reducciones que existen sobre el impuesto
para determinados colectivos, su aplicación o no a las cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Tampoco se establece diferenciación alguna en torno al concepto de vivienda, que a lo mejor requerirá su tramitación como proyecto de ley.
Como ustedes saben nosotros en Euskadi tenemos normativa propia, y en base a la misma no hemos tenido este problema principalmente porque la vivienda habitual está exenta de este tributo. Sin embargo en la adquisición de segunda vivienda y
sucesivas tenemos que decir que el sujeto pasivo en este caso es el prestatario y no el prestamista. Nuestra situación tiene un encaje global con nuestro propio IRPF, ya que mantenemos la deducción por vivienda habitual.
Por todo ello este grupo no va a entrar en un análisis más riguroso ni por el uso de la figura del real decreto-ley ni tampoco sobre el fondo del asunto, porque los territorios forales tenemos capacidad normativa en este impuesto, impuesto
concertado en normativa autónoma, en virtud del concierto, y es a las diputaciones a las que corresponderá tomar cualquier decisión acerca del mismo. Por lo tanto este grupo se abstendrá en la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.
Buenos días, ministra, diputades i diputats. El Banco Santander no ve ninguna razón para que el impuesto de las hipotecas sea retroactivo. El futuro presidente de BBVA sobre el impuesto a las hipotecas: 'No se puede penalizar a quien ha
cumplido la ley'. Bankia confía en que la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas no sea retroactiva. El número dos de CaixaBank pide que los bancos no sufran un impacto económico con el impuesto de las hipotecas. El presidente
del Sabadell espera que el Supremo dé marcha atrás en el impuesto de las hipotecas por la banca. La jefa de Bankinter: Los bancos no hemos influido en la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas. Esto que acabo de leer son
titulares de prensa de antes y después de que el presidente de la Sala contencioso-administrativa del
Supremo emitiese una nota informativa resolviendo que dejaba sin efecto la sentencia de la Sala segunda del mismo tribunal, que veinticuatro horas antes había resuelto que debía recaer en los bancos abonar el impuesto sobre los actos
jurídicos documentados. Se justificaba esta decisión en la repercusión económica y social que podría tener la sentencia.
Esto es un escándalo en toda regla, señoras y señores. Un escándalo que en una democracia mediana, normalita, hubiera hecho que toda la cúpula judicial dimitiera inmediatamente. De hecho ha sido este cambio de criterio, inédito en toda la
historia judicial democrática del Estado, lo que realmente ha provocado alarma social en un país donde los poderosos, gobierne quien gobierne, siempre ganan. La percepción que ha quedado entre la ciudadanía después de todos estos acontecimientos es
que la banca siempre gana, que la presión de las entidades financieras y las llamadas desde determinados despachos provocaron una frenada en seco del Tribunal Supremo en solo veinticuatro horas, un acontecimiento muy grave en un Estado de derecho.
Esquerra Republicana cree que son los bancos los que deben pagar el impuesto y que ya basta de la impunidad de la que han gozado durante todos estos años. Estamos también a favor de que paguen la retroactividad del impuesto.
Queremos recordar que, durante el rescate bancario, se inyectaron 60 000 millones de euros a las entidades bancarias de este país, que se comprometieron a devolver dicho dinero y que no lo han hecho a pesar de que las ganancias de estas
entidades han superado -y de largo- esta cifra. Lamentamos además la reacción de algunas de ellas cuando han afirmado que, aunque se les haga pagar este impuesto, lo repercutirán en los ciudadanos para que no merme sus beneficios. ¡Qué cara más
dura! ¡Qué cara más dura! Podemos poner cifras para dar luz a este despropósito. Los seis principales bancos españoles han declarado unos beneficios netos de 13 900 millones de euros desde enero a septiembre de este año, mientras que se calcula que
asumir el coste del impuesto costaría 640 millones de euros.
Vamos a dar apoyo a este real decreto-ley por convicción, aunque también entendemos que el Gobierno del PSOE ha actuado con cierto oportunismo. Nos preguntamos por qué, por ejemplo, no han reaccionado con tanto ímpetu ante otras
afectaciones que sufren los ciudadanos ante el poder de los bancos. ¿Por qué no resuelven de una vez el colapso de los juzgados por las cláusulas suelo? Hay miles de personas que llevan meses esperando resolución y que siguen pagando de más. ¿Y
las medidas legislativas para frenar el IRPH dónde están?
Acabo, presidenta. Como he dicho antes, vamos a dar apoyo a este real decreto-ley y solicitamos que se tramite como proyecto de ley para presentar enmiendas en algún tema que no nos queda claro, como por ejemplo cómo quedan las cooperativas
de crédito.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Girauta Vidal.
El señor GIRAUTA VIDAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, antes de empezar, déjeme que le diga, ministra, que estamos muy contentos de verla por aquí pero nos gustaría que estuviera aquí siempre que le corresponde y siempre que sea su obligación hacerlo.
La sentencia del Tribunal Supremo ha provocado evidentemente una conmoción social -y creo que en eso estamos todos de acuerdo-, junto con un cierto bochorno y descrédito, especialmente explotado por algunos que aprovechan este tipo de
fallos, y no me refiero al fallo judicial sino al error. Un error que fue admitido por el propio presidente del Tribunal Supremo. Por lo tanto, cuando fue la máxima instancia de ese poder quien reconoció que eso no se había gestionado bien, no
seremos nosotros quienes lo neguemos. No se ha hecho bien.
En el fondo existe un problema de indefinición legal, llevamos muchos años con una norma que no es clara y con otra norma reglamentaria que interpreta -según ahora sabemos por los jueces- de manera irregular o injusta aquella ley de rango
superior. Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo pero encajaría poco con la realidad si la imagen que surgiera, la imagen que proyectáramos sobre la opinión pública española fuera la de que hay un acuerdo unánime sobre que esto se ha hecho
mal y sobre que hay ganas de hacerlo bien. Bueno, sí, todos tenemos ganas de hacerlo bien, no vamos a juzgar intenciones, pero no todos venimos del mismo sitio y de hacer lo mismo ni todos demostramos la misma coherencia. Permítanme recordar que
algo de cinismo existe en esta Cámara. El bipartidismo no ha movido una coma en veintitrés años sobre esta ley de difícil interpretación por su ambigüedad. El programa marco de Podemos en las elecciones autonómicas de 2015 preveía subir el
impuesto de actos jurídicos
documentados. Con la mejor de las voluntades e incluso aceptando que ahora ustedes digan que quieren hacer lo que dicen que quieren hacer por una convicción profunda, reconozcan que el hecho de que quisieran subir ese impuesto y lo llevaran
en un programa marco de las autonómicas les resta alguna credibilidad. Reconózcanme eso al menos, ¿no? (Aplausos). Pero es que en 2012 el Partido Socialista e Izquierda Unida subieron el impuesto de actos jurídicos documentados en Andalucía del 1
% al 1,5 % y en 2013 el Partido Popular, con mayoría absoluta en la Comunidad Valenciana, subió el impuesto que ahora quiere suprimir del 1 % al 1,5 %. Por cierto, eso de querer suprimir un impuesto y además hacerlo de esta forma tan entusiasta
¿solo les ocurre cuando se trata de impuestos a la banca? Porque mientras no ha sido a la banca, nadie se acordaba de eso. Es curioso, en el momento en que el impuesto es sobre la banca ustedes sienten una necesidad de suprimirlo inmediatamente.
Reconózcanme todos los que he citado que tampoco gozan de una plena y absoluta credibilidad.
Seguimos. En 2015 Podemos y el Partido Socialista subieron el impuesto de actos jurídicos documentados en Aragón del 1 % al 1,5 %. Eso del 1 o el 1,5 es mucho y lo digo porque ahora, cuando tenga un momento para hacer una pequeña
comparativa sobre los principales países de nuestro entorno, verán que eso es mucho dinero. Es injusto también comparativamente porque hay países comparables a nosotros donde este impuesto no existe y porque hay países donde este impuesto es del
0,05 %.
Respecto a las comunidades autónomas de régimen común, los más bajos son los de Canarias y Madrid, con el 0,75 %, que es muy alto comparativamente con países de nuestro entorno. Es decir, los más bajos son altos.
La tendencia, de todos modos, si observamos el conjunto de las comunidades y el tiempo de aplicación, ha sido la de igualar tipos hacia el 1,5 %. Así que, para que la gente lo pueda visualizar mejor, si nos vamos, por ejemplo, al régimen
fiscal de Valencia, puede costar 3000 euros por una hipoteca de 200 000 euros o 1500 euros en Madrid por una hipoteca de 200 000 euros. A este cierto cinismo le añadiría poco cuidado -no quiero usar la palabra chapuza porque como aquí ayer los
ánimos se calentaron mucho quiero tener mucho cuidado- o que no fueron del todo cuidadosos. ¿Por qué? Por la más que probable inconstitucionalidad en la negativa del gasto deducible en el impuesto sobre sociedades. El Gobierno se dejaba en este
real decreto ley fuera a las cajas de ahorros y si no fuera por la enmienda que nuestro compañero Francisco de la Torre introdujo en la ponencia de la reforma de la Ley hipotecaria, se habría perpetuado este privilegio, que es un privilegio
incompatible con la mínima igualdad de competencia.
También les diría que hay mucha improvisación porque España ha soportado veintitrés años este impuesto. Como el tiempo se acaba, me voy directamente a la comparativa, que es la mejor manera de entender hasta qué punto esto tiene o no tiene
sentido. En Reino Unido no existe, en Holanda no existe, en Alemania no existe y si nos vamos a las cantidades sobre una hipoteca de 200 000 euros, en España se pagan 2800; en Portugal, que es el siguiente, 1200; en Italia se pagarían 500 euros y
en Francia, 120 euros. En todo caso, lo que queremos es liberar a las familias no solo de esta carga sino de la carga menos visible y menos cuantificable de un régimen poco transparente. Nosotros vamos a votar a favor de la convalidación del real
decreto-ley porque el mercado hipotecario español no soportaría, no aguantaría otro cambio de criterio; vamos a votar a favor, pero vamos a pedir su tramitación como proyecto de ley. Solo les digo que nos alegramos mucho de que todo el mundo esté
ahora con esto, pero que cada cual tiene el historial que tiene y que eso también es bueno contárselo la gente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidenta.
Ministra, hace poco meses, cuando en esta misma tribuna defendíamos la toma en consideración de la ley de vivienda de la plataforma de afectados por la hipoteca, ya denunciamos los años de retraso que lleva esta Cámara en lo que se refiere a
modificar una legislación hipotecaria que sobreprotege descaradamente los intereses de las entidades financieras frente a los derechos de aquellas personas que firman una hipoteca para acceder a una vivienda. Hoy, volvemos aquí a decir algo muy
parecido, en el día que el Gobierno le pide al Congreso que convalide el real decreto de modificación de la Ley del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, que dice, por fin, que este impuesto deben pagarlo los
bancos. El problema es que, como siempre, a pesar de que la ministra dice ahora que hay mucha urgencia, ustedes van con muchísimo retraso porque hace ya ocho meses que
nuestro grupo parlamentario propuso que se modificase esta ley para que este impuesto lo pagase la banca. ¿Qué nos decía entonces el PSOE? Pues que no. ¿Qué nos decía el PP? Pues que no. ¿Qué decía Ciudadanos? Que no. ¿Qué decían el
PNV y el PDeCAT? Pues que no y que no. Paradojas de la vida, ¿verdad? Para unas cosas tan lejos y, en cambio, cuando se trata de blindar los privilegios de la banca, todos tan cerca y todos tan de acuerdo. (Aplausos).
Ahora, en cambio, esos mismos grupos que durante ocho meses nos decían que no, se indignan, se exclaman, todos son promesas, pues, señorías, permítanme la expresión, pero es que con esta historia se les ha visto el plumero a todos, a todos.
Solo se han movido cuando estalló el escándalo del Supremo y cuando han visto que la indignación de la gente les podía responsabilizar también de esta injusticia, pero la realidad es que cuando ustedes tenían que haber dado la cara por la
ciudadanía, no la dieron. Además, no solo van con retraso, sino que encima han elaborado ustedes un decreto que sigue intentando cubrirles las espaldas a los bancos todo cuanto pueden, porque si no explíquennos por qué el Gobierno ha decidido que
en este real decreto se diera un nuevo beneficio fiscal a la banca y se la exima de pagar el impuesto cuando las hipotecas se concedan al Estado, a la Iglesia, a un partido político o a una ONG. Nosotras creemos que es el banco el que debe pagar
los impuestos en todas las constituciones de las hipotecas y, sin embargo, ustedes les eximen en esos casos. Además, por qué se prevé que la banca pueda deducirse el tributo en el impuesto de sociedades en lo que resta de año. La banca debería
haber afrontado el cien por cien del impuesto desde el minuto cero de su aprobación. Pero la cosa aun empeora porque no han querido plantear la retroactividad de esta modificación legal, lo que significa, por desgracia, que hasta que la justicia
europea venga y diga lo contrario, nadie le va devolver a esas personas lo que han pagado de más estos últimos cuatro años. A todas ellas el Gobierno les debe disculpas por no querer hacerlo. La verdad es que nada de esto nos sorprende ya porque
lo que ha pasado con este impuesto durante ocho meses o lo que está pasando con la nueva Ley hipotecaria que se está tramitando en esta Cámara, donde en cuestiones clave PP, PSOE, PNV y PDeCAT se ponen de acuerdo una y otra vez, es algo que ya
conocemos y que, por desgracia, ya hemos sufrido muchas veces. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): La rueda de la burbuja inmobiliaria, la que alimenta a un sector financiero depredador, la que empuja a la especulación y la que deja el derecho a la vivienda en segundo, tercero o cuarto lugar no se
alimenta sola, requiere de una legislación que la fomente y que la proteja, requiere de partidos políticos que por acción o por omisión permitan que en esta Cámara no se haga ningún cambio sin antes consultarlo con los que siempre han decidido.
Hace tan solo diez años sufríamos de forma brutal las consecuencias de esas políticas: cientos de miles de desahucios, familias estafadas, cláusulas suelo, preferentes, rescates bancarios, recortes de servicios públicos, y después de esa burbuja
nos trajeron la precarización del alquiler, la privatización de las pocas viviendas públicas que teníamos en este país, la alfombra roja para los fondos buitre, que ahora, por cierto, amenazan al Gobierno para que incumpla su compromiso de que los
ayuntamientos puedan limitar las subidas abusivas de los alquileres. ¿Y cuál es el resultado de esa rueda? El resultado es que hoy, diez años después, el alquiler es tan caro y tan inestable que la gente se está volviendo a hipotecar. Los precios
de las hipotecas vuelven a subir y todo eso pasa sin que en esta Cámara se haya modificado la ley para evitar que quien no pueda pagar su hipoteca acabe en la calle y con una deuda impagable. Todo eso pasa diez años después; seguimos igual.
Por eso este real decreto que nos presentan hoy no es nada mejor que un parche; un parche que funciona en dos direcciones: por un lado, sirve para tapar las vergüenzas de la mayor parte de los miembros de esta Cámara que durante ocho meses
han mirado para otro lado y, por otro, es un parche también porque sirve para dar una solución diminuta a un problema muchísimo mayor. Porque se puede legislar para intentar ganar un titular, pero está claro que la ciudadanía exige reformas de
fondo que garanticen el derecho a una vivienda digna; reformas, por cierto, como las que constan en nuestro preacuerdo de presupuestos que revierten los recortes en vivienda y que permiten que los ayuntamientos empiecen a pinchar la burbuja del
alquiler; reformas también como las que hay en las enmiendas de mi grupo a la ley de crédito inmobiliario que le recordamos la semana pasada una vez más: dación en pago, ni un desahucio sin alternativa habitacional y evitar el presumible aluvión
de desahucios que se viene si esa nueva ley sirve para blanquear los abusos de la banca. Eso y no parches es lo que pide la ciudadanía.
Hoy votaremos que sí, pero también les decimos claramente que ni es suficiente esta norma ni creemos que el Gobierno esté haciendo lo necesario para aprobar una nueva ley hipotecaria que garantice
el derecho a una vivienda digna y que proteja a la ciudadanía frente a los abusos bancarios. En esta misma línea, quiero hacer una reflexión sobre el preacuerdo de presupuestos que su Gobierno pactó con nuestro grupo parlamentario. A ratos
parecen ustedes querer renunciar a un acuerdo que, entre otras muchas cosas, incluye no solo una ambiciosa reforma en materia de alquiler que necesitamos como el aire sino también un aumento del 38 % en el presupuesto para vivienda, que es
absolutamente imprescindible para que podamos empezar a recuperar el terreno que el PP le ha regalado a los buitres durante sus años de Gobierno. Así que dejen de pensar en el cálculo electoral y pónganse a trabajar de verdad para conseguir los
apoyos necesarios porque es su responsabilidad y demasiadas veces parece que esto no va con ustedes.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidenta.
Señorías, existen argumentos de peso para que esta Cámara vote a favor de la convalidación de este real decreto-ley. Pretende cerrar un debate social abierto que es de urgente necesidad, es claro y es sensato. El Grupo Parlamentario
Socialista quiere insistir en las razones que lo justifican, pero también poner en valor la eficaz actuación del Gobierno a la hora de dar una respuesta rápida a una situación sobrevenida de gran incertidumbre y de inseguridad jurídica en el mercado
hipotecario.
El pasado día 6 de noviembre la mayor parte de la ciudadanía conocíamos con sorpresa y preocupación una nueva resolución judicial por la que el Tribunal Supremo cambiaba de criterio en menos de dos semanas. Se contradecía a sí mismo
poniendo en riesgo su propia credibilidad con respecto a quién debía hacerse cargo del pago del impuesto por registrar un préstamo hipotecario, es decir, sobre quién debía pagar el impuesto sobre actos jurídicos documentados, que es el que se
devenga en este tipo de operaciones. Resolvía que debía pagar el impuesto el que pide el préstamo, cuando semanas antes la misma sala en tres sentencias argumentaba justo lo contrario. En aquella sentencia se decía que quien debía pagar el
impuesto era el prestamista, era el banco, y no el prestatario, y que, por ello, anulaban el punto número 2 del artículo 68 del reglamento de este impuesto por entender que era contrario a la ley; anulación, por cierto -como ustedes saben-, que
hacía inviable la fijación de un periodo de petición de retroactividad, además de todos los argumentos que ha especificado muy bien la propia ministra de Hacienda en su intervención.
Aquellas sentencias ya suponían un cambio de la jurisprudencia anterior que no hacía más que corroborar la complejidad y la inestabilidad del marco jurídico fiscal que regulaba este tipo de impuesto, una inestabilidad que generó una
situación de inseguridad jurídica provocando la reducción de actos de formalización de este tipo de préstamos. De hecho, nos consta -así también lo ha dicho la propia ministra- que personas que habían negociado un préstamo hipotecario con sus
respectivos bancos a finales del mes de octubre y durante algunos días vieron paralizado el acto de registro hasta que se clarificara de manera definitiva quién debía asumir el pago del impuesto una vez evidenciada la contradictoria jurisprudencia
al respecto, cosa que no estaba ocurriendo hasta ahora. Pero la nueva resolución del mes de noviembre, justo en sentido contrario, no suponía una simple rectificación a unas sentencias, la materia en sí misma trascendía del ámbito puramente
jurídico para convertirse en una cuestión social -incluso algunos la llegaron a calificar de alarmante- y que requería de una urgente acción normativa del Gobierno que permitiera contar con un marco jurídico claro y estable, especialmente en un
sector tan importante de la economía española. De hecho, no lo han recordado muchos de los portavoces que me han precedido en la palabra pero la realidad es que muchos de ustedes se pronunciaron precisamente en este sentido; no solo la hemeroteca
es testigo de ello sino también las iniciativas que algunos grupos presentaron ante la situación descrita, no antes sino en ese momento. Por tanto, la primera razón de extraordinaria y urgente necesidad del decreto estaba más que justificada.
La segunda razón es que la modificación puntual realizada en el decreto de la ley que regula el impuesto es clara y es sensata. Señorías, cuanto más compleja es la situación -y el caso que nos ocupa ha demostrado serlo en términos
jurídicos- más claridad se debe ofrecer a la hora de dar una respuesta y el Gobierno así lo hizo: fue rápido, fue concreto y fue claro decretando que el impuesto lo debe pagar el que actúa como prestamista. La modificación, de hecho, ha sido muy
limitada ajustándose a la determinación del sujeto pasivo y la no consideración como gasto deducible por sociedades por el pago del impuesto para garantizar que efectivamente no acaba repercutiendo en el Estado. Pero, además, todas las
cuestiones técnicas que ustedes aún plantean como dudas, si hubieran escuchado atentamente a la ministra les hubieran quedado manifiestamente claras, con lo que técnica y jurídicamente queda muy bien definida la ley en este sentido. Desde
el punto de vista político, además, entendemos que es justo y sensato situarse del lado del más débil, que son los consumidores, la propia ciudadanía, en la negociación de este tipo de operaciones y hoy cada grupo también explicitará con su voto de
qué lado quiere estar y de qué lado está.
Ya sabemos -lo hemos escuchado a lo largo de la mañana- que algunos pretenden eliminar el impuesto y así lo han expresado. Este impuesto está cedido a las comunidades y, de hecho, se calcula que recaudan más de 2000 millones las comunidades
por el mismo. Por tanto, en primer lugar, no podemos compartir la eliminación del mismo. Se trata de unos ingresos muy necesarios para continuar financiando los servicios públicos de los que son competentes las comunidades autónomas. Son las
comunidades las que tienen que prestar los servicios de educación, sanidad y atención social. De hecho, me extraña que el Partido Popular haya planteado un tipo variable cero del impuesto. No creo que les haga mucha gracia a comunidades como
Murcia o Castilla y León, gobernadas por el Partido Popular, que están cobrando el tipo máximo del impuesto, del 1,5 %, que tengan que dejar de disponer de estos recursos. Miren, el discurso de la bajada de impuestos es muy populista, pero hagan el
favor de no engañar a la gente. Cuando anuncian eliminaciones de impuestos dígannos qué servicios van a dejar de atender o de dónde van a sacar los ingresos necesarios para mantener los servicios que permitan compensar esa eliminación de ingresos.
(Aplausos). Díganlo, díganlo, no engañen a la ciudadanía. Por consiguiente, no podemos compartir que la cuota variable sea cero y mucho menos ahora que estamos planteando que el impuesto lo pague la entidad financiera sin que además esta pueda
repercutir su coste al cliente porque, desde nuestro punto de vista, hay margen para que esto no ocurra.
El mercado hipotecario es muy competitivo y, en este sentido, a corto y medio plazo es difícil que repercuta un coste no significativo en la operación. Además el regulador vela por la competencia para evitar acuerdos oligopolísticos y, como
ustedes bien conocen, el Gobierno creará una autoridad que proteja al cliente financiero y que evite las malas prácticas en el mercado hipotecario, por lo que en este caso lo que plantean el Partido Popular y muchos otros no supondría reducir el
coste de la operación, solo supondría un mayor beneficio para los bancos. Así que, señorías, al Partido Popular se le ve demasiado el plumero y mientras lo estaba pagando el cliente desde luego nunca propusieron de manera formal esta eliminación.
Los verdaderos intereses que defiende la derecha son claros; la bajada de impuestos ya sabemos que no responde a un interés general. Pero además bajar este impuesto no supone una medida que facilite el acceso a la primera vivienda, lo que sí son
medidas para facilitar el acceso a la vivienda son las que está impulsando el Gobierno socialista desde los ministerios de Fomento, Economía y de Justicia canalizando recursos, mejorando la recuperación hipotecaria e incrementando la protección de
los ciudadanos, especialmente los más desfavorecidos en tan solo cuatro meses de gobierno.
Todos sabemos que la crisis económica ha tenido muchas víctimas, señores de Podemos. La difícil situación financiera de muchas familias ha tenido nefastas consecuencias que han supuesto incluso la pérdida de sus viviendas. Es cierto que ha
habido muchas personas desprotegidas durante este duro periodo de tiempo de crisis. El Gobierno es consciente de ello y por eso desde el primer momento está trabajando de manera coordinada con los distintos ministerios para proteger a los
colectivos más vulnerables. Por tanto, señora presidenta -y termino-, quiero decir también, porque lo han dicho algunos portavoces, que el Ministerio de Economía, con la tramitación de la ley de crédito inmobiliario, está impulsando medidas para
que la mayor parte de los gastos derivados de firmar un crédito hipotecario sean a cargo de las entidades financieras y para conseguir la aplicación permanente del código de buenas prácticas bancarias en todos los préstamos hipotecarios y no solo
para los anteriores a 2012, como era hasta ahora.
En definitiva, señorías, el Gobierno socialista está demostrando ser sensible a los más vulnerables y a la protección del interés general, como lo ha hecho con este real decreto-ley actuando con celeridad, con responsabilidad y con acierto,
y ahora corresponde a esta Cámara responder en la misma línea. Por ello el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la convalidación de este decreto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Floriano Corrales.
El señor FLORIANO CORRALES: Señora presidenta, señoras y señores diputados.
Asistimos a un nuevo capítulo de la cuestión del impuesto de actos jurídicos documentados, el impuesto de las hipotecas, y digo un nuevo capítulo porque lamentablemente no es el capítulo final. Las prisas del Gobierno, quizás por ser más
populistas que sus socios parlamentarios de Podemos, les han llevado a traer un decreto-ley, desde mi punto de vista, con demasiadas prisas. Adolece de lagunas importantes, como la relativa a las cajas de ahorros y a las cooperativas de crédito,
puede plantear problemas en el mercado de primera concesión dados los tipos que se pagan en la subrogación y puede plantear problemas de inconstitucionalidad muy claros. Podemos establecer como queramos quién es el sujeto pasivo de un impuesto o
podemos establecer cuáles son los gastos deducibles, pero lo que está claro es que hay que hacerlo por ley, no por decreto. Se está tramitando una ley, la ley de los contratos de créditos inmobiliarios y, sin embargo, ustedes han preferido ir
deprisa, olvidarse de que se está tramitando una ley en el Congreso que precisamente puede entrar a regular esta cuestión y, por correr más que sus socios populistas de Podemos, nos vamos a encontrar con problemas judiciales y está cuestión no
estará cerrada.
Este decreto además pone de manifiesto la peculiar manera de gobierno del señor Sánchez, y no me refiero a la que se define por la incertidumbre, los cambios de criterio o las rectificaciones del señor Sánchez y sus ministros y ministras
sino a esa peculiar manera de gobernar consistente en hacer creer mediante palabras y acciones lo que no es verdad. Dicen que pueden incrementar el déficit porque tienen un acuerdo con Bruselas, y no es cierto. Dicen que la AIReF avala sus
cuentas, pero es falso. Dicen que van a tener unos ingresos que no se los cree nadie, sencillamente, porque no son verdad. Y no quisiera decirles yo que engañar es lo que define su estancia en la Moncloa; me quedo solo con los sinónimos disimular
o aparentar.
El señor Sánchez se presentó con un afán regenerador para devolver la verdad y el prestigio a las instituciones y resultó ser un fraude hasta en su currículum personal. El Gobierno se presentó como el Gobierno bonito y resultó ser el cuadro
oculto del retrato de Dorian Gray: la precipitada dimisión de dos ministros en tiempo récord; las reiteradas faltas a la verdad de la doblemente reprobada ministra de Justicia, a la sazón notaria mayor del Reino; el uso generalizado de sociedades
interpuestas como instrumento para adquirir vivienda -uso generalizado en el Consejo de Ministros-, que al señor Sánchez, como secretario general del PSOE, le parecía un comportamiento reprobable, pero como presidente del Gobierno le parece algo que
se puede aplaudir, según ese desdoblamiento de su personalidad que nos desveló la vicepresidenta del Gobierno en su ya mítica rueda de prensa. El señor Sánchez es capaz de afirmar con toda solemnidad -abro comillas- 'nunca más los españoles
volverán a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados' -cierro comillas- y, unos segundos después, decir 'hay que esperar y confiar en la responsabilidad de los bancos para que el impuesto no repercuta en los ciudadanos'. ¿Con qué nos
quedamos, con la frase solemne de que nunca más los ciudadanos lo pagarán o con la frase también solemne de que no sabe qué es lo que va a pasar y al final van a tener que pagarlo los ciudadanos?
La señora ministra de Hacienda, como luminaria de la Hacienda pública española, no tardó en secundar al presidente -abro comillas, señora ministra-: 'Estaremos atentos -decía usted- a si las entidades financieras repercuten el impuesto a
los ciudadanos'. La señora ministra estará 'atenta' ¿Y señora ministra, de su atención, qué se deriva? ¿Se imaginaba usted a los banqueros de los consejos de administración nerviosos, levantándose y diciendo 'la señora Montero va a estar atenta'?
Señora ministra, dicho por usted que iba a estar atenta y hecho: las entidades financieras comenzaron a endurecer las condiciones de la concesión de los créditos, obligando a pagar, incluso, una cantidad superior a la que se hubiera derivado de
asumir el impuesto de actos jurídicos documentados. Para que nadie pueda decirles que, también en este caso, faltan a la verdad, para que nadie pueda decirles que manipulan o engañan, digan qué es lo cierto, aunque sea solo por esta vez.
Usted sabe, señora ministra, que no están planteando que el impuesto lo paguen los bancos, sino cómo los van a pagar los hipotecados. ¿A quién quieren ustedes hacer creer que el impuesto no lo van a acabar pagando los consumidores? ¿Quién
no repercute al cliente la subida de sus costes? Si lo que queremos es que los españoles no paguen el impuesto de actos jurídicos documentados, lo que tenemos que hacer es eliminarlo con tipo cero.
Señor Girauta, puede usted detectar un cierto cinismo en algunos que tenemos historia, pero todos vamos teniendo historia. No sé si en los diez años que llevan ustedes en el Parlamento de Cataluña han planteado que este impuesto se quite,
pero sí sé, señor Girauta, que usted aquí no lo ha planteado nunca, llevan ya tres años y lo podían haber hecho. Lo que no cabe decir es que ahora lo van a pagar los bancos
porque no es verdad, señor Girauta. No caiga en esa trampa, porque lo van a pagar todos y cada uno de los ciudadanos, ya que no hay empresa que, por una subida de sus costes, no repercuta el pago del impuesto a los españoles. Hagámoslo,
hagamos este impuesto tipo cero porque si no estaremos en la política del disimulo, estaremos en el populismo impositivo que dice que se suben los impuestos para que paguen los ricos y, al final, como ocurre con el diésel, lo pagan las clases medias
españolas.
Termino con una última idea. Si ahora lo van a pagar los ricos, señora ministra, ¿a quién obligaba usted a pagar este impuesto cuando era consejera del Gobierno de Andalucía y lo incrementó en un 50 %? (Aplausos). ¿A quién obligaba el
PSPV y Compromís cuando lo subieron en Valencia al máximo? ¿O el Partido Socialista de Aragón y Podemos cuando lo subieron en las tierras aragonesas? PSOE, Compromís y Podemos, todos subiendo el impuesto de actos jurídicos documentados a los
ciudadanos, a la gente -como ustedes dirían-, y en pocos meses asistimos a la paradoja de que los mismos partidos que pactan subir el impuesto, sabiendo que serían los consumidores quienes tenían que pagarlo, se presentan ahora tramposamente -como
suele hacer la izquierda española- ante los ciudadanos diciéndoles que no queremos que paguen los impuestos después de subírselos.
Señorías, tramitemos este decreto como proyecto de ley y presentaremos nuestras enmiendas para que no sean los españoles quienes tengan que pagar este impuesto e impere la verdad en la política impositiva de este Parlamento.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- REAL DECRETO-LEY 18/2018, DE 8 DE NOVIEMBRE, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE CARRETERAS. (Número de expediente 130/000045).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos al punto del orden del día de convalidación o derogación del Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras. Para presentar el real decreto-ley tiene la
palabra, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Fomento.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): Muchas gracias, señora presidenta.
Comparezco ante esta Cámara para someter a su consideración la convalidación del Real Decreto-ley 18/2018, sobre medidas urgentes en materia de carreteras, tras su aprobación por el Consejo de Ministros el pasado 8 de noviembre. Mediante
este real decreto-ley se introduce en la Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de carreteras, varias modificaciones con carácter de urgencia y en beneficio del interés público en general. En primer lugar, se introduce la tipificación de una nueva
infracción muy grave para sancionar la eventual negligencia de las sociedades concesionarias cuando estas ocasionan un perjuicio significativo a los usuarios y además concurran circunstancias por las que la actual infracción grave resulte
insuficiente. Se trata de que el régimen sancionador de las infracciones graves se vea reforzado y sea más proporcional al daño causado al usuario en estas situaciones. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MINISTRO DE FOMENTO (Ábalos Meco): La urgencia de esta medida legal se justifica por la proximidad en la aplicación de los planes de viabilidad invernal por parte de las sociedades concesionarias, para tratar de garantizar la
continuidad y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
La segunda de las reformas incluidas en este real decreto-ley permite que, por razones de seguridad vial o medioambientales, se pueda establecer la prohibición de circular a determinados vehículos pesados en las carreteras convencionales,
obligándoles a circular por las autopistas. Estas medidas que se desarrollan posteriormente mediante convenios o reales decretos se acompañan con distintas bonificaciones a los transportistas y ya han demostrado su eficacia en los tramos en los que
hasta la fecha han sido implantados, reduciendo la siniestralidad en los mismos.
Tal y como detallaré más adelante, se trata exclusivamente de dar la cobertura jurídica necesaria en el futuro a este tipo de medidas para poderlas aplicar, por ejemplo, en la AP-7, en la provincia de Castellón, dando continuidad a la medida
puesta en marcha ya en Cataluña en septiembre, tal y como algunos de los grupos aquí presentes nos han solicitado. A diferencia de lo que ha recogido la prensa estos días pasados, no se trata de ninguna otra cuestión; es una medida excepcional,
justificada, puntual y que además conlleva las bonificaciones correspondientes. Lo digo porque ha habido quien ha pensado que
vamos a sacar los camiones de las carreteras. Nada más falso. Se trata simplemente de dar cobertura a una medida que implantó el anterior Gobierno.
En tercer lugar, se introducen cambios en la Ley de Carreteras para dar cobertura de rango legal al eventual cobro de peajes por parte de la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre que ha asumido la explotación de
determinadas autopistas de peaje que han revertido anticipadamente al Estado, las que conocemos coloquialmente como autopistas rescatadas. El cobro de dichos peajes estaba amparado hasta la fecha en contratos de concesión que ya se han extinguido.
Por tanto, para continuar la explotación de estas autopistas resulta necesario contar con una norma legal que ampare la percepción por Seittsa de los nuevos peajes que, al amparo del artículo 22 de la Ley de Carreteras, apruebe el Gobierno. En este
caso, más allá de las precisiones técnicas, el único cambio que podría haber por parte de la gestión de Seittsa sería positivo, y es que estamos planteando una bajada generalizada de los peajes en las autopistas radiales, en la llamadas rescatadas,
para estimular el tráfico y así conseguir mayores incrementos de seguridad y pensamos también que mayor contribución económica.
Por último, mediante el real decreto-ley se modifica la Ley de Carreteras para permitir que la aprobación de los proyectos de construcción lleve implícita la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. Con ello,
se pretende no demorar la realización de las obras, en particular la ejecución de obras de menor envergadura económica pero destinadas a mejorar la seguridad vial: mejoras de trazado, actuaciones en tramos de concentración de accidentes, etcétera.
Con estas modificaciones el Ministerio de Fomento pretende facilitar y dotar de una mayor cobertura legal actuaciones cuyo objetivo es mejorar la seguridad vial, así como garantizar la prestación del servicio de las autopistas de peaje, ofreciendo
el mejor nivel de servicio posible a los usuarios.
Dicho esto, a continuación, paso a describir con más detalle el contenido del real decreto-ley, cuya convalidación debatimos hoy en esta Cámara. Se compone de un artículo único, una disposición derogatoria, una disposición transitoria y una
disposición final. El artículo único modifica tres artículos de la Ley 37/2015, de 21 de septiembre, de Carreteras, además de añadir una nueva disposición adicional al citado texto normativo. Se modifica, en primer lugar, el apartado 2 del
artículo 12 de la Ley de Carreteras para permitir que la aprobación de los proyectos de construcción suponga la declaración de urgente ocupación de los bienes a efectos expropiatorios. El objetivo de esta medida, como he dicho antes, es no demorar
la realización de las obras en los casos en que fuese necesario. Asimismo, pretendemos reducir el elevado grado de afectación a los usuarios que supone la realización de las obras de carreteras, afectación que debe minimizarse utilizando todos los
mecanismos que la norma permite. Las razones que justifican la urgencia de esta modificación derivan de la necesidad de que a los próximos proyectos de construcción de carreteras les resulte de aplicación esta previsión de forma inmediata con la
finalidad de asegurar el cumplimiento del interés público o de su construcción sin necesidad de someter caso a caso la declaración de utilidad pública o interés social. Se debe indicar que la redacción actual del artículo 12 de la Ley de Carreteras
obliga a la realización de una serie de trámites administrativos adicionales para cualquier tipo de obra de carreteras, con independencia de su envergadura y fin principal. Existen, en particular, obras de escasa cuantía económica pero que inciden
de manera importante en la seguridad vial -tales como actuaciones en tramos de concentración de accidentes, mejoras locales de trazado, mejora de intersecciones y enlaces, etcétera- y cuya contratación es urgente, dada su incidencia en la seguridad.
La tramitación ordinaria de la modificación de la ley requeriría de unos plazos mucho más dilatados con el consiguiente retraso en la puesta en servicio de estas actuaciones y el retraso en la consecución de las mejoras de la seguridad vial.
Asimismo, el real decreto-ley añade en su artículo único un nuevo apartado al artículo 38 de la Ley de Carreteras para permitir que por razones de seguridad vial o medioambientales se imponga en determinadas carreteras el desvío obligatorio
de los vehículos pesados hacia las autopistas de peaje. Esta modificación tiene mucha importancia pues, como he indicado en anteriores ocasiones, para el Gobierno es prioritaria la seguridad. Todas nuestras actuaciones en materia de transporte las
queremos abordar con esta prioridad fundamental, conciliando las mejoras en este ámbito con los efectos de la aplicación de las medidas necesarias sobre los usuarios. En este sentido, dentro de la Red de Carreteras del Estado existen carreteras
convencionales que soportan un elevado tráfico de vehículos, lo que provoca en ocasiones graves problemas de congestión y seguridad a su paso por distintas comarcas y localidades. Consideramos que dicha problemática puede ser mejorada si el tráfico
de vehículos pesados se desplaza a las autopistas, cuyas características en cuanto a trazado y capacidad son superiores a las de las carreteras convencionales.
El balance que se desprende del desarrollo de este tipo de medidas en aquellos puntos donde se han aplicado se ha revelado muy eficaz, con un impacto positivo inmediato y significativo sobre la explotación de las carreteras afectadas. Lo
estamos viendo desde hace años en la N-II en Girona. Otro ejemplo sería en La Rioja. Desde el inicio del desvío de vehículos pesados de la N-332 y la N-124 a la AP-68, en vigor desde el 2 de diciembre de 2017, hasta hoy no ha habido ningún
accidente mortal en esas carreteras. En idéntico periodo del año anterior se produjeron nueve accidentes mortales con once personas fallecidas. Asimismo, desde el pasado día 2 de septiembre han comenzado a aplicarse en Cataluña y la Comunidad
Valenciana desvíos obligatorios a vehículos pesados en diversos tramos de la N-240 y N-340 para dirigirlos a los tramos próximos a la AP-2 y AP-7, respectivamente. El hecho de que el desvío del tráfico pueda hacerse obligatorio en determinadas
circunstancias atribuye este mismo carácter al pago del peaje, lo que justifica el empleo de una norma como la propuesta para mejorar la cobertura legal que ampara esta medida. Quiero advertirles de que todas estas actuaciones las emprendió el
anterior Gobierno y, por tanto, lo que se pretende es dar la cobertura legal necesaria a aquellas acciones que hizo el anterior Gobierno.
Adicionalmente el real decreto-ley añade una nueva letra k) al apartado 2 del artículo 41 de la Ley de Carreteras para tipificar como infracción muy grave la eventual negligencia de los concesionarios de carreteras cuando esta ocasiona un
perjuicio significativo a los usuarios y además concurren circunstancias para las que la actual tipificación como infracción grave resulta insuficiente. Con ello se pretenden evitar situaciones en las que las sanciones que se puedan imponer a las
concesionarias por expedientes abiertos como consecuencia de este tipo de negligencias sean muy reducidas en proporción al daño causado, como ocurrió el pasado mes de enero cuando miles de coches quedaron atrapados a consecuencia de las nevadas en
la autopista AP-6. En este caso la inminente puesta en aplicación en los próximos meses de los correspondientes planes de vialidad invernal justifica la urgencia de disponer inmediatamente de los medios legales necesarios, en este caso de carácter
sancionador, para garantizar la continuidad y la calidad del servicio prestado a los usuarios.
Por último, a través del real decreto-ley se añade una nueva disposición adicional a la Ley de Carreteras para dar cobertura de rango legal al cobro de peajes por la sociedad estatal Seittsa al asumir, en su caso, la explotación de
determinadas autopistas de peaje que han revertido o que revierten al Estado. Es el caso de la gestión que actualmente desarrolla Seittsa de las autopistas radiales.
Para continuar por parte de esta sociedad con la explotación de estas autopistas y permitir, en su caso, la explotación de otras se estima necesario contar con una norma legal que ampare la percepción por Seittsa de los nuevos peajes que
apruebe el Gobierno. Como saben, el Gobierno español ha venido analizando diferentes posibilidades para la gestión de las autopistas concursadas que fueron promovidas por Gobiernos anteriores. Hasta que se definan las acciones a desarrollar, el
Estado ha asumido el control de la operación a través de Seittsa en virtud del convenio de gestión directa suscrito en agosto de 2017 con la Administración General del Estado, excepto en el caso de la AP-41, para la cual se espera que asuma su
gestión a principios de 2019. La urgencia de esta medida se justifica en que no es posible la tramitación de un proyecto de ley de forma que esté en vigor antes del fin de la vigencia del convenio de gestión suscrito con la sociedad, que es el 31
de diciembre de 2018. Adicionalmente, el real decreto tiene una disposición derogatoria en la que, para evitar la dispersión normativa en la regulación de Seittsa en relación con la gestión y construcción de carreteras, se procede a derogar el
artículo 158 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social.
En definitiva, señorías, cuatro puntos. Uno tiene que ver -insisto- con darle proporcionalidad a las infracciones graves para que estas no tengan una sanción tan leve como las que vimos con respecto a las nevadas del último invierno. Dos,
facilitar los proyectos de construcción para que lleven implícitas la declaración de utilidad pública que permita agilizar las expropiaciones necesarias. Tres, darle cobertura a una medida que adoptó reiteradas veces el Gobierno anterior y que
carece de la suficiente cobertura jurídica, en el caso del desvío de vehículos pesados de las carreteras convencionales Y cuatro, permitir que Seittsa pueda seguir gestionando las autopistas rescatadas. Por lo tanto, lo que hacemos es tratar de
perfeccionar la gestión del Partido Popular. No tiene otro motivo más que hacer posible que aquellas actuaciones las podamos llevar a cabo sin que nadie nos pueda denunciar ni objetar algún problema legal, como está ocurriendo ahora mismo con el
desvío de los vehículos en la AP-7 a su paso por Cataluña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Quiero empezar haciendo dos peticiones. La primera, más que una petición, sería un ruego a todas y a todos nosotros. Como decimos en valenciano, fem un pensament -hagamos un pensamiento-, mantengamos a las fieras en las cuevas o un día las
fieras serán mayoría aquí.
La segunda petición es para el ministro Ábalos, y se la hago porque considero que es una petición urgente e inaplazable y apelo a su condición de valenciano. Llevo siete años en el Congreso y hasta el momento me he resistido a hacerlo, pero
creo que la gravedad de la situación merece el gesto, un gesto absolutamente inocuo. (Muestra una naranja). Esta es una naranja; no es una naranja valenciana, es una naranja sudafricana. Ha recorrido más de 12 000 kilómetros para llegar a un
supermercado de Madrid. Aparte de la huella de carbono por el transporte, el problema es que millones de naranjas sudafricanas invaden los mercados y los supermercados de toda Europa, también aquí, en Madrid, en virtud del acuerdo comercial con
Sudáfrica. Esta naranja fue comprada anoche y el cartel lo decía muy claro (muestra un cartel): Naranja; variedad, Cambria; origen, República Sudafricana.
Mientras estas naranjas inundan los supermercados, las naranjas valencianas, pero también las andaluzas, las murcianas, las de Tarragona, se quedan en el árbol o se tienen que malvender a resultas. Por eso -con esto acabo y muchísimas
gracias, señora presidenta, por su generosidad-, le pido de manera inaplazable que en el próximo Consejo de Ministros el Gobierno español, con carácter urgente, solicite a la Comisión de la Unión Europea la aplicación de la cláusula de salvaguarda
del artículo 34 del citado acuerdo, para no hundir aún más a todos los agricultores -insisto, valencianos, andaluces, murcianos y tarraconenses- y para que los collidors, que es esa figura que se tiene que ganar el jornal recogiendo las naranjas,
puedan seguir ganando jornales.
En cuanto al real decreto, votaremos a favor del mismo porque, primero, ya reivindicamos hace dos semanas que los camiones que circulan por las carreteras nacionales N-340 y N-332 a su paso por La Marina, La Safor o el Baix Maestrat se
desviaran por la AP-7 y que tanto los camiones como los conductores recurrentes tuvieran también las mismas bonificaciones que se aplican en determinados tramos de Cataluña. Estamos a favor de endurecer las sanciones a aquellas concesionarias que
no cumplen las concesiones y estamos a favor de que se agilice el proceso administrativo, porque los que gestionan obras públicas vemos que, a veces, se demoran demasiado.
Por último, entendemos que la disposición adicional séptima -y ya acabo- se usará para dar cobertura legal para el cobro de peaje y se aplicará únicamente a las autopistas rescatadas. En este sentido, la posición de Compromís es inequívoca:
estamos en contra de seguir pagando y, si se estudia, que se estudie, pero que esto se aplique solo para estas autopistas.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Señor ministro, me sumo a la petición naranja del diputado Baldoví -que no de Ciudadanos, no se pongan nerviosos- (risas) porque obviamente afecta también a mi circunscripción y a Cataluña.
Dicho esto, señor ministro, vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto. Coincidimos con los cuatro objetivos que plantea. Nos parece razonable dar mayor cobertura a estas medidas de desvío del tráfico pesado por las
autopistas. Entendemos que se hace respetando las competencias de las comunidades autónomas. De hecho, son los órganos competentes en la ordenación del tráfico y está claro que en Cataluña es el Servei Català de Trànsit; competencias que
mantenemos desde la década de los ochenta. Por lo tanto, nos parece razonable poder darle mayor cobertura. También nos parece razonable incrementar la potestad sancionadora con respecto a las concesionarias que incumplen y que trasladan su
incumplimiento a los usuarios. En este aspecto nos parece acertada la propuesta.
En relación con la posibilidad de que Seittsa cobre los peajes, también es razonable. Le hago la misma advertencia que le ha hecho el anterior interviniente: entendemos que por el redactado se podría interpretar que no se refiere solo a
las autopistas rescatadas sino a aquellas que finalizan su concesión. Pero como creemos en su palabra y, sobre todo, creemos en el voto del Grupo Socialista que se ha posicionado
claramente, entendemos que este mecanismo no va a ser utilizado para alargar concesiones sino para gestionarlas desde Seittsa. Creemos que ha de hacerse un debate tranquilo y razonado -desde nuestro grupo se lo hemos reclamado en diferentes
ocasiones- sobre cómo se deben financiar a medio y largo plazo estas vías de altas prestaciones. Además, sabe que en Cataluña tenemos una propuesta que hemos hecho extensiva y que, en todo caso, está sometida a debate.
Por consiguiente, señor ministro, vamos a darles nuestro voto favorable, aunque, repito, para que nadie tenga dudas -sobre todo en estas bancadas-, este real decreto-ley no fue consultado previamente ni con este portavoz ni con nuestro
grupo. Pero nos parece razonable, nos parece que va a mejorar la situación de los catalanes y esencialmente de los usuarios de las autopistas en Cataluña y les vamos a dar nuestro voto favorable.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora presidenta. Buenos días, señoras y señores diputados.
Este real decreto-ley tiene como objeto cuatro medidas: poner el desvío obligatorio en determinadas circunstancias en las autopistas; calificar como graves algunas infracciones de los concesionarios en determinadas ocasiones de
negligencia; permitir que la aprobación de proyectos de carreteras suponga su declaración de utilidad pública de cara a su expropiación y, finalmente, permitir el cobro de peajes, sobre todo en el caso de las carreteras retornadas a la sociedad
estatal, pero también se puede entender que, con carácter general, para otras.
Si bien esta figura del real decreto-ley va unida a su declaración de urgencia o necesidad de urgente aprobación, que es consecuencia a su vez de diferentes razones que están expuestas en el preámbulo: hacer frente a la elevada
siniestralidad de algunos tramos de carreteras; la inminente puesta en marcha en los próximos meses de los planes de vialidad por la conveniencia de agilizar los proyectos de construcción de carreteras, y la inminente finalización de la vigencia
del convenio suscrito con Seittsa, la sociedad mercantil estatal. Todas ellas nos parecen razonables y, por ello, vamos a votar a favor de este real decreto-ley, no sin antes hacer una precisión y es que entendemos que este real decreto-ley en
principio resultará de nula o poquísima afectación al País Vasco, ya que en principio -siendo competentes en materia de carreteras las diputaciones forales- solo quedan dos pequeños tramos de AP-1 y de la AP-68 pendientes de transferir. Además, a
esta fecha se supone que existe ya un acuerdo para la transferencia del trozo de la AP-1 que queda sin transferir -un pequeño trozo de 5 kilómetros-, y esperamos del señor ministro y de su Gobierno que exista también la voluntad de hacer efectiva la
transferencia de un tramo de la AP-68 entre Burgos y Vizcaya que discurre por territorio de Vizcaya. Así pues, no existiendo ninguna objeción y entendiendo que son medidas que aunque no nos afectan en demasía son favorables, vamos a votar a favor
de este real decreto-ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Navarro Fernández-Rodríguez.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Otro decreto. No sabemos cuántos van ya; es lo que tiene gobernar con 84 diputados, dependiendo de unos socios no siempre estrictamente alineados con los intereses comunes ni con la Constitución, que les piden y les piden y a veces incluso
les escupen. (Aplausos).
Nosotros venimos imbuidos de ese compromiso con la concordia que nos ha expuesto el señor Baldoví, sin duda influido por la naranja que llevaba. El contenido de su decreto-ley algunas dudas sí nos ha levantado, la verdad. De los cuatro
puntos, el primero, como dicen, atribuye una nueva facultad al Gobierno: imponer el desvío obligatorio de los pesados a autopistas de peaje, con el conseguido pago de peaje, por motivos de seguridad o medioambientales. Por motivos de seguridad, en
principio, ya tienen competencia, corresponde a la Dirección General de Tráfico. En cuanto a los motivos ambientales, ahí cabe de todo; supongo que se refieren a los casos -usted ha dicho- en los que hay bonificaciones, como el de la AP-7. En
todo caso hay que pulirlo. El segundo punto es: tipificar como infracción muy grave las negligencias de los concesionarios de las carreteras cuando ocasionen perjuicio. Estamos de acuerdo, desde luego. Del tercero: habilitar a Seittsa para
asumir el cobro de peajes y la explotación de autopistas
que reviertan al Estado, hablamos ahora de ello, si le parece. Y el cuarto, que la aprobación de los proyectos de construcción suponga la declaración de urgente ocupación a efectos expropiatorios.
Son cuatro puntos heterogéneos que, según cómo se combinen, de una forma o de otra, parecen una cosa u otra, y en algunos casos incluso pueden despertar cierta inquietud. Por ejemplo, combinados el punto uno y tres, podrían relacionarse con
la voluntad que usted adelantó de que todas las vías de alta capacidad sean de pago, entendiendo que ahora mismo hay una situación de inequidad interna. Sin embargo, hay sitios donde se paga y sitios donde no se paga, y que además se puede plantear
sobre la conveniencia de que pague el que use; entendiendo además que hay de inequidad externa porque los conductores de fuera pagan en sus respectivos países, pero no aquí y nosotros sí que pagamos allí. Entendiendo todo eso, ahora mismo esa
medida recaería en los transportistas, en especial en los autónomos, que ya están bastante amenazados con el dieselazo, con las subidas de costes por el nuevo SMI y con el incremento de las cotizaciones.
En todo caso, salvo que esto se tradujera en una reducción simultánea en los Presupuestos Generales del Estado, sería simplemente una subida encubierta de impuestos con lo que, desde luego, no estaríamos de acuerdo. No estamos de acuerdo
con asfixiar con más impuestos. En todo caso, ustedes nos han asegurado que esto se debatirá en una subcomisión y que esto se refiere únicamente a las autopistas revertidas, y vamos a aceptarlo.
Por otra parte, decía que, si lo combinamos de distinta manera, se obtiene una u otra. Si se combina el uno y el tres, podría pensarse que se trata de dotar de más herramientas al Gobierno para evitar situaciones como la del año pasado, el
colapso de la AP-6. Está claro que no queremos que vuelva a haber un colapso como el de la AP-6 con centenares de personas atascadas en la nieve o colapsos precedentes durante otras administraciones. No queremos que los ciudadanos, después de
pagar frivolidades como unas radiales, se queden atascados en otras autopistas. Por otro lado, no olvidamos que, aunque el Gobierno echó toda la culpa a la concesionaria, la responsabilidad fue compartida, y así se desprendía de protocolo de
actuación ante las nevadas que, por cierto, el Gobierno se apresuró a ocultar. Con lo cual, no solo se trata de hacer los cambios legales, sino de mejorar la coordinación de las distintas administraciones. La escasa penalización pudo deberse no
solo a la legislación, sino a que los pliegos estuvieron mal redactados y no descartemos esta posibilidad. En todo caso, nos parece bien tener estas herramientas para prevenir los colapsos. Vamos a posponer las dudas, entendemos la necesidad de
que Seittsa se haga cargo del cobro en la radiales y confiamos en las palabras que usted hoy emite, pero, eso sí, pediremos que se tramite como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Valido Pérez.
La señora VALIDO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías. Nosotros lo hemos dicho muchas veces en la Comisión de Fomento y los vamos a decir claro aquí ahora: el trazado de nuestras carreteras responde más a intereses de las grandes constructoras y a intereses electorales
que a una red planificada centrada en la movilidad. Como resultado, el actual mapa de las carreteras en España es un dibujo radial y, por tanto, necesitamos repensar las vías de alta capacidad, es decir, las autovías y las autopistas. Hay que
cambiar de paradigma y, para ello, hay que poner las necesidades de la mayoría social, la cohesión y la vertebración territorial por delante de los intereses de las grandes consultoras. Tenemos que reconocer que recibimos con interés este real
decreto-ley y lo votaremos a favor porque consideramos que fortalece al Estado en la gestión de las carreteras, endurece las sanciones por incumplimiento de seguridad a las concesionarias privadas, agiliza las actuaciones de obra de seguridad y
permite el desvío de tráfico cuando la seguridad vial así lo requiera. Sobre este último punto, el decreto capacita además desviar el tráfico pesado de las carreteras nacionales a las autopistas por cuestiones ambientales o de seguridad. En este
marco hay que destacar que se habilita mediante convenio entre las administraciones pactar la contribución de cada administración interesada en las bonificaciones de los peajes a vehículos. Además, en este decreto se incorpora una reivindicación
que permite a los territorios con autopistas trabajar para dar una solución a los problemas de congestión y siniestralidad de sus carreteras nacionales mediante la bonificación. No es la mejor de las alternativas, pero es una herramienta efectiva
en la que nosotros venimos trabajando a través de nuestro portavoz -como en la AP-7, en Tarragona- para que los vecinos y
vecinas afectados durante años por los peajes cuando van a trabajar, a estudiar o a centros sanitarios dejen de sufrir un agravio comparativo, les sea gratuito su uso y se les mejore la seguridad en sus carreteras.
Respecto de las sanciones a las concesionarias de autopistas de peaje, es de justicia social endurecerlas. Nadie comprende que empresas que ganan millones gestionando las infraestructuras estratégicas del Estado se vayan de rositas cuando
causan un caos por dejación, como lo vivido el pasado enero con las nevadas de la AP-6 (aplausos) poniendo, además, en peligro a las personas que iban en el interior de 3000 vehículos y pagando sanciones de 1200 euros por incumplimiento de la
conservación y de 15 000 euros por negligencia.
Por último, voy a referirme al punto del decreto que amplía la capacidad jurídica de Seittsa. Compartimos que se busque fortalecer a la empresa de explotación de infraestructuras del Estado. En este sentido, lo que permite el decreto es
tener una herramienta estatal como Seittsa, con plena capacidad para gestionar, desde lo publico, las vías de alta capacidad en nuestro país y habilitarlas para la gestión de los peajes -mientras este modelo cuestionado sigue en vigor- de aquellas
autopistas que han sido revertidas al Estado tras la quiebra y rescate de las concesionarias privadas; rescate que ha costado 1800 millones de euros al Estado, lo que supone un incremento de 11 puntos de déficit, por lo que los buitres y enemigos
de lo público siguen pidiendo hasta 4500 millones de euros. No podemos permitir que una cosa así siga ocurriendo.
Por otro lado, la mayoría de las autopistas ya están amortizadas y la gente que por necesidad se ve obligada a desplazarse en vehículo privado, no puede ser penalizada en comparación con otras vías rápidas del país. El futuro de las vías
rápidas en España es uno de los debates de esta legislatura y desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, vamos a contribuir a que esto suceda de forma rigurosa y pensando en el modelo de infraestructuras para
las próximas décadas desterrando patrones del pasado. Nuestro país tiene que dejar de soñar con el asfalto para planear con sensatez la movilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, presidenta.
Hoy subo a esta tribuna orgulloso, contento y feliz porque podemos decir que el Gobierno socialista va a ser el primer Gobierno de España en la historia que va a liberalizar una autopista de peaje una vez que cumpla la concesión. El 1 de
diciembre, los ciudadanos de Burgos podrán circular gratuitamente por la AP-1, y creemos que es de justicia. Además, independientemente de lo que diga hoy aquí el Partido Popular, lo que tenía preparado este partido para los ciudadanos es que
siguieran pagando por utilizar la AP-1 el 1 de diciembre de este año. Lo repito, digan lo que digan, lo tenían preparado para que esos ciudadanos siguieron pagando por utilizar esa autopista de peaje.
Nosotros, en el Partido Socialista tenemos muy clara una cosa. Queremos que los ciudadanos sean iguales, queremos que los ciudadanos se sientan iguales; por eso, mientras gobierne el Partido Socialista, buscaremos que los agravios que
existen a día de hoy porque Gobiernos del Partido Popular decidieran cobrar a unos ciudadanos por circular y a otros no, se eliminen. Por ese motivo, lo que hemos dicho para la AP-1 sirve para la AP-7 y sirve para la AP-4, y las dudas que ponga el
Partido Popular son dudas interesadas, son dudas sin consistencia que demuestran es que quieren esconder lo que de verdad querían hacer.
¿Por qué es importante este decreto? Este decreto, que puede pasar desapercibido, es mucho más importante de lo que creemos, porque pensamos que las concesionarias de las autopistas de peaje, que están gestionando autopistas que son del
Estado, cuando incumplen, tienen que pagar una cantidad razonable. El año pasado vimos cómo miles de conductores quedaron atrapados muchas horas por la nieve en la AP-6. ¿Saben qué multa les puso el Partido Popular? Una multa de 1200 euros. Les
merece la pena gestionar mal una autopista de peaje si van a tener que pagar solo 1200 euros. Eso es lo que hizo el Partido Popular. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Subir esa sanción a algo que no les justifique que se puedan quedar atrapados
miles de conductores por una mala gestión, y en ese camino va este decreto.
No obstante, este decreto busca muchas otras cosas; busca eliminar algo que quería hacer el Partido Popular y que es una vergüenza. En este país una de las mayores vergüenzas que hemos vivido en los últimos años ha sido el rescate de las
autopistas de peaje quebradas. Las planificó el Partido Popular, las
desarrolló el Partido Popular y las rescató el Partido Popular, y ¿qué querían hacer? Querían que todos los ciudadanos pagáramos ese rescate y entregárselas de nuevo a las concesionarias, a las empresas privadas para que se quedaran con el
beneficio. Eso es lo que quería hacer el Partido Popular, y nosotros, con este decreto, garantizamos que no lo puedan hacer. (El señor Campos Arteseros: ¡Muy bien!-Aplausos). Es una vergüenza para este país lo que tenía pensado el Partido
Popular, una auténtica vergüenza.
Lo que también vamos a hacer con este decreto, y lo justifica perfectamente, es dar más seguridad a los ciudadanos. Queremos que se pueda obligar a los camiones, y queremos hacerlo con las máximas garantías legales, para que determinadas
vías de alta capacidad sean utilizadas por los camiones y se eliminen muchos de los accidentes que han ocurrido. Mucha gente ha muerto en este país, primero, porque el PP no actuó de forma rápida para desviar esos camiones y, segundo, porque no dio
garantías jurídicas, y es algo que no nos podemos permitir.
Como ven, en este decreto es muy complicado que se justifique un voto en contra, pero seguramente hoy veremos aquí partidos que lo justifiquen o incluso que voten en contra. ¿Y por qué? ¿Qué se esconde detrás de un voto en contra a un
decreto estas características? Que lo que quieren hacer es que las autopistas quebradas que todos pagamos vuelvan a entregárselas a las concesionarias para llevarse los beneficios y esto es, como he dicho antes, una auténtica vergüenza. Detrás de
un voto en contra lo que se esconde es dar el beneficio de las rescatadas a las empresas privadas; pero no solo eso; lo que se quiere hacer, si se vota en contra de este decreto, es que una concesionaria cuando no cumpla pague 1200 euros o una
cantidad irrisoria. Eso es lo que justifica un voto en contra. Por eso aquí nos podrán contar las milongas que quieran, podrán decirnos que este decreto lo que quiere hacer es cobrar en vías por las que actualmente se circula gratuitamente, y
nosotros decimos que no, que no es cierto, que eso es lo que quería hacer el Partido Popular y lo quería hacer sin ningún debate. Lo que quería hacer el Partido Popular es que la gente que ha estado pagando por circular por autopistas de peaje lo
siguiera haciendo después de haberse terminado la concesión.
Dejen de contar milongas, dejen de engañar a los ciudadanos, dejen de decir lo que nosotros, estando en el Gobierno y viendo lo que venían haciendo cuando gestionaron este país, sabemos que no es cierto. Dentro de muy poco, como he dicho,
el PSOE se sentirá muy orgulloso de la gestión que ha hecho este Gobierno y de que todos los ciudadanos se puedan sentir poco a poco iguales. No nos podemos volver a permitir en este país ver cómo hay ciudadanos que tienen una sensación de agravio
porque un Gobierno del Partido Popular decidió que ellos, por algún motivo, por estar en un territorio determinado, tenían que pagar por circular por unas vías de alta capacidad. ¿Por qué? ¿Porque el Partido Popular decidió que unos ciudadanos
eran de primera y otros de segunda? El PSOE acabará con eso, y si algún día tenemos que cambiar, lo haremos todos juntos, lo haremos con un debate, lo haremos diciendo a la cara lo que pensamos, lo haremos teniendo datos, y sin intentar engañar a
los ciudadanos.
Termino. Cualquier voto en contra de este decreto, por mucho que se justifique, solo tiene un motivo: pensar en las empresas privadas por encima de los ciudadanos. Ese será el camino del Partido Popular, y el camino del Partido Socialista
será pensar en los ciudadanos por encima de cualquier otra cosa.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Barrachina Ros.
El señor BARRACHINA ROS: Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor ministro.
Sirvan mis primeras palabras para manifestar mis condolencias por el trabajador que estaba entre Silla y Almusafes, en Valencia, trabajando en la línea AVE y que falleció ayer, desgraciadamente, en tareas de mantenimiento y de fumigación.
Estoy seguro de que lo hago en nombre de todos los grupos, como también lo hicimos en el caso de la persona fallecida el pasado martes en Barcelona en cercanías. (Aplausos). Sirvan, además, estas condolencias para manifestar que me vuelve a
parecer, como ha hecho con reiteración, profundamente indecoroso que el Partido Socialista hoy atribuya víctimas de accidentes de tráfico a ningún partido; es indecoroso. Por tanto, quiero darle solo dos matices: primero, si este mes se libera de
peaje la autopista entre Burgos y Álava es porque ha habido un Gobierno en España que decidió no prorrogar ninguna concesión. (Aplausos). Durante cuarenta años ha habido prórrogas de concesiones de todos los Gobiernos de España. Aquí tengo
algunos de la etapa de Felipe González. (Muestra un documento). Por cierto, no sabía que fueran tantos los ministros, pero todos -Sáenz de Cosculluela, Borrell en varias ocasiones o Magdalena Álvarez- los Gobiernos de España durante
cuarenta años han prorrogado concesiones de autopistas, excepto uno: el Gobierno de España de Mariano Rajoy que en siete años no prorrogó ninguna. (Aplausos). Lo anunció ya en 2012, doña Ana Pastor, y lo cumplió don Iñigo de la Serna.
Este mes será libre de peajes la autopista entre Burgos y Vitoria porque ese proceso de licitación que se tenía que haber iniciado hace dos años no lo comenzamos.
Segundo, es una broma. Yo suscribiría prácticamente la literalidad de las palabras del señor Ábalos, prácticamente la totalidad, pero no tiene nada que ver con lo que ustedes van a votar aquí. Lo que se va a votar aquí es abrir la puerta a
poder, con un acuerdo de Consejo de Ministros, cobrar peajes en todas, en las radiales y en todas las autopistas. Se lo leo. Es el Boletín Oficial del Estado y, por cierto, no tengo nada en contra de los reales decretos. Este es el número 18 y
hace unos momentos mi compañero don Carlos brillantemente ha hablado del 17. Cuando llegaron aquellos que abjuraban de los reales decretos, el 1 de junio, había 3 y el real decreto número 4 fue para ocupar la Televisión Española. Vamos por el
número 18 y no me preocupa que en estos cinco meses hayan aprobado 15 frente a los 3 del Gobierno de Rajoy hasta junio. Es en lo único en que el Partido Socialista gana al Partido Popular, en gobernar a golpe de decreto. (Aplausos). Me preocupa
más que hayan anunciado que van a seguir así. Esto tiene un agravante y es que ese Gobierno de España es el Gobierno de menor legitimidad democrática de los cuarenta años de historia democrática española, y van por el número 15. Este texto, que es
lo que van a aprobar ustedes, dice literalmente: Se reforma la Ley de carreteras -por cierto, no es la de carreteras es la de autopistas la que ustedes quieren reformar- para dar rango legal al cobro de peajes de la sociedad pública al asumir la
explotación de determinadas autopistas de peaje que han revertido -las radiales- y que revertirán -las cinco autopistas, las cinco autopistas, que llevan cuarenta años de peaje-. Y para eso ustedes cambian la ley diciendo que se ampara la
percepción de los nuevos peajes.
Lo que ustedes están haciendo con una decisión del Consejo de Ministros es que los vecinos que llevan cuarenta años en Burgos y en Álava sigan pagando, pero el año que viene también en Alicante, en Valencia, en Castellón, en Tarragona, en
Sevilla, en Cádiz, en la provincia de Teófila, y también en años sucesivos en Zaragoza, en Barcelona, en Lleida y en Girona; todos ellos saben que con esta modificación de ley ustedes van a poder cobrarles. ¿Cuál es el crédito que doy yo a las
palabras del ministro y del Gobierno de España? ¿Cuál es el crédito que doy a unas palabras que afirman justo lo contrario de lo que en el Boletín Oficial del Estado ustedes van a ratificar? (Mostrando un ejemplar). El crédito que yo le doy al
Gobierno de España es el mismo que hoy le dan la Comisión Europea, el Fondo Monetario Internacional y la OCDE: ninguno, cero. (Aplausos).
Agradezco al señor ministro el gesto que ha tenido con mi territorio, con la Comunidad Valenciana, al afirmar que efectivamente con un presupuesto del PP heredado vaya a extender las bonificaciones -que celebramos que ya se estén aplicando
por motivos de accidentes- a la Comunidad Autónoma de Cataluña, con la cual lo había negociado un Gobierno del Partido Popular. Pero claro, aplican una medida discriminatoria, y es la primera vez en la historia de España que las bonificaciones con
dinero exclusivo del Ministerio de Fomento terminan en un límite provincial; es la primera vez, se aprobó en el Consejo de Ministros del 1 de septiembre, y la ministra portavoz dijo: En los próximos días extenderemos las bonificaciones a Comunidad
Valenciana y Murcia. Desde el 1 de septiembre los días se han convertido en semanas, las semanas en meses y los 16 millones del presupuesto del Partido Popular contra el que votaron y que le habilita a hacerlo siguen estando sin ejecutar. Celebro
el gesto, pero le urjo a que usted cumpla con su propia palabra.
Votaremos que no, señor ministro, y nos quedaremos solos en esta negativa, básicamente por esos dos motivos. En primer lugar, porque el crédito de unas palabras que afirman justo lo contrario es ninguno. Y en segundo lugar, porque estamos
en contra de esta guerra contra el vehículo privado, de esta auténtica vehiculofobia que desde el Gobierno de España se ha impuesto, que probablemente sea la única afirmación que vayan a cumplir en esta legislatura, aquella de la ministra Ribera,
cuando dijo: El diésel tiene los días contados. Aquella fue una condena al sector, y es que España tiene uno de los principales fabricantes de vehículos diésel del mundo. Declarar la guerra al coche privado es como declarar la guerra al turismo,
y estamos en contra. Estamos a favor -voy concluyendo, señora presidenta-, estamos a favor de que se contamine menos. Por eso los planes de Rajoy permitieron 1 200 000 coches voluntariamente liberados. No contaminan los coches de las fábricas que
están cerrando con paros temporales ni en Valencia, ni en Barcelona, ni en Madrid, Álava o Vigo; no contaminan esos coches; contaminan los que tienen veinte años; y el señor que tiene un coche de veinte años no lo hace porque le apetezca. Por
tanto, en lugar de imponerle 670 millones de euros de pago anual por subida del gasoil, en lugar de cerrar las ciudades a aquellos que tienen la furgoneta, el camión, el coche del currante, etcétera, en lugar de eso,
háganlo voluntariamente, como lo hicimos en la etapa del Partido Popular, cuando 1 200 000 coches fueron voluntariamente retirados con una ayuda de 1500 euros, el Plan PIVE.
Estamos en contra de esa vehiculofobia y estamos a favor de que los españoles sean iguales. Además, después de esa amortización de cuarenta años de autopista es justo que dejen de pagar, de la misma forma que llegan tarde y es justo que se
pague por las nueve autopistas de peaje no amortizadas. Les dejamos los pliegos hechos y, si lo hubiesen licitado, no les habría computado como déficit en este año y, por tanto, no harían esta modificación de créditos, esta modificación legal, que
a partir de mañana les permite a ustedes cobrar en cualquier autopista de España amortizada incluso tras cuarenta años de pago que ustedes decidan.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE IMPRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O CICLOMOTOR Y SANCIÓN DEL ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE.
(Número de expediente 122/000114).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al punto relativo al dictamen de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de
vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente. Para defender las enmiendas formuladas a esta iniciativa, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Rivera Andrés.
La señora RIVERA ANDRÉS: Gracias, señora presidenta. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
Hoy voy a hacer aquí, en la tribuna del Congreso, algo que pensé que nunca sería capaz de hacer, y es venir sin papeles, sin guiones, porque la modificación del Código Penal que vamos a debatir aquí en el Congreso va mucho más allá, porque
esta ley va de personas. La campaña 'Por una ley justa' la inició Anna González y, por tanto, esta ley va, por supuesto, de Anna González y va de Óscar, su marido, que murió hace cinco años, atropellado por un conductor que se dio a la fuga,
dejándole abandonado en una cuneta. Va de Anna y de Paula, que murió con tan solo quince años cuando fue arrollada por un vehículo cuyo conductor dio positivo en drogas. Va de Iván, que murió también con quince años, atropellado también por un
conductor que dio positivo en drogas. Y, por supuesto, va también de Andrés Contreras, a quien quería agradecer que esté hoy en la tribuna acompañándonos, porque él fue víctima en ese accidente de tráfico de Oliva de hace un año en el que
fallecieron tres ciclistas, entre ellos su padre, y otros tres quedaron heridos gravemente, siendo él uno de ellos. Así que, gracias, Andrés, de verdad, por acompañarnos hoy aquí. (Aplausos).
La modificación de esta ley va de personas, de los colectivos ciclistas que se unieron a esta causa. Varios de sus representantes nos acompañan también hoy, como Alfonso Treviño o José Luis de Santos. Gracias también por acompañarnos. Y
va de gente que ha querido luchar por esto, como el abogado de Anna González, que nunca ha cejado en el empeño, o Francisco Parrés. También va de los ciclistas profesionales, que han estado ahí todo el tiempo acompañando: están aquí Miguel Ángel
Perdiguero, Roberto Alcaide y también quien ha sido alma de esta reforma, apoyando siempre y desde los medios, Perico Delgado. Perico, muchas gracias. (Aplausos). Y esto va también de periodistas, que también han ayudado a que esta reforma salga
adelante. Quería dar las gracias a Manuel Vilaseró; a Eva y a Ana, de Europa Press; a Paula, de ABC, que se preocupó mucho por esto; también a Nacho Labarga, de Marca, con el que hablé recientemente. También quería dar las gracias a muchos
otros que no conozco personalmente pero que han difundido a través de las ondas el problema de la inseguridad de los ciclistas en las carreteras, como Juanma Castaño o Mónica Marchante.
Absolutamente todos hemos hecho un trabajo en equipo, un equipo que hoy gana. Ganan, por supuesto, las víctimas, pero también ganamos todos, porque no olvidemos que absolutamente todos podemos ser víctimas de un accidente de tráfico. ¿Qué
ganamos? Pues muchas cosas. Ganamos, por fin, después de lo que ocurrió con la Ley Catalá del año 2015, que las víctimas vuelvan a estar protegidas por el Código Penal. Ahora mismo, el 90 % de las víctimas se quedan fuera, pero cuando se apruebe
esta
reforma en el Congreso y, posteriormente, se publique en el BOE, las víctimas de accidentes de tráfico volverán a estar protegidas por el Código Penal, y eso es muy importante. También mandamos un mensaje social muy potente, que la sociedad
va a entender muy bien, y es que quien abandona a una víctima, quien se fuga, lo paga. Hemos conseguido introducir el delito de abandono a las víctimas en el lugar del accidente. Este es un mensaje social, porque quien se vaya puede acabar en la
cárcel. Hemos conseguido también transmitir un mensaje importante, y es que, por fin, drogas y alcohol están fuera de nuestras carreteras. Pero lo hemos conseguido parcialmente.
Hemos conseguido algo muy importante y es que las imprudencias por alcohol y drogas se consideren como imprudencia grave. Pero no es suficiente, y desde aquí quiero dar las gracias también a Javier Sánchez, que nos acompaña hoy, que lanzó
una campaña en change.org ayer, precisamente, para pedir esto, para pedir algo muy importante que no hemos conseguido en esta ley, y para pedirlo con la enmienda que presentamos hoy desde Ciudadanos en esta Cámara e invito al resto de partidos a que
se sumen.
Invito al resto de partidos que me han soportado y aguantado tremendamente, así como al resto de portavoces a los que agradezco también su paciencia durante esta ponencia, a que se sumen, a que no se queden a medias. Fíjense, ahora mismo,
si hay solamente un fallecido no se incrementan las penas cuando hay alcohol y drogas en juego. Creo que es muy importante que demos un mensaje a la sociedad de que el alcohol y las drogas, haya un fallecido o haya más, sea el motivo para
incrementar las penas. Sinceramente, quiero preguntarles, ¿cuánto vale una vida? ¿Se puede pesar el dolor? Yo creo que no. Quería dar las gracias también a Javier por ese lanzamiento, y como he traído el móvil les quiero decir cómo vamos ahora
mismo. Justo en este momento tenemos 301 257 firmas que piden esto. Señores del Partido Popular, señores del Gobierno del Partido Socialista, 301 257 personas están pidiendo que se haga esta modificación, que se incrementen las penas en caso de
alcohol y drogas. Esta enmienda está viva, aún la podemos rescatar; aún podemos conseguir que una ley sea realmente justa.
En el tiempo que me queda de exposición, quiero decirles que recapaciten; que recapaciten porque podemos hacer una buena ley; ya es buena, pero puede ser mejor. Especialmente quiero referirme al Partido Popular y al Partido Socialista;
estamos a tiempo de hacerlo y estamos a tiempo de hacerlo hoy. Esta exposición por una ley justa se la quiero dedicar a Anna González, que no pudo venir hoy aquí, porque Óscar no va a volver, y ella lo sabe, pero quizá con esta ley lo que sí vuelva
es la paz a la vida de Anna porque sabe que, con ella, va a ayudar a muchísimas víctimas de accidentes de tráfico.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Moya Matas.
El señor MOYA MATAS: Bon dia a totes i a tots.
Quiero mandar un saludo a todos los que nos acompañan hoy en la tribuna; ha sido un placer durante este año largo trabajar a vuestro lado, recibir vuestros consejos y tener debates constructivos. Francamente, con el corazón, os mando un
fuerte saludo.
Como saben ustedes, la modificación de esta ley salió como respuesta a una demanda existente en nuestra sociedad, fundamentalmente en torno a dos cuestiones. La primera es una insuficiente penalidad máxima en las imprudencias, cuando
ocasionan múltiples resultados lesivos o de muerte. Y, segundo, la insatisfacción de la reforma penal del Partido Popular, que dejó en el año 2015 en una situación de notoria indefensión a las víctimas frente a las compañías aseguradoras.
Nuestro grupo no está en absoluto satisfecho con la situación que sufren las víctimas. Nuestro grupo exige esa responsabilidad de todos los conductores y todas las conductoras en su circulación por las vías de nuestro Estado. Nuestro grupo
está francamente preocupado por la situación, y durante el largo trámite legislativo ha tratado de dar respuestas más adecuadas, más racionales y más cívicas a esta situación. Como hemos defendido desde el primer momento, el camino hacia la
seguridad en el tráfico y la reducción de la siniestralidad debe abordarse desde una perspectiva integral, que pasa por la educación vial, que pasa por la concienciación ciudadana, que pasa por una actuación decidida en infraestructuras, por la
localización de esos puntos negros de accidentalidad y por la actuación urgente y seria para eliminar esos puntos negros de nuestros viales; y, evidentemente, el cumplimiento de las medidas de tráfico y las reformas legales pertinentes. Sin
embargo, el dictamen, el informe que hoy venimos a debatir ha preferido responder a medidas de populismo punitivo y a la protección, al mantenimiento de los privilegios de las
compañías aseguradoras. Antes escuchábamos desde esta misma tribuna a alguien que ha hablado de populismo impositivo; pues han caído en el mismo error del populismo, en este caso, punitivo.
Lo que no se puede hacer es buscar siempre en el Código Penal la solución a estos dramas, a estas situaciones, no solo porque es contrario a la racionalidad político-criminal, no solo porque es contrario al principio de intervención mínima
del derecho penal, no solo porque está acreditado que no es una estrategia eficaz para controlar la delincuencia y reducir la incidencia de los delitos, no solo porque es contrario al sentido común y a la realidad que vive España -recordemos que es
el país que tiene menos delitos que la media europea, pero muchas más personas encarceladas que la media europea-; no solo por eso, sino sencillamente porque esta reforma del Código Penal no evitará más muertes. Además, técnicamente esta reforma
es absolutamente deficiente, como han dicho tantos comparecientes en esta Comisión, como ha dicho el catedrático Javier Álvarez, como ha dicho el fiscal de Sala de Seguridad Vial, don Bartolomé Vargas. Esta reforma que hoy venimos a debatir y a
votar establece unas presunciones sobre imprudencia grave que son contrarias a la presunción de inocencia, establece una ambigüedad de criterios para que las penas puedan subirse en uno o dos grados, lo que creará enorme inseguridad; además,
cincuenta años después de su derogación, resucita el antiquísimo delito de fuga.
Señorías, la penalización no dará una auténtica satisfacción a las miles y miles de víctimas de imprudencias leves y menos graves, porque lo que merecen en realidad es una indemnización digna por el daño sufrido. La reforma no echará atrás
la reforma del ministro Catalá del año 2015 que provocó la despenalización de la imprudencia leve, abocó a las víctimas a un proceso civil en el que se encontraban y se seguirán encontrando en condiciones de absoluta inferioridad respecto a las
empresas aseguradoras, aquellas que año tras año siguen incrementando sus beneficios -un 13 % en 2017- y aquellas que, además, esta última semana -¿verdad, compañeros y compañeras de la ponencia?- nos han estado llamando insistentemente. Ello no
pondrá remedio a la sensación de impunidad que sufren los ciudadanos cuando no se sienten suficientemente atendidos ante la justicia y seguirán siendo víctimas perdedoras por partida doble: se encontrarán frente a un sistema penal que demasiado a
menudo les ningunea, que demasiado a menudo carece de unos medios técnicos, de unos medios procesales para dar respuesta, la respuesta justa para indemnizar por los daños sufridos.
Nuestra propuesta, frente a esa exacerbación punitiva, era una reforma para evitar esa doble victimización: recuperar el principio de igualdad de armas de la víctima frente a la aseguradora que fue roto en el año 2015, terminar con los
privilegios de las aseguradoras y conseguir que ese tiempo de espera, esas dilaciones provocadas por la mora de las aseguradoras en el momento de pagar las indemnizaciones, corra en contra de las aseguradoras y no en perjuicio de la víctima,
estableciendo unos intereses moratorios que sencillamente no consiguen el lucro de nadie, sino estimular que esas aseguradoras cumplan con sus obligaciones. Junto a ello, proponíamos una serie de garantías jurídicas asistenciales y procesales que
evitaran a la víctima y a sus familiares el vía crucis judicial y la dificultad de conseguir una tutela judicial suficiente, en contraposición, frente a esas aseguradoras renuentes a atender sus obligaciones.
Pero debo reconocer -y lo vamos a constatar- que nuestro grupo se ha quedado prácticamente solo. La derecha, la vieja derecha, la nueva derecha, la derecha nacionalista de aquí, la derecha nacionalista de allí, no han querido ni oír hablar
de estas reformas de la Ley de seguros, de la Ley del baremo, de la Ley de Enjuiciamiento Civil; no han querido ni siquiera hablar y tampoco ha ayudado en absoluto la actitud huidiza del Partido Socialista. Por lo tanto, estamos ante una ponencia
que además hace oídos sordos a explorar otro tipo de respuestas que no sean las punitivas y, evidentemente, ni siquiera trata la justicia restaurativa, aquella que, sin sustituir a la justicia punitiva, avanza hacia una justicia más humanizadora que
incorpora el diálogo en el funcionamiento del sistema penal y que está dirigida a atemperar las consecuencias violentas del delito sobre la víctima y también las infligidas por la intervención institucional de un derecho excesivamente punitivo sobre
la persona infractora. De manea que, llegados a este punto, señorías, es una oportunidad perdida. Hoy ganan las aseguradoras, hoy pierde la ciudadanía.
Pero nuestro grupo no va a bajar los brazos, nuestro grupo seguirá promoviendo las reformas que considera justas, que hemos presentado y debatido en la ponencia, vamos a seguir defendiendo estas medidas en defensa de la justicia, en defensa
del diálogo, de la justicia social, y a costa de los privilegiados, aunque todo ello a algunos y a algunas les siga generando incomodidades, resistencias y miedos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Moya.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Gracias, señor vicepresidente primero de esta Cámara.
Señoras y señores diputados, ya pongo sobre la mesa que Unión del Pueblo Navarro votará, lógicamente, a favor del dictamen de este acuerdo que viene de la ponencia de la Comisión de Justicia. Quiero agradecer en esta legislatura un tanto
histriónica, más viendo lo que sucedió ayer en esta Cámara, que hayamos llegado a acuerdos entre fuerzas diferentes.
Esto es un drama que ocurre diariamente en nuestras carreteras. No es un asunto, señor portavoz de Unidos Podemos, de izquierdas ni de derechas, es un asunto en el que como líderes políticos, como representantes políticos, debiéramos
adelantarnos al poder de transformación que tenemos los políticos y llevar eso a solucionar los problemas, como es este caso de la modificación de la ley orgánica que es el Código Penal. Pero tristemente, una vez más, la sociedad civil nos ha
adelantado y los políticos vamos a rebufo, nunca mejor dicho, en la cuestión en la que estamos en este momento. Por eso quiero agradecer sin duda a la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes de Tráfico, a la Real Federación Española de
Ciclismo, a la Federación de Triatlón y -cómo no- a la Asociación de Ciclistas Profesionales, que están aquí presentes, y, como ya ha hecho la portavoz del Grupo Ciudadanos, especialmente a una gran luchadora, que es Anna González, con esa
plataforma y esa lucha que ha llevado por una ley justa como víctima por el fallecimiento de su marido Óscar por un camionero con un camión azul que segó su vida. Por ella y por todas las víctimas, por las futuras víctimas que podamos evitar con
esta modificación del Código Penal, Unión del Pueblo Navarro va votar a favor, y -cómo no, también- porque queremos que se clarifique la imprudencia grave, que se eleve uno o dos grados cuando haya varios afectados y, por supuesto, tipificar como
nuevo delito el abandono del lugar por parte del causante. Por tanto, como una lección de dignidad de esas personas que están ahí arriba, aquí debiéramos votar favorablemente a este dictamen que viene de la Comisión de Justicia. Unión de Pueblo
Navarro, lógicamente, votará a favor.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señor presidente.
Desgraciadamente existe un incremento de la siniestralidad en accidentes de tráfico, por lo que es evidente que es necesario tomar medidas. Anunciábamos en la toma en consideración de la proposición de ley en su día que había tres objetivos
a intentar conseguir. A nosotros nos parecía acertado el incremento del reproche penal a aquellas personas que causan accidentes por exceso de velocidad bajo el efecto del alcohol o de las drogas en la conducción. Otro objetivo que nos fijamos fue
incluir como nuevo delito el abandono del lugar del accidente. Ello comporta el castigo para aquellos conductores que huyen después de haber causado un accidente. Se pretende sancionar así la maldad intrínseca en el abandono de quien sabe que deja
atrás a alguien que puede estar lesionado o fallecido. Hoy en día si dejabas atrás a una persona que hubiese fallecido, como no se consideraba omisión del deber de socorro, esa persona quedaba impune. Finalmente, el tercer objetivo se refería a
las lesiones leves. Esta reforma hoy va a permitir que se condenen de nuevo por la vía penal los accidentes que causen lesiones leves en el tipo de las imprudencias menos graves. Ello permite volver a perseguir a sus causantes por la vía penal.
Como se ha dicho en esta tribuna, este tipo de accidentes suponen casi el 90 % de los siniestros en los que se ven implicados mayoritariamente ciclistas y peatones. Ahora pues, volverá a ser posible para las víctimas la reclamación de los daños en
el seno del proceso penal, sin tener que asumir los costes de un peritaje judicial; evidentemente, ello perjudicaba la capacidad de defensa de las víctimas.
Es verdad que no se puede dejar en manos de las víctimas las modificaciones del Código Penal y también es verdad que el Código Penal tiene que ser la última ratio. Pero también lo es que el incremento de los accidentes de tráfico y la
sensación de impunidad que había ante casos extremadamente dolorosos hace necesario que modifiquemos el reproche penal para este tipo de conductas y demos auxilio a las víctimas y a las familias de las personas afectadas por accidentes de tráfico.
Seguramente es una reforma que no es perfecta o que puede tener algún tipo de deficiencia técnica. Esperemos, en todo caso, que el paso del tiempo en su aplicación ayude a la concienciación de que las distracciones se pagan caras, que no se puede
conducir bajo el efecto del alcohol y las drogas; esperemos que si estos objetivos se cumplen
las deficiencias técnicas puedan ir siendo solventadas, bien por la doctrina o quizá de nuevo por esta Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARIANDIARAN BENITO: Buenos días nuevamente, señorías, señor presidente.
Se trae al Pleno de esta Cámara el dictamen de la Comisión de Justicia sobre la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o
ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, con un texto que ha recibido un apoyo muy mayoritario y cuyas principales modificaciones orientan a objetivar lo que haya de considerarse imprudencia grave o menos grave que causare la
muerte o lesiones de otro. Así, en cuanto a la imprudencia menos grave, se suple una actual indefinición al incluir que lo será aquella que no sea calificada de grave, siempre que el hecho causante sea consecuencia de una infracción grave de las
normas de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. En cuanto a la grave, se considera de esa naturaleza aquella conducción de vehículos bajo la influencia de drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas o bebidas
alcohólicas, o exceso de velocidad.
Por otra parte, esta objetivación de la imprudencia grave servirá para asegurar una mayor sanción como consecuencia de haber conducido de manera temeraria, que podrá incluso suponer una pena superior en uno o dos grados cuando se hubieran
producido fallecidos o heridos graves. También se aborda en esta reforma el que no queden desamparados, en protección penal, aquellos que resulten lesionados por quienes conduciendo de manera imprudente menos grave con las lesiones a las que se
refiere el artículo 147.1 del Código Penal. Es decir, aquellos que requieran para su sanación, además de la primera asistencia facultativa, algún tratamiento médico o quirúrgico, excluida la simple vigilancia o requerimiento facultativo del decurso
de la lesión. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Por último, esta reforma afronta una sentida demanda social ante el incremento de accidentes en los que resultan involucrados peatones y ciclistas con resultado de muerte o lesiones y en los que su causante, previa conducta imprudente,
abandona el lugar del accidente. Con este tipo penal autónomo se quiere penar la falta de solidaridad con las víctimas y evitar el concurso entre este nuevo tipo penal y el de omisión de deber de socorro del artículo 195.3 del mismo Código Penal.
Eso cuando concurran los requisitos exigidos en este, que se cifran en el peligro manifiesto y grave para las víctimas. Como puede observarse, esta es una reforma que pretende dar respuesta a lo que los colectivos afectados, especialmente ciclistas
y peatones, nos demandan y, singularmente, aquellos más débiles de los que en ocasiones circulan por la carretera. Sin embargo, no podemos olvidar que no solo con medidas punitivas ha de hacerse frente a la siniestralidad del tráfico, sino que
deberían acompañarse de acciones preventivas en materia de seguridad vial; esto es, de medidas educativas, formativas y tecnológicas, como en el resto de países de nuestro entorno. Confiamos, por ello, en que esta reforma coadyuve en la finalidad
que nos propusimos hace ahora un año, motivo por el cual votaremos a su favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Bon dia, diputades i diputats.
Estamos ante una proposición de ley que se ha trabajado muy rápido cuando el tema es especialmente importante, sobre todo por el alcance social que supone. Esta proposición de ley se ha tramitado con poco rigor técnico y jurídico, siendo
muy probable que el Tribunal Constitucional declare inconstitucional alguna de las reformas introducidas. Las víctimas no se lo merecen, se merecen seguridad jurídica, además de seguridad vial.
Nuestro grupo siempre ha estado en contra de reformar el Código Penal para solucionar los problemas sociales porque rompe con el espíritu y principios básicos del derecho penal, el derecho penal como ultima ratio, es decir, el principio de
intervención mínima del derecho penal, el cual tiene un doble significado, por un lado, implica que las sanciones penales se han de limitar al círculo de lo indispensable, en beneficio de otras sanciones o incluso la tolerancia de los ilícitos más
leves y, por el otro lado, implica que debe utilizarse solamente cuando no haya más remedio, es decir, tras el fracaso de cualquier otro
modo de protección. La intervención mínima en el derecho penal responde al convencimiento del legislador de que la pena es un mal irreversible y una solución imperfecta.
En el presente supuesto sí contábamos con otras medidas de protección que presentó el Grupo Parlamentario de Podemos con la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, mediante la cual se pretendía proteger más al asegurado y a las víctimas de
manera que tuvieran una mayor indemnización y reparación del daño causado. Compartimos plenamente la necesidad de legislar con el objetivo de acabar con la impunidad existente cuando un conductor implicado en un accidente de tráfico abandona el
lugar de los hechos, tanto si la víctima ha sufrido lesiones como si ha fallecido. Sin embargo, como ya apuntó mi predecesora en el cargo, la consellera de Justícia del Govern de la Generalitat de Catalunya, Ester Capella, Esquerra Republicana no
va a dejar pasar la oportunidad de hacer una crítica a esta manera de legislar, no porque sea una proposición de ley, sino porque llevamos treinta modificaciones del Código Penal de 1995 y, existiendo la demanda social que ya se reclama con esta
proposición de ley, se podría haber actuado mucho antes.
Votaremos a favor, aun a pesar de que estamos en contra de usar el Código Penal para solucionar los problemas de la sociedad, pero, por responsabilidad y solidaridad con las víctimas por accidentes de vehículos a motor y con los ciclistas
que se juegan la vida cada día cuando salen a la carretera, votaremos a favor. Pero esta reforma no termina aquí, nuestro grupo presentará enmiendas en el trámite en el Senado porque entendemos que estamos ante una reforma en la que la sociedad ha
hecho un gran esfuerzo y sacrificio y, por ello, es de corresponsabilidad que las compañías de seguros también pongan de su parte. Por lo tanto, a esta reforma le faltan patas, como la reforma de la Ley de Contrato de Seguro, la Ley del baremo, la
Ley de Enjuiciamiento Civil. Hay más medidas que pueden ser más útiles que reformar el Código Penal, más formación, más inversión en seguridad en las carreteras, más concienciación, más infraestructuras. Nuestra voluntad es continuar trabajando
para que los y las ciclistas puedan seguir disfrutando de este deporte y afición con plena libertad y seguridad. No queremos más víctimas y sí que los incívicos asuman su responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bellido Acevedo.
El señor BELLIDO ACEVEDO: Gracias señora presidenta.
Subo a la tribuna para expresar el voto favorable del Grupo Socialista a esta reforma del Código Penal que ha supuesto un gran acuerdo, fruto de un gran consenso entre los grupos. Si uno no tuviese ya cierta experiencia se sorprendería de
que subamos a la tribuna y lo que ha sido prácticamente un acuerdo unánime hasta antes de ayer en Comisión, hoy aquí establezcamos o subrayemos las diferencias. Yo voy a intentar subrayar lo que nos une, porque creo que ha sido mucho.
Los antecedentes de esta proposición de ley son la campaña que Anna González comenzó hace años por una ley justa tras la terrible pérdida de su marido mientras practicaba ciclismo, que fue atropellado por un conductor de camión que no se
paró a atenderle. Pero no es un caso insólito, hay muchos casos terribles denunciados por asociaciones de víctimas, por familiares, absolutamente lacerantes: peatones, ciclistas, motociclistas que no han sido atendidos por quienes han causado el
siniestro y les han dejado abandonados. Abandonar a la víctima en España, en algunos supuestos que no cubría la omisión del deber de socorro podía no tener castigo. Esto es así, y los colectivos de víctimas llevan años pidiéndonos que lo
reformemos y también los colectivos ciclistas. Hace un instante me lo recordaba Pedro Delgado, que llevan años pidiendo que esta cuestión se reforme. Por tanto, ese era uno de los problemas que teníamos que afrontar y el otro era intentar derogar,
revocar los efectos más perniciosos que había traído la reforma del año 2015 del Código Penal que hizo el Partido Popular con su mayoría absoluta, que al despenalizar las faltas había dejado muchos delitos de lesiones muchas imprudencias
despenalizadas, teniendo que ir las víctimas a la jurisdicción civil. Decía el portavoz del Grupo Podemos que no se les va a dar protección a las víctimas con esta reforma. Yo diría que no hay mejor protección que hacerles regresar a la
jurisdicción penal con todas las garantías.
Hemos afrontado una ponencia con el objetivo de valorar elevar algunas penas para los casos más graves, para identificar, de alguna manera para regular mejor las imprudencias menos graves que desde su incorporación al Código Penal en el año
2015 se habían utilizado poco, y también para establecer este nuevo delito, el delito autónomo de abandono del lugar del accidente. Decía también el portavoz de Podemos que esto no salva vidas, que esto no reducirá los siniestros. Yo creo que si
el conductor sabe
que tiene una mayor sanción dándose a la fuga y abandonando a las víctimas que atendiéndola en el lugar del accidente y llamando a las emergencias, es posible que se salven vidas y por eso es importante que hoy lo aprobemos.
Quiero agradecer el trabajo realizado en la ponencia a los comparecientes, por sus aportaciones muy enriquecedoras, y también a todos los grupos políticos, a los ponentes del Partido Popular, de Podemos, de Ciudadanos, de todos los grupos
sus contribuciones. Creo que hemos estado mucho más cerca de lo que quizá hoy estamos demostrando. Con esta reforma y con otras acciones que está haciendo el Gobierno vamos a conseguir más seguridad en las vías, mejor convivencia entre los
usuarios y más respeto para aquellos que son más vulnerables: los peatones y los ciclistas. Es verdad que va a quedar pendiente alguna reforma. Por ejemplo, en el trabajo en Comisión hemos estado muy cerca de algunas propuestas del Grupo Podemos,
hemos llegado a transaccionarlas, pero también por respeto a los colectivos de víctimas que nos han pedido que se puedan valorar estas cuestiones en la Ley del baremo, en la Comisión de seguimiento de la Ley del baremo, hemos preferido abstenernos
para darles el protagonismo a los colectivos. Quiero agradecer también la contribución del Gobierno, la de la ministra de Justicia, la de la secretaria de Estado para el Deporte, la del director general de Tráfico y especialmente la del presidente
del Gobierno, que desde el principio ha estado involucrado para intentar conseguir la máxima protección de las víctimas, y eso ha ayudado también ha evolucionar la postura del Grupo Socialista. Quiero agradecer muy especialmente a Anna su valentía,
su impulso y, sobre todo, su generosidad en este tiempo y también dar las gracias a Alfonso Treviño, que ha hecho aportaciones muy interesantes, a Francisco Parres, que está aquí también hoy, a las asociaciones de ciclistas, a los colectivos de
víctimas que, como dice Pere Navarro, es el hecho diferencial y positivo que tiene España para prevenir y para trabajar por concienciación social que no tienen en otros lugares de Europa, Stop Accidentes, DIA, Aesleme. También quiero agradecer muy
especialmente la colaboración de mi colega Pedro Muñoz, que no solamente me ha acompañado, sino que en algunos casos también ha guiado en este proceso de reforma.
Honestamente, creo que con esta reforma que vamos a aprobar por amplia mayoría honramos a las víctimas y trabajamos por mejorar la seguridad vial. Es verdad que a los familiares nadie les va a devolver la vida de sus seres queridos, pero
estoy convencido también de que desean que nadie más pase por su sufrimiento, que no solamente es perder un familiar, sino también el sentimiento de frustración que da ver la impunidad que en algunos casos han padecido. Por eso creo que, como dice
Anna González, hemos conseguido una ley justa que va de personas y por eso tenemos que sentirnos orgullosos. Estos días se ha producido en la Cámara de representación, en el Congreso, hechos lamentables que para nada representan el buen trabajo de
muchos diputados y diputadas que trabajan todos los días por dignificar su labor de representación de los ciudadanos. Este trabajo en Comisión durante estos meses, durante este año y pico, demuestra que podemos entendernos y a mí me gustaría hoy
subrayar la unidad para que nadie se vaya con un mal sabor de boca porque creo que entre todos hemos conseguido mejorar la seguridad vial en nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gamazo Micó.
El señor GAMAZO MICÓ: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, el 27 de junio del año pasado aquí mismo desde esta tribuna les animaba a que pedaleáramos juntos en la mejora de la protección de los usuarios más vulnerables de la red viaria y apoyaran la propuesta de reforma del Código Penal
que el Grupo Parlamentario Popular había registrado y presentado junto a representantes de colectivos ciclistas. Hoy, con la aprobación de este dictamen, en un proceso largo, larguísimo, que a ojos de muchos ha parecido eterno, seguimos pedaleando,
poniendo en primer plano la responsabilidad de frenar la siniestralidad vial, una lacra social a la que nos enfrentamos desde diferentes ámbitos: el educativo, el preventivo y el sancionador. Los diputados del Partido Popular, conocedores de esa
lacra social, quisimos dar respuesta desde la tutela penal impulsando esta proposición de ley que la hubiese podido presentar cualquier grupo parlamentario, tanto que la han criticado, pero la presentó este grupo, el Grupo Popular. Es una reforma
que es fruto de la atenta escucha de las reivindicaciones de las asociaciones de víctimas que hoy nos acompañan, de los colectivos ciclistas y del testimonio desgarrador de Anna González y de tantos otros familiares de víctimas con las que nos hemos
reunido. Jamás nos cansaremos de agradecer y reconocer a Anna y a todas las personas que han luchado por una ley más justa su impulso y su fuerza para evitar que en el futuro ninguna familia tenga que pasar
por el calvario por el que ellas han pasado. (Aplausos). Es una reforma prudente y moderada que contó con el firme compromiso de los ministros de Justicia, Rafael Catalá, y del Interior, Juan Ignacio Zoido, en aquel momento, a los que
agradecemos su predisposición e implicación en el impulso de esta iniciativa.
Señorías, en el trámite de ponencia, desde mi grupo hemos estado abiertos al diálogo con el resto de los grupos y entre todos hemos mejorado técnicamente la propuesta inicial alcanzando un texto más equilibrado, más proporcionado y
consensuado tras escuchar a los comparecientes, a los que también agradecemos todas sus aportaciones, porque hoy es un día de agradecimientos. Quiero poner en valor también la disponibilidad y el talante constructivo de los diputados de aquellos
grupos parlamentarios que, sin afán de protagonismo ni de dinamitar la ponencia, con su trabajo han mejorado y complementado el texto. Gracias también a ellos. Me van a permitir que en este apartado subraye la labor realizada de forma apasionada e
intensa por mis compañeros y componentes de mi grupo en esta iniciativa; gracias sinceras a Silvia Valmaña, gracias a Avelino de Barrionuevo y a Pablo Matos (aplausos) y también, muy especialmente, a mi amiga y portavoz de Justicia, María Jesús
Moro, gracias por tu implicación máxima y por tu extraordinaria generosidad al permitirme también defender hoy aquí el posicionamiento de nuestro grupo. (Aplausos).
Señorías, les quiero recordar que la reforma que planteó mi grupo buscaba, en primer lugar, mejorar la definición del concepto de imprudencia; en segundo lugar, aumentar la punición de ese tipo de conductas y, en tercer lugar, introducir el
delito de abandono del lugar del accidente. Hasta este momento del íter legislativo, hemos logrado mantener ese objetivo que planteamos y estamos satisfechos, y eso que no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque respecto al delito de fuga,
siempre ha sido el Grupo Popular el que lo ha defendido vehementemente porque creíamos que abandonar a una persona tras un accidente y fugarse era un acto despreciable y, por tanto, debería ser merecedor de un reproche penal y no de un mero reproche
administrativo, como algunos defendían, porque se trataba de proteger mejor la vida, la dignidad y los bienes jurídicos primarios. La fuga en un siniestro vial es un hecho intolerable, en el que se desprecia la dignidad de las víctimas y de sus
familiares y que denota una falta de solidaridad. Aquellos que todavía no han encontrado el bien jurídico protegido deberían hacérselo ver.
Señorías, respecto de las enmiendas que aún continúan vivas, queremos señalar que el martes, en la Comisión de Justicia, ante los vaivenes de algunos grupos y la intervención de alguna diputada -en concreto, de la de Ciudadanos-, nos
quedamos, me quedé perplejo; perplejidad que he de reconocer que hoy ha aumentado porque continúa por la misma línea, perplejo por las falsedades que se vertieron y por las que hoy se han vertido porque, señora diputada de Ciudadanos, su grupo
jamás ha presentado ninguna enmienda referida a la inclusión de las lesiones del artículo 147.1, ni a la imprudencia menos grave del artículo 152.2, ni al incremento de las penas en caso de un solo fallecido como consecuencia de la conducción bajo
las circunstancias del 379. Repase sus enmiendas, la 10 y la 11, no verán ese tenor literal porque jamás lo han defendido. Además, en la Comisión del pasado martes, se presentó una enmienda in voce de nueva redacción en la que se incorporaban las
peticiones de las asociaciones de víctimas y las lesiones del 147.1 en esa imprudencia menos grave del 152. Es una enmienda idéntica a la que presentaron los diputados ponentes de mi grupo parlamentario en la última reunión de la ponencia el 30 de
octubre y que todos los diputados del resto de los grupos -también las diputadas de Ciudadanos- rechazaron y no tuvieron en consideración a favor de otro tenor literal. Allí, en la reunión de ponencia, a diferencia de en la Comisión o aquí, no
tenemos ni taquígrafos ni cámaras, por lo que se pueden entender esos vaivenes de algunas y algunos ya que en las reuniones de trabajo sin focos, sin cámaras y sin micrófonos carece de sentido fomentar el populismo mediático. Por eso hoy también
queremos agradecer la rectificación de ambos grupos parlamentarios, de los socialistas y de Ciudadanos, que rectificaron a tiempo y acogieron el criterio propuesto por los ponentes del Partido Popular, que habían rechazado previamente. En cuanto a
las enmiendas de Podemos, creemos sinceramente, señor Moya, que, como ya le dijimos en Comisión, no tiene sentido alguno que sus enmiendas sean hoy tratadas aquí, en una modificación legislativa en el exclusivo ámbito penal. Sin entrar a valorar el
contenido de las mismas, nos oponemos a ellas; además, saben que debemos hacer en todo caso una reflexión y una valoración tras la valoración que realice la Comisión de seguimiento del baremo de la Ley 35/2015.
Señorías, señora presidenta, voy finalizando. Cualquiera de nosotros, cualquier persona puede ser víctima, pero también causante, de un siniestro vial. Con la presentación pública de esta iniciativa, el Partido Popular inició una ruta para
reforzar la tutela penal en la movilidad viaria ante hechos y comportamientos intolerables que atentaban y atentan contra la vida y la integridad de las personas. Hoy les pido a todos que continuemos por esa senda emprendida y que avancemos para
que ninguna persona
se pueda sentir desprotegida por nuestro Estado de derecho, porque apoyando este dictamen lograremos una ley más justa, que va de personas, va de peatones, como Paula, que falleció con quince años cuando una conductora ebria la atropelló y
se fugó, o como Alejandra, a quien con diecisiete un conductor le arrebató la vida mientras ella caminaba hacia la parada del autobús, o ciclistas como Alejandro, que con treinta y dos años un domingo por la mañana perdió la vida en Oliva al
cruzarse un conductor, o de ciclistas como Andrés, sus padres y sus amigos, que perdieron la vida también en Oliva. (Emocionado, hace una pausa en su discurso.-Aplausos). Señorías..., perdón. Tenemos hoy la oportunidad de aprobar una ley que va a
frenar la violencia vial, eso es lo que pretendemos, lo que pretende el legislador que apruebe esta propuesta; una ley que va a frenar la violencia vial y mejorará la protección que el Código Penal brinda a todos los que compartimos las calles y
carreteras de nuestro país, a todos: a peatones, a ciclistas, a motoristas, a conductores, a transportistas o pasajeros, porque es una ley de personas, de todos nosotros.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:
- PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS EXTERNAS. (Número de expediente 122/000121).
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el punto del orden del día relativo al debate de totalidad de iniciativas legislativas. En primer lugar, corresponde el debate de totalidad de la proposición de ley reguladora de las
prácticas académicas universitarias externas. A esta proposición de ley se ha presentado una enmienda a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de la enmienda presentada, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, el señor Alonso Díaz-Guerra.
El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Gracias, presidenta.
Señorías, tomo la palabra para defender la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos. ¿Por qué presentamos esta enmienda a la totalidad? Como ustedes bien conocen, el Grupo Popular, como la mayoría de grupos de esta Cámara, no considera necesario elevar a rango de ley la regulación de las prácticas académicas
universitarias externas. Pero, ante la toma en consideración de un texto demagógico, que desconfía de la labor realizada por las universidades, las empresas, los estudiantes, las instituciones o los sindicatos y que pone en riesgo el sistema de
prácticas, la titulación de miles de jóvenes y la competitividad de nuestras universidades, en el Grupo Popular consideramos un deber presentar una alternativa. Presentamos una alternativa porque partimos de una idea, de una concepción radicalmente
distinta a la que desprende el texto que trajo a esta Cámara el grupo proponente. Ustedes partían de una desconfianza profunda; más aún, partían de la descalificación de un sistema que se atrevían a considerar como de fraude generalizado. Nos
preocupa ese punto de partida tan negativo, tan contrario al sistema de prácticas y a sus protagonistas. Con su afirmación de fraude generalizado, ¿a quién están acusando? ¿A los autónomos y pymes, que son los que más estudiantes en prácticas
acogen? ¿Lo que afirman es que los autónomos y las empresas se dedican a vulnerar los derechos de los estudiantes universitarios? Con su afirmación de fraude generalizado, ¿a quién acusan? ¿A las universidades como cooperadoras necesarias para
que las empresas puedan campar libremente, o a los profesores universitarios, encargados de las tutorías de los universitarios en prácticas, o quizás a los departamentos de calidad de las universidades, que son los responsables de garantizar la
calidad de las prácticas externas? Con su afirmación de fraude generalizado, ¿también acusan a las administraciones públicas y a sus funcionarios, que reciben a miles de alumnos en prácticas anualmente, o a las instituciones del tercer sector:
ONG, fundaciones, etcétera? Desgraciadamente, sus acusaciones, sus descalificaciones, van dirigidas a todos, a todos los que dedican su tiempo y esfuerzo en compartir conocimiento con nuestros estudiantes.
Señorías, ¿cómo pretenden mejorar un sistema de prácticas desde la desconfianza, desde el desprecio y la descalificación a todos los que lo integran? Seamos claros, no intentemos confundir a la opinión pública intoxicándola o con demagogia.
Con las prácticas académicas se pretende contribuir a la formación, a una formación integral de los estudiantes complementando su aprendizaje teórico y práctico, además de favorecer el desarrollo de las competencias del estudiante, que conozcan la
metodología de trabajo,
obtengan una experiencia práctica y favorecer la innovación, la creatividad y el emprendimiento. Es evidente que son unas prácticas formativas. En ningún caso -repito, en ningún caso- son unas prácticas laborales; son unas prácticas para
completar la formación de nuestros estudiantes. Y lo son tanto las prácticas curriculares como las extracurriculares. Por tanto, es totalmente erróneo pretender fijar un salario vinculado al salario mínimo interprofesional para aquellos que están
realizando unas prácticas académicas y formativas. Esto es desconocer la naturaleza de las cosas, crear confusión y proceder a destruir la posibilidad de que los alumnos puedan completar su formación a través del sistema de prácticas externas. Por
ello, la propuesta del Partido Popular establece que los alumnos reciban una ayuda económica para poder cubrir los gastos que les ocasione la realización de las prácticas y así garantizar una verdadera igualdad de oportunidades.
Señorías, ya en la toma en consideración observamos una profunda discrepancia de la mayoría de la Cámara en la proposición de ley, una opinión compartida con la del Partido Popular, que consideraba -y considera- el texto de dicha proposición
un desatino, inadecuado y contraproducente con su propósito declarado. Porque el texto propuesto no resuelve ningún problema, al contrario, los provoca. Su propuesta nace de numerosas falsedades, generando sospechas e insidias sobre todos los que
intervienen en las prácticas académicas externas. Rompe los consensos alcanzados, no cuenta con el respaldo de la comunidad universitaria. En definitiva, es un documento que surge de su obsesión de impregnar todo de su sectarismo ideológico. Es
indudable que su propuesta es un despropósito. No han escuchado a las universidades, han excluido a grupos parlamentarios, no han dialogado con las entidades y ni siquiera han consultado a la mayoría de los estudiantes ni a los rectores, que les
han tenido que decir -y leo textualmente-: Lamentamos que no se haya contado con el conocimiento y experiencia en la materia que podíamos haber aportado las universidades.
Por ello, presentamos una alternativa, una alternativa realista que conjuga la voluntad de luchar contra los posibles abusos con la confianza en un sistema que ha funcionando, subrayando el carácter formativo de las prácticas como
característica esencial, incluyendo las aportaciones de las universidades y garantizando la viabilidad de un buen sistema de prácticas universitarias. La propuesta del Grupo Popular parte de una concepción totalmente contraria a la propuesta
presentada por Unidos Podemos. Les ofrecemos un planteamiento basado en la razón, en la confianza, en la superación. Les ofrecemos una propuesta que parte de una evaluación del sistema y persigue, a través del conocimiento y la experiencia,
perfeccionar el sistema de prácticas externas. Desde este compromiso de mejora consideramos necesario potenciar y preservar los derechos de los estudiantes, pero debemos hacerlo junto a las universidades de las que forman parte y con las empresas,
las administraciones e instituciones que colaboran en su formación. Apostamos por mejorar y ampliar los mecanismos de control e inspección para evitar los casos de fraude, pero nunca, repito, nunca la solución a los abusos puede ser eliminar las
prácticas extracurriculares. Nosotros, a diferencia de ustedes, apostamos por las prácticas extracurriculares, porque además de completar una magnífica formación teórico-práctica son las que proporcionan una mayor empleabilidad a nuestros jóvenes,
pero además tenemos el firme convencimiento de que la duración de las prácticas curriculares debe fijarse en los planes de estudio. Me imagino que el grupo proponente habrá tenido tiempo de comprobar lo ilógico de su planteamiento inicial.
Señorías, escuchen y confíen en las universidades. En el Grupo Parlamentario Popular venimos a construir, por lo que presentamos un texto que parte del consenso alcanzado por toda la comunidad universitaria en torno al Real Decreto
592/2014, y además ha sido mejorado con importantes aportaciones resultando un documento constructivo en la búsqueda de la mejora del sistema de prácticas. En el Partido Popular creemos en la universidad española, creemos en los docentes y el resto
del personal, en los alumnos, en las entidades colaboradoras, en definitiva, creemos en nuestro sistema universitario y en la necesidad de trabajar juntos para su fortalecimiento. Por ello, les proponemos un texto basado en el respeto que genera
certeza y reconocimiento, un texto que recupera el carácter formativo de las prácticas universitarias, que permite al alumno la obtención de experiencia mejorando sus posibilidades de inserción laboral. Les proponemos un texto que confía en la
responsabilidad social de las entidades, un texto que genera seguridad jurídica, un texto comprometido con la igualdad de oportunidades. Les proponemos un texto que respeta el ámbito competencial autonómico, que favorece la empleabilidad del
estudiante y que avala la autonomía universitaria. Señorías, les proponemos la regulación de un texto con rango de ley para que en su desarrollo normativo posterior concretemos aquellos aspectos que puedan adaptarse a las necesidades de la
universidad española. Les proponemos un texto donde se valora y potencia el ejercicio a favor de la equidad que realizan las prácticas externas como parte del sistema universitario. Les
proponemos un documento muy alejado de propuestas difamadoras que realzan la función como agente de desarrollo social y económico que está realizando nuestra universidad. Les proponemos un documento en positivo que no busca culpables de los
desajustes del sistema de prácticas, sino que plantea soluciones coherentes, prevaleciendo las propuestas de los intervinientes en el proceso. Por todo ello, les pido su voto favorable para esta propuesta.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En representación de dicho grupo, tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, quiero saludar a los colectivos, sindicatos e instituciones que han colaborado en la elaboración de esta ley, que algunos de ellos están presentes hoy aquí, como Comisiones Obreras o el Consejo de la Juventud de España;
gracias por estar hoy aquí y gracias por el trabajo realizado. (Aplausos).
Como saben -y si no, se lo recuerdo-, las becas en fraude consisten en el uso generalizado por parte de algunas empresas de las prácticas formativas para sustituir puestos de trabajo. Muchas empresas se aprovechan del elevado desempleo, la
precariedad juvenil y la sobrecualificación de los jóvenes para ofrecer todo tipo de prácticas a estudiantes universitarios y de FP, pero también a jóvenes que ya han terminado sus estudios, sin ningún tipo de control ni calidad, sustituyendo en
muchos casos puestos de trabajo. En total, hablamos de más de 150 000 jóvenes afectados cada año por esta situación.
Hace un año, el 30 de noviembre de 2017, aprobábamos aquí la toma en consideración de la ley reguladora de prácticas universitarias. Esta ley tenía tres objetivos: en primer lugar, acabar con el fraude de las becas que encubren puestos de
trabajo; en segundo lugar, desarrollar un estatuto del becario para garantizar la calidad formativa de las prácticas universitarias, proporcionando también derechos al estudiante en prácticas; en tercer lugar, fomentar la contratación de jóvenes
mediante contratos laborales al finalizar las prácticas. Esto no creo que sea demagogia ni creo que sea sectarismo, más bien me parece que es Estado de derecho, señores del PP. Dábamos así cumplimiento a las expectativas de regulación de cientos
de miles de jóvenes en este país y también de las universidades y de los representantes de los estudiantes para abordar por fin la regulación de esta materia. Los estudiantes, a través de la CRUE, y también las universidades fueron rápidos a la
hora de proporcionar enmiendas a esta proposición de ley, una vez se aprobó la toma en consideración. Nosotros mismos fuimos a hablar con la CRUE para ver cómo podíamos incorporar a esta proposición de ley su visión, y aprovechamos ese trabajo para
incorporar nuestras enmiendas. Estas entidades confiaban en que los grupos parlamentarios con presencia en esta Cámara fueran igual de diligentes que lo fueron ellas a la hora de hacer su trabajo. Hoy, un año después, esta ley se trae a debate de
totalidad, porque ha estado bloqueada por su permanente retraso en el trámite de enmiendas a través de esas ampliaciones de plazo sine die que han tenido bloqueado el Parlamento todo este tiempo. (Aplausos). Les ha costado un año, pero al fin -hay
que celebrarlo- han levantado el bloqueo y hoy el Partido Popular nos trae una enmienda a la totalidad de la ley, que lo que busca es diluir todo lo que proponíamos en nuestra proposición de ley, que es también lo que piden los afectados,
representados a través de sindicatos y de instituciones como el Consejo de la Juventud. De esa manera, hacen caso omiso a lo que piden los afectados, a lo que piden los estudiantes y a lo que piden también las universidades, que es, al contrario de
lo que dice usted, portavoz del Partido Popular, acabar con el vacío legal que existe con respecto a las prácticas.
Esta enmienda que ustedes proponen busca desregular y mantener la ley de la selva que existe actualmente en torno a las prácticas académicas. Por ejemplo, en nuestra ley proponíamos una limitación del número de horas de las prácticas para
que estas no se pudieran prolongar indefinidamente, y ustedes lo que proponen es desregularlo para que no haya ningún límite a la hora de determinar las horas y los días que está un estudiante realizando las prácticas, para que puedan estar
desarrollándolas indefinidamente, taponando de esa manera la incorporación de los jóvenes al mercado laboral; es decir, la ley de la selva. Nosotros proponíamos también una limitación al número de estudiantes en prácticas en función del tamaño de
la empresa, para evitar que haya empresas que se nutran exclusivamente de becarios, como ahora mismo sucede en algunos casos. Ustedes, sin embargo, lo que proponen es barra libre, para que pueda haber empresas que cuenten solamente con becarios a
la hora de desarrollar sus funciones (aplausos); es decir, la ley de la selva. Nosotros proponíamos, mediante el estatuto del becario,
medidas para reforzar la calidad de las prácticas, como la de que las empresas tengan que disponer de un tutor en exclusividad para cada alumno en prácticas. ¿Qué proponen ustedes al respecto? Nada. Que pueda haber un trabajador con
veinte becarios a su cargo, de manera que no pueda cumplir su función de tutorización dentro de la empresa; es decir, la ley de la selva. ¿Y saben por qué ustedes quieren la ley de la selva en lugar del derecho, que es lo que nosotros proponemos?
Porque en la selva gana el más fuerte, y quiénes ganan son sus amigos del Ibex y también las empresas que no quieren cumplir con los derechos de los trabajadores y de los estudiantes. (Aplausos). Esos son los que ganan y eso es lo que ustedes
están defendiendo aquí.
También proponíamos, mediante el estatuto del becario, una remuneración mínima para los estudiantes en prácticas, cuyo importe estamos abiertos a negociar en la ponencia, pero que asegure que, al menos, al becario no le suponga un coste
realizar las prácticas como ocurre hoy en día. ¿Qué proponen ustedes? Nada; que sea voluntario, que sea beneficencia por parte de las empresas y así sucesivamente. En el mejor de los casos, lo que proponen es que sean las universidades las que
regulen esto, pero es que -como ya les decíamos- las universidades demandan regulación para evitar que ellas tengan que competir a la baja en las condiciones en las que ofrecen las prácticas.
Es decir, ustedes, señores del PP, se niegan a reconocer el problema, igual que cuando la anterior ministra de empleo, Fátima Báñez, llamaba 'movilidad exterior' a los jóvenes que expulsa este país todos los años y que tienen que emigrar al
extranjero; igual que cuando uno de sus amigos de la CEOE -en concreto este que está en la cárcel, afortunadamente- decía que la solución a la crisis era trabajar más y ganar menos. Ustedes, señores del PP, lo que quieren es que todos seamos
becarios. Nos quieren a todos becarios, nos quieren a todos outsiders, nos quieren a todos precarios. Este es su modelo, que es el que se plasma en la reforma laboral y es el que se plasma en su oposición a la subida del SMI y el que se plasma en
todas sus leyes relacionadas con el ámbito laboral.
Los jóvenes han sido los grandes perdedores de esta crisis. El desempleo juvenil sigue hoy en el 33 %, que es el doble de la tasa general y la tasa más alta de la Unión Europea después de Grecia. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes,
ocupa la Presidencia). La temporalidad juvenil sigue en el 60 % y los jóvenes tienen de media cinco contratos al año, sí, cinco contratos en un mismo año; eso los que trabajan, porque los hay también -muchos de ellos- que trabajan sin contrato,
como los que están mediante becas en las empresas o los que están como falsos autónomos con las mochilas de Delivery o de Glovo, eminentemente jóvenes que no computan en esas cifras de precariedad laboral y de temporalidad. Además, los que hoy no
cotizan o los que encadenan sucesivos contratos precarios pasarán en el futuro a formar parte de las bolsas de pobreza si no lo evitamos, al no generar los derechos necesarios para cobrar indemnizaciones por despido o pensiones en el futuro. Esta
precariedad generalizada, que podríamos denominar precariedad generacional, afecta a todos los jóvenes, y la única duda que quizá quede sobre la mesa es por qué no están aquí rodeando el Congreso todos los días, como han estado los pensionistas.
Quizá sea, precisamente, porque ni siquiera tienen tiempo para venir aquí a protestar, porque tienen que seguir girando en la rueda de la precariedad que ustedes han creado para salir de esta situación, hasta que un día esta rueda se pare
definitivamente. (Aplausos). Estamos aquí a tiempo de solucionar esta situación.
Volviendo al contenido de la proposición de ley, acaban de decir que se reunieron con las universidades para llegar a un consenso. Pues nosotros les tenemos que decir que llevamos reuniéndonos con las universidades, con los representantes
de los estudiantes desde hace un año, y también con el Consejo de la Juventud, con los sindicatos y con los colectivos para poder llegar a un consenso, señores del Partido Popular. Cuando ustedes van, nosotros ya hemos ido y ya hemos vuelto, ya
hemos ido y ya hemos vuelto a venir, porque de donde nunca nos hemos movido es del lado de la juventud sin futuro, de los jóvenes a los que ustedes han negado el futuro. Nos preocupa esto de verdad, no como a ustedes, porque son nuestros hermanos,
nuestros hijos, nuestras amigas las que sufren esta situación injusta.
Hay una muy buena noticia que se desprende de este debate, y es que hoy se van ustedes a quedar solos votando a favor de su enmienda a la totalidad. Esta es una muy buena noticia, sobre todo porque va a abrir la posibilidad de desbloquear
el trámite de esta ley tan necesaria y va a conseguir impulsar un acuerdo entre el resto de grupos para dar una solución a este problema de forma urgente. Tenemos que agradecérselo, señores del Partido Popular, porque su extremismo y su torpeza van
a hacer posible que por fin se pueda llegar a aprobar esta proposición de ley. Por fin vamos a poder empezar a devolverle a la generación más preparada de la historia el futuro que ustedes les han negado. Esperemos que esta proposición de ley sea
solo el primer paso para devolvérselo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González.
Tiene la palabra el señor Alonso Díaz-Guerra.
El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Gracias, presidente.
Señorías de Podemos, les agradezco ese tono tan conciliador que les caracteriza y que pongan en valor el gran documento que traíamos, porque simplemente les ha faltado acusarnos de la muerte de Manolete.
Fíjense, les voy a dejar claro un detalle. Ustedes dicen que han hablado con todo el mundo, pero la pregunta clave es: ¿Ustedes hablaron de verdad con los grupos parlamentarios y con la comunidad universitaria antes de presentar su
proposición de ley? La respuesta la conocen ustedes y el resto de la Cámara, y es que no. Es cierto que pueden haberlo hecho este último año, pero no acordaron con nadie tratar de manera conjunta este asunto. Ustedes no se han dirigido a los
grupos de esta Cámara para presentar su proposición de ley, tanto que aluden a ese ficticio diálogo.
Les voy a señalar también otro problema que tiene su proposición de ley, y es que desde el principio lo único que hace es desprestigiar al sistema universitario. Les voy a proponer una frase en la que espero que por lo menos sí coincidan
con nosotros: La universidad española goza de una tradición y un prestigio internacionalmente reconocidos. Por lo menos coincidirán conmigo en esa frase. Pues bien, no es permisible que ustedes vengan a generar sospechas sobre la universidad, no
les podemos permitir que descalifiquen como fraude generalizado un buen sistema de becas en prácticas porque están acusando de corrupción a todos los que intervienen en ese sistema.
Sin duda, el texto que vamos a votar hoy es infinitamente mejor que el suyo, porque -ya lo he dicho antes- es un texto que no genera los problemas que genera su texto original. ¿Saben por qué? Porque, a diferencia del texto que ustedes
propusieron, el texto del Partido Popular no legisla contra nadie; busca soluciones. Su proposición de ley es nociva para la universidad, para todos los componentes del sistema universitario, pero especialmente para los alumnos, pues pretenden
privarles del gran potencial formativo y de la empleabilidad que les aporta el hecho de poder realizar las prácticas. Todos ustedes serán culpables de que los alumnos, si sale adelante su proposición de ley, no puedan realizar las prácticas, tanto
ustedes, señores de Podemos, como aquellos que les apoyen en el futuro. Señorías, no engañen a la opinión pública, porque ustedes saben que con su proposición de ley no va a haber entidades que puedan ofertar prácticas para que completen la
formación los alumnos universitarios. Señorías, pueden seguir trabajando sobre una propuesta que descalifica, que acusa al sistema universitario de ilícito, de corrupto y de fraude generalizado; ahí al Partido Popular no lo van a encontrar.
Nosotros no vamos a ser los que desmantelemos el sistema de prácticas ni los que acusen de fraude a las entidades, nosotros no vamos a desprestigiar un sistema universitario como hacen ustedes en su proposición de ley.
Son indudables las diferencias que hay entre su proposición y la nuestra. Fíjense, su proceder en este asunto, como en muchos otros, se resume en una frase: haz lo que yo digo pero no lo que yo hago. Dicen luchar contra el enchufismo;
pues pregunten al señor Íñigo Errejón sobre una beca black o un tal contrato de trabajo. Creo que por Málaga le vieron poco trabajar, pero además mintió, porque está inhabilitado por la universidad. (Muestra un recorte de prensa). No hace falta
que les recuerde ciertos titulares de la prensa. Dicen luchar contra el amiguismo; pues pregunten quién era el profesor que dirigía el estudio de investigación para el que fue contratado el señor Errejón. Quizás ahora, en este momento, puede ser
hasta diputado nacional. La verdad es que el caso Errejón fue sorprendente por los rápidos ascensos que tuvieron todos los implicados. Les voy a relatar algunos hechos. Junto al director del estudio, el actual diputado de Unidos Podemos, el
inspector del servicio de la universidad fue nombrado director general de la Consejería de Educación, y la rectora de la Universidad, consejera de Educación de la Junta de Andalucía. La verdad es que el señor Errejón parece una magnífica
influencia, sobre todo cuando sus actuaciones no son precisamente un ejemplo para los universitarios de este país. Dicen defender a los universitarios; pues pregunten a su compañera la alcaldesa de Madrid cuántos estudiantes tiene sin ningún tipo
de ayuda en la conocida como radio Carmena. ¿Son estos los casos de fraude generalizado a los que ustedes se refieren? Después de tener tan cerca y tantos casos, no me extrañan sus sospechas de fraude generalizado. Pero los integrantes del
sistema de prácticas demuestran mucha más integridad que algunos de sus compañeros.
Señorías de Podemos, llegaron a la vida pública pretendiendo ser los Robin Hood de la política española, pero ya no engañan a nadie, y su populismo radical no solo consigue perjudicar a todos, sino especialmente a los que ustedes dicen
proteger.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alonso.
Tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Voy a tratar de responder a las acusaciones que lanza el Partido Popular. No, no les acusamos de la muerte de Manolete; les acusamos de generar en este país un mercado laboral precario; les acusamos de generar miles de agujeros en el
mercado laboral (aplausos); les acusamos de generar un mercado laboral de baja productividad, que hace que los salarios en este país se hayan devaluado en los últimos años; les acusamos de haber expulsado a cientos de miles de jóvenes de este
país, que han tenido que ir al extranjero a buscarse la vida. (Aplausos).
Decían que no habíamos acordado con nadie la proposición de ley antes de traerla aquí. Sí, la habíamos trabajado previamente con instituciones, colectivos y sindicatos, pero les voy a hacer una pregunta yo también. ¿Con quiénes acordaron
ustedes la reforma laboral de 2012? (Aplausos). ¿Con quiénes acordaron ustedes la reforma de las pensiones? ¿Con quiénes acordaron ustedes el rescate a la banca? Explíquemelo usted después si tiene oportunidad.
Luego decía que generábamos sospechas en la universidad. Ni muchísimo menos. Nosotros confiamos en la universidad pública de este país. Quienes han generado el descrédito de las universidades públicas de este país y la permanente sospecha
son ustedes, son ustedes con la trama corrupta de másteres regalados en la Universidad Rey Juan Carlos, con el máster de Pablo Casado y con el máster de Cristina Cifuentes. (Aplausos). Pregunten a los estudiantes de este país, pregunten a los
estudiantes de la Rey Juan Carlos que están indignados porque han conseguido que su título se devalúe. No me enseñe carteles, pregunte a los estudiantes quién ha afectado a la degradación de la universidad pública en este país: ustedes, sus
políticas y sus prácticas corruptas.
No necesitamos realmente encontrarles con nosotros en el trámite de esta proposición de ley. Sabemos que les vamos a tener enfrente, pero no pasa nada, porque vamos a conseguir sacar esta proposición de ley adelante, vamos a conseguir
acabar con ese vacío legal que ustedes generaron, vamos a conseguir acabar con el fraude que se produce en las becas y con el fraude que se produce con los falsos autónomos, vamos a recuperar el Estado de derecho en este país para el mercado laboral
y vamos a recuperar el Estado de derecho para los derechos de los trabajadores, que es lo que ustedes intentaron desmontar en la anterior legislatura. Y esto es solo el principio. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor González.
A continuación, en turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor vicepresident.
Señorías del Partido Popular, tienen dos problemas: uno, que tienen muy mal perder y, dos, que viven absolutamente fuera de la realidad. Hoy presentan otra enmienda a la totalidad, otra. Desde que perdieron el Gobierno, en junio de 2018
-solo seis meses-, han presentado enmiendas a la totalidad a todo aquello que reconocía derechos en esta Cámara -a la Ley de eutanasia, a la Ley de derechos LGTBI, a la Ley de sanidad universal- y hoy presentan enmienda también a la ley que intenta
regular las prácticas académicas. Todo ello en solo seis meses. Tienen, definitivamente, muy mal perder. Les recuerdo que estamos hablando de derechos; les recuerdo que hoy en especial hablamos del derecho al trabajo digno y del derecho a que no
nos exploten con contratos de becarios y de prácticas falsos. Y también les recuerdo que ustedes perdieron una moción de censura, una moción que es constitucional y, por tanto, legítima. Así que les pido desde aquí que dejen de bloquear el
Parlamento; lo bloqueaban cuando gobernaban a través del veto y ahora lo bloquean a través de la ampliación de periodos de enmienda. Acepten que les condenaron, acepten que perdieron la moción de censura y acepten que esta Cámara quiere seguir
adelante y quiere legislar pensando en las personas.
El segundo problema que tienen, como les decía, es que viven fuera de la realidad. Les pondré algunos ejemplos. Yo he tenido la inmensa suerte de tener solo un contrato de prácticas. Hice la carrera universitaria, con sus prácticas no
remuneradas -como la mayoría de gente de mi edad-, y después estuve becada en una administración pública un año, cubriendo incluso bajas laborales de mis compañeras de equipo. Pero no solo quiero ponerles mi ejemplo. María, una de mis amigas,
tiene veintinueve años, una FP, una licenciatura y un máster. Nunca ha tenido un contrato de más de un año. Ahora mismo tiene su primer contrato temporal, pero en condiciones ordinarias. Hasta ahora ha sido becaria y ha estado
contratada en prácticas. Mar, veintinueve años, una licenciatura y dos másteres. Ha tenido varios contratos de becaria y en prácticas. Actualmente ha decidido estudiar oposiciones a ver si consigue algo un poco más digno. Puri, treinta y
dos años, una licenciatura y dos másteres. Ha estado como becaria en varios despachos; actualmente es falsa autónoma. María, de treinta y tres años, una licenciatura y dos másteres. Primero, becaria; luego, explotada como administrativa y como
abogada al mismo tiempo; finalmente, falsa autónoma. Podría seguir con ejemplos como el de Violeta, como el de Paula, como el de Víctor. Esto es lo que pasa en la realidad; esto es lo que tiene que vivir ahí fuera la gente de mi edad.
Miren, señorías del PP, ustedes durante el tiempo que han gobernado han dejado claro que los derechos laborales les daban igual. Han dejado claro que las personas de mi edad teníamos que ser la generación perdida, la generación precaria y
que nos harían trabajar el doble, cobrando la mitad y sin derecho a cotizar. Ese es su modelo, un modelo que explota, que deja caer a las generaciones jóvenes, que deja caer al talento; es su modelo, pero su modelo perdió una moción de censura.
Ustedes perdieron y tienen que aceptarlo; perdieron el Gobierno. Así que, por favor, retírense y dejen que este Parlamento, por lo menos la gente que sí que quiere legislar pensando en las personas, lo haga. Acabemos con esta precariedad y con
esta explotación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene ahora la palabra el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en su momento ya votamos a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley para actualizar la regulación de las prácticas académicas universitarias. Bien se ha dicho en este debate que un elemento básico para que este
Parlamento pueda legislar y pueda actualizar los marcos normativos es que el plazo de enmiendas que regula la Mesa sea razonable, y es bueno recordar que la tradición eran tres semanas de plazo para enmiendas ordinarias y hasta cinco semanas para
las extraordinarias, pero ustedes están viendo que en esta legislatura los debates de enmiendas a la totalidad, los textos alternativos y la presentación de enmiendas tienen un marco absolutamente distinto.
Nosotros votamos a favor de esta toma en consideración, y el portavoz de Educación de mi grupo parlamentario, el diputado Sergi Miquel, ya anunció en su momento que presentaríamos enmiendas para modular y modificar el enfoque inicial de
Podemos. Somos partidarios de la actualización de la regulación de las prácticas desde el momento en que aproximadamente un 61 % de los universitarios que están en prácticas en este momento no tiene ningún tipo de contrato con la Seguridad Social
ni ningún tipo de marco de protección de sus prácticas y desde el momento en que estamos hablando de 52 000 jóvenes en prácticas extracurriculares o curriculares, que según estudios de la Unión Europea son unos 150 000. Por tanto, hay muchos
estudiantes fuera del marco regulatorio.
Desde el punto de vista competencial, a las comunidades autónomas no nos gusta el planteamiento inicial del grupo proponente. Asimismo, respecto a la existencia de becas en fraude, es cierto que existen, pero esto no nos puede llevar a la
consideración de un fraude generalizado en este ámbito, como plantea el grupo proponente. También hay algunos aspectos que nos gustaría mejorar en el trámite legislativo. Se tiene que facilitar que las empresas tengan unas buenas condiciones y una
buena posición y predisposición para acoger estudiantes en prácticas. A la vez, se debe regular el estatus de estos estudiantes en prácticas. Estamos de acuerdo con el grupo proponente en que debe haber una ratio de estudiantes en prácticas
respecto al número total de trabajadores en cada una de las empresas, porque si no algunas empresas podrían basar su mano de obra y su producción en los estudiantes en prácticas. ¿Existen becas en fraude? Sí. ¿Se puede decir que este es un fraude
generalizado? Consideramos que no. Creemos que se debe establecer este nuevo marco, esta actualización, y que se debe hacer de acuerdo con el Espacio Europeo de Educación; por ejemplo, las prácticas en materia de salud, que son muy específicas,
no están contempladas en la proposición de ley inicial de Podemos.
En definitiva, señorías, ya votamos a favor de la toma en consideración y creemos que es bueno que se continúe esta tramitación. Pensamos que algunas iniciativas planteadas por el texto alternativo del PP que perfectamente se pueden
incorporar en un texto de consenso. Señorías, venimos aquí simplemente a discutir cómo mejorar el marco de las prácticas universitarias, no a echarnos por la cabeza el pasado, las políticas del pasado ni cosas que nada tienen que ver con el
objetivo de esta proposición. Vamos a votar que no a la enmienda a la totalidad con texto alternativo y esperamos que la tramitación de los textos en esta Cámara sea más ágil de lo que ha sido hasta el presente en esta legislatura.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente. Señoras y señores diputados, buenos días a todos.
Hace casi un año, en el Pleno del día 28 de noviembre de 2017, mantuvimos una postura contraria a la toma en consideración de la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas, presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; 28 de noviembre de 2017. Hoy debatimos la enmienda a la totalidad que se ha presentado a la iniciativa de hace un año y todavía queda el periodo para las enmiendas parciales, tanto
si esta se toma en consideración como si no se toma. Por lo tanto creo que la celeridad legislativa que llevamos es digna de mención.
Los motivos en los que fundamentamos nuestra oposición en su momento a la propuesta que presentó Podemos eran claros, y siguen siendo los mismos. La proposición a nuestro entender no afrontaba en su integridad la problemática del tránsito
del periodo educativo universitario en este caso al empleo. Tampoco materializaba una innecesaria elevación de rango de la vigente normativa con una regulación exhaustiva que elimina la posibilidad de su desarrollo por las comunidades autónomas, y
de su concreta y adaptada aplicación a las universidades. A nuestro entender la propuesta que presentó Podemos pretende trasladar a una ley una práctica desarrollada en la Universidad Complutense de Madrid, obviando otras experiencias igualmente
exitosas llevadas a cabo en otros centros del Estado, e impone a los empresarios que acojan estudiantes la atención de los costes del desarrollo de las prácticas, extremo que sin duda no constituirá el adecuado incentivo para la imprescindible
adhesión de un gran número de empresas al despliegue de esta importante modalidad formativa. Y tampoco contemplaba el impulso de la actividad intermediadora de organizaciones tales como asociaciones empresariales o cámaras de comercio, en orden a
facilitar e impulsar la colaboración de las pequeñas y medianas empresas. A pesar de esta posición contraria, que se podría resumir en la consideración de que no se precisa una ley específica que regule esta materia, el Grupo Parlamentario Vasco va
a presentar una serie de enmiendas parciales al texto de la proposición de ley, pretendiendo mejorarlo en el sentido de los argumentos señalados en las enmiendas, que supongo que serán objeto del oportuno debate y en su caso aprobación en su
tramitación en el seno de la Comisión correspondiente.
Hoy el Pleno del Congreso se ocupa de debatir la enmienda a la totalidad con texto alternativo que presentó el Grupo Parlamentario Popular el pasado 30 de octubre. La lectura de este texto alternativo resulta cuando menos sorprendente,
tanto por su incongruencia con la postura mantenida por el mismo grupo en el debate sobre la toma en consideración de la proposición de ley -en aquel entonces grupo que respaldaba al Gobierno- como por la prácticamente idéntica redacción de este
texto alternativo y de la proposición presentada por el Grupo Parlamentario Podemos. La diputada Valmaña -que es la que intervino en la toma en consideración- ese día rechazaba la propuesta, por considerar que se había redactado basándose en una
serie de falsedades, insidias y sospechas sobre el actual sistema de prácticas académicas externas, al que además la proposición descalificaba por ser objeto de un supuesto fraude generalizado, y por entender innecesario llevar a cabo una regulación
con carácter de ley de una situación que ya está regulada de forma correcta. Añadía además -entre otras cuestiones la inconveniencia de la eliminación de las prácticas extracurriculares y de la regulación al detalle- una serie de cuestiones que
invaden no solo la autonomía universitaria, sino también las propias competencias educativas y laborales de las comunidades autónomas.
El texto alternativo presentado por el Partido Popular olvida de forma desconcertante estos argumentos, en su día mantenidos por la entonces portavoz. Y así, además de elevar a rango de ley la vigente normativa reglamentaria, regula al
detalle competencias que invaden no solo la autonomía universitaria, sino también las propias competencias educativas y laborales de las comunidades autónomas, manteniendo unos términos prácticamente idénticos a los de la proposición de ley que hace
un año rechazó. La única diferencia sustancial que se aprecia entre los dos textos es que el ahora presentado por el Grupo Popular incluye las prácticas extracurriculares, y no extiende con carácter obligatorio la retribución económica mensual, al
menos por el importe del salario mínimo interprofesional, considerada como un derecho del estudiante en prácticas por el artículo 11 de la proposición de ley. Así aquella pasaría a constituir la eventual percepción de una ayuda económica para
cubrir los gastos del periodo de prácticas, siempre que se establezca expresamente en el convenio de cooperación educativo. Los artículos 9 y 11 del texto
alternativo dicen eso. El resto del texto alternativo es poco más o menos que una copia literal de la proposición de ley que hoy ustedes enmiendan a la totalidad.
Nuestro grupo, de forma congruente con la posición mantenida hace un año, rechaza también esta enmienda a la totalidad, lamentando, por una parte, la incoherencia del Grupo Popular al presentarla, ya que las dos modificaciones que pretende
perfectamente se podrían debatir de forma más transparente y razonable a través de enmiendas al articulado. Consideramos que para eso no hacía falta una enmienda a la totalidad. Por tanto mi grupo sigue siendo coherente. Pensamos, a diferencia de
otros grupos, que no hace falta regular por ley esta materia, y como pensamos que no hace falta regular por ley, tampoco pensamos que hay que regularlo por la ley que plantea el Grupo Popular. Nuestro rechazo a aquella toma en consideración sigue
siendo consecuente con el rechazo a la enmienda a la totalidad del Grupo Popular.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats i president, bon dia.
Hace más de un año esta proposición ha estado durmiendo en un espacio/tiempo parlamentario desconocido para la mayoría de nosotros. La enmienda a la totalidad del Grupo Popular tiene una virtud, y es que nos ha devuelto esta proposición a
este Pleno, y esperemos que después de la votación de hoy no se vuelva a esconder, porque el tiempo es importante, y si es verdad lo que ha dicho -que me lo creo- el ponente del Grupo Popular es urgente hacerlo. Esperemos que sea así.
Desde hace algunas décadas las universidades han incorporado de forma generalizada la posibilidad de que sus estudiantes realicen estancias prácticas en el medio profesional, y formen parte de su correspondiente plan de estudios. La
participación de los estudiantes universitarios en las prácticas académicas supone un valor añadido fundamental en su formación, y les da posibilidades y valiosas oportunidades de futuro. Además la realización de estas prácticas externas de los
estudiantes universitarios -les recuerdo que hemos venido a hablar de esto, no de otras cosas- constituye una de las principales pasarelas entre los estudios y el primer empleo, rompiéndose de esta manera un círculo vicioso que impide al recién
titulado acceder a su primer empleo por carecer de experiencia laboral, y al mismo tiempo le impide obtener experiencia laboral porque no puede acceder al primer empleo. El importante incremento del número de estudiantes universitarios que realiza
prácticas académicas externas no ha sido correspondido por la normativa laboral. La normativa laboral lo ha olvidado, y una y otra vez es la universidad la que se encuentra con el conflicto de tener que regularla por sí misma. De aquí lo apropiado
de este proyecto de ley, mejorable sin duda en el trámite de ponencia -y ya lo dijimos así-, pero es fundamental que ahora trabajemos en este ámbito.
Hasta ahora la regulación laboral prácticamente se ha limitado a establecer que la participación de los estudiantes universitarios en las prácticas académicas externas en ningún caso puede dar lugar al nacimiento de una relación laboral, y
punto. La escasa regulación de las prácticas académicas de los estudiantes universitarios ha comportado no pocas disfunciones en el desarrollo de esta figura. En primer lugar, ha permitido que tenga lugar un importante abuso, es cierto, en la
utilización por algunas empresas, no pocas, que acuden a estas prácticas para sustituir a sus trabajadores, con el objetivo de ahorrar costes, porque no en vano quienes realizan estas prácticas desarrollan las mismas funciones que un trabajador
ordinario, sin el correspondiente salario. En segundo lugar, se produce la circunstancia de que los estudiantes universitarios pueden encadenar una y otra vez estancias prácticas en el entorno profesional, con lo que también queda cuestionada la
finalidad de inserción laboral. En otros términos, la consideración como puente entre la formación y el trabajo, que se atribuye y es fundamental a estas estancias de prácticas.
Desde el año 2011 hasta la actualidad se han ido adoptando múltiples normativas dirigidas a ordenar de algún modo la inclasificable amalgama de estancias prácticas no laborales de estudiantes y titulados recientes en el entorno profesional.
En este punto resulta indiscutible que el Real Decreto 592/2014 contribuyó de modo decisivo a afianzar la finalidad formativa, sin embargo se echa de menos una mayor contundencia en relación con la previsión de algunos derechos de carácter laboral
que deben corresponder al estudiante universitario en prácticas, como es fundamentalmente -y aquí se ha dicho- recibir una compensación económica. Por ello ahora más que nunca se debe ser especialmente cuidadoso a la hora de velar por las prácticas
académicas de los estudiantes universitarios, para que respondan de manera inequívoca a una finalidad formativa frente al carácter más productivo propio de toda relación laboral.
Escuchando a las universidades, escuchando al conjunto de partidos políticos de esta Cámara, pero especialmente a los estudiantes, hemos de contribuir a elaborar una buena ley. Si el tiempo o la autoridad no lo impiden lo vamos a conseguir,
pero, atención, el tiempo ha de ser diferente del espacio/tiempo hasta ahora transcurrido, es decir, dejar pasar el tiempo para que las cosas continúen igual. En esta línea de cambiar las cosas, de mejorarlas, de estar al lado de la universidad y
de las empresas que lo hacen bien, y de ser muy claros con aquellos que se quieran aprovechar de la precariedad laboral, vamos y podemos hacer bien las cosas. Esta es nuestra manera de trabajar.
Gracias, señor presidente, por su atención. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Presidente, señorías, como han repetido aquí todos los portavoces que me han precedido, hace exactamente un año que subí a esta tribuna a discutir, a debatir la toma en consideración de la proposición de ley de
Podemos sobre la regulación de las prácticas universitarias. En aquel momento mi grupo parlamentario se abstuvo en la toma en consideración, porque la ley que presentó Podemos realmente no nos gustaba en absoluto, nos parecía una chapuza -y ahora
explicaré por qué-, aunque sinceramente pensábamos que estaba bien que se abriera el debate en torno a esta cuestión, ya que es cierto que había algunos flancos que teníamos que abordar. En aquel momento yo fui muy dura y dije que la ley de Podemos
nos parecía una chapuza porque era una ley que realmente confundía las churras con las merinas, ya que, en primer lugar, no entendían lo que son las prácticas universitarias, las prácticas formativas y las confundían con los contratos en prácticas.
Les tuve que explicar que era una cuestión diferente, que el fin de las prácticas formativas tenía que ver con eso, con la formación de los estudiantes, eran prácticas académicas, frente a los contratos en prácticas, que sí tienen una dimensión
laboral.
Voy a hacer un inciso. Señora Sorlí, ha dicho usted que también estuvo de becaria, pero usted también confunde las prácticas académicas con los contratos en prácticas. Por tanto le sirvió de bastante poco ese tiempo que pasó como becaria,
y además espero que usted por lo menos cobrara, no como les está pasando a los auxiliares de conversación en Valencia, que no están en prácticas, y a quienes después de haber hecho un anuncio extremo el señor Marzà los tiene con el mes de octubre
sin pagar y con el mes de diciembre que no saben si van a cobrar o no, y esos no están en prácticas. (Aplausos). Lo digo por lo de la precariedad laboral y estas cosas.
En segundo lugar, la ley de Podemos nos parecía un barro porque eliminaba las prácticas extracurriculares. Ya se les ha explicado aquí que eso era una absoluta aberración, ya no solo la regulación de las prácticas curriculares, que iba a
impedir que muchos alumnos tuvieran la titulación, sino que se eliminaban las prácticas extracurriculares. Mientras países como Finlandia o Dinamarca están haciendo que los estudiantes no tengan una, sino tres prácticas, nosotros decíamos que una o
ninguna. Por tanto no estamos de acuerdo.
En tercer lugar, otra cuestión chapucera era la limitación de la incorporación de los estudiantes a las empresas, es decir, si una empresa podía y tenía capacidad formativa para estudiantes, nosotros decíamos que no, porque sí. ¿Por qué?
Ah, pues porque sí. Y al fin y al cabo era una ley que tenía tantas rigideces que, de facto, hacía imposible que las prácticas se pudieran concertar y se cargaba un sistema que estaba funcionando. En aquel momento nosotros ya anunciamos que, como
estábamos abiertos a que se estableciera el debate, íbamos a presentar una batería de enmiendas. Lo digo por lo de la diligencia que se ha dicho, porque nosotros sí fuimos diligentes y está registrada desde hace más de dos meses la batería de
enmiendas que nosotros queremos que se pongan a la ley de prácticas de Podemos.
Si no nos gustaba para nada la ley de Podemos tengo que decirles, señores del Partido Popular, que tampoco nos gusta en absoluto su enmienda a la totalidad. Y no nos gusta por varias cuestiones. En primer lugar, por lo que acabo de decir,
porque una enmienda a la totalidad cercena de facto el debate que nosotros creemos que sí hay que tener, y que se tienen que incorporar algunas cuestiones que consideramos importantes. Y pensamos que son mejor solución las enmiendas parciales que
hemos presentado que hacer una nueva proposición que, desde mi punto de vista, tampoco aporta nada nuevo ni nada que mejore. En segundo lugar, no nos gusta su enmienda a la totalidad porque elude cuestiones que son importantísimas para nosotros en
este aspecto. Ustedes no establecen una limitación temporal en el cómputo total de prácticas que pueden elaborar los estudiantes. Nosotros coincidimos en que esto sí que hay que hacerlo, porque de alguna manera tenemos que evitar cualquier
posibilidad de fraude, y si
nosotros permitimos que los estudiantes vayan concatenando, una tras otra, prácticas extracurriculares, por un parte, estamos taponando el mercado laboral de los graduados que acaban de salir, y por otra, abriendo una puerta al fraude de
algunas empresas. Además hay otra cuestión importante que no contemplan ustedes. En su enmienda a la totalidad ustedes no proponen ni contemplan establecer un sistema homogéneo de evaluación de la calidad de las prácticas, y una incorporación
inmediata y obligatoria al suplemento europeo al título. Nosotros creemos que si son prácticas formativas tienen que estar reconocidas, se tienen que evaluar, se tienen que acreditar y se tienen que incorporar.
Tampoco establecen ustedes la obligatoriedad de que sean agencias externas de evaluación las que acrediten la validez y la calidad de esas prácticas universitarias. Ya sabemos que ustedes, con lo de las agencias de evaluación, con Madri+d+i
y todas las cuestiones que han pasado, no son muy creyentes, pero nosotros sí pensamos que las agencias de evaluación tienen que tener un sistema de calidad que funcione mejor que con el máster de la Rey Juan Carlos, y que realmente garantice que
las prácticas son de calidad y cumplen su función.
Finalmente hay una cuestión importante que no podemos admitir, que es que ustedes dejan a la buena voluntad de las empresas -son ustedes hombres de fe- el tema de la remuneración de los gastos que se generen a partir de las prácticas
académicas. Nosotros no creemos que tengan que ser las empresas, creemos que son las universidades, que son las responsables de la formación de los universitarios, quienes tienen que estipular, en el marco de sus competencias, cuáles van a ser las
situaciones de remuneración o de retribución de los gastos que originen esas prácticas formativas, porque, repito, señores que me han precedido en el uso de la palabra, muchos de ustedes siguen sin entender la diferencia entre las prácticas
formativas, que son parte de las carreras, de las titulaciones y de la formación universitaria, y los contratos laborales, los contratos en prácticas, que forman parte del sistema laboral.
Por todas estas razones, señores del PP, nosotros vamos a hacer lo mismo que hicimos con la proposición de Podemos: nos abstuvimos en aquella ocasión, nos vamos a abstener en esta consideración de enmienda a la totalidad, y debatiremos y
pelearemos por las enmiendas parciales que, sí, nosotros diligentemente, hemos presentado, señores de Podemos. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martín.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urquizu Sancho.
El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, me gustaría sumarme a lo que han dicho algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. No es razonable que un año después estemos debatiendo esta enmienda a la totalidad. El bloqueo al que
vienen sometiendo a esta Cámara durante todo este tiempo -primero cuando eran Gobierno y ahora cuando son oposición- creo que no es entendible por parte de la ciudadanía. La gente que nos está viendo -ahora como público o en las redes sociales- lo
que quiere es que hagamos nuestro trabajo, y eso significa que no pongamos problemas, sino que los solucionemos, y que hayamos estado un año para esta enmienda a la totalidad es una muestra del respeto que ustedes tienen a las instituciones y a la
democracia.
Respecto a la cuestión que hoy nos atañe, y que tiene que ver con las prácticas universitarias, la verdad es que la intervención del portavoz del Grupo Popular ha dejado clara su filosofía, que es negar parte de la realidad, porque decir que
no existe fraude en las prácticas universitarias es no saber qué sucede en las prácticas universitarias. Por supuesto que existe un porcentaje de fraude que debería preocuparnos y ocuparnos. Realmente uno de los objetivos de esta proposición no de
ley, cuando se presentó en su momento, era abordar este fraude. Pero además de eso lo que nosotros pretendemos -tenemos posición y criterio propios- es darles el fin que realmente deberían tener, que es el fin formativo. Creemos que las prácticas
universitarias tienen que tener un fin formativo, no solo es una cuestión laboral, también tiene que ver con la formación, pero lo que no podemos permitir es que con este fin formativo se produzca la precarización laboral, que se abuse de los
estudiantes, y que por tanto no solo tengamos estudiantes trabajando en sustitución de otros trabajadores, sino que tengamos trabajadores que también se verán afectados por esta precariedad. Por eso tenemos un desafío por delante en esta
regulación, un desafío que elimine el abuso en las prácticas universitarias, que recupere su principal función que es su carácter formativo, y que además lo hagamos con diálogo, hablando con la comunidad universitaria y con todos los que tienen que
ver con las universidades.
Lo que no nos ha gustado de su enmienda a la totalidad, y por eso nos vamos a oponer, ha sido que ustedes eliminan cualquier derecho posterior que pudiera tener el estudiante en prácticas si se incorporara,
por ejemplo, a esa empresa, y por tanto están optando por eliminar derechos y no por darlos. Tampoco nos gusta que dejen en una desregularización absoluta las prácticas extracurriculares. ¿Hay que incluirlas? Por supuesto, pero no quedan
suficientemente reguladas en su propuesta. Además reducen a la mínima expresión todo lo que tiene que ver con la compensación económica, y permiten que las cuentas para las empresas sean difíciles de gestionar. La filosofía de su enmienda a la
totalidad no nos gusta y no nos convence, porque en el fondo responde a su ideología. A ustedes lo que les gusta es desregular: mercados desregulados, sin derechos, flexibles, y sabemos que en esos mercados quien más gana es el que tiene más
poder, que no es justamente el estudiante. Así que no nos gusta la filosofía que ha inspirado su enmienda a la totalidad.
También les decimos -así lo dijimos en la toma en consideración- que no nos convence del todo el texto presentado por Unidos Podemos. Teníamos serias dudas sobre algunas cuestiones, creíamos que la habían hecho sin diálogo, y hemos
comprobado posteriormente que así fue, porque tras ponerse en contacto con la CRUE estoy seguro de que han cambiado su posición; estoy seguro de que la postura de Unidos Podemos no es la misma de hace un año, porque han hablado con la comunidad
universitaria en su totalidad, y era importante hablar con las universidades y con los rectores. Además creíamos -ese era nuestro trabajo en la ponencia de esta ley- que había un excesivo reglamentarismo en algunas cuestiones que diré a
continuación. Así que nosotros queremos tener una posición propia; entre la desregularización del Partido Popular y entre el excesivo reglamentarismo de Podemos, está la posición del Partido Socialista. ¿Y cuál es la posición del Partido
Socialista? Creemos que hay que incluir las prácticas extracurriculares, por supuesto, hay que incluirlas, y lo tenemos que hacer porque son las que dan más oportunidades a los estudiantes y más empleabilidad. ¿Pero cuál es el problema? Que son
las que tienen más fraude, en las que más se abusa. Por tanto hay que reglamentarlas mucho más de lo que ustedes lo hacen, dando muchos más derechos a los estudiantes. Creemos que hay una posición intermedia entre reducir a la mínima expresión la
compensación económica y el salario mínimo interprofesional; hay posiciones intermedias, vamos a explorarlas, pero lo que nosotros no podemos aceptar es que no haya remuneración, sino que tendremos que explorar cuál va a ser, cómo se va a hacer esa
compensación económica, y desde luego que no suponga una carga para las prácticas universitarias, pero que tampoco suponga un abuso por parte de las empresas.
También creemos que los planes de estudios son suficientes para regular los límites de horas que deberían tener las prácticas universitarias; por tanto la excesiva reglamentación que hacía Unidos Podemos en su momento no nos convencía, y si
aspiramos a esa formación dual donde realmente las prácticas y las empresas jueguen un papel importante, deberíamos eliminar los límites que ellos ponían y confiar mucho más en los planes de estudios, pues tal y como estaba contemplado en su día,
eso podía generar problemas para muchas universidades. Estoy pensando en un título que tiene la Universidad Autónoma de Barcelona que establece una cooperación muy importante entre la universidad y el mundo de la empresa. Por tanto entendemos que
esa posición tampoco era correcta.
Finalmente nosotros confiamos en las universidades, y como lo hacemos, creíamos que en su proposición inicial había un exceso de reglamentación y de burocracia en la que seguramente deberemos trabajar a la hora de establecer los convenios y
las prácticas universitarias.
Por todo ello, nuestro grupo, que tiene posición propia, la posición del Grupo Parlamentario Socialista, una posición rigurosa, dialogante, que confía en las universidades y que da derechos a los estudiantes, es la que vamos a defender. Nos
vamos a oponer a su enmienda a la totalidad, pero desde luego vamos a trabajar en un conjunto de enmiendas que hagan de esta proposición inicial una proposición mejor, una proposición donde todos podamos colaborar por supuesto, y que en el fondo
recupere el espíritu formativo de las prácticas, que confíe en la labor de las universidades, y que evite todo fraude dando derechos a los estudiantes. Esa es la posición que mantiene el Grupo Parlamentario Socialista y por eso nos oponemos a su
enmienda a la totalidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Urquizu.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO. (Número de expediente 122/000132).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día: Debate de totalidad de la proposición de ley orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto.
A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad con texto alternativo. Para la defensa de sus respectivas enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, interviene el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, comenzamos ahora el debate de las enmiendas a la totalidad de la que es probablemente la norma más importante del ordenamiento financiero y presupuestario español, que es la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, y por
supuesto como era previsible la ministra del ramo, la ministra de Hacienda, no está hoy aquí, es decir, pese a todo lo que ha dicho a lo largo de todos estos meses, parece que a la señora Montero no le parece relevante la senda de déficit, ni los
presupuestos, ni las reglas de fijación. Los intereses de cada uno son optativos, pero un ministro o una ministra no puede optar entre acudir o no al Congreso de los Diputados cuando se le cita reglamentariamente, al menos si pretende cumplir con
los artículos 108, 110, 66, etcétera, de la Constitución. Al Grupo Parlamentario Ciudadanos le parece lamentable esta actitud y, por tanto, ha pedido la reprobación de la ministra de Hacienda. No nos extraña que hoy no esté aquí y tampoco nos
extrañó que ayer tampoco estuviese, pero no por esto su actitud nos deja de parecer menos grave.
Quisiera decir que siempre es un honor para mí subir a esta tribuna del Congreso de los Diputados en representación de mi grupo parlamentario, pero hoy lo es especialmente. Hoy debatimos una enmienda a la totalidad que supone la alternativa
sensata de Ciudadanos al riesgo evidente de fosilización de la regla de gasto establecida por el Partido Popular en su Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, pero, sobre todo, al populismo y al separatismo de la enmienda de Podemos y al partido
sanchista, antes socialista, que la apoyó. Por eso, hoy estamos aquí proponiendo una alternativa sensata. Antes de comenzar con el contenido, me gustaría dejar claro que, para Ciudadanos, las reglas no se cambian a mitad de partido. Todos podemos
considerar que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es mejorable, pero será con esta ley, si depende de Ciudadanos, con la que se debatan los Presupuestos Generales del Estado y la senda de déficit, cuando tenga a bien el Gobierno traerlos
a esta Cámara y cumplir así con sus obligaciones. Con esa ley y no con cualquier otra modificación que, en su caso, se vaya a hacer. Nosotros no vamos a cambiar las reglas a mitad de partido. Quizá lo haga el Partido Popular con alguno de sus
conchabeos, luego pactos fallidos, con el Partido Socialista, pero nosotros no lo vamos a hacer. (Aplausos). Y esto vale con todo el contenido de nuestra enmienda a la totalidad, incluyendo también el veto del Senado, es decir, cómo interactúa en
este proceso el Senado, que es parte de esta enmienda. Esta parte de la enmienda será defendida, a continuación, por mi compañero señor Roldán, y aquí quisiera dar las gracias a la Mesa de la Comisión de Hacienda por haber este debate y que esta
cuestión pase al siguiente punto del orden del día.
La Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria del año 2012, del Partido Popular, estableció una regla que limita el crecimiento del gasto público. Ahora bien, esta regla de gasto se aplica, normalmente, cuando una Administración tiene
superávit, porque si tiene déficit lo que tiene que hacer es limitar su gasto precisamente para no estar en déficit. Esta regla de gasto garantiza el superávit y necesita una flexibilización, pero el planteamiento de la Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria que nos trajo Podemos es, en nuestra opinión, un disparate, porque si solamente se aplica la regla de gasto cuando hay déficit, en la práctica la regla de gasto no se aplicaría nunca, y no podemos tener gasto sin reglas porque esto
amenaza la estabilidad financiera y, a medio plazo, la sostenibilidad de los servicios públicos. En consecuencia, ¿qué propone Ciudadanos? En primer término, Ciudadanos propone el cambio del concepto de inversión financiera sostenible. Todos los
años debatimos aquí un decreto-ley sobre inversiones financieras sostenibles ampliando el catálogo. El definir estas inversiones financieras sostenibles da lugar a mucha burocracia y, por tanto, nosotros proponemos un catálogo negativo, decir qué
no es inversión financiera sostenible y, así, eliminaríamos burocracia y ampliaríamos las posibilidades de que los ayuntamientos pudieran acometer estas inversiones financieras sostenibles. En segundo lugar, y muy importante, proponemos que,
mientras se mantenga el superávit estructural, la reducción de impuestos no penalice per se el cálculo de la regla de gasto. Por tanto, en nuestra redefinición, pretendemos que los ayuntamientos puedan no solamente gastar más sino devolver el
dinero a los españoles, incentivando de esta forma la economía. Proponemos que sean posibles las rebajas de impuestos en los ayuntamientos, porque nosotros las vamos a proponer siempre y cuando haya cuentas saneadas. En todo esto nos estamos
guiando por las propuestas que en su momento hizo la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal.
Dicho esto, la razón fundamental por la que nosotros -siendo todos los anteriores temas también importantes- hemos propuesto la reforma de esta Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, de la propuesta de Podemos, es porque dicha propuesta
derogaba los artículos 24, 25, 26 y disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria. Quizá no les diga nada, pero fueron precisamente los artículos que permitieron la intervención de las cuentas en Cataluña, que
dejaban al Estado inerme en el plano financiero ante el golpe separatista. Por tanto, nosotros creemos que lo fundamental es que estas normas no se deroguen, y no solamente por una cuestión obvia del desafío separatista sino para evitar situaciones
como las de Madrid. Increíblemente, Madrid, con una gestión desastrosa del Ayuntamiento de Madrid, tiene 1000 millones de euros de superávit, básicamente porque no es capaz de ejecutar las inversiones; pero, por lo menos, tiene 1000 millones de
euros de superávit, porque si no hubiese Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria habría disparado el gasto clientelar en lugar de tener superávit.
Volviendo a la cuestión del desafío separatista, que es esencial para entender por qué estamos aquí, la realidad es que con el señor Montoro -que tampoco nos acompaña hoy, que es el principal autor intelectual de esta Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria- he tenido muchas discrepancias, tanto en las subidas masivas de impuestos -hay que recordar que el Partido Popular es el partido que más ha subido los impuestos de la historia- como en la amnistía fiscal, a la que también
nos opusimos como grupo parlamentario. El señor Montoro es también el señor que compareció en la Comisión de Hacienda de esta Cámara el 31 de agosto de 2017, diciendo que ni un solo euro se iba a destinar a financiar el referéndum separatista en
Cataluña. Luego, también negó la cuestión de malversación de caudales públicos. Sin embargo, hay que reconocer que el señor Montoro fue el único ministro del Gobierno de Rajoy que, antes de que Ciudadanos impulsase la aplicación del artículo 155,
intentó hacer algo por pagar este golpe. Firmó una orden ministerial que permitió la intervención de las finanzas en Cataluña, y esta orden ministerial los únicos que la apoyamos fuimos los de Ciudadanos.
También es bueno recordar que la primera medida que tomó el Gobierno de Sánchez fue dejar sin efecto el control financiero de la Generalitat de Cataluña. Para nosotros es vital restablecer el control de las finanzas en Cataluña, no ya por
el gasto en despilfarro, no por ideas geniales como las embajadas en el exterior o la propaganda separatista de TV3, sino por una cuestión mucho más importante, que es que hay que garantizar que ni un solo euro de los impuestos que pagamos los
españoles se destine a finalidades ilegales estilo CDR, etcétera. (Aplausos).
Esta orden ministerial, que fue muy discutida en fechas muy recientes, el Tribunal Supremo declaró que era legal por unanimidad. Y esto lo recogió el otro día el escrito de la Abogacía del Estado en la acusación por el procés, y en ese
escrito sí reconocía que precisamente se debía cursar por malversación de caudales públicos. Ayer nos enteramos de que la persona que redactó ese escrito, el expresidente de la Asociación de Abogados del Estado, Edmundo Bal, fue destituido por la
ministra de Justicia. Desde aquí, a un servidor público, a un compañero, a alguien que ha perseguido delincuentes fiscales, y a una persona que cree en la recta aplicación de la ley, tenemos que manifestarle hoy desde el Grupo Parlamentario
Ciudadanos toda nuestra solidaridad. (Aplausos). Vamos a hacer comparecer a la ministra de Justicia para que dé explicaciones y, sobre todo, hoy a Edmundo Bal hay que decirle que él tiene más dignidad que todo el Gobierno de la dignidad junto.
¿Qué es lo relevante en esta cuestión? Esta proposición de ley orgánica de control de la regla de gasto a lo que lleva es a la imposibilidad de que se puedan volver a intervenir las cuentas no ya de un ayuntamiento que gaste más de la
cuenta o que esté fuera de control, como hay algunos casos, sino sustancialmente de aquellas administraciones que siguen controladas por aquellos que dieron un golpe a la democracia. Por tanto, esta redacción de Unidos Podemos deja inerme al Estado
frente a la democracia en el plano financiero, y esa es la razón fundamental por la cual creemos que debe apoyarse una modificación, nuestra alternativa y nuestra enmienda a la totalidad.
Señorías, creemos que deben votar favorablemente nuestra enmienda a la totalidad por bastantes razones, fundamentalmente porque se necesita evitar la fosilización de la regla de gasto del Partido Popular -esto hay que flexibilizarlo-; por
otra parte, no podemos caer en la tentación de Unidos Podemos de acabar con la estabilidad presupuestaria; además, tiene que haber control y estabilidad presupuestaria, nos lo están exigiendo desde Europa. Tenemos que hacer exactamente lo
contrario de lo que ha hecho el Gobierno Socialista, que ha presentado cuentas que no se cree nadie, pero por encima de todo debemos garantizar la estabilidad financiera, incluso la unidad del Estado, no permitiendo que el dinero de los impuestos de
los españoles se destine a finalidades ilegales y mucho menos a dar un golpe contra la
democracia. Debemos dar instrumentos al Estado y esta propuesta de Unidos Podemos se los quita. Por tanto, por estas razones, pido el apoyo a esta enmienda a la totalidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De la Torre.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra el señor Marí Bosó.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.
Defiendo en nombre del Grupo Popular la enmienda a la totalidad con texto alternativo que hemos presentado a la proposición de ley del Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que pretende derogar la regla de gasto.
Señorías, los españoles durante los últimos años han hecho un gran esfuerzo para dejar atrás una durísima crisis económica. Los españoles durante estos años han puesto todo su empeño en salvar nuestro modelo de progreso económico y social.
Salir de una durísima crisis económica ha sido en estos años el gran proyecto en común de todos ellos, y hacerlo con rapidez y hacerlo juntos y hacerlo bien, como hemos hecho. Gracias a ese intenso esfuerzo, pasamos de la recesión al crecimiento,
del paro a la creación de empleo, del colapso de las administraciones a unas administraciones que pudieron volver a hacer políticas de protección social y de desarrollo, del incremento rampante, de la desigualdad y la exclusión social, a la
reducción ya por cuarto año consecutivo de la desigualdad y la exclusión, como demuestra el índice de Gini y el indicador Arope en nuestro país. En definitiva, señorías, fue un esfuerzo que permitió trasformar un país postergado y en la
resignación, como nos dejaron las políticas equivocadas, en un país recuperado.
Cuando los ciudadanos se esfuerzan, cuando nuestros mayores, como han hecho en estos años en que ya podían dedicarse a descansar y a la jubilación, tuvieron que ayudar a sus familias a salir adelante, cuando nuestros servidores públicos
multiplicaban sus esfuerzos para que las administraciones no fallaran, cuando nuestras entidades del tercer sector social llegaban donde la Administración no llegaba, manteniendo y aguantando la red de protección que tenemos para dependientes y
aquellos que tienen discapacidad, cuando nuestros trabajadores y empresarios levantaban cada mañana la persiana para salir adelante o cuando diferentes generaciones de españoles, compartiendo un proyecto común, tenían y tienen la ambición por
mejorar y progresar, no es lo mismo que tengan un Gobierno que con políticas rigurosas acompañe ese esfuerzo y lidere la vuelta al bienestar que otro Gobierno que, perdido en el laberinto de las rectificaciones, pretenda derogar todo ese esfuerzo.
No es lo mismo, señorías.
No es lo mismo hacer las políticas que crean empleo que las que llenan las colas del paro. No es lo mismo situar la economía en el crecimiento que hacer las políticas equivocadas que nos llevan a la desaceleración y el frenazo. No es lo
mismo hacer las políticas que incrementan la desigualdad que aquellas otras que nos han permitido quebrar la tendencia y llevar ya cuatro años reduciéndola, como no es lo mismo, señorías, hablar a toda hora de los bancos y ser como la señora
Carmena, que es la que más dinero devuelve a los bancos porque no sabe ejecutar sus presupuestos. (Aplausos). Claro, es que es diferente, es muy diferente llenarse la boca y prometer, por ejemplo, veinticuatro instalaciones deportivas o doce
aparcamientos disuasorios y no hacer ni uno en cuatro años, como la señora Carmena, o hacer, como ha hecho el Ayuntamiento popular de Málaga, instalaciones deportivas de barrio, mejora de parques infantiles o una gran inversión en la separación de
las redes fecales y pluviales en su ciudad durante esta legislatura. No es lo mismo, señorías. Con la misma regla de gasto no es lo mismo saber gestionar bien y mejorar la ciudad para los vecinos, como se ha hecho por el Partido Popular en el
Ayuntamiento de Málaga, que ahogarse en las lamentaciones y las excusas, que nada solucionan, como ha hecho la señora Carmena en estos cuatro años en el Ayuntamiento de Madrid. Por tanto, señorías, es diferente y no es lo mismo.
Si ese gran esfuerzo del que les hablaba ha dado sus frutos es porque se han adoptado las medidas de política económica y fiscal adecuadas que lo han permitido, y entre ellas la Ley de Estabilidad Presupuestaria, la reducción del déficit
público y la regla de gasto. Señorías, cuando nuestras administraciones estaban colapsadas, ahogándose en el océano de las deudas sin poder responder cuando la ciudadanía más las necesitaba, fue gracias a la Ley de Estabilidad y la regla de gasto,
que con esta proposición pretenden derogar, que nuestras administraciones pudieron pagar a los proveedores. Fue gracias a la Ley de Estabilidad y la regla de gasto que nuestras administraciones redujeron el gran endeudamiento que tenían, pasando
nuestras entidades locales, por ejemplo, de 42 000 millones de deuda viva en 2012 a 29 000 millones de deuda viva en 2017, un tercio de reducción del endeudamiento
local. O también desplegando las políticas sociales, porque gracias a la Ley de Estabilidad y la regla de gasto nuestras entidades locales pasaron de destinar 24 000 millones de euros en las funciones sociales de sus presupuestos en 2012 a
27 000 millones de euros en la última liquidación de entidades locales de 2016.
Por ello, señorías, derogar la regla de gasto y la Ley de Estabilidad y volver al gasto público descontrolado, como proponen, es una equivocación que perjudica a nuestros conciudadanos. Han bastado cinco meses del señor Iglesias en la
vicepresidencia del gasto público descontrolado para que nuestro país haya vuelto a instalarse en la incertidumbre. Han bastado cinco meses del señor Sánchez sobrevolando nuestro firmamento para que la desaceleración se haya hecho realidad, como
señalan la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y la Comisión Europea, que por cierto les ha pegado un afeitado de muy señor mío al plan presupuestario de 2019 por ser increíble. Han bastado cinco meses, en fin, de la señora Montero paseándose de
un lado a otro anunciando un infierno fiscal para todos para que se haya producido el frenazo. Hay que mantener la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto en lugar de derogarla. Hay que flexibilizar la regla de gasto de nuestras
entidades locales en lugar de volver a la barra libre que tanto perjudicó a nuestros conciudadanos. Flexibilizar la regla de gasto, como ha venido haciendo el Partido Popular durante estos últimos años con la modificación de 2014, introduciendo
cambios para que no fueran computables las inversiones financieramente sostenibles; con la posibilidad de aplicación del superávit presupuestario en los dos ejercicios siguientes para que nuestras entidades locales pudieran ejecutar las inversiones
que planificaban y para que tampoco computaran en el gasto que computa la regla; y con el Real Decreto-ley 1/2018, en el que ampliamos los supuestos de inversiones financieramente sostenibles. Hay que flexibilizar la regla de gasto pero no
derogarla; hay que flexibilizar la regla de gasto, como proponemos hoy con el texto alternativo que hemos presentado, para bajar los impuestos, para permitir que nuestras entidades locales bonifiquen impuestos municipales para fomentar la actividad
económica y la generación de empleo, de nuestros autónomos y de pequeñas y medianas empresas. Para que igualmente nuestras entidades locales puedan extender las políticas de protección social bajando los impuestos a aquellos colectivos
especialmente vulnerables como son los desempleados mayores de cincuenta y dos años, los parados de larga duración, las familias numerosas, nuestros pensionistas o aquellas y aquellos que son víctimas de violencia de género.
No es tiempo de incertezas, señorías, no es tiempo de derogaciones, no es el momento de desmantelar el crecimiento ni de proponer que nos pasemos dos años paseando en el Gobierno hasta que llegue 2020. Porque eso va en perjuicio de todos;
va en perjuicio de los que buscan empleo; va en perjuicio de los que anhelan mejorar la calidad del empleo que ya tienen; va en perjuicio de nuestros jóvenes, que desean emanciparse; va en perjuicio de nuestros trabajadores y empresarios o los
que pretenden iniciar un negocio, o de aquellos que esperan que su ayuntamiento, su Administración local, haga las políticas precisas que atiendan sus necesidades. Señorías, cuando se dice que este país ha perdido la cohesión, cuando se pretende
debilitar la convivencia a través del 'cuanto peor, mejor' o cuando la única política que se nos propone es calentar la silla sin hacer nada, conviene no olvidar que las diferentes generaciones de españoles que han recorrido juntas estos cuarenta
años de democracia han sabido en cada momento poner en común lo importante. Lo hicimos en el tránsito de la dictadura a la democracia; lo hicimos construyendo nuestro Estado del bienestar en los años ochenta; lo hicimos haciendo realidad nuestra
vieja aspiración de caminar juntos con las mejores democracias occidentales en el proyecto europeo y lo hemos hecho ahora, cuando ha tocado salir de una grave crisis económica sin dejar a nadie atrás.
Por eso ahora no podemos defraudar la esperanza de un país, señorías; por eso ahora hay que dejar atrás la palabrería y las políticas insustanciales; por eso ahora no podemos dedicarnos, señorías, a estropear la senda de nuevo progreso y
bienestar que habíamos iniciado con las mismas políticas que nos llevaron al descrédito y a la recesión. Ahora es tiempo de hacer las políticas de estímulo, flexibilizando nuestra regla de gasto con la bajada de impuestos municipales; es tiempo de
abandonar la incertidumbre para mantener la recuperación y para hacer, como propone el Grupo Parlamentario Popular, que esta recuperación sea cada vez más y que llegue cada vez a más gente.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Marí.
Ha solicitado la utilización del turno en contra el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra en representación de dicho grupo la señora Ramos Jordán.
La señora RAMOS JORDÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, no deja de sorprender, aunque lo intenten en cada una de sus intervenciones, se trate de lo que se trate -educación, gestión del agua, impuestos-, sea lo que sea, que el Grupo Ciudadanos siempre traiga aquí un intento de
recentralización y recorte del gasto social. Normalmente ustedes lo disfrazan con otro discurso; pensé que en esta ocasión lo iban a disfrazar con un discurso europeísta, pero ni siquiera, han ido directamente a recortar las competencias y las
democracias.
Quiero recordarles que este debate es sobre una medida que limita la autonomía municipal y la inversión social. Además, la aplicación de esta regla de gasto que estamos discutiendo no se está dando como se está dando en España en ningún
otro país de la Unión Europea. Tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la aplicación de la regla de gasto que se deriva de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria es distinta de la interpretación que se está
haciendo de esta a nivel europeo, donde en vez de aplicarse a cada una de las administraciones públicas se aplica a todo el conjunto de las mismas y donde es un indicador del objetivo a medio plazo y, por lo tanto, su incumplimiento no tiene
consecuencias en forma de sanción. Sin embargo, la regulación que se deriva de nuestra legislación impone una regla injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones, basada en unas previsiones volátiles y cambiantes que las
administraciones autonómicas y locales se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de un mayor control y una sanción por parte de la Administración central.
Queremos en este punto aclarar algunas cosas. En primer lugar, los motivos por los que mi grupo parlamentario presentaba esa propuesta de ley y, en segundo lugar, que las enmiendas a la totalidad de los grupos de Ciudadanos y del PP
proponen asfixiar más a las administraciones locales, atacar la división de poderes y piden una recentralización que permita recortes sociales y que vulnere principios democráticos. Quiero recordarles que la novedosa inclusión de la regla de gasto
en la ley responde a un interés por intensificar unas restricciones presupuestarias que están llegando a un nivel que raya lo absurdo. Esta norma está impidiendo que las administraciones públicas puedan utilizar su dinero para equipamiento, para
accesibilidad o incentivos para inversión o empleo o para rehabilitar viviendas y un largo etcétera. Por poner un ejemplo que creo que es el que normalmente se usa para explicar de forma coloquial la regla de gasto, es como si una familia después
de pagar su hipoteca, los recibos, el colegio y de llenar la nevera tuviera un dinero restante que no se pudiera gastar en, por ejemplo, la ortodoncia de su hija porque hay una norma que le obliga a amortizar una hipoteca futura aunque ya haya
pagado la cuota de este mes. Parece realmente absurdo.
Junto a estas negativas consecuencias económicas y sociales, hay que añadir que la reforma fue un instrumento con preocupantes elementos recentralizadores y que incluye sanciones económicas para las administraciones que no cumplan con los
objetivos presupuestarios, así como mecanismos de intervención del Gobierno central que socavan los principios de autonomía y gobierno en los diversos ámbitos de la administración. Además, este texto legal supone un reparto injusto del esfuerzo de
estabilidad presupuestaria e impone mayor disciplina a comunidades autónomas y entidades locales pero permite un mayor margen a la Administración central, es decir, son los ayuntamientos los que están pagando el déficit del Estado. Además, se
vulneran e invaden las competencias autonómicas y locales en materia de autonomía presupuestaria consagradas tanto en la Constitución española como en los distintos estatutos de autonomía y se atenta gravemente contra la soberanía política y el
desarrollo del autogobierno.
No podemos tampoco olvidar que en el contexto de la crisis han sido las comunidades autónomas y los ayuntamientos los que más esfuerzos han hecho para cumplir con el objetivo de déficit. La aplicación de esta denominada regla de gasto está
provocando que los Gobiernos locales se encuentren obligados a mantener importantes superávits fiscales sin poder dedicarlos a hacer frente, en el marco además de sus competencias, a las extraordinariamente altas tasas de exclusión social. Según el
indicador Arope un 30 % de la población está en esta situación. Ayuntamientos que han reducido drásticamente remanentes negativos de tesorería que heredaron del Partido Popular no pueden invertir en, por ejemplo, rehabilitación de viviendas, ni en
empleo ni en mejoras necesarias para acabar con esta exclusión social. En concreto, el artículo 12 de la citada ley está restringiendo de manera injustificada la actuación de las corporaciones locales en un contexto en el que coexisten importantes
superávits presupuestarios con acuciantes necesidades sociales, debido también a unos fundamentales servicios públicos debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.
Señorías, los ayuntamientos ahora mismo no pueden garantizar niveles mínimos de bienestar y estamos hablando del absurdo de más de 24 000 millones de euros en depósitos, es decir, casi toda la
deuda. Ese dinero está en cuentas bancarias que son retribuidas a un precio maravilloso del 0 % y, mientras tanto, la gente no puede ver cómo se mejoran sus políticas públicas. Además, tal y como es aplicada ahora mismo, la regla de gasto
supone un agravio comparativo para las corporaciones locales respecto al grado de exigencia de consolidación fiscal que sufre en comparación la Administración central, ya que no existe una valoración real de cumplimiento de la regla de gasto por
parte del Estado.
¿Y qué proponen ustedes en su enmienda? Me refiero a la del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a la del PP voy a entrar bastante poco porque ni se han molestado en hacer una exposición de motivos mínimamente digna. Quiero agradecer, eso sí,
al señor Marí su explicación en su exposición. La enmienda del PP se reduce a poder rebajar o bonificar impuestos sin que eso afecte a los gastos, por mucho que los disfracen de bonificaciones muy chulas. Vamos a ver, las corporaciones locales no
necesitan a nadie por encima que les impida destinar su presupuesto a modificar tributos y tasas para mujeres víctimas de violencia machista. Lo deben poder hacer porque, de lo contrario, sería una vulneración del artículo 140 de la Constitución.
Ahora me referiré a la del Grupo Ciudadanos. Nuestra propuesta pretende que esa regla de gasto se modifique para que aquellas administraciones que tienen superávit puedan emplearlo en las necesidades de la ciudadanía. Nuestra propuesta
también apunta -y creo que es importante- en la dirección de devolver la autonomía, aunque sea parcialmente, a las corporaciones locales, evitando con ello la centralización de poder que la actual redacción otorga al Ministerio de Hacienda.
Entendemos que esta capacidad gubernamental, que raya en lo dictatorial, debe acabarse porque no se puede hablar de que vivimos en un Estado descentralizado y, por otro lado, dejar que el Gobierno tenga un poder casi absoluto de intervención sobre
cualquier Administración que no gaste su propio dinero de la manera que le guste al Gobierno central.
Ante la posibilidad de que los ayuntamientos que ahorran puedan usar estos ahorros para ayudar a los ciudadanos, ustedes, señores de Ciudadanos, dicen que este ahorro no se puede gastar porque provocaría déficit. ¿Pero cómo puede provocar
déficit gastarse los ahorros? En todo caso, lo que provoca déficit es gastar más de lo que uno recauda. Leo su texto. Dicen ustedes que nosotras pretendemos eximir de la regla de gasto a los ayuntamientos con superávit, o sea a aquellos que
recauden en exceso -que ustedes mismos reconocen que son la mayoría- y dicen que esto supondría que los ayuntamientos podrían aumentar su gasto sin subir los impuestos para financiarlos. Me paro aquí. El superávit ya está financiado, ya está
recaudado, significa que se ha recaudado por encima de lo presupuestado, que hay más dinero en la caja del que sale. Significa que hemos puesto unos impuestos por 100 a la gente y les estamos devolviendo solo 90 en servicios. Esto supondría que
los ayuntamientos podrían incrementar sus gastos sin subir sus impuestos. También proponen imponer por ley que cuando las administraciones tengan superávit puedan rebajar impuestos. Señorías, si ustedes creen que esa es la mejor decisión política,
no la pongan por ley, preséntense a las elecciones con ese programa y que la ciudadanía sea quien decida.
Entrando en más detalles de su enmienda, ustedes quieren quitar aún más autonomía a los ayuntamientos, dándosela al Gobierno central. En concreto, en el artículo 12, piden que el Gobierno tenga el poder de detallar a través de reglamentos
cómo se puede cumplir o no con la regla de gasto, pudiendo así generar arbitrariedad partidista e inseguridad jurídica a los órganos democráticos municipales, que no sabrán a qué atenerse dado que el Gobierno podría cambiar esta norma. Y en su
propuesta de modificación del apartado 6 del artículo 15 quieren que el Congreso necesite tres quintas partes de la Cámara para levantar el veto del Senado, lo cual creemos que es oportunismo puro y duro. Quieren cambiar el veto del PP en el Senado
por otro en el Congreso. Lo que deberían hacer es dejar que cada Ejecutivo, si cuenta con la mayoría en el Pleno, tenga libertad para poner en práctica su programa y aplicar su visión política.
Seguimos. En su artículo 21 piden añadir que la Administración que haya cumplido la regla o el objetivo de gasto se vea forzada a imponer recortes adicionales que compensen el exceso de gasto respecto a estos mandatos. Esto significa dar
capacidad al Ejecutivo, según su propuesta de imponer recortes adicionales a las corporaciones locales a pesar de tener superávit y de poder cumplir con la sostenibilidad financiera. En este mismo sentido añaden en la disposición adicional sexta
que será el Gobierno por orden ministerial el que podría definir qué es una inversión financieramente sostenible, permitiendo un grado de discrecionalidad y restricción contra aquellos ayuntamientos que no sean del agrado del Gobierno o que no les
interese. Por último, en la disposición final primera vienen a apuntalar el poder de la banca internacional. Saben que el artículo 35 de la Constitución se cambió con nocturnidad
y alevosía en 2011 por parte del PP y del PSOE bajo la presión de los mercados financieros internacionales. Esta reforma ha sido escrita por la banca internacional para robar soberanía a la gente, apoderándose de sus finanzas públicas.
De verdad, señorías, hasta que ustedes no empiecen a proteger al Estado y a su gente, por favor, no hablen más de patrias ni de banderas porque en realidad están representando intereses de capital financiero, mayoritariamente señores
extranjeros muy ricos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ramos.
Para el turno de réplica, tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Sinceramente, resulta complicado entender cuál es el motivo por el cual sus señorías de Podemos rechazan nuestra enmienda a la totalidad. Francamente resulta complicado y me subo aquí para decirle que en el siguiente turno de réplica se
esfuerce un poco más y nos aclare su posición.
En primer término, por algunas cuestiones obvias, ayer la Comisión Europea y también el Fondo Monetario Internacional hicieron unas críticas durísimas a la situación española de consolidación y estabilidad fiscal. Todos ellos nos miden por
el déficit conjunto de todas las administraciones públicas. Por tanto, aunque usted pregunte cómo puede provocar déficit gastarse el superávit, si uno incrementa el gasto por encima del superávit que tiene, al final tiene déficit. Además de eso,
cualquier ciudadano no solamente es vecino de un municipio sino que también es ciudadano de una comunidad autónoma y ciudadano español. Esto quiere decir que, aunque es falso lo que usted está diciendo de que los ayuntamientos están pagando el
gasto del Estado -enséñeme una sola factura del Estado que estén pagando los ayuntamientos-, lo que ocurre es que, si nos miden por el déficit global y usted consigue que los ayuntamientos no tengan ni un solo euro de superávit, al final habrá que
subir los impuestos a los ciudadanos para que el déficit global no se dispare y no pongamos en riesgo la estabilidad financiera de España.
Por intentar ser mínimamente claro, ustedes lo que proponen no es una regla de gasto, sino el gasto sin reglas. Eso es el despilfarro y eso lo que pone en riesgo es la financiación de los servicios públicos. Seamos serios. Es decir, la
regla de gasto limita el incremento del gasto. ¿Y cuándo hace esto? Cuando la Administración correspondiente tiene superávit, porque cuando tiene déficit su primera limitación es acabar con el déficit correspondiente. Por tanto, ustedes en la
práctica se quieren cargar literalmente toda la normativa de la regla de gasto.
He echado en falta -a ver si me puede contestar- una segunda cuestión. Explíqueme, por favor, por qué quieren cargarse ustedes los artículos 24, 25, 26, la disposición adicional primera de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y la
normativa reguladora del FLA. ¿Por qué quieren hacer todo eso? Ya se lo digo yo: porque si no los independentistas y nacionalistas no votaban todo esto. ¿Por qué? Porque son las normas que permitieron hacer un mínimo control y contribuyeron a
impedir el golpe contra la democracia en Cataluña, ya que un golpe no solamente necesita golpistas, también necesita dinero. (Aplausos).
En una cosa sí tienen razón: la regla de gasto no se puede fosilizar y necesita actualizarse. Pero, claro, no puede actualizarse de tal forma que suprimamos la regla de gasto en la práctica. En estos momentos hay un catálogo lo
suficientemente amplio de inversiones financieras sostenibles para que los ayuntamientos puedan gastar buena parte del superávit. Hay ayuntamientos como el de Madrid, gobernado por ustedes -bueno, no, es verdad, que Podemos ya no está en el
Ayuntamiento de Madrid porque han expulsado a todos los concejales-, que fue gobernado por ustedes antes y actualmente por la señora Carmena con el apoyo de una coalición de independientes, que si tiene 1000 millones de superávit no es por ningún
tipo de restricción especial, sino porque no podían gastar en despilfarro. Eso sí, podían gastar en inversiones financieras sostenibles y no son capaces de ejecutarlas; tienen el grado más bajo de ejecución de la historia. Uno puede pensar que
Podemos ha echado a sus concejales por ese grado de ineficacia a la hora de ejecutar las inversiones, pero no, en realidad, los han echado por estalinismo o porque ellos no quieren concurrir en sus lista.
En definitiva, nosotros mantenemos esta enmienda a la totalidad y les pedimos a todos los grupos que la apoyen por una cuestión de sentido común, y es que no se pueden tener gastos sin reglas, sobre todo, porque no podemos dejar inerme al
Estado no ya frente a la mala gestión de ex Unidos Podemos y Carmena en Madrid o de Colau en Barcelona, sino sobre todo frente al desafío separatista de aquellos que no quieren cumplir las leyes tampoco en el ámbito financiero.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De la Torre.
En el turno de réplica, tiene la palabra el señor Marí Bosó.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.
Señora Ramos, uno sube a la tribuna siempre con la esperanza de convencerles a ustedes de algo algún día, al menos con la actitud de debatir. Yo sé que usted normalmente también tiene esa disposición, lo que pasa es que hoy nos ha largado
una ristra de afirmaciones con poco sustento y con poca argumentación, por lo que uno se encuentra en la tesitura de que el debate nos dé poco de sí. Usted ha señalado: oiga, es que ustedes no han presentado ni siquiera justificación de la
enmienda a la totalidad que realizan a nuestra propuesta de derogar la regla de gasto, pero es que la ley la hizo el Partido Popular, la Ley de estabilidad presupuestaria y la regla de gasto la aprobó el Partido Popular. Ese es nuestro argumento
más importante, nuestra mayor justificación, y ustedes proponen derogarla. Nosotros, como hemos venido proponiendo y haciendo durante estos años con inversiones financieramente sostenibles, con la posibilidad de aplicar el superávit del ejercicio
en los dos ejercicios siguientes, con la ampliación de supuestos de las inversiones, pretendemos hoy dar un paso más y flexibilizarla para que nuestras entidades locales puedan bajar impuestos a sus vecinos en dos días, como ya he explicado, con
bonificación de impuestos para fomentar la actividad económica y el desarrollo a nuestros autónomos y a nuestras pequeñas y medianas empresas y con bonificación de impuestos a los colectivos más vulnerables para extender las políticas de protección
social que hacen los ayuntamientos. Si ustedes y sus congéneres de la izquierda no hubieran derogado de la Ley de estabilidad presupuestaria de 2006 la parte que establecía las reglas de disciplina fiscal, otro gallo nos hubiera cantado porque esa
parte de la AIReF a ustedes no les gusta escucharla. Si en 2006 no hubieran derogado la Ley de estabilidad, el ajuste que hemos tenido que hacer en esta gravísima crisis no hubiera sido tan importante porque hubiéramos ahorrado en tiempos de
bonanza para poderlo aplicar en tiempos de crisis económica. Eso es la regla de gasto, es keynesianismo puro, ahorrar en tiempos de bonanza para aplicarlo cuando las cosas vienen mal.
Otra cuestión. Ya le he puesto en valor que la regla de gasto no ha afectado, que hay un problema de gestores públicos buenos y eficaces y gestores públicos que no son buenos ni eficaces. La señora Carmena, ¿qué hace? Promete muchas
cosas, pero no hace ninguna y a final de año se encuentra con un superávit que tiene que coger para devolver a los bancos. Ya le he dicho yo que en el Ayuntamiento de Málaga, del Partido Popular, se han hecho instalaciones deportivas en barrios, se
ha procedido a una política muy positiva que es la del desdoblamiento de las redes de saneamiento de fecales y pluviales. Un ejemplo más, señora Ramos, el Ayuntamiento de A Coruña, que tuvo que desplazar 1,8 millones de euros para políticas de
emergencia social a cubrir el agujero de una empresa municipal de bicicletas. (Aplausos). Es que, señora Ramos, hay una diferencia entre hablar mucho de la gente y preocuparse de la gente y hay una diferencia entre hacer políticas que benefician a
la gente y políticas que, lamentablemente, perjudican a la gente.
Por último, nos ha contado usted que conoce a una familia que, después de dar de comer a todos sus miembros, después de que los pequeños de la casa pueden ir al cole, se quieren pagar un tratamiento bucal y la regla de gasto se lo impide.
Eso es lo que ha venido a señalar. Qué suerte tiene usted de conocer a estas familias. Usted las puede conocer ahora; nosotros conocimos a las familias que iban a los comedores sociales en 2011 y en 2012, y tuvimos que implementar con rapidez las
políticas necesarias que nos permitieran incrementar ingresos de nuestras administraciones para salvar el océano de las deudas y rebajar el gasto superfluo de nuestras administraciones para no aplicarlo a la empresa de bicicletas y aplicarlo a la
emergencia social que teníamos en aquel momento. (Aplausos).
Por tanto, señora Ramos, comparta algo de lo que decimos y no deroguen la regla de gasto porque eso perjudica a nuestros ciudadanos. Ayúdenos en cada momento a ajustar y flexibilizar la regla de gasto para hacer una mejor política en
beneficio de los vecinos y de los ayuntamientos, pero también de nuestras comunidades autónomas y de nuestro país.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Marí.
En turno de réplica, tiene la palabra la señora Ramos Jordán.
La señora RAMOS JORDÁN: Gracias, señor presidente.
Señor Marí, no estamos pidiendo la derogación de la regla de gasto, sino la modificación de algunos criterios que están impidiendo que las administraciones públicas puedan hacer frente precisamente a los
problemas de esas familias que usted me recordaba que sigue habiéndolas, aunque usted piense que no. Aunque estemos hablando de una recuperación económica, esto no está llegando a las familias y esta regla de gasto, tal y como está
actualmente, está impidiendo que las administraciones públicas puedan hacer frente a estas emergencias sociales. Es por eso que estamos pidiendo la modificación de estos criterios.
Algo que también comentábamos -y lo digo también por Ciudadanos- es que Rajoy y Montoro no han cumplido ningún año en el Gobierno central la regla de gasto; es decir, el supervisor y controlador imponía lo que era incapaz de hacer. También
deseo recordarles que con estas enmiendas y con su defensa ignoran intencional y peligrosamente, por una parte, la división de poderes entre el Legislativo y el Ejecutivo y, por otra, la división territorial; división que sabemos que a ustedes no
les gusta nada. Por una parte, pretenden que el Gobierno decida por orden ministerial asuntos que deberían decidirse por ley, que son los que representan la soberanía popular y que además otorgan seguridad jurídica. Y por otra, ignoran
completamente, como les decía, la división de competencias territoriales. No se puede por ley decir a los ayuntamientos -que en realidad es decírselo a la gente- qué decisiones políticas se deben tomar. Eso se tiene que decidir en las urnas porque
es una decisión política si el superávit se utiliza para bajar impuestos o para mejorar en inversiones.
Sinceramente, después de esas intervenciones creo que lo que a ustedes más les molesta es precisamente la soberanía municipal y aprovechan cada ocasión para acabar con esa soberanía. No en vano, el señor Albert Rivera ha señalado que una
eventual reforma constitucional no tiene que traducirse necesariamente en una mayor descentralización. Conociendo sus inercias ultranacionalistas y a la luz de la reforma constitucional que propuso su partido en las últimas elecciones, esto es una
amenaza que deberíamos tomarnos todos muy en serio. Lo cierto es que no está habiendo partidos más destituyentes y anticonstitucionalistas en este país que el Partido Popular y Ciudadanos, que se están dedicando a bombardear la convivencia. Han
ninguneado las Cámaras legislativas, en España primero y en Cataluña después, y ahora pretenden vaciar de contenido las competencias de los municipios imponiendo unas políticas públicas desde el Gobierno central porque ninguno de los dos son capaces
de ganarlas en las urnas.
Otro argumento que han utilizado -y creo que es uno de los problemas que ustedes tienen- es que los municipios, si son soberanos, no pueden gestionar sus recursos y van a gastar por encima de sus posibilidades. Sin embargo, señores del
Partido Popular y Ciudadanos, si nos atenemos a los hechos, aquí solo se ha despilfarrado cuando se ha robado por encima de sus posibilidades, señorías. Si hablamos del PP, está el de Esperanza Aguirre en Madrid, están los treinta y cinco
municipios con casos de corrupción en Murcia -treinta y cinco de cuarenta y cinco, que no está nada mal-, está Gürtel y el largo etcétera que ya les relató uno por uno mi compañera Irene Montero. Pero en Ciudadanos no se quedan cortos, señorías, de
cuatro ayuntamientos en los que esta formación logró la alcaldía, tres han sido salpicados por escándalos de corrupción o por nefasta gestión, como en Valdemoro, donde condujeron a una ciudad que tenía superávit a la bancarrota. Esto es lo que
hicieron con una regla de gasto bien vigente. Eso sí, como ven, no es impedir a un ayuntamiento que invierta en mejora social lo que va a evitar mejorar o arruinar un municipio. No me extraña que si esta es la visión que tienen ustedes de los
ayuntamientos quieran recortarles competencias y financiación. Para nosotras es justamente lo contrario, para nosotras son los ayuntamientos desde los que se puede hacer frente -como el de Barcelona de Ada Colau- a las multinacionales y desde lo
que se puede defender el derecho a la vivienda. Es desde los ayuntamientos, como el de Madrid de Carmena, desde donde se espera acabar este 2018 habiendo reducido más de la mitad de la deuda viva de la ciudad. A lo mejor, en vez de irse a otros
ayuntamientos donde no tienen representación, como hicieron en Alsasua, les convendría estar atentos a los ayuntamientos en los que sí la tienen y así evitar dar lecciones de gestión a quienes no están en disposición de dárselas. A pesar de sus
continuos intentos desde las instituciones democráticas de recortar derechos y centralizar competencias, estamos bastante tranquilos porque somos precisamente los grupos parlamentarios a los que ustedes insultan continuamente, esos a los que la
señora Dolors Montserrat denomina la dacha rusa, la herriko taberna y no sé qué más, somos nosotros los que estamos frenando sus políticas, políticas que tienen un efecto directo en los derechos de las ciudadanas y ciudadanos de este país, en la
factura del agua, de la luz, de la hipoteca, de la pensión y de su salario mínimo.
Finalmente, he de decir que también nos tranquiliza ver cómo ustedes han renunciado a ganar a ningún municipio importante en 2019 porque, viendo sus propuestas, ningún hijo de vecino les van a querer en la alcaldía de su pueblo o ciudad,
porque si van a gobernar en ayuntamientos como Barcelona,
Madrid, Zaragoza, Cádiz, Coruña y tantos otros municipios del cambio sabrán lo difícil que es hacerlo con la soga de la regla de gasto tensando el cuello permanentemente. Así que, fíjense, no hay mal que por bien no venga: si todos los
fuegos artificiales que siguen montando por el conflicto en Cataluña les ocupa tanto tiempo que ya se han resignado a no gobernar, estoy convencida de que la ciudadanía se lo va a agradecer.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ramos.
En turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes a todas y a todos. La regla de gasto es una de las herramientas que la Ley 2/2012 ha utilizado para tratar de contener el gasto público y, en consecuencia, la defensa de los intereses de las personas más vulnerables, que a su
vez es consecuencia de la lamentable reforma del artículo 135 de la Constitución española que tenía el mismo objetivo: hacer pagar a las víctimas de la crisis las consecuencias de la misma, una especie de doble castigo. Por lo tanto, Nueva
Canarias comparte absolutamente la necesidad de modificar los criterios de aplicación de la regla de gasto. Hay que dejar claro que la regla de gasto tal y como está definida en la legislación española es muchísimo más dura y exigente que como la
aplica y la define la Unión Europea, y además tiene la consecuencia inmediata de dañar gravemente de nuevo a las personas que peor lo pasan. Porque si se supone que la regla de gasto limita absolutamente la capacidad de gasto de las
administraciones públicas, lo que quiere decir es que al final hay un montón de dinero, un superávit fiscal lamentable en los bancos cuando las necesidades de la gente son las que son.
Nueva Canarias va a rechazar las dos enmiendas a la totalidad planteadas por Ciudadanos y el Partido Popular, pero hoy hemos registrado cinco enmiendas parciales al proyecto de ley que se presenta. Les pondré un ejemplo. En Canarias, ante
una situación dramática, entre las corporaciones locales y la comunidad autónoma, 1230 millones de euros en los bancos. Plantearemos que las comunidades autónomas cumplidoras también sean eximidas de la aplicación de la regla de gasto porque sus
competencias en relación con los servicios públicos son, si cabe, mayores que las de las corporaciones locales.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Quevedo.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente. Señores diputados, señora ministra de Hacienda.
Coalición Canaria no va a apoyar estas enmiendas a la totalidad porque ni Ciudadanos ni el Partido Popular se dan cuenta de cuál es la realidad de este país. Los ayuntamientos no están para hacer inversiones, los ayuntamientos están para
cubrir los presupuestos de emergencia social, para luchar contra la violencia de género... Además, en sus enmiendas a la totalidad desconocen que también hay comunidades que tenemos superávit, que hemos sido las que hemos cumplido y que se está
primando a los incumplidores. Y, gracias al superávit de los ayuntamientos cumplidores y de las comunidades autónomas cumplidoras, estamos compensando los déficits de Cataluña, de Valencia y de los que no han cumplido. Primer asunto.
En segundo lugar, no sé cómo se puede ser alcalde de un municipio en el que uno sabe que en el banco se tienen 500 000 euros, 300 000, 200 000 y explicarle a un vecino que no puedes dar una ayuda de alquiler, que no puedes dar en
determinados momentos ayudas de emergencia social y prestar los servicios municipales esenciales. Esa es, en ese momento, la prioridad de la ciudadanía. Coalición Canaria no va a apoyar las enmiendas de totalidad del PP ni de Ciudadanos porque,
además, no reconocen esa misma circunstancia en las comunidades autónomas. Ya saben cómo es ahora: tú incumples y resulta que te beneficias; se compensa a las incumplidoras. Los recortes, señores, no los hacen los ayuntamientos ni las
comunidades, se los hacen a los ciudadanos. En ese sentido, nosotros vamos a presentar una enmienda al artículo 12 para que no se permita usar el superávit con el fin de bajar impuestos, ni para inversiones, sino para usarlo, en el caso de las
comunidades autónomas y los ayuntamientos, para los
servicios que más afecten a la ciudadanía, sobre todo en época de crisis: servicios sociales, sanidad, educación, lucha contra la violencia de género y todo lo que afecta a las familias de este país.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señor presidente.
La regla de gasto y la Ley de Estabilidad que la recoge no necesitan una reforma que las flexibilice, como dicen PP y Ciudadanos, sino que necesitan, se lo digo claramente, ser derogadas. Los ayuntamientos no necesitan ser tutelados, son
maduros y responsables; tampoco debe pesar sobre ellos la responsabilidad del cumplimiento del déficit, seguir encerrados en el 0 % de déficit obligado por el Estado, mientras otras instituciones, con un mayor margen de deuda, incumplen
sistemáticamente y, además, el Estado se reserva, siempre lo digo, la mayor capacidad de déficit. No es normal que las entidades locales que tienen saneadas sus cuentas y terminan el ejercicio anual con superávit vean limitado por el Estado el
margen de uso de su presupuesto y no puedan decidir libremente las políticas a implementar en sus municipios. Así, aun teniendo recursos suficientes para ello, se les obliga a dejar de prestar servicios esenciales para la ciudadanía. Ello no es
consecuencia de esta ley, esa situación de superávit, sino que responde a una gestión responsable. Atacan de forma continuada las competencias y autonomía de los ayuntamientos y no es suficiente con aligerar la intervención que se impone sobre
ellas. Para defender la potestad económica y financiera de las instituciones más cercanas a la ciudadanía es necesaria la derogación de la ley, regla de gasto incluida. Además de no aceptar la intervención sobre los ayuntamientos, como la
Comunidad Autónoma vasca y Nafarroa ya lo venían haciendo bien, defendemos nuestra capacidad para decidir, también, sobre nuestro nivel de endeudamiento que acompaña las prioridades y políticas a desarrollar, que son las que nos han llevado, como
suelen recordar muchas de sus señorías en ocasiones aquí, a contar en aquel territorio con una situación mejor en muchos sentidos. No casan con nuestro modelo de desarrollo económico y social los estrictos límites que nos quieren imponer en su afán
por anteponer el control del déficit, acompañado de políticas de austeridad. Así pues, votaremos en contra de ambas enmiendas a la totalidad y seguiremos intentando conseguir la derogación de esta ley antisocial.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra ahora el señor Candela Serna.
El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.
Señor De la Torre, curiosa acción política la suya, que se define como sensata, calificando a los demócratas como enemigos y a los fascistas de VOX como amigos. Más que sensata, es un poco facha.
Coincidimos plenamente con Unidos Podemos en que la combinación de la regla del gasto y los objetivos de estabilidad han supuesto una doble camisa de fuerza que ha estado ahogando socialmente a los ayuntamientos y a las comunidades
autónomas. Por un lado, los objetivos de déficit cero para las corporaciones locales han supuesto la reducción del nivel de inversión social de los mismos, fundamentalmente, por la falta de recursos económicos y la incapacidad para aumentarlos.
Por otro lado, en algunos ayuntamientos con una capacidad fiscal mayor la regla de gasto ha supuesto la imposibilidad de destinar recursos a necesidades sociales, ya que la limitación del crecimiento de gasto a la tasa de referencia del crecimiento
del PIB ha limitado el crecimiento. Ayuntamientos como el de Barcelona, el de Madrid o el de Valencia, incluso teniendo una deuda razonable y un superávit público, se ven obligados a amortizar deuda que no supone ningún tipo de amenaza financiera.
Entendemos que si a alguien debiera aplicarse con más rigor los objetivos de estabilidad y la regla de gasto stricto sensu sería a la Administración Central. Hemos denunciado en infinidad de ocasiones la distribución asimétrica y totalmente
arbitraria de los objetivos de déficit entre comunidades autónomas, corporaciones locales y la Administración central del Estado que, por otra parte, ha sido la principal responsable del incumplimiento sistemático de los objetivos de déficit, si es
que estos tienen mucho sentido.
Termino. Las corporaciones locales necesitan urgentemente una reforma y una financiación adecuadas, porque son las principales o las primeras instituciones que atienden las necesidades de las personas. Por tanto, su propuesta es totalmente
razonable y nuestro grupo votará a favor.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Candela.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señora ministra, señorías, cualquier ocasión es buena para Ciudadanos -en campaña de las andaluzas- para hablar de separatistas, de nacionalistas, de independentistas, de golpistas, de CDR... Señor De la Torre, seamos serios; yo el
planteamiento del señor Marí no lo puedo compartir, pero tengo que valorar que se ha esforzado en hacer una defensa política y técnica de su posición. Pero venir aquí a intentar vestir un intento de no reformar la regla de gasto, porque su
flexibilización es la absoluta no reforma sobre la base de Cataluña, los independentistas, los nacionalistas, etcétera, es muy pobre. Ya sabemos que tienen campaña en Andalucía; ya sabemos que se están pegando con el Partido Popular a ver quién
llega primero para quedarse en la oposición, pero aquí estamos para lo que estamos.
Ustedes presentan una enmienda a la totalidad; nosotros no vamos a apoyar ni una ni otra. Ya sé que con esto dirá: Ya lo ven, señores; ustedes están vendidos a los independentistas, etcétera, pero la realidad es una y tenemos que
decirla: oiga, la regla de gasto -hablaré en la siguiente intervención del artículo 15- ha sido un corsé para la Administración local, que lo único que ha servido ha sido para generar un superávit que no se ha podido aplicar y que ha servido,
estrictamente, para cubrir los déficit excesivos de la Administración central y también de la autonómica. Para eso ha servido, y eso es lo que se debe corregir. Incluso las inversiones financieramente sostenibles han sido un pequeño gesto, pero no
han servido para nada. Continúan existiendo remanentes importantes sin poder aplicarlo la Administración local, y no es por su poca capacidad de gestión, se lo aseguro.
Por tanto, nosotros vamos a presentar enmiendas al texto presentado por Podemos. Hay cosas que no compartimos, las vamos a enmendar, pero obviamente no vamos a apoyar ninguna de sus propuestas en el día de hoy.
Muchísimas Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Egun on. Buenos días. Hoy los Grupos de PP y Ciudadanos nos traen una enmienda a la totalidad en relación con la proposición de ley orgánica, relativa a la modificación de la regla de gasto; una proposición a la que este grupo votó
favorablemente, añadiendo que iba a realizar las correspondientes enmiendas llegado el momento; un momento que, por otra parte, algunos tratan de ralentizar. Las administraciones públicas, no solo las locales, han vivido inmersas en el proceso de
consolidación de las cuentas públicas, exigidas en la senda de cumplimiento de los objetivos establecidos por la Unión Europea en materia de déficit público y de deuda pública, dentro del pacto estabilidad y de déficit excesivo.
No obstante, también hay que decir que las medidas establecidas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera han tenido un enfoque, incluso, mucho más restrictivo que el que ha utilizado la Unión Europea; un
enfoque con la LRSAL que este grupo no ha estado ni está de acuerdo. Así las administraciones públicas -todas, no solo las locales-, se han visto sujetas no solo al límite de estabilidad presupuestaria y de endeudamiento, sino también al límite que
conlleva la regla de gasto. Son unos límites que van en contra de la autonomía de las administraciones autonómicas y locales y, por ello, hay que flexibilizarla. Hay que utilizarla como una herramienta de planificación de carácter orientativo,
aplicarla como lo hacen otros países en Europa, y no con carácter sancionador como se ha venido haciendo hasta ahora.
La reforma de la regla de gasto no significa no mantener la estabilidad presupuestaria. Desde luego, nosotros entendemos que la deuda ha de mantenerse en un margen sostenible para asegurar que las administraciones dispongan de los recursos
adecuados. Además, así lo están haciendo y lo están demostrando, principalmente, las administraciones locales y las autonómicas. En la medida en que las administraciones van alcanzando sus respectivos objetivos de estabilidad a medio plazo, la
regla de gasto se convierte en la principal limitación presupuestaria, ya que establece que el crecimiento del gasto público anual no debe superar una tasa de crecimiento potencial del PIB a medio plazo, un límite que es además inferior al potencial
real de crecimiento a medio plazo, lo cual disminuye esa capacidad de decisión de las administraciones. Es una regla que genera efectos constrictivos en los presupuestos de las entidades locales cuando estas -como ya he dicho, lo han demostrado- no
son el mayor problema para conseguir la estabilidad presupuestaria. El problema está en otras administraciones, el Estado y la Seguridad Social básicamente.
Cuando se hace una buena gestión, el dato de estabilidad mejora, pero la regla de gasto sigue obligando a presupuestar de forma restrictiva, y es que también es de sentido común que si lo están haciendo bien, tienen equilibrio presupuestario
o superávit, puedan invertir en aquellas políticas favorables a la ciudadanía, atendiendo a su principio de autonomía. Cuando el 17 de diciembre del año pasado debatimos este tema, ya la voluntad de estos dos grupos era la de no modificar la regla
de gasto, cosa que hoy nuevamente constatamos, y es que además la enmienda a la totalidad que presenta el Grupo Popular no obedece a ninguna flexibilización de la regla de gasto; es una enmienda que se circunscribe a ampliar el uso del superávit
para la bonificación de impuestos locales, lo cual a nosotros nos parece insuficiente y, por eso, vamos a votar en contra de la misma.
En cuanto al Grupo Ciudadanos, en el debate de diciembre llegó a votar en contra de la flexibilización de la regla porque entendían que se hablaba de supresión de la misma, y no es cierto, se hablaba de su inaplicación cuando las
corporaciones cumplieran con los principios de estabilidad presupuestaria, entendida esta como el mantenimiento de una posición de superávit o equilibrio presupuestario; y de sostenibilidad financiera, entendida esta como el mantenimiento de un
nivel de endeudamiento en un porcentaje y el mantenimiento de un plazo medio a pago a proveedores. Hoy nos traen una enmienda a la totalidad completamente centralizadora -algo que no nos sorprende porque ya hicieron saber su idea de suprimir
algunos ayuntamientos- que no quiere que se flexibilice la normativa y lo que verdaderamente incorpora es una obligación de desarrollarla por parte del Gobierno para que no queden ventanas interpretativas, tal y como se recoge en el artículo único
1, por el que se modifica el artículo 12.1 de la Ley de estabilidad, y el artículo 1.3, por el que se modifica el artículo 21.1, también de la Ley de estabilidad. Además abre la posibilidad para que a través de los Presupuestos Generales del Estado
se pueda inaplicar el destino del superávit, atendiendo solamente a la coyuntura económica. Ustedes lo que quieren verdaderamente es intervenir en las administraciones, atendiendo a una circunstancia totalmente subjetiva, ya que ni tan siquiera
definen qué coyuntura económica es. Lo que están imponiendo a las administraciones es en qué gastar, cómo gastar, limitando su autonomía. Hay que recordar una vez más que el superávit de las administraciones, sobre todo locales, ha sido y está
siendo decisivo para alcanzar los objetivos de estabilidad presupuestaria comprometidos con Europa, ya que estos están compensando los incumplimientos de la Administración central y la Seguridad Social.
En definitiva, es una regla que ustedes no quieren flexibilizar. Lo que están proponiendo es limitar que un ayuntamiento pueda invertir en su ciudad; además, quieren intervenir en las administraciones atendiendo a esa confrontación que
ustedes mantienen con Cataluña, una situación concreta; en definitiva, lo que quieren es arrastrar en ese objetivo a todas las administraciones locales y autonómicas, lo hagan bien o lo hagan mal.
Nuestro grupo, por todo lo dicho votará en contra de estas enmiendas a la totalidad y llegado el momento planteará aquellas enmiendas parciales a la proposición de ley para flexibilizar la regla y para respetar el régimen foral de Euskadi y
Navarra. Se trata de flexibilizar para que las administraciones puedan desarrollar sus políticas públicas, atendiendo a su autonomía y las competencias que ostentan. Los ayuntamientos lo pueden hacer.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidente.
Debatimos hoy dos enmiendas a la totalidad a una proposición de ley cuyo objetivo es permitir que los ayuntamientos, las instituciones más próximas a la ciudadanía y las que primero deben hacer frente a las necesidades de sus vecinos, dejen
de estar exprimidos por una regla tan injusta como es la regla de gasto. Esquerra Republicana ya lo dejó claro en la toma en consideración de esta proposición de ley y lo vuelve a hacer hoy.
Vamos a hablar un poco de historia, porque así como el Tratado de Versalles acabó provocando y viendo nacer el nazismo, el Pacto de estabilidad europeo lo ha visto renacer. Con el primero, los vencedores de la primera Gran Guerra impusieron
a los vencidos unas condiciones tan draconianas que prepararon el camino de la venganza; con el segundo, los acreedores han impuesto a los deudores una austeridad tan injusta e ineficiente que disparó las tasas de paro, de pobreza, de desesperanza
y de xenofobia, el caldo de cultivo idóneo para el populismo.
El propio campeón de la ortodoxia económica, el Fondo Monetario Internacional, reconoce que el Pacto de estabilidad y la austeridad excesiva impuesta a los países deudores ha sido un error, y la propia Comisión Europea lo reconoce cuando hoy
propone la creación de un fondo de estabilidad para financiar países en riesgo de recesión. Ambas instituciones no dejan de señalar que los países con capacidad fiscal y superávit exterior, como Alemania y Holanda, debían y deben impulsar medidas
expansivas compensatorias. Aceptar, como se aceptó, que los costes del ajuste los pagaran los más débiles de los países más débiles no solo fue injusto, sino también ineficiente, puesto que disparó la deuda pública que pretendía disminuir y además
hundió la demanda interna europea y dejó a Europa en una situación extremadamente dependiente de la demanda exterior.
Si todo lo dicho vale a escala europea, también si miramos lo sucedido en el Estado español, juez y parte de una política injusta y cobarde, porque ser fuertes ante los débiles y débil frente a los fuertes es el máximo exponente de cobardía,
una cobardía compartida con los socios europeos con los que constituyó el Mecanismo Europeo de Estabilidad, mediante el que se impuso a Grecia unas medidas orientadas a rescatar a la gran banca europea y, en ningún caso a los ciudadanos griegos;
una manera de curar la enfermedad a base de matar al enfermo, que acto seguido aceptó aplicar en España mediante el ignominioso cambio de la Constitución y su artículo 135. El artículo 135 también fue la excusa para recentralizar y trasladar el
mayor peso del ajuste a las comunidades autónomas, las administraciones a cargo del exiguo Estado del bienestar, hoy convertido en un verdadero estado del malestar, líderes europeos en pobreza infantil y en precariedad laboral.
Con todo lo dicho, no defendemos el gasto sin sentido ni la acumulación de déficit público. Mantener un buen Estado del bienestar exige de entrada poder financiarlo. Lo que sí defendemos es que quienes pueden y deben contribuir más lo
hagan y que al hacerlo compensen y aligeren el esfuerzo de los que menos pueden, porque España no tiene un problema de gasto público excesivo, sino de ingresos públicos insuficientes, ni más ni menos que 7 puntos del PIB menos que la media europea;
y también tiene un problema de gasto público inútil al servicio de unos pocos: ahí está el AVE para acreditarlo, la corrupción y el mantenimiento de ministerios mastodónticos, a pesar de tener cedidas las competencias a las comunidades autónomas.
Esquerra Republicana votará no a estas dos enmiendas a la totalidad para seguir así adelante con la tramitación de esta proposición de ley, y que con ello los ayuntamientos puedan destinar todos los recursos necesarios para garantizar el
bienestar de sus vecinos sin la asfixia impuesta por el Estado.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Margall.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán.
La señora SUMELZO JORDÁN: Muchas gracias, señor presidente.
El pasado 1 de junio el Gobierno del Partido Popular fue censurado por esta Cámara. Nos hablaba el portavoz del Grupo Popular de años de esfuerzo de los españoles, y desde el Grupo Socialista le queremos decir que fueron siete años de
esfuerzo de los españoles que menos tienen, siete años de desigualdad de oportunidades y siete años de políticas de recortes y desmantelamiento de los servicios públicos. Y créame cuando le digo que el 1 de junio muchos jóvenes, las familias
españolas y la clase media y trabajadora de este país respiraron aliviadas cuando prosperó la moción de censura, y el mundo local, nuestros ayuntamientos, cualquiera que fuese el signo político de su alcalde o alcaldesa, también. Respiraron
aliviados porque fueron siete años de asfixia al mundo municipal. Es sorprendente, apenas cinco meses después de dejar el Gobierno, escuchar al portavoz del Partido Popular aquí que propone que esa regla de gasto se destine a bajar los impuestos,
cuando han estado siete años asfixiando y castigando continuamente a los ayuntamientos. (Aplausos).
Señores y señoras del Partido Popular y de Ciudadanos, los Gobiernos locales no ha sido ajenos a su peculiar estilo de entender la política y de explicar la crisis. Durante estos años de crisis hemos vivido una campaña de desprestigio y de
difamación de los ayuntamientos; una campaña, señorías, perfectamente bien orquestada desde el Gobierno del Partido Popular, aplaudida por su grupo parlamentario y respaldada por Ciudadanos en cada votación parlamentaria. Durante años, señores y
señoras del Partido Popular, tuvimos que escuchar a sus responsables políticos acusar a los ayuntamientos españoles de opacidad, de despilfarro, y siempre de una mala administración de los recursos públicos. Durante años, señores y señoras del
Partido Popular, les escuchamos hablar de duplicidades, de competencias impropias. Hoy hemos vuelto a escuchar hablar aquí del gasto público descontrolado, y vimos también cómo durante
muchos meses, en comisiones de estudio en Parlamentos autonómicos, comparecientes llamados por el Partido Popular se dedicaban a hablar mal de la labor de los ayuntamientos en nuestro país.
Durante años, señores y señoras de Ciudadanos, tuvimos que oír cosas como que en España hay demasiados municipios. Y ustedes, en la propuesta veintiocho de su documento para la regeneración política e institucional, planteaban ni más ni
menos que modificar el artículo 140 de la Constitución española para consignar tanto el criterio de sostenibilidad como la habilitación de la competencia al Estado para regular la fusión de los municipios, es decir, dar al Gobierno central la
potestad de obligar a los ayuntamientos a fusionarse. Supongo que esas serán las propuestas sensatas de las que nos hablaba hoy aquí el portavoz del Grupo Ciudadanos. Durante años, señores y señoras de la derecha de esta Cámara, hemos sido
testigos de un ataque sin precedentes contra la autonomía local. Esa campaña de desprestigio municipal se culminó con dos ataques a los ayuntamientos. El primero fue la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, la llamada
LRSAL, que supuso el corsé competencial e institucional a los municipios españoles. La segunda fue la Ley de estabilidad presupuestaria y el diseño de la regla de gasto, cuya reforma nos trae al debate que estamos teniendo hoy aquí, y que supuso
una excusa de la crisis y el endeudamiento del sector público, un verdadero yugo del Gobierno central a los ayuntamientos, especialmente a los ayuntamientos cumplidores. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Les ruego silencio, señorías.
La señora SUMELZO JORDÁN: Una ley, la de estabilidad presupuestaria, que se nos presentó como un ejercicio de responsabilidad para cumplir con nuestras obligaciones internacionales gracias a unas cuentas públicas saneadas.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista, somos plenamente conscientes de lo que implica la palabra responsabilidad y también somos consecuentes con la idea de que nuestro país forma parte de la Unión Europea, porque fue un Gobierno
Socialista quien llevó a España al corazón de Europa. Compartimos moneda, mercado, espacio económico, y por esa razón estamos sujetos a las reglas comunitarias en materia de estabilidad y de crecimiento, porque la economía europea constituye un
gran espacio público compartido. Compartimos también, como principio rector de la política económica, que las cuentas públicas deben estar saneadas. Por tanto, la responsabilidad, el cumplimiento de las reglas del juego y las cuentas públicas
saneadas no son un concepto que suponga ningún problema para el Grupo Parlamentario Socialista ni para los alcaldes y alcaldesas españolas.
Ahora bien, el diseño de la regla de gasto, tal y como la planteó el anterior Gobierno, no es un ejercicio de responsabilidad, sino que la penaliza, porque carga en los ayuntamientos cumplidores el esfuerzo de poner su superávit en el
balance contable para equilibrar las cuentas del conjunto del sector público y no resuelve el problema del fondo del déficit, porque el déficit de unos permite esconder el incumplimiento de otros, lo cual es maquillaje contable y, lo que es peor,
oculta dónde puede haber problemas en la gestión de las cuentas públicas. Queremos recordar desde el Grupo Socialista el pacto presupuestario entre el Gobierno y el Grupo parlamentario de Unidos Podemos, en el que se plantean diversas medidas para
revertir la situación sufrida por los ayuntamientos y dotar al Gobierno local de un sistema de financiación estable y proporcional a sus competencias, y permitir que las entidades locales reflejen en sus presupuestos de 2019 las inversiones
financieramente sostenibles que puedan llevar a cabo e incrementar también el ámbito de las inversiones financieramente sostenibles en materias de especial repercusión social como son las escuelas infantiles, el fomento de empleo o la construcción y
rehabilitación de vivienda.
Señorías, quiero recordarles que junto al anuncio de la reversión de aspectos de la ley llamada LRSAL que anulan la autonomía local de los municipios, también se está trabajando en la adecuación y en la reforma de la regla de gasto por parte
de la Federación Española de Municipios y del Ministerio de Hacienda.
No vamos a respaldar las enmiendas que han presentado el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos en un ejercicio de oportunismo, ya que es curioso que después de siete años de castigo a los ayuntamientos se pretenda
ahora, unos meses después, que se destine ese superávit a bajar los impuestos. Así que, señores del Partido Popular y señores de Ciudadanos, creemos que esto es un brindis al sol de sus dos partidos políticos. Ninguno de los dos cree en la reforma
de la regla de gasto, como han demostrado cuando ha gobernado el Partido Popular. Dejemos gobernar, dejemos trabajar al Gobierno y a los representantes de los ayuntamientos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sumelzo.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000269).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al debate del siguiente punto del orden del día, debate de totalidad de la proposición de ley orgánica de reforma de Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
A esta proposición de ley se han presentado dos enmiendas a la totalidad de texto alternativo. Para la defensa de su enmienda interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Roldán Monés. (Rumores).
Les ruego silencio, señorías, es el último punto del orden del día. Les ruego silencio y atención.
Gracias.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
Señorías, señora ministra, bienvenida a la Cámara. Hubiera sido estupendo tenerla también ayer ya que la habíamos convocado, pues el presidente de la Comisión de Presupuestos, el señor Francisco de la Torre, la convocó hace un mes y diez
días, y desgraciadamente no la habíamos visto, para que explicara sus cuentas en la Comisión de Presupuestos. Le agradezco mucho que hoy sí esté aquí. (Aplausos). Con suerte tendremos la oportunidad de escuchar la opinión de Gobierno.
Vengo a defender la enmienda a la totalidad que presenta mi grupo parlamentario a la reforma la Ley de estabilidad propuesta por el Partido Socialista para, esencialmente, eliminar al Senado en medio del proceso presupuestario porque les
molestaba. Dijeron vamos a quitarnos el Senado y, de esta manera, con un poquito de suerte, como no tenemos mayoría en ningún lugar, conseguimos pasar unas cuentas públicas haciendo alguna trampilla.
Déjenme que haga un pequeño repaso de cómo ha sido del exitoso trámite presupuestario del Partido Socialista este año. Primero, trajeron aquí en julio un techo de gasto, un objetivo de déficit, que nosotros les tumbamos. Esta Cámara les
dijo: No, no nos gusta su techo de gasto, es un momento de expansión económica, aprovechemos para ahorrar, ya que somos el segundo país con más déficit en la Unión Europea y tenemos una deuda de casi el cien por cien del PIB; así que hagamos un
esfuerzo ahora que estamos en un ciclo expansivo para ahorrar. Les tumbamos el techo que trajeron y, de pronto, decidieron que esto no les gustaba y salió el señor Sánchez en la televisión diciendo que el problema era que había que quitarle al
Senado los poderes en la Ley de estabilidad. Se inventaron -esta es buena- un trapicheo -en un acto que demuestra realmente una confianza y una credibilidad enorme con sus principios de igualdad-: meter una enmienda dirigida a reformar la Ley de
estabilidad -y saltarse de esa manera las mayorías que no tienen-, en una ley para formar a los jueces en violencia de género, tramitada en la Comisión de Justicia. Lógicamente, ese trapicheo filibustero lo encontramos, lo paramos y por suerte no
consiguieron tampoco hacerlo así. Al final presentaron una ley cuya enmienda a la totalidad debatimos hoy, pero, como digo, siguen incumpliendo, no han vuelto a traer un techo de gasto nuevo a esta Cámara, que es lo que les dice el artículo 15.3 de
la Ley Orgánica de Estabilidad. Y finalmente, anuncian un acuerdo para el presupuesto con el señor Iglesias, aunque no sé si se puede llamar acuerdo para el presupuesto porque para cuadrar la mayoría faltan el señor Torra, el señor Rufián y el PNV.
Pero, a pesar de todo eso, ese presupuesto no cuadra por ningún lado e inmediatamente viene Bruselas a decírselo, a decirles que los números no cuadran, que no se aborda ninguna de las reformas estructurales que necesita el país y que incumplen
deliberadamente con los compromisos europeos. El desvío -calcula la Oficina Económica de Ciudadanos- es de más de 10 000 millones, casi un punto entero de PIB. Son 4400 millones de ingresos inflados y luego, como presentan un objetivo que es el
1,8 -que, como he explicado anteriormente, había sido rechazado en esta Cámara y, por tanto, no es el vigente sino que el vigente es el 1,3- hay que sumarle 6000 millones más.
Señorías, no cuadran los números por ningún lugar, pero sí incluyen -como es lógico para llegar a un acuerdo con Podemos- hasta siete subidas de impuestos: la creación del impuesto de transacciones financieras, subida del impuesto de
sociedades, el impuesto de servicios digitales, subida del IRPF, subida del diésel, subida del impuesto de patrimonio y subida, cómo no, de las cotizaciones sociales. Pero lo mejor es que salen los portavoces variados de Podemos y del PSOE a decir
-atentos- que los impuestos que van a subir no afectan a la clase media y trabajadora. Nosotros miramos cuando publican algún número -porque ellos hacen los números un poco así, a ojo- y hemos comprobado que los presupuestos
de hecho afectan a más de 15 millones de personas en España, señores de Podemos y señores del Partido Socialista. No sé qué es para ustedes la clase media y trabajadora.
Entre esas subidas está la del SMI de un 22 %, que va acompañada de una subida de cotizaciones sociales de un 22 %. Por tanto, a 1,7 millones de autónomos les querían ustedes subir la cuota que pagan para que pasaran a pagar 420 euros más
al año. Además de eso, como digo, a 14 millones de personas les suben el impuesto al diésel, cada vez que pongan gasolina tendrán que pagar 5 euros más por el depósito. Por otro lado, es la única política que han conseguido ustedes, la subida del
22 % del SMI. Después ha salido la AIReF, el Banco de España y también el BBVA y cada uno de ellos, de media, dice que la subida del SMI va a tener exactamente el efecto contrario del que ustedes decían que iba a tener, es decir, va a destruir 80
000 empleos probablemente, en vez de crear empleo. Sus políticas sociales son exactamente esto, populismo y aire para cambiar las cosas. El otro efecto colateral de la subida del SMI es la subida del 22 % de las cotizaciones, y también nos
encontramos con la subida del diésel.
Finalmente, mandan el presupuesto a Bruselas, el DBP famoso, y se van cayendo algunas de las políticas que habían prometido, especialmente aquellas que sí tenían algún interés, como la extensión de la cobertura de 0-3 en las escuelas o la
financiación de la ciencia, que de pronto desaparecen. Le dicen una cosa a Podemos y luego van a Bruselas y dicen la contraria. Y además, le mandan a Bruselas una cuestión increíble, un objetivo de déficit que no ha sido aprobado en esta Cámara,
señores del PSOE.
La carta de Bruselas es inmediata, el segundo bofetón que le da Bruselas al presupuesto Sánchez-Iglesias es total, es probablemente la más rigurosa que hemos tenido en los últimos años. Dice literalmente que estos presupuestos ponen en
riesgo la estabilidad y la credibilidad de la economía española. Bruselas dice tres cosas, que coinciden exactamente con lo que nosotros advertimos un mes antes desde la oficina económica: no se creen los ingresos que prometen y los impuestos que
crean no van a recaudar, según Bruselas, ni la mitad, ni un 50 % de lo que dicen que van a recaudar, y además tienen que crearlos porque lógicamente no existen; dicen que no se creen que ustedes van a gastar lo que dicen, creen que van a gastar
muchísimo más de lo que han dicho en el DBP, y dicen que el desvío respecto a los objetivos de corto y medio plazo es enorme, que ustedes van a llevar a un déficit del 2,1 en vez de a un déficit del 1,3, que es el que toca.
En resumen, no hay nada menos progresista, señores del PSOE y de Podemos, que ser irresponsable con las cuentas públicas. Si no cuadras los números y no haces los esfuerzos cuando toca, entonces acabas pagando más por intereses de la deuda
porque pierdes la confianza y te acabas gastando el dinero de los hospitales y de la educación en tipos de interés más altos de la deuda. Simplemente, estas son las consecuencias de un Gobierno que ha decidido entregarle las llaves y hacer ministro
de Hacienda y de Economía plenipotenciario al señor Iglesias. Esas son las consecuencias de eso.
Como digo, estamos en un momento delicado. Todos los indicadores dicen que estamos en un momento de desaceleración y esta mañana se referían la OCDE y el FMI a ello. Están bajando las previsiones de crecimiento y el entorno internacional
es muy delicado. Tenemos un problema gravísimo en Italia, tenemos la subida de tipos de interés del Banco Central, tenemos un problema con la crisis comercial internacional y precisamente ahora es cuando hay que abordar las reformas de fondo de la
economía. Ahora es cuando hay que hablar de una reforma educativa, que ustedes evidentemente no tienen, es cuando hay que hablar de una reforma laboral que aborde los problemas estructurales de este país, que ustedes evidentemente no tienen, y es
cuando hay que abordar los problemas de gasto que tenemos en este país, pero ustedes jamás se plantean revisar el malgasto público. Nosotros en el punto 2 del acuerdo con el Partido Popular teníamos un spending review, una obligación para revisar
el gasto público. No se trata de gastar más solamente, sino de gastar mejor, señores del Partido Socialista y de Podemos.
Yo creo que se puede, sí se puede, se puede hacer mejor. Nosotros conseguimos cuadrar las cuentas, conseguimos bajar los impuestos a la clase media y trabajadora, a 3 millones de mileuristas en este país, conseguimos un complemento salarial
para medio millón de jóvenes y conseguimos extender los permisos de paternidad a tres semanas, y ustedes no han conseguido nada. Además, lo conseguimos cumpliendo los objetivos de déficit y los acuerdos que teníamos con Europa.
Es evidente -señora Montero, veo que usted dice que no- para todos los españoles que la coalición de su Gobierno, esos que bajan por las escaleras y escupen a su ministro, es inviable y no beneficia a nadie. Además, el único interés de sus
socios es exactamente el contrario al de todos los españoles, lo que pasa es que ustedes no lo quieren admitir porque el señor Sánchez quiere seguir dando paseítos con su avioncito y seguir en el Gobierno. Acepten ustedes que tienen una coalición
inviable y que no beneficia
al conjunto de los españoles. No vamos a tener un presupuesto porque ustedes son incapaces de asumir que lo que hay que hacer es convocar elecciones, señores del Partido Socialista.
Respecto a la enmienda -y con esto termino-, nosotros hemos presentado una enmienda para proponer una reforma de la Ley de Estabilidad y aumentar a tres quintos para que pueda levantarse el veto en esta Cámara y, por tanto, haya algo más de
flexibilidad. Evidentemente, estamos en contra de dilapidar la Ley de Estabilidad Presupuestaria, que es lo que el Partido Socialista propone.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Roldán.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Píriz Maya.
El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Comparezco aquí en nombre del Grupo Popular para defender la enmienda a la totalidad a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Propone
nuestro grupo devolver la ley a su estado original, es decir, no alterar aquello que durante años ha funcionado perfectamente y que no ha generado más que beneficios para los españoles, dotándose así de recursos de control y doble aparición en
cuanto a los objetivos de deuda y déficit de los Presupuestos Generales del Estado de cada año.
Hoy estamos aquí por una única causa, y pueden vestirlo como quieran, tratando de engañar y hacer la envolvente a los grupos, pero solo estamos aquí por una razón: porque no tienen mayoría en el Senado, únicamente por eso. Presentan una
proposición de ley orgánica con un único artículo porque lo que les molesta en todo este asunto es que los españoles, de forma libre y democrática, dieron la mayoría en esa Cámara a otro partido que no es ninguno de los suyos. Esa es la única
motivación para traer esta ley a este hemiciclo y nosotros no podemos estar de acuerdo con eso, es más, presentamos esta enmienda a la totalidad absolutamente convencidos de que hoy no solo está en juego una ley sino el respeto a nuestras
instituciones, el respeto a nuestras Cortes Generales, el Congreso y el Senado, el respeto a nuestro trabajo y a los españoles que nos votaron para representarles. No nos votaron para retorcer la ley, para evitar someter a la consideración de las
Cámaras los asuntos que estimen ustedes convenientes; el Senado tiene sus funciones constitucionales, y muy reforzadas en casos como este, con un alto impacto en su carácter territorial. Son innumerables los casos en los que la Cámara Alta tiene
la misma capacidad de aprobación y veto que el Congreso. Hay muchos ejemplos a lo largo de la historia democrática en los que ha sido el Senado quien ha tenido las funciones reales, como recordarán todos, no hace demasiado tiempo, con el
procedimiento del artículo 155. No se trata, por tanto, de ninguna anormalidad legislativa, así ocurre en otros casos, como el de la autorización de acuerdos de cooperación entre comunidades autónomas o en la dotación y regulación de los Fondos de
Compensación Interterritorial, donde existen similitud de funciones. La Cámara de representación territorial tiene que tener la capacidad para decidir sobre los temas que le incumben de forma excepcional, como es el caso que nos trae aquí hoy. Eso
es lo que pensamos en mi grupo y ese es el porqué de nuestra enmienda a la totalidad. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).
Durante estos meses hemos escuchado a diferentes portavoces socialistas hablar de sortear al Senado o de eliminar el precepto que indica que la soberanía popular recae en las Cortes Generales, en el Congreso y en el Senado. Esto es propio
de un Gobierno en descomposición, de un Gobierno que hace aguas, de un Gobierno que miente por carta a Bruselas haciendo gala de un aval de la AIReF que no tenían, de un Gobierno sin credibilidad, y no es que lo piense yo o mi grupo, es que hasta
tres organismos internacionales se lo dijeron ayer -Bruselas, el FMI y la OCDE-, que desmontaron punto por punto todas sus patrañas. Lamentable, señorías, hasta tres organismos lo dijeron ayer. (Muestra la portada del ABC del día de hoy). Esto
son artimañas de un Gobierno que miente continuamente, que lo hizo ayer cuando dijo al Congreso que la ministra de Hacienda no podría comparecer en la Comisión de Presupuestos hasta el 20 de diciembre y les hemos demostrado con su agenda en la mano
que esta misma tarde, sin ir más lejos, o mañana no aparece nada en ella. Mienten a los españoles y lo hacen ya sin ocultarlo y, lo peor de todo, es que les da igual.
Hoy me gustaría hablar aquí también del sainete presupuestario que estamos viviendo. La Ley de Presupuestos Generales, la ley más importante que se tramita cada año en esta Cámara, y el bochorno al que están sometiendo a este proceso
presupuestario, sin duda no hacen otra cosa que socavar la credibilidad de nuestras instituciones y socavar la credibilidad de nuestro país. Este plan presupuestario que presenta el Gobierno a Bruselas, y del que ayer no quedó en pie ni una coma,
es fruto del acuerdo
con Podemos, que ha sido presentado a bombo y platillo, con paseíllo casi cinematográfico incluido de su líder. Está basado en un documento que su aliado presentó hace unas semanas y que se viene a llamar Presupuestos con la gente dentro.
Les tengo que reconocer que Podemos me confunde bastante con sus términos, con estas palabras que utilizan y que uno nunca sabe lo que quieren decir o a quién se quieren referir. Su uso tan curioso de la palabra gente me recuerda a cuando
entraron en esta Cámara con la palabra casta en la boca; todo era casta, todos éramos casta. Por suerte, tras comprar su líder aquella famosa solución habitacional en Galapagar, repentinamente desapareció la palabra casta de sus diccionarios.
(Aplausos). ¿Alguien escucha ahora la palabra casta? ¿A que no? Ya no hay casta, ya nos somos casta. Ahora no les interesa.
Me ocurre igual con el uso de la palabra gente; presupuestos con la gente dentro. ¿Qué pasa? ¿Que estos años la gente no estaba dentro de los presupuestos? Pero ¿cómo tienen ese desahogo? ¿Acaso no son gente los más de 2,5 millones de
españoles que encontraron trabajo con el Gobierno del Partido Popular? ¿Acaso no son gente los 3,5 millones de personas que se beneficiaron de la rebaja fiscal de los presupuestos de 2018? Díganme ustedes, ¿no son gente las 625 000 familias que se
beneficiaron de las ayudas fiscales a las familias en los presupuestos de 2018? ¿No son gente los 2,5 millones de empleados públicos con los que se firmó el acuerdo de retribución salarial de los funcionarios? ¿Y los más de 160 000 agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a los que se les aprobó la equiparación salarial con los cuerpos autonómicos? ¿Son gente o no? Sé que no merecen su respeto, pero son gente. ¿Y los 1,5 millones de jóvenes a los que se les rebajaron las
tasas universitarias este año? ¿Qué son? Por último, los 7 millones de pensionistas que se beneficiaron de la subida de las pensiones mínimas de viudedad y la subida pactada. ¿Son gente o no? (Aplausos).
Cómo pueden venir aquí a decir que con ustedes la gente comenzará a estar dentro de los presupuestos. Aunque no se lo crean, habían estado antes de llegar ustedes, había políticas sociales, había una sanidad pública, que es ejemplo en todo
el mundo, y todo eso con presupuestos del Partido Popular, aunque les duela, aunque les dé urticaria, aunque consideren que la gente es solo su gente y no los españoles. Donde ustedes ven gente, nosotros vemos españoles que levantan la persiana de
sus negocios cada mañana, que van a estudiar, a trabajar, que llevan a sus nietos al colegio. Donde ustedes ven gente, nosotros vemos compatriotas que hacen de España el gran país que es. Y todo esto plasmado en un documento con el logo del
Gobierno de España y el de Podemos; un documento que, lejos de negociarse en las Cortes Generales, lejos de traerse, presentarse o, al menos, negociarse con los grupos, lo que hacen es mandar al vicepresidente del Gobierno en funciones, Pablo
Iglesias, a la cárcel de Lledoners a negociarlo con los políticos presos. Cuando actuaciones como esta que socavan nuestras instituciones nos hacen creer que no pueden ir más allá, de repente comprobamos que sí, que pueden hacerlo, que pueden
mandar a negociar los presupuestos en una cárcel, o mandar a Bruselas una carta llena de mentiras para buscar el soporte comunitario a unas cuentas que, como bien les dejo ayer claro la Comisión Europea, no hay por dónde cogerlas. Ustedes prefieren
negociar en las cárceles que en las Cámaras de representantes votadas democráticamente por los españoles.
¿Han leído con tranquilidad la carta de la Comisión? (Un señor diputado: ¡Sí!). La tienen aquí. Si les queda algo de decoro, deberían retirar esta proposición de ley y ese documento presupuestario que nació viciado de origen y que está
arrastrando el nombre de España por las instituciones comunitarias. ¿Ahora me dirán que el informe de ayer de la Comisión es normal, como dijeron hace semanas con la carta recibida, o no? ¿Les parece normal esto? Ponen de acuerdo a todos: nadie
se cree sus cuentas, nadie se cree al Gobierno en descomposición, nadie les cree ya en el mundo. ¿Se lo vuelvo a enseñar? (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Píriz, disculpe un momento. Señorías, guarden silencio, por favor.
Adelante.
El señor PÍRIZ MAYA: Por todo ello, hoy estamos aquí, únicamente por eso, para conseguir, en contra del criterio incluso de la propia Comisión Europea, aumentando la deuda pública y el déficit para 2019, esos 5000 millones de euros
adicionales de los que vienen hablando en las últimas semanas. No engañen con sus términos, no es financiación adicional, es deuda adicional. No es dinero que genera el Estado; es dinero que se pide prestado y que hay que devolver, que devolverán
otros porque ustedes solo son especialistas en gastar. No son 1200 millones que, según la ministra, son pocos y se quitan o se ponen en cualquier parte del presupuesto -eso dijo-; hablamos de 5000 millones de euros que no sabemos en qué quieren
gastar. Bueno, mejor dicho, no nos lo dicen, porque saber, lo sabemos: quieren financiar la
megacampaña electoral de Pedro Sánchez o del presidente Sánchez o del que sea que se presente en su momento a las elecciones. España ya conoce los resultados de estas medidas, se llamó PlanE y supuso la puntilla final a las posibilidades de
España de asumir con cierto margen la crisis económica que venía por delante.
Los españoles solo tienen claro que con los socialistas en el poder van a pagar más impuestos. No sé si son gente o no los más de 17 millones de conductores a los que quieren subir de forma indiscriminada y nada progresiva -eso que suena
muy progre- el impuesto de gasoil o los españoles que pagarán más por sus hipotecas o por sus transacciones financieras o que pagarán más por aquellos productos y servicios adquiridos a las empresas tecnológicas. Los españoles, si son autónomos,
saben que el Gobierno socialista les quiere subir sus cuotas con un sablazo mensual para sus ya ajustadas cuentas. Saben que hablamos de unos presupuestos que les harán pagar más impuestos, más cuotas y que les van a hacer perder competitividad. Y
todo ello será con unos presupuestos pactados entre socialistas y populistas en los que los españoles importan poco y solo son los que pagan el precio de estas políticas equivocadas.
Señores del Partido Socialista, retiren este proyecto de ley o apoyen esta enmienda a la totalidad y vuelvan al sentido común. Reconozcan que se han equivocado, no pasa nada; reconozcan que se han equivocado, reconozcan que eliminar
competencias al Senado, mentir a la Comisión Europea o plantear un verdadero infierno fiscal a los españoles para contentar a los populistas no es lo que necesita España en estos momentos, y no se lo decimos nosotros, se lo dicen todos los
analistas, todos los expertos internacionales, todas las instituciones, todos los organismos nacionales; es unánime la opinión de que estos presupuestos no sirven porque los ingresos están sobrevalorados y los gastos infraestimados. Es unánime la
opinión de que la salud macro de nuestro país empieza a notar los efectos de su Gobierno, los efectos de la inseguridad y la desconfianza que transmiten. Como les digo, no somos nosotros, ayer mismo el FMI volvió a rebajar la previsión de
crecimiento para España por segunda vez en menos de cincuenta días y lo hace así cuando les dice que no se cree sus ingresos y sus gastos. Ni el FMI, ni la Comisión Europea, ni la OCDE les creen y no les dejan una sola partida sin criticar.
Por favor, dejen de hacer pasar por este calvario a los españoles y traigan a esta Cámara unos presupuestos que cumplan con la senda de déficit, que bajen los impuestos a los españoles y que mantengan las políticas que los gobiernos de
Mariano Rajoy han ido mejorando año a año. No se escondan tras las gafas de sol, las manos convincentes o el uso impúdico del Falcon, la economía no espera a los países que no cumplen con sus deberes, que no realizan las reformas estructurales
necesarias, que no legislan para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Dejen de pensar en las próximas elecciones y piensen en los españoles, en su bienestar, en lo que necesitan y en lo que piden de un Gobierno como el de España. Estos
presupuestos son el primer paso hacia la próxima crisis económica en España.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Píriz, tiene que terminar.
El señor PÍRIZ MAYA: Estoy concluyendo, presidenta.
Ustedes son especialistas en llevarnos por esos derroteros y lo serán aún más, serán peores si consiguen acabar con las funciones del Senado en esta Ley de Estabilidad Presupuestaria. España merece un Gobierno que piense en los españoles,
que no esté en cálculos electorales y en contentar a sus socios de moción de censura a costa de España.
Dijo Churchill que algunos hombres cambian de partido por el bien de sus principios; otros cambian de principios por el bien de sus partidos. Señores del PSOE, ustedes que han cambiado de principios para conseguir el Gobierno, vuelvan a
pensar en España por encima de todas las cosas. A los españoles les irá mejor, a todos nos irá mejor.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Píriz Maya.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes de nuevo. La verdad es que con esta última intervención me quedé dudando si estábamos hablando del mismo punto del orden del día, aunque creo que sí. De lo que estamos hablando es de una proposición de ley para modificar lo
que parece ser una especie de anomalía democrática o,
ahora que está de moda esto de defender tanto la Constitución, una anomalía desde el punto de vista de la Constitución española.
Para los integrantes de Nueva Canarias lo que se está trayendo aquí es que sea posible aprobar los objetivos de estabilidad y de deuda pública en el Congreso de los Diputados y que el Senado opine pero no tenga la capacidad de bloquear el
acuerdo que, por otra parte, es imprescindible para que se puedan aprobar los presupuestos. Por lo tanto, después de escuchar esto me he quedado dudando, no sabía de qué estábamos hablando exactamente. Si estamos hablando de esto, nos parece
elemental, es absolutamente irracional y es contrario, por cierto, al espíritu constitucional que el Senado tenga la capacidad de bloquear decisiones del Congreso de los Diputados, en este caso en una cuestión presupuestaria, porque de lo que
estamos hablando es de la posibilidad de elaborar los presupuestos, no de que se bloqueen en la Cámara que no corresponde.
Por ese motivo nosotros anunciamos que vamos a votar en sentido contrario las enmiendas a la totalidad planteadas, porque creemos que aquí se ha hablado de todo menos de lo que se trataba, y anunciamos la presentación de cuatro enmiendas
parciales con el objetivo que ya anunciamos antes. Nosotros entendemos que, puesto que estamos hablando de la misma ley, la Ley 2/2012, es necesario permitir que las corporaciones locales y las comunidades autónomas que cumplen con sus obligaciones
tengan la posibilidad de utilizar el superávit fiscal para atender a las enormes necesidades que tiene planteada la ciudadanía.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias, señor Quevedo.
Señorías, está hablando el Grupo Mixto y tienen muy poco tiempo de intervención. No quiero interrumpirlos, pero quisiera pedirles, antes de darle la palabra a la señora Oramas, que por favor guarden silencio. Yo sé que hay muchas cosas de
las que hablar en estos momentos en que se está terminando el Pleno, pero, si es posible, lo hacen en el mayor silencio posible y, si no, lo hacen fuera. ¿De acuerdo?
Tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señora ministra, desde luego nosotros no vamos a apoyar estas enmiendas a la totalidad por dos razones fundamentales. En primer lugar, nosotros estamos en contra de ese debate de decir que es antidemocrático cambiar la
posición del Senado. Yo me pregunto lo siguiente: si el Partido Socialista hubiera tenido mayoría en el Senado y el PP hubiera estado en el Gobierno, ¿habría considerado racional usar temas como el que existe en este momento para impedir la
presentación de un presupuesto que teóricamente va a ser mejor para la ciudadanía española porque permite un mayor margen de déficit?
Dicho todo eso, yo creo que hay que replantearse varias cosas. Esta Cámara representa a los ciudadanos, claro que los representa. Y quiero recordar ahora una cosa que me ha dicho en las últimas horas una persona muy importante de esta
Cámara con respecto al bochornoso espectáculo de ayer. Me decía: el Reglamento del Congreso estaba previsto para diputados y diputadas corteses, no estaba previsto ni tiene camino para cortar determinados espectáculos que hemos vivido aquí, porque
cuando se hizo el Reglamento no se preveía. Yo creo que cuando se hizo esa ley que implicaba el veto del Senado no se preveía un veto de una fuerza política para impedir una cuestión que es buena para todos los ciudadanos. Otra cosa es que
nosotros compartamos que esos 2500 millones de exceso se vaya a dar a las comunidades incumplidoras y a las que somos cumplidoras no nos dejen gastar el superávit, que ya lo discutiremos en su momento. Yo creo que este país necesita que el Gobierno
presente el presupuesto y ya veremos si se saca o no, aquí estarán los votos; y si se está en contra de la política fiscal y de las líneas presupuestarias del Gobierno, se votará aquí y se votará en el Senado. Claro que se votarán los
presupuestos. No se impide que haya unos presupuestos del Estado, no se puede usar una previsión que se hizo en un determinado momento para impedir la presentación de un presupuesto que ya tendríamos la posibilidad de debatir. Por eso creo que el
debate de achacar determinadas cosas antidemocráticas a que esta Cámara no representa la soberanía es un error. Creo que, sobre todo, los señores del Partido Popular tienen que plantearse que algún día estarán en el Gobierno, algún día no tendrán
esa mayoría en el Senado y algún día querrán presentar los presupuestos.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Oramas.
Tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Yo creo que no se deben de hacer trampas para impedir que la voluntad popular pueda tener cauce en la política. En este sentido, creo que vale la pena recordar cuál es la composición del Senado. En nuestro territorio, el Partido Popular,
con el 35 % de los votos, tiene el 75 % de los diputados; nosotros, con el 25 % de los votos, tenemos el 25 % de los diputados, y partidos como el PSOE, con el 20 %, o Ciudadanos, con el 14 %, no tienen ningún senador. Otra cosa, la composición
del Senado. Los valencianos somos cinco millones y tenemos dieciocho senadores, doce elegidos y seis por designación autonómica, mucho más democrático que con el sistema electoral. Porque, por ejemplo, el PP con el 26 % tiene dos y el partido más
pequeño, que es Ciudadanos, con el 12 %, tiene uno. Por tanto, mucho más democrática la designación autonómica. Insisto, los valencianos con cinco millones de habitantes, tenemos dieciocho diputados, y una comunidad autónoma que tiene dos millones
y medio de habitantes tiene treinta y cuatro senadores. Es decir, con la mitad de población tiene el doble de senadores. Yo creo que querer invocar al Senado para impedir que se legisle me parece una manera muy tramposa de hacer política. Por
tanto -y acabo-, no podemos hacer que el Senado esté por encima del Congreso, porque así lo dice la Constitución, que consagra que el Congreso es prevalente por encima del Senado. El PP hizo trampas, cambió la ley porque le interesaba; la misma
mayoría absoluta que cambió aquella ley se puede aplicar ahora. Una última cosa. Me gustaría ser una comunidad autónoma cumplidora, pero también me gustaría que el Estado fuera cumplidor con sus obligaciones con mi comunidad autónoma.
Moltes gràcies.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Baldoví.
Señor Bel Accensi, tiene la palabra.
El señor BEL ACCENSI: Señora ministra, señorías, señor Píriz, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en Lledoners hay presos políticos, no políticos presos. (Rumores y protestas.-Aplausos). Sí, sí. El conseller Forn, el conseller
Rull, el conseller Turull, el conseller Romeva, el vicepresident Junqueras son presos políticos. Los que son políticos presos son el señor Rato, el señor Matas... (Rumores y protestas.-Aplausos). Sí, sí, esos son los políticos presos.
Dicho esto, nos vamos a oponer a estas enmiendas a la totalidad. Sé que alguno de ustedes va a decir: ¡Hombre, si ustedes apoyaron la ley! Nosotros apoyamos esta ley a cambio de una disposición transitoria primera en la que los objetivos
de déficit entre comunidades autónomas y Estado se distribuían en función del déficit estructural el 1 de enero de 2012 y esto año tras año el Partido Popular lo ha incumplido. Por tanto, no nos sentimos nada obligados por este planteamiento.
Además, igual que en otras leyes el Congreso puede levantar el veto, entendemos que también puede hacerlo aquí. Y así también lo ve Ciudadanos. Ciudadanos ha pasado de decir que no se podía levantar a decir que se puede levantar con una mayoría
que incluya a Ciudadanos. Pero, claro, aquí las mayorías pueden incluir a Ciudadanos o no. Por tanto, nosotros suscribimos esta proposición de ley y vamos a intentar que la Mesa, una vez superado este trámite, la someta a enmiendas y a votación lo
más rápido posible.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días, señorías.
Hoy nuevamente los grupos parlamentarios Popular y Ciudadanos nos traen sendas enmiendas a la totalidad a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Son
unas enmiendas que no se corresponden con la voluntad mayoritaria de esta Cámara expresada cuando se produjo el debate para la toma en consideración de esta reforma para volver a la redacción de la Ley de estabilidad del año 2007 y, por lo tanto,
plantear el mismo procedimiento que existe para cualquier otra ley y no un procedimiento anómalo o excepcional que otorga al Senado una capacidad de veto que no puede ser levantado por el Congreso y que puede llevar -como es el caso- a un bloqueo
parlamentario que impide aprobar una nueva senda de déficit y que poco o nada beneficia a la estabilidad económica y tampoco a la estabilidad política. Los grupos
parlamentarios Popular y Ciudadanos con sus decisiones nos demuestran que no hay voluntad de modificar esa ley, porque una vez más la Mesa del Congreso con los votos favorables de estos dos grupos han vuelto a bloquear esta proposición de
ley para modificar la Ley de estabilidad y levantar el veto del Senado a la senda del déficit, ya que nuevamente se ha prorrogado el plazo para presentar enmiendas parciales a la misma. Asimismo, las enmiendas a la totalidad que hoy debatimos, como
he dicho, nuevamente demuestran que no hay voluntad por parte de estos dos grupos de levantar este veto. Por un lado, la enmienda del Grupo Parlamentario Popular mantiene la actual redacción del artículo 15.6 y, por tanto, el veto del Senado que se
aprobó en el año 2012 y añade una disposición adicional por la que además limita el aumento de los créditos o la disminución de ingresos del presupuesto vigente hasta el ejercicio presupuestario siguiente al de la entrada en vigor de esta
modificación, limitando también la capacidad para una modificación presupuestaria. Por otro lado, la enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos levanta el veto del Senado a la senda de déficit, pero propone que, si este la veta, pueda volver a ser
votada en el Congreso; eso sí, en esa doble vuelta plantea una mayoría cualificada, una mayoría de tres quintos en el Congreso -es decir, doscientos diez votos frente a la mayoría simple-, con lo cual a día de hoy, tal y como están las posturas
enfrentadas, sería imposible conseguir una nueva senda de déficit en el Congreso.
Mi grupo, desde luego, votará en contra de estas enmiendas a la totalidad, porque entendemos que hay que eliminar la excepcionalidad que existe en torno a las normas relacionadas con el techo presupuestario y los objetivos del déficit, de
manera que se evite el veto del Senado y se rijan estas normas también por el régimen general que se aplica en las Cortes para aprobar las leyes, donde el Senado actuaría como Cámara de segunda lectura.
Muchas gracias. Eskerrik asko.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.
Señor Píriz, efectivamente, hay presos políticos en Lledoners y hay presas políticas en Puig de les Basses y en Mas d'Enric. Debería darles vergüenza que en esta supuesta democracia y en este supuesto Estado de derecho, en la España del
siglo XXI, haya presos y presas políticas. Debería darles vergüenza. (Aplausos).
Vamos a votar en contra de las enmiendas a la totalidad. Nos remitimos al debate que tuvimos cuando votamos la reforma de la Ley de estabilidad presupuestaria el pasado mes de septiembre. Entendemos que, de no quitarse el veto que ejerce
el Senado, se obstaculizaría con la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular tal aprobación debido a la reforma del apartado 6 del artículo 15 que aprobó el Gobierno del PP en el año 2012. Se lo dijimos antes y durante el debate, o bien se
reformaba la Ley de estabilidad presupuestaria o no tenía ningún sentido no solamente votar a favor, sino tampoco iniciar negociaciones para intentar llegar a un acuerdo sobre el techo de gasto.
En cuanto a lo expuesto en el debate que hemos tenido en el punto anterior, urge un debate en profundidad sobre la financiación de las administraciones públicas, el límite de gasto que se les impone y la viabilidad de los servicios públicos,
que muchas de ellas están dando a la ciudadanía de forma casi heroica debido a la infrafinanciación y a la nula posibilidad de hacer presupuestos expansivos. Durante los últimos años de Gobierno del PP se han distribuido de forma injusta los
objetivos de déficit hacia las comunidades autónomas, y en concreto hacia Cataluña, unas comunidades que han tenido que hacer esfuerzos ingentes para cumplir con los objetivos de déficit. Es el caso, por ejemplo, de la Generalitat, que ha cumplido
escrupulosamente con el techo de gasto impuesto.
También volvemos a recordar -y lo haremos las veces que haga falta- que los ayuntamientos han jugado un papel fundamental durante los duros años de crisis. Estos últimos han soportado más que nadie la imposición de unas políticas de
austeridad llevadas al extremo, que no solo han provocado una reducción de gastos, sino también un incremento de los ingresos tributarios y, particularmente, del impuesto sobre bienes inmuebles, con diversas medidas adoptadas por el Gobierno del PP.
Siempre decimos que la Administración local es la más próxima a la ciudadanía, y por eso los ayuntamientos son los primeros en responder vecinos en materias sensibles como la vivienda, la pobreza energética o el fomento de la ocupación. Debemos,
pues, intentar llegar a acuerdos para que aquellos que han cumplido con los deberes puedan invertir su superávit en inversiones o en políticas sociales cuyos destinatarios sean los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Margall.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero Soler.
El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señorías, señora ministra, debatimos dos enmiendas a la totalidad a una proposición de ley que se debatió hace una semana y que trataba de recomponer el sentido de la estructura parlamentaria de
este país reconocida en la Constitución y que se vulneró cuando se aprobó la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el año 2012. No solo se trata de que esta situación no se habría producido si ustedes (dirigiéndose a los
escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso), que ahora parece que se llevan mal, con ustedes (dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Socialista), que en aquel momento también parecía que se llevaban mal con ellos, no hubieran
aprobado el artículo 135 de la Constitución. El problema esencial es que con la aprobación de ese artículo se abría la espita a la posibilidad del desarrollo de un marco normativo que lo que hacía era esencialmente restringir de forma drástica la
posibilidad de que los Gobiernos utilizaran la política fiscal para hacer política. Es decir, con aquella aprobación y con el desarrollo normativo posterior ustedes, los partidos mayoritarios, lo que estaban haciendo era un ejercicio de
antipolítica, de restringir la capacidad del Gobierno y de los representantes de la soberanía popular, que somos nosotros y nosotras, para poder hacer política, para representar las preferencias y los intereses de nuestros representados en función
del mandato constitucional que recibíamos y no en función de los intereses o de las reglas que marca algún burócrata europeo, y en este caso me refiero concretamente al señor Moscovici, cuando marca las reglas que debe seguir un Parlamento a miles
de kilómetro de distancia y sin tener en cuenta las consecuencias políticas, económicas y sociales de su decisión, y sobre todo sin tener en cuenta la decisión soberana de los pueblos. Eso lo entendió perfectamente el señor Montoro, que no solo
hizo suya esa idea, sino que le dio un toque de vuelta más de naturaleza maquiavélica, al aprovechar la sobrerrepresentación tradicional que el Partido Popular ha tenido en la Cámara del Senado para blindar normativamente su visión ortodoxa de las
finanzas públicas. Y no solo eso, sino que, al mismo tiempo, con esa medida desnaturalizaba el mandato del artículo 135, que manda al Gobierno el desarrollo y la iniciativa en materia presupuestaria.
Por tanto, señorías, el Senado no puede tener ninguna capacidad de veto sobre lo dispuesto en esta Cámara, porque la Constitución, salvo en casos tasados, atribuye a esta Cámara una preeminencia respecto al Senado y, sobre todo, porque el
Senado no es una auténtica Cámara de representación territorial en su dimensión actual. Ustedes, ustedes (dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso) y ustedes (dirigiéndose al Grupo Parlamentario Ciudadanos) lo que
pretenden es hacer un uso espurio de una institución, sobre todo en el caso del Partido Popular, porque la Ley Electoral, de momento, les favorece, pero en el momento en que la Ley Electoral no les favorezca de esta manera, lo que puede empezar a
ocurrir en Andalucía el próximo 2 de diciembre, igual se encuentran rodeando el Congreso para pedir un cambio en la Ley Electoral. (Aplausos). En cuanto a Ciudadanos y al señor Roldán, me hubiera gustado saber cómo en su enmienda tratan de
conciliar su rechazo al Senado como institución -en 2015, Albert Rivera hablaba de que había que eliminar el Senado- y el que sigan manteniendo en su enmienda la capacidad de veto, que, una vez que vuelve aquí ese veto, tratan de solucionar con unas
mayorías reforzadas que, en el caso presupuestario, no se contemplan en ningún caso.
Señorías, al margen de estas idas y venidas, lo relevante aquí no son las enmiendas a la totalidad, sino que va mucho más allá. La situación económica de nuestro país empieza a no soportar la utilización torticera de las instituciones en
función de intereses partidistas. Nos lo advertían la OCDE y el Fondo Monetario Internacional ayer -por cierto, en lugar de haber sacado una portada del ABC, que parece que lo patrocina, lo que debería haber sacado es la portada de los informes-,
que vienen a decir básicamente que la situación económica se ralentiza. Precisamente por eso, les explicaré que es necesario más que nunca utilizar la política fiscal con fines contracíclicos. Por si no lo entiende, se lo voy a explicar con las
palabras que ha dicho el señor Marí Bosó en la interpelación anterior. Se trata de keynesianismo puro. España no puede permitirse dilatar la aprobación de unos presupuestos. Ministra, exigimos que traiga a debate los presupuestos con las
propuestas que están acordadas con nosotros. Sobre todo -voy concluyendo, presidenta- lo que hay que poner en tela de juicio en estos momentos es el dictamen y las recetas de la Comisión Europea, que se ha convertido en la principal causa de la
expansión de los fascismos y de la extrema derecha en Europa. Les voy a poner un caso no muy lejano y del que hay que
extraer conclusiones claras. Italia lleva siete años cumpliendo con la disciplina fiscal, lleva siete años teniendo superávits primarios, como marca Bruselas, y en esos siete años ha visto incrementado su porcentaje de deuda pública sobre
el PIB en 20 puntos. Eso significa esencialmente... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor MONTERO SOLER: ... que la austeridad expansiva no funciona; no funciona en lo económico y en lo político tiene unos efectos terribles, porque, frente a las necesidades y preferencias frustradas de los pueblos que no son recogidas
por los Gobiernos, alienta que se expanda el fascismo.
Termino. Reflexionemos, señorías. Si impedimos que haya presupuestos, estamos impidiendo que nos enfrentemos a la próxima recesión, al cambio de ciclo, con más instrumentos. Si impedimos que haya presupuestos, estamos dando a los
ciudadanos y a las ciudadanas la justificación para que desconfíen de la política y de los políticos. Estoy casi seguro de que nadie en esta Cámara está por esa labor. ¿Verdad? Pues a eso. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Montero.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lasarte Iribarren.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señora presidenta.
Ministra, señorías, esta Cámara aprobó, el pasado mes de septiembre, la toma en consideración de una proposición de ley presentada por el Grupo Socialista, de reforma de la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad presupuestaria, en lo referente a
su artículo 15.6, para eliminar el poder de veto del Senado que le otorga la citada ley ante decisiones del Congreso de los Diputados. Se trata de una anomalía jurídica de nuestra práctica legislativa y va en contra de lo estipulado en nuestra
Constitución; en concreto, en lo recogido en su artículo 90.2, que da prevalencia, en la aprobación de normas legislativas, a la Cámara Baja frente a la Cámara Alta, salvo en aquellas cuestiones reguladas de manera específica para el Senado.
Pretende restituir una competencia arrebatada al Congreso por el Partido Popular, en un uso abusivo de la mayoría absoluta que ostentaba en el año 2012 con fines espurios de control político de las decisiones legítimas de esta Cámara.
Hoy debatimos dos enmiendas a la totalidad presentadas por el Grupo Ciudadanos y por el Grupo Parlamentario Popular. Respecto a la enmienda del Grupo Popular, el Grupo Popular se arroga un papel defensor de las comunidades autónomas y del
papel de Cámara territorial del Senado; un partido de espíritu y prácticas centralizadoras y limitadoras de la capacidad de autonomía propia de las comunidades autónomas y entidades locales, como hemos visto en el anterior debate de la regla de
gasto. Es un partido que se niega a una reforma de la Constitución que, entre otras cuestiones, otorga al Senado ese papel de Cámara territorial que ahora no desempeña; un partido obnubilado por la pérdida del poder y con absoluta falta de sentido
de lo que es una oposición de Estado.
Miren ustedes, en el año 2016, ante el incumplimiento por parte del Gobierno del PP de la senda de estabilidad pactada con Bruselas y la amenaza de multa de 2000 millones de euros a España, hubo que hacer una modificación de la Ley de
estabilidad. El Grupo Socialista estuvo en la defensa del interés general y siendo oposición apoyó esa modificación. Y lo hicimos porque entendíamos que había que facilitar la aprobación de una nueva senda de estabilidad para que las comunidades
autónomas pudieran hacer sus presupuestos y que no se vieran afectadas la educación, la sanidad, la dependencia y no se recortara una vez más el Estado de bienestar. Algunos de ustedes recordarán las palabras de la portavoz del Partido Popular, su
excompañera, la señora Asían González, señor Píriz, cuando decía, abro comillas: 'No tendría sentido luchar en Europa por una mayor flexibilidad y que luego, legalmente, en España tuviéramos un sistema jurídico que nos impidiera que las
administraciones lo utilizaran para financiar los servicios públicos esenciales que tienen atribuidos'. Cierro comillas. Y seguía, y abro de nuevo comillas: 'Aquí estamos hablando sobre si se financia o no a las comunidades autónomas con 4000
millones de euros más, financiación que nos ha permitido Europa que hagamos'. Cierro comillas. Esas palabras, esos argumentos, eran válidos cuando el Gobierno socialista presentó en esta Cámara una nueva senda de estabilidad, que otorgaba una
mayor capacidad de gasto para mejorar la vida de las personas de este país por un importe de 6000 millones de euros. Ya conocen cuál fue la respuesta del Partido Popular; no. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
Señorías, hechos. Algunos en la oposición y en el Gobierno pensamos y trabajamos por el interés general. Otros se van a Bruselas a hablar mal de las cuentas y del Gobierno de España. Por su parte, la
enmienda de Ciudadanos, que estaba mal presentada -una chapuza, que dirían ellos- lo que está reconociendo de facto es la anomalía del veto que otorga la Ley de estabilidad al Senado, y propone su eliminación, tal y como plantea la propuesta
del Grupo Socialista. Pero no le vale con el procedimiento habitual recogido en la Constitución, y pide una mayoría reforzada del Congreso de tres quintos en la aprobación de los objetivos de estabilidad y deuda pública remitidos por el Gobierno.
En opinión del Grupo Socialista, no hay ninguna razón que justifique esa petición, más allá de un exceso de celo de control parlamentario sobre la acción del Gobierno socialista que en ningún momento manifestaron cuando gobernaba el Partido Popular
y cuando sistemáticamente, junto con ellos, incumplía los objetivos de déficit del Estado y de la Seguridad Social o se alcanzaban cifras históricas en términos relativos de deuda pública, que esa también es su responsabilidad. Llega la izquierda
al Gobierno y es el apocalipsis, porque escuchamos unos discursos tremendistas de los portavoces de las derechas. Nos advierten de que todas las plagas de Egipto van a caer sobre los españoles; de momento, solo el PP ha sido abducido por la plaga
de las tinieblas pasando a la oposición.
Viendo la evolución de la ejecución presupuestaria, se puede afirmar que la gestión del Gobierno socialista de las cuentas públicas es buena, sin duda mejor que la del Gobierno del PP. Probablemente este sea el primer año de los últimos
siete en que la previsión de ingresos fiscales se cumpla. A ver si la única vez que va a acertar Montoro es cuando no está. El gasto público está creciendo de manera moderada y se ejecuta la inversión. Las previsiones de la Comisión Europea y de
la OCDE dicen que España mantendrá un crecimiento robusto, superior al de la media de la Unión Europea, del 2,6 % para este año y del 2,2 % para el próximo, apenas una décima menos que la previsión del Gobierno. Ambos organismos prevén una sensible
disminución del déficit en 2019. Señorías, se va a reducir la deuda pública, esa deuda que Montoro decía en 2012 que iba a ser del 60 % en 2020 y la dejó cercana al cien por cien. Sí, la economía se encuentra en una fase del ciclo de crecimiento
moderado, con solidez y con confianza, con incrementos de la inversión en bienes de equipo y en el consumo intermedio que dan fortaleza a las variables de nuestro crecimiento, sujeto lógicamente a las incertidumbres que rodean la actividad económica
a nivel internacional, pero les puedo asegurar que el Gobierno de Pedro Sánchez no es responsable del crecimiento negativo en el último trimestre del PIB en Alemania. Eso sí -termino, presidente-, también les puedo asegurar que el Gobierno
socialista va a traer a este Parlamento políticas sociales para recuperar derechos y libertades y los recortes del Estado del bienestar aplicados por el Gobierno del Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Lasarte.
Finalizado el debate del último punto del orden del día, en tres minutos pasamos a votar. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.-Pausa).
DECLARACIONES INSTITUCIONALES:
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES. (Número de expediente 140/000029).
La señora PRESIDENTA: Antes de las votaciones vamos a hacer dos declaraciones institucionales.
Declaración institucional del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Señora secretaria primera.
La señora SECRETARIA (Sánchez-Camacho Pérez): Gracias, presidenta.
Declaración institucional del Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres.
El 25 de noviembre se conmemora el Día internacional para la eliminación de la violencia contra las mujeres, instaurado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1999 para aunar las voces de la comunidad internacional frente a una
violencia que afecta a las mujeres en todo el mundo.
La Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer de la Asamblea General de las Naciones Unidas la definió como 'todo acto violento basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o
sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada'.
El Congreso de los Diputados, con este motivo, quiere recordar de manera muy especial a todas las víctimas asesinadas por esta causa y a sus familias. Desde que tenemos datos oficiales, son 972 las
mujeres asesinadas y 27 las y los menores de edad asesinados. Este año son 44 las mujeres asesinadas por violencia de género y 35 los huérfanos y huérfanas que deja. Combatir esta violencia, que se alimenta de unos valores y creencias
machistas, es uno de los mayores desafíos de nuestro país.
También recordamos hoy a todas las mujeres víctimas de todo tipo de violencia ejercida contra ellas por el hecho de ser mujeres. Y nos comprometemos a combatir todas las violencias.
El Congreso de los Diputados quiere tener presentes a todas las mujeres que ahora están sufriendo esta violencia. Queremos manifestar de manera contundente que para ellas estamos trabajando sin descanso en el marco del histórico Pacto de
Estado en materia de violencia de género con el objetivo de seguir impulsando todas las medidas acordadas. No pararemos hasta erradicar esta violencia que vulnera la igualdad, la seguridad, la dignidad, la integridad y la vida de las mujeres de
nuestro país. Es imprescindible seguir insistiendo en la concienciación de toda la sociedad y en el fortalecimiento de las víctimas, porque, como ha afirmado la directora ejecutiva de ONU Mujeres, 'una cultura que cambia de cuestionar la
credibilidad de las víctimas a responsabilizar a los autores, es posible' y solo desde la unidad y el compromiso activo podemos y debemos alcanzarlo.
Con esta declaración institucional, el Congreso de los Diputados quiere manifestar su firme compromiso contra la violencia hacia las mujeres, su profundo rechazo a los agresores y a sus asesinos y su apoyo a todas las víctimas. Hacemos un
llamamiento a la responsabilidad y compromiso de todos los poderes públicos, administraciones, organizaciones y ciudadanía para no parar hasta conseguir que todas las mujeres de nuestro país disfruten de una vida segura y libre de cualquier
manifestación de violencia machista. (Prolongados aplausos de las señoras y los señores diputados puestos en pie).
- DECLARACIÓN INSTITUCIONAL PARA MANIFESTAR EL APOYO DE LA CANDIDATURA DE LAS TAMBORADAS RITUALES DEL TOQUE DEL TAMBOR Y EL BOMBO A 'PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE LA HUMANIDAD' DE LA UNESCO PARA EL AÑO 2018. (Número de expediente
140/000030).
La señora PRESIDENTA: Declaración institucional para manifestar el apoyo de la candidatura de las tamboradas rituales del toque del tambor y el bombo a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco para el año 2018.
Tiene la palabra el secretario segundo.
El señor SECRETARIO (Gordo Pérez): Con su permiso, presidenta.
El tambor y el bombo se han convertido en tradición y símbolo que identifica a un importante número de pueblos de la geografía española.
En 1983, el tambor se convierte en emblema de amistad y concordia entre pueblos con una misma tradición. Así, el 18 de septiembre de ese año, un grupo de vecinos de la ciudad de Mula, encabezados por Don Diego Cervantes Díaz, decidió reunir
a todos los pueblos de España en un nexo común y específico en sus tradiciones y costumbres, el toque del tambor, organizado bajo el título de 'Primera Muestra del Tambor', lo que hoy se conoce como Jornadas Nacionales de Exaltación del Tambor y el
Bombo, 'Tamborada nacional', las cuales se vienen celebrando sucesivamente todos los años en un pueblo diferente. Dichas Jornadas se celebraron en Baena los años 1992, 1999 y 2016. En el año 2017 se celebraron en Alcañiz y así sucesivamente
podríamos ir especificando todos y cada uno de los pueblos pertenecientes donde se han celebrado.
En el año actual la 'Tamborada Nacional' se ha celebrado los pasados días 9, 10 y 11 de marzo de 2018 en la ciudad de Mula, en su XXXIII edición de las Jornadas Nacionales, coordinadas por el Consorcio Nacional de los Pueblos del Tambor y el
Bombo de España, cuyo presidente desde el inicio hasta la actualidad es el baenense Don Antonio Mesa Sevillano. Al mismo pertenecen las 22 localidades de las comunidades autónomas de la Región de Murcia, Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha y la
Comunidad Valenciana.
Decenas de miles de tamboristas, tamborileros y tamborileras de Agramón, Alagón, Albalate del Arzobispo, Alcañiz, Alcora, Alcorisa, Alzira, Andorra de Teruel, Baena, Calanda, Fuentes de Ebro, Hellín, Híjar, Jumilla, La Puebla de Híjar,
Moratalla, Mula, Samper de Calanda, Teruel, Tobarra, Urrea de Gaén y Valderrobres pondrán en valor la riqueza cultural que posee el toque del tambor y el bombo en nuestro país, siendo un hecho diferencial que forma parte de nuestra historia,
identidad, sentimientos y costumbres.
Por todo ello, el Congreso de los Diputados manifiesta su apoyo al Consorcio nacional de los pueblos del tambor y el bombo en España, por ser las tamboradas rituales del toque del tambor y el bombo la única
candidatura que se presenta por España ante la Unesco para Patrimonio cultural y material de la humanidad para 2018 y por la riqueza cultural que posee el toque del tambor y el bombo en numerosos pueblos de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, PARA QUE LA MINISTRA DE JUSTICIA EXPLIQUE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS COMO MINISTRA DIRIGIDAS A CONDICIONAR E INFLUIR EN LOS TRABAJOS Y ANÁLISIS, BASADOS EN CRITERIOS TÉCNICOS, DE LOS
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE VELAR POR LA LEGALIDAD VIGENTE Y EL INTERÉS GENERAL EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Número de expediente 173/000123).
La señora PRESIDENTA: Comenzamos las votaciones.
En primer lugar, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, para que la ministra de Justicia explique las acciones emprendidas como ministra, dirigidas a condicionar e influir en los trabajos
y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 167; en contra, 162; abstenciones, 11.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LOS MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS DICTÁMENES Y MEDIDAS CAUTELARES ESTABLECIDAS POR EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE NACIONES
UNIDAS. (Número de expediente 173/000124).
La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidos por el
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. La vamos a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 170; en contra, 2; abstenciones, 168.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 17/2018, DE 8 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DEL IMPUESTO DE TRANSMISIONES PATRIMONIALES Y ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/1993, DE 24 DE
SEPTIEMBRE. (Número de expediente 130/000044).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la convalidación o derogación de reales decretos-leyes.
En primer lugar, Real Decreto-ley 17/2018, de 8 de noviembre, por el que se modifica el texto refundido de la Ley del impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1993, de
24 de septiembre.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 204 más 1 voto telemático, 205; abstenciones, 136 más 1 voto telemático, 137.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Se ha solicitado la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, por lo que procedemos a votar dicha solicitud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 337 más 1 voto telemático, 338; abstenciones, 3 más 1 voto telemático, 4.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramitará por el procedimiento de urgencia.
- REAL DECRETO-LEY 18/2018, DE 8 DE NOVIEMBRE, SOBRE MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE CARRETERAS. (Número de expediente 130/000045).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al Real Decreto-ley 18/2018, de 8 de noviembre, sobre medidas urgentes en materia de carreteras.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 193 más 2 votos telemáticos, 195; en contra, 135; abstenciones, 12.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
Pasamos ahora a votar la solicitud de la tramitación de este real decreto-ley como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 2 votos telemáticos, 342; a favor, 337; en contra, 3 más 2 votos telemáticos, 5.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se tramita como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CÓDIGO PENAL, EN MATERIA DE IMPRUDENCIA EN LA CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR O CICLOMOTOR Y SANCIÓN DEL ABANDONO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE.
(Número de expediente 122/000114).
La señora PRESIDENTA: Ahora pasamos a los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas.
Proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente.
En primer lugar, votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Vamos a votar en bloque las enmiendas de dicho grupo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 34; en contra, 302; abstenciones, 4.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Enmienda 3.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 72; en contra, 261; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 4.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 79; en contra, 175; abstenciones, 86.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 5.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 79; en contra, 175; abstenciones, 85.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 6.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 79; en contra, 176; abstenciones, 85.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Vamos a votar el dictamen, señorías.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 269; en contra, 69; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
VOTACIÓN DE CONJUNTO:
La señora PRESIDENTA: Ahora, señorías, vamos a votar el conjunto de la proposición de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, en materia de imprudencia en la conducción de vehículos a
motor o ciclomotor y sanción del abandono del lugar del accidente, por tener el carácter de orgánico. Les recuerdo, señorías, que esta votación tiene carácter de orgánico.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 273 más 1 voto telemático, 274; en contra, 64 más 1 voto telemático, 65; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda aprobada la proposición de ley orgánica. (Aplausos).
DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN):
- PROPOSICIÓN DE LEY REGULADORA DE LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS UNIVERSITARIAS EXTERNAS. (Número de expediente 122/000121).
La señora PRESIDENTA: Vamos a votar ahora, señorías, los debates de totalidad de iniciativas legislativas.
Comenzamos con la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley reguladora de las prácticas académicas universitarias externas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 143; en contra, 173 más 2 votos telemáticos, 175; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA RELATIVA A LA MODIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE APLICACIÓN DE LA REGLA DE GASTO. (Número de expediente 122/000132).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a votar la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 167; en contra, 172 más 2 votos telemáticos, 174.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Continuamos con la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica relativa a la modificación de los criterios de aplicación de la regla de gasto, que ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 2 votos telemáticos, 341; a favor, 166; en contra, 173 más 2 votos telemáticos, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000269).
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la enmienda a la totalidad del texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. La votamos en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 2 votos telemáticos, 340; a favor, 165; en contra, 173 más 2 votos telemáticos, 175.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos ahora a la enmienda a la totalidad de texto alternativo a la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338 más 2 votos telemáticos, 340; a favor, 32; en contra, 305 más 2 votos telemáticos, 307; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cincuenta y cinco minutos de la tarde.