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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 164, de 14/11/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 164
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 157
celebrada el miércoles,
14 de noviembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas ... (Página6)
Interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas. (Número de expediente 172/000160) ... (Página34)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas. (Número de expediente 172/000161) ... (Página41)
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la Ministra de Justicia para que explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los
funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia. (Número de expediente 172/000162) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación):
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los autónomos. (Número de expediente 173/000120) ... (Página53)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre gestión pública del agua en los municipios. (Número de expediente 173/000121) ... (Página61)
SUMARIO
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
La Presidencia informa de que durante el curso de la sesión plenaria de hoy se llevará a cabo un simulacro de evacuación.
Asimismo informa de que la votación de los asuntos debatidos hoy tendrá lugar en la sesión del jueves.
Preguntas ... (Página6)
Del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está de acuerdo el presidente del Gobierno con la opinión de Pedro Sánchez afirmando que, si no se aprueban
los presupuestos, o se anticipan elecciones o hay que someterse a una cuestión de confianza? (Número de expediente 180/000840) ... (Página6)
Del diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, que formula al señor presidente del Gobierno: ¿El presidente del Gobierno hace una valoración positiva del sistema judicial español? (Número de expediente
180/000833) ... (Página8)
Del diputado don Mikel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al señor presidente del Gobierno: ¿Está de acuerdo con la sentencia del Tribunal de Estrasburgo del pasado 23 de octubre en relación al
reconocimiento mutuo de penas entre Estados miembros? (Número de expediente 180/000837) ... (Página9)
De la diputada doña Dolors Montserrat Montserrat, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Cree el Gobierno que
la paciencia de los españoles es infinita? (Número de expediente 180/000841) ... (Página10)
De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad: ¿Considera que la coordinación del
Gobierno responde a las necesidades de la actual situación política en España? (Número de expediente 180/000838) ... (Página12)
Del diputado don Ricardo Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Cómo piensa garantizar el Gobierno que las entidades financieras no van a repercutir el Impuesto sobre
Actos Jurídicos Documentados (IAJD) en el coste de las hipotecas a las familias? (Número de expediente 180/000843) ... (Página13)
De la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad:
¿Considera justo el Gobierno que los ciudadanos hayan pagado hasta ahora los impuestos por las hipotecas e injusto que los paguen a partir de ahora? (Número de expediente 180/000852) ... (Página14)
Del diputado don Emilio del Río Sanz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Puede la ministra de Justicia aclarar los criterios para pedir penas inferiores en la causa del procés?
(Número de expediente 180/000846) ... (Página16)
Del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que formula a la señora ministra de Justicia: ¿Cómo piensa actuar su Departamento ante la convocatoria de huelga planteada por jueces y fiscales para el 19 de
noviembre? (Número de expediente 180/000839) ... (Página17)
De la diputada doña Yolanda Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula a la señora ministra de Defensa: ¿Qué tiene previsto hacer el Gobierno en relación al presunto trato de favor
al exministro Morenés en contratos del Ministerio de Defensa? (Número de expediente 180/000854) ... (Página19)
De la diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Va a seguir cesando a profesionales de la Policía en su depuración de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado? (Número de expediente 180/000847) ... (Página20)
Del diputado don Jaime Miguel Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al señor ministro del Interior: ¿Conoce el ministro del Interior el contenido del juramento o promesa de acatar la Constitución?
(Número de expediente 180/000848) ... (Página21)
De la diputada doña Rita Gertrudis Bosaho Gori, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al señor ministro del Interior: ¿Cuándo implementará su Ministerio las recomendaciones citadas en el
informe realizado por el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de las Naciones Unidas para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales? (Número de expediente 180/000835) ... (Página23)
De la diputada doña María Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Educación y Formación Profesional: ¿Cree que España ya no necesita un Pacto por la Educación? (Número de
expediente 180/000855) .... (Página24)
Del diputado don Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social: ¿Cree que la solución del paro en Andalucía son sus planes de empleo?
(Número de expediente 180/000842) ... (Página25)
Del diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula a la señora ministra de Hacienda: ¿Se ha inventado la AIReF los 1100 millones de euros de recaudación por la subida de las bases
máximas de cotización? (Número de expediente 180/000844) ... (Página27)
De la diputada doña Sonia Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública: ¿Cuáles son los planes del Gobierno para combatir la despoblación en Andalucía?
(Número de expediente 180/000850) ... (Página28)
De la diputada doña Lucía Martín González, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que formula al Gobierno: ¿Qué piensa hacer el Gobierno para limitar el poder de la banca en España? (Número de
expediente 180/000851) ... (Página29)
La Presidencia anuncia que se va a iniciar un simulacro de evacuación. Se desaloja el hemiciclo.
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las once de la mañana.
Del diputado don Oskar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo: ¿Qué medidas piensa adoptar en el corto y medio plazo su Gobierno, ante la alarmante situación
actual, para el sostenimiento de la actividad industrial, así como el mantenimiento de los puestos de trabajo de la factoría La Naval? (Número de expediente 180/000832) ... (Página31)
Del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo: ¿Qué perspectivas tiene el Gobierno en relación con el turismo? (Número de expediente
180/000849) ... (Página33)
Interpelaciones urgentes ... (Página34)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones
Unidas ... (Página34)
Formula la interpelación urgente el señor Mayoral Perales, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Economía y Empresa (Calviño Santamaría).
Replica el señor Mayoral Perales y duplica la señora ministra de Economía y Empresa.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas ... (Página41)
Formula la interpelación urgente el señor Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Justicia (Delgado García).
Replica el señor Prendes Prendes y duplica la señora ministra de Justicia.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, a la ministra de Justicia para que explique las acciones emprendidas como Ministra dirigidas a condicionar e influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los
funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de Justicia ... (Página47)
Formula la interpelación urgente la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En nombre del Gobierno contesta la señora ministra de Justicia (Delgado García).
Replica la señora Escudero Berzal y duplica la señora ministra de Justicia.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Continuación) ... (Página53)
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los autónomos ... (Página53)
Defiende la moción la señora España Reina, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Oblanca y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora González Bayo, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Del Campo
Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora España Reina.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre gestión pública del agua en los municipios ... (Página61)
Formula la interpelación urgente la señora Ramos Jordán, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Navarro Fernández-Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y García Mira, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Torres
Herrera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Ramos Jordán.
Se suspende la sesión a las dos y cuarenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.
La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Señorías, con carácter previo a la reanudación de esta sesión, les informo de que está previsto que en el curso de la sesión plenaria del día de hoy y en cumplimiento de la normativa vigente tenga lugar un simulacro de evacuación de los
edificios de palacio, ampliación I y ampliación II.
En otro orden de cosas, les recuerdo que de conformidad con lo acordado por la Junta de Portavoces, la votación de los asuntos debatidos en el día de hoy tendrá lugar en la sesión del jueves.
PREGUNTAS:
- DEL DIPUTADO DON PABLO CASADO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ DE ACUERDO EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO CON LA OPINIÓN DE PEDRO SÁNCHEZ AFIRMANDO QUE, SI NO SE
APRUEBAN LOS PRESUPUESTOS, O SE ANTICIPAN ELECCIONES O HAY QUE SOMETERSE A UNA CUESTIÓN DE CONFIANZA? (Número de expediente 180/000840).
La señora PRESIDENTA: Ahora, señorías, continuamos con las preguntas dirigidas al Gobierno conforme al orden remitido por el mismo.
Preguntas dirigidas al señor presidente del Gobierno. Pregunta del diputado don Pablo Casado Blanco, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
El señor CASADO BLANCO: Señor presidente, ¿coincide con Pedro Sánchez cuando decía que sin presupuestos había que someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.
Señor Casado, ¿se acuerda usted cuando presentó el anterior Gobierno su propuesta de presupuestos este año a la Cámara? El 3 de abril; es decir, tengo todavía cuatro meses, según el cronómetro del Partido Popular, para poder presentar los
presupuestos. Pero no se preocupe, antes de final de año este Gobierno
cumplirá y trabaja en plazos para presentar a la Cámara los presupuestos que necesita este país. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Casado, adelante.
El señor CASADO BLANCO: Señor Sánchez, yo se lo digo porque hemos visto una disociación de personalidad. Nos hemos enterado por su vicepresidenta de que el Pedro Sánchez ahora ya no es la misma persona desde que está en la Moncloa. Por
eso antes decía que veía clarísimo un delito de rebelión por parte de los independentistas y ahora le dice a la Abogacía del Estado que retire la acusación; o por eso antes decía que Torra era un racista supremacista y ahora intenta acordar con él
la reforma del estatut, por supuesto con referéndum incluido.
Por eso le pregunto qué va a hacer con los presupuestos, porque hemos visto que ha intentado engañar a Bruselas y, después de que no colara, ahora vienen a decir que incluso esos presupuestos de Rajoy tan antisociales a lo mejor se pueden
prorrogar, eso sí, seguro que lo hacen porque, al final, ese trágala de Bruselas le puede dejar a usted colgado de la brocha con sus propias declaraciones de hace apenas unos meses.
Mire, el 2 de agosto nos reunimos y yo acepté varias líneas de actuación, la de defensa, la de violencia de género, la de infraestructuras, y le propuse tres posibles acuerdos de Estado. El primero por los presupuestos, manteniendo una
política económica responsable, y usted ha decidido pactar con Podemos, subir los impuestos, subir el déficit y arriesgar el empleo. La segunda fue aplicar juntos el artículo 155 para poner orden en Cataluña, pero usted lo que ha decidido es seguir
echando más madera, poner 1600 millones de euros más para Torra mientras crea estructuras de Estado, Diplocat o el Consejo de la República. El tercero era desbloquear un pacto educativo que estaba dando buenos gestos con la ley nuestra, con un 6 %
menos de fracaso y abandono escolar, pero usted anuncia que quiere cargarse la concertada, la libertad de elección, la evaluación pública de conocimientos y poner en manos de las autonomías desleales la política lingüística. (Varios señores
diputados: ¡Hala!).
Mire, señor Sánchez, si usted fuera responsable pactaría más con los partidos que defendemos a España y menos con aquellos que quieren romperla. Por ejemplo, apoyaría usted nuestra propuesta para prohibir los indultos a aquellos condenados
por rebelión en vez de votar ayer en contra de una ley de convivencia y de símbolos del Partido Popular; o, por ejemplo, forzaría usted legalmente la equiparación salarial que logramos desde el Partido Popular en vez de callar cuando Pere Aragonès,
desde la Generalitat, dice que la Policía y la Guardia Civil son unos delincuentes; o, por ejemplo, defendería la seguridad jurídica en España suprimiendo el impuesto de actos jurídicos documentados en vez de meter inseguridad jurídica en el sector
del automóvil proponiendo la supresión de los coches de combustión y arriesgando doscientos mil empleos.
Mire, señor Sánchez, haga caso al otro señor Sánchez, póngase de acuerdo con él y convoque elecciones, porque presenten a quien presenten de los dos ganaremos los españoles echándoles del Gobierno. (Varios señores diputados: ¡Muy
bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.
Señor Casado, yo no sé qué prisa tiene usted y tiene su partido en perder unas elecciones. (Risas). No se preocupe, porque habrá elecciones y entonces podremos debatir. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio. (Rumores). Silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Le diré una cosa, señor Casado, en política, como en la vida, no se puede sorber y soplar al mismo tiempo (Rumores.-Risas).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): No se puede acusar a este Gobierno de ser cómplice de los independentistas y los independentistas acusar a este Gobierno de ser cómplice de aquellos que están reprimiendo al
supuesto pueblo catalán. Ni una cosa ni la otra, señor Casado. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio. (Rumores). Señorías, silencio.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Lo que está ocurriendo en la política española es que quienes están siendo cómplices de la confrontación política, del agravio territorial, son ustedes y los independentistas. Esta
es la gran verdad de todo el debate que están manteniendo ustedes.
Yo creo, señor Casado, que desde la moderación, desde el sentido común, desde el diálogo y desde el respeto se puede construir un proyecto político, y usted no lo está haciendo, señor Casado. Nosotros hemos propuesto unos Presupuestos
Generales del Estado que son, antes que ideológicos, de puro sentido común, que son buenos para este país, que reducen el déficit público, que reducen la deuda pública, que lo que hacen es aumentar todo lo que tiene que ver con el Sistema Nacional
de Dependencia, con la salud, con la educación aumentando las becas, con los que recuperamos subsidios que ustedes recortaron, como el subsidio a los desempleados mayores de cincuenta y dos años, como las cotizaciones a la Seguridad Social de los
cuidadores no profesionales del Sistema Nacional de Dependencia, que en su mayoría son mujeres familiares de esos dependientes. (El señor Echániz Salgado: Propaganda).
¿Qué le quiero decir con esto, señor Casado? Si usted, desde la moderación, el diálogo, el sentido común y el respeto está dispuesto a sentarse con el Gobierno para mejorar esta propuesta de presupuestos, nosotros desde luego le tendemos la
mano. Ahora bien, señor Casado, si usted continúa con la oposición de gesticulación y no hace una oposición útil con sentido de Estado, lo pagará en las urnas. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOAN TARDÀ I COMA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO HACE UNA VALORACIÓN POSITIVA DEL SISTEMA JUDICIAL ESPAÑOL? (Número de
expediente 180/000833).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del diputado don Joan Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Adelante, señoría.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, a nuestro parecer, el sistema judicial español es endogámico y clasista, formado por una élite de magistrados y jueces muy reaccionaria, a los cuales al parecer no les importa prevaricar en beneficio
de los poderes fácticos, sean estos los bancos o Cristina de Borbón. Es machista, tal como se vio con la sentencia de La Manada, y tiene reminiscencias fascistas. Solamente hace falta ver el comportamiento de la fiscalía, equiparable al de la
antigua Brigada Político Social, e incluso la Audiencia Nacional es un verdadero tribunal excepcional heredero del Tribunal de Orden Público franquista.
Se trata también de una justicia, además de lenta y centralista, asimilacionista -usted no debería olvidar y tendría que reconocer que existe una generalizada aversión por parte de los jueces hacia las lenguas euskara, galega y catalana- y
además es poco garantista. Si no, ¿cómo se entienden las múltiples sentencias condenatorias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? El último caso es el caso Otegi. Luego no nos vengan diciendo que en España existe una escrupulosa división de
poderes; lo que existe es un reparto de poderes, y me remito a la instrucción de la causa contra los demócratas catalanes, nuestros representantes que están en la cárcel, inspirada por la venganza y por la crueldad con una finalidad política, que
es escarmentar a Cataluña, y con una sentencia que ya está firmada. Por tanto, le pregunto: ¿Usted considera y valora de forma positiva el sistema judicial español?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.
Señor Tardà, siento discrepar de su afirmación y de las calificaciones. No le ha quedado ninguna en su primera intervención. Le diré una cosa, señor Tardà, y es que yo creo que todas las instituciones pueden ser objeto de crítica y que hay
algunas instituciones que efectivamente merecen la autocrítica, no solo el Poder Judicial y no solo en Madrid. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, adelante.
El señor TARDÀ I COMA: Señor presidente, si quiere salir de este estercolero tiene que hacer dos cosas. Primera, levantarse ahora y pedir la dimisión del señor Lesmes, que es el paradigma de todas las corrupciones y deficiencias de este
sistema. Segunda, tiene que pedir disculpas por el pasteleo entre
ustedes y el señor Casado, a fin y efecto de incluso publicitar el nombre de la persona que presidirá el Consejo General del Poder Judicial antes de que finalizara el plazo de presentación de candidatos. Con lo cual usted puede estar
diciendo dos cosas: bien que son sus títeres o bien que los tiene comprados. Ahora, repito, levántese, pida disculpas por este pasteleo y pida la dimisión del señor Lesmes. Si no, no saldremos de este estercolero. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.
Señor Tardà, la Constitución lo que establece es precisamente que la elección del Consejo General del Poder Judicial le corresponde al Poder Legislativo, y eso es lo que se ha hecho. Lo que no reconoce la Constitución, señoría, es la
interferencia y la injerencia del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial. En todo caso, le diré algunas cosas, señor Tardà, que me parece importante al menos que consten en el Diario de Sesiones.
España es un Estado social y democrático de derecho. Y no lo digo yo, el último informe por ejemplo de Freedom House en el año 2018 situaba a España con una calificación de 94 puntos sobre 100, a la par que Alemania, Austria, Reino Unido y
por encima de otras democracias sobradamente consolidadas como son Francia, con 90 puntos; Italia, con 86, o Estados Unidos con 86. El índice que hace sobre democracia la revista británica The Economist sitúa a España entre los países que tienen
democracia plena, con una puntuación superior, señorías, a Estados Unidos, a Francia, a Portugal y a Bélgica.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos -ahora que usted ha hecho referencia al trabajo de este tribunal, señor Tardà-, desde 1979 ha concluido que en 98 sentencias -quédese con esta cifra, 98 sentencias- en España se había vulnerado el
Convenio Europeo de Derechos Humanos. Alemania ha sido condenada en 186 ocasiones -98 frente a 186-; Francia, en 722; Bélgica, en 164; el Reino Unido, en 312; Grecia, en 826; Italia, en 791. En su mayoría todo responde a fallos coyunturales y
no estructurales.
Señor Tardà, usted lo que pide y lo que critica es la judicialización de la política, pero lo que nos pide a la hora de reclamar una intervención del Gobierno en la fiscalía es que nosotros politicemos la justicia. Pues no. Este es un
Estado social y democrático de derecho, el Poder Ejecutivo por un lado, el Poder Legislativo por otro lado y el Poder Judicial por otro. Así es como funciona el Estado social y democrático de derecho. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIKEL LEGARDA URIARTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE ESTRASBURGO DEL PASADO 23 DE OCTUBRE EN RELACIÓN AL
RECONOCIMIENTO MUTUO DE PENAS ENTRE ESTADOS MIEMBROS? (Número de expediente 180/000837).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también al señor presidente del diputado don Mikel Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (PNV). Adelante, señoría.
El señor LEGARDA URIARTE: Buenos días, presidente.
Como usted conoce, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se pronunció recientemente a favor del Reino de España en el asunto Arróspide Sarasola y otros avalando que no se les computaran las penas cumplidas en Francia. Esta sentencia
impide que las personas condenadas en España puedan reclamar -al amparo de ciertos derechos fundamentales- que aquellas condenas cumplidas en otros Estados de la Unión sean tenidas en cuenta en España a efecto de la fijación del tiempo máximo de
cumplimiento. Por eso le preguntamos, señor presidente, si está de acuerdo con el Tribunal de Estrasburgo en relación con el reconocimiento mutuo de resoluciones penales entre Estados de la Unión.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado.
En fin, siempre habrá -y lo hemos visto además en anteriores intervenciones- diputados y diputadas que pongan en cuestión el trabajo de la judicatura, la europea o la española, pero no es el caso del Gobierno de España. Nosotros no
calificamos la sentencias, simplemente las acatamos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, adelante.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Ya sabemos que el Gobierno respeta y ha respetado siempre la labor e independencia del Poder Judicial, pero -como usted ha dicho con ocasión del llamado impuesto de las hipotecas- una cosa es el Poder Judicial y otra distinta el resto de
poderes del Estado, que pueden ofrecer una solución. La solución en este caso es salir de la situación de excepción en que se encuentra España respecto del resto de países de la Unión a la hora de la trasposición de la decisión marco de
reconocimiento de resoluciones condenatorias entre Estado miembros. Ningún país ha introducido unas limitaciones como las de la Ley Orgánica 7/2014, que convierten en papel mojado la aplicación en España de la decisión marco, limitaciones
cuestionadas por los afectados por la doctrina y por la misma justicia española, pues, aunque el Tribunal Supremo validó la interpretación realizada por la ley orgánica de la decisión marco, contó con el rechazo de seis magistrados frente a nueve y
en el Tribunal Constitucional contó con dos votos desfavorables frente a cuatro.
Señor presidente, el Grupo Parlamentario Vasco ha presentado una iniciativa de reforma de la Ley Orgánica 7/2014 en sentido idéntico al proyecto que en 2014 envió el Gobierno del Partido Popular a esta Cámara y que luego modificó 180 grados
en el Senado. Presidente, como usted dijo en días pasados respecto al Tribunal Supremo, ayer habló el Poder Judicial y hoy el Ejecutivo. Por eso le pregunto ahora si apoyarán ustedes la iniciativa de reforma de la Ley Orgánica 7/2014 presentada
por el Grupo Parlamentario Vasco para que España deje de ser una excepción en el marco de los países de la Unión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente, adelante.
El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Sánchez Pérez-Castejón): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor diputado. En relación con su última pregunta, le diré que siempre hemos considerado al Grupo Parlamentario del Partido Nacionalista Vasco serio, solvente y sólido, y en ese sentido no seré yo quien le discuta, ni tampoco este
Gobierno ni el Grupo Parlamentario Socialista, su capacidad para poder presentar iniciativas, y en el trámite podremos fijar posición.
Sin embargo, sí me gustaría que al menos constara en el Diario de Sesiones algunas consideraciones en relación con la pregunta inicialmente planteada por su señoría. Yo creo que las sentencias han de analizarse no en clave de confrontación
con los tribunales nacionales sino a mi juicio como un nivel de garantía adicional para los ciudadanos españoles en la defensa de sus derechos, señorías. En este caso, debo recordar a sus señorías que de las 1068 sentencias que dictó el tribunal en
el año 2017 solo 6 -repito, solo 6-, y no todas son condenatorias, se referían a España, muchas menos que con países otros de nuestro entorno, como Italia, que registró 37; Alemania, 16, o Francia, 12; nosotros, solamente 6. Eso, a mi juicio,
dice mucho de la calidad de nuestra democracia, del Poder Judicial y del funcionamiento, en definitiva, de nuestro Estado social y democrático de derecho.
La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos impide, señorías, que 69 terroristas vean acortado su tiempo de estancia en prisión al no computarse el tiempo de condena que cumplieron en Francia; algunos de ellos acumularon penas y
condenas de 3000 años. Esta sentencia les recuerda que para obtener beneficios penitenciarios tendrán que acogerse a la normativa española, ni más ni menos. Esa es la vía que permitiría pasar a mi juicio, a juicio de este Gobierno y creo que
también de la mayoría de la Cámara, la página más negra de nuestra historia, que es la página del terrorismo etarra. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA DOLORS MONTSERRAT MONTSERRAT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CREE EL GOBIERNO
QUE LA PACIENCIA DE LOS ESPAÑOLES ES INFINITA? (Número de expediente 180/000841).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad. En primer lugar, pregunta de la diputada doña Dolors Montserrat Montserrat, del
Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.
Señoría, ¿cree el Gobierno que la paciencia de los españoles es infinita? (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta. Silencio.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO, MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Señora Montserrat, yo vengo aquí cada miércoles a cumplir con mis obligaciones en esta sesión de control con el máximo respeto institucional y político a su persona, pero usted hace unas preguntas... (Risas). Francamente, no lo sé, pero
intuyo que los miércoles entre las nueve y cuarto y las nueve y media muchos están al límite cuando la escuchan a usted. (Risas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Silencio, señorías.
Señora Montserrat, adelante. (Rumores). ¡Silencio!
La señora MONTSERRAT MONTSERRAT: Gracias, presidenta.
Señoría, yo vengo con el mismo respeto, pero es cierto que hace unos días usted protagonizó uno de los momentos más memorables de su carrera política. Nos asombró a todos los españoles. Usted justificó la metamorfosis del señor Sánchez.
Usted, como si fuese el rey Salomón, dividió a Sánchez en dos mitades: el doctor Sánchez, que ve clarísimo el delito de rebelión, y al presidente Sánchez, que no ve nada. Su esfuerzo fue inútil porque todos sabemos que donde los españoles vemos
delito de rebelión, Sánchez ve indultos. Usted, ese viernes memorable, consiguió dos cosas: ridiculizar al presidente Sánchez y acreditar que ustedes están en el Gobierno pero que no son un Gobierno. Son un Gobierno sin votos, que no avanza ni
gobierna y como no saben gobernar lo único que hacen es manipular, mentir y lanzar cortinas de humo. Manipulan la Abogacía del Estado, manipulan Radiotelevisión Española, el CIS, y a aquellos españoles que defendemos a la Guardia Civil o a los
agredidos en Barcelona ustedes nos llaman agitadores o provocadores. Hablemos de mentir. Tienen a la señora Delgado aún en el Consejo de Ministros; ustedes mienten aquí, en Europa y en Roma. Por ello Europa no acepta sus cuentas y por ello el
Vaticano no acepta sus cuentos.
Vicepresidenta, ustedes son maestros en lanzar cortinas de humo. Ustedes proponen una reforma exprés de la Constitución, que no hemos visto nadie, para tapar el escándalo de la tesis del doctor Sánchez. Ustedes, el Gobierno, están agotando
la paciencia de los españoles y le voy a poner un ejemplo, un ejemplo real. Ustedes han agotado la paciencia del doctor Fuster, el médico español más reconocido internacionalmente, reconocido como el mejor cardiólogo del mundo, que les ha
abandonado; ha abandonado la presidencia del Consejo Asesor de Sanidad porque ustedes no le han cogido el teléfono en los últimos cinco meses. Esta es la tragedia de España, que ustedes prescindan del doctor Fuster y que nosotros, los españoles,
tengamos que soportar al doctor Sánchez.
Muchas gracias. (Prolongados aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, presidenta.
Señora Montserrat, otro miércoles más. Viene usted aquí con un totum revolutum que no tiene nada que ver, (un señor diputado: ¡No!) ni reglamentaria ni políticamente con el control al Gobierno, porque a ustedes no les interesa. Y no les
interesa, y en su persona hay algo importante que destacar, porque usted hace cinco meses era la responsable de las políticas sociales de este país, de las políticas de igualdad de este país. Usted fue el desgobierno en persona, el antigobierno
(protestas), el abandono de todos los criterios de justicia social de este país: de la pobreza, de la sanidad, de la igualdad entre hombres y mujeres. (Aplausos). Usted se lo tenía que pensar un minuto. Usted necesita una pareja artística y no
soy yo. Y hablando de arte -usted lo ha utilizado-, a mí se me viene a la cabeza Cicerón, y usted cada día se parece más a Catilina. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. (Rumores). Silencio, señorías. (Continúan los rumores). ¡Silencio!
- DE LA DIPUTADA DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD: ¿CONSIDERA QUE LA COORDINACIÓN DEL
GOBIERNO RESPONDE A LAS NECESIDADES DE LA ACTUAL SITUACIÓN POLÍTICA EN ESPAÑA? (Número de expediente 180/000838).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, también a la señora vicepresidenta.
Adelante, señoría.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señora vicepresidenta, el otro día le preguntaba sobre coordinación y hoy tengo que volver a preguntarle sobre ello, pero en este caso sobre el exceso de coordinación incluso llegando hasta el
punto de ser extravagante e insana. ¿Qué opina usted o qué está haciendo para coordinar la situación que se está dando entre la coordinación que existe entre el Ministerio de Educación y la señora Celaá y el Ministerio Territorial y la señora
Batet?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, señora presidenta.
Me ha preguntado usted lo mismo, usted misma, en pocos días. El Gobierno tiene la misma respuesta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Rodríguez, adelante.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Siento ser repetitiva, pero es que cuando uno tiene un desgobierno tiene que serlo, y siento que usted sea igual de repetitiva con la soberbia que manifiesta cada día aquí en la tribuna.
(Aplausos).
Le preguntaba sobre esa reforma en materia de educación, esa reforma que huele a pacto con Torra. Me gustaría saber si ustedes han escuchado a los padres o al personal docente porque lo que vemos en la reforma que acaban de presentar es
simplemente volver a debates antiguos, ya que ustedes creen que es lo único que necesita la educación -hablamos de la concertada y de la religión- y, además, ustedes ponen tintes ideológicos utilizando siempre la educación. No sé si realmente,
señora ministra, el señor Sánchez y el doctor Sánchez son diferentes porque el señor Sánchez o el doctor Sánchez pasará a la historia por haber roto el pacto de Estado por la educación. Ustedes necesitan la división para vivir, pero es que, además,
se encuentran incómodos con la Constitución. Lo digo porque ustedes solamente escuchan al señor Torra, no garantizan el castellano en todas las escuelas de nuestro país y siempre ceden en la misma dirección, en la dirección del rupturismo y del
nacionalismo. Parece que la referencia siempre es la misma y el problema es que a ustedes nunca les ha interesado la educación, ni a ustedes ni al Partido Popular. La gente de mi generación ha pasado por tres planes educativos, casi cuatro si
tuvieron la reforma en la universidad. ¿Cree usted que eso es sano? ¿Cree usted que eso da competitividad a la ciudadanía de nuestro país? Ustedes solo creen en la desigualdad porque, por ejemplo, los niños en el País Vasco tienen el doble de
financiación que los niños de Andalucía, que los niños de Canarias, que los niños de Castilla-La Mancha. ¿Sabe qué? Que el problema, señora ministra, no son los niños, el problema son ustedes porque nunca han creído en la educación como el pilar
de este país. Ustedes dejan la educación en manos del señor Torra. Déjense la soberbia en casa antes de venir a la sesión de control y hablen de un pacto de Estado por la educación de calidad y que perdure en el tiempo. Para eso, cuenten con
nosotros, pero para que la política de educación la haga el señor Torra, señora ministra, para eso, deje de coordinar a su Gobierno. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora vicepresidenta, adelante.
La señora VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD (Calvo Poyato): Gracias, presidenta.
Señoría, usted puede adjetivar la coherencia como le parezca oportuno, pero está hablando usted con un grupo parlamentario, con un Gobierno y con un partido que tiene hechos en la educación, no palabras. Las
suyas se quedan ahí. (Rumores). ¡Qué sería de ustedes sin la confrontación territorial! (Aplausos). Para hablar hoy aquí de educación ha tenido usted que utilizar a Cataluña y al País Vasco. El plumero. Eso es el plumero político que se
les ve a ustedes como partido y como grupo. Sin el conflicto territorial que ustedes alimentan no harían nada en política. Cuando ustedes hablan de España ciudadana, ¿sabe de lo que hablan? De los símbolos de todos, de la bandera de todos,
apropiándosela. ¿Sabe usted de qué hablamos los socialistas cuando hablamos de España ciudadana? De educación (varios señores diputados: ¡Sííí!) y de un pacto por la educación del que nos levantamos porque ustedes junto con el Partido Popular
querían poner financiación cero. Le rieron ustedes las gracias a un Gobierno del Partido Popular que quería llevar la educación española a una mejora sin dinero, sin presupuesto, sin ampliar plantilla ni ratio en las aulas. Eso es lo que querían
ustedes de la educación. De educación a este Gobierno se le puede hablar poquito porque llevamos cuarenta años administrando y gestionando la educación como el corazón de la democracia. Ustedes en esto tendrán la mano tendida cuando quieran, pero
usted no pregunta por la coordinación, usted viene aquí a algo todos los miércoles que está en su derecho a hacer: a colocar un mitin político que tiene que ver con el conflicto territorial de España y no con la educación. Hoy ha quedado blanco y
negro. Ha tenido que nombrar al president de la Generalitat para hablar de educación. Míreselo. (Aplausos.-El señor presidente del Gobierno y la señora vicepresidenta del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad
abandonan el hemiciclo.-Rumores.-Varios señores diputados: ¡Uhhhhhhhhh...!).
La señora PRESIDENTA: Silencio. Silencio, señorías. Silencio y recuerden que se ofende no solo con la palabra sino también con los gestos.
- DEL DIPUTADO DON RICARDO TARNO BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿CÓMO PIENSA GARANTIZAR EL GOBIERNO QUE LAS ENTIDADES FINANCIERAS NO VAN A REPERCUTIR EL IMPUESTO SOBRE
ACTOS JURÍDICOS DOCUMENTADOS (IAJD) EN EL COSTE DE LAS HIPOTECAS A LAS FAMILIAS? (Número de expediente 180/000843).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora la señora ministra de Hacienda.
Pregunta del diputado don Ricardo Tarno Blanco, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, ¿cómo piensa el Gobierno que las entidades financieras no van a repercutir el impuesto de actos jurídicos documentados en el coste de las hipotecas a los usuarios?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Yo creo, señor Tarno, que hemos tenido ocasión de debatir sobre esta materia a lo largo de estos días. Creo que el Gobierno ha respondido en un tiempo récord tanto a una demanda ciudadana como a una controversia que se ha generado en el
plano judicial con respecto de las hipotecas. Por tanto -y por supuesto-, en esta como en cualquier otra fiscalidad el Gobierno velará para que no repercuta en los productos financieros o no repercuta en las actividades que se desarrollen a partir
de este momento. Lo hará a través de la creación de la autoridad de defensa de los productos financieros en la que está trabajando el Ministerio de Economía y lo hará como siempre, y por supuesto, persiguiendo que no se haga uso de las cláusulas
abusivas tanto por parte de la política de vivienda como de la política de consumo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, la mejor garantía de que los ciudadanos no pagaran el impuesto sería suprimirlo. Porque si no se suprime el impuesto, lo acabarán pagando de manera indirecta. Lejos de aliviar la carga fiscal, ustedes lo que van a hacer es
subirla y que la paguen los ciudadanos.
Mire, decía el presidente del Gobierno, el doctor Sánchez, que la democracia también es que no paguen siempre los mismos. Imagino que al referirse a que no paguen se refería a la señora Celaá, al señor Duque, al señor Huertas y hoy también
sabemos que a la señora Rienda, secretaria de Estado para el Deporte.
Ustedes, políticamente hablando, son unos timadores, unos trileros. Siempre nos preguntamos dónde esconden la bolita, dónde engañan a los españoles. Señora ministra, en los dos últimos años, en Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón han
duplicado el impuesto hasta el 1,5 por ciento sabiendo que lo pagaban los ciudadanos. En nuestra tierra, en Andalucía, desde septiembre de 2012 pagamos el tipo máximo, el 1,5 por ciento. ¿Es esto, señora Montero, redistribución fiscal? ¿Eso es
que no paguen los mismos?
Este impuesto lo creó Felipe González y ustedes lo han subido hasta tipos máximos. Eso es el socialismo: más impuestos y más altos. Señora Montero, Andalucía ingresó por este impuesto más o menos en el año 2017 389 millones de euros. El
gasto en sanidad en Andalucía fue algo más de 9000 millones; el de educación, 7000 millones. ¿De verdad creen que si se suprime el impuesto se pone en peligro el Estado del bienestar, o lo que se pone en peligro son los privilegios de algunos
dirigentes socialistas?
Mire, el dinero del impuesto donde mejor está es en el bolsillo de los jóvenes que firman hipotecas día a día en España. Ustedes podrían haber esperado a finalizar la ley de crédito hipotecario, pero prefirieron el show, el espectáculo, el
engañar a los ciudadanos. Este decreto es un decreto que se ha hecho... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
Verá, señor Tarno, usted manifestaba con preocupación una pregunta o una duda o una incertidumbre que tenía a propósito de dónde esconden la política el Partido Socialista o los dirigentes socialistas. Yo creo que es fácil continuar la
frase, ¿verdad?, porque la preocupación de esta bancada es dónde se esconde el dinero (aplausos) y, por tanto, cuáles son los elementos y los argumentos que nos llevan a luchar con las conductas y con las prácticas que no son adecuadas.
Lo que llama la atención, señor Tarno, es que el Partido Popular proponga la eliminación del impuesto cuando pagan los bancos y cuando no son los clientes los que pagan. Porque la pregunta sería: ¿por qué no propusieron ustedes la
eliminación del impuesto cuando pagaba la gente? (Aplausos). ¿Por qué se indigna cuando pagan los bancos? (Aplausos). ¿Por qué ponen ustedes en cuestión la recaudación de las figuras tributarias autonómicas cuando le corresponde a las entidades
financieras hacerse cargo de ellas? (Rumores.-Los señores Martínez-Maíllo Toribio y Tarno Blanco: ¡Porque lo paga la gente!).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Usted entenderá, señor Tarno, que yo procuro tratarle con respeto y espero de usted que su comportamiento vaya en la misma dirección. (Aplausos).
Por tanto, señor Tarno, no sé qué le parece a usted la propuesta que hace su partido de eliminar figuras fiscales que impactan en 5000 millones de euros -¡5000 millones de euros! Ahí están los boletines de recaudación- en las arcas
autonómicas. Porque, según usted, o pagan las personas o pagan los bancos, que para usted es que pagan las personas o pagan las personas porque la sanidad y la educación repercuten en las personas; es decir, el pensamiento único del Partido
Popular, donde siempre, se haga lo que se haga, se perjudica a los ciudadanos. Esta es su política. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA IONE BELARRA URTEAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA VICEPRESIDENTA DEL GOBIERNO Y MINISTRA DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD:
¿CONSIDERA JUSTO EL GOBIERNO QUE LOS CIUDADANOS HAYAN PAGADO HASTA AHORA LOS IMPUESTOS POR LAS HIPOTECAS E INJUSTO QUE LOS PAGUEN A PARTIR DE AHORA? (Número de expediente 180/000852).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de la diputada doña Ione Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Señora ministra, ya que el Gobierno considera injusto que los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país sigan pagando a partir de ahora una parte de los impuestos de las hipotecas, ¿considera justo que lo hayan pagado hasta ahora?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta.
La pregunta probablemente se la tendrían que hacer todas las formaciones políticas, pero, expresada en esos términos, creo que es una pregunta trampa. No se trata de que si la legalidad que estaba vigente en aquel momento era una legalidad
que, mirándola con los ojos de ahora, pueda parecer injusta; se trata de si las leyes tienen efecto retroactivo, señora Belarra. Ese es el debate que tenemos estos días y sabe usted perfectamente, porque así lo ha declarado el Tribunal
Constitucional en sus sucesivas sentencias, que las leyes fiscales no tienen efectos retroactivos. Por tanto, el Gobierno ha asumido su responsabilidad, también ha escuchado y se ha hecho cargo del estado de ánimo de la sociedad, igual que ha
ocurrido con su formación política, que se ha manifestado en la misma dirección. Por tanto, de lo que se trata -y es lo que hemos hecho- es de que a partir de ahora, en concreto desde el sábado pasado, serán los bancos los que paguen el impuesto de
actos jurídicos de las hipotecas y no los ciudadanos. En esa dirección es en la que este Gobierno trabaja. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Belarra, adelante.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta. Gracias por la respuesta, señora ministra.
Básicamente, como usted misma ha dicho, lo que están proponiendo ustedes es que a partir de ahora una parte de los impuestos por las hipotecas la paguen los bancos, y la verdad es que está muy bien que el Gobierno se haya movido cuando la
gente se ha movilizado, pero creo que lo que tenemos que preguntarnos es qué va a pasar con todas esas familias que durante los últimos años han pagado de media 3000 euros por su hipoteca de una manera injusta. Ustedes lo que proponen básicamente
es que se aguanten. Eso es como si a usted un ladrón le roba 3000 euros y le dice que no se los va a devolver pero que no pasa nada porque a partir de ahora no le va a robar. Eso es un sinsentido absoluto. Lo lógico y lo que sí tiene sentido es
lo que tenemos que hacer aquí, y lo que tenemos que hacer aquí es legislar para cumplir lo que dijo la sala competente del Tribunal Supremo, antes, eso sí, de que le torciera el brazo la banca en aquella tarde del 18 de octubre. Hay que hacer que
los bancos devuelvan el dinero y creo que no podemos confiar, como le hemos escuchado decir al presidente Sánchez, en la responsabilidad y en la buena voluntad de los bancos. No podemos confiar en la buena voluntad de que no vayan a repercutir el
impuesto o que vayan a devolver el dinero, porque ¿cómo vamos a confiar en quienes han desahuciado a cientos de miles de familias en este país sin ningún escrúpulo? (Aplausos). ¿Cómo vamos a confiar en los que recibieron dinero público y
prácticamente no ha devuelto un céntimo? ¿Cómo vamos a confiar, señora ministra, en los que estafaron a los preferentistas, metieron cláusulas abusivas en las hipotecas, acosaban telefónicamente a las familias con decenas de llamadas porque no
podían pagar? Esto, señora ministra, no es serio y básicamente -se lo digo con total sinceridad y claridad- hay que atar en corto a los bancos. Es la única manera de ponerse del lado de la gente: atar en corto a los bancos. A los bancos que
metan cláusulas abusivas hay que sancionarles. Hay que trabajar para que Bankia se convierta en una verdadera banca pública (aplausos) y que deje de funcionar como un oligopolio repercutiendo los impuestos a la gente. Y sobre todo, señora
ministra, necesitamos una ley hipotecaria que proteja a la gente y no a los bancos y también que los jueces de los altos tribunales de nuestro país enseñen su declaración de bienes. No vaya a ser que algunos de los que inclinaron la balanza en el
Tribunal Supremo en realidad tengan intereses en esa banca que privilegiaron.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Iglesias Turrión: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE HACIENDA (Montero Cuadrado): Muchas gracias, señora presidenta, por darme el turno de la palabra.
Señora Belarra, usted ha utilizado adjetivos francamente gruesos respecto al comportamiento de las entidades financieras y el funcionamiento del Estado democrático. Evidentemente, no roba el que está
dentro del marco de la legalidad. No se puede hablar de robar en esos términos, no se puede hablar de actividades delictivas en esos términos. El Tribunal Supremo se ha pronunciado, y lo ha hecho en el sentido de que lo legal era que
pagaran los bancos. Y cuando el Tribunal Supremo ha hecho ese pronunciamiento con una controversia que ustedes conocen igual que yo, el Gobierno de este país ha tomado cartas en el asunto, ha hablado como Poder Ejecutivo y ha puesto encima de la
mesa un decretoley, que pasará a convalidación en el Congreso de los Diputados, para que a partir de esa fecha -que es lo legal y es lo correcto- sean las entidades financieras, los prestamistas, los que se hagan cargo del impuesto sobre actos
jurídicos documentados.
Déjeme que le diga, señora Belarra, que creo que hay mucho que mejorar en el funcionamiento del Estado democrático y hay mucho que mejorar en el funcionamiento de determinadas instituciones, pero todas las instituciones son necesarias y las
entidades financieras también son necesarias. Lo que no hay que hacer es demonizar y condenar sin más a las entidades financieras como si todas actuaran igual. Lo que hay que hacer es perseguir y condenar aquellas conductas abusivas, aquellas
conductas que no respetan la legalidad o que simplemente desprecian al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo o al Estado democrático. Eso es lo que hay que condenar y en esa dirección seguiremos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL DIPUTADO DON EMILIO DEL RÍO SANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿PUEDE LA MINISTRA DE JUSTICIA ACLARAR LOS CRITERIOS PARA PEDIR PENAS INFERIORES EN LA CAUSA DEL PROCÉS?
(Número de expediente 180/000846).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas ahora a la señora ministra de Justicia. Pregunta del diputado don Emilio del Río Sanz, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
El señor DEL RÍO SANZ: Gracias, presidenta.
La Abogacía del Estado forma parte de la estructura de la Administración General del Estado, no es un poder independiente, está dirigida por la ministra de Justicia a través de la abogada general del Estado y, siguiendo las instrucciones de
la ministra, ha rechazado acusar por rebelión a los que dieron el golpe de Estado institucional, ha retirado términos como el de violencia en la calificación y en el juicio más importante de nuestra historia democrática por primera vez la fiscalía y
la Abogacía General del Estado no van de la mano. Díganos -y, a ser posible, con tranquilidad y sin su tono pendenciero habitual- por qué ha dado estas instrucciones. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Del Río, la Abogacía General del Estado ha formulado un escrito de conclusiones provisionales basado en estrictos criterios jurídicotécnicopenales. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Del Río, adelante.
El señor DEL RÍO SANZ: Eso es mentira. No se esconda usted detrás de los funcionarios de la Abogacía General del Estado porque los funcionarios personados no han querido firmar el escrito; lo firma el cargo que usted ha nombrado
obedeciendo sus órdenes. Esta cesión es gravísima.
Mire, que usted insulte a alguien por su condición sexual está dentro de su indigencia y de su indecencia moral. Que usted ampare una red de chantaje y de explotación de mujeres la incapacita como fiscal y está dentro, digamos, de la esfera
de su indigencia e indecencia profesional. Pero que usted ceda ante el independentismo, que usted acuse a la baja a los golpistas, que deje tirados a los fiscales y se ponga de lado de los jueces belgas y no del juez Llarena está dentro de la
esfera de todos los españoles y es una muestra de su indigencia y de su indecencia democrática e institucional al no defender nuestro sistema democrático... (Protestas.-Varias señoras y señores diputados: ¿Señora presidenta, por favor, ya está
bien!) ... sí, sí, y nuestra Constitución.
La señora PRESIDENTA: Silencio.
El señor DEL RÍO SANZ: ¿Es el pago por el voto de los independentistas en la moción de censura? ¿Es el gesto hacia los golpistas que les pidió el vicepresidente político, el señor Iglesias, para que haya presupuestos y no haya elecciones
en España? ¿Está preparando el terreno para el indulto? Porque se está tramitando una propuesta del Partido Popular para reformar la Ley de indultos de forma que no se pueda conceder a los condenados por rebelión o por sedición y ustedes están
saboteando la propuesta. Comprométase aquí y ahora a no seguir saboteando la reforma de la Ley del indulto; comprométase a no retrasarla más. Insúlteme por mi condición sexual, pero comprométase aquí y ahora y diga que el Gobierno del señor
Sánchez no va a indultar a los líderes independentistas para seguir dos tardes más en la Moncloa. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchísimas gracias, señora presidenta.
Señor Del Río, no voy a entrar en ese juego. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Ustedes sabrán las consecuencias o lo que buscan con ese juego. Ustedes parten de una premisa equivocada, ya sea de forma malintencionada o por desconocimiento. La Abogacía General del
Estado hasta el día 2 de noviembre no formula en ningún momento escrito de conclusiones provisionales, es decir, escrito de acusación provisional. Es así y ese es el procedimiento. Por tanto, no hay un cambio, y la primera postura de la Abogacía
General del Estado se produce precisamente el día 2 de noviembre. Cosa diferente es lo que hizo el Partido Popular. Curiosamente, cuando ustedes estaban en el Gobierno, primero no se iban a personar en el procedimiento, después se personan
solamente por malversación de caudales y después llega el señor Montoro y dice que no hay malversación de caudales, le tiene que preguntar hasta el propio juez instructor del Tribunal Supremo por qué dice esto y se tiene que rectificar
posteriormente.
Miren, ustedes no pueden cuestionar las instituciones, no pueden cuestionar la justicia, no pueden presionar de la manera que lo hacen. Aquí hay un debate jurídico y esto es lo que estamos haciendo: estamos en el marco del procedimiento
penal, siguiendo las estrictas normas penales. Tenemos unos criterios jurídico-penales, la Abogacía General del Estado, que está dirigida por una magnífica abogada general del Estado, tiene su propio criterio, que en este caso coincide con el de
esta ministra. Así es. Así que dejen ustedes de mentir, dejen ustedes que creer que los demás actuamos como ustedes en este lodazal y en este barro. Somos técnicos jurídicos y así actuamos, en consecuencia, conforme a la ley, a la norma y al
Código Penal. (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON JOSÉ MANUEL VILLEGAS PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE JUSTICIA: ¿CÓMO PIENSA ACTUAR SU DEPARTAMENTO ANTE LA CONVOCATORIA DE HUELGA PLANTEADA POR JUECES Y FISCALES PARA EL 19
DE NOVIEMBRE? (Número de expediente 180/000839).
La señora PRESIDENTA: Pregunta también a la señora ministra del diputado don José Manuel Villegas Pérez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Adelante, señoría.
El señor VILLEGAS PÉREZ: Gracias, presidenta.
Señora ministra reprobada, los jueces, fiscales y funcionarios de justicia le han convocado una huelga para el próximo día 19. Esa huelga tiene dos fundamentos, dos motivos, dos reivindicaciones fundamentales: por un lado, la alarmante
falta de medios en la justicia y, por otro lado, la más alarmante todavía politización de la justicia en España. Y usted, en lugar de trabajar en esos dos aspectos para mejorar esas dos cuestiones, ha estado muy ocupada estas últimas semanas
repartiéndose las cuotas del Consejo General del Poder Judicial, repartiéndose el Poder Judicial con el PP del señor Casado y parece que también con Podemos. Ante eso, señora ministra reprobada, ¿cree usted que el lamentable espectáculo que están
dando usted, su partido, el Partido Popular, y Podemos ayuda a que se desconvoque la huelga del próximo día 19?
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.
Pues mire, señor Villegas, lo que está haciendo esta ministra y el equipo ministerial es continuar trabajando cumpliendo las reivindicaciones de las asociaciones de jueces y de fiscales -la mayoría ya cumplidas-, poniendo en marcha otras
muchas, haciendo que se cuente con más medios y mejores condiciones laborales, desde luego, y sobre todo con el diálogo. A eso nos venimos dedicando y en eso estamos trabajando desde los últimos cinco meses. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Villegas, adelante.
El señor VILLEGAS PÉREZ: Sí, señora ministra reprobada, no sé si dialoga usted mucho o poco, pero no la creen porque le mantienen convocada la huelga. Y es que usted no tiene credibilidad para negociar, no tiene credibilidad ante los
jueces y fiscales de este país ni ante los funcionarios de Justicia. No tiene credibilidad, primero, como le digo, porque usted ha sido reprobada por este Congreso de los Diputados, porque usted debería estar y seguramente está en la antesala de la
dimisión o del cese, y eso da poca credibilidad para la negociación, me lo tendrá que reconocer, y también poca credibilidad porque sus compañeros la han oído en esas grabaciones vertiendo opiniones que le ayudan poco a usted para poder ser un
interlocutor válido en esas negociaciones. Usted, con esa poca credibilidad, ha perdido más trabajando no por despolitizar la justicia en España sino por politizarla aún más. Usted lo que ha hecho en las últimas semanas, en los últimos días, ha
sido sentarse con el Partido Popular del señor Casado a repartirse el poder del Consejo General del Poder Judicial.
La ministra reprobada con el exministro reprobado del Partido Popular negociando. ¿Qué puede salir mal para España? (Aplausos). Y, desde luego, el bipartidismo trabajando a toda máquina con su nuevo aliado en el reparto, con Podemos, para
repartirse la justicia. Mire, PP, PSOE y Podemos tienen prisa por acabar con este pasteleo porque cuando haya elecciones y puedan hablar los españoles... (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.
Señoría, usted no me va a dar a mí la credibilidad, está claro, porque usted tiene sus objetivos políticos y de acompañamiento a quien sea, pero, desde luego, no a la justicia.
Anteayer mantuve una reunión con jueces y fiscales. ¿Y sabe usted lo que me dijeron los jueces y fiscales? Literal: que esta huelga no era contra este equipo ministerial, es decir, contra mi equipo ministerial. (Risas.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Nos encontramos con una degradación institucional importante y le voy a decir, aunque a lo mejor no le importe porque solamente están en otras cuestiones, lo que el Ministerio de Justicia ha
hecho en estos últimos cinco meses. En primer lugar, un diálogo que era prácticamente inexistente con luz y taquígrafos, levantando acta de cada una de las reuniones que manteníamos con todas las asociaciones de jueces, fiscales, sindicatos,
absolutamente con todo el mundo. Se ha creado una Dirección General de Modernización y Nuevas Tecnologías. Se han creado grupos de trabajo en los que participan jueces y fiscales. Hemos establecido un plan de calidad de la justicia con visitas a
más de veintisiete órganos judiciales. Se ha ralentizado una pésima justicia digital y en otros casos se ha paralizado. Se han creado setenta y cinco órganos judiciales y setenta plazas de fiscales. Se ha convocado una oposición de trescientas
plazas para jueces y fiscales. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Hemos llegado a un acuerdo parlamentario con todos los miembros del Parlamento, sobre todo para garantizar derechos profesionales que habían sido laminados por el Partido Popular. Se ha
modificado el sistema de funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial. Con respecto a las reivindicaciones retributivas, estamos en negociación y se ha convocado por primera vez en quince años la mesa de retribuciones. Y respecto al 324,
por favor, dejen de presentar ampliaciones de plazo. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA YOLANDA DÍAZ PÉREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE DEFENSA: ¿QUÉ TIENE PREVISTO HACER EL GOBIERNO EN RELACIÓN AL PRESUNTO TRATO DE FAVOR
AL EXMINISTRO MORENÉS EN CONTRATOS DEL MINISTERIO DE DEFENSA? (Número de expediente 180/000854).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de Defensa. Pregunta de la diputada doña Yolanda Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Adelante, señoría.
La señora DÍAZ PÉREZ: Ministra, ¿qué medidas van a adoptar en el caso Morenés?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE DEFENSA (Robles Fernández): Gracias, señora presidenta.
Señora Díaz, este Gobierno tenía muy claro al llegar al Ministerio de Defensa que las políticas de seguridad y defensa son políticas de Estado que no pueden ser objeto de confrontación partidista. Por eso hemos intentado hacer un examen
objetivo y riguroso de todo lo que está en marcha en el Ministerio de Defensa. Hemos visto contratos que nos han gustado menos en relación con las armas, hemos visto otros contratos que tenían deficiencias técnicas y hemos intentado solventarlos
con los incrementos de crédito correspondientes, como el caso del submarino S-80, siempre con sentido de Estado.
Usted me pregunta por las fragatas 110 y le puedo decir que entendemos que esas fragatas son imprescindibles para la Armada española. Como son imprescindibles para la Armada española, vamos a trabajar para conseguir ese objetivo. Le puedo
dar unos datos objetivos y es que precisamente desde 2014, en la fase de definición del proyecto de las fragatas, había que determinar cuál era el sistema de misil procedente. Hubo dos opciones y una de ellas era el sistema de misil ESSM Block 1,
que figuraba ya en las fragatas 100 y que era, por tanto, perfectamente integrable en el sistema de combate de las fragatas 110. Hubo la duda en el anterior Ministerio de Defensa de si era procedente otro misil, el sistema misil Sea Ceptor, que es
un desarrollo europeo del grupo británico MBDA.
Como había dificultades en el ministerio para definir cuál era el sistema de defensa antimisil que se integraba mejor en las fragatas, se contrató el 28 de diciembre de 2017 con MBDA un programa tecnológico por un importe de 9,5 millones de
euros. Como este ministerio entendió que ese programa tecnológico no era necesario porque el sistema de misiles que ya estaba en las fragatas 100 era suficiente, el día 3 de agosto se tomó una decisión de definir ya perfectamente los misiles que se
van a instalar en las fragatas 110. Y lo hemos hecho porque entendemos que esas fragatas son imprescindibles para la Armada y lo son también para dotar de puestos de trabajo a Navantia en Ferrol.
La preocupación por la Armada española y por los puestos de trabajo en Ferrol son los que están moviendo y moverán todas las decisiones del Ministerio de Defensa. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Díaz, adelante.
La señora DÍAZ PÉREZ: Estamos ante un importante caso de corrupción, de corrupción de Estado. Podríamos llamarlo el caso Morenés o el caso del Gobierno Rajoy, que revela bien cómo funcionan las puertas giratorias: altos mandatarios del
Estado que trabajan para las grandes multinacionales. Fíjense cómo mandan los que no se presentan a las elecciones. Año 1996, el señor Morenés es secretario de Estado de Defensa con el señor Aznar. Después, hasta el año 2011, fue el presidente de
la MBDA y Segur Ibérica y a la vez, desde el año 2011 hasta 2017, pasa a ser ministro de España justamente con el Gobierno de Rajoy. En este periodo, el último periodo antes de que lo sustituya la señora Cospedal, resulta que el señor Morenés
quiere colocar los misiles de su empresa a la Armada española en las nuevas fragatas. Como hay un informe de la Armada española que lo desaconseja, lo que hacen el Gobierno del Partido Popular y el señor Morenés es bloquear la construcción de las
fragatas exactamente dos años. Mientras tanto, ¿qué ha pasado, ministra? Pues que hubo despidos masivos, miles de trabajadores se han ido a la calle por falta de carga de trabajo. Lo que ha pasado es que con absoluta desfachatez el Gobierno del
Partido Popular ha renunciado a un contrato de corbetas con Brasil, que hasta entonces por lo menos respetaba la legalidad internacional, y lo más grave es que la señora
Cospedal le adjudica un contrato de 9,5 millones a la empresa del señor Morenés para que evalúe la idoneidad de los misiles de su empresa, que ya había dicho la Armada española que no eran convenientes.
Señora ministra, esto es corrupción y la corrupción no solo es un problema de democracia o de ética. Su corrupción, la del Partido Popular, es un problema para la industria española, es un problema para las gentes de este país. Por eso le
preguntamos, ministra, qué medidas van a adoptar frente al corruptor, el señor Morenés, la señora Cospedal y, por supuesto, el Partido Popular.
Ministra, usted viene del derecho: ¿van a llevar este caso a la Fiscalía Anticorrupción? Se lo decimos porque tienen una gran oportunidad. Su partido no tiene mucha credibilidad en el sector naval público porque al fin y al cabo fue el
partido de la mal llamada reconversión naval, el que ha desmantelado el sector naval y también son el partido de las puertas giratorias. Tienen una oportunidad, depuren responsabilidades y no se comporten como el Partido Popular. (Aplausos.-Varias
señoras y señores diputados: ¡Muy bien!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿VA A SEGUIR CESANDO A PROFESIONALES DE LA POLICÍA EN SU DEPURACIÓN DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE
SEGURIDAD DEL ESTADO? (Número de expediente 180/000847).
La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro del Interior. Pregunta de la disputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular. Adelante, señoría.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
No voy a tener la indecencia de preguntar al señor Pablo Iglesias por sus negocios privados. Tampoco tengo pactada la pregunta con usted, señor ministro del Interior. Me gustaría saber si va seguir cesando a profesionales de la policía en
su depuración de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Señora presidenta, señoría, muchas gracias.
Evidentemente no tenemos pactada la pregunta, ¡faltaría más! Le recuerdo que este ministro y su equipo nada más llegar al Gobierno entendieron oportuno y conveniente modificar la estructura orgánica del Ministerio del Interior ante una
reforma que entendíamos que no había sido razonable y quitaba funcionalidad al ejercicio de sus competencias por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. En ese sentido hemos valorado y hemos tenido siempre en cuenta dos cuestiones
importantes en los mandos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil, la ejemplaridad y la profesionalidad. Entendemos que la profesionalidad es la base de todo buen trabajo, la profesionalidad no entiende de intereses y de partidos. La
formación de equipos fiables y leales a la Constitución y al concreto valor de la seguridad pública sin partidismos es y será la base de este ministro del Interior. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Vázquez, adelante.
La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
En los últimos meses hemos visto que se practicaban más de treinta ceses de manera arbitraria, sospechosos y nada profesionales, señor ministro. Eran ceses que respondían al sectarismo y la manipulación de su Gobierno, el Gobierno del señor
Sánchez. Por poner algún ejemplo de profesionalidad: al coronel Corbí, que resolvió los casos de Diana Quer y del pequeño Gabriel, lo han cesado alegando motivos profesionales, y después, a los catorce días, le premian con la máxima condecoración
de la Guardia Civil. Por ponerle otro ejemplo, al comisario Olivera le cesan por su relación y su amistad con Villarejo. Pues mire, la que acaba de entrar tiene la misma relación con el señor Villarejo, además hace comentarios machistas y, además,
se congratula de tener una red de extorsión a través de la prostitución y aún sigue ahí; en cambio, al señor comisario sí se le releva de su puesto por ser amigo de Villarejo.
Al mismo tiempo que hacía estos ceses, ustedes dejaban desamparadas a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con esa instrucción en la que se podía grabar a los agentes en Ceuta, en Melilla, en Navarra, el desmantelamiento. ¿Me puede
decir, señor ministro, en qué lugar de este mapa (muestra un mapa de España) puedo ir a defender a mis compañeros de la Policía y de la Guardia Civil sin ser una provocación? ¿Me lo puede decir? (Aplausos).
Miren, si yo les dijera a ustedes 'sois unos payasos', si yo se lo dijera, ustedes dirían, '¡qué insulto!' ¿verdad? Pues mire (muestra un documento), según la delegada del Gobierno de Baleares decirles a los agentes de la policía 'sois unos
payasos' no es un insulto. Esta es la decisión del Gobierno socialista del señor Sánchez. Usted, que fue un juez de reconocido prestigio, usted, que fue admirado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, piense realmente si le merece la
pena seguir en el servilismo, ser cómplice del señor Pedro Sánchez en el desmantelamiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Piense si le merece un minuto más seguir en esa bancada de la indignidad. El Gobierno desmantela día tras
días las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sin tener en cuenta a los profesionales.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor ministro, adelante.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señora presidenta.
Señoría, en primer lugar, me gustaría que hubiera identificado los treinta ceses a los que ha hecho referencia. Yo creo que las dos personas o los dos ceses a los que se ha referido son esos dos y otros dos o tres más. Hablemos un poco con
sinceridad y, sobre todo, en esta sede, en la sede de la soberanía popular a la que se hacía referencia. Pero parece olvidar la reciente Comisión de investigación respecto al uso partidista por parte del Ministerio del Interior de la policía, la
llamada policía política. ¿La recuerda usted? (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Parece desconocer que el ministro Fernández Díaz en el primer mes destituyó a diez de los catorce miembros de la Junta de Gobierno, el
71%, los tres restantes fueron destituidos por Zoido. En ese sentido, parece desconocer todos esos extremos. Usted parece desconocer que se quitó la figura del DAO porque parece ser que un DAO en concreto, el de la Guardia Civil, no era partícipe
de esa policía partidista que se instaló en el Ministerio del Interior. Mire, le he dicho que nosotros y los profesionales que han sido nombrados, tres o cuatro, no más allá, dígame los veintiséis restantes quienes son, son siempre bajo los
parámetros de profesionalidad y ejemplaridad. Eso es lo que queremos nosotros para nuestra policía, defender a la policía dándoles a ellos los medios y no la injerencia del poder político. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.
- DEL DIPUTADO DON JAIME MIGUEL MATEU ISTÚRIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CONOCE EL MINISTRO DEL INTERIOR EL CONTENIDO DEL JURAMENTO O PROMESA DE ACATAR LA CONSTITUCIÓN?
(Número de expediente 180/000848).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta del diputado don Jaime Miguel Mateu Istúriz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor ministro del Interior, ¿conoce usted el contenido del juramento o promesa de acatar la Constitución?
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Mateu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señor presidente.
Señoría, el próximo 6 de diciembre va a hacer cuarenta años que yo me encuentro orgullosamente sometido a los parámetros y a los valores de la Constitución española, pero hace más de treinta años que he prometido la Constitución en el
ejercicio de mi función. Creo que para un demócrata, para un español y para una persona que ha ejercido como juez durante treinta años sin ninguna tacha es un insulto lo que usted acaba de decir. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Señor ministro, yo no pretendo insultarle a usted, sino que su trayectoria como ministro avala lo que le voy a decir a continuación. Usted, evidentemente, desde que entró como juez de Primera Instancia e Instrucción
en Santoña y luego volvió a rejurar la Constitución, ha tenido una trayectoria muy dilatada. Pero también he de recordarle que últimamente está bastante tibio en la aplicación del artículo 2 de la Constitución que usted perfectamente conoce, así
como el artículo 104, y le voy a decir el porqué, señoría, porque usted no ha reprobado con contundencia las declaraciones que ha hecho un alto cargo de su grupo político en el Senado con respecto a la presencia de grupos constitucionalistas en el
Senado. Evidentemente, esas declaraciones fueron una afrenta total a los partidos constitucionalistas, lo mismo que a las víctimas del terrorismo; se encontraba Ortega Lara entre las mismas. Evidentemente, nosotros no agitamos el odio ni
propendemos disolver la unidad de España. Fuimos a Alsasua, señor ministro, a defender a la Guardia Civil, a dos miembros de la Guardia Civil que fueron apaleados por personas que son los que le apoyan a usted en el Gobierno para que el presidente
Sánchez siga en la Moncloa caiga quien caiga y a costa de destruir España. Fíjese que hasta el Tribunal Supremo ahora mismo está fallando con su presencia en el Gobierno de España.
Usted, señor Grande-Marlaska, ha sido y es un reputado juez, por eso me da pena que ahora mismo esté usted en un gabinete en el que no me extraña que tenga conceptos confusos, ¿por qué? Porque está rodeado de una ministra a la cual le
aparece un bien inmueble que dice que lo ha declarado por el valor catastral y que no tiene obligación de hacer una modificación de su declaración de bienes hasta que no salga del Gobierno; otro ministro que tiene una sociedad patrimonial para
aligerar su carga fiscal; otro que está sancionado por información privilegiada y vender valores inmobiliarios conociendo esa información; y por último, la persona que tiene usted sentada a su derecha, que desde luego conocía delitos y no los puso
en conocimiento del ministerio fiscal, como tampoco le respetó a usted con la utilización de una expresión muy castiza pero muy fea, para referirse a su condición sexual.
Señor Grande-Marlaska, le queremos encontrar en el camino de la unidad de España, le queremos encontrar en la defensa de la policía, le queremos encontrar en no aceptar enmiendas a la Ley de seguridad ciudadana que atentan contra la garantía
de vida de los policías. Queremos que hable con ellos en función de lo dispuesto en la Instrucción 13/2018. Señor Grande-Marlaska, no nos va a impedir a los constitucionalistas, al Partido Popular, que nos reunamos en cualquier lugar de España
para defender su unidad y a la Guardia Civil. Le invitamos a que nos acompañe, y si no nos quiere acompañar en ese camino, le pedimos, por favor, que se marche. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Mateu.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no sé qué contestarle, porque la pregunta iba en un sentido y sus alegaciones van en otro. Saben que les tengo mucho respeto a todos los diputados de este Congreso. Los valores de la Constitución son los valores de todos, no son
valores excluyentes de nadie; esos valores de libertad, de igualdad, de solidaridad, que realizan el valor justicia. No se defiende mejor a la Guardia Civil o a la Policía Nacional con un tipo de proclamas o con otro, o en un sitio mejor que en
otro. Ellos mismos lo han dicho y se lo han dicho a ustedes.
Me cuesta decirle esto también a usted por circunstancias personales que podrá entender, y me cuesta que a personas como usted y otra miembro destacada de este Parlamento les hayan hecho realizarme algunas preguntas de este tenor. Tampoco
se puede utilizar a las asociaciones de las víctimas en esos términos y desde esos parámetros. Le vuelvo a decir que la Constitución es amplia, nos recoge a todos. La Constitución proclama el Estado de derecho, ese Estado de derecho que las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado garantizan para que todos ustedes y nosotros ejercitemos nuestros derechos y libertades. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado conocen y saben que este ministro y este ministerio les dan cobertura
con medios y con normas precisas y está siempre escuchando. Déjeme finalmente decirle que esta Constitución -cosa que parecen ustedes conocer, así que no se hagan oposiciones a sí mismos- proclama un Estado de derecho, un Estado donde los derechos
de cada uno de nosotros sean efectivos, pero no, como ustedes pretenden, un Estado de derechas. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA RITA GERTRUDIS BOSAHO GORI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DEL INTERIOR: ¿CUÁNDO IMPLEMENTARÁ SU MINISTERIO LAS RECOMENDACIONES CITADAS EN EL
INFORME REALIZADO POR EL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS SOBRE AFRODESCENDIENTES DE LAS NACIONES UNIDAS PARA PONER FIN A LOS CONTROLES POLICIALES BASADOS EN PERFILES RACIALES? (Número de expediente 180/000835).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta de la diputada doña Rita Gertrudis Bosaho Gori, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora BOSAHO GORI: Gracias, señor presidente.
Señor ministro, ¿cuándo implementará su ministerio las recomendaciones del grupo de expertos sobre afrodescendencia de la ONU para poner fin a los controles policiales basados en perfiles raciales? (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Bosaho.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Gracias, señor presidente.
Señoría, muchas gracias por su pregunta. Usted y yo -y creo que todos los que estamos aquí presentes- estamos involucrados, ocupados y preocupados con un tema tan importante como es la discriminación, ya sea por motivos raciales o por
cualquier otra circunstancia o condición personal o social, y también lo está nuestro ordenamiento jurídico. Conozco perfectamente el informe de los expertos a los que usted ha hecho referencia, que data del mes de febrero de este año. Pero les
recuerdo que nosotros tenemos parámetros normativos a los que están sujetas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como son el artículo 14 de la Constitución, el Convenio sobre la eliminación de cualquier tipo de discriminación de 1969 de
Naciones Unidas, la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que también proclama la prohibición de discriminación y de faltar a la igualdad de trato y que determina la proporcionalidad en las identificaciones y en los actuares; también la
denostada -también por mi parte- Ley mordaza o Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, 4/2015, que en sus artículos 16 a 20 establece esa proporcionalidad, esa igualdad de trato y la no discriminación en la práctica de diligencias policiales.
Puede haber disfunciones, pero es preocupación y ocupación de este ministerio y de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dar cobertura a los derechos y libertades del conjunto de los ciudadanos, sean de donde sean, provengan de donde
provengan y sea cual sea su condición o circunstancia personal. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.
La señora BOSAHO GORI: Señor ministro, todo eso está muy bien, pero el 25 de septiembre de este año el grupo de trabajo de expertos sobre afrodescendencia de las Naciones Unidas presentó ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el
informe de su primera investigación sobre la situación de las personas afrodescendientes en España. Este informe no hubiera sido posible sin la comunidad africana y afrodescendiente de nuestro país. Estas organizaciones presentaban este informe
para ser visibilizadas, sobre todo la situación de la afrodescendencia en España. El informe y los expertos deben servir de base para la elaboración de leyes, políticas públicas, estrategias y planes de acción para combatir la discriminación racial
a la que se ve sometido este colectivo. Una de las conclusiones a las que llega el grupo de trabajo dice lo siguiente: La discriminación racial está presente en todos los órdenes de la sociedad civil española, desde el mercado de trabajo, pasando
por la sanidad, los servicios sociales, etcétera. No puedo desgranar aquí el informe y por ello me centraré en el título IV, titulado 'manifestaciones de discriminación racial', desde donde se especifican los perfiles raciales. El grupo de trabajo
recoge que la sociedad civil informó de que la población negra corre el riesgo de ser señalada cuarenta y dos veces más que la población autóctona en los puertos y transportes públicos solo por el color de su piel. Hace unas semanas vimos cómo una
persona afrodescendiente sufría una agresión en Atocha. Las imágenes parecen indicar claramente que los guardias de seguridad se extralimitaron en sus funciones y que podían haber cometido lo que conocemos como una identificación... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señora Bosaho. Su turno ha terminado.
Señor ministro.
El señor MINISTRO DEL INTERIOR (Grande-Marlaska Gómez): Señor presidente, muchas gracias.
Señoría, estoy completamente de acuerdo en todas sus alegaciones y referencias y, como habrá podido observar, ha hecho alusión a la necesidad de políticas más transversales y que trascienden del Ministerio del Interior. Pero, dentro de la
ocupación estrictamente mía, que también es transversal, hemos elaborado ya un nuevo plan de acción contra los delitos de odio, es decir, aquellos delitos basados en la discriminación y en un trato no igualitario. En ese nuevo plan, que se ha
aprobado el 31 de octubre, hay elementos para una formación complementaria del conjunto del personal policial, para una colaboración y cooperación más estrechas con el conjunto de las ONG y, evidentemente, para una protección a las víctimas más
vulnerables. Ahí siempre me va a encontrar. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor ministro.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MARÍA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL: ¿CREE QUE ESPAÑA YA NO NECESITA UN PACTO POR LA EDUCACIÓN? (Número de
expediente 180/000855).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Educación y Formación Profesional. Pregunta de la diputada doña María Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, después de año y medio de enorme esfuerzo en esta Cámara en búsqueda de un pacto de Estado por la educación y a la luz de los acontecimientos de la última semana, ¿cree que España ya no necesita ese pacto de Estado?
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Moneo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señor presidente.
Gracias, señora Moneo, por su pregunta. No, no lo creo; de hecho, el Gobierno plantea propuestas, trabaja planteando propuestas para construir acuerdos cada día, y de ustedes depende que podamos hacerlo. (Una señora diputada: ¡Muy
bien!-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, qué quiere que le diga. A nosotros nos cuesta creerla. Usted inició su andadura en esta Cámara estableciendo como principio rector de su mandato la colaboración y el diálogo abierto con todos los agentes sociales y
políticos, pero la realidad no es esa, señora ministra. Ustedes han pretendido sustituir ochenta y tres comparecencias de expertos en esta Cámara durante más de un año por una consulta pública de quince días, pero no solo eso, ni siquiera han
guardado las formas. Ustedes han lanzado un documento sin haber finalizado el periodo de alegaciones, un documento que representa la mejor tradición del binomio Logse-LOE, ese binomio que ha llevado a España a las más altas cotas de fracaso y
abandono educativo temprano de la historia. ¿Y esto qué nos demuestra, señora ministra? En primer lugar, que el guion ya estaba escrito y que en la representación del mismo solo tenían cabida sus socios de extrema izquierda y aquellos que sueñan
con que se suprima el artículo 149 de la Constitución española para romper definitivamente el sistema educativo español. En segundo lugar, que la ruptura del pacto por parte del Partido Socialista tenía un único objetivo: imponer un único modelo,
el suyo, no el de todos, señora ministra. Por cierto, señora ministra, ¿le ha explicado a la vicepresidenta del Gobierno que su documento, el papel, no contiene ni un solo euro en materia de financiación? ¿Dónde está ese 5 %, señora ministra? En
tercer lugar, que ustedes siguen instalados en el mismo modelo educativo de hace
veinte años, el modelo de la mediocridad frente a la excelencia, de la comprensividad frente a la exigencia, de la opacidad frente a la transparencia y del intervencionismo frente a la libertad.
Señora ministra, no es lo mismo dialogar que escuchar. Debe usted escuchar a la sociedad española. Ustedes se han rendido, se han rendido ante un modelo fracasado, pero esta sociedad española, lo mismo que nosotros, no se va a rendir.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Moneo.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN Y FORMACIÓN PROFESIONAL (Celaá Diéguez): Gracias, señor presidente.
Señora Moneo, ¿qué excelencia pudo haber en una Lomce que lo que hacía en primaria era romper el ciclo y meter una primaria que ustedes mismos suspendieron? ¿Qué excelencia podía haber en una secundaria que lo que hacía era elevar
itinerarios tempranos, dejar a los jóvenes completamente suspendidos en la inseguridad jurídica y ponerles otra reválida que ustedes mismos suspendieron? ¿Qué excelencia pudo haber en eso? Le voy a decir más. La mayor voladura de los pactos en
educación la hizo la Ley Wert, la mayor voladura de los pactos educativos. (Aplausos). Le voy a decir todavía más. Mire usted -y esto es objetivable, está escrito, está ahí-, todas las leyes socialistas en educación salieron respaldadas no solo
por el Grupo Socialista, el Partido Socialista, sino por todas las demás fuerzas políticas, con excepción del Partido Popular. Sin embargo, por el contrario, las leyes de cuño del Partido Popular solo salieron salvaguardadas por el propio Grupo
Popular y rechazadas por toda la comunidad educativa y por toda la sociedad española. (Aplausos). Dígame usted si esto no le parece significativo.
Ahora hablemos, porque tenemos anunciada, presentada hace apenas una semana, una propuesta para el acuerdo, una propuesta que habremos de acordar, y que, además de mejorar de manera notable la calidad de la educación española, salva a los
jóvenes españoles precisamente del limbo jurídico en el que ustedes los tenían inmersos, de los efectos más dramáticos de la Lomce, que había dejado un tejido absolutamente descosido tras la suspensión de las reválidas y que había que salvaguardar
inmediatamente. Por tanto, señora Moneo, yo les invito a entrar -ustedes conocerán la semana que viene el articulado, nadie lo conoce, evidentemente, porque todavía no hemos empezado a negociar... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL DIPUTADO DON CARLOS ROJAS GARCÍA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL: ¿CREE QUE LA SOLUCIÓN DEL PARO EN ANDALUCÍA SON SUS PLANES DE EMPLEO?
(Número de expediente 180/000842).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Pregunta del diputado don Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
El señor ROJAS GARCÍA: Gracias, señor presidente. Con su venia.
Señora ministra, ¿cree que la solución del paro en Andalucía son sus planes de empleo?
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Rojas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, señor presidente.
Señor Rojas, los planes de empleo no son, por supuesto, la única solución al desempleo, pero sí pueden ser parte de la solución. Mediante estos planes, el Estado contribuye a incrementar el empleo en un determinado territorio en atención a
su situación económica, social y laboral participando en la financiación de los mismos, teniendo en cuenta, además, la tasa de desempleo que existe, y suponen un paso en la necesaria colaboración institucional para que haya más empleo y este sea de
más calidad. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Rojas.
El señor ROJAS GARCÍA: Muchas gracias.
Señora ministra, puedo convenir con usted en algunos de sus argumentos pero, ¿sabe cuál creo que es el mejor plan de empleo para Andalucía? El plan del cambio; el plan del cambio político, señoría. Porque el Partido Socialista lleva
cuarenta años gobernando en nuestra comunidad y la tiene como la región con más paro de la Unión Europea. Señoría, el pasado mes de octubre el paro en Andalucía aumentó en 10 000 personas; de los más de 800 000 parados andaluces casi 500 000 son
mujeres. Estas cifras son muy preocupantes y nos tienen que llevar a un objetivo concreto a todos los partidos políticos: a la creación de empleo, a dar oportunidades a los andaluces que quieren trabajar y no pueden hacerlo. El primer plan de
empleo tiene que ser una gestión de un Gobierno autonómico que esté a la altura de los andaluces y de Andalucía, una tierra rica y llena de talento a la que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer. Señoría, el Partido Socialista, como le decía,
lleva cuarenta años, cuarenta años que han situado a Andalucía en el furgón de cola del crecimiento y del empleo; eso tiene un nombre y apellido: gestión socialista del Partido Socialista en Andalucía.
Con el Partido Socialista en Andalucía ha desaparecido en estos años el 50 % del tejido industrial en nuestra comunidad. Yo no le voy a echar toda la culpa a su Gobierno, pero sí tienen gran responsabilidad al situar a Andalucía como la
región con más carga fiscal de toda España. Evidentemente, eso ahuyenta la inversión; la inversión se va y detrás de ella se va el empleo estable. El artículo 31.1 de la Constitución prohíbe exactamente el elemento confiscatorio y el Partido
Socialista bordea, planea sobre él al someter a Andalucía y a los andaluces a un auténtico infierno fiscal, a una comunidad autónoma con la renta por debajo de la media nacional. Hay que combatir el fraude y la corrupción porque, señorías, los
escándalos y la corrupción han tomado su asiento en las políticas de empleo: el fraude de 800 millones de los ERE, con dos presidentes socialistas en el banquillo, ni un solo euro ha llegado a los parados andaluces. No hay derecho, señorías. El
fraude en las tarjetas black en prostíbulos. No hay derecho, señorías. El Partido Socialista debe de pedir perdón y debe hacerlo cuanto antes a todos los andaluces, porque no nos merecemos un Gobierno que haya estado defraudando y mirando para
otro lado en estos cuarenta años. No lo merecemos, merecemos un Gobierno de cambio... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor Rojas.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, señor presidente.
Hay que tener cuajo, señoría, para venir aquí, a esta Cámara, a hablar de corrupción en Andalucía cuando ustedes están en el banquillo de la oposición por la corrupción del Partido Popular y por la sentencia Gürtel, entre otras minucias.
(Aplausos). ¡Hay que tener cuajo! Mire, señor Rojas, me resulta muy sorprendente -bueno, usted ha venido aquí en plan electoralista- su intervención cuando la tasa más elevada de paro de los últimos veinte años en Andalucía se produjo en el primer
trimestre de 2013, 36,77 %. ¿Sabe usted quién ocupaba entonces el Gobierno de España? El Partido Popular. ¿Sabe usted cuántas medidas adoptó el Gobierno de España, cuántos planes de empleo aprobó para apoyar a Andalucía? Señoría, ninguno, no
planteó ni una sola ayuda a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por tanto, lo que le digo muy claro es que el compromiso del actual Gobierno de España es desarrollar un ambicioso plan de empleo para Andalucía atendiendo a una demanda del Gobierno
andaluz que no fue escuchada por el anterior Ejecutivo del Partido Popular, porque creemos que entre las administraciones públicas tenemos que colaborar, porque hay una discriminación por razón de territorio y hay que apoyar a colectivos
desfavorecidos en esa comunidad autónoma, a los jóvenes, a los parados de larga duración, paliar los efectos del brexit en el Campo de Gibraltar y ahí va a estar el Gobierno de España. Por cierto, muchos alcaldes de Gobiernos municipales alaban los
planes de empleo que pone en marcha la Junta de Andalucía: Roquetas de Mar, Huércal-Overa, Algeciras, Chipiona, Lepe, Alhama de Granada, Estepona; eso sí, hubo uno gobernado por el Partido Popular, Sevilla, con el señor Zoido, que tuvo que
devolver 6,3 millones de euros por no haber ejecutado planes de empleo que lideró la Junta de Andalucía. (Aplausos). Eso es lo que hace el Partido Popular cuando gobierna. (Aplausos.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se
perciben.-Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Hernando, continuamos con el turno de preguntas y usted no tiene la palabra, evidentemente.
- DEL DIPUTADO DON JAIME EDUARDO DE OLANO VELA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE HACIENDA: ¿SE HA INVENTADO LA AIREF LOS 1100 MILLONES DE EUROS DE RECAUDACIÓN POR LA SUBIDA DE LAS BASES
MÁXIMAS DE COTIZACIÓN? (Número de expediente 180/000844).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pregunta del diputado don Jaime Eduardo de Olano Vela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Señor De Olano.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente.
Señora Valerio, señora ministra, el cuajo es el suyo al hablar de empleo y de corrupción cuando hablamos de Andalucía. (Aplausos). Ustedes, que han saqueado más de 800 millones de euros de los parados andaluces, se atreven a acusar de
corrupción a alguien cuando se habla de empleo en Andalucía. Pero, señora Valerio, esto no es más que una prueba de la descomposición del Gobierno del señor Sánchez, un Gobierno que ya tiene dos ministros cesados y tres en la cuerda floja, que hace
constantes rectificaciones y desmentidos y en muchas ocasiones mentiras, burdas mentiras. Es tal el descaro de su Gobierno que hasta mintió por escrito en carta remitida a Bruselas el pasado 19 de octubre, en la que afirmaban contar con el aval de
la AIReF a su plan presupuestario cuando la AIReF no aprobó el informe hasta el 25 de octubre y, desde luego, no avala sus cuentas; es más, dice que la probabilidad de que se cumplan sus previsiones no llega ni al 50 % ni siquiera sumando 2000
millones en subidas de las cotizaciones sociales. Señora Valerio, hablaba usted de cuajo. ¿Cómo tienen el cuajo de mentir tan descaradamente y por escrito a la Unión Europea? Señora Valerio, la ministra Montero -a la que iba dirigida esta
pregunta, pero se la ha endosado a usted, ya lo siento- afirmó desconocer a qué se refería el presidente de la AIReF cuando aseguró la intención del Ejecutivo de subir las bases de cotización entre un 10 y un 12 % en 2019. ¿Mantiene usted que la
AIReF miente, señora Valerio?
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor De Olano.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, señor presidente.
Señor De Olano, yo nunca voy a venir a esta Cámara a defender ninguna corrupción, venga de donde venga; ustedes, sí, la suya es defendible y la de los demás atacable. Yo soy partidaria de atacar todas. ¡Ya les gustaría a ustedes que este
Gobierno estuviese en descomposición! Este es un Gobierno fuerte que está gobernando para defender los intereses de este país y velando por modificar todos los recortes de derechos y de libertades que hicieron ustedes en este país. Por tanto, este
Gobierno, aunque a ustedes les pese, tiene larga vida. Por cierto, le pido que tenga un poquito más de respeto a la AIReF. Como usted sabe, a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal le compete velar por el estricto cumplimiento de los
principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, función que realiza mediante la evaluación continua del ciclo presupuestario del endeudamiento público y el análisis de las previsiones económicas. El Gobierno considera que
dicha autoridad actúa con responsabilidad, autoridad y competencia y, en consecuencia, tiene el máximo respeto por sus análisis y estimaciones, cosa que parece que el Partido Popular no tiene.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Señor De Olano.
El señor DE OLANO VELA: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, no me ha contestado usted a la pregunta. ¿Cómo pueden afirmar el 19 de octubre que la AIReF avala sus cuentas cuando este informe se terminó seis días después, señora Valerio? Además, no avala, ni mucho menos, sus cuentas,
como he dicho anteriormente. No puede usted decirme
que yo no respeto a la AIReF cuando ustedes mienten afirmando un aval de la AIReF que no existe. Son ustedes lo que degradan a la AIReF y, desde luego, no el Partido Popular.
Decía usted que el suyo era un Gobierno fuerte y que ustedes defienden a todos los españoles. Pues le diré: a los autónomos, desde luego, no. Y, por cierto, tampoco me ha respondido a la primera pregunta: ¿Miente la AIReF cuando dice que
ustedes les han afirmado que van a subir entre un 10 y un 12 % las bases de cotización el año que viene? Y si quiere que hablemos de autónomos, le diré que estos más de tres millones de empresarios que generan más de un millón de empleos directos y
a los que ustedes han puesto en la diana de su inmensa voracidad fiscal con la subida del IRPF, del diésel, de la energía y sobre todo de esos dos mil millones... (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Gracias, señor De Olano.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL (Valerio Cordero): Gracias, señor presidente.
Señor De Olano, le rogaría que respete usted las mesas de negociación porque está dando por concluida una mesa de negociación que está abierta con las organizaciones de autónomos de este país y que también se tendrá que ver en la Mesa para
el diálogo social. Mire, el Gobierno de este país en estos momentos está firmemente comprometido con el mantenimiento de la sostenibilidad social y financiera del sistema público de pensiones, cosa que no han hecho ustedes cuando gobernaban.
Ustedes se encontraron la Seguridad Social con 67 000 millones de euros en el Fondo de reserva y lo han dejado con ¡8000!, 74 000 millones de euros sacados del Fondo de reserva, más de 22 000 millones de crédito y más de 9000 millones que sacaron
ustedes del Fondo de excedentes de las mutuas. En definitiva, no han adoptado ni una sola medida de mantenimiento del sistema público de pensiones desde el punto de vista financiero; 0,25 % de subida, eso sí, recortes, copago y medicamentazo a los
pensionistas de este país. Este Gobierno lo va a poner encima de la mesa, lo está haciendo ya en la Mesa para el diálogo social, se están debatiendo las recomendaciones del Pacto de Toledo para hacerlo social, política y financieramente sostenible.
Ustedes tuvieron que retrotraer unilateralmente su reforma del 2013 porque era insostenible política y socialmente. Sí. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
- DE LA DIPUTADA DOÑA SONIA FERRER TESORO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA: ¿CUÁLES SON LOS PLANES DEL GOBIERNO PARA COMBATIR LA DESPOBLACIÓN EN ANDALUCÍA?
(Número de expediente 180/000850).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Preguntas dirigidas a la señora ministra de Política Territorial y Función Pública. Pregunta de la diputada doña Sonia Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FERRER TESORO: Gracias, presidente.
Señora Batet, la despoblación se ha convertido en un problema grave en algunas regiones de nuestro país. En Andalucía hay síntomas en algunas zonas, sobre todo en los municipios rurales de menos de 5000 habitantes. Esta situación no es tan
acuciante como en otros territorios gracias a las políticas llevadas a cabo por el Gobierno andaluz, que han evitado la desaparición de los municipios. Me refiero a políticas tales como la extensión de la asistencia sanitaria en todo el territorio,
incluso en aquellos municipios de pequeña población, y el mantenimiento de los centros educativos en ámbitos rurales: tan solo con cuatro alumnos se crean nuevos centros. Esta es la realidad del sistema educativo andaluz, no la que nos quiere
hacer ver el Partido Popular. Fundamental: la mejora de las conexiones y de las infraestructuras que han posibilitado una mayor vertebración y cohesión en el territorio; o la defensa de los servicios públicos, centros educativos, sociales y
deportivos; la apuesta por el relevo generacional en el campo, que ha fomentado la incorporación de jóvenes al sector agroalimentario en Andalucía, así como políticas que apuestan por la promoción de la vivienda pública o por el fomento del turismo
interior. También ha sido clave la apuesta del Gobierno andaluz en materia de dependencia, casi 45 000 empleos creados en Andalucía desde la implantación del sistema. O las políticas de complemento de renta, como el Plan de Fomento del Empleo
Agrario, donde se ha ido incrementando la partida de la Junta de Andalucía.
Y algo que usted conoce bien, la financiación a los ayuntamientos: más de 3700 millones en los últimos siete años dedicados a que los ayuntamientos puedan hacer sus políticas municipales. Y se ha tenido en cuenta a los jóvenes a través de
los planes de empleo de la Junta de Andalucía. Respecto a las nuevas tecnologías, la implantación de banda ancha en todo el territorio rural.
En definitiva, políticas dirigidas a fijar la población al territorio, a crear oportunidades, a intentar que todos los andaluces, vivan donde vivan, no tengan ninguna diferencia. Porque se trata de eso, señora ministra, de igualdad; la
igualdad, que está en el ADN de la gestión socialista. La despoblación es el síntoma pero la enfermedad es la desigualdad. La lucha contra la despoblación es un reto que afecta a muchas administraciones. Por eso, le pregunto, señora ministra,
cuáles son los planes del Gobierno para combatir la despoblación.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ferrer.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Gracias, señor presidente. Gracias, señora Ferrer.
Ya he tenido ocasión de manifestar que el reto de la despoblación es uno de los mayores que tenemos que afrontar como Gobierno de España, pero también como sociedad española. Es un reto, por tanto, que hay que afrontar de manera conjunta.
Muchos podrían pensar que es algo que afecta solo a algunas comunidades autónomas o a algunas provincias, pero lo cierto es que afecta a todas las comunidades autónomas, también a Andalucía. La despoblación rompe los equilibrios demográficos,
sociales, económicos, de género y también ecológicos, y la despoblación también es la cara de una moneda, porque mientras unos se despueblan, otros se masifican y, por tanto, también genera problemas en las zonas urbanas.
Ante este desafío, la comisionada del Gobierno frente al Reto Demográfico ha iniciado ya de manera muy intensa el trabajo para presentar una estrategia nacional que afronte este reto en primavera de 2019. Pero el Gobierno ya ha tomado
medidas concretas en estos cinco meses, algunas especialmente relevantes y que afectan de manera muy positiva a Andalucía. Es el caso del decreto aprobado, que destina 80 millones de euros a subvenciones para el empleo de jóvenes de entre dieciséis
y treinta años que viven en municipios en riesgo de despoblación. Este decreto complementa, como usted decía muy bien, las políticas que la Junta de Andalucía ha estado impulsando durante todos estos años. También es relevante la orden aprobada
para garantizar la cobertura con banda ancha del 90 % de la población de los núcleos de menos de cinco mil habitantes, que son los que especialmente están en riesgo de desaparecer.
La repoblación y el equilibrio de todo el territorio es una cuestión de país, una cuestión de Estado y por ello este Gobierno está trabajando con las comunidades autónomas, con los entes locales y también con la sociedad civil y la
iniciativa privada para sumar a todos en este esfuerzo. La despoblación -lo decía usted muy bien- es una cuestión de igualdad, de libertad y de vertebración del territorio: de libertad para elegir dónde vives; de igualdad para que, vivas donde
vivas, tengas los mismos derechos y los mismos servicios, y la vertebración del territorio la vamos a construir entre todos y por eso el Gobierno de España solicita también la complicidad de todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
- DE LA DIPUTADA DOÑA LUCÍA MARTÍN GONZÁLEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ PIENSA HACER EL GOBIERNO PARA LIMITAR EL PODER DE LA BANCA EN ESPAÑA? (Número de expediente
180/000851).
La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida ahora a la señora ministra de Economía y Empresa. Pregunta de la diputada doña Lucía Martín González, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Adelante, señoría.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucia): Gracias.
¿Qué piensa hacer el Gobierno para limitar el poder de la banca?
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Gracias, presidenta. Muchas gracias, señora Martín.
Como usted sabe bien, el sector financiero es un sector sujeto a regulación y, por tanto, debe cumplir las normas que le son de aplicación.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucia): Quien avisa no es traidor, señora Calviño, y nosotras hace ocho meses ya propusimos que fueran los bancos los que asumieran el impuesto de las hipotecas. Fuimos el único grupo de la Cámara que lo
hizo. Ni PP, ni PSOE, ni Ciudadanos, ni PNV, ni PDeCAT nos apoyaron. A nadie le parecía mal que ese impuesto lo pagara la ciudadanía, pero, a pesar de sus negativas, nosotras seguimos insistiendo y hace solo un mes se lo dijimos otra vez en sesión
de control. ¿Recuerda su respuesta, señora ministra? Nos dijo que no lo tenía claro y que ya veríamos. Ha tenido que ocurrir el escándalo del Supremo para que, ahora sí, a todos los grupos y a su Gobierno les entren las prisas para decir lo
injusta que es la sentencia y la vergüenza que supone. Sinceramente, es bastante penoso constatar la poca valentía de la mayoría de los grupos cuando, lejos de los focos, son incapaces de pararles los pies a los bancos. La indignación que ha
causado esta nueva estafa de jueces y banqueros debe permitirnos entender que los impuestos son solo la punta del iceberg de una legislación hecha a medida de los privilegiados y que pisotea el derecho a la vivienda; tan a medida, por cierto, que
los fondos buitres se ven con la legitimidad de amenazarla a usted y a su Gobierno, ministra, precisamente para evitar que se regulen las subidas abusivas de los alquileres. Nosotras se lo decimos muy claro: cumplan su palabra, ministra, cumplan
el acuerdo, no solo con nuestro grupo parlamentario, sino con toda la ciudadanía, que está esperando una legislación que acabe con la especulación en los alquileres.
Y con las hipotecas, lo mismo. Comprométanse a apoyar nuestras propuestas dentro de la Ley de crédito inmobiliario que se está negociando. Dación en pago. Ningún desahucio sin alternativa habitacional, tal como dicen los informes de
Naciones Unidas. Evitar el aluvión de desahucios que se producirán si su Gobierno decide borrar del mapa los abusos de los bancos en los contratos que ya han sido firmados. Comprométase aquí y ahora, señora ministra, porque no queremos tener que
volver dentro de un mes a decirle que quien avisa no es traidor. No se trata de quién tiene razón ni de tener razón siempre, sino de asegurar que en este país quien manda es la ciudadanía y no los buitres y los bancos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra, adelante.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Señora Martín, la verdad es que con dos minutos y medio es imposible responder a la batería de cuestiones que usted ha puesto sobre la mesa. Quizá voy a empezar por lo último.
Por supuesto que en este país quienes gobiernan no son los buitres o los bancos; gobierna, entre otros, esta Cámara. Gracias a la interpelación que su propio grupo va a plantear más tarde, espero que tengamos ocasión de responder en más detalle a
todas las cuestiones que usted ha suscitado. Simplemente déjeme darle dos pequeñas pinceladas de lo que está haciendo el Gobierno.
En primer lugar, como he señalado, el sector bancario está sujeto a regulación: regulación prudencial, regulación de comportamiento, supervisión nacional y supervisión comunitaria. Por tanto, es imprescindible luchar contra los abusos y
garantizar la aplicación de la normativa vigente, pero, como ha dicho mi compañera, la señora Montero, esta misma mañana, no cabe demonizar el sector, atacar a todos los bancos y, en definitiva, negar la función que prestan canalizando los recursos
hacia las familias y las empresas.
En segundo lugar, este Gobierno está determinado a reforzar los mecanismos de protección y estabilidad del sector para que contribuya de forma positiva al crecimiento económico y beneficie al
conjunto de la sociedad. Por eso, estamos trabajando en la creación de una autoridad de protección del cliente financiero que espero que cuente con el apoyo de su grupo parlamentario y el del resto de grupos de esta Cámara. Estamos
trabajando en la creación de una autoridad macroprudencial para prevenir la creación de burbujas que tanto daño han causado a la estabilidad económica, financiera y política en nuestro país y, en definitiva, para reforzar otros elementos, como los
que van a ser protegidos y reforzados gracias a la adopción -espero que en fechas próximas- de la ley de crédito inmobiliario.
Por tanto, este es un Gobierno que escucha. Es un Gobierno consciente de la importancia de garantizar el buen funcionamiento del sector financiero y absolutamente comprometido con la defensa de la ciudadanía, como espero tener ocasión de
explicar en más detalle dentro de unos minutos cuando se plantee la interpelación. Déjeme terminar como he empezado, garantizando que la función del Gobierno y de esta Cámara tiene que ser proteger los intereses generales, los de las personas más
vulnerables y la seguridad jurídica del conjunto de la sociedad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, señoras y señores diputados, me comunican que en este momento se va a iniciar un simulacro de evacuación. Por favor, abandonen el hemiciclo y sigan las indicaciones de los equipos de emergencia.
Muchas gracias. (Se desaloja el hemiciclo).
Se suspende la sesión a las diez y cuarenta y cinco minutos de la mañana.
Se reanuda la sesión a las 11 de la mañana.
- DEL DIPUTADO DON OSKAR MATUTE GARCÍA DE JALÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: ¿QUÉ MEDIDAS PIENSA ADOPTAR EN EL CORTO Y MEDIO PLAZO SU GOBIERNO, ANTE LA ALARMANTE
SITUACIÓN ACTUAL, PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE LOS PUESTOS DE TRABAJO DE LA FACTORÍA LA NAVAL? (Número de expediente 180/000832).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Se reanuda la sesión.
Preguntas dirigidas a la señora ministra de Industria, Comercio y Turismo. Pregunta del diputado don Oskar Matute García de Jalón, del Grupo Parlamentario Mixto. Señor Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Buenos días.
Señora ministra, como bien conocerá, y más tras la reunión que mantuvo anteayer en Bilbao con trabajadores de La Naval, el astillero La Naval atraviesa una situación crítica, está sometida a un proceso de liquidación y su plantilla a un ERE
de extinción. Ante esa realidad, le queremos preguntar sobre las medidas que piensa adoptar su Gobierno en el corto y medio plazo ante esta situación crítica que le he descrito para el sostenimiento de la actividad industrial, así como para el
mantenimiento de los puestos de trabajo de la factoría La Naval.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Muchas gracias, presidente.
Señor Matute, efectivamente, como bien comenta, el lunes pude mantener una reunión de trabajo con el comité de empresa de La Naval, y me manifestaron en esa reunión que hace un año que llevaban pidiendo el Gobierno de España poder tener una
interlocución porque, como sabe, el problema de La Naval es un problema estructural, un problema derivado también de una mala gestión de la empresa. Pero este Gobierno está desde el primer momento en la cuestión, no hemos tardado más que unos pocos
días en ponernos a trabajar desde que lo conocimos y estamos comprometidos en dar una solución, como digo, a un problema estructural, un problema de mala gestión en el que además, como saben, estamos trabajando de forma coordinada también con el
Gobierno vasco y con los sindicatos
para de alguna manera forzar al armador Van Oord a la búsqueda de una solución. Hablaba usted de las soluciones y, como sabe, una solución a corto plazo es que se pueda acabar la draga y en eso es en lo que ahora mismo estamos centrando
todos nuestros esfuerzos, sin duda buscando el mantenimiento de la planta de La Naval en Sestao, esa margen izquierda tan importante para mantener el empleo de, como decíamos, más de 2000 familias que ahora mismo están preocupadas, en una situación
de incertidumbre, con responsabilidad, con rigor y con realismo. Ese es el trabajo, como digo, que desde el primer día que conocimos la situación de La Naval y esa fase de liquidación está realizando este Gobierno. Yo pude reunirme con el comité
de empresa y así se lo manifesté; me agradecieron que este Gobierno les recibiera, porque, como digo, hace un año que llevaban pidiendo interlocución con el Gobierno, y con esta responsabilidad esperemos que, juntos, esa unidad de acción dé sus
frutos y podamos mantener el empleo y la actividad productiva de una factoría tan importante para la margen izquierda del Nervión.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Matute.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señor presidente.
Coincido con usted, señora ministra, en una cuestión, y es que el problema o la realidad que afecta a la factoría o al astillero La Naval es un problema estructural, seguramente agravado por la mala gestión del anterior Gobierno, que no
niego. Siguen buscando inversores y siguen buscando la posibilidad de que La Naval siga vigente, pero no se aportan soluciones. Como digo, es un problema estructural que arranca de mucho antes, que arranca de la margen izquierda del Nervión, de
Ezkerraldea, que fue desindustrializada a la fuerza y que no ha encontrado soluciones industriales óptimas para revertir esa situación. Y lo que hoy nos plantean no es sino un parche o, ya que hoy está de moda, un simulacro, porque acabar la draga,
que no está mal, en absoluto significa que se pueda garantizar la viabilidad del proyecto industrial que significa el astillero La Naval. Y si los astilleros son un proyecto estratégico para cualquier Estado, para cualquier sector público, lo que
demandamos es una capacidad de incidencia mayor, un protagonismo mayor y, si cabe, una responsabilidad mayor porque responsabilidad mayor es la suya, porque el astillero La Naval fue un astillero público, un astillero que pertenecía a Navantia hasta
que hace diez años alguien decidió que dejara de serlo. Y si el sector naval es un sector estratégico, lo que tendría que hacer un poder público es garantizar que ese sector estratégico siguiera vivo porque es necesario para la viabilidad del
propio Estado, porque es necesario, como usted decía, que 2000 familias puedan seguir teniendo un futuro en la margen izquierda; que la margen izquierda no se convierta en un paseo de vestigios industriales o en un museo al aire libre, como algunos
pretenden, sino que tenga un futuro en la industria, que se aproveche el know how que existe y que, desde luego, se apueste por medidas que vayan más allá de la búsqueda de inversores coyunturales o de dragas coyunturales.
Nosotros demandamos que se apueste por un rescate público y que se apueste por una lectura a fondo y exhaustiva del derecho comunitario para ver que es posible un rescate público y que a partir de ahí podamos garantizar un proyecto
industrial a medio y largo plazo para Ezkerraldea, para la margen izquierda, porque imagino que si para Alcoa es importante, porque imagino que si para la Bahía de Cádiz es importante, quiero imaginar que para todos ustedes el desarrollo futuro de
la margen izquierda del Nervión, de Ezkerraldea, también será importante.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Gracias.
Señor Matute, compartimos, efectivamente, la preocupación y compartimos también que tenemos que buscar soluciones. Le he dicho que la solución a corto plazo, también analizada con el comité de empresa y que todos entendíamos que era una
solución importante, es terminar la draga, que son veinte meses de trabajo. Por supuesto, es una solución transitoria y estamos trabajando ahora en una solución que dé garantía y que dé sostenibilidad a La Naval, como dice, una empresa importante
para la margen izquierda y sin duda el Gobierno... (Aplausos).
- DEL DIPUTADO DON MIGUEL ÁNGEL HEREDIA DÍAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA A LA SEÑORA MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO: ¿QUÉ PERSPECTIVAS TIENE EL GOBIERNO EN RELACIÓN CON EL TURISMO? (Número de expediente
180/000849).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
Pregunta del diputado don Miguel Ángel Heredia Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista.
Señor Heredia, adelante.
El señor HEREDIA DÍAZ: Gracias, señor presidente.
Señora ministra, España es una potencia mundial en turismo, somos el segundo país en turistas y también en ingresos, pero el anterior Gobierno del Partido Popular cometió importantes errores: recortó la mitad del presupuesto en turismo,
recortó los viajes para personas mayores con la importancia que esto tiene para mantener el empleo en temporada baja e incluso impulsó prospecciones petrolíferas en Baleares, Canarias y la Costa del Sol, llegando a decir que eso era bueno para
nuestro sector. Fruto de algunos de esos errores explica que el número de pernoctaciones entre enero y julio del presente año hayan bajado en nuestro país, fundamentalmente en Canarias y en Cataluña, aunque en Andalucía han crecido. Ese es el
dato.
Frente a la imagen negativa que el Partido Popular pretende dar, algo estaremos haciendo bien. Frente a la política del Partido Popular de insultar a nuestros niños y niñas, de meterse con nuestro acento y de negarse a coger la bandera
blanca y verde (rumores), la realidad es que llevamos cinco años consecutivos creciendo y en 2018 vamos a crecer. Lo único que le interesa al señor Casado del turismo en Andalucía es que su candidato se estrelle cuanto antes en las elecciones y
mandarlo de turismo, pero para nuestra presidenta, Susana Díaz, el turismo es una prioridad. Este año se va a alcanzar la cifra récord de 30 millones de turistas, 400 000 empleos y unos ingresos que superarán los 20 000 millones. Esos son datos
que nos parecen fundamentales.
¿Qué estamos haciendo bien en Andalucía? En Andalucía lo que estamos haciendo bien es favorecer el entendimiento entre sindicatos y empresarios y apoyar a las pymes. También estamos planteando romper con la estacionalidad, plantear como
alternativa a sol y playa el turismo sostenible de interior, colaborar financieramente con los municipios para poner en valor su patrimonio cultural artístico y hacer una importante promoción turística.
Señora ministra, el turismo es un motor económico muy importante de nuestro país, representa el 15 % del producto interior bruto y también cientos de miles de empleos. Por tanto, hay que corregir las políticas que fallaron con el Partido
Popular, mirar un modelo que funcione, como es el caso de Andalucía, apostar por crear empleo estable de calidad y con salarios decentes y terminar con la temporalidad. Por eso le pregunto, señora ministra, qué perspectivas tiene su Gobierno con
relación al turismo. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Heredia.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO (Maroto Illera): Gracias, señor presidente.
Señor Heredia, comparto su diagnóstico. Efectivamente tenemos unas buenas perspectivas para este año en materia de turismo, a pesar de que algunos alarman sobre que se está produciendo una hecatombe en el sector turístico. No es así. Le
puedo decir que los datos son positivos, vamos a acabar el año con más de 82 millones de visitantes internacionales y con un gasto turístico que va a aumentar en torno al 3 %. El sector turístico está dando unos resultados muy positivos, y -bien lo
ha dicho usted- lo está haciendo a pesar de la ausencia de las políticas del anterior Gobierno del Partido Popular, un Gobierno que recortó casi a la mitad los recursos en materia turística, y hoy efectivamente estamos viendo que hay una necesidad
de hacer inversiones, sobre todo en aquellos destinos maduros, una necesidad que van a recoger los Presupuestos Generales de 2019. Espero que en esta Cámara, en materia de turismo -un sector que para España representa el 11 % del PIB, casi tres
millones de puestos de trabajo-, estemos a la altura los grupos parlamentarios para sacar unos presupuestos que son buenos para el turismo y para los, como digo, casi tres millones de trabajadores que están en el sector.
Hablaba usted de calidad del empleo, y claro que estamos trabajando, y ha sido este Gobierno el que ha incidido en la calidad del empleo. Quiero agradecer a la ministra de Trabajo que en menos de dos
meses llevara al Consejo de Ministros el plan director por el empleo digno, un plan director que para el sector hotelero ha permitido mejorar las condiciones laborales de 13 200 personas; en menos de tres meses hemos mejorado las
condiciones laborales de 13 200 personas, mujeres y hombres que trabajan en el sector de la hostelería. Además hemos reconocido enfermedades profesionales, el túnel metacarpiano, que tanto afecta a las camareras de piso. Pido responsabilidad.
Tenemos una modificación del artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores en esta Cámara. Está parado y las camareras de piso lo están esperando. Y hay una necesidad, como digo, de mejorar también y de evitar esa externalización. Pido
responsabilidad a todos los grupos de la Cámara para que en poco tiempo pueda ver la luz la modificación de este artículo, el 42.1, y podamos seguir avanzando en la calidad del empleo del sector hotelero. Este Gobierno es responsable y está
trabajando con el sector y con los trabajadores, pensando en el futuro del sector y en la creación de riqueza y empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LOS MECANISMOS DE CUMPLIMIENTO DE LOS DICTÁMENES Y MEDIDAS CAUTELARES ESTABLECIDAS POR EL COMITÉ DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES DE NACIONES
UNIDAS. (Número de expediente 172/000160).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): A continuación, pasamos a tratar las interpelaciones dirigidas al Gobierno. En primer lugar, interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre
los mecanismos de cumplimiento de los dictámenes y medidas cautelares establecidas por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Mayoral Perales.
El señor MAYORAL PERALES: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me gustaría reconocer el trabajo que realizan cotidianamente los activistas en defensa de los derechos humanos, que poniendo el cuerpo se juegan la integridad y la libertad para impedir violaciones flagrantes de derechos
humanos, como son los desalojos forzosos sin alternativa habitacional. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Es una vergüenza para mí, y creo que para muchos compatriotas, que aquellos que defienden los derechos humanos
se tengan que enfrentar hoy a procedimientos penales por impedir violaciones flagrantes de nuestros compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Creemos que es una situación insostenible y que no tiene sentido desde ningún punto de
vista. En primer lugar, esta interpelación estaba dirigida a la ministra de Justicia, porque entendemos que es la responsable de enviar a los diferentes juzgados las resoluciones emitidas por el Comité DESC de Naciones Unidas para que sea efectivo
su cumplimiento por parte de los tribunales y los juzgados en España.
Desgraciadamente, nosotros preguntamos por justicia, nosotros preguntamos por derechos humanos, y el Gobierno nos quiere responder con economía; y quien va a responder a esta interpelación va a ser la ministra de Economía.
Desgraciadamente, nosotros esperamos que el Ministerio de Justicia o que la ministra de Justicia no solo quieran hablar del conflicto catalán, que no solo quieran hablar del monotema al que permanentemente nos tienen sometidos PP y Ciudadanos, y
quieran hablar de cuáles son los problemas que cotidianamente afectan a los sectores populares. Eso es lo que le pedimos al Gobierno, que tenga la valentía política de entrar al fondo de las cuestiones y que entienda que los compromisos
internacionales en materia de derechos humanos de nuestro país se tienen que cumplir, que son una obligación de todos los poderes del Estado, que son una obligación del Ejecutivo, que son una obligación del Legislativo y que son una obligación,
también, del Poder Judicial.
En cualquier caso, hemos de decir que si quieren que hable la ministra de Economía de derechos humanos nos parece bien. Nos parece bien, pero debemos recuperar el concepto de economía tan olvidado en estos tiempos; ese sistema del que se
dotan los seres humanos para satisfacer sus necesidades en un entorno de recursos escasos; aquello que dio origen, precisamente, a que en la Declaración Universal de Derechos Humanos se incluyeran también los derechos económicos, sociales y
culturales,
porque sin derechos económicos, sociales y culturales no hay democracia. Y hemos de decir que nuestra democracia está recortada, en la medida en la que no se cumplen estas obligaciones internacionales.
Quiero recordar que España firmó en 2009 el Protocolo facultativo del pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales, y en 2013 lo ratificó. Al ratificarlo, España, a través del artículo 96 de la Constitución española, y
a través del artículo 10 de la Constitución española, asume en su ordenamiento interno ese protocolo facultativo y asume en su ordenamiento interno el pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Eso significa que debe ser
reconocido por todos los poderes del Estado. Ahí sí habría la posibilidad para que las personas que vieran violados sus derechos económicos y sociales pudieran reclamar ante una instancia internacional, el Comité DESC de Naciones Unidas, una
persona física que encontrara violaciones flagrantes en materia de derechos económicos y sociales. En esa medida, los Estados, el nuestro también, se comprometen a garantizar que esas resoluciones serán respetadas, que las autoridades competentes
las harán propias y harán todo lo que esté en su mano para que se puedan cumplir. Precisamente esas resoluciones van a tener dos fórmulas. (Rumores). Una serán los dictámenes, léase resoluciones, dictámenes análogos a sentencias judiciales, y
léase cautelares. Cuando digo que son análogos a las sentencias judiciales no lo digo porque me haya inspirado nadie, sino fundamentalmente por las cosas que escribe el Tribunal Supremo en sus sentencias, que deja muy claro, se lo recuerdo al
Gobierno y les invito a que se lea la Sentencia 2747/2018 del Tribunal Supremo, referido a otra convención en contra de la discriminación de las mujeres... (Continúan los rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.
El señor MAYORAL PERALES: ... en las que nuevamente nos encontramos ante el problema de la inexistencia, en teoría, de mecanismos para el cumplimiento de las resoluciones de este comité en España. Ante esta situación y ante este debate
jurídico, el Tribunal Supremo ha sido tajante al respecto. El Tribunal Supremo dice con mucha claridad que la convención entra en nuestro ordenamiento jurídico interno, que debe ser cumplida, y que la inexistencia de un protocolo concreto para el
cumplimiento de sus resoluciones no exime de responsabilidad al Estado. Este no es un asunto menor, y no lo es en la medida en que nuestro país ha tenido ya, a estas alturas, decenas de procedimientos ante el Comité DESC de Naciones Unidas. En
concreto, tenemos un dictamen adoptado el 27 de junio de 2017, relativo a desalojos forzosos sin alternativa habitacional, donde además se compele al Estado, en primer lugar, a acatar las resoluciones y, en segundo lugar, a modificar el orden
jurídico interno.
Esto es algo que esta Cámara acogió de forma unánime en una moción no hace muchos meses y que, desgraciadamente, no se está cumpliendo en ninguna de las iniciativas legislativas que se han realizado hasta la fecha, empezando por los
desalojos exprés promovidos por el PDeCAT, que fueron aprobados de forma fervorosa por otros grupos políticos y recurridos por nuestro grupo ante el Tribunal Constitucional, como la ley de crédito inmobiliario, que en estos momentos se encuentra en
proceso de ponencia en esta Cámara.
Quiero recordar al mismo tiempo que, junto a esos dictámenes, nos encontramos con que los informes anuales realizados por el Comité DESC de Naciones Unidas vuelven a llamar la atención a nuestro Estado instándole a que adopte un marco
legislativo que establezca requisitos y procedimientos adecuados para llevar a cabo desahucios o desalojos forzosos e incorpore principios de racionabilidad, proporcionalidad y recurso efectivo, siendo esto último algo que desgraciadamente en
nuestro país no se cumple en ninguno de los procedimientos en los que se ve afectado el derecho a la vivienda. Seguimos bajo el dictado de primero te ejecuto y discutimos después, sin que exista en estos momentos ningún mecanismo de coordinación
que garantice una alternativa habitacional, cuando las observaciones generales del Comité DESC de Naciones Unidas dicen con mucha claridad que no puede haber desalojos forzosos sin alternativa habitacional mientras existan recursos suficientes para
proveer dicha alternativa. Señorías, hay 3 400 000 viviendas vacías, muchas de ellas en manos del Sareb, es decir, pagadas por la gente trabajadora de este país. En un momento en el que están aterrizando fondos buitre que atacan edificios enteros
poniendo en cuestión el derecho a la vivienda de población vulnerable, vemos cómo existe una absoluta incapacidad para poner freno a la voracidad de los buitres en nuestro país. Es cierto que nosotros en estos momentos hacemos mayor hincapié en las
personas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, pero yo estuve en un edificio amenazado por una inmobiliaria propiedad del Banco de Santander -edificio A Patiña, en la provincia de La Coruña- en el que viven personas
especialmente vulnerables amenazadas de desahucio. En una asamblea que tuvimos con los afectados había personas que hablaban de situaciones durísimas por su especial vulnerabilidad; una vecina en concreto decía que
ella no estaba en una situación tan vulnerable, pero que iba a estar al lado de las personas con especial vulnerabilidad lo que hiciera falta, porque cualquier día cualquiera de nosotros y nosotras podía sufrir un percance, podía tener un
resbalón y ahí tenía que estar el Estado. Ahí tenemos que estar todos y todas para que nadie se quede tirado en el camino. (Aplausos).
Quiero recordar lo que dice el Tribunal Supremo sobre el carácter vinculante y obligatorio para el Estado de los protocolos facultativos, y quiero recordarlo porque se olvida. Quiero decir que hace falta formación a los jueces que les
explique los artículos 10 y 96 de la Constitución, que se los recuerde una y otra vez para que sepan que los dictámenes de Naciones Unidas en materia de derechos humanos se tienen que cumplir, y que las sentencias del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea se tienen que cumplir aunque les moleste a los bancos. (Aplausos).
Señorías, este año, el 24 de agosto de 2018, se creó por parte del Ministerio de Justicia la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional, Relaciones con las Confesiones y Derechos Humanos. A esta dirección general es donde
llegan las resoluciones cautelares del Comité DESC de Naciones Unidas cuando existe un problema de flagrancia ante la violación de derechos humanos a personas en situación de especial vulnerabilidad, personas que se encuentran ante la inminente
violación de un derecho; y el comité dicta medidas cautelares que dirige al Estado y llegan a manos de la Abogacía del Estado. La pregunta es por qué se obliga a las personas afectadas a tener que ir con una fotocopia al juzgado para que este
reconozca o no esa resolución cuando dicha resolución está en manos de la Abogacía del Estado. ¿Por qué se les obliga a eso? El resultado es que de las veintisiete cautelares solo se han cumplido diez y hay diecisiete vulneraciones flagrantes de
derechos humanos de las que yo en esta tribuna quiero hacer responsable al Ministerio de Justicia. (Aplausos). No es tan difícil enviar un mail, no es tan difícil enviar un fax, no es tan difícil decir desde el Ministerio de Justicia a los
juzgados competentes que ese desalojo forzoso no se puede ejecutar porque es una violación de derechos humanos y es obligación del Estado cumplir esas resoluciones.
Pedimos algo muy sencillo, cumplir la legalidad, y queremos decir que, en cambio, qué solícito está el Ministerio del Interior para crear operativos que desalojan personas, como ocurrió en Parla con una mujer de 67 años en situación de
vulnerabilidad y sin recursos económicos. Ahí no hubo ningún problema para ponerse en contacto y para tener un dispositivo policial que sacase de en medio a los activistas de derechos humanos, que son los que están defendiendo la legalidad
internacional ante la dejación del Estado. (Aplausos). Creemos que esa es una situación absolutamente inadmisible, y nosotros y nosotras vamos a estar al lado del movimiento popular, al lado de los defensores de derechos humanos y lo vamos a decir
una y mil veces: Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Mayoral.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Economía y Empresa.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.
Señorías, señor Mayoral, empiezo lamentando que le decepcione que sea yo la que vaya a responder a sus preguntas, pero estará de acuerdo conmigo en que la interpelación va mucho más allá que el simple planteamiento de que hay que cumplir las
resoluciones; está usted hablando de temas sustanciales, de temas importantes que se relacionan con derechos económicos y, por eso, haré lo posible por responder a la cuestión de fondo que usted plantea.
Déjeme comenzar manifestando mi más absoluto acuerdo con usted en la defensa de la vivienda como un derecho social, como un derecho que, en última instancia, es indispensable para ejercer con dignidad otros derechos humanos, políticos y
civiles, y que es un elemento importante de los derechos económicos, sociales y culturales a los que usted se ha referido. Así lo reconoce nuestra Constitución, así está recogido en otras cartas fundamentales que España tiene suscritas, como la
Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es en este ámbito -como en el resto de ámbitos- en el que el Gobierno actúa sobre la base de un principio
fundamental que guía nuestra acción: la defensa del interés general. Eso pasa, por supuesto, por la protección de los colectivos más vulnerables. Tiene usted toda la razón cuando dice que todos nosotros, cualquiera de nosotros podemos
encontrarnos en esa circunstancia a lo largo de nuestra vida y, por eso, es fundamental que todos los poderes del Estado, que todos los poderes públicos protejan a aquellos colectivos más vulnerables cuando viven situaciones como la que usted cita:
los desahucios de personas en situación de especial vulnerabilidad, por ejemplo, o incluso cuando no hay una alternativa habitacional; este es un grave problema, surgido al calor de la crisis económica y financiera de
los últimos años, que ha generado situaciones muy difíciles y dolorosas y que tenemos que tener en mente en todo momento.
Además de la protección de los más desfavorecidos, el interés general también nos exige pensar en preservar los sistemas que han permitido que casi el 77 % de las familias españolas tengan una vivienda en propiedad. Como ha dicho mi
compañera, la ministra de Hacienda, hay que tener cuidado y no demonizar todo un sistema, sino tratar de atender a aquellas situaciones, evitar los abusos y tratar de proteger a los colectivos más vulnerables sin por ello poner en riesgo un sistema
que sí canaliza recursos hacia las empresas y las familias. Teniendo en mente este interés general, estamos trabajando para conseguir un sistema de acceso a la vivienda que funcione de forma correcta, que goce de seguridad jurídica y que evite los
abusos, como he dicho anteriormente. Para ello estamos actuando en tres ámbitos: desde el Ministerio de Economía y Empresa, mejorando la regulación hipotecaria e incrementando la protección de los ciudadanos; desde el Ministerio de Fomento, para
facilitar el acceso a la vivienda, y desde el Ministerio de Justicia, mejorando los mecanismos de coordinación para detectar cuanto antes situaciones de vulnerabilidad, como aquellas a las que usted se ha referido, para que puedan ser cubiertas por
los servicios sociales correspondientes. Todos estos aspectos son cubiertos por los dictámenes del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas que usted ha mencionado, dictámenes que, si bien no son vinculantes, señalan
circunstancias o lagunas que desde los poderes públicos debemos tratar de solventar. Como he dicho anteriormente, más allá de que se trate o no de dictámenes que sean vinculantes o asimilables a las sentencias del Tribunal Supremo, yo creo que lo
importante no es discutir tanto esta cuestión formal como tratar de solventar las cuestiones de fondo que se suscitan.
Aquí me aparto de usted, puesto que no comparto su valoración de que estas cuestiones no estén siendo tratadas por las iniciativas legislativas que vienen a esta Cámara. El Gobierno está actuando de forma decidida en los tres ámbitos que le
he señalado y permítame comenzar por mi ámbito de responsabilidad y lo que estamos haciendo desde el Ministerio de Economía y Empresa: por ejemplo, el proyecto de ley de crédito inmobiliario, presentado por el anterior Gobierno y que está
actualmente en tramitación en esta Cámara. En estos días se están produciendo reuniones entre los distintos grupos parlamentarios que están siendo apoyadas desde el punto de vista técnico por nuestro Gobierno. Creo que puede ser una respuesta
importante, aparte de las carencias que usted ha señalado que tiene. Por eso, estamos impulsando desde el primer día con carácter prioritario avanzar en este ámbito. Se trata de la trasposición de una directiva que justamente nació con la voluntad
de incrementar la protección de los clientes hipotecarios; se trata de un proyecto, como decía, que está siendo mejorado -creo- en su paso por la Cámara con mejoras sustanciales, por ejemplo, aumentando el número de impagos que tienen que
producirse para que se pueda declarar el vencimiento anticipado; reduciendo la comisión por reembolso anticipado por parte del cliente más de lo que se preveía en el proyecto de ley original, en particular para las hipotecas a tipo variable;
facilitando la anulación de las cláusulas que no cumplan lo exigido por la ley e incrementando la formación del personal que comercializa préstamos inmobiliarios sobre los derechos de los prestatarios, la formación sobre estos derechos y la
conciencia de la obligación de protegerlos. Es más, se está discutiendo una modificación para dejar más claro que esta ley no afectará a los procedimientos de ejecución que ya se han iniciado con anterioridad y que actualmente están paralizados
para evitar que se puedan reactivar de forma masiva, estos procedimientos de ejecución, cuando se adopte la ley que está actualmente en tramitación, precisando que esta normativa solo será de aplicación a los contratos firmados a partir de su
entrada en vigor. Ayer mismo se ha llegado a un acuerdo para clarificar quién debe hacerse cargo de los gastos que conlleva firmar un crédito hipotecario, dejando por parte del cliente únicamente la tasación y para las entidades financieras el
resto de gastos. Como usted probablemente sabe, y es un último punto importante a señalar, en 2012 se aprobó un código de buenas prácticas bancarias que obliga a las entidades financieras adheridas a ofrecer a los clientes con contratos firmados
hasta esa fecha y que cumplan determinados requisitos socioeconómicos diferentes opciones antes de ejecutar una hipoteca. Según el último informe de la comisión de seguimiento del código de buenas prácticas que hoy mismo va a ser remitido al
Congreso de los Diputados, hasta junio de 2018 se han acogido a este procedimiento casi 54 800 deudores hipotecarios; de ellos, 46 800 han accedido a una reestructuración de su deuda y en casi 8000 casos se ha acordado la dación en pago; de ahí la
importancia de la posibilidad que se está examinando por parte de los grupos parlamentarios en el contexto de la negociación de la ley de crédito inmobiliario de introducir en la ley una enmienda que haga que este código de buenas prácticas sea de
aplicación permanente; es decir, las entidades adheridas, que actualmente son casi todas las entidades financieras, deberán aplicar el código a todos los préstamos
hipotecarios y no únicamente a los firmados antes de 2012. Eso supone que los ciudadanos en situación de vulnerabilidad que hayan firmado o vayan a firmar un contrato hipotecario podrán agotar todas las posibilidades que ofrece el código
para reestructurar su deuda o acceder a una quita antes de perder su vivienda o entregarla en dación con un alquiler social cuando no exista otra alternativa.
Creemos que estas son las medidas que la ciudadanía está reclamando y tratamos de avanzar lo antes posible en la protección de sus derechos. Por eso, como decía hace un momento, es urgente llegar a un acuerdo con esta ley para que sus
beneficios se apliquen cuanto antes y también para evitar la cuantiosa multa que puede que tenga que pagar nuestro país, España, y en última instancia los contribuyentes españoles, si no adoptamos esta ley lo antes posible, dado el retraso que ya
acumulamos en la trasposición de la directiva a la que me he referido.
Un segundo ámbito de actuación -y ya termino con lo que hace el Ministerio de Economía- es la creación de una autoridad de protección del cliente financiero para encargarse de forma integral de las reclamaciones relativas a la banca, los
valores, los seguros y los fondos de pensiones. Nuestra intención -y en este sentido estamos trabajando con los supervisores, con el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores- es que esta autoridad pueda emitir dictámenes que
sean vinculantes para las entidades financieras. Es decir, se trata de dar una respuesta eficaz a través del ordenamiento jurídico e institucional de nuestro país a la situación de los ciudadanos. Tenemos también la intención de que los ciudadanos
no tengan que pagar nada por acudir a esta autoridad de protección y no necesiten ni abogado ni procurador para ver protegidos sus derechos en esta instancia.
Además de las acciones que estamos impulsando desde el Ministerio de Economía, el Ministerio de Fomento -usted lo sabe muy bien porque es parte del acuerdo al que se ha llegado con su formación política-, el Gobierno en este ámbito está
actuando para proteger a quienes sufren dificultades para acceder a una vivienda o directamente ya la han perdido. Por eso, desde que este Gobierno inició la Comisión Delegada de Gobierno para Asuntos Económicos, creó un grupo interministerial para
tratar el tema de la vivienda. El Gobierno se ha comprometido a incrementar progresivamente el presupuesto anual de vivienda, incrementar el parque de viviendas en alquiler social en colaboración con otras administraciones -usted se ha referido a
este tema- y a empoderar a los ayuntamientos para que puedan intervenir en caso necesario.
Finalmente, el Ministerio de Justicia, como usted ha señalado, es el competente para la coordinación de la actuación y las relaciones con los organismos internacionales. Desde el Ministerio de Justicia se está trabajando para mejorar la
coordinación en este ámbito, tanto con los órganos judiciales como con los servicios sociales, autonómicos y locales para evitar que puedan producirse desahucios de familias especialmente vulnerables o sin una alternativa habitacional. Nuestra
intención es que sea obligatorio contar con un informe de los servicios de bienestar social en caso de desahucio, para que las administraciones competentes puedan ayudar a las familias afectadas -familias en la situación que usted ha descrito de
forma tan clara y tan pasional- del modo que mejor se adapte a sus circunstancias, en línea con las últimas recomendaciones que nos ha hecho Naciones Unidas. Igualmente, el Ministerio de Justicia está estudiando la posibilidad de avanzar hacia
procedimientos civiles rápidos y eficaces por los que, en colaboración con los servicios sociales, se puedan identificar los casos de personas especialmente vulnerables, de modo que el propio juzgado pueda arbitrar dentro del proceso de ejecución
hipotecaria medidas para su protección.
En conclusión, señor Mayoral, creo que está claro que este Gobierno ha puesto el carácter social de la vivienda en el centro de su agenda política al combinar acciones de emergencia en el corto plazo con iniciativas de carácter estructural,
pensando en el medio y el largo plazo. Estamos completamente decididos a mejorar las garantías legales y procesales para todos y, especialmente, para las personas afectadas en ejecuciones hipotecarias y desahucios que cuentan con menos recursos
económicos. Coincidimos con usted en que en muchos de estos casos estamos hablando de la necesidad de respetar y proteger los derechos más fundamentales de familias muy vulnerables, con niños, con mayores, con discapacitados a cargo. Por eso, y
porque este Gobierno respeta profundamente los dictámenes de organismos con tanta autoridad como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas pero, sobre todo, por convicción, estamos actuando en multitud de frentes
para asegurarnos de que se hacen efectivas todas sus recomendaciones, sean o no vinculantes, porque lo importante no es tanto cumplir con la forma, sino hacer frente a los problemas de fondo a los que todos debemos responder desde todos los poderes
públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Mayoral, tiene la palabra.
El señor MAYORAL PERALES: Señora ministra, la verdad, no sé si es el agua que dan en el Ministerio de Economía o algo, pero su respuesta me recuerda mucho a las respuestas que me daba el señor Guindos en esta Cámara. No lo puedo evitar.
Yo pregunto por el principio de legalidad y usted me habla de la ponencia de ley de crédito inmobiliario. Yo estaría encantado -si quiere, no hay ningún problema- a instarla en una interpelación urgente para que usted y yo podamos debatir aquí
acerca de los contenidos de la ley de crédito inmobiliario. Yo voy a estar encantadísimo, pero yo le he preguntado por otra cosa; yo le he preguntado por el artículo 9 de la Constitución, que es el cumplimiento del principio de legalidad y, la
verdad, no me deja de sorprender que usted, como ministra del Gobierno, aquí arriba, en esta tribuna, no tenga claro que los dictámenes del comité DESC son vinculantes. Yo le vuelvo a recomendar la sentencia del Supremo: Tenemos que resaltar que
el dictamen que emana de un órgano creado en el ámbito de una normativa internacional por expresa previsión del artículo 96 de la Constitución española forma parte de nuestro ordenamiento interno tras su ratificación y publicación en el Boletín
Oficial del Estado; que, por imponerlo el artículo 10, las normas relativas tal y tal... son obligatorias, son vinculantes. De verdad, la invito a que lo lea; invito al conjunto del Gobierno, a la ministra de Justicia también, porque han creado
un órgano y usted me dice que están tomando todas las medidas, que está en el centro y que están muy preocupados. Pues es muy sencillo, ¿por qué no ponen un fax? ¿Por qué cuando llegan las cautelares del Comité DESC de Naciones Unidas, desde el
Ministerio de Justicia, teniendo una dirección general, no se envía un fax al juzgado en respeto al principio de legalidad, artículo 9 de la Constitución española? ¿Se va a cumplir con la población el artículo 9 de la Constitución española o, como
estamos en conflicto con las entidades financieras y con los fondos buitre, las entidades financieras y los fondos buitre van a seguir estando por encima de la ley? Esa es la pregunta que yo le estoy haciendo al Gobierno, no es otra. (Aplausos).
Y a esa pregunta, desgraciadamente, no me contestan.
Ustedes están preocupadísimas por que se demonice a las entidades financieras y a los fondos buitre. Sinceramente, a mí en este caso me hubiera gustado poder tener un debate en materia de derechos humanos con la ministra de Justicia porque
sé que de estas cosas sabe. En este país se han producido violaciones sistemáticas de derechos humanos contra la población vulnerable por parte de las entidades financieras y el Estado, lejos de proteger a la gente, se ha puesto al lado de las
entidades financieras. Ante las violaciones sistemáticas de derechos humanos hay principios internacionales que se tienen que cumplir: verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Esa es la obligación del Estado. La desgracia es la
impunidad de las entidades financieras en perpetrar violaciones de derechos humanos contra la población trabajadora de nuestro país; la impunidad es absoluta y creemos que eso es precisamente lo que nos lleva a situaciones tan graves como esta. Le
pedimos simplemente que se cumpla el principio de precaución; no nos hable de que van a utilizar el comodín de la llamada ante las situaciones difíciles, de que cuando se detecte una situación difícil en un juzgado van a llamar a los servicios
sociales. No; primero se para el desalojo y luego llaman; si no, nos encontramos con que al final es jugar a la pelota entre las diferentes administraciones públicas. No se ejecuta la violación de derechos humanos y luego seguimos hablando del
resto.
Ya que ha mencionado usted la cuestión del derecho hipotecario y todas estas cuestiones, quiero decirle que las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también son vinculantes y le invito a que lea la primera de todas, la
sentencia del caso Aziz, y me explique por qué ustedes, igual que hizo el señor De Guindos, no modifican el artículo 698 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, donde se nos está planteando que no tenemos derecho a la defensa sino que nos ejecutan
primero y discutimos después. Eso, ya en la primera sentencia nos decían que era ilegal. ¿Sabe usted que poner sanciones a un Estado no solo se hace por incumplir los plazos sino por incumplir reiteradamente la legislación europea? ¿Sabe que
nuestro país está incumpliendo de forma reiterada las obligaciones en el ámbito europeo para proteger a los bancos en contra de la población trabajadora? ¿Sabe que nos pueden poner una sanción y que lo vamos a pagar entre todos y todas? Pues
parece que usted no lo sabe. Y sabemos porqué se hace la modificación y se eleva a rango de ley el código de buenas prácticas, ¡claro que lo sabemos!, porque hay una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que dice que ese código de
buenas prácticas no se puede alegar en un procedimiento judicial y no puede ser una herramienta defensa. Si quiere hablar de derecho hipotecario, le pedimos, en primer lugar, que hablemos del derecho a la defensa. Si tiene dudas, yo la invito a
que hable con la señora Margarita Robles, a la que conocí hace muchos años cuando
todavía era vocal del Consejo General del Poder Judicial y yo era un picapleitos que defendía a gente en situación de vulnerabilidad y fuimos a hablar con el Consejo General del Poder Judicial precisamente para plantear que la gente se
estaba enfrentando a procedimientos judiciales sin defensa, porque a la gente, en las demandas de ejecuciones hipotecarias que les arruinaban la vida, les echaban de su casa y condenaban a deudas perpetuas, ni tan siquiera se les informaba de que
tenían derecho a un abogado de oficio y a la justicia gratuita. ¿Sabe usted lo que provocó eso? Decenas de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria en indefensión. ¿Y sabe lo que es eso? Atentar contra los principios más básicos del
derecho a un juicio justo. Aquí se ha ejecutado a la gente y se han violado sus derechos para proteger a las entidades financieras, y nosotros queremos decirle que nos ponemos del lado del principio de legalidad, que queremos que los bancos y los
'buitres' cumplan la ley y eso significa que el Estado se tiene que poner del lado de la gente y sentarle la mano de una vez por todas a los responsables de la crisis y del sufrimiento de nuestro pueblo: las entidades financieras y los fondos
buitre. Nosotros no tenemos duda de quienes son; si quiere, le damos nombres y apellidos de los responsables.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Mayoral.
Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Economía y Empresa.
La señora MINISTRA DE ECONOMÍA Y EMPRESA (Calviño Santamaría): Muchas gracias, presidenta.
Señor Mayoral, permítame que aproveche estos últimos minutos para fijar unas cuantas ideas fundamentales y sobre todo para que no haya ningún equívoco ni confusión con lo que yo he dicho.
En primer lugar, le insisto en que este Gobierno comparte, respeta y asume en su totalidad el papel de la vivienda como un derecho social. Esto está reconocido en nuestra Constitución, en las cartas que hemos suscrito. Y de la misma manera
suscribimos, por supuesto, el principio de legalidad. Las personas, las empresas, las instituciones financieras, todos, tenemos que cumplir con la ley y por eso el sector financiero está sometido a una regulación particularmente amplia desde el
punto de vista prudencial, desde el punto de vista de su comportamiento. El principio de legalidad, por supuesto, hay que cumplirlo.
En segundo lugar, el Gobierno es plenamente respetuoso con los dictámenes y recomendaciones que nos llegan de instituciones multilaterales, sean o no vinculantes. A mí me parece que mejor que pasar el tiempo discutiendo si son o no
vinculantes o si son asimilables a las sentencias judiciales, que por supuesto son de obligado cumplimiento, lo importante es dar respuesta a los problemas que usted está planteando, que me parece que son muy pertinentes. Para ello estamos muy
centrados en lograr actuaciones preventivas; es decir, un marco jurídico que nos ayude a proteger a los ciudadanos y a evitar esas situaciones indeseables que usted ha descrito, que me parecen tremendamente preocupantes, que me parecen un problema
muy grave al que hay que dar respuesta, por eso creemos que hay que tener un marco jurídico que prevenga, que establezca mecanismos de protección antes, y además tenemos que realizar acciones reactivas a corto o largo plazo cuando la ejecución
hipotecaria es inevitable para evitar que los colectivos más débiles queden desamparados o que se conculquen sus derechos. Yo creo que he sido absolutamente clara y que la acción del Gobierno desde el primer día en que hemos tomado esta
responsabilidad es absolutamente inequívoca en este sentido.
A mí me parece que más que lanzar diatribas contra unos u otros lo mejor es utilizar los instrumentos legales a nuestro alcance para mejorar el marco, y creo que esto es lo que procede en una sede parlamentaria, como la que tenemos aquí, en
particular cuando tenemos entre nuestras manos determinadas normas que puedan dar respuesta a estos problemas. No se trata de evitar una discusión sino más bien de tratar de encauzarla hacia aquellos instrumentos que están bajo nuestro control y
que actualmente están siendo discutidos en la sede parlamentaria para garantizar que se persiguen los abusos, que hay un marco jurídico protector y que en definitiva estamos dando respuesta a los problemas de los ciudadanos que es la prioridad de
nuestro Gobierno. En este contexto, lamento francamente que usted considere que todos los instrumentos que estamos impulsando y las mejoras que los grupos parlamentarios están introduciendo en la normativa aplicable no valen para nada. Yo no
comparto esa evaluación. Me parece que el trabajo que se está haciendo en el marco del crédito inmobiliario es absolutamente válido, muy valioso, y por eso insto a todos los grupos a que sigan avanzando en este sentido. Creo que las mejoras que se
han introducido -y que yo he desgranado en la primera parte de mi respuesta-, mejoras que pasan por la mayor información a los ciudadanos, por aumentar la responsabilidad de las instituciones financieras y de las personas en el ámbito del consejo,
de la evaluación de la capacidad de pago de las personas. También, por reforzar la responsabilidad y el papel de los notarios en todo este
proceso; garantizar que los ciudadanos están bien informados con un plazo suficiente; aumentar los umbrales para poder llevar a cabo una ejecución hipotecaria; elevar a rango legal el código de buenas prácticas, que puede que a usted le
parezca irrelevante pero a mí me parecen importantes una serie de conductas que han beneficiado a miles de personas, como le he indicado y hoy vamos a informar a esta Cámara, porque ese tipo de normas, de medidas precautorias y de acciones antes del
lanzamiento de la vivienda han llevado a mejorar las condiciones para muchas personas, y me parece que elevarlo a rango legal no tiene que ser considerado como una cuestión baladí o menor. Asimismo, garantizar que no se van a reactivar los
desahucios que estaban en marcha cuando se adopte la ley de crédito inmobiliario. Todas estas medidas y todas estas mejoras me parece que son absolutamente valorables, absolutamente positivas y que tenemos que apoyarlas. Por lo menos en el
Ministerio de Economía y Empresa, desde el primer día que tomé posesión de mi responsabilidad, lo que estamos haciendo es prestar nuestro apoyo decidido, sin ninguna duda, a todos los grupos parlamentarios desde el punto de vista técnico para poder
mejorar el grado de protección, como lo hice también desde Europa cuando tuve que ver con la adopción de la directiva correspondiente en mis responsabilidades anteriores. Es decir, que lamento que usted no valore las mejoras porque me parece que
esto es lo que hay que discutir en la sede parlamentaria.
En definitiva, señor Mayoral, creo que está claro el marco en el que se mueve este Gobierno. Este Gobierno es sensible a las necesidades de las personas; es un Gobierno que escucha, que reflexiona, que trata de llegar a acuerdos con todos
los grupos parlamentarios y que actúa con celeridad y con la máxima responsabilidad, como hemos puesto de manifiesto con el real decreto-ley de modificación del impuesto de actos jurídicos documentados, teniendo en cuenta la protección del interés
general y muy en particular de aquellas personas más vulnerables.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LA CONCESIÓN DE INDULTOS A LOS LÍDERES SEPARATISTAS. (Número de expediente 172/000161).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la concesión de indultos a los líderes separatistas.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Señora presidenta, señorías, hace ahora justo un año se produjo en nuestro país un acontecimiento gravísimo, un acontecimiento que algunos creíamos haber confinado de una vez por todas en el pasado, en otro siglo,
en otro milenio, me refiero al golpe contra nuestra democracia y contra el Estado de derecho perpetrado en Cataluña por los partidos independentistas; un verdadero golpe de Estado. Aquellos hechos de otoño marcaron la mayor crisis constitucional
de nuestra historia democrática y, con todo, conseguimos neutralizarlo. El Gobierno debe de recordar muy bien cómo se paró aquel golpe porque el presidente estaba allí. Bueno, el presidente o el señor Pedro Sánchez, pero uno de los dos estaba
allí. (Rumores). Y el Gobierno debe recordarlo, es obligado, no podemos perder la memoria, no en una cuestión de esta trascendencia. Miren, durante el mes de septiembre de 2017 tuvo lugar en el Parlament de Catalunya la voladura controlada de
nuestro ordenamiento jurídico, del autogobierno catalán, reflejado en el Estatut, y de la Constitución española que lo garantiza; una voladura controlada por los partidos independentistas, que hicieron uso y abuso de su exigua mayoría parlamentaria
para, en un simulacro de democracia procedimental, atropellar los derechos de la oposición, subordinar a los funcionarios de la Administración pública a una opción política, cercenar la separación de poderes y, en último término, subvertir la
legalidad para instaurar un régimen nuevo. Derribados el Parlamento de Cataluña, su Mesa, su cuerpo de letrados, su reglamento, el Estatuto de Autonomía y la Constitución e ignoradas las sentencias de los tribunales, incluyendo las del Tribunal
Constitucional, Cataluña quedó en un limbo en el que no operaban las leyes. Recordarán que algunos la llamaban la Dinamarca del Mediterráneo. Este régimen nuevo había echado a andar aun antes de haber ensayado el referéndum de mentirijillas
programado como trámite el 1 de octubre. Pero si era de mentira el referéndum y si con mentiras se llamó a los ciudadanos a participar despreocupadamente en un hecho delictivo gravísimo, no fueron de mentira las consecuencias de aquella
irresponsabilidad. Y esa era la grave situación que vivía mi país, nuestro país, España, hace solo un año. Sinceramente, señorías, no sé si a ustedes les sucede, pero yo, cuando echo la vista atrás, todavía siento escalofríos.
Los hechos, como digo, eran muy graves, pero algo había empezado a cambiar también. Todos los pilares de nuestro Estado de derecho y la sociedad civil dieron respuesta a este desafío con una entereza y madurez para muchos insospechada.
Ellos serían desde el mismo día 3 de octubre los héroes de la resistencia constitucional y los artífices de la restauración de la legalidad que nos permitió recuperar la normalidad en Cataluña. Fue crucial el mensaje del rey, que trazó una línea de
unidad a los partidos del bloque constitucionalista. Fue y es decisivo el papel de los jueces a los que demasiadas veces hemos cargado con decisiones que quizás deberían haber sido políticas. Fue revelador también que miles de empresas, ante la
inestabilidad y la falta de seguridad jurídica que se anunciaban, trasladaran sus sedes fuera de Cataluña. Y, por último, la idea excluyente, sectaria y supremacista de un solo pueblo se terminó de derrumbar cuando un millón de personas llenó
Barcelona de banderas catalanas, españolas y europeas. (Aplausos). Esa firme reacción colectiva permitió que, tras la declaración unilateral de independencia -luego suspendida-, el Gobierno de la nación tuviera toda la legitimidad y toda la
fortaleza para aplicar el artículo 155. Ministra, no sé si ha empezado a recordar. Y sí, Pedro Sánchez apoyó la aplicación del artículo 155 para detener un golpe de Estado en Cataluña, eso fue hace un año, pero, como decía Heráclito, nadie se baña
dos veces en el mismo río y, añado yo, nadie estrecha dos veces la mano del mismo señor Sánchez. Ahora hay un nuevo Pedro Sánchez en la Moncloa.
Me he permitido recordarle esos sucesos del otoño porque, como decía al principio, el Gobierno de Pedro Sánchez -el Gobierno del que usted forma parte, señora ministra- parece víctima de un episodio de amnesia, solo así se pueden entender
los acontecimientos que han tenido lugar en España en los últimos meses. ¿Cómo ha pagado el señor Sánchez a quienes defendieron la democracia y la Constitución el otoño pasado frente a un golpe orquestado por los nacionalpopulistas? Pues ha pagado
convirtiendo a los golpistas en los socios de su Gobierno, hipotecando a su favor la Presidencia del país y atacando día a día desde esta tribuna a los representantes del consenso constitucional. Señora ministra, ustedes, o el señor Sánchez,
pretendieron engañarnos. Les dijeron a los españoles que la mayoría de la moción no sería una mayoría de gobierno, sino solo una alianza circunstancial para derribar al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Pero sus hechos les desmienten; ustedes han
levantado el control de las cuentas de la Generalitat como primera acción de su Gobierno; ustedes han aceptado la reapertura de las embajadas separatistas en el exterior; han trasladado a los políticos del procés en prisión preventiva a cárceles
de Cataluña gestionadas por el señor Torra; han concedido al señor Torra un trato preferente y bilateral, hasta permitirle -déjeme decirle que sin sonrojo- pasearse por la sede de la Presidencia del Gobierno de España con el insultante símbolo del
lazo amarillo en la solapa; han prometido a los separatistas la recuperación de la parte del estatut declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Ustedes no han hecho nada mientras los edificios públicos de Cataluña se llenaban de
símbolos políticos excluyentes e insultantes para la mayoría de los catalanes y, desde luego, para el conjunto de los españoles. Por último, el presidente Sánchez, en una última pirueta, ha desautorizado al candidato Sánchez renunciando a
actualizar el delito de rebelión.
Ministra, la amnesia es muy peligrosa, especialmente cuando con ella se pretende llegar a un olvido vergonzante, porque, ministra, somos muchos los que tememos que el Gobierno está preparando el indulto para los que dieron un golpe de Estado
en Cataluña, y en ese sentido se han manifestado varios miembros del Ejecutivo y del Partido Socialista. Hay que recordar algunas de esas manifestaciones como, por ejemplo, las del primer secretario del PSC, don Miquel Iceta, que en la campaña
electoral del 21D, cuando apenas se había iniciado la causa penal, ya se mostró reiteradamente partidario de otorgar el indulto a los responsables del golpe de Estado, del golpe al Estado de derecho en Cataluña. Igualmente, la delegada de su
Gobierno, la delegada del Gobierno en Cataluña, doña Teresa Cunillera, se manifestó recientemente, el pasado mes de septiembre, partidaria del indulto en el caso de que los golpistas, una vez condenados, cumplieran un requisito gravísimo: que
pidieran el indulto. Todas estas declaraciones solo pueden redundar en la deslegitimación de nuestra justicia y, además, han corrido en paralelo a las manifestaciones de miembros muy significativos de su Gobierno en las que se han mostrado
contrarios a medidas personales, a medidas cautelares acordadas en la causa judicial. Ahí están las declaraciones del ministro de Fomento, el señor José Luis Ábalos, en una entrevista a TV3 el pasado 9 de septiembre; del ministro de Exteriores;
de la ministra de Política Territorial, doña Meritxell Batet, o ya en la cúspide -digamos- de su Gobierno de la vicepresidenta, doña Carmen Calvo, el 23 de septiembre en La Vanguardia. Y mientras los miembros de su Gobierno y del Partido Socialista
hacían todas estas manifestaciones de deslegitimación de las actuaciones de la justicia, el presidente
Sánchez calla. Calla cuando en esta Cámara fue preguntado por Albert Rivera reiteradamente si indultaría a los presos del procés. Y mire, señora ministra, su Gobierno, usted y el presidente Sánchez tienen que entender que esta cuestión de
la que estamos hablando es su Jura de Santa Gadea constitucional, por eso le voy a preguntar, y lo reiteraré a lo largo de esta interpelación, ¿es el indulto a los golpistas de Cataluña el precio a pagar por el alquiler de la Moncloa? ¿Va su
Gobierno a indultar a los presos del procés? Tiene que contestar estas preguntas, señora ministra. Si no las contesta, si no lo hace hoy, seguiremos formulándoselas a lo largo de esta legislatura, porque esas respuestas no nos las debe a nosotros,
no se las debe a Ciudadanos, no se las debe a los diputados de esta Cámara, se las debe al conjunto de los españoles, se las debe a los 45 millones de españoles, se las debe a los votantes socialistas que les dieron sus votos -yo creo- para que
hicieran otra cosa. Y su silencio -el silencio de su Gobierno- es un mal augurio, señora ministra. La sombra de la impunidad ha empezado a sobrevolar la política española y, de producirse esa impunidad, ministra, estaríamos hablando de una
humillación para todos los españoles y muy significativamente para los que defendieron la democracia, la Constitución y el Estado de derecho hace un año en Cataluña. Sería también la constatación de que esa igualdad ante la ley que consagran
nuestras leyes y nuestra Constitución para ustedes no es tal cosa. Sería la aceptación de que no todos somos iguales ante la ley, de que mientras las leyes son exigentes y justas para el ciudadano de a pie, que debe observar su estricto
cumplimiento, hay unas élites independentistas que no están sujetas a las mismas normas que todos.
Mire, señora ministra, los jueces de este país han demostrado no hacer distingos a la hora de impartir justicia, usted lo sabe bien. Por mucho que ustedes, el Partido Popular y ahora también Podemos, que usted y el señor Catalá deslegitimen
esa independencia del Poder Judicial, ese pilar del Estado de derecho y de la separación de poderes, con sus pactos para repartirse la tarta del Consejo General del Poder Judicial, por mucho que ustedes hagan eso, lo cierto es que en España los
jueces han demostrado una imparcialidad a la hora de impartir justicia. En España han sido condenados exministros, ha sido condenados banqueros, ha sido condenado el director del FMI o, por ejemplo, condenado y encarcelado el yerno del rey. Y
ahora dígame si ante esta situación podrían quedar impunes los responsables de un golpe de Estado. Dígame, ¿tan poderosos son? ¿Tan importantes y graves son los compromisos que ustedes han adquirido con estos golpistas? ¿Tanto poder ostentan
sobre el Gobierno de España? Como le decía, el conjunto de los españoles y -vuelvo a reiterar- muy especialmente los millones de votantes socialistas necesitan saber que su Gobierno y sus instituciones democráticas no son chantajeables, no son
influenciables por quienes quieren romper nuestro país. Tiene usted ahora la oportunidad de subir aquí, disipar esas dudas y dar las seguridades que le están pidiendo los españoles, pero tiene que contestar a esa pregunta: ¿piensa su Gobierno,
piensa el presidente Sánchez, indultar a los acusados por el golpe de octubre de 2017? Conteste a esa pregunta, ministra.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Prendes.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta, señorías.
Señor Prendes, tengo que responderle diciendo que contestar aquí ahora, en este momento, es un ejercicio muy difícil, no porque no pueda contestar a algo de lo que pueda ser responsable o no porque quiera ocultar algo. Fíjese, señor
Prendes, la dificultad en esta interpelación radica en que se dan por sentadas muchas cosas que todavía no se han producido. Por ello creo que es importante explicar a la ciudadanía dónde estamos, cómo estamos, cómo se conceden indultos o cómo se
deniegan indultos.
Como bien saben, señorías, y como bien sabe, señor Prendes, la vigente Ley del indulto data de 1870. A través de esta ley se establecen las reglas, las normas, el sistema y el procedimiento para conceder o no un indulto. Esta ley tiene 32
artículos y además tiene una disposición adicional; uno de sus capítulos se dedica a explicitar quiénes pueden ser indultados, otro establece qué tipos de indulto hay y un tercer capítulo de esta norma se dedica a establecer el procedimiento para
conceder o no el indulto. Solamente el inicio del articulado de esta norma ya es una mala noticia para usted, señor Prendes, porque el artículo 1 de la ley en vigor señala que cualquier reo -repito: cualquier reo- por cualquier delito puede ser
indultado. Es decir, la actual Ley de indultos, por ejemplo, no establece excepciones y ustedes están pidiendo a este Gobierno que se comprometa -con esta norma- a negar siquiera esa posibilidad a los encausados de la causa especial que se está
tramitando en el Supremo, algo que por sí mismo, señoría, sería contrario a la ley. Pero, lejos de conformarse con pedir al Gobierno que cometa una ilegalidad, ustedes, que tanto
dicen defender la Constitución española, el principio de igualdad y el principio de presunción de inocencia, de un plumazo privan de sus derechos a los actualmente acusados. Porque ya se han adelantado, señor Prendes, les han juzgado, les
han condenado, se han adelantado a los jueces del Supremo y les consideran culpables de un delito de rebelión por los actos acontecidos en octubre de 2017, y todavía estas personas ni siquiera han sido enjuiciadas.
Mire, la grandeza de un Estado de derecho está precisamente en asegurar que todos los ciudadanos tengan derecho a un juicio justo, todos los ciudadanos sin excepción, en situación de igualdad. No importa de qué hecho se les acuse, todos los
ciudadanos tienen derecho a ser oídos por un tribunal imparcial, a presentar sus argumentos -los que estimen necesarios y convenientes para su defensa- y a ser juzgados con todas las garantías. Esta es la base de un Estado de derecho. Y este
Gobierno, señorías, con independencia de las opiniones que podamos tener cada uno de nosotros -en unos casos personales y en otros casos jurídico-penales-, va a respetar la presunción de inocencia de todos los ciudadanos y no se va a adelantar a los
tribunales porque es a ellos y solo a ellos, a los tribunales, a quienes les compete juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, y solo si se produce este juicio y solo si se produce la condena la legislación en España contra indultos tendría, en su caso,
virtualidad.
Otra mala noticia, señor Prendes. El artículo 2 de la Ley del indulto señala que no cabe indulto para aquellos que no hubiesen sido condenados por sentencia firme. Por tanto, en la situación actual no existe el que sería objeto pasivo del
indulto al no existir en este momento personas condenadas por sentencia firme. Podemos subirnos también al carro de los futuribles o de la ficción. Vamos a suponer que el Tribunal Supremo, tras un proceso reglado, con las debidas garantías para
los acusados y una vez analizadas todas las pruebas y celebrado el juicio oral, condenase. Nos movemos en el terreno de las hipótesis y vamos a insistir siempre en dejar hacer a los jueces, esto que vaya por delante. Pero seguimos en esa
suposición de que son condenados los acusados. La Ley del indulto vigente tampoco se pone de su lado para sostener una teoría de la conspiración entre grupos. En primer lugar, porque el artículo 2 también exceptúa de la posibilidad de indulto que
tienen todos los reos en España a aquellos que no estuviesen a disposición del tribunal sentenciador para el cumplimiento de la condena que se les hubiese impuesto. Es decir, que aquellos que no estuviesen en España a disposición de la justicia no
podrían siquiera pensar en la posibilidad de indulto en tanto que no regresasen a España, se pusiesen a disposición de las autoridades españolas, además fuesen enjuiciados, además fuesen condenados y además la sentencia deviniese en firme. Fíjense
ustedes la de circunstancias que tienen que concurrir para poder empezar a hablar o a plantearse el indulto.
Para el resto de los procesados, aun en el caso de haber sido condenados, la Ley de indultos vigente establece determinados requisitos para solicitar el indulto. Vuelven a hacer aquí, señor Prendes, un ejercicio de ficción al dar por seguro
que esas personas o cualquier otra en su nombre, aun siendo condenadas por sentencia firme, solicitasen el indulto, que es otro de los requisitos que exige la Ley de 1870, del indulto. Es decir, fíjese dónde vamos: ustedes ya les han condenado, la
sentencia ya es firme, ya han traído a España a los procesados que estaban en el extranjero, se les ha acusado, se les ha enjuiciado, se les ha condenado, además han solicitado indulto por sí o por mediación de terceros... Pues es un ejercicio de
ficción. Pero es que además hacen falta otros requisitos para la concesión del indulto, y vamos avanzando porque creo que la ciudadanía tiene que conocer cómo funciona el indulto, no solamente porque ustedes hagan una pregunta al Gobierno. Todas
las peticiones de indulto, con independencia de quién las realice, tienen que ser remitidas al tribunal sentenciador para ser informadas. Eso es lo que dice el artículo 23 de la Ley de indulto. El artículo 24 además establece que se hará un
informe también por el fiscal y además, si hubiere persona ofendida, también tendría que hacer un informe. Por tanto, se trata de una nueva suposición.
La ficción política es poco recomendable. Las decisiones que se deben tomar en este ámbito deberían estar algo más apegadas a la realidad para evitar expectativas defraudadas o directamente para no caer en manipulación o simplemente
mentira. Por muchas cualidades que ustedes pueden atribuir, señor Prendes, una que es de todo punto increíble es la de la videncia. No podemos ser videntes. Pueden atribuirse cualidades en el ámbito de la creación literaria y podemos entrar en un
nuevo género como es el de la justicia ficción, pero la cualidad de la videncia la verdad es que no es nada creíble. Por eso, creo que su intervención en esta Cámara es grave, porque directamente está dando por sentado hechos que ni siquiera se han
producido, y solo para desgastar al Gobierno, y solo como utilización política. Ustedes pretenden atribuir a este Gobierno no solo hechos que ni siquiera han ocurrido, que no se han producido, sino que además pretenden que nosotros cometamos
ilegalidades adelantándonos muy bien a no se sabe
qué. Pues no, no es posible; y además no nos van a encontrar ahí, señor Prendes. A este Gobierno solamente le van a encontrar trabajando por la convivencia, por tratar de poner fin a la peor crisis constitucional que ha vivido este país
en las últimas cuatro décadas, en recuperar lazos que nunca debieron romperse en Cataluña, para reducir la tensión que ustedes y los señores del Partido Popular inflaman cada día solamente y ver si se saca o se deja de sacar uno u otro voto más, si
se rasca o no se rasca un voto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
Señor Prendes, tiene la palabra.
El señor PRENDES PRENDES: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, si yo subí a esta tribuna en mi primera intervención preocupado, ahora no estoy preocupado, estoy aterrado ante su respuesta. (Aplausos). Mire, queda claro que esos presagios de la mano de las declaraciones -porque se las
he citado- de miembros de su Gobierno, de significativos miembros del Partido Socialista, aventuran lo que ustedes están dispuestos a hacer, que es la traición a los valores constitucionales y la traición al pueblo español indultando los golpistas
del golpe dado en Cataluña en octubre de 2017. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Silencio.
El señor PRENDES PRENDES: Usted tenía que contestar aquí a una pregunta muy sencilla y en términos políticos, señora ministra, en términos políticos. En veinticinco años de ejercicio profesional me ha tocado pedir muchos indultos; me
conozco la Ley del indulto. ¿Se la conocen también sus compañeros de partido, que registraron una proposición de ley en esta Cámara para modificar esos artículos que usted ha citado hoy y, por ejemplo, impedir que se pudiesen conceder indultos a
los condenados por delitos de violencia de género o los delitos de malversación de fondos públicos o de corrupción? Usted ahora ha hecho un canto a que todos los condenados en este país tienen que tener el mismo derecho al indulto, ¿desautoriza,
por lo tanto, a su propio partido? ¿Desautoriza esa iniciativa? Probablemente lo haga, porque ayer ya hicieron la maniobra de dilatar la ponencia donde se estaba debatiendo esa ley para no enfrentarse a las enmiendas que el Partido Popular y que
nosotros habíamos registrado. Ese es un indicio más que acredita que están dispuestos a cometer esa traición a los valores constitucionales. Lo digo así, con todas las palabras.
Y no me hable de presunción de inocencia. Yo le he formulado una pregunta clarísima. Le he hablado de los acusados por el golpe independentista de octubre de 2017, los acusados; ahora mismo son acusados. Por lo tanto, si quiere le añado
más, le acoto más, le preciso más la pregunta, en el caso de que sean condenados, por supuesto. Pero se lo digo, se lo vuelvo a reiterar, ¿están dispuestos a indultar a los hoy acusados por ese golpe independentista en el caso de que sean
condenados por sentencia firme? Y no me hable de presunción de inocencia, no me hable de un juicio justo. ¿Acaso usted cuestiona la trayectoria de esta instrucción? ¿Acaso usted está poniendo en duda que estamos ante un juicio justo y que se les
están dando todas las garantías, todas, las que le corresponde a cualquier persona que se enfrenta ante una acusación de delitos graves ante un tribunal? Yo creo que no, yo creo que están disfrutando de todos los derechos de defensa que les
reconoce nuestra Constitución, absolutamente de todos, y así tiene que ser. Por lo tanto, estoy seguro de que la acusación se ha concretado después de un juicio absolutamente justo.
Y mire, no me hable de los requisitos, no me diga 'es que será hipotético que alguien, o ellos mismos u otra persona en su nombre'... Señora ministra, otra persona es un hombre, ¡si no les van a faltar personas que en su nombre pidan ese
indulto! Tienen portavoces aquí sobrados que se lo van a pedir. Es que vuelvo a decir, importantes representantes de su partido, del partido que apoya a su Gobierno, lo han pedido ya, y lo han pedido cuando se estaba iniciando la causa judicial.
A usted, como fiscal, ¿qué le parecería? ¿Qué le parecería a usted que en un procedimiento en el que estuviese actuando como fiscal y ejerciendo la acusación, antes incluso de que se hubiera concretado dicha acusación, hubiese ya diputados
o representantes políticos que dijeran que para esas personas con las que usted está trabajando arduamente ante los tribunales da igual cuál sea la sentencia, que da igual que les condenen o que les absuelvan porque esos señores no van a cumplir la
condena que ustedes les impongan ya que por voluntad política de su Gobierno les van a sacar libres a la calle al día siguiente?
¿Qué le hubiera parecido a usted cuando era fiscal? De eso es de lo que estamos hablando, señora ministra.
Usted hablaba de los requisitos que establece la ley para la concesión de los indultos. Pues bien, hay una condición tácita a todo indulto, y es que con el mismo no se cause perjuicio a terceras personas o no se lastimen sus derechos. Con
ese indulto ustedes lastimarían los derechos de todos los españoles, sería una verdadera acta de impunidad generalizada que perjudicaría al conjunto de los ciudadanos españoles y lastimaría sus derechos, sobre todo porque se trata de personas que no
han mostrado ni el más mínimo arrepentimiento. Y no solo eso, sino que han mostrado su voluntad de reiterar en el delito, de reiterar en los mismos hechos que les han llevado a estar sentados en el banquillo por esas acusaciones gravísimas.
Yo creo que lo que necesitamos es claridad en las respuestas y veo que usted no está en esa disposición. Sería bueno que las diese el presidente Sánchez -sería bueno que él diese esa respuesta-, que les dijese con claridad a todos los
españoles que es voluntad política de su Gobierno rechazar ese indulto sea cual sea la sentencia, en el caso por supuesto de que se produzca sentencia condenatoria. Este es un punto de inflexión para esta legislatura. Esta legislatura no puede
continuar adelante con esa sombra de duda. Los españoles no pueden continuar confiando en un Gobierno que va a saltarse los principios y valores constitucionales, que va a hacer mangas y capirotes de los cuarenta años de trayectoria democrática que
hemos construido entre todos, con muchísimo esfuerzo por parte del pueblo español, y que ustedes ahora con la concesión de ese indulto se cargarían directamente de un plumazo.
Señora ministra, el pueblo español no se merece eso y nosotros no le vamos a permitir que deje de contestar esa pregunta y que siga haciendo escapismo en un asunto de absoluta importancia. Por tanto, si no lo hace hoy tendrá que contestar
la semana que viene, o la siguiente, y, como le digo, esta es su jura de Santa Gadea constitucional, esto es lo básico que tiene que defender cualquier Gobierno de España: la Constitución, la ley y la democracia. Defiendan esto hoy aquí y, si no,
convoquen elecciones y dejen a los españoles que tomen ellos las decisiones que ustedes no están dispuestos a tomar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Prendes.
Para concluir el debate tiene la palabra la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Prendes, en primer lugar yo he hablado no de una reforma de la Ley de indulto, sino de la legislación actualmente vigente, con la Ley de indulto en la mano. En segundo lugar, quiero decirle que lo que hecho desde esta tribuna ha sido
defender el Estado de derecho, defender la legalidad vigente, defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos, estén encausados, estén condenados o hayan sido absueltos.
Usted ha hecho referencia al trabajo de jueces y fiscales. En este sentido, le diré que en el desarrollo de un juicio como fiscal me habría afectado profundamente que me hubieran estado indicando cuál debía ser el sentido de la calificación
jurídico-penal desde ámbitos políticos. Es más, lo de menos es que pueda afectar al ministerio fiscal, pero a los jueces hay que dejarles trabajar con tranquilidad, sin interferencias, respetando la función jurisdiccional, que es lo que hace este
Gobierno, respetar la independencia del Poder Judicial, el ejercicio jurisdiccional de jueces y tribunales y la autonomía del ministerio fiscal. Por tanto, señor Prendes, esta función la está desarrollando el Gobierno plenamente.
Habla usted de determinadas opiniones que se han vertido sobre este tema. Se trata de opiniones que simplemente pretendían rebajar el tono de la conversación, una conversación que está inflamada por ustedes y por el Partido Popular solo
para sacar rédito político a esta situación. Para que se pueda hablar de indulto -repito- tiene que haber un juicio oral, tiene que existir una sentencia condenatoria, esta sentencia condenatoria tiene que devenir en firme y después de esto se
puede iniciar un procedimiento de indulto. Sí o sí. Por lo tanto, señor Prendes, intentar ahora hacer especulaciones sobre el indulto, sí o no, es una actuación que solo busca -y usted lo sabe- rédito político para sus posibles expectativas y
además, señor Prendes, no respeta el Estado de derecho porque el Estado de derecho tiene algo que es fundamental, unos cauces procesales, que supongo que usted conoce y que se tienen que respetar. No vamos a interferir -se lo aseguro- en la
independencia judicial, como no lo hemos hecho con la autonomía del ministerio fiscal. Nuestro deber y nuestra función justamente es el respeto del Estado de derecho, que es la base de nuestra convivencia y de nuestra democracia, señor Prendes.
(Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias, señora ministra.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, A LA MINISTRA DE JUSTICIA PARA QUE EXPLIQUE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS COMO MINISTRA DIRIGIDAS A CONDICIONAR E INFLUIR EN LOS TRABAJOS Y ANÁLISIS, BASADOS EN CRITERIOS TÉCNICOS, DE LOS
FUNCIONARIOS DE JUSTICIA EN EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE VELAR POR LA LEGALIDAD VIGENTE Y EL INTERÉS GENERAL EN EL ÁMBITO DE SUS RESPONSABILIDADES EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA. (Número de expediente 172/000162).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la ministra de Justicia para que explique las acciones emprendidas como ministra dirigidas a condicionar e
influir en los trabajos y análisis, basados en criterios técnicos, de los funcionarios de Justicia en el desempeño de sus funciones de velar por la legalidad vigente y el interés general en el ámbito de sus responsabilidades en el Ministerio de
Justicia. Por dicho grupo, tiene la palabra para su defensa la señora Escudero Berzal.
La señora ESCUDERO BERZAL: Presidenta.
Señora Delgado, hace a penas cuatro meses compareció en la Comisión de Justicia para exponer las líneas generales de lo que iba a hacer usted en su gestión. Y tras releer su intervención, con la perspectiva del tiempo transcurrido -que nos
ha permitido conocerla y ver de lo que es usted capaz- puedo concluir con toda certeza que pasará usted a la historia del Ministerio de Justicia -y deseo sinceramente que sea pronto- como la más indigna de tal cargo. En aquella ocasión dijo que
pondría todo su esfuerzo en la consecución de una Administración de Justicia más transparente, más igualitaria, más justa, más próxima, que iba a dedicarse a trabajar para que la justicia recuperara el lugar que le corresponde, restaurando para ella
la credibilidad que no tenía. Y aquí estamos, señoría, probablemente en el momento de mayor desafección de los españoles hacia nuestro sistema judicial.
En su intervención aludió en varias ocasiones a la idea del servicio público, de servir al interés general. Y para ello cualquier persona que ostenta un cargo público necesita el concurso de los funcionarios públicos, pues este es el
equilibrio necesario, señoría, para garantizar que realmente se busca el interés general por encima de las inclinaciones partidistas de los cargos políticos. Todos los funcionarios públicos sirven a la Administración, no al partido de la ministra.
Han accedido a su empleo por méritos y capacidad, no por intereses políticos. Son imparciales, objetivos e íntegros en el desarrollo de su trabajo, y por ello los políticos, señora ministra, respetamos sus informes y dictámenes porque se basan en
consideraciones técnicas, asépticas a cualquier carga ideológica que provenga de sus superiores políticos. Su sometimiento al Gobierno de turno es orgánico, no ideológico, y su actividad va orientada a respetar la Constitución y el ordenamiento
jurídico, y esto, señora Delgado, usted debería saberlo mejor que nadie porque antes de ser ministra era funcionaria, aunque no creo yo que ahora sus compañeros funcionarios estén muy contentos con usted. Usted es reincidente; ya lo vimos con su
actitud ante la defensa o no defensa del juez Llarena y en las últimas semanas hemos sabido otra vez cómo desde el Gobierno se entorpece el trabajo de los funcionarios de la Administración General del Estado y, en concreto, del personal del
Ministerio de Justicia con orientaciones políticas alejadas de los criterios técnicos y del análisis y trabajo que estos realizan velando por la legalidad vigente y el interés general. Usted ocupa el palacete de San Bernardo, pero se cree que está
en la calle Ferraz, señora ministra, y con su prepotencia, que ya todos conocemos, ordena, manda y amenaza a los funcionarios tachando partes de informes como obediente ejecutora de los dictados de su jefe o de los socios de su jefe sin inmutarse,
sin importarle el desprestigio al que aboca a todo un cuerpo de funcionarios, señoría; en este caso, a la Abogacía General del Estado.
La posición que adoptó la Abogacía General del Estado en la acusación del 1 de octubre generó una auténtica convulsión dentro del cuerpo por la imagen de sometimiento al Gobierno y de devaluación de su trabajo. Le leo entrecomillado: 'Es
una vergüenza la intromisión descarada del Gobierno. Una cosa es que pueda ser legal, porque representamos a la Administración, pero otra que sea aceptable con esa intensidad'. Es más, aclararon que el cambio de criterio, apartándose radicalmente
del mantenido por la fiscalía, no se debe a una mera discrepancia técnica que se resuelve solicitando el parecer del superior jerárquico sino, señora ministra, a un acto de imposición política del Gobierno, eliminando cualquier referencia a
violencia, entendido en los numerosos actos violentos que se produjeron entre septiembre y octubre del año pasado. Vuelvo a entrecomillar: 'Los hechos del escrito de acusación son mentira, se ocultan cosas'. No lo digo yo, señoría, ni mi grupo;
lo dicen los abogados del Estado del Ministerio de Justicia. Por cierto, es un escrito que firma la propia responsable de la abogacía general nombrada por usted. Esto salvaguarda la dignidad del resto de funcionarios de su ministerio.
El cese fulminante del abogado jefe de lo penal y del subdirector de lo contencioso a raíz de la polémica sobre el desamparo al juez Llarena por discrepar con usted y, tras el escándalo, la reposición a sus puestos es también otra perla más
de su modo de actuar: soberbio, autoritario, amenazante e implacable contra cualquier funcionario que se atreva a contradecirla. Tiene usted a muchos ciudadanos que intentan contradecirla. En menos de seis meses, que es lo que lleva en el cargo,
ha logrado que ayer, por ejemplo, hubiera una manifestación de los letrados de la Administración de Justicia porque no están de acuerdo con usted y para el próximo lunes 19 hay una huelga de jueces y fiscales.
Lo que ha hecho usted, señora ministra, es muy grave porque lo ha hecho a sabiendas, lo ha hecho con intención. Las órdenes que la Abogacía del Estado ha recibido de su Gobierno para que el escrito de acusación en la causa por los delitos
de los golpistas del proceso independentista se tipifiquen como sedición y no como rebelión y eliminar cualquier alusión al uso de la violencia han deteriorado enormemente el prestigio de la Abogacía del Estado y de su ministerio, porque, señoría,
con esta actuación se aparta del escrito de la calificación de la propia fiscalía, rompiendo la práctica habitual de adherirse al mismo, como se ha hecho siempre, señoría. En segundo lugar, solicita el procesamiento por un delito de sedición, tipo
delictivo que en ningún momento recoge el auto de procesamiento de la Sala segunda del Tribunal Supremo que procesa a los presuntos golpistas por los delitos de rebelión, desobediencia grave cometido por autoridad pública y por malversación de
caudales públicos, nunca por sedición, señoría. Esto es un gravísimo error de carácter técnico-procesal que puede tener graves consecuencias por utilizar el proceso penal con una finalidad distinta a la que establece el ordenamiento jurídico.
Señoría, usted está utilizándolo con una finalidad política y esto es una auténtica aberración, y más cuando viene de una persona que es fiscal y ahora ministra de Justicia, que unida a las evidentes presiones políticas ejercidas por usted
pueden dar pie a que los presuntos golpistas presos puedan modular sus estrategias de defensa para conseguir beneficios en su situación de cara a un horizonte penal. Y esto usted lo sabe, señoría. Díganos, aquí, ahora, cuando suba, que no lo
sabía, pero no nos mienta, por favor; no vuelva a utilizar esta tribuna, esta casa, para mentirnos.
¿Se trata de un error técnico? Claro que no, señoría. La Abogacía del Estado, un cuerpo prestigioso y muy solvente jurídicamente -usted lo sabe, lo ha oído y yo se lo he recordado- ha dicho que no es un error técnico, que estamos ante una
intolerable utilización de la Abogacía del Estado para cumplir su compromiso con los golpistas catalanes a cambio de mantenerles a ustedes en el sillón. Es una auténtica vergüenza que, además, haya sido usted quien haya hecho esto, que haya sido el
brazo ejecutor, señora Delgado. No puede caer más bajo ni como ministra ni como fiscal de profesión.
Como dice la Fiscalía General de Estado, que afortunadamente ha conseguido mantenerse indemne a sus manejos, la actuación de los acusados pretendía como objetivo último declarar la independencia de esa comunidad autónoma y obligar al Estado
a aceptar la separación de Cataluña, todo ello con actos delictivos que pusieron en grave peligro el orden constitucional. Y para ello, señoría, utilizaron violencia en torno a aquel 1 de octubre. Díganos si no, ¿qué cree que sufrieron sus
antiguos compañeros, los fiscales, y el personal de la Administración de Justicia si no hubo violencia en torno al 1 de octubre? Díganos si no si a los letrados de la Administración de Justicia, que tuvieron que ser escoltados para realizar su
trabajo, ¿va usted a decirles que no hubo violencia en Cataluña? ¿Va a explicarles a sus compañeros de cuerpo que no hubo violencia cuando les insultaban a la salida de los órganos judiciales, cuando destrozaban sus casas y cuando se realizaban
pintadas contra todos aquellos que no estuvieron a favor de la independencia? ¿De verdad puede usted afirmar que no ha habido violencia en Cataluña a través de las amenazas que se vertían en las redes sociales, a través del acoso que los
funcionarios del Estado, que los funcionarios de la Administración de Justicia, recibían allí sistemáticamente? Al juez Llarena y a su familia, ¿les dice usted que no hubo violencia? ¿A la Policía Nacional y a la Guardia Civil, allí desplazada en
aquellos días, les dice usted que no hubo violencia? (Aplausos.-El señor Olòriz Serra: ¡No!). Cuando deje de ser ministra...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, señora presidenta.
Cuando deje de ser ministra y pretenda volver a su trabajo como fiscal, ¿va a poder mirar a la cara a sus compañeros, a los fiscales, y al personal de la Administración de Justicia, a los funcionarios que dependen de usted y va a
explicarles, a unos, que les desamparó y, a otros, que les despreció al apartarse de la posición de la fiscalía, el cuerpo del que formaba parte antes de su desafortunada carrera política? Mire, señora Delgado, es usted un auténtico peligro para la
justicia en España; todo lo que toca lo
contamina y lo devalúa. Es usted la siniestra mano que ejecuta las órdenes de su jefe para contentar al bloque antiespañol, que le sustenta para cumplir su sueño de dormir en un palacio, viajar en Falcon, hacerse fotos, muchas fotos, irse
de viajes, el frívolo señor Sánchez. Y todo a costa de nuestro Estado de derecho, de la unidad de España y de la propia convivencia. Lo único bueno de usted, señora Delgado, ¿sabe qué es? La transparencia; es usted transparente. Lo admito.
Pero no es su gestión, que es absolutamente opaca; usted misma es transparente. Ya conocemos todos los españoles -porque es transparente lo que dijo- que llamó maricón y nenaza a su compañero Marlaska, que prefiere los tribunales de tíos; que
acusa a jueces y fiscales de repugnantes conductas con menores y que aplaude la explotación sexual como un negocio exitoso. Y es transparente también en lo que hace y en lo que no hace: obliga a altísimos funcionarios a cambiar sus informes.
Ellos lo han dicho, no lo decimos nosotros. ¿Quién miente, señoría? ¿Ellos o ustedes? Mire, yo les creo a ellos.
Este es el retrato de nuestra ministra de Justicia, su auténtica personalidad. Esta es usted, la notaria mayor del Reino. Así, ¿cómo iba a extrañarnos su última hazaña para intentar que los golpistas salgan lo mejor parados posible? Sí,
sonría. Repito, es usted transparente. Usted ha humillado a los abogados del Estado -es para sonreír, sí-, les ha denigrado. A usted, a la que no le importa ni España ni la Constitución ni el Estado de derecho, ¿cómo le iba a importar la
profesionalidad de los funcionarios de su ministerio? Sus prioridades, señoría, sobrevuelan por encima de sus responsabilidades como fiscal, primero, y como ministra, después. A usted le importa usted y agradar a su amo para seguir en el puesto,
para bochorno de funcionarios, operadores judiciales, mujeres, colectivo LGTB y de la opinión pública en general, señoría.
Termino. Señora ministra, usted ya no aporta nada ni a España ni a la justicia. Cada día que pasa en el cargo usted resta por sus hechos y por sus palabras, por sus acciones y por sus omisiones. Hágase un favor a sí misma para intentar
retener un mínimo de dignidad y háganos un favor mayor a todos los españoles: márchese, por favor, porque España no merece ni un minuto más a esta ministra. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Escudero.
A continuación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.
Antes de nada, señora Escudero, es colectivo LGTBI, es que se ha dejado usted una sigla. (Aplausos).
La resolución del conflicto de Cataluña es uno de los desafíos más importantes a los que se ha enfrentado la democracia en España y este Gobierno ha apostado desde el minuto uno por el diálogo, la convivencia y la recuperación de la
normalidad democrática y de la normalidad constitucional. A diferencia de lo que está haciendo este Gobierno, hoy vemos cómo algunos de los grupos políticos no dudan en utilizar la cuestión catalana no solamente para desgastar al Gobierno sino
también para sacar algún que otro voto más. Voy a hacer una recapitulación de la situación y de los hechos más relevantes para poner negro sobre blanco la actuación de este Gobierno y de esta ministra de Justicia.
Usted ha hecho referencia al magistrado Llarena y a la defensa o falta de defensa. Como expliqué en una comparecencia minuciosa y rigurosa de lo que se había hecho desde el Ministerio de Justicia, el trabajo que se ha hecho ha sido técnico,
en defensa siempre siempre de la soberanía de jurisdicción y de los intereses de España. Fíjese, señora Escudero, que ahora está ocurriendo fuera de nuestro país lo que esta ministra de Justicia, con criterios estrictamente técnico-jurídicos, dijo
que iba a ocurrir. Fíjese por dónde.
Entro en el tema de la acusación en la causa especial que se sigue ante el Tribunal Supremo contra los líderes catalanistas. Un primer hecho incontrovertible es que en un primer momento, cuando gobernaba el Partido Popular, la Abogacía
General del Estado ni siquiera se planteó una personación; después, en una contradicción técnico-jurídica, se plantean ustedes entrar exclusivamente en el tema de los caudales públicos, que, como bien saben, es la administración desleal o
apropiación indebida del patrimonio público. Esta personación fue encomendada por el Ministerio de Hacienda a la Abogacía General del Estado por parte del ministro de Hacienda. Pero, curiosamente, unos días después de encomendar esta personación
por malversación de caudales públicos, el señor Montoro dijo en un medio de comunicación que no se había producido este delito, hasta el punto de que es el propio juez instructor del Tribunal Supremo, el señor Llarena, quien le reclamó al señor
Montoro una ampliación de esa información, porque había cuestionado la propia personación de la Abogacía General del Estado. El ministro Montoro, lejos de rectificar, resaltó en un comunicado -y leo literalmente-: La seguridad que el control de
Hacienda había dado al uso del dinero por parte del Gobierno catalán excluía -excluía- la malversación. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Es cierto -no se lo voy a negar- que el señor Montoro rectificó y admitió que los independentistas pudieron haber burlado los controles de Hacienda. Esta rectificación del señor Montoro dejó
dos cosas claras. En primer lugar, la incompetencia del anterior Gobierno para controlar el uso que se estaba haciendo de los recursos públicos. Y, en segundo lugar, algo que parece que sigue ocurriendo constantemente que es la falta de prudencia
de los miembros del Partido Popular.
Se ha dicho que el escrito de la Abogacía General del Estado de 6 de agosto de este año, que mostraba su conformidad con el auto de conclusión del sumario y donde se interesaba la apertura del juicio oral, era un escrito de acusación. Pues
no, no lo es. El artículo 627 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que un auto pone fin a la instrucción y en ese momento las acusaciones le dicen al juez instructor: estamos conformes, o no, con esa conclusión del sumario. No existe
una acusación en ese momento, no existe en absoluto, y se puede decir cualquier cosa menos que en ese momento hubiera una posición de la acusación particular por la que está personada la Abogacía General del Estado. Se trata de un mero trámite.
Ese es un mero trámite y cualquier otra interpretación puede deberse a dos circunstancias: a mala fe, a un absoluto desconocimiento de nuestra normativa procesal o a ambas cosas a la vez.
Miren, señorías, manifestar el acuerdo con el auto de conclusión del sumario no implica, repito, calificar los hechos. Manifestar acuerdo con el auto de conclusión del sumario no implica, repito, calificación penal alguna, solamente que se
está de acuerdo con el camino procesal. El único escrito de la Abogacía General del Estado es el del pasado 2 de noviembre. Se trata del escrito de conclusiones provisionales, donde se hace una valoración de la investigación, se determinan los
posibles hechos que se imputan a los acusados, se establece la calificación jurídica de los mismos, la pena que se solicita y el conjunto del material probatorio del que se va a valer la acusación.
Por mucho que insistan en usar la mentira para desacreditar la actuación del Gobierno, la decisión de la Abogacía General del Estado se ha tomado en base a criterios estrictamente jurídicos y estrictamente técnicos, con absoluto respeto a la
legalidad. No hay detrás ningún guiño. No hay detrás ningún planteamiento político de la cuestión. Simplemente se han basado en criterios jurídico-penales. Sé que a ustedes les cuesta entender esto, que se pueda actuar solo por criterios
jurídico-penales, pero es así. Aquí no hay ninguna claudicación ni ante independentistas ni ante presiones; solamente hay una valoración jurídico-penal. Quien firma el escrito de conclusiones provisionales, el escrito de acusación provisional, es
la abogada general del Estado, Consuelo Castro, y lo firma porque, como abogada general del Estado y siendo esta una causa de especial relevancia, asume el escrito de conclusiones; conclusiones a las que llega después de un análisis muy riguroso
del procedimiento. Ella es la máxima autoridad en el cuerpo de abogados del Estado, tal como establece nuestra Constitución. Como bien saben -y si no, se lo digo yo-, es un organismo que depende orgánica y funcionalmente del Ministerio de Justicia
y además sus miembros tienen una dependencia jerárquica de la abogada general del Estado. Y desde luego no tienen el mismo contenido ni las mismas funciones que la Fiscalía General del Estado. Ustedes estaban acostumbrados a presionar a la
Fiscalía General del Estado. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.
Este Gobierno y este ministerio hemos defendido no solamente la independencia de los jueces desde el minuto uno, sino también la autonomía de la Fiscalía General del Estado, y eso que ustedes pusieron en duda esta neutralidad también desde
el minuto uno para hacer su oposición. Ustedes constantemente han pretendido manchar con la sombra de la sospecha a la Fiscalía General del Estado acusándome de nombrar a su responsable para poder después manejarla. Lo dijeron en las primeras
sesiones de control, pero se ha comprobado que no. Esas son sus alegaciones políticas, completamente ajenas a la realidad y sobre todo a la verdad. (Continúan los rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Perdone, señora ministra.
Señorías, estoy segura de que es muy interesante lo que están hablando, pero lo pueden hacer en un tono más bajito o fuera del hemiciclo, por favor.
Adelante.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.
Ustedes tienen una doble vara de medir y además la aplican sin rubor alguno. Cuando se coincide con su opinión y sus deseos, no hay nada que decir; cuando no, están presionados por el Gobierno, se han producido presiones, se ha interferido
en otras instituciones, pensando que todos actuamos como el Partido Popular cuando está en el Gobierno y cuando no está en el Gobierno también. Los criterios de la fiscalía y de la Abogacía General del Estado no son coincidentes en este caso, no lo
son, pero no pasa nada por ello, señorías; son criterios técnico-jurídicos basados en los análisis jurídico-penales de los hechos que seguramente ustedes no entienden, pero que si estudian un poco más a lo mejor lo llegan a entender. (Rumores).
Porque esta diferencia de criterios existe en el conjunto de los operadores jurídicos desde el primer momento de la instrucción. No hay acuerdo a la hora de calificar los hechos como rebelión, como sedición, como desórdenes públicos. Se plantean
dudas y, dentro del marco del Estado de derecho y dentro del marco del proceso, dentro del marco del juicio oral, dentro del marco del respeto a los derechos fundamentales, a la presunción de inocencia, a un juicio justo con todas las garantías y
con los estándares probatorios, sabremos qué ocurre, pero sin presionar, señorías, sin presionar a los jueces que tienen que enjuiciar esto con absoluta y total imparcialidad, y ustedes no están respetando esa independencia que este Gobierno sí está
respetando, con absoluta autonomía del ministerio fiscal y con la alternativa que la Abogacía General del Estado, después de analizar el procedimiento con absoluta escrupulosidad desde parámetros técnico-jurídico-penales, ha realizado.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
Tiene la palabra la señora Escudero Berzal.
La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, presidenta.
Perdóneme, señora ministra, pero con todo el respeto le digo que no le permito que diga que he mentido. No le permito que diga que he usado la mentira. (Aplausos). Yo no he mentido nunca en esta Cámara; usted sí, señoría. No se lo
permito porque para mí eso es muy importante. Respecto a que tenemos que estudiar nuestras intervenciones, le pido que le diga que estudie al que le ha hecho la intervención. Por favor, dígale al que le ha hecho la intervención que se prepare un
poco más el tema. Gracias por la corrección. Yo me habré comido una vocal. Usted se come cinco porque como dice maricón, no necesita deletrear las vocales. (Aplausos).
Señora Delgado, reitero lo que ya le dije en mi primera intervención. Es usted transparente, nunca decepciona. Sabemos antes de que tome la palabra por dónde va a ir usted. Su lema en la vida debe ser que la mejor defensa es un buen
ataque, pero hoy ni eso, señoría. Se le ve apagada, se le ve muy apagada. Se ve que usted se divierte más en otros ambientes que en esta tribuna. (El señor Rallo Lombarte: ¡Eh!-El señor Odón Elorza: ¡Por favor!).
Evidentemente, no ha respondido para nada, absolutamente para nada, al motivo de esta interpelación. ¿Qué argumentos va a poner ante su evidente intromisión en el trabajo objetivo e independiente de los funcionarios, en este caso, de la
Abogacía General del Estado? Ellos lo han dicho, señoría, no nosotros; y le repito que les creo a ellos. Usted miente y hoy se ha escondido en una muy mala clase de derecho, tanto respondiendo al señor Prendes en el tema de los indultos como
ahora aquí; en una muy mala clase de derecho.
Señora ministra, ¿sabe lo que le ocurre? Que da igual cuántas veces usted explique o aclare algo; da igual, porque a usted ya nadie la cree. ¿Cuáles de sus actos, hechos o explicaciones son los que hay que creer? ¿Lo que acaba de decir
aquí? ¿Lo que hizo y dijo hace una semana? Usted no tiene credibilidad, señora ministra; se la quitó usted misma, se la quitó al subir aquí y mentir. Usted ha mentido en esta Cámara tres veces. Usted mintió cuando dijo que no conocía a
Villarejo. Luego dijo que le conocía pero que nunca había hablado con él. Luego dijo que le conocía y que había hablado con él, pero que nunca se había reunido con él. Luego ya supimos que le conocía, que había hablado con él, que se había
reunido y que había comido con él y que se lo pasaba usted fenomenal cuando comían juntos y confraternizaban con temas muy muy serios. Señoría, por haber mentido en esta Cámara es indigna de estar aquí y de representar al Gobierno de España, y que
el señor Sánchez la siga manteniendo le hace igual de indigno a él también.
Se espera del presidente del Gobierno y de sus ministros que sean ejemplares. Se espera y se les exige ejemplaridad. Y mírese usted. ¿Es usted ejemplar en su comportamiento? ¿Es ejemplar plagiar una tesis doctoral? ¿Es ejemplar mentir
en el Parlamento? ¿Es ejemplar engañar con los bienes? ¿Es ejemplar
vender a España por un cargo? Lo hace el señor Sánchez y lo hace usted también, señoría. Usted no es mejor que él. Cuando uno miente, cuando lo ha hecho públicamente y le han pillado, pierde toda la credibilidad. Eso la inhabilita para
hablar y mucho menos en nombre de la justicia o del Gobierno de España. Y lo peor es que se pierde toda la confianza, señoría. Lo decía Nietzsche: Lo que me entristece no es que me hayas mentido, sino que ya nunca más podré confiar en ti.
No ha contestado con la verdad a lo que le hemos preguntado. ¿Qué criterios técnicos -dígamelo- avalan su intromisión en los informes y trabajos de los funcionarios de su ministerio, en lugar de respetarlos tal y como se le presentan,
puesto que ellos sí que desarrollan su trabajo velando por la legalidad vigente y por el interés general? ¿Cuáles son? Explíquenoslos. No venga aquí a darnos lecciones de derecho -malas lecciones de derecho- ni de técnica jurídica ni de nada,
porque usted carece de autoridad para hacerlo en esta sede.
Dicen que usted habla mucho, que lleva seis meses hablando y dialogando. Habrá hablado, pero hacer, lo que se dice hacer, nada. Además, ya sabemos con quién habla usted. Usted habla mucho con todo el mundo, pero a los que intenta ayudar
es a los golpistas, a los independentistas y a los amigos de los terroristas. Habla con las cloacas policiales y con jueces inhabilitados, pero es incapaz de desarrollar las funciones que tiene encomendadas y se dedica a contaminar al Ministerio de
Justicia y a desprestigiar a la Abogacía General del Estado.
Señora Delgado, su situación no da para más y se la ve. Yo lo siento, siento que se encuentre tan apagada, pero evítese y evítenos a todos estos tragos y dimita. Se lo pediremos una vez más y en la moción consecuencia de esta interpelación
volveremos a pedir su dimisión. Hágase un favor a sí misma y conserve el resquicio de dignidad que le queda. Demuestre que realmente le importa algo aquello para lo que usted se formó, que es velar por la legalidad y por el Estado de derecho, y
váyase. España no puede tener ni una notaria mayor del Reino y mucho menos una ministra de Justicia mentirosa, y usted miente y es muy peligrosa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Berzal.
Para concluir el debate, tiene la palabra la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta. Señorías.
Señora Escudero, después de escucharla, entiendo cuál es la situación de descomposición que tienen. Llevo poco tiempo en política pero una de las cosas que más me ha sorprendido es lo poco que les importa a ustedes el gobierno en defensa de
la ciudadanía, la acción ejecutiva para defender a la ciudadanía, no les importa. Vienen a esta Cámara, sueltan sus falsedades, lo hacen en cada semana de control y eso es muy grave, ¡es muy grave! (Aplausos). Esta es la casa del pueblo, de la
soberanía, aquí explicamos lo que hacemos y cómo lo hacemos, nos sometemos a control, pero no a escuchar las falsedades reiteradas que se vienen diciendo aquí.
¿Cómo es posible que ustedes, señores de la oposición, señores del Partido Popular, acusen al Gobierno de usar la Abogacía General del Estado? Si es así, vamos a entrar. ¿O es que no se acuerdan ustedes, señores del PP, cuando estaban en
el Gobierno a quién nombraron jefa de la Abogacía General del Estado durante el desarrollo de la investigación del caso Gürtel, el nudo más importante de corrupción, entre otros muchos, que ustedes tienen? Pues miren, se lo voy a recordar: ni más
ni menos que a la sobrina del señor Álvaro Lapuerta, y vamos a contar quién era el señor Álvaro Lapuerta. (Aplausos). Era el tesorero imputado por el caso de la caja B del Partido Popular, esa caja B de la que salía, entraba dinero y se repartía y
les llevó a ustedes a los espacios de descomposición en los que se encuentran, por lo que tienen que recurrir a la mentira y a la descalificación para hacer oposición, porque no la pueden hacer de ninguna manera, ni siquiera hablando de lo que
hicieron en los últimos seis años de Gobierno, porque no hicieron nada.
¿Qué instrucciones le dieron ustedes a la señora Silva Lapuerta? Pues casualmente la Abogacía del Estado no se personó en la causa de la caja B del Partido Popular, a pesar de que tanto el juez de Instrucción como la Sala de lo Penal les
advirtieron de que podía haber delitos fiscales atribuidos al Partido Popular y a sus responsables. ¿Y saben por qué? Porque se cobraban sobresueldos, porque se recibían donaciones ilegales, porque por los supuestos delitos fiscales derivados de
la compra de su sede en La Rioja -no está ahora, pero podemos pedir algún certificado o algún carné de decencia a esta gente de La Rioja-, por los presuntos fraudes del fisco imputados al arquitecto que reformó con dinero negro la sede del Partido
Popular... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora Vázquez, guarde silencio, por favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Y todo ello no tendría importancia salvo por una cosa: que con todo eso se hace daño a la ciudadanía, con eso se hace daño al dinero destinado a educación, a enseñanza, a sanidad. Miren,
con el dinero de los ciudadanos no se juega, no se puede jugar, y ustedes lo hicieron. (Aplausos).
No somos iguales, claro que no somos iguales. (Varias señoras diputadas del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso: ¡Claro!).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio, por favor. (Una señora diputada: ¡Eso!).
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Nosotros no usamos a las instituciones en busca de fines particulares porque somos un partido decente, señorías, un partido que no está en descomposición por tantos casos de corrupción que
tienen que tapar (aplausos), con la destrucción de la cohesión territorial, de la convivencia, con las mentiras, con una incesante sarta de barbaridades.
Le pedimos desde el Gobierno un ejercicio de responsabilidad. Sé que es difícil, pero háganlo, piensen en los ciudadanos. Hagan oposición para los ciudadanos como lo hizo el Partido Socialista cuando estaba en la oposición y como lo hace
el Partido Socialista cuando está en el Gobierno. El Partido Socialista piensa en la ciudadanía aquí y fuera de aquí.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (CONTINUACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS QUE BARAJA EL GOBIERNO SOBRE LOS AUTÓNOMOS. (Número de expediente 173/000120).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): A continuación, pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los
autónomos.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora España Reina.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, presidenta.
El Partido Popular presenta esta moción para defender y apoyar a los autónomos porque la verdad es que estamos preocupados, estamos muy preocupados porque se está creando la mitad del empleo que se estaba creando. (La señora vicepresidenta,
Romero Sánchez, ocupa la Presidencia). Ya lo dije la semana pasada: según el segundo trimestre de la EPA con el Partido Popular, 469 000 empleos creados; tercer trimestre de la EPA con el Partido Socialista, 183 000. Es decir, se ha creado menos
de la mitad del empleo. La precariedad está en máximos históricos, aunque a esto ustedes ya nos tienen acostumbrados, pero jamás podíamos pensar que ustedes iban a perseguir y se iban a obsesionar de esta manera con los autónomos. Ya destruyeron a
más de 500 000 autónomos y ahora amenazan con asfixiar a los autónomos y a las pymes.
Y yo me pregunto, señores de la izquierda, ¿saben ustedes lo que sufre un autónomo para llegar a final de mes? Señores socialistas, ¿saben ustedes lo que es un autónomo o lo que es una pyme? Ustedes no saben nada de eso, nunca supieron
ayudar a los que crean empleo, nunca entendieron lo que es levantar la persiana de un negocio por la mañana y nunca entendieron lo que es levantar a este país. Por eso el Partido Popular -esa es la diferencia- siempre ha estado apoyando a las pymes
y apoyando a los autónomos, ahora y antes, cuando no estaban ni los de Ciudadanos ni los de Podemos. Porque, señoría, ellos son los que crean el empleo y los que han tirado del carro de la recuperación económica, y por eso hay que escucharles. No
les escuchan, hay que escucharles, hay que apoyarles y no hay que asfixiarles. Porque, señores de la izquierda, ¿ustedes creen que los autónomos pueden pagar una subida de cotizaciones de más de 500 euros o de 420 euros o de 240 euros? No pueden.
Ya les gustaría porque eso significa que tendrían mayores pensiones, pero no pueden. El 70 % de los autónomos no puede con
esta subida de cotizaciones, señoría, que es indecente. Quieren subir en un año lo que el Partido Popular subió en siete años. Por tanto, señores socialistas, dejen de mentir y aclárense porque los autónomos están muy desorientados. Hemos
escuchado de todo ¿y saben ustedes cuál es la realidad? Lo que ha dicho la AIReF, que hay 1500 millones de euros en los presupuestos que ustedes han enviado a Bruselas de subida de cotizaciones sociales, de los cuales 500 millones de euros son para
el régimen general y 1000 millones de euros son por lo que van a subir las cotizaciones a los autónomos.
Ustedes decían que iban a subir los impuestos a los ricos. ¿Estos son los ricos? ¿Los autónomos? ¿O los que van por autovías, que ahora parece que también van a cobrarles? A los que pasen por las autovías, no a los que van en
helicóptero, no. ¿Estos son los ricos? Ustedes ven a un autónomo y van a pegarle el sablazo, a subirles las cotizaciones sociales, a subirles la luz y el diésel, a quitarles la tarifa plana y a quitarles los módulos. Menos mal que han rectificado
en algo. A subirles los impuestos. ¡Qué vergüenza! Es que es la guerra declarada al autónomo y a la pyme, señoría. Van a fracasar en su intento de asfixiar a los autónomos, porque se van a encontrar con un muro, que es el muro del Partido
Popular, que no lo va a permitir. ¿Saben ustedes por qué vamos a dar la cara por los autónomos? Pues porque son los que crean el empleo de este país, porque son los que hacen encaje de bolillos para poder pagar el IVA, para poder pagar los seguros
sociales a final de mes, para poder pagar las nóminas a aquellos que tienen empleados, y resulta que, después de pagar, unas veces queda más, otras veces queda menos y a veces no queda. No tienen paga extra ni vacaciones ni horarios, con pensiones
más bajas que el régimen general porque también cotizan menos que el régimen general porque no da para más y responden con su patrimonio. Es decir, a los autónomos habría que ponerles alfombra roja en este país porque son unos héroes, y ya si
gobiernan ustedes, los socialistas, no son héroes, son súper héroes. (Aplausos). Por eso estamos orgullosos de nuestros autónomos y de nuestras pymes.
Se lo voy a explicar y lo van a entender. Hace un año el Partido Popular presupuestó 1000 millones de euros en medidas para apoyar a los autónomos y este año PSOE y Podemos han presupuestado 1000 millones de euros en subida de cotizaciones
a los autónomos, en sablazo socialista a los autónomos. El Partido Popular lleva en su ADN la creación de empleo, y ahí están las medidas que nosotros hemos tomado para ayudar a la creación de empleo y a los autónomos: el plan de pago a
proveedores -el mejor plan de empleo-, rebaja de impuestos -las retenciones pasaron del 21 % al 18 % y al 15 %-, tarifa plana de 50 euros, deducción de gastos de suministros, deducción de gastos de manutención, bonificaciones en las contrataciones
familiares, bonificaciones en la cuota por la baja de maternidad, por el cuidado de hijos, compatibilidad entre trabajo y pensión. ¡Cuidado, que vienen los socialistas y ahora ponen ya la jubilación obligatoria! Eso es lo que ha hecho el Partido
Popular. ¿Qué pedimos ahora, señorías? Está muy claro. En esta moción lo que queremos es que no suba la cotización mínima a un 22 %, lo que queremos es que la tarifa plana se mantenga y se amplíe un año más y además para colectivos como los
mayores de cincuenta y dos años, los parados de larga duración y las víctimas de violencia de género. Lo que queremos es que los autónomos que no lleguen al salario mínimo tengan una cuota reducida y que los autónomos puedan tener voz en el Consejo
Económico y Social. Por cierto, señorías, que cotizar en función de los ingresos es complicado. Eso ahora lo propone la izquierda, aunque se le ocurrió a Ciudadanos, y nosotros siempre hemos dicho que ya veremos cómo se hace eso.
Termino con un mensaje al presidente del Gobierno. Señoría, ya le hemos aguantado el tema de su tesis, el plagio de la tesis, las sociedades instrumentales de su ministro, las casas sin declarar de su ministra portavoz, pero no le vamos a
permitir que se ensañen con los autónomos, no se lo vamos a permitir. Dedíquese -ahora me refiero al doctor Pedro Sánchez, porque a lo mejor no es el mismo- a viajar por el mundo, dedíquese a ir en helicóptero, dedíquese si quiere a saltarse el
protocolo de la Casa Real, lo que usted estime oportuno, pero deje en paz a los autónomos, deje en paz a los autónomos. La subida de cotización es indecente, no los asfixie, que ellos seguirán creando empleo y seguirán levantando cada día este
país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para la defensa de las enmiendas formuladas y para fijar posición, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Desde una comunidad como Asturias, que en los últimos datos oficiales de octubre casi duplicó la subida del paro del conjunto de España, y que ve cómo persisten el inaceptable ERE de Alcoa, las
amenazas sobre la industria básica y la desertización de las cuencas mineras, camuflada arteramente de descarbonización, reiteramos que la creación de empleo debería ser la gran prioridad de este y de todo Gobierno. Sin embargo, la llegada
a la Presidencia de Pedro Sánchez con su megadependencia parlamentaria está abocando en tiempo récord a los españoles a unas perspectivas en las que se trunca el crecimiento económico y se cercenan las expectativas de más y mejores puestos de
trabajo. Los recientísimos pronósticos y las advertencias sobre el previsible comportamiento del conjunto de nuestra economía, así como las secuelas de adoptar medidas con efectos contraindicados, tal y como hace dos semanas señaló aquí mismo, en
el Congreso, el gobernador del Banco de España, deberían servir de estímulo para hacer propuestas y desarrollar políticas en las que se tenga siempre en cuenta que el gran objetivo nacional debería ser la creación de empleo y no su destrucción.
Al hablar de autónomos, que son, como definía la señora España, auténticos héroes, para Foro es clave el fomento de la productividad y de la competitividad acompañado de una política fiscal, en la que se incluyan medidas como las que se
reflejan en esta moción y otras también como las que hemos propuesto con nuestra enmienda, en la que defendemos la necesidad de promover la exención del cien por cien de las tasas e impuestos para los nuevos trabajadores autónomos durante el primer
año y del 50 % el segundo año de actividad, así como extender la actual tarifa plana para autónomos a aquellos que empleen trabajadores por cuenta ajena. Igualmente, instamos al Gobierno a favorecer el alta de nuevos autónomos con deducciones
fiscales en el IRPF, así como ayudas a los colectivos con mayores problemas de inserción laboral o para aquellas zonas con problemas de despoblación, como es el caso del mundo rural. Finalmente, creemos imprescindible aplicar a los empresarios
autónomos reducciones en la cuota de la Seguridad Social en las contrataciones indefinidas de jóvenes o colectivos con dificultades de inserción laboral. En todo caso, apoyaremos la moción presentada por el Grupo Popular.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.
A continuación, tiene palabra el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Señora España, tenemos en su moción evidentes coincidencias. Somos conscientes de que el Gobierno no puede tomar medidas en el corto plazo que generen unos costes sociales absolutamente insostenibles para los trabajadores autónomos. En
este sentido, compartimos la consideración de que ese hipotético incremento del salario mínimo interprofesional que el Gobierno ha anunciado, fruto del acuerdo con otros grupos políticos, no puede concretarse en un aumento de las bases mínimas de
cotización. Por tanto, es un elemento relevante.
Señora España, yo creo que el debate que se nos plantea tiene que ver al menos con tres tipos de consideraciones: una, que el discurso político que en esta Cámara tengamos en relación con los autónomos no ponga exclusiva y principalmente el
acento en el fraude, en la existencia de los falsos autónomos y en los abusos que existen o puedan existir en esta materia. Siendo eso un problema, no es el principal reto que tenemos planteado en relación con el mundo del trabajo autónomo. El
principal reto que tenemos en ese ámbito es tener un sistema de protección social de los autónomos adaptado a las necesidades reales de los autónomos. En estos últimos veinte años ha habido avances en esa dirección, pero son insuficientes. Eso nos
lleva a la segunda consideración, que es el reto del acuerdo parlamentario y del acuerdo social en esta materia. Tenemos una subcomisión parlamentaria que está en marcha, que deberá finalizar pronto sus trabajos, para dibujar precisamente los
grandes objetivos de esa reforma del RETA. Y, finalmente, ese acuerdo, en el seno de la Comisión parlamentaria para modernizar el RETA y adaptarlo a los retos del siglo XXI, va a exigir acuerdos políticos lo más amplios posibles que permitan que,
con independencia de las mayorías que haya en esta Cámara, esos acuerdos sean sostenidos en el tiempo -y esa es una invitación a consenso- y, al mismo tiempo, acuerdos con los interlocutores que representan al mundo del trabajo autónomo. Es
evidente que en esta materia, durante estos últimos años, han aparecido interlocutores que representan ese mundo y que exigen ser escuchados. Nos consta que el Gobierno tiene espacios de interlocución con los autónomos, pero también nos consta que
hoy el Gobierno en esta materia más que generar certezas, certidumbres y seguridades está generando desconcierto, incertidumbre y preocupación. Por tanto, yo espero de la portavoz del Grupo Socialista una intervención que nos dé tranquilidad en
esta materia y que no solo polemice con la señora España -que también-, sino que lance un mensaje de tranquilidad al mundo del trabajo autónomo sobre qué se piensa hacer en esta
materia. En cualquier caso, espero que la señora España acepte nuestra enmienda o nos ofrezca alguna transacción para poder apoyar su texto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Romero Sánchez): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Bayo.
La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, los trabajadores y trabajadoras autónomos representan el 17,25 % de las personas que hoy estamos dados de alta en la Seguridad Social, y la suerte que tienen todas estas personas es contar con un Gobierno que los escucha y que
atiende sus demandas, como así han expresado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social en esta Cámara, que están trabajando para elaborar un plan específico para autónomos a través de
distintas medidas, todas participadas por las asociaciones de autónomos. Pero a ustedes, señores del Partido Popular y de Ciudadanos, les da igual, ya que con este son tres los plenos seguidos hablando de autónomos para no aportar nada nuevo. (La
señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Ustedes no hacen política para construir un futuro para los autónomos, sino que vienen aquí a confundir al pequeño autónomo, juegan a preocupar al colectivo, en definitiva, a embarrar la
vida política y generar desconcierto en un colectivo que les debería despertar muchos respetos. (La señora España Reina: Yo de desastre no he hablado). Sí, señora España. Usted ha hablado de desastre, y no es así, porque estamos trabajando. Por
tanto, le pido a la derecha, tanto al Partido Popular como a Ciudadanos, que deje de utilizar a los autónomos y arrime el hombro, como hacen todos los autónomos cada día en este país. Tenemos que buscar entre todos las mejores medidas y soluciones
para los trabajadores y trabajadoras autónomos.
Hace un año que esta Cámara aprobó por mayoría una ley de reforma urgente del trabajo autónomo, una ley que fue apoyada por los partidos independentistas -esos que llevan toda la mañana diciendo que son poco menos que el demonio, pero cuando
les interesa su apoyo les viene muy bien-, una ley que de ninguna manera llegó a colmar las expectativas que ustedes mismos habían creado en el colectivo de autónomos y que al final se convirtió en frustración para dicho colectivo. Todo ello,
porque el señor Rivera tenía muchísima prisa por colgarse la medalla de decir que él era el único que defendía a los autónomos, pero no escucharon ni a las asociaciones de autónomos ni tampoco a los partidos de izquierdas. Estoy hablando de una ley
que todos confiábamos que iba a ser la ley del consenso, una ley que pensamos que iba a venir a solucionar los verdaderos problemas de los trabajadores y trabajadoras autónomos, y simplemente se convirtió en un parche, como así han manifestado la
mayoría de los ponentes que han asistido a la subcomisión sobre el RETA. Diputados y diputadas de todos los grupos políticos llevamos un año trabajando por los verdaderos problemas de los autónomos, y lo saben bien los miembros de la subcomisión:
ingresos reales, prestaciones, coberturas, cese de actividad, y así hasta veinte bloques han sido puestos encima de la mesa. Estos son los temas que realmente tenemos que decidir entre todos en la subcomisión, porque son los que preocupan a los
autónomos. Tenemos que dejar que trabaje la subcomisión pero también tenemos que cruzarlo con lo que se está recomendando en el Pacto de Toledo. No podemos venir aquí y traer ideas que contradicen lo que hoy se está aprobando en el Pacto de
Toledo, porque entonces, señorías, no somos serios. Tenemos al Gobierno por un lado trabajando en una mesa con las organizaciones de autónomos, en un documento que conocen perfectamente y que esperamos que sea consensuado. Pero ustedes -
conocedores de todo lo que estoy hablando- aún así no respetan este trabajo, ni el de la subcomisión ni el que está haciendo el Gobierno y traen aquí iniciativas al respecto. Y en el debate de estas iniciativas, en sus intervenciones aprovechan
para atemorizar sin fundamento a los autónomos con todo tipo de desgracias y de males. Les dicen que Ciudadanos y el Partido Popular son los únicos que representan a los autónomos, pero señorías no es así, a los autónomos los representan las
asociaciones de autónomos (varios señores diputados: Muy bien.-Aplausos), y precisamente ellos son los que están sentados con el Gobierno socialista para buscar las mejores soluciones a los 3 200 000 autónomos de este país. Saben ustedes muy bien
que el Gobierno socialista ha planteado a los autónomos que su base de cotización no se verá afectada por el salario mínimo interprofesional y que se está buscando el consenso dentro del diálogo social y dentro de esta Cámara para implantar un
modelo de cotización que permita aportaciones a la Seguridad Social pero a la vez también notables mejoras en la protección social del autónomo a lo largo de la vida activa. También queremos la equiparación de las prestaciones de jubilación de los
autónomos y del régimen general, señora España, sí. Por eso yo pediría tanto a Ciudadanos como al Partido Popular que dejen trabajar a la subcomisión, que lleva trabajando un
año, y también al Gobierno. Todos queremos lo mejor para los autónomos y lo mejor vendrá de la mano de todos los grupos políticos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora González Bayo.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señorías, señora presidenta, señoras y señores diputados.
Cuando empecé a preparar este tema me fijé sobre todo en el debate que había habido y me llamó muchísimo la atención una parte de la intervención del señor Floriano, que fue el que intervino en la interpelación previa a esta moción. Este
debate además está promovido por la decisión de acercamiento de las bases de cotización de los autónomos al hipotético nuevo salario mínimo interprofesional. Decía el señor Floriano, dirigiéndose a la ministra de Trabajo, que sus vaivenes y las
subidas de cotizaciones sociales son un impuesto al empleo, y las subidas de impuesto al empleo lo único que pueden hacer es terminar en paro. Vaya por delante que entiendo que esta reflexión es un monumental error, como lo es considerar que las
cotizaciones al sistema de Seguridad Social pueden ser un impuesto al empleo, lo que lleva a considerar también el conjunto de obligaciones y derechos correspondientes al sistema de Seguridad Social como un elemento disponible de utilización
demagógica y al margen de su razón de ser y de su vinculación a un sistema de prestaciones de las que, por desgracia, parece que algunos en lugar de acercar pretenden alejar a los autónomos. Además -como lo acaban de advertir también- con el
agravante de que caminan en dirección contraria a las reflexiones y decisiones tanto del Pacto de Toledo como de los expertos que han comparecido hasta el momento en relación con el RETA, el Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos.
Solo por recordarlo, el texto provisional de la recomendación 4, sobre simplificación e integración de regímenes especiales, en especial de los autónomos, afirma que cuando existan motivos de utilidad colectiva debidamente justificados que
propicien un trato favorable en la cotización, estos deberán contar con recursos financieros adicionales y específicos para asumir de manera diferenciada las obligaciones de pago. Líneas más abajo y en la misma dirección, la misma recomendación
aconseja continuar avanzando en la plena equiparación de los derechos y obligaciones de los trabajadores autónomos con los del régimen general. Y yo me pregunto: ¿Esta decisión, esta proposición va en ese sentido? Creo que no. La recomendación 6
también sigue diciendo, hablando de los incentivos al empleo, que los incentivos a la contratación en las cotizaciones sociales pueden ser un instrumento útil para favorecer la incorporación o permanencia en el mercado de trabajo de personas con
especial dificultad de acceso o riesgo de expulsión, y añade que ese mecanismo debe ser concebido como una herramienta excepcional y que solamente debe priorizarse con este tratamiento preferente a colectivos de personas con discapacidad o exclusión
social. Sí lo hace en parte, pero no de forma completa. Las recomendaciones 5 y 11 hablan de aproximar las cotizaciones al salario real tanto en el régimen general como en el de los autónomos. Además, este discurso se aleja de lo que ya han
señalado varios expertos en la subcomisión sobre el RETA respecto al ámbito del régimen especial, los cuales se han mostrado mayoritariamente contrarios a las bonificaciones y subvenciones fuera del marco de colectivos desfavorecidos, entendiendo
además que esas prácticas ni han fomentado el empleo ni la actividad empresarial; apoyan la tarifa plana, pero con matices, y señalan que se debe producir en el mismo marco de excepcionalidad y por eso lanzaron dos mensajes muy claros sobre esta
cuestión de la tarifa plana: la tarifa plana favorece la huida del derecho al trabajo al empleo -importante reflexión-, y las bonificaciones y reducciones pueden ayudar un proyecto, pero un proyecto ni se crea ni se consolida en esas reducciones y
bonificaciones. Todos, absolutamente todos, recomendaron aproximar las cotizaciones a los ingresos reales respecto de los autónomos. Por eso, entendemos que esta propuesta no camina en esa dirección, se aleja por completo, porque el alejamiento de
sus bases mínimas va en contra de esta dirección, que es exigible para todo tipo de cotizantes, por cuenta ajena y también autónomos; segundo, porque extender la tarifa plana como método no garantiza la viabilidad de ningún proyecto empresarial,
hay que ponerle algún coto, alguna razonabilidad, y además hacerlo, como dice la recomendación 4, con recursos financieros adicionales y específicos para asumir de manera diferenciada esas obligaciones de pago; y finalmente, porque creemos que esa
petición respecto al CES nada tiene que ver con este debate, sino que es otro guiño populista sacado de contexto.
Permítanme que concluya mi reflexión trasladándoles a su vez otra, no mía, sino de los expertos que han comparecido en relación con el RETA, que además viene a cuento de lo que ha señalado el señor Campuzano respecto de la necesidad de
adaptar el sistema de protección social existente a las características de los autónomos, y dice así: la configuración especial del RETA, basada desde el principio en las notas de voluntariedad y opcionalidad, ha creado una cultura de protección
social cortoplacista y configurada como un derecho adaptable, parecido a un seguro privado obligatorio que no se ve como inversión necesaria sino como un coste que cuanto más bajo sea es mejor. Pues bien, creemos que esa no es la dirección a la que
debe apuntar la adaptación del régimen de autónomos y por eso no vamos a poder apoyar esta iniciativa, porque creemos que además lo hace, como he señalado, en dirección contraria a las reflexiones tanto del Pacto de Toledo como de la subcomisión del
Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.
Hoy debatimos esta moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Popular sobre el impacto de las medidas que baraja el Gobierno sobre los autónomos. En primer lugar, señora España Reina, queremos remarcar que nos llama mucho
la atención que sea el partido que ha estado en el Gobierno durante los últimos siete años el que ahora nos presente iniciativas como esta, erigiéndose como grandes abanderados de los autónomos. ¡A buenas horas, señores del PP! En Esquerra
Republicana hemos defendido, defendemos y defenderemos los derechos laborales de este colectivo y con ello las prestaciones que reciben los trabajadores autónomos. Es evidente que existe un agravio respecto a los trabajadores por cuenta ajena; un
agravio que en muchos casos se materializa en situaciones de absoluta precariedad laboral como, por ejemplo, en el caso de los falsos autónomos. Por lo tanto, insistimos una vez más en la necesaria reforma del Régimen Especial de los Trabajadores
Autónomos, impulsando acciones que tengan como objetivo la cotización en función de los ingresos reales y donde se amplíen las contingencias por las cuales los autónomos no cuentan con protección. Son muchos los estudios que muestran, con cifras
escandalosas, cómo los autónomos solicitan menos bajas, pero que cuando lo hacen es debido a situaciones de gravedad, es decir, que no les queda otro remedio. Es una clara evidencia de que en muchos aspectos están claramente desprotegidos. Por no
hablar de los costes a los cuales deben hacer frente, muchos de ellos injustos y, como he comentado anteriormente, es en muchos casos un claro agravio frente a los trabajadores por cuenta ajena.
Por ello, y con el firme objetivo de poco a poco paliar estas diferencias, este Congreso, a iniciativa de Esquerra Republicana, impulsó la deducción de los gastos de manutención en la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Pues
bien, debido a su confusa redacción e interpretación restrictiva por parte de la Agencia Tributaria, esta medida hoy por hoy está siendo inaplicable. Una reforma que se redactó, señoras y señores del PP, bajo su Gobierno. Así que no nos creemos
esta moción ni sus intenciones de querer proteger realmente a los autónomos, sobre todo a aquellos más vulnerables, puesto que en sus años en el Gobierno han demostrado mucho más y en peor que lo que hacen con esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Maragalll Sastre.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta.
Nosotros votaremos a favor de esta moción, porque no deja de ser una denuncia más de lo que venimos denunciando desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos junto con las asociaciones de autónomos: el atropello anunciado por el Gobierno, junto
con la complicidad de Podemos y sus confluencias, respecto a los trabajadores autónomos. Lo dije hace quince días cuando me subí a esta tribuna a defender la aplicación de una serie de medidas de contención frente al acuerdo presupuestario firmado
por ustedes; frente al atropello de subir las cuotas a los autónomos un 22 %, aunque hoy la portavoz del PSOE vuelve a decir que no; frente al atropello de incrementar los costes laborales a ese millón de autónomos empleadores que día a día siguen
peleando y creando empleo y, en definitiva, frente al atropello de subir la cuota al 80 % de los trabajadores autónomos. Y, además, no solo eso, sino
haciéndolo de tapiadillo y por la puerta de atrás, porque vimos como el presidente del Gobierno aquí, ante una pregunta directa de Albert Rivera, no solo nos mentía a todos los diputados de esta Cámara sino que mentía también a todos los
españoles y a todos los trabajadores autónomos. (Aplausos). Así que votaremos a favor de esta moción. Pero después de escuchar a la señora España, debo decirles una cosa: ustedes tienen un morro que se lo pisan. Porque dice la moción
expresamente: En esta legislatura aprobamos la Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo. Se aprobó con un amplio acuerdo parlamentario y vino a consolidar la apuesta decidida del Gobierno del Partido Popular por el trabajo autónomo. Mire,
señoría, en esta Cámara -yo creo que fuera de esta Cámara también- todo el mundo sabe que fue Ciudadanos quien después de escuchar -y con mucho trabajo- a las asociaciones de autónomos trajo esta ley a la Cámara, no ustedes. Fue a mi grupo
parlamentario, al Grupo Parlamentario Ciudadanos -y lo digo con conocimiento de causa, ya que yo fui el ponente de la ley- al que le costó sangre, sudor y lágrimas sacar adelante esta reforma de la ley, aunque ahora el Partido Socialista diga que es
un parche, pero que tan buenos resultados está dando. Si fuera por ustedes, señorías del Partido Popular, la posibilidad, por ejemplo, de darse de alta solo por los días que se trabaja o de reducir a la mitad esa multa si se deja un día de pagar la
cuota, o incluso las ayudas a la maternidad seguirían siendo una reivindicación histórica porque lo estamos comprobando y lo ha denunciado el portavoz de Esquerra Republicana.
Hoy, la Tesorería General de la Seguridad Social está poniendo pegas para que nuestras autónomas, las autónomas que han sido madres y se reincorporan, tengan premio y eso es culpa suya. Al igual que es cierto, como decía el portavoz de
Esquerra, que ustedes nos engañaron; bueno, más que engañarnos a nosotros, engañaron a todos los trabajadores autónomos. Le tengo que dar la razón al señor Capdevila cuando hace quince días hizo una denuncia respecto a que nos metieron un gol con
la deducibilidad de las dietas. Recuerdo perfectamente que justo la noche anterior a la aprobación de la ley, salíamos el señor Capdevila y yo del Ministerio de Hacienda supercontentos porque habíamos conseguido una buena medida para los autónomos
y, mientras tanto, ustedes se debían estar descojonando, porque que los autónomos no puedan deducirse los gastos cuando comen fuera de casa, ¿es su triste compromiso con los autónomos, señora España? ¿Es ese su triste compromiso? Espero que al
menos apoyen nuestra enmienda para subsanarlo porque, como le digo, durante esta legislatura, nosotros seguiremos al lado de las reivindicaciones de los autónomos. Fuimos nosotros quienes sacamos a los autónomos de las campañas electorales para
hacerles entrar por la puerta grande de esta Cámara, fuimos nosotros quienes peleamos para que los autónomos no se quedasen solo en promesas electorales de los partidos políticos. Así pues, señorías del Partido Popular, no vengan ustedes de
salvadores de la patria porque si es por ustedes, no tendríamos ley de reforma del trabajo urgente, no tendríamos subcomisión ni tendríamos nada de nada, porque ustedes fueron muy dicharacheros a la hora de firmar los pactos al inicio de la
legislatura, pero a la hora de cumplirlos, señora España, es harina de otro costal.
A ustedes, señorías del PSOE, he de decirles que creo que ni adrede podrían hacerlo peor. Lo único que les piden los autónomos es tener seguridad jurídica y que no les suban las cuotas más de lo que han subido los últimos años. Ustedes,
dos semanas después de que se denunciase aquí que han hecho veinte mil anuncios de cambio de negociación, siguen en las mismas con sus socios de Podemos, que dicen que las cuotas no subirán y ustedes plantean subidas de cuotas que los autónomos no
pueden soportar y dicen que tienen un plan para los autónomos. No, mejor no toquen nada, dejen las cosas como están, no apliquen ningún plan. Estamos viendo que cada vez que lanzan un anuncio o un globo sonda sobre un tema, ya sea sobre autónomos
o sobre las hipotecas, invariablemente acaba siendo una chapuza. Son ustedes como el rey Midas, pero al revés. Así que no inventen nada y cumplan con lo que dijimos en la proposición no de ley hace quince días. No es complicado, es sencillo.
Cumplan con el mandato de esta Cámara y dejen de tratar a los autónomos como cajeros automáticos, exprimiéndoles hasta la última gota cada vez que necesitan cuadrar sus cuentas y, sobre todo, no les traten como a idiotas porque no lo son. Los
autónomos son los grandes protagonistas de nuestra economía, de la creación de empleo y deben ser tratados con respeto, como desde esta Cámara algunos grupos estamos intentando que se les trate.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Del Campo Estaún.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Gracias, presidenta. Buenas tardes.
Es verdad que ya llevamos varios plenos hablando de la problemática de los trabajadores autónomos; de hecho ya, la semana pasada, desde esta misma tribuna, dibujamos un cuadro de situación y hablábamos de esos tres millones de personas
autónomas -y podríamos llegar a cuatro si contásemos ahí a las empleadas del hogar y a los trabajadores rurales por cuenta ajena- y decíamos que esto representa entre un quinto y un cuarto de toda la fuerza laboral en España, es decir, un dato para
nada desdeñable. Se habló entonces también de la necesidad de actualizar el RETA, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos; es verdad que en los últimos cuarenta años se han ido normalizando las cotizaciones a la Seguridad Social y, sin
embargo, este colectivo ha ido quedando de alguna forma relegado, por lo que creemos que necesitamos esa reforma urgente. Por eso, estamos absolutamente de acuerdo con el foro, el espacio de la subcomisión que está actualmente trabajando en esta
Cámara para hacer una propuesta integral de reforma.
Pero, señora España Reina, hay autónomos y hay autónomos. Igual que hay trabajadores por cuenta ajena y hay trabajadores por cuenta ajena. Aquí, me va a permitir un pequeño ad hoc, salir un poco de la cuestión para hablar del fenómeno de
los trabajadores y trabajadoras pobres, una de las mayores desgracias, de las mayores condenas de la modernidad actualmente, puesto que siempre se había entendido el trabajo como un derecho que nos permitía salir de estados de necesidad o de
pobreza. Sin embargo, en pleno siglo XXI esto ya no es así, ya no es ninguna garantía. De hecho, según Eurofund, el fenómeno ha entrado en Europa -cierto-, pero sobre todo ha entrado en España y sobre todo ha entrado en la juventud. En España los
trabajadores menores de veinticuatro años sufren una tasa de pobreza del 19 % -¡19 %!-, que casi duplica la tasa europea. Esto debería ser de máxima preocupación para esta Cámara.
Pues bien, frente a esta flagrante alarma, frente al hecho de que se esté dando esta situación de trabajadores pobres, ¿qué ha venido haciendo el Estado en estos últimos años para compensar y para redistribuir? Pues bien, trabajando un poco
esta pregunta, nos encontramos con este pequeño gráfico que yo les quiero enseñar. (Muestra un gráfico). Hablamos de quintiles, es decir, cada columna representa un estrato de los trabajadores por ingresos. Según este orden, a la derecha estarían
los que menos ingresan frente a los que más ingresan, en la parte izquierda. Podrán ver ustedes que la cotización media, por quintiles, es más o menos plana y luego baja en los últimos tramos, indicando una regresividad profunda del sistema y, por
lo tanto, injusta. Pero perdónenme el recurso de haber doblado esta hojita del gráfico porque por el otro lado tenemos el último decil, es decir, el de los más pobres. Fíjense ustedes en este dato. Esto, más que un gráfico es un llanto, es un
clamor, es una invitación a la rebelión, diría yo. Porque lo que está demostrando este gráfico es que los trabajadores pobres ¡son los que más cotizan! Es decir, ¿dónde está el Estado redistribuyendo? No está. (Aplausos). Ahí parece que no está.
Retomo la cuestión de los autónomos, habiendo hablado primero de los trabajadores pobres. Según la misma fuente que he dictado antes, Eurofund, en Europa la tasa de riesgo de pobreza entre los autónomos duplica la de los trabajadores por
cuenta ajena. Nuevamente nos vamos a España y el cuadro se dramatiza a un ritmo acelerado porque en España esa cifra se triplica, señora España Reina. No sé si lo sabía, pero el riesgo de pobreza entre los autónomos en España es tres veces
superior al de los trabajadores por cuenta ajena. Por lo tanto, por supuesto que hay que actualizar el RETA, hay que reestructurarlo, por eso hay que alcanzar un importante consenso para llegar a esa reestructuración, pero debemos atender a una
urgencia. Esta es la urgencia. (Muestra de nuevo el gráfico). Por eso, nosotros y nosotras, cuando nos sentamos con el Gobierno señalamos específicamente esa urgencia y, por eso, pactamos con el Gobierno la necesidad de que todos aquellos
trabajadores y trabajadoras autonómicas que cobren menos del salario mínimo interprofesional coticen menos, a diferencia de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años de Gobierno del Partido Popular, donde no ha hecho más que subir. Por lo
tanto, hemos pedido al Gobierno la garantía de que esos trabajadores autónomos más pobres, así como las empleadas del hogar y los trabajadores rurales por cuenta ajena, en todo caso tienen que ver reducida su cuota a la Seguridad Social.
Como se me está terminando el tiempo, no me resisto a hacer una última consideración después de haber escuchado su intervención, señoría. Ya se lo he reprochado desde aquí -y yo diría que desde todos los flancos- pero no me resisto a
redundar en ese reproche, señora España Reina, porque se ha dado usted aquí unos golpes en el pecho tremendos para defender a los autónomos, ¡después de estar gobernando siete años! El problema es que nos acordamos, tenemos memoria, no es memoria de
mosquito, tenemos un poquito más de memoria. Entonces, le veo a usted dándose esos golpes en el
pecho y se me ocurre pensar: ¡qué fabulosa actuación!, ¡qué hieratismo! No me echaría con usted un póquer ni harto de vino. (Risas). Realmente tiene usted una capacidad para llegar aquí, decir lo que dice y quedarse tan ancha, que
realmente, señora España Reina, un aplauso para usted. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Guijarro García.
Señora España, tiene la palabra a los efectos de si acepta o no las enmiendas presentadas.
La señora ESPAÑA REINA: Estamos negociando una transaccional con el PDeCAT, que presentaremos a la Mesa en cuanto esté terminada.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora España.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE GESTIÓN PÚBLICA DEL AGUA EN LOS MUNICIPIOS. (Número de expediente 73/000121).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre gestión pública del agua en los municipios. Por el
grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Ramos Jordán.
La señora RAMOS JORDÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, presentamos esta moción como consecuencia de la interpelación sobre la gestión pública del agua en los municipios. La ministra de Transición Ecológica, la señora Teresa Ribera, estuvo de acuerdo con nosotras en que es necesario -y
cito- permitir que en cada momento se elija la mejor opción dentro de las competencias municipales, sin que se deba anteponer el interés de algunos particulares con respecto a los demás. Pues por ello, justamente por ello son necesarios los cambios
que presenta esta moción. Como expusimos en la interpretación, ahora mismo los ayuntamientos no puede elegir la mejor opción de gestión porque, a pesar de que la legislación de régimen local les otorga esta competencia, tanto la Ley de
racionalización y sostenibilidad de la Administración local como la Ley de estabilidad presupuestaria están limitando y dificultando esta gestión y premiando la gestión indirecta por parte de grandes empresas multinacionales del sector. La
resistencia de algunos operadores privados es otra dificultad en la recuperación del servicio. La historia reciente nos está dejando señales realmente insólitas: empresas que no facilitan la información necesaria para garantizar la continuidad del
servicio, operadores que se resisten a dejar de prestar el servicio una vez que ha terminado el contrato, empresas que no reconocen la titularidad de quienes les han contratado, y recientemente están saliendo a la luz más y más casos de corrupción
en relación con el negocio del agua. Todo esto nada pero nada tiene que ver con el servicio a los ciudadanos ni con el trabajo de los ayuntamientos; más bien expresa una pérdida del sentido público que afecta a algunos operadores y que plantea
grandes interrogantes y muchas dudas respecto al futuro de las relaciones entre la Administración pública y el sector privado del agua.
Si estamos de acuerdo -y pareciera que sí- con la consideración del agua como un bien común y como un derecho humano básico, esto exige un modelo de gestión que no se subordine a la obtención del beneficio privado de las grandes
multinacionales del sector y que garantice -lo hemos repetido muchas veces- la eficacia, la eficiencia, la accesibilidad, la solidaridad, la equidad social, la gestión democrática de los servicios y la conservación de los ecosistemas acuáticos. Y
esto, señorías -lo repetimos una vez más-, viene garantizado por una gestión pública. La gestión pública tiene incentivos para potenciar el ahorro de agua frente a unas empresas privadas que aumentan su facturación con un mayor consumo; tiene más
flexibilidad para adaptarse a los nuevos cambios legislativos en dicha materia e invertir en instalaciones con criterios ambientales. Además, la Administración pública debe y puede garantizar el derecho humano al agua a través de ayudas a los
consumidores con pocos recursos económicos y penalizar los consumos excesivos, así como el control del ciclo y la visión integral del agua en todo momento en defensa del interés público, incorporando criterios de transparencia, participación y
democratización de las decisiones concernientes a un derecho humano básico, como es el acceso al agua. ¿Es posible la colaboración entre el sector privado y el sector público? Sí, es posible, pero es forzoso que el Gobierno reconozca y fomente la
primacía de lo público. Estamos en un país democrático
en el que lo que se acuerda en los despachos debe ser ajustado y transparente y en el que el interés público debe prevalecer sobre el privado. Esta debe ser la base del Gobierno sobre el agua.
En definitiva, aun en el supuesto de gestión indirecta del agua, la misma debe regirse por criterios sociales, de género y de sostenibilidad en la contratación, fomentando la participación de pequeñas empresas locales, cooperativas y
asociaciones, prohibiendo los cortes de suministro a las unidades familiares sin recursos suficientes y dotando de los mecanismos necesarios para que los usuarios tengan voz y voto en la gestión del agua. De verdad no es posible que con la excusa
de la legalidad vigente se impida la gestión pública, se obstaculice su recuperación y se fomente la corrupción. Se debe cambiar la Ley de Contratos del Sector Público, se debe evitar la dilación de contratos, clarificar los requisitos y facilitar
que tanto los ayuntamientos como la ciudadanía puedan ejercer un control efectivo sobre el servicio y revertir la concesión sin costes abusivos. Se debe imponer que tanto compras como contrataciones y subcontrataciones se hagan por concurso público
y no se dé la contratación de empresas del mismo sector o filiales. Esto es un nido de corrupción. Sirva como ejemplo el caso Pokemon, que revela que hubo más de un 90 % de autocompras directas sin concurso a empresas del mismo grupo. Esto está
sucediendo también con Agbar en el área metropolitana de Barcelona. Debemos seguir el ejemplo de muchas ciudades europeas como Grenoble, París o Berlín, donde se está remunicipalizando recientemente el servicio. En la capital francesa, por
ejemplo, durante el primer año de gestión pública se han bajado un 8 % las tarifas y se han ganado más de 35 millones. En París no hay cortes de agua porque una familia no pueda pagar. La gestión pública ha hecho que todo el beneficio económico se
revierta en el servicio y se implante una política innovadora de protección del medio ambiente. Si ustedes quieren escribir un libro verde, como decía la señora ministra, nosotras estaremos encantadas, pero, señorías, si queremos garantizar el
derecho al agua, son necesarios cambios legislativos. Hay que impulsar la ley de bases del ciclo urbano del agua; por cierto, una ley donde el Grupo Parlamentario Ciudadanos puede incorporar todas esas enmiendas técnicas que nos está presentando.
Estamos totalmente de acuerdo con sus enmiendas, pero ustedes están obviando lo central de esta moción: el debate sobre qué tipo de gestión queremos. ¿Les parece bien la mercantilización del agua? ¿Apoyan a las grandes multinacionales o no?
¿Quieren esconder detrás de sus enmiendas, pretendidamente técnicas, su apoyo a la privatización?
Al Gobierno le queremos decir que no basta con darnos la razón; tienen que actuar. Aquí estamos para legislar y para hacer las reformas necesarias para garantizar derechos y mejorar la vida de la gente, y repito que esto requiere cambiar
leyes. El otro día Pablo Iglesias en una entrevista les pedía de forma coloquial que se lo curraran un poco. Tiene toda la razón, cúrrenselo un poco más, porque esto va de gobernar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ramos Jordán.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene el señor Navarro Fernández-Rodríguez, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
El señor NAVARRO FERNÁNDEZ-RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, no se preocupen, que no vamos a esconder el debate. No va a ser así. Señorías, en esta moción ustedes hablan de agua y hablan de otras cosas. Vamos a hablar de agua, que para nosotros es lo importante, pero vamos a hablar antes
de esas otras cosas. El suministro de agua en los hogares es uno de los servicios básicos de competencia municipal. Se puede proporcionar por gestión directa, a través de empresas municipales, o a través de empresas privadas en régimen de
concesión. En los dos casos es municipal. El término remunicipalización es engañoso. A ustedes las concesiones no les gustan, independientemente de que lo hagan bien o mal, independientemente de que la gestión directa mejore el servicio o lo
empeore, sea más eficiente o menos. Este es el primer problema de su moción. Ustedes parece que están guiados aquí por un dogma ideológico. En cuanto hay un problema -incluso cuando no lo hay- el Grupo de Unidos Podemos tiene una solución: más
poder para el político. ¿Que las cajas han estado politizadas y casi arrastran a todo el país a la quiebra y han costado 60 000 millones a los españoles? Pues, creamos un polo bancario público. Ahora los juzgados están repletos de casos de
corrupción por colonización política en el sector del agua: caso Acemsa, la empresa municipal Aguas de Ceuta; caso La Sal, presunta malversación en la desaladora de Escombreras; caso Agissa, presuntos delitos de fraude y administración desleal en
el suministro de agua de Gerona y otras poblaciones, vinculado, por cierto, al 3 %; caso Emarsa, ya con sentencia, 97 años de cárcel para 24 condenados; caso Acuamed, ¡qué les voy a contar!, y caso Aquagest. Cuanto más evidente es que la
colonización política lleva a la ineficacia y
a la corrupción, ustedes proponen más facilidades para la colonización política. Desde luego, hay empresas públicas que funcionan perfectamente, como hay empresas privadas que funcionan estupendamente, pero tienen ustedes experiencias
recientes de remunicipalización, como dicen ustedes. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valladolid, del PSOE, ¿qué es lo que ha hecho? Acabar subcontratando a cuarenta empresas privadas; ha supuesto un recorte en inversiones y un peor servicio.
Miren, ustedes hablan de modificar la legislación de contratación pública aprobada el año pasado. Sus diputados trabajaron mucho y bien en ella: la señora Honorato y el señor Vendrell, que estaba por aquí. Tratábamos, entre otras cosas,
de conseguir una contratación más eficiente, más transparente, de alejar la corrupción y el amiguismo, introduciendo, por cierto, criterios sociales y medioambientales en la contratación. Ahora ya la quieren modificar para que los poderes políticos
tengan más facilidad para extender los tentáculos. Decía que el enfoque en esta materia tan importante lo someten a un sesgo ideológico pero en ocasiones es algo peor. Hemos podido ver el uso que han dado a las estructuras municipales en lo que
llaman los ayuntamientos del cambio: en Madrid, Barcelona, en Palma de Mallorca, que ustedes apoyan y me afecta de cerca. Hemos visto el nepotismo, la contratación de familiares, un récord de contratos y subvenciones a dedo; en Madrid, 138
millones de incremento en gastos de personal. Desde luego, yo no pretendo extender una sombra de acusación o sospecha sobre todos los diputados de Podemos, ¡faltaría más! -trabajo con ustedes en las comisiones, los conozco y sé que trabajan bien-,
pero esos casos existen. Y lo que es peor, se lo hemos oído decir de manera clara y diáfana al propio señor Errejón: Cuando perdamos las elecciones, dejar sembradas instituciones populares donde refugiarse cuando gobierne el adversario. Esto es
terrible, señorías. Una cosa es gestionar lo público y otra crear redes clientelares. Lo primero sirve a los ciudadanos, lo segundo a los políticos sin escrúpulos, y con cosas así nos da la sensación de que del mismo modo que hablan virtuosamente
de independencia judicial y luego se apresuran a entrar en el reparto, a la vez que claman contra la corrupción están deseando mantener todo tipo de chiringuitos, todo en nombre de la gente, claro.
Señorías, lo que nos interesa es el agua. Han dicho ustedes que están de acuerdo con las enmiendas. Necesitamos un pacto de Estado del agua, un marco estable que garantice importantes inversiones. Si están de acuerdo, como dicen, con
nuestras enmiendas, que hablan de cosas absolutamente sensatas -incrementar la depuración y la reutilización del agua, revisar incentivos para que sea más caro pagar multas que depurar, desarrollo de dobles redes, impulsar los cambios normativos que
permitan las recargas de acuíferos, mejorar drenaje urbano y reducir la contaminación de los cursos naturales de agua que provienen de las escorrentías urbanas, y, por supuesto, establecer indicadores de gestión que permitan conocer la calidad y
eficiencia de los servicios de agua-, obviamente, la concesión de gestiones no puede hacerse por un mero afán recaudatorio ni suponer mermas de los objetivos ambientales ni reducción de la inversión, pero, oigan, la gestión directa tampoco.
Señorías del PSOE, impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica es perentorio para garantizar recursos suficientes. Dijeron que esto era provisional pero ni elecciones ni reforma. Así que, señorías, hablemos del agua pero no lo
subordinemos ni a posibles ideologías ni a posibles chiringuitos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Navarro Fernández-Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: La moción que hoy se discute aquí está inspirada en principios que el Grupo Socialista y el Gobierno comparten sobre la gestión del ciclo del agua por parte de los municipios. En primer lugar, porque propone la
consideración del agua como un bien esencial, como un bien común que satisface una necesidad de interés general cuya gestión no puede subordinarse a la obtención de beneficios privados, sino a objetivos sociales y de sostenibilidad ambiental. Es un
servicio indispensable cuya titularidad está reservada a las administraciones públicas en sus diferentes niveles territoriales y competenciales, y cuya actividad está sometida al control del poder público sujeto a las potestades propias del derecho
público. Es que no podría ser de otro modo. Señorías, España cuenta con uno de los índices de estrés hídrico más elevados de la Unión Europea y eso exige promover dos aspectos importantes de la gestión en el servicio que no podemos eludir: uno es
la eficacia y el otro es la eficiencia. Al mismo tiempo, la Administración y el Gobierno, a todos los niveles, deben garantizar la accesibilidad, la transparencia, la solidaridad, la equidad social y la gestión democrática de los servicios del agua
y de los ecosistemas acuáticos. No obstante, reconocemos que no han sido estas razones las que pueden haber llevado a muchos municipios a optar por la gestión indirecta y contratar con empresas privadas la
prestación de los servicios municipales de agua. En este sentido, proponemos mejorar esta moción con cuatro enmiendas que entendemos que introducen mejora técnica del objetivo principal de eficiencia y eficacia, así como de servicio a la
comunidad con criterios sociales y ecológicos.
En primer lugar, en uso de la autonomía local que debe potenciarse en la gestión de los bienes colectivos, los municipios deben tener la posibilidad de elegir y debemos analizar las motivaciones que puedan llevar a preferir una gestión
indirecta del servicio del agua que no debería ser la penuria financiera de los municipios ni la búsqueda de ingresos parafiscales. El Grupo Socialista es consciente de este problema y más lo es el Gobierno, que ha propuesto la elaboración del
libro verde de la gobernanza del agua con el ánimo de identificar las barreras que impiden que las administraciones locales puedan asumir de manera efectiva sus competencias en la gestión de los servicios del agua, definir los objetivos integrales
de una reforma ambiciosa que cree las condiciones para mejorar no solo la gestión del agua, sino la calidad y la responsabilidad de la gobernanza local, estableciendo obligaciones de buen gobierno que deban cumplir los responsables públicos con las
consecuencias jurídicas que se deriven de su incumplimiento.
Nos preocupa especialmente que la decisión de que los municipios opten por la gestión indirecta pueda ser el resultado de un marco normativo que favorece esa alternativa frente a la gestión pública, pero no creemos que deba resolverse
simplemente derogando una norma que requiere que se garantice la sostenibilidad financiera y el cumplimiento de las normas de gasto a las que están sujetas las administraciones locales, al igual que lo están las administraciones autonómicas y la
propia Administración estatal. Tales normas tienen unos fines y ámbitos de aplicación que van mucho más allá de la regulación de los servicios que prestan los ayuntamientos.
En lo que se refiere a impulsar la Ley de bases para la regulación de los servicios de agua potable y saneamiento, reconociendo el acceso a estos servicios como un derecho humano, como un mínimo vital para la población, no podemos estar más
de acuerdo porque se trata de un reconocimiento avalado por la propia Organización de Naciones Unidas, en el caso del derecho al servicio básico del agua y de saneamiento, o de las instituciones europeas, que recomiendan la recuperación total de los
costes de servicios del agua.
El agua es un bien esencial, pero es también escaso y para su consumo deben construirse y operarse una serie de infraestructuras cuya inversión ha de recuperarse. España es el único país de la Unión Europea en el que las tarifas no permiten
cubrir la totalidad de los costes de operación del sistema. Sin embargo, en línea con lo que establece la Directiva Marco del Agua sobre la necesidad de que las tarifas del agua tengan en cuenta el principio de recuperación de costes, les
propondremos que tengan en cuenta esta circunstancia, asegurando que se establezcan tarifas para recuperar el cien por cien de los costes de los servicios del ciclo integral y se garantiza así una mayor eficiencia al establecerse una estructura de
tarifas que opera como incentivo para los municipios y que opera permitiéndoles cubrir los costes y sostener las inversiones tanto en redes como en saneamiento. Ahora bien, cualquiera que sea el modelo de gestión que elijan las entidades locales,
se deben garantizar los objetivos de eficacia y eficiencia en la gestión, beneficio colectivo, atención a criterios de sostenibilidad ambiental, transparencia y participación de la ciudadanía. El mecanismo debe consistir en establecer exigencias
equivalentes a los operadores privados y públicos, de modo que, cualquiera que sea el modelo de gestión por el que opten legítimamente los ciudadanos, se garantice que la gestión responde a objetivos colectivos. Esto requiere de un fortalecimiento
de la autonomía municipal, garantizando siempre la prevalencia del interés público sobre el privado. En esta línea resulta más coherente modificar legalmente el canon concesional que suprimirlo, pretendiendo que este canon sea finalista y se
dedique íntegramente a la renovación de infraestructuras de abastecimiento y saneamiento, así como a su gestión y explotación.
Somos conscientes de la necesidad de revisar y estudiar en detalle algunos aspectos de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas que puedan derivar alguna consecuencia sobre la autonomía municipal. La contratación pública debe
ceñirse a criterios de legalidad, trasparencia e igualdad de oportunidades, que no deberían favorecer a priori alternativa alguna. También somos conscientes de que los objetivos públicos de la gestión del agua no pueden ser un argumento para
debilitar los criterios mencionados de la contratación pública. Deben consagrarse los criterios de género social y sostenibilidad en la Ley de Contratos del Estado o en cualquiera de sus desarrollos. La propuesta de obligar a la desconcentración
vertical de los monopolios es importante. El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno están abiertos a discutir cualquier iniciativa dirigida a controlar el poder del mercado. Lo mismo decimos del fortalecimiento de la participación ciudadana.
Ya para finalizar y en cuanto a la necesidad de contar con un conjunto de indicadores de gestión que sirvan de base a la toma de decisiones, proponemos la creación de un observatorio del ciclo urbano del agua que actuaría como organismo de
supervisión y garantía de accesibilidad y de transparencia en la información. No nos olvidemos de que la falta de información produce vulnerabilidad del consumidor. Dicho observatorio serviría además para visibilizar, evaluar y mejorar la gestión
local de los servicios de agua, homogeneizar los sistemas de cálculo de tarifas, evaluar la solvencia financiera a corto y medio plazo y cumplir con los objetivos de calidad y de sostenibilidad ambiental.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor García Mira.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
He tenido la suerte de ser alcalde de un pueblo donde se remunicipalizó en la década pasada el servicio del agua. Por tanto, mi pueblo es uno del 33 % de pueblos que prestan el servicio del agua mediante una empresa pública, una empresa
pública que además ha ido asumiendo más servicios como parques y jardines o la misma piscina municipal. Puedo decir que hay plena satisfacción tanto desde el equipo que gobierna como desde la oposición. Yo creo que prestar este servicio desde una
empresa pública o bien directamente tiene ventajas. En nuestro caso, prestar tarifas más bajas que otros pueblos que tienen el agua privatizada o que las decisiones se puedan coordinar mejor. En el consejo está el concejal o la concejala de
Servicios Sociales junto con el portavoz del área, por tanto, en los casos de cortes de suministro puede haber decisiones mucho más coordinadas, incluso para impedirlo. Una cosa fundamental es que cuando hay beneficios no van a manos de los
accionistas y se reinvierten en el mismo servicio, en el bien común, luego estamos aprovechando esta sinergia para que el servicio funcione mejor. Otra ventaja son criterios objetivos a la hora de la selección de personal. Aquí se ha hablado de
muchos casos de corrupción, pero en el caso de una empresa pública tienen que seguir los mismos criterios de capacidad y tener todos las mismas opciones. Una cosa muy importante para mí es el control de la empresa, ya que en el consejo están los
miembros de la oposición para controlar el rumbo que sigue esta empresa. Por tanto, yo veo muchas ventajas y creo que en muchos pueblos y ciudades del Estado español se demuestra día a día que se pueden tener servicios públicos, prestarlos bien y
además revertir los beneficios en los propios ciudadanos. Creo que algunos tenemos el reto de sacar pecho y de explicar que somos capaces de gestionar servicios públicos y de gestionarlos mejor que con servicios público-privados. En ese sentido,
la situación apocalíptica de muchos servicios públicos va ligada a un partido que, en definitiva, vampirizó las instituciones y no solo los servicios públicos del agua.
Votamos sí a esta propuesta; votamos convencidos porque entendemos que hay que contribuir a que las leyes favorezcan a que los municipios, los pueblos y las ciudades, puedan recuperar esos servicios que en un momento se privatizaron.
Decimos sí para que no se pongan trabas justamente a esa remunicipalización, por ejemplo, la Ley de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales, que impide en muchos casos que los municipios puedan decidir libremente
remunicipalizar o recuperar un servicio que previamente fue privatizado; que no se incentiven justamente las privatizaciones. Yo, como alcalde, he conocido otros pueblos que privatizaban el servicio público del agua a veinticinco años, cobraban un
canon, en muchos casos cobraban todo el canon por anticipado, y luego lo dedicaban a otras cosas que nada tenían que ver con finalidades de ese servicio; incluso para fiestas. En definitiva, no se trata de colonizar los servicios públicos, sino
justamente sacar pecho porque con los servicios públicos podemos prestar un mejor servicio los ciudadanos.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
El tema del agua, desde diferentes vertientes y desde diferentes perspectivas, es un elemento casi común últimamente en esta Cámara; y me parece bien, porque las diferentes visiones que se tienen en torno a algo tan vital como el agua yo
creo que enriquecen al debate. En cualquier caso, en cuanto a la
moción que se ha presentado hoy, por una parte, me alegro de que la haya presentado Podemos aquí porque plantea cuestiones con las que estoy totalmente de acuerdo, y les voy a decir por qué.
Las privatizaciones de los servicios públicos comenzaron en el siglo XIX, principalmente, debido a la falta de medios económicos y técnicos para hacer frente, por parte de algunas administraciones públicas, al crecimiento de la demanda del
consumo derivado del desarrollo económico y social de la época; sin duda alguna mucho más fuertemente en zonas como Cataluña o como la Comunidad Valenciana. Con la entrada de la democracia, algunos ayuntamientos faltos de financiación y con una
visión, a nuestro entender, excesivamente cortoplacista vieron en la privatización de servicios públicos, básicamente el del agua, una manera de lograr recursos económicos a muy corto plazo hipotecando el servicio del agua a muy largo plazo, tal y
como ha sido explicado por otros compañeros también aquí.
Curiosamente, esta situación se ha dado a lo largo y ancho de todo el Estado español salvo en Euskadi, donde sus regidores municipales, mayoritariamente nacionalistas, no han privatizado un servicio tan básico y esencial como el del
abastecimiento. Nosotros, los del PNV, tan de derechas y tan burgueses como hemos sido siempre, somos los únicos que, en ese sentido, lo hemos tenido muy claro; también otros partidos, no digo que no, pero adelantándonos en Euskadi incluso a la
propia declaración del servicio de abastecimiento y saneamiento como un derecho universal. Yo entiendo que el grupo que ha presentado esta propuesta, incluso, ponga a veces a Euskadi como modelo; a ver si también en Euskadi ponen como modelo a
Euskadi, porque parece que solo lo ponen fuera de Euskadi. En cualquier caso, estoy hablando de ratios de eficacia superiores a las de la gestión privada que se puedan realizar en otros lugares también, y nada que objetar a lo que se pide, porque
llevamos años haciéndolo. En ese sentido, no tenemos ningún problema en cuanto a la línea básica y central que se plantea aquí, pues en el caso de Euskadi, vuelvo a reiterar: Amvisa, sociedad anónima pública cien por cien Ayuntamiento de Gasteiz,
gestión del alta y la baja. Una modificación en este sentido creo que podría crear seguramente una grave distorsión técnica y administrativa si, como se plantea en uno de los puntos que creo que ha podido ser enmendado, se eliminara la posibilidad
de que la misma empresa gestionase las dos cuestiones. Claro, la misma empresa privada no sé, pero si es la empresa pública no hay ningún riesgo. En el caso del Consorcio de Aguas de Guipuzcoa, del mismo depende una sociedad pública cien por cien
consorcio, que es la que ejerce toda la actividad real, por lo que le podría ocurrir lo mismo que a Amvisa. En el caso del Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, en los ayuntamientos que así lo desean la red secundaria la ejerce una sociedad filial
llamada Udal Sareak, cien por cien pública. Y también tenemos el caso de Añarbe, en San Sebastián.
En ese sentido, yo creo que estamos totalmente de acuerdo con lo que plantean ustedes a la hora de que los ayuntamientos tengan esta posibilidad. Ahora bien, ¿el problema que ustedes plantean es porque en otros lugares la gestión es privada
o porque esa gestión privada se ha hecho mal? Yo siempre defenderé la gestión pública. Si algunos ayuntamientos quieren privatizarla, ellos verán. Ahora bien, los ciudadanos están obligados a exigir que esa función se cumpla bien, que haya
transparencia y que dé un servicio verdaderamente garante a todos los ciudadanos. A veces ocurre que algunos partidos achacan la mala gestión a lo público, pero el problema no es que sea pública, sino que la gestión sea mala.
Señores de Ciudadanos, siguiendo la crítica que han hecho en estos momentos y a la vista de la corrupción de algunos sitios podríamos incluso privatizar hasta la propia Administración, porque es el origen de todas las corrupciones y de todas
las cuestiones que ustedes han planteado. Creo que en ese sentido lo que hay que primar es la buena gestión. Siempre defenderemos el carácter público de la gestión del agua y que lo que hay que combatir es la mala gestión. Nosotros no nos
opondremos a esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias.
Señorías, creo que en este punto no está de más recordar, aunque todo el mundo lo sabe, que el agua es un recurso público ilimitado y que, tal y como establece la legislación del Estado y las directivas internacionales, es un bien común
básico y esencial. Lo digo por insistir en un tema sobre el cual estamos articulando el discurso en estos momentos. Su gestión puede ser asumida directamente por la propia Administración pública o delegarse por concesión a un tercero. En el
ámbito municipal hablaríamos de la gestión de los servicios de abastecimiento y saneamiento del agua, y al ser un bien público, sea quien sea el gestor de esos servicios, debe garantizar la plena transparencia en su gestión. Esta es la clave: la
plena
transparencia en su gestión sea quien sea el gestor, público o privado, porque en algunos casos ni el público ni el privado han garantizado la plena transparencia de la gestión.
Si insistimos en esa idea tan sumamente evidente es porque no siempre se ha entendido así y muchas veces se confunde la concesión pública de la gestión del servicio con la privatización del propio recurso del agua. Precisamente la opacidad
en la gestión es inherente a la idea del agua como recurso privado y en ese modelo privado no cabe la necesidad de pasar cuentas a nadie. Reitero que estamos gestionando un bien público y no un recurso privado. Esto tan sencillo es realmente clave
para entender qué es la gestión de un servicio público. En ese sentido y en pro de la transparencia insisto en que apostamos por un modelo de gobernanza, de proximidad, que priorice el aumento del control público de la gestión y la participación de
diferentes agentes sociales en la toma de decisiones. Y en el ámbito municipal apostamos por la remunicipalización del agua, entendida como un proceso de recuperación de la gestión y el control público del agua. No renunciamos a los diferentes
modelos de gestión siempre y cuando en todos ellos se garantice la transparencia y el control público; está la gestión municipal directa, pero también está la gestión privada por concesión pública, luego también apostamos por un modelo de gestión
privada bajo control público. Pero creemos más en pequeñas y medianas empresas vinculadas al territorio, que garanticen la proximidad, la participación social y la transparencia en su gestión. Estamos completamente en contra de modelos de gestión
privada del agua, que responden más a los intereses económicos de grandes corporaciones y no precisamente a las demandas locales, pues escapan del control municipal y practican la opacidad como un sistema habitual de gestión. Son aquellos que
precisamente, como he dicho, confunden la concesión de la gestión con la privatización del agua y que, por lo tanto, no se ven interpelados en ningún momento a dar explicaciones a nadie.
En Cataluña ese modelo de opacidad en la gestión del agua ha conllevado precisamente a la reacción de la propia sociedad civil, que reclama la recuperación de la gestión directa para garantizar un servicio público básico, eficaz,
transparente y participativo. Terrasa es el primer ejemplo de una gran ciudad que, gracias a la movilización social, ha recuperado la gestión municipal directa del servicio de abastecimiento del agua. El Pleno municipal, de 22 de marzo de 2018,
aprobó definitivamente la forma de gestión directa del servicio de abastecimiento del agua mediante una nueva entidad pública empresarial local, pero no es el único ejemplo: la movilización social, a través de entidades como Agua es Vida, ha
extendido esa necesidad de recuperación de la gestión directa municipal del agua a otros municipios como Figaró, Monban, Llorenç del Munt en 2010-2011 iniciaron un movimiento que poco a poco fue tomando impulso con los casos de la incorporación de
Manacor, Montornès del Vallès, Alfés, La Granada, Santamaria de Palautordera, Vilaba Sessera, Foixà, Pollença, Puigverd d´Agramunt, Vilagrassa, Collbató, Igualada y recientemente Girona. Hasta llegar a los casos de Bellreguard, Massanés y Terrassa,
culminados o en proceso de ser culminados este 2018. En algunos casos incluso son entidades supranacionales, como el consell comarcal de zona quienes están planteando impulsar una empresa pública de gestión del agua. Por lo tanto, no es un caso
aislado el de Terrassa, sino que reflejan una demanda de cambio en la gestión del agua, un cambio de paradigma de gestión del agua. En todos ellos Esquerra siempre ha estado presente y en algunos incluso, como Collbató, lo ha liderado.
Por estos motivos, nuestro grupo va a apoyar esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Eritja.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Torres Herrera.
El señor TORRES HERRERA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Debatimos hoy aquí esta moción, que no deja de ser una iniciativa simple, sobre la gestión pública del agua para tratar de impulsar una serie de modificaciones legislativas que afectan directamente a los municipios,
en un enredo al desviar la cuestión inicial de su interpelación, posibilitada muy hábilmente con la intervención de la señora ministra de Transición Ecológica el pasado 31 de octubre. En este punto, señora Ramos, tengo que reprocharle el lenguaje
dictatorial e insultón que utilizó usted en la intervención para descalificar a las empresas y a algunos de los grupos parlamentarios de esta Cámara, con términos como pinza, liberal-fascista, que no contribuyen a construir nada. Ya lo afirmaba
usted, señora Ramos, cuando reconocía en la interpelación que iba dirigida a la señora ministra de Hacienda, señora Montero, y no a la señora Ribero, pero las arras de este cogobierno les obligan a llevarse bien, de momento.
Señora Ramos, su propuesta para la revisión de la Ley de Bases del Régimen Local nos parecería oportuna si incorporase un mínimo de rigor y seriedad. Como sabe usted, está recién revisada en el pasado mes de agosto y, por supuesto, ello
supondría atender a la actualización de la Ley 27/2013, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, pero entenderá usted, señora Ramos, que propiciar una revisión de una norma fundamental para la gestión de los Gobiernos locales
no puede justificarse desde la idea reformista para que los ayuntamientos puedan gestionar el agua en sus territorios, cosa que, por cierto, ya hacen, aunque sea de manera indirecta, mixta o concesionada. Su idea de intervencionismo público es tan
extremista como obsoleta. Tanto es así que solo quedan ejemplos de esta forma de Gobierno en países como Venezuela. Usted parte de la idea de la gestión exclusiva del ciclo integral del agua como si cada municipio contara con los recursos para la
captación, el transporte, la potabilización, la distribución, la venta, la depuración y el vertido. Otra vez caen en un notable desconocimiento de la realidad de nuestro país, en un reduccionismo simplista que se aleja de la complejidad que supone
un marco de gestión seria y segura, como debe serlo para el caso del agua. Piden además que se prioricen los usos de consumo humano con criterios de sostenibilidad ambiental. Afortunadamente, señorías, el Real Decreto Legislativo 1/2001, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de aguas, ya contempla estas obligaciones. Piden además que se reconozca el acceso a los servicios básicos del agua potable y de saneamiento como derecho humano. Pero, señora Ramos, ¿en qué país creen
que viven ustedes? En la ONU, la Carta Europea del Agua y en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea se recoge ese acceso como esencial. El abastecimiento del agua es obligatorio en todos los domicilios de España, según lo previsto en la
Ley de Bases del Régimen Local, desde 1985. Mezcla además usted en el punto tercero de su moción la gestión del cambio climático, quizá atendiendo a la sugerencia que le hacía la señora ministra con su llamamiento a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, los ODS de la ONU. Pues claro que será necesario atender a la planificación hidrológica integral para hacer frente a los planes de adaptación del cambio climático, y esperamos que de ello se encargue la anunciada ley de cambio climático
de la señora ministra de Transición Ecológica, al menos como lo hacía el proyecto de ley del Partido Popular que ustedes se encargaron de desestimar en este mismo hemiciclo.
Respecto a la supresión del canon concesional, apartado cuarto de su moción, parece lógico que no se contemple en los casos de servicios municipalizados completamente, aunque si usted revisa los casos en los que existe una gestión
municipalizada, a lo mejor encontraría alguna sorpresa. Evidentemente se debe estar a lo previsto en el pliego de condiciones que en cada caso rija la concesión, aunque debemos entender que en todos los casos se deberán detraer de los ingresos
generados a través de las tasas, que no de impuestos, los gastos debidos a la prestación del servicio y, en los casos de prestación del servicio por una empresa, es evidente su derecho al correspondiente beneficio industrial. Contradictoriamente,
usted propone que se incorporen más gastos para el control y la supervisión de la concesionaria, pero, señora Ramos, ¿quiere o no quiere concesión? Cuando se quiere controlar a la concesionaria, como ocurre en la mayoría de los casos, esa acción se
incorpora en el pliego, pero no pretenderá usted que ese control lo pague la concesionaria de sus beneficios.
Propone adicionalmente una modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, apartados quinto y sexto de su moción, para dos cuestiones que otra vez quedan en el ámbito exclusivo del pliego de condiciones para la contratación, señora
Ramos. La inclusión de criterios sociales, de género y de sostenibilidad son objeto ya de la compra pública, sostenible e innovadora y están ya perfectamente engarzados en la nueva Ley de Contratos del Sector Público.
Por último, señora Ramos, usted propone la definición de un sistema de indicadores comunes para el seguimiento de algo que no es homogéneo, y es motivado otra vez por su desconocimiento de la realidad. Nada tiene que ver la captación de
recursos hidrológicos de la Confederación del Ebro con la del Guadalquivir. La orografía, la eficiencia de los tratamientos de los procesos de potabilización, la dureza de las aguas y, por último, las condiciones de vertido son susceptibles de
notables variaciones según el medio receptor. A todo ello debe usted sumar las particularidades en cuanto a la ordenación territorial en las comunidades autónomas, así como las diferentes figuras de protección del territorio, incluyendo la Red
Natura 2000. Todo esto complica notablemente la implantación de un sistema de indicadores unificado para la prestación de este servicio, aunque reconozco que podría ser cuestión de estudio.
Por todo ello, no entendemos justificada la moción presentada por el Grupo Parlamentario de Podemos en ninguno de sus apartados. Desde el Partido Popular entendemos que se debe elegir en cada momento la mejor opción para el suministro y la
depuración del servicio público de aguas -pública, mixta o en concesión plena- para un diagnóstico de la situación compartida con los municipios, cabildos y provincias
y, en definitiva, en todas las políticas que veníamos desarrollando en nuestra acción de Gobierno, así como en las acciones que ahora desarrollamos desde la oposición.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Torres.
Señora Ramos Jordán, a los efectos de si acepta o no las enmiendas presentadas, tiene la palabra.
La señora RAMOS JORDÁN: Sí, vamos a aceptar las transaccionales que hemos hecho con el Grupo Socialista.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ramos Jordán.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve.
Eran las dos y cuarenta minutos de la tarde.