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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 144, de 06/09/2018
cve: DSCD-12-PL-144
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 144
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 137
celebrada el jueves,
6 de septiembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:
- Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. ('BOE' núm. 183, de 30 de julio de 2018). (Número de expediente
130/000032) ... (Página4)
- Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados. ('BOE' núm. 184, de 31 de julio de 2018). (Número
de expediente 130/000033) ... (Página16)
- Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. ('BOE' núm. 183, de 30 de julio de 2018). (Número de expediente 130/000034) ... (Página27)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias:
- Informe de la subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 373, de 20 de junio de 2018. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 379, de 28 de junio de 2018.
(Número de expediente 154/000004) ... (Página41)
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión Constitucional, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, hasta el 31 de diciembre de 2018, para la emisión de su informe. (Número de expediente 154/000010)
... (Página50)
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página51)
Acuerdos de comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página51)
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página52)
SUMARIO
Se abre la sesión a las once la mañana.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página4)
Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos ... (Página4)
La señora ministra de Justicia (Delgado García) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca y la señora Ciuró i Buldó, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Telechea i Lozano, del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, y el señor Gómez Balsera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Vuelven a hacer uso de la palabra la señora Ciuró i Buldó y el señor Gómez Balsera.
Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sixto Iglesias, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Rallo Lombarte, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez Vázquez,
del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Justicia.
Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados ... (Página16)
La señora ministra de Política Territorial y Función Pública (Batet Lamaña) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Matute García de Jalón, Bataller i Ruiz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto, y Legarda Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); las señoras Surra
Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Rodríguez Hernández, doña Melisa, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; el señor Expósito Prieto, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; y las señoras
Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, y López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.
Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud ... (Página27)
La señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (Montón Giménez) expone a la Cámara las razones que han llevado al Gobierno a la promulgación del real decreto-ley de referencia.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Quevedo Iturbe, la señora Oramas González-Moro, el señor Alli Martínez, las señoras Beitialarrangoitia Lizarralde, Sorlí Fresquet y Nogueras i Camero, del Grupo Parlamentario Mixto;
los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana e Igea Arisqueta, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; la señora Botejara Sanz, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; el señor Fernández Díaz, don Jesús María, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Angulo Romero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Cierra el debate la señora la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias ... (Página41)
Informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista ... (Página41)
Para la presentación del informe interviene la señora Rivera de la Cruz, presidenta de la Comisión de Cultura y Deporte.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Baldoví Roda y Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); los señores Eritja Ciuró, del
Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Álvarez Palleiro, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Maura Zorita, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Torres Mora, del Grupo Parlamentario Socialista, y Del
Río Sanz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de prórroga de subcomisiones ... (Página50)
Solicitud de la Comisión Constitucional, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, hasta el 31 de diciembre de 2018, para la emisión de su informe ...
La Presidencia informa de que este punto se someterá a votación después del resto de votaciones.
Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. (Votación) ... (Página51)
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos, se aprueba por 335 votos a
favor más 4 votos telemáticos, 339, y 2 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y refugiados, se aprueba por
335 votos a favor más 4 votos telemáticos, 339, y 2 abstenciones.
Sometida a votación la convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, se aprueba por 173 votos a favor más 4 votos telemáticos, 177, 133 en contra y 31 abstenciones.
Sometida a votación su tramitación por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 336 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.
Acuerdos de Comisiones relativos a informes de subcomisiones y ponencias. (Votación) ... (Página51)
Sometido a votación el informe de la Comisión de Cultura y Deporte, en relación con el informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista, se aprueba por 337 votos a favor.
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación) ... (Página52)
Sometida a votación la solicitud de la Comisión Constitucional, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, hasta el 31 de diciembre de 2018, para la emisión de su informe, queda aprobada
por asentimiento.
Se levanta la sesión a las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las once de la mañana.
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:
- REAL DECRETO-LEY 5/2018, DE 27 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de expediente 130/000032).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Comenzamos con el punto correspondiente a la convalidación o derogación de diversos reales decretos-leyes.
En primer lugar, debate correspondiente a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de
datos. (Rumores). Señorías, les ruego silencio.
Para presentar el real decreto-ley en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señora presidenta, señorías, el pasado 30 de julio se publicó en el Boletín Oficial del Estado el real decreto que hoy someto a la convalidación de la Cámara. Se trata del Real Decreto-ley
5/2018, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
Como bien conocen, señorías, desde el pasado 25 de mayo de este mismo año resulta directamente aplicable en España el reglamento de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo relativo a la protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de sus datos personales y a la libre circulación de estos datos personales. Señorías, esta normativa europea nos sitúa en unos niveles de máxima protección de datos de las personas físicas, de la ciudadanía... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señora ministra.
¡Señorías, les ruego, por favor, silencio! Hay un murmullo que hace imposible escuchar desde la Presidencia lo que dice el orador.
Adelante, señoría.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.
Continúo. Pues bien, si es así, el Reglamento europeo de protección de datos directamente aplicable en España desde el pasado 25 de mayo de este año 2018, aquí tenemos la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de
Carácter Personal. Esta es, señorías, nuestra norma vigente. Con el fin de adaptar la normativa española al reglamento de la Unión Europea, esta Cámara, ustedes, iniciaron el pasado mes de noviembre de 2017 la tramitación de una nueva ley orgánica
de protección de datos de carácter personal para que, una vez fuese aprobada, sustituyera a la de 1999. Soy plenamente
consciente de que los trabajos para alcanzar esa nueva norma de protección de datos avanzan de manera muy positiva, y quiero agradecer desde aquí la buena disposición y el trabajo de todos los grupos para conseguir su aprobación lo antes
posible. Sin embargo, señorías, ahora se han producido unos vacíos normativos surgidos por la coexistencia del reglamento europeo y nuestra norma nacional de protección de datos. El reglamento supone una profunda modificación porque actualiza la
legislación atendiendo a una nueva realidad tecnológica, no solamente desde el punto de vista sustantivo y de cumplimiento de los sujetos obligados, sino particularmente en lo que afecta a la actividad de supervisión por parte de las autoridades de
control que el mismo reglamento regula. Además, señorías, la plena aplicación del reglamento implica que hayan de considerarse desplazadas, que no derogadas, aquellas disposiciones del derecho interno que no resultan conformes con el régimen que el
propio reglamento establece. Por otra parte, hay muchos preceptos del reglamento que remiten su desarrollo obligatorio o potestativo por los Estados miembros conteniendo un total de cincuenta y seis remisiones a los ordenamientos nacionales. Otras
disposiciones de este reglamento exigen una adecuación del derecho interno aun cuando no exista una remisión directa y expresa al mismo. Así, si bien el reglamento europeo establece un régimen sancionador en el que se tipifican determinadas
conductas, hay cuestiones fundamentales, como por ejemplo los plazos de prescripción de dichas infracciones, que no están regulados en la legislación española. De este modo, el reglamento establece también un procedimiento de cooperación entre los
Estados miembros en los supuestos de tratamientos de datos personales denominados transfronterizos, y esto supone la participación de todas las autoridades implicadas, pero el derecho interno no regula cómo articular esta participación.
Por estas razones, el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio aprobó el real decreto que hoy se somete a debate en la Cámara y que no tiene otra finalidad distinta que adoptar una norma con rango de ley que permita cubrir esos vacíos
legales... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio, por favor, silencio!
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.
... y adaptar el derecho español al reglamento europeo para garantizar de forma efectiva tanto la seguridad jurídica como los derechos de los ciudadanos en tanto contamos con una nueva ley orgánica de protección de datos. Señorías, se trata
de proteger a la ciudadanía de forma efectiva e inmediata. De manera específica, lo que se busca con este reglamento es la adecuación de nuestro ordenamiento al reglamento europeo en aquellos aspectos que no tienen rango de ley orgánica pero que no
admiten demora, debiendo procurarse la plena adaptación de la normativa interna -repito- a estos estándares fijados por la Unión Europea a través del reglamento. Hay dos aspectos relevantes que quiero destacar aquí y ahora. En primer lugar, las
disposiciones del real decreto se inspiran e incluso transcriben literalmente el proyecto de ley que se está tramitando en esta Cámara, se adapta y ajusta absolutamente a ese proyecto de ley. En segundo lugar, la vigencia de la norma, por la
urgencia, se limita al periodo que transcurra desde la convalidación hasta la entrada en vigor de la nueva ley orgánica. Por tanto, son dos aspectos que sus señorías deben de tener en cuenta para apoyar esta norma que ahora se debate.
Quisiera en este punto, señorías, detallar, someramente, los motivos que justifican la urgencia de las disposiciones que se contienen en la norma que hoy se debate. En primer lugar, señorías, hay motivos relacionados con las funciones de
las autoridades de control y de representación en el comité europeo. El reglamento europeo establece un catálogo detallado de funciones y potestades de las autoridades de protección de datos que exceden ampliamente de las establecidas en nuestra
norma de 1999. Además, impone a los Estados miembros que cuentan con varias autoridades de control, como España, la obligación de designar un representante... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): ... en el Comité Europeo de Protección de Datos, por lo que es pertinente adoptar de forma inmediata una disposición que otorgue a la Agencia Española de Protección de Datos la condición de
representante español en el referido comité. En este sentido, también es oportuno que la norma española reconozca las competencias de dicha autoridad de control. Finalmente, las reformas realizadas exigirán garantizar tanto la transparencia en el
funcionamiento de la agencia como la seguridad jurídica en la materia, al poder conocer los operadores el criterio de la
autoridad de supervisión. Este sería un primer bloque que explicaría la urgencia y la necesidad de la convalidación del decreto que se somete a su consideración.
Un segundo tipo de motivos son los relacionados con las actuaciones de investigación de la Agencia Española de Protección de Datos. Es preciso, señorías, que el derecho interno plasme en una habilitación legal las potestades de
investigación de la Agencia Española de Protección de Datos, garantizando que su ejercicio pueda, efectivamente, desarrollarse. Así, será necesario que el derecho interno dote al personal de la agencia que desarrolle la actuación investigadora de
potestades que permitan el acceso a los distintos sistemas locales de tratamiento de datos y que regule también el modo en que podrán ejercerse dichos poderes. Señorías, el reglamento europeo regula las actuaciones conjuntas de investigación, en
las que, junto al personal investigador de la autoridad de control, intervendrían personal y autoridades de control de otros Estados miembros de la Unión Europea. Por ello, es necesario incorporar en nuestro ordenamiento previsiones que determinen
cuál es el régimen aplicable a ese personal investigador de otros Estados miembros y también el alcance de sus facultades. Además, esta adaptación debería hacerse a la mayor brevedad para garantizar que ese estatuto aplicable al personal de otros
Estados miembros se haya establecido antes de la realización de cualquier actividad conjunta de investigación, algo que puede ocurrir en cualquier momento porque esto ya se puede hacer desde el 25 de mayo de este año 2018.
Un tercer bloque que les quiero exponer sobre la importancia, necesidad y urgencia de la convalidación de este real decreto-ley se refiere al régimen sancionador, que tiene una un especial efecto práctico. Este real decreto adapta nuestro
ordenamiento al novedoso régimen sancionador establecido en el reglamento europeo, reemplazando los tipos infractores actualmente contenidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Hay dos cuestiones sobre las que es ineludible la
adopción de disposiciones por el derecho interno que garanticen la efectividad en el régimen sancionador y, sobre todo, señorías, la seguridad jurídica. La primera cuestión es determinar qué sujetos son los que pueden incurrir en responsabilidades
derivadas de la aplicación de ese régimen sancionador, quiénes pueden ser sujetos infractores. Y la segunda, que es fundamental, es determinar los plazos de prescripción de las infracciones y de las sanciones previstas en la norma europea.
Asimismo, es importante determinar las sanciones que se aplicarán a los infractores.
Con respecto a la prescripción de las infracciones, el legislador europeo ha considerado que la delimitación de los plazos es una cuestión sustantiva que queda sujeta al derecho interno de los Estados. Por lo tanto, somos los Estados los
que debemos establecer esos plazos de prescripción. Una laguna en un punto tan sensible como es el plazo de prescripción de las infracciones podría generar una incertidumbre enorme y, con ello, un incremento de la litigiosidad. Además, por otra
parte, mermaría la capacidad de actuación de la Agencia Española de Protección de Datos ante la falta de certeza acerca de los tiempos para iniciar un procedimiento sancionador. La actual normativa de protección de datos española establece una
duración del procedimiento sancionador de seis meses, que podrá ir precedido de la realización de actuaciones previas de investigación con una duración máxima de doce meses. Estamos hablando de seis meses con una posibilidad de investigar
previamente de doce meses, teniendo en cuenta que los actuales procedimientos pueden tener una especial complejidad, habida cuenta de que el tratamiento de los datos puede tener carácter transfronterizo. Señorías, teniendo en cuenta que solo el
inicio del procedimiento sancionador puede ser una causa válida de interrupción de la prescripción, hay una gran inseguridad si no se estableciesen unos plazos claros, como hace el real decreto que se somete a su consideración. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): El texto que hoy aquí se propone establece solo dos plazos de prescripción de dos y tres años, diferenciando solo las conductas en atención al importe máximo de las sanciones previstas en el
reglamento europeo. Además, se prevé que antes de comunicar a terceras autoridades de otros países que pudieran analizar el proyecto de acuerdo de inicio del procedimiento, se dé traslado al supuesto infractor con la finalidad de que ese traslado
interrumpa la prescripción, de modo y manera que se evitaría en ese plazo de interrupción o de prescripción la inclusión en el cómputo del periodo de tiempo en que se pueda producir la revisión por las restantes autoridades que pueden revisar ese
inicio de expediente. Por lo tanto, se trata, señorías, de una cuestión fundamental, vital, urgente y necesaria.
Existen también otros motivos que justifican la urgencia de esta norma y que están relacionados con los procedimientos y la aplicación de normas procedimentales. En este punto es preciso aclarar y tener en cuenta que el reglamento europeo
distingue tres tipos de tratamientos de datos: los datos que tienen un recorrido transfronterizo, los datos que tienen un recorrido transfronterizo con relevancia local, nacional, y aquellos que son exclusivamente nacionales. Además, de estos tres
tipos de tratamientos hay que tener en cuenta una segunda cuestión relativa al papel de la autoridad nacional que intervenga en el procedimiento, para lo que habrá que determinar cuál es esa autoridad nacional principal que correrá con el peso del
procedimiento y habrá que diferenciarla de las restantes autoridades, que tendrán la condición de interesadas, no de principales.
Hechas estas consideraciones necesarias, cabe señalar que el régimen previsto en el reglamento europeo contempla hasta siete posibles procedimientos diferenciados en los que puede intervenir la Agencia Española de Protección de Datos. Cada
uno de estos siete procedimientos tiene unas especialidades procedimentales. Hay algunos trámites que son comunes pero existe una gran variedad procedimental. Todo ello impone incorporar al procedimiento fases específicas, como por ejemplo la
admisión a trámite de las reclamaciones o la posibilidad del archivo provisional del expediente. Así, señorías, es necesario que una norma con rango de ley establezca las peculiaridades básicas del procedimiento a tramitar por la Agencia Española
de Protección de Datos como excepción al régimen general de la Ley de procedimiento administrativo. Las especialidades del régimen procedimental del reglamento, unidas al hecho de que ya se han puesto en marcha procedimientos de especial
trascendencia al amparo de este régimen, conllevan la urgente, urgentísima, necesidad de que se incorporen a nuestro derecho las normas que prevean las especialidades del procedimiento en caso de vulneración del reglamento de la Unión. En todo
caso, insisto, señorías, la urgencia de la adopción de estas normas de procedimiento se justifica por el hecho de que cualquier reclamación presentada desde el 25 de mayo de 2018 está sujeta al régimen citado, de modo que, incluso en caso de
tratarse de un tratamiento claramente local -haciendo referencia a la distinción que antes les hacía-, la Agencia Española de Protección de Datos debería comprobar si no existe una autoridad principal distinta de otro Estado miembro que pudiera
decidir sobre la tramitación del asunto. Tiene una trascendencia, señorías, esencial.
Finalmente -y es la última razón que voy a exponer sobre la urgencia y necesidad-, voy a hacer referencia a los contratos de encargo del tratamiento de datos personales. En este sentido, es necesaria la adopción de una disposición que
otorgue seguridad jurídica a los operadores del tratamiento de estos datos de carácter personal. Seguridad jurídica, señorías, en relación con los contratos de encargo del tratamiento actualmente existente, cuyo régimen material y formal se ha
visto modificado como consecuencia de la entrada en vigor del reglamento europeo en mayo de 2018... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Les ruego, señorías, silencio.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta.
A este respecto es preciso indicar que la figura del encargado del tratamiento aparece en todos aquellos supuestos en que un responsable contrata con un tercero un servicio que implique el acceso por este último a datos de carácter personal.
Ello hace que en muchos supuestos un mismo responsable haya externalizado sus servicios a decenas e incluso a centenares de encargados de tratamiento de datos. Por este motivo, se hace incluso más necesario clarificar cuáles son las consecuencias
de la entrada en vigor del reglamento europeo en relación, sobre todo, con aquellos contratos que se encuentren en vigor desde el 25 de mayo, repito, cuando se produce la aplicación directa del Reglamento europeo de protección de datos. Por tanto
-reitero-, la necesidad de adopción de esta disposición de modo urgente resulta, señorías, evidente, dado que en caso de no adoptarse a la mayor brevedad esta disposición los responsables carecerían de un criterio de seguridad jurídica para conocer
si los contratos en vigor el 25 de mayo de 2018 resultan o no acordes con la normativa europea que ya está en vigor.
En conclusión, señorías, necesitamos esta norma de forma urgente para que cubra los espacios vacíos que se han producido por la aplicación directa del Reglamento europeo de protección de datos personales y la actual y vigente Ley orgánica de
1999 hasta que se apruebe definitivamente la nueva normativa orgánica en la que se está trabajando en esta Cámara. Para concluir, quiero agradecerles su comprensión, su disposición para conseguir entre todos este objetivo, solicitando, señorías, en
nombre del Gobierno, el voto favorable a la convalidación de este decreto-ley que hoy se debate.
Gracias, señora presidenta; gracias, señorías. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora ministra de Justicia.
A finales del pasado mes de mayo entró en vigor el Reglamento General de Protección de Datos, que profundiza en la protección y el control de la información personal y que tiene, entre otros, un objetivo principal, como es el de que cada
usuario conozca cómo se están tratando sus datos personales y quién hace uso de ellos. Desde entonces, se han fijado criterios que permiten exigir el borrado de estos datos o su rectificación entre diferentes aspectos normativos que profundizan en
una materia sobre la que hemos tenido ejemplos abundantes y muy recientes con escándalos mundiales que han puesto de manifiesto la vulnerabilidad de los usuarios frente a grandes compañías que manejan sus datos con toda clase de intenciones, de
forma destacada las comerciales y también las políticas, incluso con injerencias en procesos democráticos electorales tras el robo masivo de datos, como hoy mismo se refleja en toda la prensa internacional. (La señora vicepresidenta Navarro Garzón
ocupa la Presidencia).
Este real decreto-ley abunda en el desarrollo de la protección de datos partiendo de las remisiones que se imponen por la pertenencia de España a la Unión Europea y que, sin duda, van a tener cabida y desarrollo en la futura ley orgánica,
que, como ha recordado la señora ministra, se está tramitando en las Cortes Generales desde el pasado mes de noviembre y que superó el trámite de totalidad aquí, en el Pleno del Congreso, a mediados del pasado mes de febrero. Una ley orgánica de
protección de datos de carácter personal en la que nos corresponde a los legisladores españoles tomar la iniciativa para dotarnos de herramientas ágiles que actualicen el cumplimiento de uno de los derechos fundamentales de nuestra Constitución y
que se reflejan en su mandato para limitar el uso de la informática, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, tal y como cita expresamente el artículo 18.4.
Este real decreto-ley, cuya convalidación votaré a favor, anticipa a instancias europeas adaptaciones a normativas que son imperativas e inexcusables, pero la necesidad de hacerlo nos convoca a una mayor agilidad en la tramitación de la ley
en la Comisión de Justicia correspondiente, actualmente en su trámite de enmiendas.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Ciuró i Buldó.
La señora CIURÓ I BULDÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días.
Nuevo curso político y nueva escalada represiva contra alcaldes y alcaldesas por haber defendido la democracia el día 1 de octubre. Nuevo curso político y siguen presos políticos en prisión preventiva sin juicio, sin sentencia, mientras
miembros de La Manada siguen libres o incluso uno de ellos trabajando para las fuerzas de seguridad del Estado. Nuevo curso político y el Gobierno se nos ha evidenciado secuestrado por la extrema derecha, cambiando de criterio, abonando más de 500
000 euros para defender al juez Llarena en Bélgica, pasando de percibir un asunto como privado, por cuya conferencia percibió unos emolumentos, a considerarlo una cuestión de Estado. Todo esto es una corta y breve relación del haber del Gobierno
socialista.
Además tampoco los sucesivos Gobiernos de España se han mostrado diligentes en cuanto al fondo y a la forma y al respeto de la legalidad, en este caso la europea. La urgencia de este real decreto, que les ha venido a ustedes consecuencia de
la inacción de la bancada de la derecha, se debe a no haber cumplido, una vez más, con el mandato europeo para que se pueda adecuar la legislación española en cada momento a la normativa europea. España -quiero recordar- es el Estado de la Unión
Europea con más sanciones por incumplimiento en la trasposición de directivas y ordenamientos europeos. Los que tanto se jactan de exigir que se cumpla la ley empiecen por aplicarse el cuento. Por tanto, seguimos asistiendo a la decadencia del
Estado de derecho en España.
No nos opondremos a esta tramitación, no nos opondremos a este nuevo parche, pero estas actitudes nos alimentan y nos animan a seguir luchando democráticamente para conseguir un Estado para Cataluña.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Ciuró i Buldó.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Se nos presenta a convalidación el Real Decreto-ley 5/2018 por el que se adoptan medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión sobre protección de datos de carácter personal, adaptación que tendría que
haberse concluido en las Cortes Generales y publicado y entrado en vigor antes del 25 de mayo pasado, que era la fecha en que resultaba plenamente aplicable el Reglamento 2016/679 del Parlamento y Consejo; reglamento de la Unión que, si bien de
acuerdo con el tratado de funcionamiento tiene alcance general, obliga en todos sus elementos y es directamente aplicable en cada Estado miembro sin necesidad de incorporación mediante norma interna, no obstante contiene en alguna de sus
regulaciones habilitaciones al derecho de los Estados miembros para que las desarrollen. Esta circunstancia, unida al cumplimiento del deber de certeza hacia los operadores jurídicos respecto al derecho aplicable, es la que fundamenta la aprobación
y por nuestra parte, la del Grupo Parlamentario Vasco, el voto a favor de la convalidación de este real decreto-ley, que tendrá vigencia exclusivamente hasta el momento en que las Cortes aprobemos el proyecto de ley orgánica que se encuentra en
tramitación en la Comisión de Justicia y que, como dije, debiéramos haber ya finalizado los trabajos, aprobado y publicado en mayo pasado. En este sentido, es una norma de tránsito.
Por su parte, entendemos que las materias tratadas en el decreto-ley no traspasan la limitación constitucional sobre las materias que tiene vedadas el decreto-ley por su reserva orgánica de rango. Se trata, como expone la memoria
justificativa y en su momento se informó a este Grupo Parlamentario Vasco, no de incidir en aspectos concernidos por el derecho fundamental a la intimidad personal como son los datos personales, según reza el artículo 18.4 de la Constitución y ha
establecido la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, pero sí de clarificar transitoriamente aspectos que no admiten demora y sin reserva de ley orgánica, pero con reserva de ley material o formal para la que habilita el citado reglamento de la
Unión y siempre y cuando, como decía, no reclamen o no incidan en un ámbito orgánico. Tal sucede con algunos aspectos de los procedimientos transfronterizos, precisamente aquellos en los que un sujeto trata datos cuya supervisión corresponde a
distintas autoridades de control, en los que hay que concretar el modo en el que el derecho interno del Estado quedará afectado por los trámites previstos en el reglamento, como la admisión o las causas de suspensión durante la tramitación entre
distintas autoridades de control a efecto de que no caduquen los procedimientos; o los plazos de prescripción de las infracciones; o la determinación del régimen sancionador vigente porque ha derogado el vigente hasta el mayo pasado; o las
facultades y régimen jurídico del personal de la agencia estatal en sus labores de investigación y control, así como del personal de otras agencias o autoridades de control en aquellas actividades conjuntas de investigación, precisamente en los que
he llamado procedimientos transfronterizos.
Entendemos que la aclaración de estas cuestiones no admitían demora para la aplicación del reglamento general, que entró en vigor el 25 de mayo y que desde esa fecha ya es derecho interno, por lo que ya se encuentran procedimientos abiertos
a su amparo y en curso en la Unión, muchos de ellos transfronterizos y que atañen a ciudadanos del Estado español. También porque era preciso determinar dentro del Estado el órgano o la agencia que iba a ser la representante en el Comité Europeo de
Protección de Datos y sin perjuicio de que esta habilitación a la agencia vaya en merma de la obligación de informar a las autoridades de control autonómicas de las decisiones adoptadas, así como para recabar el parecer cuando se trate de materias
de su competencia y para establecer los criterios que darán publicidad a las decisiones de la Agencia Española de Protección de Datos ante el nuevo marco normativo.
En fin, señorías -y voy finalizando, señora presidenta- el Grupo Parlamentario Vasco considera que el decreto-ley que debatimos cumple las exigencias reclamadas por el artículo 86 de la Constitución de extraordinaria y urgente necesidad y
sin incidir en materia y aspectos reservados a ley orgánica en un plazo más breve que el requerido, incluso, para la tramitación de un proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, a fin -todo ello- de depurar el derecho previgente y acometer
los desarrollos señalados por el reglamento de la Unión y permitidos por este para que los derechos de la ciudadanía europea a la protección de su intimidad, expuesta a través de sus datos personales, no tenga lagunas y hasta tanto las Cortes
aprueben la regulación actualmente en tramitación en la Comisión de Justicia.
Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Legarda Uriarte.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea i Lozano.
La señora TELECHEA I LOZANO: Moltes gràcies, senyora presidenta.
Bon dia, diputats i diputades. Hoy hace un año que el Parlamento catalán se abrió al debate sobre el derecho a decidir de las catalanas y los catalanes. Nuestra presidenta del Parlament de Catalunya, Carme Forcadell, continúa injustament
privada de libertad únicamente por permitir que se debatiera sobre el referéndum y así defender los derechos de todos los diputados y diputadas. Esto no ocurre en ningún país democrático. (Aplausos). Un año hace.
Dicho esto, como siempre vamos tarde y vamos tarde porque el Partido Popular no hizo los deberes en su momento. El Partido Popular presentó un proyecto de ley orgánica de protección de datos de carácter personal sin tener en cuenta el orden
de distribución de competencias establecido en la Constitución y en los estatutos de autonomía e ignorando por completo el ámbito de actuación de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Si fuera por el Partido Popular, centralizaría todas las
competencias en la Agencia Española de Protección de Datos, mucho más allá de lo que estrictamente sería necesario de acuerdo con el reglamento europeo. Pero como bien dice el refrán, más vale tarde que nunca, por lo que, a pesar de que no
compartimos la urgencia y necesidad para tramitar el real decretoley, sí que podemos llegar a entender los motivos. El real decretoley contempla, entre otras cosas, como ha dicho la ministra, la prescripción y caducidad de las sanciones y, en
relación sobre todo con los casos transfronterizos, entendemos que el Gobierno esté especialmente preocupado. Debemos recordar para que quede claro que la Generalitat de Catalunya a través de la Autoritat Catalana de Protecció de Dades tiene todas
las competencias en esta materia de protección de datos. ¿Por qué insisto en ello? Porque tenemos los casos transfronterizos y debemos regularlos bien porque, en primer lugar, llegado el momento de que se diera un supuesto de caso transfronterizo,
la autoridad catalana tal vez pudiera también actuar y, en segundo lugar, dado que Cataluña tiene todas las competencias en esta materia no solo la agencia española tiene el deber de informarnos, sino que, además, debemos tener el derecho a opinar.
Esto último lo digo porque el párrafo segundo de la disposición adicional primera del real decretoley nos dice que la Agencia Española de Protección de Datos informará a las autoridades autonómicas acerca de las decisiones adoptadas en el Comité
Europeo de Protección de Datos y recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia. En relación con 'recabará su parecer cuando se trate de materias de su competencia' quiero insistir en que Cataluña las tiene todas, con lo cual
debe recabar el parecer de Cataluña siempre y también del resto de autoridades autonómicas. Asimismo, también debe informarnos de la agenda del comité europeo, las iniciativas previstas, los asuntos analizados en dicho órgano, resoluciones,
informes, dictámenes y otros posicionamientos adoptados. Tenemos la sensación de que lo que sucederá en el futuro es que no nos pedirán nuestra opinión para todo. Por ello, para nosotros es importante que quede constancia de cuál es nuestra
posición y petición porque luego las palabras se las lleva el viento.
Para Esquerra Republicana es muy importante la regulación del derecho de protección de datos de carácter personal. Es un derecho que comporta no solo que se pueda imponer a terceros el deber de abstenerse de cualquier intromisión en la
esfera íntima de la persona sino que va mucho más allá y se fundamenta en el poder de disponer de los propios datos personales. Es una ley que nos afecta a todas como ciudadanas y consumidoras porque tiene por objeto garantizar los derechos de las
personas y, por lo tanto, también los cimientos de una sociedad democrática. Por ello, nuestro grupo parlamentario estará muy atento, como ha venido haciendo hasta ahora, siguiendo muy de cerca la aplicación de este real decretoley, así como la
modificación también de la Ley orgánica de protección de datos de carácter personal.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Telechea.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señora ministra, señorías, es un honor volver a esta tribuna. Vaya por delante un cordial saludo a todos y mi deseo de que tengamos un fructífero periodo de sesiones.
Debatimos la convalidación del Real decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos. Comprendo que pueda resultar una
materia ardua, incluso poco atractiva si la comparamos con otras, pero es de gran importancia. También decía que es un honor intervenir en este debate porque de los siete decretos de este trimestre éste es de los pocos que no es un decretazo del
Gobierno del señor Sánchez.
(Aplausos). Aquí sí se cumple el presupuesto habilitante recogido en nuestra Constitución: sí hay una extraordinaria y urgente necesidad.
Como ustedes saben, el pasado 25 de mayo comenzó la aplicación directa del Reglamento General de Protección de Datos del Parlamento Europeo y el Consejo y estoy seguro de que no han olvidado la fecha, seguro de que no han olvidado sus
cuentas de correo colapsadas, bloqueadas por esa cantidad ingente de mensajes pidiéndoles que revisaran las políticas de privacidad y rogándoles que renovaran su consentimiento al tratamiento de sus datos personales como si no hubiera un mañana.
Seguro que no recordaban ustedes que se habían registrado en tantísimas páginas web facilitando sus datos personales. Incluso recordarán que circularon y recibimos algunos 'memes' sobre el asunto que tenían cierta gracia. Y si recuerdo estas
anécdotas lo hago para que comprendan el alcance y la importancia que tiene la protección de datos y el impacto que ha supuesto la aplicación directa del reglamento europeo. Y digo bien: la aplicación directa. Porque el reglamento ya había
entrado en vigor dos años antes, en 2016, pero el Gobierno del presidente Rajoy, el Gobierno conservador del Partido Popular no hizo los deberes a tiempo. (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Disculpe, señoría.
Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa).
Adelante.
El señor GÓMEZ BALSERA: Decía que el Gobierno conservador del Partido Popular no hizo los deberes a tiempo y debido a lo tarde que llegó a esta Cámara el proyecto de ley orgánica continúa su tramitación. La causa de que nos encontremos hoy
ante la necesidad de aprobar esta norma transitoria no es otra que la inacción del Partido Popular cuando llega al Gobierno. En este punto permítanme hacer un paréntesis para reconocer el trabajo previo de los ponentes, antes de que se reúna la
ponencia, para allanar el camino de esta norma que evidentemente tiene un carácter mucho más técnico que político y para desbrozar ese bosque de 369 enmiendas que se han presentado al articulado. Un trabajo que a pesar de las lógicas diferencias
está dando sus frutos y logrando avances que nos permitirán aprobar la nueva ley orgánica de protección de datos más pronto que tarde. También debo señalar que el Partido Socialista introdujo por vía de enmienda, de manera sorpresiva, todo un
título nuevo que está retrasando esos trabajos.
Hasta que eso suceda, hasta que la ley orgánica se apruebe, es imprescindible y urgente regular algunos contenidos que no tienen reserva de ley orgánica. Hasta ahora había un vacío legal en el régimen sancionador del reglamento europeo que
debía completarse por la normativa interna de cada país pues esta no comprende aspectos tan esenciales como la delimitación de los sujetos que pueden incurrir en responsabilidad, el procedimiento de instrucción o los plazos de prescripción.
Aspectos todos ellos fundamentales y relevantes para la garantía efectiva del derecho a la protección de datos. Además Ciudadanos es un partido con una clara vocación europeísta y creemos que estamos ante un instrumento adecuado para evitar que
este derecho quede sin la protección, quede sin el paraguas del reglamento europeo.
Queda acreditado entonces que se trata de una norma provisional que concuerda con la razón de ser de un real-decreto ley -extraordinaria y urgente necesidad- y que se dicta en espera de que termine la tramitación de la ley orgánica. Por lo
tanto contará con nuestro voto favorable. En cualquier caso lo importante no es el decreto que vamos a convalidar hoy, lo importante es la ley orgánica que aprobaremos en breve tiempo y ahí sí que seremos firmes y defenderemos nuestras convicciones
para que la Agencia de Protección de Datos no se convierta en un chiringuito político más. (Aplausos). Un chiringuito política en el que colocar altos cargos a base de los dedazos a los que nos tiene acostumbrados el señor Sánchez. Nosotros
queremos que sea una institución que goce de verdadera independencia. También para que, conforme esa vocación europeísta a la que me refería antes, hagamos una ley con el máximo respeto al reglamento para que tenga coherencia y homogeneidad con el
resto de los países de la Unión Europea; coherencia y homogeneidad que son importantes, que son imprescindibles para garantizar este derecho y hacerlo sin perjudicar o lastrar la competitividad de nuestras empresas.
Voy concluyendo no sin antes manifestar mi sorpresa por la intervención de los portavoces de Esquerra Republicana y del PDeCAT precisamente en este debate de hoy, que trata sobre protección de datos y privacidad. Ustedes, Esquerra
Republicana y PDeCAT, conformaban un Gobierno de la Generalitat que traficó con los datos de millones de catalanes para hacer un referéndum ilegal (aplausos), que espió a políticos, a empresarios y a ciudadanos. (Aplausos.-Denegaciones). Sí, a
compañeros míos y a
compañeros del resto de los partidos democráticos. Y un Gobierno que hizo, y a lo mejor hace, listas de los que ustedes consideran 'malos' -entre comillas- catalanes, con nombres y apellidos. Así que, ya que han perdido el rumbo, no
pierdan al menos el decoro y piénsenlo dos veces antes de bajar a esta tribuna a darnos lecciones a los demócratas. (Aplausos).
Termino ya, pero quiero recordarle al Gobierno que quedamos a la espera de otro decreto, uno muy sencillo. Tiene solo dos artículos: en el primero disuelve estas Cortes y en el segundo convoca elecciones. Ese es el decreto que la mayoría
de los españoles estamos esperando de este Gobierno.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Ciuró i Buldó pide la palabra).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Gómez Balsera.
Señora Ciuró, ¿a efectos de qué pide la palabra, por favor?
La señora CIURÓ I BULDÓ: Pido la palabra en virtud del artículo 57 del Reglamento. Pediría al compañero Gómez Balsera que retirase las palabras que ha dicho del Govern de Catalunya, puesto que no consta absolutamente ninguna acusación en
relación con lo que ha manifestado, y estamos para defender la honorabilidad de la Generalitat y de su Govern.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Gómez Balsera, ¿retira alguna de esas palabras?
El señor GÓMEZ BALSERA: Me he limitado a citar noticias que han aparecido en medios públicos, que todos conocemos, por lo cual creo que no debo retirarlas. Además, la dignidad de millones de catalanes me lo impide... (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señor Gómez Balsera es solo a los efectos de responder. Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Sixto.
El señor SIXTO IGLESIAS: Gracias, señora presidenta.
Creo que hay pocos textos normativos de los cuales se haya enterado la mayoría de la población tanto como la entrada en vigor del Reglamento de la Unión Europea, el 679 del año 2016.
Efectivamente, como dicho el señor Gómez Balsera, fueron miles y miles los correos electrónicos que se cruzaron por parte de todo el mundo avisando de la entrada en vigor este reglamento; un reglamento que lleva la fecha de facturación del
año 2016. Sin embargo, estamos aquí con un real decreto-ley porque esta Cámara no ha legislado en tiempo y forma suficientemente para el momento de la entrada en vigor de este real decreto, que fue el pasado 25 de mayo. ¿Por qué se da esta
circunstancia? Sin duda son varios los motivos.
Este grupo parlamentario entiende, señora ministra, que este real decreto se ajusta a lo que preceptúa el artículo 86 de nuestra Constitución: hay una urgente necesidad de legislar en la materia. No invade las competencias vetadas por el
apartado segundo de este artículo al Gobierno para regular por esta vía. Mi grupo parlamentario no va a pedir su tramitación como proyecto de ley porque consideramos que ya estamos tramitando un proyecto de ley. Un proyecto de ley que entró en
esta Cámara en noviembre del año pasado. Vino por parte de un Gobierno del Partido Popular y, a las fechas que estamos, a pesar de que se tenía que haber tramitado con una cierta celeridad, esta Cámara no ha sido capaz de sacarlo adelante.
¿Dónde están las causas de esto? Me gustaría entrar un poco en este tema. Efectivamente, el Gobierno del Partido Popular se retrasó. Como he dicho, el reglamento es del año 2016 y hasta noviembre del año 2017 el proyecto de ley no entra
en la Cámara. Y desde noviembre del año pasado a aquí, ¿qué ha pasado? Pues han pasado dos meses que no son hábiles para el trabajo parlamentario, enero y julio, algo que consagra la Constitución pero que resulta difícilmente comprensible para la
mayoría de los ciudadanos que, en el mejor de los casos, solo tienen un mes de vacaciones, el mes de agosto. Nosotros hemos tenido tres en los cuales no ha habido actividad parlamentaria habitual, a pesar de que es cierto que la Cámara en
determinados momentos de necesidad ha habilitado enero y julio para poder trabajar.
¿Qué ha pasado además? Que ha habido un cambio de Gobierno y de la impulsión del proyecto por parte del Partido Popular se ha pasado a que le ha tocado impulsarlo al Partido Socialista; no obstante, la Cámara ha trabajado. Los ponentes de
la nueva ley hemos trabajado, hemos avanzado en las enmiendas,
tenemos avanzado el trabajo, tenemos la voluntad y la esperanza de sacar en pocas semanas de esta Cámara ese proyecto de ley y enviarlo al Senado y que pueda entrar en vigor antes de finales de año. Pero, efectivamente, hay un vacío en
varias cuestiones, como es el caso de sus plazos de prescripción o de los procesos transfronterizos, que es necesario regular.
Tenemos un problema respecto de cómo debatimos las leyes en esta Cámara, y no solamente con este proyecto de ley o con este real decreto que hoy convalidamos, y al que mi grupo parlamentario dará su voto favorable, sino que hay otros
proyectos de ley cuya tramitación es totalmente incomprensible para cualquiera. Hablo, por ejemplo, del Estatuto de Autonomía valenciano, cuya admisión a trámite se ha debatido por tres veces en esta Cámara, ¡por tres veces se ha admitido a
trámite!, que lleva paralizado desde el año 2016, en el que se ha ampliado el plazo de enmiendas no sé cuantas veces, se cerró el plazo de enmiendas y ahora resulta que estamos pendientes de que la Presidencia de la Cámara y la Mesa -a la cual ruego
que a la mayor celeridad posible adopte el acuerdo correspondiente- interpreten que esta reforma del Estatuto de Autonomía valenciano tiene que entrar por la vía de los del 151 y no por la vía ordinaria, que fue la que originalmente preveía para
ello el Reglamento de la Cámara. O qué decir de la Ley mordaza, que también lleva esperando desde hace no sé cuánto tiempo y respecto de la que se ha cometido hasta el esperpento de convocar la ponencia a principios de este mes de septiembre y
desconvocarla no sé si veinticuatro horas después o pocas horas después, sin que todavía tengamos la convocatoria de la ponencia, que tiene que hacer el presidente de la Comisión de Interior, para debatir sobre la Ley mordaza.
¿Responsabilidades de esta falta legislativa de una Cámara, de unas Cortes Generales, que solamente ha sido capaz de sacar diecinueve textos de leyes ordinarias en tres años y tres textos de leyes orgánicas? Pues repártanse las
responsabilidades con cariño y con cuidado, sobre todo porque esta Cámara no la gobernamos entre todos, la gobierna una Mesa que tiene una composición determinada entre dos grupos que tienen la mayoría para decidir en última instancia sobre la
regulación y el impulso del proceso legislativo; un proceso legislativo que, ya digo, es más bien parco en esta legislatura. Apliquémonos no solamente a los Gobiernos que han retrasado la entrada en esta Cámara de los proyectos de ley
correspondientes sino también a los grupos que gobiernan esta Cámara, véase el Partido Popular y el Grupo Parlamentario Ciudadanos, los retrasos legislativos. Mientras tanto, nos dedicamos a hablar de proposiciones no de ley que tienen poca
utilidad o, en el peor de los casos, nos dedicamos a cercenar la capacidad que tiene esta Cámara de control del Gobierno o del control de la jefatura del Estado, como se acaba de hacer hace pocos días, vetando la iniciativa de nuestro grupo
parlamentario para investigar no ya la circunstancia del actual jefe del Estado, del actual Rey, sino del anterior jefe del Estado, el exrey, respecto al cual, en teoría, ya no debería preocupar en tanta medida a esta Cámara, o por lo menos a los
grupos que han vetado esa proposición, entrar a investigar qué ha hecho o ha dejado de hacer con el patrimonio que tiene en España o tiene en el extranjero.
Mi grupo parlamentario va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto pero, desde luego, también insta a la Cámara a mejorar la cantidad de textos legales que somos capaces de hacer. No es que se trabaje poco pero, sin
duda, no trabajamos todo lo bien que deberíamos trabajar.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Sixto Iglesias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Rallo Lombarte.
El señor RALLO LOMBARTE: Señora presidenta, señorías, las razones hoy expuestas desde esta tribuna por la ministra de Justicia justifican de forma incontestable la urgencia y necesidad del Decreto-ley 5/2018. El Grupo Socialista suma su
voto positivo a su convalidación y celebra el amplio respaldo anunciado por los grupos parlamentarios.
No queremos hurgar más de lo necesario en las razones que han obligado al Gobierno a aprobar este decreto-ley pero, en aras a la verdad, hay que recordar que su causa última radica en la tardanza del Gobierno del Partido Popular en presentar
el proyecto de ley de protección de datos, hoy objeto de tramitación parlamentaria. Así lo denunciamos en febrero en el debate de totalidad, ya que el reglamento europeo fue aprobado en abril de 2016, España debía aprobar su ley de adaptación antes
del 25 mayo de este año, por tanto, dos años de carencia, pero el Gobierno del Partido Popular no remitió a esta Cámara el proyecto de ley hasta noviembre de 2017. Dieciocho meses malgastados. Apenas cinco meses para aprobar una ley orgánica a
todas luces imposible si atendemos a su obligada tramitación bicameral y a las enmiendas presentadas, ni más ni menos que casi cuatrocientas enmiendas parciales. Repito, no es
intención de este grupo mirar hoy al pasado, sino más bien celebrar la voluntad inequívoca de los grupos parlamentarios favorable a impulsar decididamente la tramitación del proyecto de ley y a convalidar hoy el presente decreto.
La aprobación de este decreto-ley era indispensable y no admitía demora. La entrada en vigor del reglamento europeo y de su régimen sancionador el pasado 25 de mayo creaba en nuestro país un riesgo de impunidad que no nos podíamos permitir.
La aplicación de nuestro procedimiento administrativo sancionador sin adaptarlo a las singularidades del reglamento europeo amenazaba con provocar un indeseado espacio de impunidad. Como bien ha expuesto hoy aquí la ministra, la compleja, prolija y
dilatada tramitación de procedimientos transfronterizos exigía una inmediata adecuación de nuestras normas administrativas. En particular, la ausencia de reglas específicas sobre prescripción de infracciones y sanciones aventuraba que estos
procedimientos no culminaran en tiempo y forma y quedaran impunes. No podíamos mirar hacia otro lado y permitir que las vulneraciones del reglamento corrieran el riesgo de no tener la reacción punitiva que merecen. Todo ello en aras de la
seguridad jurídica y de la protección de un derecho fundamental, el derecho fundamental a la protección de datos, y también en aras de preservar el prestigio consolidado durante décadas por nuestro país en la vanguardia y liderazgo en la protección
de datos personales en Europa.
Este decreto-ley no ha ido más lejos de lo indispensable, y los ponentes del proyecto de ley lo saben bien. Únicamente reproduce previsiones del proyecto de ley que no fueron objeto de enmienda o, en su caso, merecieron mínimas enmiendas
parciales que gozan de amplio respaldo parlamentario y, por supuesto, como no podía ser otra forma, no afecta a aspectos vinculados al contenido esencial del derecho fundamental. Este decreto se limita a regular aspectos indispensables del
procedimiento investigador y sancionador de la Agencia Española de Protección de Datos, la cual, por cierto, conviene recordarlo hoy aquí, desde su independencia y mejor criterio técnico, ha animado la aprobación de este decreto-ley. Y, señorías,
como manifestación del escrupuloso respeto de este Gobierno por la función legislativa de las Cortes Generales, hay que resaltar que este decreto prevé su derogación cuando la ley que aprueben las Cortes Generales llegue al Boletín Oficial del
Estado.
Todo ello, entendemos, explica el mayoritario respaldo parlamentario a la convalidación del decreto, a lo que hay que sumar, y queremos ponerlo en valor, sin duda, la excelente disposición al acuerdo de los ponentes de todos los grupos.
Gracias a esa actitud, esta Cámara podría estar en condiciones de culminar sus trabajos en las próximas semanas. Este consenso podría posibilitar una mejora notable del proyecto de ley que tuvo entrada en la Cámara el pasado noviembre, respetando
el marco europeo, sin excesos indeseados, incrementando la protección de menores, garantizando la investigación médica, modernizando la estructura y organización de la Agencia Española de Protección de Datos, preservando con pulcritud la función de
las autoridades autonómicas o prestigiando la nueva figura del delegado de protección de datos. Podemos decir hoy aquí que, si se confirman los acuerdos ya alcanzados por los grupos, alumbraremos una nueva ley de protección de datos que responderá
con ambición y altura de miras a la trascendencia de las transformaciones tecnológicas que envuelven la sociedad actual.
Y no solo reforzaremos el derecho fundamental a la protección de datos; nuestro grupo celebra también la voluntad de buena parte de los grupos de encarar los nuevos retos que la digitalización plantea. Estamos en condiciones de cumplir el
mandato de nuestra Constitución para garantizar el pleno ejercicio del derecho de los ciudadanos frente a lo que el texto constitucional denomina el uso de la informática y que hoy conocemos como la realidad digital. Este Parlamento está en
condiciones de consagrar un sistema de garantía de derechos digitales que dé respuesta a los riesgos y oportunidades que el mundo de las redes ofrece, que garantice la efectividad de los derechos en Internet y que promueva la igualdad y pleno
ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.
Termino, señora presidenta. Señorías, nuevos derechos digitales: derecho a la desconexión laboral, derecho de acceso universal a Internet sin brechas, derecho a la educación y formación digital, protección de menores, derecho al olvido,
derecho a la intimidad en el ámbito laboral, derecho a la portabilidad, derecho al testamento digital, un reto mayúsculo que el concierto, el acuerdo y el consenso de esta Cámara pueden hacer posible.
Muchas gracias, presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Rallo Lombarte.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez Vázquez.
El señor MARTÍNEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora vicepresidenta. Buenos días, señora ministra de Justicia.
Señorías, como saben, el Gobierno somete hoy al Pleno del Congreso de los Diputados la convalidación del Real Decreto-ley 5/2018, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de
protección de datos. Pues bien, les adelanto que, en el caso de este decreto-ley, la posición del Grupo Parlamentario Popular será favorable a la convalidación, y fundamentalmente por dos motivos. En primer lugar -y esto sí que es algo
excepcional-, porque entendemos que en este caso -insisto, algo excepcional- sí concurren las razones de extraordinaria y urgente necesidad que exige el artículo 86 de nuestra Constitución. Fíjense, a la vista del uso -o más bien del abuso- que el
Gobierno realiza de un instrumento excepcional, como es el decreto-ley, a la vista del flagrante incumplimiento de sus límites constitucionales en muchos otros casos que sus señorías conocen muy bien, este decreto-ley es, desde luego, una rara
excepción en un panorama desolador de falta de respeto a los procedimientos constitucionales. En segundo lugar, apoyaremos la convalidación de este decreto-ley porque, sinceramente, a nosotros sí que nos preocupa y nos parece importante esta
materia de la protección de los derechos en el ámbito del uso de los datos, y digo esto porque en las intervenciones de los portavoces de otros grupos parlamentarios se ha hablado de todo, se ha hablado hasta de la Ley de Seguridad Ciudadana, se ha
hablado del Estatuto de Autonomía de Valencia. Bueno, a lo mejor es que ustedes no tienen nada que decir sobre esta materia, pero nosotros sí, a nosotros nos parece que esta es una materia que constituye uno de los ámbitos en los que nos jugamos
mucho del estatuto de derechos de la ciudadanía del siglo XXI y nos jugamos mucho de la adaptación de esos viejos derechos fundamentales a nuevas agresiones y amenazas.
Fíjense, uno de los padres de Internet, Tim Berners-Lee, premio Príncipe de Asturias en el año 2002, decía en el año 2011 que los datos serían la nueva materia prima del siglo XXI, y creo que con ello describía de alguna manera el rumbo
hacia el que caminaban nuestras sociedades. Pues bien, siendo eso cierto, también es verdad que de manera exponencial crecen las amenazas y crecen los riesgos. Hoy se puede sostener en algunos estudios que en el año 2021 el 25 % de los datos
personales de todo el mundo estarán comprometidos. En esta sociedad digital los ciudadanos se exponen cada día a usos fraudulentos, a usos indebidos de sus datos personales, a intolerables intromisiones en espacios de intimidad y privacidad que
necesitan ser protegidos por procedimientos adecuados a la magnitud de las amenazas. Por eso el régimen jurídico de la protección de datos personales es ante todo una fuente de derechos para los ciudadanos y por eso es una prioridad para el Grupo
Parlamentario Popular. Con arreglo a esa prioridad hemos actuado siempre y con ese mismo sentido de la responsabilidad institucional daremos nuestro apoyo a este decreto-ley, aunque evidentemente somos conscientes de que la legislación de urgencia
no es el instrumento óptimo en esta materia y que lo que deberíamos hacer es finalizar la tramitación parlamentaria del proyecto de ley.
No puedo negar que se está forjando un amplio consenso entre los grupos parlamentarios sobre la materia, lo cual es muy saludable, pero no puedo compartir las acusaciones que se han hecho al Gobierno del Partido Popular, que no puede ser
siempre la explicación de que llevemos diez meses con el proyecto de ley en esta Cámara y no lo hayamos aprobado; no podemos estar siempre remitiéndonos al momento de la presentación de este proyecto de ley, que también tiene suficientes
explicaciones que sus señorías conocen muy bien. No puedo dejar de señalar en este punto que la tramitación del proyecto de ley habría sido mucho más ágil si nos hubiésemos limitado a la materia verdaderamente concernida en la presentación de
enmiendas, es decir, al régimen de protección de datos personales, y si no se hubiese aprovechado esta iniciativa legislativa para regular cuestiones que son completamente ajenas a la protección de datos, como hizo el Grupo Parlamentario Socialista
al introducir un nuevo título sobre una cuestión que no tiene nada que ver con el régimen de protección de los datos personales. Puedo estar de acuerdo en que sea necesario mejorar la protección de los ciudadanos en la sociedad digital -es verdad,
a lo mejor hay que regular nuevos contenidos y nuevos derechos-, pero creo que es un profundo error hacerlo en un proyecto de ley en el que resultaba muy fácil delimitar, en torno a la protección de datos personales, su contenido y, de este modo,
agilizar su tramitación. Señor Rallo, usted sabe bien que la inclusión de contenidos extraños al objeto de la iniciativa es un ejemplo de mala técnica legislativa y que además ha generado un lamentable retraso en la tramitación del proyecto de ley,
que debe ser nuestra prioridad.
En todo caso, señorías, somos conscientes de que desde el pasado 25 de mayo es directamente aplicable en España el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea, lo que supone una importante modificación de la normativa
anterior que tiene consecuencias para los ciudadanos, para
los responsables y encargados del tratamiento de datos personales y para los reguladores. Por razones elementales, esta materia ya no puede ser regulada solo por las legislaciones nacionales, pues el tratamiento de datos personales tiene
dimensión transnacional y exige respuestas uniformes y respuestas consensuadas de las organizaciones internacionales y de las organizaciones regionales. El desarrollo de los derechos, el régimen de las obligaciones y la intervención de las
autoridades de control en la materia ya no serán nunca solo derecho español, sino que se rigen directamente por la norma europea que, por primera vez, desarrolla un derecho fundamental, un derecho reconocido en el artículo 8 de la Carta de Derechos
Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en el artículo 18.4 de nuestra Constitución.
El reglamento europeo es un auténtico cambio de paradigma en muchos aspectos y eso exige una compleja adaptación de nuestra cultura jurídica en aspectos tan relevantes como los procedimientos sancionadores. Pues bien, dada la imposibilidad
de concluir la tramitación del proyecto de ley antes de la fecha de entrada en vigor del reglamento, fue la Agencia Española de Protección de Datos la que propuso al Gobierno la necesidad de aprobar este real decreto-ley, una norma con rango de ley,
con carácter extraordinario y urgente para permitir la adaptación al derecho español del reglamento en cuestiones en las que esperar a la aprobación de la nueva ley podría tener efectos perjudiciales. Entendemos, por tanto, que esta es una norma
que introduce seguridad jurídica, garantías y una mejor protección de derechos, y con esas coordenadas, seguridad jurídica, garantías y protección de derechos, el Grupo Parlamentario Popular formará parte del consenso y de la solución.
Quiero terminar, señorías, transmitiendo desde esta tribuna el reconocimiento de mi grupo parlamentario al trabajo que realizan los profesionales de la Agencia Española de Protección de Datos, así como la felicitación a todo el equipo que
dirige Mar España por su labor diaria en una materia esencial para garantizar los derechos de las personas en la sociedad digital. De ellos es, en gran medida, el mérito de que esta modificación de nuestra cultura jurídica en materia protección de
datos personales se realice de forma acertada. Su aportación ha sido decisiva para orientar los trabajos de esta Cámara en la materia.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Vázquez.
Para finalizar el debate, tiene la palabra la señora ministra de Justicia. Adelante, señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra para expresar el agradecimiento del Gobierno por el consenso encontrado en la convalidación de este decreto que otorga y confiere seguridad jurídica y que además redunda en beneficio del derecho de los ciudadanos.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
- REAL DECRETO-LEY 6/2018, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA EL REFUERZO DE MEDIOS EN LA ATENCIÓN A ASILADOS Y REFUGIADOS. (Número de expediente 130/000033).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos a la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la
atención a asilados y refugiados.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Política Territorial y Función Pública.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Muchas gracias, presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, subo a esta tribuna hoy para exponer y presentar el Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo pública extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la
atención a asilados y refugiados, y que debe ser objeto de convalidación -como todos ustedes saben- por esta Cámara, por el Congreso de los Diputados. La trágica realidad que están viviendo algunos países no tan lejanos, como Siria, Palestina y
Ucrania, o algunos Estados africanos, ha transformado en buena parte la realidad de los que pretenden entrar España. Si el número de solicitantes de asilo y refugio ha sido tradicionalmente residual en nuestro país,
en los últimos años esa situación ha cambiado y España se ha convertido en una de las puertas de entrada a la Unión Europea para aquellos que reclaman protección frente a la actuación de sus propios Gobiernos. Nuestro deber y obligación
como país democrático y de derecho es respetar y defender las convenciones internacionales suscritas en materia de derecho de asilo y de protección al refugiado. Nuestra Constitución reconoce ese derecho a todas las personas en su artículo 13 e
impone, por tanto, a todos los poderes públicos hacer efectivo ese derecho. No se trata de ampliar derechos o desarrollarlos; se trata estrictamente de cumplir con la Constitución y con los tratados internacionales.
Señorías, en 2016 se presentaron algo más de quince mil demandas de asilo. En 2017 fueron el doble, más de treinta mil. Los medios de la Administración, en cambio, fueron prácticamente los mismos, elevando las ya considerables esperas en
la tramitación de tales demandas. El ministro del Interior lo adelantaba hace pocos días en su comparecencia ante la Comisión de Interior: La Oficina de Asilo y Refugio, dependiente del propio ministerio, sufre un retraso considerable en la
tramitación de peticiones, dado el incremento exponencial de solicitudes, y se prevé que nos encontraremos a final de año con cincuenta mil expedientes pendientes de resolver.
La Oficina de Asilo y Refugio necesitaba ya medios adicionales; el extraordinario incremento de solicitudes del último año ha hecho que esa situación resulte hoy por completo insostenible, con grave peligro para los derechos antes citados.
Es esta situación la que exigía una respuesta que el Gobierno ha asumido mediante la aprobación, el pasado 27 de julio, del Decreto-ley de oferta pública extraordinaria, que hoy se somete a la consideración de esta Cámara. Quisiera insistir a sus
señorías en el carácter extraordinario de dicha situación y las necesidades que de ella se derivan y en el importante retraso en la tramitación de las solicitudes derivado del incremento de las peticiones presentadas. Analizar y valorar
adecuadamente las demandas de asilo exige suficientes medios personales de la Administración, sin los cuales se pone en peligro el derecho a la protección internacional de los solicitantes y también se debilita la efectiva aplicación de nuestra
normativa y la política migratoria. Así lo vienen señalando reiteradamente las organizaciones no gubernamentales que trabajan en este ámbito, entre ellas, Intermon Oxfam, Amnistía Internacional y muy especialmente aquellas que colaboran con la
Administración de modo más directo, como son Cruz Roja o CEAR.
Como bien saben sus señorías, dentro de la Administración General del Estado corresponde al Ministerio del Interior la tramitación y resolución de las solicitudes y al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, en coordinación
con Interior, la acogida de dichos solicitantes de asilo y refugiados con el apoyo de las organizaciones especializadas; unas organizaciones que, a su vez, se coordinan en cada ámbito con las administraciones autonómicas y locales que disponen de
plazas de acogida y ayudas. En consecuencia, las 323 plazas adicionales a las de oferta de empleo público de este año, que se incorporan mediante este real decreto ley, se distribuyen entre el Ministerio del Interior, con 231 plazas de acceso por
turno libre, y el Ministerio de Trabajo, con 92 plazas más por turno libre. De este modo, se añade a la oferta de empleo público para el ejercicio de 2018 una oferta extraordinaria para dotar adecuadamente este conjunto de sectores que, como se ha
expuesto, son clave en la necesidad de mejorar el sistema de acogida para impulsarlo como un sistema justo, integrador y eficiente.
Señorías, esta no es solo una medida del Gobierno, es también una medida reclamada desde el tercer sector por la citadas organizaciones no gubernamentales y avalada también por los sindicatos. Los tres sindicatos más representativos en el
ámbito de la Administración General del Estado, es decir, CSIF, Comisiones Obreras y UGT, junto con CIGA, pactaron y firmaron el paquete del que formaba parte este decreto-ley, que incluía la propia aprobación de una oferta de empleo público para
2018 especialmente ambiciosa, algunas medidas de estabilización del empleo público y la recuperación de la protección frente a situaciones de incapacidad temporal. Me atrevo a decir que la medida que hoy se somete a su aprobación es, asimismo, una
medida que responde a la sensibilidad y a la voluntad solidaria de la población española. Esperamos que cuente también con el apoyo de toda la Cámara, pues en pocas ocasiones concurre tan claramente como en este caso el carácter urgente y necesario
de las medidas a adoptar.
Señorías, la degradación de la situación de los derechos fundamentales en países relativamente cercanos nos sitúa ante una responsabilidad que queremos ejercer conjuntamente con el resto de Estados de la Unión Europea. Creo que todo los
grupos podemos estar de acuerdo en que cada Estado de la Unión debe estar en condiciones de gestionar de modo eficaz las peticiones que recibe. A ese exclusivo fin se dirige el decreto-ley para cuya convalidación solicito hoy su voto, que no es
sino cumplimiento de nuestros compromisos internacionales, constitucionales y, si me permiten, de la mínima solidaridad exigible a los países de la Unión Europea.
Señorías, termino. La convocatoria extraordinaria de la oferta pública de empleo de 2017 que presentó el Gobierno del presidente Rajoy contó con el apoyo responsable del Grupo Socialista en esta Cámara. Me gustaría poder agradecer hoy
también a todos los grupos, incluido el Grupo Popular, ese mismo apoyo responsable para una propuesta que es, a la par que una opción del Gobierno, el cumplimiento de un mandato constitucional y la respuesta a una especial sensibilidad de nuestra
sociedad.
Muchísimas gracias. Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora ministra.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señora ministra de Política Territorial y Función Pública.
El refuerzo de personal que plantea el Gobierno por la vía del real decreto-ley trae de nuevo a la Cámara la política de migración sobre la que la pasada semana se debatió por partida triple aquí en el Congreso de los Diputados, primero en
la Diputación Permanente y posteriormente en las comparecencias del ministro del Interior y de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, un asunto sin duda fundamental, capital, para nuestro país.
La denominada presión migratoria ha tenido en lo que va de año, y particularmente durante este verano, episodios lo suficientemente expresivos y significativos que justifican la adopción de medidas extraordinarias para el refuerzo de medios
humanos en la atención a asilados y refugiados. La convalidación de este real decreto-ley, que apoyaré con mi voto, no puede ocultar, sin embargo, el desbarajuste de la política migratoria de este Gobierno a lo largo de estos tres meses y pico de
gestión, porque, señora ministra, no tiene nada que ver la herencia recibida a la que apela el propio texto del real decreto-ley con el episodio de marketing político protagonizado por el presidente del Gobierno autorizando por razones humanitarias
y en aplicación del derecho internacional la entrada en el puerto de Valencia del barco Aquarius cargado de náufragos, para negársela dos meses después pese a que estaba más próximo a las costas españolas. Por lo visto, el derecho internacional ya
no le convenía al señor Sánchez, que para entonces ya había acordado con el presidente francés, señor Macron, la propuesta de centros controlados para confinar migrantes, algo que no pocos juristas y expertos han calificado de ilegal. Hay un
creciente tráfico de seres humanos hacia España y la proliferación de mafias no augura tiempos mejores, a la vista de los volantazos del Gobierno. En todo caso, como dije antes, apoyaré la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Matute García de Jalón. (El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la Presidencia).
El señor MATUTE GARCÍA DE JALÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Anunciaré, en primer lugar, el sentido de nuestro voto. Nos vamos a abstener no porque la medida sea negativa, sino porque creemos que es claramente insuficiente. Creo que para entender esta cuestión que planteamos lo primero que hay que
hacer es responder a una cuestión: ¿todas las denegaciones de asilo o del estatus de refugiado en el Estado español se han debido únicamente a la falta de personal o a una lectura restrictiva de la condición de refugiado y del derecho de asilo?
Creemos que es realmente esta segunda la que ha hecho que se denegaran tantos permisos. Nosotros y nosotras estamos más de acuerdo con definiciones más actuales porque creemos que se trata de ampliar derechos -a diferencia de la ministra- y de
desarrollarlos. Definiciones como las que hacían, por ejemplo, Raquel Celis o Xabier Aierdi, dos vascos que decían algo así como que el desplazamiento forzado sería el cambio involuntario del lugar de residencia de una persona o grupo de personas
viéndose obligadas a huir como consecuencia de una violación grave o sostenida y sistemática de los derechos humanos -incluidos los civiles, políticos, económicos, sociales y culturales- o una violación masiva de los derechos humanos, la violencia
generalizada, conflictos armados, catástrofes y desastres naturales o provocadas por el ser humano y la implementación de proyectos de desarrollo a gran escala. Pero también decían que se considera desplazamiento forzado el que sufren las personas
que han migrado por cualquier otra causa pero se encuentran en riesgo de sufrir torturas o tratos inhumanos o degradantes en caso de ser devueltas a sus
países de origen o a terceros países. No fue la falta de personal la que hizo que todas las personas devueltas en caliente hace escasos días en la valla de Melilla fueran rechazadas porque no cumplieran esa condición, sino porque ni
siquiera se planteó estudiar si podían cumplir con el derecho de asilo o con el estatus de refugiado.
Creemos que hay medidas de fondo que se podrían implementar con mayor celeridad y que serían más importantes, por ejemplo, el progresivo cese de la industria militar o que el Estado español controle y obligue a las empresas trasnacionales,
fondos de inversiones y corporaciones especulativas, a someter su actividad al estricto cumplimiento del derecho internacional de los derechos humanos, o que los acuerdos y tratados de comercio e inversiones que avala el Estado español respeten el
derecho internacional de los derechos humanos, el del trabajo, el derecho internacional ambiental, el de la soberanía de los pueblos o los derechos de los campesinos y campesinas.
Finalizo ya. Probablemente así, con estas medidas, junto con esta que ha planteado pero con otras mucho más ambiciosas, se acabaría con esos discursos perversos que lanza la extrema derecha y que alientan la xenofobia, que hablan del efecto
llamada; un efecto que, en todo caso, de haberse producido el fantasma del efecto llamada, se hubiera producido hace bastantes siglos, durante la colonización y durante el expolio sistemático al que han venido siendo sometidos esos países.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Matute.
Tiene la palabra el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora ministra, señorías, en marzo de 1939 miles de personas salieron de los puertos de Valencia y de Alacant en dirección a Orán, Argelia, huyendo de la brutal represión desatada por ese dictador sanguinario
cuyos restos aún reposan en un espacio público, con una pompa impropia de un Estado democrático. Las personas que llegaron allá fueron internadas por las autoridades francesas en malas condiciones y muchos de ellos encontraron la muerte a causa de
torturas y de trabajos forzados. Pero apareció una persona benéfica, una ciudadana francesa de edad avanzada, madam Martínez, con ascendientes españoles, que se dedicó, por oficio de piedad, a identificar a todos aquellos llegados que se
apellidaban como ella para conseguir que les fueran entregados, con el argumento falso de que se trababa de familiares suyos. Y, ya ven, esta triquiñuela consiguió que muchas personas eludieran un destino trágico, pero la mayoría, desgraciadamente,
no. Y esta pequeña historia, como otras muchas, nos ilustra sobre la necesidad de reconocer la importancia de la solidaridad privada, de la solidaridad de los particulares en situaciones dramáticas, pero también la necesidad de que el Estado, los
poderes públicos, asuman plenamente, como una dimensión propia, la gestión de los flujos de refugiados, porque esta es una exigencia que deriva del cumplimiento de los derechos humanos. Entendemos que este decreto-ley va en esa dirección y por eso
Compromís lo apoyará.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bataller.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidente.
Señora ministra, señoras y señores diputados, subo a esta tribuna y una semana más les debo recordar que existen nueve personas que están en prisión por motivos políticos y con carácter preventivo, y que esto no es de recibo. (Aplausos).
Dicho esto, señora ministra, nosotros vamos a votar a favor de la convalidación de este real decreto, porque entendemos que es necesario. No sabemos si esta oferta pública extraordinaria adicional de 323 plazas es suficiente, pero les damos
la confianza, porque ustedes lo valoran así y es necesario. El Ministerio del Interior reconocía que a 1 de julio prácticamente había unos 50 000 expedientes pendientes de resolución y que la capacidad ordinaria de resolución viene a ser de unos 15
000. Entendemos que no es de recibo que en pleno siglo XXI en el corazón de Europa tengamos este stock de expedientes pendientes de resolución en peticiones de asilo, y se debe solventar. Ustedes van a tener nuestra confianza, van a tener nuestro
voto a favor. Lo único que les avanzamos es que dentro de unos meses vamos a pedir cuentas al Ministerio del Interior, y a exigir que nos presenten cómo va la evolución de la gestión de estos expedientes, y entonces valoraremos si era suficiente o
no. La verdad es que es necesario y vamos a aprobarlo para que sea de aplicación con carácter inmediato.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Bel.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Legarda Uriarte.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente.
Se nos presenta a convalidación el Real Decreto-ley 6/2018 por el que se aprueba una OP extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a emigrantes y refugiados, que ya adelanto que el Grupo Parlamentario del Partido
Nacionalista Vasco votará favorablemente. Se aborda -decía- con carácter urgente y extraordinario el refuerzo de recursos humanos de personal administrativo para hacer frente al reconocimiento del derecho de asilo, de otras figuras análogas de
protección o a la acogida de refugiados por parte de la Administración General del Estado, y que implica un incremento de personal en el Ministerio del Interior de 231 nuevos empleados públicos y en el de Trabajo y Migraciones de 92 empleados
públicos, que se añaden a la OP de 2018 aprobada en los Presupuestos Generales del Estado, y que se convocarán por el procedimiento previsto para esa OP general.
Es sabido que el fenómeno de la emigración hacia la Unión Europea y hacia el Estado es de naturaleza estructural. Se trata de migraciones o llegadas, tanto irregulares como de solicitantes de asilo y de otras figuras de protección
internacional, y con los actuales recursos en medios humanos y materiales la Administración General del Estado no cubría ni las propias obligaciones del Estado ni las demandas de las organizaciones sindicales de la Función pública, que reclamaban
más medios, ni las demandas de las organizaciones humanitarias ni lo reclamado por esta misma Cámara. Tan es así que desde 2012 se ha multiplicado por cinco el número de solicitantes de asilo, y a 1 de julio de 2018 se encontraban pendientes de
resolución 47 000 expedientes de asilo, esperándose que para final de este año alcanzara la cifra de 67 000 expedientes pendientes, dado que como decía con los actuales medios la capacidad anual de resolución de la OAR se cifraba en unos 15 000
expedientes año. A su vez hay que conocer que los expedientes de asilo y refugio, en tanto se resuelven, dan origen a la gestión de acogida e integración de sus solicitantes. Por su parte los reasentamientos en la Unión y que afectan al Estado
para el ejercicio 2018-2019 suponen un compromiso que alcanza a los 2200 demandantes. Y en este punto quiero recordar que España hasta el día de hoy solo ha reubicado a 866 personas y ha reasentado solo a 418, de las más de 17 000 a las que se
había comprometido con la Unión Europea en el periodo actual 20182019. También quiero recordar que en Grecia se encuentran 12 400 refugiados identificados y pendientes de reubicación, y en Italia 2500 refugiados en la misma situación, y un número
muy elevado en Jordania, Líbano y Turquía, todos ellos esperando reasentamiento. Todos estos contingentes y los escasos recursos dispuestos por el Estado para absorberlos han dado lugar, como decía, a un gran número de expedientes pendientes de
resolución, y a un alejamiento de la media europea en cuanto a resoluciones cercana al 50 %.
El decreto-ley ahora debatido viene a paliar en parte estas carencias, y por eso adelantaba al principio de mi intervención nuestro apoyo en lo que supone una reforma de la OAR, sin desconocer por supuesto que los fenómenos migratorios a los
que nos enfrentamos son un drama complejo, cuyo origen se encuentra en las guerras, en las vulneraciones de derechos humanos, en la crisis climática, en crisis alimentarias y también en la búsqueda de un futuro mejor. Este drama complejo -también
es una obviedad- ha llegado para quedarse y afecta a toda la Unión, por lo que no caben abordajes unilaterales, sino en el marco de la Unión y de sus políticas, tanto migratorias como de cooperación y desarrollo con los países de origen y destino,
lo cual no quita para que mientras tanto dentro del Estado se aborde una política migratoria basada en la legalidad, reglada y ordenada, responsable, respetuosa con los derechos humanos y con los compromisos internacionales, cooperativa y
necesariamente sin discursos simplistas y alarmistas, y mucho menos que se la use como arma arrojadiza o para exigir a otros lo que previamente no se ha hecho y a sabiendas.
Quiero ya por último -y para finalizar, señor presidente- hacerme eco de las demandas, de las medidas urgentes que el conjunto de organizaciones humanitarias reclaman respecto a las personas migrantes y refugiadas, más allá de demandar
cambios en la OAR que en parte ya aborda este decreto ley ahora debatido, y que se cifran en el establecimiento de protocolos especiales de protección a los colectivos más vulnerables; en acordar medidas alternativas a la privación de libertad en
los CIE, recogidas en la Ley de Extranjería, especialmente en casos en los que las posibilidades de expulsión son altamente improbables; en la tramitación de la modificación de la Ley de Extranjería respecto a los rechazos en frontera; a
sensibilizar respecto a las situaciones de desprotección y vulneración de derechos; a no instrumentalizar las políticas de desarrollo y cooperación bajo la lógica del control de flujos migratorios por
encima de las vidas, y por último, a trabajar en la implementación de políticas de integración, pues su falta está generando un incremento indeseado de movimientos xenófobos y racistas.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Legarda.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Surra Spadea.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nos parece importante reforzar los medios en la atención a asilados y refugiados, solo que desde nuestro punto de vista esos medios tendrían que corresponder al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad
Social y no al Ministerio del Interior, pues seguimos asociando el refugio con las devoluciones en caliente y no con un sistema de acogida. En ese sentido se tendría que comenzar a estudiar una modificación de la Ley de Asilo. También nos preocupa
que en esta medida estemos encubriendo un incremento del presupuesto al Ministerio del Interior que no pone sus recursos administrativos y de infraestructuras actuales en los refugiados, sino que los despilfarra en Cataluña bajo excusa de
inestabilidad social que todos sabemos que es falsa, provocada por la ultraderecha y que solo se ve en los medios de comunicación. Tampoco pensamos que los recursos económicos tengan que acrecentarse en la burocracia del Estado mientras que los
refugiados no reciben más que recursos mínimos, se les otorga un pack de supervivencia con una fruta, un cepillo de dientes y poco más, sin traductores o intérpretes, sin abogados que los asesoren y sin personal médico cualificado en la mayoría de
los casos. Y después de cinco días se les envía en buses a las grandes ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao, etcétera, sin ni siquiera avisar a las autoridades locales para que los reciban como corresponde.
La atención a los refugiados no se puede acabar en la frontera, sino que ha de partir de allí y seguir, pues después viene la parte más importante, el trabajo de inclusión que no acaba hasta que todas las personas culminan siendo ciudadanos
iguales en derechos y deberes. Por eso las comunidades autónomas y los ayuntamientos que soportan el grueso de la atención a los refugiados también tendrían que recibir refuerzos económicos y administrativos. Aquí no podemos dejar de recordar a
nuestra consellera Dolors Bassa, quien tanto trabajó por la acogida de los refugiados y hoy es una de nuestras presas políticas. (Aplausos).
Exigimos al Gobierno que recupere el fondo de acogida e integración creado en 2004, a propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya, y que, primero, con la excusa de la crisis el Gobierno anterior del PSOE dejó en mínimos, para que, luego,
el Gobierno del Partido Popular se lo cargara. Ahora tienen la posibilidad de volver a dotar adecuadamente este fondo, tanto si se aprueban como si no los Presupuestos Generales del Estado para 2019. Esquerra Republicana de Catalunya apoyará que
se invierta en medios, ya sean materiales o humanos, para mejorar y agilizar los procedimientos, trámites y gestiones relacionados con los refugiados e inmigrantes. Ahora, no entendemos y no consentimos que no se cumplan los compromisos
internacionales de acogida y refugio, y se expulse a porrazos a los inmigrantes y a los refugiados en la frontera sur.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Surra.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señorías, quiero recordar que en este país, en España, no hay presos políticos en nuestras cárceles. (Aplausos).
Consideramos que este real decreto al que nos enfrentamos y debatimos hoy es urgente y sí es necesario, es de los pocos reales decretos que no ha sido un dedazo y que sí se corresponde a una necesidad real. La situación global en el mundo,
los distintos conflictos bélicos, los distintos países con inestabilidad han hecho que el volumen de movimientos forzados de la población hasta el momento se incremente de manera exponencial. La falta de acción por parte de los Estados miembros de
la Unión Europea ante la crisis de refugiados, más la mala gestión de la crisis económica, han hecho que resurjan en Europa movimientos nacionalistas y populistas que, lejos de querer construir un lugar mejor, lo único que buscan es la división.
Defendemos desde Ciudadanos, y siempre amparándonos en la defensa de los derechos humanos, un enfoque común europeo ante las políticas de emigración, más apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado que están haciendo un trabajo en ocasiones infradotado en las fronteras exteriores de la Unión Europea, más cooperación con los países de tránsito, también más trabajo en los países de origen -algo que nos parece
indispensable-, y por supuesto dotar en este caso de los recursos que sean necesarios para agilizar el procedimiento de identificación de las solicitudes de asilo. Este último real decreto, el que estamos debatiendo, tiene sentido y obedece a este
último punto, pero no basta si se habla de política de emigración. Y digo esto porque el señor Sánchez, desde que llegó de cualquier manera a ser presidente del Gobierno, dijo -palabras textuales-: Con este Gobierno no ha llegado la inmigración,
con este proyecto llega la política migratoria. Pues bien, con este Gobierno no solo no ha llegado la política migratoria, sino que lo que han llegado han sido, por un lado, los bandazos ya que cada día dan una posición política totalmente
diferente; la falta de liderazgo ante la Unión Europea -España tiene fronteras físicas al sur, aparte de toda nuestra costa-, ya que España tendría que estar liderando el debate sobre la política común migratoria en la Unión Europea y olvidarse de
las fotos. ¿Por qué digo esto? Porque incluso han recibido un tirón de orejas por intentar apropiarse de los méritos del acuerdo conseguido entre Francia y Malta con la Unión Europea, simplemente por esto de figurar.
Las fotos que nos ha brindado este Gobierno temporal han sido la de la decisión del Aquarius, con un pomposo recibimiento, una decisión necesaria en aquel momento, pero que no se puede tomar de manera unilateral. Así se lo hizo saber, tanto
el comisario europeo y la señora Merkel como el señor Macron, diciéndoles que la política migratoria es cosa de Europa y que las fotitos y las decisiones unilaterales van en contra no solamente del atendimiento, sino también de los intereses de
todos los países miembros. Además dicha política de fotos ha puesto en alerta a todas esas mafias que han decidido poner como ruta prioritaria a España. Como ven no existe política migratoria común, el señor Sánchez hemos dicho que es un
presidente temporal, pero podríamos decir que se trata del presidente ausente, porque salvo en aviones, en helicópteros, en agendas dudosamente culturales, en Bolivia y en el acto que acabamos de tener aquí, no ha venido a esta Cámara; ¡ha superado
incluso al plasma tan criticado del señor Rajoy! Porque ni siquiera habla ni se deja preguntar. No sabemos si es por la falta de proyecto o si es porque la improvisación continua de su Gobierno, en la que los distintos miembros, incluso en el mismo
día dan versiones diferentes, hace que ni siquiera sepa defender el proyecto que tiene, si tiene alguno.
Con todas estas decisiones erráticas y los bandazos que da continuamente este Gobierno temporal, el señor Sánchez ha dado alas al populismo del señor Salvini y también a la ultraderecha, con distintos tuits publicados, en los cuales apoyan
las decisiones del señor Sánchez en función de cómo se levante ese día. Tenemos que ser realistas y diferenciar entre lo que son los refugiados y las personas que piden asilo, entre la inmigración legal, que de manera ordenada es una oportunidad
para garantizar también nuestro Estado del Bienestar -que por otra parte el señor Sánchez en su tuit oficial nombró a la inmigración como la amenaza que teníamos, en lugar de verla como una migración controlada, una migración legal, una migración
ordenada, como la oportunidad para garantizar nuestro Estado del Bienestar- y luego la inmigración ilegal, la inmigración movida por mafias que ha hecho que nuestras fronteras tengan un repunte en la tensión sin precedentes; que hace que nuestros
mares, nuestras costas se conviertan en grandes cementerios de personas que exponen su vida por llegar a costas europeas, movidas por mafias que se ven alentadas por la política de la foto, por la política de las decisiones unilaterales, y sobre
todo por la falta de proyecto.
Esperamos, señora ministra, también de su Gobierno temporal, que este real decreto no sea un intento para maquillar la falta de política migratoria de su Gobierno. Esperamos que no sea fruto de la improvisación, porque sí creemos que el
decreto es necesario, pero si se acompaña también de políticas migratorias tal como anunció el señor Sánchez, al cual no vemos por aquí desde hace mucho tiempo, salvo en actos y como ya he dicho en fotos y en redes sociales. Distintas
organizaciones internacionales como ACNUR, la Organización Internacional de Inmigración o CEAR han dado datos récord sobre la crisis de refugiados, y no solamente por la llegada a Europa, sino también datos específicos de la llegada a España. La
política de las fotos no solo ha alentado a las mafias, la lenta burocracia de nuestro país y la falta de medios -por eso justificamos este real decreto- han hecho que los procesos para definir si a alguien se le concede el asilo o no se dilaten
tanto que tenemos nuestros CIE desbordados. CEAR además ha alertado de que este año se batirá el récord en peticiones de asilo a España, no solamente procedentes de Siria, Palestina o distintos países en conflicto, sino también de ciudadanos
venezolanos, porque allí se está sufriendo un éxodo masivo por sus políticas, las cuales su socio preferente y su ministro de Hacienda encubierto -ya saben, con esa podemización de la economía- están intentando
hacer proliferar. Le aseguro que ni el señor Albert Rivera ni este grupo parlamentario van a permitir que haya ningún tinte de las políticas avaladas en Venezuela en nuestro país, se lo puedo asegurar.
Por todo esto consideramos pertinente este real decreto. Nos gustaría que lo acompañara de política migratoria real también. Estamos ante un gran reto para la Unión Europea. Menos fotos, por favor, y más liderazgo. Vengan a la tribuna y
explíquennos qué es lo que quieren hacer, y sobre todo piensen que esto es un reto común, que no es un reto del señor Sánchez, de ese presidente que ni está ni se le espera tampoco; bueno, quizá por redes sociales sí. Pero lo que está claro es que
es un compromiso de todos. Tenemos la oportunidad de liderar esto en Europa con menos fotos y con más política real. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Expósito Prieto.
El señor EXPÓSITO PRIETO: Muchas gracias, presidente.
Señora ministra, buenos días. Nos tiene perplejos; hemos leído la motivación de su real decreto-ley y estamos de acuerdo al cien por cien. Se lo resumo para que lo recordemos: en los últimos años los movimientos forzados de población han
alcanzado cotas nunca antes registradas. El incremento en materia de refugiados ha provocado un gran volumen creciente de solicitudes de asilo, que hacen de urgente necesidad la mejora de dotación de estos servicios para su normal funcionamiento,
coordinado por el Ministerio del Interior y el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Efectivamente la situación requiere de mejoras y actuaciones urgentes, pero si esto es así, nos sorprende que las medidas que proponen a esta
Cámara se limiten a haber presentado apenas esta convocatoria de plazas. Nos parece inconcebible que, a la vista de la situación y con la que ha caído durante el verano -también con los arrojadores de gasolina al fuego, que después acusan al
Gobierno de darle alas a Salvini-, no acometan ustedes un plan integral para reformar el conjunto de las políticas migratorias que hemos heredado de la derecha, y mejorar un sistema de acogida que está en situación de colapso. Y discúlpeme, porque
seguramente hoy se va a llevar usted críticas que le corresponden al conjunto del Gobierno, porque el problema es que su Gobierno apenas dibuja con la mano izquierda lo que ya está borrando con la mano derecha, y subrayo lo de derecha, que no es
solamente una metáfora, y le doy a usted un ejemplo: abren por la izquierda el puerto de Valencia para recibir al buque de rescate Aquarius y por la derecha el ministro Ábalos afirma que se trata de una medida puntual de carácter humanitario, como
si los puertos fueran del ministro y le estuviera haciendo un favor a alguien. Lean ustedes precisamente al catedrático valenciano Javier de Lucas, que es una autoridad europea en la materia, que les viene recordando, en un artículo tras otro desde
hace muchísimos meses, cuántos son los convenios internacionales de derechos humanos que nos obligan -porque son de obligado cumplimiento- a abrir los puertos seguros para los buques de rescate en el Mediterráneo. Le voy a dar otro ejemplo: el
ministro Grande-Marlaska, mintiendo por omisión en esta Cámara en su primera comparecencia parlamentaria. Creo que una cosa tan gorda no la había hecho en esta Cámara ni el ministro Zoido, que ya es decir, porque el 4 de julio pasado habló, habló y
habló durante horas en la Comisión de Interior, y no informó de que a la mañana siguiente a primera hora daría una rueda de prensa en Algeciras anunciando la construcción de un centro de acogida de inmigrantes, del cual no sabemos todavía si acogida
significa internamiento, en el lenguaje de un ministro que ha llamado en sede parlamentaria organización criminal a más de un centenar de inmigrantes a quienes ha expulsado de manera sumarísima, sabiendo ustedes como saben bien en qué condiciones
están llegando los inmigrantes a nuestras costas; señora ministra, ¡por el amor de Dios!
¿Han leído ustedes el manifiesto de medio centenar de organizaciones sociales contra las devoluciones en caliente que su Gobierno sigue practicando? Está firmado por SOS Racismo, Cáritas Española, Centro Pastoral San Carlos Borromeo,
Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Servicio Jesuita a Migrantes, Valencia Acoge, Iridia... Le voy a ahorrar leerle las otras cuarenta que le exigen literalmente un cambio en la política migratoria. La motivación de su real decreto-ley nos
informa de que lo han elaborado en diálogo con los sindicatos; eso está fenomenal. ¿Se van a reunir también, por favor, con estas cincuenta organizaciones para afrontar el conjunto de la situación, más allá de esta contratación de personal de
refuerzo, para el sistema de acogida que hoy estamos votando? El Saier, el Servicio de Atención a Inmigrantes, Emigrantes y Refugiados, del Ayuntamiento de Barcelona, ofreció un balance de su gestión el pasado mes de julio, y afirma haber atendido
en apenas siete meses del año en curso a 12 621 personas, de las cuales 4567 eran potenciales solicitantes de asilo. Dice el Saier que se trata de un incremento
del 74 % respecto de julio del año 2017, y ha declarado también que durante el verano han estado llegando a la ciudad de Barcelona -y seguro que no es un caso aislado- autobuses de personas migrantes llegadas a las costas andaluzas. Son
autobuses enviados por el Estado sin ningún tipo de planificación que permita a los municipios anticiparse a las necesidades de acogida o de tránsito de estas personas. Esto es solo una muestra del estado de descoordinación de las administraciones
públicas en materia de acogida, y es su Gobierno el principal responsable de esta descoordinación, señora ministra.
Si no le parece mal, yo le voy a proponer a usted un trato. Hoy se lleva de esta Cámara nuestro sí, llamémosle poco entusiasta, pero a cambio, si no le molesta, se va a llevar también otras dos cosas. Yo le voy a dar la primera: una
carpeta que tengo aquí con dos documentos. Un documento es la tabla de once peticiones donde planteo el encierro contra el racismo y por los derechos de las personas migrantes y refugiadas que ha tenido lugar durante varios meses en la ciudad de
Barcelona. El otro documento es un conjunto de propuestas en materia de inmigración, asilo y extranjería que ha enviado ya a su Gobierno, sin tener respuesta, el Ayuntamiento de Barcelona. Estas últimas son propuestas que están basadas en la
experiencia de la red de ciudades refugio de todo el Estado, que llevan casi dos años reclamando al Gobierno central que se coordine con los municipios de acogida, con las ciudades refugio, y están solicitando un plan integral que reformule
políticas migratorias y que reformule el sistema de acogida. Algunas ciudades importantes de esta red por cierto están gobernadas por el Partido Socialista; seguramente las tienen ustedes contentas. Si no le parece mal, entonces, se lleva nuestro
sí matizado y se lleva estos documentos para que los valoren en los ministerios correspondientes, y si hace falta nosotros nos ofrecemos cordialmente como mediadores o colaboradores para que se celebren las reuniones que no solo a nosotros, sino a
muchos municipios y organizaciones sociales, les parece que son ya más que urgentes. Por favor, escuchen, reúnanse y no sigan haciéndonos un Rajoy. (Aplausos).
Lo segundo que le pido es que, por favor -y ya acabo-, se lleve un recado a quien corresponda de su Consejo de Ministras. Gobernar en temas tan delicados a golpe de encuesta, como si se estuviera solamente en campaña electoral, resulta muy
peligroso. Seguramente alguien manejará informes según los cuales a su Gobierno le debe parecer adecuado competir con nuestros imitadores castizos de Salvini -que tenemos unos cuantos-, y eso significa, señora ministra, no solamente poner en
peligro centenares de vidas humanas y destrozar la legalidad internacional, sino que significa también que están ustedes renunciando a ejercer una pedagogía social a través de las políticas públicas. Sean sensatas, por favor, en este asunto,
afronten con rigor una mayor coordinación en materia de acogida y restituyan la legalidad a las políticas migratorias.
Ya acabo. Lo cierto es que, en contra de lo que seguramente dicen las encuestas, que alguien en su Gobierno maneja, existe una parte importante de la sociedad civil que está sosteniendo a este país como un país de acogida, y esta misma
sociedad civil, señora ministra, empieza a perder la paciencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Expósito.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Gracias, presidente.
Señorías, permítanme manifestar, en primer lugar, mi alegría porque en esta Cámara se hable de empleo público, porque parece que estamos hablando de otra cuestión, y en realidad estamos hablando de empleo público. El Gobierno anterior pocas
veces nos permitió saborear o valorar una oferta ordinaria de empleo público mediante un debate serio y razonable, y si no saboreamos una oferta ordinaria, mucho menos una extraordinaria. Cuando se produjo ese debate, se produjo a consecuencia del
trabajo de los sindicatos de Función pública y de los empleados públicos, que continuamente demandaban al Gobierno anterior que abandonara la raquítica política aplicada por su Gobierno, por el Gobierno de Rajoy, en esta materia.
No se prodigó en exceso, como digo, el Gobierno del PP en ofertas de empleo público y fuimos muchos, bien lo sabe el Grupo Parlamentario Socialista, quienes nos quejábamos entonces de la pérdida de calidad de los servicios públicos como
consecuencia de la merma de recursos humanos. De poco sirvieron las proposiciones no de ley, las iniciativas promovidas por este y por otros grupos y de poco sirvieron los lamentos y las quejas procedentes de otras administraciones o de los propios
empleados públicos a través de los sindicatos, los cuales en muy pocas ocasiones fueron convocados por el señor Montoro, tan solo en los dos últimos años tendió la mano al acuerdo con los sindicatos representativos de la Función pública, más por
necesidad que por convicción. La estrategia del Partido Popular era clara en
ese sentido: dejemos desfallecer por sí solos a los servicios públicos. Bastaba con la excusa de la crisis y la política de austeridad para aplicar todo tipo de recortes al empleado público y culpar al conjunto de la Administración pública
de todos los males de este mundo, así se justificaba la acelerada pérdida de empleos públicos y la no reposición de los mismos y, por tanto, la extremada precariedad de algunos servicios públicos que han mantenido a pulmón muchos empleados públicos
porque al Gobierno no le importaba dejarles agonizar por inanición. Por suerte, señorías, aquellos pasajes de la historia reciente de este país poco a poco van quedando atrás; ahora el debate es bien distinto, ahora se habla en el Congreso, por
fin, de oferta extraordinaria de empleo público y no de congelación de oferta de empleo público o de tasa de reposición. El matiz lo cambia todo. Ahora, por fin, se habla de un Gobierno que cree en los servicios públicos y no de un Gobierno como
el anterior, que decía que no a todo amparándose en la excusa de la crisis o de la supuesta crisis, que digo yo que existió, no estoy diciendo que no, pero que también se escudaba en ella para imponer de una manera burda su ideología.
Por estas razones, señora ministra, usted y su Gobierno tienen el respaldo del Grupo Parlamentario Socialista en la convalidación de este decreto, como digo, un decreto-ley que habla de empleo público y aprueba una oferta extraordinaria y
adicional de empleo público para el refuerzo de los medios de atención a asilados y refugiados. El objetivo de esta oferta de empleo público extraordinaria así lo requiere. Los flujos migratorios que se dan a escala mundial requieren en estos
momentos de Gobiernos responsables y el Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, demuestra serlo, entre otras medidas, con esta, con la aprobación de 323 plazas adicionales previstas en la oferta de empleo público y destinadas exclusivamente a
servicios relacionados con personas que llegan hasta nuestra frontera en situaciones precarias.
Señorías, todos conocen los datos publicados por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Solo en 2017 hubo 16,2 millones de ciudadanos convertidos en migrantes de manera forzada, una tendencia que viene al alza a
consecuencia fundamentalmente de conflictos militares. Para el caso de España, el número de personas que traspasan nuestras fronteras en busca de una tierra segura y de una vida sin peligros ni amenazas también ha ido creciendo en los últimos años,
hasta el punto de que en los últimos meses, en el último año me atrevería a decir, España se ha convertido en puerto de acogida para miles de personas, recogiendo así nuestro país el relevo de otra zona europea donde años atrás la presión migratoria
era mucho más visible. Hay un dato revelador que atestigua el incremento de personas desplazadas venidas de otros países y de otros continentes con una petición de asilo y refugio tras su historia personal. En el año 2012 la Secretaría General de
Protección Internacional recibió 6816 expedientes y en el año 2017 el número fue de 40 415 expedientes. Solo en los primeros cuatro meses de este año 2018 el número de expedientes tramitados se eleva a 14 040 expedientes. A nadie se le escapa la
evolución que se ha registrado en nuestro país en cuanto al número de solicitantes de protección internacional, por tanto necesitamos estar a la altura y qué menos que hacerlo con una dotación decente de empleados públicos al frente de estos
servicios. Lo verdaderamente sorprendente es que el Gobierno anterior, sabiendo la situación que había, no fuera capaz de prever la necesidad de dotar a estos centros de más personal, porque ya se daba en este país un aumento en la llegada de
personas que huían del hambre, de situaciones de conflicto en sus países de origen y de vulneraciones de derechos humanos. Durante los años 2016 y 2017 se vino produciendo un incremento llamativo de la presión migratoria. En ese periodo se llegó a
cifras históricas de solicitudes de asilo, que se duplicaron; se produjo un aumento de los flujos migratorios del 170 % entre los años 2016 y 2017. Por tanto, el Gobierno del Partido Popular ya conocía que el cierre de otras rutas migratorias
implicaría un aumento de la llegada de personas a nuestras costas; incluso la estrategia de seguridad nacional que aprobó el Partido Popular en el año 2013 advertía de esta realidad. Además, en marzo del año 2018 el exministro Zoido explicó a las
distintas comunidades cómo se incrementarían los flujos migratorios. Pues el Partido Popular no hizo nada para remediar la situación a pesar de estar demandándolo numerosas organizaciones humanitarias, los propios afectados y, por supuesto, los
empleados públicos de dichos centros, que veían cómo era imposible resolver con los medios humanos que tenían las numerosas solicitudes que se presentaban.
Por tanto, señorías -y finalizo-, creo que está más que justificada la oferta extraordinaria de empleo público. Es necesario reforzar los servicios públicos y dotarlos de los medios materiales y personales necesarios para que sean servicios
públicos de calidad, para generar empleo y para atender en estos momentos a una problemática que no ha creado este Gobierno; al contrario, este Gobierno lo que precisamente está articulando es una política migratoria ante la inexistencia de la
misma con el Gobierno anterior. Por todas estas razones y por muchas otras que por cuestión de tiempo no expondré votaremos a favor, pero también me congratulo de que la mayoría -creo que casi todos los grupos que componen
esta Cámara- voten a favor, porque lo que sí les digo a las fuerzas políticas es que en este tema tenemos que estar a la altura y mirar por lo que necesitan nuestros servicios y nuestros empleados públicos para prestar esos servicios
públicos de calidad a los ciudadanos y ciudadanas que lo necesiten.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Serrano.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señor presidente.
Nos presentan hoy la convalidación de este real decreto-ley que recoge la oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el año 2018 y, señorías, señora ministra, debo decirles que no nos han defraudado ya que esta oferta de empleo
es coherente y se ajusta en su totalidad al modelo de Gobierno que ha sido implantado por el señor Sánchez el pasado mes de junio.
En el Consejo de Ministros del pasado 27 de julio se aprobó la oferta ordinaria y la extraordinaria de empleo público para el año 2018, y de los datos se desprende de nuevo la falta de compromiso del Partido Socialista Obrero Español con los
empleados públicos, empleados públicos que, no debemos olvidarlo, sostienen los servicios públicos. Los empleados públicos no olvidamos lo que nos hizo el Gobierno del señor Rodríguez Zapatero y vemos que ustedes están volviendo a las andadas.
(Aplausos). La tan anunciada oferta de empleo público para 2018, calificada como la mayor desde 2008, no es el resultado de su trabajo, señora ministra, sino que es consecuencia de los acuerdos del Partido Popular y de los Presupuestos Generales
del Estado de 2017 y 2018. Por cierto, usted y la portavoz del Grupo Socialista votaron en contra de esos presupuestos; ustedes les dijeron no.
¿Saben, señorías, cuál es la aportación real del Gobierno de Pedro Sánchez al empleo público de la Administración General del Estado para 2018? La oferta extraordinaria que se trae a convalidación hoy: 323 plazas. Repito, 323 plazas. Esa
su gran aportación a la Función pública. Cuantitativamente, estarán de acuerdo conmigo en que 323 no es una cifra significativa. Además, es insignificante si se compara con las 4282 plazas convocadas por el Partido Popular en la oferta de
extraordinaria en el año 2017. Pero cualitativamente aún es peor. Permítanme que les diga que no se ajusta a una planificación seria de las necesidades adicionales de plazas en la Administración General del Estado. Para explicárselo, permítanme
compararla con la presentada en 2017 por el Partido Popular. En este caso, se aprobó una amplia oferta de empleo público extraordinaria, más de 4000, como ya he dicho, que formaba parte de un plan más amplio: perseguía incrementar la recaudación
tributaria, mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y proveer de más medios a la Administración para garantizar un mejor uso de sus recursos. Dos modelos, señorías: nosotros incrementamos plazas en 2017 para conseguir un aumento en
los ingresos públicos mejorando la lucha contra el fraude; ustedes, para aumentar esos ingresos lo que están proponiendo son subidas masivas de impuestos a las clases medias. Porque, ¿quiénes creen ustedes que van a pagar el nuevo impuesto sobre
el diésel o el nuevo impuesto que ya no sabemos si será a la banca o a las transacciones financieras, o si será a los dos? Frente al incremento de plazas en la Seguridad Social, en el Servicio Público de Empleo y en la Inspección de Trabajo,
muestra del compromiso del Partido Popular en el pasado ejercicio con el empleo y con la calidad de ese empleo, de ustedes solo sabemos que en el último mes han destruido 202 000 empleos; ya vuelven ustedes a las andadas. Dos modelos, el del
Partido Popular, que consiste en poner todos los medios para el crecimiento económico y para la creación de empleo, y el modelo socialista, que se basa en la improvisación y en la ocurrencia y que de nuevo nos llevará a la desaceleración de la
economía y a la destrucción de empleo. Y, señorías, el contenido de este decreto no va ser distinto, porque, aunque es necesario, también es la consecuencia de una improvisación más ocasionada por las campañas de marketing a las que nos tiene
acostumbrados el señor Sánchez y que en materia migratoria ha generando una crisis de las que solo el Partido Socialista Obrero Español es capaz de crear. Es la consecuencia de la decisión del señor Sánchez de ordenar que Valencia acogiese al
Aquarius, decisión que supuso un mensaje directo a las mafias, que se aprovechan de aquellas personas que buscan un futuro mejor, para que moviesen sus rutas hacia nuestras costas. Esa decisión ha tenido y tendrá consecuencias: ha supuesto...
(Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señora López Ares, por favor.
Les ruego silencio, señorías.
Muchas gracias. Continúe.
La señora LÓPEZ ARES: Esa decisión ha supuesto un incremento en el número de inmigrantes irregulares que han llegado a nuestro país y está suponiendo que los centros y los servicios de atención de nuestros ayuntamientos y de nuestras
comunidades autónomas estén colapsados. Y no generen falsas noticias que esa es la causa, no es otra, y prueba de ello son los datos, que son tozudos. Esa decisión generó un incremento en el número de inmigrantes que han llegado y están llegando a
nuestro país. No son mis datos, son sus datos, son datos obtenidos del informe quincenal sobre la inmigración irregular del Ministerio del Interior. Estos gráficos muestran la evolución desde el 31 de mayo hasta el 31 de agosto -recuerdo que
ustedes llegaron al Gobierno el 1 de junio- del número de embarcaciones que llegaban en el año 2017 y las que están llegando en 2018. Y lo mismo ocurre si incorporamos a los inmigrantes llegados por el mar los inmigrantes que llegan a nuestras
fronteras de Ceuta y Melilla. El 31 de agosto del año pasado hablábamos de 15 114; el 31 de agosto de este año son 33 195. Esta es la situación, y ante esta grave situación ahora intentan poner parches -vuelven a improvisar-, parches como estas
323 plazas del real decreto y parches como la nueva propuesta iniciada ayer de 40 millones para la acogida solidaria entre comunidades autónomas de menores migrantes no acompañados. ¿Ustedes realmente creen que con 40 millones de euros podrán dar
cobertura a 10 000 menores extranjeros no acompañados? ¿Ustedes creen que esto suficiente?
Señorías, ustedes en política migratoria son bomberos pirómanos. Lo grave en este caso es que estamos hablando de la vida de miles de personas que se han visto y se ven afectadas por las decisiones que ustedes toman a la ligera.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora López Ares.
Tiene la palabra la señora ministra.
La señora MINISTRA DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA (Batet Lamaña): Muchas gracias, presidente.
Señorías, solo quiero intervenir para agradecer a todos los grupos parlamentarios el apoyo en la convalidación de este Real Decreto-ley 6/2018, sobre oferta de empleo público. Es verdad que algunos grupos parlamentarios han hablado, más
allá de los empleados públicos y de esta oferta, de otras cuestiones, de otras políticas del Gobierno, pero yo me quedo con su apoyo, con el voto afirmativo a esta convalidación. Creo que este consenso que muestra la Cámara, el Congreso de los
Diputados, es positivo, se suma a la voluntad del Gobierno, se suma a la voluntad expresada por los sindicatos, a unas peticiones que vienen de lejos de organizaciones no gubernamentales y, en definitiva, a la voluntad mayoritaria y a la
sensibilidad de la sociedad española a la que nos debemos. Creo que es positivo también que con esta convalidación estemos respondiendo a un mandato constitucional, a un mandato internacional y a nuestros compromisos con la Unión Europea.
Muchísimas gracias, señorías. Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
- REAL DECRETO-LEY 7/2018, DE 27 DE JULIO, SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 130/000034).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos al siguiente punto del orden del día, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Para presentar el real decreto-ley tiene la palabra, en nombre del Gobierno, la señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Señorías, el acceso a la atención pública sanitaria en condiciones de equidad y universalidad es un derecho básico de toda persona. Desde esta firme convicción, el
Gobierno les solicita el voto afirmativo a la convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Esta es una norma que garantiza que todas las personas sean atendidas en igualdad de condiciones por el
sistema público de salud; es una norma que dignifica la acción política y que tengo el orgullo de traer a esta Cámara en nombre del Gobierno de España.
El Gobierno tiene como objetivo mejorar la vida de las personas eliminando desigualdades y garantizando los derechos de la ciudadanía, la solidaridad y la cohesión social. Para ello es preciso recuperar la universalidad del acceso a la
sanidad pública. Una sociedad justa no deja a nadie atrás, sitúa a las personas en el centro de la acción política. Además -y esto es tan importante como lo anterior-, la norma que traemos a la consideración de la Cámara representa un auténtico
cambio de modelo en la atención sanitaria en España, porque a partir de ella la titularidad del derecho a la asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga por tanto de la condición de
asegurado o de beneficiario. De este modo, el acceso a la atención sanitaria integral se garantiza en condiciones de equidad y de universalidad a todas las personas. Estamos dando un salto cualitativo de amplísimas dimensiones. Garantizamos la
atención sanitaria como un derecho básico de toda persona, tal y como reconocen organismos y tratados internacionales y como establece el artículo 43 de la Constitución española.
Hoy estamos aquí porque el anterior Gobierno aprobó un real decreto-ley, el Real Decreto-ley 16/2012, de exclusión sanitaria, que supuso una auténtica involución en el Sistema Nacional de Salud. Señorías, el instrumento jurídico utilizado
por el Gobierno de entonces para recortar derechos y generar exclusión y discriminación fue un real decreto-ley. Las razones que han llevado al nuevo Gobierno a utilizar esta misma fórmula son muy diferentes. El motivo fundamental que justifica la
urgencia de la presente norma es terminar con la injusticia de que existan en nuestro país personas sin derecho a la asistencia sanitaria normalizada. Para el Gobierno anterior era urgente recortar derechos; para el Gobierno actual es urgente
recuperarlos. (Aplausos). La segunda razón de la urgencia es garantizar la seguridad jurídica a profesionales sanitarios y administraciones autonómicas. Hay que destacar el amplio rechazo de la mayoría de comunidades autónomas a la exclusión en
la sanidad pública de las personas inmigrantes en situación administrativa irregular, rechazo manifestado a través de la aprobación de distintas disposiciones de rango normativo que en muchos casos han sido cuestionadas ante los tribunales. Aunque,
señorías, una vez modificada la norma, y si es convalidada, los recursos interpuestos deben ser analizados ya que carecen de sentido, pues la cuestión ha cambiado de fondo y se abre el camino al desistimiento de los mismos mediante el diálogo con
los Gobiernos autonómicos respectivos. Y la tercera razón -ligada a esta segunda- es la necesidad de armonizar y dar cohesión territorial en el acceso a la sanidad, ya que las comunidades autónomas que no estaban de acuerdo con la exclusión
sanitaria adoptaron soluciones de manera desigual. Era, pues, urgente acabar con esta disparidad, con la inseguridad jurídica, con la desigualdad y exclusión, y garantizar los derechos y la salud individual y colectiva de la ciudadanía.
Pero además hay una gran diferencia en la forma de abordar este real decreto-ley. En esta ocasión se ha abierto un proceso dialogado, en primer lugar con las comunidades autónomas y después con el resto de agentes implicados, sociedades
científicas y movimientos y organizaciones sociales. Primero se acordaron unas líneas básicas. Sobre la base de la propuesta inicial se hicieron enmiendas y aportaciones y posteriormente se trabajó conjuntamente el texto normativo. Esta es una
ley en la que todas las instituciones y entidades interesadas han tenido la posibilidad de contribuir y exponer sus propuestas.
Señorías, la reforma que aprobó el anterior Gobierno desvirtuó el derecho a la protección de la salud al anular el acceso y la vocación universal y eliminar la titularidad del derecho establecido en la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema
Nacional de Salud de 2003. Supuso una involución del esquema legal de cobertura porque anuló -como digo- el carácter universal de la sanidad al condicionar este derecho al aseguramiento. Fue una reforma impuesta, sin diálogo y sin participación, y
que respondía a un modelo ideológico de exclusión, discriminación y desigualdad. Se trató de justificar con criterios economicistas, hablando de un supuesto ahorro económico que nunca se demostró. De hecho, la Agencia de Derechos Fundamentales de
la Unión Europea dijo en 2015 que el modelo de exclusión sanitaria, además de injusto, es más caro. La asistencia normalizada en atención primaria permite un mejor control de las enfermedades y evita que se agraven y que los pacientes tengan que
acudir a urgencias o sean hospitalizados, procesos estos que implican un mayor gasto sanitario. Señorías, es un hecho que la exclusión sanitaria ha producido un empeoramiento de la salud de las personas que quedaron fuera del sistema y que la
fragmentación en el derecho a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria de estas personas ha agravado su situación de extrema vulnerabilidad. Un ejemplo de ello son las personas afectadas de una patología crónica -que requieren un
tratamiento continuado con seguimiento ambulatorio-, como puede ser la diabetes, el asma, las cardiopatías o cualquier patología vinculada al tiroides, todas ellas de alta prevalencia y cuya falta de seguimiento y tratamiento puede conducir a
severas descompensaciones, exigiendo entonces el ingreso hospitalario. Estudios como el realizado por el Centro de Investigación en Economía
y Salud de la Universidad Pompeu Fabra demuestran que la mortalidad de los colectivos excluidos de la asistencia normalizada... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señorías, les ruego silencio.
Perdón, señora ministra, continúe.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Motón Giménez): Gracias, señor presidente, porque hay varias conversaciones que casi se las podría resumir yo desde la tribuna.
Como les decía -y creo que esto tiene importancia-, estudios especializados como el que hacía mención de la Universidad Pompeu Fabra demuestran que la mortalidad de los colectivos excluidos de la asistencia normalizada se habría incrementado
hasta un 15 % en los tres años posteriores a la implantación de la exclusión. Además, el efecto regresivo del real decreto-ley de 2012 ha implicado una degradación en la calidad de los servicios de salud e incrementado las disparidades entre las
comunidades autónomas. Esta es la valoración que del real decreto-ley del anterior Gobierno hizo precisamente en abril de este año el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que pedía las medidas necesarias para que
los migrantes en situación irregular tengan acceso a todos los servicios de salud necesarios, sin discriminación alguna. El real decreto-ley que hoy debatimos responde a estas demandas y a las de otros organismos internacionales. El Consejo de
Europa, en enero de 2014, calificó como ilegal la decisión de excluir de la atención sanitaria normalizada a las personas migrantes. En su informe destacó que la crisis no puede servir como pretexto para negar la sanidad. La relatora especial de
Naciones Unidas sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos, también en 2014, criticó duramente la medida, la consideró inaceptable y pidió al Gobierno que cambiara de rumbo. La propia Organización Mundial de la Salud, a través de su directora
general, en abril de 2017 reivindicó la necesidad de que todos los países garanticen la cobertura sanitaria universal a toda la ciudadanía desde la consideración de esta como la máxima expresión de justicia y destacó que a nadie se le debe negar el
acceso a intervenciones que salvan vidas o promueven la salud por motivos injustos, incluidas las causas económicas o sociales. Además, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas y movimientos y organizaciones sociales han censurado la
exclusión sanitaria y han señalado los perjuicios que ha provocado.
Señorías, España disfruta de una sanidad pública y de calidad de la que sentirnos orgullosos, y hoy fortalecemos el sistema recuperando su carácter universal, convirtiendo la asistencia sanitaria en un derecho básico de toda persona. Con
esta decisión estamos finalizando lo que se hizo hace más de treinta años, cuando fue impulsada por el ministro Ernest Lluch y se aprobó la Ley General de Sanidad, que fijó la protección a la salud como un elemento básico en el bienestar individual
y como un mecanismo de justicia social de primer orden. Fue la ley que sentó las bases de uno de los pilares del Estado del bienestar en nuestro país. El concepto de atención sanitaria integral a la salud, la universalidad en el acceso y la
planificación de los centros y los servicios sanitarios orientados a la cohesión social y territorial que impulsó la ley de 1986 se han demostrado como uno de los grandes logros de nuestra democracia. En este espíritu defendemos el derecho
fundamental a la salud de todas las personas, sin exclusiones por lugar de residencia o de nacimiento, porque la salud no entiende de fronteras, no entiende de carnés de identidad, de permisos de trabajo ni de residencia. Con la recuperación del
carácter universal alcanzamos la meta marcada por Ernest Lluch y consolidamos así nuestro sistema público de salud, recuperamos derechos y mejoramos el bienestar del conjunto de la sociedad.
Señorías, quisiera detallar en este punto algunos de los aspectos más importantes del real decreto-ley que hoy debatimos. En primer lugar, la recuperación de la titularidad del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria a
las personas con nacionalidad española y a las personas extranjeras que tengan residencia en España, según se establece en la Ley General de Sanidad y en el articulado de la Ley de cohesión y calidad. La titularidad de ese derecho fue derogada por
el Real Decreto-ley de exclusión sanitaria de 2012. En segundo lugar, la garantía del derecho a la asistencia sanitaria basado en la condición de ciudadanía. La norma implica un cambio de modelo en la atención sanitaria en España. El derecho a la
asistencia en el Sistema Nacional de Salud se basa en la condición de ciudadanía y su reconocimiento se desliga, por tanto, de la condición de asegurado. Todas las personas, incluidos los colectivos no registrados ni autorizados como residentes en
España, tendrán derecho a la protección de la salud en las mismas condiciones que las personas con nacionalidad española; también aquellas personas que, aunque residen fuera de nuestro país, tienen reconocido aquí su derecho a la asistencia
sanitaria por cualquier otro título jurídico, como son los pensionistas españoles que viven fuera o los trabajadores transfronterizos. Se corrige, además, la exclusión de la atención sanitaria integral de los colectivos que quedaron fuera con
el Real Decreto-ley 16/2012. En tercer lugar, se han establecido una serie de criterios para evitar el uso inapropiado del derecho a la asistencia. La asistencia sanitaria no será a cargo de los fondos públicos cuando exista un tercero
obligado al pago, como un seguro de viaje o de accidente, o cuando se pueda exportar el derecho a cobertura desde su país de origen. En cuarto lugar, la norma reconoce el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social las competencias del
reconocimiento del derecho a la asistencia sanitaria. Este punto es de especial trascendencia porque consolida el modelo de sanidad universal asociado al concepto de ciudadanía. Y por último, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus
competencias, serán las encargadas de tramitar la solicitud y la expedición de la tarjeta sanitaria que acredite a las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes para poder recibir la prestación asistencial.
La hoja de ruta del ministerio es la armonización del procedimiento dentro del Sistema Nacional de Salud, con objeto de garantizar la equidad y la cohesión asistencial. Para ello, el ministerio ya ha enviado a las comunidades autónomas una
propuesta de instrucciones para la ejecución de la norma y las comunidades autónomas ya han planteado sus aportaciones. A su vez, se han compartido con la sociedad civil y todas las propuestas están siendo actualmente estudiadas y analizadas. Les
traslado que, tras las aportaciones, se han clarificado cuestiones como, por ejemplo, que la asistencia es gratuita en el período que hay entre la entrega del documento provisional y la resolución favorable, es decir, la emisión de la tarjeta
sanitaria; o, por ejemplo, se incluye la posibilidad de que la declaración de no existir terceros obligados al pago sea una declaración responsable en lugar de una declaración jurada. Señorías, la seña de identidad del nuevo Gobierno es el diálogo
y la participación. Por eso, somos partidarios de que esta norma se tramite como proyecto de ley, con el objetivo de que sea mejorada durante su tramitación parlamentaria con la participación de todos los grupos, para que esta norma sea de todos,
para que esta norma sea de todas.
Señoras diputadas, señores diputados, para finalizar, lo esencial de esta norma y lo que justificó su urgencia es la mejora de la salud individual de las personas que quedaron excluidas y también la mejora de la salud colectiva del conjunto
de la sociedad. Hoy, señorías, tienen en su mano elegir entre la universalidad y la exclusión. Esto diferencia la manera de hacer política y la visión que se tiene de la sociedad. Sostiene Adela Cortina que la ética sirve para descubrir la
diferencia. Creo que la diferencia está en la decisión política de convalidar hoy o no el real decreto-ley que recupera la universalidad y garantiza la salud como derecho para todas las personas. Esas decisiones políticas son las que transforman
una sociedad y las que la hacen más justa.
Quiero, para finalizar, dar las gracias a todas las personas que en estos seis años han luchado contra la exclusión sanitaria, a profesionales y a entidades y organizaciones sociales. Ellos -algunos están en la tribuna- han visto en primera
línea los efectos y también el sufrimiento que ha provocado la decisión injusta del anterior Gobierno. Han dado -habéis dado- ejemplo de civismo y de profesionalidad; profesionales y entidades se han aliado a favor de la sanidad universal y han
planteado soluciones desde la convicción de que el derecho a la salud es irrenunciable. (Aplausos). Amigos, amigas, habéis contribuido a construir conciencia social, habéis contribuido a dar ejemplo de una sociedad decente y solidaria, habéis
hecho un buen trabajo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora ministra.
En turno de fijación de posiciones intervienen, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Quevedo Iturbe.
El señor QUEVEDO ITURBE: Gracias, señor presidente. Buenos días a todas y todos.
Señora ministra, el minuto y medio que me acaban de anunciar voy a utilizarlo para decirle que Nueva Canarias etiquetó en su día al real decreto-ley de 2012 de ofensivo, porque el título decía que era para mejorar la calidad y la seguridad
de las prestaciones del Sistema Nacional de Salud, se anunciaba justo lo contrario de lo que se pretendía. En realidad, fue una herramienta más para deteriorar el sistema sanitario público, en particular, y los sistemas de servicios públicos, en
general. ¿Consecuencias de estas políticas neoliberales? Exclusión de los colectivos más débiles y empobrecimiento grave del sistema sanitario público y de sus prestaciones, poniendo en riesgo el derecho efectivo a la protección de la salud.
Estas son las consecuencias de políticas que es preciso corregir y, por tanto, compartimos los contenidos de real decreto. La Ley 14/1986, General de Sanidad, defiende un modelo universal y gratuito que compartimos. Como este real decreto-ley
promueve uno de los objetivos que compartimos y defendemos
de la Ley General de Sanidad, Nueva Canarias anuncia el voto a favor de la convalidación de este real decreto-ley.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Oramas González-Moro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZ-MORO: Gracias, señor presidente.
Canarias en los años 2012 y 2015 volvió a implantar la sanidad universal; hemos atendido a más de 3000 personas. En el consejo territorial, nuestro consejero de Sanidad apoyó la propuesta del Gobierno pero tenemos que decir algo, y es que
no puede ser que la sanidad siga infradotada, que no tengamos los mismos ingresos en las distintas comunidades para que todos los ciudadanos de este país, vivan donde vivan, tengan la misma calidad de sanidad y que hay que buscar la financiación de
la sanidad y también la modificación de la regla de gasto para que comunidades como la canaria que, porque ha cumplido, tenemos 600 millones de superávit, lo puedan invertir en los servicios esenciales de la comunidad. Los servicios esenciales para
los ciudadanos como la sanidad, la educación y la dependencia son vitales. Por eso, nos alegramos de que se tramite como proyecto de ley pero exigimos al Gobierno que se siente para estudiar la financiación de la sanidad de este país y de las
comunidades autónomas. Lo vamos a apoyar, como lo hicimos adelantándonos en el año 2012 en la Comunidad canaria.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Oramas.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Alli Martínez.
El señor ALLÍ MARTÍNEZ: Gracias, señor vicepresidente de esta Cámara. Señores diputados, señoras diputadas, muy buenos días.
Señora ministra, Unión del Pueblo Navarro votará favorablemente a la convalidación del real decreto-ley de acceso universal al sistema sanitario público español, por tres principios. En primer lugar, uno que no debería poner en valor pero
lo voy a hacer, que es el de libertad. En segundo lugar, por justicia social, que usted muy bien ha remarcado. Y en tercer lugar, por coherencia. ¿Por qué hablo del principio de libertad? Porque Unión del Pueblo Navarro va a votar favorablemente
todas aquellas iniciativas, vengan del partido que vengan y sorprenda al partido que sorprenda, que entendamos que sean buenas para el conjunto de los navarros y, por tanto, para el conjunto del resto de españoles. En segundo lugar, el principio de
justicia social. Hace cuarenta años en el acta fundacional de Unión del Pueblo Navarro venía la búsqueda de la justicia social. Por tanto, en esa senda encontrarán a un partido con el ánimo y con las manos de acordar y pactar. Lo mismo en la
Comunidad Foral de Navarra -y se lo transmito al señor Fernández, diputado por Navarra, del Grupo Socialista-, que buscaremos, como hicimos durante veintitrés años prácticamente ininterrumpidos, para que Navarra se encuentre en los mejores niveles
sanitarios, sociales y educativos. Y por último -y con esto finalizo, señor vicepresidente-, por coherencia. No voy a volver a criticar las consecuencias que supuso el Real Decreto-ley 16/2012, pero sí quiero poner en valor que Unión del Pueblo
Navarro, estando en el Gobierno de Navarra, fue la primera comunidad que puso una alternativa a aquellas personas inmigrantes en situación irregular que quedaron fuera del sistema público sanitario; fuimos la primera comunidad que lo hicimos. Por
tanto, por libertad, por coherencia y por justicia social, votaremos favorablemente esta convalidación del real-decreto ley.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Alli.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias. Egun on.
Euskal Herria Bildu cree firmemente en el derecho a la salud. Por eso nos posicionamos en contra del real-decreto del 2012 -economicista, injusto, xenófobo y recentralizador- que pisoteaba este derecho para las personas más vulnerables
-especialmente a aquellas en situación administrativa irregular-, amparándose en falsos argumentos de sostenibilidad o de efecto llamada. Por ello, hemos impulsado la aprobación de leyes y normas en los Parlamentos de Gasteiz e Iruña para intentar
garantizar una sanidad universal. Intentos todos ellos recurridos por el Tribunal Constitucional, cuyas sentencias nos han negado el derecho a poder adoptar decisiones apoyadas por la inmensa mayoría para que toda la ciudadanía
pudiera gozar de una vida digna al margen de su origen o situación. Hemos intentado sortear los obstáculos de todas las maneras posibles, básicamente abogando por medidas de igualdad, de reconocimiento de un derecho, no de beneficencia, y
por eso creemos que es irrenunciable garantizar la sanidad universal con todas las garantías y votaremos a favor, porque creemos que es hora de revertir el retroceso social y los recortes.
Y también hay otra cuestión, nos preocupa el derecho a las prestaciones farmacéuticas como parte importante del derecho a la salud, y el decreto del 2012 establecía también aquí recortes. Este nuevo decreto establece que las personas
extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes abonarán un 40 % de los medicamentos y productos sanitarios, y por tanto también nos genera preguntas: hablando de colectivos de extrema vulnerabilidad, cómo se va a garantizar su derecho a
disponer de medicamentos y qué medidas reales va a plantear el Gobierno para revertir los recortes en esta materia. También en esta materia se ha actuado por parte del Tribunal Constitucional y ha habido recursos. Creemos que mitigar los efectos
del copago, si hablamos de sanidad universal, también es un elemento de suma importancia y tendría que ser abordado en breve porque -insisto- es hora de garantizar los derechos de las personas de manera integral.
Entenderemos que tienen voluntad para ello. Si no la tuvieran, evidentemente, seguiremos desde nuestras instituciones adoptando medidas para preservar esos derechos y para garantizarlos a toda la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Tiene ahora la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor vicepresident.
Señora ministra, este decreto es necesario -no lo vamos a negar-, pero también es insuficiente y estético. Es insuficiente porque no anula del todo el real decreto de 2012, del Partido Popular, y porque sigue diferenciando la atención
sanitaria según el origen de la persona que la necesita. Y es estético porque se apunta un buen titular pero mantiene ante el Tribunal Constitucional los recursos del Partido Popular a las leyes autonómicas que sí pretendían realmente hacer
universal la sanidad. Por lo tanto, nos parece insuficiente y estético, pero necesario. Necesario para poner a las personas en el centro de la política, como ha dicho usted, y me alegra que haya aprendido eso de Compromís en su paso por el
Gobierno valenciano. Pero necesario también para combatir el discurso racista que se está haciendo y que pretende que elijamos entre curar a un niño o a otro según su color de piel. Esto es como quien tiene un plato con diez galletas y reparte
nueve a las personas ricas y a las personas pobres les da una y las intenta confrontar por si entre ellas se las roban. Al final, dar las galletas a los ricos y dejar solo una galleta para los pobres es hacer que las personas humildes compitan
mientras regalan riqueza a quien más tiene. Y lo más triste es que hoy se saldrá de aquí, y algunos partidos, el Partido Popular y Ciudadanos, continuarán haciendo ese discurso demagogo y racista mientras las personas ricas continúan creciendo,
pero hoy nosotros saldremos de aquí sabiendo que hemos votado con humanidad, sabiendo que hemos rescatado personas gracias a este voto a favor.
Así que diremos que sí, señora Carmen Montón, señora ministra, a ese decreto, pero tome nota: retire los recursos ante el Constitucional de las leyes autonómicas, y deje la estética y empiece a gobernar con más valentía.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.
Tiene la palabra la señora Nogueras i Camero.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gràcies, president.
Estamos de vuelta los que les vamos a recordar cada día que este país no es normal. Estamos en esta Cámara para defender la voluntad de más de la mitad del Parlament de Catalunya, no para permitir que el Gobierno de España siga gobernando
obviando que en Cataluña hay más de 2 millones de personas que han votado independencia, no estatut, no autogovern, independència. Y todos estos ciudadanos que han votado independència, a pesar de la violencia que ha ejercido el Estado, a pesar de
la represión, a pesar del encarcelamiento de nuestros líderes políticos, a pesar de que nuestro Govern ha tenido que ir a buscar la justicia fuera del Estado español -donde se ha demostrado que está en coma-, a pesar de
todo esto, estos ciudadanos persisten y persistirán. Y les pido, por favor, que dejen en paz a nuestros alcaldes, que dejen en paz a nuestros CDR -que podrían ser sus hijos-, que dejen en paz a Tamara, a Adri, que dejen en paz a todos
aquellos que ejercen pacifica y democráticamente su derecho a expresarse libremente. Y los seiscientos efectivos policiales... Nosotros somos los de las urnas...
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Nogueras, por favor, le ruego que se atenga al punto del orden del día que estamos debatiendo.
Gracias.
La señora NOGUERAS I CAMERO: El decreto para el acceso universal a la sanidad. En Cataluña ya tenemos nuestra ley, la que tumbaron. En Cataluña hace ya mucho tiempo que hicimos los deberes. Pero hoy la ministra ha anunciado que van a
levantar la suspensión de la ley. Los socialistas lo pregonaban desde hacía muchas semanas, pero no habían hecho nada. Así que ha hecho falta una presión de desgaste por parte de los partidos soberanistas para arrancar este compromiso. Quizás no
tenían tan claro que lo querían hacer. En todo caso, seguiremos presionando igual o más en todo lo que nos venga y no nos va a temblar el pulso para votar que no cuando no haya un paso adelante. Y sí, señoras y señores de Ciudadanos, las presiones
independentistas surten efecto, y veo que sobre ustedes también. Felicitats al conseller Jordi Turull que...(Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Nogueras.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señor presidente, señoras y señores diputados.
Señora ministra, nos encontramos hoy con ocasión de la convalidación del Real Decreto-ley 7/2018, sobre acceso universal al Sistema Nacional de Salud. Este real decreto-ley recoge en su preámbulo que la reforma se instaura con un propósito
determinado, que es el de revertir el derecho a la protección de la salud que desvirtuó el anterior Real Decreto-ley 16/2012 y que se hizo fundamentalmente basándose en criterios economicistas orientados a la reducción del déficit de las cuentas
públicas. Por ello, este preámbulo también afirma que obedece fundamentalmente a la necesidad de garantizar la universalidad de la asistencia, es decir, garantizar el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria en las mismas
condiciones a todas las personas que se encuentren en el Estado español. Vaya por delante, por tanto, nuestra conformidad no solo con este propósito sino con el texto de la ley en cuanto se refiere a este objeto determinado. Es así porque forma
parte de nuestras convicciones, como siempre hemos señalado. La atención universal ha formado parte del discurso de Partido Nacionalista Vasco y del Grupo Vasco en toda su historia, como también se ha demostrado, porque ha sido la característica de
todas las decisiones que hemos implementado para las instituciones sanitarias en Euskadi, aunque haya habido Gobiernos que lo hayan intentado sabotear a través de recursos -y luego haré referencia a los decretos que han pretendido subvertir esa
situación- y porque hasta la fecha -y hay un elemento que todavía no se ha comentado- nadie ha conseguido demostrar que aquellas medidas que se adoptaron en el Real Decreto-ley 16/2012 hayan sido efectivas o hayan servido para reducir el déficit.
La señora ministra anteriormente hacía referencia a esta situación, y es que los problemas que suscita la exclusión de los más desfavorecidos también tiene un coste económico porque siempre hemos entendido que es más rentable, tanto desde el
punto de vista social como desde el punto de vista económico, atacar este y otros problemas desde su raíz. Por eso también, señora ministra, creemos que estamos legitimados para advertir sobre algunas cosas respecto de este real decreto-ley porque,
primero, como ya se lo han señalado, no acomete una reversión completa al esquema normativo previo al del Real Decreto-ley 16/2012, sino que se limita a restaurar la situación anterior a la reforma únicamente en lo que respecta al ámbito subjetivo
de las personas aseguradas, manteniendo otras, fundamentalmente la del copago, respecto de las que en su momento esperamos poder hablar, a pesar de que también hay una mención en el artículo 2.º sobre el copago de extranjeros, que ya es otro
mecanismo para permitir precisamente que puedan tener la atención farmacéutica que ahora no tienen.
Estas dos cuestiones, el ámbito subjetivo y el copago en la prestación farmacéutica ambulatoria, han sido siempre objeto de políticas de protección en Euskadi, por lo que fueron objeto además, con ocasión de ese real decreto-ley de 2012, de
sendos decretos -el 114/2012 y 447/2013- para garantizar el acceso a la atención sanitaria a las personas excluidas y a los tratamientos médicos. Pues bien, conviene recordar que ese decreto del Gobierno vasco fue recurrido y fue objeto, además, de
una sentencia,
la 134/2017, del Tribunal Constitucional, en una discutida y criticable interpretación, como lo prueba el número de magistrados disidentes, ya que se apartó de su propia jurisprudencia anterior e incluso del propio auto del procedimiento,
elaborando una nueva interpretación inversa al concepto de bases, de modo que convirtió lo que era un estándar mínimo aplicable al ámbito estatal, en un techo máximo para las comunidades autónomas, lo que ha servido para justificar la exclusión de
algunas personas del sistema sanitario y restringir también las competencias autonómicas en la materia. También otras comunidades autónomas han sufrido esta misma situación: Andalucía, Asturias, Cataluña, Euskadi, Canarias y Aragón, y,
concretamente con recursos de inconstitucionalidad, Navarra, Valencia y Euskadi.
Por ello, y si bien nuestra postura es favorable a la reforma introducida por este real decreto-ley en línea con la posición mantenida anteriormente, y diciéndole también que es incompleta, debemos manifestarle que no solo es incompleta
respecto de esa cuestión sino también de otra, ya que el texto mantiene un aspecto notoriamente centralizador, introducido en la reforma del año 2012 que, a nuestro entender, afecta al esquema de distribución de competencias entre el Estado y la
Comunidad Autónoma del País Vasco. Se trata, en concreto, de la competencia sobre el reconocimiento y control del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos o, en los términos del Real Decreto-ley
16/2012, del mantenimiento del reconocimiento de la condición de asegurado que introducía aquella reforma, a diferencia precisamente de lo que estaba contemplado en la Ley General de Sanidad y en la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema
Nacional de Salud. Así, la regulación anterior, en su artículo 3, reconocía la titularidad de los derechos de la protección de la salud a todos los españoles, a los no españoles comunitarios y a los nacionales de otros Estados, de conformidad con
la legislación de aplicación, pero también recogía que el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria que proporciona el sistema de salud se producía a través de la tarjeta sanitaria individual -artículo 57 de aquella ley-,
que era solamente un documento administrativo que se limitaba a acreditar determinados datos de su titular, que tiene validez en todo el Sistema Nacional de Salud, que se emite por las administraciones sanitarias autonómicas e incorpora un código de
identificación de cada persona válido para todo el Estado. Sin embargo, el Real Decreto-ley 16/2012 atribuyó al Instituto Nacional de Seguridad Social el reconocimiento y control de la condición de asegurado que calificaba como precisa para la
expedición de la tarjeta sanitaria individual por la Administración sanitaria, lo que materialmente se convertía en una autorización puntual previa por parte del ministerio para la emisión de la tarjeta individual por la Administración sanitaria
competente, la autonómica en este caso. Pues bien, si bien esta actuación fue aceptada por el Tribunal Constitucional, con posiciones también divergentes, se mantiene esa redacción en su actual texto y supone, en nuestra opinión, una delimitación
exorbitante de las competencias que el artículo 149.1.16.ª contempla respecto al Estado. Por ello, entendemos que conviene advertir que la subsistencia de ese esquema contemplado la entendemos como inconveniente. Creemos también que de esa manera,
y salvedad hecha de esa modificación, cabe la posibilidad de seguir manteniendo ese tipo de control, que entendemos como una actuación a todas luces centralizadora y que consideramos que supera la competencia del Estado. No obstante lo cual,
entendemos que este es un elemento adjetivo respecto del propio sistema y que lo sustantivo, aquello a lo que realmente va redirigida esta actuación legislativa, es a la garantía de ese elemento de universalización de la atención sanitaria respecto
de la que, por supuesto, no solo no vamos a discrepar, sino que la vamos a apoyar, como ya he anunciado anteriormente. Eso sí, también debemos de señalarle que, como consecuencia de esta precisión, entendemos conveniente solicitar la tramitación de
este real decreto-ley como un proyecto de ley precisamente para poder incorporar a estos elementos aquel del copago citado en su momento, pero también está referido al elemento competencial, del que esperamos que tenga una mejor atención por parte
de su ministerio.
Muchas gracias, señora ministra.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Barandiaran.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Presidente, diputadas, diputados, ministros y ministras, no hay medicina que cure lo que no cura la felicidad. Lo decía García Márquez. La política en tiempos turbulentos no es demasiado buena para la salud y de
aquí que me atreva a dar un abrazo a un compañero que no es de mi partido y que ha estado en esta tribuna, Xavi Domènech. (Aplausos). Porque la política no es buena para la salud, pero para la salud es bueno los buenos políticos, que pueden ser de
tu grupo o de otro, pero en estos días me he dado cuenta de la necesidad de la empatía, la necesidad, señora ministra, de la
empatía, de intentar poner de acuerdo los desacuerdos, que forma parte de la vida política porque solo se construye con instrumentos diferentes, no con uno solo, con diferentes especialistas.
Entendemos la sanidad como un derecho universal, aunque sabemos que no todos. El año 2012 nos enseña con hechos y sufrimos las consecuencias de que no todos pensamos lo mismo. Visto el decreto, el decreto por sí mismo, iba en la dirección,
pero se dejaba muchas cosas para que fuese realmente un derecho universal. Afortunadamente, en este trayecto complejo han aceptado que se tramite como proyecto de ley. Esto nos da aire político, porque en este camino podemos encontrarnos y
mejorar. Cuando nuestro grupo ha sido tozudo en la retirada del recurso del Constitucional no era porque pensemos que la ley catalana es la mejor, sino porque la ley catalana es mejor que su decreto. ¡Es así de sencillo! Por tanto, las garantías
que nos daba la ley catalana eran imprescindibles para que realmente sea un derecho universal. Judicializar la política nos ha hecho mucho daño, es cierto, a unos más que a otros; nos ha hecho mucho daño. Es muy importante que la política sea un
instrumento de solución de problemas y no un instrumento para hacerlos más graves, y en eso estamos. La ley catalana no se fija en qué lugar de la Seguridad Social ocupa el individuo. Ustedes consideran en el decreto que el Instituto Nacional de
la Seguridad Social es el instrumento para acreditar a las personas, y no, es un buen instrumento a lo mejor para acreditar las cotizaciones, pero las personas son otra cosa; la presencia, su necesidad, es lo que les da derecho. No podemos esperar
tres meses una vez han cruzado nuestras fronteras para que estos derechos se ejerzan. No esperamos que una persona que venga a Cataluña, que resida en Cataluña, espere tres meses para atenderlo, ha de ser atendido inmediatamente. Por todo esto
queremos que nuestra ley funcione. Y ¡atención!, como nada humano nos es ajeno y como el catalanismo político siempre ha sido solidario, queremos que funcione en todas las comunidades autónomas, en todo el Estado, claro que sí; la solidaridad es
la base, es la alegría, es el cariño que tienen los pueblos, y esto nunca lo vamos a perder a pesar de estereotipos y a pesar de difamaciones propagandísticas, esta es nuestra realidad. La ley catalana nació con mucho apoyo, de 135 diputados, solo
10 votos en contra, por eso la queremos. Hace pocos días paseaba por Bruselas con Toni Comín, el consejero en el momento que se hizo esta ley. Trabajó duro para que el máximo de diputados y diputadas catalanas hiciesen esta ley posible, y desde
aquí mi cariño y mi abrazo a una persona exiliada injustamente. (Aplausos).
Tal y como estaba el decreto, nuestro voto no podía ser favorable. En su tramitación como ley, con poner el sentido común de que es factible una buena ley española con la ley catalana, que las podemos casar, que esto es factible, daremos
nuestro voto favorable. Una vez más damos la confianza, pero no a ciegas; les recuerdo que si ustedes son ministras es porque nuestro partido les da la confianza o, mejor dicho, porque perdimos totalmente la confianza en Rajoy cuando el 1 de
octubre envió a pegarnos; obviamente, nuestra confianza no la tenía. Por eso, esta confianza, que no es ciega, es una confianza que se construye en el día a día; eso esperamos y eso creemos. Como decía, nuestro grupo está a favor de la
universalización del acceso a la salud. Creemos sinceramente que podemos trabajar con ello. Creemos en la capacidad del ser humano de ser generoso; ¡tantas veces ha sido lo contrario!, ahora tenemos la gran oportunidad. Votaremos a favor, pero
estaremos expectantes. Nuestro voto no será crítico, será un voto de trabajo detrás del voto para trabajar en común.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Olòriz.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Igea Arisqueta.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Nogueras, dejen ustedes también de perseguir a Manolo el de Blanes. Le confirmo que su presión no causa ningún efecto sobre nuestra postura, porque nuestra postura -y lo verá a lo largo de este debate- es la misma.
Señora ministra, usted trae aquí un decreto-ley más para garantizar la asistencia universal. Cuando uno trae un decreto-ley a esta Cámara lo que tiene que demostrar no es si el Partido Popular lo hizo mal trayendo un decreto-ley para quitar
este derecho, sino si existe, como dice la Constitución, un estado de extraordinaria y urgente necesidad para tramitarlo como un decreto-ley, porque es en esta Cámara donde reside el Poder Legislativo, no es en los despachos del ministerio, ni en
las asociaciones ni en las ONG. (Aplausos). Por tanto, nosotros lo que haremos será estudiar si esta situación es, primero, extraordinaria. ¿La situación que vive España con respecto a la asistencia sanitaria es extraordinaria, sí o no? Yo voy a
huir un poco más de la épica y voy a intentar bajar a los números. Lo que dicen los números es que, de los veintiocho países de la Unión Europea, solamente cinco dan asistencia sanitaria integral a todos los
inmigrantes, incluidos los irregulares, otros doce solo dan urgencias y diez ni siquiera eso. Por tanto, España ha sido, sigue y seguirá siendo uno de los países más generosos de la Unión Europea a este respecto y, por consiguiente, no se
puede alegar que haya una situación de urgencia. Un informe de Médicos Sin Fronteras dice que el 55 % de los inmigrantes irregulares en Europa tiene que financiarse su asistencia sanitaria, que el 18 % tiene que costearse la urgencia y que solo el
17 % tiene cubierta toda la asistencia. ¿Existe, entonces, una necesidad de urgencia?
Se ha dicho aquí y se ha repetido que todas las comunidades autónomas -usted misma lo ha dicho- han regulado y han dado normas para prestar asistencia a aquellos que quedaron fuera del decreto de 2012, decreto que nosotros no compartimos.
Ya le adelanto que vamos a votar a favor de esta proposición, porque no compartimos la eliminación del derecho a la sanidad universal. Pero hay 4,8 millones de inmigrantes en este país, de los que 800 000 están en situación irregular. Reder
denuncia, en su impecable trabajo, 3700 casos de exclusión, entre los cuales dice que hay 364 facturaciones irregulares en urgencias. Mire usted, en este país hay 27 millones de urgencias anuales. ¿Es importante que haya personas que han quedado
excluidas o cuya factura se ha tramitado mal? Evidentemente, es importante. ¿Es una situación de urgencia? No lo es, porque las comunidades autónomas y los profesionales han trabajado para que no sea así. Por tanto, ni es extraordinaria la
situación de España ni es urgente. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Un momento, señor Igea.
Señorías, les ruego, por favor, silencio. Si tienen que mantener alguna conversación muy importante y urgente háganlo en los pasillos y no en el hemiciclo, porque distorsionan la intervención del orador, como ustedes saben.
Continúe, señor Igea.
El señor IGEA ARISQUETA: Muchas gracias.
¿Es necesario el decreto, es necesario volver al derecho a la asistencia sanitaria como un derecho de ciudadanía? Sí, estamos completamente de acuerdo, y así lo decíamos en el apartado 55 de nuestro programa y así lo mantenemos. Por eso,
votaremos a favor de este decreto que se va a tramitar como proyecto de ley. ¿Es suficiente lo que ustedes traen aquí? Evidentemente, no es suficiente, porque en su preámbulo habla usted de la necesidad de acceder en condiciones de igualdad. Las
condiciones de igualdad las daría tener un sistema con una financiación igualitaria, con una financiación a las comunidades autónomas igual por población asistida, y eso no es así y no se corrige con este decreto. Al no haber financiación, los
recursos son diferentes, los recursos humanos y los materiales, y así lo hemos repetido en este Congreso, y también son diferentes los resultados. Por tanto, este decreto no va a solucionar el acceso en condiciones de igualdad. Pero es que,
además, el decreto de 2012 incluía otra bomba de relojería que ustedes han obviado olímpicamente, pero no solo ustedes sino, sorprendentemente, todos los grupos que han hablado hasta ahora en esta Cámara, que es la posibilidad de tener carteras
diferentes de servicios. Ninguno de los grupos que han hablado aquí hoy ha hecho mención a la creación de un sistema de carteras diferentes de servicios diferente que impone la desigualdad en el territorio nacional (aplausos), porque hay
comunidades que tienen en su cartera pruebas de talón o que financian los implantes cloqueares o los medidores externos de glucosa o la salud bucodental infantil y hay comunidades que no. Por tanto, cuando dicen que la asistencia va a ser igual,
¿igual a quién?, si no son iguales los españoles entre sí mismos. (Aplausos).
Con respecto a la atención a los inmigrantes en situación irregular, ustedes no les dan la tarjeta sanitaria que les prometieron porque sabían que eso era imposible, ya que la Comunidad Económica Europea no lo permite, porque no podemos
exportar ese derecho; y así figura en el decreto. Por tanto, no se dan condiciones de igualdad. Dejan ustedes en manos de las comunidades autónomas, otra vez, el reconocimiento y la tramitación de ese derecho, con lo cual no aseguramos en modo
alguno la igualdad ni la movilidad de los mismos a través del sistema. Por todo ello, ¿iguales a quién? Ni siquiera son iguales -hacen ustedes una excepción, por ejemplo-en la lista de espera de trasplantes. Están ustedes recurriendo mucho a la
épica, pero cuando uno baja a los datos se comprueba que la épica no concuerda con los datos de lo que dice su decreto. Por tanto, estamos de acuerdo con que debe ser un derecho de ciudadanía y que no debe ser lo mismo ser ciudadano que no serlo y,
por consiguiente, estamos de acuerdo en que debe haber una atención de calidad suficiente para todas las personas, incluidos los inmigrantes en situación irregular, que deben de tener derecho a la asistencia primaria, a la asistencia especializada y
nadie debe morir en este país por falta de asistencia.
Señores del Gobierno, esto se tiene que tramitar como un proyecto de ley para corregir todas estas deficiencias, pero también porque este partido cree en la ciudadanía europea. La ciudadanía europea es ser iguales en derechos y deberes, en
eso consiste ser ciudadano, en tener derechos y deberes. Los ciudadanos europeos tienen derecho, sí, a tener fronteras seguras, a tener seguridad; y también tienen deberes, deberes para aquellos que acuden a nuestras fronteras huyendo de la
miseria, huyendo del hambre y huyendo de la guerra; y deben tener los mismos deberes de asistencia sanitaria independientemente de en qué país estemos. Por eso, les proponemos que vayan a Europa ha hacer una política de migración común, que
incluya también derechos comunes sanitarios para los inmigrantes en situación irregular. Si no conseguimos tener una política comunitaria común, si no conseguimos encontrar un camino entre la ingenuidad de su política migratoria de las primeras
semanas y la xenofobia de los socios de Salvini de Esquerra Republicana, lo que haremos será dejar el proyecto europeo, el sueño europeo, en manos de los populistas, los nacionalistas y quienes saben vivir bien de la diferencia, del agravio y del
temor al extranjero.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Igea.
Por Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Botejara Sanz.
La señora BOTEJARA SANZ: Bueno, dada la exposición del señor Igea, yo voy a hablar del Real Decreto-ley 7/2018. Este real decreto-ley es la alternativa al capitulo 1 del Real Decreto-ley 16/2012, que todos recordaremos el impacto que
sufrió y la necesidad de este real decreto ante la crisis económica. Hoy día, todo el mundo ya conoce y tiene evidenciado que era un engaño. El objetivo era deteriorar nuestra sanidad pública para que se fuera implantando y extendiendo con toda
facilidad la sanidad privada. (Aplausos). El otro día, el secretario general del Partido Popular comentaba en un medio de televisión que ellos habían sembrado la prosperidad. Tienen razón, ellos han sembrado la prosperidad, pero la prosperidad en
las empresas de la sanidad privada.
Bueno, me voy a ajustar al real decreto. (La señora presidenta ocupa la Presidencia). ¿Por qué la sanidad pública dejó de atender a toda la población en nuestro país? ¿Cuáles fueron los argumentos para amputar la universalidad de nuestro
Sistema Nacional de Salud? El primer argumento era el económico. Si a mi consulta viene un paciente con diabetes que está descontrolado y yo no lo puedo atender, se supone que hay que dejar que el paciente se deteriore lo suficiente, y si está en
coma mejor, porque entonces está claro que ya sí puede ser atendido por el sistema sanitario público en un hospital. Lo mismo da que sea una diabetes, una patología infectocontagiosa o la patología que sea. Hasta que el paciente no esté
suficientemente deteriorado no puede ser atendido en nuestro sistema sanitario. Nuestros profesionales, que son los mejores, han tenido que paliar semejante barbaridad y subsanar muchas de estas situaciones boicoteando en algunos aspectos el real
decreto. Todos los profesionales sanitarios -todos- han estado en contra de esta exclusión de personas de nuestro sistema sanitario, por lo que me extraña muchísimo que con las barbaridades que yo he visto el señor Igea, que es médico, no contemple
la urgencia de este real decreto. No lo puedo entender. (Aplausos).
Otro argumento esgrimido también por el Partido Popular que ya hemos comentado en esta tribuna era el del turismo sanitario, que suponía un alto coste para nuestro país. En este sentido, sabemos que ya había una directiva, la 24/2011,
relativa a la aplicación de los derechos de los pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza, pero que por dejadez o porque no les interesó en el momento seguir utilizándolo como argumento, hasta tres años después no se aprobó el Real
Decreto 81/2014, que regula la atención sanitaria transfronteriza. Mi grupo político va a votar que sí -como no puede ser de otra manera-, pero también tiene que exigir al Gobierno que garantice la atención sanitaria inmediata a todas las personas
por igual sin ninguna traba burocrática, así como que en las distintas comunidades autónomas no se pueda boicotear este real decreto, como ha pasado hace unos días en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular a través de una normativa ha
intentado boicotear la aplicación de este real decreto. Se debe garantizar por parte del Gobierno que esto no pueda pasar. (Aplausos).
No quisiera remitirme otra vez al señor Igea (risas), pero pensamos que su exposición da mucho de sí. Yo entiendo que a partir de su exposición no se pueda adivinar si sí o si no, porque como no sabemos si nos da el voto o nos lo quita,
hasta que no lo sepamos bien no nos decantaremos en un sentido o en otro. (Aplausos). Nosotros sí que tenemos claro que si de ustedes dependiera, serían diligentes a la hora de darle nuestra sanidad pública a la gestión privada utilizando
instrumentos como los indicadores, que
también sabemos cómo los iban a aplicar. La atención sanitaria es un derecho humano básico. Yo les comentaba antes a los compañeros que cómo puede costar tantísimo trabajo sacar adelante un derecho en este hemiciclo, porque la atención a
la salud es un derecho humano básico reconocido por la OMS, que recomienda a todos los Estados que apliquen las legislaciones y las políticas correspondientes para garantizar ese derecho. Mi grupo político estará vigilante para que eso suceda.
También quiero comentarle que estábamos hablando del capítulo 1, y la cartera de servicios es el capítulo 2 y el Fondo de Garantía Asistencial es el capítulo 3. Pues bien, estábamos en el capítulo 1, pero no se preocupe porque ya llegará el 2, ya
llegará el 3 y ya llegará el 4. Y también llegará la desprivatización de nuestro sistema sanitario y la salud de nuestra población dejará de ser por fin un negocio para los mercados.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Díaz.
El señor FERNÁNDEZ DÍAZ (don Jesús María): Buenas tardes ya, señoras y señores diputados. Señora ministra, bienvenida a esta Cámara, a este hemiciclo.
Hoy convalidamos el Real Decreto-ley 17/2018 para devolver el acceso universal al Sistema Nacional de Salud, una de las primeras medidas del Gobierno presidido por Pedro Sánchez y también una de las primeras medidas que trajo a esta Cámara
el Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura. Les pido la convalidación -doy por supuesto que saben que nosotros apoyaremos la convalidación de este real decreto-ley- por tres razones: por razones de justicia y de dignidad, por razones de
interés colectivo y por razón también de coherencia política. De justicia y de dignidad, en primer lugar, porque este real decreto-ley beneficia a todas y cada una de las personas que residen en España, españolas o no españolas, porque les reconoce
el derecho de asistencia sanitaria como un derecho individual, que no depende de la situación de dependencia. Es decir, que no hace depender el acceso a la atención sanitaria de una persona separada de su marido o de su mujer en razón de su
condición de excónyuge; ni hace depender a los chicos y chicas mayores de edad a partir de los dieciocho años tener reconocido el derecho de asistencia sanitaria por cumplir o no cumplir veintiséis años; o un límite de renta, o las personas con
discapacidad que alcancen o no el nivel de discapacidad del 65 %. Estas son medidas completamente arbitrarias que impuso el Real Decreto-ley 16/2012.
La Ley General de Sanidad en el año 1986 ya estableció en su artículo primero el derecho de todos los españoles y los extranjeros residentes en España a la atención sanitaria y establecía, efectivamente, una extensión progresiva de este
derecho, una extensión que se fue consolidando a través de distintos ordenamientos legales durante los siguientes veinticinco años, incorporando a las personas sin recursos, a las personas con pensiones no contributivas, a las personas con
discapacidad, a los menores, a los españoles que migraron al extranjero y retornaban a España. Fueron veinticinco años para llegar hasta la Ley General de Salud Pública de 2011, que terminaba de extender y universalizar la asistencia sanitaria.
Esto es lo que el Real Decreto-ley 16/2012 puso en demolición, junto con los principios de financiación pública de la asistencia sanitaria. Fue la Ley 16/2003, de cohesión y calidad, la que estableció precisamente estos dos principios, el de
financiación pública y el de universalidad. El propio Tribunal Constitucional así lo reconocía en su sentencia 139/2016, a instancias del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno de España frente a una ley foral de Navarra de asistencia
sanitaria universal, que dice en sus fundamentos jurídicos: Resulta claro el contraste entre la nueva regulación de la condición de asegurado y la limitación de la cobertura introducidas por el Real Decreto-ley 16/2012 y el marco normativo
preexistente. Supone un giro en la anterior política de progresiva extensión de la asistencia sanitaria a partir de la creación del Sistema Nacional de Salud.
Les pido también su voto a favor de la convalidación por razones de interés colectivo, tanto sanitario como económico. La señora ministra ya ha mencionado aquí estudios que se han hecho. En esta misma Cámara hemos debatido en anteriores
ocasiones los perjuicios que ha significado para la salud de muchas personas esta exclusión de la asistencia sanitaria y nunca se han demostrado -lo han dicho también algunos portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra- los supuestos
beneficios económicos o ahorros que no genera el real decreto-ley de exclusión de la asistencia sanitaria. La memoria económica de aquel decreto-ley usaba un argumento torticero haciendo pensar que los mil millones de euros que decía una auditoría
de la Comisión Europea que costaba el turismo sanitario eran debidos a las personas migrantes sin regularización administrativa, cuando todos sabemos que ese turismo sanitario indebido
está originado por personas que tienen derecho a tarjeta sanitaria en sus países de origen pero que usan la tarjeta sanitaria española por falta de los suficientes controles administrativos.
Nos parece adecuado que en este real decreto-ley se establezca la igualdad de condiciones en la atención sanitaria, porque una atención sanitaria que no es integral, que no es completa, no sirve. Los médicos y los profesionales sanitarios
de atención primaria o de urgencias saben que si no tienen la posibilidad de enviar a una persona enferma a una revisión por un especialista o si no tiene acceso a los medicamentos no sirve de nada decir que tienen acceso a la atención de urgencias
o a la atención primaria.
Les pido, por último, su voto a favor por razones de coherencia política. Ustedes recuerdan perfectamente cómo el 10 de mayo de este año en este hemiciclo votamos por una gran mayoría, 206 votos a favor y el único voto en contra del Grupo
Popular, una moción consecuencia de la interpelación a la anterior ministra de Sanidad que tenía una serie de resoluciones. Las dos primeras dicen textualmente que se ha de recuperar el carácter universal del derecho a la atención sanitaria y
retirar cuantos recursos judiciales tenga planteados el Gobierno frente a las normas de las comunidades autónomas dirigidas a recuperar la universalización. (Aplausos). Por tanto, señora Nogueras y señor Olòriz, no son las presiones de su partido
o del Grupo de ERC las que hacen tener la convicción al Partido Socialista de que es necesario revisar los recursos de inconstitucionalidad que se presentaron a una norma que era realmente injusta para los españoles. (Aplausos). Por cierto, el
primer recurso de inconstitucionalidad -quiero decirlo aquí- lo viví yo en persona y en particular el lehendakari Patxi López, presidente de la Comisión de Sanidad, al decreto 114/2012 del Gobierno vasco, entonces presidido por el lehendakari López,
que fue, si no recuerdo mal, la primera norma autonómica que trató de deshacer la injusta exclusión de la asistencia sanitaria a las personas en España.
Yo pido coherencia a los grupos parlamentarios que votaron a favor de esta moción hace unos meses para que voten también la convalidación del decreto-ley y les pido por último a las señorías del Partido Popular que se sumen al resto de la
Cámara. No se queden hoy de nuevo aislados en su no a la universalización. Ustedes impulsaron y votaron a favor de la Ley de cohesión y calidad. Este real decreto-ley en esencia es volver al espíritu y a la letra de ese reconocimiento de los
titulares del derecho de asistencia sanitaria. Sean coherentes con lo que votaron en 2003, sean coherentes hoy y voten a favor de esta convalidación del Real Decreto-Ley 7/2018 y volvamos a la senda de acuerdos que en materia sanitaria tanto
beneficio han traído a los ciudadanos. Por justicia, por interés y por coherencia política les pido la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Angulo Romero.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, presidenta.
Señorías, debatimos un decreto del Gobierno cuya justificación basa la ministra en ese mantra socialista de la necesidad de recuperar derechos y dignificar a las personas ante la indecencia del Gobierno del Partido Popular. Me va a permitir
que empiece por ahí, porque hasta ahora lo único que en estos cien días los españoles hemos comprobado con mucha indignación -que es recuperar derechos para el señor Sánchez- consiste en hacer un uso impúdico de los medios públicos, enchufar a
familiares y amigos, reabrir heridas del pasado (aplausos), mientras no se ocupa de los problemas actuales de los ciudadanos, o entregarse a populistas e independentistas de los que depende para poner en riesgo el crecimiento económico de España y
con ello la solvencia de nuestro Estado del bienestar, también la sanidad. Eso muy decente no es, señora ministra. Me veo obligada a volver a repetir que fue precisamente el Partido Popular el que terminó con la injusticia en la que ustedes
dejaron a millones de españoles: sin empleo, sin trabajo, sin hogar, sin recursos. (Aplausos). Fue el Partido Popular el que garantizó la viabilidad del sistema sanitario público y con ello su carácter de universal, público y gratuito. Y sí,
señorías, lo hizo con una reforma en el año 2012 que era necesaria y urgente. Lo era porque había que hacer universal un sistema sanitario que con el Partido Socialista no lo era porque excluía de la sanidad pública a cientos de miles de españoles,
incluidos los parados que no recibían ya ninguna prestación. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!, por favor.
La señora ANGULO ROMERO: Porque había que acabar con el fraude que ustedes permitían y que favorecía el turismo sanitario, que le costaba a todos los españoles mil millones de euros, incluso a esos doscientos mil españoles a los que ustedes
excluían. Porque había que evitar ese procedimiento sancionador de la Unión Europea por la discriminación que se hacía entre ciudadanos europeos y de terceros países. Porque había que pagar los 16 000 millones de euros que ustedes dejaron de deuda
en la sanidad. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!, por favor.
La señora ANGULO ROMERO: El Real Decreto 16/2012 era necesario y urgente porque había que hacer el sistema más universal y más sostenible, y así ha sido. Más universal, sí, señora ministra, porque a pesar de sus eslóganes en España se
atiende hoy a todo el que lo necesita, también a las personas en situación irregular, a quienes se les concede la atención más amplia de Europa. Pero se hace de manera ordenada y regulada, sin poner en peligro la sostenibilidad de una de las joyas
de nuestro Estado del bienestar. Se viene haciendo por parte de todas las comunidades autónomas, como todos ustedes aquí hoy han reconocido, con quienes por cierto usted no ha tenido ni diálogo ni debate para este real decreto. (Rumores). Por
eso, señorías, sus descalificaciones hacia la gestión del Partido Popular no son creíbles tampoco en materia sanitaria, porque millones de ciudadanos reciben cada día en este país una de las mejores asistencias sanitarias del mundo. También en
Madrid, señora Botejara, y lo hemos comprobado estos días; también en Madrid. (Aplausos). Por eso los ciudadanos españoles, después de seis años de vigencia del Real Decreto 16/2012, les dijeron a sus propuestas en materia sanitario no en las
urnas. Hoy hay un Gobierno de España que no fue elegido por los españoles y, por lo tanto, está llevando a cabo políticas que no fueron aprobadas por los españoles, que quisieron que fuera el Partido Popular el que siguiera con sus reformas,
también en sanidad.
Hablemos del real decreto que hoy se convalida porque son inciertos los argumentos que ustedes utilizan para justificar tanto el fondo como la forma elegida. Porque es un decreto que vende humo y además lo hace de manera irresponsable,
abriendo las puertas de España de par en par al turismo sanitario. Creo que muchos de ustedes no se han leído el real decreto que hoy convalidamos. En España la sanidad ya era universal; en España -aquí lo ha dicho todo el mundo, incluso el señor
Iglesias- la sanidad es universal y este real decreto, por un lado, no abunda en eso pero, por otro, con esa confusión que tiene entre decir que es un derecho de ciudadanía y poner toda una serie de exclusiones a la atención sanitaria de muchos
ciudadanos, lo único que va a hacer es generar problemas donde ahora ya no los hay. Porque usted, señora ministra, nos ha dicho aquí que todos los ciudadanos, todas las personas que vengan a residir a España, por el hecho de ser ciudadanos y
residir aquí tendrán derecho a la asistencia sanitaria. ¿También ese ciudadano rico americano que en su país no tiene derecho a unas prestaciones sanitarias y que conociendo la excelencia de nuestro sistema sanitario venga aquí, se empadrone y
utilice unos servicios que luego no podremos cobrar porque, según la ministra, todo el que viva aquí tiene derecho a la sanidad? Bueno, sí, lo pagaremos todos los españoles con esa abusiva subida de impuestos que ustedes, con sus socios populistas,
nos están anunciando. (Aplausos).
Ustedes van a volver a crear un problema porque la Unión Europea volverá a decir que si aquí la asistencia sanitaria es por cuestión de ciudadanía no podremos cobrarles a los ciudadanos comunitarios que vivan en nuestro país, porque eso
sería una discriminación respecto a los ciudadanos de terceros países. Son 920 millones de euros al año los que les cobra España a esos países por la atención sanitaria de esas personas con recursos y que ahora podríamos dejar de cobrar porque
ustedes están haciendo un peligroso efecto llamada hacia nuestro Sistema Nacional de Salud. Pero si eso no es así, señora ministra, si usted ha puesto condiciones en el decreto para que eso no sea así cuando habla de terceros obligados al pago,
están ustedes mintiendo, entonces la asistencia sanitaria no es por condición de ciudadanía, entonces no es universal. O miente cuando dice una cosa o miente cuando dice la contraria.
Si lo que pretendían es que a nadie se le niegue la asistencia en España, este decreto era innecesario porque en España se atiende a todo el mundo y así se ha reconocido. Si lo que pretendían era homogeneizar la asistencia sanitaria que se
presta a los inmigrantes en situación irregular en las distintas comunidades autónomas, ustedes podrían haberlo hecho llevando esa propuesta de criterios mínimos en la que trabajaban tanto el Gobierno del Partido Popular como las comunidades
autónomas en el consejo interterritorial y hacerlo desde el ámbito social, para no generar los problemas que este Gobierno se encontró y que ustedes le dejaron. Nuestra propuesta era más universal que la suya pero, sobre todo, era más responsable
porque garantizaba la asistencia a quien reside en España pero sin poner en riesgo el
sistema al realizar un efecto llamada que nos va a costar mucho a los españoles. Sus prisas y sus demagogias no son buenas consejeras en este sentido. Y sí, señor Fernández, estoy de acuerdo con usted, la sanidad es una cuestión de Estado
porque nos afecta a todos. Por eso, desde el principio el Partido Popular y en su nombre la ministra de Sanidad les ofreció ese gran pacto de Estado por la sanidad y siempre estuvimos abiertos a debatir sobre esta cuestión. Por eso hoy pediremos
que este real decreto se tramite como proyecto de ley. Además, es competencia de estas Cortes Generales, que sí fueron elegidas por los ciudadanos, debatir sobre estas cuestiones, un debate que hoy el señor Sánchez y su Gobierno nos quieren hurtar
con esa costumbre que ha cogido de hacerlo todo vía decretazo.
Señores del PSOE, señora ministra, si ustedes están tan seguros de que las políticas que ustedes quieran llevar a cabo son las que los españoles quieren, convoquen elecciones, dejen que sean los ciudadanos españoles los que elijan, porque
hoy están ustedes poniendo en marcha políticas -también en el ámbito de la sanidad- a las que desde el año 2012 en varias ocasiones los ciudadanos les han dicho que no. Por eso, por responsabilidad, porque queremos la solvencia de nuestro sistema
sanitario, porque no queremos que vuelva a caer en la quiebra en la que ustedes lo dejaron y porque hoy nuestro sistema es universal, de calidad y excelente y no queremos que eso cambie, vamos a votar que no a la convalidación de este real decreto.
(Aplausos.-La señora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Montón Giménez, pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL (Montón Giménez): Gracias, señora presidenta.
Tan solo hablaré unos instantes para agradecer el tono general del debate y las aportaciones. Seguro que de todas y cada una de las intervenciones puedo extraer una conclusión positiva para seguir mejorando la salud de los españoles y las
españolas.
Quiero quedarme con el fondo de lo expuesto y el fondo es la universalidad del sistema sanitario. El Gobierno lo ha traído con toda la pasión y el convencimiento de fortalecer la sanidad pública en España. Tan solo añado al convencimiento
y a la pasión un adjetivo más: emoción. La primera vez que, ya hace muchos años, me subí a esa tribuna fue para defender la Ley del matrimonio homosexual; hoy, para devolver la sanidad universal a España, así que muchas gracias por sus
aportaciones.
Pasión, convencimiento y emoción son los tres adjetivos que para mí definen hoy este día.
Gracias. (Aplausos.-Una de sus señorías: ¡Bravo!).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS:
- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL ARTISTA. (Número de expediente 154/000004).
La señora PRESIDENTA: Pasamos, ahora sí, al punto del orden del día relativo al informe de la Subcomisión para la elaboración de un Estatuto del Artista. Para la presentación del informe tiene la palabra en nombre de la Comisión la señora
Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, después de algo más de un año de trabajo... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!, señorías.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: ... es un honor traer a este Pleno el informe redactado por la Comisión de Cultura y Deporte del Congreso de los Diputados para la elaboración de un estatuto del artista. No entraré a comentar las conclusiones
del informe porque sé que los portavoces lo harán a continuación pero sí quiero explicar a esta Cámara algunos de los detalles que han rodeado nuestro trabajo, que partió de algo inédito: ... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor, ¡será tan difícil!
La señora RIVERA DE LA CRUZ: ... el reconocimiento por parte de la Cámara de la especificidad del trabajo de los creadores autorizando la constitución de esta subcomisión. Nunca hasta ahora el Parlamento español había reconocido
expresamente que los hombres y mujeres que dedican su vida a la creación lo hacen en circunstancias excepcionales y deben ser reconocidas. Les aseguro que eso fue ya un paso de gigante.
Espero que entiendan este informe como lo que es: un acto de justicia con tantas personas que durante años hicieron su trabajo en condiciones de precariedad, de inseguridad o de intermitencia. Para algunas todo esto llega muy tarde, pero
hoy quiero pensar que en un futuro próximo hombres y mujeres que escriben, que actúan, que dirigen, que esculpen, que pintan, que danzan, que bailan, que componen..., encontrarán en estas páginas un alivio a algunos de sus problemas profesionales.
La subcomisión inició sus trabajos con la comparecencia de hasta treinta asociaciones y representantes de todos los colectivos de creadores. Aquellos que no pudieron intervenir nos hicieron llegar distinta documentación que fue examinada
por los portavoces. Quiero destacar que por acuerdo de toda la subcomisión los comparecientes fueron llamados por todos los partidos. A continuación llegaron semanas dedicadas a organizar el material y a mantener largas sesiones de trabajo sobre
los problemas que encontramos y las medidas a adoptar. Quiero recordar en este punto la ayuda inestimable de los técnicos de todos los partidos que nos ayudaron en materias como fiscalidad o Seguridad Social. Y empiezo con ellos el largo capítulo
de agradecimientos que ocupará la mayor parte de esta intervención.
Quiero expresar mi gratitud a la Mesa del Congreso que concedió una prórroga para acabar las conclusiones cuando la necesitamos y a la presidenta del Congreso, doña Ana Pastor, por la atención y el afecto con los que recibió este informe
cuando le fue entregado por la subcomisión. A nuestro letrado don Ignacio Astarloa, que fue árbitro de discusiones, abogado de causas perdidas, consejero en las dudas y paño de lágrimas de todos los portavoces. Todos se lo hemos dicho en algún
momento, pero quiero repetirlo desde esta tribuna: sin Ignacio Astarloa este barco posiblemente no hubiera llegado a buen puerto. Astarloa personifica la profesionalidad extrema de todo el personal de esta casa, su buen hacer, su talante y su
disposición para hacer más fácil el trabajo de los diputados. (Aplausos).
Y también es de justicia reconocer el apoyo que se nos prestó desde el Ministerio de Cultura y de sus sucesivos titulares. Los responsables de la cartera nos animaron durante estos meses a ser ambiciosos y se comprometieron a ayudarnos en
la materialización de nuestras propuestas. Le agradezco al señor Guirao que esté presente en la lectura de este informe.
El estatuto es fruto del trabajo de muchos, pero sobre todo del talante de todos. Quiero agradecer la entrega de los portavoces de Cultura que participaron activamente en la redacción del informe: Emilio del Río y Miguel Lorenzo, por parte
del Partido Popular; José Andrés Torres Mora, del PSOE; Eduardo Maura, Rosana Pastor y Miguel Anxo Fernández Bello, de Unidos Podemos y En Marea, y Félix Álvarez, de Ciudadanos. Asimismo agradezco la confianza de los portavoces de los otros
grupos, que han estado puntualmente informados de los avances y el contenido de este documento. Durante meses cuatro partidos han trabajado codo con codo con absoluta lealtad excepcional, sin permitir que las diferencias ideológicas les apartasen
del objetivo común de poder presentar este texto y hacerlo desde el mayor de los consensos. Me enorgullece pensar que el sentido de la responsabilidad de todos los portavoces nos permitió seguir trabajando, incluso con el trasfondo de una moción de
censura que trajo consigo un cambio de Gobierno.
Señorías, no ha sido fácil pero aquí está. Ha sido un honor presidir esta subcomisión y poder ser testigo del empeño y la honestidad de un grupo de hombres y mujeres que durante meses se volcaron en una tarea que esperamos que pronto dé sus
frutos. Vivimos tiempos difíciles, pero a veces pasan cosas como esta y siete grupos parlamentarios se ponen de acuerdo, y creo que si lo hemos hecho posible es porque durante los trabajos de la Comisión todos fuimos capaces de olvidar nuestra
procedencia ideológica y trabajamos pensando en los creadores que a lo largo de la historia encontraron incontables dificultades para vivir de su oficio. Cuando nos encerrábamos en una sala para encontrar soluciones a algunos problemas, teníamos en
la cabeza a esos hombres y mujeres en los que tan a menudo no se había pensado. Nunca hubiésemos sacado adelante el informe si no nos hubiésemos conjurado en secreto para aparcar nuestras siglas y pensar en las personas. Permitan que repita algo
que ya he dicho aquí otra vez: Dentro de cien años nadie se acordará de nuestros nombres pero, en cambio, seguirán leyendo un libro que se ha escrito hoy, viendo una película que se está rodando o escuchando una canción que se acaba de componer.
Supongo que esa certeza nos llevó de la mano al consenso que exhibimos hoy aquí. Este informe es solo el principio del camino, pero ya tenemos la hoja de ruta; un mapa para llegar allí donde
queremos ir. Ojalá España se convierta pronto en el mejor país del mundo para crear. Cuando esto suceda espero que recuerden que fue gracias a que un día todos trabajamos juntos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Tiene razón la presidenta de la subcomisión, a veces pasan cosas, y, recordando al señor Rajoy, diré que a veces pasan cosas bonitas. Esta es una de las cosas bonitas que ha pasado en esta Cámara. Pocas veces existe
tal unanimidad en un trabajo de todos los grupos. Por tanto, por mi parte, como miembro de la Comisión de Cultura, deseo felicitar a la subcomisión porque ha hecho un excelente trabajo y además por esa unanimidad de todos los grupos.
El texto recoge setenta y cinco puntos que son propuestas absolutamente razonables, propuestas de sentido común, propuestas que, probablemente, se deberían haber tenido en cuenta hace ya mucho tiempo, que podrían haber evitado probablemente
sufrimientos y situaciones difíciles para la gente que quiere vivir de la cultura, algo tan difícil en este país. Las setenta y cinco propuestas que abarcan ámbitos de fiscalidad, de protección laboral, Seguridad Social y de compatibilidad de los
derechos del autor con otras prestaciones, son, insisto, propuestas absolutamente razonables que merecen ser tenidas en cuenta. Por tanto, sería importante que esa unanimidad que se dio en la subcomisión se diera también hoy aquí. Sería un gesto
positivo de este Parlamento para demostrar que a veces, pocas, somos capaces de ponernos de acuerdo y somos capaces de anteponer el sentido común a nuestras propias convicciones. Sería positivo porque la gente, los ciudadanos, están esperando este
tipo de gestos también de este Parlamento y de los políticos. Sin embargo, con ser un gesto positivo la unanimidad de hoy, sería mucho más importante que ese gesto no acabara hoy; es decir, que este informe que se ha traído hoy aquí se tradujera
en un proceso legislativo que acabara poniendo todos estos puntos en las leyes que hicieran falta, esto es, convirtiendo los setenta y cinco puntos en setenta y cinco artículos de ley o en diferentes leyes.
Tengo que decir que, evidentemente, hoy nosotros también estamos contentos y votaremos que sí pero, insisto, esperamos que este Parlamento haga lo que tiene que hacer, que es convertir estas propuestas en leyes.
Moltes gràcies.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta.
Ministros, señorías, sin voluntad de alargarme mucho, porque creo que la presidenta Rivera ha hecho un apunte interesante del trabajo realizado en la Comisión, sí que quería aprovechar este momento básicamente para mostrar mi agradecimiento,
en primer lugar, a todas aquellas personas que han participado. Así lo he hecho de forma personal y en la Comisión, pero no quería dejar escapar la oportunidad de hacerlo también desde el Hemiciclo, entre otras cosas, porque que el estatuto llegase
a buen puerto dependía básicamente de la voluntad de los cuatro grupos mayoritarios de esta Cámara y por eso creo que es de justicia agradecer su buen tono, su buena voluntad y sobre todo su trabajo para que este estatuto sea hoy una realidad.
En segundo lugar, hoy terminamos el primer capítulo de este estatuto que, de hecho, se caracteriza por dos actos revolucionarios. El primero, diría yo, es que toda la Cámara se ponga de acuerdo respecto de un tema, sobre todo en un tema tan
importante y el segundo acto revolucionario de este primer capítulo tiene que ver conque ese consenso se genere alrededor del sector cultural, que es siempre el gran damnificado de las grandes políticas y siempre es el último de la fila. Por eso
creo que es importante poner de manifiesto esos dos pequeños actos revolucionarios que forman parte del primer capítulo de ese estatuto. Y ahora empieza, señor ministro, y le miro a usted, el segundo capítulo, que tiene que ver con que estas
recomendaciones, este informe que aprobó la subcomisión sea aplicable, sea fácil de incorporar y, sobre todo, que el sector cultural de este país lo note. Es su reto y es el reto de sus compañeros de gabinete, y por eso le miro a usted. Siempre
que sea para caminar en ese sentido, nos va a encontrar tanto a nosotros como seguro que al resto de grupos de la Cámara que han formado la subcomisión.
Dejo aquí mi punto, no sin antes repetir mi agradecimiento a los grupos de la Cámara, a los portavoces de los grupos principales y a los portavoces de los grupos minoritarios, que hemos hecho todo cuanto hemos podido para poder participar y
para poder sumar a este estatuto nuestra opinión, nuestro punto de vista sobre el sector cultural y trasladar así unas demandas propias de un sector damnificado desde hace tiempo. No quería marcharme sin agradecer al señor letrado su paciencia,
también con aquellos que teníamos que salir corriendo de las comisiones por hacer siempre, siempre, siempre un poquito más de lo que se debe. Muchas gracias, señor letrado, gracias, presidente y gracias a todos los miembros de la Comisión. Como no
podría ser de otra forma, nuestro voto va a ser afirmativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Egun on. Buenos días.
Señorías, en primer lugar, este grupo parlamentario quiere agradecer a todos los miembros de la Comisión y a todas las personas que han participado en la misma que hayan su visión desde diferentes ámbitos de la cultura y también desde el
ámbito del derecho. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Personas que han facilitado una información que ha sido clave o relevante para luego desarrollar este informe que hoy vamos a aprobar o ratificar; informe que ha sido fruto del consenso de todos
los grupos parlamentarios y además con posturas ideológicas distintas y por ello entendemos que con un valor añadido.
Las artes, en su acepción más amplia y completa, son y deberían ser parte integrante de la vida y es necesario y conveniente que los Gobiernos contribuyan a crear y mantener no solo un clima propicio a la libertad de expresión artística,
sino también las condiciones materiales que faciliten la manifestación de este talento creador. Una recomendación esta que la Unesco realizó allá por los años ochenta para que los Estados adaptasen su legislación a las condiciones de los artistas,
pero también una resolución del Parlamento Europeo en el año 2007 instó a la Comisión a un proceso de reflexión en este sentido. Y es que hay que decir que muchas veces nos quedamos anonadados por el éxito arrollador de unos pocos artistas, pero la
realidad es otra bien distinta: trabajo temporal, intermitente, con irregularidad de ingresos, con movilidad constante y otras condiciones que es necesario abordar. Que este Parlamento hoy se haya decidido a hacerlo, aunque sea once años después,
es una gran noticia. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: ¡Silencio!
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Este informe es, pues, un buen paso en la buena dirección, un informe que ha sido elaborado no solo por la necesidad de transmitir a la sociedad la importancia de la cultura y la libertad de
creación, sino también por las características especiales de esta relación laboral, una relación laboral en la que es necesario contar con mecanismos de protección dada su peculiaridad, peculiaridad que también se refleja en parte en el propio
Estatuto de los Trabajadores cuando reconoce la especialidad de los artistas en espectáculos públicos.
Con este informe trata no solo de poner de manifiesto la necesidad de dar solución a las distintas problemáticas de artistas y creadores, sino la necesidad de transmitir a la sociedad la importancia de la cultura y de la creatividad como
valores, pero también de la cultura como fuente de actividad económica. (Continúan los rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor. Les pido y les ruego que guarden silencio.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Es un informe que, además de abordar las cuestiones fiscales, laborales, de Seguridad Social, de formación, educación y de propiedad intelectual, ha de ser la hoja de ruta para luego poder legislar
y lograr la protección integral, dando respuesta a las necesidades específicas de este colectivo. Pero tampoco nos engañemos pensando en que el estatuto del artista va a ser la solución única a sus necesidades, sino que habrá que avanzar con nuevas
políticas culturales públicas, códigos de buenas prácticas, presupuestos y demás para poner la cultura, al artista y a los creadores en el centro de las políticas públicas, tal y como insta un informe de la Unesco de 2018.
Este grupo va a ratificar el informe que ya votó favorablemente en la Comisión, pero también nos gustaría dejar constancia de que entre todas las medidas planteadas hay algunas referidas a cuestiones fiscales, como las relativas al IRPF.
Tenemos que decir que estamos ante medidas que afectan a un tributo concertado de normativa autónoma y, por tanto, sobre el que tenemos competencia exclusiva y entonces serán las respectivas diputaciones forales de Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y, en su
caso, la navarra, las que tendrán que abordar y decidir la implementación de estas medidas. Por último, he de comentar que nuestras diputaciones ya contemplan la mayoría de deducciones que se plantean en este informe, sobre todo en el apartado de
rendimientos de actividades económicas.
Por todo lo dicho y con la salvedad mencionada, ratificaremos este informe.
Muchísimas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Eritja Ciuró.
El señor ERITJA CIURÓ: Gracias, presidenta.
Señorías, ante todo -y me sumo a lo dicho por los compañeros-, quiero felicitar a la subcomisión y a todos los miembros que han formado parte de ella por haber conseguido aprobar por unanimidad un informe que podría ser un documento básico a
partir del cual empezar a trabajar. Creo que es importante reafirmar el trabajo de síntesis que representa este informe y también el esfuerzo por intentar aportar soluciones y propuestas diferentes. Por tanto, es un documento de trabajo a partir
del cual podemos empezar a trabajar.
Queremos mostrar nuestro agradecimiento también a los colectivos y entidades del sector que nos han trasladado reclamaciones históricas. No son reclamaciones actuales sino realmente de hace muchos años. De hecho, es una demanda histórica.
Este informe no recoge ninguna demanda excepcional del sector cultural, eso se ha de dejar muy claro, sino que simplemente refleja una situación de desregulación histórica que perpetúa la precarización del trabajador y del trabajo cultural. Ante
esa situación, el sector lo que hace es pedir simplemente un mayor reconocimiento y una correcta regulación tanto laboral como fiscal. Por tanto, lo que se quiere es normalizar el trabajo y al trabajador cultural.
Quizás el concepto estatuto del artista -es una percepción personal- pueda hacer dudar sobre quiénes conforman este colectivo. De hecho, nos estamos refiriendo al trabajador cultural entendido como todo aquel que participa de la cadena de
producción de cualquier proyecto cultural. Por ejemplo, el gestor cultural no es un creador, pero sí que es un miembro que forma parte de este colectivo cultural. Esas demandas en ningún caso suponen una petición de privilegio -como pudiese
parecer- de ese sector con respecto a otros ámbitos laborales, sino que simplemente pretenden -y vuelvo a repetirlo- normalizar una anormalidad histórica de falta de reconocimiento del trabajo y del trabajador cultural. Creo que ese aspecto es
importante porque es uno de los criterios importantes en que se basaba este informe. Eso pasa por identificar los déficits que son muy diversos y que, aunque se repiten en otros sectores laborales, quizás señalaría como específicos de este sector:
por un lado, el carácter intermitente del trabajo cultural que, como los compañeros han comentado, es una de las especificidades de ese sector, y por otro, la falta de reconocimiento por parte de la Seguridad Social. Son dos puntos fundamentales
que han ido repitiendo los diferentes portavoces. De hecho, recomendamos tener en cuenta en cualquier reforma del ámbito laboral y fiscal cada uno de los setenta y cinco puntos que se señalan. Por tanto, desde la subcomisión de Cultura lo
trasladamos a otras comisiones y a otros ámbitos porque realmente es un aspecto muy transversal y para empezar a trabajar hace falta que se tomen en cuenta los diferentes aspectos.
A corto plazo se pueden realizar acciones sobre determinados puntos, por ejemplo, la actualización de los epígrafes de la Seguridad Social, que es importante, o compatibilizar la percepción de derechos de autor con la pensión de jubilación.
Son dos aspectos de los muchos que hay pero creo que se podría trabajar sobre ellos con una relativa agilidad. Para terminar, poder llevar a término estas recomendaciones recogidas en este informe supone ya un mayor reconocimiento al trabajador
cultural, y en ese aspecto ponerse en marcha, empezar a trabajar legislativamente para estudiar cada uno de los artículos que se van proponiendo es un objetivo importante y será la manera real de reconocer el trabajo de ese sector, un sector que,
como he dicho, no ha sido reconocido históricamente y que, por tanto, necesita volver a una cierta normalidad regulatoria.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Álvarez Palleiro.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, creo que es de justicia agradecer y reconocer el trabajo de los distintos colectivos, agrupaciones, asociaciones, de las distintas personas que han pasado por esta subcomisión, que nos alumbraron con su sabiduría, que nos
dieron un diagnóstico exacto de la salud o de la mala salud de nuestra cultura y que nos aportaron soluciones para corregir estos desequilibrios. (Aplausos). Algunas de estas personas se encuentran aquí en la tribuna. Que seáis vosotros la
representación de todos esos hombres y de todas esas mujeres que habéis hecho posible que este estatuto salga adelante. De corazón, muchísimas gracias. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Señorías, en estos momentos difíciles, complicados, políticamente complejos, de aritméticas parlamentarias realmente delirantes en algunos casos, es reseñable, muy reseñable, que el informe de este estatuto se
aprobase en junio en la Comisión de Cultura por unanimidad; creo que no hay que cansarse de repetir que hemos conseguido aprobar algo en esta Cámara por unanimidad. Esta es la constatación de que cuando se trabaja por el bien común, en este caso
por la cultura, dejando de lado las cuestiones partidistas, las siglas, los intereses personales, el acuerdo y el consenso son posibles. Quiero reiterar la importancia vital que tiene la cultura por el poder de transformar y de vertebrar la
sociedad, por esa capacidad que tiene de fomentar el espíritu crítico entre los ciudadanos, además, evidentemente, del disfrute, del goce, del placer que produce la música, leer un libro, ver una película, danza, teatro, circo, cualquier expresión
plástica, el patrimonio, etcétera.
Este estatuto, que no es poco, quiere incidir en cuestiones laborales, sanitarias, fiscales, de jubilación, de acceso a prestaciones sociales, de transiciones profesionales para modernizar, actualizar y adoptar la normativa y las leyes
vigentes a la realidad del trabajo cultural del siglo XXI. Este estatuto pone en valor el esfuerzo de los artistas, de los creadores y de los trabajadores de la cultura. Este estatuto lima las diferencias que existen con los países de nuestro
entorno en el tratamiento a todos aquellos que crean cultura. Este estatuto va dirigido a la inmensa mayoría. No nos engañemos, a los actores de éxito, a la actriz que triunfa en Hollywood, a aquellos escritores, pintores y escultores que venden
sus obras a buen precio, a aquellos músicos que son capaces de tener cientos de miles de descargas -legales- en Internet, a todos estos ya les va bien, no tienen este tipo de problemas y no creo que les afecte este estatuto. ¿Pero es lógico y se
puede asumir que una artista de circo embarazada tenga que hacer malabares, nunca mejor dicho, para que cuando llegue el día del parto esté, como poco, en situación asimilada al alta para poder acceder a las prestaciones por maternidad como
cualquier otra trabajadora? ¿Es lógico que un músico que cobra su jubilación, la que le corresponde porque la cotizó religiosamente, tenga que elegir entre cobrar la jubilación o tener que cobrar los derechos que genera una canción que compuso hace
treinta años y que de repente se ha puesto de moda por causas y azares que él no controla? ¿Podemos permitir que a una bailarina que ejerce una disciplina cultural con una alta exigencia física y con una dedicación absoluta, a la que con treinta y
cinco años, como mucho, se le acaba su carrera, no se le proporcione un programa de transición profesional, como existe en los países más avanzados del mundo, para que pueda incorporarse al mercado laboral y seguir participando y aportando su
sabiduría a nuestra sociedad? Si no hacemos esto, ¿quién bailará para nosotros? ¿Saben ustedes que con la actual legislación, Miguel de Cervantes, que publicó la segunda parte del Quijote con sesenta y ocho años, tendría que arriesgarse a perder
la jubilación si decidiera publicarla en la actualidad? ¿Estamos en disposición de desperdiciar el talento, la experiencia y la sabiduría de nuestros artistas de edad avanzada, en la que pueden seguir aportando riqueza cultural e ingresos a la caja
común? Este tipo de situaciones son las que pretende solucionar este estatuto.
Ahora llega el momento de la verdad, señor ministro, el momento de hacer realidad las modificaciones normativas y legislativas pertinentes para que este acuerdo -repito, que fue aprobado en Comisión por consenso, por unanimidad- pase de ser
literatura a modificar sustancialmente las condiciones de los artistas, creadores y trabajadores de la cultura y actualizarlas a la realidad del siglo XXI; en definitiva, para que este acuerdo sirva para dignificar el trabajo cultural. Ningún
ministro de Cultura en lo que llevamos de democracia llegó al cargo con un activo tan impresionante: un estatuto del artista aprobado por consenso. Tiene usted la posibilidad de pasar a la historia como el ministro que supo hacer realidad este
cambio
necesario e imprescindible para mejorar las condiciones de trabajo cultural o de pasar a la historia como el ministro que dilapidó este caudal. Y ¡qué quiere que le diga! Yo mucho no me fío, y no lo digo por usted, al que le concedo el
beneficio de la duda dada su trayectoria en el mundo de la cultura, sino por el Gobierno al que pertenece. Es un Gobierno cuya aportación más relevante, de momento, ha sido pedir, a través de su vicepresidenta, un informe a la Real Academia
Española de la Lengua -que si no dice lo que ella quiere lo va a despreciar, según sus propias palabras- para duplicar el lenguaje en nuestra Constitución. Otra aportación ha sido la presencia del presidente Sánchez en el concierto de los Killers,
al que acudió con su 'Air Force One', y de la que no podemos saber muchas más cosas porque es secreto de Estado. No me fío de un Gobierno de ochenta y cuatro diputados sometido al chantaje de populistas e independentistas, a los que debe el señor
Sánchez el alquiler de la Moncloa, de un Gobierno que, me temo -espero equivocarme, por el bien de la cultura-, no va a tener capacidad de maniobra por su extrema debilidad y por el chantaje al que está sometido. Ojalá, y esto lo digo con toda
sinceridad, me tenga que comer estas palabras, que, como decía Winston Churchill, serán una dieta equilibrada. Y como no nos fiamos, en Ciudadanos estaremos atentos y vigilantes para controlar el desarrollo legislativo de este estatuto, que, vuelvo
a insistir, fue aprobado por unanimidad.
No quisiera acabar esta intervención sin agradecer a todos los miembros de la Cámara su trabajo y su disposición y que hayan facilitado tanto nuestra tarea y sin dar las gracias a todos los diputados y diputadas que formaron esta
subcomisión, absolutamente a todos, pero permítanme que señale a la señora Pastor, al señor Torres Mora, al señor Maura, al señor Del Río, al señor Lorenzo, a la presidenta, Marta Rivera de la Cruz, y demás compañeros. Pero, sobre todo, quiero
hacer una consideración especial a nuestro letrado, el señor Astarloa, faro que ha guiado nuestros pasos con sabiduría y precisión. Ha sido todo un honor conocerle y trabajar con usted y haberle parasitado todos los conocimientos que he podido.
Señor ministro, termino recordándole que ahora la pelota de este estatuto se encuentra en el tejado de su despacho. Por favor, no desperdicie esta ocasión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pastor Muñoz. (Pausa). Es el señor Maura, pero tienen que avisar a la Mesa. Señor Maura, tiene usted la
palabra.
El señor MAURA ZORITA: Gracias, presidenta.
Antes de abordar la cuestión que nos compete quería decir apenas unas palabras sobre un compañero de todas y de todos, el diputado de En Comú Podem Xavi Domènech. Xavi Domènech nunca rehuyó un conflicto y nunca dejó de dar una batalla, pero
siempre entendió -y es un aprendizaje que le debo- que lo verdaderamente duro y revolucionario es cooperar. Por tanto, vaya un abrazo para él y para todas las personas que cooperan. (Aplausos).
Dicho esto, abordo la cuestión que nos ocupa. Este debate que tenemos hoy sobre el informe de la subcomisión para la elaboración de un estatuto del artista es la penúltima estación de un trabajo que ha sido largo y duro y que creo que es
satisfactorio para, al menos, mi grupo parlamentario y para mí personalmente. Hemos conseguido a través de un método verdaderamente dedicado, a través de mucho trabajo, con muchas conversaciones con sindicatos, asociaciones profesionales y
colectivos del sector, con mucho diálogo entre las partes y también con una atención muy especial a los problemas específicos que tienen las personas de las que nos ocupábamos, hemos conseguido -digo- un borrador de estatuto muy avanzado que, sin
duda, pone encima de la mesa la necesidad de que este colectivo tenga igualdad de derechos y oportunidades, que constituye una agenda legislativa contra la precariedad, que se ocupa de las especificidades del trabajo cultural, tanto por cuenta
propia como por cuenta ajena, que lo hace también con atención a la intermitencia característica del sector, que lo hace con perspectiva de género y que lo hace además con sensibilidad hacia las personas que trabajan en lugares menos visibles, los
trabajos menos visibles, los trabajos detrás de los escenarios, antes de los escenarios y después de los escenarios, que están siempre ahí garantizando que podamos disfrutar de un concierto, de un libro, de una obra de teatro o de la película.
(Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MAURA ZORITA: Dicho esto y manifestando la satisfacción por el resultado que hemos obtenido, creo que lo fundamental no es solo el texto del informe de la subcomisión. En gran medida creo
que la subcomisión, como proceso parlamentario, como trabajo legislativo que ha sido, nos sirve también para cambiar de paradigma; nos sirve también para recordar que cada vez que debatamos sobre cultura en esta u otras Cámaras, en todas
las instituciones y en todos los niveles administrativos y competenciales, recordemos siempre que la cultura es un trabajo. Puede que la mayor parte de las personas lo asocien con su tiempo libre, puede que la mayor parte de las personas disfruten
de la cultura al acabar su jornada laboral o en algún momento de su tiempo de descanso, sin embargo, para que eso sea posible, muchas personas tienen que dedicarse a la cultura todo el día, todos los días de la semana y todas las horas del día. Es
absolutamente fundamental que entendamos, por tanto, que, hoy por hoy, no es tan sencillo encontrar lugares donde se diga abiertamente y de manera clara y distinta que la cultura es un trabajo y que como todo trabajo requiere de condiciones dignas,
requiere de derechos y oportunidades iguales con respeto a otras profesiones, a otras personas y a otros trabajos.
La cultura, además de un sector productivo y un trabajo, es también un derecho. Este informe de la subcomisión no es solo algo que importa y que le dedicamos a las personas que se dedican profesionalmente a la cultura, es un informe que va
a ayudar a que se garanticen los derechos de toda la ciudadanía. La cultura es un derecho recogido constitucionalmente en el título dedicado a los derechos y deberes fundamentales de toda la ciudadanía. La cultura es un derecho que el artículo
44.1 de la Constitución recoge de manera evidente y explícita. Que las personas que se dedican a la cultura puedan hacerlo en condiciones dignas, que puedan hacerlo -insisto- con derechos y oportunidades es bueno para toda la ciudadanía, por tanto,
no es una política o un avance sectorial; es un avance de toda la ciudadanía, es un avance de toda la sociedad en la medida en que, gracias a este informe -cuando consigamos aplicarlo-, vamos a poder hacer algo tan relevante como garantizar un
artículo constitucional, el 44.1. ¿Qué sentido tiene que la Constitución recoja el derecho al acceso a la cultura si las personas que lo pueden garantizar no tienen ellas mismas derechos, no tienen ellas mismas oportunidades?
Aprovecho mis últimos minutos para agradecer -como ya han hecho mis compañeros y compañeras en la tribuna y en Comisión, así como en otras ocasiones privadas y públicas que hemos compartido- el trabajo que se ha realizado. Creo que el mejor
método para el consenso es el conflicto, es poner encima de la mesa los problemas, es poner encima de la mesa las diferencias, es poner encima de la mesa las posibles soluciones; el mejor método para obtener consensos es, en última instancia, no
dejar de reconocer dónde están los problemas para poder abordarlos en toda su complejidad, en toda su extensión, con toda su dificultad.
En esa labor nos ha ayudado mucha gente que ha sido mencionada ya. Yo solo me referiré, por supuesto, a nuestro letrado, Ignacio Astarloa, y, como es natural, a las asociaciones -algunas de las cuales están aquí presentes-, así como -es
inexcusable- a mis compañeros de grupo parlamentario Rosana Pastor y Miguel Anxo Fernández Bello. Gracias a todas y a todos, portavoces y presidenta de la Comisión. Ha sido un placer, quizá haya sido una de las experiencias parlamentarias más
beneficiosas para mí y que recordaré como un honor y no solo como un placer o como una tarea. Gracias a todas y a todos. Ojalá podamos estar pronto en esta misma tribuna defendiendo reales decretos, defendiendo medidas concretas que, insisto,
hagan realidad lo que hemos conseguido tan duramente.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Torres Mora.
El señor TORRES MORA: Gracias, señora presidenta.
Estoy convencido de que a estas horas todas sus señorías entenderán perfectamente qué significa eso de pasar más hambre que un poeta. (Risas).
Señorías, el pasado domingo por la noche asistimos desconsolados a la pérdida que ha supuesto para toda la humanidad el incendio del Museo Nacional de Brasil. (Aplausos). Más de 20 millones de piezas museísticas, algunas de ellas de un
valor incalculable, dependían de un presupuesto miserable que para este año tenía una previsión de 42 000 euros. Cuesta creérselo. ¡Cuántos conocimientos y cuánta belleza se han perdido para siempre!
Allá por 1848, Víctor Hugo, entonces miembro de la Asamblea Nacional, a raíz de unos recortes en los siempre escasos presupuestos de cultura, advertía a sus compañeros parlamentarios, y con ellos a todos nosotros, a todos los parlamentarios
del mundo. Decía Victor Hugo: Han caído ustedes en un error deplorable; han pensado que se ahorrarían dinero, pero lo que se ahorrarán es gloria. Hasta aquí la cita
de Víctor Hugo. Cuánta gloria han perdido nuestros colegas brasileños, una gloria que ni ellos habían ganado ni era para ellos, sino que era para un patrimonio que las generaciones pasadas acumularon para las generaciones futuras, del que
ellos eran depositarios temporales. No puedo imaginar su desolación. Algo así no nos debe pasar a nosotros, no nos puede pasar a nosotros.
Desde hace unos años tengo la impresión de que el problema no somos solo nosotros, los representantes, sino que una parte de la sociedad se ha alejado de la cultura y de sus creadores, a los que ve muy injustamente como una casta
privilegiada y ajena y contra los que se carga a la menor excusa. Estoy convencido de que son pocos, pero son muy ruidosos los que piensan así, y lo cierto es que poco a poco se ha ido extendiendo por el espacio público, si no cierta actitud de
hostilidad, sí de indiferencia hacia la creación cultural, quizá no en la retórica, siempre púdica, pero sí en los hechos.
Hoy todas sus señorías tienen una magnífica oportunidad para hacer que la política lidere el cambio social y que lo haga en un sentido bueno para todos, no haciendo de la necesidad virtud, como solemos, sino haciendo de la virtud necesidad.
Durante más de un año un pequeño grupo de diputadas y diputados de todos los grupos parlamentarios hemos trabajado en el informe que hoy presentamos para su aprobación. Gracias a todos ellos por el diálogo fecundo en acuerdos, por el amor a la
cultura, por el humor, por el respeto, por la inteligencia y por el trabajo, por la amistad. Gracias por la abundancia de todo eso, que suplía la falta de otros recursos, porque es sabido de sus señorías que nuestro Parlamento -este es un mal que
compartimos con otras democracias avanzadas- no dispone de grandes recursos, de modo que para realizar el informe que ahora sometemos a la consideración del Pleno hemos contado con muchas ayudas, muchas complicidades y mucha comprensión,
especialmente de las organizaciones profesionales y sindicales de los creadores y los artistas y de quienes las dirigen. Solo puedo decir que son imprescindibles. Por eso quiero reiterar en nombre del Grupo Socialista todos y cada uno de los
agradecimientos que ya han expresado con justicia los oradores que me han precedido.
En la elaboración del informe nos ha faltado un mayor diálogo con los expertos y gestores de la Administración, con los funcionarios públicos que gestionan nuestros derechos, que acumulan un saber que resulta necesario para afinar cada
propuesta que hacemos de forma que sean aplicables de manera justa y eficaz. El Gobierno, nada más llegar, acogió el informe de la subcomisión como suyo y ya ha iniciado ese diálogo y el trabajo necesario para ir concretando en medidas
administrativas y propuestas legales lo que planteamos en el informe, y también se lo agradecemos al Gobierno. Con el trabajo de la Comisión, de toda la Comisión, de todos los grupos, hemos elaborado este informe que hemos aprobado por unanimidad.
Si sus señorías quieren, este informe podrá ser la primera piedra de un nuevo pacto para la cultura. No hablo de un gran pacto firmado con mucha solemnidad, con cámaras y tapices al fondo -esa propuesta está fuera de mi alcance-, pero sí de un
pacto eficazmente cotidiano que se exprese en un mayor reconocimiento de la importancia de la cultura, un mayor respeto a quienes la crean y una mayor comprensión de sus necesidades y demandas, y no solo por los representantes, sino también por los
representados.
Señorías, decía Pompeyo el Grande que vivir no es necesario, pero navegar sí. Vivir no es necesario, no, pero escuchar música, cantar canciones, leer libros, ver cuadros y películas, eso sí es necesario. (Aplausos). ¡Cuántos millones de
canciones, de libros, de cuadros, de películas, se pierden cada año en todo el mundo! Pero no pasto de las llamas, sino sencillamente porque sus posibles creadores no tuvieron los medios para hacerlas. Hoy, con nuestro voto, ayudamos a apagar ese
incendio.
Muchas gracias. (Varias señoras y señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Del Río Sanz.
El señor DEL RÍO SANZ: Gracias, presidenta.
Señorías, lo escuché una vez en un acto público y decidí que me lo quedaba, me pareció genial: antes de hablar, quiero decir unas palabras. Bueno, pues, antes de hablar, quiero decir unas palabras de agradecimiento, en primer lugar -se ha
citado ya-, al letrado de la Comisión, a Ignacio Astarloa, por el papel aglutinador e impulsor que ha tenido en un estatuto que, como ha señalado la presidenta de la Comisión, después de tantos meses de trabajo hemos conseguido aprobar por
unanimidad en la Comisión, y también a quienes desde mi grupo parlamentario han trabajado para que esto fuera posible: María José García-Pelayo, que me entregó el testigo e hizo la mayor parte del trabajo -muchas gracias- y Miguel
Lorenzo, que ha estado ahí todo el tiempo -muchas gracias-. (Aplausos). Dichas estas palabras, voy a hablar.
Que se apruebe hoy, y por unanimidad, este informe de la subcomisión para apoyar a los creadores del mundo de la cultura en nuestro país es un hito para la cultura en España. Desde el Partido Popular hemos hecho todo lo posible para llegar
a este consenso, y siendo como somos el grupo mayoritario, desalojado del Gobierno por esta moción de censura con el apoyo de los batasunos, de los independentistas, etcétera, pero grupo mayoritario, por tanto tenemos algo más de protagonismo, como
corresponde democráticamente, en haber llegado a este acuerdo. Para el Partido Popular era fundamental este estatuto hasta el punto de que lo teníamos en nuestro programa electoral. ¿Por qué era fundamental? Porque -y no me quiero extender a
estas horas- la cultura es algo que tiene que ver con tres principios esenciales para el partido del que soy portavoz. En primer lugar, porque tiene que ver con la libertad personal, con el desarrollo personal y la libertad de los individuos. En
segundo lugar, porque tiene que ver con el progreso social; el progreso de una sociedad no se mide solamente -que se mide- por las patentes que se registran o por los kilómetros de carretera que se construyen -que se mide por eso también-; se mide
por el progreso cultural, y este estatuto del artista es un instrumento para seguir potenciando el progreso social. Y en tercer lugar, porque tiene que ver con la esencia de nuestro país, con la unidad de España, algo en lo que personalmente creo y
en cuya defensa se caracteriza este partido. La cultura es el alma de una nación; una patria lo es porque comparte una cultura común y porque tiene una cultura propia. La cultura no cae del cielo, que diría la ahora vicepresidenta; la cultura la
hacen los creadores y la interpretan los músicos, la interpretan los bailarines, la interpretan los actores, la disfrutamos gracias al trabajo de tantos creadores y de tantos trabajadores de la cultura. Por eso se trata de apoyarlos, por eso se
trata de reconocer la especificidad de todos los profesionales del ámbito de la cultura, de salvaguardar sus derechos como trabajadores, y a su vez de potenciar su papel como creadores.
Se trata de medidas justas y necesarias que espero que este Gobierno las tome en serio. No se trata de coger un avión para ir a un concierto oficial; se trata de tomarse en serio el documento, las casi ochenta medidas que están incluidas
en este informe, y de aplicarse a ello, de dejar los postureos y de hacerle caso -espero- al ministro de Cultura, para que esto no se quede en papel mojado, para que no se quede como la bajada del IVA del cine, que no ha repercutido todavía en el
precio de las entradas. Por cierto quiero reconocer también el trabajo de quienes sin estar en la Comisión han contribuido decididamente a que esto sea hoy una realidad, y lo quiero personalizar en Íñigo Méndez de Vigo, ministro de Cultura, y en su
entonces secretario de Estado, Fernando Benzo. (Aplausos).
Desde el Partido Popular vamos a estar tan exigentes y tan vigilantes para que esto se cumpla como lo estaríamos si hubiese un Gobierno del Partido Popular. Nos va en ello, como digo, apoyar, salvaguardar, proteger y fomentar la cultura en
nuestro país, que tiene que ver con la libertad, con el progreso social y con la esencia de España. Y en esa labor, en esa exigencia nos van a tener de una forma leal y responsable, pero exigente también, como corresponde al Partido Popular.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, PARA QUE SE CONCEDA UNA PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA LA EMISIÓN DE SU INFORME. (Número de expediente 154/000010).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al último punto del orden del día, relativo a la solicitud de la Comisión Constitucional para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para la reforma electoral, hasta el 31 de diciembre
de 2018, para la emisión de su informe.
Dicha solicitud se someterá a votación al final de esta sesión.
Señorías, en cuatro minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).
CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES. (VOTACIÓN):
- REAL DECRETO-LEY 5/2018, DE 27 DE JULIO, DE MEDIDAS URGENTES PARA LA ADAPTACIÓN DEL DERECHO ESPAÑOL A LA NORMATIVA DE LA UNIÓN EUROPEA EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS. (Número de expediente 130/000032).
La señora PRESIDENTA: Señorías, va a comenzar la votación.
Procedemos a votar, en primer lugar, la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa europea en materia de protección de datos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 4 votos telemáticos, 341; a favor, 335 más 4 votos telemáticos, 339; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 6/2018, DE 27 DE JULIO, POR EL QUE SE APRUEBA UNA OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO EXTRAORDINARIA Y ADICIONAL PARA EL REFUERZO DE MEDIOS EN LA ATENCIÓN A ASILADOS Y REFUGIADOS. (Número de expediente 130/000033).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a continuación a votar el Real Decreto-ley 6/2018, de 27 de julio, por el que se aprueba una oferta de empleo público extraordinaria y adicional para el refuerzo de medios en la atención a asilados y
refugiados.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 4 votos telemáticos, 341; a favor, 335 más 4 votos telemáticos, 339; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado.
- REAL DECRETO-LEY 7/2018, DE 27 DE JULIO, SOBRE EL ACCESO UNIVERSAL AL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. (Número de expediente 130/000034).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, a votar el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 4 votos telemáticos, 341; a favor, 173 más 4 votos telemáticos, 177; en contra, 133; abstenciones, 31.
La señora PRESIDENTA: Queda convalidado. (Aplausos).
Señorías, se ha solicitado que el real decreto-ley sea tramitado como proyecto de ley, por el procedimiento de urgencia.
Procedemos a su votación.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 4 votos telemáticos, 341; a favor, 336; en contra, 4 votos telemáticos; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Se tramitará en consecuencia por este procedimiento.
ACUERDOS DE COMISIONES RELATIVOS A INFORMES DE SUBCOMISIONES Y PONENCIAS. (VOTACIÓN):
- INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN ESTATUTO DEL ARTISTA. (Número de expediente 154/000004).
La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con la votación del informe de la subcomisión para la elaboración del estatuto del artista.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 337.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado. (Aplausos).
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN CONSTITUCIONAL, PARA QUE SE CONCEDA UNA PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA LA REFORMA ELECTORAL, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, PARA LA EMISIÓN DE SU INFORME. (Número de expediente 154/000010).
La señora PRESIDENTA: Último punto del orden del día: se somete al Pleno la solicitud de la Comisión Constitucional para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para la reforma electoral, hasta el 31 de diciembre de
2018, para la emisión de su informe.
¿Se puede entender aprobada por asentimiento? (Asentimiento). De acuerdo.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y cuarenta y cinco minutos de la tarde.