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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 153, de 09/10/2018
cve: DSCD-12-PL-153
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 153
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 146
celebrada el martes,
9 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas:
- De la Asamblea Regional de Murcia, sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 6-1, de 9 de septiembre de 2016. (Número de expediente 125/000003) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Cambio Climático y Transición Energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 283-1, de 29 de junio de 2018. (Número de expediente 122/000247) ...
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 407, de 7 de septiembre de 2018. (Número de expediente 162/000741) ...
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 407, de 7 de septiembre de 2018. (Número de expediente 162/000757) ...
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público.
(Número de expediente 173/000107) ... (Página45)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres. (Número de expediente 173/000108) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata. (Número de expediente 173/000109) ...
Solicitud de prórroga de comisiones de investigación:
- Solicitud de prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular. (Número de expediente 152/000003) ...
Solicitudes de creación de comisiones de investigación:
- Solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de Investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de
Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por acuerdo de la comisión gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año. (Número de expediente 156/000030) ... (Página70)
Toma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página77)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página77)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página77)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página78)
Solicitud de prórroga de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página78)
Solicitudes de creación de comisiones de investigación. (Votación) ... (Página79)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
PáginaToma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas ... (Página6)
PáginaDe la Asamblea Regional de Murcia, sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo ... (Página6)
En turno a favor intervienen los señores Martínez Baños, del Grupo Parlamentario Socialista; Urralburu Arza, del Grupo Parlamentario Podemos, y Sánchez López, del Grupo Parlamentario Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, representantes de la
Asamblea Regional de Murcia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Capdevila i Esteve, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; Garaulet Rodríguez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; y las señoras González Veracruz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Carreño Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PáginaToma en consideración de proposiciones de ley ... (Página17)
PáginaDel Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Cambio Climático y Transición Energética ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Martínez Ferro, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón y Campuzano i Canadés, del Grupo Parlamentario Mixto; Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Eritja Ciuró, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; Martínez González, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Gómez-Reino Varela, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Lamuà Estañol, del Grupo Parlamentario Socialista.
PáginaProposiciones no de ley ... (Página29)
PáginaDel Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias ... (Página29)
Defiende la proposición no de ley la señora Borrego Cortés, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, del Grupo Parlamentario Mixto.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Sahuquillo García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, vuelve a hacer uso de la palabra la señora Borrego Cortés.
PáginaDel Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil ... (Página37)
Defiende la proposición no de ley la señora Peña Camarero, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Alli Martínez y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto, así como para fijación de posición el señor Martínez Oblanca, del mismo grupo; las señoras Telechea i Lozano,
del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Heredia Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y la señora Millán Salmerón, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Peña Camarero.
PáginaMociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)
PáginaDel Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público
... (Página45)
Defiende la moción el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Mena
Arca, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Hacen uso de la palabra los señores Simancas Simancas, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mena Arca, así como el señor Echániz Salgado y nuevamente el señor Mena Arca.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Roldán Monés.
PáginaDel Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres ... (Página53)
Defiende la moción la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto, así como en turno de fijación de posiciones el señor Salvador Armendáriz y la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del mismo
grupo; y las señoras Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Álvarez Álvarez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Alba Mullor, del Grupo Parlamentario Popular
en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Fernández Castañón.
PáginaDel Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma inmediata ... (Página62)
Defiende la moción la señora Moro Almaraz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Guillaumes i Ràfols, del Grupo Parlamentario Mixto; Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Tardà i Coma, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y
Prendes Prendes, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Elizo Serrano, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
PáginaSolicitud de prórroga de Comisiones de Investigación ... (Página70)
PáginaSolicitud de prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular ... (Página70)
La Presidencia informa de que este punto se someterá a votación al final de la sesión.
PáginaSolicitudes de creación de Comisiones de Investigación ... (Página70)
PáginaSolicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de Investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de
Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año ... (Página70)
En turno a favor de la solicitud intervienen la señora Belarra Urteaga, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y
las señoras Martínez Seijo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
PáginaToma en consideración de proposiciones de ley de comunidades y ciudades autónomas. (Votación) ... (Página77)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia, sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo, se aprueba por 332 votos a favor más 4 votos telemáticos, 336 y 7
abstenciones.
PáginaToma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página77)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de Cambio Climático y Transición Energética, se rechaza por 138 votos a favor, 172 en contra más 4 votos telemáticos, 176 y
30 abstenciones.
PáginaProposiciones no de ley. (Votación) ... (Página77)
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso, relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias, se aprueba por 259 votos a favor y 81 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana y el Grupo Parlamentario Mixto a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil, se aprueba por 201 votos a favor y 139 abstenciones.
PáginaMociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página78)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración Pública y para garantizar la profesionalidad y
la imparcialidad de los nombramientos en el Sector Público, se rechaza por 31 votos a favor, 172 en contra y 136 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas las mujeres, se aprueba por 163 votos a favor, 137 en contra y 39 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su cese de forma
inmediata, se aprueba por 166 votos a favor, 91 en contra y 83 abstenciones.
PáginaSolicitud de prórroga de Comisiones de Investigación. (Votación) ... (Página78)
Sometida a votación la solicitud de prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular, se aprueba por asentimiento.
PáginaSolicitudes de creación de Comisiones de Investigación. (Votación) ... (Página79)
Sometida a votación la solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana, de creación de una Comisión de Investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por
el Instituto de Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por Acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del citado año, se aprueba por 198 votos a favor, 133 en contra y 9 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS:
- DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, SOBRE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO. (Número de expediente 125/000003).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos con el debate de toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo. Es por ello que
nos acompañan tres representantes de la Asamblea Regional de Murcia, que integran la delegación que defenderá la propuesta y a quienes doy la bienvenida en nombre de la Cámara, así como a la presidenta del Parlamento y a todas sus señorías y
diputados de la Región de Murcia.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra, en primer lugar, don Alfonso Martínez Baños. (Aplausos).
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Martínez Baños): Presidenta, señorías, permítanme que, en primer lugar, agradezca al Gobierno de Pedro Sánchez que haya levantado el veto que impuso el presidente Rajoy a la
tramitación de esta proposición de ley impulsada por la Asamblea Regional de Murcia. El acuerdo del Consejo de Ministros del pasado viernes de eliminar el impuesto al sol y la aprobación de esta proposición de ley supondría una revolución en el
desarrollo de las energías renovables. En este sentido, nuestro país, España, tiene compromisos internacionales que cumplir en el corto, medio y largo plazo, años 2020, 2030 y 2050. Hasta la fecha, las medidas legislativas que se han adoptado para
el cumplimiento de estos compromisos son insuficientes e ineficientes. Necesitamos una ley que garantice el pleno desarrollo de las energías renovables. Esa ley, sin lugar a dudas, es la que les proponemos desde el Parlamento de la Región de
Murcia, una ley que allí contó con el apoyo de los partidos políticos de Podemos, Ciudadanos y PSOE, apoyo que esperamos y deseamos se reproduzca en este Parlamento.
Señorías, esta es una ley innovadora, que viene para cambiar el sistema eléctrico español, pasando de una generación concentrada a una generación distribuida; es decir, a democratizar la producción de energía eléctrica, cambiar un sistema
de producción de electricidad que está en manos de unos pocos a uno nuevo que controle los consumidores. Es una proposición de ley pensada y hecha para beneficiar a las personas. Se trata de que el consumidor deje de estar en la periferia del
sistema para pasar a ser el protagonista. Señorías, esta proposición de ley permitiría el pleno desarrollo de la generación de electricidad para autoconsumo. En este sentido, se introducen los términos de balance neto compartido para posibilitar
que puedan beneficiarse del autoconsumo las comunidades de propietarios o regular el autoconsumo de un consumidor con puntos de suministro o instalación en distintas propiedades; y también algo muy importante para la Región de Murcia, para
posibilitar el autoconsumo a las plantas desaladoras. Por otra parte, se regula el balance diferido para facilitar a los consumidores la alternativa de intercambio de energía con la empresa comercializadora. Además, le digo que esta proposición de
ley sería el instrumento más eficaz para combatir la pobreza energética.
Señorías, el pleno desarrollo de la producción de energía eléctrica para autoconsumo es una cuestión estratégica de primer nivel para nuestro país. Somos dependientes energéticamente y nuestra economía es poco productiva. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Martínez Baños): Por tanto, necesitamos instrumentos legislativos que nos orienten hacia la autosuficiencia energética y mejoren la competitividad de nuestro tejido empresarial. Si
ustedes, señoras diputadas y señores diputados, toman en consideración la tramitación de esta proposición de ley que con tanto esmero hemos elaborado en la Región de Murcia, estarán dando un paso muy importante en este sentido.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Silencio, por favor.
Tiene la palabra don Óscar Urralburu Arza.
El señor REPRESENTANTE DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA (Urralburu Arza): Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Es un orgullo para mí representar hoy esta tarde en el Congreso de los Diputados a la Asamblea Regional y hacerlo también en nombre de mi partido, Podemos, en la Región de Murcia para defender precisamente la toma
en consideración de esta ley de generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo. Es un ejemplo inédito, por lo menos en la historia de la Región de Murcia, de legislación, de un parlamento autonómico que es capaz de poner en el Congreso
de los Diputados una iniciativa para legislar a nivel nacional una cuestión tan importante como la generación eléctrica en nuestro país. Y es especial para mí porque además la hizo, su autor intelectual y político, un amigo, un compañero, Antonio
Urbina Yeregui, físico y profesor de la UPCT y también diputado de
Podemos en la Asamblea Regional de Murcia. Con esta propuesta lo que queremos es cumplir el mandato del Acuerdo de París, es decir, sustituir de un modo progresivo los combustibles fósiles por energías renovables, poniéndonos a la
vanguardia en la lucha contra el cambio climático y frenando el avance de la desertización en un territorio como la Región de Murcia, muy sensible, como saben todos ustedes, al avance del cambio climático y la desertización. Por tanto, es una
iniciativa para el presente, pero también para el futuro de nuestra región y de nuestro país. Ayudar a mitigar el ascenso de la temperatura global a lo largo del siglo XXI es uno de los principales problemas del globo y en la Región de Murcia es un
problema estructural. Conocemos en la Región de Murcia lo que supone la reducción de las precipitaciones y el incremento de la temperatura media. Muchos expertos reconocen que es posible que en veinte años pueda disminuir el caudal disponible en
prácticamente un 40 % en nuestro territorio, quebrando totalmente nuestra industria agroalimentaria y poniendo en riesgo el modo de vida de cientos de miles de familias. Es un desastre para la Región de Murcia a cámara lenta. Es vital la
aplicación de lo que se va a tramitar en esta Cámara para aplicarlo también a las centrales desaladoras de nuestro territorio.
La Unión Europea es consciente de ello desde hace muchísimo tiempo y por eso ha dictado varias directivas europeas -tanto el Parlamento como el Consejo- para que esto sea posible, para hacer esa transición a las energías renovables. Sin
embargo, en nuestro país no lo hemos hecho. Estamos llegando tarde. Hemos perdido muchísimo tiempo. Desde el último Gobierno de Zapatero, en el que el ministro Miguel Sebastián impuso los peajes eléctricos, hasta el ministro Soria, que estableció
el llamado impuesto al sol, lo que ha hecho el Gobierno de España ha sido servir a los intereses de las grandes empresas eléctricas y no a los intereses de nuestro país. Es una vergüenza que España, el territorio europeo que más horas de sol tiene
al año, desperdicie su enorme potencial fotovoltaico renovable dentro del mix energético. Por tanto, el primer objetivo de esta ley es derogar el Real Decreto 1455 y, por consiguiente, derogar los peajes de acceso; derogar, como ya hizo el
Gobierno de España este pasado sábado, el impuesto al sol; y también retribuir a los pequeños productores que inyectan energía en la red eléctrica, planteando una democratización del sistema eléctrico en nuestro país, pasando de una red
centralizada a una red descentralizada e introduciendo nuevos actores en la red eléctrica de nuestro país. Es una oportunidad para aprovechar todo el enorme potencial que tiene la energía renovable, para reducir los costes de producción y también
para evitar o reducir las pérdidas que existen en la distribución de energía. Una de las consecuencias positivas que puede tener la tramitación de esta ley va a ser la bajada efectiva del precio de la luz para todos los usuarios; no solamente para
los autoconsumidores, sino para el conjunto de los consumidores.
Señorías, esta es una ley que va muy en serio. Tenemos la tecnología, tenemos el conocimiento, tenemos la mano de obra, tenemos la capacidad productiva y, si no se ha avanzado más, ha sido por falta de voluntad política. Democratizar la
producción energética y su consumo es avanzar hacia la transición energética y es un orgullo que sea la Región de Murcia la que traiga esta propuesta de transformación del modelo energético en nuestro país al Congreso de los Diputados, que es
también clave para poder avanzar en la transformación de nuestro modelo productivo. Esta ley coloca a la Región de Murcia donde se merece. Esta ley nos coloca, apenas un año después de traer aquí la solicitud de eliminación de los aforamientos del
estatuto de autonomía, a la vanguardia de Europa en las energías renovables.
Termino ya. Esta ley ha venido aquí gracias a que el Partido Popular perdió la mayoría en la Asamblea Regional en el año 2015 y también gracias a que la moción de censura ha levantado el veto que ha mantenido el Gobierno de Mariano Rajoy
durante los últimos tres años. Por tanto, tenemos que tener la conciencia plena de que solo podemos avanzar en la lucha contra el cambio climático y solo podemos avanzar en la democratización del sistema eléctrico cuando el Partido Popular no está
en el Gobierno.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra don Miguel Sánchez López.
El señor REPRESENTANTE DEL PARLAMENTO DE MURCIA (Sánchez López): Gracias, señora presidenta.
Señorías, es un honor para mí comparecer en esa tribuna por segunda vez en esta legislatura; la primera fue para la eliminación de los aforamientos y esta vez para un tema tan puntero como esta ley de renovables, esta ley de autoconsumo.
Señorías, cambio climático. Pese a que todavía hay quien niega la evidencia -todavía los hay-, el cambio climático ya está produciendo un desequilibrio ambiental que en un futuro inmediato tendrá
consecuencias impredecibles. No es un problema de hoy o de mañana, señorías, es un problema de ayer. La lucha contra el cambio climático es de carácter global. Peter Senge habla de la revolución necesaria y, en este sentido, desde la
Cumbre Marco sobre el Cambio Climático de Naciones Unidas de 1992 se han dado pasos importantes, es verdad, hay que reconocerlo, como el Protocolo de Kioto o el Acuerdo de París, pero, señorías, no nos engañemos, para lograr este objetivo tenemos
que pasar de una economía basada en la combustión de fósiles a una economía basada en las energías renovables. En este sentido, es verdad que la Unión Europea ha apostado decididamente por esta transición y ha hecho especial hincapié en el
autoconsumo. De hecho -y como muestra un botón-, el pasado 14 de junio, sin ir más lejos, se logró un acuerdo entre los Gobiernos de la Unión Europea y el Parlamento Europeo para fijar un objetivo vinculante de energía renovable del 32 % para 2030
e incluir la cláusula de revisión al alza para 2023. La nueva directiva, fruto de dicho acuerdo, reconoce el derecho al autoconsumo y derechos como generar, almacenar y vender el exceso de energía eléctrica, instalar y operar sistemas de
almacenaje, así como recibir remuneraciones por el excedente vertido a la red.
Señorías, la llegada de las energías renovables tenía un carácter inexorable. El Partido Popular lo único que ha hecho ha sido frenarla con medidas que han puesto trabas a su desarrollo, especialmente con el denominado impuesto al sol, que
imponía el cobro de peajes al autoconsumo en clara contradicción con lo prescrito por las directivas europeas. En los últimos años, ha sido este el mayor obstáculo al desarrollo de este tipo de energías en nuestro país. Ciudadanos, por el
contrario, siempre ha apostado por la transición a energías renovables, por las energías eólicas y fotovoltaicas, y fruto de esta apuesta decidida nace la ley de la Asamblea Regional de Murcia, que, recuerdo, es del año 2015. Señorías, en esta ley,
como en casos anteriores, como la reforma de la Ley electoral, la regeneración democrática, la eliminación de los aforamientos o la supresión de impuestos, como el de sucesiones y donaciones, la Región de Murcia también es punta de lanza, nuevamente
nos sentimos orgullosos de ser pioneros en esta iniciativa. (Aplausos). Ciudadanos, como no podía ser de otra manera, colaboró activamente en su tramitación y apostó por la misma con su voto favorable. Pero es que a mayor abundamiento, esta ley
es muy similar a la que Ciudadanos registró en esta Cámara en 2016 y que fue desgraciadamente bloqueada por el Partido Popular. Es una ley muy compleja y completa que además de amparar y regular el autoconsumo, además de eliminar los peajes,
incorpora un desarrollo importante que nos permite regular de forma detallada todas las condiciones técnicas y administrativas para las distintas modalidades de autoconsumo de energía eléctrica de origen renovable. Esta normativa permite el vuelco
a la red de los excedentes producidos y, así, el desarrollo de los sistemas de producción eléctrica descentralizados de carácter local, incluso a través de pequeñas comunidades de producción y consumo, con trayectos de transporte muy cortos que
disminuyen costes tanto económicos como medioambientales.
Señorías, es cierto que, el pasado 5 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó el real decreto que derogaba el impuesto al sol, pero esta normativa es claramente insuficiente, porque no termina de regular de manera detallada este sector.
Sin embargo, la propuesta que hoy se trae desde la Asamblea Regional de Murcia sí regula de forma detallada y pormenorizada todos los aspectos relacionados con la producción de energía eléctrica para el autoconsumo. Es un primer paso para la nueva
cultura de producción de energía de carácter sostenible más económica, más respetuosa con el medio ambiente, más rentable, inagotable, con capacidad para generar muchos puestos de trabajo y más ingresos tributarios que la producción tradicional.
Para finalizar, señorías, quisiera manifestar que en la Región de Murcia no solo nos sobran horas de sol sino capacidad de trabajo, iniciativa, talento y ganas de innovar. Tomen en consideración esta ley. Es un deber que tenemos con
nosotros mismos, con nuestros hijos y con nuestro planeta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señora presidenta.
Doy la bienvenida a los representantes de la Asamblea de Murcia, les felicito por esa iniciativa y nos alegramos de que el veto que había impedido su tramitación se haya levantado. Coincidimos con el planteamiento de fondo de la iniciativa,
con ese impulso a las renovables que ustedes defienden, con esa nueva regulación del autoconsumo y con esa desaparición del impuesto al sol. Como saben sus señorías, todos los grupos parlamentarios, con la excepción del Grupo Popular, presentamos
al inicio de esta
legislatura una proposición de ley en esa dirección. Además, el Gobierno, en un real decreto que aprobó el pasado viernes y que, seguramente, vamos a convalidar la próxima semana, avanza en esa misma dirección. Por tanto, plena
coincidencia.
Como única reflexión, si esta iniciativa es tomada hoy en consideración y, por tanto, empezamos su tramitación, quisiera decirles que fundamenten el título competencial de la misma en el carácter de ley de bases que el Estado puede
establecer en la actividad económica y en materia energética. Algunas de sus señorías hacían referencia en su intervención a que la virtud del texto estaba en el detalle de esa regulación. Como pueden comprender, en el Partit Demòcrata nos provoca
una cierta inquietud que una ley de bases regule en exceso lo que luego puede y debe ser desarrollado por los parlamentos autonómicos. Las leyes de bases, por definición, establecen un marco general de actuación de las políticas públicas, que luego
las comunidades pueden desarrollar. Por tanto, miraremos con esa prevención la iniciativa que ustedes nos plantean. Una ley de bases no puede impedir que las comunidades autónomas que tengan más ambición, si es el caso, u opten por otras
soluciones técnicas distintas a las planteadas por ley estatal, lo puedan hacer. Hemos combatido muy duramente en esta Cámara, precisamente, que bajo la técnica de ley de bases se vacíe el contenido legislativo de las comunidades autónomas.
Respeto la posición que tengan en la Asamblea de Murcia, pero a nosotros nos preocupa.
Voy a hacer dos consideraciones sobre la cuestión de fondo que su intervención me ha suscitado. En esta materia de lucha contra el cambio climático -y ahora dentro de un momento vamos a tener otro debate con una iniciativa del Grupo
Parlamentario Popular- es bueno recordar que la dimensión local de las políticas que hagamos no nos debe hacer olvidar que este es un asunto de dimensión global. Por mucho que Murcia, el Estado español o Cataluña nos comprometamos en la mitigación
del cambio climático, si esta política no es de carácter global y, por tanto, implicamos a economías como la estadounidense o las economías en vías de desarrollo, nuestros esfuerzos en términos de mitigación van a ser muy escasos. Ayer el informe
que se hacía público por parte del panel de expertos nos lo volvía a advertir, incluso nos recordaba que los compromisos de París son insuficientes para evitar los riesgos asociados al cambio climático. Dimensión local en esta materia de
mitigación, seguro, pero sin la dimensión global no va a funcionar. En la dimensión local en materia de cambio climático el principal esfuerzo es en la adaptación al cambio climático, y ahí yo creo que todavía nos queda mucho recorrido que hacer en
nuestras políticas públicas.
En cuanto a la segunda consideración -y con ello termino, señora presidenta-, la transición energética a ese 100 % renovables, a esa no dependencia de los hidrocarburos, a la electrificación de la economía, en cualquier planteamiento nuestro
debe tener muy claras también las perspectivas de cómo afectan estas transiciones a la competitividad de nuestro tejido económico. En los próximos tiempos, cuando el Gobierno nos traslade el proyecto de ley de lucha contra el cambio climático,
habrá que ver en qué términos lo plantean, cómo hacemos compatible esos horizontes y esa afectación al empleo y a la capacidad de nuestras empresas de competir en la economía global.
En cualquier caso, van a contar con nuestro apoyo. Les traslado esas advertencias sobre la excesiva regulación en su ley de bases, pero bienvenida esta iniciativa, porque en el fondo compartimos su planteamiento.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Quiero dar la bienvenida también a los representantes de la Asamblea de Murcia que hoy están aquí. Desde luego, nuestro grupo ve necesario avanzar hacia una transición energética en la que, desde luego, el autoconsumo tiene que jugar un
papel clave en la economía, y también para lograr que el consumidor obtenga una energía más limpia y más barata.
La verdad es que esta proposición de ley viene de una anterior legislatura en la que la figura del autoconsumo estaba penalizada y, por tanto, en este contexto entendíamos su razón de ser. El viernes pasado, sin embargo, se aprobó un real
decreto-ley en el que no solo se reconocen los efectos negativos de la legislación anterior, sino que también se reconoce esta figura para incentivar el desarrollo de la energía solar fotovoltaica; un real decreto que, entre otras cosas, establece
las modalidades de autoconsumo, suprimiendo aquellas barreras regulatorias que imposibilitan su desarrollo y estableciendo la posibilidad de que a través de un reglamento se desarrollen mecanismos de compensación simplificada
entre déficits de los autoconsumidores y excedentes de las instalaciones de producción y, en definitiva, que asume y recoge el contenido de la proposición de ley que sobre autoconsumo firmamos la mayoría de los grupos políticos en este
Congreso.
Por ello, este grupo entiende que a lo mejor es a través de este real decreto por el que hay que encaminar esta figura del autoconsumo para lograr un desarrollo mayor de la misma. En este sentido, en principio, este grupo se va abstener en
esta proposición de ley, más por la forma que por el fondo, aunque entendemos que habría cuestiones en esta proposición de ley que habría que modificar o matizar. Además, estamos de acuerdo también con lo dicho por el señor Campuzano con respecto a
la ley de bases; tenemos nuestras dudas porque no se puede impedir que otras comunidades autónomas opten por otras soluciones, por lo que no se pueden vaciar de esas competencias a las comunidades autónomas. En este sentido, coincidimos en el
fondo pero no tanto en la forma.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Buenas tardes, señora presidenta.
Doy la bienvenida también a los representantes de la Asamblea de Murcia. Hoy es 9 de octubre... (Continúa su intervención en catalán).
Esquerra Republicana siempre demostrará su apoyo a aquellas iniciativas encaminadas a legislar a favor de una energía más limpia y más democrática. La proposición de ley que hoy se debate aquí tiene como objetivo combatir el cambio
climático y favorecer el ahorro energético mediante el reemplazo de aquellas tecnologías basadas en combustibles fósiles por otras que sean renovables; concretamente, se busca potenciar el autoconsumo de energía eléctrica de origen renovable y
promover un cambio de modelo energético dirigido hacia un mayor papel de la producción descentralizada. Para ello, bien lo sabemos, es imprescindible establecer un marco normativo que favorezca estas propuestas y el Parlamento de Murcia no
encontrará mejor aliado que nuestro grupo. Es una clara apuesta que, sin embargo, no hizo el anterior Gobierno del PP, como ya han señalado ustedes; es más, lejos de potenciar estas medidas, se dedicó a implementar barreras, como es el caso del
conocido impuesto al sol, que supuso que nos alejáramos cada vez más de aquello que cada vez resulta más obvio: un cambio en el modelo energético actual contaminante e insostenible. Promover el autoconsumo genera actividad y empleo y esto
automáticamente se traduce en un incremento de los ingresos fiscales. Además -recientemente un informe de Greenpeace lo argumenta-, el autoconsumo supondría un ahorro de 1770 millones de euros en costes de combustibles, redes y diez millones de
toneladas al año de CO2. Otro factor relevante que no debe pasar desapercibido es que aumenta la competencia en el mercado eléctrico, y esto es muy necesario dada la actual situación oligopolística en la que nos encontramos con el consiguiente
impacto en la factura de la luz y que cada vez más sufrimos los consumidores y las pymes.
Esta proposición de ley, sin embargo, nos llega aquí justo después de que el pasado 6 de octubre se publicara el Real Decreto 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición energética y la protección de los consumidores, un
real decreto que en parte ya contempla las medidas contenidas en la proposición de ley -se adelantaron ustedes-, aunque sigue sin cumplir con todos los objetivos que esperábamos y supongo que eso será objeto de un debate, espero que reciente, en
esta misma Cámara. No se apuren ustedes, seguramente tendrá el mismo interés y audiencia, no es nada personal. No obstante, esperamos que esta vez, sin fistros jurídico-parlamentarios, podamos hacer un buen mix de todo lo bueno que su proposición
y el real decreto mencionado nos aporten. Encontramos un solapamiento en la intencionalidad de algunas modificaciones como en el artículo 6 de la Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, que el real decreto modifica y que su proposición de ley deroga.
Esperamos solucionar la tramitación de ambos proyectos, así como la posible injerencia, como ya se ha señalado, en competencias transferidas a las comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Garaulet Rodríguez.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: En primer lugar, quisiera saludar no solamente a los compañeros de la Asamblea Regional de Murcia que han venido a exponer esta ley sino también a su presidenta y al
resto de compañeros, así como a todos los integrantes de la comitiva de Murcia que han venido hoy a ver debatir esta proposición de ley.
Señorías, desde Ciudadanos -ya lo ha dicho nuestro compañero Miguel Sánchez- seguimos manteniendo nuestro compromiso con el autoconsumo y con la generación distribuida. ¿Por qué lo hacemos? Porque es un instrumento lógico para reducir el
impacto medioambiental de la generación eléctrica sin aplicar condiciones adicionales, alguna para el sistema eléctrico. Esto genera una serie de ventajas. Muchas de las ventajas -se me han adelantado los compañeros anteriores y lo han dicho- son
desde el punto de vista medioambiental, como han dicho: reducción del CO2, que palia el efecto del cambio climático, sustitución de energía proveniente de combustibles fósiles. También en el sector rural, tanto que hablamos del sector rural y que
nos preocupamos de él, esta energía significa poder garantizar el suministro en el sector rural, y esto significaría la sustitución de motores, de diésel, de generadores que están en las unidades de explotación agrícolas y ganaderas o que tienen las
propias comunidades regantes para subir el agua de nivel. Estas acciones reducirían su coste energético y mejorarían el impacto medioambiental porque eliminarían muchas de las líneas de alta tensión que cruzan por los sectores forestales.
Además tenemos que trasponer la directiva 2009/28, de la Comunidad Europea, que establece la necesidad de promover un cambio de modelo energético en la Unión Europea con especial atención a la producción descentralizada. También hay
ventajas económicas, como puede ser que los cambios tecnológicos y el descenso del coste de las energías renovables pueden provocar un incremento de un sector productivo que a día de hoy, por el real decreto del Partido Popular, se ha visto
totalmente mermado y paralizado: instaladores, industria, distribuidores, comercializadores o los propios ingenieros haciendo sus informes podrán desarrollar su actividad aquí en España. Acaban de hablar del señor Urbina, que es profesor de la
UPCT. En nuestra región, en Cartagena, terminan licenciándose todos los años grandes profesionales en materia de renovables. ¿Que dónde trabajan? En el extranjero. Por culpa de ustedes, señores del Partido Popular.
Se generarían puestos de trabajo especializados, de esos que se tienen que generar realmente -no los puestos de trabajo que se generan por parte de ustedes, por ejemplo, en la Región de Murcia, que son temporales y precarios-,
especializados, donde se implantaría una nueva distribución de formación profesional. La universidad tendría muchísima más especialización, tendrían salida nuestros universitarios, se trabajaría en formación, se trabajaría también en bajar la
dependencia del sector energético español con respecto al exterior y podríamos tener mayor independencia, que también viene bien, porque muchas veces cualquier modificación del sistema geoestratégico mundial puede afectar a la subida del coste de la
gasolina y por tanto afectar a nuestra economía. Eso se puede bajar con el sector de las renovables. Otro avance sería la reducción de los costes energéticos en las familias, como bien ha dicho el señor Urralburu, pero de todas las familias, no
solamente de las de autoconsumo. También habría ventajas sociales, energía más accesible y barata; se puede luchar contra la pobreza energética; mejora en los servicios en las zonas despobladas que eviten el abandono rural; favorecer a los
colectivos desfavorecidos, menos paro, mayor futuro para nuestros hijos, transparencia en el sector eléctrico.
Les voy a explicar una cosa, señorías del Partido Popular. Muchos de ustedes son economistas y saben lo que es un coste de oportunidad. El coste de oportunidad es el coste que tú tienes por no elegir una opción y elegir otra. Después de
todas estas ventajas que yo les he dicho -incremento del desarrollo, mejora de la innovación, mejora del medio ambiente, mejora de la economía, mejora de los puestos de trabajo, mejora de la economía de los ciudadanos-, ¿cuál es la razón tan
importante suya para haber elegido el otro camino, el de poner tasas al consumo, el de poner trabas a la comercialización, trabas técnicas para las instalaciones? ¿Qué motivos habrán tenido ustedes, señores del Partido Popular, para tomar esas
decisiones? Piénsenselo. Yo tengo claro cuáles, pero es importante que ustedes lo piensen. Tanto que hablan aquí el portavoz del Partido Popular en la Asamblea, señor Martínez, o el presidente de la Región de Murcia, López Miras, de que ellos
luchan por la región, según una valoración de las empresas energéticas de Valencia, estos dos años, con el real decreto, van a poder ganar 450 millones de euros. ¿Cuánto dinero se ha perdido en la Región de Murcia? ¿Cuántos puestos de trabajo se
han perdido en la Región de Murcia? ¿Con qué cara van a mirar ustedes a los ciudadanos de la Región de Murcia para decir que ustedes luchan por sus derechos?
En 2016 nosotros propusimos una ley en esta Cámara, una ley que no solamente regulaba el autoconsumo sino que ponía al sistema eléctrico a funcionar de una forma eficiente y transparente, proponiendo acciones para que se pudiera mejorar el
mix de costes por el cual se contabiliza la factura
eléctrica. El señor García Ejea vino aquí, cuando nosotros pedíamos una auditoría, diciendo: Ya hay una auditoría, hecha por los ingenieros y por el ministerio. ¡Qué razón tenían ustedes para que desde el 27 de noviembre de 2017 no se
bajaran las facturas eléctricas de los españoles! ¡Sí, sabíamos ya cuáles son los costes directos que tenía el sistema eléctrico! ¡Sabiendo ustedes que más del 50 % de los costes de la factura eran costes que no estaban sujetos al sistema eléctrico!
¿Con qué cara van a mirar ustedes a sus electores? ¿Con qué cara van a mirar ustedes a los ciudadanos?
Espero que modifiquen su actitud, espero que apoyen el desarrollo medioambiental, económico, civil y también personal de mucha gente que está esperando que llevemos adelante esta ley para conseguir que, de una vez por todas, nuestra región
se desarrolle de una forma adecuada.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Me gustaría comenzar esta intervención saludando a los representantes de la Asamblea de la Región de Murcia que nos acompañan en esta sesión. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia). Asimismo, también me gustaría
mencionar a Antonio Urbina, activista social y exdiputado murciano de Podemos, sin el cual esta iniciativa que hoy presentamos no habría sido posible. Hoy, 9 de octubre, ha querido la casualidad que estemos debatiendo una proposición de ley sobre
autoconsumo eléctrico justo cuando se cumplen tres años de la aprobación del infame Decreto 900/2015, más conocido como impuesto al sol. Este decreto, efectivamente, era la última pieza de una serie de reformas regresivas, jurídicamente
retroactivas y redactadas al servicio de las grandes compañías eléctricas para detener el avance de las energías renovables en nuestro país.
Hoy podemos iniciar un cambio de rumbo en la política energética de España. Ya el viernes pasado el impuesto al sol quedó suspendido por decreto. Ha sido necesario echar al Partido Popular para acabar con un decreto que enriqueció a las
eléctricas y arruinó a treinta mil familias. (Aplausos). Pero queda camino, necesitamos ir avanzando en la creación de una nueva legislación que relance las energías renovables y consolide una transición energética que mire hacia el futuro y no
hacia el pasado. Necesitamos una transición energética que permita democratizar la forma en que producimos y construimos energía; una transición energética que reduzca el poder del oligopolio eléctrico, dominado actualmente por cinco empresas
multinacionales, y devuelva el control a la ciudadanía para que nunca más haya familias que pasen frío en invierno (aplausos) ni haya administraciones públicas que no puedan calentar o refrigerar un colegio por los precios abusivos de la
electricidad. Esta ley de autoconsumo eléctrico que hoy debatimos y que nos llega de la Asamblea de la Región de Murcia va en esta dirección, sostenible, democratizadora y antioligopólica y es una primera reforma que deberá completarse, más pronto
que tarde, con la aprobación de la ley sobre cambio climático y transición energética que nuestro Grupo Confederal registró el pasado mes de julio.
El cambio climático, señorías, es uno de los grandes retos que enfrenta nuestro país y que enfrenta la humanidad. De ello son conscientes los numerosos Gobiernos que firmaron el Acuerdo de París, asumiendo un compromiso de reducción de
emisiones de los gases de efecto invernadero. Nuestro país, como es sabido, es uno de los más frágiles de toda Europa frente a los efectos devastadores del cambio climático; somos una frontera ambiental y el desierto avanza desde el sur, desde
territorios como Andalucía o como la Región de Murcia. Pues bien, para cumplir los objetivos del Acuerdo de París, que se concretan en la urgencia de limitar el calentamiento global a un máximo de dos grados, los países europeos asumieron
ambiciosos compromisos de impulso a las energías renovables y a la eficiencia energética. España iba en la dirección contraria hasta esta semana. Es verdad que el Gobierno iba a las cumbres, pero para hacerse la foto mientras se machacaban las
energías renovables. Sin embargo, creo que todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo y asumir estos compromisos internacionales que van a redundar en beneficio de la mayoría social. La ley que hoy debatimos facilitará este camino y lo hará
dando a los ciudadanos y ciudadanas la posibilidad de generar su propia electricidad renovable, principalmente mediante energía solar fotovoltaica, e intercambiarla con la red eléctrica. Asimismo, esta ley regula los mecanismos para contabilizar
este intercambio con la red mediante distintas modalidades de balance neto. Se trata de devolver el control de la producción y el consumo eléctrico a los usuarios sin ser penalizados por ello. Esto va a suponer un cambio de paradigma en la
concepción del sistema eléctrico.
Hasta ahora unas pocas compañías multinacionales eléctricas han tenido el mercado de la electricidad secuestrado. Ellas son las únicas que generan energía, la distribuyen y nos la venden a un precio muy por encima de los costes de
generación. A partir de ahora perderán el monopolio de la producción. Personas individuales, colectivos, asociaciones de vecinos, pequeños y grandes municipios podrán producir su propia electricidad. Además, podrán consumirla o volcarla a la red
recibiendo un pago justo si el balance es positivo. Tampoco será necesario acudir a grandes comercializadoras pues gracias al avance de las tecnologías de la información se podrán abastecer en un mercado deslocalizado y distribuido donde los
distintos agentes intercambian energía entre ellos.
Por sus características técnicas la energía solar es la tecnología ideal para poder avanzar en esta revolución energética y el autoconsumo es la principal herramienta para democratizar este sistema eléctrico distribuido en pequeñas y
medianas instalaciones. De lo contrario, podríamos arriesgarnos a que las energías renovables vuelvan a quedar exclusivamente en manos de unas pocas compañías. Plantas renovables, eso sí, en esto habremos mejorado, pero no habremos cambiado la
estructura básica de control del mercado que ahora poseen cinco grandes empresas en régimen de oligopolio, que les ha permitido aumentar los precios casi a voluntad. Por tanto, entramos en un tiempo nuevo, atrás quedaron las mentiras de que las
energías renovables encarecían el precio de la electricidad. Para devolver a los ciudadanos su capacidad de decidir sobre su consumo energético es necesario crear un cuerpo normativo adecuado que facilite el autoconsumo y el intercambio con balance
neto en un nuevo concepto de red eléctrica. Esta ley lo facilita y, por tanto, su trámite parlamentario debería ser lo más rápido posible. Por eso, les anuncio que los diputados y diputadas del Grupo Confederal y de Compromís vamos a solicitar su
tramitación por el procedimiento de urgencia.
Sabemos que la batalla recién comienza. Las primeras que son conscientes del gran cambio que supone esta ley son las cinco empresas eléctricas que controlan el 90 % del mercado en régimen de oligopolio y que, por supuesto, no quieren que
nada cambie. Sabemos que Iberdrola, Endesa, EDP, Viesgo y Gas Natural Fenosa no se van a quedar quietas. Tienen poderosos lobbies, los conocemos bien porque muchos políticos y ex ministros del Partido Popular y del Partido Socialista han pasado
por sus consejos de administración. Es verdad que los diputados y diputadas que esta tarde voten a favor de esta proposición de ley lo van a tener más difícil para coger una silla giratoria y acabar en uno de esos sillones, pero al menos quienes
voten a favor podrán decir que pusieron los cimientos de un sistema eléctrico más limpio y, sobre todo, más democrático. Ya es hora de cambiar el rumbo de una política energética retrógrada y porque es lo que ya se está haciendo en la mayoría de
los países europeos. Por eso esta tarde votamos a favor de esta ley para hacer de España un país más sostenible, más moderno y, sobre todo, un país mejor.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Muchas gracias, señor presidente.
Buenas tardes y, en primer lugar, bienvenidos diputados y diputadas de la Asamblea Regional de Murcia, no solo los que han intervenido sino muchos compañeros y amigos que nos acompañan hoy, encabezados, además, por la presidenta de la
Asamblea Regional de Murcia. Ya lo dije hace un año pero es que es tal el orgullo de tener por primera vez una presidenta -y que, además, siempre nos acompañe en estos acontecimientos- que tengo que resaltarlo. A todas las personas que han venido
de Murcia quiero deciros que es un placer teneros aquí y quiero felicitaros por el trabajo realizado porque todavía queda mucho camino en la Región de Murcia para tener en el ámbito nacional el espacio que merecemos o necesitamos para nuestro
desarrollo regional.
Esto no es menor, os lo puedo asegurar. Conozco bien el panorama nacional y conozco muy bien mi región, que es una gran desconocida, que tiene un gran porcentaje de PIB, con un número de habitantes muchísimo mayor del que normalmente suele
parecer y sé que tenemos muchísimo más que aportar. Además, tengo también el orgullo de decir que en tan solo cien días de Gobierno socialista ya se está posicionando la Región de Murcia en el panorama nacional, como tanto tiempo y tantas veces
habíamos reivindicado en los últimos siete años. Así pues, hoy es una buena noticia, como lo fue hace un año, cuando interveníamos aquí por algo positivo. Ya se nos ha olvidado cómo la Región de Murcia era una y otra vez noticia en los
informativos regionales precisamente por la corrupción, y eso no es la Región; la Región de Murcia no era estar todos los días en los informativos con presidentes aferrados al sillón sino
una región pionera que quiere quitar los aforamientos -y pido desde aquí que se desbloquee y que de una vez, después de un año, seamos capaces de reformar el Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia-, sino una región pionera para un tema
tan estratégico como el de las energías renovables.
Es una región pionera, pero precisamente por su gente. Yo, además de felicitar el trabajo que se ha hecho en la Asamblea Regional y también mencionar al profesor Urbina, quiero mencionar a las asociaciones, a la Fundación Desarrollo
Sostenible, al tejido empresarial, a todas esas personas que han conseguido que la Región de Murcia sea la región europea con mayor potencia instalada por kilómetro cuadrado a pesar de todo, a pesar de sus moratorias, a pesar de sus reales decretos,
a pesar de tantas familias arruinadas o al borde de la ruina por las decisiones del Gobierno del Partido Popular.
La Región de Murcia necesita este proyecto de ley como necesita un proyecto de Murcia solar, pero necesitaba también el cambio de Gobierno, necesitaba también que, como vimos el viernes pasado, terminásemos con esa injusticia que era el
impuesto al sol, algo tan inaudito como tener que pagar por la propia energía que tú generabas, como si tuvieras que pagar por la cosecha que tú plantas. Desde luego, este tema es tan interesante que podríamos desarrollar el concepto de binomio
agua-energía fotovoltaica, algo interesantísimo para nuestra región puesto que somos una región muy rica en sol -3000 horas de sol al año, 300 días de sol al año- y tenemos esa materia prima, esa maravilla de sol que precisamente necesita paliar la
escasez de agua. Es un binomio que hay que desarrollar en el momento en el que el Gobierno socialista, con el apoyo del resto de los grupos, obviamente, siga tomando medidas para que esa fuente de riqueza sea también una fuente de crecimiento.
Señorías, esta proposición de ley, se ha dicho hoy, lleva dos años parada, vetada. Qué importante es llegar a acuerdos, qué importante fue la moción de censura, qué importante es reflejar aquí, como representantes del pueblo que somos, lo
que quiere la mayoría de la ciudadanía, (aplausos), que es exactamente lo que estamos haciendo los socialistas con el apoyo, evidentemente, del resto de los grupos. Donde antes había veto en el Gobierno de Rajoy -y ahora hablaremos-, hoy hay debate
y hay progreso porque, simplemente, el Gobierno Rajoy en siete años arrasó, arrasó con cualquier posibilidad para las energías renovables y las energías limpias. Es bastante absurdo que Europa nos lleve ventaja al país del sol, es bastante absurdo
que España dé la espalda precisamente a todas estas políticas, como hizo el Gobierno del Partido Popular. El Gobierno de Rajoy, el Partido Popular -y ahí incluyo al Partido Popular de la Región de Murcia- dejó bien claro a quién defendía y desde
luego no estaba defendiendo los intereses de la mayoría. Eso se ha demostrado una y otra vez. El Partido Popular de España se quedó solo en el Parlamento Europeo, solo, incluso cuando otros partidos de derechas y el Partido Popular Europeo votaban
a favor de la propuesta de autoconsumo en el paquete de invierno, votando en contra. Lo digo como vacuna para las cosas que previsiblemente podamos escuchar aquí esta tarde.
El real decreto del viernes pasado es cumplir con la palabra dada. Cuando el viernes pasado escuché en las noticias que por fin derogábamos el impuesto al sol, entre las otras medidas del real decreto que ya se han explicado aquí esta
tarde, me venían las imágenes de Pedro Sánchez en Jumilla, visitando una planta fotovoltaica y cumpliendo su palabra con los murcianos, como hemos empezado a hacer y vamos a seguir haciendo viernes tras viernes. (Aplausos). Porque son poco más de
cien días y mucho lo que se había deteriorado en los últimos siete años y mucho lo que tenemos que correr para volver a alcanzar ese tiempo perdido. Por eso hoy quiero decir que el Gobierno socialista va a devolver a España al lugar donde tenía que
estar, al lugar que se merece; pero también quiero reconocer, precisamente hoy, todo ese trabajo que ha hecho el Partido Socialista Obrero Español en las personas -por supuesto de Hugo Morano, y de la propia ministra- que hoy ocupan cargos de
responsabilidad, pero también de nuestra portavoz Pilar Lucio porque ha sido muchísimo y muy bueno el trabajo que se ha hecho con el sector tratando de diseñar un modelo diferente al que había -porque está obsoleto, nos guste o no nos guste- y con
el que tenemos que afrontar no solo los retos globales del cambio climático, sino también los retos locales como sucede en nuestra tierra porque significan muchísimos miles de empleos y también riqueza para el presente.
Para terminar: en nuestro país hay mil instalaciones frente al ¡millón! que hay en Alemania. Yo tengo amigos murcianos, de mi edad, que se formaron en la Región de Murcia y que a día de hoy trabajan en Alemania. Son los objetivos de la
Agenda 2030; todos tenemos la obligación pero yo os pido, de verdad, que no sean solo los objetivos de un Gobierno o de unos partidos, como ya hemos demostrado en las distintas iniciativas parlamentarias, sino de todos, y de todos, señor Garaulet,
de verdad. Sabe que le tengo un gran cariño, pero ustedes a veces me despistan, no sé si van, si vienen o dónde pillarles, están durante meses vetando el tema de los aforamientos -ahí están sus enmiendas presentadas, registradas-
y ahora son los que más los exigen, y vetan la ley del Partido Socialista y ahora son ustedes los únicos que han hecho la ley. (El señor Garaulet Rodríguez hace signos negativos.-Aplausos). Me da igual, señor Garaulet, con el cariño que le
tengo, les digo, señores de Ciudadanos, por supuesto, de Podemos, del Partido Popular, de todos los grupos de esta Cámara: tenemos un reto y tenemos que estar a la altura, y si no lo queremos hacer por nosotros, hagámoslo por nuestros hijos y por
nuestros nietos porque no nos lo van a perdonar. Tenemos la obligación de estar a la altura y con este Gobierno vamos a estarlo.
Gracias, señoría. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora González.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Carreño Fernández.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Señor presidente, en primer lugar quiero manifestar mi rechazo ante las palabras ofensivas del diputado Rufián hacia mi compañera Beatriz Escudero. (Aplausos). Mi rechazo absoluto. Mi rechazo.
En segundo lugar, quiero dar la bienvenida a nuestra presidenta de la Asamblea Regional y a todos los diputados de los distintos grupos de la Asamblea Regional de Murcia y en especial a los diputados del Partido Popular.
La verdad, señora González, es que yo discrepo de sus palabras porque Murcia sí es la gran conocida en Europa y fuera de ella, somos la huerta de Europa, parece mentira que usted no se haya enterado todavía de que somos líderes en
exportaciones. Y dicen además que se pueden hacer más cosas. ¿Qué cosas van a hacer ustedes? Porque en tan solo cien días nos han robado el AVE, nos han robado el agua y nos han robado la financiación autonómica. (Aplausos.-Rumores). ¡Oiga, por
favor!, sea usted un poquito más legal con nuestra Región de Murcia.
Señorías, hoy debatimos una propuesta que nace en una de las regiones líderes en promover las energías renovables y eso no es por casualidad, es gracias a las medidas que el Gobierno de la Región de Murcia ha impulsado, a las medidas que ha
impulsado el Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea Regional y es gracias al sector que ha creído en la Región de Murcia y que ha hecho que hoy sea la primera comunidad autónoma de España en densidad de potencia fotovoltaica instalada por
kilómetro cuadrado; y además es la que más energía solar limpia y sostenible genera gracias a las infraestructuras de transporte de energía. Esa es la realidad porque ha conseguido que sea una de las primeras comunidades autónomas en producción de
energía fotovoltaica. Y todo es gracias al Gobierno de la Región de Murcia que ha sabido aprovechar la excelente situación geográfica, que ha estado convencido de que el uso adecuado de las energías renovables abarata el costo para las empresas y
para los hogares cumpliendo con el compromiso de la reducción de gases de efecto invernadero; siempre, además, buscando la seguridad jurídica y el bienestar de los ciudadanos. Un Gobierno que ha legislado y que, además, ha aprobado el Plan
estratégico regional para hacer la transición energética en la Región de Murcia y siempre defendiendo no pagar el peaje asociado al autoconsumo.
El Grupo Popular dice sí, sí a que la Región de Murcia y España sigan liderando el fomento de las energías renovables y por eso, señores de Podemos, vemos que el Gobierno provisional que ha ocupado La Moncloa se ha adelantado proponiendo una
medida provisional relacionada con la propuesta que hoy debatimos, que, además, presenta muchas contradicciones; una propuesta que el Grupo Popular enmendará para mejorarla. Ustedes pueden hacer propuestas porque el Gobierno del Partido Popular ha
arreglado la pobreza energética que ha creado la izquierda. Ahora el sistema eléctrico está saneado y se puede. Sin embargo, ante la enorme dificultad que pasan los españoles con una de las facturas de luz más altas de la historia, este Gobierno
provisional plantea hoy medidas de forma provisional, y esa es la realidad. Yo no he escuchado hoy a ningún grupo político denunciar la brutal subida de la factura de la luz que tienen que pagar los ciudadanos en este país, a ninguno (aplausos),
porque en tan solo cien días el señor Sánchez la ha subido un 10 %. ¿Qué va a hacer en un año, si es que llega, señorías? Sobre todo, porque lo que pretende hacer el Gobierno es tirar del ahorro que ha conseguido durante estos años el Gobierno del
Partido Popular para cubrir el agujero de la reforma que ha planteado. Y es muy preocupante que el Gobierno socialista se vaya a gastar el superávit acumulado de ingresos del sector eléctrico para ser aplicado a los desajustes que va a provocar.
Ustedes van a gastarse los ahorros generados en los últimos años, además con mucho esfuerzo.
Pero ¿saben realmente lo que quieren? Lo que quieren es tapar con este ficticio decreto, con fecha de caducidad, el golpe fiscal que le van a dar a las empresas y a las familias: una brutal subida de impuestos, como las subidas del IRPF, a
las rentas del ahorro, a la compra de acciones, de sociedades, de
transacciones, a las grandes tecnológicas, a la economía colaborativa, a la banca o al diésel, señorías. Esa es la realidad. Ustedes quieren tapar el golpe fiscal que le van a dar a este país, señorías. Además, es que ustedes plantean
partidas ocultas que abocan a un mayor déficit del sistema eléctrico. Hacen trampas al solitario, de manera que una bajada de la potencia entre los consumidores, como recomienda la izquierda, solo traslada gastos de unos ciudadanos a otros, no baja
los costes. Esa es la realidad; ustedes no dicen la verdad. Con la legislación actual, el autoconsumo de instalaciones aisladas no está prohibido y no está gravado con ningún impuesto. Tienen una falsa realidad; la auténtica realidad es que más
del 95 % de las viviendas de este país no pagan ningún tipo de peaje. La pregunta clave es si habrá suficiente dinero ahorrado para todos los gastos de este Gobierno provisional, a la vista del agujero que se prevé. Lo hicieron con el Gobierno de
Zapatero; dejaron el sistema eléctrico al borde del colapso económico y financiero, con un déficit de tarifa contabilizado de más de 25 000 millones de euros, que, además, aumentaba cada año en 10 000 millones de euros y que, de no haber tomado
ninguna medida, hubiera supuesto una subida de tarifa de más de un 40 % a todos los ciudadanos. El fracaso de la política energética del Partido Socialista la han pagado los consumidores con el incremento del recibo de la luz en un 70 %; una
factura inasumible para muchas familias golpeadas por la crisis, a las que el Partido Popular ha ayudado a través del bono social. Y hay una pérdida de competitividad con el cierre de más de 17 700 empresas en cuatro años de Gobierno socialista.
Señorías, podrían haber hecho un poco de historia y analizar la evolución de estos últimos años, porque la confianza se recupera cuando hacemos frente a las dificultades, y el Gobierno del Partido Popular devolvió la confianza. Gracias a la
reforma del sector eléctrico, se ha invertido el déficit de tarifa y desde 2014 se han encadenado más de tres años consecutivos de superávit en el sistema, que ha repercutido positivamente en las familias y en las empresas, el mismo superávit que se
van a gastar ustedes, señorías.
Para finalizar, el Grupo Popular va a votar a favor de este proyecto de ley porque ahora se pueden hacer propuestas gracias a la gestión del Partido Popular. Estamos a favor de actuaciones que promuevan las inversiones en la generación de
energía eléctrica a través de energías renovables y queremos continuar trabajando para desarrollar el autoconsumo sin que a nuestros mayores, a nuestros pensionistas, a las familias o a las empresas les suban la luz.
Señores de la izquierda, cambien su política, no se gasten los ahorros de los españoles y, desde luego, paguen la deuda histórica que recae sobre las espaldas de los ciudadanos, una deuda que ustedes generaron por la nefasta política
energética. Si queremos mejorar la vida de los consumidores eléctricos, no permitamos que se genere una nueva burbuja.
Gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Carreño.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000247).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con el siguiente punto del orden del día, relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de cambio climático y transición
energética.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Martínez Ferro.
La señora MARTÍNEZ FERRO: Buenas tardes, señorías.
Antes de empezar, quiero dar mi apoyo a mi compañera Beatriz Escudero por los insultos que ha recibido esta mañana del diputado Rufián. (Aplausos).
Presentamos hoy la toma en consideración a la Cámara de una proposición de ley de enorme relevancia, la proposición de ley de cambio climático y transición energética. A día de hoy, existe un consenso científico sobre el impacto de la
actividad humana en el cambio que el clima está teniendo a nivel global. Según el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, el IPCC, las emisiones de gases de efecto invernadero debido al uso de combustibles fósiles o debido al
cambio en los usos de suelo no tienen precedentes en los últimos ochocientos mil años. Ayer mismo el IPCC aprobaba el informe especial sobre el calentamiento global de 1.5, conocido como SR1.5, en el que se analizan los impactos de un aumento de la
temperatura de 1,5 grados al que se llegaría entre 2030 y 2052 y las sendas de
descarbonización que deben seguir los países para no sobrepasar este límite en comparación con lo que supondría el límite de dos grados. Las conclusiones son claras: es necesario tomar acciones rápidas de amplio alcance y sin precedentes.
Señorías, España es un país especialmente vulnerable a los efectos del cambio climático -ya se ha dicho aquí-, debido, entre otras, a su posición geográfica. Según el IPCC, entre los primeros peligros para Europa está la creciente presión
sobre los recursos hídricos, particularmente en el sur. Es decir, tenemos precipitaciones irregulares y, además, en episodios más torrenciales y destructivos con los que se agrava el peligro de inundaciones. Pero, además, este patrón de
precipitaciones también desertifica porque deteriora la calidad del suelo. Por si fuera poco, somos un país con dos archipiélagos y tenemos que ser conscientes de las drásticas consecuencias que puede tener la subida del nivel del mar en los
territorios insulares y en las costas españolas.
Pues bien, durante estos últimos años el Partido Popular ha trabajado intensamente en la política de lucha contra el cambio climático, dejando atrás una política socialista de compra de derechos de emisión para poner en marcha por primera
vez actuaciones para la reducción efectiva de emisiones en España que generasen al mismo tiempo actividad económica baja en carbono y empleo de calidad. A su vez se han realizado actuaciones de adaptación a los impactos del cambio climático,
especialmente en ámbitos claves para España como los recursos hídricos, la biodiversidad o las costas. Señorías, hoy queremos ir más allá.
El Grupo Parlamentario Popular, consciente de la urgencia del reto que afrontamos, presenta esta proposición de ley de cambio climático y transición energética con la que a través de cincuenta y un artículos, dos disposiciones adicionales y
seis finales queremos contribuir a hacer de nuestro planeta un lugar más saludable para las actuales y las futuras generaciones. España necesita un marco regulador a la altura de los países desarrollados de nuestro entorno. Presentamos hoy un
texto fruto del trabajo de muchos que pone a España en la vanguardia de la lucha contra el cambio climático; un marco legislativo a medio y largo plazo para garantizar que la transición de la economía española hacia una economía baja en carbono y
resiliente al clima sea ordenada; nos lo exigen los españoles y, además, el Acuerdo de París. Fue precisamente en esa cumbre en el año 2015 donde el presidente Rajoy se comprometió a elaborar una ley de cambio climático. Lo que pasó después
ustedes y yo lo sabemos: un Gobierno en funciones, dos elecciones generales y una moción de censura que ha interrumpido todo el trabajo en marcha.
Señorías, déjenme decirles que el esfuerzo no fue pequeño. El Gobierno del Partido Popular puso en marcha la elaboración de la ley con una clara voluntad de diálogo con todas las partes afectadas. Se lanzó un proceso abierto y
participativo con la idea de sentar las bases de un consenso político y asegurar una amplia participación social. Para ello se constituyó un grupo de trabajo interministerial, se celebraron unas ambiciosas jornadas de debate con más de
cuatrocientos expertos trabajando conjuntamente para identificar los contenidos de la ley, se abrió un proceso de consulta pública del que surgieron más de trescientas cincuenta aportaciones y se puso en marcha la Comisión para el Estudio del Cambio
Climático en esta casa, que se convirtió en una Comisión legislativa por la que pasaron más de treinta expertos para afrontar la tramitación de la futura ley. Debo lamentar que esta Comisión haya desaparecido con la llegada del Gobierno socialista.
También se puso en funcionamiento un grupo de expertos en transición energética para analizar y realizar propuestas para la descarbonización, un paso previo a la elaboración de los planes nacionales integrados de energía y clima que debemos
presentar a la Comisión Europea antes de final de año y de los que aún no sabemos nada. Esta lista incluye, además, la hoja de ruta de los sectores difusos hasta 2020 para introducirla dentro de esta planificación integral. Señores del Partido
Socialista, tienen ustedes ya mucho trabajo hecho. Por favor, no lo desaprovechen.
Esta ley es necesaria -la propia ministra lo reconoció ayer- y hoy estamos aquí pidiendo su consideración. No caigan en la tentación de despreciar un texto solo por el hecho de que no es suyo. Permitan a esta Cámara tramitar esta ley,
fruto de un trabajo concienzudo de muchos meses en el que todos ustedes han participado. Preguntan ustedes por qué ahora. Porque el trabajo ya está hecho; y podemos mejorarlo, pero tenemos que empezar ya para que esta ley sirva de base para la
transformación que necesitamos. La propia ministra ayer nos pedía acelerar la acción. Les animo no solo a prometer, sino a cumplir. Nosotros no queremos lo que nos encontramos en 2011 cuando llegamos al Gobierno. Nosotros queremos cumplir con
nuestros compromisos europeos e internacionales. En 2011 España no cumplía con el Protocolo de Kioto. Gracias a un Gobierno del Partido Popular podemos decir muy alto que España ha cumplido con Kioto I y que está en camino y preparada para cumplir
Kioto II. Ahora depende de ustedes. Pero esta ley va más allá. Esta ley prepara el camino para que España pueda cumplir los
ambiciosos acuerdos de París. Esta ley es un marco institucional estable que incluye los objetivos, las herramientas necesarias para cumplirlos y que cuenta además con el esfuerzo de todos -las administraciones públicas, los ciudadanos y
las empresas- para avanzar juntos en la transición hacia un modelo económico bajo en carbono y resiliente al clima.
¿Cuáles son esos objetivos? En los cincuenta y un artículos que componen la iniciativa que les presentamos se proponen varios objetivos hasta 2030. El primero es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en al menos un 26 %. El
segundo es utilizar energías renovables en el consumo final de la energía en al menos un 32 %. El tercero es mejorar la eficiencia y el ahorro energético en al menos un 32,5 %, teniendo presente el grado de interconexión con otros Estados miembros
de la Unión Europea. Pero la nuestra es una ambición de futuro y por eso también señalamos objetivos para 2050 con una reducción de las emisiones de al menos un 80 %.
¿Qué medios propone la proposición de ley para alcanzar estos objetivos? Proponemos los planes integrados de energía y clima como herramienta de planificación estratégica nacional. Estos planes serán de diez años, se presentarán a la Unión
Europea y serán evaluados en función de nuevos acuerdos internacionales y europeos y también en función de los avances tecnológicos, del despliegue de las energías renovables y del progreso de la eficiencia energética. La ley propone seguir
trabajando en una herramienta como el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y tenerlo actualizado antes de finales de 2019. Necesitamos, además, planes de adaptación para todos los sectores, y especialmente en los más vulnerables, como
salud, agua y agricultura. Debemos hacer un esfuerzo también en conocer y sensibilizar sobre los efectos del cambio climático. Por eso la ley incluye la obligación de publicar informes periódicos sobre la evolución y riesgos del mismo, así como
sobre políticas y medidas para disminuir nuestra vulnerabilidad.
Señorías, esta es una ley transversal y cuenta y necesita del esfuerzo de todos. La transformación a la que estamos llamados es una transformación de todos los sectores económicos -transporte, agricultura, energía, vivienda, agua, turismo-,
y también de todos los sectores sociales -familias, ONG, universidades, empresas, individuos-, así como de todas las administraciones públicas. Por eso la ley pide que las comunidades autónomas tengan un plan de adaptación y mitigación antes del 31
de diciembre de 2021, y los municipios de más de cien mil habitantes deberán integrar en su Plan General de Ordenación Urbana las medidas para la adaptación a los principales impactos y riesgos derivados del cambio climático, especialmente en
movilidad, climatización y gestión de residuos.
En materia de fiscalidad ambiental, se propone una reforma de la misma que mejore la aplicación del principio quien contamina, paga, y que contemple cargas fiscales para las actividades que incrementen las emisiones de gases de efecto
invernadero e incentivos fiscales para las inversiones que contribuyan a la reducción de emisiones y a la adaptación al cambio climático. Como saben, el Acuerdo de París incluye además una novedad importante, el financiamiento climático. Por eso
esta ley establece que todas las administraciones públicas deben destinar al menos un 20 % de su presupuesto anual a actuaciones con impacto positivo en la lucha contra el cambio climático, y se propone que una vez aprobada toda la normativa en
Consejo de Ministros, todas las administraciones públicas integren la variable de cambio climático en términos de mitigación, adaptación y coste/beneficio. Además, la totalidad de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión
serán empleados para el cumplimiento de los objetivos establecidos en esta ley.
Las administraciones públicas deberán dar ejemplo en las contrataciones incluyendo en sus pliegos criterios de reducción de emisiones y huellas de carbono, así como la compra y uso de vehículos que impulsen la descarbonización de nuestra
economía. De la misma forma, toda la normativa que apruebe el Consejo de Ministros deberá tener en consideración su impacto por razón de cambio climático. De hecho, y en este sentido, el Grupo Parlamentario Popular, a través de sus representantes
en los órganos de esta casa, solicitará que la Cámara sea una administración ejemplar en esto, como hicimos en su día con la medición de la huella de carbono del Congreso gracias a una propuesta del Partido Popular. Asimismo, la ley establece que
el Banco de España elabore cada dos años un informe sobre el estado de la economía española y el sistema financiero frente a los riesgos y oportunidades relacionados con el cambio climático, que recogerá recomendaciones y será publicado y remitido
al Congreso. La ley insta también a las empresas a publicar y a medir su huella de carbono.
El cambio climático es una realidad compleja en su análisis, ya que sus efectos incluyen elementos científicos, tecnológicos, sociales y económicos. No es casualidad que acabe de fallarse el Premio Nobel de Economía 2018, en el que se ha
premiado a dos profesores, Nordhaus y Romer, por integrar el cambio
climático en el análisis económico y en las innovaciones tecnológicas. Pues bien, esta ley propone la creación del observatorio de cambio climático y transición energética, un comité de expertos independientes y de reconocido prestigio que
se encargará del seguimiento, asesoramiento, consulta, información y estudio de las políticas y medidas relacionadas con el cambio climático y la transición energética.
Finalmente, señorías, les diré que el Grupo Parlamentario Popular es muy consciente de cómo puede afectar a los sectores y a la población más vulnerables la transición a una economía baja en carbono. La política de cambio climático del
Partido Popular es una política que va de la mano del desarrollo económico y del empleo. Por eso esta ley propone la elaboración de un plan estratégico sobre transición sostenible y empleo. Necesitamos identificar la población y zonas
especialmente afectadas por los efectos del cambio climático y los efectos de la transición a una economía baja en carbono para poder establecer las mejores medidas que potencien la reactivación económica y social de determinadas comarcas o sectores
industriales.
Señorías, el cambio climático es el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI; los españoles son conscientes de ello. Según el último barómetro del Real Instituto Elcano, por primera vez
aparece el cambio climático como prioridad número uno en la política exterior de España y como la tercera preocupación respecto al futuro de España, por detrás del mercado de trabajo y del sistema de pensiones. Esta es una ley demandada por toda la
sociedad; todos los sectores y todos los partidos queremos una ley que dé estabilidad a la transición más importante que vamos a vivir como sociedad global. Esta ley tiene en cuenta las aportaciones del grupo de expertos, en el que estaban
representados todos los grupos de esta Cámara. Necesitamos una ley que perdure en el tiempo, que no sea cortoplacista y que reúna el mayor consenso posible, porque nuestro país merece altura de miras. Presentamos esta iniciativa con el ánimo de
dialogar con todas las fuerzas políticas y de mejorar esta ley con las aportaciones de todos. Espero que el Gobierno actual no menosprecie el trabajo de tantos expertos que han colaborado en su elaboración y que, por supuesto, estamos abiertos a
mejorar en el trámite parlamentario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Martínez.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Apoyaré la toma en consideración de esta proposición de ley de cambio climático y transición energética, que abre camino legislativo a las medidas que España necesita y que ponen coto a las desatinadas propuestas del fundamentalismo
'ecolorrancio' parapetado en el Consejo de Ministros desde el pasado mes de junio.
Doy por reproducida mi intervención en la anterior sesión plenaria, en la que defendí una iniciativa parlamentaria de Foro que alertaba sobre la pérdida de soberanía energética española con la descarbonización que ha planteado la ministra
para la Transición Ecológica, una descarbonización tras la que se esconde la desertización de las cuencas y con la que se pretende poner punto final a la minería del carbón, rematando las medidas diseñadas en Bruselas en 2010 por otro socialista, el
comisario europeo de Competencia, Joaquín Almunia, e implementadas durante la etapa de Gobierno de Rodríguez Zapatero. España necesita medidas que fijen la participación equilibrada del carbón como fuente propia de recursos energéticos y la
continuidad de las centrales de generación eléctrica, que, de cerrarse, provocaría la subida de la factura tanto doméstica como industrial y dañaría de manera irreparable la competitividad de las industrias electrointensivas, con una destrucción
irreversible de puestos de trabajo, vitales para decenas de miles de familias y grandes comarcas de población. Digo vitales porque estas familias desayunan, comen y cenan todos los días. La pérdida de puestos de trabajo sería irreversible.
Comarcas enteras de población en España se verían muy afectadas.
Dentro del título V, y hablando de lucha contra el cambio climático, quisiera referirme también al capítulo dedicado a la investigación, desarrollo e innovación, que es fundamental, sobre la que hemos venido insistiendo a lo largo de la
legislatura promoviendo enmiendas presupuestarias para dotar de recursos e inversiones a la I+D+i que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes en las centrales térmicas, enmiendas y presupuestos votados en contra por el Partido Socialista
en esta Cámara.
En todo caso, estamos ante una toma en consideración que trata de corregir una peligrosa deriva energética del Gobierno de Pedro Sánchez y abre las posibilidades de reorientar legislativamente decisiones que han despertado alarma social, con
funestas consecuencias económicas y laborales.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Eskerrik asko, presidente jauna.
Quiero comenzar celebrando el cambio de posición del Partido Popular en este tema. Han sido años de negacionismo del cambio climático, hasta con el primo del señor Rajoy dándonos lecciones sobre la mentira del cambio climático, y hoy, por
fin, como Saulo de Tarso, se caen del caballo y entienden que el cambio climático es una amenaza potencial para la propia sostenibilidad de la vida, para la propia sostenibilidad del planeta. A partir de ahí, poco más en positivo podemos señalar;
si acaso decir que compartimos la frase que determina todo el encabezamiento, la que dice que el cambio climático es el mayor desafío medioambiental y socioeconómico al que se enfrenta la humanidad en el siglo XXI, pero luego esa voluntad de
enmienda que el Partido Popular demuestra hoy aquí, pasando del negacionismo a intentar por lo menos ver que el cambio climático es una amenaza potencial, se queda en la epidermis del problema, se queda en lo superficial.
En cualquier caso, sí que hay una consideración que cabría preguntarse. Probablemente la caída del caballo, la conversión, ha sido ahora y, por eso, se explicaría que desde 2011 no hayan hecho nada cuando han estado gobernando para frenar y
erradicar las consecuencias del cambio climático; prácticamente nada. Se lo voy a decir con datos para que esto no quede en un intercambio de frases donde sea difícil dilucidar quién tiene razón o no. Explique usted a esta Cámara en alguna otra
oportunidad por qué en 2014 aumentaron las emisiones un 1,1 con respecto a 2013; o por qué en 2015 aumentaron un 3,5 con respecto a 2014; o por qué en 2016 aumentó un 1,6 respecto a 2015. Podría también explicarme por qué la emisión de gases de
efecto invernadero aumentó un 4,6 en 2017, el mayor aumento en los últimos 15 años. ¿Es esa la senda del Partido Popular para acabar con los efectos devastadores del cambio climático, la de seguir aumentando la emisión de gases de efecto
invernadero, la de seguir apostando por energías contaminantes, como hacen, la de seguir primando a los sectores energéticos que apuestan por energías contaminantes? Ese es un mal camino, y eso en el texto, aunque parece que quiere tener propósito
de enmienda, se queda en poco, por no decir que en prácticamente nada, porque yo creo que el Partido Popular ha sido una mala noticia para el clima, y lo digo con absoluta sinceridad.
Les voy a poner un ejemplo. Ustedes hablan de la necesidad del coste/beneficio, de tener en cuenta los análisis de coste/beneficio a la hora de realizar inversiones con impacto ambiental, pero, por ejemplo, en una red de interconexión
internacional eléctrica como la de Gatika y Cubnezais, que atraviesa nuestro territorio, con 2000 millones de euros de inversión ustedes no plantean que exista coste/beneficio; no lo han hecho gobernando y no lo plantean siquiera ahora. Se quedan
muy lejos de lo que los propios expertos dicen en el panel internacional, en el IPCC, respecto a la falta de ambición de los gobiernos.
Termino con una cuestión. Probablemente -y les agradezco que por lo menos piensen que hay un problema-, el problema no es solo ese, sino que seguramente lo que decía el entonces ministro de Energía, señor Soria, sigue siendo una constante
en las políticas que piensa el Partido Popular, y es que las compañías eléctricas traen los decretos listos para firmar a los despachos de los ministerios. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Campuzano i Canadés.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Señorías, yo no voy a reprocharle al Partido Popular la conversión a favor de las políticas del cambio climático. Lo que sí le podemos reprochar es que en su etapa de Gobierno este no haya sido un compromiso. Hace cuestión de pocas semanas
Eurostat empezó a publicar datos del conjunto de los países de la Unión Europea en materia de cambio climático, y es evidente que España no despunta en ninguna de las materias, y en algunos de los datos España demuestra tener problemas. La
intensidad del uso de energía en nuestro crecimiento económico continúa siendo relevante, y ha crecido el peso de los
hidrocarburos en el conjunto de la energía que se gasta en el Estado español. Por tanto, el balance concreto no es bueno.
Además, cuando uno lee la iniciativa que nos plantea el Grupo Parlamentario Popular tiene la convicción de que este es un texto basado en los trabajos que se habían hecho en su etapa de Gobierno. Me parece legítimo, pero quizá lo que
hubiésemos esperado el resto de los grupos es que, en estos años de gobiernos del Partido Popular, esta proposición de ley nos hubiese llegado como proyecto de ley. Han gestionado mal este asunto, llegan tarde, pero además, desde una perspectiva
estrictamente catalana, resulta que la primera iniciativa legislativa en el Estado español en esta materia, que fue la Ley del Cambio Climático, promovida por el conseller Josep Rull, hoy injustamente encarcelado como preso político, ustedes la
recurrieron, esa ley del Parlament de Catalunya. Hoy no pueden pedirnos que tomemos en consideración esta iniciativa legislativa, cuando desde el Gobierno bloquearon esa iniciativa pionera del Parlament de Catalunya.
En este sentido, le traslado de nuevo al Grupo Parlamentario Socialista la necesidad de que el Gobierno proceda al desistimiento del recurso ante el Tribunal Constitucional, que el Gobierno del Partido Popular presentó en relación con la ley
catalana. El Partido Socialista en Cataluña votó favorablemente aquella iniciativa y fue consensuada. Por tanto, demos trámite a ese compromiso claro de la sociedad catalana en esta materia. Es evidente que también al Gobierno hay que exigirle
que ese anuncio reiterado de la ministra para la Transición Ecológica, la señora Ribera, se produzca pronto. Hay incertidumbres sobre la duración de la legislatura. Sería una pena que la legislatura pasase sin que el Gobierno presentase ese
proyecto de ley. Por tanto, espero que tengamos pronto un proyecto de ley en la Cámara y que podamos discutir a fondo un marco regulatorio de lucha contra el cambio climático y de transición energética. Estaremos atentos. En cualquier caso, hoy
nuestro voto va a ser contrario a la iniciativa del Partido Popular.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Hoy hemos iniciado el día con temas energéticos y la verdad es que la proposición que sigue tiene una relación directa con ello, pero va más allá de lo puramente energético. Sin duda alguna, la pregunta que nos hacemos es: ¿Necesitamos
políticas contra el cambio climático? Por supuesto, sí. ¿Necesitamos una ley sobre el cambio climático o sobre cómo combatir el cambio climático? Sí. ¿Es esta la mejor ley para combatir el cambio climático? Lo siento, pero no.
Hace muy poco el grupo de expertos de la ONU emitió un informe que verdaderamente nos hace temblar, nos hace temblar por la situación que describe y por las medidas que nos urge a tomar si es que queremos evitar daños irreparables producidos
por el cambio climático. Está previsto, según el informe que han emitido los expertos de la ONU, que las temperaturas aumenten hasta 1,5 grados entre los años 2030 y 2052 si el calentamiento global continúa avanzando a su ritmo actual y no se ponen
en marcha una serie de medidas que puedan evitarlo. Limitarlo y tomar medidas ya tendrá beneficios claros para las personas y los ecosistemas naturales y podrá ir acompañado del afianzamiento de una sociedad más sostenible y equitativa, y cada vez
nos queda menos tiempo. Este informe indica que en 2100 -por mucho que a algunos les dé igual lo que pase porque ya no estarán- la elevación del nivel del mar sería 10 centímetros inferior con un calentamiento global de 1,5 grados Celsius en lugar
de 2 grados Celsius. Es decir, según las perspectivas y tal y como está ahora la cuestión, para esa fecha puede que suba 2 grados la temperatura. Si eso es así, las consecuencias serán nefastas. Hagamos, pues, todo lo posible para ser todavía más
fuertes de lo que nos exige el Acuerdo de París y hagamos que sea 1,5 en vez de 2. El informe indica que los objetivos acordados en París para reducir las emisiones no son suficientes y que las emisiones netas globales de dióxido de carbono
generadas por el hombre deben disminuir en aproximadamente un 45 % de cara a 2030. El informe pone el foco en las energías renovables y dice que estas deberían suministrar entre el 70 y el 85 % de la electricidad de cara a 2050 y que actualmente
solo suponen el 25 %. El uso de los combustibles fósiles todos sabemos lo que produce, y la disminución de los mismos es también fundamental.
Esto lo dicen los expertos de la ONU, pero desgraciadamente todos éramos conscientes de que esto iba a ocurrir si no se tomaban las medidas oportunas. En la legislación internacional suscrita por el Estado español aparecen los acuerdos de
Kioto y de París, vinculantes, que hacen que se tengan que tomar
ciertas medidas. Evidentemente, tal y como se ha señalado por otros que me han precedido, aquí se creó una comisión, hubo unos expertos, unos paneles y todo ese trabajo después concluyó en un material fundamental. ¿Qué es lo que ha hecho
el Partido Popular? Pues cuando se ha quedado fuera del Gobierno se ha apropiado de ese material como si fuera suyo y ha presentado esta proposición de ley. Pero, ¿esto es una proposición de ley? Pues no. Desgraciadamente, esto es un plan
estratégico, un panorama global de qué es lo que se debería hacer, cuáles son los objetivos y dónde tenemos que poner la mira para luchar contra el cambio climático, pero no es un proyecto de ley, no es una proposición de ley, no es un texto
jurídico, cuando, seguramente, lo que necesitamos es un texto jurídico.
Ustedes presentan un exhaustivo plan con diferentes títulos: descarbonización y transición energética, adaptación al cambio climático, colaboración y coordinación entre administraciones públicas, fiscalidad climática, medidas transversales,
transición energética para la reducción de la vulnerabilidad frente al cambio climático, medidas sociales relacionadas con la transición y herramientas para el seguimiento de las políticas. Todo eso lo plantean, pero esto no es un texto jurídico,
esto no es un proyecto de ley. No sé si es que no les dio tiempo a preparar el proyecto de ley y por eso no lo presentaron o es que, por una cuestión de vanidad, han dicho: lo vamos a presentar, tengamos lo que tengamos, para ser los primeros. Yo
ya sé que un grupo parlamentario tiene todo el derecho del mundo -faltaría más- a presentar una iniciativa legislativa, pero ya que esta proposición de ley no reúne lo que jurídicamente necesitaríamos para luchar contra el cambio climático, exhorto
al Gobierno del Partido Socialista a que presente un proyecto de ley que reúna lo que legislativamente necesitamos para luchar contra el cambio climático y que vaya un poco más allá de las intenciones, de los objetivos y de esa especie de ansias que
aporta este texto que nos ha presentado el Grupo Popular, que es más bien un instrumento propositivo de carácter metajurídico que, sobre la base de sus características, requeriría un formato ajeno al de una ley; se trata más bien de la culminación
de una reflexión técnica que de un texto legislativo. Por otra parte, el carácter eminentemente técnico requiere de la participación de expertos en la materia para su correcto planteamiento. Además, si fuera un proyecto de ley, tendría una memoria
económica y otra serie de documentos que le deberían preceder, cosa que en este caso no ocurre.
Por tanto, o somos claros y firmes y hacemos algo para conseguir eso que los expertos de la ONU han establecido como mínimo para que después no sean irreversibles las consecuencias del cambio climático o lo vamos a pasar muy mal, sobre todo
las generaciones venideras. ¿Un texto legislativo soluciona eso? Seguramente no, pero es fundamental y necesario. Por eso, ya que ellos ya no están en el Gobierno, le digo al Gobierno actual que sea eficaz, que sea consecuente con lo que dijo y
presente un texto, un proyecto de ley contra el cambio climático y la transición energética.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Agirretxea.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Muchas gracias, señor presidente.
Tal y como ha recordado ya el diputado del PNV, el último informe del grupo intergubernamental de expertos en cambio climático de la ONU, publicado ayer mismo, insta a hacer cambios sin precedentes y pide una transición energética rápida, en
un término de doce años, para limitar los daños del calentamiento global, que pueden ser desastrosos. Según el catedrático de sostenibilidad y miembro del grupo, Peter Newman, como planeta estamos al borde del precipicio. Realmente, el nivel en el
que estamos ahora y la urgencia nos piden que cualquier propuesta de ley sobre cambio climático y transición energética garantice y facilite la consecución de los compromisos internacionales ya asumidos por el Estado, tanto en el contexto del
Acuerdo de París como de las políticas europeas de clima y energía. En todo caso, esta voluntad debe traducirse en acciones que apuesten realmente por un modelo de economía sostenible, necesaria para combatir el cambio climático.
Durante estos años de Gobierno del PP se ha visto muy claro que ustedes han querido extender su óptica neoliberal en pro de la privatización y la mercantilización. Es una óptica que prima los intereses privados de los grandes patrimonios y
oligopolios por encima del interés común, y estamos hablando de una cuestión de interés común. Ustedes parten de una visión productiva y especulativa de los ecosistemas y les confieren el mero valor de recursos. Si no, ¿de dónde este afán por
desplegar durante su mandato reformas que han supuesto, por ejemplo, la desregularización y desprotección del medio natural, favoreciendo así procesos de privatización de los recursos naturales? Su modelo se contrapone frontalmente a un modelo cuyo
principio básico es la sostenibilidad. Por lo tanto, su propuesta no despierta
ninguna confianza, más bien todo lo contrario, los hechos y no las palabras hablan por sí mismos. Ahora buscan desesperadamente consensos.
Ahora se dan cuenta de que es necesario acelerar el proceso de transición energética, de que es necesario un modelo de soberanía energética basado en energías renovables que sustituya al modelo basado en los hidrocarburos. Pero llegamos con
retraso y mal. Su mayor afán ahora consiste en priorizar la interconexión eléctrica con Europa, pero el hecho de depender aún demasiado del modelo energético de hidrocarburos y de carecer de una apuesta real por las energías renovables que
permitiría avanzar hacia la soberanía energética nos convierte en meros compradores de energía. Lo hemos hecho tarde y mal. Pero, ¿cuáles han sido sus hechos hasta ahora? Fíjense, el polémico impuesto al sol que ustedes implantaron frenó
brutalmente una vía libre de autoconsumo que permitía generar, almacenar y consumir energía limpia y suponía una manera ideal de involucrar a los ciudadanos en la transición energética. Esa es realmente su política, estos son realmente sus gestos.
(La señora presidenta ocupa la Presidencia). Incluso el Gobierno balear presentó hace poco al Congreso una proposición de ley para declarar las aguas jurisdiccionales españolas zona libre de prospecciones de hidrocarburos. Existe un proyecto de
investigación que prevé prospecciones en el mar balear con cañones de aire comprimido que podrían afectar a la fauna, especialmente a los cetáceos, entre Formentera, Ibiza, Mallorca y Cabrera y cuyos resultados anhelan varias petroleras. El
Ejecutivo estatal, sin embargo, ha vetado dicha proposición. Es un auténtico contrasentido continuar protegiendo un modelo basado en los hidrocarburos para beneficiar intereses privados muy particulares, cuando estamos hablando de cambiar un gran
paradigma como sería la promoción de las propias renovables. Los hechos y no las palabras vuelven a hablar por sí solos.
Ustedes también se han hecho eco de la importancia que van a tener los efectos del cambio climático en la gestión del agua, en los propios recursos hídricos. De hecho, el informe de la subcomisión sobre propuestas de política de aguas en
coherencia con los retos de cambio climático ha recogido propuestas diferentes sobre cuáles van a ser los problemas y cuáles van a ser los grandes retos de gestión de agua en este país. ¿Y cuáles han sido sus respuestas? Básicamente ampliar riegos
con propuestas que lo único que hacen es perpetuar un modelo erróneo de gestión hidrológica, basado en la demanda de un crecimiento ilimitado de regadío que está por encima incluso de las propias capacidades reales de la cuenca; un estrés hídrico
en forma de sequías periódicas que se va a acentuar con el cambio climático. La respuesta, por tanto, sigue siendo la misma que antes. La misma proposición de ley sobre el trasvase de 19,99 hectómetros cúbicos desde la demarcación hidrográfica de
los ríos Tinto, Odiel y Piedras a la demarcación hidrográfica del Guadalquivir que estamos debatiendo estos días es un ejemplo. De hecho, el objetivo principal de esta propuesta no es la preservación del acuífero de Doñana, aunque pueda parecerlo,
es la justificación de un plan de viabilidad de nuevos regadíos que pretende amnistiar aquellos pozos y explotaciones ilegales que han ido proliferando sin ningún tipo de control. Por lo tanto, continuamos con la misma dinámica, con la misma manera
de trabajar y haciendo caso omiso de lo que nos está avisando el cambio climático. Lo mismo sucede con la reducción del caudal asignado al tramo final del Ebro, que no garantiza la pervivencia del Delta del Ebro pero sí la ampliación de nuevos
regadíos. ¿Van viendo ustedes como realmente no hay un posicionamiento claro en ese sentido y una cosa es la declaración de intenciones y otra los hechos reales? Deberemos acostumbrarnos a reconocer, en este sentido, que no hay cuencas
excedentarias. Podría poner muchos ejemplos más que ponen en evidencia la falta de sensibilidad ambiental del Gobierno del Partido Popular. Repito, los hechos y no las palabras hablan por sí solos.
Por otro lado y como ya se ha comentado, la anterior ministra se comprometió a finales de enero de este mismo año a elaborar el anteproyecto de una futura ley con una amplia participación social, a constituir un grupo de trabajo
interministerial, la propia Comisión para el estudio del cambio climático, a celebrar unas ambiciosas jornadas de debate con más de cuatrocientos expertos trabajando conjuntamente para identificar los contenidos de la ley, a abrir un amplio proceso
de consulta pública, a crear una comisión de expertos de transición energética y a reunirse con grupos políticos. Aquí estamos, esperando.
Para terminar, ustedes proponen una ley con una propuesta de mínimos, una declaración de intenciones muy poco ambiciosa, que delata su falta de voluntad real para encarar seriamente el cambio de paradigma energético y ambiental en el que
inevitablemente estamos inmersos. Da la sensación de que con esta proposición lo que ustedes pretenden es limitar a la baja propuestas maximalistas y proponer las decisiones trascendentes que debemos asumir en muy poco tiempo. No podemos permitir
que se deje pasar el tiempo, pero tampoco podemos permitir que se pierda en una propuesta como esta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Sin duda, el cambio climático es la mayor amenaza a la que nos enfrentamos como país, como nación. Es una amenaza que afecta directamente a la salud de nuestros ciudadanos, amenaza a nuestros ecosistemas, a nuestra seguridad y a nuestra
prosperidad y desarrollo económico. Ningún país ni ningún ciudadano están libres de las consecuencias que esto tiene, consecuencias que son producto de nuestra forma de consumir, de vivir, de producir y de un desarrollo económico basado en los
combustibles fósiles como fuente de energía. Más que ante un debate político, estamos ante un debate moral, el de la obligación de mantener la vida en un planeta que compartimos con otras especies, el del dilema de no hacer pagar a la humanidad
presente y futura los altísimos costos de la degradación ambiental. El mundo ya ha tomado conciencia de esto, y así ocurrió en París, donde 195 países firmamos un compromiso para hacer frente a este problema, reducir los gases de efecto invernadero
y mantener la temperatura media global por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a la época preindustrial.
Todos los estudios científicos coinciden en señalar la región mediterránea como una de las áreas más vulnerables del planeta frente al cambio climático. La mayoría de países de nuestro entorno ya llevan tiempo trabajando en ello, pero en
España llevamos un enorme retraso. Hay leyes y normas de cambio climático en el Reino Unido desde 2008, en Escocia desde 2009, en Dinamarca desde 2014, en Alemania desde 2014 y en Francia desde 2015. Incluso aquí, en España, numerosos parlamentos
regionales, como el catalán, el de Baleares, el Parlamento murciano o el Parlamento de Navarra o tienen ya leyes de cambio climático o están en proceso. El PP en el Gobierno se comportó de manera irresponsable. Después de siete años de Gobierno,
pese a las promesas del señor Rajoy, pese a los continuos anuncios de la señora Tejerina, pese a la demanda unánime de la mayoría de los grupos de esta Cámara, que lo llevan haciendo desde el año 2011 -claro, que no contábamos con el señor Nadal-,
pese a todo esto, fueron incapaces o no quisieron traer una ley de cambio climático. Todos hemos sido testigos en esta Cámara de cómo el señor Nadal nos decía en sede parlamentaria que la ley de cambio climático no se presentaría hasta que no
estuviera lista la normativa europea. Señalaba que las leyes siempre se han hecho así en este país y que no se iba a cambiar ahora la forma de hacerlas. Nos decían que sin paquetes de energía y clima no podía haber ley de cambio climático y que
además teníamos un problema con la interconexión eléctrica que generaba un problema para el desarrollo de esta ley. Ahora, trayendo esta ley, nos quieren mostrar una sensibilidad con el medio ambiente y la lucha contra el cambio climático que
ustedes nunca han tenido. (Aplausos).
Ustedes siguen siendo el PP de la paralización de las energías renovables en este país, de las trabas al autoconsumo; son el partido que le puso un impuesto al sol, el de los recortes a las fotovoltaicas, que arruinaron a miles de pequeños
ahorradores, el de la ausencia de planificación energética y el que ha convertido nuestro país en un campeón de los apercibimientos y las sanciones medioambientales por parte de la Unión Europea. (Aplausos). Ustedes son el Partido Popular, al que
las grandes empresas de este país se vieron en la necesidad de reclamar mediante un manifiesto una hoja de ruta para dirigir sus inversiones, que en estos sectores se tienen que planificar con años de antelación. No cabe duda de que las economías
que lideren la transición serán las primeras en aprovechar las oportunidades que la descarbonización ofrece y las que más se beneficiarán de la misma. Se van a crear nuevos empleos e inversiones, nuevos mercados y oportunidades, se posibilitará un
nuevo impulso a la innovación y el emprendimiento empresarial. Es una oportunidad que la economía española no puede desaprovechar, y ustedes han hecho perder un tiempo precioso a este país. (Aplausos).
Tuvieron ocho años en el Gobierno con todos los medios para presentar un proyecto de ley con todas las garantías, en cambio, dos días después de ser arrojados del Gobierno se sacan este documento de no se sabe qué cajón y lo registran. Es
ahora, cuando están en la oposición, cuando nos traen esta ley que incumple las tres principales demandas que de manera casi unánime nos han hecho todos los expertos que han pasado por la Comisión de Cambio Climático: que fuera ambiciosa, que fuera
consensuada y que fuera participativa. ¿Nos garantiza esta proposición de ley que con ella vamos a lograr mantener el aumento de la temperatura por debajo de los 2 grados? ¿Qué opina el Consejo Nacional del Clima? ¿Qué opina el Centro de Estudios
Hidrográficos del Cedex? ¿Y el grupo de expertos que ustedes crearon? ¿Qué opina el Consejo de Estado? ¿No deberíamos tener sus informes en la ley que pretende cambiar los pilares básicos en los que se apoyan nuestra economía y nuestra sociedad?
Entrando en el análisis de la proposición, son más llamativos los olvidos que las propuestas. No introduce principios de precaución ni de prevención; en materia de energía, se limitan a dar unas pinceladas sin tener en cuenta la enorme
dimensión de la política energética; no hay ninguna consideración sobre autoconsumo y generación distribuida ni sobre los costes del sistema eléctrico y cómo estos serán asumidos por los consumidores. No se habla de biocombustible, no se habla de
pesca ni de agricultura y tenemos la primera flota por tonelaje de la Unión Europea. No se habla de turismo, y somos el primer destino vacacional del mundo. No se habla de biodiversidad, y España es el país con más biodiversidad de toda la Unión
Europea; el 54 % de todas las especies de flora y fauna europeas están en nuestro territorio. No se habla del mar, y tenemos 6000 kilómetros de costa y somos el segundo país europeo con más superficie marina protegida. Se fía todo a planes a diez
años, que además serían reales decretos, es decir, sin rango de ley, sin capacidad de nada sustancial y, por supuesto, sin intervención del Parlamento. Pero, por encima de todo, lo más preocupante es cómo tratan a la ciencia en sus propuestas.
Todo lo que hagamos en cuanto a cambio climático debe estar apoyado en un análisis científico-técnico independiente y esta iniciativa deja a la ciencia en un rincón y sin medios. Ustedes proponen crear un observatorio de cambio climático y
transición energética que haga informes de seguimiento al margen de las políticas y decisiones que se vayan adoptando, a la zaga y, además, sin medios. Leo literalmente: Los gastos derivados del funcionamiento del observatorio y de la elaboración
de estudios no supondrán en ningún caso aumento del gasto público ni sus miembros percibirán dietas por el ejercicio de sus funciones. Esta propuesta, lejos de poner a la ciencia en el centro, la margina.
Señorías, España necesita urgentemente un pacto de Estado para la energía y para la lucha contra el cambio climático en el que estemos todos, que sea estable, que sea ambicioso, que sea consensuado y participativo, pero sobre todo que sea
eficaz. Esto, señorías, es tarea de todos. Me produce sonrojo que el Partido Popular registrase una iniciativa así, con la celeridad que lo hizo, días después de dejar el Gobierno, y no parece que tuviesen el interés general en la mente ni que con
esta iniciativa puedan hacer olvidar su indolencia y parálisis mientras estuvieron en el Gobierno. Señores del Partido Popular, cuando podían no quisieron; ahora parece un quiero y no puedo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Gómez-Reino Varela.
El señor GÓMEZ-REINO VARELA: Boas tardes. Gracias, presidenta.
Esta proposición de ley debería avergonzar, a nuestro juicio, al Partido Popular; desde luego, para nosotros y nosotras es indigna de esta Cámara. El Partido Popular está haciendo una demostración práctica de lo que no hay que hacer en
política, particularmente en política parlamentaria, todo aquello por lo que la gente estaba tan distante y furiosa con las fuerzas políticas del bipartidismo, todo eso por lo que gritaban: No nos representan.
Les cuento. Acto primero: el Partido Popular está en el Gobierno durante siete años. El PP, con su presidente y su portavoz parlamentario a la cabeza, se burla y se mofa reiteradamente de la gravedad del cambio climático. Mientras
gobierna el PP no solo no se hace nada en esta materia, sino que se obstaculizan los avances y se legisla en su contra: impuesto al sol, bloqueo de las renovables, etcétera.
Acto segundo: el Gobierno tiene la obligación de hacer una ley de cambio climático; le obligan a hacer una ley. La ley se pliega a los intereses de los lobbies en la materia, sobre todo del oligopolio eléctrico, y su anteproyecto de ley
no cumple con los mínimos exigidos internacionalmente. Nos avergüenzan de nuevo, y después de siete años no presentan el proyecto de ley.
Acto tercero: el Partido Popular pierde el Gobierno. Inmediatamente, quince días después de perder el Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular presenta como proposición de ley su anteproyecto de ley, el que no presentaron cuando tenían
obligación, probablemente aprovechándose del trabajo de los funcionarios y las funcionarias del ministerio, algo maquillado, para que parezca que están interesados en el tema y no molestar a nadie.
Acto cuarto: el Partido Popular sube hoy a esta tribuna y hace un paripé sobre la importancia del cambio climático, lo trae a sede parlamentaria y le pide al Gobierno que haga precisamente todo aquello que el Partido Popular no hacía cuando
gobernaba y que quiere bloquear ahora desde la oposición.
Y ya que estamos, voy a empezar poniendo el ejemplo de Galicia. Esta misma semana, ayer mismo, hemos visto graves incendios forestales en Galicia otra vez; ayer teníamos más de la mitad del país en
alerta máxima por riesgo de incendio. Señorías, estamos en octubre y, al igual que el año pasado, en Galicia vuelve a haber incendios. Según un informe de los técnicos de MeteoGalicia, el incremento del riesgo de incendios en Galicia es de
los más elevados del sur de Europa. El cambio climático ya está aquí y toca de lleno a la península ibérica. Algunas opiniones interesadas intentan situar el problema en algo lejano, distante. Pues no, está ahora y es aquí, afecta a nuestra
agricultura, afecta a nuestra pesca, afecta al marisqueo, al turismo, al despoblamiento rural; nos afecta a todos y a todas.
Ustedes, señores del Partido Popular, son los exponentes europeos del negacionismo de Trump, los campeones en recortes presupuestarios a las partidas dedicadas a la lucha contra el cambio climático; los mismos que han condenado al ridículo
internacional a este país durante más de mil días de vigencia del impuesto al sol. En política energética, el Partido Popular ha hecho política de tierra quemada: obsesionado con la instalación de energías renovables, contra la democratización del
sector energético y favoreciendo la concentración del mercado; ausentes y sumisos en el debate en el marco europeo o apoyando contra toda la razón técnica la fractura hidráulica. Nos han embarcado durante estos siete años en un camino hacia el
desastre. Han generado además, con sus reformas del bono social eléctrico y las subidas generalizadas de los precios de la electricidad, un reguero de pobreza energética. En este país -no según nosotros, sino según el regulador energético- el
transporte está sobrerretribuido, la distribución está sobrerretribuida, es decir, aquí todos los actores cobran y quien paga es el ciudadano. (Aplausos).
Además, si quisiéramos entrar al fondo de su propuesta, no tendríamos más que rechazarla de plano por no contener los mínimos básicos para ser discutida. Voy con algunas cuestiones básicas. La proposición no incluye algo tan básico como un
plan de eficiencia energética que incluya entre otras medidas la rehabilitación energética anual de un mínimo de viviendas. No se incluye que la prioridad en la operación de las centrales hidráulicas sea de apoyo a la integración en el sistema
eléctrico de las energías renovables no gestionables; no hay una estrategia nacional de residuos; no hay medidas para el fomento de la economía circular, no hay un plan industrial que fomente la eficiencia material de la economía. No incorporan
medidas de mitigación en los sectores agrícola, ganadero y de la pesca. Tampoco establecen ninguna medida para incorporar en la política de aguas los escenarios del cambio climático. En definitiva la ley no contempla a nuestro juicio las mínimas
cuestiones que hagan de ella una propuesta debatible.
Acabo ya, señorías, hablando con el Gobierno en este caso. Nosotros y nosotras, a pesar de tener una propuesta de ley de cambio climático trabajada con todos los actores y ya registrada, estamos dispuestos a empujar para que haya una
discusión y un debate público, y para que tengamos una ley de cambio climático, una norma a la altura de las necesidades de este país, acogiéndonos al compromiso firme de la ministra de abrir este debate con premura. Aprovechamos para lanzarle a la
señora ministra una recomendación: no guarde los papeles en los cajones, como sus predecesores, hasta el último momento. No pretenda monopolizar, instrumentalizar o rentabilizar un debate que es de todos y de todas, y una norma que es
imprescindible que saquemos adelante. Como decíamos en las movilizaciones contra el cambio climático en Copenhague hace ya bastantes años: there is no planet B, no hay planeta B, señorías.
Muchas gracias; moitas grazas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lamuà Estañol.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Muchas gracias, presidenta.
Todos conocemos bien la primera frase de Las Catilinarias, de Cicerón, tan citadas. Podríamos usarla perfectamente hoy con ustedes, señorías del Partido Popular, pero quería recordarles las dos siguientes, que en forma de pregunta arrojaba
el magnífico orador en el Senado de Roma: ¿Cuánto tiempo hemos de ser todavía juguete de tu furor? ¿Dónde se detendrán los arrebatos de tu desenfrenado atrevimiento? Por eso hoy les preguntamos nosotros: ¿cuándo aceptarán su nueva situación?
¿Cuánto les falta para pasar la ira de su duelo? (Aplausos). Porque traer esta proposición de ley por parte del Partido Popular demuestra hasta qué punto llega su cinismo político, y hasta qué punto la ira gobierna sus acciones en esta Cámara,
todos y cada uno de los días desde que ustedes están en la oposición. Después de prometer en París y Marrakech en las COP21 y 22 que se impulsaría la elaboración de una ley de cambio climático, después de comprometerse en sede parlamentaria a
someter un borrador a consulta pública para diciembre de 2017, después de incumplir todas estas promesas, ustedes, a las tres semanas de perder el
Gobierno de España, registraron esta proposición de ley. Están ustedes llevando a un nuevo nivel la incapacidad manifiesta de ejercer una oposición digna al Gobierno de España. Y creíamos que desde su derecha ya lo habíamos visto todo en
pasados mandatos suyos como oposición, pero reiteramos que nunca aprenden, siempre son iguales, solo hay destrucción por su parte cuando están en la oposición. (Un señor diputado: ¡Hala!).
Lo que sí pone negro sobre blanco esta proposición, por lo menos, es la total falta de compromiso del Partido Popular con la democracia ambiental en nuestro país. Eso por un lado, y por otro, nos recuerda el desastre que fue para España y
los españoles la descoordinación y pelea constante entre las carteras de Medio Ambiente y Energía del Gobierno Rajoy. Recordemos cuando el exministro Nadal decía en sede parlamentaria que no había prisa alguna para aprobar la ley, a la vez que la
exministra Tejerina no se hartaba de poner fechas para su supuesto avance. Como en una mala imitación del dúo Pimpinela, nos tuvieron a todos ocupados con sus rifirrafes públicos a lo largo de un par de años.
Muy relevantes para lo que hoy nos atañe fueron las declaraciones de Álvaro Nadal sobre que lo lógico -y se lo han mencionado varios portavoces- sería tener primero la normativa europea y después hacer la española. Tres meses después de
perder el Gobierno él y su grupo han echado la lógica por la borda, quieren intentar ocupar el espacio político de la forma más demagógica posible y nada parece que les pueda frenar. La proposición además de ser tramposa, mediocre y extemporánea
tiene múltiples incongruencias, adolece de muchos fallos, y demuestra que es heredera de este conflicto que recordábamos ahora. En el texto, por ejemplo, y por no reiterar a otros portavoces, no se aborda la transformación del modelo energético,
imprescindible en el escenario de la lucha actual contra el cambio climático. Es decir, los peores tics de su anterior Gobierno son perfectamente reseguibles en la proposición que presentan. Ese Gobierno que en el mandato anterior mandaba al
Constitucional normas y normas como, por ejemplo, una muy buena norma que procedía de Cataluña sobre el cambio climático, y que este Gobierno está estudiando su desistimiento evidentemente.
Los objetivos de descarbonización establecidos en el título I, por ejemplo, son claramente poco ambiciosos, son vagos, y sin duda no sirven para cumplir los acuerdos de París. La vaguedad con la que trata temas como el Plan Nacional de
Energía y Clima o la fiscalidad ambiental son otra muestra más de esa herencia que estábamos citándoles, y que todos los grupos que me han precedido les han recordado. En ambos casos se trata de elementos que deberían haber sido desarrollados bajo
el Gobierno popular y nunca este movió un dedo, y como comprobamos, lejos de rectificar esa perspectiva, desde la oposición pretenden abundar en ellos. Ha tenido que ser la actual ministra de Transición Ecológica la que esté esprintando para
cumplir los términos que nos establecía y exigía la Unión Europea, para intentar evitar multas que estaban a la vuelta de la esquina para nuestro Estado. Y hay que tener -y lo han reiterado diversos portavoces- poca vergüenza para registrar un
texto a las tres semanas de perder el Gobierno, un texto que evidentemente fue alumbrado a partir del trabajo de la Administración pública para el Ejecutivo español. Por tanto este texto no es del PP, es elaborado bajo la batuta de un Gobierno.
Llega a tal punto su patrimonialización del Estado que creen tan firmemente que todo es suyo y el resto somos polizontes en las instituciones suyas, que se llevaron un texto de todos elaborado con dinero y tiempo de la Administración de todos para
usarlo para sus propios usos partidistas. Eso es lo que el PP se cree, que esto y que toda España es su cortijo, y lo que han venido hoy todos los grupos es a recordarles que no es así.
Señorías del PP, traen hoy aquí ruido y caos, porque esto es lo único que a día de hoy pueden aportar ustedes a la política española. Pretenden tapar las vergüenzas de la inacción de dos exministros que despreciaron la lucha contra el
cambio climático en España, dejando una pésima herencia. Quieren torpedear la normal tramitación de un verdadero proyecto de ley de un Gobierno que en meses ha hecho más de lo que ustedes hicieron en años con mayorías absolutas. (Aplausos).
Y acabo. Quienes nunca creyeron en la lucha contra el cambio climático, quienes perjudicaron enormemente a todos los españoles en materia energética y ambiental no pueden hoy ni merecen hoy que se les indulte en esta Cámara, tomando en
consideración un texto en el que nunca creyeron de una lucha que nunca quisieron dar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMULGACIÓN DE UNA LEY DE APOYO A LAS FAMILIAS. (Número de expediente 162/000741).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley.
Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a la promulgación de una ley de apoyo a las familias. Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Borrego Cortés.
La señora BORREGO CORTÉS: Gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes. En nombre del Grupo Parlamentario Popular quiero solicitar su apoyo esta tarde para una iniciativa que tiene mucho de presente, pero sobre todo mucho de futuro. En estos momentos el futuro se presenta inquietante,
y necesitamos transformarlo para impulsar un nuevo escenario social, presidido, tras largos años de crisis, por la esperanza. En este sentido la proposición no de ley que ha presentado mi grupo parte de nuestra convicción de que la familia es la
célula social y constituye el motor indispensable de una sociedad con vocación de prosperidad. Es el elemento clave para contribuir y mejorar nuestra sociedad.
Señorías, los últimos años no han sido nada fáciles. Desde distintas ópticas del arco parlamentario hemos tratado de buscar soluciones a un contexto de enorme complejidad, cuyas derivadas han afectado a todos y cada uno de los ciudadanos.
Hoy, superada la crisis gracias al impulso decidido del Gobierno del Partido Popular, urge poner el foco en uno de los colectivos que más han sufrido la crisis: las familias. Las familias han sostenido a la sociedad con su esfuerzo y su
sacrificio, enarbolando la bandera de la resistencia ante la adversidad, el paro y la falta de recursos. Por tanto no son un eje del presente, sino un eje vertebrador del futuro, porque no hay futuro posible sin unas familias fuertes y sólidas.
Por ello el apoyo del Estado resulta imprescindible; un apoyo que siendo material trasciende lo meramente material para centrarse en lo más importante: entender y respaldar su rol social.
Señorías, en los últimos años el Gobierno del Partido Popular puso en marcha con notable éxito una serie de planes de apoyo a las familias que pretendían amparar y proteger a este colectivo. Así el Plan Estratégico Nacional de Infancia y
Adolescencia, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social o el Plan Integral de Apoyo a la Familia eran planes que en su conjunto superaban, con sus casi 230 medidas, los 16 000 millones de euros de financiación. Sin embargo con la moción
de censura están en riesgo estas líneas estratégicas, cuya efectividad en el apoyo a las familias estaba fuera de toda duda, debilitando su eficacia y consolidación. Por ello en el Grupo Parlamentario Popular deseamos que el Gobierno se sume a esta
iniciativa, cuya trascendencia supera ideologías para centrarse en lo nuclear: el apoyo a las familias.
Señorías, hablamos de siete ejes vertebradores. En primer lugar, el apoyo específico a las familias con hijos con discapacidad o con enfermedades raras. Son familias que se enfrentan no solo a elevados costes económicos, sino también
sanitarios, y para las que proponemos entre otras medidas que adquieran la condición de familia numerosa general aquellas familias con un hijo con discapacidad.
En segundo lugar, el reconocimiento en mayor grado a las familias numerosas, un colectivo que en un contexto de decrecimiento de población apuesta por la generosidad y por la entrega, y que sin embargo se enfrenta a multitud de trabas
burocráticas, sin olvidar los bajos incentivos y estímulos fiscales. Se debe incidir más en la reforma del Partido Popular de 2015, y entre otras cuestiones otorgar la condición de familia numerosa de categoría especial a partir del cuarto hijo.
En tercer lugar, la protección de las familias monoparentales -un colectivo creciente-, que se enfrentan en soledad a la crianza de sus hijos y que necesitan del máximo apoyo.
En cuarto lugar, la promoción de medidas de apoyo a la natalidad desde el impulso de la maternidad. De nada nos sirve pensar en la familia si no estimulamos la maternidad, y si no apostamos por que cada vez más y más jóvenes decidan tener
más hijos. Por ello es necesario seguir con las mejoras en la fiscalidad aplicadas a la familia, como las incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 del Partido Popular, así como con la revisión del concepto de unidad familiar en
relación con las ayudas económicas. Tenemos que proteger a las mujeres embarazadas, creando una red nacional de protección para que tengan mayor apoyo económico y psicológico aquellas mujeres que quieran ser madres y se encuentren en situación de
dificultad.
En quinto lugar, desplegar medidas para que la conciliación sea un hecho y la crianza compartida una realidad objetiva que favorezca el crecimiento de nuestros hijos. Es imprescindible apoyar a las familias en situación de vulnerabilidad y
exclusión social, que se ven ante el extraordinario desafío de garantizar la sostenibilidad de un entorno familiar en un contexto de grave dificultad.
Por último, nuestra iniciativa pretende fomentar decididamente la corresponsabilidad en la vida familiar y garantizar el protagonismo de los padres en la educación de los hijos, incluyendo también la perspectiva familiar en los centros
escolares, al igual que el Partido Popular estableció en su momento la obligación de valorar el impacto de la familia y la infancia en los proyectos legislativos.
Señorías, concluyo ya. La familia es el único elemento que vertebra la sociedad, y debemos impulsarla y consolidarla, porque es el presente que acaba determinando nuestro futuro. Cada época tiene sus desafíos para la familia, y nuestra
época en este momento exige que asumamos sin duda alguna el apoyo del Estado a la familia. Por ello les pido que apoyen esta proposición no de ley, que no va en contra de nadie, sino a favor de todos, que no busca confrontación, sino consenso, un
consenso que nos excede y que se extiende desde las comunidades autónomas al tercer sector. Las familias nos piden apoyo y hoy aquí tenemos la oportunidad de devolverles todo lo que hacen por la sociedad con una ley como la que pedimos en esta
iniciativa, que reconozca derechos a las familias más allá de los que se reconocen a las personas que las componen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
No puedo desperdiciar la ocasión que brinda el debate de esta proposición no de ley del Grupo Popular, sobre la promulgación de una ley de apoyo a las familias, expresando mi voto favorable y al tiempo reflejando la importancia que para una
comunidad autónoma como Asturias, una de las regiones más envejecidas de Europa, tiene el establecimiento de un plan de fomento de la natalidad que corrija la sangría demográfica que nos arrastra año tras año a la pérdida de población.
El desafío demográfico precisa sin duda de medidas urgentes. De hecho la creación específica de un comisionado del Gobierno a raíz de la Conferencia de Presidentes de enero de 2017 tiene que completarse con un proyecto de ley que permita
ordenar, actualizar y ampliar los apoyos, porque la familia es el pilar básico del Estado del bienestar, una fuente de protección personal insustituible, y además el entorno natural para el crecimiento y educación de los menores y el cuidado de los
mayores.
Quisiéramos ver realizado cuanto antes este mandato al Gobierno, porque creemos que desde la Administración del Estado debe darse un impulso al resto de las administraciones para afrontar una política de apoyos decididos, contantes, sonantes
e inequívocos que permitan revertir cuanto antes la tendencia que describía al principio de mi intervención, y que proporcione estabilidad y recursos a la política familiar que se realice en España. Desde Foro creemos imprescindible colocar y
mantener este asunto en el centro de la política, de ahí que nos parezca bien que el Gobierno asuma este mandato parlamentario para remitir un proyecto de ley de apoyo a las familias en el menor tiempo posible.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, quisiera también empezar mi intervención agradeciendo la iniciativa, y dándole la bienvenida a este debate que habla sobre el presente y el futuro de una institución que, desde nuestro punto de vista, es una célula básica para
nuestra sociedad. Si tuviera que poner algún pero diría que para nosotros se queda un poquito corta, porque aunque en la exposición se dice que ya se ha elaborado y tenemos un plan nacional, que tenemos un plan estratégico, que tenemos un plan
integral, considero que se han quedado limitados el formato y el contenido, y que deberíamos haber presentado directamente ya una proposición de ley; efectivamente hay tantísimo recorrido hecho que se han presentado muchísimas enmiendas, que les
recomiendo que incorporen en aras de ese consenso. Pero como digo, bienvenida.
La familia es una institución que debe ser protegida, promocionada y apoyada, y cuando digo apoyada quiero decir financiada. La familia es el primer escalón donde enmarcar lo humano y lo social; una comunidad de afecto donde aprendemos el
valor social de la paternidad y la maternidad, de la fraternidad entre hermanos mayores y menores, también la solidaridad -en su seno se desarrolla nuestra primera memoria histórica- y una visión trascendente de nuestra propia existencia, quien así
lo desea. Creemos que es un bien social necesario, y en definitiva una escuela de civismo, la primera escuela donde uno aprende que no está solo, que todos dependemos de todos. De hecho los valores que reproducimos en nuestra Constitución española
no son sino un espejo en muchos casos de lo que somos en familia, valores como la justicia, la libertad, el orden, la igualdad, el sentido crítico, la autoridad, las normas, la solidaridad, el pluralismo, el respeto. Coincidimos con ustedes en que
el Estado debe renunciar a hacer ingeniería social pretendiendo suplir o corregir el papel que esta institución está llamada a realizar.
Nosotros apoyaremos su propuesta, y como es una proposición no de ley sería bueno que entre todos, y habiendo tantísimas iniciativas dentro de las enmiendas, pudiéramos, en aras de ese consenso, buscar una transacción que incluyera a la
mayoría de ellas, que creo que son acertadas en muchos casos.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Señorías, si hubiese llegado hoy a esta Cámara y no supiera que ustedes han estado gobernando este país los últimos años, igual me creería muchas de las cosas que nos ha contado usted. Con ustedes en el Gobierno España tuvo la tasa de
natalidad más baja de los últimos cuarenta años, menos de nueve hijos por cada mil habitantes. Por tanto cuando hablemos de familia deberíamos hablar también de esas cosas, y de los errores que hemos cometido unos y otros para llegar a este punto.
Si hablamos de familia y de proteger a la familia debemos preguntarnos por qué los jóvenes no se emancipan y se quedan a vivir con sus padres; debemos preguntarnos por qué la construcción de vidas paralelas, con o sin pareja, por los jóvenes de hoy
es mucho más difícil que para los jóvenes de hace treinta años; debemos preguntarnos por qué cuando se pueden marchar de su casa no tienen hijos. Igual encontramos la respuesta en que la vida para los jóvenes de hoy es mucho más difícil de lo que
algunos se piensan. Por eso nosotros nos vamos a sumar a esa iniciativa, aunque creemos que la podemos mejorar.
Siempre hemos reivindicado, desde que estamos en esta Cámara, que la prestación por hijo a cargo que el Gobierno concede y que se transfiere a las administraciones territoriales no es suficiente, que 20 euros al mes no es lo que separa a una
familia que tiene dificultades para llegar a final de mes de una familia que no las tiene. Por eso pedimos, como lo hemos hecho siempre, que suban la ayuda de 20 a 100 euros por hijo a cargo para aquellas familias que sufren una pobreza importante,
una pobreza severa. Eso sí da oportunidades, eso sí mejora la calidad y la educación de los hijos dentro y fuera de las familias. Espero la respuesta a esta enmienda, y entonces valoraremos el posicionamiento de mi grupo respecto a la iniciativa.
Muchas gracias y felicidades.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta.
Señores del PP, esta es la PNL del perdón, y digo que es la PNL del perdón porque presentan ustedes una batería de medidas en la que parece que ustedes están manifestando ese propósito de enmienda, un propósito de enmienda de lo que podría
haber sido y no fue, y no fue porque ustedes no lo hicieron. Entendemos por tanto que ustedes están pidiendo perdón por sus años de Gobierno, y de mayoría absoluta que han tenido, en los que no han apoyado específicamente a los niños con
enfermedades raras y con discapacidad; en los que no han reconocido esa categoría de familia especial que ustedes reivindican ahora; en los que no han protegido a las familias monoparentales como debieran; en las que no han protegido ni
reconocido a las familias LGTBI; en los que no han impulsado motu proprio los permisos de paternidad porque nosotros hemos tenido que empujarles; y en los que no han fomentado debidamente la conciliación de la vida familiar y laboral, entre otras
cosas porque han bloqueado la ley de custodia compartida que nosotros les estuvimos pidiendo durante un montón de tiempo. (Aplausos).
Miren, nosotros en Ciudadanos no somos rencorosos; no somos rencorosos, pero no somos idiotas. Y como la memoria es lábil les voy a recordar algunas de las cuestiones que parece que se les olvidan cuando presentan esta proposición no de
ley. En primer lugar, efectivamente piden ustedes que se proteja y que se apoye a las familias con hijos con discapacidad. Yo les voy a poner como muestra un botón. La primera falta de compromiso del Partido Popular con las familias con
discapacidad se puede ver, por ejemplo, en el manejo que han hecho de la accesibilidad universal. Le voy a recordar que en el año 2013 sale el texto refundido de los derechos de las personas con discapacidad, y en ese texto hay un compromiso de que
para 2017 tenían que habilitar y poner todo el tema de la accesibilidad universal no solamente de edificios públicos, sino en la Administración y en medios de transporte. Estoy hablando de 2017, tenían ustedes mayoría absoluta. Todavía hoy no se
ha hecho la reforma.
Más cositas, las enfermedades raras, por ejemplo. Como muestra la última Comisión de Sanidad, donde ustedes se ponen de acuerdo con el Partido Socialista, cómplices en esto, en la inequidad, y obligan a mi grupo parlamentario a rebajar las
exigencias para las familias de niños con enfermedades raras; después hacen una transaccional, y al final se abstienen, algo absolutamente inaudito. (Aplausos).
Otra petición de arrepentimiento. Hablan ustedes de dar la condición de familia numerosa especial a partir del cuarto hijo. Nos lo han plagiado de nuestra proposición de ley, pero lo han plagiado mal, porque nosotros lo que pedimos además
es que se otorgue esta categoría no solamente a los matrimonios, sino también a las parejas de hecho, porque nosotros entendemos desde Ciudadanos que las familias son realidades plurales y diversas, y que todas se tienen que contemplar.
Siguen ustedes con la certificación específica para las familias monoparentales. Si quieren ayudarles de verdad admitan nuestra enmienda, porque no solamente es una cuestión económica; es una cuestión de que estas familias, que
efectivamente necesitan una ayuda especial, puedan acceder, por ejemplo, a cosas tan normales como tener ayudas a la hora de elegir el centro educativo de sus hijos.
También, por ejemplo, continúan ustedes hablando de medidas de apoyo a la natalidad. Tengo que decirles que aquí algo hicieron, les animamos y les empujamos a que pusieran una desgravación de 1000 euros en el IRPF para ayudas a las escuelas
infantiles. Esperemos que el partido de Sánchez lo respete, porque después del anuncio que ha hecho la ministra Montero de que no va a dar a las madres, que han tenido que cotizar por encima de lo que debieran, lo que les debe hasta dentro de dos
años, nos preocupa firmemente, pero en fin.
Hablan ustedes también de igualar los permisos de paternidad y de maternidad. Aquí no han estado muy desacertados, porque, claro, hemos sido nosotros, los señores de Ciudadanos, quienes les hemos obligado a ampliar los permisos de
paternidad de dos a cinco semanas. Por cierto que me gustaría repetir que en los Presupuestos Generales del Estado ni los señores del Partido Socialista ni los señores de Podemos lo apoyaron. (Aplausos).
Finalmente acaban ustedes por exigir al Gobierno medidas para fomentar la conciliación de la vida familiar y laboral. No hagan más PNL de la paz en el mundo. Simplemente apoyan la ley que hemos presentado de apoyo a la familia y de
corresponsabilidad, y sobre todo ha sido una pena porque han tenido la oportunidad de sacar la ley de custodia compartida y no lo han hecho. En fin, que ustedes han mostrado cierto dolor de los pecados y a nosotros nos congratula; pero nos
preocupa que deriven en el Gobierno de Sánchez su propósito de enmienda, porque ya vemos que la familia no es lo que más les preocupa y la maternidad, según lo que ha dicho Montero, no les preocupa más. Y por último, nos maliciamos que después de
haberlo hecho ustedes durante tanto tiempo bastante mal, van a pasar ustedes, como sigan presentando PNL como estas, una legislatura de bastante penitencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes.
No sé si es penitencia, lo que sí parece, después de gobernar este país siete años y venir a presentar esta PNL, es cuando menos una rectificación en toda regla. Y digo que es una rectificación en toda regla, señalando un aspecto que no le
pasó desapercibido al Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea en la exposición de motivos que ustedes hacen. Ustedes hacen una exposición de motivos en la que intentan cargar las tintas, por decirlo así, de la pobreza de las
familias, particularmente de la pobreza infantil, en un periodo determinado en el que casualmente ustedes no gobernaban.
A nosotros nos parece muy poco serio hacer esto en una PNL que habla de la protección a la familia, que habla de un mandato constitucional recogido en el artículo 39 y que, sobre todo, habla de la pobreza en la infancia. Es muy poco serio,
porque supongo que ustedes, señores del Partido Popular, conocerán perfectamente el informe que se publicó, de Unicef, en el que nos dicen con claridad que nuestro país es el tercero por la cola en lo que tiene que ver con el crecimiento en pobreza
infantil -no es cosa menor-, junto con Rumanía y otros países semejantes. Por tanto, sería bueno que una iniciativa de estas características esbozara el debate que planteamos con cierto rigor en los datos y con planteamientos que deberían ser
absolutamente serios, sobre todo, cuando el riesgo que está corriendo España, después de una gestión de siete años del Partido Popular que ha sido nefasta, es que hoy en día la desigualdad de la que ustedes hablan solo en un periodo de tiempo
determinado se convierta en estructural. Este es el riesgo que está corriendo nuestro país, en el que cada vez una minoría social, una élite es más rica y una enorme mayoría social cada vez es más pobre, entre ellos los menores y las menores.
Parece que para ustedes esto no tiene ninguna relevancia y hablan de desigualdad como si estuvieran en el mundo de las ideas. La desigualdad es real, está pasando ahora en España y, como consecuencia de sus políticas, corremos el riesgo de que se
convierta en una desigualdad absolutamente estructural, en la que los ricos son más ricos y los pobres por desgracia son más pobres. Desde luego, este no es nuestro modelo.
La proposición que hacen huele a naftalina, y lo quiero decir con respeto. Sí, son medidas que, tal y como ustedes las proponen, parecen que miran a una sociedad vieja, una sociedad vetusta. España ha cambiado: las familias son plurales,
diversas, son de todos los colores; afortunadamente tenemos todo tipo de realidades y no se arreglan con el planteamiento que ustedes hacen, que fundamentalmente es individualista. Afortunadamente, parece que ustedes pasan por allí sin tocarlo,
pero de lo que tenemos que hablar es de corresponsabilidad, de una vez por todas, entre mujeres y hombres en el cuidado de los hijos, pero también de corresponsabilidad con las empresas, que tienen que garantizar que las mujeres puedan atender a sus
hijas y a sus hijos, y los hombres, igual, tienen que estar en pie de igualdad. Las empresas tienen que aportar también al modelo de familia que necesita nuestro país.
Muy rápidamente les señalo las ocho enmiendas que les hemos formulado porque tenemos discrepancias con los planteamientos que ustedes hacen. En primer lugar, nos llama la atención que esta ley que ustedes invocan se plantee olvidando la
Administración que es básica, la Administración local. Les pedimos que incorporen no solo a las comunidades autónomas, sino también a las administraciones locales. Fíjense, acabamos de hablar del bono social y, claro, para pagar sí nos acordamos
de los ayuntamientos y de los concellos; para que tengan que retribuir el 50 % del bono social, ahí sí están las administraciones locales. Pues les pedimos que tengan en cuenta por supuesto a los ayuntamientos. En segundo lugar, enfermedades
raras. Que el Partido Popular nos hable de esta preocupación cuando se han cargado la sanidad pública, cuando la han privatizado, cuando han sido los que han incorporado los copagos en nuestro país, cuando nos han dejado casi sin derechos, es una
broma. Las imágenes de las familias españolas plurales haciendo crowdfunding para que los hijos e hijas con enfermedades raras puedan obtener una financiación son, desde luego, luctuosas. Por tanto, les hablamos de la garantía, de revertir los
copagos, de defender la sanidad pública y por supuesto, como estamos negociando, de incrementar las prestaciones por hijo cargo.
En lo que tiene que ver con las familias numerosas tenemos dudas, porque nos parece bien que la familia numerosa a partir del cuarto hijo tenga una categoría especial, pero nos parece -ahí hacemos una enmienda- que la familia numerosa de
tres hijos con necesidades de renta también debe tener esa categoría especial. Nos parece que es fundamental y espero que estemos de acuerdo. En cuanto a las familias monoparentales -muy rápidamente-, pedimos una legislación completa para ellas,
porque sabe que el 83 % somos mujeres y el 50 % de ellas están en pobreza, y hay que tratarlo con mucho rigor. El apoyo a la natalidad, como usted lo hace con carácter individual y voluntarista, no sirve. No vale con una red de apoyo. Las mujeres
necesitamos cosas serias, necesitamos empleos, salarios dignos, una ley de dependencia con recursos, necesitamos que los derechos se cumplan.
En lo que tiene que ver con la natalidad, lo que hemos dicho, no solo individual, sino colectiva. Igualación de permisos. Bienvenidos a la igualación de permisos parentales iguales e intransferibles. Claro que sí. Que nos digan ustedes,
como están planteando, que van a seguir apoyando a las familias con vulnerabilidad es como una broma de mal gusto. En cuanto a lo último que ustedes plantean, como olvidando que hay legislación en este país, de fomentar la conciliación laboral, es
que no necesitamos fomentarla; lo que necesita este país para un tiempo nuevo es una regulación completa nueva del tiempo de trabajo en el que, por fin, de manera cierta las mujeres y los hombres en pie de igualdad podamos
trabajar con decencia y con dignidad y también por supuesto atender las obligaciones familiares. En este sentido, creemos que son buenas aportaciones y esperamos a ver qué nos responde el Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sahuquillo García. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
El señor SAHUQUILLO GARCÍA: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular trae hoy al Pleno esta iniciativa para que el actual Gobierno de España remita a esta Cámara en un plazo breve de tiempo un proyecto de ley de apoyo a las familias. Nos
sorprende, aunque en esta Cámara creo que ya nada sorprende, la ligereza con la que exigen a otros lo que hasta hace unos meses era su responsabilidad y nada hicieron. Quizá lo propongan porque han comprobado que el Grupo Parlamentario Socialista y
este Gobierno ya han dado muestras de su compromiso social. Desde el principio, el Gobierno socialista ha puesto en el centro de la agenda política la recuperación de derechos y el rescate de las personas y familias más vulnerables, que el anterior
Gobierno del Partido Popular dejó desamparadas con la excusa de la crisis. Según los datos de Eurostat, ese Gobierno del Partido Popular tan solo dedicó el 1,3 % del producto interior bruto a familia e infancia, alejándonos en mucho de la media de
los países de nuestro entorno. Si a esto le sumas la situación de precariedad que sus recortes y reformas produjeron en el mercado laboral, siguen siendo bastantes las dificultades que las familias españolas atraviesan actualmente. Así lo
atestigua la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística, que por ejemplo evidencia que el 34,4 % aún no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana o que el 37,3 % no tenga capacidad para afrontar
gastos imprevistos.
A día de hoy en España nos encontramos con nuevos riesgos sociales y con diferentes modelos de familia derivados de nuevos modelos de convivencia, cuyas características y necesidades sabemos que deben ser atendidas y apoyadas, de lo que el
Gobierno del presidente Sánchez se está ocupando. La ministra Carcedo anunció la semana pasada en el Senado la elaboración de una nueva ley que reconocerá las necesidades de las familias con mayores riesgos, como son las monoparentales, o más bien
las monomarentales, y las familias numerosas, todo ello desde el enfoque de la parentalidad positiva, como nos apuntan las organizaciones de protección de los derechos de la infancia, respetando los derechos de los niños y de las niñas. Esta ley
debe suponer el impulso de medidas de apoyo a las familias y a su papel social; a la mejora de la atención a la conflictividad familiar mediante el desarrollo de servicios sociales especializados de orientación y de mediación familiar; al
establecimiento de puntos de encuentro familiar y coordinadores parentales, así como a la atención del fenómeno de la violencia filoparental, profundizando en su análisis y en el diseño de recursos, servicios o programas específicos para abordarlos.
Esta ley, señoría, debe garantizar la igualdad de oportunidades, el acceso a los bienes y servicios públicos, contribuyendo al mismo tiempo a la redistribución de la renta y a la riqueza de las familias, incluyendo todos los modelos de familia, con
independencia de su estado civil, su orientación sexual o el origen de su filiación, atendiendo inexcusablemente a las situaciones que requieran protección. Por tanto, nuestro compromiso con las familias de este país, especialmente las más
vulnerables, es inequívoco.
Les recuerdo que este verano aprobamos una partida de 60 millones de euros para el programa de protección a las familias y atención a la pobreza infantil, que permite financiar proyectos que contribuyen a mejorar la situación social y
laboral de las mismas con menores a cargo, con especial atención a las que tienen tasas superiores a la media, como es el caso de las familias monomarentales. Se está trabajando a petición del Gobierno, junto con el Alto Comisionado para la lucha
contra la pobreza infantil, con la AIReF, la Autoridad Fiscal Independiente, en la racionalización del sistema de programas de rentas mínimas que, como ustedes saben, ahora han puesto en marcha las comunidades autónomas. Y tenemos como prioridad
fundamental incrementar la prestación por hijo a cargo, al igual que la universalización de la educación infantil de 0 a 3 años. Para nosotros las medidas de conciliación de la vida laboral y familiar, y un reparto más correspondiente de las
obligaciones familiares, son una de las mayores reformas estructurales que se deben llevar a cabo en nuestro país y de esta manera garantizar, de forma efectiva, la igualdad real entre hombres y mujeres, promoviendo una mejora de la calidad
democrática de nuestra sociedad. Somos muy conscientes de que a pesar de la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo las tareas de cuidados siguen recayendo sobre ellas y son muchas las que renuncian a su carrera profesional por
no disponer de un sistema de apoyo adecuado.
El Gobierno entiende la necesidad de promover medidas transversales y de amplio alcance en el marco del diálogo social que favorezcan la conciliación, reduzcan al mínimo la ausencia de la mujer en el mercado de trabajo y, que incidan de
manera positiva, en la brecha salarial y de empleo de las mujeres. Basándonos en todo lo expuesto aquí hemos presentado una enmienda que mejora y reconoce la diversidad familiar que caracteriza a la sociedad actual.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Sauquillo.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señoras y señores diputados.
La PNL que nos ha presentado el Partido Popular, y tras una lectura un tanto interesada de los recientes ciclos económicos y sociales, pretende hacer un desarrollo del artículo 39.1 de la Constitución en cuanto predica como criterio
orientador de la actividad de los poderes públicos el de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia. Para ese fin, y como propósito, señala que se debería ordenar, actualizar y ampliar los apoyos a la familia existentes en el
ordenamiento y propone un bloque de medidas que se concretan en apoyar a familias con hijos con discapacidad o enfermedad rara; reconocer como familia numerosa de categoría especial a las que se compongan de cuatro hijos; promover medidas para
favorecer la natalidad; impulsar acciones tendentes a igualar permisos de paternidad y maternidad; que las políticas activas de empleo tengan como objetivo prioritario la atención a familias en situación de especial vulnerabilidad y, finalmente,
fomentar la conciliación en la vida familiar, laboral y personal y la corresponsabilidad. Son todos propósitos loables, como ya han señalado otros diputados; son propósitos que seguramente se habrían debido poder atender en una anterior
legislatura donde los proponentes ejercían ya responsabilidades, pero son propósitos al fin y al cabo respecto de los que, imagino, nadie se va a apartar.
Todos deseamos la atención a este objeto jurídico de protección a la familia y entendemos que estas medidas podrían ser, si fueran más concretas, atendibles, pero lo cierto es que salvedad hecha de la referencia al reconocimiento de la
categoría especial a las familias a partir del cuarto hijo o hija, todas las demás no dejan de ser invocaciones genéricas e inconcretas que están carentes de la precisión necesaria y que no nos han suscitado ningún interés específico diferente al
que habrían podido hacer mediante iniciativas legislativas concretas. Se dice apoyar a familias con hijos con discapacidad o enfermedad rara, pero no se concreta qué apoyos, no se concreta qué medidas; tampoco se dice qué medidas concretas se
pretende impulsar para el fomento de la natalidad; tampoco respecto a la igualación de permisos de maternidad y paternidad, con qué contenido concreto, lejos de la postura que ya conocimos en su momento en la iniciativa legislativa que se tomó en
consideración en esta Cámara. Lo mismo sucede en cuanto a las familias con especial situación de vulnerabilidad o con respecto a las labores de conciliación. Además de constatar que la proposición sí hace referencia a la necesidad de colaboración
con las comunidades autónomas y con entidades del tercer sector social -obvio-, sí debemos destacar una cosa, y es que existen otro tipo de iniciativas en otros lugares, allí donde se han tomado en serio este tipo de iniciativas, y que se han
concretado en iniciativas con contenido. Simplemente, como ejemplo: recientemente el Gobierno vasco aprobó con fecha 19 de junio de este año 2018, tras haberlo consensuado con las diputaciones forales que también tienen competencia en la materia,
ayuntamientos y agentes sociales, el IV Plan interinstitucional de apoyo a las familias en la Comunidad Autónoma del País Vasco desde 2018 a 2022, es decir, un plan quinquenal con medias concretas. A modo enunciativo, medidas como fomentar la
conciliación corresponsable y reorientar las ayudas por excedencia laboral para garantizar la cobertura económica de las excedencias de paternidad, pero con un contenido concreto, financiando las doce semanas y con el cien por cien de cotización;
reducir un 20 % la tasa de pobreza infantil, pero con ayudas concretas para las familias en situación de desfavorecimiento; incrementar la tasa de ocupación de los jóvenes -y no tan jóvenes- de veinticinco a cuarenta y cuatro años de edad hasta el
80 %, favoreciendo también a través de las políticas de empleo otras ayudas suplementarias. Y así otras medidas relativas al indicador de fecundidad, otras relativas a la escolaridad pero con niños de un año, es decir, elevar la tasa de escolaridad
de niños de un año, ya existe de cero a tres años, o reducir la brecha hasta el 50 % en los cuidados del hogar para que exista la corresponsabilidad en la materia.
Por ello, si bien la iniciativa no deja de ser bien intencionada y no dejamos de compartir los propósitos genéricos que señala, tampoco nos ofrece un contenido determinado que podamos apoyar. Salvo que se
nos advierta de que en la fase de transacciones se le haya dotado de un contenido exacto que nos merezca la pena, en principio no podemos no oponernos pero tampoco podemos apoyarla, por tanto, nos abstendríamos en esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, buenas tardes, compañeros y amigos diputados.
El Grupo Parlamentario Popular nos plantea una proposición no de ley para la promulgación de una ley de apoyo a las familias para su debate en Pleno. Propuesta anticuada, propuesta obsoleta, propuesta que se podría resumir en ley para la
sagrada familia, no para las familias. La Ley de familias catalana de 2003 es más avanzada y tiene quince años, y nos planteamos renovarla a fondo y tiene quince años. En definitiva, es aquello que dice el Partido Popular que hará y nunca hace, y
nunca hace porque su diagnóstico está equivocado. Por omisión entiende que las comunidades autónomas son colaboradoras, cuando son las que tienen competencias plenas en este tema. Pero el Partido Popular, por omisión, quiere hacer un poco lo mismo
que por acción hace el partido de ultraderecha, fascista, que tiene nombre de diccionario, un partido que hoy por hoy dice lo mismo que el Partido Popular -al menos así lo ha dicho el presidente del Partido Popular-, con el que tiene tantos puntos
en común, no sé si en la familia, pero en la fobia a Cataluña, sin duda.
No perderé la oportunidad para hablar de familias porque sus necesidades son más importantes que sus fobias. La función de la diversidad familiar debe constituirse en la línea base de la construcción de políticas públicas de familia,
integrales, seculares, incluyentes y de reconocimiento de derechos. Cualquier persona ha formado o formará parte de uno u otro modo de una familia en su trayectoria vital, al margen de la extensión del tipo de vinculación o características de las
personas que las compongan, pero la ley de familia, la ley de sagrada familia que necesitamos es muy diferente de las que nos propone el Partido Popular. Una ley de bases es necesaria, sin duda, si obliga a un enfoque más amplio del
tradicionalmente asociado a las familias en cuanto a infancia, solo en cuanto a infancia, y considerar otras situaciones de elevada incidencia en el marco familiar. Por todo ello, hay tres situaciones en las que hay que centrar el debate y esto es
lo que dice la academia desde hace más de diez años: tres grandes elementos con impacto en el marco familiar, como es la infancia, pero también las personas mayores y también la discapacidad o la dependencia, entendiendo que todas ellas tienen una
elevada trascendencia en el diseño de políticas públicas de carácter familiar al tratarse de situaciones que combinan, modifican la estructura del marco familiar a lo largo de la vida y que, consecuentemente, necesitan del apoyo del Estado. A lo
largo de toda la vida, cualquier persona necesitará apoyos para el ejercicio de sus funciones en el marco familiar, tanto en su infancia, en la que será básicamente receptora de medios de apoyo, como en su madurez, en que recibirá y solicitará
recursos para sus ascendientes o descendientes, como en los últimos años de la vida, en los que puede ser tanto receptora como prestadora de servicios en el marco de la unidad familiar. Será así y en muy distintos aspectos, incluyendo la educación,
la conciliación de la vida familiar y laboral, la vivienda, también conciliación en la economía y en el trabajo y la atención a la dependencia. Esto es una ley de familias, no la que proponen ustedes.
Por tanto, en esta estrategia pública de carácter transversal que se ha de incorporar en aquellos ámbitos de actuación que impactan de manera más intensa en la institución familiar, es aquí donde nos encontrarán con las familias con
distintos niveles de intensidad. Este es el camino, y no una PNL. Necesitamos políticas progresistas amplias sobre la familia y no conservadoras. (Termina su intervención en catalán.-Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Borrego Cortés si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
La señora BORREGO CORTÉS: Presidente, estamos mirando una transaccional que pasaremos a los señores letrados.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 162/000757).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la lucha contra la pobreza infantil.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Peña Camarero.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenas tardes, señorías.
Antes de empezar no quiero olvidarme de saludar a las entidades y organizaciones expertas en protección de la infancia que nos están acompañando esta tarde (indicando a las tribunas del público) en el debate de esta propuesta que el Grupo
Parlamentario Socialista ha presentado sobre pobreza infantil.
Hoy traemos a debate desde este grupo esta iniciativa, que fue la primera propuesta que registramos nada más llegar al Gobierno de nuestro país. Igual importancia le dio el presidente del Gobierno, que de manera inmediata creó el Alto
Comisionado para colocar esta realidad en el centro de la política, y quiero darle también la bienvenida a esta casa. ¿Y todo esto por qué? Pues porque en nuestro país son más de dos millones los niños en riesgo de pobreza y exclusión, que es lo
mismo que uno de cada tres. -Uno de cada tres, escuchan bien-, en nuestro entorno, en nuestro barrio, en nuestra propia ciudad. Esto no sucede muy lejos de aquí. Por eso esta propuesta tiene que conseguir una respuesta de unidad junto a las
comunidades autónomas, junto a los ayuntamientos, junto a todas las organizaciones que llevan años trabajando y luchando.
Señorías, hagamos que erradicar la pobreza infantil sea un objetivo de país. La pobreza infantil no puede verse como algo anecdótico, puntual o que apareció de la nada. España está en el triste podio, acompañada por Bulgaria y Rumania, de
la tasa de riesgo de pobreza infantil más alta de Europa con datos que nos llevan casi hasta el 30 %. La pobreza infantil es consecuencia de los incrementos de la desigualdad en España. Desigualdad agudizada durante la crisis, porque durante estos
años fueron las rentas medias y bajas las que la han pagado, las que se cayeron del escalón: trabajadores pobres, familias pobres. Ese es el resultado de tantos años de no actuar para favorecer a los más desfavorecidos. Especialmente cruel es
además la situación de las familias monoparentales, o mejor dicho, monomarentales, donde casi la mitad están bajo el umbral de la pobreza. Pueden imaginarse por tanto en qué situación están los niños y niñas de estas familias.
Es imprescindible poner en marcha medidas que rompan las desventajas de estos niños. Porque espero que me entiendan con claridad: esto no va de dar propinas ni de caridad ni va de atender a los niños pobres, lo que queremos es que los
niños no lo sean. Se trata de evitar que lo sean, acabar con esa expresión que dice en los últimos siete años que la pobreza en España tiene cara de niña o de niño. Y desde el Partido Socialista lo queremos enmarcar en un ámbito global de acción
por tres motivos. Primero, porque este país ha sido miserable con la atención a las familias. Sí, pese a que algunos se llenan la boca de hablar de familias y de maternidad, la realidad es que hasta ahora en este país se destina la mitad que la
media de la Unión Europea a políticas de familia. El compromiso de este Gobierno en cambio sí es cuantificable y no es papel mojado. Estamos trabajando esta tarde en una transacción para llegar a un marco de consenso, y en esa transacción les
proponemos duplicar en los presupuestos de 2019 los fondos para la prestación por hijo a cargo destinados a combatir la pobreza severa (aplausos), incrementando de manera inmediata su cuantía en ejercicios posteriores. En segundo lugar, porque
acabar con esta pobreza pasa claramente por la redistribución porque, ¿acaso los firmantes de la reforma laboral no creían que ésta iba a tener sus efectos, que acabar con los derechos de los trabajadores, la negociación colectiva y los salarios
suficientes no influiría en las familias? Así que para todos aquellos que siguen haciéndose los remolones para no firmar la derogación de la reforma laboral y devolver los derechos a los trabajadores, que sepan que les seguimos esperando aquí para
acabar con los salarios precarios y con los recortes salvajes que el Partido Popular dio a las prestaciones.
En tercer lugar, porque el derecho a una alimentación sana y equilibrada, el derecho al ocio y a la cultura, son derechos inherentes al niño que aparecen en la Convención sobre Derechos del Niño de la ONU y que este Gobierno sabemos
claramente que se ha autoimpuesto cumplir. Por lo tanto, nos jugamos el futuro de este país y no podemos dejar a nadie atrás. Este tiene que ser un trabajo multidimensional en el que este Gobierno ya está dando pasos, en el ámbito sanitario
universalizando el acceso al sistema nacional de salud; en el mercado de trabajo luchando contra la precariedad, y en la educación recuperando los niveles de inversión afectados por los recortes favoreciendo el acceso a la educación no obligatoria
tanto en el tramo de 0 a 3 años -aunque al Partido Popular y a Ciudadanos no les guste, pues parece que no quieren aprobar esta medida en los presupuestos- así como en la universidad a través de las becas y apostando evidentemente por la
educación continua y por ese Programa Beca que se puso en marcha este pasado verano.
Esta propuesta quiere desarrollar políticas que hoy son deficitarias en España, por eso hablamos del 'ingreso mínimo vital', un ingreso que incremente las prestaciones por hijo a cargo, así como un programa de garantía de rentas mínimas a
las familias en situación de vulnerabilidad severa. Hoy es el día en el que todos debemos decir que sí a romper con este ciclo de reproducción de desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza y el bloque del ascenso social, y esto
significa reforzar los servicios públicos. Lo queremos hacer en serio, no como cosa de un día o soflama de una tarde de Pleno. Hoy tenemos que decir sí todos a cooperar con las administraciones públicas, con las comunidades, con los ayuntamientos,
con el tercer sector y también con la responsabilidad social corporativa de las empresas porque el objetivo es crear y afianzar un relato común. Como país nos jugamos mucho porque luchar contra la pobreza se ha de convertir en una prioridad
pública. Tenemos un enorme reto por delante, el reto de movilizar recursos colectivos y comprometer a toda sociedad; el reto de convencer a esta Cámara de que es imprescindible introducir los 6000 millones de los que disponemos en los Presupuestos
Generales del Estado para luchar de verdad contra la pobreza infantil. Decir que no a algunos les va a ser muy difícil. En la lucha contra la pobreza infantil no sobra nadie. La meta merece la pena; los niños y niñas de este país se merecen
unidad y consenso, y espero que lo vean esta tarde. Así que la cuestión no es si es posible hacerlo; hoy la pregunta clave es: ¿señorías, ustedes se decidirán a hacerlo?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Peña.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, que en este turno también fijará posición, en primer lugar, el señor Alli Martínez.
El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señores diputados, señora Peña, nosotros sí estamos dispuestos y, por tanto, votaremos favorablemente esta proposición no de ley relativa a la lucha contra la pobreza infantil en nuestro país. También quiero dar la bienvenida en nombre de
Unión del Pueblo Navarro a todas las asociaciones y también al Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil. ¿Por qué vamos a apoyar esta iniciativa parlamentaria? Porque aunque al Partido Socialista de Navarra no le guste recordarlo,
Unión del Pueblo Navarro ha estado votando muchas iniciativas propuestas por el Grupo Socialista; también parece que les molesta recordar que durante veintitrés años la alianza estable, el diálogo, el pacto, la transigencia de Unión del Pueblo
Navarro con el Partido Socialista de Navarra nos llevó a altas cotas de bienestar hasta el año 2015, y sobre todo porque si algo logramos fue reducir las tasas de pobreza infantil en nuestra comunidad y queremos, lógicamente, llevar eso a todas las
comunidades y a todas las localidades de España.
Estamos a favor de los seis puntos que proponen y si se votasen -que espero que no- por puntos separados, votaríamos los seis puntos favorablemente, aunque me alegra saber que ustedes van a aceptar la enmienda presentada por Unión del Pueblo
Navarro y que definitivamente haremos una transaccional. La enmienda presentada por Unión del Pueblo Navarro es relativa al punto 4, en el cual se habla de llevar a cabo programas y queremos concretarlo un poco más, queremos que se desarrollen
programas efectivos, con objetivos claros, con planes de acción concretos, coordinadamente con las localidades, mancomunidades y lógicamente con las comunidades autónomas, y con indicadores que se puedan medir año a año y que ese informe se haga
público. Esa es la enmienda presentada por mi partido. Por tanto, si ustedes la aceptan, y como nuestro país es merecedor de la lucha contra la pobreza infantil y como creo que pertenece a la prepolítica luchar por las futuras generaciones de
nuestro país, votaremos favorablemente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidente.
Señorías, deseo dar la bienvenida, como no podía ser de otra forma, a las entidades que nos acompañan hoy. Voy a repetir parte del discurso hecho en la iniciativa anterior porque los dos temas no solo están conectados, sino que tienen mucho
que ver el uno con el otro.
Antes de la crisis la pobreza infantil ya superaba el 20 % en España. La crisis económica no ha hecho más que acentuar una cosa que ya existía, un problema de base, de fondo, que sonaba y que nadie había abordado en profundidad, como
debería ser abordado. Por eso nosotros veníamos insistiendo, lo hemos hecho ahora y lo seguiremos haciendo en que no es la solución definitiva, pero que sí es una solución importante incrementar la prestación por hijo a cargo. Esta es una medida
que viene avalada por grandes organizaciones conocedoras de la pobreza severa infantil y por otros países de la Unión Europea que la practican y que gozan, por así decirlo, de sus resultados y por eso creemos absolutamente imprescindible empezar a
aplicarla.
Celebramos el anuncio de la portavoz del Grupo Socialista de incorporar esa enmienda y ese compromiso de incrementar la prestación por hijo a cargo. Entendemos que es un compromiso del Gobierno y una buena noticia que vamos a vigilar muy de
cerca.
Nuestro voto, si se confirma la transnacional anunciada por la portavoz socialista, va a ser favorable.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Miquel.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Apoyaré con mi voto esta proposición no de ley de lucha contra la pobreza infantil, que es un asunto irrenunciable, de la máxima prioridad y que trata de impulsar la política de Gobierno para encontrar soluciones a un problema incompatible
con la sociedad del bienestar de la que todos debemos ser partícipes sin exclusiones y menos aún los niños, los más vulnerables.
Permítanme que me una al saludo a las organizaciones y personas que con su tenacidad y su compromiso están en primera línea para combatir la pobreza infantil y en defensa de los derechos fundamentales de los niños. Y permítanme también un
recuerdo emocionado a los niños y niñas muertos, secuela de crímenes terribles a lo largo de este terrible año; hoy mismo, en Málaga.
Hace unos minutos interviene en la tribuna para apoyar una política a favor de las familias y de nuevo en nombre de Foro nuestro compromiso para buscar puntos de acuerdo y afrontar con el mayor consenso posible las fórmulas para corregir los
terribles efectos de la crisis económica que ha disparado la pobreza de miles de familias. Los anteriores intervinientes han dado datos y cifras de la situación que sufrimos en España cuando hablamos de pobreza infantil y la evolución que ha
sufrido nuestro país con nuevos perfiles familiares y, por tanto, necesidad de nuevas medidas para corregirla. Estremece saber que tenemos del orden de 375 000 niños en situación de carencias severas, pero la acción política no puede atenazarse
ante la necesidad de impulsar medidas que tienen que incorporar y aunar a todas las administraciones públicas y a las entidades del tercer sector dotándolas de recursos, si bien en Foro somos de los que pensamos que la mejor política contra la
pobreza es aquella que genera puestos de trabajo y que proporciona estabilidad económica para que una persona y una familia puedan abordar su presente y su futuro con la mayor solvencia.
Hace unos días que el Senado aprobó prácticamente por unanimidad una moción contra la pobreza infantil y creo que sería un buen mensaje para la sociedad española que el Congreso se sumase unánimemente a este impulso al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda diputades i diputats.
Lo primero de todo, saludar a los representantes de la Plataforma de Infancia que están hoy presentes aquí y agradecerles su trabajo, dedicación y colaboración.
Celebramos que por fin se vayan dando pasos para erradicar la pobreza infantil y que se tomen medidas para luchar contra ella. No hace falta que recuerde que con la crisis la situación de las familias ha empeorado, pero mientras en Alemania
aumentaban las ayudas, en España se disminuyeron. Hay algo muy importante y fundamental que las organizaciones infantiles están reclamando, que son las ayudas a las familias. La desigualdad infantil en España en la mayoría de los casos viene
derivada de los ingresos de las familias. España es el sexto país con más desigualdad infantil en materia económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y el cuarto de la Unión Europea, tan solo
por delante de Rumania, Bulgaria o Grecia. España es de los países de la Unión Europea que menos porcentaje del PIB dedica a las prestaciones económicas para familias y también es uno de los países con menos gasto en protección social a los
niños y sus familias. Si en Dinamarca es el 3,7 % y en Irlanda el 3 %, en España es el 1,4 %. La pobreza afecta al desarrollo, a la salud y al aprendizaje de las niñas y los niños y les recorta oportunidades. Debemos tratar de hacer políticas
dirigidas a los niños, las niñas y adolescentes y que dichas políticas alcancen los niveles europeos, con medidas efectivas que garanticen los derechos de todas las niñas, los niños y adolescentes.
Según diversos estudios, las tasas de riesgo de pobreza están vinculadas a la caída del mercado laboral. Los sueldos más bajos, el paro de larga duración y la parcialidad involuntaria son lastres que ahogan a muchas familias y, por lo
tanto, también a sus hijos e hijas. Por todo ello, es clave mejorar el acceso al trabajo, y al trabajo de calidad, en especial de las familias con niños y adolescentes a su cargo. El señor Andrés Conde, director general de Save the Children, ya
manifestó que la pobreza infantil solo puede combatirse con inversión, pero los niños han sido los más olvidados en los Presupuestos Generales del Estado en los últimos años. Es urgente dotar a los planes de lucha contra la pobreza infantil del
presupuesto necesario si no queremos ver cómo las niñas y los niños más vulnerables siguen heredando la pobreza de sus hogares. Por ello, instamos al Gobierno a que dote una asignación inicial de 800 millones de euros en los Presupuestos Generales
del Estado, que se correspondería con el incremento que se realizó en el último presupuesto en la partida de defensa; 800 millones que se distribuirían entre las comunidades autónomas en función del porcentaje de pobreza infantil de cada una de
ellas. Además, instamos al Gobierno a que dicha cantidad se mantenga en los sucesivos Presupuestos Generales del Estado y a que procure aumentarla para cumplir con eficiencia los objetivos del fondo, respetando siempre las competencias propias de
las comunidades autónomas.
Creo que todos los presentes podemos coincidir en que la pobreza infantil debe tratarse de manera transversal desde todos los ministerios. Debemos hacer frente de manera urgente a las desigualdades sociales que afectan a la infancia. Se
deben poner en el centro todas las políticas relacionadas con las niñas, los niños y adolescentes y debemos asegurar sobre todo su bienestar económico, social y emocional.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Muchas gracias, presidente. Bona tarda y un saludo también a los miembros de la Plataforma de Infancia y de las entidades que hoy nos acompañan.
Cuando estaba preparando esta intervención me acordé de una de las escenas literarias que más me han impactado en la vida y que tiene que ver precisamente con la pobreza infantil. Tiene lugar en una novela que se llama Jude el oscuro, del
escritor Thomas Hardy, en la que una familia con tres hijos vive en la total marginación social. Una noche la madre, desolada, le cuenta al padre que está muy preocupada porque no sabe qué les va a dar de comer a sus hijos al día siguiente, porque
son demasiados. El mayor de ellos lo escucha y por la mañana la madre se encuentra a los tres niños muertos con una nota de suicidio donde se lee: muertos porque demasiados. La escena es totalmente desgarradora. Estos niños, que ni siquiera
saben hablar bien, ni siquiera saben expresarse, tienen edad sin embargo para haber padecido la injusticia y la arbitrariedad de la pobreza. Es verdad que esto puede parecer una exageración y que esta novela se ambienta en la Inglaterra del siglo
XIX, pero en la España del siglo XXI también existe la pobreza infantil; de hecho, uno de cada tres niños en España vive en riesgo de pobreza. Si este es un país, como muchos creemos, donde nadie sobra, donde nadie tiene que sentirse demasiado, no
podemos esperar un segundo para combatir la pobreza infantil.
Tenía aquí una serie de cifras, pero ya las han enumerado las señorías que me han precedido y realmente es así de claro. Las cifras gritan, las cifras nos dicen que no podemos seguir obviando el problema de la pobreza infantil. Así que
celebramos que el Grupo Socialista nos traiga hoy aquí esta propuesta, que reconozcamos el problema, que lo miremos de frente y que empecemos a enmendar la inacción que ha habido hasta ahora. Sin embargo, en esta PNL vemos muy poca concreción. Por
ejemplo, en la PNL se habla de la puesta en marcha de un ingreso mínimo vital que aumentaría las prestaciones por hijo a cargo, pero no se habla en ningún momento de cuantía, ni de requisitos para recibir estas prestaciones, ni de calendario. En la
Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia todos los grupos
parlamentarios y los y las comparecientes de la sociedad civil han sido unánimes en su preocupación por la pobreza infantil y en exigir medidas rápidas y contundentes, pero parece que el Grupo Socialista no ha acabado de hacer bien los
deberes y es incapaz de poner datos concretos sobre la mesa. Pues bien, nosotros sí que hemos hecho los deberes y el Grupo Confederal registró en junio de 2017 una proposición de ley de prestación económica por hijo a cargo. Esta proposición de
ley es una propuesta razonable, cuantificada, calendarizada y con un presupuesto asumible, y permitiría un avance sustancial en los derechos de los niños y las niñas en España. En ella introdujimos un importante aumento de la cuantía de la
prestación por hijo o hija a cargo, que pasa de 24,25 euros a 100 euros al mes. Además, se modifican los umbrales para que ningún niño o niña quede desprotegido. La proposición supone aumentar un 418 % la inversión en la protección a la infancia.
España, como se ha dicho ya, ostenta el vergonzoso puesto número uno de la Unión Europea en ser el país que menos invierte en prestaciones para la infancia. Es una cuestión de voluntad política cambiar esto porque los números salen, está recogido
en la proposición de ley que registramos; se puede hacer mucho. El Grupo Confederal ve esta propuesta que hacemos en la proposición de ley como un primer paso, primer paso que debería culminar en la aprobación de una prestación universal por hijo
o hija a cargo similar a la que existe en la mayoría de países europeos. Sería solo un primer paso en este camino a la justicia social y el Grupo Socialista y el Gobierno tienen que decidir si quieren hacer este camino hacia la justicia social
junto a nosotros.
Es cierto que es solo una PNL, pero no es de recibo que en temas tan importantes como el que nos ocupa no haya un compromiso sobre la mesa de tiempo y de cuantía, y lo mismo pasa en las propuestas que se hacen acerca de la educación o la
sanidad, se enumeran los problemas pero no se concreta cuáles son las soluciones. Y otra cosa que nos llama la atención es que no hay en esta PNL ni una mención a las familias monoparentales, que sí contempla la proposición de ley que registró el
Grupo Confederal. Un 10 % de las familias de este país son monoparentales, especialmente monomarentales, y sufren graves problemas de pobreza. Hemos presentado diversas enmiendas en este sentido: una, para que se incluya a las familias
monoparentales; otra, para que se contemple la interseccionalidad -todas nuestras políticas públicas deberían contemplarla porque está claro que los niños y niñas con diversidad funcional sufren la pobreza de forma diferente-, y, por último, hemos
incluido otra enmienda para garantizar el derecho al esparcimiento y la cultura en la infancia. En resumen, votaremos a favor en tanto que esta es una medida que muestra la preocupación por la pobreza infantil y estamos de acuerdo en la orientación
que se da a este problema, pero ya decimos desde aquí que necesitamos unos presupuestos que estén a la altura de la magnitud del problema de la pobreza infantil en España: con compromisos reales, cuantificados y calendarizados, tal y como recogemos
en nuestra proposición de ley. Es la justicia social lo que está en juego y nuestra infancia no merece menos.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Heredia Martín.
La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular saludo a la Plataforma de Infancia, que se encuentra hoy con nosotros, y a todas las entidades que colaboran día a día para que los niños de España avancen y no se queden atrás.
Hoy tenemos una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista para hablar de pobreza infantil. Entre sus medidas más importantes, nos plantean crear un ingreso mínimo vital, al estilo de la casa Podemos -una renta básica
universal-, con un presupuesto en las elecciones europeas de 275 000 millones de euros; después se moderaron un poquito y lo bajaron a la renta garantizada, a 15 000 millones de euros, pero hoy, después de escuchar a la señora García Puig, parece
que todavía han dado un giro más hacia la izquierda más centrada y ya solo nos están hablando de aumentar la prestación por hijo a cargo. En definitiva, señora Peña, igual que han dicho otros grupos, crean ustedes un ingreso mínimo vital, pero no
dicen de dónde van a sacar el dinero. ¿Vamos a encontrarnos, como en las pensiones, un impuesto nuevo?
Ustedes también hablan de reforzar los servicios públicos de la sanidad. Pues bien, esperemos que no sea a costa de crear deuda, que para eso son verdaderos artífices, verdaderos magos. Cuando estaban en el Gobierno en 2011 y quisieron
reforzar la sanidad, se creó una deuda de 16 000 millones de euros que después tuvo que pagar el Partido Popular.
Otra de las medidas es cumplir con las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño. Esto sí es bueno, señora Peña, porque sería la primera vez en la historia del Partido Socialista que hacen ustedes una medida a favor de la pobreza
infantil en España. Se lo voy a explicar porque es un reto bonito. Usted se ha remontado solo a siete años atrás, pero ¿por qué no se va un poquito más atrás, cuando gobernaba el señor Rodríguez Zapatero, a 2004, a 2005, a 2006, a 2007, cuando
empezó la crisis? Ahí ya teníamos una tasa importantísima de pobreza infantil, el 33,4 %. Habla usted del 28,3 % en su PNL. Pues bien, desde el 33,4 de 2011 hemos pasado al 28,3 % con el Gobierno de Mariano Rajoy, fíjese que son 5 puntitos menos.
¡Algo habremos hecho bien! Lo ve usted todo muy negativo y con mucha falta de derechos, pero algo habremos hecho bien. Pero le voy a decir lo que hicieron ustedes: nada. Ustedes destinaron cero euros en los presupuestos generales de 2011, con la
que estaba cayendo en España; un 33,4 % de pobreza infantil y destinaron cero euros en los Presupuestos Generales del Estado. Pero le digo más. Ustedes no mencionaron ni una vez, nunca se vio en un plan especial para luchar contra la pobreza
infantil, las palabras 'pobreza infantil' en los planes específicos de acción para la inclusión social en España. Ni una sola vez les importó la pobreza infantil cuando gobernaban. Y le voy a decir otra cosa, a ustedes que tanto les gusta hablar
de recortes. Ustedes tienen un récord Guinness en recortes en temas de menores; ustedes no pueden hablar aquí tan alegremente de recortes porque ustedes recortaron el 92,8 % en programas y servicios destinados a la familia y a los menores, así que
no saque usted pecho en esta tribuna al hablar de pobreza infantil porque verdaderamente han hecho muy poquito cuando han gobernado, y lo están demostrando ahora también. Me alegra escuchar que van a subir la prestación por hijo a cargo porque
también la recortaron -les gustan mucho las tijeras-: cortaron un 42 % esa prestación cuando gobernaron en la anterior etapa. Por tanto, me alegro de que rectifiquen y que vuelvan a la senda del buen gobierno.
Usted decía también que lo querían hacer en serio. Pues le voy a decir lo que pienso y lo que siento. Ustedes no lo quieren hacer en serio. Si lo quisieran hacer en serio, lo tendrían muy fácil: ya están gobernando. Es que tienen
complejo de oposición, pero ustedes ya están gobernando; por tanto, es tan fácil como que el señor Pedro Sánchez, en vez de estar dando vueltas por la Quinta Avenida o dándose una vueltecita por ahí con su helicóptero o con su Falcon, que cada vez
que lo mueve cuesta 5500 euros -fíjese, señora Peña, si comerían niños en España con ese dinero- (aplausos), levantara el teléfono y llamara a su Alto Comisionado para la lucha contra la pobreza infantil, que digo yo que alguna función tendrá ese
hombre. Aunque claro, lo que me está diciendo aquí es que no sirve para nada, como creía la señora Carcedo en la Comisión de Infancia, cuando era Alta Comisionada hace un cuarto de hora; ahora ya es ministra de Bienestar Social, porque aquí no se
sabe mañana dónde vas a estar. Pues bien, esa señora decía y leo literalmente -abro comillas-: 'la vocación del Alto Comisionado no se limita a decir: aquí hay cuatro niños pobres y vamos a darles algo'. Entonces, ¿a qué se dedica esta señora?
Haya uno, dos, tres o los que haya, tendrá usted que apoyar y atender a esos niños. Pero esa es la manera de pensar que tienen en el Partido Socialista y Podemos parece que le ríe las gracias porque no le critican nada de sus políticas; estarán de
acuerdo o, a lo mejor, también se han pasado a la política del glamour, a la política de 'me voy a comprar un chalet de 1 millón de euros' o 'me voy a comprar un piso de lujo'. Y así estamos en nuestro país.
Yo les voy a decir una cosa. No se apuren, de verdad; sigan el ejemplo del Partido Popular, acepten nuestras enmiendas y doten económicamente los planes nacionales de acción para la inclusión social, como hacíamos nosotros: 17 millones en
2014; 32 millones en 2015; 48 millones en 2016, y 100 millones en 2017 y en los presupuestos que ustedes están disfrutando gracias al trabajo del Partido Popular de 2018.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Heredia, tiene usted que ir concluyendo.
La señora HEREDIA MARTÍN: Sí, voy terminando, señor presidente.
Señorías, les voy a decir más. De verdad, no se empecinen y no sean cabezones, la mejor apuesta que se puede hacer para cargarse la pobreza infantil y cualquier tipo de pobreza es el arma del empleo. Vamos a crear empleo. No vamos a
destruir empleo, como ya se está destruyendo en España; vamos a crear empleo como con el Partido Popular: 1500 puestos de trabajo al día. Y con ustedes, desde hace ya 100 días, estamos destruyendo a diario 333 puestos de trabajo. Son 333
familias que se van al paro y sus hijos a la pobreza infantil.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Heredia, concluya.
La señora HEREDIA MARTÍN: Sí, termino.
Así que háganos un favor, señora Peña, la gente, los españoles, desde luego no quieren que les mantengan a sus hijos; los españoles lo que quieren es un empleo para mantenerlos ellos mismos.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Tengo que confesar que cuando leí esta proposición no de ley, no voy a decir que me enfadé, pero sí que sentí cierta frustración, porque, señora Peña, ¿cuántas de las iniciativas que están incluidas en el ámbito de la parte propositiva de la
proposición no de ley y cuántas de las actuaciones dirigidas a rescatar a los menores de edad de una situación de pobreza están en manos del Gobierno del Estado? Y, por el contrario, ¿cuántas están desempeñadas por los ayuntamientos y comunidades
autónomas a las que, sin embargo, se ignora por completo en esta iniciativa fuera de llamarlas para un ámbito de colaboración? Mire, en febrero de 2017, y con ocasión de una iniciativa de Podemos -creo que era una moción- sobre medidas de reducción
de los umbrales de pobreza infantil, dije más o menos que nada puede resultar más odioso que el que la pobreza infantil pueda ser motivo de enfrentamiento o de mayorías frente a minorías, y sigo pensándolo. Pero esta es una propuesta basada en unas
prioridades, en la articulación de políticas sociales que vincula a todas las instituciones y se ha producido con ocasión de una especie de redescubrimiento del fenómeno de la pobreza infantil debido sobre todo, primero, al desplazamiento del ámbito
de la pobreza al ámbito de la infancia y, segundo, porque eso supone la constatación del impacto que estas situaciones de pobreza tienen a corto, medio y largo plazo no solo en esas condiciones de vida, sino también en las expectativas vitales de
los menores de edad. Por ello, el fenómeno de la pobreza infantil no es solo un atentado a los derechos de las niñas y niños afectados, sino una amenaza a la equidad, a la cohesión social y al futuro de las sociedades no solo españolas, vascas o
donostiarras, de donde soy yo, sino también a la europea en su conjunto. A pesar de esa grave contextualización y de que, como ya han repetido, España ostente el dudoso honor de encabezar, junto con Rumanía y Bulgaria, el ranking de tasas de
pobreza infantil, teniendo en cuenta también que la tasa de menores de edad que viven en situación de riesgo en Euskadi es bastante menor -menos del 25 %, menor incluso que la media europea, que es del 27 %-, incluso si se utilizan umbrales de
pobreza -la de adoptados también sería menor-, entendemos, a pesar de que esa situación comparativa es mejor, que el compromiso debe ser de todas las instituciones pero atendiendo a la solución del problema real de la pobreza infantil.
Decían antes -han saludado antes a los agentes sociales y yo también aprovecho la ocasión para hacerlo ahora- que existen distintas iniciativas con diferente contenido, también en el ámbito vasco, pero antes de referirme a las relativas al
ámbito vasco quisiera comentarles la siguiente. Le he criticado al principio la iniciativa precisamente porque entendíamos que algunas de las medidas no estaban en manos de los proponentes. Habla de la prestación por hijo a cargo e incidentemente
es una buena medida, la única de la propuesta que entendemos que lo es. Sin embargo, no tiene en cuenta que el complemento a esa prestación siempre se ha producido a través de rentas sociales que están en manos de las comunidades autónomas. Las
medidas que hacen referencia al reforzamiento de la sanidad o de la educación, como la educación de 0 a 3 años, están implantadas en otros muchos sitios, están en otros ámbitos: están en los ayuntamientos y en las comunidades autónomas. Respecto
de la alianza con el tercer sector, ha sido reforzada de forma efectiva también en el ámbito del diálogo con las comunidades autónomas. Por deformación, por decirlo de alguna manera, suelo poner como ejemplo el acuerdo al que ya ha llegado el
Gobierno vasco el 19 de junio de este año; es un plan interinstitucional cuatrienal de apoyo a las familias contra la pobreza infantil, con el que, precisamente con un acuerdo tanto con el sector social como con el resto de instituciones, ha
desarrollado múltiples iniciativas que son de gasto: 500 millones en políticas sociales -especialmente en el ámbito de la conciliación-, 785 millones en garantía de rentas para familias con hijos o hijas menores en situación de pobreza o en
programas de empleo juvenil, 220 millones en educación infantil, 250 millones en becas, en políticas de vivienda para personas jóvenes, etcétera, o las iniciativas en política fiscal en materia de desgravaciones.
La cuestión es, por tanto, ¿por qué se hacen las iniciativas en este sentido? No podemos estar en desacuerdo con el contenido genérico de las iniciativas pero sí con el destinatario al que se refieren, porque con el argumento de que todo
funciona mal en el Estado -y esa es una afirmación genérica- se pretende redefinir el espacio de actividades de las administraciones para someterlas otra vez a la tutela
del Gobierno del Estado. Con el argumento de la cooperación se está hablando de intervención, no de otra cosa, y no podemos consentirlo, ¡ya está bien! A pesar de que, como decía hace ya más de un año y medio, esta es una cuestión que no
debería ser utilizada para el enfrentamiento, no podemos consentir que se pretenda poner en riesgo políticas que ya se han puesto en marcha, al menos en Euskadi -y creemos que en otras comunidades autónomas también por los Gobiernos competentes-, y
por eso les queremos plantear que hagan una cosa: propongan que el Gobierno del Estado, atendiendo a la gravedad del problema, habilite fondos para que algunas de esas medidas puedan ser implementadas, pero no por el Gobierno del Estado sino por
las administraciones que, además de ser competentes, están legitimadas para ello porque han demostrado ser efectivas en su actuación. En esa labor sí nos encontrarán, pero en esta del postureo genérico, lo siento pero no nos van a encontrar.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Millán Salmerón.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, presidente.
Señorías, tanto desde las instituciones europeas como desde las principales organizaciones -que están hoy aquí y aprovecho para saludarlas- que trabajan sobre la infancia se lleva poniendo la atención, el acento desde hace muchos años en las
altas tasas que tiene nuestro país en pobreza infantil. En función del estudio podemos encontrar diferentes cifras, pero todas coinciden en que la cifra de menores de nuestro país que están en riesgo de pobreza y exclusión social oscila entre el 20
y el 30 %, y solo dos países por encima de nosotros tienen peores resultados: Letonia y Rumanía. España ha recibido además de la Comisión Europea, para mayor inri, una recomendación: corregir las deficiencias y mejorar los sistemas de apoyo a la
familia, incluyendo el acceso a las escuelas infantiles. Por desgracia, y a pesar de ser uno de los mayores retos de nuestro país, es evidente que nunca ha estado dentro de las prioridades del Gobierno ni del PP ni del PSOE porque, en cambio,
cuando está dentro de las prioridades de uno hace cosas como, por ejemplo, la rebaja del IRPF para las rentas menores de 18 000 euros, desgravación de 1000 euros para las familias que llevan a sus hijos a las escuelas infantiles, la creación de un
complemento salarial para los jóvenes y muchas otras medidas y muchas más que quedan por hacer. (Aplausos).
Durante los dos primeros años de esta legislatura -es cierto, lo reconozco- el Partido Socialista ha sido muy exigente con las pocas propuestas que ha traído aquí el Gobierno del PP. Por eso, estamos a la espera de saber si esas exigencias
se van a traducir en medidas concretas o se van a quedar en meros anuncios o eslóganes. El Gobierno anunció a bombo y platillo que creaba la figura del Alto Comisionado para combatir la pobreza infantil y que dicho organismo dependería de él.
Cinco meses después estamos como cuando llegó el señor Sánchez, que venía como salvador y a los únicos que ha salvado ha sido a sus amiguitos, que están todos colocados. (Aplausos). Todos los partidos que estamos aquí somos favorables a acabar con
un asunto como la pobreza infantil, tan serio, tan grave y que nos preocupa, pero lo que no vamos a permitir bajo ningún concepto es que se haga demagogia. Ustedes saben perfectamente que este alto comisionado, este organismo, carece de fondos
propios, eso sí, más allá de los necesarios para pagar las altas nóminas de sus componentes. Así que de momento la única pobreza con la que ha terminado el señor Sánchez ha sido con la del alto comisionado y la de sus componentes. (Aplausos).
A primeros de septiembre vino la ahora ministra, señora Carcedo, a la Comisión de Infancia. Salimos de esa Comisión con la misma información con la que entramos, con los mismos planes, con los mismos proyectos, es decir, con ninguno. Así
que le voy a preguntar desde aquí, a ver si tengo más suerte, qué programas concretos de la lucha contra la pobreza infantil piensa aumentar el Gobierno para alcanzar el nivel medio de Europa en la inversión en esta materia (aplausos), qué piensa el
Gobierno hacer para mejorar la calidad de los empleos de este país y su retribución. El nuevo alto comisionado ha señalado en una entrevista que el Gobierno no puede erradicar la pobreza infantil severa en esta legislatura, porque para ello se
precisan 6000 millones de euros y además tener capacidad ejecutoria, que por lo visto no tienen. Por eso, quiero preguntar desde aquí de dónde va a sacar el Gobierno los 6000 millones de euros para incrementar el ingreso mínimo vital y a la vez
cumplir con los compromisos en Europa. ¿De los impuestos? ¿Subiendo los impuestos? Por otro lado, ¿me están diciendo que el Gobierno ha creado un alto comisionado que gasta en salarios de sus componentes cientos de miles de euros para hacer
medidas así, sin importancia, sin ninguna trascendencia? Muy coherente, tan coherente que no sé cómo no se nos ha ocurrido a nosotros antes. (Aplausos).
Yo creo que ha habido tiempo suficiente para que se tomen medidas y decisiones acertadas, diferentes a rectificaciones, porque a este Gobierno, por muy transitorio que vaya a ser, hay que venir con un proyecto de país, con medidas, con
soluciones, pero desde que ha llegado el señor Sánchez está más pendiente de mantenerse vivo en esta legislatura a base de anuncios que de hacer las reformas que necesita este país. La creación de un alto comisionado pudo parecer -lo reconozco- una
buena idea, un buen anuncio, pero cuando llega la alta comisionada a la Comisión y no dice una sola medida se te derrumba todo. Señores del PSOE, no construyan más castillos de arena porque se derrumban. Queremos un Gobierno serio, un Gobierno
riguroso, que no esté más pendiente de cómo sobrevivir a esta legislatura que de hacer las reformas. Queremos ser noticia en España por las reformas que se están haciendo y no por tener en el Gobierno a míster Handsome. Aterricen ya, señores del
Gobierno, porque el tiempo de hacer las cosas es ahora y se les está pasando por delante sin hacer una en condiciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Millán.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas, le pregunto a la señora Peña Camarero si su grupo acepta alguna de las enmiendas.
La señora PEÑA CAMARERO: Sí, estamos trabajando en una transaccional.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien. Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA DESPOLITIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA GARANTIZAR LA PROFESIONALIDAD Y LA IMPARCIALIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS EN EL SECTOR PÚBLICO.
(Número de expediente 173/000107).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa llevar a cabo el Gobierno para
despolitizar la Administración pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el sector público.
Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
Señorías, venimos a presentar nuestra moción contra los dedazos del bipartidismo de los últimos cuarenta años. La semana pasada trajimos una propuesta para debatirlo, como consecuencia en gran parte del abuso de nuevo de la
ultrapolitización, la invasión y colonización brutal que en los pocos meses de Gobierno que lleva el Partido Socialista ha hecho de una gran parte de las instituciones públicas. Hay un consenso que se ha generado, por suerte después de años de
crisis, de que el abuso de la politización, la colonización de las administraciones, poner a amigos en los reguladores, poner a amigos en los que se supone que te van a fiscalizar, poner a amigos en los fiscalizadores, por ejemplo, a nivel local, da
como resultado una consecuencia muy clara: que tienes unos índices de corrupción enormes. ¿Por qué? Porque si tienes un amigo y el amigo es el que te tiene que controlar y es el enchufado que has puesto ahí, probablemente se callará y mirará
hacia otro lado. Si el señor que se encarga de regular las cajas de ahorros es enchufado por tu partido, probablemente pondrá pocas trabas al sector financiero. Sabemos, además, que en la Administración, para que funcione, necesitamos que haya
unos cargos políticos que sean los que marquen el rumbo y que haya una burocracia que ejerza de contrapeso, que haya checks and balances que controlen los abusos del poder. Eso es lo que hemos aprendido hasta ahora. Los casos desafortunados en el
Partido Popular y en el Partido Socialista en los ayuntamientos y demás son numerosísimos. Piensen, por ejemplo, en el señor Correa, ¿cómo es posible que le dieran tantos contratos al señor Correa durante tanto tiempo? ¿Cómo es que la gente miraba
hacia otro lado? Cuando tu cargo depende del dedazo y no depende de la meritocracia ni del trabajo que has hecho, cuando tu promoción como funcionario depende de la voluntad del partidito político, entonces probablemente preferirás mirar hacia otro
lado. (Aplausos). Tenemos que recuperar los equilibrios para tener una Administración moderna. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Unos meses antes de llegar el señor Sánchez decía: el nuevo Partido Socialista va a asegurarse de que prima la meritocracia y no el enchufismo. Decía: El enchufismo y la endogamia van a acabar. Pues bien, a día de hoy, el 44 % de los
miembros de la ejecutiva del Partido Socialista están colocados en cargos variados de la Administración. ¡Más de quinientos enchufados! ¡Si solo han tenido tres meses, señores del Partido Socialista!, ¿cómo han tenido tiempo de colocar a tanta
gente? (Aplausos). Después de criticar tantos años al Partido Popular, no voy a entrar en detalles -lo hice la última vez- sobre algunos de los cargos, vergonzosos, que han nombrado ustedes. ¿Cómo puede ser que en una institución pública cuyo
servicio es el de hacer encuestas públicas para que todos tengamos una información neutral y profesional ustedes coloquen a su sociólogo de cabecera que lleva cuarenta y cinco años trabajando para el Partido Socialista y haciéndole las encuestas al
señor Sánchez? ¿Quién se va a creer esa institución? (Aplausos). Son ustedes unas máquinas de degradar instituciones a través del enchufismo y de los dedazos. Lo mismo pasa con tantas otras presidencias de empresas públicas. El otro día
mencionaba el caso de Enusa, que es la empresa que se encarga del suministro y gestión de uranio enriquecido. Ahora ustedes han puesto a un señor que, con todos los respetos, es filósofo y fue gerente de la Fundación Deportiva Municipal del
Ayuntamiento de Valencia. Eso sí, era el secretario general del PSOE de la Comunidad Valenciana. Es una cuestión muy seria. Imagínense que hay una crisis con el uranio enriquecido. ¿Ustedes querrían tener de presidente de esta institución a un
señor que no tiene ni la menor idea de cómo se gestiona una empresa de este tipo? Yo, no. (Aplausos). Por no hablar de Correos, por no hablar de Paradores; imagínense un sector tan disruptivo como el de los hoteles, donde ha habido tantas
transformaciones. Yo quisiera tener en una empresa pública -que es dinero público- a un señor que realmente pueda competir con sus competidores y estar al máximo de la exigencia, no a un señor que toda la experiencia que ha tenido en su vida es la
de estar en los pasillos de Ferraz. Señores, esa no puede ser la vía de la regeneración.
Con esto concluyo, nuestra propuesta con esta moción es acabar con los dedazos y la ultrapolitización a la que tanto Partido Popular como Partido Socialista han tenido sometido a este país durante los últimos cuarenta años. Son tres
principios muy claros. El primero es reformar el Estatuto del funcionario público para que los presidentes de empresas públicas y para que gran parte de los cargos de la Administración dejen de estar nombrados a dedo por los políticos y pasen a ser
una figura tipo alto directivo profesionalizado que se elija con méritos, con competencias, en concurrencia abierta como todas las administraciones modernas en el norte de Europa y que tengan unos incentivos un poco más parecidos a los del sector
privado. Segundo, proponemos una figura de alto directivo profesional que se diferencie de la figura del alto cargo, que tiene que estar muy limitado a algunos políticos y que cambie cada vez que haya un Gobierno, no que cambien el 80 % del
Gobierno. Se me ha olvidado mencionar el informe de los propios funcionarios, de Fedeca, en el que reivindicaban y pedían a gritos que, por favor, acaben ustedes con la politización y dejen de degradar las instituciones públicas. Tercero, lo que
proponemos en nuestra moción es que se haga una ley para proteger a nuestras instituciones de la politización. Como ya vimos la reacción que tuvo el Partido Socialista en la moción anterior, hemos decidido que vamos a presentar -anunció aquí- este
jueves una ley recogiendo los principios que se marcan en esta moción para acabar con los dedazos y el enchufismo de una vez en este país. (Aplausos). Este jueves vamos a presentar la ley.
En aras del consenso hemos tratado de incorporar -y se han circulado las enmiendas a los diputados responsables de esta moción- algunas de las ideas que tanto Partido Popular como Partido Socialista nos han aportado y esperamos que lo
aprueben para que podamos avanzar en este ámbito.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Serrano Jiménez.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Estamos ante una iniciativa que, según defiende el grupo proponente, tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de la Administración pública, pero en realidad, señor Roldán, persigue desacreditar, manchar,
ensuciar y, desde luego, manipular la democracia (aplausos) -eso es lo que hacen ustedes-, la normal alternancia, el traspaso de poderes legal y legítimo que hay en cualquier Estado democrático y de derecho.
Señoría, estamos en un país en el que en sus cuarenta años de democracia hemos desarrollado una Administración pública despolitizada y con unos empleados públicos que acceden en base a los principios
de igualdad, mérito y capacidad recogidos en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que se aplica al personal funcionario y en lo que proceda al personal laboral de las administraciones públicas. En la misma
norma también se regula la promoción del empleo público, así como los principios que deben regir la actuación de los empleados públicos, entre otros, los de legalidad, servicio al interés general, eficacia, transparencia, igualdad, además de otros
principios éticos y de conducta que también se recogen. Por supuesto, también se reconoce el derecho a la formación continua de los empleados públicos. Por otro lado, está el concurso de méritos, que es el sistema habitual de provisión de puestos
de trabajo, al igual que el procedimiento de provisión mediante libre designación, que está reservado a determinados puestos de trabajo de acuerdo con el texto refundido del EBEP, pero que en ningún caso debe identificarse, señor Roldán, con una
designación arbitraria.
Señorías de Ciudadanos, ustedes no vienen aquí a inventar nada; si me permiten la expresión, está todo inventado, hasta el mal gusto, porque, además, tienen el poco estilo de caer en la ofensa personal al nombrar a personas concretas en la
iniciativa que presentan (aplausos); personas cuyos nombramientos se ajustan a la absoluta legalidad. Ya que también lo mencionan en la iniciativa, ha sido este grupo, mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, el que ha impulsado la reforma de
la Ley de la Radiotelevisión Española para recuperar el pluralismo en la elección de los miembros del Consejo de Administración y del presidente de la Corporación. También ha sido mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, el que ha manifestado
su voluntad de fortalecer la actuación imparcial e independiente de los órganos constitucionales y organismos reguladores mediante un sistema de nombramientos de sus miembros en el que se prevea la convocatoria pública de vacantes a cubrir, la
evaluación de la competencia e idoneidad de las personas candidatas por un comité asesor y el que venga a dar cuenta a estas Cámaras, por tanto, a los representantes de la soberanía popular. Señorías, este no sería el caso del CIS, que está
configurado como un organismo autónomo. El nombramiento de los titulares de los organismos autónomos, como prevé la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, se rige por las normas aplicables a la Administración General del Estado. Por
otro lado, la Ley 3/2015, reguladora del ejercicio del alto cargo en la Administración General del Estado, establece que el nombramiento del alto cargo se hará entre personas idóneas y de acuerdo con la legislación específica. Esto es lo que ha
ocurrido, señorías, con los diferentes nombramientos que ha hecho este Gobierno, que en todo ha cumplido absolutamente con la ley y la legalidad, en todo. (Aplausos). Le doy un dato. Este Gobierno tan solo ha nombrado a menos del 50 % de los
altos cargos de este país -a menos-, por lo tanto no hagan demagogia con este tema.
Presumen de ser nuevos, de ser los salvadores, de venir a regenerar, pero, lamentablemente, tienen mucho discurso -mucho discurso- muchas palabras y muy pocos hechos; es decir, tienen un discurso hueco. Hay un refrán que se dice en mi
tierra -y la sabiduría popular es sinónimo de inteligencia- que dice que si quieres conocer a las personas fíjate en lo que hacen y no en lo que dicen. (Aplausos). Eso les pasa a ustedes, que dicen mucho pero hacen poco, cuando no hacen lo
contrario de lo que dicen, porque ni son tan nuevos ni llevan tan poco tiempo. No digo yo que esto sea ni bueno ni malo, solo que dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, por seguir con los refranes. (Aplausos). Señorías, si quieren
regenerar y quieren cambiar normativas, que siempre son mejorables, háganlo con rigor, pero no presentando una iniciativa que es un batiburrillo de cuestiones que no tienen que ver unas con otras; pues nada tiene que ver el acceso y la carrera en
la Función pública del empleado público con el nombramiento de los altos cargos y del personal de confianza de cualquier Gobierno, de este y de cualquier Gobierno de cualquier país democrático o de cualquier organización política, incluida la de su
grupo parlamentario. ¿Es que acaso ustedes no cuentan con asesores, con cargos de confianza en su grupo parlamentario o en aquellos ayuntamientos donde gobiernan? ¿No? ¿Tampoco cuentan con asesores en el Parlamento Europeo? ¿Tampoco? Si quiere,
hablamos usted y yo de eso, que de eso sabe usted mucho. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señora Serrano, se ha agotado su tiempo.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino, presidenta. Termino.
Lamentablemente, así no se regenera la vida política ni se recupera la confianza de los ciudadanos en la buena política, en aquella que transforma la sociedad, que evita desigualdades y que genera derechos y ayudas a las personas
desfavorecidas. Si ustedes quieren contribuir de verdad de manera positiva a la mejora de la democracia, apuesten por iniciativas que repercutan en el bienestar de las personas, apuesten por servicios públicos de calidad, trabajemos por desarrollar
el Estatuto del empleado público de la Administración General del Estado, trabajemos por todo lo que hay que trabajar para mejorar los servicios
públicos de calidad. Pero desde luego no manipulemos ni tergiversemos ni manchemos a la Administración pública ni a la democracia, porque flaco favor les estamos haciendo a los ciudadanos de este país y a las personas de este país con esa
manipulación que hacen ustedes de cuestiones que deben ser sagradas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señorías, yo rogaría a todos los oradores que se ajusten al tiempo, porque no es posible que se esté dando la luz roja más de dos minutos y que nadie la vea. Creo que todos somos capaces de ver una luz, por lo tanto
les ruego por favor que se ajusten a los tiempos, que estamos en las proposiciones no de ley y en las mociones.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Roldán, me parece que viene usted un mes y medio tarde, porque en el mes de agosto -yo no sé si usted estaba de vacaciones- compareció la ministra de Hacienda para explicar los nombramientos a petición del Grupo Parlamentario
Popular. No les vimos a ustedes en ese momento exigiendo ni preguntando por esos nombramientos, como sí hicimos desde el Grupo Parlamentario Popular. También creo que usted debería leerse las iniciativas que trae, porque de lo que usted ha dicho a
lo que tienen escrito poco tiene que ver, visto lo que usted ha expuesto hoy en la tribuna.
Desde el Grupo Parlamentario Popular quiero poner en valor el trabajo de los más de tres millones de españoles que dedican sus esfuerzos para que todos podamos disfrutar de unos servicios públicos de calidad; personal docente, de ámbito
social, sanitario, administrativo; personas sin las cuales nuestro país no dispondría de un Estado del bienestar de los más avanzados del mundo. Señorías, inicio de esta forma mi intervención porque creo firmemente que los empleados públicos
llevan a cabo su trabajo con imparcialidad y profesionalidad. ¿Cómo pueden ustedes plantear la existencia de técnicos en nuestras administraciones que practican la connivencia y la permisividad como medio para progresar, como escriben en su moción?
¿Cómo pueden afirmar que los funcionarios faltan al cumplimiento de sus obligaciones en el deber de control provocando la proliferación de prácticas fraudulentas o corruptas? ¿Pero qué imagen tienen ustedes de nuestros empleados públicos?
(Rumores). Señorías, ustedes, como siempre, viven en un mundo oscuro, al que han sido nacidos teóricamente para traer luz. Pues, señor portavoz de Ciudadanos, algunos llevamos ya muchos años desde la política y desde fuera de ella pensando y
trabajando por la calidad en nuestras administraciones, defendiendo el mérito y la capacidad y alzando la voz cuando las insultan, porque nuestras administraciones públicas son limpias y están al servicio de todos los ciudadanos. Si hubiese leído
su iniciativa no estaría negando con la cabeza.
¿Que hay que seguir trabajando? Sí. ¿Que hay que seguir mejorando? También, pero sin despreciar ni faltar al respeto. Nosotros creemos que hay que seguir avanzando en coordinación con los representantes sindicales de los empleados
públicos en el Estatuto Básico del Empleado Público, porque es necesario continuar con el proceso de modernización de las administraciones públicas, porque hay que desarrollar efectivamente la figura del directivo público profesional y definir de
forma objetiva dónde termina la parte técnica y donde empieza la parte política, porque las dos partes son necesarias. Claro que es necesario reducir la presencia del personal eventual al número estrictamente necesario. Cuando se está en el
Gobierno y también en la oposición. ¿Reconoce el señor portavoz a este diputado (muestra un artículo cuyo título dice: 'Siete asesores para un diputado' y en el que se ve la imagen del señor Prendes Prendes), antes de UPyD, ahora de Ciudadanos,
ese que fue famoso por ser un diputado y tener siete asesores? Hablando de asesores, ¿qué opinan ustedes de los chiringuitos? Porque si les dejasen, serían los reyes de los chiringuitos. Cada vez que plantean una iniciativa quieren crear un
organismo independiente; eso sí, nombrado por ustedes. Y con los servidores públicos están ustedes obsesionados. Ya han planteado una comisión independiente de nombramientos del Estado, una autoridad independiente de integridad pública, y hoy nos
toca una autoridad administrativa independiente. ¡Menos mal que no les gusta la injerencia política en la Administración pública!
Entrando en el resto de los puntos de la iniciativa, creemos que hay que ir más allá, viendo lo que está sucediendo. En los organismos reguladores, señores del PSOE, no puede ocurrir que un consejero de un regulador esté actuando en
materias en las que una familiar cercana -una ministra- está decidiendo. En cuanto al CIS, no puede ser utilizado para manipular y experimentar con los españoles. Baste un ejemplo: el PSOE quiere reformar la Constitución; entonces pregunta en el
CIS por la reforma de la Constitución. El resultado, qué casualidad, un 70 % de los españoles quiere cambiar la Constitución y más de un 64 % cree que debe ser un cambio de calado. Señorías, ¿a alguno de ustedes les han preguntado
por la calle o alguna vez les han parado para decirles que es necesario cambiar la Constitución? A mí la verdad es que nunca me han parado para eso; para lo único que me paran es para decirme que se convoquen elecciones. Eso no se atreven
ustedes, señores del PSOE, a preguntarlo en el CIS. (Aplausos).
Y qué decir de la Corporación de Televisión Española. Es urgente culminar la elección de un consejo de administración y tener una radio y televisión públicas imparciales e independientes. Es necesario el cese inmediato de Rosa María Mateo
por su manipulación informativa y el despido masivo del personal considerado no afín. Finalizo, señora presidenta, porque aunque los espectadores ya la están cesando cada día, pues los informativos han perdido el mes pasado 425 000 espectadores
respecto a septiembre del año anterior, ella y los suyos siguen cobrando el sueldo de los impuestos que pagamos todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Señorías, buenas tardes de nuevo. Señor Roldán, si hay que hablar de cómo replanteamos la Administración pública, podemos hablar de ello; me parece un debate superinteresante. Lo que me parece ya más difícil de digerir es esa introducción
que hacen siempre ustedes sobre lo que han venido a hacer aquí, por qué los ha creado nuestro Señor, entre otras cosas para iluminarnos a los demás sobre cómo hay que hacer las cosas, cómo hacer nueva política y, sobre todo, cómo plantear la
política al servicio de unos intereses muy raros. Yo diría que usted se ha planteado aquí como un partido regenerador que venía a terminar con los males del bipartidismo y yo le diría que disimulan ustedes muy bien si han venido a hacer eso, porque
fíjese que ustedes piden la dimisión de aquellos ministros que falsifican los currículums y no dimiten ustedes, cuando son ustedes los que tienen cosas raras en sus currículums; son ustedes los que critican a los ministros del bipartidismo cuando
tienen sociedades raras para gestionar propiedades y no dimiten ustedes, cuando tienen sociedades raras para gestionar propiedades un poco extrañas. Por tanto, ustedes no han venido aquí a gestionar los males del bipartidismo, han venido a
emularlos. Ha venido usted a copiarlos.
Vamos a votar en contra de esta iniciativa por un motivo muy sencillo y muy básico, que es que no se ha leído usted del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que acostumbra a defender en esta Cámara, donde se dice que la competencia sobre los
trabajadores públicos de la Generalitat es exclusiva de la Generalitat de Catalunya. Usted no hace ni mención a ese hecho que no me parece poco relevante. Es por eso que vamos a votar en contra, porque podría usted regular y legislar sobre los
trabajadores de la Función pública estatal, pero en ningún caso sobre aquellos que son competencia de la Generalitat de Catalunya, como dice el Estatuto de Autonomía de Cataluña que usted dice defender. Es por eso que le emplazo a que rehagan su
propuesta desde otra perspectiva, teniendo en cuenta las competencias autonómicas en aquellos casos que usted también defiende.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos una moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos que insta al Gobierno medidas para disminuir la, a su juicio, politización de la cúpula de la Administración General del Estado y su sector público. También se acompañan medidas
relativas al CIS, a la culminación del proceso de elección de los miembros del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española y a que esta Cámara tramite una proposición de ley de modificación de la Ley 3/2015, del alto cargo de la
Administración General. Estos tres últimos puntos no contarán con nuestro apoyo. No puede plantearse una moción desnaturalizándola, convirtiéndola no en un instrumento de control o impulso de la acción del Gobierno, como establece el artículo 111
de la Constitución, sino en un atajo de un grupo parlamentario para instar algo al Congreso que coadyuve con su capacidad de iniciativa legislativa. Por su parte, la elección del Consejo de Administración de Radiotelevisión Española es un proceso
ya en marcha y además pactado entre las fuerzas parlamentarias.
En cuanto al CIS, recordaré, como ya se ha dicho, que es un organismo autónomo, es una Administración pública y que difícilmente es reconducible al modelo de Radiotelevisión Española, que es una sociedad anónima, salvo que se cambie la
naturaleza de aquel.
Por lo que se refiere a las medidas propuestas respecto a los altos cargos y personal eventual de la Administración General, tampoco compartimos la moción. Se parte erróneamente de que en la Administración General rige el modelo del spoils
system, de que el partido que asume el Gobierno tras la investidura de su presidente realice una función de abordaje de la Administración General, echando por la borda a los cargos precedentes y esto, señorías, no es así. La Administración General
es dirigida por sus altos cargos bajo la dirección última del Gobierno y tiene plena continuidad, sin perjuicio de los cambios de Gobierno. Su parte directiva más técnica, es decir, sus directores generales, subdirectores y subdirectores adjuntos
son nombrados de entre funcionarios de carrera por el sistema LD y siempre están en Administración pública, bien en plazas de alto cargo o bien de funcionario en propiedad. Y cuando eventualmente son cesados como altos cargos, vuelven a sus plazas
en la mayoría de los casos de jefes de servicios o de negociado, también en los escalones más altos de la Administración pública. La profesionalidad e imparcialidad de estos altos cargos está asegurada en la medida en que se cooptan de entre
funcionarios mayoritariamente del más alto rango.
Señores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, no cabe hablar de enchufados en los términos en que ustedes hablan porque es incierto, es injusto y un desprestigio para las personas que son nombradas alto cargo de entre funcionarios de carrera.
Ustedes nos hablan del estatuto del directivo público previsto en el Estatuto Básico, en el EBEP de 2017, cuyo desarrollo fallido todos conocemos y cuya suerte fue decidida en buena medida, entre otros, por Fedeca, al oponerse al acceso a aquella
condición del personal que no fuera funcionario. No sé si ustedes del Grupo Parlamentario Ciudadanos pretenden ahora lo mismo pero, en cualquier caso, no apoyaremos la moción porque consideramos que el modelo actual es razonablemente equilibrado y
permite el acceso de los más altos funcionarios de carrera a los estadíos más técnicos de los altos cargos como rótula entre el Gobierno y los responsables máximos de la Administración, a saber, los ministros en su doble condición, los secretarios
de Estado y los subsecretarios de Estado.
Por último, y voy finalizando, tampoco apoyaremos su moción por el tono y el lenguaje empleado en su interpelación. Falta de respeto hacia las personas que ustedes citan con nombre y apellido para mancillar su reputación y que ya le afeó la
ministra y ahora la portavoz del Partido Socialista. (Aplausos). Lenguaje también totalmente despectivo al hablar de politiquillos de turno para referirse a los cargos públicos cuando nombran a personal eventual, a asesores y a estos últimos como
enchufados por un dedazo. Les pregunto: ¿ustedes creen que esto es serio y que se respeta lo público hablando de esta manera? Señorías, sin perjuicio de que creamos que ciertamente no debería haber tanto personal eventual de asesores, ¿creen que
cuando nos refiramos a ustedes, señores del Grupo Parlamentario Ciudadanos, debiéramos también llamarlos politiquillos de turno -usando la expresión que ustedes usan con otros- por haber nombrado a muchos más de veinte asesores de su grupo
parlamentario -casi tantos como diputados- pagados con dinero público y debiéramos llamar a sus asesores enchufados? (Aplausos). Nosotros creemos que no por responsabilidad y por respeto a lo público. Por favor, señorías de Ciudadanos, por una
vez aplíquense el cuento.
Muchas gracias. (El señor López Álvarez: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Diputades i diputats, bona tarda.
Debatimos una moción consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario Ciudadanos que nos parece mera demagogia, que busca el titular y la crítica fácil al Gobierno. De hecho, se hizo comparecer a la ministra de Hacienda en Comisión a
finales de agosto de manera extraordinaria para debatir urgentemente sobre este tema. Ustedes, señores de Ciudadanos, señor Roldán, que siempre hablan de lo que importa a la gente -o, al menos, eso dicen-, nos traen esta moción que creo que no
interesa demasiado.
Nuestro grupo entiende que un Gobierno recién constituido debe tener cierto margen para hacer nombramientos de altos cargos en la Administración General del Estado; realmente innovador sería que se designasen para cargos con mucha
responsabilidad a personas que no fueran de la confianza política del Gobierno escogido. No vamos a entrar en el detalle de las personas nombradas durante el verano o en si son idóneas para el cargo ni vamos a avalar ni a criticar su nombramiento.
Creemos que no nos
corresponde a nosotros. Cuando en unas elecciones los ciudadanos y las ciudadanas eligen por mayoría a un grupo político -o a varios- para que gobierne, lo hacen ateniéndose a un programa electoral, a una ideología y a unas propuestas. Por
tanto, tiene todo el sentido que el Gobierno pueda designar a cargos que ayuden a implementar el programa electoral votado por mayoría. Seguramente tiene más sentido que sean los altos cargos los que tengan esa confianza política, ya que gran parte
de la acción gubernamental recaerá sobre ellos y deberán marcar la línea estratégica a seguir para implementar aquello que la ciudadanía votó en las urnas. Si la mayoría de grupos así lo desea, podemos debatir en un marco sereno y sin demagogia por
en medio -que, de hecho, es la finalidad de esta moción- si las personas nombradas deberían pasar por un cierto control de idoneidad para su nombramiento. También podemos debatir si es deseable que los altos cargos nombrados por un Gobierno deban
pasar por un proceso de accountability o rendición de cuentas para garantizar una correcta evaluación de la eficiencia y la eficacia de las políticas públicas llevadas a cabo.
Voy terminando. Nos extraña esta moción que diferencia entre cargos de no designación política y cargos de designación política, viniendo de un partido cuyo presidente recorre España y no ve ni azules ni rojos ni urbanitas ni rurales ni
mayores ni jóvenes. Solo ve españoles.
Gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes a todos y a todas. Ustedes, señor Roldán, hoy nos presentan una moción de perdigonada, no saben muy bien qué proponen, no saben muy bien de qué hablan, pero tienen claro un objetivo: debilitar la Función pública porque así
atacan a los servicios públicos y a los derechos de la ciudadanía. Pretenden ustedes reformar un Estatuto de la Función pública sin siquiera hablar con los sindicatos. Tienen ustedes una falta de respeto total a la concertación social, que es una
de las bases de nuestro sistema democrático y además lo quieren hacer saltándose todas las competencias autonómicas. En esta moción de perdigonada lo meten ustedes todo en el mismo saco, hablan de todo para no concretar nada: Función pública,
Radiotelevisión Española, CIS, los consejos reguladores. Su moción, señor Roldán, es disparar al cielo a ver qué es lo que cae. Además, señor Roldán, esta es la moción de la demagogia. ¿Sabe usted por qué? Porque ustedes ponen la lupa en los
funcionarios públicos del Estado y en cambio cuando se trata de fiscalizar al máximo funcionario que hay en el Estado, que es el jefe del Estado, entonces ustedes son unos cobardes. (Aplausos). El rey, señor Roldán, que ese sí que es un cargo
vitalicio, ese sí que es un cargo politizado, como lo vimos el 3 de octubre o como estamos descubriendo estos días sus actuaciones para debilitar a la economía catalana, y ese sí que es un cargo nombrado a dedazo por ya sabemos quién, cuando se pide
una Comisión de investigación entonces ustedes se callan y son unos cobardes. Ese es el cinismo de Ciudadanos.
Hablan ustedes además de acabar con la corrupción, y eso está muy bien, señor Roldán, hay que acabar con la corrupción. Pero claro, para ir contra la corrupción lo más importante y lo primero es no apoyar a corruptos, que es lo que ustedes
han hecho: [Rajoy, Susana Díaz] 1, [Cifuentes, Casado, Pedro Antonio Sánchez] 2 y podría hacer una larga lista. (Protestas.-Aplausos). Señor Roldán, ustedes no tienen credibilidad en la lucha contra la corrupción porque ustedes han sido el
andamio de los corruptos de este país. Cuando el Partido Popular parasitaba las instituciones, ustedes callaban y los mantenían en el poder sabiendo que nos estaban haciendo daño a todos y a todas. (El señor Pradas Torres: ¿No te han hecho a ti
daño?-Protestas).
Se atreven ustedes incluso a hablar de Radiotelevisión Española cuando aún tenemos fresco en la memoria su comportamiento al romper el acuerdo de todos los grupos, salvo el Popular, para al final acordar con el Partido Popular y manipular
juntos el concurso para que siga siendo una herramienta de propaganda política. Están ustedes trucando el concurso público y vienen encima aquí a pedir la independencia del ente, pero su cinismo se hace ya inaguantable cuando hablan de la
imparcialidad de la Función pública. ¿Sabe usted, señor Roldán, cómo se consigue la imparcialidad de los funcionarios? Garantizando sus derechos laborales, solo así. Un puesto de trabajo estable es la única
1 Palabras retiradas por el señor Mena Arca.
2 Palabras retiradas por la Presidencia de conformidad con el artículo 104.3 del Reglamento de la Cámara.
manera de ser libres respecto del poder de turno (aplausos), y ustedes han hecho precisamente todo lo contrario. Ustedes precisamente han hecho todo lo contrario, han apoyado las tasas de reposición del Partido Popular a cero, han fomentado
las tasas de interinidad en la Función pública de casi el 30 %, de las más altas de Europa, recientemente el Supremo ha declarado nulos los ceses de profesores a 30 de junio para no cobrar los meses de julio y agosto, que eran un claro fraude de ley
y que ustedes apoyaban en los Presupuestos Generales del Estado. Ustedes precarizan y criminalizan a nuestros funcionarios y no quieren ver que pese a sus recortes pactados con el Partido Popular en educación, en sanidad o en dependencia tenemos
unos trabajadores públicos, maestras, médicos y cuidadoras, que son lo mejor de Europa. Son ellas y ellos los que han mantenido el sistema mientras ustedes jugaban a debilitarlo y a precarizar sus puestos de trabajo. Juegan ustedes a criminalizar
a nuestros trabajadores públicos.
Y acabo, señora presidenta. Señor Roldán, cuando ustedes quieran hablar de verdad de garantizar la profesionalidad y la imparcialidad en la Función pública, lo hacemos seriamente y con rigor, porque parece que es muy difícil hablar con
ustedes de manera seria, ustedes son unos faltones y además son unos profundos demagogos. (Rumores.-El señor Heredia Díaz: ¡Quién va a hablar!). Trabajen ustedes un poquito, solamente un poquito. Hagan leyes, como hacemos el resto de grupos
parlamentarios, y no hagan ustedes mociones de perdigonada. Dejen de hacer la política de la criminalización, de la tensión y la del titular porque, como todo, se les está a ustedes girando en contra como un bumerán.
Muchas gracias. (Aplausos.-El señor Simancas Simancas y el señor Echániz Salgado piden la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Sí, por este orden. Señor Simancas.
El señor SIMANCAS SIMANCAS: Señora presidenta, en virtud del artículo 71 del Reglamento, me gustaría solicitar al último interviniente en este Pleno que retirara la acusación, muy desafortunada y absolutamente indignante, que ha hecho de la
presidenta de la Junta de Andalucía. No vale todo en política, ni siquiera en campaña.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Mena, tiene un minuto para contestar a lo que se le ha preguntado y si lo retira.
El señor MENA ARCA: Sí, señora presidenta.
En mi intervención me refería a los Gobiernos que tienen casos de corrupción encima de la mesa. (El señor Pradas Torres: ¡No es lo que has dicho!-Varios señores diputados del Grupo Parlamentario Socialista: ¡No! ¡No!-El señor Heredia
Díaz: ¡Has hecho alusión a la presidenta!)...
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio! ¡Silencio, señorías!
El señor MENA ARCA: Gracias, presidenta.
Yo en mi intervención me refería a los Gobiernos que tienen casos de corrupción encima de la mesa, como es el Gobierno de Andalucía. (Rumores). En todo caso, si el Grupo Socialista se siente ofendido, no tengo ningún problema...
La señora PRESIDENTA: Señor Mena Arca, ¿retira usted o no retira lo que le ha pedido el señor Simancas?
El señor MENA ARCA: Se lo estoy diciendo, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Le pido que diga si lo retira o no lo retira, porque ha pasado su tiempo.
El señor MENA ARCA: Si esa intervención ha ofendido al Grupo Socialista, no tengo ningún problema en poder retirarlo, teniendo en cuenta lo que estaba explicando antes.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Adelante.
El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señora presidenta.
También quisiera invocar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el artículo 71, en la medida en que el interviniente ha hecho juicios de valor respecto de diputados de mi grupo parlamentario y de miembros de mi partido que, desde luego,
no se corresponden ni con el decoro ni con la dignidad de esta Cámara, ni con la actuación política que corresponde. Así que le ruego también al señor interviniente que retire sus palabras.
La señora PRESIDENTA: Señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Señora presidenta, en este caso hay presidentes condenados y, por tanto, no tengo nada que retirar. (Un señor diputado del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Exacto!).
Gracias. (Aplausos.-El señor Echániz Salgado pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: No, no hay más palabras.
Pregunto ahora al señor Roldán Monés si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor ROLDÁN MONÉS: Presidenta, hemos hecho una propuesta de enmienda incorporando algunas cuestiones que ha planteado el Partido Socialista y otras que ha planteado el Partido Popular. No ha habido más enmiendas y votaremos eso.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A GARANTIZAR EL DERECHO A UN ABORTO SEGURO, LIBRE Y GRATUITO PARA TODAS LAS MUJERES. (Número de expediente 173/000108).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas
las mujeres. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Buenas tardes.
Señorías, en el año en que sabemos que la revolución ya es feminista, mi grupo trae esta moción, completa y exhaustiva, que persigue ser una guía para el Gobierno sobre qué hacer por lo que respecta a nuestros derechos reproductivos.
Completa, incluso extensa, sí -nos lo han dicho-, con varios puntos, porque tenemos un proyecto de país para las mujeres y para la sociedad en su conjunto, hemos visto cómo nuestra ciudadanía se ve vulnerada y hemos pensado en cómo podemos
defenderla.
Las mujeres queremos una ciudadanía de pleno derecho y esto no se dará mientras el derecho a un aborto legal seguro y gratuito se vea torgado, obstruido continuamente. Ciudadanía de pleno derecho es que si puedo trabajar y me puedo casar a
los dieciséis también puedo interrumpir voluntariamente mi embarazo con dieciséis o con diecisiete años sin que tenga que mediar la autorización de quienes sean mis tutores legales. Si nos preocupa que una decisión que no es sencilla se tome sin
consultar a la familia, lo que hay que mirar es qué ocurre en esa familia, no en cómo el Estado puede forzar esa comunicación. Habrá que mirar en nuestra educación y cultura, en la familia como institución. Pero si no vemos que una mujer de
dieciséis o diecisiete años prefiera, ante una interrupción voluntaria del embarazo, pasar sin el apoyo de su familia es porque algo pasa en esa familia, y que obligarla a hacerlo es profundamente disuasorio, estaremos condenando a las mujeres muy
jóvenes a tener embarazos no deseados o abortos inseguros.
Ciudadanía de pleno derecho es que no se nos tutele ni se nos trate con paternalismo, considerando que cuando acudimos a un hospital para una interrupción voluntaria del embarazo no hemos reflexionado lo suficiente y que necesitamos tres
días para pensar. Desde luego, esta es una decisión dura, dolorosa, porque duele, duele físicamente; desde luego que no es fácil. ¿Por qué entendemos que esto se afronta con ligereza? ¿Por qué íbamos a ser frívolas con esto y no con ninguna otra
cosa que afecte a nuestra salud y a nuestras vidas? ¿Por qué, si no es por una cuestión estructural, cultural, asentadísima en nuestro imaginario, íbamos a parecer a ojos del Estado y del sistema de salud tan completamente irresponsables que tres
días antes no sabemos lo que estamos haciendo, aunque ya hayamos tomado una decisión? Pues esto ocurre porque pesan ideas sobre las mujeres, sobre nuestros cuerpos, sobre
nuestro rol en la sociedad y en nuestras vidas; porque seguimos arrastrando estigmas que nos hacen oscilar entre ser tontas o ser malas. Por cierto, respecto a esa sensación de tutela y de infantilización que sienten las mujeres cuando van
a hacer una interrupción voluntaria de su embarazo, también sufren algo parecido o sienten algo parecido -lo dicen y lo decimos- muchas mujeres que hemos continuado y seguido adelante con nuestro embarazo. Así que igual el problema no tiene que ver
con eso y tiene que ver con otra cosa. Lo dejo aquí para que sus señorías lo piensen.
Ciudadanía de pleno derecho es no cargar con constructos que nos restan derechos. Ciudadanía de pleno derecho es la toma de decisiones libres e informadas sobre nuestro cuerpo y que estas sean respetadas. Y, respecto a esos tres días de
reflexión, resulta que hay un informe desde el año 2002, que aprueba el Parlamento Europeo, que es el informe Van Lancker, que precisamente tiene muchos aspectos que tienen que ver con una mejor educación sexual para nuestros niños, niñas y
adolescentes; que tiene que ver con anticonceptivos de urgencia, sí, pero también anticonceptivos mucho más baratos; que tiene que ver con criterios unificados en la recogida de datos. Ya nos gustaría a nosotras que todo esto se estuviera
haciendo en nuestro país. De lo que no dice absolutamente nada este informe, que está aprobado por el Parlamento Europeo, es de que existan y sean necesarios para que las mujeres decidan libremente tres días de reflexión. Libres e informadas;
exigimos que las mujeres sean debidamente informadas de todos los tipos de aborto, instrumental o farmacológico, para que puedan elegir; porque ignorar esto, no dar elección o escatimar información rigurosa es violencia obstétrica; violencia
institucional cuando es desde la connivencia, por lo que sea, del sistema de salud.
Una mejor información social es algo que necesitamos también y, por ello, queremos un informe anual sobre interrupciones voluntarias del embarazo que sea más transparente y completo por parte del Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales.
Necesitamos incluir indicadores sobre interrupciones voluntarias del embarazo en situaciones de violencias machistas en el ámbito de pareja, situaciones de violencia sexual, mujeres con diversidad funcional; y necesitamos que los y las
profesionales que vayan a estar implicados en la realización de las IVE en centros sanitarios públicos tengan una formación con perspectiva de género de manera obligatoria. Qué locura, ¿no? Perspectiva de género para tratar el aborto, para tratar
la salud reproductiva de las mujeres. No creo yo que estemos diciendo nada que no sea absolutamente de cajón.
Escribe en su libro contra el patriarcado la feminista María Pazos lo siguiente: En las encuestas sale que la media de hijos que quieren tener las personas es de 2,1, que es la tasa de fecundidad ideal para reposición de la población. El
problema es que la gente no se lo puede permitir y, además, se quiere obligar a quienes, aun así, no quieren tenerlos. La lucha contra el embarazo no deseado la están dando las hermanas argentinas, la han librado las compañeras irlandesas y siguen
peleando las mujeres en muchas partes del mundo para conquistar ese derecho. Esa conquista en España la logró el movimiento feminista; y cuando ha estado en disputa y en cuestión, el movimiento feminista, el tren de la libertad -y miro a la
bancada socialista porque tenemos muy clara nuestra genealogía y también nuestra memoria reciente- ha salido a la calle y ha tumbado nada menos que a un ministro para dejarlo claro.
Con algunas cuestiones de la materialización de nuestro derecho se han dado pasos atrás; recuperémoslos. Y sí, claro, aquí planteamos muchas cosas que ya dice la ley, pero esta ley -y lo saben las señorías del Grupo Socialista, lo sabe el
Gobierno- se ha incumplido. Nosotras venimos a esta Cámara a recordar que esto no puede quedar para mejor momento, y de esta oportunidad ya se habló en los años setenta cuando el movimiento feminista dijo que este derecho tenía que estar
garantizado, blindado en la Constitución. No perdamos la oportunidad ahora de repensar cuáles son los derechos para una ciudadanía plena para las mujeres de este país.
Hacemos esto también por otra cosa, traemos esta moción por otro motivo más: para dejarle muy claro al Partido Popular más reaccionario, el que quiere asesorar a las mujeres para que no aborten -no sé, quizá ustedes podrían haber pensado en
todos los recortes que han llevado a cabo, en los recortes brutales para la vida de la sociedad en su conjunto y, sobre todo, para las mujeres y quizá entonces habrían demostrado que las vidas y las familias les importan aunque fuera un poquito-,
que no vamos a dar ni un paso atrás -y se lo queremos dejar claro al Partido Popular-, que no queremos ni una sola regresión en nuestros derechos. Tenemos ciudadanía por conquistar y no vamos a permitir que se nos frene o se nos lime.
Señorías, estamos en el año en el que ha quedado claro que la revolución ya es feminista. Lo veíamos este fin de semana, sin ir más lejos, en Xixón, con cientos de mujeres caminando hacia el 8-M de 2019.
La revolución ya es feminista y es hora de que se enteren sus señorías y gobiernen y legislen de acuerdo a este momento histórico al que no vamos a renunciar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes.
Desde el Partit Demòcrata celebramos la llegada de esta iniciativa a la Cámara. Consideramos sin duda que la reforma hecha por el presidente Rajoy en el año 2015 es no solo una aberración, sino también una injusticia tremenda frente a
aquellas mujeres que deciden hacer con su cuerpo lo que les plazca y tienen su derecho a hacerlo. Por eso, celebramos esta iniciativa y la consideramos además urgente porque la situación actual genera agravios gravísimos entre las mujeres de este
país.
Hemos presentado una enmienda porque creemos que es interesante salir de esta situación y llegar a un consenso en esta Cámara. Nosotros proponemos regresar al consenso de 2010, cuando aquellas mujeres que a partir de los dieciséis años
decidían afrontar libremente un proceso duro, posiblemente uno de los momentos más duros de la vida a los que debe hacer frente una mujer. Planteábamos al grupo proponente esta enmienda. No sé si la han mirado porque la ponente no ha hecho
referencia en ningún momento a nuestra enmienda, pero en todo caso esperamos tener noticias y discutirlo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Quiero iniciar mi intervención recordando que en cada aborto voluntario se elimina una vida humana como la de cualquiera de nosotros y que el resultado del ejercicio libre, sin trabas, del derecho a decidir de una mujer de no querer ser
madre conlleva, señorías, la muerte de su propio hijo. Si cerramos los ojos a esta terrible realidad, estaremos limitando el campo de visión moral de la decisión de abortar una vida humana tan única y tan irrepetible como cualquiera de las
nuestras.
Los padres, señorías, esperamos nueve meses para conocer a nuestros hijos. Pero ¿me van a decir, señorías de Podemos, que si los conocemos prematuramente no son nuestros hijos? (Una señora diputada: ¡Venga ya!). A los cinco meses de un
embarazo, señorías, ¿qué son? Ustedes abogan por más libertad en la decisión de abortar una vida humana, pero a la vez presentan esta mañana una proposición de ley para cambiar el paradigma y generar un cambio cultural de forma que la violencia
contra los niños no sea tolerable en ninguna medida y que un cachete sea visto como un fracaso del educador. Esto lo cito textualmente. Bien, a mí me parece bien. Yo les animo a que extiendan esa defensa a ultranza de la infancia a cuando ese
niño o niña aún no haya nacido, a cuando ese mismo paradigma cultural lo lleva irremediablemente a la muerte. Sean valientes, al menos sean coherentes.
Ampliar el aborto, señorías, no es un avance social, es un retroceso. ¿Dónde queda su compromiso de izquierdas con los más débiles? Ni una de las veinte propuestas de su moción protege y defiende la vida del ser humano más inocente y más
indefenso. Yo, señorías, en todo caso no pierdo la esperanza. Mientras haya una persona, sea famosa o no, que ante ese dilema pueda agradecer a su madre la decisión de darle la vida, estoy convencido de que este paradigma cultural de hoy podrá
revertirse.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, por el mismo grupo, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta. Arratsalde on.
Para Euskal Herria Bildu el feminismo debe ser uno de los principios que nos guíe en la construcción de un Estado vasco soberano, justo y comprometido socialmente. Por ello, consideramos necesaria la defensa y respeto de los derechos
humanos de las mujeres. Los derechos sexuales y reproductivos deben ser considerados derechos básicos, y particularmente el derecho al aborto libre, seguro y gratuito, que como tal se debe garantizar a todas las mujeres. El intento de controlar el
cuerpo de las mujeres es tan antiguo como el patriarcado y la ilegalidad del aborto es a su vez una injusticia patriarcal que vulnera
los derechos de miles de mujeres en el mundo, más si cabe en el caso de aquellas más vulnerables por su situación social, económica o administrativa. A su vez, la negación de este derecho continúa provocando miles de abortos clandestinos
con el consiguiente riesgo de muerte para muchas de estas mujeres, un riesgo mayor en las más discriminadas, las más pobres, las que carecen de recursos para realizarlo por la vía privada en condiciones seguras. Un Gobierno que quiere ser
considerado realmente democrático debe proteger la vida de las mujeres, atender sus necesidades integrales de salud y garantizar su derecho a decidir. Un Estado que se dice laico debe quitarse de encima la influencia de la moral judeocristiana que
emana de la Iglesia católica, de marcado cariz machista.
Por ello, apoyaremos la moción a debate convencidas en Euskal Herria Bildu de que es nuestro deber defender los derechos de todas las mujeres sobre sus cuerpos contribuyendo a eliminar las barreras que buscan obstaculizar y dificultar el
ejercicio del derecho a aquellas que son más jóvenes y más vulnerables. Debe ser un derecho para todas las mujeres, y mientras Euskal Herria no sea del todo soberana seguiremos defendiendo desde este Congreso el derecho a decidir sobre nuestros
cuerpos y nuestra sexualidad que tenemos las mujeres por tratarse de una cuestión de justicia social, de justicia feminista para todas y sin excepciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero comenzar expresando nuestro apoyo, el de mi grupo, a la diputada del Partido Popular, la señora Escudero. Hoy, además de sufrir la falta de respeto del señor Rufián, ha tenido que soportar sus actitudes machistas.
(Aplausos). Desde mi grupo, Ciudadanos, condenaremos siempre este tipo de actitudes, vengan de quien vengan y se dirijan a quien se dirijan.
Hay debates que la sociedad española ya tiene superados, debates sobre los que se puede decir que ya hay cierto consenso social, cuestiones que no suponen un problema para la mayoría de los españoles, pero que en cambio se utilizan para
reavivar viejas pasiones, la mayoría de las veces con fines electoralistas. Con todo el respeto a la iniciativa presentada, creo que la cuestión de la que trata esta moción, la interrupción voluntaria del embarazo, se presta a todo esto que estoy
explicando. El debate sobre la despenalización... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías. Silencio, por favor.
La señora REYES RIVERA: El debate sobre la despenalización del aborto hace mucho ya tuvo lugar en España. Fue en 1985, hace ya treinta y tres años, y después de ese llegó otro, el debate de cómo hacerlo otorgando seguridad a las mujeres y
a los profesionales, asegurando sus derechos. Se llegó a otro consenso también, el que dio lugar a una ley de plazos, la ley de 2010. Quizá en esa fecha el consenso no parecía tan amplio entre las fuerzas parlamentarias. Todos sabemos que el
Partido Popular votó en contra e interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional, pero con el tiempo se demostró que ese consenso sí se daba en la sociedad española.
Recordemos lo que ocurrió allá por el año 2014, cuando el Partido Popular, con el ministro Gallardón al frente, intentó reabrir este debate con un proyecto de ley que nos retrotraía a 1985. ¿Recuerdan lo que trajo consigo? La dimisión del
entonces ministro de Justicia, el señor Ruiz-Gallardón. Muchas mujeres, y también hombres, salieron a la calle para evitar que ese proyecto de ley saliera adelante. Fue el propio Mariano Rajoy, entonces presidente del Gobierno, el que tirando de
las encuestas del momento pidió que esa ley no se tramitara, dada la falta de aceptación social. El Partido Popular fue entonces consciente de que no tenía el apoyo siquiera de la mayoría de sus votantes; por eso esa ley tuvo que ser retirada.
Veremos qué pasa ahora con la presidencia del señor Casado, que dice que quiere volver al consenso de los años ochenta. Yo le diría que aunque él se empeñe en vivir en 1980 España ha evolucionado. Está bien que ustedes quieran vivir en los ochenta
-las leyes no se lo van a impedir-, pero no intenten impedirnos al resto que vivamos en 2018, en el siglo XXI.
Volver una y otra vez sobre debates ya superados impide que miremos al futuro, que sigamos avanzando. Con ello no quiero decir que no sea necesario mejorar ciertas cuestiones que se plantean en esta iniciativa -claro que hay que hacerlo-,
lo que ocurre es que creemos sinceramente que el debate ya no debería ser aborto sí o aborto no, como sigue planteando el Partido Popular, pero tampoco, señorías
de Podemos, debe ser el de: castidad o aborto, que es lo que parece desprenderse de la iniciativa que presentan. Eso, permítanme que les diga, quizá sea más antiguo incluso que lo que plantea el señor Casado.
Esta moción tiene veinte puntos y en ninguno de ellos -aunque sí lo ha mencionado la señora Castañón- se habla de salud reproductiva y sexual. Hablemos de interrupción voluntaria del embarazo, sí, pero hagámoslo abordando la salud
reproductiva en líneas generales, atendiendo a la realidad de nuestro país, que, por cierto, es muy diferente en función de la comunidad autónoma en la que estemos. Hablemos de ello, pero hagámoslo hablando también de métodos anticonceptivos, que,
por cierto, también como nuestra sociedad han evolucionado mucho desde el año 1985.
Sabrán ustedes, señorías de Podemos, y el resto de los grupos parlamentarios, que la ley sobre salud reproductiva y sexual de 2010 llevaba consigo una estrategia nacional en la que se establecen acciones concretas sobre prevención del
embarazo o mejora de la accesibilidad a estos métodos. Esa estrategia, además debía ser evaluada, lo establecía la propia ley; han pasado ya ocho años y ni rastro de esa evaluación. ¿Cómo vamos a mejorar? ¿Cómo vamos a saber si la ley se cumple
de manera efectiva o si esas políticas son eficaces? ¿Por qué se hacen leyes que no se cumplen? Curiosamente, esto también ocurre con otras leyes que afectan a las mujeres como la Ley de igualdad de 2007. Es más de lo mismo. Por supuesto es
necesario asegurar, cuando llegue el caso, que las interrupciones voluntarias del embarazo se pueden llevar a cabo en la sanidad pública y a ello van encaminadas nuestras enmiendas, pero también es necesaria una verdadera estrategia para evitar que
muchas mujeres tengan que llegar a esa situación. Por eso incluimos otras tantas que lo recogen.
Los datos sobre la tasa de interrupción voluntaria del embarazo muy poco han variado desde 2006 a 2016 y muchas de esas mujeres, casi un 37 %, manifiestan que ni ellas ni sus parejas utilizan métodos anticonceptivos, una cifra altísima.
Además, la cosa, como decía, varía enormemente de una comunidad autónoma a otra. La desigualdad es verdaderamente llamativa. Solo en seis comunidades autónomas se han realizado campañas sobre planificación familiar; solo en seis de ellas se forma
a todos los profesionales. Hay también una tremenda diferencia en cuanto a la financiación de métodos anticonceptivos; solo en cuatro se financian los preservativos en algunas condiciones, los dispositivos intrauterinos no los financian otras
cuatro y la píldora del día después tampoco la cubren otras seis comunidades autónomas. Curiosamente, las que menos financian, las que no han abordado un plan específico y las que no han hecho campañas son las comunidades que tienen una tasa más
alta de interrupciones voluntarias del embarazo. Desde mi grupo Ciudadanos creemos que es necesaria una estrategia nacional efectiva que hable de todo esto.
La señora PRESIDENTA: Señora Reyes, tiene que terminar.
La señora REYES RIVERA: Finalizo, presidenta.
Por ello, ya presentamos una iniciativa en la Comisión de Sanidad y por ello, también, con el ánimo de complementar esta moción queremos llegar a una transaccional. Esperemos que el Grupo de Unidos Podemos la acepte.
No quiero irme sin pedirles que reflexionen sobre unas palabras que han dicho, las ha dicho la señora Castañón, toma de decisiones libre e informada sobre nuestros cuerpos. Deberían tenerlas presentes siempre.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Álvarez Álvarez.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Gracias, presidenta. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora ÁLVAREZ ÁLVAREZ: Señora Castañón, la guía a seguir en relación con el aborto no es esta propuesta, es la ley de 2010, no tenga ninguna duda.
Nos encontramos ante una iniciativa en la que la mayoría de las propuestas atienden más a estrategias del grupo proponente por buscar espacios para su acción política que a reclamar soluciones a problemas derivados de la práctica del aborto
legal y seguro en España. Desde luego, nos satisface que reclamen la ley del Gobierno socialista para recuperar la capacidad de otorgar consentimiento para la interrupción
voluntaria del embarazo a las mujeres de dieciséis y diecisiete años. Les quiero recordar que aquel artículo, señorías, fue un ejemplo de la inteligencia política en un momento sin mayorías para buscar el consenso y dar una solución
razonada, constitucional y práctica a todos los intereses en juego en este asunto.
La contrarreforma del Partido Popular privó recientemente a las menores del derecho a decidir si quieren o no ser madres y lo hizo porque necesitaba hacer una ofrenda al fundamentalismo. Sabemos que cada vez que la derecha necesita
aglutinar a sus miembros más extremistas y redefinir su ideal identitario siempre ofrece en sacrificio la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y sus vidas. Lo intentó Gallardón y lo proponen ahora los señores García Egea y Casado, esos
líderes nuevos que vienen con muy viejas recetas; recetas tan viejas como proponer efímeros apoyos a mujeres embarazadas, pero que, como ya hemos visto en las comunidades donde gobiernan, es solo la coartada para sostener financieramente a las
organizaciones antiderechos que necesitan incorporar a sus filas.
Este grupo parlamentario, este partido político y este Gobierno están implicados en recomponer los destrozos en materia de derechos sociales y de ciudadanía que los Gobiernos de la derecha han hecho, poniéndolos en riesgo. Enmendamos su
propuesta porque el derecho a la IVE para las mujeres migrantes en situación administrativa irregular ya está incluido en el Real Decreto-ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Enmendamos porque piden actuaciones que no
son competencia del Gobierno de España y otras se encuentran ya en la propia ley. Piden, por ejemplo, que en el boletín de notificación de IVE queden registrados los abortos de casos vinculados a violaciones, pero me gustaría recordarles, señorías,
que ya tenemos una ley de plazos en este país. Hemos peleado muchas décadas para conseguirla y en dicha ley las mujeres no deben dar explicaciones sobre el motivo por el que abortan. Además, las medidas actuales de anticoncepción de emergencia
impiden que se llegue a producir la gestación en casos de violación, de tal manera que en el año 2010, señorías, representaron solo el 0,01 %. Respecto al plazo de reflexión de tres días recogido en el artículo 14 de la ley, quisiéramos recordarles
que esta medida está recogida en todas las normas sobre interrupción voluntaria del embarazo en los países de nuestro entorno y que, además, es una medida que garantiza la constitucionalidad de la ley. Por eso, señorías, quizá sería más oportuno,
como les hemos propuesto vía enmienda, garantizar que la entrega de información y el periodo de reflexión no pueda ser utilizado para hacer transmisión de elementos ideológicos no vinculados de manera directa con el proceso de toma de decisiones de
las mujeres, como ocurre, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid. También enmendamos para desarrollar de manera efectiva el denominado interlocutor policial territorial sanitario para garantizar la protección de las mujeres y profesionales frente
al acoso; ya les anunciamos que desde luego nosotros estamos estudiando medidas específicas en esta materia.
Señora Fernández Castañón, acaba de votar en Andalucía en contra de la Ley de igualdad. Su portavoz allí se ha agarrado a la peregrina justificación de que votaban contra la Ley de igualdad porque los abortos no se hacen en la pública, pero
yo le pido que le transmita a la señora Teresa Rodríguez que en Andalucía y en toda España los abortos se hacen en clínicas acreditadas, con profesionales cualificados, con las tasas de morbilidad más bajas del mundo y, desde luego, de manera
gratuita, accesible y segura. (Aplausos). Así que no usen el aborto para buscar espacios que no deben de tocar. Entiendo, desde luego, que estén buscando ese hueco político, pero les voy a hacer una recomendación: No lo hagan poniendo en riesgo
o utilizando torticeramente los derechos de las mujeres porque eso se les va a volver siempre en contra. Yo creo que tienen ustedes muchos temas que solucionar dentro de su organización en materia de igualdad antes de venir a dar lecciones de una
gestión pública, del acceso a derechos que ha funcionado impecablemente y ha garantizado el derecho al aborto desde hace décadas de manera segura y sin problemas de accesibilidad.
Voy terminando. La voluntad de este grupo es que seamos capaces de garantizar de manera perdurable, con leyes y normas solventes e incuestionables, los derechos conseguidos; para eso, tienen que ser normas constitucionales. Estamos
seguras y seguros de que podemos hacer juntos ese recorrido, siempre que no pretendan poner en cuestión aquello que funciona, que funciona bien, que no genera conflicto social y que da satisfacción a las verdaderas necesidades de las mujeres.
Buscar un hueco político no se puede hacer a costa de buscar fantasmas donde no los hay.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, arratsalde on, buenas tardes. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. (Rumores). Silencio.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Permítanme iniciar mi intervención en torno a la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el grupo confederal sobre un aborto seguro, gratuito y libre para todas las mujeres con una pequeña
advertencia, una especie de cuestión previa que no deja de ser un consejo, aunque en absoluto ha de ser secundado ni compartido: no presenten mociones de veinte puntos, es contraproducente. Lo digo con un ánimo más conciliador que otra cosa, lo
digo porque mi grupo se lo ha dicho una y cien veces al PSOE, que era el que tenía el maillot amarillo en la materia con sus famosas mociones-programa de tres y cinco páginas. Sin acritud. Creemos que no es ni concitador ni de consensos ni
legislativamente manejable acordar y coincidir con una moción de semejante dimensión y diversidad porque es más fácil no coincidir en algunos de los puntos que viceversa. Creemos que es mejor centrarse en materias concretas, enfocando el objetivo
en una cuestión central y prioritaria que dé sentido y coherencia al texto presentado y, además, porque la moción es una herramienta con un recorrido que los que llevamos unos trienios aquí sabemos que es muy corto.
¿Cuál es la cuestión central a nuestro entender de la moción que ustedes han presentado? Debería girar en torno al primero de los puntos, tal y como se ha planteado aquí, cuestión que, como grupo, el PNV defendió y defenderá sin ningún
problema.
El Partido Popular modificó sin consenso y con su hipocresía política dos artículos de la ley. Digo hipocresía política porque no es ningún insulto, sino la constatación de una realidad, porque modificaron lo que no creían y no modificaron
lo que querían. Eso lo hicieron después de un sonoro fracaso reconocido con sus hechos cuando el propio presidente destituyó al ministro porque no se atrevió a presentar oficialmente el proyecto de ley que tenían para modificar la Ley del aborto
existente. El objeto de la modificación fueron solamente dos puntos que aquí se han citado, el de la edad era exactamente el punto central. Y yo se lo dije desde esta tribuna: eso era un salto cualitativo importantísimo del Partido Popular porque
no cuestionaban todo lo demás; por lo tanto, de alguna manera ya habían accedido a la normalización de los plazos de la posibilidad de abortar cuando es necesario. Ellos apelaban en su propuesta a lo que el Código Civil dice: la obligación de los
padres de velar por los hijos, acompañarlos, protegerlos, etcétera. Pero creo que perversamente el Partido Popular le dio la vuelta al sentido del artículo del Código Civil interpretando de manera contraria el objeto del legislador, que fuimos
todos en la materia cuando se aprobó la Ley del aborto. Precisamente porque no todas las familias ofrecen eso que dice el Código Civil tuvimos que poner que algunas personas pudieran abortar sin necesidad del consentimiento de sus padres, porque
ese consentimiento era todo lo contrario, porque precisamente no podían solicitarles consentimiento porque los problemas que eso acarrearía eran mucho mayores. Porque no estamos hablando de familias normales, esas familias que todos entendemos que
cuando alguien tiene esa necesidad, acudirá sin duda alguna. Estamos hablando de familias desestructuradas, familias con violencia, familias con problemas en las que la propia información hubiera generado más problema.
Por lo tanto, nosotros no apoyamos esa propuesta que hizo el Partido Popular. Y hoy tenemos esta moción, en la que, repito, el primer punto concitaba el consenso -y ya lo ha dicho alguna otra compañera antes que yo-, pero plantea otra serie
de puntos que superan... Y señora Castañón, se lo digo claramente y además con la cordialidad que nos tenemos, sus afirmaciones a veces me recuerdan a complejos que ustedes piensan que tenemos otros. Pero no es así. No tenemos ninguna necesidad
de ideologizar ciertas cuestiones y darles un entorno para constatar que se deben y se pueden hacer legislativamente. Y como presentan veinte puntos y algunos de ellos evidentemente no los compartimos -lo ha dicho también la señora Álvarez- como el
tema de los tres días, que es algo que está en la legislación de todas las leyes de aborto y de plazos que existen en la Europa occidental; por lo tanto, no hay ninguna necesidad de cambiarlo. Vayamos a lo que verdaderamente consensuamos; vayamos
a lo que verdaderamente se zanjó, de una manera, con otras mayorías, y volvamos a aquello que nos unió en aquella ley que apoyamos y que nos costó lo nuestro, pero que fue el trabajo de mucho esfuerzo, un trabajo que yo recordaré por lo que supuso.
Cuando alguien intenta conciliar y dar de hecho la necesidad que muchas mujeres tenían de poder abortar y la ley no se lo permitía, se cambió. Además, algunas de las cuestiones que ustedes plantean no son competencia de esta sala, son competencia
de las comunidades autónomas. Otras son casi reglamentarias y tampoco nos compete hacerles el reglamento. Por lo tanto, creo que vista esta
cuestión, o concitamos en aquello en que verdaderamente estamos de acuerdo o nunca conseguiremos consensos en esta materia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, esta tarde debatimos en esta Cámara uno de los pilares fundamentales de la lucha feminista, el derecho al aborto libre, seguro y gratuito. Toda mujer tiene que poder decidir sobre su propio cuerpo y sobre su
maternidad de forma libre y segura, sin coacciones. Debemos proteger y garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eso en parte se consigue mediante la despenalización total del aborto. Con la ultraconservadora reforma de
Gallardón en el 2014, las mujeres presenciamos cómo nuestros derechos retrocedían hasta la década de los setenta. Las mujeres estamos hartas de esta sociedad patriarcal que quiere controlar nuestra vida y nuestro cuerpo a golpe de decreto y con la
complicidad de la Iglesia católica. Esta reforma no ha sido más que una temeridad y una insensatez y ha sido utilizada como herramienta para poner en peligro la salud de muchas mujeres y criminalizarnos.
Gracias al Gobierno del Partido Popular las mujeres nos vimos condenadas a volver a la clandestinidad y a viajar a otros países para llevar a cabo el aborto voluntario. Gracias al Partido Popular, las mujeres vimos cómo cuestionaban nuestra
capacidad para decidir a través de la imposición de un periodo de reflexión que se ha utilizado como instrumento de coacción paternalista. La solución no pasa por victimizar y criminalizar a las mujeres, sino por aplicar políticas de prevención
anticonceptiva y de educación afectiva y sexual y por dotar de más recursos para garantizar el derecho a poder ser madres. Las mujeres queremos poder abortar en condiciones seguras dentro del sistema de salud pública y sin que nos criminalicen.
Como ya hemos repetido incansablemente, Esquerra Republicana de Catalunya quiere una ley de plazos y no de supuestos. Reivindicamos el carácter universal y que incluya a todas las mujeres a partir de los dieciséis años sin ningún tipo de
discriminación por el país de procedencia. El Gobierno no puede girar la espalda a esta reivindicación ni a la necesidad de aumentar la conciencia pública sobre la necesidad de un aborto seguro y libre ante los peligros que supone un aborto ilegal.
Es nuestro deber volver a una ley que interprete la maternidad como algo libre, deseado, feliz y responsable. Por todo esto, nuestro voto será favorable. Es nuestro cuerpo, nosotras decidimos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alba Mullor.
La señora ALBA MULLOR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de empezar mi intervención quiero decir que ni palmeras ni floreros; ninguna mujer lo es, como les ha tenido que recordar mi compañera Beatriz Escudero ante el silencio clamoroso de algunos y de algunas. (Aplausos).
Señorías de Podemos, esta iniciativa no es nueva, ya la sacaron ustedes adelante hace unos meses con el PSOE -ahora en el Gobierno- y con la abstención de Ciudadanos y del PNV, por cierto. No es necesario que la vuelvan a traer, bastaría
con que la llevasen a cabo, con que llevasen a cabo aquello que ustedes pactaron o lo que ustedes acordaron. Y no, efectivamente, no vamos a prestar nuestro voto a esta iniciativa, como esperarían, evidentemente, porque siguen incurriendo ustedes
en los mismos errores que en la proposición no de ley que debatimos en su día y porque el aborto, señorías, no se configura como un derecho en modo alguno, ni siquiera en la Ley orgánica 2/2010, que establece el derecho a la maternidad libremente
decidida -sí, un derecho que se reconoce- y garantiza el derecho a las prestaciones que se recogen en la misma, pero en ningún modo reconoce expresamente el derecho a abortar. Ni siquiera el Gobierno de Rodríguez Zapatero llegó hasta ahí.
Señorías, el aborto no es un derecho, es un fracaso, y la obligación de los poderes públicos es prestar todo su apoyo a las mujeres que van a ser madres. Gobernando el Partido Popular en Castilla-La Mancha se aprobó un programa operativo de
apoyo a la maternidad, iniciativa que este grupo parlamentario tiene intención de traer a esta Cámara. Ahí tienen ustedes la ocasión de posicionarse. De hecho, ya pueden hacerlo en aquella comunidad en la que gobiernan. ¿Van a seguir aplicándolo?
¿Van a ignorarlo? Sin ir más lejos, hoy mi grupo ha traído a este Pleno la posibilidad de que elaboren ustedes mismos un proyecto
de ley de apoyo a la familia. ¿Van a recoger el guante o van a seguir ignorando a las familias de nuestro país?
Centrándonos en sus propuestas, estas no difieren mucho de lo que ya aprobaron y siguen incurriendo en los mismos errores. Siguen ustedes pretendiendo que una menor precise consentimiento expreso de sus representantes legales para una
extracción dental o para hacerse un tatuaje, pero no para una decisión vital y trascendente como es un aborto. Aceptar esto llevaría a consecuencias absurdas que ya les puse de manifiesto en su día y que no me aclararon. ¿Qué ocurriría, por
ejemplo, ante una negligencia médica en la práctica de un aborto? ¿Quiénes estarían legitimados para reclamar esos daños? ¿Los padres, que ni consintieron ni lo supieron, o la menor, que carece de capacidad para ello?
Señora Fernández Castañón, sigue usted incurriendo en errores de bulto, errores de los que le tuvo que sacar la propia ministra la pasada semana. Afirmó literalmente que no se puede entender que una prestación como la interrupción
voluntaria del embarazo no esté recogida en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud. Efectivamente, no se puede entender porque está recogida, porque no es cierto lo que dijo usted. Afirmó también que el 80 % de los abortos que se
practican en España los realizan clínicas privadas y siguió afirmando que las mujeres pagan por esas intervenciones porque no se prestan por la sanidad pública. De nuevo falso y mal traída la cita. En su comparecencia ante la Comisión de Igualdad
del pasado mes de julio de la asociación de clínicas autorizadas para la interrupción del embarazo, lo que se nos dijo fue que el 90 % de la actividad de estos centros viene derivada de la sanidad pública, pagada por esta mediante conciertos u otras
fórmulas en función de la comunidad autónoma. Solo un 10 % de las mujeres paga por estas intervenciones, y eso porque la Ley Orgánica 2/2010, que parecen no haberse leído ustedes, así lo garantiza.
Ustedes basan gran parte de su interpelación y moción subsiguiente en los datos que nos trasladó la asociación de clínicas abortivas, pero ustedes no han tomado el informe en su totalidad, sino solo aquello que refuerza su iniciativa. En
aquella comparecencia y en la información facilitada a todos los miembros de la Comisión de Igualdad se dice literalmente que en España la tasa de complicaciones derivadas del aborto es de las más bajas del mundo y prosigue diciendo que se ha
conseguido ofrecer a las mujeres españolas un aborto seguro y de calidad dentro de los parámetros legales. ¿En qué queda esa España en negro que ustedes pintan cada vez que pueden? Y, por cierto, al hilo de esto, lamentables las palabras dirigidas
hace unos minutos al presidente de mi partido y a miembros del mismo, faltas de respeto y educación cuando precisamente no son ustedes ejemplares. (Aplausos).
Pero prosigo. Siguen ustedes proponiendo que cualquier mujer pueda abortar libremente, salvo las que han sido víctimas de violación o de violencia de género, para las que no hay intimidad ni hay confidencialidad y entrarán por la vía de un
supuesto que se les ahorra a todas las demás que pueden abortar dentro de los plazos. Señorías, fue el PSOE quien eliminó el supuesto de violación, no fue el Partido Popular, tal vez con el fin de no revictimizar a las víctimas y tal vez porque
desde que hay estadísticas este supuesto solo representaba el 0,1 o el 0,02 %. Ustedes insisten de nuevo en que los datos reservados de las mujeres que abortan dejen de serlo y queden registrados en su historial clínico. Ustedes contradicen
incluso la Ley orgánica 2/2010, que garantiza la intimidad de las mujeres y la confidencialidad de sus datos. No creemos que vaya a hacer mucha gracia a las mujeres que se vean en este trance que sus datos queden reflejados en el historial clínico
gracias a una iniciativa de Podemos.
Señorías, el Partido Popular modificó el Código Penal en 2015 para que ninguna mujer fuera a la cárcel por abortar fuera de los supuestos legales. El PSOE aprobó una ley mixta de plazos, pero dejó penalizadas determinadas conductas en las
que podía incurrir una mujer, y fue el Partido Popular el que corrigió esta situación. Señorías, una cosa es predicar y otra dar trigo, y ustedes predican a voz en grito, pero a la hora de garantizar de verdad los derechos de las mujeres miran a
nuestras bancadas, que son las que han garantizado que ninguna adolescente se vaya a ver sola en un trance como este, habiendo mecanismos para salvaguardar su voluntad cuando la situación de maltrato o coacción familiar exista, y los que han
garantizado que ninguna mujer que aborte fuera de los plazos o supuestos previstos vaya a ir a prisión, eso sí, ofreciendo alternativas, apoyo y ayudas a quienes decidan seguir con su embarazo; en breve presentaremos una iniciativa en ese sentido,
como ya ha avanzado el presidente de mi partido. Esa es la diferencia entre ustedes y nosotros. El Grupo Parlamentario Popular defiende la libertad de todas las personas y ustedes pretenden eliminar y limitar los deberes de la patria potestad,
eliminar la intimidad de las mujeres que deciden abortar, eliminar la intimidad de las mujeres que sufren violencia o violación, revictimizándolas frente a cualquier otra que podrá abortar sin tener que dar explicaciones, y recentralizar
competencias de las comunidades autónomas.
La señora PRESIDENTA: Señora Alba, tiene que terminar.
La señora ALBA MULLOR: Concluyo como acabé en la Comisión de Igualdad: Señorías, ahí no nos van a encontrar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Pregunto a la señora Fernández Castañón si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Pues, aunque cueste creerlo, estamos todavía trabajando en una transaccional.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL OBJETO DE CONOCER CUÁNDO VA A DIMITIR LA MINISTRA DE JUSTICIA Y, EN CASO DE NO HACERLO, QUE SE ACUERDE SU CESE DE FORMA INMEDIATA. (Número de expediente 173/000109).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia, y en caso de no hacerlo, que se
acuerde su cese de forma inmediata. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra la señora Moro Almaraz. (Rumores).
Silencio, por favor, silencio.
La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, señorías, buenas tardes.
Antes de comenzar, quiero expresar todo mi apoyo a mi compañera Beatriz Escudero, que es, como todos sabemos, una gran luchadora y así tiene que seguir. (Aplausos).
Dice Javier Gomá que en 2009 el concepto de ejemplaridad no estaba en el clima cultural de nuestro país y que en dos años se convirtió en moneda de curso corriente. Hoy ejemplaridad -2009- y ministros de Justicia socialistas tienen un poco
edificante y tortuoso hilo conductor que quisiéramos que no se hubiera producido.
Para quien les habla, funcionaria pública de carrera, es penoso tener que plantear aquí esta moción sobre la dimisión de la ministra de Justicia, porque no ha existido ejemplaridad ni en su trayectoria profesional como fiscal ni en sus
breves meses como ministra. Después de diversas peticiones, todas ellas muy fundadas en hechos contrastados y admitidos por la propia ministra, hemos llegado al 9 de octubre sin que exista más que traslado de culpas a sus responsables de prensa.
Esta moción se sustenta pues en la reclamación de responsabilidades políticas a una servidora pública por partida doble: por muy reprochables hechos conocidos y no desmentidos sobre su carrera profesional como fiscal y por aquellos que han tenido
lugar en el ejercicio de su cargo y función política en los últimos tres meses, en particular desde que decidió abandonar a su suerte al magistrado Llarena y no defender de inmediato la inmunidad jurisdiccional española ante los tribunales belgas.
Del 2009 traen causa parte de los hechos que nos llevan a pedir hoy que el presidente del Gobierno cumpla con su propia receta de exigencia ética y de ejemplaridad. (Rumores).
Como tuve ocasión de decir ya, los antecedentes de la nombrada ministra de Justicia nos preocuparon desde el inicio. Sus primeros pasos, ajenos por completo a sus palabras en la toma de posesión, nos inquietaron hasta llegar a la alarma y a
la penosa confirmación de que no era la persona idónea para formar parte del Gobierno de España. La todavía y reprobada ministra Delgado abandonó las prioridades que debía asumir como responsable de Justicia. Ignoró que su posición institucional
había de dejar de lado su ideología y sus intereses personales y que el ministerio no podía pasar a convertirse en una sucursal de la Fundación Fibgar ni de despacho profesional alguno. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.
La señora MORO ALMARAZ: Ignoró que las amistades se dejan en la puerta y que no pueden marcar las líneas de trabajo ni los objetivos de un ministerio. Cuando dijimos que una de esas amistades se había convertido en la mano en la sombra de
ese ministerio apuntábamos a un iceberg, y poco a poco ha ido aflorando con investigaciones que sacan a la luz comportamientos de ausencia de ejemplaridad cuando menos; la fiscalía y los jueces tendrán que decir después si suponen algo más.
Muchas de las acciones y omisiones de la ministra Delgado por sí solas son suficientemente graves para pedir su dimisión, y así lo han hecho mi grupo parlamentario y el presidente de mi partido. El conjunto de lo actuado y omitido en tres
meses de desempeño del cargo y sus penosos antecedentes no creemos que tengan parangón en la historia democrática, por más que se produzca esa unión perversa de amistad entre quien tuviera que dimitir como ministro de Justicia en 2009 y su
participación en cacerías, comidas y cenas que la colocaban bajo sospecha y hoy sabemos que también en escenarios poco edificantes. No me digan luego que hablamos de grabaciones de antes de ser ministra, obtenidas quizás de forma reprochable y
conocidas por obra de no sabemos quién, porque en todo caso las grabaciones existen y nos muestran reuniones admitidas por la interesada y conversaciones, insultos, insidias y asentimientos que allí acaecieron y que pueden recibir calificaciones
varias, todas ellas ajenas a la ejemplaridad que es propia de un servidor público. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Silencio.
La señora MORO ALMARAZ: La que ustedes montaron -¿lo recuerdan?- porque supuestamente alguien citó a un ministro en una conversación grabada. Señorías, ¿cuántas veces utilizamos en vano el nombre de una persona en nuestras conversaciones
diarias, sobre todo cuando sale a relucir ese sentimiento humano de creer que somos más importantes si presumimos de contactos? A lo que estamos asistiendo en este momento es a algo bien instinto. No tengan pues la tentación de seguir apartando la
tierra para que caiga sobre los demás. La ministra, en la interpelación, ya hizo bastante para defender lo indefendible. Utilizar la técnica de un ataque es la mejor defensa, y para ello volvió a mentir y se atribuyó un trabajo inexistente, una
acción del ministerio y una atención al sector justicia mínima.
En este tiempo es público y notorio que ha mentido reiteradamente, y cuando se miente, señorías, es porque se oculta y se teme que se conozca la verdad. Los españoles y la justicia española no pueden despertarse cada día con el temor de qué
escándalo protagoniza ese día o se recuerda de la ministra de Justicia. Quien tiene que velar por la buena salud de ese pilar de nuestro Estado de derecho, que es la justicia, no puede estar bajo la lupa de sus relaciones con las cloacas, y utilizo
la terminología del señor Iglesias. (Muestra un recorte de prensa.-Rumores).
Desde que llegó al ministerio la ministra Delgado dejó de preocuparse por la justicia para marcar una extraña hoja de ruta con un único denominador común o una sola persona de referencia: crear una comisión de la verdad, como defiende la
fundación del abogado Garzón; apoyar los cursos del abogado Garzón en lugar de atender los promovidos por el Ministerio de Justicia... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora MORO ALMARAZ: ..., redirigir la justicia universal a la línea de intereses del despacho Ilocad o crear un consejo asesor sobre justicia universal compuesto por la plana mayor de la fundación y el despacho Garzón, ese mismo que
defendía los intereses del señor Pérez-Maura y respecto al que, curiosamente, intervino como fiscal asumiendo literalmente el informe del abogado Vergara Céspedes, hoy miembro del flamante consejo asesor. (Aplausos). Ausencia completa pues,
señorías, de ejemplaridad y de las mínimas exigencias de cualquier funcionario público o responsable político, todavía más si es fiscal o ministra de Justicia.
Hoy, señorías, jueces y fiscales no la consideran una interlocutora. Algunos compañeros han pedido la rectificación de sus palabras, porque tan malo es atribuir delitos si no son ciertos como no denunciarlos si tenía la certeza.
(Rumores.-Aplausos). Señorías, la transparencia, la ejemplaridad, el feminismo no son cuestión de palabras huecas, son cuestión de hechos. ¿Me quieren decir sus señorías del Grupo Parlamentario Socialista qué merecía tanto aplauso en el Pleno
pasado? (Muestra una foto). ¿Contar entre sus ministros con alguien que no defiende a los jueces, que pone bajo la lupa de sospecha a los fiscales, que no se preocupa por sus necesidades, que denigra a sus compañeros, que se felicita por la
utilización de las mujeres? No es posible que la ministra esté ni un minuto más. (Aplausos). Las explicaciones públicas no son suficientes, son contradictorias, suponen la confirmación de que los encuentros de las grabaciones se han producido,
incluso otros con el comisario Villarejo, hasta tres reconocidos en comunicado insólito del ministerio de 24 de septiembre y de contenido hoy ignorado.
No nos va a marcar la agenda -dice el presidente Sánchez- un corrupto.
La señora PRESIDENTA: Señora Moro, tiene que terminar.
La señora MORO ALMARAZ: Termino enseguida, presidenta.
Pero no es así, señor presidente, la agenda se la marca no haber elegido bien a las personas que integran su Gobierno, que la ministra pretenda utilizar su ministerio como sucursal de un despacho, que abandone y desprestigie a los jueces,
que deteriore la imagen de la justicia frente a los españoles, frente al exterior, y que utilice un lenguaje que denigre y que sea homófobo. Por eso, por la gravedad de circunstancias que deterioran no la imagen de la ministra, no la imagen del
PSOE, no la imagen del Gobierno, que también, sino la imagen y el prestigio de las instituciones españolas y la justicia, esta Cámara se tiene que pronunciar y tiene que pedir ya la dimisión inmediata o el cese por el presidente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Guillaumes i Ràfols.
El señor GUILLAUMES I RÀFOLS: Bona tarda, presidenta, senyories.
Dado lo limitado de nuestro tiempo, me centraré -la verdad es que la historia de la ministra llenaría toda una biblioteca- en lo que más interesa a nuestro grupo, que es el tema del juez Llarena. Si una cosa buena tiene este intento de
reprobación es que salgan a la luz este tipo de actuaciones, que supongo que nadie definirá como normales.
Hechos: La ministra dice que el juez ha hecho unas declaraciones personales, no públicas, y que por tanto no tendrá asistencia del Estado. Dos días más tarde: Sí cabe asistencia del Estado, pero, siendo declaraciones particulares, lo que
se hará será contratar un gabinete de abogados. Unos pocos días después: Es un tema de Estado importantísimo y se destinarán 500 000 euros para ayudar a la defensa jurídica del juez Llarena. Esto no necesita más explicación para darnos cuenta del
juego de disparates que significa.
No digo que estemos delante de un Estado fallido, pero es obvio que este Estado tiene muchos fallos, y parece evidente que la ministra lo representa. ¿Es que acaso otros funcionarios, aparte del juez Llarena, tendrán la fortuna en el futuro
de recibir el amparo del Estado cuando tengan un conflicto en el extranjero? ¿A partir de ahora esto es un precedente? Supongo que todos tienen en la cabeza la respuesta: No, claro que no. Esto es un acto excepcional que se hace a un amigo que
está haciendo un trabajo duro para el Estado español. El problema de fondo es este, obviamente. No es tan importante la transparencia, en este caso la transparencia en la contratación pública -ya me dirán de dónde salen y cómo se atribuyen esos
500 000 euros para la defensa de Llarena sin que haya habido ningún tipo de concurso-, cuando el valor a defender es la unidad de España. No es tan importante la legalidad, porque un valor superior a defender es la unidad de España. No es
importante la justicia, porque un valor a defender superior a la justicia es el de la unidad de España. Y no es importante la equidad, porque un juez que defendió la autodeterminación de Cataluña en una conversación privada bien que fue suspendido,
pero cuando se defiende lo contrario no es así. Por tanto, no es importante la equidad, es un valor superior la unidad de España.
Señores, así no se resuelve nada. No es que no se resuelva el tema catalán, es que esas cosas -y miro a los bancos de la izquierda- se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan, y se sabe con quién empiezan, pero no se sabe con quién
terminan. Yo preguntaría al Estado español hasta dónde está dispuesto a dar pasos atrás en los valores democráticos. Si continúan dando pasos así, si continúan haciendo interpretaciones extensivas como chicles de las leyes, si son desautorizados
por los países más avanzados de Europa, donde se niegan delitos que aquí, en cambio, se condenan con penas de entre veinte y treinta años, si un juez es protegido por declaraciones particulares mientras que otro es condenado por declaraciones
particulares también, pero en sentido contrario, van a acabar ustedes teniendo un Ministerio de Justicia que tendrá el mismo sentido que tendría un ministerio de marina en Suiza o en Luxemburgo. Así es como ustedes acabarán si dan pasos atrás por
el camino de la democracia en España.
Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyories.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte. (Rumores).
Señorías, queda todavía más de una hora de Pleno. Les ruego, por favor, silencio. Es imposible estar aquí, en el hemiciclo, y escuchar al orador con este murmullo de fondo. Les rogaría a todos los que no quieran escuchar al orador que,
por favor, abandonen el hemiciclo. No lo diré una vez más.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Debatimos una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se exige la inmediata dimisión de la ministra de Justicia, instándose subsidiariamente su cese por el presidente del Gobierno. Ya adelanto que este Grupo Parlamentario Vasco no
dará apoyo a esta moción. No se comparte la dejación de funciones que se atribuye a la ministra, tanto en la interpelación como en la moción, tanto en la posición adoptada en la causa que se sigue contra el señor Llarena en Bélgica, como por no
haber desautorizado a miembros del Gobierno y a altos cargos que reflexionaban sobre la conveniencia de la libertad provisional de los encausados preventivamente en la causa que se sigue contra líderes políticos del llamado procés catalán o sobre un
hipotético ejercicio del derecho de gracia. También se reclama la dimisión de la ministra, según se dice, por no registrar actividad administrativa al frente de su ministerio y, por último, se achaca a la ministra su relación con un -según se dice-
ex alto cargo policial investigado por la Audiencia Nacional y en prisión preventiva; policía que, por cierto, nunca fue alto cargo, al que ahora denosta el Grupo Parlamentario Popular y al que no hace mucho, en esta misma legislatura, el
exministro del Interior, investigado en la Comisión de Investigación sobre la Utilización Partidista de la Policía, reconocía grandes méritos e incluso justificaba la medalla pensionada que le concedió mientras era ministro; un expolicía al que
también, con los votos del Grupo Parlamentario Popular, se blindó para que no compareciera ante aquella Comisión de investigación, a pesar de los muchos indicios y direcciones que lo señalaban como parte de los tejemanejes ministeriales,
precisamente, entre otras cosas, contra lo que se ha venido a llamar el procés catalán. Llama la atención que ahora se rasguen las vestiduras por una comida de hace nueve años, en la que ciertamente el lenguaje y actitudes no fueron
ejemplarizantes, pero en la que nada se trató sobre asuntos judiciales en los que alguno de los comensales estuviera implicado.
Ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, han vuelto a traer a esta Cámara la cuestión catalana, que es lo que realmente anida en el fondo de esta moción. Saben cuál es nuestra posición respecto al caso Llarena. Les recuerdo que no
compartimos que su defensa en Bélgica deba corresponder en todo caso y circunstancia al Estado, por entender que solo se dilucida la inmunidad jurisdiccional del Estado y que es una demanda instrumental para poner en jaque a la justicia española.
Lo que subyace, desde nuestro punto de vista -y ya lo dijimos- en esta decisión del Gobierno es que el magistrado Llarena, tanto en su ámbito privado como en su cargo, actúa como la encarnación de una idea de España que no puede ser puesta en duda a
través del cuestionamiento de su imparcialidad respecto a los acusados en el proceso que él mismo instruyó. No creemos que se defienda la inmunidad de jurisdicción y no creemos que se esté instrumentalizando una demanda para atacarla; muy al
contrario, es el Estado, desde nuestro punto de vista, el que está instrumentalizando al Poder Judicial con su anuencia tácita y a veces expresa para ponerlo al servicio de una concreta idea de España, haciendo un uso atrabiliario de los tipos
penales y del propio lenguaje al usar expresiones como golpe de Estado. Tampoco compartimos la reclamación para que la ministra de Justicia repruebe públicamente, como se pide, a otros miembros del Gobierno y altos cargos, pues compartimos sus
reflexiones sobre la prisión preventiva y la utilización, en su caso, del derecho de gracia.
Por último, y respecto a la sedicente falta de actividad administrativa del ministerio, esta es una cuestión opinable, sobre todo teniendo en cuenta que el equipo ministerial apenas lleva cien días en su responsabilidad, y a la que en
cualquier caso la ministra dio cumplida respuesta en la interpelación. Desde nuestro punto de vista, esta cuestión es un mero parche a modo de aliño en un proceso de acoso y derribo de ministros, en el que a este grupo parlamentario no le gusta
participar y que tanto se ha extendido en esta XII Legislatura.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Tardà i Coma. (Rumores). Silencio, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias, señora presidenta.
Señorías del Partido Socialista, permítanme que aproveche esta moción para dirigirme a ustedes en la medida en que pueda avanzar algún posicionamiento republicano que intentaremos transmitirle también, el día que podamos, al presidente del
Gobierno, señor Sánchez. Es evidente que vamos a votar en contra de lo que pide el Grupo Popular, pero también es cierto que nos vamos a abstener, porque el estercolero en el cual se ha convertido... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor TARDÀ I COMA: ... el sistema político y judicial español tiene muchos responsables. Es evidente que la degradación del sistema político y judicial español se ha manifestado de forma muy cruda en los últimos tiempos en relación con
Cataluña. (Rumores). ¿Acaso no es de un estercolero que una democracia, lo que nunca se ha visto en Europa desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial, encarcele a candidatos a unas elecciones democráticas? ¿Acaso en alguna sociedad de
libre mercado, capitalista, ha ocurrido lo que ha ocurrido en el Estado español, es decir, que un Gobierno haya aprobado un real decreto a fin de... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Señor Tardà, un momento.
Señorías, incluso suspenderé el Pleno, pero no estoy dispuesta a continuar con el murmullo que llevamos a lo largo de la última hora y media. A las tres de la tarde no hay murmullo, a las ocho u ocho y media hay murmullo. Les ruego a todos
los que no quieran escuchar, a todos los que no quieran ocupar su escaño que, por favor, abandonen el hemiciclo.
Continúe, señor Tardà.
El señor TARDÀ I COMA: Gracias.
Decía que en ninguna sociedad de libre mercado...
La señora PRESIDENTA: ¡Y, por favor, ocupen sus escaños!
Continúe.
El señor TARDÀ I COMA: No sé exactamente lo que decía, pero creo que iba por (risas)... ¡Ah, es verdad! Es tan gordo lo que hicieron que es imposible que uno lo olvide. Decía que en ninguna sociedad de libre mercado -una sociedad
capitalista- en Europa se dio lo que se ha dado aquí, por ejemplo, y esto es sinónimo de estercolero. Es decir, que una empresa pudiera deslocalizar su sede social sin el permiso de la junta de accionistas, de los propietarios, solamente con el
visto bueno de los administradores, de aquellos contratados por los propietarios, no se ha dado en ninguna sociedad de libre mercado. ¿En alguna sociedad el jefe del Estado ha hecho lo que ha hecho aquí el Borbón, llamar personalmente a las
empresas catalanas, exigiéndoles que tomaran posición? ¿Acaso en alguna sociedad europea el Gobierno ha retirado miles de millones de bancos catalanes para presionarlos, y para que ejercieran un cierto terror económico ante la población? Esto no
se ha dado en ninguna sociedad democrática, de manera que uno puede afirmar -quizá se nos puede acusar de que exageramos un poco, aunque yo creo que no- que vivimos en un estercolero, democrático; por suerte es democrático. Podría ser peor; de
hecho será peor el día que el señor Casado gobierne, si es que algún día gobierna, el mismo señor Casado que nos amenazó recordándonos la muerte de Lluís Companys.
Así pues la situación tiene muchos responsables, y no digo ni me atreveré nunca a imaginar que ustedes sean tan responsables como ellos, sería un insulto a la inteligencia, pero sí es cierto que solamente hay una solución: reconocer que la
calidad democrática de este Estado español está tocando mínimos y que hay que buscar una solución. La solución pasa inevitablemente también por Cataluña; de hecho nos reafirmamos en la idea. Vale la pena repasar la historia del Estado español, la
historia de Cataluña, la historia de todas las naciones del actual Estado español. Si ustedes no son capaces de encarar el problema de Cataluña, buscando una solución democrática que permita a todos los ciudadanos de Cataluña ser protagonistas de
la misma solución, será su tumba política. Es cierto, es imposible hoy día construir una sociedad democrática de excelencia, es decir, alejarnos del estercolero, si no se resuelve el conflicto que hoy día existe, la fractura que existe ciertamente
entre Cataluña y el Reino de España. Así pues les decimos lo mismo que diremos mil y una veces al presidente del Gobierno y al Grupo Socialista: Esquerra Republicana tiende la mano para encontrar una solución democrática, y estamos dispuestos a
negociar los presupuestos; estamos dispuestos a negociar los presupuestos, pero ustedes tienen que hacer aquello que también les hemos pedido, es decir, dejar claro que renuncian -sí, digo que renuncian- a la venganza y al escarmiento, y esto
significa instar a la fiscal general del Estado a actuar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Señorías, presidenta, debatimos hoy la moción consecuencia de la interpelación urgente que se vio aquí la semana pasada. En primer lugar, quiero decirles una pequeña frustración. Yo tenía la esperanza, al inicio
de esta tarde, de que hoy estaría aquí la ministra presenciando esta moción, en un debate tan importante. Creo que con su presencia demostraría que tiene respeto por esta institución, y que lo que se debate hoy aquí es algo importante y que le
afecta. Desgraciadamente no contamos con su presencia ni con la de ningún miembro del Gobierno. Eso no deja de ser una deslegitimación de las instituciones. (Aplausos).
Las circunstancias que nos han conducido a esta moción se remontan a finales del mes de agosto. En esa fecha, una tarde del jueves 23 de agosto, el Ministerio de Justicia anuncia que no prestaría apoyo al juez Llarena para defenderse de una
extraña demanda civil que el expresident Puigdemont y otros exconsellers fugados de la justicia habían interpuesto contra él en Bélgica. Ese jueves por la tarde, seguramente pensando que siendo un jueves y del mes de agosto pasaría absolutamente
desapercibida, se publica por el ministerio una nota en la cual se dice claramente que, ante manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por
afirmaciones privadas que incluso en España podrían ser objeto de algún tipo de acción en su contra, el ministerio no contemplaba la posibilidad de asumir la defensa del juez Llarena. Esta nota se publica el jueves 23 de agosto. El viernes el
contenido de esa nota es ratificado y justificado por la vicepresidenta del Gobierno, que dice que la protección de cualquier miembro del Poder Judicial le corresponde a ese poder exclusivamente y no al Poder Ejecutivo. Es evidente que esta
posición levantó una enorme alarma entre las asociaciones judiciales, colectivos profesionales, partidos políticos y de todo tipo. Eso fue lo que motivó la primera gran rectificación, la primera gran desautorización de la ministra, que lleva a cabo
el domingo por la tarde en una nota de prensa que publica La Moncloa. Por tanto estamos ante la primera deslegitimación de la ministra y de su actuación, en este caso llevada a cabo por el propio presidente del Gobierno.
Pero han continuado las deslegitimaciones con las peticiones de indulto de miembros del Gobierno que se han mostrado proclives a indultar unos delitos de una gran gravedad, y que ni siquiera han sido enjuiciados. Se ha manifestado así por
la delegada del Gobierno, por la vicepresidenta, por la ministra de Fomento, e incluso por la ministra Batet, de Administraciones Territoriales, y ella forma parte de ese Gobierno, un Gobierno que se esmera como vemos en deslegitimar la tarea del
Poder Judicial. Pero además es que la ministra ha mentido en varias ocasiones, la primera de ellas cuando en veinticuatro horas rectificó y fijó tres posiciones distintas en relación con su relación o con sus amistades con el señor Villarejo,
diciendo tres cosas: que no lo conocía, luego que solo había tenido relaciones profesionales y luego anunciando hasta tres encuentros, de los cuales todavía no sabemos su contenido. Pero es que además esa mochila de amistades peligrosas que la
ministra porta -de las que sabemos que porta ahora por las filtraciones- le infiere una enorme debilidad, y lo estamos viendo diariamente con esas filtraciones. Nosotros no vamos a entrar en lo que son esas palabras, esas manifestaciones, pero sí
constatamos que la enorme vulnerabilidad de la ministra la hace ser objeto de esos chantajes, como denotan esas filtraciones. Filtraciones que también denotan una enorme laxitud, por cierto, en el combate de gravísimos delitos que son puestos de
manifiesto en esas conversaciones, más o menos amistosas. No sé si llevada de esas amistades o de esas relaciones ella se muestra muy laxa en su persecución, cuando era precisamente su obligación como fiscal el perseguirlos.
El 16 de mayo de 2017, en esta misma Cámara, el portavoz socialista manifestaba aquella tarde: Rajoy tiene un ministro bajo sospecha, tocado y hundido democráticamente, y por eso tiene la obligación de dimitir. Esas eran las
manifestaciones ante la primera vez que se debatía una reprobación de un ministro de Justicia por parte del portavoz socialista. Bien, pues esas manifestaciones son hoy absolutamente intercambiables respecto a la ministra Delgado, la ministra de
Justicia. Es una ministra absolutamente bajo sospecha; es una ministra que induce una enorme debilidad al Estado, porque no sabemos el alcance de esas amistades peligrosas, y por lo tanto el mejor servicio que puede hacer a ese Estado, al que ha
servido durante más de treinta años, es precisamente dimitir.
Se mostraba en el debate de la interpelación orgullosa de que no cedería al chantaje. Pues bien, no necesitamos una ministra que no ceda al chantaje; necesitamos una ministra que no pueda ser chantajeada, que es algo distinto. Necesitamos
una ministra que tenga claro que defender el Poder Judicial también es su misión como miembro de ese Estado; necesitamos una ministra que no viva de la rectificación permanente y necesitamos una ministra que no se haya mostrado tan indulgente con
sus amigos, con esas amistades peligrosas que habitan en las cloacas del Estado que la persiguen y la condicionan. Por
todo eso creemos que su continuidad al frente del Ministerio de Justicia debilita al Estado, y el mejor servicio que podría hacer a ese Estado en este momento es precisamente dimitir.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Elizo Serrano.
La señora ELIZO SERRANO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Durante esta legislatura han pasado cosas de especial trascendencia en términos políticos. (Rumores). Hemos vivido una importante pugna entre los diferentes poderes del Estado...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora ELIZO SERRANO: Durante los últimos años ha existido una notable paralización legislativa por la intromisión del Poder Ejecutivo en esta Cámara; hemos visto cómo asociaciones de jueces y fiscales denunciaban injerencias del Poder
Ejecutivo en el Poder Judicial; hemos visto cómo un Consejo General del Poder Judicial, a través de una nefasta reforma con respecto a su funcionamiento, ha supuesto una discrecionalidad absoluta en el ascenso y designación de jueces en puestos de
especial relevancia, y hemos visto como cuatro euroórdenes contra políticos catalanes han sido denegadas por países de nuestro entorno por no concurrir las características necesarias para la tipificación como delitos. Pero no ha sido menos
escandaloso, y desde luego no menos desgarrador para la salud democrática de este país, que una comisión de investigación haya emitido un informe, que posteriormente ha sido refrendado por la mayoría de esta Cámara, señalando la existencia de una
policía política que, entre otros negociados, elaboraba dosieres falsos contra adversarios políticos. Pablo Iglesias fue y sigue siendo uno de los objetivos prioritarios de esa mafia policial incrustada en las estructuras del Estado, que ha
construido informes falsos y que, gracias a sicarios como Eduardo Inda, han conseguido reproducir sistemáticamente mentiras por los platós de televisión. (Aplausos). Mentiras y falsedades que muchos adversarios políticos fuera y dentro de esta
Cámara han utilizado a título lucrativo y conscientes de su falsedad contra Pablo Iglesias. Porque todos los que estamos aquí, y también todos los medios de comunicación que las han reproducido, sabemos con absoluta certeza que tanto el Informe
PISA como el falso cobro en Granadinas que se imputa a Pablo Iglesias son construcciones criminales de la mafia policial, con la firma del propio comisario Villarejo y Eugenio Pino, amparados por la cúpula policial y utilizado con el mismo ánimo
criminal por Eduardo Inda. (Aplausos). Se han utilizado por unos y por otros, se han consentido mirando para otro lado sin que muchos grupos de esta Cámara hayan denunciado el gravísimo atentado que supone la construcción de imputaciones falsas
para atacar a un adversario político. Llevamos cuatro años en que, mientras los juzgados archivaban las denuncias de Manos Limpias y otros agentes de las mafias, aquí y en platós de televisión se seguían reproduciendo las mentiras de las cloacas.
Junto a Esquerra Republicana y el PDeCAT solicitamos la comparecencia del excomisario Villarejo en esa Comisión de investigación, como uno de los operadores y responsables desde la transición hasta ahora de las etapas más oscuras de la
brigada política al margen de la ley. Queríamos que compareciera el exministro Rubalcaba, quien le nombró comisario e incluso le otorgó una medalla en 2009. No es cierto que las actuaciones del señor Villarejo sean una sorpresa para los políticos
del PP y del PSOE, ¿verdad? (Aplausos). Lo cierto es que durante las últimas décadas no solo se ha consentido y mirado hacia otro lado, sino que ha sido un instrumento de los poderes políticos y económicos de este país para perpetuar el control
político sobre determinados ámbitos que daban continuidad a algunas de las etapas más oscuras del pasado. Si esta situación es pública, si este Congreso declaró como cierta la existencia de policía política fue porque desde varios años antes,
durante las investigaciones del caso pequeño Nicolás, su comisión judicial o periodistas como Patricia López, el excomisario Jaime Barrado y otros tantos funcionarios honrados, de forma anónima y decididamente heroica y en solitario, asumieron su
responsabilidad en defensa de la legalidad democrática, y consiguieron, con mucho esfuerzo y en demasiados casos con sacrificio personal y profesional, desenmarañar un entramado putrefacto, paso imprescindible para que hoy en día el señor Villarejo
se encuentre en prisión. (Aplausos). Y que las cosas siguen funcionando con el mismo esquema, pese a todo, es obvio. Hemos visto recientemente cómo un inspector honrado, Rubén López, uno de los miembros de esa comisión judicial, fue apartado de
la
investigación y destinado de forma vergonzosa a los calabozos de Moratalaz, mientras que el fiscal Alfonso San Román, quien durante años negó decenas de investigaciones contra la mafia policial, acaba de ser premiado con un destino en la
Audiencia Nacional. Sobre esto también queremos preguntar a la señora ministra de Justicia y al ministro del Interior. ¿Por qué se premia la ocultación de las cloacas? ¿Por qué, para mayor escarnio, se concede una medalla a Pilar Martínez Gamo,
jueza instructora del caso del pequeño Nicolás, cuyo único mérito en la investigación fue nada más y nada menos que disolver la comisión judicial? (Aplausos). ¿Ese es el mensaje que este sistema quiere mandar a los funcionarios honrados? Hemos de
recordar las frases del comisario Jaime Barrado cuando afirma que el sistema está tan corrupto que expulsa a los decentes.
Las filtraciones del excomisario Villarejo relativas a la ministra de Justicia, al exjuez Baltasar Garzón o a Juan Carlos de Borbón o a Pablo Casado son igualmente graves. Suponen el primer paso para pedir explicaciones, y en su caso la
asunción de responsabilidades políticas para quien las tengan, pero desde luego es una obligación que todas ellas se investiguen judicialmente. Por cierto, ¿se plantea el Gobierno retirar las múltiples medallas al señor Villarejo? Señores del
PSOE, el chantaje es la otra cara de la corrupción. No se puede mirar para otro lado, nosotros no vamos a mirar para otro lado y ustedes tampoco deben. Se acabaron las deudas, las grabaciones y los chantajes para influir en la democracia comprando
o atemorizando las voluntades de los representantes de las instituciones del Estado. Saquemos todo a la luz. Ya no es Pablo Iglesias o los partidos independentistas, es la democracia la que está en juego. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como hemos oído estamos debatiendo una moción consecuencia de una interpelación urgente interpuesta por el Partido Popular, con un contenido y unos tiempos que me van a permitir que califique de chocantes; tiempo y contenidos,
contenido y tiempos. ¿De qué estamos hablando? Lo explicaba muy bien la señora Moro; con la moción se pide el cese de la ministra de Justicia, y en el caso de que no dimita, que cese, o al revés, me da igual porque el orden no afecta. ¿Por qué
digo que es chocante? Porque realmente ni esta Cámara tiene competencias para provocar el cese, que es una prerrogativa personal del presidente del Gobierno, y ni siquiera la dimisión deja de ser un acto personalísimo. Por tanto es chocante, pero
es chocante también en los tiempos. ¿Por qué? Porque ni siquiera han tenido el rigor parlamentario de esperar a la Comisión de mañana, donde ella tendrá la oportunidad de explicarse ante todas las preguntas que se le pudieran formular.
Señorías, creo que deberíamos hacer un esfuerzo por volver al rigor parlamentario; ese no es el camino. Estoy convencido de que esta mañana, cuando muchos ciudadanos anónimos leían la prensa pensaban: ¿Qué habrá hecho la ministra de
Justicia para que pidan su dimisión o si no el cese, y además lo hagan sin darle oportunidad para defenderse? ¿Habrá vuelto la Santa Inquisición? Creo que habría que explicarle a este ciudadano que este Parlamento no tiene muchas ganas de oír
algunas cosas. Las cosas hay que reducirlas a esquemas para poder aprenderlas, porque solo lo que está aprendido es capaz de explicarse. Yo le diría que hay dos bloques de hechos que son los que han enfadado al Partido Popular, que ha sido
secundado por una parte de la Cámara. Son dos hechos. En primer lugar, lo que se conoce como el caso Llarena. Todos conocemos este caso bien. Ella ha tenido la oportunidad de desplegar, creo que con gran acierto, todos los motivos que llevaron a
la decisión del Gobierno, que es muy simple y le voy a dedicar medio segundo. Una demanda instrumental interpuesta por cinco prófugos de la justicia hace que el juez Llarena sea demandado, él lo transmite al Consejo, el Consejo General del Poder
Judicial insta al Gobierno, y el Gobierno, después de un proceso de información, donde hay perejiles que conocen muy bien, como son problemas de traducción, que les ahorro porque los conocemos todos, decide y el Ministerio de Justicia saca una nota
el 23 de agosto donde dice que el Estado se personará. Efectivamente hay una coletilla que deja ciertas dudas, porque en ese momento no había buen conocimiento del tema, y dos días después, desde la Presidencia del Gobierno se actúa claramente, y
se dice: toda la maquinaria del Estado se pondrá en defensa de la soberanía jurisdiccional y se está contratando un despacho de abogados para hacerlo.
Señorías, se pongan como se pongan, la ministra actuó, el Gobierno actuó, y lo hicieron cuando tenían que hacerlo, que es cuando tenían todos los elementos de conocimiento. A partir de ahí, lo que quieran, pero hay una cosa, señorías del
PP, esperábamos su comportamiento como partido de Estado,
y en esto no lo han mostrado. Quiero que recuerden la historia que está ahí, porque cuando lo han necesitado, y no cuando el PSOE ha estado en el Gobierno, sino cuando ha estado en la oposición, ante los temas de Estado siempre ha estado.
Eso va en su debe. (Aplausos).
Pero decía que hay un segundo bloque que explicaría a este ciudadano anónimo. Sí, hay un gran revuelo con unas escuchas obtenidas al parecer por una persona que está siendo investigada por delitos muy graves y de alto pelaje; escuchas que
parece que han sido hechas por esta persona en una conversación privada en un restaurante y sin conocimiento de los comensales ya hace la friolera de nueve años, cuando ninguno de los que estaba allí tenía responsabilidades de Gobierno. Señorías,
podríamos hablar de prensa y de prensas, podríamos hablar de Portadas.com, pero no, les dejo la reflexión y le diría a este ciudadano lo que nos dejo ya en su día Kapuscinski: cuando se ve que la información es un negocio, la verdad pierde
importancia. Y yo añadiría a Kapuscinski que para todos la verdad no ha perdido importancia. Me voy a centrar en los hechos. Nos decía Foucault que el poder es aquello que tiene que ser explicado. Las constituciones modernas lo han cogido, y
nuestro artículo 108 dice claramente que el Gobierno responde solidariamente por su gestión política ante el Congreso de los Diputados o también como se recoge en la exposición de motivos de la Ley de Transparencia 19/2013. Aquí hay una cosa muy
clara, y es que deberíamos hablar en un foro de manera larga, tendida y sosegada sobre qué es lo que queremos, porque tenemos que delimitar esas líneas, esas delgadas líneas rojas que nos permitan diferenciar entre lo público y lo privado, la vida
profesional de la vida del profesional (protestas), la diferencia entre lo legal, lo ilegal y lo ético, y sobre todo el respeto, también en esta Cámara, señorías.
Miren, si quiere acabar con la vida política es muy fácil, y con un eslogan lo tienen resumido, acabar con el adversario político es muy fácil: Ponga un Villarejo en su vida. Pero ese no es el camino que queremos para nuestra sociedad.
(Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 152/000003).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a la solicitud de prórroga para la finalización de los trabajos de la Comisión de Investigación relativa a la Presunta Financiación Ilegal del Partido Popular.
Dicha solicitud se someterá a votación al final de esta sesión.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN:
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y DE ESQUERRA REPUBLICANA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL INSTITUTO DE
DERECHO PÚBLICO DESDE SU CREACIÓN EN DICIEMBRE DE 2001 POR ACUERDO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS EL 12 DE DICIEMBRE DEL CITADO AÑO. (Número de expediente 156/000030).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a tratar el último punto del orden del día, correspondiente a la solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana de creación de
una comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación, en diciembre del 2001, por acuerdo de la comisión gestora de la Universidad Rey Juan Carlos, el 12 de diciembre
del citado año.
Para la defensa de la solicitud presentada por sus grupos interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Belarra Urteaga.
La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. El pasado 21 de marzo una investigación periodística de eldiario.es reveló que Cristina Cifuentes, entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, había obtenido un máster de la
Universidad Rey Juan Carlos en Derecho Autonómico con notas falsificadas; tenía dos asignaturas pendientes que pasaron de no presentado a notable dos años después de la fecha en la que la señora Cifuentes en principio había realizado el
curso. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Y esa misma noche la señora Cifuentes dijo que no pensaba dimitir y que esas acusaciones eran falsas. Al día siguiente colgó un vídeo en Twitter con su ya famoso 'No me voy,
me quedo' y aportó un acta de defensa del trabajo fin de máster con tres firmas de profesoras, de las cuales dos resultaron ser falsas, según reveló otra investigación de El Confidencial.
Por si no fuera suficiente, poco después sabíamos que el acta se había fabricado apenas unas horas después de que la polémica saltara a la prensa. Y fueron tan burdas las mentiras de la señora Cifuentes, que intentó que nos tragásemos que
había defendido su trabajo fin de máster en diez o quince minutos, el día que se celebraba la Eurocopa en Madrid, cuando ella era delegada del Gobierno. Intentó que nos tragásemos eso. Como intentó que nos tragásemos que no presentaba su trabajo
porque lo había perdido en una mudanza. Nadie en la calle creyó a la señora Cifuentes, igual que nadie creyó a la señora Montón cuando dijo que no se acordaba de dónde se daban las clases de su máster (rumores) porque iba en taxi o le llevaba un
familiar, igual que nadie se cree al señor Casado cuando dice que le han convalidado créditos de Derecho por créditos de máster, y que ha hecho su trabajo fin de máster, pero no lo quiere enseñar porque ya ha dado suficientes explicaciones.
(Aplausos). Y, ¿saben por qué nadie les creyó? Pues nadie les creyó, señorías, porque ahí fuera hay miles de alumnos y alumnas decentes que saben perfectamente el esfuerzo que cuesta sacarse un máster. Alumnos y alumnas con familias que han
tenido que elegir entre pagarles un máster a sus hijos o irse de vacaciones. Alumnos y alumnas que se matricularon en la Intranet de su universidad, que presentaron todo el papeleo, y que nunca se van a olvidar de las decenas de horas que
invirtieron en un trabajo fin de máster para que tuviera su introducción, su metodología, su análisis de datos y sus conclusiones. Estudiantes que tienen en sus ordenadores decenas de correos intercambiados con sus tutores, y también decenas de
versiones de sus TFM, con TFM final, TFM definitivo, TFM ahora sí que sí final, TFM última versión. Estudiantes a los que el día de su defensa no se les va a olvidar nunca, porque invitaron a sus amigos y a sus padres y a sus madres para mostrarles
orgullosos el trabajo que habían hecho. Y desde aquí les digo que claro que tienen que estar orgullosos, tienen que estar muy orgullosos por el esfuerzo que realizaron. Son esos mismos alumnos y alumnas a los que los dirigentes del Partido Popular
y del Partido Socialista les vendieron el Plan Bolonia, les dijeron que tenían que esforzarse más, y les dijeron que si querían trabajar tenían que sacarse un máster. Les dijeron -¡fíjense el morro que le echaban!- que si no encontraban un trabajo
era culpa suya, y les obligaron a elegir entre cobrar 1000 euros con dos másteres o la emigración. Fueron esos dirigentes los que también mercantilizaron la universidad pública, porque hacerla gratuita la democratiza, y si se democratiza los hijos
de la gente trabajadora pueden llegar donde quieran; y eso es lo que ellos no querían.
Los casos de la señora Cifuentes, de la señora Montón y del señor Casado, alumnos VIP de la Universidad Rey Juan Carlos, son intolerables, y son intolerables porque ponen en entredicho el buen nombre de la universidad pública española y el
esfuerzo de miles de estudiantes decentes. Son intolerables porque les regalaron másteres para embellecer sus currículums a modo de prebenda por ser quienes eran, y eso Unidos Podemos no lo va a consentir. Por eso proponemos hoy esta comisión de
investigación sobre el Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos, porque todo apunta a que nos encontramos ante una trama de corrupción en la que el señor Álvarez Conde regalaba títulos a políticos como prebenda. Los casos de
Cifuentes, de Montón, de Casado no son casos aislados; son una trama y, por eso, para que el buen nombre de la universidad pública no se vea emborronado por la desvergüenza de unos pocos, es nuestra responsabilidad investigar y que se diriman
responsabilidades políticas. Queremos que a los corruptos se les quiten ya las ganas de montarse chiringuitos en la universidad pública con el dinero de todos. (Aplausos). Pero es que, además, necesitamos esta comisión porque, si no, el señor
Casado, protegido por una justicia que está hecha a su medida, se va a ir de rositas. El señor Casado tiene un master falso, y si no fuera porque está aforado estaría imputado en un juzgado normal, como lo estuvieron sus tres compañeras de master.
Pero el señor Casado se esconde detrás de su aforamiento para escaparse de la justicia, ¿o es que alguien pensaba en este país que cuatro jueces del Tribunal Supremo aupados por el Partido Popular iban a imputarle?
Pues claro que no, y nosotras no somos las únicas indignadas. La jueza que imputó a sus compañeras -que dice literalmente en su escrito: se están elevando notablemente las exigencias habituales de la jurisprudencia para abrir una
instrucción penal y citar a cualquier persona a declarar como investigado-
también está bastante indignada. Así que creo que necesitamos esta comisión de investigación urgentemente para responder a una pregunta que se hacen todos los españoles y las españolas -es una pena que el señor Casado no esté hoy aquí para
responderla-: ¿cuándo va a dimitir usted, señor Casado, por obtener un master falso? (Aplausos). Otra pregunta que le hago yo al señor Casado es si no le da vergüenza seguir ocupando el escaño sabiendo que ahí fuera hay miles de estudiantes que
se esfuerzan por conseguir lo que a usted le regalaron.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Gracias, señora Belarra.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputadas, diputados, resistentes de última hora, investigar unos hechos que cuestionan el buen nombre no solo de esta universidad, la Juan Carlos I, sino del conjunto del sistema universitario, es una obligación de
este Congreso. Por eso cuando el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea nos pidió la firma, sin dudar firmamos. (Rumores). No es nuestra propuesta, pero sí que ha sido bueno que se discuta, que se hable en este
Pleno. Son muchos los estudiantes, muchos, que hacen enormes sacrificios, ellos y sus padres, para ir a la universidad. Tener un título no es algo que tú tengas en un currículum; es algo que te facilita encontrar trabajo, hacer aquello que
quieres hacer, convertirte en científico, y esto no se puede frivolizar. Es muy grave lo que ha pasado en la Juan Carlos I. (Un señor diputado: Es muy grave lo que pasa en Cataluña). Defendemos los dos platillos de la balanza en la universidad:
la autonomía universitaria y la rendición de cuentas a la sociedad. Estos platillos han de estar perfectamente equilibrados. En un mundo en el que las fuerzas políticas o económicas dominantes imponen un cortoplacismo cada vez más perceptible en
todo, en este Congreso muchas veces, tiene especial sentido que haya instituciones como las universidades en las que se fabrique una cosa tan importante como el conocimiento y el capital humano. Debe haber autonomía universitaria para investigar,
para enseñar, para aprender. Todo esto, sin embargo, debe ser contrarrestado con una rendición de cuentas a la sociedad que quizá no siempre se ha hecho y que hemos de asumir todos, universitarios y sociedad, como una obligación, no solo de quienes
manejan recursos públicos, sino de todas las instituciones que reciben la confianza de la sociedad para una cosa tan especial como crear y transmitir conocimiento. Esta es nuestra universidad y con su prestigio no se puede jugar. La universidad y
el conocimiento están por encima de los tejemanejes políticos. Por eso cuando el presidente de la CRUE decía que no pueden investigar si la universidad no lo pide, es bueno que este Congreso diga qué es lo que se ha de hacer.
Discrepo del método, y pienso que el espacio adecuado es la comunidad autónoma, pero que se hable de esto sí, que se encuentre el cauce también y la autonomía como gran elemento de prestigio y de necesidad ha de llevar a la rendición de
cuentas. Lo podemos hacer mejor, sí, no haciendo lo que se ha hecho en la Juan Carlos I en este instituto falsamente de derecho. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Olòriz Serra.
En turno de fijación de posiciones por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Seré muy breve. En primer lugar, vamos a votar a favor de la creación de esta comisión como creemos que no puede ser de otra manera, porque entendemos que corresponde al Legislativo -corresponde a todo el mundo, pero especialmente al
Legislativo- preservar y custodiar el prestigio de las universidades públicas de este país. En primer lugar, porque creemos que las universidades públicas no sólo se cuidan dotándolas de más presupuestos, cuidando y mejorando las condiciones
laborales de sus trabajadores, sino que se cuidan y se protegen también custodiando, como decía, su prestigio. Y, en segundo lugar, por respeto a los estudiantes, a aquellos que tienen ya títulos, que son doctores, que tienen másteres y que ven
afectado su título, sus esfuerzos y sus empeños puestos en esa carrera, en ese master y en ese doctorado por culpa de una mala praxis clarísima de aquellos que se creen por encima del bien y del mal. En tercer lugar, y creo que es aún más
importante, por aquellos que están decidiendo ahora qué hacer con su vida, que tienen que decidir si empezar un grado universitario, si matricularse en un máster o empezar un doctorado y que pueden ver sin duda con una vergüenza enorme cómo se
utiliza la universidad pública de su país para juegos políticos que no tocan.
Por tanto, vamos a votar a favor de esta comisión por responsabilidad y por compromiso con la universidad pública.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Miquel i Valentí.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Martín Llaguno. (El señor Esteban Bravo pide la palabra).
Disculpe, señora Martín Llaguno, no está anotado en ningún momento que el Grupo Parlamentario, PNV, hubiese pedido la palabra, pero no hay ningún problema. Si a la señora Martín Llaguno no le importa, le damos la palabra...
La señora MARTÍN LLAGUNO: No me importa.
El señor ESTEBAN BRAVO: O después.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): O después cuando ya termine, perfecto. Pero quiero decirles que no estaba anotado que fueran a intervenir.
Adelante, señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, presidenta.
Gracias al PNV por dejarme hablar antes.
Soy profesora de universidad y llevo veinte años en la universidad pública española. He pasado por todos los estamentos, desde ayudante de escuela hasta titular y catedrática, y está claro que lo que ha pasado en la universidad me duele, me
indigna y me parece intolerable. Está claro que el caso del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos es una hipérbole de la degradación y de la fagocitación política de la universidad -caso Casado, caso Montón, caso
Cifuentes-, pero que sea hiperbólico no significa que sea inédito, que sea insólito o que sea el único; solo significa que es público. Más allá de la dimensión mediática del Instituto de Derecho Público, lo que ha pasado es el síntoma de la
enfermedad que tiene la universidad, porque algo ha fallado. Podemos hacer dos cosas: podemos ponernos de perfil o podemos reconocer que hay que hacer algo. Los problemas de la universidad son conocidos por todos y son reconocidos de puertas
adentro. ¿Es que acaso no hay una parasitación de las universidades -además de esta, de las de muchas comunidades autónomas- porque las universidades dependen de los propios Gobiernos? (Rumores). ¿Es que acaso no hay una proliferación en toda la
universidad española de másteres que se han convertido en la vía de financiación de muchos centros? ¿Es que acaso no hay una falta de eficiencia en la financiación -aunque es verdad que es poca-, cuando solamente algunas universidades trabajan a
través de la transferencia de la matrícula? ¿Es que acaso no ha habido y no hay fallos en agencias como Aneca o en las agencias autonómicas de aceptación que han permitido que estos títulos y estos institutos salieran adelante? (Continúan los
rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, silencio, por favor.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Pero, sobre todo, ¿es que acaso no hay un problema flagrante de endogamia y de ceguera cuando no queremos reconocer desde la propia universidad que hay cosas que están fallando?
Señores de Podemos y señores de Esquerra Republicana, algunos de los que están en sus filas son también profesores universitarios. Nosotros vamos a apoyar la apertura de esta comisión de investigación, pero les voy a pedir una cosa, porque
nosotros hemos presentado una proposición de ley de urgencia no para hacer la gran reforma del sistema universitario, sino para devolver la dignidad a la universidad poniendo cosas de sentido común, como que los trabajos conducentes a títulos sean
públicos, que haya una fiscalización o una supervisión de las cuentas o que no haya una parasitación política de las universidades. ¿Y saben lo que ha pasado? Que el Partido Popular y el Partido Socialista se han hecho concha, se han hecho piña y
nos han dicho que no. Nos han vetado la proposición de ley. (Aplausos). Nosotros vamos a apoyar esta comisión de investigación, pero si los señores de Podemos son tan vehementes como lo ha sido la señora Ione Belarre o los señores de Esquerra
Republicana tienen un mínimo respeto y cariño por la universidad española, igual que nosotros vamos apoyar esta comisión de investigación, les pido que nos ayuden a desbloquear nuestra proposición de ley, porque es urgente, porque es necesaria y
porque no queremos que esta comisión de investigación acabe convirtiéndose en
una cortina de humo para no tratar los verdaderos problemas que acechan no a una, sino a muchas universidades.
La semana pasada salía, por ejemplo, que la Universidad Complutense de Madrid ha sido condenada por la manipulación de un tribunal de plaza. Es una, es otra y van a salir más casos. Les pido, por favor, que nos ayuden a desbloquear nuestra
proposición de ley y que sean intransigentes con el Partido Popular y con el Partido Socialista, que lo que no quieren es que se les destapen más vergüenzas. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Aguirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta.
Disculpen el error que ha habido. En cualquier caso, intervendré muy brevemente y desde el escaño. Mi grupo se va a abstener en la votación correspondiente a la creación de esta comisión de investigación. ¿Investigar? ¿Acaso alguien
tiene alguna duda de que ahí había un pozo negro sin fondo? Creo que está claro para todos. Los resultados de las investigaciones, así como las propias comisiones de investigación de esta Cámara ya sabemos todos cómo funcionan y cómo acaban:
titulares de periódico de un día y poco más; por no hablar del overbooking de comisiones que tenemos. Pero más allá del escepticismo y la desconfianza que la experiencia nos ha generado sobre las comisiones de investigación de esta Casa, sobre
todo, es porque no es el ámbito. Por mucho que consideremos que las irregularidades cometidas son supinas y por mucho que consideremos que allí ha habido cuestiones innombrables, hay una cosa que se llama el ámbito; y la autonomía universitaria es
algo que nosotros consideramos muy importante. Si alguien tiene que investigar, para empezar son las propias autoridades universitarias, que es a las que corresponde hacerlo, y si eso fuera poco, las autoridades competentes autonómicas, públicas,
por las que debe velar en este caso la Comunidad de Madrid; no sé si la Asamblea de Madrid o la Consejería de Educación y, en su caso, el Ministerio de Educación, más allá, evidentemente, de los tribunales, si es que hubiera alguna responsabilidad
penal, aunque en algunos casos diferimos bastante de las actuaciones que algunas han tenido en esta materia.
Por tanto, mi grupo se va a abstener.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea Urresti.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Como era de suponer, este debate se ha convertido en un lanzamiento de acusaciones a políticos que o bien son víctimas o se han beneficiado de las irregularidades del Instituto de Derecho Público. Pero señora
Martín, no nos hable usted de vetos sobre una proposición de ley cuando ustedes llevan permanente y sistemáticamente vetando iniciativas parlamentarias en la Mesa del Congreso junto al Grupo Popular. (Aplausos). Y señora Martín, podríamos entrar
también en un debate paralelo de por qué algunos políticos se dedican a abultar su currículum. Señores de Ciudadanos, que yo sepa el primero que ha abultado su currículum es el señor Rivera, con un máster que al final no era un máster oficial, con
un doctorando que tampoco lo era, y que desde luego fue desmentido por la propia Universidad de Barcelona. Así que les recuerdo que antes de hablar y dar lecciones también miren lo que tienen dentro de sus filas. Además, les recuerdo parte de su
programa electoral, en el que, por cierto, llevaban que iban a ser apartados de la actividad pública aquellos que hubiesen falsificado el currículum, y que yo sepa el señor Rivera sigue siendo diputado en esta Cámara. (Aplausos).
Sin embargo, centrémonos en el relato histórico de los escándalos asociados al señor Álvarez Conde y al funcionamiento del instituto, un instituto que desde sus inicios, con González-Trevijano como rector y Esperanza Aguirre como presidenta
de la Comunidad de Madrid, ha estado dominado por irregularidades como la opacidad en el proceso de consecución de los másteres, emisión de títulos fantasma, quinientos títulos de derecho irregulares a ciudadanos italianos con convalidaciones
masivas, alteración de calificaciones, borrado de información, etcétera, y otra serie de cuestiones que ya se han comentado en intervenciones anteriores, motivos, todos ellos, para que se inicie una investigación seria y rigurosa. Y en ello ya se
han tomado cartas por parte de la justicia y de la misma Universidad Juan Carlos, que ha cerrado el instituto en su momento y ha anunciado ahora un recurso por el archivo del caso Máster.
No obstante, de lo que estamos hablando hoy es de crear una comisión de investigación en el Congreso, y entendemos que el motivo o razón puede ser doble. Primero, porque afecta a las irregularidades de políticos nacionales, como el señor
Casado y, segundo, porque es necesario esclarecer qué es lo que ha pasado para evitarlo en el futuro, trasladar tranquilidad a estudiantes, docentes y a la sociedad en general y garantizar que esto no vuelva a suceder. Por ello y porque creemos y
ejercemos la transparencia, vamos a apoyar esta iniciativa, y porque también somos consecuentes con estos principios de transparencia y responsabilidad, de dignidad y de decencia, como la exministra Carmen Montón, quien asumió responsabilidades
políticas y dimitió. Siga su ejemplo, señor Casado, que ya veo que no está. Y es que su caso, el de la señora ministra, no es el mismo que el del señor Casado, porque ella sí que presentó pruebas en todo momento; presentó los correos
electrónicos, presentó un trabajo de fin de máster y, en general, presentó las pruebas que se le requirieron. Pero también debemos añadir que aunque apoyemos la aprobación de esta comisión de investigación que se quiere realizar, afecta
fundamentalmente a la propia Comunidad de Madrid, competente en política universitaria. Es decir, que se va a repetir lo que básicamente se va a tener que investigar en la propia Asamblea de Madrid que, por cierto, tiene solicitada también la
creación de una comisión de investigación. Y todo apunta a la Comunidad de Madrid y a los tiempos en que ya era rector González-Trevijano, quien autorizó inexplicablemente que el instituto gestionara directamente sus ingresos y gastos sin
fiscalización previa y con un CIF propio sin ningún control ni siquiera por la Cámara de Cuentas, y de ahí el resto de escándalos. Esto no ocurre en ninguna universidad española y es contrario a derecho.
Señorías, esta trama afecta al consejero de Educación de Madrid, Rafael van Grieken. El máster en cuestión fue aprobado, evaluado y supuestamente controlado por el Consejo de Gobierno del que van Grieken formaba parte, quien fue luego
director de la Aneca cuando el título fue evaluado y además fue presidente del Patronato de la agencia madrileña Madri+d cuando esta renovó la acreditación del título. No se puede entender cómo la Comunidad de Madrid, con responsabilidad plena,
haya podido desconocer u obviar todas estas irregularidades. Tampoco creemos que se pueda hacer barra libre para prejuzgar a nadie o para hacer escarnio público, porque ¿dónde está la auctoritas para opinar, para evaluar y para decidir sobre la
calidad de los trabajos fin de máster o sobre una tesis doctoral?, ¿es que, acaso, no hay expertos, doctores, miembros de tribunales que puedan testar o evaluar adecuadamente cualquier materia?
Nos preocupa que, en demasiadas ocasiones, se lance la piedra y se esconda la mano. De todo este debate, queda una realidad sumamente preocupante, el daño irreparable en la confianza social que debe existir en nuestras instituciones del
conocimiento, en sus procedimientos de evaluación y transparencia, que existen y funcionan. La excepción de lo sucedido en el Instituto de Derecho Público no puede ser un motivo para generalizar una sombra de sospecha sobre las universidades
españolas, pero tampoco en la Universidad Rey Juan Carlos, donde sus títulos no deberían estar cuestionados como, por desgracia, está sucediendo actualmente.
Así que, señorías, este grupo va a votar a favor de la creación de esta Comisión, en pro de la transparencia, del conocimiento de la realidad y, sobre todo, porque queremos una universidad libre de sospecha y con garantía de confianza.
Por último, me gustaría recomendar al señor Casado que no vuelva a hablar sobre la cultura del esfuerzo, del talento y de la capacidad cuando ejerce la cultura de los privilegios y del trato de favor. Su historial le resta reputación
pública y autoridad moral para hablar de los problemas del sistema educativo, algo que puede irritar mucho a más de los nueve millones de estudiantes que, día a día, se esfuerzan y que pertenecen al sistema educativo. Le aconsejo, señor Casado, que
deje al sistema educativo fuera de su discurso y se centre en lo que se tiene que centrar, en su dimisión.
Nada más. Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Martínez Seijo.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy venía a hablar del concepto de interés público, quizá porque hace poco he tenido la oportunidad de leer una tesis doctoral. No se preocupen, es una tesis doctoral que habla sobre el concepto de interés público y que dice cosas
interesantes, porque, a diferencia de otras tesis doctorales, no es un pinta, corta y colorea, es una tesis doctoral que ha exigido el esfuerzo, el trabajo y el talento de un señor que hoy tiene, dignamente, el título de doctor. (Aplausos).
Lo que sucede es que veo que aquí no interesan los conceptos constitucionales, los principios, por muy abstractos que sean, por muy poco determinados que sean, y, desde luego, el que menos interesa de todos es el de la autonomía
universitaria, que no solamente no se respeta, sino que directamente se ataca, se manosea, se pisotea, se soba y se retuerce para los propios intereses, y eso invocando el principio del interés público. Otra mentira, otro fraude, otro plagio volver
a invocar un concepto de interés público para servir a los intereses espurios y particulares de los proponentes de esta comisión de investigación y de los que actúan de palmeros. (Rumores y protestas.-Aplausos).
La cuestión que plantea la señora Belarra hoy me llama la atención, porque yo no sabía que tuviera fe y que creyera en tantas cosas, y menos sentada muy cerca de compañeros suyos como el señor Errejón, que creyó perfectamente lícito cobrar
casi 2000 euros mensuales por un contrato de investigación en una universidad pública española, es decir, de todos los españoles, sin trabajar para ganárselo. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia). Y, además, todo eso promovido,
promocionado, participado, por otro compañero suyo de Podemos, porque para eso están los amigos ¿verdad señores de Podemos? ¿Verdad, señora Belarra? La corrupción le interesa si no está en la bancada que está detrás de usted. Son cuestiones que
tienen que ver con la fe, por lo que se ve, con lo que uno cree o deja de creer. Esas otras tramas que suponen explotar los recursos públicos para beneficio particular, personalísimo, de compañeros de partido, eso no tiene nada que ver. Y yo, la
verdad, es que cuando creía que hablaba usted de chiringuitos en la universidad pública con el dinero de todos se estaba refiriendo precisamente a esto, porque si no ¿a qué nos referimos cuando hablamos del caso Errejón?
Además, nos podemos ahorrar la Comisión porque, según ha dicho usted en esta tribuna hace un momento, las conclusiones ya están dictadas. Mire, por lo menos hay alguien que dicta conclusiones; hay otros que ni siquiera las recogen en las
tesis doctorales. (Aplausos). Otros compañeros de otros grupos parlamentarios proponen, aceptan o participan en la creación de esta comisión de investigación. Me imagino que se resistirían a que investigaran otras dignísimas universidades, por
ejemplo, la Universidad de Barcelona, que ahora mismo ha detectado un error a la hora de avalar el título de doctor de un conocido político catalán, perteneciente, precisamente, a la misma formación política que va a dar su voto positivo, y van a
iniciarse los trámites necesarios para desposeer a ese político catalán de su tesis. Pues bien, investiguemos también eso, si les parece, y podemos investigarlo aquí también en Madrid, ¿no? Puesto que vamos a investigar lo de la Comunidad de
Madrid nos servirá para el resto de las comunidades autónomas.
La señora Martín Llaguno también se apunta al carro de la comisión de investigación y tiene sus razones. Bueno, yo tengo que decirle una cosa; yo soy profesora de universidad desde hace más tiempo que usted; no es mérito, es cuestión de
edad, soy más vieja, claro, es lo que pasa. Pero yo no participo de su diagnóstico. El diagnóstico mío es que yo, desde que estoy hace treinta y dos años en la universidad pública española, solo he visto gente capaz, gente que se esfuerza, que
trabaja a diario y que tiene una magnífica actividad y actuación para tener el nivel de la universidad española como uno de los más elevados del mundo. (Aplausos). Esa es la labor de los profesores y de los alumnos, esa es la que quiero defender,
y no solamente el buen nombre de la universidad española, sino también el de la Universidad Rey Juan Carlos, sí, Rey Juan Carlos -yo al rey no lo tuteo-, y la universidad que tiene entre su plantilla de 1500 docentes magníficos especialistas que la
colocan entre las diez mejores universidades españolas en cuanto a la internacionalización.
Por último, quiero referirme a lo que todos están esperando que me refiera, sí señora. Yo estoy de acuerdo en que por muchos casos que podamos tener, no dejan de ser casos puntuales de conductas inadecuadas en la universidad española. Pero
lo cierto y verdad es que si hablamos de interés público, el mismo día en que el presidente del Gobierno del plagio se niega a acudir al Senado (muestra varias portadas del ABC) a dar explicaciones, no sé ni cómo calificar el hecho de que se venga
aquí a pedir una comisión de investigación por unos hechos infinitamente menos graves que afectan a una pluralidad de personas, (varias señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso corean palabras que no se
perciben.-Protestas.-Aplausos) algunas de las cuales han sido absolutamente exculpadas por nuestros tribunales de justicia y, además... (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, silencio.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: ... estamos hablando de personas que lo único que han hecho ha sido cumplir con lo que se les pedía, o al menos eso es lo que dice la señora Montón.
Muchas gracias. (Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En dos minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY DE COMUNIDADES Y CIUDADES AUTÓNOMAS. (VOTACIÓN):
- DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA, SOBRE GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA RENOVABLE PARA AUTOCONSUMO. (Número de expediente 125/000003).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comienzan las votaciones. Vamos a votar, en primer lugar, la toma en consideración de la proposición de ley de la Asamblea Regional de Murcia sobre generación de energía eléctrica renovable para autoconsumo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339 más 4 votos telemáticos, 343; a favor, 332 más 4 votos telemáticos, 336; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE CAMBIO CLIMÁTICO Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000247).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de cambio climático y transición energética.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 4 votos telemáticos, 344; a favor, 138; en contra, 172 más 4 votos telemáticos, 176; abstenciones, 30.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, no se toma en consideración la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA A LA PROMULGACIÓN DE UNA LEY DE APOYO A LAS FAMILIAS. (Número de expediente 162/000741).
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora, señorías, a votar el texto de las proposiciones no de ley, según lo acordado en el curso del debate. En primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso relativa a
la promulgación de una ley de apoyo a las familias. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Popular, Socialista y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 259; abstenciones, 81.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL. (Número de expediente 162/000757).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la lucha contra la pobreza infantil. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios
Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Esquerra Republicana de Catalunya y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 201; abstenciones, 139.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA LLEVAR A CABO EL GOBIERNO PARA DESPOLITIZAR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y PARA GARANTIZAR LA PROFESIONALIDAD Y LA IMPARCIALIDAD DE LOS NOMBRAMIENTOS EN EL SECTOR PÚBLICO.
(Número de expediente 173/000107).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre las medidas que piensa
llevar a cabo el Gobierno para despolitizar la Administración pública y para garantizar la profesionalidad y la imparcialidad de los nombramientos en el sector público. La vamos a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 31; en contra, 172; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A GARANTIZAR EL DERECHO A UN ABORTO SEGURO, LIBRE Y GRATUITO PARA TODAS LAS MUJERES. (Número de expediente 173/000108).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a garantizar el derecho a un aborto seguro, libre y gratuito para todas
las mujeres. Se vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por los grupos parlamentarios Socialista y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 163; en contra, 137; abstenciones, 39.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, AL OBJETO DE CONOCER CUÁNDO VA A DIMITIR LA MINISTRA DE JUSTICIA Y, EN CASO DE NO HACERLO, QUE SE ACUERDE SU CESE DE FORMA INMEDIATA. (Número de expediente 173/000109).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso al objeto de conocer cuándo va a dimitir la ministra de Justicia y, en caso de no hacerlo, que se acuerde su
cese de forma inmediata. Se vota en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 166; en contra, 91; abstenciones, 83.
La señora PRESIDENTA: Aprobada. (Aplausos.-Algunas señoras y señores diputados: Dimisión, dimisión).
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DEL PLAZO PARA LA FINALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PARTIDO POPULAR. (Número de expediente 152/000003).
La señora PRESIDENTA: Se somete ahora al Pleno la solicitud de prórroga del plazo para la finalización de los trabajos de la Comisión de investigación relativa a la presunta financiación ilegal del Partido Popular.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento).
Aprobada.
SOLICITUDES DE CREACIÓN DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA Y DE ESQUERRA REPUBLICANA, DE CREACIÓN DE UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN RELATIVA A LAS PRESUNTAS IRREGULARIDADES COMETIDAS POR EL INSTITUTO DE
DERECHO PÚBLICO DESDE SU CREACIÓN EN DICIEMBRE DE 2001 POR ACUERDO DE LA COMISIÓN GESTORA DE LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS EL 12 DE DICIEMBRE DEL CITADO AÑO. (Número de expediente 156/000030).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a votar... (rumores) -¡ay, qué paciencia!- ... la solicitud de los Grupos Parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y de Esquerra Republicana de creación de una
comisión de investigación relativa a las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto de Derecho Público desde su creación en diciembre de 2001 por acuerdo de la Comisión Gestora de la Universidad Rey Juan Carlos el 12 de diciembre del
citado año.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 198; en contra, 133; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la creación de dicha comisión. (Aplausos).
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas. Muchas gracias.
Eran las nueve y cuarenta minutos de la noche.