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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 148, de 18/09/2018
cve: DSCD-12-PL-148
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 148
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 141
celebrada el martes,
18 de septiembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 307-1, de 7 de septiembre de
2018. (Número de expediente 122/000269) ... (Página5)
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número
265-1, de 7 de mayo de 2018. (Número de expediente 122/000234) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la lucha contra el fraude fiscal y la promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número
407, de 7 de septiembre de 2018. (Número de expediente 162/000731) ... (Página28)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la jurisdicción española y condena del acoso separatista contra jueces y fiscales. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 407, de 7 de septiembre de 2018. (Número
de expediente 162/000755) ... (Página37)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aplicación de la moratoria para paralizar la salida de los militares de tropa y marinería temporales al cumplir 45 años. (Número de expediente
173/000101) ... (Página45)
- Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras la supresión de los aforamientos políticos. (Número de expediente 173/000102) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los síntomas de desaceleración de la economía española. (Número de expediente 173/000103) ... (Página60)
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página68)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página69)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página69)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página5)
Del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera ... (Página5)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Blanquer Alcaraz, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro, los señores Martínez Oblanca y Salvador Armendáriz, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, y los señores Candela Serna y Bel Accensi,
del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos;
Guijarro García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Píriz Maya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética ... (Página17)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Martín González, doña Lucía, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde, Sorlí Fresquet y Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario
Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Cantó García del Moral, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la señora Zurita Expósito, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Proposiciones no de ley ... (Página28)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la lucha contra el fraude fiscal y la promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal ... (Página28)
Defiende la proposición no de ley la señora Vera Ruíz-Herrera, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores De la Torre Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Hurtado Zurera, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Matute García de Jalón, Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor
Margall Sastre, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Romero Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora Vera Ruíz-Herrera.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la jurisdicción española y condena del acoso separatista contra jueces y fiscales ... (Página37)
Defiende la proposición no de ley el señor Girauta Vidal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Campo Moreno, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Salvador Armendáriz y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Esteban Bravo, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i Lozano, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana; y los señores Moya Matas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Molinero Hoyos, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Girauta Vidal.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página45)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aplicación de la moratoria para paralizar la salida de los militares de tropa y marinería temporales al cumplir 45 años ...
Defiende la moción el señor Delgado Ramos, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la enmienda presentada por su grupo parlamentario.
En defensa de la enmienda presentada interviene la señora Cantera de Castro, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Cano Leal, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Candón
Adán, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Delgado Ramos.
Del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras la supresión de los aforamientos políticos ... (Página50)
Defiende la moción el señor Rivera Díaz, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Mixto, así como la señora Beitialarrangoitia Lizarralde y el señor Baldoví Roda, del mismo grupo; los señores Legarda Uriarte, del Grupo
Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Cámara Villar, del Grupo Parlamentario Socialista, así como la señora Escudero Berzal, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Eritja Ciuró, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y la señora Pita Cárdenes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Rivera Díaz.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los síntomas de desaceleración de la economía española ... (Página60)
Defiende la moción el señor Ruano García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y Palacín Guarné, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores
Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Montero Soler, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Ruano García.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página68)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, se aprueba
por 176 votos a favor más 5 votos telemáticos, 181; 163 en contra más 1 voto telemático, 164, y 1 abstención.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de emergencia habitacional en familias vulnerables
en el ámbito habitacional y de la pobreza energética, se aprueba por 172 votos a favor más 5 votos telemáticos, 177; 163 en contra y 5 abstenciones más 1 voto telemático, 6.
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página69)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la lucha contra el fraude fiscal y la promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal, se rechaza
por 82 votos a favor, 134 en contra y 124 abstenciones.
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, relativa a la defensa de la jurisdicción española y condena del acoso separatista contra jueces y fiscales, se aprueba por 251 votos a favor, 88 en contra y 1
abstención.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página69)
Sometida a votación la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, relativa a la aplicación de la moratoria para paralizar la salida de los militares de tropa y marinería temporales al cumplir 45 años, se rechaza por 114 votos a favor, 219 en contra y 7 abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras la supresión de los aforamientos políticos,
se aprueba por 253 votos a favor y 87 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso,
sobre los síntomas de desaceleración de la economía española, se rechaza por 164 votos a favor, 167 en contra y 9 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y diez minutos de la noche.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000269).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos con el debate de la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Para
la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista me dirijo a ustedes para solicitarles la toma en consideración de esta proposición de ley, que pretende la modificación del artículo 15.6 de la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con el objetivo de permitir que el rechazo o veto en el Senado de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública pueda ser levantado por el Congreso por mayoría
simple. Señorías, existen razones técnico-jurídicas, políticas, económicas y sociales que así lo justifican.
Respecto a las razones técnico-jurídicas he de decirles que pretendemos aprobar un procedimiento acorde con la regla general en el procedimiento legislativo en España. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora BLANQUER ALCARAZ: La reforma que les proponemos busca además la coherencia entre la aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública con la tramitación parlamentaria de los Presupuestos Generales del
Estado. Con ello el Congreso de los Diputados recupera la facultad de imponer su criterio al que manifieste la Cámara Alta en caso de desacuerdo, una facultad reconocida en la Constitución española de acuerdo con el artículo 90.2, una facultad que
la Cámara Baja, el Congreso, nunca debió perder para la fijación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, otorgándole al Senado una capacidad de veto que no puede ser levantado por el Congreso, y que responde a un modelo de
bicameralismo perfecto que no se corresponde con el que establece la Constitución española. Se trata de establecer por tanto un procedimiento que es plenamente coherente con el modelo de procedimiento legislativo establecido por la propia
Constitución.
El Tribunal Constitucional, en su Sentencia 97/2002, ya destacó la diferente posición que ocupan el Congreso de los Diputados y el Senado en el procedimiento legislativo ordinario. Sin embargo con la redacción actual del artículo en
cuestión se les colocaba en la misma posición, apareciendo la posibilidad de un eventual bloqueo político parlamentario. Sin duda el anterior ministro de Hacienda del Partido Popular quiso hacer valer su mayoría absoluta en el Senado para
asegurarse de manera partidaria mantener la capacidad de decisión ante una Cámara Baja cada vez más fragmentada, y lo hizo, señorías, de manera torticera, incorporando una excepción al procedimiento legislativo no contemplada en la Constitución
española, lo hizo sin diálogo, lo hizo unilateralmente, imponiéndolo, sin consenso, y recortando al Congreso de los Diputados una de las atribuciones legítimamente otorgadas por la Constitución española en el procedimiento de aprobación de la
legislación, reconocida, como ya he dicho antes, en el artículo 90.2. Y ahora nos encontramos con la siguiente situación: los objetivos de estabilidad presupuestaria y los objetivos de deuda pública propuestos por el Gobierno son los acordados con
la Comisión Europea, son los aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde están representados los Gobiernos de las comunidades autónomas, y son los aprobados por la Comisión Nacional de la Administración Local. Si estos son
aprobados finalmente por el Congreso, con el amplio acuerdo de la mayoría de las distintas formaciones políticas con representación parlamentaria, la realidad es que el Senado podría con su veto o rechazo impedir la aprobación de los mismos, y por
tanto -y ahí viene lo importante- impedir hacer valer los acuerdos alcanzados con las distintas instituciones para la elaboración de sus correspondientes presupuestos.
El Partido Popular en el Congreso de los Diputados el 27 de julio ya nos dijo que no iba a aprobar la nueva senda propuesta por el Gobierno, y no conocemos que vaya a cambiar de opinión. Por tanto es de suponer que el Senado lo rechazará.
Y si el Senado ejerce el veto o rechazo sin posibilidad de levantarlo el Congreso, se estaría dando una eventual situación de bloqueo parlamentario totalmente rechazable ya no solo desde el punto de vista técnico-jurídico, sino también desde el
punto de vista político. Porque si no se aprueban los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, no se pueden elaborar los presupuestos con estos objetivos, ya que son la base de los presupuestos, tal y como indica el artículo 15.7
de la Ley 2/2012. Ahí está lo que realmente nos ocupa, señoría, permitir que el Gobierno pueda elaborar unos presupuestos para el año 2019 que incorporen una agenda económica y social justa, y permitir que las distintas administraciones públicas
puedan acomodar la elaboración de sus presupuestos a los nuevos objetivos planteados. Para ello es imprescindible aprobar una nueva senda de estabilidad presupuestaria.
Señorías, hoy cuestionamos la forma en que se aprueba la senda de estabilidad, pero el para qué se aprueba también es importante, de ahí que indique razones económicas y sociales para la consideración de esta iniciativa. Es necesario
impedir que haya bloqueo a aprobar una nueva senda de déficit ya propuesta, que está basada en datos realistas, creíbles y responsables con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de España, y que además es razonable porque no se puede
pedir más ajuste estructural del que exige Europa, como así lo pide la senda vigente. Es urgente actualizar la senda de estabilidad para tramitar los Presupuestos Generales del Estado sobre la base de unos nuevos objetivos, y que así pueda
conjugarse estabilidad presupuestaria, saneamiento de las cuentas públicas y consolidación del Estado del bienestar; señorías, consolidación del Estado del bienestar, porque si el Senado ejerciera el veto o rechazo sin posibilidad de levantarlo,
primero, estaría limitando la competencia del Gobierno reconocida en el artículo 134 de la Constitución española de elaboración de los Presupuestos
Generales del Estado, puesto que estaría impidiendo el inicio de su tramitación, dejando en manos del Senado la potestad de decidir sobre el proceso presupuestario, de hecho algún autor de prestigio, como Tomás de la Quadra-Salcedo, incluso
ha ido un poco más allá al cuestionar la constitucionalidad de la existencia misma de una ley como la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en tanto que no respeta las competencias constitucionalmente reconocidas al
Gobierno de elaboración del presupuesto, y segundo, estaría limitando la autonomía financiera de las comunidades autónomas y entes locales, que también se ven limitados en la elaboración de sus presupuestos. En el caso de no ser aprobados los
objetivos en las Cortes Generales, a pesar de ya ser acordados y compartidos los nuevos objetivos en sus respectivos ámbitos, no pueden aplicarlos a sus procesos presupuestarios y, señoría, lo han hecho en dos ocasiones. Por tanto, ¿qué sentido
tiene esta norma? Ninguno. ¿Y por qué no tiene sentido? Primero, porque la intervención de las comunidades autónomas en la definición de los objetivos se garantiza por su participación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y no en el
Senado, como argumentamos en la propia iniciativa. Y segundo, porque cuando hablamos de la situación financiera de las comunidades autónomas estamos hablando de poder financiar la mayor parte del Estado del bienestar, estamos hablando de poder
financiar la educación, de poder financiar la sanidad y la atención social. Señorías, estamos hablando de personas, estamos hablando de poder contar con más recursos para reforzar estos servicios. Si el Gobierno de España ha pactado con Europa un
mayor margen en los objetivos de estabilidad para las comunidades autónomas, ¿por qué no tienen que ser estos aprobados? ¿Por qué van a tener que dejar de disponer de los 2500 millones de euros más que les supone este margen concedido por Europa y
por el Gobierno? Señorías, es irracional y no es asumible no poder disponer de 2500 millones de euros más para las comunidades autónomas cuando así lo reivindica una mayoría. No es razonable no disponer de 6000 millones más para el conjunto del
Estado cuando realmente, señoritas, se necesitan.
La senda de estabilidad vigente, con la información que tenemos, ya es irreal, y por tanto no razonable. ¿Por qué vamos a exigirles a las comunidades un esfuerzo mayor que el que exige Europa para los próximos años, a las que además ya
sabemos que les será imposible poder asumirlo? Por cierto, la derecha española continúa con su mantra de que pretendemos más déficit y más deuda. En cada una de sus intervenciones lo repiten, pero no por más repetirlo es cierto. No planteamos
como objetivo ni más déficit ni más deuda para el año 2019 con respecto a 2018. Lo que pretendemos con los nuevos objetivos es poner en evidencia una realidad que ya existía, pero que el Gobierno anterior de manera persistente mantenía oculta, y
era que los objetivos que planteaban eran irrealizables.
Por todo lo expuesto, y como corolario, mediante esta proposición de ley, señorías, lo que pretendemos es, primero, corregir una situación de bloqueo eventual, ya advertido por el Consejo de Estado en su dictamen de 2012, que puede impedir
la aprobación de la nueva senda de estabilidad propuesta por el Gobierno. Segundo, pretendemos revertir el atropello a esta Cámara que hizo el Gobierno del Partido Popular. Tercero, pretendemos deshacer el posible bloqueo que se puede producir a
las decisiones de un Gobierno legítimo, elegido democráticamente, y que las toma de acuerdo a sus competencias constitucionalmente atribuidas. Y cuarto, pretendemos que el procedimiento de aprobación de los objetivos de estabilidad presupuestaria y
de los objetivos de deuda pública sea ágil y coherente con el modelo de procedimiento legislativo configurado por nuestra Constitución, en el que el Congreso prevalece sobre el Senado en caso de discrepancia.
Señora presidenta, señorías, termino como empecé. Como hemos argumentado, la iniciativa que hoy presentamos se justifica desde el punto de vista técnico-jurídico y político, pero también existen razones de carácter económico y social que
hacen evidente no solo la consideración de esta iniciativa, sino además que pudiera aprobarse en lectura única, como así solicitamos a la Mesa de esta Cámara. No olviden que vivimos momentos extraordinariamente complejos. Los retos a los que se
enfrenta la sociedad requieren de instituciones que sean ágiles, que estén preocupadas y ocupadas en hacerlos frente, que estén preocupadas y ocupadas en atender las necesidades de las personas. Lo que proponemos hoy con esta iniciativa es un
cambio coherente y responsable de procedimiento constitucional que así lo haga posible. Por tanto, señorías, les pedimos que tomen en consideración esta proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. Nueva Canarias va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley orgánica por razones que creemos elementales de carácter constitucional y democrático. No es aceptable que el Senado tenga preeminencia
sobre esta Cámara a la hora de dictaminar proyectos de esta naturaleza; y desde el punto de vista del Gobierno porque los Gobiernos tienen la responsabilidad y el derecho de elaborar los presupuestos. Otra cosa es que después superen o no el
trámite en esta Cámara, de forma que nos parece absolutamente ajustada a todas las necesidades de hoy en día esta proposición de ley.
También hay que decir que creemos que es el momento de resolver un asunto de una enorme relevancia, que ha denunciado la FEMP en España, presidida por el señor Abel Caballero, y que hemos denunciado desde Nueva Canarias. No es posible que
las comunidades autónomas, las corporaciones locales, diputaciones y cabildos, que han cumplido, que tienen superávit, que han cumplido con los objetivos de déficit, con los de deuda y han cumplido con el pago a los proveedores, se encuentren con
una fortuna en los bancos con las necesidades que tienen que atender.
Nosotros vamos a formular una enmienda a esta proposición de ley, en su momento proyecto de ley, en esta dirección, porque entendemos que no es razonable que de los 1000 millones de euros que existen en este momento en Canarias, sin contar
la comunidad autónoma, fíjense ustedes, la financiación de las inversiones sostenibles ha representado el 2,7 % de esa cantidad. Eso no es suficiente y es necesario corregirlo. Esto lo apoyará Nueva Canarias y formulará una enmienda en el proceso
posterior, si se supera esta etapa.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, señora Blanquer, lo que no puede pasar es que la nueva senda de déficit sea estupenda, con 2500 millones más, para todas las comunidades autónomas menos para Canarias, porque tiene superávit. (Denegaciones por parte de la
señora Blanquer Alcaraz). Sí, señora, sí señora, y lo que no puede pasar es que se use el superávit de Canarias, una comunidad que ha cumplido, para compensar el déficit de las incumplidoras. Y sobre todo con el discurso que usted ha hecho, y que
yo comparto, me encanta su discurso, pero lo único que pide Canarias es que ese superávit se dedique a la mejora de la financiación de los servicios esenciales en la comunidad: la sanidad, la educación, los servicios sociales. Y si nosotros
aprobamos y no se permite la inversión del superávit en servicios esenciales no tenemos ninguna ventaja en la nueva senda de déficit. Hemos tenido la pelea relativa a inversiones sostenibles. El problema de Canarias no son las inversiones
sostenibles. El problema de los ayuntamientos y de las comunidades como la nuestra es la financiación de los servicios esenciales, cuando además el Gobierno socialista -que estamos de acuerdo- empieza a tomar acuerdos en Consejo de Ministros a
costa de los presupuestos de las comunidades, y sin cambiar el sistema de financiación. Ustedes tenían el mismo discurso cuando estaban en la oposición que el que tengo yo ahora aquí. Las administraciones que han cumplido tienen que poder invertir
su superávit en los servicios esenciales, y sobre todo en los servicios sociales los ayuntamientos, y en la educación, la sanidad y la dependencia las comunidades autónomas.
Nosotros vamos a apoyar esto, pero vamos a poner esa regla. Ya está bien de que los 600 millones de superávit de Canarias se dediquen a compensar el déficit de Valencia, de Cataluña, de no sé qué y de no sé cuántos. Los ajustes no los
hacemos los Gobiernos. Los ajustes los han hecho los ciudadanos, las comunidades que han cumplido y los ciudadanos de esas comunidades. Por eso lo vamos a apoyar, pero vamos a enmendarlo en la materia que le he dicho.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, también por el mismo grupo, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Hace casi dos años respaldé en nombre de Foro la reforma de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la que ahora se pretende dar un giro radical con esta proposición suscrita al alimón por alguno de los
socios parlamentarios del Gobierno. De salir adelante esta
toma en consideración nos devolvería instrumentos legislativos que acabaron por arrastrar a todos los españoles a una crisis lacerante, con millones de personas engrosando las cifras del paro, y también a una reforma constitucional que voté
en contra, producto del sistemático incumplimiento de las leyes y del colosal fracaso económico del Gobierno del Partido Socialista, entonces presidido por el señor Rodríguez Zapatero. Esta tarde se pretende volver a las andadas desoyendo los
mandatos del Capítulo III de la Constitución, que hablan de la obligación de los poderes públicos para promover el progreso social y económico, subrayando que se hace en el marco de una estabilidad económica. Hoy con esta reforma legislativa se
pretenden implantar las bases para que España retroceda a tiempos de incertidumbre, de inestabilidad y de crisis galopante.
A este retroceso que ratifica la irresponsable deriva del Gobierno, auxiliado por sus socios, se le añade entre otros aspectos el ataque a las competencias legislativas y de control que tiene el Senado, Cámara que junto con el Congreso de
los Diputados es depositaria de la soberanía nacional, a la que se le quieren sustraer sus legítimas funciones en una peligrosa operación para cambiar las reglas del juego democrático parlamentario a conveniencia. Los socialistas en definitiva
cuando están en el Gobierno debilitan la función de control del Parlamento, pero cuando están en la oposición reclaman lo contrario. Esta es otra muestra del sentido de Estado del PSOE de Pedro Sánchez.
Los términos de esta proposición de ley suponen una involución democrática que denunciamos en esta tribuna y que rechazaré con mi voto.
Gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra ahora el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Hemos escuchado con atención las razones que esgrimen para justificar este cambio en la ley, hemos estudiado los argumentos de la iniciativa, y la verdad es que no nos convencen, señorías. Dice el texto que para el cumplimiento de los
compromisos adquiridos por España se requiere esta modificación legislativa, cuando lo cierto es que hasta ahora se han cumplido los compromisos sin necesidad de esta modificación. Dice que con este cambio daremos la importancia debida a cada
órgano constitucional creado por nuestra Constitución, pero para ello disminuimos deliberadamente el papel legislativo del Senado. Tampoco es cierto que la actual ley, como dice el texto, imponga un procedimiento legislativo que no respete la
posición atribuida por la Constitución al Congreso y al Senado. Eso es tanto como decir que ahora hará lo mismo. También lo impondremos con este cambio. Que ahora el legislador elimine esta paridad entre Cámaras a la hora de legislar no significa
que lo que ahora existe sea una anormalidad normativa; es igualmente legítima. Lo cierto es que los debates doctrinales que hablan de cómo poner en valor el Senado van justo en la dirección contraria de lo que ustedes están haciendo ahora mismo.
Además estamos convencidos de que si la mayoría fuera otra en el Senado no esgrimirían y no apoyarían sus propios argumentos. El fin no justifica los medios.
La votación de la estabilidad por ambas Cámaras para nosotros es una garantía para que el marco general pueda ser aprobado con un gran consenso. Mejor eso que no el coste que vamos a tener que asumir todos los españoles por los noventa y
dos escaños que les faltan a los ochenta y cuatro, sobre todo, señorías, si como ya anuncian, tras la aprobación de este cambio lo que viene es un aumento irresponsable del gasto público o una subida indeseable de los impuestos en el momento de
mayor recaudación histórica en muchos años. Por tanto nosotros no vamos a dar esa facilidad a su grupo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Muchas gracias, presidenta.
Euskal Herria Bildu continúa considerando necesario derogar la Ley de Estabilidad Presupuestaria por cuanto supone dar absoluta prioridad en la política presupuestaria al pago de la deuda pública, poniendo esta por delante de las necesidades
sociales y las políticas públicas destinadas a darles respuesta. La decisión, en primer término, de cambiar el artículo 135 de la Constitución, reforzando la apuesta por la austeridad con la aprobación de la Ley de Estabilidad, ha supuesto durante
estos años poner en grave riesgo los recursos necesarios para el sostenimiento de las políticas de educación de calidad, de la
universalidad de la salud, de la dignificación de las pensiones y un largo etcétera. Así pues cuenten con nosotros para una derogación, no para reformas cosméticas. Ahora bien, al igual que somos profundamente críticos con el contenido de
la ley también lo somos en lo que respecta a su tramitación. Fue del todo inaceptable la premura de procedimiento para la reforma exprés de la Constitución, y fue igualmente un intento, en este caso por parte del PP, de lograr una garantía de
aprobación superior a la que los órganos a las urnas le concedían establecer que el Senado tendría la última palabra en lo que a estabilidad presupuestaria se refiere, es decir, derecho a veto. En última instancia es lo que buscaba: garantizar el
control absoluto, estableciendo como dice la proposición de ley a debate, un mecanismo de aprobación ajeno al funcionamiento ordinario. Y ahora los mismos que querían hacer trampas pretenden engañar diciendo que se intenta usurpar al Senado su
cometido, algo radicalmente falso, con el apoyo sorpresivamente de quienes vienen demandando la reforma del Senado por no ser representativa del sentir de la ciudadanía. Dicho esto finalizo reiterando que votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Candela Serna.
El señor CANDELA SERNA: Gràcies, senyora presidenta.
Si hay alguna ley que represente la ruptura del contrato social en este país, si hay una ley que explique y represente todos los cambios políticos en este país es precisamente esta ley. Esta ley no solo antepuso los intereses privados a los
públicos, no solo antepuso rescatar bancos a rescatar personas, sino que también alteró el funcionamiento normal de las instituciones democráticas de este país, atribuyendo al Senado una posición que no le pertenece. Y aquí está la cuestión. Esta
PL lo que pretende, en consonancia con el cambio político que estamos iniciando, es devolver la normalidad democrática a este país, ordenar y dar sentido al caos heredado del Partido Popular. Seguramente, tanto PP como Ciudadanos, cuando vengan
aquí a argumentar dirán que esta PL es un atropello a la democracia, y a mí me gustaría decirles que cuando suban a esta tribuna recuerden lo que han hecho en Europa, poniéndose al lado del fascismo de Viktor Orbán.
Termino. Señorías del Partido Socialista, en una entrevista reciente el presidente del Gobierno se olvidó de Compromís. Quizá sea un lapsus. No nos obliguen también a nosotros a tener un lapsus, porque estamos de acuerdo en una cuestión:
esta legislatura tiene que empezar a terminar con las desigualdades económicas. Pues bien, eso implica solucionar el caso y el problema valenciano.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias.
Una semana más les recuerdo que existen presos políticos (aplausos) y otra semana más les debo recordar que desde la justicia europea se ha puesto de manifiesto la fragilidad de las instituciones judiciales españolas. En todo caso vamos a
votar a favor. No veo ahora a la señora Blanquer, pero vamos a votar a favor. Lo incomprensible es que esta iniciativa no llegase antes, porque, claro, ya sabíamos cuál era la situación y se lo advertimos. No obstante también debo decir una cosa
al grupo mayoritario, sobre todo al Gobierno. Que les votemos a favor esta iniciativa no significa que vayamos a votar a favor de cualquier propuesta de objetivos de déficit y techo de gasto que traigan. Saben que tenemos una cuestión pendiente,
que es la flexibilización de la regla del gasto para los ayuntamientos. Este es un tema prioritario, y vamos a condicionar nuestro voto en este sentido.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta.
Arratsalde on. Buenas tardes, señorías. Hoy debatimos la proposición de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, una modificación que, no nos engañemos, se presenta ahora
por la dificultad o, mejor dicho, por la imposibilidad de aprobar los objetivos de déficit presentados por el Gobierno ante la capacidad de veto que a día de hoy tiene el Senado. Sí hay que recordar que durante el trámite de esta Ley de Estabilidad
en el año 2012 el PP se
guardó un as en la manga, cual fue la modificación del artículo 15.6, dejando la aprobación definitiva de los objetivos de déficit o la senda de déficit en manos del Senado, es decir, de una Cámara cuya función ha sido normalmente de segunda
lectura y sin capacidad de veto, muy lejos de ser una Cámara de representación territorial. En julio, el Gobierno trató de aprobar los objetivos de déficit y al encontrase con esta situación, entendemos que tenía dos alternativas: o pactaba con el
PP para no afrontar el veto en el Senado, ya que en esta Cámara tenía mayoría, o debía plantear una reforma de la ley para desbloquear el susodicho veto. Al no conseguir lo primero, es ahora cuando se plantea esta segunda opción para volver a la
redacción de la Ley de Estabilidad del año 2007 y, por tanto, plantear el mismo procedimiento que existe para cualquier otra ley. En definitiva, de lo que se trata es de acabar con la postura decisiva del Senado para poder sacar adelante el
objetivo de déficit y, por lo tanto, presentar unos presupuestos más expansivos que los de 2018, ya que este nuevo PP ha dejado claro que utilizará su mayoría en el Senado para vetar esta senda. Eso sí, esgrimiendo como razón fundamental para no
apoyarla garantizar la estabilidad económica para evitar la quiebra del país cuando desde el PP conocen, por supuesto, que la senda propuesta es más ajustada a la realidad económica, tal y como lo venimos diciendo distintos grupos políticos, pero
también, lo ha dicho la AIReF.
A pesar de que estamos de acuerdo con esta modificación, hay que reconocer que todo el procedimiento en lo acontecido en torno a este tema ha sido un tanto rocambolesco, y parece que ha adolecido de una cierta falta de coordinación o
negociación con otros grupos políticos. En julio, la señora ministra nos vino a decir que presentaría la misma senda de estabilidad en el plazo de un mes y descartó una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para impedir que el Senado
tuviera capacidad de veto. En este sentido, entendemos que las contradicciones y rectificaciones no pueden ni deben ser la seña de identidad de un Gobierno, y eso que rectificar también es de sabios. Como dijo nuestro portavoz, el señor Esteban,
la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria es legal, pero estéticamente la verdad es que no queda muy bien.
Por otro lado, hay que decir que, teniendo en cuenta las limitaciones de la gobernanza europea, del contexto todavía en dificultad y de la necesidad de una estabilidad económica -una estabilidad que, por cierto, también reclamaba el anterior
Gobierno liderado por el Grupo Popular-, no se puede o no se debe actuar por rencor o venganza sino, a nuestro entender, por razones económicas; razones, además, semejantes a las que en su día fueron esgrimidas por el Grupo Popular cuando estaba en
el Gobierno, y que también planteaba unos objetivos más flexibles para todas las administraciones. En base a ello, pediría una responsabilidad a los demás grupos políticos, una responsabilidad que hoy al parecer sería inexistente no solo en el
Congreso, sino también en el Senado; Cámara esta en la que una mayoría bloquearía una senda del déficit más expansiva que la promovida por el anterior Ejecutivo.
Como ya dije en mi intervención en julio, el debate sobre el techo de gasto es un debate macroeconómico y lo que nos ha de importar, de verdad, es la concreción de cifras de presupuesto porque es ahí donde veremos las prioridades y apuestas
del ejecutivo. Para ello es necesario, por tanto, romper con este veto del Senado, que a día de hoy impide este debate, entre otras razones, porque creemos que una parte no ha asumido el resultado de una moción de censura; y parece que se
justifica ese veto más bien por despecho que por motivos, de garantizar la estabilidad económica para evitar la quiebra de un país, como los esgrimidos por el Grupo Popular.
En cuanto al procedimiento de urgencia y lectura única, hay que decir que la necesidad de unos presupuestos lo justifica, pero es que además hay que recordar que en 2016 el PP, PSOE y Ciudadanos impulsaron un cambio de la Ley de Estabilidad
Presupuestaria de manera urgente para habilitar al entonces Gobierno en funciones a modificar los objetivos de déficit, por lo que es perfectamente plausible este procedimiento. Por otro lado, y ya que hablamos de la modificación de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria, entendemos también que en algún momento habría que abordar otra modificación de la misma, que tantas veces hemos reivindicado todos los grupos políticos -que también hoy han hecho algunos-, como es la regla de gasto, que
encorseta a las distintas administraciones en sus políticas.
En definitiva, este grupo votará favorablemente a esta proposición de ley orgánica por todo lo mencionado y, concretamente, porque está de acuerdo con eliminar la excepcionalidad que existe en torno a las normas relacionadas con el techo
presupuestario y objetivos de déficit, de manera que se evite el veto del Senado y que estas normas se rijan también por el régimen general que se aplica en las Cortes para aprobar las leyes donde el Senado actuaría como Cámara de segunda lectura.
Muchísimas gracias. Eskerrik asko.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta. Bona tarda, diputadas, diputats. Buenas tardes, señora ministra.
En el debate del pasado mes de julio nos abstuvimos en la propuesta sobre el techo de gasto básicamente por dos motivos. El primero, y muy importante, es que aunque el Congreso hubiera aprobado tal propuesta, el Senado hubiera obstaculizado
con la mayoría absoluta del PP tal aprobación debido a la reforma del apartado 6 del artículo 15 que aprobó el Gobierno del Partido Popular en el año 2012.
Se lo dijimos antes y durante el debate: o bien se reformaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria o no tenía ningún sentido no solamente votar a favor, sino iniciar negociaciones al respecto. Por lo tanto, celebramos su rectificación y
vamos a votar a favor de esta proposición de ley orgánica de reforma de la Ley 2/2012, de 27 de abril.
En segundo lugar, nos abstuvimos porque entendíamos que teníamos que sentarnos con el Gobierno para abordar los objetivos de estabilidad presupuestaria y déficit que debemos imputar a las distintas administraciones públicas. En estos
últimos años, durante el Gobierno del PP, se han distribuido de forma injusta los objetivos de déficit hacia las comunidades autónomas y, en concreto, hacia Cataluña; unas comunidades que han tenido que hacer esfuerzos ingentes para cumplir con los
objetivos de déficit. En el caso de la Generalitat, por ejemplo, con un déficit del 2,8 en 2015, acabó el año pasado con el 0,56, cumpliendo, así, con el objetivo. Creemos, pues, que debemos dar margen a las comunidades autónomas y a los
ayuntamientos para que puedan hacer unos presupuestos más expansivos que permitan fortalecer el Estado del bienestar, reducido drásticamente en los últimos años con las políticas ultraliberales de recortes del Partido Popular. Las clases
trabajadoras y medias de este país han soportado todo el peso de la crisis. Ya es hora de que las administraciones ayuden a salir del pozo a aquellas personas más necesitadas gracias a políticas con calado social.
Nuestra formación, Esquerra Republicana, también va a hacer hincapié en el papel que han jugado los ayuntamientos durante los duros años de crisis. Estos últimos han soportado más que nadie la imposición de unas políticas de austeridad
llevadas al extremo, que no solo han provocado una reducción de gastos, sino también un incremento de los ingresos tributarios y, particularmente, del impuesto sobre bienes inmuebles, el IBI, con diversas medidas adoptadas por el Gobierno del PP.
La conjunción entre la reducción de gastos y el incremento de una presión fiscal regresiva acaban provocando un incremento de las desigualdades en nuestros pueblos y ciudades, mientras los ayuntamientos se ven obligados a acumular miles de millones
de euros de superávit. Siempre decimos que la Administración local es la más próxima a la ciudadanía, y que por eso los ayuntamientos son los primeros en responder a las necesidades de sus vecinos en materias sensibles como la vivienda, la pobreza,
energética, el fomento de la ocupación, etcétera. Es imposible explicar a nuestros vecinos que, a pesar de tener superávits, no podemos atender sus necesidades porque una ley estatal no lo permite. (Aplausos). En los últimos años, en el Congreso,
hemos debatido numerosas propuestas orientadas a flexibilizar las restricciones en materia presupuestaria que afectan a los ayuntamientos. Muchas de estas propuestas fueron aprobadas también con el apoyo de su partido, ministra. Por tanto,
entendemos que deben ser sensibles a estas demandas y aprovechar la tramitación de esta ley orgánica para modificar también determinados aspectos de la regla de gasto.
Esquerra Republicana tiene una vocación claramente municipalista y así seguirá siendo, porque todo comienza en la proximidad de pueblos y ciudades. Por eso nos vemos obligados una vez más a exigir que se modifique la regla de gasto, que
sigue asfixiando a todos los municipios, también a aquellos gobernados por el PSOE. Los datos son concluyentes cuando vemos que en el año 2017 el conjunto de la Administración local obtuvo un superávit de 6800 millones de euros, y que esta
constante se ha repetido durante los últimos cinco años, aportando al Estado un superávit anual equivalente al 0,6 % del PIB, es decir, unas décimas de superávit que le permiten incurrir en mayor déficit a costa de los ayuntamientos. A todo esto
hay que sumar la constante reducción de la deuda de las corporaciones locales, alrededor del 10 % anual, con una previsión para este año equivalente al 2,2 % del PIB. La propia AIReF reconoce que esta reducción de la deuda, sumada a los superávits
estructurales, ha provocado un bloqueo de los recursos de los municipios, que se acumulan en depósitos bancarios ante la imposibilidad de incrementar los gastos. Una vez más apuntamos que resulta muy complicado explicar a los ciudadanos que
nuestros ayuntamientos tienen 24 000 millones de euros bloqueados en depósitos bancarios, en lugar de estar respondiendo a las necesidades de nuestros pueblos y ciudades, y todo ello porque hay una ley estatal que sigue priorizando
el interés de los bancos frente al interés general. Es por eso que le anuncio que durante el trámite de la ley vamos a presentar, por ejemplo, una enmienda en el sentido de que las corporaciones locales, que en el ejercicio anterior
presenten una situación de equilibrio o superávit presupuestario, que a la vez cumplan con los objetivos de sostenibilidad financiera y presenten remanente de tesorería positivo, puedan efectuar gastos adicionales por encima del límite de la regla
de gasto, siempre que estos no tengan carácter estructural, quedando el incremento del gasto limitado al propio cumplimiento de la estabilidad presupuestaria.
Espero, ministra, tener espacios de encuentro para dar cauce a todas estas propuestas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.
Señora ministra, señora Blanquer, el Grupo Socialista trae una proposición de ley para reformar la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es sorprendente porque hace un par de meses, en julio, ustedes trajeron un techo de gasto que no superó la
mayoría suficiente. Tengo la impresión de que como ustedes no tienen una mayoría suficiente, porque la realidad es que tienen ochenta y cuatro diputados que son menos de una cuarta parte del total de diputados de esta Cámara, han decidido que la
única manera de tener presupuesto es a través de cambiar las normas que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria que nos protege a todos de ocurrencias como la suya. (Aplausos). Han intentado además hurtar el debate democrático, evitar que
los grupos parlamentarios como el mío aporten enmiendas a esa ley pretendiendo que fuera también por lectura única. Tienen que aceptar de una vez que no tienen mayoría. No intenten cargarse las instituciones y los procedimientos, simplemente son
demasiado flojos. Tampoco la tuvieron en este Congreso; no intenten además eliminar el procedimiento democrático que se lo permite al Senado. Es una pena que ustedes no tengan mayoría allí, pero la realidad es esa, y no vale cambiar las normas
cuando a ustedes la mayoría no les conviene. Si no les gusta la mayoría que tienen, lo que pueden hacer es muy sencillo: convocar elecciones para tener una mayoría más amplia. (Aplausos).
A mí tampoco me gusta el Senado; me gustaría reformarlo o quizás eliminarlo, pero eso es algo que se tiene que consensuar. Ustedes no pueden cambiar la norma como les apetezca cuando no tienen mayoría para pasar un presupuesto. Entiendo
que el señor Sánchez es muy consciente de que, como no ha pasado ni una sola reforma ni va a ser capaz de pasar ni una sola reforma económica sensata en este país, porque tiene una mayoría extraña que es evidente que jamás le va a permitir pasar
ninguna reforma sensata -tampoco el presupuesto-, tiene que saltarse las normas y hurtar el debate democrático en esta Cámara. Nosotros no estamos de acuerdo con saltarse las normas y con hurtar el debate democrático.
El problema va más allá. Lo decíamos recientemente en otro debate: llevan ustedes cien días y no han hecho ni una sola reforma. Todavía no tengo ni idea de cuál es su proyecto educativo y tenemos los índices de fracaso escolar más altos
de Europa. No tengo ni idea de qué piensan hacer con el mercado laboral más anómalo de toda Europa, con récord de temporalidad y de paro -ni una sola idea para cambiar lo que había antes-. No tienen ni una sola propuesta para reformar y
convertirse realmente en un país innovador capital de Europa en esas cuestiones. No tienen ni una sola propuesta para reformar la formación cuando tenemos la cuarta revolución tecnológica enfrente y unos chiringuitos de formación demenciales en
España que no sirven para reintegrar a los trabajadores. No tienen propuestas modernizadoras, son un partido que está aguantando e intentando extender, con truquillos y tejemanejes como este, su vida dentro de esta legislatura para no conseguir
absolutamente nada.
Lo que sí han conseguido -se lo tengo que reconocer no sé si a ustedes o al señor Iglesias, que ahora no le veo sentado aquí- es hacer la propuesta de una de las mayores subidas que conocemos de impuestos en todos estos años. Han propuesto
hasta siete subidas de impuestos. -Déjeme que le lea-. Dicen que van a subir el tipo efectivo del impuesto de sociedades al 15 % para asegurarse que se paga al 15 %, van a poner una tasa a las tecnológicas, han dicho que van a hacer un impuesto a
la banca, han dicho que van a aplicar una tasa Tobin a las transacciones financieras, han dicho que van a poner un recargo al diésel, han dicho que van a hacer un impuesto para el plástico, han dicho que van a armonizar al alza sucesiones y
patrimonio, han dicho que van a subir las cotizaciones sociales, han dicho que van a destopar las bases de cotización y además -perdón eran diez, no siete- van a subir el IRPF a las rentas altas. Pues mire, dejen de engañar a la gente con lo de las
rentas altas; esto, si se hacen cuatro números, afecta a más de 20 millones de personas en este país. Esas subidas de impuestos, obviamente incluyendo
las subidas de cotizaciones del diésel y demás, afectan a más de 20 millones de personas. Dejen de engañar a la gente, señora ministra.
Están perdiendo una oportunidad importantísima, porque es precisamente en la buena parte del ciclo donde hay que hacer las reformas estructurales para que no nos pase como nos pasó la última vez, porque si no reformas en épocas buenas,
entonces te encuentras que tienes que recortar masivamente en épocas malas. Si lo que haces es malgastar en épocas buenas, entonces tienes que hacer recortes masivos en épocas malas. Me parece muy bien que sean keynesianos, pero sean keynesianos
en las dos partes del ciclo. Ahorren, hagan reformas, intenten ser productivos, no intenten aguantar a toda costa un Gobierno que es a todas luces inviable. La estabilidad presupuestaria es algo muy importante; es en parte lo que nos permite ser
europeos, es lo que nos permite estar en un club y lo que nos permite financiar a un coste muy bajo la deuda, como estamos consiguiendo ahora. No lo dinamicen con ocurrencias como esta.
Otra cosa que podrían plantearse es intentar ahorrar, no solo se trata de gastar más. Nosotros conseguimos con el Partido Popular que en el punto 2 del acuerdo hubiera un expending review -veo aquí al señor Montoro- en el que se
comprometían a hacer una revisión del gasto público integral. ¿Por qué no son más ambiciosos en reducir el gasto público, en gastar mejor y no solo más, que es lo único que saben hacer? Lógicamente lo saben hacer, entre otras cosas, porque le han
cedido el Ministerio de Hacienda al señor Iglesias, pero intenten pensar en otras alternativas. Les aseguro que existen alternativas; nosotros hemos pasado dos presupuestos en esta Cámara, dos, y hemos conseguido bajar impuestos, hemos conseguido
extender los permisos de paternidad, hemos conseguido un complemento salarial del que se van a beneficiar medio millón de jóvenes, hemos conseguido políticas sociales muy ambiciosas y, además, hemos conseguido cumplir con el déficit y con el
objetivo; no hace falta hacer trampas, solo hay que hacer buenas políticas públicas. Intenten aprender un poco de lo que hemos intentado hacer en esta misma Cámara con las mismas mayorías.
En definitiva, y con esto termino, acepten de una vez que este Gobierno no es capaz de hacer reformas y permitan que haya una elección democrática para que podamos elegir los demás. Dejen de estrangular el crecimiento económico con subidas
de impuestos, dejen de dar espectáculos y shows, hagan alguna reforma económica y, sobre todo, respeten los procedimientos democráticos de esta Cámara, que se merece el respeto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Guijarro García.
El señor GUIJARRO GARCÍA: Buenas tardes, presidenta.
Compañera Blanquer, antes del verano ya habíamos hablado en esta misma Cámara de por qué era absolutamente necesario cambiar el marco normativo en el que nos estamos moviendo actualmente. Hablábamos entonces de las consecuencias derivadas
del fatídico 135, una reforma constitucional que, como saben ustedes, nosotras hemos calificado como uno de los momentos más negros de la democracia. No nos vamos a cansar de insistir en la infamia que supuso ese episodio. Los supuestos paladines
de la Constitución del 78 se cargaron en una sola noche todos los componentes del Estado social que quedaban plasmados en esa Constitución; la literalidad nunca se cambió, la materialidad quedó completamente destrozada. Un año después llegó el
señor Montoro, hoy aquí presente -buenas tardes, señor Montoro-, y no contento con el gesto despótico de haber legislado contra su pueblo, un año después se atrevió a modificar él solito -con algunos secuaces, eso sí, pero él solito- el
bicameralismo español tal y como lo define el texto constitucional. Como ustedes saben, en el desarrollo orgánico del nuevo 135 -la ley que hoy estamos aquí discutiendo- el señor Montoro se fumó todos los artículos que conforman el parlamentarismo
español como un bicameralismo asimétrico. Y es que, si bien la Constitución solo recoge dos momentos excepcionales en los que el Senado tiene capacidad de veto, es decir, la aplicación del 155 o las reformas constitucionales, el señor Montoro
decidió vía orgánica otra cosa, y se quedó tan ancho.
Me voy a detener solo un momentito en hablar del Senado. Ya lo dijimos hace un par de meses en el primer debate sobre el techo, pero ciertamente el sesgo descaradamente conservador que tiene esta Cámara la hace difícilmente legítima, por no
decir abiertamente ilegítima, puesto que viola el principio de proporcionalidad democrática y, en la medida en que viola ese principio, se aparta y se convierte en un
antagonismo de la democracia. Pues bien, esto ha permitido, como ustedes saben, que una minoría en votos se haya convertido en una mayoría en el Senado, lo que confiere a la democracia española ese título de low cost que en tantas ocasiones
ha insistido aquí en esta misma tribuna el señor Tardà. Además, de paso el señor Montoro mutiló la capacidad de iniciativa presupuestaria que confiere en exclusividad la Constitución española en su artículo 134, como creo que recordaba
anteriormente la diputada Blanquer. Claro que al señor Montoro en aquel momento eso le dio igual. Eran aquellos tiempos en los que el PP patrimonializaba las instituciones como Cristóbal por su casa. Pero bueno, llegamos ahora a este punto y
afrontamos este trámite con la propuesta que ya habíamos hecho anteriormente al Gobierno con la necesidad de cambiar ese marco normativo en el que nos movemos, en esa anomalía. Esto nos debe permitir superar limpiamente el escollo de la elaboración
de Presupuestos Generales del Estado y, sobre todo, nos debe permitir pasar por encima de la barrera del 1,3 % de déficit que estableció entonces el señor Montoro y evitar así, como decía, el bloqueo de un solo partido, el bloqueo de una minoría
convertida espuriamente en mayoría.
Sin embargo, las derechas en este país, que no tienen la mayoría de este Pleno, prometen hacer valer su mayoría en la mesa del Congreso, retrasando quizá, quién sabe, en todo lo posible su tramitación y llegando seguramente a torpedearlo, si
pudieran, hasta el hundimiento, de tal forma que no se aprueben los presupuestos. Ello supondría sustraer al soberano aquí representado la decisión que, según marca el artículo 150 del Reglamento, corresponde en exclusiva a este Pleno. Ello
elevaría el filibusterismo parlamentario, que ya hemos visto expresado en esta Cámara, a su máxima categoría. Pues bien, en su afán por entorpecer la labor de un Gobierno, dicen algunos, sostenido por populistas e independentistas, resulta que
ahora comprometen la propia gobernabilidad del Estado, y francamente del Partido Popular tampoco íbamos a esperar demasiado. Todos sabemos que esta actitud de niño al que le han quitado el juguete hace que se retiren a una esquina y pretendan que
nadie pueda avanzar porque ellos ya no son los jefes de la tribu. Como digo, no deja de ser esperado.
En el caso de Ciudadanos si me sorprende más y yo diría que la situación al menos es contradictoria. Saben ustedes, diputados y diputadas de Ciudadanos, que la jugada del PP en el Senado es sencillamente infame, ustedes lo saben. Y saben
que se apoya en una institución a la que ustedes han criticado tanto como nosotros por sus graves carencias de legitimidad. Saben además de la urgencia del trámite para cuadrar los presupuestos y saben que este es el único mecanismo para deshacerse
de tamaño atavismo. Pero ¡oh, Dios mío! esto supone sumarse a la anti-España y, claro, entre ser vanguardia del cambio o garante del destino único en lo universal, se diría que ustedes han elegido lo segundo. Por tanto, una vez superado el trámite
de hoy, auguro que vamos a tener dificultades para avanzar en esta ley. Ahora bien, eso no exime al Gobierno de tener que gobernar, y esto debe quedar absolutamente claro. Primero, porque hay una responsabilidad manifestada, como ya se ha citado,
en el artículo 134 y, en ese sentido, el Gobierno tendrá que cumplir y presentar a estas Cortes un proyecto. Además, y aquí me voy a detener también un poco, señora ministra, ustedes mismos lo saben, como sabemos nosotros y como sabe todo el mundo,
que mantener el déficit en el año 2019 en el 1,3 es sencillamente suicida, suicida para la nación, y detrás para cualquier Gobierno que quiera sustentar semejante medida. Usted sabe perfectamente del perfil de desaceleración económica que se está
conformando. No hemos salido de una crisis y aparecen nuevamente unos nubarrones. En el sector exterior se habla ya de una caída de 6 puntos en valoración y de 8 puntos en volumen sobre las estimaciones fijadas para este año. Ello implica que la
aportación neta del sector se quedará aproximadamente en cero. Hay una caída de las importaciones en Italia y en el Reino Unido, ha habido turbulencias en Argentina y en Turquía, etcétera. Por otro lado, la demanda interna sigue caracterizándose
por una atonía ya sistemática y prolongada en el tiempo, y esto tiene que ver -usted también lo sabe- con los bajos salarios y con la capacidad de ahorro y de consumo de las familias españolas que, como ustedes saben, está básicamente agotada. Por
tanto, es necesaria una política fiscal expansiva ahora más que nunca, y hoy más que nunca el Estado debe involucrarse en la actividad económica no solo para generar confianza y certeza en los agentes económicos, sino sobre todo entre la ciudadanía.
Señorías, aunque ha pasado ya una década desde el inicio de la crisis, todos tenemos claro y fresco en la retina -algunos lo tienen fresco en el estómago- cómo llegaron las turbulencias y cómo la clase política de entonces, ante el trance de
tener que elegir entre su pueblo o sus acreedores, eligió a los segundos. En esta disyuntiva nosotros lo tenemos muy claro. Pregunto ahora al Gobierno: ¿Ustedes también lo tienen claro? Sería bueno tener una respuesta.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Píriz Maya.
El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Una pregunta, para empezar, sencilla, clara y directa a los firmantes de la proposición de ley: ¿estaríamos aquí hoy debatiendo sobre esta propuesta si el Partido Popular no hubiera obtenido de los españoles una mayoría absoluta en el
Senado? Les digo la respuesta: No. Es triste, pero es así. Cuando hace casi cuarenta años que nos dimos la Constitución española, algunos están más cerca de las artimañas de Maduro en Venezuela para acabar con la Asamblea Nacional que del
respeto a las reglas del juego que nos dimos entre todos aquí en España. Esta es una proposición de ley diseñada exclusivamente para un fin concreto, que es cercenar las funciones del Senado. Le ocultan a la ciudadanía sus verdaderos objetivos y
lo hacen con una colección de mentiras y medias verdades que vamos a poner sobre la mesa.
Hablan de vetos del Senado. Señorías, el Senado no tiene ningún derecho de veto. La ley orgánica prevé que sea un acuerdo de las Cortes Generales; por tanto, de las dos cámaras, Congreso y Senado. Dejen de hablar de vetos y dejen de
engañar a la ciudadanía. (Aplausos). Se trata esta de una proposición de ley que parte viciada de origen, redactada por PSOE y Podemos, que solo buscan una disculpa o una excusa -solo una- para despilfarrar y para devolver a España a los tiempos
de Zapatero en los que era líder en déficit y en destrucción de empleo. Sabemos el resultado que tienen sus políticas. Sabemos el final del cuento. Sabemos cómo le ha ido a España cada vez que aquí se han aplicado sus medidas: déficit, deuda,
desempleo y despilfarro; y todo esto con un resultado para todos los españoles: subida de impuestos. Cualquier cosa les vale para ese objetivo final, que es subir los impuestos. Les da igual lo que digan los grandes gurús nacionales e
internacionales. Les da igual que haya un amplio consenso en que no es el momento de subir impuestos, pero harán. Los españoles ya lo saben. Les costará más llenar el depósito de su vehículo diesel y también les subirán otros impuestos directos e
indirectos de todo tipo. La subida de impuestos que se nos avecina no es más que el resultado de lo que hoy están buscando aquí: aprobar una medida que perjudica a España.
El Grupo Parlamentario Socialista nos presenta aquí con sus socios de extrema izquierda y con aquellos que quieren romper España, una proposición de ley que supone una enmienda a sí mismos; en primer lugar, porque fue con un Gobierno
socialista con el que se reformó el artículo 135 de nuestra Constitución y, en segundo lugar, porque algunos de los firmantes de esta propuesta de hoy votaron a favor de la Ley de 2012 que hoy quieren reformar. Dígame, señora Blanquer, si hubo o no
un acuerdo. En su argumentación repiten el mantra de que estamos ante una anormalidad normativa por la obligación que introduce el artículo 15.6, que da la misma capacidad de rechazo de déficit al Congreso y al Senado. Les podría citar aquí
numerosos ejemplos y casos en los que el Senado y el Congreso se equiparan, principalmente en aspectos territoriales, porque no debemos olvidar que nuestra Constitución dice en su artículo 69 que el Senado es la Cámara de representación territorial.
Díganle a la señora Lastra que esto es una Constitución. (Muestra un ejemplar de la Constitución española). Conviene leerla, además de prometerla, o al menos tener claros aquellos aspectos fundamentales que contiene. Decir que la soberanía
popular recae en el Congreso es faltar al respeto al Senado, es faltar al respeto a todos los españoles y sobre todo faltar al respeto a sí misma.
Les decía que, en ocasiones, el Senado incluso tiene primacía sobre el Congreso, como es en aquellas medidas para obligar a las comunidades autónomas al cumplimiento forzoso de sus obligaciones constitucionales. ¿Recuerdan el 155? ¿Ya se
les ha olvidado? Si el Senado es una verdadera Cámara de representación territorial, ¿sortearlo, como también dijo su portavoz, la portavoz socialista, es democrático? ¿Les parece al menos ético? Si el Senado es la Cámara de representación
territorial, ¿por qué se le hurta de tener capacidad para decidir sobre los temas que incumben directamente a las comunidades, como son los objetivos de deuda y déficit? Si el Senado es la Cámara territorial en la que incluso todos los parlamentos
regionales nombran senadores autonómicos, ¿por qué se le quiere quitar la voz al Senado en esto que les afecta tanto? ¿Únicamente porque el Partido Popular obtuvo allí mayoría? ¿Les parece un argumento de peso y consistente, y sobre todo
democrático? (Aplausos).
El Partido Socialista se presenta aquí con un proyecto de ley preparado para comprar voluntades para mantenerse en Moncloa, para dar a sus socios lo que le piden sin rechistar para mantenerse en el Gobierno sin haber ganado las elecciones
aún, con el peor resultado de su historia. El Partido Socialista olvida lo que sucedió la última vez que aplicó sus recetas y derogó la Ley de Estabilidad de 2001. ¿Quieren que se
lo recuerde? Déficit de España en 2009, 11,2 %; déficit de España en 2010, 9,3 %; déficit de España en 2011, 9,4 %; déficit de España en 2012, 10,6 %. Este es el efecto de sus políticas. Los españoles lo saben porque lo han vivido, los
españoles lo saben porque ya escucharon sus mentiras. Se lo recuerdo. Pedro Solbes en 2008 -abro comillas-: la economía española mantiene un crecimiento robusto, superior al del resto de las economías europeas. Cierro comillas. ¿Recuerdan lo
que vino después? ¿Recuerdan cómo dejaron España y cómo dejaron a los españoles? Nadia Calviño esta semana -abro comillas; las comillas es eso que se utiliza delante de una cita textual si uno no quiere apropiarse del contenido y que le acusen de
plagio- (aplausos): el crecimiento seguirá siendo robusto en los próximos meses. Si hay un momento en el que toca subir impuestos es ahora. De nuevo un crecimiento robusto que es para echarse a temblar, porque a renglón seguido le dan un hachazo
fiscal a los españoles. Los españoles ya saben cómo fue aquel crecimiento robusto que anunciaba Solbes, que acabó semanas después en la peor crisis para España de las últimas décadas. Esperamos que el Gobierno, que solo acierta cuando rectifica,
nos escuche, que escuche a los expertos económicos, que escuche a la sociedad, que recapacite. Es el momento de bajar impuestos, no de subirlos. El camino para seguir generando empleo pasa por bajar impuestos. Esas son las recetas que han puesto
a España a crecer por encima de la media europea. Con esas recetas se han generado más de dos millones de puestos de trabajo y se ha incrementado la recaudación. Con las otras, con las de ustedes, con los hachazos fiscales, con levantar aceras,
con incrementar el déficit y la deuda, ya sabemos dónde dejaron ustedes el país.
Señorías, hoy estamos aquí debatiendo un proyecto de ley que nos acerca en las formas a regímenes dictatoriales y poco democráticos, que cercena la capacidad de nuestras Cortes Generales y que está ideado únicamente, como dijo la portavoz
del PSOE, para sortear al Senado. Hoy España pierde calidad democrática, pero sobre todo perdemos los españoles, perdemos todos: más déficit, más deuda, más desempleo, más despilfarro. Eso siempre está detrás de medidas como estas, que encierran
subidas de impuestos. En resumen, señorías -voy acabando-, hoy debatimos un proyecto de ley que pone a España frente a lo peor de su pasado reciente, que acerca a España a drásticas y sangrantes subidas de impuestos y que limita nuestra democracia
porque elimina competencias al Senado. Dijo John Kennedy que aquellos que locamente buscaron el poder cabalgando a lomos de un tigre acabaron dentro de él. Señores del PSOE, acabarán dentro del tigre, les devorarán el populismo y el
independentismo. Vuelvan al sentido común, por favor.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN FAMILIAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO HABITACIONAL Y DE LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000234).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de emergencia habitacional en
familias vulnerables en el ámbito habitacional y de la pobreza energética. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Martín González.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ (doña Lucía): Gracias, presidenta. Buenas tardes a todo el mundo.
Quiero empezar esta intervención saludando a los colectivos que nos acompañan en este debate, a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, a la Alianza contra la Pobreza Energética y a los sindicatos de inquilinas; como tantas y tantas
veces a lo largo de los últimos diez años, hoy de nuevo el protagonismo es vuestro. Muchas gracias. (Aplausos).
Hoy tenemos la posibilidad de enmendar un error que, aunque tiene su origen en años anteriores, en 2013 tuvo una importante representación simbólica aquí mismo, en el Congreso; un momento que muchas recordamos como una muestra más del
aislamiento y la desconexión de esta Cámara respecto a una realidad, que era la que vivía, la que sentía y, en definitiva, la que compartía una gran mayoría de la población. Tenemos la oportunidad de poder decir que, a diferencia de entonces, hoy
esta institución escucha y asume el trabajo y las demandas de gente que prácticamente sin ningún recurso lleva años haciendo lo que las instituciones no hacían, defender el derecho a la vivienda. Porque hoy, señorías, debatimos en esta toma en
consideración una proposición de ley que no ha sido redactada por ningún grupo parlamentario, tampoco por ningún despacho de abogados contratado por esos lobbies financieros
e inmobiliarios, que son los que, salvo algunas excepciones, parece que hayan dictado la política de vivienda de este país durante cuarenta años. Hoy mi grupo parlamentario, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tenemos el inmenso orgullo
de traer a este Pleno una proposición de ley trabajada por la gente que lleva casi diez años poniendo literalmente su cuerpo para defender a sus vecinas, a sus familias, a gente desconocida de un entramado económico y legislativo que sobreprotege a
los más fuertes a la vez que pisotea los derechos más básicos. Y como decía al comienzo de la intervención, tenemos además la oportunidad de reparar la injusticia cometida en 2013, cuando, gracias a más de 1,5 millones de firmas, llegaron a este
Congreso las propuestas que ya entonces planteaba la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para poder dar una respuesta efectiva a la emergencia habitacional que estaba arrasando las vidas de miles de familias en todo el Estado. Entonces, hace ya
cinco años, después de haber intentado evitar el debate hasta el último minuto, la mayoría absoluta del Partido Popular optó por tergiversar completamente el contenido de la propuesta y acabó expulsando de la tribuna a algunas de las personas
promotoras de la iniciativa, entre las que, por cierto, se encontraba la actual alcaldesa de Barcelona.
Señorías, hoy tenemos la posibilidad de empezar a enmendar ese error, y también el error del pasado mes de marzo, cuando el Gobierno vetó la tramitación de esta proposición de ley, que en gran medida recoge las propuestas de aquella
iniciativa legislativa popular que el PP tumbó en 2013. Y aunque hoy, si se aprueba la toma en consideración de esta proposición de ley, podemos empezar a enmendar todos esos errores, lo que lamentablemente no podemos hacer es suspender los efectos
de estos diez años de retraso que llevamos desde que, después del estallido de la burbuja inmobiliaria, centenares de miles de familias fueran desahuciadas y además se quedaran con una deuda impagable. Señorías, por culpa de ese retraso se han
producido más de setecientos mil desahucios en este país desde el año 2009; eso son millones de personas, millones de errores o, mejor dicho, millones de injusticias cometidas que esta Cámara ya no va a poder enmendar. Vamos diez años tarde y
sumando; cada día, cada minuto que pasa hasta que el contenido de esta ley sea efectivo, contribuimos a alimentar un engranaje donde los derechos más básicos quedan relegados a un segundo plano. Cada día que se produce un nuevo desahucio, cada día
que alguien se queda en la calle o tiene que amontonarse con la familia para vivir en una pensión, cada día que una vecina se va de su barrio porque el fondo de inversión que ha comprado su bloque le va a subir el alquiler un cien por cien, cada día
que eso sucede contribuimos no solo a la injusticia, sino que también contribuimos a generar esa sensación de inseguridad, de incertidumbre y de miedo que hoy en día precisamente alimenta el crecimiento de proyectos racistas y xenófobos en toda
Europa. (Aplausos).
Y es que la crisis de la vivienda hoy no se ha acabado, simplemente hoy tiene formas nuevas, nombres nuevos, actores nuevos. Hemos pasado de la burbuja hipotecaria a la burbuja del alquiler, pero el resultado sigue siendo el mismo: gente
sin casa; gente que no puede pagar los precios del mercado y que, sin parque público, no tiene alternativa; gente que dedica la mayor parte de su sueldo a pagar su vivienda; gente que, viendo que el alquiler no es una opción estable, se hipoteca,
muy a su pesar, aun sabiendo que si sufre un desahucio va a tener que seguir pagando le deuda. En 2015, las ejecuciones hipotecarias y los desahucios tenían detrás a los bancos. Hoy, después de la reforma de la LAU de 2013, la mayoría de los
desahucios son de alquiler, y son los fondos de inversión y las Socimi los nuevos grandes actores que ganan millones de euros especulando con un bien de primera necesidad. Las consecuencias para una gran mayoría son las mismas, la diferencia es que
han pasado varios años desde que empezó todo sin que esta Cámara haya hecho nada realmente significativo para evitarlo. Por eso, ha llegado el momento, señorías, de que esta Cámara no le proponga a la ciudadanía parches, sino medidas concretas,
serias y de profundidad que resuelvan la crisis de la vivienda, que garanticen su derecho, tal y como está recogido en la Constitución, en los estatutos de autonomía y en el resto del ordenamiento jurídico interno e internacional.
Para hacer efectivo el derecho a la vivienda hay que querer, por una vez, escuchar a la calle, hay que escuchar a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, hay que escuchar a la Alianza contra la Pobreza Energética, hay que escuchar a los
sindicatos de inquilinas. Todos ellos hoy nos proponen aquí cinco cosas esenciales, señorías, porque el resto, por supuesto, es debatible en sede parlamentaria, y es que, evidentemente, la tramitación de esta norma deberá ser totalmente consecuente
con el respeto a las competencias autonómicas, porque esa preocupación, señorías del PNV, señorías del PDeCAT y de Esquerra, es también nuestra. Sin embargo, hay cinco cuestiones, solo cinco, que son imprescindibles. Proponemos la dación en pago
retroactiva, una modificación legal que lo único que pretende es que la gente que no puede pagar su vivienda no se quede sin casa y, además, arrastre una deuda para toda la
vida. Es necesario un mecanismo que permita que las personas que han avalado con su vivienda la vivienda de un tercero no se queden también en la calle; en definitiva, un mecanismo que ponga fin a una injusticia que no para de perpetuarse.
Y algunos y algunas de ustedes me van a decir: Esto no puede hacerse. Y yo les voy a responder: Sí se puede. Proponemos también una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que dé seguridad de las personas arrendatarias, que facilite los
contratos largos, que impida los brutales incrementos de precios que está sufriendo la población y que limite los terribles efectos que está teniendo la turistificación. Y algunas me volverán a decir: Esto no puede hacerse. Y yo les diré: Sí se
puede. Proponemos también que ningún desahucio de vivienda habitual pueda producirse sin un realojo garantizado, que los grandes propietarios tengan la obligación de ofrecer un alquiler social, que existan soluciones habitacionales claras, que se
ayude a los ayuntamientos a prestar esos servicios. Y ustedes, algunos o algunas, me van a decir: No podemos hacerlo. Y yo les diré: Sí se puede. Proponemos también incrementar el parque público de vivienda social para parecernos, aunque sea un
poquito, a los países de nuestro entorno europeo, que las familias no tengan que destinar más del 30 % de sus ingresos para pagar la vivienda. Y otra vez me van a decir que no puede hacerse. Pero yo les voy a responder: Sí se puede. Finalmente,
proponemos que se garanticen los suministros de luz, agua y gas, porque una vivienda no son solo cuatro paredes sin techo y porque no puede volver a suceder que personas mayores fallezcan por frío o a causa de los accidentes provocados por la
pobreza energética, como sucede cada invierno. Y, una vez más, muchas de ustedes me van a decir que no puede hacerse. Pero, diputadas del PSOE, del PNV y del PDeCAT y del resto de grupos que han facilitado esta nueva mayoría de cambio político y
que algunas también registraron esta proposición de ley, escuchen lo que dice tanta y tanta gente: Sí se puede; sí se puede.
Hoy toca pasar la prueba del algodón para conocer cuál es el compromiso con la garantía del derecho a la vivienda en esta Cámara. Hoy veremos quiénes han aprendido algo o quiénes siguen exactamente donde estaba el Partido Popular en 2013,
completamente desconectado de alguna de las demandas más compartidas por la ciudadanía de todo el país. Hace menos de una semana, Pedro Sánchez dijo en esta misma Cámara que su Gobierno estaba dispuesto a promover una ley que garantizase el derecho
a una vivienda digna. Pues bien, esta es la ley de vivienda que está reclamando la ciudadanía. Estas son las medidas. Es el momento de demostrar que las buenas palabras se concretan, no solo diciendo sí a la toma en consideración, sino
comprometiéndose con el contenido de la proposición de ley. Está en juego la credibilidad de su Gobierno, pero también está en juego la credibilidad de esta Cámara. Está en juego decepcionar o dar esperanza a todas las personas que llevan diez
años sufriendo, pero que también llevan diez años luchando. Pero esto no acaba hoy, porque hoy solo se vota la toma en consideración. Mañana, si conseguimos aprobarla, tendrán la obligación de no desvirtuar la propuesta con sus enmiendas, tendrán
que evitar aplazarla una y otra vez para intentar que nunca se haga efectiva, tendrán que ahorrarse todas las triquiñuelas parlamentarias, porque -como he dicho antes- cada día cuenta. Hemos perdido diez años; no perdamos ni un día más.
Esta ley no está sola. Necesitamos más cosas de este Gobierno. Necesitamos unos presupuestos que reviertan el brutal recorte de las políticas de vivienda durante estos últimos años. Necesitamos un Gobierno que retire de una vez por todas
los recursos de inconstitucionalidad que se mantienen sobre varias leyes autonómicas, y van especialmente tarde con la Ley 24/2015 del Parlament de Catalunya, porque les recuerdo que tienen ustedes un compromiso firmado con los colectivos que la
impulsaron. Y es que, como bien sabemos, no podemos olvidar que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas, por lo que -y en esto queremos ser muy claras y muy explícitas- nuestro compromiso con que el texto resultante
de la tramitación respete escrupulosamente esta cuestión es absoluto. En definitiva, hoy es solo el primer paso de muchos y, por supuesto, estaremos vigilantes no solo en el trámite parlamentario, sino también lo estaremos en la Mesa de negociación
de la vivienda. Lo hemos dejado clarísimo; no vamos a dar apoyo a unos presupuestos si el Gobierno no se compromete con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos que permita limitar los incrementos abusivos de los precios de los alquileres.
Acabo ya. Compañeras de la PAH, de la APE, de los sindicatos de inquilinas, yo os diría muchas cosas hoy, pero quizá todas se remiten a una. Todos estos años de lucha, de miedos, de incertezas pero también de pequeñas grandes victorias
tienen un sentido y una razón de ser: no han sido en balde, pero no solo por la oportunidad de estar aquí hoy defendiendo la ley de las cinco de la PAH, sino porque no ha sido en balde cada día, en cada asamblea, en cada desahucio parado, en cada
acción, en cada acompañamiento, en todas esas comunidades que habéis sido capaces de generar, mimar y cuidar y que hoy nos ayudan a
ser más solidarias, más empáticas y a sentirnos menos solas y más empoderadas. Así que hoy, igual que hace diez años y seguro que igual que dentro de diez, solo puedo deciros una cosa: Sí se puede.
Gracias. (Aplausos de las señoras y los señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, puestos en pie).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Anticipando que votaré en contra de esta toma en consideración, quiero, sin embargo, valorar el esfuerzo de explicación de la portavoz Martín González, del Grupo Confederal Unidos Podemos, y la extensión de la iniciativa que también acredita
el seguimiento de un tema crucial para los españoles, como es la política de vivienda. Sin embargo, no compartimos ni de lejos las propuestas y la deriva de Podemos en relación con este asunto al que los españoles damos especial importancia.
En términos generales, esta iniciativa supone otro ataque a la propiedad privada precisamente en una materia como es la vivienda, sobre la que gira una parte sustancial de la economía de millones y millones de familias. A nosotros en Foro
nos preocupa y nos parece prioritario, como es lógico, dar respuesta a los problemas derivados de la política de vivienda, que son muchos y muy variados, comenzando con que nos encontramos con un sector que está sobresaturado en cuanto al número de
viviendas. En España están censadas, por citar un indicador oficial, casi tres millones y medio de viviendas vacías. Este año se ha puesto en marcha el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que fue dotado económicamente en los Presupuestos Generales
del Estado que se aprobaron el pasado mes de mayo con el voto a favor de Foro y el voto en contra, entre otros, del Grupo Confederal de Unidos Podemos. Nosotros compartimos los nueve grandes programas de este plan estatal que actualizaron las
respuestas a las principales preocupaciones derivadas de un asunto muy complejo en el que hay objetivos esenciales e irrenunciables para cualquier responsable político.
No conocemos el grado de ejecución presupuestaria del Gobierno de Pedro Sánchez, porque es sistemática la falta de respuesta a las preguntas de control parlamentario y por tanto tememos estar ante un borrón y cuenta nueva en la política de
vivienda. Confiamos en que el apoyo a esta toma en consideración no forme parte de la nueva política socialista en materia de vivienda. Retornarían ustedes a la ridícula campaña de las KeliFinder del extinto Ministerio de Vivienda.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, también por el mismo grupo, la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias.
Vaya por delante el reconocimiento de Euskal Herria Bildu a las PAH de los diferentes territorios, especialmente -¡cómo no!- a las de Euskal Herria, por el trabajo que vienen desarrollando en favor de un derecho básico, como es el derecho a
una vivienda. Estas plataformas se crearon para corregir las actuaciones del Gobierno que, ciego ante el drama de los desahucios, ha legislado más para contentar a especuladores y entidades financieras que para garantizar el derecho a una vivienda.
No hay más que mirar atrás y recordar que el Gobierno del PP recurrió todas las leyes de vivienda de las comunidades autónomas que suponían un avance social, o que utilizó su mayoría absoluta para rechazar una ILP presentada con el aval de
1,5 millones de firmas. Si hubiera sido de otra manera, las PAH no se habrían visto en la necesidad de elaborar una ley de emergencia habitacional para familias vulnerables en el ámbito habitacional y de pobreza energética. Esta ya estaría
aprobada y en vigor.
Euskal Herria Bildu no tenía ninguna duda de que debía apoyar esta propuesta, porque compartimos la necesidad de una política de vivienda que permita acceder a la misma sin destinar más del 30 % de los ingresos mensuales, sea vía compra o
alquiler, objetivo alejado de la realidad actualmente para muchas familias que además ven cómo lo que antes era imposible vía compra lo es ahora también vía alquiler, ya que se está produciendo una nueva burbuja inmobiliaria del alquiler que deja
sin alternativa habitacional a miles de personas.
Pese a las numerosas sentencias europeas demandando mayor protección de las personas consumidoras en esta materia, la política de vivienda no ha variado en lo sustancial, además de que se
siguen incumpliendo los tratados internacionales ratificados por España. En aras de cambiar de forma clara y notoria en favor de la ciudadanía la política de vivienda, a nuestro entender, hay que actuar poniendo límites al precio de la
vivienda de alquiler movilizando la vivienda vacía, garantizando los suministros y alternativas habitacionales a quienes tienen dificultades objetivas para hacer frente a su pago. Todo ello nos llevó a aprobar leyes de vivienda avanzadas en la
Comunidad Autónoma vasca y Nafarroa, recurridas por el Gobierno español. Por ello, y por encima de las diferencias de matiz que podamos tener en algunas materias con el texto propuesto, compartimos su necesidad y su urgencia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra, también por el Grupo Mixto, la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.
Quiero dar la bienvenida a todas las plataformas y a toda la gente que ha hecho posible al final que esta ley hoy esté aquí. Hoy, por fin, debatimos una de esas iniciativas parlamentarias que dignifican mínimamente la política y que mejoran
el día a día de las personas. Hoy aquí decidimos si priorizamos a las personas o priorizamos los bancos. Por eso, damos la bienvenida a esta iniciativa que Compromís apoyó y que va a seguir apoyando. Como decía, hoy decidimos si priorizamos a las
personas o si priorizamos los bancos. La dación en pago, el alquiler asequible, garantizar la alternativa habitacional cuando hay un desahucio, crear parque de vivienda social, garantizar los suministros básicos, eso es legislar priorizando a las
personas y no los bancos. Desde aquí se creó la burbuja inmobiliaria, se rescató a los bancos que habían creado esa misma burbuja inmobiliaria y se creó el banco malo para comprarles a esos bancos todas las viviendas que tenían. Y ahora, por si
esto no fuera bastante, se revenden todas esas viviendas a fondos buitres para crear una nueva burbuja, esta vez la del alquiler.
Mientras estaba pasando todo esto, se desvirtuó absolutamente la ILP de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca que intentaba garantizar la vivienda digna. Se recurrieron al Constitucional todas aquellas leyes autonómicas con las que
intentábamos dignificar tanto la función social de la vivienda como la pobreza energética. ¿No se ha hecho bastante ya por los amiguitos del alma? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos. ¿No hemos hecho bastante? ¿No se ha hecho bastante
desde esta Cámara legislativa? Lucía, claro que se puede. Lo estamos haciendo en algunos Gobiernos y queremos que también se haga desde aquí, desde el Parlamento estatal, porque tenemos que decidir de qué lado estamos: si estamos del lado de la
especulación o del lado del Estado del bienestar, si estamos del lado de los fondos buitres o del lado del derecho a la vivienda, si estamos del lado de los bancos o del lado de las personas. Nosotros, Compromís, lo tenemos clarísimo: estamos del
lado de la dignidad, estamos del lado de los derechos básicos, estamos del lado de priorizar siempre, siempre a las personas por encima de los bancos.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías.
Llegamos cinco años tarde. Tuvimos oportunidad de debatir un texto hace una serie de años con el Gobierno de la mayoría absoluta del Partido Popular y se desvirtuó enormemente su contenido hasta el punto de que a día de hoy sigue sin haber
soluciones efectivas al drama de los lanzamientos y de los desahucios hipotecarios. Es verdad que ha habido una profunda crisis y que quienes han sufrido esta crisis principalmente han sido las personas que, como consecuencia de la pérdida de su
trabajo, no han podido hacer frente al pago de las cuotas mensuales de sus viviendas. Por tanto, queremos hacer un debate sereno sobre esta ley y dar auténticas soluciones de fondo y de calado que permitan una salida digna cuando se dan casos
excepcionales como los de esta crisis y que son tan profundamente dolorosos.
Vamos a trabajar desde la rigurosidad para que haya un consenso amplio, para que después, si a alguien no le gusta esta ley, no opte por la vía judicial para tumbarla. Vamos a intentar que sea una ley que garantice el derecho a la vivienda
de todas las personas, también de aquellas personas que están pagando una renta de alquiler o están pagando una cuota hipotecaria y que hoy, en Cataluña al menos, ven ocupadas sus casas. Ustedes han recurrido al Tribunal Constitucional esta ley que
pretendía dar un mecanismo que la ley no prevé para garantizar el derecho a la vivienda también de estas personas. No sé
por qué no las quieren amparar. Trabajaremos para que esta ley las reconozca. Trabajaremos para exigir al Gobierno del Estado que levante los recursos a las leyes, en este caso la catalana, tanto de pobreza energética como de emergencia
habitacional, que son unas buenas leyes. No he oído que usted exigiese esto al Gobierno -al menos no le he prestado suficiente atención y por ello discúlpeme- pero será una reivindicación nuestra. Además, queremos que se respeten escrupulosamente
todas las competencias. Esta proposición de ley no lo hace.
Vamos a votar a favor, pero vamos a exigir un debate sereno, riguroso y de calado para dar una solución definitiva a lo que ha sido incapaz de hacer el Partido Popular durante la crisis y en sus años de mayoría absoluta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes.
Señora presidenta, señorías, señoras y señores diputados, decía la señora Martín en su intervención que esto no acaba aquí. Es que tampoco empieza. Las políticas en materia de vivienda han existido y existen desde hace mucho tiempo en
otros lugares. Existen con un desarrollo concreto y con un contenido concreto respecto de los que, con todo respeto, entendemos que esta iniciativa es absolutamente irrespetuosa.
Entendemos que es una proposición de ley de gran amplitud y complejidad jurídica que en treinta y tres artículos, agrupados en cinco capítulos, aborda muchas medidas para hacer frente a la situación de emergencia habitacional de manera
efectiva y eficaz. Y propone la modificación de una serie de leyes con diferente alcance y finalidad, extendiendo incluso su contenido más allá del objetivo o del límite funcional que en principio se había propuesto. Además, pensamos que la
iniciativa pretende dar respuesta a las siguientes cuestiones. Primero, pretende dar respuesta y solución a las situaciones de sobreendeudamiento y abuso del sistema financiero -existen ya precedentes en otros lugares-; garantizar la oferta de
alternativa habitacional a las familias en situación de exclusión residencial que sufren procedimientos de lanzamiento del hogar familiar -nos parece más que aceptable esta cuestión-; desarrollar mecanismos para aumentar el parque de vivienda
pública; la cuarta, modificar la legislación de arrendamientos urbanos para dotar de mayores garantías a los arrendatarios o establecer mecanismos que eviten situaciones de cortes de suministros básicos, para lo que también existen otros
antecedentes. Además, atendiendo a este objetivo, propone la modificación de una pluralidad bastante amplia de leyes. Así, propone modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, la de Arrendamientos urbanos, la de Sociedades
anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario, la del Suelo, el decreto que regula el Plan estatal de fomento y alquiler de vivienda, la Ley Reguladora de Haciendas Locales, la del Sector Eléctrico y la de Flexibilización y fomento del
mercado del alquiler de viviendas. Pues bien, estas modificaciones normativas afectan sobre todo a la Ley de Enjuiciamiento Civil para introducir las modificaciones procesales destinadas a dificultar los desahucios y el sobreendeudamiento motivado
por el acceso a la vivienda, para lo que, asimismo, propone una modificación de la Ley Hipotecaria introduciendo como norma general la responsabilidad limitada al bien hipotecado frente a la actual: la responsabilidad ilimitada y universal.
También modifica la Ley de Arrendamientos Urbanos, la de situación de arrendatarios, la legislación del suelo en cuanto al compromiso que deben asumir las administraciones públicas; es decir, se trata de un conjunto de medidas en muchas de las
cuales participamos, en otras discrepamos y otras, sinceramente, no es que sean discutibles, sino que son simplemente inasumibles. Pero lo que nos llama más la atención de esta iniciativa es el carácter dogmático, por un lado, de la propuesta en su
conjunto y, de otro, el tufo absolutamente centralizador de buena parte de las propuestas.
Señorías, el PNV siempre ha sido un partido de valores, siendo el principal el de la cohesión social, algo que ha puesto en práctica en Euskadi. Siempre hemos defendido como filosofía política que una sociedad con desarrollo económico pero
sin cohesión social no era una sociedad desarrollada. Por ello, hemos propugnado y practicado determinadas actuaciones allí donde hemos gobernado -Gobierno vasco, territorios históricos y ayuntamientos vascos-, con un modelo de sociedad
cohesionada, con servicios públicos esenciales que estuvieran garantizados y unas políticas sociales sostenibles. Por este motivo, no podemos permitir que en esta situación otros -entre los que nos llama la atención que formen parte algunos
partidos sin título de nacionalistas- pretendan utilizar la crisis del Estado del bienestar para centralizar políticas públicas propias y para seguir transformando la autonomía política de Euskadi y de
otras naciones del Estado en meras autonomías de gestión. Nosotros al menos aspiramos a profundizar nuestro autogobierno, a que se nos permita desarrollar políticas y estrategias propias y que no nos las coarten, como hizo antes el Partido
Popular, pero que tampoco nos las impongan, como pretende esta iniciativa. El ejemplo más claro de esta intención es la disposición adicional primera de esta proposición que dice que esta proposición se ampara en lo dispuesto en el artículo 149 de
la Constitución, que atribuye al Estado las competencias necesarias en los ámbitos de esta ley. Pero con un grado de indefinición e inconcreción absoluto. Es que la Constitución no contempla la vivienda como materia de competencia estatal sino que
el artículo 148.1 se la atribuye a las comunidades autónomas. Tampoco, además, lo hace con la intensidad con que lo realiza esta iniciativa, sino que la ordenación del territorio y del litoral, el urbanismo y la vivienda son competencia, según el
estatuto de autonomía, del País Vasco. Por eso hemos desarrollado una Ley de vivienda propia en la que sí hemos desarrollado buena parte de las medidas que se anticipan en esta legislación. Otras medidas son de asistencia social y también
tropiezan con el artículo 10.12 del estatuto; otras del sector eléctrico y también tropiezan con otra legislación propia del Parlamento vasco o, fundamentalmente, tropiezan con la Ley de Haciendas Locales, lo que supone un claro conflicto, una
clara vulneración del Concierto Económico. Y si bien es cierto que esta proposición de ley también se ocupa de otras cuestiones que son procesales, que esas sí son de competencia estatal, son cuestiones instrumentales de las sustantivas a las que
me he referido antes.
¿Quiere decir ello, al fin y al cabo, que estamos en contra de las medidas del proyecto? Cómo vamos a estarlo si buena parte de ellas están implantadas ya en Euskadi. Hay algunas, evidentemente, a las que no podemos dar ningún tipo de
aprobación, pero sobre todo ha sido el tono absolutamente centralizador que se deduce del contenido de la propia ley -no de su actuación, señora Martín- lo que nos impide apoyar esta iniciativa. Quizá en otro contexto, utilizando otras iniciativas
legislativas que ya existen, teniendo en cuenta las iniciativas legislativas en el Estado que incluso están en tramitación, con medidas que ya están en vigor también en comunidades autónomas, hubiera merecido nuestro absoluto apoyo. No puede ser en
esta ocasión, señora Martín. Por eso le digo, como le he dicho al principio, que esto no termina aquí; es que está ya empezado. Sabe usted que las políticas públicas en materia de vivienda estaban desarrolladas en muchos sitios. No puede usted
con iniciativas como esta coartarlas, recentralizarlas e impedir con ellas la gestión propia de estos asuntos por las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, diputades, diputats, presidenta, amigos y amigas de la PAH y de la Alianza contra la Pobreza Energética.
El tiempo parlamentario a veces es extremadamente lento, y las coaliciones políticas a veces lo hacen más lento. La realidad hoy en todo el Estado español es enormemente dura para aquellos que pierden su vivienda o no pueden pagar la
factura eléctrica y han pasado años en esta situación. Afortunadamente, ha habido movimientos que han estado siempre a su lado y que han reducido la dureza de la vida a mucha gente, pero nos ha faltado en todo este tiempo la estructura legal
oportuna para impedirlo. La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca catalana, la Alianza contra la Pobreza Energética, el Observatorio DESC, impulsaron una iniciativa legislativa popular, una ILP, de medidas urgentes frente a la emergencia en el
ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Recibió un gran apoyo de la población catalana, 150 000 firmas, y fue aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya en julio de 2015. Por fin teníamos una ley y, a partir de esta ley, otras
comunidades autónomas se añadieron, pero cayó como un jarro de agua fría -siempre un jarro de agua fría- la impugnación por el Partido Popular; el Partido Popular recurrió al Tribunal Constitucional. Detrás de estos recursos ha habido siempre una
sobreprotección a los poderosos y una enorme hipocresía entre lo que se dice en esta tribuna y la realidad concreta. Miren, esa ley, como la que proponen ahora en esta Cámara, prohibía la ejecución de cualquier desahucio que no ofreciese antes un
alquiler social, recogía la posibilidad de sancionar a los grandes tenedores de vivienda y establecía la necesidad de garantizar los suministros básicos para evitar los cortes de suministro, entre otros muchos puntos. En mayo de 2016 los artículos
claves, los artículos ejecutivos, fueron impugnados. Esta no era la primera ley que hacía el Parlament de Catalunya. En 2013 se aprobó un decreto-ley de modificación del Código de consumo, parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional en
marzo de 2016. También en 2015 se intentó aprobar una ley de medidas para proteger el derecho a la vivienda, que fue nuevamente impugnada por el Partido Popular en el Tribunal Constitucional.
Esta ha sido la realidad hasta hoy. Ahora se han abierto nuevas perspectivas. Si nosotros dimos nuestro voto para que el Gobierno del Partido Popular se fuese era también para tener nuevas perspectivas en Cataluña y en todo el Estado, la
posibilidad de hacer aquello que tanta gente durante tanto tiempo ha necesitado. Generar derechos, pero no solamente de palabra, no solamente de papel, sino sobre todo ofreciendo garantías, instrumentos que tienen que ser herramientas que cambien
las cosas, que transformen esta realidad. Es cierto que leyendo literalmente la proposición nos podemos encontrar con contradicciones, sin duda. A veces cuesta entender qué son leyes estatales y cuáles son de desarrollo de las autonomías, pero
estamos seguros, seguros, de que esto lo podemos resolver en el trámite parlamentario y que en dicho trámite tenemos la posibilidad de mejorarlo. Sería totalmente ignominioso que por un temor futuro nos mantuviésemos en la realidad presente, en la
situación del día a día, en el sufrimiento constante de mucha y mucha gente. (Aplausos). Carecer de herramientas legislativas hace que por muy buenas intenciones que desde un ayuntamiento o desde un parlamento autonómico tengas, si careces de este
paraguas jurídico que hoy se reserva el Estado, no puedas implementar aquello que es necesario. Rosa, de Reus, o Jordi, de Cornellà, han sido algunas de las múltiples víctimas. Pienso que cada día tendríamos que ver una fotografía de estas
personas para entender que desde este hemiciclo no legislamos, negro sobre blanco, papeles o leyes, sino que legislamos sobre la vida de las personas y también sobre su muerte. Por tanto, hoy tenemos una oportunidad. Los republicanos catalanes
queremos la independencia de Cataluña, ya lo sabéis, pero la queremos para que todos, todo el mundo, todos puedan vivir mejor, pero siempre con la solidaridad por delante, siempre sabiendo que nos afecta igual que alguien sufra en Sevilla o en
Girona, que alguien tenga problemas en Santiago o en Tarragona. Nunca nos quitarán la solidaridad. Estos son nuestros principios, es nuestra voluntad: siempre, siempre estaremos a vuestro lado.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cantó García del Moral.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Señores de Podemos, para empezar, si se puede, ¿por qué no han hecho nada todavía? (Aplausos.-Rumores). Vamos a hablar del tema de la vivienda, que es uno de los grandes retos a los que se enfrenta nuestro
país; del tema el terna de la vivienda que, junto con el de la corrupción, fue uno de esos motores de la justísima indignación ciudadana que cambió por completo el panorama político de este país. Hay un grupo de partidos que hoy firman
conjuntamente una propuesta que nos traen unas asociaciones y que es un grupo de partidos que quisieron capitalizar de alguna manera esa justa indignación ciudadana a causa de los desahucios y de la corrupción; hoy se juntan para traernos esa
propuesta. Uno piensa: se han juntado Bildu, Compromís, Esquerra y Podemos, ¿qué puede salir mal? (Risas.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Pueden salir mal muchísimas cosas y de hecho les voy a hacer una lista de cuáles son esas cosas que pueden salir mal. De hecho, allí donde gobiernan con la inestimable ayuda del PSOE, del doctor Sánchez
podemizado, las cosas salen muy mal. (Aplausos.-Rumores). Y como yo prefiero fijarme en lo que ustedes hacen y no en lo que dicen, me voy a permitir recordarles a ustedes -ya que gran parte de las competencias sobre vivienda residen en las
comunidades autónomas y en las ciudades- lo que hacen para que así no nos engañen a nosotros ni a nadie más en esta Cámara. Y voy a tornar como ejemplo los ayuntamientos de Madrid, de Barcelona y de Valencia.
Miren, señores de Podemos, en Madrid, hasta donde llega mi información, a través de Carmena gobiernan ustedes. Carmena, acompañada de sus cinco concejales imputados -una cita aparte para que quede claro cuál es su obsesión por la
regeneración democrática-, creó un Consejo asesor de vivienda presidido por ella misma. El consejo pretendía -abro comillas- 'analizar las numerosas necesidades habitacionales de personas en riesgo de exclusión, así como la dinamización del sector
inmobiliario para tomar las medidas oportunas'. Señores de Podemos, no se han reunido ni una sola vez, ¡no se han reunido ni una sola vez! ¿Cómo pueden tener esta cara? La señora Carmena prometió 4200 viviendas sociales durante su mandato, ¿saben
cuántas han construido, señores de Podemos? Ni una. Prometieron 4200, ¡no han construido ni una! Durante el mandato de Carmena el precio del alquiler ha subido un 32 % de media, el precio de la vivienda nueva ha subido un 27 % de media y, mientras
tanto, su
alcaldesa, la alcaldesa de todos de su partido, impide planes de desarrollo para que se construyan 100 000 viviendas en Madrid. ¿Sabe a quién sí que le ha ido bien el tema de la vivienda en Madrid? A los okupas; a los okupas les ha ido
bastante bien. Y les voy a poner un ejemplo de cómo los protegen y cómo los defienden citando de nuevo -con comillas- a otra concejala, Rommy Arce, imputada, que en una reunión en un barrio humilde de Madrid decía textualmente: 'Si en tu edificio
entra un okupa no llames al dueño de la casa ni llames a la policía, ayúdale a integrarse en la comunidad'. Estas son las políticas que ustedes pretenden que se apliquen con los okupas.
¿Qué ha hecho Colau -Barcelona-? Pues básicamente lo mismo que su amiga Carmena: nada. Prometió 4000 viviendas, ha construido 800; es decir, un 20 % de lo prometido. Con el Gobierno de Colau solo crecen manteros y okupas, que parecen
ser las soluciones que suele ofrecernos el populismo, que firma esta propuesta, al problema del empleo y de la vivienda. Por cierto, hay otro sector en la vivienda que crece en la ciudad de Barcelona: los narcopisos y esos parques de algunos
barrios humildes, que tienen a los vecinos asustados y hartos de ver quiénes están ocupando dichos parques. Mientras tanto, el precio de los alquileres bate récords -sube un 30 %-, Colau promete acabar con los desahucios pero van 4000 al año; el
registro de solicitantes de vivienda bate récords y ya van por 36 000; los sintecho aumentan un 25 %; 70 000 asentamientos irregulares, etcétera.
Valencia, señora Sorlí, gobernada por ustedes, por Compromís, con el inestimable apoyo del doctor Sánchez -tiene dos concejales imputados también, ya que nos ponemos a recordar concejales imputados-: el 95 % de las inversiones en vivienda
del ayuntamiento está sin ejecutar. Señora Sorlí, ¿no le da vergüenza subir aquí a hablar de vivienda cuando allí donde gobierna usted tiene un 95 % del presupuesto de vivienda sin ejecutar? (Aplausos). El Cabañal, abandonado; de los 5 millones
que se iban a destinar a su rehabilitación no se ha ejecutado ni un euro, señora Sorlí, ni un euro. Este año se iban a destinar 2 millones de euros para ayudas a los que tienen dificultades para poder alquilar una vivienda, de esos 2 millones,
¿sabe cuántos euros han utilizado ustedes? Han utilizado 840, señora Sorlí; o sea, han utilizado un 0,042, como denunció en su Ayuntamiento mi compañero Fernando Giner. Estos son los hechos. Usted, señora Sorlí, decía que esto, lo que estaban
haciendo ustedes hoy, dignifica la política. ¿Sabe lo que dignifica la política, señora Sorlí, señores de Compromís, señores de Podemos? Cumplir lo que se promete dignifica la política. (Aplausos).
Verán, hay muchos aspectos de esta propuesta que no nos convencen: alargar los contratos, fijar precios -peligrosísimo-, complicar las fianzas. Y uno iba temiendo cuando iba leyendo todo el petitum y, al final, acababa con lo que uno
temía: con el 'exprópiese' chavista. Pero yo les voy a recordar dos cosas, lo que dicen economistas serios, desde Krugman, al que creo que algunos de ustedes respetan, hasta aquel sueco, Lindbeck, que decía: los controles de precios son la mejor
manera de destruir una ciudad, aparte de bombardearla. Yo añadiría: aparte de que la gobiernen Podemos, Compromís, Esquerra Republicana o Bildu, todos aquellos que están firmando una propuesta como esta. ¿Qué es lo que creemos que se debe hacer?
Vivienda de alquiler social pero de verdad, no esas viviendas que se adjudica el señor Espinar y que luego traspasa para sacar pasta, de verdad; incentivos al alquiler, ayudas en función de la renta, alquiler social, alquiler social para aquellos
que se están viendo desahuciados, aumentar la inversión para ampliar el parque público de viviendas, atraer mediante incentivos -incentivos, no subida de impuestos, señores firmantes-, rehabilitar edificios municipales infrautilizados, velar por el
buen uso de las viviendas municipales, dación en pago -es algo que ya trajimos aquí-, etcétera.
Señores de Podemos: ¡Esto no puede hacerse! Y yo les digo en plan curial: ¡Sí, se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede hacer! Empiecen a predicar con el ejemplo allí donde gobiernan, que pueden hacerlo, y dejen de engañar a la
gente.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Rominguera Salazar.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, es evidente que este país necesita con carácter urgente que se desarrolle en profundidad y con la solidez adecuada una nueva política de vivienda que lo sitúe en el centro de todas las políticas urbanas, sociales y económicas,
aunque al actor Cantó le cueste mucho trabajo entenderlo. (Aplausos). Porque, señorías, la vivienda es un elemento esencial del Estado del bienestar y, por tanto, es indispensable que, de una vez por todas, desde el Estado se promuevan políticas
que respalden la realización progresiva del derecho a una vivienda adecuada, políticas que luchen contra todas las formas de discriminación y
que impidan los desalojos forzosos, y que además se centren en las necesidades de las personas sin hogar, de las personas en situaciones vulnerables o en los grupos de bajos ingresos. En definitiva, lo que se hace necesario es dar a las
políticas de vivienda el carácter social y humano que nunca debieron perder, dando por eso un giro a todas las políticas de los Gobiernos del Partido Popular en esta materia, que están caracterizadas por su supeditación a intereses económicos junto
a una escasa dotación en los programas de vivienda o por la falta de medidas eficaces para hacer frente al drama de los desahucios.
Es una lamentable y preocupante inactividad la del Estado hasta ahora para afrontar de una manera global el problema habitacional de gran parte de la sociedad española porque se ha limitado en los últimos años a parchear con soluciones
claramente insuficientes y de marcado carácter macroeconómico los problemas más acuciantes en materia de vivienda. Y esta necesidad es reivindicada desde distintos ámbitos de la sociedad, existiendo un amplio consenso en este sentido, y fue
precisamente ese consenso el que hizo que un grupo de ciudadanos y ciudadanas presentasen hace casi un año a los distintos grupos políticos de esta Cámara cinco propuestas por el derecho a la vivienda y contra los desahucios que resumían bajo el
título de Ley de Vivienda de la PAH, un texto que, desde el Grupo Parlamentario Socialista, estudiamos detalladamente, concluyendo, y así se lo trasladamos a esta plataforma de Afectados por la Hipoteca -muchos de cuyos componentes están hoy aquí
con nosotros y yo también les quiero dar la bienvenida a todos ellos y a todas ellas-, que en los términos en que se encuentra redactada la iniciativa, nos parecía insuficiente, ambigua y sin una estructura jurídica lo suficientemente consolidada
como para garantizar que realmente todo aquello que contempla pudiera llevarse a cabo. En definitiva, es un texto -lo hemos oído aquí- mejorable que está repleto de medidas voluntaristas que no cuestionamos que sean bien intencionadas, pero que,
sin lugar a dudas, precisa de un mayor grado de concreción y desarrollo porque en muchos casos estamos hablando de conceptos ambiguos, como la definición de exclusión residencial, donde introducen el concepto unidad de convivencia, pero no precisan
en qué consiste. Lo mismo ocurre con el concepto vulnerable, que lo definen de una manera ambigua y obvia, porque la imposibilidad de interrupción del suministro para los consumidores vulnerables con riesgo de exclusión social ya la recoge el
actual sistema. Además, el texto contempla propuestas que podríamos decir que son contradictorias, como la imposición de litigar con postulación de oficio sin distinguir entre la figura del abogado y el procurador de oficio de los supuestos de
justicia gratuita; no se puede presumir siempre la insolvencia del consumidor. Son carencias de este texto que podrían ser salvables, como puede ser la falta de regulación de un procedimiento administrativo para la declaración de vivienda vacía.
Definen el concepto de vivienda vacía, pero no hablan del procedimiento. Como digo, hay carencias y errores en el texto que presentan, que va a requerir un arduo trabajo si finalmente se aprueba su toma en consideración. También se requerirá
-¡cómo no!- hablar de competencias. No obstante, este texto fue registrado en esta Cámara como iniciativa propia por parte de los grupos proponentes, seguramente impulsados por esos seis años de total ausencia de políticas de vivienda.
Efectivamente, la inactividad del Gobierno anterior hizo que desde los distintos grupos presentásemos diversas iniciativas encaminadas a hacer frente al reto de la vivienda y, en particular, del alquiler. En este sentido, saben que mi grupo
ha registrado una proposición de ley de medidas para el fomento del alquiler estable en la que contemplamos, entre otras medidas, que los contratos de arrendamiento tengan una prórroga forzosa de cinco años, transcurridos los cuales el contrato se
prorrogue anualmente hasta un máximo de tres, o que la subida de la renta esté sujeta de nuevo a la evolución del IPC. Son medidas en las que estamos trabajando para proteger a los inquilinos. En ese sentido, nos consta que también está trabajando
el actual Gobierno para recuperar el liderazgo del Estado en materia de vivienda, acometiendo medidas coyunturales a corto plazo pero también estructurales a largo y medio plazo, tal y como anunció en su día aquí el ministro de Fomento.
Recientemente, el pasado día 12, también aquí, en sede parlamentaria, el presidente del Gobierno habló de la necesidad de una futura ley de vivienda estatal. Como ven, de nuevo la política de vivienda vuelve a ser una prioridad para el Ejecutivo,
siendo una de las primeras actuaciones puestas en marcha la creación de un grupo de trabajo interministerial para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda, que ya está trabajando. Ayer mismo se reunió y están trabajando, como decía
antes, en el impulso de acciones que hagan frente a los retos de la vivienda y, en particular, del alquiler. Están buscando la máxima coherencia en las políticas públicas, marcándose como principales objetivos los siguientes: regular la función
social de la vivienda, con una especial atención a los colectivos más vulnerables y a la configuración de la misma como servicio público de interés general; conseguir movilizar la vivienda vacía, tanto de las personas físicas como jurídicas, con
destino al alquiler, y garantizar el acceso a la vivienda con el
criterio de igualdad entre todos los españoles. Para ello, en colaboración con las demás administraciones, prevé la promoción y la protección de un parque público de 20 000 viviendas en alquiler que permita atender especialmente a las
necesidades de las personas más vulnerables, reforzando el papel de Sepes, mejorando la financiación de la promoción de vivienda en alquiler a través del ICO e impulsando en colaboración con el sector privado la provisión de vivienda, especialmente
en aquellas zonas geográficas en las que el mercado ha experimentado una mayor tensión. Por tanto, pueden estar tranquilos. Puede estar tranquilo también el portavoz de Foro Asturias, que presentaba muchas dudas, porque, en definitiva, lo que el
Gobierno va a hacer es atender al artículo 47 de la Constitución y desarrollar un régimen jurídico básico que responda a la función social de la vivienda.
Señorías, casi todos, incluido ya el Gobierno de la nación, consideramos que es preciso que todos los esfuerzos que se hagan se encaminen a acabar con la falta de hogar de muchas personas o con las extraordinarias dificultades para acceder a
una solución habitacional que existen aún para muchos españoles, en unas comunidades más que en otras, eso también hay que decirlo. Pues bien, parte de ese esfuerzo supone aunar voluntades, poner el trabajo en común, dialogar y, por fin, conseguir
que el derecho a una vivienda digna sea una realidad. En esto coincidimos con los proponentes y este es el motivo por el cual los socialistas vamos a votar a favor de la toma en consideración de esta proposición de ley que debatimos, teniendo en
cuenta que hay mucho de lo que seguir hablando en materia de vivienda.
Como decía en un principio, nos resulta insuficiente el texto. Está lleno de lagunas y de cuestiones que son necesariamente mejorables. Señorías, en materia de vivienda hay mucho por hacer y mucho que recuperar, pero hay que hacerlo bien.
No basta solo con la buena voluntad. No es suficiente prometer, sino que hay que garantizar que lo que se promete es factible y poner todas las herramientas para ello. Eso es lo que se puede y lo que se debe hacer.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Zurita Expósito.
La señora ZURITA EXPÓSITO: Gracias, presidenta.
Señorías, muy buenas tardes. Saludo especialmente a los representantes de la PAH y al resto de colectivos que hoy nos acompañan.
Señorías, aunque no podemos compartir esta proposición de ley de Podemos, me alegro de que se hable hoy de vivienda en esta Cámara, porque cuando el señor Sánchez llegó a ocupar La Moncloa, utilizando el símil en términos de vivienda,
prometió que la vivienda iba a ser una prioridad. Prometió que iba a modificar, a reorientar la política de vivienda de este país, textualmente blindar la función social de la vivienda. Pero por ahora solo hemos visto hipocresía, hipocresía de un
lado e hipocresía de otro, solo medidas para quedar bien por parte del Partido Socialista, pero no con sus propios electores, que se echan las manos a la cabeza ante sus noticias de intervenir los alquileres, pero sin saber todavía si protegemos al
arrendador o al arrendatario, si subimos los impuestos o los bajamos. Es como todo lo que ha hecho el Partido Socialista hasta ahora, quedar bien, pero quedar bien con los grupos que les han apoyado en la moción de censura para usurpar el Gobierno
al Partido Popular.
La primera prenda pagada, la señal, fue ya votar no, junto con Podemos, a la proposición de ley aprobada en este Congreso para el desalojo de los okupas en viviendas de forma ilegal, y luego la hipocresía de los dirigentes de Podemos
apoyando a su líder, que adquiere una vivienda de más de medio millón de euros cuando para el resto de ciudadanos pide alquileres de 100 y cuando intenta hurtar de sus derechos, limitar la posibilidad de que alguien pueda tener más de cinco
viviendas u 800 metros cuadrados de superficie. (Aplausos). ¡Por favor, por favor! Y luego, la señora Colau, que promete cuatro mil viviendas y no es capaz de hacer más de trescientas, pero luego tira por el camino fácil: intervenir lo de los
demás, intervenir el trabajo de otros y el esfuerzo de otros. En estas medidas para quedar bien del Partido Socialista también están las anunciadas veinte mil viviendas, pero aún no sabemos cuándo ni cómo ni dónde, pero queda bien decirlo. Otra
cosa, la intervención de los precios del alquiler, intervenir el mercado para generar mayor oferta, y según el señor Ábalos no a los que tengan un piso o dos, o todavía no sabemos si en función del lugar, ya veremos. O la noticia de esta mañana,
medidas coercitivas contra los dueños de viviendas vacías. No ha tardado ni veinticuatro horas la señora Lastra en desmentir esta noticia. Es lo mismo, la práctica del globo sonda.
Señorías, lo único que ha hecho bien el Partido Socialista en materia de vivienda en este mandato ha sido poner en marcha el plan de vivienda del Partido Popular, así tal cual, como venía de paquete, porque
en el fondo y pese a las críticas deben considerar que es un buen plan. (Aplausos). Hasta repartieron ya el dinero a las comunidades autónomas, el dinero que estaba consignado también en los presupuestos del Partido Popular. Ahí es donde
me voy a quedar, en las medidas del Partido Popular. Saben los señores de la PAH, promotores de este texto que se debate hoy aquí, que hemos estado de acuerdo en lo fundamental de esta proposición de ley, porque nos hemos reunido muchas veces y
hemos hablado mucho de esto. Saben, señores de la PAH, que estamos de acuerdo en lo esencial, en el objetivo a conseguir, que es garantizar el derecho a la vivienda en España, pero hay que decir tres cosas. Primero, que en ningún momento se pone
en duda que existan personas en situación de riesgo social que deban ser atendidas, pero las medidas que se traen hoy a esta Cámara no presentan ventajas adicionales ni extraordinarias con respecto a las medidas que ha puesto en marcha el Gobierno
del Partido Popular. Segundo, el plan de vivienda del Partido Popular puesto ya en marcha por el PSOE resuelve gran parte de la problemática que pretende resolver esta ley. Y tercero, la realidad que se justifica con los últimos datos de
emergencia y desahucio demuestra que gran parte de la justificación que se aporta no es real. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, el número de ejecuciones hipotecarias se ha reducido considerablemente; por ejemplo, desde julio de
2014, que fue su punto más álgido, se ha reducido un 84 %, y desgraciadamente los desahucios por alquiler han sufrido un incremento en el último trimestre del 1,1 % respecto al año anterior, y saben que en eso compartimos su inquietud. Por eso,
dejamos ya hecho, listo para gestionar -y así se ha hecho- un plan de vivienda que contenía seis programas distintos, seis destinados al incremento de vivienda para alquiler asequible. También somos conscientes del incremento del precio del
alquiler debido a efectos que además no se contemplan en esta ley, como el alquiler turístico. Por cierto, admirable la solución del ministro Ábalos, que dice que hay que poner cierto orden (muestra un titular de prensa), hay que poner cierto
orden. ¡Es realmente brillante el señor Ábalos!
Señorías, vamos a votar en contra de la toma en consideración de esta proposición de ley y, repito, no porque no compartamos el objetivo principal, que es cumplir rigurosamente el artículo 47 de la Constitución, sino porque entendemos que el
Partido Popular ha puesto en marcha medidas que han dado solución a los desahucios y a la crisis económica que los ha provocado, y porque ya está en marcha nuestro plan de vivienda, cuyo objetivo es aumentar el parque de vivienda destinado a
alquiler de este país y a que exista una bolsa específica de viviendas de emergencia destinadas a ciudadanos que sufren un desahucio. Se hace de manera constitucional, flexibilizando la oferta, aumentando la oferta de vivienda, que es la única
manera de que bajen los precios, y no con medidas como las que ofrece esta ley: considerar grandes tenedores de vivienda a los que tengan más de cinco viviendas u 800 metros cuadrados con la pérdida de derechos sobre las propiedades que no sean
vivienda habitual, amparar las ocupaciones ilegales, aumentar a diez años el periodo mínimo de alquiler en determinadas circunstancias o la intervención de los precios del alquiler dando la potestad a los ayuntamientos. Estas medidas, señores de
Podemos, no han funcionado en otros países, ni en Berlín, ni en París, provocando el efecto justamente contrario. Por último, un consejo a los señores de Podemos y a los del Partido Socialista, que van juntos en esto, el buen camino es el que están
siguiendo, poniendo en marcha el plan de vivienda del Partido Popular y proponiendo más vivienda en el mercado y aumentando la oferta. Este régimen chavista de la vivienda que propone Unidos Podemos lo único que hará es paralizar la puesta en el
mercado de la vivienda e incidir negativamente en la economía y en la sociedad española.
Termino, señora presidenta. A los señores de la PAH, de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, les tengo que decir que respeto su trabajo y admiro la labor que están haciendo. Saben que tienen además nuestro compromiso de encauzar
aquellas propuestas que consideremos justas y de trabajar medidas concretas, pero no podemos apoyar este texto.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN CUANTO A LA AMNISTÍA FISCAL. (Número de expediente 162/000731).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, sobre la lucha contra el fraude fiscal y la promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal.
Tiene la palabra la señora Vera Ruíz-Herrera.
La señora VERA RUÍZ-HERRERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Sinceramente, hay días que una se levanta con cierta impotencia por no poder cambiar las cosas que quisiéramos cambiar y lo rápido que quisiéramos cambiarlas, y hay días que tiene todo el sentido del mundo que estemos aquí; qué oportuno
tener que salir ahora a hablar de lucha contra la corrupción y contra el fraude fiscal, después de haber escuchado este debate absolutamente patético sobre el derecho a la vivienda. Qué bien, qué honor tener que salir a luchar contra la corrupción
después de que ustedes hayan dicho en la cara de las plataformas de defensa por la vivienda pública las cosas que acaban de decir. Señor Cantó, que ahora no está, dígales usted lo que significa fondo buitre, dígales lo que significa tener que
hablar a una persona que no solamente es diputada sino que durante diez años ha trabajado con la PAH y ha sido portavoz de la misma. Hay que tener muy poca vergüenza. (Aplausos).
Hoy, una vez más, en nuestro incansable, a veces agotador, intento por conseguir un poquito de justicia social en este país, volvemos a hablar de democracia insana, de democracia enferma. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
La señora VERA RUÍZ-HERRERA: No se alteren, porque hay que tener también mucha paciencia para escuchar los discursos que hemos escuchado anteriormente.
Parece mentira que con todas las cosas que hemos vivido en la corta legislatura que llevamos, que después de haber vivido una moción de censura para echar, para desalojar al Gobierno corrupto del Partido Popular por un pueblo indignado, no
gracias a nosotros, que ya no quería seguir soportando la corrupción del Partido Popular y pagando los privilegios de unos pocos mientras pagaba la crisis, parece mentira que con todo lo que hemos hablado de todo esto tengamos que volver a decir en
esta tribuna que la corrupción es corrupción venga de donde venga, sea de quien sea, sea de este Congreso de los Diputados, sea de cualquier cargo público, sea de la Casa Real o sea de que quien sea; parece mentira que tengamos que decirlo otra
vez. Es una cuestión de salud democrática hablarlo, pero también es una cuestión de justicia social, precisamente por lo que acabamos de hablar. Estamos hablando de personas que se han acogido a la amnistía fiscal de Montoro, que se han llevado el
dinero de todos y de todas las ciudadanas a paraísos fiscales y que lo han regulado en este país tributando mucho menos que todas las personas que estaban allí arriba sentadas luchando contra los desahucios. Es una sinvergonzonería lo que ha pasado
en este país durante todos estos tiempos y nos parece increíble que el Partido Socialista se esté negando a publicar esta lista, en serio lo digo. Ustedes, que tan constitucionalistas son, que se agarran tanto a la Constitución, deberían saber que
la Constitución lo que dice exactamente es que todos los ciudadanos españoles van a contribuir al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo a la capacidad económica que tengan. Pero ustedes nada más se acogen a la Constitución cuando les da
la gana. Ustedes nada más se acogen a la Constitución cuando hay que hacer un pacto de silencio, sin preguntarle a la gente, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, para cambiar el 135 y dejar a las mayorías sociales en la estacada, entre
ellas a las plataformas de afectados por la hipoteca. (Aplausos). Eso es lo que han hecho ustedes, acogerse a la Constitución cuando hay que tirar del 155 para abusar y para quitarle soberanía a Cataluña. Eso es lo que están haciendo y no quieren
ver nada más.
Esta amnistía fiscal es un absoluto fraude fiscal. Es un fraude. Mientras que la gente honradamente ha tenido que pagar con sus impuestos la crisis, ustedes han decidido proteger y poner por delante a los bancos, sabiendo que, 'a lo
mejor', 'puede', 'lo mismo', los dueños de esos bancos, los banqueros, se estaban acogiendo a esa Ley de amnistía fiscal de Montoro. Nosotros venimos del 15-M. Cuando ustedes separan a quienes se sientan allí arriba de quienes nos sentamos aquí
abajo se están equivocando. Lo que traíamos antes no era una ley nuestra, era una ley de la PAH. Nosotros venimos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, de los movimientos sociales, del 15-M, porque nosotros padecimos en primera persona
vuestra crisis. Tuvimos que acampar porque nos estaban perjudicando, personalmente, vuestras políticas. Lo dijimos claramente, no era una crisis, era una estafa, y nos la estabais haciendo pagar. (Aplausos). ¿Es que no han entendido todavía que
somos la consecuencia misma de la mala gestión política que han hecho ustedes todos estos años? Dijimos todo ese tiempo que no íbamos a seguir pagando vuestros privilegios para que vivierais a cuerpo de rey, con comilonas, yendo a los palcos y
protegiendo a vuestros amigos corruptos, mientras nosotros pagábamos la crisis, mientras se deterioraba
la educación, la sanidad y todos los derechos sociales de este país. Pero, por suerte, despertamos y aquí estamos. Exigimos nuestro derecho a saber la verdad, exigimos nuestro derecho a la información, merecemos saber quiénes son los
cómplices de que tuviéramos que pagar esa crisis, quiénes son los que se llevaron el dinero de todos a paraísos fiscales y luego lo trajeron aquí tributando muchísimo menos que la mayoría social, que los autónomos, que los desahuciados, que los
maestros, que las maestras, que los doctores, que los periodistas, que las 'kellys', que cualquiera. Tenemos el derecho a saber. Y si es el rey emérito, pues es el rey emérito, y lo queremos ver en una lista, porque para eso se comprometió el
señor Sánchez.
Miren, es que no estamos hablando de cualquier cifra; ¡es que estamos hablando de un abuso económico en toda regla! Es que si nos ponemos a mirar bien, nos damos cuenta de que desde que finalizó el plazo para acogerse a la amnistía fiscal
fueron 31 500 beneficiarios de esa Ley de amnistía fiscal de Montoro, 31 500. ¿Esto qué significa? ¡Esto significa que se recaudaron alrededor de 1200 millones, menos de la mitad de lo que se debería de haber recaudado! Es que no hemos tenido, no
tenemos, no hay dinero para la educación, no hay dinero para la sanidad, no hay dinero para las escuelas. ¿Cómo que no hay dinero? ¡Se lo han llevado ustedes y lo han permitido delante de todos nosotros! (Aplausos). Pero lo peor de todo y lo que
no entiendo por parte del Partido Socialista es que hay más de 715 personas que se han acogido a esa Ley de amnistía fiscal y que, posiblemente, no se sabe, no se sabe, están relacionados con casos de corrupción. Le voy a citar algunos ejemplos
para recordarles por qué están ustedes en los escaños negros del Congreso de los Diputados: Francisco Granados, del caso Púnica, regularizó 1,5 millones de euros con la amnistía fiscal de Montoro; Diego Torres, exsocio de Urdangarín, ahí la Casa
Real que no quieren ustedes investigar, 160 000 euros de su cuenta en Luxemburgo, nada más; Luis Bárcenas, de la caja B del PP, 21,9 millones de euros regulados; Alberto López Viejo, regularizó 450 000. Se me acaba el tiempo. Lo único que quiero
decir antes de acabar es que no hay derecho; se han reído en nuestra cara; se han reído en la cara de los desahuciados, de los pensionistas, de las mujeres, de las mujeres que sufren la violencia machista; se han reído en la cara de todo el mundo
y ustedes están siendo cómplices de eso. Ustedes nos han acostumbrado -y por eso también salimos a las calles en el 15-M-, lamentablemente, a decir una cosa en campaña y luego llegar al poder y hacer otras. ¡Sean valientes y no traigan una
enmienda que lo único que hace es no decir nada para no retratarse! ¿No quieren votar a favor? ¿No quieren cumplir con su programa electoral? ¿No quieren cumplir con sus promesas? ¡Díganselo a la gente! Díganselo a la gente y que cuando llegue el
día de vernos en las urnas la gente pueda votar en conciencia, porque desde luego a nosotros no nos van a engañar más; no nos engañaron cuando estábamos ocupando las calles en el 15-M, no nos van a engañar ahora que estamos sentados en estos
escaños temporalmente. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos intervienen, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señora presidenta, señorías, en fin, sí hay algunas cosas, no muchas, mas chapuceras, más opacas y más bochornosas que la tesis del doctor Sánchez, por ejemplo, las amnistías fiscales del Partido Popular y del
Partido Socialista. (Aplausos). Efectivamente, hay una amnistía fiscal que hizo en el año 2012 el señor Montoro, pero hay dos anteriores que hicieron los Gobiernos socialistas, y el sentido de nuestras enmienda, por supuesto, es incluirlas y
condenarlas todas ellas. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). El señor Montoro, evidentemente, ya no está en el Gobierno, pero curiosamente uno de los principales responsables de la primera amnistía fiscal, que es la
emisión masiva de pagarés del Tesoro opacos, es el señor Borrell, que sí está en el Gobierno socialista. Esto no se ha tenido cuenta y, evidentemente, a nosotros nos parece tan bochornoso, tan lamentable y tan condenable tanto la amnistía fiscal de
Borrell, como la de Solchaga o la de Montoro, porque nosotros estamos contra el fraude y creemos que las amnistías fiscales solo favorecen la injusticia y el fraude. En este sentido, si no admiten nuestra enmienda pediremos votación por puntos. En
cualquier caso, hablando de amnistías fiscales, se quejaba la señora Vera de que el doctor Sánchez no cumplía su palabra. ¡Vaya novedad! Nosotros, cuando llegamos a un acuerdo tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, exigimos
cuestiones concretas relativas a la amnistía fiscal y ustedes le han regalado el poder al doctor Sánchez sin exigir absolutamente nada a cambio. ¿Y luego se extrañan de la opacidad de la amnistía fiscal? Esta es una duda que tenemos.
El Partido Socialista tanto en su enmienda, como en respuestas parlamentarias, así como el doctor Sánchez en declaraciones suyas cuando vino aquí a hablar sobre el hecho de incumplir -y este fue uno
de sus primeros incumplimientos, por supuesto después del hecho de no convocar elecciones-, decía que un informe de la Abogacía de Estado en la Secretaría de Estado de Hacienda consideraba inconstitucional publicar los datos de la amnistía
fiscal. Curiosamente, cuando estos informes les dicen que lo que hay que hacer es defender el Estado de derecho, defender la jurisdicción española y defender al juez Llarena intentan no hacerles ni caso, pero cuando estos informes les dicen que no
publiquen datos sobre la amnistía fiscal les parece estupendo. (Aplausos). Por cierto, informes de la Abogacía del Estado que también decían que la amnistía fiscal de 2012 era constitucional y luego el Tribunal Constitucional la declaró
inconstitucional. Pues bien, yo pedí este informe el 17 de julio. (Muestra un documento). Está aquí, pero no porque me lo haya enviado el Gobierno socialista -se lo pedí el 17 de julio y no me lo han enviado-, sino porque prefirieron enviárselo a
El Confidencial. Este es un ejemplo más del respeto que el Gobierno del Partido Socialista tiene a esta Cámara, que no entrega la documentación en la que basa sus actuaciones. El informe dice que el derecho a la opacidad respecto a los
defraudadores fiscales acogidos a una amnistía fiscal inconstitucional no se puede cambiar por una ley del Parlamento. ¡Impresionante! ¡Impresentable! Señorías tanto del Partido Socialista como de Podemos, seamos realistas, la razón por la que el
doctor Sánchez se niega a publicar los nombres no es este informe de la Abogacía del Estado, la razón la dio el señor Montoro hace unos meses en esta Cámara cuando dijo literalmente -la primera parte es mentira, pero está claro que la segunda no-
que solo había un dirigente del Partido Popular que se había acogido a la amnistía fiscal. Se refería al señor Rato, pero luego vimos que había más, como los señores Granados o Bárcenas, que sepamos. Pero también dijo que sin embargo había muchos
más diputados y dirigentes del Grupo Parlamentario Socialista que se habían acogido a la amnistía fiscal. Pues bien, parece ser que el señor Montoro tenía toda la razón del mundo y, lógicamente, una vez que se han conocido estos datos el Partido
Socialista ha decidido que no publica ni un solo nombre, ha decidido blindar la opacidad de los defraudadores que se acogieron a la amnistía fiscal, de la misma manera que anteriormente concedió dos amnistías fiscales que no fueron recurridas ante
el Tribunal Constitucional pero que también supusieron un bochorno y una vergüenza. El tiempo pasa irreparablemente y las tres amnistías fiscales están prescritas, pero, ¿por qué el Grupo Podemos trae aquí esta proposición no de ley? Básicamente,
porque todas las propuestas que ha hecho Podemos para intentar aprobar los presupuestos se refieren a una única cosa, subirles masivamente los impuestos a los que ya los pagamos. No hay ni una sola propuesta para luchar contra el fraude fiscal y
ante la promesa del señor Sánchez de que iba a publicar estos nombres han traído esto aquí para exigírselo como una forma de lavar su conciencia, porque no han hecho ni han pedido absolutamente nada al Gobierno socialista para intentar luchar contra
el fraude fiscal.
Por último, quizás lo más vergonzoso de todo esto -da vergüenza ajena- sea la cuestión que ha prometido el señor Sánchez y que aparece en la enmienda del Partido Socialista relativa a aprobar una ley para prohibir futuras amnistías fiscales.
Quiero informarles de que esto ya está en vigor. En 1991, durante la segunda amnistía fiscal del Partido Socialista, se estableció algo que no está derogado y que dice literalmente lo siguiente: A partir del 1 de enero de 1992 no se dictará
disposición alguna de cualquier rango que implique, para quien hubiere incumplido sus obligaciones tributarias, amnistía fiscal. Señorías del Partido Socialista, plagiar esto no sirve absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque después de la
segunda vino una tercera amnistía fiscal, que es la que hizo el Partido Socialista. Para tener un mínimo de justicia fiscal, para impedir que esto se vuelva a repetir, lo que hay que hacer es ser más decente, cumplir la Constitución y cumplir las
leyes, no hacer demagogia como ha hecho el doctor Sánchez desde el mismo momento en que pasó a presidir el Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado Zurera.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidenta.
Señorías, cuando la política se queda en demagogia, hacemos un flaco favor a la democracia y a la sociedad.
Señora Vera, sabe que he intentado negociar con usted la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Usted sabe que le he dicho que incluso era una enmienda mejorable y que desde luego estábamos dispuestos a avanzar. Usted no se ha
dignado ni a llamar ni a sentarse con el Grupo Parlamentario Socialista para tratar esta cuestión. (Aplausos). No creo que con su actitud nos quiera dejar tuertos, evidentemente, pero en mi tierra, que es la suya, se dice que quiere meternos el
dedo en los
ojos, y yo creo que no ha lugar. En estos momentos justamente su fuerza política y la mía estamos en una permanente toma de contactos y esta enmienda se hubiese merecido también esa toma de contactos y esa reunión, porque desde luego
nuestra voluntad es clara y evidente: seguir avanzando.
Señora Vera, ¿acaso usted, o alguien, duda de la labor que ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista denunciando permanentemente esta amnistía fiscal vergonzosa del señor Montoro? ¿Alguien duda de eso? Ha habido todo tipo de iniciativas,
legislativas y no legislativas, y siempre nos hemos encontrado con un muro, pero ha sido el Grupo Parlamentario Socialista quien lo ha denunciado. Señora Vera, ¿usted acaso duda o pone en cuestión que si el Tribunal Constitucional ha declarado
inconstitucional esa amnistía fiscal ha sido por un recurso del Grupo Parlamentario Socialista? (Aplausos). ¿Usted pone en duda nuestro compromiso político contra esa amnistía fiscal? No debería ponerlo en duda. Señora Vera, ¿usted pone en duda
que si el actual Gobierno pudiese publicar a los 30 000 defraudadores que se han acogido a esa amnistía fiscal no los iba a publicar? Señora Vera, estoy seguro de que usted tampoco lo duda porque el compromiso del Gobierno y del presidente ha sido
claro y tajante: eso es una amnistía vergonzosa que ha coincidido con uno de los peores momentos, si no el peor, de nuestra democracia en cuanto a casos de corrupción, donde ha habido una connivencia, porque esos corruptos se han acogido a la
amnistía fiscal. Nunca había ocurrido eso. Por tanto, no dude usted de esa realidad.
¿Cuál es la verdad si no queremos entrar en demagogia? Que si el señor Pedro Sánchez toma posesión el día 2 de junio, el día 17 de julio ya hay un informe de la Abogacía del Estado con carácter de urgencia. Es decir, de las primeras cosas
que hizo el Gobierno fue pedir a la Abogacía del Estado, como tiene que hacer un Gobierno para garantizar la seguridad jurídica, que hiciese un informe al respecto porque había voluntad política. Señora Vera, usted no lo duda, estoy seguro. ¿Qué
ha dicho ese informe de la Abogacía del Estado? El informe ha dicho claramente que con la normativa actual no se podría publicar el listado de esos 30 000 defraudadores fiscales, entre los que están Bárcenas, Rato, Granados y multitud de miembros
del Partido Popular; muchos, estoy seguro. Por tanto, lo dice acogiéndose al artículo 95 de la Ley General Tributaria, que es la que define los casos excepcionales para hacer públicos datos confidenciales y que solamente puede ser utilizados a
efectos de gestión y de inspección tributaria. (Rumores). También dice la Abogacía del Estado que no solamente con la ley actual no se podría hacer público, sino que tampoco se podría modificar la Ley General Tributaria para este caso porque se
habla de relaciones jurídico-tributarias firmes y cuyos efectos siempre incurrirían en irretroactividad y en este caso, retroactividad es la ilegalidad que se cometería. Por tanto, ¿cuál es el avance que yo querría proponerle, señora Vera, aparte
de esa enmienda presentada? El avance sería la voluntad política que sigue teniendo el Grupo Parlamentario Socialista de seguir avanzando y de seguir estudiando qué posibilidades hay. La Abogacía del Estado, ha dicho que no; eso no es una
sentencia del Tribunal Constitucional. Hay posibilidades de seguir avanzando, de seguir estudiando y de seguir viendo fundamentos jurídicos que garanticen la seguridad jurídica que establece el artículo 9.3 de la Constitución contra la
arbitrariedad de los poderes públicos en la que se incurriría, en este caso, de hacerse público por las buenas ese listado. (Aplausos).
Le pido, señora Vera, que atienda las enmiendas que hemos presentado, que son enmiendas que avanzan, por ejemplo, en lo que es dotar de medios materiales y humanos a la Agencia Tributaria porque, ¿sabe por qué se acogen a la amnistía fiscal?
Porque la Agencia Tributaria no ha investigado a esos no declarantes. Si la Agencia Tributaria hubiera tenido recursos y medios para inspeccionar e investigar y si en vez de dedicarse, como lo ha hecho, a la comprobación de aquellas rentas que
hemos declarado todos, se hubiera dedicado a investigar, estoy seguro de que no se hubieran tenido que acoger a la amnistía fiscal porque hubieran liquidado sanciones, intereses de demora y el tipo de gravamen que nos corresponde a todos nosotros.
Por tanto, acoja esa enmienda, acójala porque es un avance y no hagamos demagogia, y más, entre las fuerzas de izquierda que tenemos que vencer a quien es el autor de la amnistía, que es una derecha...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Hurtado, tiene que terminar.
El señor HURTADO ZURERA: ... que la ha hecho en beneficio propio.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Hurtado.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Matute García de Jalón.
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias.
Voy a ser muy breve. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa que plantea Unidos Podemos por tres cuestiones fundamentales. La primera, porque queremos saber qué prohombres de la patria española hay detrás de esa amnistía fiscal. Creemos que
es bueno que exista transparencia y creemos que es necesario que la gente, que los ciudadanos y ciudadanas, que las clases populares del Estado español conozcan quiénes son esos privilegiados que pueden ocultar su dinero y beneficiarse de una
amnistía fiscal hecha a su medida, sean quienes sean. Por tanto, queremos la verdad. La segunda razón es porque queremos que todos y todas sean iguales ante la ley. Decía la fiscal general del Estado en la apertura del curso judicial, ante la
mirada impávida del Borbón, que la justicia era lo más democrático que existía en el Estado español porque nos hacía a todos y a todas iguales ante ella. Pues bien, pese a la mirada del Borbón, que poco igual es a los demás, sí nos gustaría que
estos 715 ciudadanos y ciudadanas fueran iguales que el resto y pudieran cumplir con sus obligaciones igual que hace el resto; por tanto, justicia. La tercera porque queremos que paguen todo lo que tendrían que haber pagado si no se hubieran
beneficiado de esa vergonzosa amnistía fiscal, es decir, que reparen el daño causado; por lo tanto, reparación. Ya ven, haciendo una analogía, aquí también es posible la verdad, la justicia y la reparación.
Termino con una cuestión, vamos a apoyar esta iniciativa -y esto no le sorprenderá a nadie, ni al señor Girauta tampoco- porque nosotros creemos que los candados del régimen del 78 son nocivos para las clases populares y para los pueblos
porque impiden, a través de la articulación de un modelo territorial férreo, la libertad de los pueblos como el nuestro, como el vasco, pero también como el catalán, el gallego u otros, y porque creemos que perpetúa un modelo económico basado en la
primacía de las elites, en el privilegio de las elites y en el aplastamiento de las clases populares. Por eso vamos a apoyar esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Matute.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, ahora que el presidente del Gobierno ha abierto la puerta a una reforma exprés de la Constitución para eliminar los aforamientos, nos gustaría que se incluyeran otras como, por ejemplo,
la que el Partido Socialista reclamaba cuando estaba en la oposición: la relativa a que dentro de una reforma constitucional debería prohibirse de forma absoluta el recurso general o individualizado a la amnistía fiscal.
La amnistía fiscal que impulsó el exministro Montoro no solo fue ilegal, como dijo el Tribunal Constitucional, sino que, además, se demostró como un mecanismo ineficaz para recuperar dinero negro aunque eficiente para extender la impunidad
ante el fraude. Los técnicos de Hacienda señalaron que el 11,5 % de los acogidos a la amnistía fiscal de 2012 volvieron a defraudar al fisco. El rechazo del Gobierno a publicar la lista de beneficiarios de la citada amnistía fiscal ilegal hace
imposible rastrear el origen del dinero y su posible vínculo con casos de corrupción y, por tanto, al final los evasores han tenido un resultado magnífico: han lavado su dinero y además se amparan en el anonimato. Más fácil imposible. En
Compromís ya denunciamos la carta blanca que tienen los corruptos en España; una impunidad que también confirmó el Grupo de Estados contra la Corrupción, el Greco, en su último informe. Por tanto, hay que tomar medidas, como la que se contiene en
esta proposición de ley que ya adelanto que Compromís va a apoyar.
Respecto a la lucha contra el fraude, recordamos que hay otras muchas cosas que hacer, por ejemplo, la iniciativa que Compromís planteó en el Acuerdo del Prado, que proponía la creación de una oficina contra el fraude y la corrupción, o
también nuestra propuesta programática de aumentar los medios humanos con que cuenta la Agencia Tributaria, porque sabemos que con cada nueva unidad de inspección aflora un fraude que reporta unos beneficios que multiplican por 22 el coste de su
creación. En definitiva, este es un trabajo en el que tenemos que empeñarnos. Para concluir y en relación con el último punto de la propuesta que estamos debatiendo, relativa a la problemática planteada respecto a las declaraciones que hizo la
señora Corinna zu Sayn-Wittgenstein, reiteramos la necesidad de ampliar la transparencia de los miembros de la Casa Real, obligando a publicar su declaración de actividades y bienes patrimoniales, tanto al adquirir como al perder su condición de
miembros, porque esto, la transparencia, es algo transversal que nos exige la ciudadanía.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. La verdad es que la actitud de Podemos en relación con el Partido Socialista y al Gobierno socialista cada día nos recuerda más la actitud de Ciudadanos en relación con el Gobierno del Partido Popular y el Partido Popular.
¿Recuerdan aquello de pactar todas las medidas fiscales y presupuestarias y después criticar con vehemencia la política económica y fiscal del Gobierno que hacía Ciudadanos y que no comprendíamos? Ustedes están haciendo exactamente lo mismo.
Ustedes, a través de los medios de comunicación nos explican que están pactando medidas fiscales de incremento de impuestos, que están pactando el presupuesto, que están pactando los objetivos de déficit, y vienen aquí a defender con gran vehemencia
que la lista de los amnistiados tenía que hacerse pública. Me acuerdo cuando el señor De la Torre desde esta tribuna exigía al señor Montoro y al señor Rajoy que publicaran la lista, y no la publicaban, pero inmediatamente pactaban los presupuestos
y pactaban las medidas fiscales. Ustedes aprendieron: vamos a quedar bien, vamos a exigir con mucha vehemencia que se publique, pero no va a pasar nada y vamos a pactar el presupuesto y los impuestos. Si tan importante es, si tan básico es y lo
creen legal, exíjanlo como condición previa; no pacten ninguna subida de impuestos, no pacten ningún presupuesto y digánselo al presidente Sánchez -recuerdo a los señores de Ciudadanos que el señor Sánchez tenía el doctorado cuando pactó con
ustedes el pacto de investidura y aquellas manos que se dieron en el salón adjunto, nadie recordaba en aquella época que el señor Sánchez tenía un doctorado-. En todo caso, exíjanlo.
Entiendo que quieran afear una actitud un tanto poco prudente por parte del señor Sánchez. Nosotros advertíamos de la dificultad jurídica de intentar publicar esta lista, pero en algunos puntos de los que plantean estamos absolutamente de
acuerdo. No vamos a apoyar la proposición, nos vamos a abstener, pero tengan en cuenta que en cualquier propuesta seria de lucha contra el fraude nos van a encontrar. Incluso entendemos que debería ser prioritaria antes de plantear algunos
incrementos de impuestos a los que ya pagan porque, evidentemente, antes de incrementar los impuestos a los que ya pagan debemos conseguir que paguen impuestos los que no pagan.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.
Hoy estamos debatiendo aquí acerca de una proposición no de ley sobre la lucha contra el fraude fiscal y promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal. Una proposición no de ley que es consecuencia principalmente de la
declaración tributaria especial de 2012, un eufemismo, un nombre más suave para obviar la expresión amnistía fiscal. Nuestro grupo, desde luego, fue crítico con esta medida, se posicionó en contra de la misma y, de hecho, dentro de nuestra
capacidad normativa en el ámbito tributario, no la aplicamos en Euskadi.
La amnistía fiscal fue un profundo desacierto por parte del Gobierno que la reguló, el Gobierno de la X Legislatura. Supuso una tremenda injusticia y un agravio comparativo mayúsculo con quienes satisfacen sus obligaciones tributarias, ya
que se permitió que muchos defraudadores se pusieran al corriente con Hacienda pagando un peaje irrisorio, en torno al 3 % de media, cuando tenían que haber pagado muy probablemente por los niveles de renta por encima del 50 % y desde luego puso en
entredicho la voluntad real de la Administración en la lucha contra el fraude sin siquiera tener en cuenta los principios éticos o morales de la sociedad. Lo cierto es que la sentencia del Tribunal Constitucional anulaba el indulto fiscal pero no
sus consecuencias porque no tenía efecto retroactivo sobre las regularizaciones. Mantener una lucha decidida contra el fraude es necesario. Además, las personas y sociedades que tienen patrimonio no declarado tienen que entender que si las
distintas haciendas lo descubren el efecto tiene que ser demoledor. Nuestro grupo se suele mostrar a favor de aquellas medidas que tengan que ver con el aumento de la lucha contra el fraude, entendiendo además que son muy necesarias. La lucha
contra el fraude, contra los delitos fiscales, además de ser un tema recaudatorio es un asunto también de justicia social y de ética que demanda la ciudadanía. Aquí entendemos que se deben facilitar por lo menos elementos de coordinación o de
cooperación para erradicar el fraude, las amnistías y los paraísos fiscales, tarea que sinceramente creo que es de todos los grupos y partidos políticos. No es vendible ni explicable que en el corazón de la Europa que llamamos democrática algunas
personas puedan ocultar sus fortunas y no pase nada o casi nada. El primer paso para luchar contra el fraude fiscal es establecer medidas
preventivas, lo que llamamos medidas de transparencia y de buen gobierno. Es necesario que los ciudadanos y ciudadanas recuperen la confianza en las instituciones, que todos los ciudadanos podamos considerarnos iguales ante la ley y que la
conciencia fiscal de los ciudadanos mantenga los niveles de los países desarrollados. Luchar contra el fraude con planes rigurosos de inspección, con más inspectores, con mayor coordinación entre las haciendas a nivel europeo, actuando claramente
contra los paraísos fiscales; esas actuaciones y muchas más tienen y tendrán todo nuestro apoyo.
Dicho esto, centrándome en la proposición no de ley, y estando de acuerdo con muchos de sus puntos, creemos que el proponer hacer pública la lista de amnistiados fiscales y, por tanto, datos de las personas físicas o jurídicas que se han
acogido a aquella regularización fiscal y extraordinaria, y el resto que va en consonancia, es un tanto difícil de ejecutar porque habría que modificar el artículo 95 de la Ley General Tributaria, ya que dispone el carácter reservado y confidencial
de la información tributaria, que solo puede ser cedida en determinados supuestos o comunicada a terceros por la Agencia Tributaria. Pero, dicho todo esto, entendemos que ya que se han avalado las declaraciones, que por lo menos la publicación de
todos estos datos sea, además de por justicia, para lograr el sonrojo de aquellas personas y sociedades que se acogieron a esta mencionada amnistía fiscal, que desde luego han sido unos privilegiados frente a los demás ciudadanos. A pesar de las
dificultades que vemos, como he comentado, a nivel jurídico, sí estamos de acuerdo con el fondo de la proposición no de ley y por ello vamos a votar a favor de la misma.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Margall Sastre.
El señor MARGALL SASTRE: Gracias, presidenta.
Boas tardes, señoras diputadas, señores diputados. Nos parece que es una buena ocasión para recordar que llevamos más de cien días de Gobierno socialista y que en España aún existen presos políticos. Y esto, señoras y señores, debería
darles vergüenza. Quiero recordar también que existen presas políticas, dos mujeres de paz que siempre han trabajado para la concordia y para el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, que hoy están encarceladas. Y si ya es
ignominioso estar en la cárcel sin haber cometido ningún delito, lo es más siendo mujer, ya que el sistema penitenciario de este país está pensado por y para los hombres, y muchas veces las mujeres quedan invisibilizadas. Es por eso que decimos
alto y claro: Libertat Carme Forcadell, libertat Dolors Bassa. (Aplausos).
La amnistía fiscal aplicada entre marzo y noviembre de 2012 por el Gobierno del PP permitió a casi 31 500 contribuyentes regularizar elementos adquiridos con rentas no declaradas a un tipo de interés reducido. En vez de gravarse el 10 % del
total del patrimonio aflorado, como se preveía en un principio, se permitió a los beneficiarios tributar al 10 % de los intereses recabados en los ejercicios fiscales afectados por la amnistía, por lo que los amnistiados acabaron pagando una media
del 3 % de la cantidad regularizada. ¿Resultado? El Gobierno solo recaudó 1200 millones de euros, menos de la mitad de lo previsto, que eran 2500 millones de euros, un auténtico fracaso además de un auténtico privilegio fiscal al alcance de muy
pocos. Una amnistía que, por cierto, fue anulada por el Tribunal Constitucional por ser contraria a la Constitución. ¡Vaya por Dios!, esa Constitución y ese Tribunal Constitucional que sirve de azote contra los independentistas para impedirles que
voten para decidir su futuro, y que sirve de justificación para la represión contra ciudadanos y políticos pacifistas, parece que en este caso es mejor mirar hacia otro lado y no hacer mucho caso de dicho tribunal.
Señores del PSOE, en el año 2015 sin ir más lejos, el señor Pedro Sánchez emplazó al entonces presidente Rajoy a publicar la nómina de perdonados por la amnistía fiscal de Montoro de 2012. Dijo Pedro Sánchez: publique la lista de la
amnistía fiscal o lo haremos nosotros en cuanto lleguemos al Gobierno. Y en más ocasiones pidió que se divulgara esta lista de la vergüenza, dicho literalmente. Una propuesta que, por cierto, incluyeron en el programa electoral con el que se
presentaron a las elecciones de 2015. Pues bien, ahora que están en el Gobierno sean valientes y publiquen los nombres de los defraudadores que se acogieron a dicha amnistía. Porque parece, señores del PSOE, que ustedes viven en Matrix y que
cuando están en la oposición se toman la pastillita roja y actúan como si fueran una izquierda que pretende impugnar el régimen del 78, pidiendo máxima transparencia en las instituciones del Estado y que cuando están en el Gobierno se toman la
pastillita azul y se ponen al lado de PP y Ciudadanos actuando como guardianes para que esa oligarquía económica, judicial y policial que ha mandado siempre en este país continúe con sus privilegios.
¿A qué temen, señores del Gobierno? ¿Quién aparece en esa lista? ¿Quizá gente influyente de su partido? ¿Quizá personas de la misma monarquía española? ¿Aparece el rey emérito Juan Carlos I en dicha lista, tal y como insinuó una
aristócrata alemana conocida por todos? ¿Es por esto que se ha vuelto a juntar el famoso tripartito del 155, PSOE, PP y Ciudadanos, que impide que se lleve a cabo una comisión de investigación sobre la monarquía? Sean, pues, valientes, publiquen
la lista y sabremos si el rapero Valtònyc tenía razón cuando cantaba eso de 'los Borbones son unos ladrones'. Por cierto, desde esta tribuna toda la solidaridad con el compañero Valtònyc de quien la justicia belga ha rechazado la extradición a
España. Se ve que cantar canciones en España puede ser calificado como terrorismo, mientras que en Bélgica lo consideran libertad de expresión. (Termina su intervención en catalán).
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Margall.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Romero Rodríguez.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me referiré primero a los extremos relativos al real decreto y a la sentencia del Tribunal Constitucional brevemente, ya que han sido debatidos en innumerables ocasiones en esta Cámara y es conocida la posición del Grupo Popular,
un grupo que mantiene la misma posición en Gobierno entonces como en la oposición ahora, cosa que no ocurre con otros grupos.
Como ya dijimos entonces, en el año 2012 hubo en España una regularización extraordinaria porque teníamos 70 000 millones menos de ingresos tributarios, herencia del Gobierno socialista, y peligraba la prestación de los servicios públicos,
lo que permitió el afloramiento de patrimonio fuera de España por importe de 95 000 millones, ampliar las bases tributarias -para eso no me tengo que tunear ningún doctorado, señorías- y lograr identificar además a los contribuyentes titulares de
los mismos, ampliando tanto las bases tributarias como los contribuyentes. Esta regularización, como ya dijimos, no exoneraba la investigación de posibles delitos, se tributaba a un tipo razonable para que aflorara un dinero que no era conocido,
pero se tributaba, no como en las regularizaciones socialistas anteriores. ¿No recuerda, señor Hurtado, la del año 84 por la que los defraudadores adquirieron los llamados entonces pagarés Borrell, 18 000 millones, con total anonimato, sin
retención y encima con intereses, o la del año 91, del señor Solchaga, con deuda anónima por 10 000 millones y la misma opacidad y las mismas ventajas? Pero siguieron ahí. Porque ¿qué decir de la lista Falciani, que en 2010 invitaba a una
declaración espontánea a librarse de la imputación del delito fiscal, incluso la cárcel? Una amnistía en toda regla en 2010 y con dinero defraudado que sí era conocido. (Aplausos).
En cuanto al segundo aspecto, en la sentencia del Tribunal Constitucional se declaró nula la regularización por la forma al utilizar el real decreto como urgencia y no una ley, pero no el fondo. De hecho, avala las regularizaciones y, como
bien sabe, impide su nulidad. La sentencia manifiesta que se pagó. Es incomparable con la 'hora feliz' de las regularizaciones socialistas.
Respecto al tercer aspecto relativo al fraude fiscal, quiero manifestar que en los últimos seis años del Gobierno del PP la lucha contra el fraude fiscal ha rendido unos ingresos medios de 14 792 millones de euros al año, un 48 % más que en
los seis años del Gobierno socialista anterior. La enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista -y que comprendo que Podemos no admita- avala esta gestión. En cuatro de sus puntos avalan toda la gestión del Partido Popular porque
dicen que hay que seguir actuando como hasta ahora.
Finalmente, me detengo en el tema de la publicación. Ya saben que mi grupo considera que es inconstitucional y que no se puede hacer. No nos hace falta ningún informe de la Abogacía del Estado; lo sabíamos nosotros antes y ustedes
también. Señorías del grupo proponente, no fuimos nosotros los que creímos que el señor Sánchez iba a hacer en el Gobierno lo que no hacía en la oposición; y tampoco ustedes lo creían, porque bien saben cómo se las gastan los socialistas -usted,
señora ponente, que es de mi tierra, bien sabe cómo se las gastan- cuando hacen pactos de gobernabilidad. Nosotros sabíamos desde el minuto uno que lo que dicen en la oposición no lo hacen en el Gobierno. Ustedes fueron los que los llevaron a La
Moncloa. Mi grupo no va a hacer de telonero de un Gobierno socialista, como otros, ni en España ni en Andalucía. (Aplausos). Tampoco toleramos que devalúen todas las altas instituciones del Estado, como hacen en su PNL: desde el Tribunal
Constitucional -al que con una mano interpretan a su antojo y con otra azuzan para desacatar sus sentencias-, al jefe del Estado y a esta Cámara, a la que utilizan en su idilio de amorodio como si fuera el plató de una telenovela de tercera entre
los señores del Partido Socialista y los señores de Podemos. Ustedes les regalaron el Gobierno y no pidieron elecciones.
Usted vociferaba y pedía hoy elecciones. Nosotros sí que pedimos elecciones. Nosotros no llevamos al señor Sánchez al Gobierno. Nosotros sabíamos que venía a ocupar La Moncloa y no a ocuparse de los españoles; y a las pruebas de sus
rectificaciones y bandazos me remito. No publicará la lista ni hoy ni mañana, porque sabe que no es legal y que no es posible. Lo sabía antes y lo sabe ahora. Lo que van a hacer ellos es perjudicar con su política de humo, que está ennegreciendo
el bienestar social y la economía de los españoles -que son los que sí deben decidir con sus votos el presidente que quieren-; y a eso les han ayudado ustedes inestimablemente.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Romero Rodríguez.
Señora Vera, a los efectos de decir si acepta o no las enmiendas, tiene la palabra.
La señora VERA RUÍZHERRERA: No, no las aceptamos.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchísimas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA Y CONDENA DEL ACOSO SEPARATISTA CONTRA JUECES Y FISCALES. (Número de expediente 162/000755).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la defensa de la jurisdicción española y la condena del acoso separatista contra jueces y fiscales. Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Girauta Vidal.
El señor GIRAUTA VIDAL: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el día 25 de marzo un comando separatista pintó, pintarrajeó y señaló la casa que tiene en mi tierra, en Cataluña, el juez Llarena. Como aparentemente ni el Gobierno ni nadie con atribuciones al respecto ha
hecho nada y la vergüenza de señalar a un juez del Tribunal Supremo ha seguido produciéndose día y noche durante medio año, han tenido que ser nuestros compañeros quienes el fin de semana pasado restablecieran lo que el Gobierno no ha restablecido.
Por eso, quiero darles especialmente las gracias a los que lo han hecho y que están aquí: Anna, Jordi, Julià. Gracias. (Aplaude dirigiéndose hacia la tribuna de invitados.-Aplausos).
Un año después de que España viviera un golpe de Estado, un golpe de Estado desde las propias instituciones, un golpe de Estado desde el Estado, se mantiene el desafío, y para mantener el desafío, entre otras muchas cosas que pasan por el
control de medios de comunicación utilizados como aparatos de propaganda, la escuela utilizada como herramienta de adoctrinamiento, etcétera, para ello los separatistas han entendido que tienen un enemigo muy poderoso, poderosísimo, que es la
justicia, y han emprendido una estrategia de desprestigio y acoso contra la justicia española, que, insisto, es el principal dique de contención con el que se encuentran. Pues la justicia española de forma imparcial, de forma independiente, ha
hecho valer la Constitución y ha garantizado la vigencia del ordenamiento jurídico con el que se quería acabar por las bravas. Y es la justicia española la que ahora investiga con imparcialidad y con independencia las responsabilidades que puedan
derivarse de aquel intento de ruptura constitucional. Aprovecho para recordar -ya sé que es una obviedad, pero como cada día que nos vemos aquí salen unos cuantos diputados y dicen que en España hay presos políticos- que en España no hay presos
políticos. A ver quién se cansa antes. (Aplausos).
Todo el 11 de septiembre, toda la Diada supuestamente nacional de Cataluña ha sido una ceremonia organizada, montada, escenografiada -si existe tal palabra-, coreografiada y retransmitida con un fin: presionar a la justicia, fíjense
ustedes. Es objetivo central y nuclear de los separatistas menoscabar la independencia del Poder Judicial, y para conseguirlo no han dudado en recurrir a las técnicas más viles. El magistrado don Pablo Llarena y su familia han sido víctimas de
acoso, de señalamiento, de persecución, de señalamiento personal -su propia esposa-, y han tenido que marcharse de Cataluña. Uno entiende que debería recibir por lo menos quien así se ve presionado el respaldo de los otros poderes del Estado.
Nosotros aquí intentamos que por lo menos del Legislativo lo reciba, porque el juez Llarena se encontró también con una tramposa demanda por parte del fugado Puigdemont y de otros cuantos prófugos que incluye una traducción falsa, para acabar de
tergiversarle, y lo cierto es que la reacción del Gobierno no
fue todo lo rápida y eficaz que debería haber sido, y dejó una enorme ambigüedad respecto a su voluntad y su decisión de asumir la defensa del magistrado. Es cierto que con posterioridad a eso y en una de las rectificaciones compulsivas que
caracterizan al Gobierno del doctor Sánchez la actitud ha sido diferente, pero hay algo en medio que lo explica. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial concedió amparo al magistrado Llarena con un solo voto en contra, una
vocal que ya no lo es, porque tiene un alto cargo ahora mismo. La ministra de Justicia la ha hecho gerente de la Mutualidad Judicial. Premio.
Algunas de las cosas que decía la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial hay que leerlas literalmente. Yo no tengo mucho tiempo para eso ahora, pero por ejemplo: una simple y somera lectura de la demanda formulada
-contra Llarena- pone de manifiesto que los demandantes en Bélgica han urdido una actuación dirigida a defraudar las garantías de independencia del magistrado Pablo Llarena. En fin, cualquiera que lo leyera y tuviera ciertas nociones jurídicas, lo
entendió así, el Consejo General del Poder Judicial lo entendió así, y el conjunto de la carrera judicial y fiscal lo entendió así. Pero es que después de que pasara todo eso, y después de que el Gobierno rectificara en su compulsión habitual, dos
ministros han cuestionado las decisiones del juez Llarena, el señor Borrell y -lo lamento especialmente- la señora Batet, que han venido a decir o han dicho directamente que hay otras formas de mantener, de evitar la fuga de estos políticos presos.
Hay otras formas, es su opinión; es su opinión sobre la actuación de un juez que está siendo sometido a presión por aparatos mediáticos, por demandas desleales y mal presentadas y falsificadas en su traducción, que está siendo sometido a presión
por comandos separatistas en su propia casa, y que lo está recibiendo su propia familia, y de sus decisiones dicen dos ministros del Gobierno del doctor Sánchez que bueno, que se podría haber hecho de otra forma. Hombre, por favor, imagínenselo al
revés, imagínense que los miembros de la cúpula del Poder Judicial se pusieran a opinar de las decisiones de su Gobierno, lo que nos íbamos a divertir, pero no todos los poderes del Estado están cumpliendo con su obligación a la misma altura.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Girauta.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene por el Grupo Parlamentario Socialista el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenas tardes. Permítanme que mis primeras palabras sean para mostrar el apoyo a los accidentados en la caída del muro del hotel Ritz. Esperamos la pronta recuperación de los heridos y, si ese fallecido se confirma, les traslado
el pésame a los familiares.
Señorías, nos convoca al debate de esta tarde una proposición no de ley presentada el 27 de agosto -quédense con esta fecha, porque es importante-, en la que se pide el apoyo de esta Cámara para instar al Gobierno la defensa de la
jurisdicción española, así como que se condene el acoso que están sufriendo jueces y magistrados en el ejercicio de su función, fundamentalmente relacionados con el tema del procés. Pudiera parecer un debate hermoso en lo político, en lo
parlamentario y en lo jurídico, defensa de la jurisdicción española, cauces para que los jueces, magistrados y fiscales puedan desarrollar su cometido constitucional con plenas garantías y cumpliendo los mandatos constitucionales. Pero, señorías,
casi nada en la vida es lo que parece, y me atrevería a decir que mucho menos cuando del Grupo Parlamentario Ciudadanos se trata. Porque estamos en un pseudodebate, en un debate hueco, en un debate artificial. No ha bastado con la comparecencia de
la ministra explicando detalladamente cómo se conformó la voluntad de un Gobierno que de forma inmediata prestó el auxilio y salió en defensa de la soberanía jurisdiccional, así como puso los elementos necesarios para que esto se pudiera realizar.
Señorías de Ciudadanos, han querido utilizar el Pleno como una caja de resonancia. Tienen una virtud, y es que con la presentación de esta proposición no de ley nos llevan al reduccionismo político. Ante un problema real o artificial -porque este
tiene más de artificial que de real- ustedes lanzan un eslogan: no se preocupen, aquí está el Grupo Ciudadanos para salvar a España y lo que sea menester.
Hay tres cuestiones a las que instan en su proposición no de ley. La primera es esa que digo de la defensa de la jurisdicción española, pero, ¿qué ocurre? Que el globito se les pincha cuando el día 26 de agosto sale una nota del Palacio de
la Moncloa diciendo que se va a defender toda la soberanía jurisdiccional, que se ponga en marcha toda la maquinaria del Estado, y que se proceda de forma inmediata a la contratación de un bufete belga para que el señor Llarena, magistrado del
Tribunal Supremo de España, se pueda defender ante la demanda presentada por huidos de la justicia en Bélgica. Me imagino
las caras de los representantes de Ciudadanos, diciendo: ¿qué hacemos? Y alguien debió decir: Paremos, no pasa nada, no dejemos que la realidad nos estropee el titular. Y se presenta el 27. Pero ya no había causa. Por tanto en eso es
en lo que entramos. Hemos debatido todos estos días sobre los títulos, los másteres, los trabajos fin de máster, los doctorados. No sé exactamente qué es lo que tienen, aunque me inclinaría a decir que es un título propio en posverdad. Son
especialistas en tergiversar la realidad, son especialistas en provocar e intentar confundir a la opinión pública, y son especialistas en jugar con las emociones. (Aplausos). Ese no es el camino.
El segundo y el tercer punto son más claros: defensa de los funcionarios públicos, jueces y fiscales, y condena a un ataque personal que han sufrido el señor Llarena y su familia. Ahí siempre van a encontrar al Grupo Socialista. El
Partido Socialista siempre estará ahí. Pero no olviden una cosa, el 26 de agosto vino antes que el 27, y por tanto tenían que haberse sumado a esa cuestión (aplausos), pero no, han preferido presentar un elemento artificial y provocar esta caja de
resonancia. Miren, no les importan el punto dos y el punto tres, lo que les importa es el punto uno; ese es el verdadero punto. Hoy el señor Girauta ha tenido que hacer aquí un juego de transformismo, al que nos tiene bastante acostumbrados
cuando interviene, y ha tenido que poner el acento en el acoso al juez, al compañero Llarena. ¿Qué ocurre? Que el orden de prioridad significa algo, y pone: uno, que se inste al Gobierno a defender la jurisdicción española. Mire, el Gobierno
hizo lo que tenía que hacer y lo hizo en el momento en el que lo tenía que hacer, cuando tuvo pleno conocimiento de todos los detalles en los que se produjo la demanda interpuesta civilmente -por cierto, no tengo pudor en decirlo, demanda
instrumental- para buscar un subterfugio torticero con el cual invalidar la actuación del juez en España, concretamente en la causa 907 de 2017. Señorías, ese no es el camino, el camino es, cuando se trata de una cuestión de Estado, comportarse
como tal. Pero ustedes no, a ustedes lo que les gusta es enfangar y entrar en la arena política, y no importa que, en este deterioro, sufran las instituciones. No van a encontrar nunca en ese camino al Grupo Socialista. Por eso les brindamos la
oportunidad de que acojan la enmienda presentada, y a seguir apoyando la soberanía nacional y la soberanía jurisdiccional, porque como muy bien dicen ustedes en su texto defender la justicia es también defender la soberanía nacional -y el Grupo
Socialista no tiene ninguna duda-, pero en su doble vertiente de integridad e inmunidad jurisdiccional. Por eso les pedimos que apoyen esa enmienda, y ahí nos encontrarán.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Campo Moreno.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
Debatimos una proposición no de ley que denuncia las presiones que soporta una parte de la justicia española por quienes desafían la Constitución y la convivencia en Cataluña, y que nosotros vamos a apoyar. Es verdad que su primer punto ha
quedado de alguna manera algo desactualizado, desde que el Gobierno ha ordenado la defensa del juez Llarena como una cuestión de Estado. Ahora la cuestión de Estado en cambio es saber si el Gobierno es bipolar, es decir, si es capaz de defender a
este mismo juez de las persecuciones que sufre, y a la vez acompañar su acción política con los mismos partidos que las financian y que las aplauden. La justicia española, señorías, debe trabajar sin presiones, con libertad, con sometimiento a las
normas y con independencia. Por eso nosotros también condenamos las campañas selectivas de acoso a la justicia, en este caso de acoso al juez Llarena. Acoso.
Señorías, cuando los independentistas catalanes permiten que las caras más conocidas del batasunismo vasco sean su modelo es lógico que las estrategias se batasunicen. Han decidido que la estrategia sea el conflicto, el viejo método del
árbol y las nueces, generar conflictos y obtener -esperan- beneficios políticos del conflicto; el conflicto y obviamente la mentira. La denuncia contra Llarena, presentada por un exterrorista, solo demuestra una vez más la mentira en la que se
asientan las bases del movimiento de reivindicaciones secesionistas. Ni el juez dijo lo que de manera tramposa tradujeron al juez belga, ni el bando de Casanova fue una proclama antiespañola, ni España nos roba, ni la revolución de las sonrisas es
pacífica de la mano de los defensores de ETA; es así. Lo dijo el expresidente Aznar, que estuvo esta mañana por aquí: antes de romper España se fracturará Cataluña, y hace que entre todos ellos le estén dando la razón.
Termino, señora presidenta. Más allá de la mentira oficial, repetida hasta la saciedad por los medios del régimen, más allá de los cuentos y de las cuentas del señor Borrell, y después de muchos años de 3 %,
si el Estado actúa con firmeza y si la gente en Cataluña, con espíritu tabárnico, decide salir a la calle a plantar cara sin complejos al nacionalismo obligatorio solo les quedará el recurso a la imposición y a la violencia, de la mano de
Boye, de Barrena y de Otegui. No convencerán, señorías; ni vencerán mi convencerán.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador Armendáriz.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Gracias, señora presidenta.
Después del histrionismo con el que se han defendido algunas posturas entiendo por qué se produce la degradación que se está produciendo en las altas instancias de la justicia española y de la jurisdicción española. Voy a contestar
leyéndoles un decálogo. Uno, la justicia belga rechaza extraditar a Valtònyc, dado que el juez entiende que los delitos de los que está acusado se enmarcan en la libertad de expresión. Dos, la fiscalía de Bélgica abre investigación sobre la baliza
que fue colocada en los bajos del coche en el que se movía el president Carles Puigdemont. Tres, el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, cuando Cristina Cifuentes cursaba el máster, es ahora magistrado del Tribunal Constitucional. Cuatro,
falsificada el acta que propuso a Pablo Llarena como magistrado del Tribunal Supremo. Cinco, la mujer de Pablo Llarena aparece implicada en el caso de soborno del asunto de la hija de Marchena. Seis, preocupación por parte de instituciones
europeas por el retroceso en los reconocimientos sociales en materia de igualdad y violencia de género, a raíz de la sentencia de La Manada. Siete, Llarena pidió amparo al Consejo General del Poder Judicial por la demanda civil de Puigdemont en
Bélgica fuera de plazo, y aun así se le concedió. Ocho, además Juan Martínez Moya, uno de los vocales de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, que el día 16 de agosto concedió el amparo a Llarena, ha sido denunciado por
usurpar los derechos de propiedad intelectual sobre una idea que varios magistrados presentaron en un concurso organizado precisamente por el órgano de gobierno de los jueces. Nueve, Justicia se gastará más de medio millón de euros en la defensa de
Llarena, aspecto que la señora ministra de Justicia en su comparecencia no pudo garantizar en sede parlamentaria -como digo-, y que se habían seguido todos los cauces procedimentales de la Ley de Contratos del Estado. Diez, ¿con qué autoridad
reclaman ustedes respeto a la jurisdicción española, cuando el presidente del Consejo y del Tribunal Supremo carga contra los tribunales europeos que no han aceptado las euroórdenes, o cuando el juez Llarena retira la euroorden contra el president
Puigdemont, rechaza su entrega y acusa al tribunal alemán de extralimitarse y de falta de compromiso? Como ven no hay fugados. Son personas libres en Europa con sentencias de juzgados y tribunales europeos; libres en toda Europa, menos en España.
Además son libres porque el propio juez Llarena ha retirado la orden de búsqueda o de extradición. Por tanto no hay delito y el propio juez Llarena lo dice, porque si no su obligación sería reconocer el delito.
Para terminar, evidentemente votaremos que no a su proposición no de ley porque la jurisdicción española, en lo que a sus altas instancias se refiere, no tiene defensa.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Esteban Bravo.
El señor ESTEBAN BRAVO: Señoras y señores diputados, dejémonos de apariencias disfrazadas de lenguaje jurídico. ¿De qué va esta iniciativa? ¿Es para apoyar la independencia judicial? ¿Es acaso para defender la soberanía jurisdiccional
del Estado? No, es para defender una cierta idea del Estado, porque en estos últimos tiempos más que nunca se ha puesto al Poder Judicial al servicio de una idea concreta de España, y se han puesto en manos de los tribunales problemas que son de
esencia política y que única y exclusivamente deberían tener una solución política, y algunos de esos tribunales han aceptado ese papel, y de manera gustosa. No importa si hay que forzar la interpretación de las leyes, de los tipos penales o de los
hechos. Se habla con una tranquilidad absoluta de golpismo. ¿De verdad distinguen los que hablan de que en Cataluña ha habido un golpe exactamente qué es un golpe de Estado? Insisto, se ha forzado la interpretación de leyes, de tipos penales e
incluso de hechos, siempre que sea para defender el valor supremo de la unidad de España, por encima de las leyes y todos a una, todos de manera coordinada: Gobierno, tribunales y ahora también se le pide al Parlamento.
Cuando se presenta la demanda por vulneración del derecho al honor en el Estado se tomó a cachondeo, empezando por los jueces y por el propio señor Llerena: ¡Bah! ¿Dónde va esta gente? Pero cuando se vio que aquello cogía cuerpo, pasó el
tiempo y entonces se acude al Consejo General del Poder Judicial, que para dar amparo tenía un plazo muy concreto, a pesar de que se había rebasado todo ese plazo, pero como hay que ir todos a una en defensa de una cierta idea del Estado, rompe su
criterio y da el amparo. Asimismo el Gobierno se ve forzado mediáticamente a tomar una posición, porque lo que hizo el juez Llarena y lo que se le achaca tuvo lugar en un acto privado, no en ejercicio de la jurisdicción, sino en un acto privado,
pero gravemente, dado que todavía continuaba siendo instructor, al afirmar que los hechos eran constitutivos de delito. ¿Dónde queda la apariencia de independencia de este señor, su imagen de imparcialidad? Porque esas declaraciones, por si
hubiera duda, la empañan más.
Ahora quieren que el Parlamento dé cobertura a sus actuaciones, tanto en el ejercicio público como en el privado, porque, insisto, tuvieron lugar en el marco de un acto privado y también en declaraciones a los periodistas, sin distinguir.
No están defendiendo al Estado con esta actitud y con esta propuesta; están defendiendo el todos a una por un objetivo incluso por encima de la ley, y para el Partido Nacionalista Vasco un Estado de derecho es otra cosa, aunque crea que los
nacionalistas catalanes no han respetado el Estado de derecho, lo cual incluso les voy a conceder, pero eso no habilita al resto, a aquellos que dicen defender la Constitución y las leyes, para actuar flexibilizando la interpretación de las normas a
su antojo, porque pierden toda su legitimidad también los proponentes cuando lo hacen. Eso es lo que están viendo los tribunales europeos. No sé si Llarena se alegra de que ustedes hayan presentado esta iniciativa, porque se podría arriesgar
perfectamente -imagínense que se da una carambola- a que no saliera. No ha recibido pocos sopapos en diferentes tribunales europeos como para recibir otro más en el Congreso de los Diputados. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la
Presidencia).
El señor García Albiol, a raíz de otro nuevo sopapo al Estado -insisto en que no se hacen bien las cosas, porque se pierde la legitimidad cuando se actúa de esta manera, por encima del ordenamiento y flexibilizando las interpretaciones-, a
raíz del caso Valtònyc y de la posición belga, ha señalado que Bélgica se ha convertido en un problema para la Unión Europea. ¡Ah! ¿Bélgica se ha convertido en un problema? Entonces también Alemania, ¿no? Porque recuerdo lo que pasó con los
tribunales alemanes. Quizá también Reino Unido, ¿no? Porque recuerdo lo que pasó con los tribunales en Reino Unido, en concreto en Escocia, ¿verdad? Ya no voy a hablar de Suiza, que no es territorio de la Unión. ¿Qué le pasa a España? ¿Qué le
pasa a la justicia española? Que no es homologable. Hacer política desde los tribunales no conduce a dar soluciones a nada, y lo único que hace es crear más problemas. No respetar los parámetros de un Estado de derecho no es en absoluto
saludable. Con esta iniciativa quieren que defendamos una idea instrumental de la justicia, y a eso no estamos dispuestos. No, no estamos de acuerdo.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Esteban.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gràcies, president. Bona tarda, diputades y diputats.
Hoy debatimos y votamos una PNL presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, que tiene como objetivo buscar el apoyo de la Cámara ante el supuesto acoso de la mitad de las catalanas y los catalanes al sistema judicial. Una vez más
Ciudadanos busca la confrontación en vez del diálogo. Ciudadanos está más preocupado por la unidad de España que por la honestidad y la honradez de sus dirigentes y diputados. A finales de agosto... (Protestas de la señora Rodríguez Hernández,
doña Melisa). Se respeta el turno de palabra, por favor. A finales de agosto el president Carles Puigdemont, junto con las conselleres y los consellers Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, presentaron una demanda civil ante lo
que ellos consideraron que había sido una vulneración de su derecho a la presunción de inocencia, el derecho al honor y la falta de imparcialidad del juez Llarena. A todo esto se le suma la presunta irregularidad en la designación del juez Llarena
para ocupar la Sala segunda del Tribunal Supremo, y después para instruir la causa contra los representantes legítimos del pueblo catalán, proceso que presuntamente se remonta ya a 2015, tras la consulta del 9 de noviembre de 2014, ambos casos
denunciados por la Asociación de Jueces y Juezas para la Democracia. Pero además el juez Llarena no cumple con sus funciones como juez, que como tal está sujeto a una serie de principios constitucionales. Ha demostrado con creces que se excede en
su interpretación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como ocurrió en el caso de la interlocutoria que emitió para suspender a los seis
diputados del Parlament de Catalunya, Oriol Junqueras, Carles Puigdemont, Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva y Jordi Sànchez a posteriori del auto de procesamiento, y que transgrede la ley y la autonomía del Parlament de Catalunya en los
derechos de los diputats y diputades.
La creatividad interpretativa del derecho penal del juez Llarena llega a unos niveles de cinismo y provocación inimaginables. La ceguera por destruir cualquier ápice de libertad en Cataluña le impide ejercer sus funciones de forma imparcial
e independiente, a pesar de que en 2012, como presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, el juez Llarena declaró en una entrevista al periódico El Mundo lo siguiente: La cuestión entre Cataluña y España necesita de una solución
esencialmente política. Dijo además: En todo caso la respuesta de los tribunales a la cuestión concreta de la identidad catalana y de la integridad del Estado español no tiene una respuesta judicial, sino política. A pesar de ello ahora sí que
está dispuesto a dar solución a la cuestión catalana -claro que sí, por su cuenta- mediante la negación de una realidad política y el encarcelamiento de sus portavoces y legítimos representantes. Sin embargo hemos visto varias declaraciones de la
justicia belga y suiza, que deniegan y rechazan los argumentos para extraditar a los políticos y políticas catalanes y exiliados, y que evidencian la persecución que tenemos en España. El último ejemplo, Valtònyc. Menudo revés para la justicia
española, especialmente para el Tribunal Supremo.
El Poder Judicial es el único poder del Estado que no está sujeto al escrutinio ciudadano. Si los jueces hicieran lo que deben hacer, no hubiera sido necesario que ustedes, Ciudadanos, hubiesen presentado esta proposición no de ley. Si la
justicia fuera realmente independiente, y el resto de poderes públicos, ningún ciudadano cuestionaría ni las sentencias ni a los propios jueces y magistrados, como en el caso de La Manada, ni se hubiera generado la gran oposición ciudadana que
originó esta sentencia.
Tenemos unos altos órganos judiciales que no son un reflejo de la sociedad actual, donde hay candidatas que por méritos y capacidades se merecerían estar en lo alto de esos órganos y, en cambio, hay otros que por sus amiguismos o su afinidad
política están ocupando ahora esos cargos. A pesar de todo, el Gobierno español asume, por las presiones del señor Lesmes, es así, la defensa del juez Llarena, por unas declaraciones en el ámbito privado, que además nos van a costar más de 540 000
euros a todos los ciudadanos. Asimismo, cuestionamos el procedimiento de encargo del despacho de abogados, que se salta la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Transparencia. Pero es que, además, tenemos que volver a repetir que el
señor Llarena solicitó el amparo fuera de plazo, cuestionándose el principio de responsabilidad de los jueces y magistrados. En definitiva, el problema no son las personas, sino las continuas demostraciones de parcialidad de algunos jueces ante
algunas cuestiones de gran trascendencia e importancia social, como es el caso de Cataluña.
En definitiva, señores y señoras de Ciudadanos, como siempre, actúan ustedes con la mayor de las hipocresías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Moya Matas.
El señor MOYA MATAS: Bona tarda a totes i a tots.
Señorías de Ciudadanos, han elegido un buen día, un muy buen día para traer esta cuestión al Congreso: veinticuatro horas después del enésimo ridículo de la justicia española, del enésimo revés ante los tribunales europeos. Señores de
Ciudadanos, ¿cuántos más reveses vamos a encontrarnos? Estrasburgo, con el tema de la quema de los retratos del monarca, Schleswig-Holstein, Bruselas, Escocia, una tras otra, y ustedes se empecinan en llevarnos a esta vía muerta, a esta vía de
desprestigio de la justicia española, a esta vía que únicamente nos lleva a un enésimo ridículo internacional y que, además, esta vez nos va a resultar carísima.
Señorías de Ciudadanos, les preguntamos: a ustedes, que tanto les gusta ondear la rojigualda, ¿les importa tan poco la imagen de la justicia española en Europa? ¿Tanto miedo tienen a la agenda de distensión con Cataluña que quieren, que
desean, que siguen trabajando para que España sea una auténtica anomalía democrática dentro de la Unión Europea? Señorías, si en vez pasarse el verano arrancando lazos, lanzando fake news, buscando bronca, confrontación y ruido, se hubieran sentado
por unos instantes a analizar el contexto político catalán, el contexto político español y el contexto político internacional se hubieran dado cuenta de que ustedes son los últimos en defender la fracasada herencia del Partido Popular de Rajoy: la
herencia de la confrontación, la herencia de la bronca; los únicos, no, esta
mañana les hemos visto a ustedes con el señor José María Aznar y ahí sí que hemos visto fuertes coincidencias.
Señorías, de nuevo, judicialización de la política y politización de la justicia. ¿Adónde nos lleva esta política? Nuestra posición, en el caso que nos ocupa, en el caso Llarena, tuvimos la ocasión de exponérsela a la ministra la semana
pasada. En ningún caso el Estado debía asumir la defensa del juez Pablo Llarena por los actos privados que se le atribuyen: las manifestaciones realizadas en una conferencia privada en la inauguración de una tienda de coches, de una sucursal de
BMW. Esta defensa asumida desde el Gobierno directamente vulnera el principio de responsabilidad personal consagrado en esa Constitución que tanto les gusta y de la que son ustedes sus adalides; esa rotura de la responsabilidad personal, que
sencillamente lo que rompe es la independencia del Poder Judicial y la observancia del principio de división de poderes. Pero, además, como ya se ha dicho, el amparo se concede tras una petición extemporánea. Dos meses tardó en solicitarse este
amparo, cuando, como bien saben, la ley establece un máximo de diez días, lo que otra vez supone una respuesta desigual, arbitraria y discriminatoria; esa doble vara de medir a la que ya nos tiene acostumbrados el Consejo General del Poder Judicial
presidido por el señor Lesmes. Y, además, carísima, 545 000 euros; una cifra absolutamente exorbitante que, por cierto, el Estado se hubiera ahorrado si el señor Lesmes no hubiera decidido en el año 2010 rescindir la póliza de seguro que tenía el
Consejo General del Poder Judicial para cubrir los gastos de defensa y representación de jueces y magistrados en demandas civiles como la que nos ocupa.
¿Qué se podría hacer con ese medio millón largo de euros? Dense una vuelta por las sedes judiciales, por las fiscalías, por los centros de atención de menores, por los centros de atención a las víctimas del machismo, de atención a menores
no amparados, de internamiento de inmigrantes y seguramente se les ocurrirán mejores destinos para ese medio millón largo de euros.
Nos piden que esta Cámara dé apoyo a los miembros de la carrera judicial por las presuntas situaciones de acoso y presión que están sufriendo en los últimos tiempos. Señorías, negar la posibilidad de la crítica pública a las resoluciones
judiciales es una manifestación del derecho de libre expresión, como estableció el Tribunal Constitucional en el año 2015. No les gustan a ustedes las críticas a las resoluciones judiciales, no les gustan las críticas a la magistrada Lamela, al
magistrado Llarena. Probablemente tampoco les gustarán las críticas a la sentencia de La Manada, no nos cabe ninguna duda. No vean en las movilizaciones sociales un ataque a la independencia judicial. Lo que realmente ataca a la independencia
judicial, por ejemplo, es que el Gobierno del Partido Popular haga oídos sordos a las razones del informe Greco, del Consejo de Europa, que año tras año denuncia la falta de medidas para la lucha contra la corrupción y la protección de la
independencia judicial. ¿Qué ataca la independencia judicial? Los tratos de favor de jueces y magistrados en sus actividades privadas; sus conferencias, sus cursos privados subvencionados por bufetes de abogados, por grandes empresas, por núcleos
lobbistas. ¿Qué ataca la independencia del Poder Judicial? Sin ir más lejos, que el presidente actual del Partido Popular vaya a ser juzgado por cuatro jueces que ascendieron al Tribunal Supremo precisamente a propuesta de la mayoría conservadora
del Consejo General del Poder Judicial, designados por el propio Partido Popular.
Termino. Señorías, el Poder Judicial del Reino de España no necesita hooligans, no necesita hiperventilados, que bien sabe cuidarse. Para garantizar su independencia real lo imprescindible es que las altas magistraturas sean permeables a
las ideas de la cultura democrática, a los valores de libertad, igualdad, fraternidad, feminismo y convivencia. Y tenga claro que este Congreso dijo sí a otra mayoría, a acabar con la herencia de Rajoy, dentro de la cual se incluye la nefasta
gestión de Mariano Rajoy en el conflicto de Cataluña. Déjense de una vez de broncas, dejen de intentar aislar a España de Europa porque el aislamiento, como bien saben en este Parlamento y como mejor saben en el Parlamento catalán, solo les va a
conducir a la irrelevancia política. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Moya.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Molinero Hoyos.
El señor MOLINERO HOYOS: Gracias, señor presidente.
Señorías, voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y para ello es necesario traer a colación un comunicado del Gobierno, pero no el comunicado del
día 26 de agosto, sino el del día 23 de agosto, ratificado el día 24 por la vicepresidenta del Gobierno. En dicho comunicado se decía que desde el primer momento el Estado iba a estar protegido frente a la demanda instrumental, y que defendería la
inmunidad jurisdiccional y la soberanía nacional. Permítasenos que tuviéramos, al igual que el resto de operadores jurídicos y
ciudadanos, nuestras dudas razonables sobre la defensa del Estado. Y hablo en pasado porque, efectivamente, a partir del día 26 de agosto el Gobierno rectifica su posición y asume la defensa del juez Llarena. Decíamos que teníamos nuestras
dudas razonables porque en el comunicado del día 23 de agosto, conociendo el carácter instrumental de la demanda cuyo objetivo era desacreditar a las instituciones del Estado, se negaron al amparo del juez Llarena, en contra de los informes del
Consejo General del Poder Judicial y de la Abogacía del Estado, al alegar que sus declaraciones estaban en el ámbito privado del juez. Sorprendente, ¿verdad, señorías?
Yo pregunto: ¿cómo iba a defender el Gobierno el sistema judicial y la soberanía de España sin defender la labor del juez instructor de la causa, don Pablo Llarena? ¿Acaso ignoraba el Gobierno que la labor del juez Llarena en la
instrucción de la causa es consustancial al principio de inmunidad jurisdiccional y no puede separarse la parte pública y la privada? ¿Ignoraba también el Gobierno que en una demanda instrumental que trata de socavar la imagen de las instituciones
españolas en el ámbito internacional no puede separarse la parte privada de la parte jurisdiccional? Si el Estado se persona y alega el principio de inmunidad jurisdiccional, viene obligado a defender al juez instructor, porque si no lo hace caería
en la trampa de la defensa de los golpistas y fugados que trataban de extrapolar los conceptos públicos y privados para confundir al tribunal belga. ¿Qué hubiera pasado si el juez Pablo Llarena, único demandado en un proceso civil, decide no
personarse en el procedimiento ante el tribunal belga? ¿Hubieran asumido ustedes someter las actuaciones soberanas del Estado español a la jurisdicción belga? Nosotros pensamos que el Gobierno no ignoraba estos interrogantes, sino que fue el
precio, el canon impuesto por los golpistas, por los separatistas, para el apoyo de la moción de censura. Y eso es precisamente lo preocupante, que se dejen espacios vacíos de poder, que se haga dejación de funciones para que los separatistas, para
que los golpistas invadan ese espacio haciendo bueno el lema de terreno cedido, terreno conquistado. (Aplausos).
Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario Popular presentó en su día una proposición no de ley con el mismo fin de la que ha presentado el Grupo Parlamentario Ciudadanos, si bien mucho más amplia y con una visión que refuerza los
principios de inmunidad y soberanía nacional. Sin perjuicio de la transaccional que hemos presentado a Ciudadanos, nosotros ya anunciamos que vamos a apoyarla, señor Girauta. Vamos a apoyarla por coherencia porque, en definitiva, nuestra
proposición no de ley contiene también los puntos de la de ustedes. Por tanto, por coherencia parlamentaria y política vamos a apoyarla, y esperemos que en un futuro rija el principio de reciprocidad respecto a la nuestra.
Señorías, un Gobierno que nació de un accidente parlamentario, que nació de los retales independentistas, populistas y proetarras nos iba a traer una enorme inestabilidad, inseguridad y desgobierno como el que estamos sufriendo en los
últimos meses. No hay un solo día en que este Gobierno no nos dé un sobresalto, una rectificación y una demostración de incapacidad para gobernar. El desamparo al juez Llarena al ponerse el Gobierno de perfil ante el acoso de la jurisdicción
española y el ninguneo de nuestra soberanía, por parte de los separatistas catalanes, demuestra que ese es el Gobierno del despropósito y de la dejación de funciones, que es lo más grave que puede hacer un Gobierno. Y esa inseguridad por tener que
pagar esos cánones a esos independentistas conlleva la falta de rigor que el Gobierno está presentando día tras día en la toma de decisiones urgentes en temas tan importantes como el de la inmunidad jurisdiccional, que se extiende también a todos
los colectivos.
Termino ya, señor presidente. ¿Cómo no vamos a fortalecer la democracia y la convivencia si permitimos que a nivel nacional e internacional se dude de nuestro Estado de derecho? Para finalizar, señorías, quiero traer al debate las palabras
de nuestro diputado y secretario general del Grupo Parlamentario Popular, don José Antonio Bermúdez de Castro. Las quiero traer porque definen las líneas maestras del Partido Popular en materia de territorialidad. Decía que el Partido Popular no
acepta imposiciones ni chantajes nacionalistas. El Estado de derecho y la soberanía nacional son innegociables, lo hemos repetido una y mil veces y lo seguiremos repitiendo, porque son los pilares de nuestra convivencia y sobre ella no vamos a
permitir que se edifiquen proyectos dictatoriales.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Molinero.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas pregunto al señor Girauta Vidal si acepta su grupo la enmienda presentada.
El señor GIRAUTA VIDAL: No, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muy bien, muchas gracias. Lo tendremos en cuenta para votar en sus propios términos la iniciativa.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA MORATORIA PARA PARALIZAR LA SALIDA DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA TEMPORALES AL CUMPLIR 45 AÑOS. (Número de expediente
173/000101).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos, a continuación, a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea relativa a la aplicación de la
moratoria para paralizar la salida de los militares de tropa y marinería temporales al cumplir cuarenta y cinco años. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción y de la enmienda presentada, tiene la palabra el señor Delgado
Ramos.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como ustedes saben, la semana pasada interpelamos a la ministra de Defensa y, como consecuencia de esa interpelación, hoy se produce esta moción; esta moción sobre un tema que ya dije la semana pasada que para nosotros es de
prioridad absoluta, y me refiero a la situación de los militares de tropa y marinería que sufren esa discriminación al cumplir los cuarenta y cinco años, lo que se viene conociendo como el ERE encubierto del Ministerio de Defensa. Sé que a algunos
no les gusta que diga eso, pero yo prefiero llamar a las cosas por su nombre.
Estoy convencido de que hoy el viejo bipartidismo va a subir aquí a enredar con artimañas, a hablar de populismo, de deslealtad, de que soy el responsable del cambio climático incluso, pero en realidad de lo que venimos a hablar desde la
moratoria, no de la subcomisión, de la moratoria, de un problema, como he dicho, importante, un problema que nosotros no hemos creado, porque en estos cuarenta años Unidos Podemos de momento no ha tenido responsabilidades de Gobierno a nivel del
Estado, por lo tanto, no se nos puede acusar de lo que han hecho el Partido Socialista y el Partido Popular, o mejor dicho, de lo que no han hecho estos años.
Como les decía, alguno intentará hablar de la subcomisión. La subcomisión se reúne la semana que viene, se tomarán unas decisiones, unas soluciones, y habrá que ponerlas en marcha. Y hoy de lo que se trata es, por nuestra parte, de
ratificar el compromiso con los militares españoles sobre lo que ya hicimos hace seis meses, porque han pasado cosas; ahora hay un Gobierno nuevo y nosotros queremos que los militares tengan claro que nosotros hace seis meses dijimos una cosa y hoy
vamos a decir lo mismo. No vamos a decir que la ley no lo permite, porque nosotros sí que nos leímos nuestra enmienda, lógicamente la preparamos, y además antes de votarla uno se la lee, se la prepara y sabe si jurídicamente es posible o no. O
puede ser otra cosa peor. En el caso del Partido Socialista, que ahora dice que jurídicamente es muy difícil y que se está estudiando, pero que casi seguro que no; eso quiere decir que o ustedes no se estudiaron la iniciativa o que se la
estudiaron, pero merecía más la pena hacerse la foto y hacer puro electoralismo. Además de que me echen toda la culpa hoy de todo lo habido y por haber que haya pasado en este país, yo quiero que miren a los militares y que les expliquen qué ha
cambiado en estos seis meses y por qué ustedes no tienen ahora el mismo compromiso con esos militares. Para nosotros en aquel momento lo importante eran los trabajadores, las personas y hoy lo siguen siendo los trabajadores y las personas.
Nosotros estamos en el mismo sitio. Es más, habíamos propuesto solamente para su votación el punto uno, que es el que se refiere concretamente a esa moratoria, pero ayer nosotros mismos presentamos una enmienda para que fuese el texto completo y
para que nadie de los grupos que están aquí diga que esto no era lo mismo que se votó. No, se va a votar lo mismo, no le falta ni una coma. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
¿Qué hace el Grupo Socialista? Nos presenta una enmienda con la que donde dije digo, digo Diego, es decir, que no tiene absolutamente nada que ver con lo que se firmó. Aquí están las firmas del diputado de Ciudadanos, del Grupo Socialista
y de Unidos Podemos, que además recuerdo que fue el señor Limones quien defendió esta iniciativa y lo hizo además muy bien. (Mostrando un documento firmado). Es decir, vamos a votar lo mismo porque no se puede tomar a la gente por tonta. Hoy
vengo aquí, hago un documento diferente, quedo bien con la gente e intento decir que esto es incluso mejor. Lo pondremos en Twitter para que la gente lo vea, lo compare y que vea cómo se le ha querido engañar con esta iniciativa.
Por tanto -y no voy a gastar más tiempo- que hoy, en consecuencia, cada uno vote lo que estime más oportuno. Nosotros votamos hace seis meses a favor y hoy votaremos también así. El Grupo Socialista puede hacer aquello a lo que nos tiene
acostumbrados, en la oposición digo una cosa y cuando llego al Gobierno digo que no se puede, lo vamos estudiar, quizá o tengo una fórmula mejor. No cuela, señora Cantera, así que venga aquí dígame todo lo que quiera, pero, sobre todo, a ellos, que
son los protagonistas dígales cuál es la situación no engañosa para solucionar ese ERE encubierto y para solucionar la vida de los trabajadores, de los militares, hombres y mujeres, de este país.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Cantera de Castro.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, ante todo quiero que mis primeras palabras sean de eterna gratitud y vayan dirigidas a todos los militantes de los diferentes cuerpos, escalas y empleos que día a día sirven a las Fuerzas Armadas, dedicando su vida en el
cumplimiento de su misión. Muchas gracias. (Aplausos). Es una misión que viene perfectamente definida en el artículo 8 de nuestra Constitución, la de todos, una Constitución toda ella válida desde su preámbulo hasta su disposición final, y bien
viene recordarlo porque parece que a algunos grupos parlamentarios solo les interesa la aplicación de algunas partes cuando les conviene. Si ustedes conocen nuestra Constitución, entiendo que conocen cuál es la misión de nuestras Fuerzas Armadas,
por tanto, señorías, hablamos de seguridad nacional y de defensa nacional, y cuando hablamos de nuestros militares, hablamos precisamente de esto.
Permítanme remarcar este punto, porque parece que a estos nuevos grupos parlamentarios se les olvida lo que es una política de Estado, y esta lo es. Señorías, demagogias con este tema, cero. Fue el Grupo Parlamentario Socialista y no otro
-repito, no otro- el que en la XI Legislatura y en la XII actual trajo a esta sede la situación en la que se encontraban los militares profesionales de tropa y marinería de cuarenta y cinco años. Lo hizo mediante la proposición de creación de una
subcomisión que abordase la situación presente y futura. Es más, el Grupo Parlamentario Socialista escogió la fórmula de subcomisión porque, en su concepción de la política de defensa como política de Estado, consideró que en la solución debían
tomar parte todos los grupos parlamentarios. Recuerde que en su momento nuestra propuesta fue apoyada por unanimidad, pero la dicha pronto se vio empañada por la demagogia de aquellos grupos que anteponen las encuestas, la confrontación y el todo
vale para pescar votos a cualquier precio, incluso a costa de la esperanza de aquellos que se ven afectados. Es el 'todo vale mientras nos voten' al que nos tienen ya acostumbrados. Pues, no, señorías, para el Grupo Parlamentario Socialista no
todo vale, nos voten o no nos voten.
Recuerde que la subcomisión fue creada en febrero del año pasado y no hace dos años. -Señor Delgado, revíselo, por favor-. Por ella han pasado numerosos expertos y especialistas: militares, civiles, representantes de las asociaciones
militares del ámbito nacional e internacional, economistas, geoestrategas, politólogos, representantes del Ministerio de Educación, del Ministerio de Defensa, de los ejércitos y la Armada, de los sindicatos, de los empresarios, del colectivo de
seguridad privada, etcétera, etcétera. Recuerden, señorías de Podemos, que fueron ponentes todos ellos citados y propuestos por todos los grupos parlamentarios. ¿Es que acaso no han aprendido nada en la subcomisión? ¿Es que acaso no les han
escuchado? ¿O es que ustedes han ido a la subcomisión a hacer el paripé para quedar bien ante los militares profesionales de tropa y marinería y para decir lo que quieren escuchar? O se aprueba lo que decimos o nos enfadamos. Eso no es lealtad
para con ellos. Eso no es patriotismo. Eso es engañar. Todos los ponentes, excepto uno, han dejado claro que no es posible un ejército operativo con todos sus militares de tropa permanentes, pues afectaría a la seguridad nacional y a la defensa
de España. ¿Acaso, señor Delgado, debo recordarle las palabras de sus propios ponentes? Le recomiendo que relea sus declaraciones, pues supongo que los propusieron por su experiencia, y que recuerde que nos dijeron que no a tal cuestión. Ustedes,
señores de Podemos, hablaban incoherentemente de patriotismo hace unos días, haciendo electoralismo y confrontando a los militares profesionales de tropa y marinería versus los empleados de Cádiz, de Ferrol, de Sevilla, de Huelva o de Córdoba, como
si estos no tuvieran también familias, mientras al día siguiente, con el mayor de los cinismos, se hacían la foto con los segundos; no vayan a perder o no ganar los votos de estos en su tierra, Cádiz. A la par, su grupo parlamentario en la
Comisión de Defensa emplea argucias diciendo que defiende a los militares, mientras presenta iniciativas
para que sean expulsados de 'territorios que están invadidos' en palabras de una de sus portavoces o mientras votan en contra de enmiendas a los presupuestos que ayuden a paliar la situación. Se les llena la boca criticando el patriotismo
de los miembros del Grupo Parlamentario Socialista y de la ministra de Defensa, como si el suyo fuera superlativo al del resto. Aquí demuestran, a criterio de esta portavoz, una falta de respeto hacia los ponentes que han dedicado su tiempo para
venir a darnos su experta opinión, así como hacia los diputados que trabajamos en dicha subcomisión, sí, incluidos los suyos propios.
Ustedes han planteado una interpelación urgente y esta moción -que además se han autoenmendado como si no hubiera cambiado el contexto- que, de aprobarse en los términos que su grupo plantea, dejaría sin efecto y condicionaría el dictamen de
la subcomisión. ¿Les han explicado eso a los militares profesionales de tropa y marinería y a sus asociaciones o se lo han callado? Todo esto lo hicieron apenas un día después de que se reuniesen la Mesa y los portavoces de Defensa, en la cual no
abrieron la boca sobre esta cuestión. Cuando vieron que decidimos -incluidos ustedes- que el dictamen de la subcomisión debía estar sí o sí antes del 30 de septiembre, pensaron: ¡Ups!, ¿cómo hacer más demagogia? Y aquí estamos. ¡Y hablan de
lealtad y patriotismo! Para importarles tanto el futuro de los militares profesionales de tropa y marinería, bien que usted no acudió el viernes pasado a la comparecencia del subsecretario de Defensa, algo disculpable. Lástima que su sustituta
llegara tarde cuando ya había concluido su exposición; de lo contrario, sabría cuáles son las medidas que ya está implementando el Gobierno. Algunas proceden de la gestión del anterior Gobierno -todo hay que agradecerlo y todo hay que decirlo; al
rey lo que es del rey, al césar lo que es del césar y a Dios lo que es de Dios-. (Rumores). Otras proceden de los dictámenes de los grupos que hemos presentado en la subcomisión, incluso del suyo. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
La señora CANTERA DE CASTRO: Voy concluyendo, señora presidenta.
Si hubieran estado en la comparecencia del subsecretario de Defensa, verían que si se aprueba la moción en los términos en que se presenta, en el mismo momento de aprobarla quedarían sin efecto alguno. ¿Qué les parece? Es por ello que, por
lealtad con la subcomisión aprobada en esta Casa por unanimidad, con los expertos y especialistas que han acudido a ella, con las opiniones y conclusiones que nos han transmitido, con las señorías que han trabajado y están trabajando en ella y,
sobre todo y ante todo, con los militares profesionales de tropa y marinería, hemos presentado una enmienda que ya nos ha dicho que no van a apoyar. No cuenten con nosotros para hacer demagogia. Hablamos de seguridad nacional, de la defensa de
España.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (La señora Vázquez Blanco pronuncia palabras que no se perciben). Señora Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), en el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Intervendré desde el escaño porque lo haré de manera breve. Presenta el Grupo Parlamentario de Podemos una moción con un doble contenido: la suspensión de los procesos para la pérdida de condición de militares de tropa y marinería próximos
a la finalización de su contrato de larga duración, que expira, como ustedes conocen, al cumplimiento de los cuarenta y cinco años, y activar a los reservistas de especial disponibilidad, a los RED, que en la actualidad tengan problemas de inserción
laboral. Esta moción -ya lo adelanto- no va a ser objeto de apoyo por nuestro grupo parlamentario, porque creemos que incide de lleno en los trabajos que están a punto de finalizar en la subcomisión para el régimen de tropa y marinería. Cuando se
aprobó la subcomisión, tenía dos objetivos: un primer objetivo, mejoras que debieran introducirse para configurar el régimen profesional de los militares de tropa y marinería, conjugando tanto las necesidades de defensa como la necesidades de
estabilidad, vías de promoción y facilidades para la integración laboral del colectivo de tropa y marinería, y un segundo objetivo, la situación actual del modelo de tropa y marinería definido en la Ley 8/2006. Este segundo punto se refiere a los
afectados, en su caso, por los incumplimientos que se achacan a los mandatos de la Ley 8/2006, incumplimientos que -se dice- han supuesto la no formación del personal de tropa y marinería que ha egresado o está a punto de estar egresado y que les
está generando unas grandes dificultades para recolocarse en el mundo laboral, una vez acabado su contrato.
Entendemos que de esto está hablando la moción, de una de las patas que forman parte sustancial de esta subcomisión. Consideramos que la semana que viene estará acabado el dictamen. Por eso nos oponemos, por una cuestión procesal. Creemos
que no se puede ir sacando hijuelas de este futuro acuerdo en el seno de la subcomisión sobre varios problemas de tropa y marinería, uno de ellos se trata de la situación laboral, y aquí se pretende dar una situación transitoria pero que podría
convertirse en definitiva. Consideramos que debe adoptarla, en su caso, la subcomisión. Estas son las razones por las cuales no apoyaremos esta moción.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Diputades, diputats, presidenta, un republicano hablando de defensa y hablando de soldados profesionales; un separatista para otros tratando un tema que a lo mejor no le incumbiría. Pero ya he dicho muchas veces que
en las situaciones laborales, el Ejército también nos incumbe, nos incumbe a todos en esta situación que vivimos. Hace seis meses, es cierto, dimos nuestro apoyo porque pensábamos que cuando el 9 de marzo de 2001 se decide que se ha de ir a un
ejército profesional y en 2006 se hace una ley, no se tiene en cuenta la estructura vieja del Ejército español, las enormes dificultades en su modernización y los incumplimientos constantes durante todos estos años a estos soldados. Por tanto,
consideramos que más allá de lo que diga la subcomisión, hay una obligación de dar una salida digna a estos profesionales.
Me he tomado la licencia de coger un viejo libro de Julio Busquets, que fue diputado independiente por el PSOE, profesor mío en el año 1971. Este libro, del año 1967, se llama El militar de carrera en España. Julio Busquets, un hombre
optimista, dice: probablemente en 1980 España será ya un país desarrollado. ¿Qué misión tendrá entonces el ejército, la intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política del país, propias solo de países subdesarrollados? No, esto habrá
pasado a la historia. Quedarán las Fuerzas Armadas con una misión clara, su defensa territorial, y tendrán un ejército adaptado a la defensa territorial. Julio Busquets murió en el año 2001, y hasta 2010 no se reconoció la contribución que tuvo en
España para la democracia la Unión Militar Democrática. Les recuerdo que fueron excluidos de la Ley de Amnistía de 1977 por presión de los viejos mandos franquistas, los excluyeron. Asesinos, torturadores, ETA -sí, ETA-, fueron amnistiados, y la
Unión Militar Democrática no, y hasta el año 2010 no se consiguió. Hace unos meses murió un militar digno, el coronel Luis Otero; poquísima trascendencia, ninguna efemérides, exministra, ninguna efemérides de esas que a veces nos levantan los
sentimientos democráticos delante de la pervivencia de lo que no tendría que ser. Hace pocos días, unas semanas, cientos de oficiales antiguos defendían a un dictador, a un asesino, el general Franco, y mientras, estos militares aún no son lo que
tendrían que ser para el Ejército español, el mejor ejemplo de la democracia.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano Leal.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidenta.
En primer lugar, lógicamente, quería felicitar a todos los colectivos que han desarrollado este trabajo intenso en defensa del colectivo de cuarenta y cinco años de tropa y marinería.
Varios puntos a tratar; vamos por partes, señor Delgado. En primer lugar, conformidad con la moción y crítica con la posición, y se lo digo con el mejor de los sentidos. Conformidad, lógicamente, porque nosotros hemos votado a favor y el
texto que se trae aquí es el mismo que se votó en febrero de 2018, hace seis meses. Siempre hemos sido defensores de todos los derechos del colectivo de militares, del personal de las Fuerzas Armadas y en este caso de tropa y marinería no
permanente. Presentamos incluso la enmienda que fue el resultado de la transaccional. La crítica viene porque entiendo que ustedes pueden hacer algo más. Ustedes, como muleta morada que son del Gobierno, pueden hacer mucho más. Pueden incluir en
esas negociaciones clandestinas, que lo que hacen es prolongar la agonía de esta legislatura, la solución de este problema y no limitarlo a freír a impuestos a los españoles, a incrementar el gasto público, el déficit, a controlar Radiotelevisión
Española, a alterar el espíritu de la Transición democrática, etcétera. (Aplausos).
Voy a centrar el debate. Lo que se trae aquí, y lo digo porque no es lo que he escuchado a varios intervinientes, es el cumplimiento del acuerdo de la Comisión de Defensa de febrero del año 2018, y punto. Ese acuerdo instaba al Gobierno a
paralizar la salida de soldados y marineros hasta que se aplicara por el Gobierno el dictamen de la subcomisión de tropa y maquinaria. Ese es el dictado y eso fue lo que se aprobó. Por tanto, es una medida cautelar, una medida que tiene vigencia
hasta que esto se produzca. En definitiva, no es una deslealtad institucional con respecto a la subcomisión, al contrario. Lo que sí es una usurpación de funciones es la enmienda que se ha formulado por el Partido Socialista. Y lo más llamativo
de este caso es el giro copernicano que ha experimentado el Grupo Parlamentario Socialista, que votó a favor de esta misma idea hace seis meses y ahora no la quiere aplicar. Lleva más de cien días en el Gobierno, la podía haber aplicado, y no lo ha
hecho todavía. No sé por qué lo han hecho, me gustaría que me lo explicaran, y espero que no sea porque antes estaban en la oposición y ahora están en el Gobierno. Tuvieron una primera oportunidad el otro día con la comparecencia del subsecretario
para volver a la coherencia o para explicar por qué no se mantenían en esa coherencia. La desperdiciaron entonces y la han desperdiciado en el día de hoy.
Durante estos cien días, señora ministra, en torno a unos 140 soldados y marineros se han ido a la calle por cumplir cuarenta y cinco años. Si se hubiera aplicado este acuerdo, se habría evitado. ¿Qué se ha conseguido con esto? Ponerse a
la misma altura que el Partido Popular. Cuando se habla de bipartidismo muchas veces la gente se ofende, pero es que es así, se han puesto al mismo nivel. El Partido Popular tampoco aplicó esta medida y tuvo también otros cien días. Los
incumplimientos se han evidenciado ya: artículo 16 y artículo 21 de la Ley de Tropa y Marinería, del año 2006. Son incumplimientos que no voy a repetir porque están en la ley. ¿Qué ha ocurrido? Que hasta el año 2017, es decir, hasta después de
once años, no se han empezado a aplicar las medidas para que sea efectiva esta situación. ¿Qué ocurre? Que hay muchísima gente a la que no le va a llegar. ¿Y el problema cuál es? El problema es que, señorías, nuestros soldados y marineros han
dado lo mejor de sus vidas, incluso algunos han dado su vida, y se les paga con esta moneda, el desprecio y la ignorancia.
Señorías, tengo que decirles que un Gobierno se mantiene mientras sea útil a los ciudadanos, no mientras que tenga los apoyos necesarios, y está claro que el Gobierno del señor Sánchez ha sido de todo menos útil. Solo han pegado bandazos y,
a lo sumo, han llegado a copiar ideas de otros partidos, como la del aforamiento de Ciudadanos, un plagio, y malo. (Aplausos). Les aseguro que el peor enemigo para consolidar la riqueza y la creación de empleo es este tipo de políticas, y no hago
más que recordarle que la semana pasada se han puesto en peligro más de 6000 puestos de trabajo de empleados de Navantia, de la industria de defensa, en una zona tan deprimida como la provincia de Cádiz por el desempleo. Aquí quiero hacer un
pequeño inciso para agradecer en mi nombre, en nombre de mi grupo y en el de miles de familias de trabajadores la mediación de la Casa Real, que ha sido crucial para solventar este problema. (Aplausos).
Termino ya, presidenta, reiterando al señor Delgado que inste a su grupo a negociar con el Partido Socialista la solución de este problema. Señores del Grupo Socialista, insten al Gobierno a dejarse de fuegos artificiales, de cortinas de
humo y a que solucione el problema de marinería y tropa. Ellos, los soldados y marineros, han cumplido, el Estado con ellos no.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Candón Adán.
El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, fijaré la posición del Grupo Parlamentario Popular en este asunto. Qué raro es ver esta repentina fiebre militar por parte de quienes critican el gasto militar, piden el cierre de las bases o intentan vetar la participación de las
Fuerzas Armadas en actos públicos; o aquellos que están en contra de la industria militar, según convenga, aquí o allí, como Podemos con las corbetas que fabricará Navantia, y que gracias a ellas se generará en la provincia de Cádiz, de la que
usted, señor Delegado, es diputado, más de seis mil empleos; con lo cual, no tengamos un discurso aquí y otro discurso allí. Es raro cuando recordamos que el Partido Popular ha estado solo en las últimas legislaturas en su apoyo al presupuesto de
Defensa y efectivos de las Fuerzas Armadas. Y hay que recordar que quienes ahora intentan parecer defensores, solicitaban hace unos años reducir el número de efectivos temporales a 50 000; es decir, pedían poner en la calle a 31 000 soldados y
marineros.
Señor Delgado, esta moción no es más que un brindis al sol, es un postureo, es puro teatro, y además, perdóneme, desde el aprecio que le tengo, del malo. Si quieren aportar una solución, ¿por qué no presentaron una proposición de ley en su
momento? Porque hoy hay una ley que impide realizar lo que ustedes proponen. Este problema no es nuevo; viene de la Ley 8/2006, de 24 de abril, de Tropa y Marinería, cuyo artículo 10.1 dice: El compromiso de larga duración finalizará cuando el
militar profesional de tropa y marinería cumpla cuarenta y cinco años de edad. ¿Tampoco se dio cuenta su asesor de Defensa, que fue antiguo JEMAD de 2008 a 2011? ¿No podía haber hecho algo también? ¿O tampoco? (Aplausos). ¿Van a seguir
proponiendo preguntas, mociones, para fingir que hacen algo sin hacer realmente nada, como la autoenmienda que han traído ustedes hoy aquí a su moción?
El pasado miércoles, la señora ministra -aquí presente- dijo que había que evitar mensajes simplistas, y dijo que a los profesionales de las Fuerzas Armadas hay que respetarles y hay que decirles la realidad de lo que se puede hacer. La
frase bonita y el titular lo sabemos hacer y decir todos, pero luego hay que sentarse negro sobre blanco a ver las realidades jurídicas posibles. Es decir, hay que dejar de hacer lo que PSOE, Podemos y Ciudadanos han estado haciendo estos años: no
decirles la verdad de lo que se puede hacer, soltar frases bonitas y titulares, crear una ficción y jugar con las inquietudes de los soldados y marineros. Competían ustedes por ver quién era el más magnánimo, el más solidario, el más ocurrente,
esperando que surgieran sobre sus cabezas aros angelicales.
Cuando los tres partidos apoyaron la PNL de Podemos que pedía suspender las rescisiones de contratos, desconocían la carambola nacionalista-populista que le iba a llevar a uno a la Moncloa. Mala suerte, señora ministra. Pero han ocupado el
sillón y ahora se dan cuenta de que no pueden cumplir lo que prometieron para captar votos de personas descontentas. Bienvenidos al mundo real. Como se dice en mi tierra, ustedes mucho 'lirili' y poco 'lerele'. O sea que mucho hablar y no hacer
nada. (Risas y aplausos). Reconozcan que mintieron entonces o reconozcan su incapacidad para gobernar o ambas cosas.
Termino, señora presidenta. El Partido Popular está donde siempre ha estado, manteniendo coherencia y lealtad institucional. Nosotros apoyamos la creación de una subcomisión -que propuso, por cierto, el Partido Socialista- porque creemos
que es un tema serio, que es un tema de Estado, porque creemos que nuestros militares se merecen respeto y que no juguemos con sus ilusiones y con su futuro. Ellos son leales con España. Seamos nosotros leales con ellos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Delgado Ramos si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor DELGADO RAMOS: Aceptamos nuestra enmienda.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA QUE PRETENDE IMPULSAR EL GOBIERNO, ENTRE OTRAS LA SUPRESIÓN DE LOS AFORAMIENTOS POLÍTICOS. (Número de expediente 173/000102).
La señora PRESIDENTA: Señorías, pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras, la supresión de los
aforamientos políticos. Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rivera Díaz.
El señor RIVERA DÍAZ: Gracias, presidenta.
Señorías, ciudadanos que nos estén siguiendo, esta tarde vamos a proceder a una votación histórica en esta Cámara. Esta tarde los diputados que aquí nos encontramos vamos a decidir si queremos seguir siendo privilegiados en el caso de ser
investigados por la justicia o si queremos ser ciudadanos españoles exactamente iguales a los que nos han elegido para estar aquí. Esta tarde decidimos si queremos iniciar la supresión de los aforamientos, una figura anómala, una figura del pasado,
una figura que en la mayoría de países de nuestro alrededor ya no existe, o si queremos seguir manteniendo un privilegio ante la justicia. Y digo privilegio porque evidentemente el bloqueo que durante cuarenta años han hecho tanto el Partido
Socialista como el Partido Popular, las mayorías parlamentarias y aquellos que han gobernado España, solo responde a dos cosas: una, la voluntad de seguir designando a dedo a los jueces del Poder
Judicial y a los de su órgano de gobierno -es lo que ustedes siguen manteniendo-, y dos, el aforamiento como condición para no ir al juez natural, sino a un juez especial.
Señorías, digo que es una anomalía porque en Portugal los aforamientos no existen, solo para el jefe del Estado, para nadie más, ni para diputados ni para otros miembros del Gobierno; en Italia existe uno, el del jefe del Estado es el
único; en Francia, el del jefe del Estado y el del Gobierno, pero no para los miembros de la Cámara legislativa; en Alemania, Reino Unido y Estados Unidos no existe ni uno. Estoy hablando de países homologables y referentes en democracia,
referentes en separación de poderes y referentes en calidad democrática y en garantías judiciales.
Señorías, ¿por qué siguen ustedes sosteniendo los aforamientos? Básicamente porque los aforamientos responden a un trato distinto ante la justicia. Es verdad que se trata de ley procedimental -no hay dos códigos penales, solo hay uno;
solo faltaría-, pero sí hay procedimientos distintos. Por tanto, lo que queremos plantear hoy aquí de manera clara, concisa, con serenidad pero con firmeza es sí o no a suprimir los aforamientos. Es muy sencillo, hay aforamientos, como ustedes
saben, para senadores, diputados, miembros del Gobierno, y también en los estatutos autonómicos hay aforamientos para los miembros de sus Cámaras. En definitiva, en España hay unos dos mil aforamientos de políticos y lo que hoy se plantea es la
supresión del aforamiento para los cargos políticos en aquello que hace referencia a esta Cámara, lo que en definitiva pueden hacer Congreso y Senado, las Cortes, como es impulsar inmediatamente una reforma exprés de la Constitución para suprimir
los aforamientos. (Aplausos).
La moción también recoge ese impulso en las Cámaras autonómicas. Ciudadanos, por ejemplo, puso como condición para que hubiera investidura en Murcia que se cambiara el Estatuto de Murcia y se suprimieran los aforamientos. Lo logramos en el
estatuto y ha venido a esta Cámara. Lo hemos impulsado en otras comunidades, pero también es verdad que el Partido Socialista y el Partido Popular hace muy poco en Madrid impidieron que se suprimieran los aforamientos en la Comunidad de Madrid;
ambos partidos, que para esto -igual que para controlar el Poder Judicial- siempre van de la mano. También lo hicieron, por cierto, en Castilla y León el Partido Socialista y el Partido Popular, y lo están haciendo allí donde pueden, porque ustedes
quieren seguir cogiéndose, como a un clavo ardiendo, a este privilegio.
Pero les digo una cosa, la sociedad española ya no tolera lo que toleraba; la sociedad española ya no aguanta lo que aguantaba; la sociedad española quiere que todos seamos iguales ante la justicia, que nos toque un juez natural y que haya
un procedimiento habilitado para que nos pueda juzgar cualquier juez. Los que están en contra de la supresión de aforamientos en el Partido Socialista o en el Partido Popular alegan que es peligroso que te pueda tocar un juez de primera instancia,
que te pueda tocar, en definitiva, un juez como a los demás. ¿De verdad se puede sostener que los jueces de base son peligrosos o son sospechosos y que los jueces del Tribunal Supremo son mejores? Son todos jueces. Solo hay una diferencia: que
los jueces que te tocan de manera natural no los eligen ustedes ni los elige el Consejo del Poder Judicial, los elige, en definitiva, el mérito y la capacidad. (Aplausos). Así pues, tenemos un cóctel peligroso para la igualdad de los españoles, un
cóctel peligroso para los que quieren confiar en la democracia, que es el control del Poder Judicial. Ciudadanos propone, por un lado, la supresión también de ese control y despolitizar la justicia para que los jueces puedan elegir a la mayoría de
los miembros del Poder Judicial -el Partido Socialista, cómo no, se opone y el Partido Popular también- y, por otro, acabar con los aforamientos, porque una cosa va con la otra. Ustedes quieren -están obsesionados con ello- seguir controlando el
Poder Judicial porque es allí donde se designa y se escoge a los jueces que van a juzgar a los políticos aforados. Por tanto, lo que les preocupa verdaderamente es quién va a juzgar a los políticos que prevarican, quién va a juzgar a los políticos
que cometen malversación, quién va a juzgar a los políticos que cometen cohecho, quién va a juzgar a los políticos por financiación ilegal. Eso es lo que les preocupa. Por tanto, tenemos hoy una oportunidad histórica. Estaremos de acuerdo en que
si hoy sale adelante, si se da luz verde a esta tramitación, a este impulso político sin duda de la Cámara legislativa, que es donde se tiene que hacer esta reforma, se habrá dado un paso adelante después de cuarenta años. Basta ya de blindaje de
privilegios, basta ya de intentar tener una justicia distinta para los que somos iguales.
Finalmente, espero contar con el apoyo de otros partidos políticos. He escuchado decir a otros partidos en campañas o en intervenciones que están a favor; otros, como el Partido Socialista y el PP, es verdad que nunca han estado a favor.
De hecho, el miércoles pasado la ministra nos decía que era muy difícil reformar la Constitución, que pedirán un informe. Hay una cosa buena en todo esto. No sé si es la presión de las encuestas o que el Gobierno hace aguas, pero el señor Sánchez
ayer parecía que cambiaba de opinión. Yo les debo confesar que me lo creí. Pensaba, ya sea por las ideas del señor Sánchez o por la
presión interna, que se habían dado cuenta de que la sociedad está pidiendo un cambio. ¿Cuál es la sorpresa? Que el fraude dura unas horas. Por la tarde ya estaban diciendo los miembros del Gobierno y del PSOE que los delitos de
corrupción seguían estando con aforamiento. ¡Hombre! (Aplausos). Así pues, le pido al Partido Socialista que no les tome el pelo a los españoles. Hay mucha gente que quiere que se supriman los aforamientos, votantes de su partido también, y les
pido que no les tomen el pelo. Si ustedes quieren subirse a este carro que siempre han intentado frenar, el de la supresión de aforamientos, súbanse, bienvenidos, necesitamos mayoría en esta Cámara, de hecho tres quintas partes, pero les pido una
cosa: no defrauden a los españoles, no jueguen con su ilusión y con la esperanza de cambiar las cosas, porque lo que ustedes han propuesto es una broma al lado de la supresión de aforamientos. Hay que suprimir los aforamientos, sobre todo en los
casos de corrupción política, que es donde se produce el problema. Por tanto, ¿de qué nos sirve una reforma constitucional exprés si vamos a dejar los aforamientos en casos de corrupción política? Yo les pido que si vamos a reformar la
Constitución, lo hagamos de verdad y para que ningún caso de corrupción política tenga un trato privilegiado. Hoy nos la jugamos, pero ya les digo lo que vamos a hacer. Vamos a votar a favor de suprimir ese privilegio. Hoy se puede producir un
harakiri, el harakiri de los privilegios judiciales de los políticos. Se pueden hacer hoy dos cosas: decir a los españoles que queremos seguir teniendo un tribunal especial o les pueden decir ustedes con el botón verde, votando a favor, que
queremos ser iguales que todos los españoles.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Xuclà i Costa.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, este es un tema muy serio, y un líder o un doctorando tiene que subir aquí y explicar el origen histórico de los aforamientos, el ámbito material de los mismos y cómo se reforman. No se va a reformar por la aprobación de una
moción.
Ahora me dirijo al PSOE. Si se quiere aprobar por una reforma constitucional, creo que es indispensable que el presidente del Gobierno se ponga en contacto con todos los partidos políticos y no que nos enteremos por una conferencia de
análisis de los cien días. Digamos la verdad. Si esta reforma constitucional, que es lo que vale y no la moción de Ciudadanos, llega a buen puerto, seguramente no se podrá hacer con sesenta días porque el Partido Popular plantea unos informes. El
Partido Popular, que no es partidario de la reforma de la Constitución, según ha dicho esta mañana su líder, va a votar a favor de esta moción de Ciudadanos por la batalla insomne entre PP y Ciudadanos por el espacio de la derecha. El PSOE, que
quiere mantener el aforamiento en el ámbito estricto de las funciones de los parlamentarios -nosotros también-, va a votar esta moción que, como acaban de escuchar del señor Rivera, les dice que ustedes tienen connivencia con la corrupción por
querer defender a los parlamentarios en el ámbito de sus competencias, que es lo apropiado, subir a esta tribuna un líder y explicar el origen y el porqué de los aforamientos.
¿Y por qué, si alguien abre la caja sobre un tema tan importante, no habla sobre el sentido original de los aforamientos, sobre jueces, Fuerzas Armadas o la Casa Real?
Finalmente, nosotros nunca votaremos un texto que desde el Congreso de los Diputados dice lo que tienen que hacer los parlamentos autonómicos respecto a los aforamientos porque eso es la esencia del autogobierno y de la capacidad de
autoorganización de cada parlamento. Muchos piensan que la moción de Ciudadanos es un bodrio; muchos piensan que eso solo es posible a través del pacto entre fuerzas; algunos la van a votar, nosotros nos vamos a abstener para no participar de
este teatro del malo.
Muchas gracias, señora presidenta. (El señor Cantó García del Moral: ¡Bien!-Risas.-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Mixto también, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señora presidenta.
Seguramente muchos de ustedes esperan que Euskal Herria-Bildu diga hoy aquí que, puestos a reformar la Constitución, deberían abordar otras muchas cuestiones de calado. Por supuesto, así es, pero me voy a ceñir al tema. Centrándonos en la
cuestión concreta de los aforamientos, nosotros lo queremos dejar claro: somos partidarios de quitar los aforamientos, pero no los de unos pocos sino todos, sin
excepción, de la misma manera que no aceptamos una reforma en esta materia que no conlleve anular la inviolabilidad del rey. Si se busca que todas las personas seamos iguales ante la justicia, no hagamos excepciones y suprimamos todos los
aforamientos y privilegios existentes en la actualidad. Por tanto, su propuesta se queda corta, al igual que el anuncio de reforma del Gobierno, y hoy, en esta moción, nos abstendremos.
En lo que se refiere al segundo punto de la moción, un poco al hilo de lo que decía el señor Xuclà, si Ciudadanos tiene un problema de falta de representación para realizar propuestas viables en las comunidades autónomas, en sus parlamentos,
es su problema, un problema que no justifica que desde Madrid se les quiera decir a las comunidades autónomas lo que deben hacer. Les voy a decir más: en la Comunidad Autónoma vasca ya se aprobó en 2016 una proposición no de ley a favor de
realizar las modificaciones legales necesarias para la supresión de los aforamientos. Y es que el mundo no ha empezado a girar cuando se han incorporado ustedes. Por tanto, dejen de decir a los diferentes territorios lo que tienen que hacer y
apuesten por la eliminación de todos los aforamientos si quieren un voto favorable a su propuesta. Podrían lograrlo fácilmente hoy con la admisión de alguna de las enmiendas que se han presentado.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Rivera, esta es una moción coja, pequeñita, de juguete, es casi, casi una moción de la señorita Pepis. Me explico. En su exposición de motivos dicen que hay cero aforados en Alemania, en el Reino Unido y en Estados Unidos, uno en
Italia y en Portugal, diez en Francia y siguen diciendo que aquí hay muchísimos aforados, concretamente casi 250 000; 232 000 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y 17 600 de políticos, de jueces, de fiscales y de la familia real. Y he dicho lo de la
moción pequeñita, de la señorita Pepis, porque en su moción limitan esa supresión del aforamiento a solo 2000 políticos. ¿Por qué no son ustedes más ambiciosos, actúan como los países avanzados y lo dejan en cero, para nadie, ni para el rey ni para
nadie? ¿Por qué no son ustedes ambiciosos? ¿Por qué no lo extienden a jueces y fiscales, a la Familia Real? El Grupo Vasco les ha presentado una enmienda, acéptenla; es una enmienda mucho más ambiciosa que su iniciativa. (Rumores). Es un
clásico, ya lo sé; es un clásico
Señor Rivera y señor Cantó, ¿su partido no quiere la igualdad de los españoles? ¿Por qué no quiere la igualdad de los aforamientos? ¿Por qué no quiere que todos tengamos o no tengamos aforamientos? O todos moros o todos cristianos.
Acabo. Esta es una moción incompleta, poco ambiciosa, miedosa. Ese gran tuit que todos repetimos, su tuit, quedaría mucho mejor si dijera: Recorriendo España, solo veo españoles; veo españoles aforados y españoles sin aforar. (Risas).
Señor Rivera, hoy se pueden hacer dos cosas, como ha dicho usted: dejar esta moción coja o aceptar la enmienda del Grupo Vasco para suprimir todos los aforamientos.
Moltes gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Tomamos en consideración una moción del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre la supresión de los llamados aforamientos políticos o, mejor dicho, de los que llama aforamientos políticos, una expresión que no entendemos porque todos los
aforamientos de nuestro ordenamiento responden a una decisión de política legislativa que, con carácter general, protege a determinados cargos públicos y funcionarios frente a actuaciones que pudieran menoscabar las funciones que constitucionalmente
se les encomiendan a través de la utilización abusiva de querellas y determinando a tal fin que estas, cuando se interpongan, sean vistas por órganos judiciales colegiados y de nivel superior. Señorías, esta es la razón finalista de los
aforamientos en nuestro ordenamiento jurídico, bien en la Constitución bien en la Ley Orgánica del Poder Judicial o en las normas institucionales básicas de las comunidades autónomas. Por tanto, todos los aforamientos de nuestro ordenamiento son
una decisión de política legislativa y por eso consideramos que todos los aforamientos son políticos, y son políticos porque no va de suyo que sean imprescindibles para que esas funciones constitucionalmente otorgadas a esos servidores públicos no
se vean perturbadas
con la presentación de querellas contra ellos, y así nos lo ponen de manifiesto los hechos. Alemania no tiene ningún aforamiento y tampoco el Reino Unido ni los Estados Unidos de América. Otros países tienen muy pocos; no los voy a citar
porque ya se han citado.
En España, la decisión política de aforar a servidores públicos alcanza la cifra de 280 000. Unos -ya se ha dicho- desempeñan cargos políticos de designación y/o electos por la ciudadanía, 2000. Otros son miembros del Poder Judicial y de
la Fiscalía -15 000- y también del Consejo General del Poder Judicial. Otros pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tanto del Estado como de las comunidades autónomas con competencias para la protección de personas y bienes y para el
mantenimiento del orden público, 230 000. Total: 280 000, aunque no todos en el mismo grado ni la norma que los afora es la misma ni en naturaleza ni en relevancia. Nuestro ordenamiento al más alto nivel -la Constitución y los estatutos- ha
determinado que los presidentes y demás miembros de los Gobiernos central y autonómicos y los miembros de sus Cámaras legislativas sean aforados ante las salas de lo Penal del Tribunal Supremo y respectivos tribunales superiores. Ello ha sido así,
pues, como interpreta el Tribunal Constitucional en su sentencia 22/1997 para el presidente del Gobierno y demás miembros del Gobierno -se podría extender a todos los parlamentarios-, lo hace para protegerlos con carácter general frente a
actuaciones que pudieran menoscabar sus funciones constitucionales y estatutarias a través de la presentación abusiva de querellas que confundan la responsabilidad política con la penal. Señoría, esto me suena.
¿Se podrían suprimir? Por supuesto. El legislador constitucional y el estatutario no están condicionados. Constitucionalmente hay países que no los tienen y hay que afirmar que sus funciones no se hallan perjudicadas. Para estos aforados
también el Tribunal Constitucional ha señalado que, frente a lo que se acaba de decir, no son un privilegio ni tampoco un derecho singular, ya que la Constitución -dice- protege su autonomía e independencia a través de un órgano jurisdiccional para
que se enjuicie su responsabilidad criminal estableciendo un tratamiento jurídico diferenciado porque la situación subjetiva, cualitativa y funcionalmente es diferenciada en la propia Constitución, y yo añadiría: y en los estatutos de autonomía
como normas institucionales básicas. El Tribunal Constitucional continúa diciendo -frente a lo que acabo de oír en esta Cámara- que tampoco estos aforamientos rompen el principio del juez ordinario predeterminado por la ley, ya que -señala- es la
misma Constitución y estatutos los que hacen esa función de la ley para determinar el aforamiento en las causas criminales contra aquellos cargos electos y designados, los gobiernos central y autonómicos y sus cámaras legislativas. Hay otros
aforamientos sin aquella protección constitucional y estatutaria, los establecidos por la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que se refieren, como ya he dicho, a jueces, magistrados, miembros del Consejo General del Poder Judicial, fiscales y
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y más recientemente, tengo que recordar, a mediados del año 2014, como se incorporaron como aforados al Tribunal Supremo, coetáneamente a la Ley Orgánica de Abdicación del Rey Juan Carlos I y aprovechando el trámite
de enmiendas que solo contó con el apoyo del Partido Popular y de algún otro grupo muy minoritario, se incorporaron también como aforados al consorte del rey o de la reina, al príncipe de Asturias y su consorte, y al rey o reina que hubiera abdicado
y, todo hay que decirlo, no solo para las causas penales, como el resto de aforados, sino también para causas civiles.
Nos preguntaríamos, ¿se podrían suprimir todos estos aforamientos? Por supuesto, incluso sin modificar la Constitución pues el legislador ordinario no está condicionado y en muchos países de nuestro entorno serían inimaginables. Lo que no
entendemos es que aquí, en la moción, no se considere esta posibilidad y sí la que afecta precisamente a los contemplados por la Constitución y los estatutos de autonomía, aquellos precisamente a los que las normas más relevantes de nuestro
ordenamiento más quieren proteger. Señorías, no lo entendemos y por eso no lo compartimos.
Voy finalizando, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Tiene que finalizar, señoría.
El señor LEGARDA URIARTE: Quince segundos.
¿Es razonable, nos preguntamos, mantener estas figuras de aforamiento, incluida la inviolabilidad de la persona del rey en sus actos no institucionales? Apoyaremos cualquier reforma dentro de esta Cámara que suponga la supresión de todos
los aforamientos sin excepción, como en los países que se citan como más ejemplares. Para otras operaciones de marketing político no cuenten con nuestro grupo parlamentario.
Muchas gracias, presidenta, por su generosidad.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Cámara Villar.
El señor CÁMARA VILLAR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista quiere abordar esta moción del Grupo Ciudadanos de manera constructiva, buscando el máximo acuerdo posible entre todos los grupos políticos, en sintonía con lo que demanda la mayoría de la ciudadanía, en
coherencia con nuestras resoluciones programáticas, en línea con lo argumentado por la ministra de Justicia, Dolores Delgado, y de acuerdo con la valiente iniciativa anunciada por nuestro secretario general y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez,
que supone sin duda un gran paso adelante.
Como ya saben, coincidimos sustancialmente con la parte dispositiva de la moción y, convencidos de su justificación y de su necesidad, nos mostramos firmemente determinados a llevar a cabo de inmediato esta reforma de los artículos 71.3 y
102.1 de la Constitución con el fin de suprimir el aforamiento de diputados, senadores y miembros del Gobierno, salvo en el ejercicio estricto de sus funciones -estricto- y durante la duración del cargo. El Partido Socialista ha plasmado esta
medida de regeneración democrática en sus programas desde el año 2015, formando parte de nuestra propuesta de reforma constitucional así como de las de impulso de las reformas estatutarias. Como ustedes han recordado, señorías del Grupo Ciudadanos,
en el frustrado acuerdo de Gobierno de 2015 asumimos la revisión de los aforamientos -cito literalmente- como una medida fundamental y también la incluimos, entre otras muchas cuestiones relativas a mejoras democráticas e institucionales, en las
resoluciones de nuestro 39.º Congreso federal, y lo estamos cumpliendo, como demuestran claramente las reformas estatutarias en curso en Murcia, Cantabria y Canarias. Quiero recordar precisamente que en Murcia, por ejemplo -ustedes se han
equivocado-, la iniciativa fue del Partido Socialista.
Pero si estamos sustancialmente de acuerdo con la parte dispositiva de la moción, no compartimos ciertos argumentos que emplean en su justificación, que entendemos errados y profundamente demagógicos. Pongamos las cosas en su sitio, señor
Rivera. No es riguroso sostener que el aforamiento en todos sus aspectos sea sin más privilegio, trato de favor en definitiva, aunque sea cierto que así lo percibe mayoritariamente la sociedad española. El aforamiento es una prerrogativa -una
prerrogativa- concedida con mejor o peor fortuna como medio de equilibrio entre poderes y como garantía frente a los posibles excesos de la acusación popular. Esta figura, hay que recordarlo y lo omiten siempre que hablan de esto, no existe en
muchos de los países que han mencionado pero tiene también su cara negativa, pues el fuero especial priva a su vez al aforado de la posibilidad de que una sentencia penal ser revisada por una instancia distinta y esto, reconocerán sus señorías,
supone una intensa limitación del derecho fundamental al doble grado de jurisdicción, aunque sea un límite razonable, como ha sostenido nuestro Tribunal Constitucional. Pero, ojo, esto tampoco se dice normalmente, esta privación puede afectar
también a aquellos individuos no aforados e imputados en la misma causa, como se deduce de las previsiones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el enjuiciamiento conjunto de delitos conexos.
Por otra parte, la supresión del aforamiento no se puede fundamentar en la invocación de una presunta pérdida de independencia judicial, como ustedes reiteran con sofismas que son absolutamente inasumibles, pues cada órgano judicial, como
aquí se ha recordado, al margen del proceso de su formación, es singularmente en su función el portador de un poder del Estado, el poder de la jurisdicción, un poder que es distinto, independiente, neutral, supra partes, únicamente sometido a la
Constitución y a la ley que lo dotan de las diversas y necesarias garantías de independencia. Al parecer, señor Rivera, muy poca confianza tienen ustedes en nuestros órganos judiciales superiores. Errado es también, a nuestro juicio, argumentar
que el aforamiento contradiga el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley, pues el juez ordinario, como reitera el Tribunal Constitucional en su doctrina, es siempre el juez perteneciente a la jurisdicción ordinaria, cierto e imparcial;
esto es, que no sea especial, que no sea excepcional, que no se haya establecido ad hoc para un litigio concreto, sino creado previamente por la ley, que lo inviste de jurisdicción.
Ustedes, señores de Ciudadanos, hablan mucho de regeneración democrática pero a la hora de la verdad han estado apoyando incoherentemente al Gobierno de Mariano Rajoy y al Grupo Popular, e incluso han votado en contra de la moción de
censura, pieza esencial y punto de partida fundamental para la regeneración política toda vez que su principal justificación ha sido la de responder de una vez y con determinación a la intolerable corrupción sistémica instaurada en el seno y en el
entorno del Partido Popular, así declarada por sentencia judicial. Sí, señorías de Ciudadanos, a ustedes se les llena mucho la
boca de regeneración de cara a la galería. No me negarán que esta medida tiene mucho que ver con la evolución del Estado autonómico y, sin embargo, se han ido de manera oportunista, dando un portazo y con una excusa políticamente infantil,
de la Comisión de estudio para la evaluación y modernización del Estado autonómico, que es el instrumento del que todos nos hemos dotado en esta Cámara para estudiar estas y otras muchas cuestiones de mejora democrática. Sean coherentes. Ustedes
se vienen situando cada vez más en la derecha y eso les lleva a sostener y proclamar un regeneracionismo de cuño y tono más populista y electoralista que sincero y eficaz, y por eso cometen la demagogia de estar identificando cosas que no se pueden
identificar. Ustedes identifican la referencia al estricto sentido de la función que se cumple con la habilitación para ser connivente con la corrupción política. Ustedes no han entendido absolutamente nada de lo que significan nuestras
instituciones, señor Rivera. Nosotros, para ser eficaces y en convergencia constructiva, le hemos propuesto una enmienda que mejora su moción. Reforma constitucional como ustedes piden, sí, de inmediato, e invitamos, que no instamos, a que las
asambleas de las comunidades autónomas hagan lo propio mediante las respectivas reformas estatutarias para conseguir la necesaria coherencia constitucional en los niveles estatal y autonómico.
Finalmente, permítame que le haga una pregunta porque creo que es importante para poder hablar de todas las medidas regeneracionistas de una vez y con el sosiego suficiente. ¿Para cuándo la vuelta a la Comisión para la evaluación y
modernización del Estado autonómico, señor Rivera?
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señorías, por su atención. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Escudero Berzal.
La señora ESCUDERO BERZAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la esencia de nuestra convivencia y de la prosperidad de nuestro país está en la Constitución española, en todas y cada una de sus normas, y también en el consenso, en el acuerdo de todas las formaciones políticas para
constituirnos y avanzar como una sociedad moderna, libre, igual y justa. Hoy, cuando los españoles tenemos muchos motivos para preocuparnos después de los más de cien días de desgobierno socialista, cuando el desafío independentista está totalmente
descontrolado, asistimos a un debate interesado para alguna formación política, pero no interesante para los españoles. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora ESCUDERO BERZAL: Señorías, el Grupo Parlamentario Popular considera que los valores sociales y la propia estabilidad del Estado de derecho permiten abordar una reforma de los aforamientos contemplados en nuestro ordenamiento
jurídico. Señorías, las palabras son muy importantes y su mal uso puede inducir a error, unas veces por desconocimiento y otras con el ánimo de provocar ciertas reacciones a sabiendas del engaño. Por ello, hay que distinguir entre privilegio y
prerrogativa. Mientras que la prerrogativa es una ventaja que se tiene por ejercer un cargo o un empleo, el privilegio es la concesión que hace alguien a otra persona de una ventaja, dándole por tanto cierto carácter excepcional. Señorías, mi
grupo quiere dejar muy claro que no estamos ante ningún privilegio. Señores de Ciudadanos, España es un Estado social y democrático de derecho y en un Estado de derecho, señorías, no caben los privilegios. (Aplausos).
El Tribunal Constitucional ha sentenciado en numerosas ocasiones que las prerrogativas como el aforamiento, la inviolabilidad o la inmunidad no son privilegios personales, sino que se trata de un tratamiento jurídico diferenciado a
situaciones subjetivas, cualitativas y funcionalmente diferenciadas por la propia Constitución. Son prerrogativas funcionales, señorías, ni personales ni arbitrarias, que encuentran su razón de ser en la protección del ejercicio de determinadas
funciones públicas frente a un uso indebido del proceso penal. Esto no lo dice el Partido Popular, señorías, lo dice la doctrina del Tribunal Constitucional. El aforamiento no es un privilegio personal. No puede confundirse con un privilegio,
pues no concurren las notas de la desigualdad ni de la excepcionalidad. Todos estamos cansados ya, señorías, de este falso populismo que les encanta predicar solo para confundir y dividir a la sociedad española y quebrar la confianza en la política
y los políticos.
Señores de Ciudadanos, cuando ustedes no estaban aquí se aprobó en la Ley de control de la actividad económicofinanciera de los partidos políticos asumir el compromiso de limitar los aforamientos, y así lo asumieron el Partido Socialista y
el Partido Popular con esa ley. Eso se hizo cuando ustedes no estaban
aquí, señorías. Señor Rivera, había vida en 2015 sin que usted estuviera aquí, en el Parlamento. Usted no estaba aquí. (Aplausos). Hasta aquí nuestra argumentación jurídica.
El Partido Popular llevó en su programa electoral la reducción de aforamientos y lo incluimos en el pacto de investidura con Ciudadanos, pero no porque sea un privilegio. Somos conscientes de que la propia evolución de la sociedad y la
fortaleza de las instituciones exigen un replanteamiento sereno y constructivo de estas prerrogativas, pero no podemos compartir que el constituyente de 1978 y el legislador después incorporasen privilegios para las clases políticas. Señor Rivera,
usted no quiere ser igual que los españoles. Ha dicho que quiere que todos los españoles seamos iguales, pero usted no quiere ser igual que los españoles. Usted solo quiere quitar una prerrogativa de tres, porque hay aforamiento, inviolabilidad e
inmunidad. ¿Por qué solo quiere ser un trocito igual que los españoles? ¿Por qué, junto con el aforamiento, no pide la eliminación de la inviolabilidad y de la inmunidad? Usted no quiere ser igual que los españoles, sino que quiere seguir
teniendo prerrogativas. Pero esto es muy populista. (Aplausos).
Señorías, tenemos que ser serios y hacer las cosas como hay que hacerlas. No puede anunciarse una reforma exprés de la Constitución española en este punto y ya está, porque la modificación de la Carta Magna no es cualquier cosa. Plantear
una modificación de la Constitución española requiere una mayoría que el señor Sánchez ha obviado como una cosa menor. Abordar la reforma de la Constitución con tanta frivolidad y ligereza no es serio, salvo para tapar las carencias de un
presidente, el desgobierno en estos meses y las continuas rectificaciones y dimisiones. Reformar la Constitución española, sacar a Franco del Valle de los Caídos, ir ahora a por los bienes de la Iglesia, las bombas que vendemos que no matan a
yemeníes; todo esto es la antipolítica, señorías. Todo esto es lo que genera tanta desconfianza de los ciudadanos en sus representantes.
Por la necesidad de abordar con rigor esta reforma de los aforamientos y, sobre todo, de garantizar que se realice de forma coherente en todo el ordenamiento jurídico, así como que se proteja adecuadamente el ejercicio en libertad de las
funciones públicas que el aforamiento pretende tutelar, mi grupo ha presentado una enmienda de mejora donde proponemos que la reforma comience con la solicitud de informes a los órganos colegiados que poseen la mejor competencia técnica para exponer
el régimen actual de aforamientos y sus posibilidades de reforma. Se trata de que cualquier alteración procesal se haga con las garantías jurídicas adecuadas. También se insta al Gobierno a impulsar la creación de una ponencia en el seno de la
Comisión Constitucional del Congreso para conseguir el mayor consenso parlamentario y, a la vez, se insta a los parlamentos y gobiernos autonómicos a que hagan lo mismo. Con esta enmienda el Grupo Parlamentario Popular -y estoy acabando, señorías-
está exigiendo tiempo, diálogo, rigor y consenso a la hora de abordar una reforma constitucional. Por supuesto, mi grupo quiere dejar totalmente claro que rechazamos la propuesta del PNV sobre la eliminación de la inviolabilidad del rey. Señorías,
la Corona no se toca. (Rumores).
Por cierto -y termino-, lo que acabo de exponerles está en la línea de lo que expuso el señor secretario de Estado de Política Territorial, el señor Sánchez Amor, en el debate de una moción de UPyD casi exacta a la hoy presentada. El Grupo
Parlamentario Socialista pedía una reflexión para este asunto en un marco coordinado y coherente de reformas institucionales, absteniéndose el Grupo Parlamentario Socialista para no apoyar 'un parche arbitrario y coyuntural'; y lo digo
entrecomillado. Señorías, no podemos olvidar que la reforma exprés de la Constitución quiere hacerla el señor Sánchez con los que han anunciado que quieren acabar con ella, con los que quieren romper con el espíritu de la transición.
Acabo. Señores de Ciudadanos, pueden no aceptar nuestra enmienda, pero saben perfectamente que este es el camino que hay que seguir para reformar la Constitución española: rigor, consenso y estudio. ¿Van a reformar la Constitución
española sin el informe del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial y de la Comisión General de Codificación?
La señora PRESIDENTA: Tiene que terminar, señoría.
La señora ESCUDERO BERZAL: ¿Van a ser ustedes capaces de esto?
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.
Señorías, ya avanzo que nuestro grupo se va a abstener y que no queremos participar de una nueva cortina de humo. De hecho, no es un gran debate lo que hoy suscita la moción de Ciudadanos sobre la eliminación de los aforamientos políticos,
por mucho que lo vendan como un paquete de medidas de una supuesta regeneración democrática. No nos engañan, más que regeneración democrática lo que hace esta propuesta es una simple medida de reforma institucional del propio Estado. No mezclemos
los conceptos. El concepto de regeneración democrática es mucho más profundo y mucho más complejo y está asociado a la idea de una transición a un modelo de democracia participativa, de democracia directa, en definitiva, una democracia avanzada.
Esto realmente es una regeneración democrática, de abajo arriba.
Hoy este sería un gran debate si afrontásemos con valentía los grandes retos que ponen a prueba la calidad misma de la democracia española -aquí nos encontrarían, seguro que nos encontrarían aquí-, unos retos ante los cuales el Estado no
está buscando una solución política y en cambio actúa de una forma reaccionaria, claramente represiva. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.
El señor ERITJA CIURÓ: Me estoy refiriendo, por ejemplo, a que en este momento se están vulnerando derechos y libertades como las de expresión, de reunión y de pensamiento, con la presencia de numerosos represaliados entre presos y
exiliados, o también al hecho de que en estos momentos un 80 % de catalanes, independentistas y no independentistas, están reclamando un referéndum de autodeterminación. ¿Y cómo afronta el Estado esta demanda plenamente democrática de la sociedad
catalana? La reprime, no tiene otra respuesta. Por tanto, no me hablen de regeneración democrática, sean más modestos y hablen quizás de una reforma institucional del Estado, una reforma que -no olviden- ante todo debería garantizar siempre el
respeto a los valores democráticos.
En todo caso podemos discutir sobre la idoneidad o no de esta moción ante la necesidad de afrontar los verdaderos retos de la democracia, pero centrémonos en la cuestión de la reforma de los aforamientos políticos. Todos podríamos estar de
acuerdo en suprimir una fórmula jurídica que la sociedad percibe como un privilegio. De hecho, nuestro grupo no acepta el aforamiento que protege a políticos corruptos, esto pervierte la misma idea inicial del aforamiento, pero tampoco acepta el
aforamiento que protege la inviolabilidad del jefe del Estado haga lo que haga, tampoco acepta incluso el aforamiento que protege a jueces y fiscales y tampoco acepta el aforamiento que protege a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado ante
según qué actuaciones. Por tanto, la aplicación tiene que ser al conjunto de aforados, que son muchos.
En todo caso, la cuestión es: ¿De qué le ha servido a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, ser aforada? De nada. (Aplausos). Vuelvo a repetir: ¿De qué le ha servido a la presidenta del Parlament de Catalunya, Carme
Forcadell, ser aforada? Absolutamente de nada. ¿Y al vicepresidente Oriol Junqueras? De nada. ¿Y al conseller Raül Romeva? De nada, absolutamente de nada. Hoy, junto con otros miembros del Parlament, están encarcelados por ejercer precisamente
de diputados y cumplir con un mandato democrático, ¡un mandado democrático! ¿Y dónde está el aforamiento aquí? No se le ha visto, no está. Voy terminando, señorías. Da la sensación de que hay una voluntad para que el aforamiento solo se reserve
al jefe del Estado, al Poder Judicial y a las fuerzas de seguridad, una cúpula de intocables quizás que blindan la propia estructura del Estado y los intereses de los grupos de poder que lo sustentan. No, no es eso, señorías, o todos o nadie. Y si
hoy se plantea su eliminación ha de ser para erradicar definitivamente la perversión de su uso como tapadera de la corrupción. De lo contrario, estamos todavía muy lejos de la tan pregonada regeneración democrática.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.
La señora PITA CÁRDENES: Gracias, presidenta.
Señor Rivera, la historia no se hace por que usted suba aquí y a pecho hinchado nos diga que apretando un botón verde estamos en la historia. La historia -anote esto- la hacen los pueblos. Los pueblos son los que hacen la historia, y el
pueblo español hace mucho tiempo que ha dicho que todas
somos iguales ante la ley, llevemos corona o no la llevemos. (Aplausos). Por eso, quizás hoy para hablar de regeneración debía haberse dejado usted ver por la comparecencia de un expresidente que tenía mucho que ver con ese tema de la
corrupción y de la regeneración. En cualquier caso, oyéndole hablar no dejamos de preguntarnos -atónitas, eso sí- si nos están tomando un poco el pelo, porque que hable Ciudadanos de regeneración democrática cuando ustedes votaron para mantener en
el Gobierno a M. Rajoy y su partido que, según un auto judicial -y no Podemos, un auto judicial- es una organización para delinquir, no parece muy coherente, la verdad.
Finalmente, después de que el señor Prendes el miércoles pasado nos dijera todas las iniciativas, hoy nos traen dos propuestas de acuerdo sobre una medida que además ya ha anunciado el Gobierno que asume, que es la supresión por la vía
constitucional de los aforamientos, una solución que para nosotros es, a todas luces, insuficiente. Nos parece insuficiente en cuanto a regeneración porque nos habría gustado avanzar hacia un acuerdo, por ejemplo, para la protección de las personas
denunciantes en la lucha contra la corrupción, para la supresión de los indultos a quienes resulten condenados por delitos de corrupción, para la regulación de los lobbies -cómo no-, para la supresión de las puertas giratorias, e incluso para la
despolitización de la Fiscalía General del Estado, y nos parece igualmente insuficiente hablar de una reforma constitucional solo para los aforamientos. Parece que para algunos, de esos que se llaman constitucionalistas, la Constitución se ha
convertido en un comodín o en un parche que lo mismo les da para un roto que para un descosido. Hasta ahora la reforma constitucional solo se ha podido activar cuando ha resultado útil para remediar los males que han asolado a una minoría, una
minoría con un poder tan grande que ha permitido incluso suplantar nuestra soberanía nacional. Por eso, hasta la fecha solamente se han alineado los astros y los escaños que componen este hemiciclo en una ocasión, y fue, como todos recordarán, para
modificar el artículo 135 de nuestra Constitución como parte de una reforma infame que puso de manifiesto la situación de indefensión ante la que se encontraba la mayoría social de nuestro país plurinacional, que desde entonces está arrodillado ante
el dogma que rige la conciencia de esa minoría que es el neoliberalismo salvaje. Y aunque hoy nos separen de aquellos días siete años y más de 60 000 millones de euros en recortes, todavía somos muchas las que no hemos podido olvidar aquella
desolación. Por eso, es tan importante aclarar en este punto, sobre a todo a formaciones políticas con tan poca calle como Ciudadanos, los acontecimientos que nos han traído hasta aquí. Solo así, haciendo un poquito de memoria, podremos recordar
dónde estaba cada cual en un momento tan duro y con quiénes estaban. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías, silencio.
La señora PITA CÁRDENES: Yo les cuento con quiénes estábamos nosotras; nosotras andábamos en las plazas y en las calles reclamando una democracia real, fuerte y capaz de enfrentar los intereses de esa minoría y garantizar los de la mayoría
social. ¿Y saben cómo llamamos a eso? Proceso constituyente. (Aplausos). Afortunadamente, ese cambio que la mayoría social reclamaba, afortunadamente, a duras penas, a empujones, viene llegando. Ahora mismo los números están empezando a dar
para empezar a hablar de presupuestos expansivos desde el punto de vista del gasto social, para desbloquear iniciativas legislativas como la de la vivienda de la PAH -la que hoy hemos tenido-, o medidas destinadas a restituir el acceso a la justicia
de las víctimas del franquismo. Si todo eso es posible es gracias a que esas transformaciones se han dado primero ahí fuera, en nuestras calles y en nuestras plazas. Hoy se habla de reforma constitucional y debe haberla, pero esta vez, señorías, a
favor de la mayoría social, no solo para aforamientos. Nosotras entendemos que para regenerar de verdad la vida política en España deben insertarse igualmente en el marco constitucional medidas como, por ejemplo, revertir la senda de recortes
inaugurada hasta la modificación de ese artículo 135, garantizar de una vez por todas en nuestro título I nuestro Estado social a través del blindaje de los servicios públicos y el carácter universal y gratuito de nuestra sanidad y de nuestra
educación. Debemos también hablar de ese principio que hemos dicho de que la justicia es igual para todas. Por tanto, hay que hablar de la inviolabilidad o de la impunidad de la Corona tal y como aparece en el título II, y -cómo no- de lo tocante
a nuestro modelo territorial. De todo eso hay que hablar. Por supuesto que todas estas medidas deberán ser sometidas a referéndum para que sea la ciudadanía la que tenga siempre la última palabra. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora PITA CÁRDENES: El reto que tenemos por delante para esta regeneración de verdad tan necesaria -voy terminando, presidenta- requiere de algo que Ciudadanos, los presentantes de esta moción, han demostrado desconocer completamente
como partido, que es responsabilidad política y altura de miras. Y al Gobierno del señor Sánchez solamente queremos hacerle, desde el respeto y con humildad, una advertencia. Cumplan, por Dios, cumplan esta vez con la mayoría social, porque
recuerden que las fuerzas políticas suben y bajan, según se ratifiquen o desdibujen en sus rasgos característicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Pregunto al señor Rivera Díaz si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor RIVERA DÍAZ: Se votará en sus términos, presidenta. No acepto.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS SÍNTOMAS DE DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000103).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, señorías, a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los síntomas de desaceleración de la economía española.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Ruano García.
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Señoras y señores diputados, hoy es mi primera intervención desde la tribuna y quiero que sepan que me siento muy orgulloso y honrado por ello. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
Señorías, el actual Gobierno socialista está perdiendo su crédito y solvencia a un ritmo galopante. Sus contradicciones, rectificaciones y bandazos, así como los ya famosos globos sonda de su ministra, no hacen más que producir
desconfianza, incertidumbre y desasosiego en nuestra sociedad. Es cierto que, a veces, es bueno rectificar, pero cuando un Gobierno rectifica permanentemente, nos encontramos ante un Gobierno incompetente, irresponsable y con una falta de gestión
con consecuencias que, desgraciadamente, pagaremos todos los españoles. Y es que, señorías de Partido Socialista, ¿cómo puede inspirar confianza un Gobierno que por la mañana dice una cosa y por la tarde dice otra? ¿Es que ustedes no han aprendido
que dar pie a la desconfianza es lo peor que se puede hacer en la economía? ¿O ustedes piensan que es casualidad que, tras cien días de gobierno, haya habido una fuga de más de 11 000 millones de euros de la bolsa, que, por cierto, es el peor dato
de índice acumulado de todas las bolsas europeas? Señorías, que nos encontramos en un momento de desaceleración ya no lo niega nadie, salvo ustedes, y esto la verdad es que nos preocupa. ¿No es cierto que en el último informe de la OCDE ya se
recoge que la economía española se enfría más rápidamente que la del resto de nuestros socios europeos?
Señores socialistas, todo el mundo se da cuenta ya de sus desmanes, de su voluntad reiterada y tozuda de incumplimiento del déficit, de la falta de respeto a los acuerdos de la Unión Europea, de la amenaza de subidas fiscales con fines
populistas, de su intención de desmantelar reformas económicas consolidadas que nos permitieron salir de la crisis, del descontrol de los precios de servicios básicos con efectos perversos sobre la inflación. Pero el mayor elemento que contribuye a
la desaceleración es la falta de confianza que genera este Gobierno (aplausos), no solo por sus contradicciones y rectificaciones, sino, sobre todo, por todas las hipotecas que se han obligado a pagar a comunistas e independentistas, y también por
su continuo discurso populista. Señorías de la bancada socialista, los ciudadanos de a pie están otra vez preocupados. No entienden de datos macroeconómicos, pero sí entienden que la fruta sube, que la gasolina se dispara, que este mes pagarán
unos recibos de luz de los más caros de toda la historia. Saben también que pagarán más intereses por sus préstamos y sienten que hay menos alegría en la economía. Esto nos preocupa. Y es que nosotros, señorías, sí creemos en la disciplina
presupuestaria, como cualquier persona responsable. ¿Qué padre de familia que nos esté escuchando en este momento, ante una reducción de sus ingresos y una mayor incertidumbre, decide gastar y endeudarse más cuando sabe que van a subir los
intereses de sus préstamos y que la situación económica empeorará? Es que esto no se le ocurre a nadie, señorías. El problema es que ustedes son gastadores por naturaleza, lo
llevan en su ADN, en su ideología, como si el dinero público no fuera de nadie, tal y como afirma de manera escandalosa la vicepresidenta del Gobierno. (Aplausos). Dirán que es el ciclo, que se acabó el viento de cola, pero la realidad es
que todos sus Gobiernos acabaron en una crisis económica gravísima, en la que nunca faltaron dos factores fundamentales: un déficit público descontrolado y un aumento brutal del paro; y, además, hoy ya podemos afirmar que de nuevo han puesto en
marcha su poderosa maquinaria de destrucción de la confianza. Porque, ¿recuerdan ustedes lo que pasó la última vez que miraron hacia otro lado? Simplemente, que el Estado del bienestar, que tanto dicen defender, lo acabaron liquidando y produjeron
las mayores desigualdades de la historia de nuestra democracia. Sí, señorías socialistas, yo les quiero recordar algunas de las consecuencias de sus políticas económicas en su último Gobierno: congelaron las pensiones, eliminaron prestaciones
sociales básicas, suspendieron la oferta pública de empleo, paralizaron la inversión pública estatal, bajaron los sueldos de los funcionarios, y, lo peor de todo para un partido que se hace llamar obrero, dejaron casi cuatro millones y medio de
parados. (Aplausos). Señoras y señores del Grupo Socialista, sean sensatos, es lo único que les pedimos. Continuemos con el proceso reformista, sigamos por la senda de la consolidación fiscal, reduzcamos nuestra deuda, incentivemos el ahorro,
ayudemos a los agentes económicos a producir más y mejor que los demás con el fin de ganar competitividad, reduzcamos los impuestos a los que generan empleo y, sobre todo, sigamos haciendo eje central de nuestra política económica la creación de
empleo.
Señora presidenta, ya finalizo. España es un país extraordinario. Somos una nación responsable, madura, y sabemos que cuando ha hecho falta, con esfuerzo y sacrificio, hemos salido adelante. Pero, señores del Partido Socialista, por
favor, no nos compliquen la vida, no compliquen la vida a los españoles. Las excentricidades en otros ámbitos de la política son opinables, tienen un pase, pero en el ámbito económico no; tienen consecuencias en las personas, en las familias, en
sus proyectos vitales de vida. Por favor, no lleven a cabo políticas económicas inapropiadas en este momento y menos por motivos electoralistas o chantajistas. No dejen caer todo el peso del chantaje de los comunistas y de los independentistas,
que odian y quieren destruir España, sobre las espaldas de las clases medias, de los autónomos, de las familias y de los trabajadores. De verdad, no nos compliquen la vida de nuevo. Sé que ustedes, en su réplica, harán como siempre, mirar hacia
otro lado, echarle la culpa al Partido Popular y a la situación internacional; tendrán otros chivos expiatorios, querrán que se hable de los bienes de la Iglesia, de Franco, hoy tocan los aforamientos, creando cortinas de humo cuando les interesa.
Pero, señorías, algo ha cambiado en nuestra sociedad; los españoles no somos tontos, tenemos memoria; no nos volverán a confundir como ya hicieron en el pasado; ya no creemos en los brotes verdes ni en la Champions League. Señorías, se lo pido
por favor, sin alarmismos pero con contundencia, pueden contar con nosotros, pero rectifiquen, mantengan nuestras reformas, sean un Gobierno serio y creíble y sean leales a Europa. No se lo digo por nosotros, señorías, se lo digo por el bien de
España y de todos los españoles.
Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Ruano.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, interviene, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
Señorías, en economía en los próximos tiempos nos enfrentamos a algo parecido a una tormenta perfecta. Por un lado, tenemos una herencia de la crisis muy delicada, todavía somos el país de Europa con un déficit más alto, tenemos una deuda
de cerca del cien por cien del PIB y seguimos teniendo unos índices de paro récord en Europa, de alrededor del 20 %, y da la casualidad de que a consecuencia de la insuficiente ambición reformista primero del Partido Popular y, como es cada vez más
evidente también, del Partido Socialista, el crecimiento está empezando a bajar el ritmo y tenemos indicios muy claros de desaceleración. Además -y esto es lo más grave de todo-, tenemos un Gobierno que básicamente no tiene una mayoría suficiente
para hacer las reformas estructurales que necesita el país. Déjenme que les dé cuatro datos muy rápidamente de cómo está la economía y de cuáles son esos índices de desaceleración que son cada vez más preocupantes y peligrosos. Lo peor son los
indicadores de consumo minorista. Entre junio y julio tenemos una caída interanual que es la más alta de los últimos años. Esto también se refleja en el consumo de combustibles. Asimismo, los índices de confianza, que son el mejor predictor que
hay sobre el crecimiento económico, están cayendo, se encuentran en el punto más bajo de los indicadores de los últimos dos años. Igualmente, tenemos un derrumbe de las pernoctaciones turísticas, el turismo
también está en su punto más bajo de los últimos años; y lógicamente la bajada de la actividad económica se refleja también en el empleo, las afiliaciones a la Seguridad Social han tocado su punto más bajo, con una caída de 203 000
trabajadores en agosto, la caída más grande de los últimos diez años. Además, hay un entorno macroeconómico para el futuro que no es particularmente positivo. Tenemos al BCE que probablemente subirá los tipos en poco tiempo; tenemos varios
Gobiernos populistas en Europa, por ejemplo el italiano, lo cual significa riesgo político seguro; tenemos la cuestión catalana, que no sé si ustedes serán capaces de manejar demasiado bien, y tenemos, como digo, una serie de tormentas en el
horizonte un poco delicadas.
Es precisamente en este entorno tan complicado, tan difícil, en el que es más importante que nunca tener un Gobierno estable que sea capaz de alcanzar una mayoría amplia, que sea capaz de abordar las reformas estructurales que necesita el
país. Nosotros hasta el momento sabemos que el presidente Sánchez tiene unas gafas de sol muy bonitas, sabemos que le gusta hacer jogging, sabemos que tiene un perrito, pero yo todavía no tengo ni idea de cuál es el proyecto económico de país que
presenta el señor Sánchez. (Aplausos). No sabemos cuál es su programa educativo, no sabemos qué piensa hacer con el índice de fracaso escolar más alto de Europa, no sabemos qué reformas laborales piensa hacer para reducir la precariedad más alta
de Europa y no sabemos qué políticas de innovación tiene. Lo único que ha hecho con las instituciones ha sido colonizarlas otra vez -exactamente igual que hizo el Partido Popular- de amiguetes, siendo las instituciones y el capital humano los dos
drivers más importantes de crecimiento económico. Por tanto, una mala perspectiva. Insisto, tenemos una herencia muy mala, tenemos unas perspectivas de entorno internacional muy malas y tenemos un Gobierno incapaz, que aunque quisiera -que no
quiere-, aunque fuera reformista -que no lo es-, es incapaz de hacer reformas porque tiene ochenta y cuatro diputados, una mayoría insuficiente. Por tanto, nosotros vamos a apoyar la moción del Partido Popular, insistiendo en que se hagan reformas
estructurales, insistiendo en que dejen de hacer espectáculos y empiecen a abordar las reformas estructurales que necesita este país antes de que sea demasiado tarde.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Roldán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente, y buenas tardes, señorías.
Debatimos hoy la moción consecuencia de la interpelación que el Grupo Popular hizo a la ministra de Economía la semana pasada, y tengo que decir que escuchando la interpelación la semana pasada tenía interés en ver qué podía aportar el
Partido Popular en materia económica que no hubiera hecho en los últimos seis años. Escuchando tanto la moción de hoy como la interpelación del otro día y viendo los tres puntos que traen en la moción, he de decir, en primer lugar, dos cosas. Las
únicas dudas sobre la economía española las generan quienes vierten mensajes alarmistas sobre datos que no son fundados, y esos son ustedes; además, siguen cayendo en los mismos errores que cometieron en el pasado: siguen sin pensar en la mayoría
de los ciudadanos de nuestro país, en los que más han sufrido y más sacrificios han hecho durante la crisis y en los que han visto cómo crece la economía de este país y su situación económica no mejora. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón,
ocupa la Presidencia).
Me voy a centrar en su moción. En cuanto al primer punto, no existe ninguna duda sobre la capacidad de España en cumplir con los objetivos de déficit vigentes dentro del Pacto de Estabilidad y Crecimiento; de hecho, el Reino de España
saldrá del procedimiento de déficit excesivo al finalizar este año y el Gobierno no va a incrementar el déficit público, se va a reducir respecto al del año 2017. Es decir, estamos cumpliendo los objetivos sobre la base, en muchas ocasiones, de las
perspectivas que ustedes tenían en el propio Gobierno. Para el próximo ejercicio, ¿qué es lo que propone el actual Gobierno? Una corrección de 9 décimas sobre el cierre real del déficit de este año, que va a ser el 2,7 % -2,6-, y vamos a reducirlo
en 9 décimas. Lo único que ha hecho este Gobierno ha sido un ejercicio de responsabilidad y de transparencia al comunicar los datos realistas en función del déficit generado por la ejecución presupuestaria de un presupuesto que ustedes trajeron a
esta misma Cámara. Esa previsión está en línea con lo que ya venían anunciando la AIReF y otros organismos nacionales e internacionales que llevan meses anunciando que el déficit del 2,2 que ustedes preveían era totalmente irreal. Con su negativa
a reconocer la realidad de las cifras en su anterior etapa de Gobierno, solo generaban desconfianza y unas previsiones que finalmente nunca cumplían, y quizás esa es la manera que ustedes tienen, señorías del PP, de creer en la disciplina
presupuestaria, que es incumplirla sistemáticamente.
En cuanto al segundo punto, el PIB real de la economía española, sigue en una senda expansiva, un 0,6 % intertrimestral en el último trimestre, todo ello pese a lo que aquí se ha comentado de las persistencias de fuentes de incertidumbre a
nivel externo. Hoy también hemos conocido nuevos anuncios de escalada proteccionista, pero con eso tenemos que lidiar. La moderación del crecimiento no es una novedad de este año. Desde el pico del año 2015, en que alcanzamos el 3,6, ha venido
decreciendo, y eso es algo normal y coherente tanto por el momento del ciclo en el que nos encontramos como por las previsiones que ustedes hicieron en su anterior etapa de Gobierno. En ese contexto, lo que está haciendo el Gobierno es valorar las
diferentes medidas tributarias para incrementar la recaudación y así tomar medidas para fomentar la cohesión social, impulsar el crecimiento a medio y largo plazo y atajar los graves desequilibrios que tiene nuestro país, como son la desigualdad o
la precariedad. Esos sí que son fines populistas, como usted los ha definido, pero siguen sin entender nada si los denominan así. Por lo tanto, mejorar los ingresos públicos es fundamental para cerrar el déficit público y atajar el alto nivel de
deuda de nuestro país. Y aquí quiero hacer un apunte. Se ha nombrado a países homologables, a países de nuestro entorno y hay que añadir que España tiene 8 puntos menos de ingresos fiscales públicos sobre el PIB que la media de la zona euro;
también interesaría converger hacia esa armonización.
En cuanto al tercer punto de su moción, dicen que las reformas aprobadas por el anterior Gobierno, en las que solicitan no modificar en su moción, no solo no han conseguido solucionar los problemas de la gente, sino que muchas veces han sido
las que los han agravado. Algunos desequilibrios importantes de la economía, como la pobreza y la desigualdad, se han incrementado en esta fase de recuperación. El Gobierno socialista actuará para atajar estas situaciones, porque la cohesión
social es una condición inexcusable para la estabilidad de nuestra economía y para el progreso económico. Además, el Gobierno del Partido Popular durante estos años de mayoría absoluta no tomó medidas que incidieran sobre la productividad del país,
que son la verdadera base de un crecimiento vigoroso a medio y largo plazo. Por eso, desde el Grupo Socialista no podemos compartir esa visión ni lo que hoy nos traen, y de manera constructiva hemos presentado una moción que busca crear una agenda
de cambio ambiciosa para incrementar la productividad de nuestra economía y garantizar la sostenibilidad financiera, social y medioambiental de nuestro país; también una agenda social que actúe para cerrar las brechas de desigualdad y de pobreza y
que contribuya a cohesionar la sociedad, apostando evidentemente por la formación de los trabajadores y la mejora de las condiciones laborales, las que ustedes no querían modificar en su enmienda; y una agenda fiscal que permita avanzar hacia la
estabilidad presupuestaria con responsabilidad y realismo, que es lo que está haciendo este Gobierno en los tres meses que lleva en funcionamiento.
Ya para concluir, señorías, los números, las cifras macroeconómicas siempre son importantes y el Gobierno socialista está encima de ellas pero, como dijo la ministra Calviño hace escasos días en esta Cámara, debemos gobernar este país
pensando más en la gente y menos en datos. Por eso, si ustedes no aceptan la enmienda constructiva que hoy les hemos presentado, y que creo que podríamos compartir todos los grupos de esta Cámara, votaremos en contra su moción.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Palacín Guarné.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Gracias, señora presidenta.
Los datos e indicadores oficiales que se vienen publicando a lo largo de este verano coincidiendo con los tres primeros meses de Gobierno socialista de Pedro Sánchez, reflejan inequívocamente un conjunto de signos y de síntomas que indican
un freno paulatino al crecimiento económico español iniciado en 2013 que nos alejan de la convergencia europea.
Esta moción es pertinente en términos de política general, pero resulta especialmente oportuna para subrayar que si el ritmo de actividad económica mengua para el conjunto de España, lo hace muy singularmente en comunidades que nunca
alcanzaron la media de los parámetros económicos nacionales más significativos. Es el caso revelador de Asturias, cuya divergencia se agudiza además con una crisis demográfica de enorme calado y con el añadido de una amenaza letal en forma de
Ministerio para la Transición Ecológica, cuya titular no ha medido los impactos desertizadores de sus propuestas y el riesgo de deslocalizaciones que el cierre de las centrales térmicas de generación eléctrica tendría para la industria
electrointensiva, que proporciona decenas de miles de puestos de trabajo estables y cualificados. Tampoco ha valorado el demoledor varapalo para el futuro de grandes comarcas de población.
Al preocupante compás de los últimos actos conocidos, se trunca para algunas regiones españolas el gran objetivo de fortalecer la cohesión económica y social corrigiendo los desequilibrios entre ellas. Las tasas de crecimiento de Asturias
cada día están más y más alejadas de la media española; es la comunidad autónoma menos dinámica y, hablando de empleo -donde todos los sectores bajan-, ocupa crónicamente el puesto de farolillo rojo en la tasa nacional de población activa. Su PIB
en el pasado ejercicio de 2017 es inferior en un 5,3 % al de 2008, que es, con gran diferencia, el porcentaje más bajo de toda España.
No quisiera finalizar, señora presidenta, sin hacer una referencia a la pésima tendencia del periodo 2000-2018, con una caída de un 2,33 % en la aportación de la industria al PIB nacional, que es urgente contener cuanto antes. Votaré a
favor de la moción correspondiente a la interpelación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Hay que tener mucha desfachatez para presentar una moción como esta, hay que tener, en fin, una buena dosis de cinismo, de descaro y de desvergüenza. Yo no soy sospechoso de ser del PSOE, de hecho, solo he votado a dos candidatos del PSOE
en mi vida. Uno fue Patxi López para ser elegido presidente del Congreso y le hubiera votado gustosamente otra vez y, de hecho, aunque aprecio mucho a Ana Pastor, preferiría que estuviera Patxi López. (Aplausos). La otra ocasión en que voté a un
candidato socialista fue hace tres meses, cuando voté a Pedro Sánchez.
El 2 de junio tomó posesión el nuevo presidente y apenas han pasado tres meses y cuatro días, con el verano de por medio, y ustedes interpelan ya por la desaceleración de la economía, cuando apenas ha dado tiempo a tomar ninguna medida.
Insisto en que no soy sospechoso de ser del Partido Socialista. Solo por eso ya quedaría deslegitimada esta moción, pero añadamos algunos datos que han olvidado en su exposición de motivos, la herencia del señor Rajoy, la herencia recibida que
tanto les gustaba decir a ustedes. La deuda ha pasado del 69 al 100 %. Somos el país europeo con más déficit público, más de 400 000 millones más de deuda pública. El objetivo de déficit lo incumplieron cinco de los seis años. Por tanto, pocas
lecciones en esto. Y luego el riesgo de pobreza y desigualdad ha aumentado notoriamente en los años en que ustedes estaban a cargo del Gobierno. Que me hablen hoy de la subida de la luz cuando ha subido más de un 70 % en los últimos diez años y
ustedes no han hecho absolutamente nada para impedirlo, qué quieren que les diga, es llamativo.
Compromís no votará a favor de una propuesta que lo único que demuestra es el mal cuerpo que se les ha quedado desde que las fuerzas legítimas y democráticas de los votos enviaron al señor Rajoy a Santa Pola. Esperamos -y en esto me dirijo
a la bancada socialista- que sus reformas injustas (señalando los escaños de la derecha) pasen pronto al rincón de pensar de la derogación.
Moltes gràcies, senyora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Baldoví.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, vaya por delante que algunas de las medidas globos sonda y ocurrencias que hemos oído por parte del Gobierno o por parte de algunos miembros que apoyan al Gobierno en el ámbito económico no nos generan mucha
confianza, no nos gustan y creo que se deberán corregir. No obstante, oída la interpelación y la moción de hoy, yo tampoco sé si desde la oposición van a generar mucha confianza en la economía española, porque hay que ser un poco rigurosos en los
debates. Cuando oigo aquí que en tres meses, y debido a la acción del Gobierno del Partido Socialista, ha subido la fruta o que el Banco Central Europeo va a subir los tipos de interés porque hay un Gobierno socialista en España, mucha credibilidad
no le damos al debate. Es que llevan tres meses. En cuanto a los datos económicos de este verano, igual que se apuntan ustedes los positivos, de los negativos también se deben responsabilizar. Por tanto, demos un tiempo al Gobierno. Ya les digo
que algunas de las cuestiones que plantean no van a contar con nuestro apoyo, pero seamos realistas. ¿Que no se van a cumplir los objetivos de déficit aprobados en el presupuesto, su presupuesto, pero el presupuesto que administra el Partido
Socialista? Efectivamente, pero eso ya se lo dijimos nosotros, eso ya se lo advirtió la Airef. Por tanto, a la hora de generar confianza en nuestra economía, todos somos responsables y, como todos somos responsables, nosotros no vamos a
apoyar esta moción.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Arratsalde on, buenas tardes.
Hoy el Grupo Popular nos presenta una moción consecuencia de interpelación acerca de los síntomas de desaceleración de la economía; una moción con tres puntos para que se disipen las dudas en torno al cumplimiento del objetivo de déficit,
evitar globos sonda en torno a la subida de impuestos y la no reversión de medidas estructurales adoptadas en el año 2012.
Respecto al primer punto de la moción -disipar dudas en torno al complemento al objetivo de déficit-, entendemos que es un tanto prepotente que lo solicite el Grupo Popular cuando en los años anteriores que ha estado en el Gobierno no se ha
cumplido y tampoco ha disipado duda alguna en este sentido. Quiero recordar además que el objetivo de déficit lo han cumplido las comunidades autónomas y ayuntamientos en general y no así el Estado, por lo que pedir a otros lo que uno no ha hecho
nos resulta un tanto atrevido, máxime cuando las nuevas previsiones están avaladas por Europa y además la nueva senda propuesta es más ajustada a la realidad económica, tal y como ha reconocido la Airef. En este sentido, hay que decir que el
crecimiento esperado para la economía española, desde luego estimado por consensus forecast, se sitúa en el 2,7 para el 2018 y en el 2,3 para el 2019 y se prevé también hacer las mismas estimaciones. (Rumores). Una tasa, por cierto, igual a la que
preveía el Gobierno anterior. (Rumores). Según los analistas parece que el dinamismo económico se basará, entre otros, en un crecimiento interno con desequilibrios contenidos...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señora Sagastizabal, un momento.
Señorías, porque no se puede y no se debe hacer una foto desde aquí, pero si hiciéramos una foto desde aquí probablemente nos preguntaríamos cómo puede ser capaz la señora diputada de concentrarse en lo que está diciendo, porque hay
corrillos varios. Quedan solo unos minutos y les pediría que guardaran silencio, por favor, y dejemos a la señora diputada que termine su intervención.
Señora diputada, adelante.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias.
Como decía, el dinamismo económico parece que se va a basar en un crecimiento interno con desequilibrios contenidos, es verdad, con una ligera contención en la demanda interna pero que se compensará también con una contribución del sector
exterior, menor pero también positiva. Para el 2019 se espera la ralentización de las tasas de crecimiento del PIB, pero esta evolución se encuadra también en un marco de estabilidad a corto plazo en los diferentes desequilibrios. A pesar del
escenario macroeconómico favorable en un entorno de crecimiento económico, este grupo siempre ha insistido e insistirá en que hay que contemplar, si cabe con mayor estrategia a medio y largo plazo, la existencia de determinados riesgos que cada vez
son más evidentes y desde luego más intensos -subida de tipos de interés, tensiones geopolíticas-, pero también aquellos riesgos internos, como la productividad, el envejecimiento, polarización del mercado laboral, un desempleo por encima de la
media europea, especialmente entre la juventud, y con presencia excesiva, desde luego, de los contratos eventuales, y también el endeudamiento. Unos riesgos que ya se vislumbraban en 2018 y una desaceleración que ya comenzó a vislumbrarse en el
segundo trimestre del año, según el INE, y que, por tanto, no cabe achacar exclusivamente a este Gobierno que lleva unos meses en el cargo. Además, hoy nos acaban de hablar de problemas como el precio excesivo de la luz, el desempleo, problemas
que, hay que decirlo, llevan unos cuantos años.
Respecto al segundo punto de la moción en el que se hace alusión a las subidas tributarias, para este grupo es necesario que si el Gobierno está decidido a implantar ciertas medidas sea claro con las mismas y disipe cualquier duda en el
sector al que afectan. En este sentido hay que decir que por lo menos este grupo en torno a las subidas tributarias solo conoce lo que esbozó en su primera comparecencia la ministra de Hacienda y aquello que ha ido saliendo en prensa, lo que puede
generar incertidumbre y hay
que decir que esta no es buena compañera de viaje para la economía. En este sentido entendemos que el Gobierno debe dar señales claras y convincentes de sus propuestas y desde luego tener una interlocución con los distintos grupos políticos
si quiere llegar a acuerdos.
Respecto al último punto de la moción por el que se pide la no reversión de las medidas adoptadas desde el 2012, quiero decir que este grupo ha sido muy crítico con algunas de las medidas adoptadas como, por ejemplo, la reforma laboral.
Entendemos, además, que ahora estamos en otra coyuntura económica, política y social que puede invitar a reconducir algunas de las medidas que en su día se adoptaron y que fueron muy cuestionadas. Y es que, señorías, las medidas, así como las
leyes, no pueden permanecer inamovibles sino que hay que adaptarlas también al contexto actual y a la realidad social.
En definitiva, por todo lo mencionado, este grupo va a votar en contra de la moción por estar en desacuerdo con la mayoría de los puntos que en ella se recogen.
Muchísimas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señora presidenta. Bona tarda, senyores i senyors diputats.
Señores y señoras del PP, ustedes presentan aquí una moción sobre los síntomas de desaceleración de la economía española y además hacen recomendaciones sobre ello. Precisamente ustedes. Ironías de la vida que estas recomendaciones vengan
del partido que estuvo en el Gobierno a la hora de gestionar la crisis y cuyas acciones y consecuencias nos han llevado hoy a esta situación.
Ante el uso de indicadores en los que ustedes se respaldan a la hora de hablar de desaceleración, nos gustaría poner también sobre la mesa los últimos datos económicos publicados por el Instituto de Estadística de Cataluña, que muestran cómo
el PIB catalán registró un crecimiento del 3,1 % interanual durante el segundo trimestre de 2018, esto es, un crecimiento de cuatro décimas por encima de la media española y un punto porcentual de la media europea, que, como ustedes saben, es del
2,1 %, un dato a tener en cuenta también por todos aquellos profetas del Apocalipsis ante la situación política en Cataluña. En estos días en los que asistimos a este cruce de acusaciones por másteres y doctorados dudosos, que por cierto a nuestro
parecer no debieran dejar de tapar hechos más relevantes acontecidos en la última semana, como la no revalorización de las pensiones o la venta de armas a Arabia Saudí, parece ser que aquí no tenemos problemas de este tipo sino más bien de
bachillerato, porque resulta que ustedes no saben qué es la inercia y que la economía tiene una inercia de trasatlántico que no se puede valorar con solo cien días.
Ustedes aprovecharon unos vientos de popa más que la fuerza de las máquinas para ganar velocidad en rumbo divergente al crecimiento sostenible y equitativo. Tuvieron la oportunidad de asemejarse a todos aquellos países que envidiamos, y por
cierto que en Cataluña estamos todavía decididos a construir. ¿Saben cómo se consigue dicho crecimiento? No secando las fuentes como hizo y hace su política presupuestaria con el I+D+i o procurando que España no esté en el triste podio de precios
de la electricidad para las pymes, aumentando la eficiencia y la competitividad y la masa salarial. En cambio, adivinen. Aquí en el Reino de España las medidas para salir de la crisis se han basado justamente en lo contrario, en disminuir la
eficiencia y en disminuir los salarios. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). Pero ahora que la situación ha cambiado y el contexto internacional ya no nos es tan favorable, ante la más que probable subida de los tipos de interés que
amenaza con hacer impagable la deuda colosal contraída -por ustedes- en los últimos años, ustedes vienen aquí a dar lecciones de crecimiento económico. De ello podemos extraer una irónica lección: primero, nos abocaron al rumbo de acantilado y
ahora nos alertan de que podemos encallar. Díganme que todo esto no hiede a profecía autocumplida. Nosotros ya advertimos de que este no era el camino correcto para alcanzar un crecimiento sano, confundieron ustedes hipertrofia con hiperplasia,
ustedes dirigían el buque en dirección contraria y no lo decimos nosotros, puesto que existe a su alcance múltiple literatura que analiza el porqué del fracaso de algunos países, y ustedes han ido cumpliendo con todo aquello que aboca al fracaso,
empezando por una baja calidad institucional indigna de un Estado europeo del siglo XXI.
Muchas gracias a los que me han escuchado. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Montero Soler. (Rumores).
Silencio, por favor.
El señor MONTERO SOLER: Señora presidenta, señorías.
Señor Floriano y señor Ruano, resulta un pelín surrealista debatir de este tema y a instancias de su grupo en estos momentos en este Pleno. Surrealista esencialmente por dos motivos. El primero algo que es básico: que los indicadores
coyunturales reflejan tendencias, y los indicadores coyunturales ya reflejaban una tendencia de desaceleración de la economía española incluso cuando estaban gobernando ustedes. ¡Fíjese qué cosa tan sorprendente! (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Señorías, guarden silencio!
El señor MONTERO SOLER: En segundo lugar, porque durante meses nos pasamos hablando de la existencia de algo que ustedes negaron de forma sistemática, que era la existencia de vientos de cola sobre la economía española. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
El señor MONTERO SOLER: El propio Banco de España cuantificó la magnitud de esos vientos de cola y explicaba que su impacto diferencial sobre la economía española obedecía esencialmente a las características propias de la economía española,
de manera que impactaban de forma diferente sobre nuestra economía la bajada de los tipos de interés, la bajada en los precios energéticos del petróleo, la situación convulsa en determinados competidores en el sector turístico y la situación de
bonanza en el comercio exterior. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
El señor MONTERO SOLER: Y había un factor endógeno que también resaltaba el Banco de España: la política fiscal expansiva del Gobierno del Partido Popular para tratar de ganar las elecciones de 2015 y 2016, incrementando el gasto público y
reduciendo los ingresos públicos. Exactamente lo mismo que ahora le reprochan al Gobierno del Partido Socialista. De manera que ustedes tienen problemas o tenían problemas para reconocer la existencia, o no querían reconocerla, de vientos de cola
sobre la economía española, pero cuando esos mismos factores giran, cambian el sentido y empiezan a afectar en sentido negativo la economía española, lo que ocurre es que empiezan a llamarlos vientos internacionales negativos, en palabras del señor
Floriano el pasado miércoles. Por eso el debate es surrealista en términos de lógica económica y, como el señor Roldán ha hablado de la tormenta perfecta y estamos hablando de vientos, es surrealista hasta en lógica meteorológica.
Dicho lo cual, a mí no me preocupa tanto la presentación de esta interpelación y el contenido de la moción como la complacencia de la ministra de Economía para tratar de explicarnos que todo está bien, que todo está controlado, que no hay
nada por lo que preocuparse y que el crecimiento se apoya, según ella, en bases sólidas con aportaciones positivas tanto de la demanda interna como de la demanda externa, unas bases que en teoría y, según su propia expresión, nos deberían llevar a
una posición más neutral del ciclo. De hecho, de esa respuesta a la interpelación del señor Floriano por parte de la ministra nos preocupan dos cosas fundamentalmente: Una, que ella también se centrara en indicadores coyunturales y, dos, que
obviara la evolución de las grandes macromagnitudes. Primero, ese gran cambio que se había producido en nuestra economía, que era la aportación positiva del sector exterior al crecimiento del producto interior bruto, está desapareciendo en los
últimos meses. El sector exterior ha caído 6 puntos en términos de valor y 8 puntos en términos de volumen con respecto al año 2017. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor!
El señor MONTERO SOLER: Es decir, la economía española vuelve encontrarse con un sector exterior que no aporta en positivo al crecimiento de la economía. En segundo lugar, la demanda interna se encuentra congelada al mismo nivel que a
2017. En tercer lugar, la tasa de ahorro de la economía vuelve a caer a niveles mínimos. Eso significa esencialmente que las familias van a tener que volver a
recurrir al endeudamiento si quieren hacer frente a gastos corrientes. En cuarto lugar, la evolución de los salarios. Hace dos días Eurostat publicaba que España es el segundo país donde menos se han incrementado los costes laborales en el
segundo trimestre de 2018. Es decir, tenemos una economía donde los salarios están estancados y eso repercute tanto en términos de incremento de endeudamiento como en términos de ralentización del consumo interno. Lo que nos preocupa esencialmente
es que la ministra hiciera alusión al mercado de trabajo y a su situación, pero la tomara como un dato y no como un espacio para la intervención en términos de política económica. Y lo que más me preocupa y preocupa a nuestro grupo es que el
Partido Socialista Obrero Español y este Gobierno hayan renunciado a buscar en esta Cámara los votos necesarios para derogar la reforma laboral, que es el origen de muchos de los problemas a los que se enfrenta la economía española.
Tienen que derogar esa reforma esencialmente porque el Partido Popular ha hecho dos reformas básicas con dos lógicas completamente distintas: una, la del mercado laboral y, otra, la del mercado financiero y bancario. La del mercado
laboral, para incrementar la flexibilización y acabar con el poder de negociación de los trabajadores. La del mercado bancario, para incrementar la concentración y aumentar la capacidad de negociación del sector. (Rumores).
Termino, presidenta. Nos preocupa que hoy podamos salir de aquí todos muy satisfechos por que esta moción no salga adelante, pero mientras esa reforma no se derogue, las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y las
trabajadoras de este país serán dependientes de cada soplo de aire que sacuda la economía española. Evidentemente, vamos a votar en sentido contrario a esta moción.
Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. (Rumores).
Silencio, señorías. Silencio.
Pregunto al señor Ruano García si acepta su grupo alguna de las enmiendas presentadas.
El señor RUANO GARCÍA: Sí, señora presidenta. Aceptamos la transaccional que hemos presentado con Ciudadanos.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, ORGÁNICA DE REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 2/2012, DE 27 DE ABRIL, DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y SOSTENIBILIDAD FINANCIERA. (Número de expediente 122/000269).
La señora PRESIDENTA: Señorías, comienzan las votaciones.
Votamos en primer lugar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, orgánica de reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 6 votos telemáticos, 346; a favor, 176 más 5 votos telemáticos, 181; en contra, 163 más 1 voto telemático, 164; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia se toma en consideración. (Aplausos.-Rumores).
Yo, señorías, les rogaría que, como hay votos telemáticos y hay que recontar, guarden silencio hasta que termine el recuento. Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, DE EMERGENCIA HABITACIONAL EN FAMILIAS VULNERABLES EN EL ÁMBITO HABITACIONAL Y DE LA POBREZA ENERGÉTICA. (Número de expediente 122/000234).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, de emergencia habitacional en familias vulnerables en el ámbito
habitacional y de la pobreza energética.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340 más 6 votos telemáticos, 346; a favor, 172 más 5 votos telemáticos, 177; en contra, 163; abstenciones, 5 más 1 voto telemático, 6.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia se toma en consideración. (Aplausos.-Varios señores invitados en la tribuna pública se levantan y gritan: ¡Sí se puede!-Aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, puestos en pie, dirigiéndose a la tribuna pública.-Protestas). Ruego a los servicios de la Cámara desalojen la tribuna. (Así lo hacen los servicios de la Cámara.-Rumores). Silencio.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL Y LA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA EN CUANTO A LA AMNISTÍA FISCAL. (Número de expediente 162/000731).
La señora PRESIDENTA: Procedemos a votar el texto de las proposiciones no de ley. En primer lugar, proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la lucha contra el fraude fiscal y
la promoción de la transparencia en cuanto a la amnistía fiscal. La vamos a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 82; en contra, 134; abstenciones, 124.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Un señor diputado: ¡Cobardes!). Silencio.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, RELATIVA A LA DEFENSA DE LA JURISDICCIÓN ESPAÑOLA Y CONDENA DEL ACOSO SEPARATISTA CONTRA JUECES Y FISCALES. (Número de expediente 162/000755).
La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos relativa a la defensa de la jurisdicción española y condena del acoso separatista contra jueces y fiscales. La vamos a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 251; en contra, 88; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, RELATIVA A LA APLICACIÓN DE LA MORATORIA PARA PARALIZAR LA SALIDA DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA TEMPORALES AL CUMPLIR 45 AÑOS. (Número de expediente
173/000101).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
Primero, la moción consecuencia de interpelación Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la aplicación de la moratoria para paralizar la salida de los militares de tropa y marinería temporales
al cumplir cuarenta y cinco años. Se vota en los términos de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 114; en contra, 219; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE LAS MEDIDAS DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA QUE PRETENDE IMPULSAR EL GOBIERNO, ENTRE OTRAS LA SUPRESIÓN DE LOS AFORAMIENTOS POLÍTICOS. (Número de expediente 173/000102).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre las medidas de regeneración democrática que pretende impulsar el Gobierno, entre otras la supresión de los
aforamientos políticos. Se va a votar en sus propios términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 253; abstenciones, 87.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE LOS SÍNTOMAS DE DESACELERACIÓN DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000103).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre los síntomas de desaceleración de la economía española. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso y Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 164; en contra, 167; abstenciones, 9.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Muchas gracias, señorías.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las nueve y diez minutos de la noche.