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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 124, de 29/05/2018
cve: DSCD-12-PL-124
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 124
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ANA MARÍA PASTOR JULIÁN
Sesión plenaria núm. 119
celebrada el martes,
29 de mayo de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día ... (Página8)
Solicitud de prórroga de subcomisiones:
- Solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado al a Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, hasta el 30/09/2018, para la
conclusión de sus trabajos. (Número de expediente 154/000005) ... (Página8)
Modificación del orden del día ... (Página8)
Toma en consideración de proposiciones de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre protección por desempleo. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie B, número 244-1, de 6 de abril de 2018. (Número de expediente 122/000215) ...
- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias. 'BOCG.
Congreso de los Diputados', serie B, número 225-1, de 9 de marzo de 2018. (Número de expediente 122/000196) ... (Página17)
Proposiciones no de ley:
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la función pública. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 319, de 16 de marzo de 2018. (Número de expediente
162/000619) ... (Página27)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 304, de 23 de febrero de 2018.
(Número de expediente 162/000594) ... (Página35)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:
- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación con las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social. (Número de expediente 173/000090) ... (Página43)
- Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENA (Menores Extranjeros No Acompañados). (Número de expediente 173/000091) ...
- Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha de los acuerdos del informe de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en
el desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad. (Número de expediente 173/000092) ... (Página59)
- Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición española sobre el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027. (Número de expediente 173/000093) ...
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación) ... (Página73)
Proposiciones no de ley. (Votación) ... (Página74)
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación) ... (Página75)
Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación):
- Propuesta de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de creación de una Subcomisión al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país. 'BOCG. Congreso de los Diputados', serie D, número 349, de 9 de
mayo de 2018. (Número de expediente 158/000048) ... (Página76)
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación):
- Solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado al a Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, hasta el 30 de septiembre de
2018, para la conclusión de sus trabajos. (Número de expediente 154/000005)... (Página79)
SUMARIO
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
Inclusión en el orden del día... (Página8)
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, la Presidencia somete a la Cámara la inclusión de un nuevo punto en el orden del día de la sesión de hoy, que se debatirá en
último lugar, relativo a la solicitud de la Comisión de Defensa para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, hasta el 30 de
septiembre de 2018, para la conclusión de sus trabajos, lo que se aprueba por asentimiento.
Modificación del orden del día... (Página8)
La Presidencia informa a la Cámara de la modificación del orden del día en el sentido de permutar el debate de la interpelación del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a las condiciones de vida y
trabajo de los temporeros y temporeras de las campañas agrícolas en España, con la del Grupo Parlamentario Ciudadanos, al Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación sobre el Instituto Cervantes, de modo que esta se tramite en primer lugar, lo
que se aprueba por asentimiento.
Toma en consideración de proposiciones de ley... (Página8)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre protección por desempleo... (Página8)
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Díaz Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Candela Serna, del Grupo Parlamentario Mixto; Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Del
Campo Estaún, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; así como la señora De Frutos Madrazo, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Albaladejo Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias...
Defiende la toma en consideración de la proposición de ley la señora Madrazo Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Martínez Oblanca, Baldoví Roda y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Capdevila i Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; De la Torre Díaz, del Grupo
Parlamentario Ciudadanos, y Vendrell Gardeñes, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, así como la señora Sumelzo Roldán, del Grupo Parlamentario Socialista.
Proposiciones no de ley... (Página27)
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la Función Pública... (Página27)
Defiende la proposición no de ley el señor González García, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Serrano Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Ramírez Freire, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, así como la
señora López Ares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra la señora González García.
Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario... (Página35)
Defiende la proposición no de ley el señor Cruz Rodríguez, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y el señor Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Martínez Oblanca, la señora Sorlí Fresquet y el señor Miquel i Valentí, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Olòriz
Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; así como la señora Valmaña Ochaíta, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Cruz Rodríguez.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes... (Página43)
Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación con las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación
básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social... (Página43)
Defiende la moción la señora Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y Salvador i Duch, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; y las señoras Alba Goveli, del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; Faba de la Encarnación, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Rodríguez Hernández, doña Juana Amalia, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cotelo Balmaseda, del Grupo Parlamentario Popular en el
Congreso.
Del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENA (Menores Extranjeros No Acompañados.) ... (Página50)
Defiende la moción el señor Barandiaran Benito, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
En defensa de las enmiendas presentadas intervienen el señor Bataller i Ruiz y las señoras Oramas González-Moro y Beitialarrangoitia Lizarralde, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Millán Salmerón, del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
y García Puig, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea; así como el señor Clavell López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, y Ferrer Tesoro, del Grupo Parlamentario Socialista.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas vuelve a hacer uso de la palabra el señor Barandiaran Benito.
Del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha de los acuerdos del informe de la Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el
desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad... (Página59)
Defiende la moción la señora Fernández Castañón, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor Agirretxea Urresti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y las señoras Surra Spadea, del Grupo Parlamentario de Esquerra
Republicana; Reyes Rivera, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; Cuello Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Alba Mullor, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición española sobre el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027... (Página66)
Defiende la moción el señor Saura García, del Grupo Parlamentario Socialista.
En defensa de la enmienda presentada interviene el señor Roldán Monés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Salvador Armendáriz y Bel Accensi, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Capdevila i
Esteve, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; Monereo Pérez, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y Suárez Lamata, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
A los solos efectos de aceptación o rechazo de la enmienda presentada vuelve a hacer uso de la palabra el señor Saura García.
Propuestas de creación de subcomisiones
Propuesta de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de creación de una Subcomisión al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país
No hay debate en este punto del orden del día.
Solicitud de prórroga de subcomisiones
Solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, hasta el 30/09/2018, para la
conclusión de sus trabajos
No hay debate en este punto del orden del día.
Toma en consideración de proposiciones de ley. (Votación.) ... (Página73)
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre protección por desempleo, se aprueba por 166 votos a favor más 3 votos telemáticos, 169;
131 en contra más 1 voto telemático, 132, y 39 abstenciones.
Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias, se aprueba por 234 votos a favor más 2 votos telemáticos, 236; 34 en contra y 68 abstenciones más 2 votos telemáticos, 70.
Proposiciones no de ley. (Votación.) ... (Página74)
Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre el rescate integral de la Función Pública, se aprueba por 203 votos a favor y 133 en contra.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la proposición no de ley del
Grupo Parlamentario Socialista, sobre un Programa específico para la mejora y promoción del Personal Docente e Investigador (PDI) universitario, se aprueba por 199 votos a favor, 1 en contra y 136 abstenciones.
Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. (Votación.) ... (Página75)
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Beitialarrangoitia), relativa a la postura del Gobierno en relación con las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social
referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, se rechaza por 89 votos a favor, 245 en contra y 1 abstención.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y el Grupo Parlamentario Mixto a la moción consecuencia de
interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), se aprueba por 334 votos a favor y 2
abstenciones.
Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha de los acuerdos del informe de la
Subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad, se aprueba por 167 votos a favor, 133 en contra y 37 abstenciones.
Sometida a votación la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Ciudadanos a la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición
española sobre el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la UE 2021-2027, se rechaza por 130 votos a favor, 135 en contra y 72 abstenciones.
Propuestas de creación de subcomisiones. (Votación.) ... (Página76)
Sometida a votación la propuesta de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, de creación de una Subcomisión al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país, se rechaza por 140 votos a favor más 1 voto
telemático, 141; 160 en contra y 37 abstenciones más 3 votos telemáticos, 40.
Intervienen para explicación de voto el señor Olòriz Serra, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana; la señora Rivera Andrés, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; y los señores Luis Bail, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea; Bellido Acevedo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gamazo Micó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Solicitud de prórroga de subcomisiones. (Votación.) ... (Página79)
Sometida a votación la solicitud de la Comisión de Defensa, para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a la Subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas, hasta el
30 de septiembre de 2018, para la conclusión de sus trabajos, se aprueba por 331 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
Se suspende la sesión a las nueve y treinta minutos de la tarde.
Se abre la sesión a las tres de la tarde.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
- SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES:
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE DEFENSA, PARA QUE SE CONCEDA UNA PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN PROFESIONAL DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2018, PARA LA CONCLUSIÓN DE SUS TRABAJOS. (Número de expediente 154/000005).
La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 68.1 del Reglamento y con lo acordado por la Junta de Portavoces, esta Presidencia propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir como último punto de
la sesión de hoy la solicitud de prórroga del plazo otorgado a la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas constituidas en el seno de la Comisión de Defensa hasta el 30 de
septiembre de 2018 para la conclusión de sus trabajos.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.
La señora PRESIDENTA: Por otro lado, y con la unanimidad de la Junta de Portavoces, esta Presidencia somete al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de permutar el orden del debate de las interpelaciones
correspondientes a los puntos 30 y 32.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento).
En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 122/000215).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora, señorías, al punto del orden del día relativo a la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre protección por
desempleo.
Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Buenas tardes. Boas tardes.
Pasamos a la defensa de la toma en consideración de la proposición de ley sobre protección por desempleo que presenta nuestro grupo, si bien querría, en primer lugar, en nombre de nuestro grupo, agradecer al equipo redactor de la misma, muy
particularmente al catedrático de Derecho Laboral y Seguridad Social, profesor Juan López Gandía, y a su equipo, su contribución, como siempre altruista, a las iniciativas de nuestro grupo. (Aplausos).
Vamos a defender una proposición de ley sobre el principal problema que tiene nuestro país. Pudiéramos pensar que el principal problema que tiene nuestro país es el Gobierno, así lo parece, sin embargo, no es el Gobierno el principal
problema de nuestro país, sino que, como señala el CIS y como señala todo el mundo, la realidad hace pensar que son los desempleados y las desempleadas la primera preocupación que tenemos. Y estamos especialmente preocupados por el desempleo
porque, fíjense ustedes, los desempleados en nuestro país han sido doblemente víctimas del Gobierno del Partido Popular, han sido doblemente víctimas de un doble tijeretazo porque, como consecuencia de la mal llamada crisis, han perdido su puesto de
trabajo, pero también, cuando más necesitaban la protección de su Gobierno, este les ha dejado tirados y el Gobierno del Partido Popular, como saben, ha recortado de forma brutal las prestaciones por desempleo.
Voy a hacer una historia breve de los recortes del Partido Popular. Fíjense ustedes, en el año 2010 la tasa de cobertura a los desempleados y desempleadas prácticamente alcanzaba en España el 80 %,
exactamente el 79 %. Hoy, año 2018, la tasa de cobertura que tienen los desempleados y desempleadas en España es tan solo del 56 %. Por el camino, señoras y señores del Grupo Popular, se han caído 22 puntos de protección social. Mientras
ustedes saqueaban a nuestro pueblo y robaban a manos llenas mediante la corrupción, dejaban tirados a nuestros parados y a nuestras paradas. (Aplausos). Esta es la historia del desempleo en nuestro país. En 2017 había 3,9 millones de personas
desempleadas. ¿Saben cuántas tuvieron protección social? De 3,9 millones de personas desempleadas, 2,8 millones se quedaron sin ningún tipo de protección social. De ahí la urgencia de esta proposición de ley que trae hoy el Grupo Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Como historia de los recortes, no sé si saben que lo que han dejado de gastar los hombres y mujeres del Partido Popular en materia de desempleo supera los 48 000 millones de euros, exactamente 48 370 millones
de euros, que causalmente es lo que ha costado el rescate a la banca en nuestro país. Podemos decir alto y claro, señoras y señores del Grupo Popular, que el rescate a la banca lo han cargado en sus espaldas los desempleados en nuestro pueblo, y
esto, señoras y señores del Grupo Popular, no es decente. (Aplausos).
Muy rápidamente. ¿Cuál es la historia de la protección social en España? No tenemos una historia bonita. Digamos que tenemos tres momentos fuertes legislativamente. Uno arranca con la Ley 22/1992, hecha por Felipe González, de la que los
mayores se acordarán. Un enorme recorte a la protección social en nuestro país, tanto por lo que se refiere a las condiciones de acceso como por lo que respecta a la propia configuración de la protección social en España. Hasta el día de hoy ese
marco legislativo no ha sido cambiado. Nunca ha sido mejorado, a pesar de que durante toda la historia del bipartidismo hubo superávit recaudatorio para el desempleo en nuestro país, porque, señoras y señores del Grupo Popular, no olviden que no es
un regalo que hacen a los desempleados y a las desempleadas, sino que los trabajadores y las trabajadoras cotizamos para tener derecho a desempleo. (Aplausos). Es nuestro derecho, no nos lo regalan ustedes; es el derecho de nuestra gente. Pues
esto no ha sido cambiado. Después llegó el aznarato y también hubo un cambio legislativo fuerte en el año 2002. De manera brutal se cambia el concepto de desempleo en nuestro país y lo que hacen es convertir en delincuentes a las personas
desempleadas. Para ustedes los desempleados y las desempleadas son aprovechados de las ayudas públicas y, señoras y señores del Grupo Popular, el único aprovechado de las ayudas públicas en este país se llama Partido Popular. (Aplausos). La
corrupción del Partido Popular es la única aprovechada de las ayudas del Partido Popular.
Termino rápidamente con el hachazo a la protección social en España, que se produce, como saben bien, con el Real Decreto-ley 20/2012. Justo cuando nuestra gente más lo necesitaba se cargan el subsidio de desempleo para mayores de cuarenta
y cinco años y para mayores de cincuenta y dos años y reducen la base reguladora. En definitiva, dejan a nuestra gente tirada. Además, para dejarlo claro, el sistema de protección social en nuestro país también se ha quedado un poco viejo. Se ha
quedado viejo porque estaba pensado para un mercado laboral en el que los trabajadores tenían contratos de trabajo estable, situaciones indefinidas, en el que el paro operaba tan solo de manera friccional, pero esta no es nuestra realidad. Nuestra
realidad es que tenemos trabajadores y trabajadoras pobres. Un tercio de los asalariados y asalariadas no es que se hayan precarizado, es que tienen que ir a Cáritas para dar de comer a sus hijos y a sus hijas, algo que no habíamos conocido en
nuestro país. (Aplausos). Tenemos trabajadores y trabajadoras que de forma involuntaria se tienen que acoger a contratos a tiempo parcial. Tenemos casi un 26,8 % de precariedad y temporalidad en nuestro país. Por tanto, esta ley tiene más
urgencia que nunca porque el modelo que ustedes han sacado adelante, sin lugar a dudas, ha cambiado. Debemos hacerlo justamente para romper el círculo de la pobreza, porque una de las causas de la pobreza en España tiene que ver con la
desprotección social, y para acoger el círculo de la seguridad. No hay nada mejor para un pueblo, para un país que dar Seguridad Social a sus compatriotas. Esto, justamente, es lo que hacemos con esta proposición de ley que hoy sometemos a debate.
Fíjense, voy rápidamente a dar las características de la propuesta. Seguro que habrá mejores, mi grupo espera que sea así, nos gustará que se mejore la propuesta. En todo caso, hacemos algunas cosas que eran muy necesarias en el sistema de
la Seguridad Social. La primera de ellas es extender la cobertura de la protección por desempleo a colectivos que, hasta ahora, injustamente estaban privados de ella. Por ejemplo, las 624 000 mujeres trabajadoras del hogar que, de manera injusta,
están siendo privadas en nuestro país de la cobertura por desempleo. Nos parece de justicia que las trabajadoras del hogar, que también forman parte de nuestra Seguridad Social, tengan derecho a desempleo o que lo tengan los fijos discontinuos a
través de los subsidios o una parte del sector agrario que carece del mismo. Nos parece de justicia, como hacen otros países, que nuestros jóvenes se vean recompensados por la mala calidad
del empleo y, sobre todo, por la situación de pobreza y precariedad que sufren. Nuestra propuesta reduce a la mitad el periodo de carencia para que los jóvenes puedan devengar prestación por desempleo. Exactamente, los jóvenes menores de
treinta años con tan solo cotizar 180 días tendrán derecho a la prestación por desempleo y no con 360 días, como acontece en la actualidad. Señores y señoras del Partido Popular, queremos por fin legislar a favor de las mujeres. El Reino de España
ha sido recientemente condenado, como saben, por trato discriminatorio por el distinto tratamiento que hacen en el tiempo parcial horizontal y vertical. Esta proposición de ley lo que hace, justamente, es cambiar este paradigma para garantizar que
las mujeres, que fundamentalmente somos las que soportamos el trabajo a tiempo parcial, veamos por fin erradicada esa discriminación. Hacemos algo también muy importante, que es recuperar el alcance que tenía la base reguladora de otros tiempos
-los mayores se acordarán-, es decir, una prestación que tenga que ver con el 70 % de la base reguladora. Como ustedes saben, gracias al Partido Popular en el año 2012 se redujo esta prestación, pasando al 50 y al 60 % de la base reguladora. Lo
que hacemos es ampliarla al 70 % de la base reguladora y, además, en un tramo único. Conocen ustedes que los primeros seis meses sería el 60 % de la base reguladora y los siguientes una cantidad menor. Parece que no tiene sentido esta
diferenciación y lo que hacemos es un tramo único del 70 % para el total de los días durante los que los trabajadores y las trabajadoras tengan derecho a la prestación por desempleo. También, obviamente, subimos las cuantías máximas y mínimas,
tanto de las prestaciones contributivas como de las prestaciones asistenciales. Insisto, tenemos a trabajadores y trabajadoras en desempleo que son literalmente pobres. Supongo que ustedes, al igual que yo, reciben casi diariamente en sus correos
del Congreso mensajes de un colectivo muy importante de trabajadores y trabajadoras para pedirnos que recuperemos el subsidio para mayores de cincuenta y dos años. Obviamente, esta propuesta legislativa recupera el subsidio para mayores de
cincuenta y dos años y, además, lo hace extensivo para engarzar con la edad de jubilación. Igualmente, recuperamos el subsidio para los mayores de cuarenta y cinco años.
En esta proposición de ley no solamente nos quedamos aquí, sino que configuramos un nuevo modelo de políticas activas de empleo. La última reforma -o recorte- que ustedes han practicado en los Presupuestos Generales del Estado es, insisto,
tratar a los desempleados y desempleadas poco menos que de criminales. Hablemos del último recorte, por cierto, que han realizado, haciendo trampas. No sé si ustedes saben que había una previsión de ingresos en materia de desempleo en el
presupuesto actual de 20 000 millones de euros y, sin embargo, ustedes tan solo dedican a la protección social en materia de desempleo 17 000 millones de euros. Digámoslo alto y claro, le están robando a los trabajadores y trabajadoras de este país
3000 millones de euros que, insisto, son de ellos y de ellas. (Aplausos).
Para ir terminando, desde la tribuna interpelo a los 350 diputados y diputadas para que voten sí a esta proposición de ley para permitir que su debate salga a trámite, que voten sí a algo que creemos que tiene que ver con los problemas
fundamentales de nuestra gente, de nuestro pueblo, y, sobre todo, que voten sí, señores y señoras del Partido Socialista, porque ojalá el viernes que viene en nuestro país haya un Gobierno que diga alto y claro que, aparte de corrupción, en España
defendemos a nuestra gente, defendemos a los trabajadores y a las trabajadoras y defendemos a los desempleados y a las desempleadas. Por ellos, votemos sí hoy a esta proposición de ley. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Candela Serna.
El señor CANDELA SERNA: Gracias, señora presidenta. Molt bona vesprada.
Señora Díaz, le anuncio que el sentido del voto de mi grupo, como no podía ser de otra manera, va a ser afirmativo. Votaremos a favor de esta proposición de ley porque entronca con nuestra filosofía política y con la labor que hacemos en el
Gobierno del País Valenciano. Este fundamento no es otro que nuestra profunda convicción del sentido del patriotismo. No de patriotismo estéril de banderita y con excesivas dosis de testosterona, sino más bien el patriotismo de aquello que
denominamos en la Comunidad Valenciana patriotisme de la gent. Patriotismo de la gente que pone el poder al servicio del bienestar social, el patriotismo que reduce las listas de espera o el patriotismo que rescata y protege a personas. En
definitiva y parafraseando a Evaristo, no decimos amén a nada, a la corrupción. Votaremos a favor de esta PL que rescata y protege a personas porque está en sintonía con nuestro patriotismo de la gente. Déjenme decirles que este patriotismo de la
gente tiene una premisa fundamental, una condición necesaria para su realización. Esta premisa básica no es ni más ni menos que la decencia, la decencia de toda acción
política, la decencia de un buen Gobierno. Hoy queremos afirmar en esta defensa de nuestra posición de voto en la PL nuestros principios políticos, y queremos hacerlo porque para que esta PL tenga recorrido y sea efectiva hay que tomar una
decisión, decisión que marcará un antes y un después en la historia política de este país. Señorías, tendremos que elegir qué camino toma este país. Hay dos caminos: o democracia o corrupción, o democracia o Partido Popular. Y nosotros sabemos
dónde vamos a estar.
Gràcies. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señora presidenta, buenas tardes, señorías.
No podemos negar que al inicio, la lectura de esta proposición de ley sí suscitó entre nosotros una sensación más bien positiva por cuanto parecía que pretendía trascender, de alguna manera, el ámbito de la actual situación de protección por
desempleo vigente en la Ley General de la Seguridad Social para atender a otros objetivos que fueran más ambiciosos, seguramente tan ambiciosos como los que usted pretende pero con otra sistemática diferente a la que actualmente está planteando. Le
voy a poner como ejemplo su propio texto, cuando en la exposición de motivos dice que hay que enriquecer y redefinir la protección por desempleo con políticas activas que permitan a los trabajadores adaptarse a los cambios y a las nuevas exigencias
del mercado de trabajo. Para eso consideraba necesario garantizar una atención individualizada a través de itinerarios adaptados a cada individuo y mediante sistemas de seguimiento que vinculen a ambas partes a unas obligaciones recíprocas. En esa
misma línea, la exposición de motivos dice que las políticas activas de empleo en nuestro país son muy deficitarias e ineficientes, por lo que propone su reconsideración -en especial, las de los incentivos de empleo-, traspasándolas a otras
políticas activas con mejores rendimientos sin necesidad de incrementar el gasto. Hasta ahí la exposición de motivos llevaba a entender que desde el ámbito exclusivamente económico se pasaba también a tener la perspectiva de otra visión respecto a
la política contra el desempleo. Si bien dicha exposición de motivos nos parecía muy sugerente y a pesar de entender que la atención a esa situación también correspondía al Pacto de Toledo, no pretendíamos rehuir -y no lo vamos a hacer- la
consideración de esta proposición de ley. Sin embargo, aparte de la desproporción entre la parte expositiva y dispositiva trece páginas frente a ocho, de su lectura deducimos que la iniciativa se limita a modificar la regulación de las prestaciones
económicas por desempleo y, lo que es aún más llamativo, reduce el planteamiento de la necesaria y profunda reforma de las políticas activas de empleo a una escueta disposición adicional primera que no da respuesta a esa cuestión. Esa es sin duda
nuestra mayor discrepancia con la iniciativa, ya que de ello se deduce un diferente modelo de atención al problema del desempleo basado en una política de asistencialismo que sin duda también es necesaria, obviando que buena parte de su raíz -y
también de su solución- se debe concretar en su faceta formativa y de integración; esto es, como he dicho antes, en abordar un debate serio y completo sobre la atención integral a la situación de desempleo y a la participación en su solución de los
agentes más cercanos a la solución, tanto sociales como territoriales, y del Pacto de Toledo, como también he dicho. Pero ni ese es el texto ni parece que sea esa la intención de la proposición legislativa.
No obstante, voy a ir un momento al contenido del texto articulado, ya que pretende introducir una serie de modificaciones de cierta trascendencia en la regulación de la protección por desempleo, anunciando la intención de eliminar los
recortes introducidos por las anteriores reformas. Para ello, propone cambios que se encuadran en el título III de la Ley General de la Seguridad Social y que afectan tanto a la regulación concreta de la prestación por desempleo de nivel
contributivo como a la del subsidio por desempleo de nivel asistencial. Se ocupa también de diversas cuestiones relativas al régimen financiero y de gestiones comunes a ambas prestaciones y de su control, así como de las obligaciones de sus
beneficiarios, centrándose sobre todo en la redefinición y desarrollo de los conceptos de compromiso de actividad y de colocación adecuada. Además, merece destacarse que realiza dos menciones específicas a sendos colectivos concretos. El primero
es el de las empleadas de hogar, respecto al que plantea una modificación del artículo 251.d) de la Ley General de la Seguridad Social que entendemos correcta. Es una cuestión con la que estamos básicamente de acuerdo, si bien entendemos que es
necesaria otra reflexión diferente, más profunda o en otro ámbito más específico. El segundo es el de los trabajadores agrarios eventuales, con referencia expresa a los de Andalucía y Extremadura, cuya situación sin duda también habrá que abordar,
proponiendo la modificación del artículo 287.
Como señalaba, aparte de la parte expositiva, la parte dispositiva tiene un reglón determinado y, como conclusión, entendemos que en lo fundamental esta proposición de ley se limita a mantener el vigente sistema del texto refundido de la Ley
General de la Seguridad Social de protección de la situación de desempleo, manteniendo y corrigiendo al alza las actuales ayudas económicas, la prestación contributiva y el subsidio asistencial, obviando, no obstante, la situación de los parados de
larga duración que, atendiendo a la formulación de estas prestaciones, quedan incluso fuera de su cobertura. Por otra parte, se congela el actual esquema regulatorio sin valorar otro tipo de ayudas, como las del Plan Prepara, el PAE o la RAI, que
también responden a la protección por desempleo de colectivos excluidos actualmente. Además, como curiosidad, ni siquiera atiende a la pretensión prevista en el Real Decretoley 14/2017, que reactiva temporalmente el Plan Prepara, y que no solo
anuncia la intención de llevar a cabo una regulación integral de esta cuestión, sino también la complementariedad de esas ayudas con las de las comunidades autónomas.
Así las cosas, y a pesar de las afirmaciones expuestas en su preámbulo, esta proposición de ley carece de la necesaria ambición para afrontar una regulación integral de la protección por desempleo atendiendo a la totalidad de situaciones y
ayudas públicas que en la actualidad concurren sobre esta situación, que son las que determinan la grave situación de exclusión social. Como consecuencia de lo expuesto, no podemos mantener una posición favorable a la toma en consideración de esta
proposición de ley en sus propios términos, si bien tampoco contraria, por lo que nos abstendremos. Sin perjuicio de nuestra abstención y de prosperar esta proposición, entendemos que debe servir como iniciativa parlamentaria de una normativa que
afronte en su globalidad la protección por desempleo.
Muchas gracias, señorías.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, señora presidenta.
Bona tarda a tothom. Hoy tratamos la proposición de ley sobre protección del desempleo que, aun no siendo la solución, la verdad es que es una buena propuesta de ley. Pone encima de la mesa uno de los muchos desaguisados de las reformas
laborales que nos trajeron el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular. A nuestro parecer, la solución óptima pasa -como hemos defendido en reiteradas ocasiones en Esquerra Republicana- por la derogación de las reformas laborales, y
solo en este momento podríamos abordar de manera consensuada y no unilateralmente una reforma laboral con la participación de todos y todas las partes implicadas. Digo esto porque los parches bienvenidos sean y si son de este calado mucho más, pero
no puede haber un mercado de trabajo justo sin derogación, primero, de las reformas laborales que objetivamente nos han llevado a un modelo de empleo basado en la precariedad, bajos salarios, a un sistema laboral sin equilibrios de poder entre
trabajadores y empresarios, que es fundamental, a una situación en la que todo vale o en la que lo toma o lo deja, como única premisa y en la que el único modelo de gestión es el del beneficio del empresario de capital.
Como decía, la flexibilización de las causas de despido y la destrucción de la negociación colectiva, junto con la incapacidad por parte de los diferentes Gobiernos de crear las condiciones para construir un modelo productivo que cree empleo
de calidad, ha creado una sociedad con un paro estructural inaceptable y con un exceso de temporalidad, ya que el empleo existente se ha repartido mediante los contratos de duración determinada y a tiempo parcial, y una sociedad donde se puede
encontrar muchísimos trabajadores y trabajadoras que son pobres o incapaces de vivir de su trabajo. La facilidad para despedir, unido a la prioridad aplicativa del convenio de empresa, ha llevado a que muchas empresas despidan a sus trabajadores
y/o externalicen su actividad hacia empresas multiservicios que negocian sus propios convenios, de modo que los trabajadores han visto reducido su salario hasta 300 euros trabajando para la misma empresa y en la misma actividad, camareras de piso o
seguridad privada, por ejemplo.
Ante la excesiva e injustificada flexibilidad del mercado de trabajo, junto a un modelo productivo que provoca también paro y precariedad siempre, pero sobre todo en este contexto, la protección actual por desempleo no ha compensado, sino
todo lo contrario, la miseria que implica pertenecer a la clase trabajadora excluida del mercado de trabajo o en condiciones de suma precariedad. Se ha rebajado la protección por desempleo, tanto la cuantía de la prestación, como los requisitos de
subsidio, y la supresión del subsidio para mayores de cincuenta y dos años, que condena a muchas personas a la pobreza presente y futura -en esto estoy también de acuerdo contigo, Yolanda-. El Estado español destina cada vez menos dinero a proteger
a quienes se han quedado sin trabajo, y no solo como consecuencia del
descenso del desempleo que se ha producido en los últimos años, sino también por el agotamiento de las prestaciones derivadas del paro de larga duración y de los recortes impuestos a partir del año 2012 por el Gobierno de Rajoy, que también
contribuyeron decisivamente a la pérdida de protección. Un ejemplo es la partida presupuestaria de desempleo de 2018, que está presupuestada en 616 millones menos que en 2017. Eso ahonda la tendencia descendente que en los fondos para el desempleo
viene registrándose desde 2012, una caída que sobrepasa el 42 %, superando con creces la experimentada por el paro, que rondó en poco más del 30 % en el mismo periodo según la EPA.
En resumen, votaremos que sí a la tramitación de esta proposición de ley inaplazable para paliar el sufrimiento de centenares de miles de personas que lo necesitan ahora y ya.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Del Campo Estaún.
El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea trae una iniciativa en el ámbito de la protección por desempleo en la que muchas medidas nos gustan, algunas nos gustan menos y otras son
imposibles de cumplir, pero es verdad que es necesario abrir un debate en materia de desempleo. No obstante, es una lástima que nos encontremos ante una legislatura que está totalmente liquidada por culpa de la corrupción del Partido Popular. Me
dirijo a ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, esta legislatura se parece a la película Los otros, de Amenábar, pues todos sabemos que están muertos menos ustedes. (Aplausos). Como le decía, hay algunas medidas que nos gustan y otras
que son imposibles de cumplir. Es cierto que estamos saliendo de la crisis, que se reduce el número de desempleados, que se reducen las partidas y el gasto por desempleo. Es verdad que es el momento de revertir algunas de las medidas llevadas a
cabo por el Partido Popular, sobre todo a partir del año 2012, como la recuperación del subsidio para mayores de cincuenta y dos años. Es verdad que hay que adecuar nuestra normativa a los pronunciamientos de los tribunales de justicia de la Unión
Europea en materia de igualdad respecto a los subsidios de los trabajadores a tiempo parcial -creo que ahí lleva toda la razón-. No obstante, tenemos motivos de peso para no poder votar a favor de esta iniciativa, y uno de los principales es que no
es nuestro modelo. Nuestro modelo no es el de los subsidios. Ustedes proponen un modelo de subsidios con más incrementos en las políticas pasivas de empleo y nosotros apostamos por un modelo de más y mejores oportunidades gracias a más inversión
en las políticas activas de empleo. Estamos seguros de que los empleados no quieren más y mejores prestaciones sino que lo que quieren es trabajar, encontrar un empleo adecuado y cuanto antes. Por tanto, los recursos públicos que tenemos, que son
escasos, tienen que ir en esa dirección, a fomentar la creación de empleo apoyando a los grandes creadores de empleo en este país, autónomos y pymes, a fomentar que nuestros desempleados encuentren un empleo adecuado, apostando por la formación, por
la reorientación, por los itinerarios de inserción, y a fomentar, sobre todo, la transición rápida de empleo a empleo y, sobre todo, de desempleo a empleo.
Es decir, queremos ir hacia un modelo -no es lo que hacen ustedes con esta iniciativa- que busque el equilibrio entre las políticas pasivas y las políticas activas de empleo, como llevan haciendo, por otro lado, los países de la Unión
Europea más modernos en este tipo de políticas, como Dinamarca, Suecia o Bélgica. ¿Qué es lo que hicieron estos países en los años noventa? Vincular prestaciones generosas a itinerarios de activación obligatorios, con una inversión intensiva en
políticas activas de empleo. Fue la eficacia del resultado de estos modelos lo que llevó a las instituciones europeas a poner el acento sobre estas políticas como pilar básico de las estrategias de empleo. A partir de entonces, la Comisión Europea
lo que hace es evaluar a los países de los Estados miembros en la aplicación de las inversiones en este tipo de políticas, y llevamos muchos años, con Gobiernos del Partido Popular y con Gobiernos del Partido Socialista, suspendiendo. En España
mantenemos altas tasas de desempleo, da igual que estemos en crisis o no. Duplicamos las tasas de desempleo de la media de la Unión Europea. Tenemos unos servicios públicos de empleo ineficaces. Aquí somos capaces de intermediar tan solo en un 2
% de todas las colocaciones frente a la media de la Unión Europea, que está en torno al 10 %. Además, aunque los de Ciudadanos estamos intentando poco a poco invertir este modelo en los Presupuestos Generales del Estado, hay una falta de inversión
clara porque se invierte poco y mal en estas políticas activas de empleo. Hablábamos del equilibrio entre políticas activas y pasivas. En España estamos todavía en el 87,3 en políticas pasivas de empleo, frente a un 12,7 en políticas activas.
Ustedes se empeñan en seguir apostando por ese modelo que, como les digo, es un modelo que ha fracasado. Se empeñan en seguir centrando todas las inversiones en políticas pasivas de empleo, que vemos que no están dando resultados. Es más,
ustedes se pasan hablando de políticas activas de empleo en la exposición de motivos durante tres hojas cuando, luego, hacen todo lo contrario; es decir, lo que hacen es relajar el control de los servicios de empleo sobre los compromisos de
actividad cuando entendemos que las políticas tienen que ir en la dirección totalmente contraria, como les decía antes y como hemos hecho nosotros en los Presupuestos Generales del Estado tanto de 2017 como de 2018, incrementando las partidas para
las políticas de fomento del empleo -en estos últimos presupuestos, hasta 5700 millones-, para ayudas, para dotar esta Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo que vemos que está sirviendo para generar empleo, para dotar de contenido partidas
hacia la orientación profesional personalizada de los parados de larga duración -en España tenemos un problema muy grave de parados de larga duración-, para partidas para los cheques de formación y que sean los parados, sin intermediarios, los que
elijan la formación que más les conviene, según sus aptitudes, o para la puesta en marcha de un perfilado estadístico para que estos servicios públicos de empleo que vemos que no están intermediando todo lo que nos gustaría tengan esas herramientas
para hacerlo. En definitiva, son unas políticas de empleo modernas, como en el resto de Europa, y cuadrando las cuentas.
Ese es el segundo motivo de peso por el que no podemos dar el sí a su iniciativa, porque no nos dicen cuánto nos va a costar. Y tenemos abierta la ponencia de otra PL de ingresos mínimos, que tampoco tenemos muy claro lo que nos va a costar
porque estamos esperando este dictamen de la Airef que va en el mismo sentido, como digo, más inversión en políticas pasivas de empleo que, hasta ahora, no han dado resultado y que son políticas fracasadas.
Por último, en cuanto al empleo del hogar -y aquí me sumo a lo que decía Barandiaran-, por mucho que usted se suba a esta tribuna, grite y ponga en un papel que las empleadas del hogar van a tener una prestación por desempleo en el plazo de
seis meses, usted y yo sabemos que eso es populismo y que no es posible, porque el empleo del hogar es una relación laboral de carácter especial que tiene muchísimas peculiaridades. Nosotros estamos de acuerdo en que tenemos que abordar ese debate;
pero precisamente este debate se aborda con lo que ustedes dicen que hay que derogar, que es montando un grupo de trabajo para ver precisamente qué podemos hacer para equiparar en derechos a las empleadas del hogar con las empleadas por cuenta
ajena, no solo en cuanto a la prestación por desempleo, sino también en cuanto a la seguridad que genera el trabajo, también en cuanto a las indemnizaciones y en otras muchas cosas. (Aplausos). Y ahí hay un claro incumplimiento del Partido Popular
que no puso en marcha ese grupo de trabajo establecido en el decreto del año 2011, que precisamente ustedes dicen que hay que derogar y que nosotros pensamos que no. Lo que hay que hacer es montar ese grupo de trabajo para ver cómo equiparamos en
derechos a las empleadas del hogar con el resto de trabajadores.
Para finalizar, simplemente quiero pedirle de nuevo al Gobierno que rectifique su postura, que convoque de una vez por todas elecciones y que nos pongamos a trabajar en ver cómo podemos ejecutar estos Presupuestos Generales del Estado que
hemos aprobado hace muy poquito, por el bien de los españoles y también por el bien de todos estos desempleados, que verán cómo todas estas partidas para mejorar sus posibilidades de ocupación se ven hechas una realidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora De Frutos Madrazo.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Buenas tardes.
En primer lugar, voy a decir que me sorprende estar hablando de protección por desempleo y no ver ni siquiera a la ministra de Empleo. (Aplausos). Mi grupo parlamentario va a apoyar esta iniciativa. ¿Por qué? Porque pensamos que era muy
necesario traer a la Cámara el debate sobre la protección por desempleo. Podemos decir que el Partido Popular ha llevado a cabo un recorte silencioso de la prestación por desempleo; ha sido un recorte generalizado; ha afectado a prestaciones,
subsidios y ayudas; ha sido un recorte de gran calado en la cuantía y en el contenido. Hablamos de reforma laboral, pero también podríamos hablar de reforma prestacional. Ha sido un recorte que a pesar de su intensidad ha pasado inadvertido; ha
sido un recorte sibilino; se ha confundido entre otras grandes reformas que han ido recortando los derechos de los trabajadores; ha sido un recorte ideológico. En las exposiciones de motivos en las que se recortaba la prestación se decía que si
se recortaba se implicaría a las personas en la búsqueda de empleo. Igualmente, ha sido un recorte con cierta mentalidad asistencial: a pesar de que
decían que lo que querían era implicar a las personas en la búsqueda activa de empleo, jamás se ha apostado por invertir en itinerarios personalizados, en acciones de recualificación, etcétera, que yo creo que sí están en la iniciativa, que
yo también la he leído. El Partido Popular no ha apostado jamás por políticas activas de empleo, como nos lo demuestra el hecho de que sistemáticamente han ido en los presupuestos reduciendo las cuantías dedicadas a este fin.
Por último, ha sido un recorte persistente. El Partido Popular sigue empecinado en recortar la prestación, y nos lo ha demostrado con el subsidio extraordinario con el que pretende unificar Prepara y el PAE, y que no es más que otra
reducción de la cobertura de la protección por desempleo. Entonces, ¿ante qué estamos? Ante un Partido Popular que no está dispuesto a revertir una situación -ni tan siquiera de crecimiento económico, como ellos nos dicen- y que olvida cada vez
más un aspecto de la prestación que creemos que es muy importante y que en esta iniciativa se recupera, como es el aspecto contributivo.
Vamos a apoyar esta iniciativa porque desde mi grupo estamos seguros de que nos va a dar la posibilidad de acometer una reforma integral y un reforzamiento del conjunto de las prestaciones. Y vamos a apoyar esta iniciativa desde mi grupo
porque nosotros ya hemos trabajado en la recuperación de la protección por desempleo; de hecho, presentamos una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado para reformar en su integridad la prestación asistencial y el subsidio para mayores de
cincuenta y dos años, y estamos seguros de que nuestro grupo va a hacer grandes aportaciones en la ponencia que se constituya para tratar esta reforma.
¿Por qué creemos también que es importantísima esta iniciativa? Porque siempre nos echan en cara los datos de creación de empleo, pero el empleo que se está creando es un empleo de poco salario, un empleo temporal de muy corta duración y un
empleo a tiempo parcial. ¿Esto qué supone? Que no se cobra pero tampoco se cotiza lo suficiente y no se generan periodos de carencia para que los trabajadores tengan derecho a una prestación. Esto significa que los efectos de todos los recortes
del Partido Popular han sido más perniciosos aún en un sistema que teníamos de protección por desempleo que no estaba previsto ni para situaciones de parados de larga duración ni para trabajo precario. ¿Esto a quién afecta fundamentalmente? A las
mujeres y a los jóvenes.
Esta proposición es muy importante porque llega en un momento en que el Partido Popular ha demostrado incapacidad para cumplir el artículo 35 de la Constitución, que dice que todos tenemos derecho a un trabajo, pero no a cualquier trabajo
sino a uno que nos permita satisfacer las necesidades propias y de nuestra familia. ¿Y qué nos dice la Constitución también en su artículo 41 y que el Partido Popular ha incumplido sistemáticamente? Que todos tenemos derecho a prestaciones dignas.
Voy a hacer una breve enumeración de todas las reformas que ha llevado a cabo el Partido Popular para que nos demos cuenta del calado de estas reformas -ya se han dicho aquí algunas-: redujeron la prestación por desempleo disminuyendo la
tasa de reposición del 60 al 50 %; hicieron desaparecer -y esto es muy importante- la reposición de la protección por desempleo en los expedientes de regulación de empleo de suspensión, aun sabiendo que esos trabajadores iban a ser sí o sí en el
futuro parados de larga duración; restringieron el acceso al subsidio para mayores de cincuenta y dos años -eso ya se ha dicho- y eliminaron el de mayores de cuarenta y cinco años; fomentaron, bajo la fórmula del emprendimiento, la capitalización
del subsidio para los jóvenes. ¿Qué les pasó a esos jóvenes? Que en dos años no tenían ni prestación ni empleo. ¿Qué pasó? Que recortaron el Prepara, recortaron la RAI, recortaron el PAE y algo para nosotros fundamental y por lo que decimos que
no es un recorte de dinero sino un recorte ideológico: endurecieron cada vez más los requisitos de acceso a las prestaciones, cada vez era más complicado acreditar la carencia de rentas, cada vez había un mayor control sobre la búsqueda de empleo,
cada vez endurecían más las causas de suspensión. Son cuestiones importantes para nosotros por lo que comentamos, porque va más allá de un recorte económico: es un recorte ideológico sustentado en una extraña idea de que las personas paradas son
las causantes de su situación.
Por eso, vamos a apoyar esta iniciativa, porque nos parece que tal cual está actualmente el sistema es insostenible: tres de cada cuatro personas no perciben la prestación por desempleo y la tasa de pobreza de las personas desempleadas -ha
dicho la Unión Europea- es del 49 % y se ha disparado 10 puntos en los últimos diez años; se ha disminuido la cuantía que cobran las personas desempleadas en 2658 euros anuales; se han generalizado, frente a las prestaciones, los subsidios
asistenciales, y con 430 euros de subsidio cualquier persona es pobre, no está en riesgo de pobreza. (Aplausos). Incluso la protección por desempleo afecta de forma importante a los niños y niñas en el ámbito del hogar familiar cuando sus
progenitores están en desempleo y además la configuración de la protección por desempleo está mal diseñada para el actual mercado de trabajo que estamos creando.
Quisiera hacer una breve mención, por último, al tema de las empleadas de hogar. Nos parece muy adecuado que se haya traído esta iniciativa porque es necesario incluir a las empleadas de hogar, más que nada cuando siempre estamos hablando
de brecha salarial y discriminación, en el régimen general de la Seguridad Social (El señor Elorza González: ¡Ahí! ¡Ahí!), es necesario que sus derechos de protección por desempleo al menos se pongan a debate y sea reconocida esa laguna. Nosotros
esta mañana también hemos llevado a la Comisión de Empleo la proposición no de ley relativa al reconocimiento de obligaciones preventivas de las empleadas de hogar.
Concluyo diciendo que vamos a apoyar esta iniciativa porque creemos que es importante para todas las personas desempleadas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Albaladejo Martínez.
El señor ALBALADEJO MARTÍNEZ: Señora presidenta, señorías, tengo el honor de fijar posición respecto de esta proposición de ley impulsada por Podemos, cuyo objetivo es introducir modificaciones en la regulación de la prestación por
desempleo con la finalidad primera y última de revertir a la situación anterior las reformas impulsadas por el Partido Popular en esta materia, reformas que, gracias al esfuerzo de la sociedad española, han tenido como consecuencia la recuperación
del 70 % del empleo destruido durante la crisis.
Merece la pena recordar, señorías, qué objetivos pretendía el Partido Popular con las medidas adoptadas en el año 2012 en un escenario por entonces -ignorado por algunos hoy- dramático de destrucción de empleo y que ahora buscan modificar de
manera, en mi opinión, absolutamente errónea. Pretendíamos y conseguimos en aquellas fechas concentrar la protección en situaciones de pérdida de empleo y situaciones personales en ese ámbito que requerían una especialísima atención. La máxima
fundamental fue no dejar a nadie atrás en esta época de crisis. Esa fue la obsesión del Gobierno del Partido Popular y del Partido Popular. (Aplausos). Pretendimos y conseguimos impulsar la motivación de los empleados incentivando el pronto
retorno al mercado laboral, un elemento absolutamente imprescindible. Pretendimos y conseguimos dar absolutamente coherencia interna al sistema de prestaciones en su totalidad para reforzar su viabilidad. Dejaron ustedes España en bancarrota, esa
es la realidad, señorías, y el tiempo y los hechos están dando la razón al impulso normativo del Grupo Popular y del Gobierno de España en su actividad.
En el año 2011 se destruían 1500 empleos diarios. Hoy se crean 1700 empleos al día. Siete de cada diez euros de los recursos del Servicio Público de Empleo son para la protección de los trabajadores desempleados. El gasto por desempleado
que se dedica a políticas activas de empleo alcanza ya el 16 %, los mismos niveles que en el año 2011. El importe global para las políticas vinculadas al empleo alcanza los 24 500 millones de euros. La inversión en políticas activas por
desempleado se incrementa en un 10 %, en estos instantes cerca de 2000 euros por persona. La cifra de parados en abril de 2018 es la más baja en nueve años. Hemos reducido el paro con un esfuerzo extraordinario de toda la sociedad civil española
en más de un 1 700 000 personas. Esta es la buena noticia. Trabajamos por y para las personas. Ustedes no están descubriendo nada, señorías. (Aplausos).
En 2017 se crearon más de 611 000 puestos de trabajo, el mejor año de la serie en términos homogéneos, lo cual se traduce en la recuperación de 2 310 000 puestos de trabajo. Hemos recuperado con el esfuerzo de todos siete de cada diez de
los empleos destruidos durante la crisis. España con sus políticas generaba la mitad del paro en Europa. Ahora lideramos la creación del empleo. Se crearán 500 000 empleos en el año 2018 con el voto en contra del Partido Socialista y de Podemos a
los Presupuestos Generales del Estado que se encuentran en estos instantes en el Senado. El nivel de protección de los parados, por mucho que ustedes digan aquí, ha aumentado en relación con el año 2009 en un 29 %. Esa es la realidad, señorías.
El empleo que viene con la recuperación es un empleo mucho mejor que el empleo que se fue con la crisis. Lo importante son datos vinculados a la generación y a la creación de empleo. Los hogares con todos sus miembros en paro son hoy 800 000 menos
gracias a la recuperación. La credibilidad de ustedes en esta materia es escasa.
Me gustaría abrir un entrecomillado: El esfuerzo extraordinario de consolidación procede de ajustes directos en la reducción y congelación de las rentas disponibles de funcionarios y pensionistas. Alguien ha
hablado hoy aquí del artículo 35 de la Constitución, del derecho al trabajo. Quien dijo esto entrecomillado fue el presidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, que reconoció en sede parlamentaria y en el Diario de
Sesiones del 24 de febrero de 2011 que tomó la decisión de reducir en España los subsidios de desempleo así como de bajar las pensiones. Son ustedes los que han hecho aquí los mayores recortes en esta materia en la historia de España, y esto
ustedes lo tienen que reconocer. (Aplausos). Cuando alguien sube aquí y habla de recortes y mira hacia la bancada del Partido Popular tiene que reconocer que es el Partido Popular el que ha hecho el fundamento específico de las palabras clave de
la ministra de Empleo: El empleo -dice Fátima Báñez- es el fundamento de nuestro mejor instrumento de protección social. Y es ahí donde efectivamente el Partido Popular -España lo sabe- pone a los trabajadores españoles a trabajar y pone a este
país de pie y a andar.
A ustedes no les interesa hablar de la renta complementaria por desempleo. En este mismo sentido ustedes tienen que saber que el Gobierno ya ha propuesto a los interlocutores sociales y a las comunidades autónomas con competencia en esta
materia la unificación del nivel asistencial y pondremos en marcha la renta complementaria de desempleo, todo esto con el voto en contra de Podemos y del Partido Socialista. La obsesión fundamental del Gobierno del Partido Popular es estar siempre
protegiendo a los más desfavorecidos en materia de empleo. Esa es nuestra obsesión, señorías, y ustedes en ese sentido no han apoyado nunca jamás la acción de un Gobierno que lleva recuperados ya siete de cada diez empleos destruidos por la crisis.
Mención especial para los jóvenes. Muy poco han hablado ustedes de los jóvenes. La creación del empleo entre los jóvenes crece a un ritmo de casi el 9 % y la tasa de paro juvenil se reduce en veinte puntos, 500 millones de euros como ayuda
complementaria al Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Señorías, es importante que todos ustedes tengan muy claro que sus propuestas tienen una visión absolutamente distinta a la nuestra. Ustedes ven 3,3 millones de personas a las que dar
protección sin incentivar su incorporación al mercado laboral de manera efectiva. Nosotros, por el contrario, vemos 3,3 millones de motivos para seguir luchando por España, convencidos de la máxima que ya ha citado la ministra de Empleo: La mejor
política social es la creación de empleo. Sus propuestas en esta proposición de ley desincentivan directamente la búsqueda activa de empleo y generan un impacto de incremento de gastos simplemente insostenible, en una primera estimación nada más y
nada menos que 8000 millones de euros anuales, nada más y nada menos que un 40 % más que el gasto actual en materia de protección. Eso es impagable, es inaguantable y es simplemente increíble.
Tengo el honor aquí de representar al Grupo Parlamentario Popular, que ha avalado con datos contrastados la creación de empleo y por ello se constituye como garante de todos los españoles cuando gobierna esta maravillosa nación. Somos el
partido que apuesta por la política que genera la creación de empleo y además genera al mismo tiempo los recursos para no dejar a nadie en la estacada. No queremos dejar a los más necesitados sin protección. Gracias a los presupuestos de 2018
vamos a tener en este país una historia de éxito en materia del empleo, y eso va ser una historia de sostenibilidad del Estado del bienestar. Mientras ustedes se preocupan por derribar las buenas políticas de protección social -voy terminando,
presidenta- y de creación de empleo del Partido Popular, aparentando querer dar peces a la gente sin saber quién los paga ni cómo, nosotros seguiremos incentivando e impulsando la mejor política social, la que consiste en crear puestos de trabajo
que garanticen la sostenibilidad de nuestro Estado del bienestar. El empleo siempre ha sido la seña de identidad del Partido Popular y lo va a seguir siendo, fundamentalmente porque España lo merece.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número
de expediente 122/000196).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con el punto del orden del día correspondiente a la toma en consideración de proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/200, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Para la presentación de la iniciativa tiene la palabra la señora Madrazo Díaz.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, debatimos hoy la toma en consideración de la proposición de ley presentada por mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, por la que se modifican el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y otras normas
tributarias. El Gobierno del Partido Popular, como saben, ha hecho un gran esfuerzo para consensuar este texto con el resto de grupos políticos y con los propios ayuntamientos en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. Por
ello entendemos que esta cuestión suscitará el apoyo mayoritario de esta Cámara, aunque mucho nos tememos, por las manifestaciones que nos ha hecho algún portavoz, que algún grupo va a tener la tentación de votar en contra. Yo pregunto a grupos
como el de Ciudadanos: ¿Dónde queda la palabra dada? ¿Dónde está su palabra? ¿Dónde queda el interés general de los españoles? Parece ser que en estos tiempos difíciles y convulsos de la política española lo único que interesa y que prima sobre
todo lo demás es el interés electoral y no el interés general de los españoles.
Pero, ¿por qué entendemos desde el Grupo Popular que debe existir un gran acuerdo en torno a esta cuestión? Primero, porque se está cumpliendo, como saben, una sentencia del Tribunal Constitucional. Segundo, porque creemos que es necesario
establecer una nueva fórmula de cálculo de la base imponible que sea acorde con el principio constitucional de capacidad económica y, tercero, para dar una mayor seguridad jurídica a los contribuyentes y a los propios ayuntamientos, algo que es muy
importante desde nuestro punto de vista en el campo de la fiscalidad. Como decía al principio, el Gobierno ha hecho un gran esfuerzo de negociación con los grupos políticos y con los propios ayuntamientos para llegar a un consenso lo más amplio
posible sobre esta reforma. La plusvalía municipal, o el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos, permitió a los más de 8000 ayuntamientos que hay en España ingresar casi 2600 millones de euros en 2016; por tanto, es una fuente
importantísima de ingreso para los ayuntamientos.
Señorías, el Tribunal Constitucional se pronunció el pasado 11 de mayo sobre este impuesto y consideró que el impuesto vulneraba el principio de capacidad económica en la medida en que no se vincula el impuesto a la existencia de un
incremento del valor real del bien. Es decir, solo haber sido titular de un terreno de naturaleza urbana durante un determinado periodo de tiempo implicaba, con la actual normativa, necesariamente el pago del impuesto. Por ello, tras ese periodo
de negociación, el Grupo Parlamentario Popular ha registrado esta proposición de ley que modifica la Ley Reguladora de Haciendas Locales en relación con el impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Conscientes de
lo importante que es este impuesto para nuestros ayuntamientos, ya que, como he dicho, aportó a sus arcas municipales casi 2600 millones de euros en 2016, y del grave problema que supuso la sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 11 de mayo
de 2017, es necesario realizar esta reforma, una reforma como la que hoy debatimos aquí. Es verdad que en el Partido Popular hubiéramos preferido que esta modificación se hubiera integrado en la reforma del sistema de financiación local, claro que
sí; el Gobierno está impulsando, como saben, una reforma de la financiación autonómica en paralelo con una reforma de la financiación local. Los trabajos técnicos están en la última fase, pero ahora requieren el compromiso político del resto de
fuerzas que gobiernan a estos niveles de las administraciones públicas y, en especial, del Partido Socialista. Por eso, hago un llamamiento una vez más a su responsabilidad para poder aprobar esta reforma lo antes posible porque va en beneficio de
todos los españoles.
Mientras llega este apoyo, y como la situación era muy compleja para los entes locales, mi grupo parlamentario trae hoy al Pleno una proposición de ley que cumple dos objetivos: adaptar la normativa, como he dicho, al contenido de la
sentencia del Tribunal Constitucional con el fin de no someter a tributación situaciones en las que no exista incremento de valor de los terrenos y mejorar técnicamente la determinación de la base imponible del impuesto para los supuestos en que sí
exista un incremento del valor de los terrenos, definiendo unos coeficientes que tengan en cuenta el número de años transcurridos junto a la evolución real del mercado inmobiliario.
Se introducen otras tres cuestiones adicionales que voy a mencionar muy brevemente en esta proposición de ley, que es declarar exenta en el IRPF las cantidades percibidas como indemnización por los familiares de las víctimas del accidente
acaecido el 24 de marzo de 2015 -el avión que se estrelló en los Alpes con 150 muertos-, de forma retroactiva y sin necesidad de acudir a un proceso judicial. Se incentiva también el mecenazgo de empresas no residentes y, por último, se incluye a
las comunidades autónomas de Madrid y Cantabria -que es la mía- en el régimen de autoliquidación del impuesto sobre sucesiones y donaciones.
Señorías, en resumidas cuentas estamos hoy hablando de la financiación de los ayuntamientos. Para el Partido Popular el apoyo a nuestros ayuntamientos y a su sostenibilidad ha sido una prioridad desde el
inicio de la X Legislatura, cuando llegamos al Gobierno y encontramos los ayuntamientos al borde del colapso financiero y con millones de facturas sin pagar. Creemos en los municipios como pieza fundamental de nuestra arquitectura
institucional para la prestación de los servicios a los ciudadanos. Por su proximidad, por su cercanía con los vecinos, conocen mejor que nadie sus necesidades. Somos el partido -el Partido Popular- con mayor implantación territorial y con mayor
número de concejales y eso nos acredita como los mayores valedores del gran trabajo que realizan estos concejales en sus municipios. Por eso -obras son amores- los resultados de las políticas del Partido Popular nos avalan y fruto de la política
económica del Gobierno, de los buenos resultados, podemos decir que las cifras que se recogen en la ley de presupuestos para 2018 prevén un incremento de financiación de las administraciones territoriales de 4248 millones de euros. Nos encontramos
en cifras de máximos en la serie histórica y además esa cifra se encuentra por encima de las que se manejaban en el año 2009 cuando, según el Partido Socialista, todavía no había llegado la crisis económica.
Todos estos recursos adicionales que llegarán a manos de las administraciones territoriales irán destinados a reforzar el Estado del bienestar y la prestación de los servicios públicos fundamentales, y en concreto la educación, la sanidad,
los servicios sociales y la dependencia. Y tengo que señalar que la dotación en presupuestos de la financiación de la Administración en el caso de las entidades locales es en torno a un 20 % de sus ingresos porque gran parte de los recursos de
nuestros ayuntamientos proceden de sus tributos locales. Por eso tenemos que señalar que también en la propia recaudación de los ayuntamientos se han dejado ver los efectos positivos de la política económica del Gobierno y de la recuperación
económica conseguida por las políticas del Partido Popular ya que los ingresos corrientes de los ayuntamientos llevan cinco años consecutivos marcando máximo tras máximo. Los ayuntamientos han recogido los frutos porque esas políticas acertadas han
alcanzado en el año 2017 un superávit del 0,59 % del PIB, un total de 6812 millones de euros de superávit. Como saben, señorías, la situación era bastante distinta en el año 2011, año en que el déficit fue del 0,79 % del PIB, 8506 millones de euros
de déficit. Y este cambio, señorías, no ha sido fruto de la casualidad, ha habido un gran esfuerzo por parte de las corporaciones locales, de todas nuestras corporaciones locales, pero sin duda ha venido impulsado por las reformas del Gobierno del
Partido Popular y en particular por la Ley orgánica de estabilidad presupuestaria.
Además, el Gobierno ha adoptado varias medidas para procurar una mayor fuente de ingresos a las arcas municipales. Voy a comentar algunas de ellas. Desde el año 2014 -como saben- se prevé la posibilidad de que las entidades locales puedan
destinar su superávit a inversión financieramente sostenibles sin que esas cantidades que se destinen a estas inversiones computen en la regla de gasto. En 2018, por Real Decreto-ley 1/2018, no solamente se prorroga esa posibilidad de inversión del
superávit, sino que además se ha ampliado el ámbito objetivo, es decir el catálogo de inversiones en las que los ayuntamientos podrán invertir y destinar ese superávit. La cifra de inversiones hasta ahora solo cubría uno de cada cuatro euros de
superávit y con esta medida del Gobierno esperamos que se pueda ampliar la posibilidad de invertir ese superávit con este nuevo catálogo más amplio. Otra de las piezas que también ha puesto en marcha el Gobierno del Partido Popular son las
dotaciones para los mecanismos de liquidez. Como saben, este paquete de medidas se inició en el año 2012 por un criterio de necesidad, porque nos encontrábamos en una grave crisis económica en la que se produjo una brusca caída en los ingresos de
las administraciones públicas y una situación en la que las administraciones no podían acudir a los mercados. Esto provocó que comunidades autónomas y entidades locales tuvieran un gran volumen de acumulación de deuda a proveedores, un efecto que
fue muy negativo para la economía real por su incidencia en el empleo y en el tejido empresarial. Como saben, inicialmente se puso en marcha el Plan de pago a proveedores, a continuación el Fondo de liquidez autonómica, y en el ámbito local se ha
dotado el Fondo de ordenación y el Fondo de impulso económico. El total de financiación que se ha puesto a disposición de comunidades autónomas y entidades locales de 2012 a 2017 asciende a casi 222 000 millones de euros, de los cuales 207 000 son
para comunidades autónomas y 14 000 para las entidades locales. Y de toda esa cifra que hemos dado podemos decir que casi el 50 % de la dotación ha ido destinada al pago de proveedores, a financiar esas deudas, esas facturas sin pagar de las cuales
tres cuartas partes estaban destinadas a financiar nuestros servicios públicos fundamentales: nuestra sanidad, nuestra educación y nuestros servicios sociales. Por eso estas condiciones fiscales y financieras que el Gobierno del Partido Popular ha
puesto a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos han tenido fruto y tienen buenos resultados como estamos viendo, a título de ejemplo, en la bajada del período
medio de pago a proveedores. Tanto comunidades autónomas como entidades locales tienen actualmente un periodo de pago por debajo de los treinta días.
Señorías, voy concluyendo. En el Grupo Parlamentario Popular esperamos el apoyo de todos los grupos políticos representados en el Congreso a esta proposición de ley. Existe el consenso previo de los ayuntamientos, que en la Federación
Española de Municipios y Provincias han dado su apoyo a este texto para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional, aumentando además la seguridad jurídica de los contribuyentes y de los propios ayuntamientos que tienen en este
impuesto una importante fuente de financiación. Digamos todos juntos sí a nuestros municipios que tanto han contribuido a la recuperación de España y de los españoles. La política vive tiempos convulsos, pero los vaivenes interesados y los
populismos solo nos llevarán a la inestabilidad política, a la recesión económica y a la destrucción de empleo.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En turno de fijación de posiciones intervienen por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta es una toma en consideración imprescindible para dar claridad al derecho transitorio e impulsar una nueva regulación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana tras la sentencia del Tribunal
Constitucional 59/2017. Desde la publicación de esta sentencia, hace un año, nuestros ayuntamientos han visto mermada su capacidad para disponer de unos importantes recursos y están sumidos en la inseguridad jurídica derivada de la invalidez
constitucional de varios artículos que afectan de lleno a las haciendas locales, de ahí que se haga necesario promover una modificación legislativa, porque en este asunto las Cortes Generales son las que tienen la responsabilidad de hacerlo, e
igualmente hay que atender las reclamaciones que se vienen haciendo por la Federación Española de Municipios y Provincias, a las que cabe añadir el reto de acometer urgentemente un nuevo modelo de financiación para comunidades autónomas y una
fórmula de financiación para los ayuntamientos que ponga punto final al sistema que se aprobó en 2009 y cuya revisión, después de cinco años de espera, es un asunto clave y de suma urgencia.
En Foro confiamos en el compromiso del Gobierno de Rajoy para afrontar esta situación, que ya es de suma urgencia y que está absolutamente ligada a la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, que acaban de superar el
trámite del Congreso de los Diputados, porque de lo que se trata es de garantizar que con las nuevas expectativas económicas derivadas de la recuperación se financien prioritariamente los gastos del Estado del bienestar y los servicios públicos
esenciales, es decir, educación, sanidad, servicios sociales y ayudas a la dependencia. La proposición de ley que la señora Madrazo Díaz ha defendido supone un avance legislativo para acometer los inconvenientes que ha supuesto para las entidades
locales la declaración de inconstitucionalidad en los artículos que afectaban a sus haciendas; es decir, estamos ante un procedimiento que se adelanta al compromiso de desarrollar una nueva financiación local que ahora mismo está en revisión y
análisis por parte de una comisión de expertos.
Con los otros tres apartados que aborda la modificación que se propone, entre otros el relativo a la exención impositiva a las víctimas del siniestro aéreo de Germanwings, también estamos de acuerdo, por lo que el voto de Foro será
favorable.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, interviene el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Nosotros, a diferencia de Ciudadanos, sí que pensaremos en todos los españoles y sí que votaremos a favor de que se tramite esta proposición de ley.
Era una modificación esperada, era una modificación que los ayuntamientos estaban pidiendo. De hecho, llevamos casi un año en este limbo de inseguridad, en este limbo en el que los ayuntamientos no podían liquidar todas estas plusvalías y
los ayuntamientos lo estaban pidiendo. A mi modo de ver, ha tardado un poquito demasiado en llegar. A mí me han llegado quejas de muchos ayuntamientos de que esto se tendría que haber hecho mucho antes.
Ya he dicho que Compromís votará la toma en consideración, aunque, eso sí, presentará enmiendas, pues hay determinados apartados que no quedan demasiado claros. En primer lugar, no se aclara qué pasa con las plusvalías anteriores a la
sentencia que ya tienen una liquidación hecha. En segundo lugar, se dice que la Administración local establecerá los medios de comprobación. Yo he estado hablando esta mañana con una tesorera, que me ha dicho: Con los medios que tenemos, ¿cómo
podremos hacer estas comprobaciones? Si no nos dejan tener más medios por ley, no nos dejan contratar más gente, no nos dejan ampliar las plantillas, ¿con las mismas plantillas vamos a poder hacer estas nuevas comprobaciones? Tendrá que ser un
auto de fe. En tercer lugar, ¿qué pasará con la pérdida de ingresos de los ayuntamientos? Es evidente que con esta reforma los ayuntamientos van a perder una parte sustancial de sus ingresos y por tanto tendremos que ver qué pasa, si el Estado va
a compensar o no esta pérdida. Por último, parece que esta va a ser una reforma provisional. Esperemos que no dure mucho, porque estamos hablando desde hace mucho tiempo de la Ley de financiación local y tuvieron ustedes mayoría absoluta y no
hicieron nada y en esta legislatura, por lo que veo, tampoco va a salir. Es una ley que están pidiendo ayuntamientos de todos los colores políticos y pensamos que se debería impulsar de una vez por todas una ley de financiación local.
Moltes gràcies, señora presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, señora presidenta.
Señora Madrazo, va a contar con nuestro apoyo para que se inicie la tramitación. Si algún reproche le tenemos que hacer es la sentencia de 11 de mayo; hace más de un año se dictó una sentencia que ya pronosticaba esta. Y el acuerdo con la
FEMP es de principios de enero, de hace cinco meses. La situación se está demorando. Es necesario dar seguridad jurídica al administrado y a la Administración, en este caso a las corporaciones locales.
Le avanzo que mi grupo va a presentar enmiendas, más allá de alguna mejora técnica, en relación con un tema con el que está de acuerdo la FEMP, que también lo reivindica. Se tendrá que dotar un fondo específico de compensación para hacer
frente a las situaciones que se puedan producir con carácter retroactivo en liquidaciones de plusvalía en los ayuntamientos, que no son los responsables de esta situación. Veremos si este fondo se tendrá que devolver o no, pero desde nuestro punto
de vista como mínimo no tendría que generar intereses. Tendrá que solventar la situación en la que se pueden encontrar algunos ayuntamientos, si quiere muy concretos, pero con un problema grave, porque para algunos ayuntamientos durante unos
ejercicios la recaudación por el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana ha generado muchos ingresos. Vamos a votar, pues, a favor, pero advertimos que vamos a presentar enmiendas. La solución que ha buscado el
Grupo Popular ha sido hacer un cajón de sastre y -ha dicho-: ...y otras normas tributarias. Es decir, ustedes modifican tres impuestos y nosotros vamos a tomarnos la libertad de presentar enmiendas para modificar algún otro impuesto más.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señora presidenta, señorías, señora Madrazo, bona tarda. Buenas tardes.
Empezaremos diciendo lo obvio. Esta proposición de ley del Gobierno no es más que una propuesta ómnibus, un patchwork, un cajón de sastre que ustedes aprovechan para hacer una serie de remiendos a diversos desaguisados existentes tan
dispares como una sentencia del Tribunal Constitucional relativa al impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, el sinsentido de gravar las ayudas percibidas por las víctimas del accidente de vuelo de Germanwings, un
parche al impuesto sobre sucesiones y donaciones o la adaptación al ordenamiento comunitario de la Ley de régimen fiscal del mecenazgo. Es una proposición de ley no por ello menos necesaria. Es fruto de la necesidad porque son problemas reales y
hay que tomar medidas. Entendemos, sin embargo, que las medidas son de mínimos sin llegar a solucionar la raíz de estos problemas.
Respecto al impuesto sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana, en el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana coincidimos en la necesidad de modificar la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales para adaptarla a la sentencia del Tribunal Constitucional. El primer objetivo debe ser acabar con una situación injusta que obliga a muchos contribuyentes a tributar por ganancias inexistentes y, a la vez, facilitar que los
ayuntamientos puedan liquidar el impuesto con plena seguridad jurídica. De hecho, recordará su señoría que durante el proceso de tramitación de los Presupuestos Generales del Estado de 2017 nuestro grupo ya presentó una enmienda para modificar con
urgencia la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en la línea del texto que ahora ustedes -el Gobierno- presentan para dar una respuesta rápida a los contribuyentes y a los ayuntamientos ante la incertidumbre generada por la sentencia. La propia
proposición de ley reconoce que el objetivo es dar una rápida respuesta y que una reforma en profundidad habrá que posponerla al marco de la reforma de la financiación local. Aquella enmienda que les presentamos en 2017 tuvo el mismo fin que todas
las otras: el contenedor de papel reciclado. Y aquí estamos al cabo de otros presupuestos y otro año iniciando los trámites para adaptar la Ley de haciendas casi un año después de la primera sentencia del Tribunal Constitucional.
En relación con el texto propuesto solo haré unas consideraciones. Como ya he dicho, no entra a solucionar la problemática de fondo, una práctica muy rajoniana. Estamos ante un impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos
urbanos, es decir, la revalorización que experimenta un terreno solo por la evolución de los años. Por tanto, la propia naturaleza del impuesto asume que el terreno siempre gana valor, de manera homogénea, con unos mismos coeficientes en todo el
territorio y sin considerar las diferencias en la antigüedad de la ponencia de valores catastrales de cada municipio. Por lo tanto, la solución que propone el Estado se convierte en una medida de urgencia, pero no corrige el origen del conflicto,
que es precisamente la asunción de un incremento de valor ficticio. El cambio se limita a garantizar que no se liquide el impuesto cuando se pueda justificar la inexistencia de incremento de valor sobre la base de escrituras de compraventa. La
reforma del Gobierno tampoco asume la retroactividad de la norma, que sí incorpora la sentencia del Tribunal Constitucional. Otros puntos preocupantes de su propuesta son que no define aspectos importantes referentes a la gestión del impuesto,
tampoco define los mecanismos de colaboración e intercambio de información entre administraciones, no recoge el método de cálculo para determinar el incremento de valor de las transmisiones que han sufrido alteraciones físicas o jurídicas y,
finalmente, la definición de este método de cálculo dificulta una planificación presupuestaria óptima para los municipios. La propuesta no incorpora un régimen de compensación a los ayuntamientos. Fíjese, señora Madrazo, según los datos de la
liquidación publicados por el Ministerio de Hacienda en el año 2015, los ayuntamientos ingresaron 2677 millones de euros por este impuesto, representando casi un 10 % sobre el total de ingresos tributarios municipales, y en el caso de los
ayuntamientos catalanes, 531 millones de euros. Por lo tanto, es indiscutible la importancia de este impuesto en el conjunto del sistema de financiación local y en el sostenimiento de los servicios públicos que prestan los ayuntamientos. Queremos
evitar que el caso de la plusvalía se convierta en un conflicto equiparable al del IAE o al del IBI de las autopistas, y creemos que es necesario hacerlo desde el origen, es decir, desde la actual modificación normativa de la Ley de Haciendas que
nos propone el Gobierno. Ya le anunciamos que nos dará trabajo, porque les propondremos la creación de un fondo específico que se incorpore como disposición adicional a la Ley de Haciendas Locales y que recoja una compensación anual equivalente a
la diferencia entre los ingresos efectivos con el nuevo método de cálculo y los ingresos teóricos con el anterior método de cálculo. Propondremos la creación de un fondo extraordinario destinado a compensar las cuotas devueltas con efectos
retroactivos sobre aquellas liquidaciones que no tienen carácter firme y consentido y propondremos la creación de un mecanismo extraordinario de financiación sin intereses para que los municipios puedan responder al regreso de las cuotas líquidas
sin la existencia del incremento del valor. El objetivo de esta medida es evidentemente evitar que los ayuntamientos sufran tensiones de tesorería y soporten los costes financieros adicionales que el retraso de su Gobierno ha provocado.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre Díaz.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
La proposición de ley que nos trae el Grupo Popular, relativa a la modificación de la Ley de haciendas locales, teóricamente para cumplir con la sentencia del Tribunal Constitucional, es para nuestro grupo un fraude a los contribuyentes, al
Tribunal Constitucional y a una elemental justicia tributaria. Señorías, durante casi treinta años el bipartidismo ha implantado un impuesto, la plusvalía municipal, el impuesto
sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, que hacía que cuando se vendía a pérdidas porque un contribuyente perdía dinero al vender su casa, aun así tenía que tributar como si hubiese ganado al ayuntamiento, y esto
no es que sean unos impuestos altos, es que son simple y llanamente confiscatorios. Esto viene desde la Ley de Haciendas Locales de 1988, hace ya casi treinta años, y aunque aquí se ha dicho que lo que hizo el Tribunal Constitucional en el año 2017
supuso un grave quebranto, a nosotros nos parece que es una cuestión de justicia elemental, y no queremos que a través de una proposición de ley, que además nos parece sumamente injusta, se recorten los derechos del contribuyente. Por tanto, como
habíamos anticipado y ya han hecho diversos grupos en esta Cámara, nosotros votaremos en contra de esta proposición de ley, y explicaré por qué.
En primer término, para nosotros es fundamental garantizar los intereses de los contribuyentes, garantizar que se cumple la Constitución y que los impuestos no pueden ser confiscatorios, y el primer punto que evidentemente no es de recibo es
que esta proposición de ley tenga efectos de 15 de junio de 2017, fecha de publicación de la última sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la plusvalía municipal. ¿Esto qué quiere decir? Que con esta proposición de ley con anterioridad
al día 15 de junio de 2017 los contribuyentes no tendrían derecho a que se les devolviese el dinero, no tendrían derecho a que se reconociese que han tenido pérdidas y se les haría tributar como si tuviesen ingresos. Para nosotros todo esto es
simple y llanamente inaceptable, y es especialmente inaceptable porque ni en la sentencia de 16 de febrero de 2017 ni en la última, de 11 de mayo de 2017, el Tribunal Constitucional recortó los efectos retroactivos, y eso que podría haberlo hecho de
acuerdo con el artículo 40 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia). Por tanto, todo esto debería aplicarse, como cualquier otra sentencia y como ha pasado en otros casos
similares, hacia el pasado, hacia los últimos cuatro años no prescritos. Dejad tirados a miles y miles de contribuyentes, exigiéndoles que pleiteen contra los ayuntamientos, nos parece lisa y llanamente inaceptable. (Aplausos).
Señorías, el 16 de febrero de 2017 el Tribunal Constitucional, por unanimidad del pleno, dijo que era inconstitucional una norma foral de Guipúzcoa cuyo texto estaba literalmente calcado de la Ley de Haciendas Locales. Evidentemente, lo que
habría que haber hecho era anticiparse a esta situación para empezar a resolverla. Así lo hizo mi grupo, que el 22 de marzo de 2017 trajo a debate a la Comisión de Hacienda una proposición de ley para arreglar este tema. ¿Qué ha hecho el Gobierno?
Literalmente nada, porque el Grupo Popular nos trae aquí una proposición de ley básicamente para saltarse los trámites del proyecto de ley. Así se evita el dictamen del Consejo de Estado, pero el Consejo de Estado le hubiese dicho lo mismo que le
hemos dicho desde esta tribuna y es que el Grupo Popular lo que no puede hacer es limitar los efectos de una inconstitucionalidad que no ha limitado el pleno del Constitucional con carácter reiterado; limita en perjuicio de los contribuyentes que
han perdido dinero y a los que se les ha hecho tributar como si hubiesen ganado y que con la proposición de ley del Partido Popular continuarían en esta situación hasta el 15 de junio de 2017, porque ni siquiera es hasta la fecha de la última
sentencia, sino hasta un mes después, cuando les dio por publicar esta sentencia en el Boletín Oficial del Estado. Por tanto, creemos que esta proposición de ley no solo es un fraude al contribuyente, sino que también es un fraude al Tribunal
Constitucional y a la justicia elemental.
Por otra parte, parece ser que a todos los demás grupos lo único que les preocupa son las finanzas de los ayuntamientos y no que los contribuyentes que han perdido dinero paguen como si hubiesen ganado. (Aplausos). ¿Qué nos trae aquí esta
proposición de ley? En primer término, como ya hemos dicho, acabar con los efectos retroactivos en contra del criterio del Tribunal Constitucional. Y, en segundo lugar, subir impuestos a corto plazo con esta plusvalía para compensar a los
ayuntamientos. Como dice mi compañera Begoña Villacís, no entiendo por qué hay que subir impuestos en ayuntamientos en los que hay superávit, como si no se pudiese recortar en gastos superfluos o luchar contra el fraude. Y lo que me parece
impresionante es que si los ayuntamientos, en uso de su autonomía municipal y en un impuesto potestativo quieren subir los impuestos, por lo menos que los suban ellos; no vamos a subirlos nosotros desde aquí. En nuestra opinión esto no tiene
sentido cuando se habla de ayuntamientos que están claramente saneados y que pretenden subir los impuestos y luego, encima, no devolver impuestos cobrados confiscatoriamente, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Tribunal Constitucional. Esto,
señorías, no es un planteamiento mínimamente razonable. Y con todo, lo de la subida de impuestos hasta se puede discutir, pero no devolver impuestos cobrados confiscatoriamente después de reiteradas sentencias del Tribunal Constitucional, donde los
contribuyentes están ganando sistemáticamente todos los recursos... Es decir, lo que nos traen aquí nos parece no solamente una enorme chapuza para saltarse el Consejo de Estado, sino sobre todo injusto e intolerable. (Aplausos).
Por último, señorías, literalmente tenemos la legislatura agotada. Algunos partidos han confundido el interés general con el interés electoral. (Rumores.-Algunos diputados: ¡Ahí!). Se creían que exigir sobreprecios en las obras...
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, por favor, guarden silencio.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Esto también va por el Partido Socialista, que se ha creído que exigir sobreprecios en las obras para luego financiar actos electorales -que igual lo ha hecho el Partido Popular- es interés general. Para nosotros
eso era más bien interés electoral. (Aplausos). En cualquier caso, señorías, esta legislatura está literalmente agotada, esto ya no da más de sí. Han tardado en traer esta chapuza de proposición de ley año y medio. Aquí no tenemos un año y medio
por delante para tramitar esta proposición de ley, para sacar un resultado mínimamente aceptable y para llegar a una solución que no machaque los derechos que a los contribuyentes les ha reconocido el Tribunal Constitucional. En consecuencia,
votaremos en contra, porque es una chapuza intolerable, porque va en contra de los derechos de los contribuyentes y, sobre todo, porque todo esto ya no da más de sí. Esta proposición de ley -concluyo, señora presidenta-, para bien o para mal, no
entrará en vigor porque -aunque esperemos que no salga la moción Frankenstein del señor Sánchez- este Gobierno está inhabilitado. Tendría que haber cumplido con el Tribunal Constitucional y, sobre todo, con los españoles mucho antes. Lo que
tenemos que hacer ya es devolverle la palabra a los españoles para que arreglen, entre otros, este desaguisado.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor De la Torre Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidenta.
La configuración que tiene este impuesto es muy ilustrativa de lo que ha ocurrido en este país con los suelos urbanos y la vivienda. El impuesto partía, en realidad, del supuesto de que siempre se produciría un incremento de valor, que esa
era la evolución lógica del mercado inmobiliario y del valor de los terrenos urbanos. Evidentemente, cuando estalló la burbuja el valor de los bienes inmuebles descendió; una circunstancia no prevista en la normativa. Ahora el problema es grave,
porque desde la sentencia del Tribunal Constitucional e incluso antes -pues ya se habían producido sentencias judiciales cuestionando la configuración del impuesto- estamos ante un grave problema por la inseguridad jurídica provocada y por el
retraso en modificar la regulación de las plusvalías municipales. Se ha abierto la puerta a que las reclamaciones se realicen tanto en caso de incremento como de pérdida del valor de los terrenos. Se han producido sentencias que establecen que no
hay que pagar el impuesto incluso en el caso de haber incrementado de valor, al considerar que al no haberse aprobado la nueva regulación no se puede liquidar el impuesto. ¿Y quién va a los juzgados? Las grandes empresas, que son las que tienen
recursos para hacerlo y que son las que han especulado y han conseguido grandes beneficios con la venta de terrenos e inmuebles.
En la exposición de motivos de esta proposición de ley se dice que se presenta para dar una respuesta rápida al mandato del Tribunal Constitucional. Rápida, lo que se dice rápida tampoco es. La última sentencia del tribunal es de mayo de
2017 y la anterior de febrero de 2017, aunque el conflicto se remonta a 2012, con varias sentencias de tribunales de justicia desfavorables, y el acuerdo con la FEMP es de enero. Por tanto, rápida, rápida precisamente no es. Ustedes han
contribuido a esa inseguridad jurídica. La inacción del Gobierno está provocando graves perjuicios a los ayuntamientos. Hay muchos ayuntamientos que en estos momentos están ingresando prácticamente nada o muy poco por este impuesto, cuando es una
de sus principales fuentes de ingresos.
Entrando en los contenidos. Es necesario señalar un problema conceptual que tarde o temprano se deberá abordar. Este no debería ser un impuesto, por decirlo así, sobre la especulación, sobre la ganancia obtenida por la venta de un terreno
o de un inmueble que revierta a las arcas municipales. El objetivo de los ayuntamientos no es favorecer la especulación para recaudar más. El objetivo del impuesto es contribuir al sostenimiento de los servicios municipales que contribuyen a que
los terrenos y los inmuebles tengan un mayor valor. Por tanto, hay una contradicción entre la denominación del impuesto y su objetivo real. De hecho, la propia comisión de expertos que elaboró el informe de financiación local propone la
sustitución de este impuesto por un impuesto sobre las plusvalías urbanas que grave la capacidad económica real del sujeto pasivo.
¿Qué nos preocupa de la regulación que propone el Grupo Parlamentario Popular, a la que vamos a presentar diferentes enmiendas para corregir? Nos preocupa que para acreditar la inexistencia de valor se tomen los pagos efectivamente
satisfechos, es decir, la escritura, con el riesgo -entre comillas- de incentivar que no se declare el precio de venta real para no pagar el impuesto. Nos preocupa que no se contemplen los supuestos en los que el inmueble que se adquiere nada tiene
que ver con el que se transmite, caso, por ejemplo, de la compra de un solar y la posterior venta conjunta de una promoción de viviendas y locales en los que los valores a comparar son dispares.
Consideramos absolutamente injustificada la exclusión como sujetos pasivos de las sociedades que se encuentren en algunas de las situaciones establecidas en el impuesto sobre sociedades -régimen especial de las fusiones, escisiones,
aportaciones de activos, canje de valores, cambio de domicilio social-, porque en la práctica puede provocar dilación o exoneración del pago de impuestos mediante arquitecturas financieras y empresariales con el consiguiente perjuicio para las arcas
municipales. La directiva europea que regula estos supuestos ya establece la fórmula para que el impuesto se pueda aplicar en estos casos. Se da un trato homogéneo, con los mismos coeficientes, a realidades locales que son muy distintas. La
evolución del mercado inmobiliario es muy distinta entre grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, y pequeñas y medianas ciudades. Se crea un vacío legal con los casos anteriores a mayo de 2017, fecha de la sentencia del Tribunal Constitucional y
a partir de la cual esta produce efectos y fecha de entrada en vigor de las modificaciones de esta proposición de ley en lo relativo a la no sujeción al impuesto por inexistencia de valor, pues la sentencia del TC no limita los efectos temporales de
la misma. Este vacío legal pone en una situación muy difícil a los ayuntamientos. La falta de regulación legal de estos casos puede aumentar la conflictividad, con el riesgo de que los ayuntamientos den soluciones distintas.
El problema más grave, que no se resuelve en esta proposición de ley, es la pérdida de ingresos que van a tener los ayuntamientos, que pueden sufrir una merma de sus ingresos, según la federación de municipios, del 20 % de la recaudación.
Ya hay estudios del propio Ministerio de Hacienda que los sitúan en el 26 %, casi unos 600 millones en total. A Barcelona le puede suponer una bajada de la recaudación de 50 millones y a Zaragoza de 10 millones de euros, solo por poner algunos
ejemplos. Es un impuesto que supone, en muchos ayuntamientos, el 10 % de los ingresos ordinarios. La regulación legal de este impuesto corresponde al Gobierno del Estado, que es quien tiene el grueso de la potestad normativa. El diseño del
impuesto y su continuidad en el tiempo es responsabilidad exclusiva del Gobierno, no de los ayuntamientos y, por tanto, es necesario compensar la pérdida de ingresos que se va a producir, las devoluciones que se deban realizar por resoluciones
judiciales y los efectos de la nueva regulación. El trámite de enmiendas debe ser aprovechado para negociar soluciones a este problema con los ayuntamientos y los grupos parlamentarios. No aprobaremos la ley si no se llega a un acuerdo sobre la
compensación a los ayuntamientos, lo quiero dejar muy claro. En este sentido, no creemos que la negociación con la FEMP haya sido del todo satisfactoria. Eso tiene que abordarse durante la tramitación de esta proposición de ley. Tenemos un
precedente en este sentido. Ya en 2003 se compensó a los ayuntamientos por la supresión del IAE, y lo hizo el propio ministro Montoro.
Una mala legislación por parte del Estado no puede recaer sobre las espaldas de las corporaciones locales ni, por tanto, en el conjunto de la ciudadanía. En el fondo, estamos debatiendo sobre la financiación local, y esta proposición de ley
que presenta el Gobierno es, simplemente, un parche. El Gobierno actual -y digo actual porque esperemos que sea el Gobierno pasado y que prospere la moción de censura- es un enemigo declarado de la autonomía municipal, el Gobierno que más ha
legislado contra los ayuntamientos, como demuestra la LRSAL, como demuestran las leyes Montoro contra los servicios públicos, como demuestra la aplicación de la regla de gasto, como demuestran las limitaciones a la tasa de reposición de los
trabajadores públicos, como demuestran los recortes presupuestarios, que se han convertido ya en crónicos. Eso es lo que hay que abordar de una vez, la financiación municipal, que no se toca desde hace catorce años. El peso de los ayuntamientos en
el conjunto de las administraciones públicas es menor que hace catorce años; hemos pasado del 30 al 14 %. Necesitamos de una vez una mayoría de Gobierno municipalista y no contraria al municipalismo, porque el municipalismo es más democracia y más
derechos sociales.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñes.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo Jordán.
La señora SUMELZO JORDÁN: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados y señoras diputadas del Partido Popular, ¿no les parece a ustedes que esta proposición de ley llega muy tarde al Congreso de los Diputados? No sé si algunos de ustedes son alcaldes o alcaldesas y si hablan con los alcaldes
y alcaldesas que tienen en su tierra y de cuyas circunscripciones son diputados, pero todos conocen, indudablemente, que los ciudadanos vienen presentando desde hace muchos años muchos recursos en los ayuntamientos denunciando una aplicación injusta
del llamado impuesto de plusvalía. En septiembre del año 2015, el Pleno de la Federación Española de Municipios y Provincias advirtió al Gobierno que debía modificarse este impuesto de forma urgente. Han pasado dos años y ocho meses. En mayo de
2017, el Tribunal Constitucional -como todos ustedes saben y como hoy hemos oído en repetidas ocasiones- se cuestionó el cobro del llamado impuesto de plusvalía en una sentencia que consideraba que no era legal cobrar este gravamen en los casos en
los que no se hubiese producido ganancia. Desde entonces, ha pasado un año. El Gobierno no ha tramitado las reformas legislativas que indicaba la sentencia y los ayuntamientos se encontraban desde hace más de doce meses, insisto, en una situación
de incertidumbre, de vacío legal y de enorme indefensión (aplausos), y la ciudadanía también, porque esta sentencia abría las puertas a miles de personas que podían reclamar el cien por cien de lo pagado en los casos en los que se hubiese vendido la
vivienda con pérdidas. Y los ayuntamientos, otra vez más, soportando en las arcas municipales la devolución de un impuesto mal diseñado, sin compensación alguna por parte del Gobierno, que una vez más ha vuelto a ningunear a los ayuntamientos
incumpliendo su obligación de legislar sobre esta materia.
Nos decía la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que habían hecho un gran esfuerzo para traer esta proposición de ley al Congreso. No nos cabe ninguna duda, señorías; han debido hacer un gran esfuerzo para legislar sobre algo que
afecta a los ayuntamientos, porque por todos es conocido que este es el Gobierno más antimunicipalista de la democracia, un Gobierno que ha asfixiado las arcas municipales y que ha cercenado la autonomía local. También han debido hacer un gran
esfuerzo para negociar, en este caso, con la FEMP, porque todos sabemos que negociar y consensuar no es lo suyo. Y sabemos, además, que cuando negocian y pactan luego no cumplen; son incapaces de cumplir lo pactado, como lo hemos visto en el Pacto
sobre la violencia de género, sobre la violencia machista.
Esta proposición de ley que ustedes traen aquí, señorías, llega tarde. El Ministerio de Hacienda y la FEMP, el pasado mes de diciembre, alcanzaron un acuerdo para permitir la modificación del impuesto municipal de plusvalías, que fue
ratificado en la junta de gobierno de la FEMP el pasado 9 de enero. El esfuerzo les ha costado cinco meses desde el acuerdo. El acuerdo de Montoro con la FEMP es la base de esta reforma, señorías, que modifica la Ley Reguladora de Haciendas
Locales en lo relativo a introducir el supuesto de no aplicación en los casos en los que el ciudadano acredite que no ha obtenido un incremento de valor. Por eso, votaremos a favor de esta proposición de ley, porque se despeja una gran inseguridad
jurídica y un vacío legal que no se podía mantener; porque nos satisface saber que la ciudadanía se va a ver beneficiada por esta medida; y porque, además, en el Grupo Parlamentario Socialista somos conscientes de que este tributo, la plusvalía
municipal, es una fuente de ingresos importante de los ayuntamientos españoles.
Nos preocupa que la inactividad del Gobierno, la desidia del Gobierno en esta materia haya incrementado todavía más la escasez de recursos de los ayuntamientos. Por ello, coincidimos con algunos de los grupos que nos han precedido en el uso
de la palabra y con la FEMP en la necesidad de establecer un mecanismo compensatorio y suficiente para resarcir la merma de ingresos de los ayuntamientos por la aplicación de esta reforma de la norma. Por ello, el Gobierno debe establecer ya una
negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias para evitar lo que ya ocurrió con el impuesto sobre actividades económicas. No se puede continuar gobernando a espaldas de los ayuntamientos; son la Administración más cercana a los
ciudadanos, la primera puerta a la que llaman cuando tienen algún problema. Es fundamental abordar cuanto antes una ley de financiación local que dé más flexibilidad y hay que hacerlo en paralelo con el diseño de la financiación autonómica. No nos
vamos a cansar de repetirlo. La FEMP hoy mismo pedía un nuevo modelo de financiación local. Y es urgente también flexibilizar la regla de gasto. El mes de septiembre pasado se constituyó una comisión de análisis de la regla de gasto conformada
por el Ministerio de Hacienda y la FEMP y ni siquiera se ha reunido ni se ha planteado ninguna propuesta desde el Gobierno en esta materia. Insisto, no se cumple nada de lo que se acuerda
con los ayuntamientos, de ahí el permanente enfado de los alcaldes y alcaldesas de todos los colores, también del Partido Popular, por los reiterados incumplimientos del Gobierno del Partido Popular.
Les decíamos también, y no nos cansamos de repetirlo, que el ministro Montoro va a pasar a la historia como el más antimunicipalista de la democracia, un ministro que impuso una regla de gasto y un techo de gasto inflexible para los
ayuntamientos, que no les permite utilizar los más de 25 000 millones de euros que tienen en los bancos y que ha conseguido frenar la tasa de reposición y congelar las plantillas de los ayuntamientos, que a día de hoy cuentan con 100 000 empleados
públicos menos que en el año 2011.
Y en un debate de política local, me veo en la obligación de recordar a la señora vicepresidenta del Gobierno, a la señora Sáenz de Santamaría, que lleva un año entero sin convocar el pleno de la Comisión Nacional de Administración Local,
que es el órgano en el que el Gobierno informa a los representantes municipales sobre la senda de consolidación fiscal y también sobre aquellas iniciativas que afectan a las entidades locales. Desde el mes de junio del año pasado el pleno de la
comisión no se ha reunido y no han sido informados sobre temas, que sí se han tratado en esta Cámara, de importancia vital para las entidades locales, como el real decreto del superávit, el real decreto que regula a los habilitados nacionales en el
ámbito de las entidades locales menores o la modificación de plusvalías, de la que hoy hablamos. Los socialistas rechazamos esta manera de hacer política. Rechazamos la forma de hacer que tienen ustedes a su manera, sin acuerdo, sin negociación
previa. Creemos que se pueden hacer las cosas de otra manera: con acuerdos, con pactos, con negociación. En lo que tiene que ver con política municipal, desde enero del año 2012 el Gobierno del Partido Popular optó por olvidarse de los
ayuntamientos y darles un valor insignificante. Estamos convencidos de que se han equivocado.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sumelzo Jordán.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL RESCATE INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (Numero de expediente 162/000619).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Pasamos al punto del orden del día relativo a las proposiciones no de ley. Comenzamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea,
sobre el rescate integral de la Función pública. Para la presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes.
Nuestras administraciones públicas están al borde del colapso y urgen tanto una reforma estructural como una serie de medidas paliativas para evitar que entren en estado de coma. Hace apenas unas semanas se aprobaron aquí los que serán
posiblemente -aún no lo sabemos seguro- los presupuestos generales para lo que queda de año 2018, y en ellos se recogieron parcialmente algunas de las cuestiones que solicitamos en esta iniciativa. Desde luego, eso no es gracias a este Gobierno,
que desde que llegó en el año 2011 solo ha torpedeado y arrasado lo público, sino debido al trabajo de los empleados públicos y las fuerzas sindicales, que desde hace ya muchos años vienen poniendo el grito en el cielo por la actual situación de
nuestras administraciones públicas. Desde aquí mis primeras palabras son de agradecimiento a ellos y a ellas porque han conseguido dar un poco de oxígeno a nuestra maltrecha Administración, y esperamos y exigimos que se cumplan estas cuestiones
independientemente de lo que pase el viernes.
Dicho esto, debemos recordar que muchos de los puntos acordados no se han plasmado en los presupuestos y que muchos otros están parcialmente a modo de bote salvavidas para un barco que está a punto de naufragar tras ocho años ya de recortes
del Partido Popular, de recortes descarnados. Y es que, aunque este acuerdo, en su plasmación en los presupuestos generales en algunas administraciones públicas, se podría concretar en creación de empleo, esto no va a ser algo generalizado o por lo
menos no lo va a ser para la Administración general. Recordamos que desde 2011 se han perdido 140 000 empleos públicos y que esto se traduce en servicios que se prestan cada día de manera más precaria. Señores y señoras, detrás de esos servicios
hay niños, hay ancianos, hay enfermos o hay mujeres víctimas de violencia machista que no reciben prevención alguna. Con las medidas recogidas en los presupuestos generales solo se detiene la hemorragia, pero nuestras administraciones públicas
necesitan inmediatamente
de una transfusión de sangre mucho más enérgica para poder caminar, y eso solo se puede hacer eliminando la tasa de reposición y convocando una oferta pública de empleo extraordinaria.
En cuanto a la tasa de reposición, es cierto que el acuerdo que se concreta en los presupuestos generales avanza en las posibilidades de contar con una tasa de reposición del 100 % o levemente superior, pero esto parece ligado a múltiples
condicionantes controlados desde el Estado, que supervisa de manera paternalista el gasto de los distintos territorios. Debería ser cada administración, dentro de su disponibilidad presupuestaria, quien decida aplicar el gasto al capítulo que
considere oportuno. La tasa de reposición es una intromisión en la autonomía municipal y autonómica y, además, no supone una medida de ahorro, sino que es una conducción interesada de cómo se gastan los recursos en las diferentes administraciones.
No sé qué le hace pensar al señor Montoro que él va a saber administrar mejor que las comunidades y los municipios los recursos, además teniendo en cuenta que su secretario de Estado de Hacienda está imputado. Por ello, creemos que es absolutamente
necesario suprimir la tasa de reposición sin ningún tipo de excepciones.
Junto con esto, nos sigue pareciendo imprescindible una oferta de empleo extraordinaria que reponga el empleo destruido desde 2009. La pérdida de empleo público solo en la Administración Central acumula, en el periodo 2008-2016, 41 426
efectivos; tan solo en el ámbito de la Seguridad Social se han destruido 4249 puestos de trabajo desde 2009. Es cierto que la oferta extraordinaria de julio creaba 2026 plazas en el ámbito de la Administración General del Estado, pero convendrán
conmigo que 40 000 pérdidas acumuladas frente a 2000 es muy insuficiente. Hay ámbitos donde hay que intervenir de forma contundente y urgente, por ejemplo, en los centros de atención a la ciudadanía y en todos los centros de gestión de la Seguridad
Social. En estos momentos hay treinta y nueve oficinas de la Tesorería y del Instituto General de la Seguridad Social que están atendidos por un solo funcionario o funcionaria, que no pueden ponerse malos, coger vacaciones o permisos porque sus
oficinas cierran y los ciudadanos estarían desatendidos. Otros ejemplos son el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el que la pérdida de efectivos en los últimos cuatro años llega al 13 % de su personal, y los diferentes organismos de
investigación dependientes de la Administración General del Estado, desde el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, pasando por el Ciemat, o el Instituto de Salud Carlos III. En todos ellos
la situación de incertidumbre es incompatible con la creación de la necesaria base para la investigación que requiere con urgencia nuestro país.
Por otro lado, es cierto que los presupuestos generales contemplan una previsión de mejoras retributivas respecto al pasado año, pero, como hemos señalado antes, esto es solo un parche de contención. Los empleados públicos han perdido entre
el 13 y el 16 % de su poder adquisitivo en los últimos ocho años. ¿No les parece que en un momento de crecimiento económico como el actual lo mínimo sería devolverles lo que les pertenece en estos presupuestos? La propuesta del Gobierno apenas
equipara la recuperación del salario al IPC este año. Como decíamos antes, estos son parches y más parches, pero lo perdido no se devuelve. En este sentido, nuestro grupo parlamentario ha propuesto una subida de 2,75 % en estos presupuestos
generales, con un plan que nos permita en un plazo de cinco años recuperar lo perdido.
En relación con la posibilidad de que cada administración pública pueda negociar su jornada laboral, nos parece que esto no debería estar condicionado a situaciones financieras de las administraciones públicas, sino que sería más razonable
que cada administración, en virtud de las competencias que le otorgan los estatutos de autonomía o el propio Estatuto Básico del Empleado Público decidiera, autónomamente, sobre su propia jornada laboral. Lo mismo consideramos respecto de la
recuperación de los derechos salariales por las incapacidades temporales.
Ya concluyo. Todas estas cuestiones han sido abordadas en el debate de presupuestos generales; sin embargo, creemos que queda mucho camino por recorrer. Las medidas que están recogidos en esta proposición no de ley están también plasmadas
en enmiendas que hemos presentado a estos presupuestos y que aún se pueden votar en el Senado, excepto aquellas que ustedes nos han vetado, claro. Interpelo desde aquí al resto de grupos políticos a estudiarlas y a comenzar a andar el camino para
implementarlas, porque mejoraría sustancialmente el empleo público y, por ende, los servicios públicos que tanto han sufrido en nuestro país. Ya sabemos -y con la sentencia Gürtel nos lo han confirmado- que el Partido Popular saquea lo público para
llenarse los bolsillos. No obstante, les doy una buena noticia: tienen la última oportunidad en el Senado para poner en marcha estas medidas. Esto no va a servir para resarcir todo lo que han hecho, pero quizás aligeren un poco su conciencia. Si
no, no se preocupen; a partir de
este viernes esperamos poder sacar al Gobierno del Partido Popular, al Gobierno de los enemigos de lo público, para devolver a las administraciones al lugar que merecen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor González García.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por su grupo, interviene, por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on. Buenas tardes.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2012 contenía una serie de medidas en materia de personal que atendían a una situación económica coyuntural grave y cuya pretensión era la de hacer frente al desmedido déficit público para
alcanzar a medio plazo la sostenibilidad de las finanzas públicas mediante la contención del gasto en el ejercicio. El citado corolario de medidas contemplaba, entre otros aspectos, el no incremento de las retribuciones del personal del sector
público, la prohibición de incorporar nuevo personal excepto en ámbitos públicos determinados, restricciones de la contratación temporal en el sector público, reducción de las plantillas mediante amortización de plazas en un número equivalente al de
las jubilaciones que se fueran produciendo y el establecimiento en la totalidad del sector público de una jornada general de trabajo para su personal.
La actuación del Gobierno con posterioridad a la aprobación de la Ley de Presupuestos del año 2012, a fin de continuar afrontando la virulencia de la crisis económica, sumó a las señaladas medidas otro paquete de actuaciones de pretensión
coyuntural y de incidencia en la limitación de los gastos de personal mediante la aprobación de una serie de normas que establecieron, entre otras cuestiones, la no percepción por el personal del sector público de la paga extraordinaria de 2012, así
como una serie de modificaciones en la Ley del Estatuto del Empleado Público, en los artículos 48 y 50.
Hay que reconocer que diversas medidas de las anteriormente señaladas han venido siendo mitigadas a lo largo de los últimos años, llegando incluso en algún caso a su práctica derogación, atendiendo a la superación de la situación coyuntural
de crisis económica que afrontaban. Así, ante la mejora de la perspectiva económica general, se ha ido dulcificando, entre otras cuestiones, la prohibición de nuevas incorporaciones de personal al sector público e incrementando progresivamente la
tasa de reposición permitida y prácticamente se han revertido a la situación anterior los aspectos de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, coyunturalmente modificado, como la devolución de la paga extraordinaria, por ejemplo.
No obstante, y a pesar de haberse dulcificado y eliminado algunas de las medidas adoptadas, perviven otras que entendemos necesario abordar y que se abordan en esta proposición no de ley presentada, como la del establecimiento de una jornada
mínima para el personal del sector público, que ha sido fuente de controversia entre diversas administraciones públicas, una medida que escapa a su evidente carácter coyuntural, a pesar de la mejora de la perspectiva económica general, y que, por
otra parte, altera y distorsiona de forma sensible el marco competencial y de responsabilidad correspondiente a las diversas administraciones públicas, afectando por tanto de forma negativa a las posibilidades de desplegar la negociación colectiva
en su seno y de adaptar la gestión del personal a sus necesidades y condiciones específicas.
Dicho todo esto y en relación con el planteamiento propuesto en esta proposición no de ley, se deben hacer las siguientes puntualizaciones, y por ello hemos enmendado. El planteamiento de la eliminación de la tasa de reposición, a nuestro
juicio, es correcto, ya que esta limita de forma absoluta la posibilidad de ordenación de los recursos humanos en las distintas organizaciones y la en su caso pretendida recuperación de las restricciones de acceso impuesto en los últimos años,
teniendo en cuenta el contexto tanto de la tasa de reposición como incluso de la denominada tasa adicional para estabilización del empleo temporal para ciertos ámbitos. El planteamiento referido a la recuperación del poder adquisitivo por el
personal debiera referirse a la negociación colectiva en cada una de las administraciones, conforme a lo dispuesto por la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público en su artículo 37, tanto en lo que respecta a las cuantías, con los límites
presupuestarios correspondientes, como a los eventuales calendarios de negociación a establecer por cada administración con las organizaciones sindicales en sus respectivos ámbitos. Por ello hemos propuesto un nuevo texto en la proposición no de
ley.
En cuanto al tercer punto, hay que decir que la ley de presupuestos para 2018, en su disposición adicional quincuagésima, reconoce la capacidad de cada administración pública para determinar en la
negociación colectiva los complementos a percibir por el personal en situación de incapacidad temporal de hasta un máximo del cien por cien de sus retribuciones, por lo que en un principio parecería resuelto el tema, pero dado que la ley de
presupuestos ha de ser aprobada por el Senado y dada la incertidumbre existente en este momento parece que pueda tener sentido el mantenimiento de esta cuestión en la proposición no de ley.
En cuanto al punto cuarto, este grupo plantea una nueva redacción puesto que es necesario el restablecimiento de la capacidad de negociación de la jornada laboral a cada administración pública, pero ha de ser cada administración la que
establezca su jornada laboral atendiendo a sus necesidades organizativas y siempre conforme a los correspondientes procesos negociadores en su seno.
Por lo que respecta al punto quinto, la estabilización del empleo temporal, entendemos que si se elimina la tasa de reposición en los términos recogidos en el punto primero de esta proposición no de ley, no resulta preciso añadir una tasa
adicional de reposición para este, y por otra parte la decisión sobre esta estabilización, su determinación cuantitativa y en el tiempo para materializarse debería corresponder también a cada una de las administraciones.
Respecto al último punto de la proposición no de ley, nada que señalar a este planteamiento referido a la Administración del Estado, que parece puede resultar correcto. Por todo ello, al haber propuesto enmiendas a esta proposición no de
ley fijaremos nuestra posición en cuanto sepamos su admisión o no por el grupo proponente.
Muchas gracias. Eskerrik asko.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano Jiménez.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Muchas gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. En primer lugar, me gustaría señalar que hablamos de empleados públicos y de servicios públicos, pero el ministro de Hacienda y Función Pública no se encuentra aquí. Evidentemente le interesan poco los servicios
públicos y los empleados públicos.
Luego quería poner de manifiesto la importancia de los servicios públicos para el Grupo Parlamentario Socialista, y por tanto la importancia de los empleados públicos como verdaderos garantes de los mismos. Lamentablemente estos últimos
años de gobierno del Partido Popular han supuesto un deterioro importante de los servicios públicos y de la calidad de los mismos, debido a la política de abandono impuesta por el Partido Popular. Nunca la derecha mostró una predilección por los
servicios públicos, y tampoco lo han hecho los Gobiernos de Rajoy. Su apuesta ha sido otra bien distinta: limitar, asfixiar a las administraciones públicas para primero provocar la mayor pérdida de empleo público de la democracia española, y en
segundo lugar, impedir la convocatoria con libertad de la oferta de empleo público. Sin duda la política de abandono de la Función pública y de la Administración pública ha provocado que el Gobierno de Rajoy haya arrebatado derechos a la
ciudadanía, encogiendo los servicios públicos y adelgazando las plantillas mediante el establecimiento de tasas de reposición que han ido menguando poco a poco los efectivos con que cuenta la Administración para atender como es debido a quienes
necesitan los servicios públicos, que no son otros que los ciudadanos y ciudadanas de este país.
El recorte de efectivos ha llegado a prácticamente todos los ámbitos, como ha venido advirtiendo el Grupo Parlamentario Socialista durante todos estos años, dando lugar a situaciones de verdadera emergencia. Basta con poner algunos ejemplos
que son perfectamente evidentes. Podría hablarles de empleados públicos como son los médicos de atención primaria, los pediatras, los especialistas, los maestros, los profesores, los policías, la Guardia Civil, o los policías locales, pero también
de personal de Instituciones Penitenciarias, de Justicia, de técnicos de las oficinas de empleo o de empleados públicos de la Administración local. Y hay más ejemplos, señorías, de empleados públicos. Hablamos de los técnicos de las oficinas de
expedición del DNI, de los servicios públicos de empleo, en la Inspección de Trabajo, en la Seguridad Social, en la Agencia Tributaria. En todos esos ámbitos se ha reducido y se ha menguado la plantilla de empleados públicos.
La reducción del número de empleadas y empleados públicos que se ha producido en los últimos años ha desembocado en un déficit de la plantillas alarmante, que no se ha querido reconocer y al que no se ha querido poner remedio hasta ahora.
Por ello el año pasado el Gobierno nos vino con las prisas y trajo para convalidar dos reales decretos-leyes tras el acuerdo con los sindicatos, y más lo hizo por necesidad que por convicción, para tratar de poner un parche a una situación que lleva
años degradándose. Este año han vuelto a llegar a un acuerdo con las centrales sindicales más representativas de los empleados
públicos donde se recuperan algunos de los derechos públicos perdidos de estos empleados, pero parte de ese acuerdo se plasma en el proyecto de ley de presupuestos generales que se está tramitando. Como decía esto se ha hecho por el
esfuerzo y el tesón de los empleados públicos y de sus representantes sindicales, no por la voluntad del Gobierno.
Lamentamos que no hayan aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista que venía a mejorar el acuerdo, y sobre todo a conseguir la recuperación de esos derechos perdidos. Desde el Grupo Parlamentario Socialista exigimos al Gobierno
la elaboración de una verdadera política de recursos humanos en los servicios públicos basada en el rigor y la seriedad, y no a golpe de presión y de improvisación. La oferta de empleo público supone empezar a recuperar ligeramente el empleo
público que las políticas de austeridad salvaje del Gobierno del Partido Popular, del Gobierno de Rajoy han disminuido. Hay que recordar que llevaron a la destrucción de más de 300 000 empleos públicos. Sus políticas han pretendido hundir los
servicios públicos, a sabiendas de que se ponía en riesgo el Estado del bienestar. Por suerte el esfuerzo y el trabajo de miles de empleados públicos han sido decisivos para su mantenimiento.
En el trámite parlamentario de aprobación de los presupuestos, como he dicho anteriormente, ya advertimos que no eran suficientes las cifras de empleo público que proponían. Presentamos enmiendas para suprimir la tasa de reposición y para
que, como mínimo, se aumentara al 150 % en sectores de especial sensibilidad social, por estar relacionados con los servicios públicos esenciales y con la lucha contra la corrupción y el fraude. Pero el Partido Popular no aceptó ninguna de nuestras
enmiendas. De ahí, señorías, que esta iniciativa presentada por Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y que estamos debatiendo tenga su razón de ser.
El Grupo Parlamentario Socialista comparte la necesidad de eliminar la tasa de reposición, de manera que las diferentes administraciones públicas puedan atender sus necesidades de personal, conforme a su disponibilidad presupuestaria.
Además es absolutamente necesario que se recupere la integridad de la prestación por incapacidad temporal, y la capacidad de negociación de la jornada de treinta y cinco horas, como recuperar totalmente el poder adquisitivo perdido por los empleados
públicos en los años de crisis. Sin embargo, señorías, pese a lo señalado anteriormente, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda de supresión y modificación de los puntos quinto y sexto en caso de que no se establezca esa tasa
de reposición libre. Para la creación de empleo neto debemos ir a una tasa de reposición de algo más del cien por cien, como mínimo, en las administraciones públicas en general o a una tasa de reposición del 150 %, como mínimo también, en los
servicios prioritarios.
En definitiva, señorías, dado que el proceso de reducción del déficit de las administraciones públicas y de contención del gasto público llevado a cabo en los últimos años ha reducido de manera imposible sus efectivos, creemos necesario
aumentar la oferta de empleo público u otro instrumento similar de gestión para la provisión de personal. Seguimos reclamando que las administraciones sean libres, que tengan la autonomía que establece la Constitución y su Estatuto de Autonomía, y
que dediquen sus esfuerzos y sus prioridades a destinar la oferta de empleo público a aquellos servicios básicos y necesarios para prestar unos servicios públicos de calidad. Por tanto el Grupo Parlamentario Socialista insta a las fuerzas políticas
a dar los pasos necesarios para recuperar la calidad de los servicios públicos más esenciales, duramente golpeados por los recortes del Partido Popular, y por tanto a recuperar la calidad de los servicios públicos de este país y la dignidad de los
empleados públicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Serrano Jiménez.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, vaya por delante que compartimos el espíritu de la propuesta, y por lo tanto ya les avanzamos que, aunque no compartamos al cien por cien la literalidad de la propuesta, vamos a apoyarla. También debo decirles que seguramente, si
admitiesen las dos enmiendas del Grupo Parlamentario del PNV, nos sentiríamos más cómodos porque entendemos que están bien redactadas y son acertadas. Lo de la tasa de reposición es una cuestión que hemos debatido en muchísimas ocasiones. No nos
vamos a cansar de reivindicarlo. Establecer una tasa de reposición de forma obligatoria a las administraciones locales o a las comunidades autónomas es atentar a su propia autonomía, y en algunos casos no tiene ningún sentido. Imagínense -porque
los hay- ayuntamientos con deuda cero, con remanente de tesorería positivo, con
un resultado presupuestario positivo de forma reiterada. ¿Qué sentido tiene que se lo establezcan? ¿Por qué los tienen que tutelar para decir qué tasa de reposición se debe establecer? De verdad que no tiene ningún sentido; o es no
creerse aquello de la autonomía local.
En términos parecidos van las otras propuestas. Es verdad que el punto cinco, tanto de la propuesta original como la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, nos parecen aquello de: como ya sabemos que no van a cumplir el punto
primero... ¡Hombre, no! Si lo aprobamos es para que lo cumplan y para que no haya tasa de reposición. Por cualquier cosa admitir que lo vamos a aprobar, pero ya sabemos que no lo van a cumplir pero cumplan el quinto, pues si no cumplen el primero
seguramente tampoco van a cumplir el quinto.
En cuanto a la recuperación del poder adquisitivo también nos parece acertado, pero entendemos que, respetando la autonomía de decisión y gestión de cada una de las administraciones, se debería dar margen para que fuera la negociación por
parte de cada Administración la que pudiera conseguir esta recuperación del poder adquisitivo. Por lo tanto también nos sentiríamos más cómodos en la propuesta de la enmienda del Grupo Parlamentario Vasco.
Por lo que respecta al establecimiento de la jornada laboral, que fue una de las modificaciones que afectaron a otros niveles de la Administración, estamos en la misma línea: en el marco de la EBEP que se pudiese negociar, que se diera
margen de negociación, y les hablo por experiencia, porque en el ámbito municipal seguramente es un elemento más de negociación, y no tiene sentido que se acote a los ayuntamientos y a las corporaciones locales que en todos los casos desde el año
2012 han cumplido con todos los objetivos de consolidación fiscal, cosa que desgraciadamente no pueden decir ni el ministro Montoro ni el Gobierno del Estado. Por lo tanto entendemos que también se debería hacer un esfuerzo en este sentido.
Y una última reflexión ya para terminar. Oigan, si la Administración central y la Seguridad Social no cumplen con los objetivos de déficit, no cumplen con los objetivos de deuda se puede entender que se tengan que establecer mecanismos
adicionales para acotar su capacidad de decisión y su capacidad de gasto, y al fin y al cabo que se los establezcamos en esta Cámara. Pero establecérselo a la Generalitat de Catalunya por encima de lo que diga el Parlament de Catalunya no tiene
ningún sentido; y establecérselo a cada una de las corporaciones locales por encima de lo que digan sus plenos, si estas corporaciones locales están presentando una situación financiera saneada o muy saneada o completamente saneada, tampoco tiene
sentido. Por lo tanto si se admiten las enmiendas seguro que votamos favorablemente; pero si no se admiten también vamos a votar a favor.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bel Accensi.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Gracias, presidenta.
Buenas tardes. Entrando en materia diré que coincidimos en el diagnóstico que se nos presenta en esta propuesta no de ley, porque realmente la Función pública se enfrenta a graves dificultades desde 2009, es decir ya hace casi una década;
y entre otros asuntos estamos de acuerdo porque es evidente que se han reducido las plantillas debido a la imposición de unas tasas de reposición raquíticas o inexistentes dentro del sector público, que han envejecido las plantillas durante los
últimos siete años: por cada diez funcionarios o funcionarias jubiladas solo se ha cubierto una plaza. También se han devaluado las funciones laborales del personal de las administraciones y servicios públicos, y concretamente sus salarios. Se ha
fomentado el empleo temporal y las externalizaciones para cubrir servicios que antes podían asumir las propias administraciones de manera directa. En resumen, la mal llamada crisis -prefiero cambiar la palabra y llamarla el gran festín del sistema
financiero a costa del 99 % de la población- ha sido la culpable directamente y también la excusa perfecta para empeorar sustancialmente los servicios que prestan los trabajadores públicos a la ciudadanía. Un ejemplo fragante lo tenemos dentro de
la Administración pública en Correos. Es un claro ejemplo de servicio público que se ha deteriorado y que necesita que se apueste políticamente por él y se le aplique con urgencia un plan de rescate. Con unos 57 000 trabajadores y trabajadoras se
trata de la mayor empresa pública en número de empleados, insisto, empresa pública con capital cien por cien público que año tras año, en la mal llamada crisis, pero también el año pasado, año en que ya según el Gobierno estábamos en plena
recuperación y viento en popa, Correos ha tenido que recortar más de 123 millones de euros, y este año a pesar de las enmiendas presentadas va a volver a sufrir en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 un recorte de 60 millones de euros. Es
decir, o la recuperación económica es un bulo o apuestan por liquidar Correos, pues
estos recortes no son gratuitos. Tendrán graves repercusiones en forma de pérdidas millonarias, en pérdidas de empleos, y pondrán en peligro la viabilidad de una empresa estratégica y pública como Correos. Por ello asumimos las
reivindicaciones sindicales que demandan, un plan de prestaciones de servicio postal universal que garantice la prestación de dicho servicio público a los ciudadanos y ciudadanas, así como una partida económica calculada de forma objetiva, y que no
dependa de la voluntad política en cada trámite de los Presupuestos Generales del Estado.
Pero el caso de los trabajadores y las trabajadoras de Correos, a quienes animamos a continuar su combate en defensa de sus condiciones laborales y en defensa del servicio público postal, es solo un ejemplo de un problema que se extiende a
toda la Función pública, como bien ha quedado claro en esta proposición no de ley. Que Correos y los servicios públicos necesitan una plantilla suficiente es de cajón; que no puede haber precariedad en las empresas públicas en forma de
eventualidad, minijobs y sobrecargas de trabajo también es evidente, y que toca recuperar el poder adquisitivo perdido y un largo etcétera también es evidente, pero Correos como decía es solo un ejemplo. Como cifra importante para que vean lo que
estamos diciendo he de decir que, según los sindicatos, el número de personal funcionario que falta para poder prestar servicios de calidad asciende a unos 356 000 personas. De estos, 24 000 corresponden a la Administración General del Estado, 40
000 a la Administración autonómica, 91 000 a la Administración local, 107 000 al sistema educativo y 94 000 al sistema de salud.
Por todo ello votaremos a favor de esta iniciativa, que nos parece una buena iniciativa que sitúa encima de la mesa del Gobierno un problema en la Función pública que se debe solucionar con urgencia.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Salvador i Duch.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ramírez Freire.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, presidenta.
Señorías, desde Ciudadanos desde luego compartimos la importancia de los empleados públicos, y por ende de las funciones que desempeñan. Algunos se olvidan de que hablamos de un colectivo que tiene como función principal ejecutar y
desarrollar todas las acciones y funciones englobadas en las políticas públicas, y por tanto de los servicios públicos. Hablamos de nuestros maestros, de nuestro personal sanitario, de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de nuestros
funcionarios de prisiones, y en definitiva de nuestros servidores públicos. Desde Ciudadanos queremos poner en valor a nuestros empleados públicos y desde luego tenemos que defenestrar esa creencia absurda de que en España tenemos muchos
funcionarios. No es cierto, en realidad el porcentaje de funcionarios/población está entre los menores de Europa.
Como casi siempre compartimos el diagnóstico con los diputados de Podemos. Señor González, le tengo que decir que estoy de acuerdo con usted en que la crisis le costó la paga extra de 2012, un recorte del 5 % en los salarios de 2010, la
posterior congelación de los salarios en 2011, 2012, 2013 y 2014, la reducción de los días de moscosos y el recorte de plantillas por falta de reposición. Pero analicemos su propuesta. Hablan ustedes, en seis puntos, entre otras cosas de eliminar
la tasa de reposición, de recuperar el poder adquisitivo, de restablecer la capacidad de negociación de la jornada, y de recuperar la integridad de la prestación por incapacidad temporal. Debo decirle, señor González, que como casi siempre llegan
tarde, y además no son creíbles como defensores de la causa que traen al Pleno. Nada de lo que proponen es novedoso, y además Podemos no piensa bajarse del no es no. Hay que bajarse a la arena de negociación para avanzar en estas reivindicaciones
o por lo menos para intentar adelantar su aplicación algún día. En otro momento le aseguro que entraría a valorar la importancia de querer negociar para conseguir los objetivos, los hitos fundamentales para revertir esta situación, pero déjeme que
le ponga un ejemplo, señor González. ¿Qué le parecería si hablamos de una subida salarial del 1,75 % en 2018, de una subida del 2,25 % en 2019 o de una subida del 2 % en 2020? En definitiva que los empleados públicos tengan una subida garantizada
del 6,1 % y, en función del crecimiento económico, incluso del 8,79 %. ¿Qué le parecería una tasa de reposición del cien por cien en administraciones saneadas y en los sectores prioritarios -sanidad y educación- y en el resto un 75 %? ¿Qué le
parecería si universalizásemos el proceso de estabilización del empleo público, por el que se aspira a un 8 % en la tasa de temporalidad en las administraciones públicas para 2020? ¿Qué le parecería de cara a la negociación colectiva abrir la
puerta a la recuperación de las treinta y cinco horas semanales y a la recuperación del cien por cien de las retribuciones en caso de incapacidad temporal? Pues todas estas medidas, señor González, estaban en los Presupuestos Generales del Estado;
sin embargo ustedes, Podemos, votaron en contra de los
mismos. Así no se consigue otra cosa que poner palos a las ruedas. (Aplausos). En su opinión -déjeme que se lo diga-, ¿no cree que los funcionarios querrán tener una semana más de paternidad? ¿No cree que querrán tener mil euros para
ayuda de la escolarización de sus hijos de 0 a 3 años?
Por desgracia hoy es complicado, y como decía al principio me encantaría demostrarles las ventajas de la negociación, pero es que algunos no quieren darse cuenta de que esta legislatura está acabada, finiquitada. Lamentablemente algunos no
han entendido, entre otros la señora Madrazo y el resto de señorías del Grupo Popular, que los problemas de este país, como la situación de los empleados públicos, los desafíos a la democracia y la recuperación de la credibilidad de las
instituciones para el conjunto de la sociedad solo pueden resolverse a través de un Gobierno fuerte y limpio, es decir, un Gobierno sin mácula. Nos preguntaba la señora Madrazo de una forma muy becqueriana qué es el interés general. Déjeme que le
diga, señora Madrazo -no sé dónde está, pero me imagino que estará por aquí-, que el interés general es no tener un Gobierno manchado por la corrupción, sino un Gobierno fuerte, que evite los desmanes de los golpistas y que garantice la igualdad y
la unidad de todos los españoles. El interés general es tener un Gobierno en definitiva avalado por el conjunto de los ciudadanos.
Estamos de acuerdo en revertir las situaciones negativas creadas al albur de la crisis, que ha perjudicado la calidad de los servicios públicos que disfrutábamos los ciudadanos de este país, así como las situaciones que no han querido
enmendarse y que solo con un Gobierno fuerte, limpio y con la confianza de los ciudadanos se pueden afrontar.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Ramírez Freire.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora López Ares.
La señora LÓPEZ ARES: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de iniciar mi exposición en relación con esta proposición no de ley me gustaría decir al portavoz de Ciudadanos que un Gobierno fuerte es el que trabaja por los españoles, por el empleo y por el crecimiento económico, y que
un Gobierno no sería fuerte si lo único que le preocupase fuese la encuesta que apareciese en un medio de comunicación una mañana determinada. Eso nunca lo hará el Partido Popular. (Aplausos). Nosotros continuaremos trabajando por los españoles,
por sus intereses y por mejorar el futuro, que por eso nos han votado bastante más que a ustedes.
Ahora inicio mi exposición en relación con esta proposición no de ley. El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos presenta una proposición no de ley con la que pretenden seguir hablando de los Presupuestos Generales del Estado para 2018, y
deben querer continuar hablando de esto porque a lo mejor no han superado que la semana pasada 176 diputados rechazaran sus propuestas en este Pleno del Congreso de los Diputados. Y hoy nos vienen con esta proposición no de ley, según ustedes, para
rescatar a la Función pública. Es una proposición que se ajusta a sus formas, como no puede ser de otra manera. Es decir, tras una exposición de motivos que muestra una España gris casi negra: destrucción, reducción, pérdida, recortes,
precariedad, devaluación, desaparición, congelación, su España negra, piden al Gobierno unas actuaciones que permitirán rescatar a nuestra España en la parte que en este caso afecta a los empleados públicos. Pues, señorías, vamos a hablar del
rescate que ustedes traen aquí.
Primero, ustedes plantean eliminar la tasa de reposición de las diferentes administraciones públicas conforme a sus disponibilidades presupuestarias. Esas dos palabras parece que se les han escapado en la redacción. Pues, señor portavoz de
Podemos, el Gobierno del Partido Popular pactó y acordó en 2018 un incremento de las tasas de reposición hasta el 115 %. Pactó, acordó y las trajo, que es la garantía con esas disponibilidades presupuestarias. Estos incrementos fueron incorporados
en los Presupuestos Generales del Estado de 2018, artículo 19. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Votar en contra.
En segundo lugar, solicitan recuperar el poder adquisitivo perdido. Se negoció, se pactó con las organizaciones sindicales y estamos hablando de una subida que puede llegar casi al 9 % y que se ha recogido en los Presupuestos Generales del
Estado. ¿Saben lo que hicieron ustedes? Votar en contra.
En tercer lugar, piden recuperar la integridad de la prestación por incapacidad temporal. Pues también está recogido en el acuerdo y en los Presupuestos Generales del Estado, disposición adicional quincuagésima. ¿Saben lo que hicieron
ustedes? Votar en contra.
Piden establecer la capacidad de negociación de la jornada laboral a cada Administración pública, pudiéndose llegar a treinta y cinco horas. Está incorporado en los Presupuestos Generales del Estado, disposición adicional centésima
trigésima segunda. ¿Qué han hecho ustedes? Votar en contra.
Quieren que se consignen en los próximos presupuestos para 2018 o 2019 -no sabemos- determinadas tasas adicionales para la estabilización en todos los sectores. Está recogido en el proyecto de ley de presupuestos para 2018, artículo
19.Uno.9. ¿Qué han hecho ustedes? Votar en contra.
Solicitan también una oferta pública de empleo extraordinaria en el ámbito de la Administración General del Estado. Está incorporada para los niveles o para los sectores que ustedes solicitan, en el artículo 19 y además en otras
disposiciones. ¿Qué han hecho ustedes? Votar en contra.
Señorías, en la política es importante la palabra, pero lo que realmente nos permite resolver los problemas de los ciudadanos son los hechos, y con las decisiones y los hechos el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy lo
que demuestra es su compromiso real con los empleados públicos. Dados los hechos, señores de Podemos, señor González, en su caso solo hay tres posibilidades: que no se han leído los presupuestos de 2018; que, si los han leído, no los han
entendido; o que, habiéndolos leído y entendido, realmente no les interesan los empleados públicos y lo único que les interesa es continuar con sus pantomimas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora López Ares.
Señor González García, a los solos efectos de aceptación o no de las enmiendas, tiene la palabra.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Estamos elaborando una enmienda transaccional que espero que sea del agrado de los grupos enmendantes, y que sirva para conformar una mayoría alternativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA MEJORA Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) UNIVERSITARIO. (Número de expediente 162/000594).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Continuamos con la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre un programa específico para la mejora y promoción del personal docente e investigador universitario. Para la
presentación de la iniciativa, tiene la palabra el señor Cruz Rodríguez.
El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular solo se acuerda de santa Bárbara cuando truena, y por añadidura nunca se termina de acordar bien. Sustituyan ustedes santa Bárbara por universidad y me entenderán enseguida. Los señores del PP, con
sus portavoces, el señor Martínez-Maíllo y el señor Rafael Hernando a la cabeza, únicamente han hablado de la universidad cuando su formación política se ha visto salpicada por escándalos -en la mente de todos-, y además lo han hecho en tales
términos -esto es para desacreditarla- que uno hubiera preferido que permanecieran en silencio. Las razones de este persistente olvido de la universidad por parte del Partido Popular pueden obedecer a dos motivos: o bien no saben muy bien qué
hacer con ella, o bien lo saben perfectamente pero prefieren que los ciudadanos no conozcan sus planes y los mantienen ocultos. En todo caso, y para que no me acusen de atribuirles, sin pruebas, oscuras intenciones, me limitaré a constatar un
hecho. La política universitaria de los últimos años ha carecido de objetivos claros, provocando que el sistema universitario español haya retrocedido respecto a los logros alcanzados en etapas anteriores. (Aplausos).
En efecto, el PDI ha tenido que asumir su labor en condiciones muy adversas. Los fuertes recortes sufridos han generado una situación preocupante y han puesto en riesgo la calidad del sistema. Ya se lo advertimos, señores del PP, tanto
nosotros como las propias universidades, pero el Ministerio de Educación no se quiso dar por enterado, demostrando una vez más que la universidad pública no se encuentra entre sus prioridades. A todo ello se ha sumado la incapacidad del Gobierno
del Partido Popular para gestionar los asuntos clave en el funcionamiento del sistema universitario español. Este Gobierno ha ignorado el análisis de sus propios informes sobre la universidad, abandonándola a su suerte, sin incentivar la calidad y
la mejora, y llevando a cabo reformas que solamente han empeorado la situación de partida. Un solo ejemplo: la reforma del sistema de acreditación del profesorado universitario, lejos de hacer más objetivo el procedimiento, lo ha endurecido de tal
forma que el acceso a los cuerpos docentes universitarios está resultando enormemente complicado para los profesores. En este sentido, Ciudadanos, su competidor en la derecha al tiempo que su apoyo en los últimos presupuestos, engaña menos o, vamos
a ser justos, no engaña nada. Su modelo de universidad lo ha
dejado patente en reiteradas ocasiones y traslada a esta institución los mismos criterios neoliberales que querría ver aplicados en todas las esferas de la vida social y económica.
A este respecto, hay que agradecer al señor Garicano -al que ustedes invitaron a la subcomisión por el pacto educativo como su máxima autoridad en la materia- el desparpajo de sus pronunciamientos públicos. Pero, obviamente -y da un poco de
reparo tener que recordarlo-, uno puede decir mentiras y falsedades con absoluto desparpajo. ¿De verdad, señora Martín, que usted hace suyas las afirmaciones del señor Garicano en su artículo 'Universidad y excelencia', del pasado 14 de mayo, en el
diario El Mundo? Porque no es que fueran comentarios de barra de bar, es que eran comentarios de parroquiano ignorante en la materia. Allí podían leerse perlas tales como -abro comillas-: te vamos a sacar una plaza o no te presentes que no es
para ti, son mensajes habituales en los departamentos universitarios. Cierro comillas. ¿No le soliviantan estas palabras? ¿No le irrita el descrédito que vierten sobre el profesorado de nuestro país? Quiero pensar, señora Martín, que comparte mi
irritación, entre otras cosas, porque estoy convencido de que usted no sacó su plaza de la manera que se describía en dicho artículo.
No era esta la única perla del señor Garicano, las había como para hilvanar todo un collar, pero me limitaré a mostrar esta otra -abro comillas-: quienes conocen por dentro la universidad lo saben; en muchos departamentos se ha pasado del
amiguismo a la corruptela, y de esta a la corrupción y a la ilegalidad. Cierro comillas. Señora Martín, yo no sé si su ideólogo favorito para temas educativos respira por alguna herida, pero deberían ustedes hacer lo posible para contener esta
hemorragia de resentimiento y cuentas pendientes con la institución universitaria que parece tener el señor Garicano. Sin embargo, da la impresión de que, en vez de eso, Ciudadanos ha preferido convertir la hemorragia en materia prima de su
programa electoral en lo relativo a la universidad pública española. A pesar de todo, señorías, voy a ceder a la tentación del optimismo, aunque ni el Grupo Popular ni el de Ciudadanos den últimamente muchos motivos para ello. La propuesta que
traemos hoy aquí no es un parche para salir del paso, como los que suele traer el partido del Gobierno, ni mira a ningún tendido electoral o, peor aún, electoralista, como lleva haciendo de un tiempo a esta parte Ciudadanos con notable
incontinencia, ni, por supuesto -digámoslo todo- es un guiño de ojo al sector de la universidad donde se encuentre un potencial caladero de votantes. Al contrario, es la propuesta de una fuerza política, la que tengo el honor de representar hoy
aquí, que siempre tuvo una idea definida de lo que debe ser y del papel que debe jugar la universidad pública en este país y que, precisamente por ello, propone un conjunto de medidas que palien y corrijan el deterioro al que la ha arrastrado la
negligente indolencia del Partido Popular en este asunto, como en tantos otros, dicho sea de paso.
El Gobierno de España no puede seguir ignorando su responsabilidad con el sistema universitario y debe adoptar medidas que contribuyan a una rápida recuperación y mejora en la prestación del servicio público de la educación superior,
corrigiendo sus graves desequilibrios. Es urgente recuperar el diálogo con las universidades, las comunidades autónomas y los diversos agentes sociales implicados, de manera que se adopte un plan específico de carácter plurianual para la mejora del
sistema en su conjunto en los próximos años. La planificación que estamos proponiendo está pensada para permitir la recuperación y normalización de nuestras plantillas de personal docente e investigador, al tiempo que para promover la creación de
mecanismos justos y eficaces orientados a recuperar, incorporar y consolidar a aquellos jóvenes investigadores que tuvieron que desplazarse o abandonar sus carreras científicas como consecuencia de la ausencia de oportunidades en España.
Termino, presidenta. Señorías, aún estamos a tiempo. Salgan de su letargo ensimismado, señores del Partido Popular, dejen de mirar por un momento las encuestas, señores de Ciudadanos, y súmense, unos y otros, a esta propuesta. Se lo deben
a la universidad pública española.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Cruz Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por sus grupos, tiene la palabra, en primer lugar, la señora Martín Llaguno, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hay una cuestión que, a lo mejor, no saben. La responsable de universidades de mi partido soy yo. Tengo mucho respeto intelectual por el señor Garicano, pero no entiendo muy bien, y menos procediendo del PSOE, que se supone que
es un partido que defiende la igualdad, esa postura paternalista y desautorizadora de la mujer que lleva universidades en Ciudadanos. (Aplausos). Soy responsable de universidades y soy profesora de universidad. Llevo veintitrés años en la
universidad pública española.
Empecé como AYUE y soy catedrática de universidad. He pasado por todos los procesos de selección habidos y por haber en la universidad, desde aquellos concursos que se convocaban en los departamentos sin ninguna necesidad de acreditación
hasta una habilitación nacional, una acreditación como catedrática y todos los concursos de acceso. Por tanto, creo que puedo hablar con conocimiento de causa sobre lo que voy a decir.
Tengo dos noticias con relación a su propuesta, una buena y una mala. Voy a empezar, como el chiste, con la buena. Coincido en parte con usted en el diagnóstico que hacen. Creo que es verdad que la tasa de reposición ha hecho daño a la
universidad, que se han perdido cinco mil docentes, que se ha producido un envejecimiento de los profesores universitarios, que ha habido un cambio estructural, que se hace un uso fraudulento por parte de algunas universidades de los contratos de
asociados y que tenemos que planificar el relevo generacional. Ahora le voy a decir la mala. Tengo muchas discrepancias con el Partido Socialista, con ustedes, en tres cosas fundamentales. En primer lugar, en el concepto de universidad -no
Garicano, yo-; en segundo lugar, en las causas de la falta de promoción del personal; y, en tercer lugar, en las soluciones que ustedes aplican. Por eso, les hemos presentado una enmienda que parece ser que van a aceptar.
Con respecto al concepto de universidad, Ciudadanos plantea que la universidad es una institución que es un servicio público a la sociedad. Por tanto, somos los profesores quienes tenemos que servir a la universidad y la universidad quien
tiene que servir a la sociedad y a los alumnos, y no a la inversa; no es la universidad la que tiene que estar al servicio de los profesores. Porque convertir la universidad en un ente al servicio de los profesores supone convertir la universidad
en una agencia de colocación, y nosotros no queremos que sea eso. (Aplausos).
Yo entiendo que para el PP y para el PSOE es muy difícil entender esto, porque durante mucho tiempo han hecho un uso político de la universidad. Le voy a decir una cosa: sin ir más lejos, mi universidad, la de Alicante, es una universidad
que se adscribe al Partido Socialista, y cuando el PP estuvo en discrepancia, se montó una al lado, que es la UMH, que es la universidad del Partido Popular; en 30 kilómetros, así, sin más. Durante mucho tiempo han estado metiendo a gente que,
luego, cuando han llegado las vacas flacas, ha habido un momento en el que la tienen que colocar. Por eso, ahora hacen planes de recolocación de personal docente e investigador.
Y les voy a decir otra cosa. Yo coincido con ustedes en que los recortes financieros han sido una parte de la causa de los problemas que tienen muchos profesores y muy buenos en la universidad española, pero no lo han sido todo. Es verdad
que durante mucho tiempo no han salido plazas, pero también es verdad que ahora la tasa de reposición se ha quitado y las plazas pueden salir. ¿Qué pasa? Que no se sacan; no se sacan y se cubren coyunturalmente con plazas de asociados. ¿Por qué?
Porque el candidato en el que yo confío para esa plaza que estructuralmente va a salir no está preparado y la estamos guardando hasta que tenga la acreditación pertinente para poder sacar la plaza de titular o de catedrático. (Aplausos). Tan es
así que el propio Partido Popular instauró la promoción interna, de tal manera que se ha eliminado la posible movilidad. Es decir, un catedrático de universidad en funciones no se puede presentar a un concurso de cátedra en otra universidad porque
ese concurso está hecho para el titular que la ocupa con una acreditación.
Nosotros creemos que, efectivamente, hay que hacer un plan de promoción y para preservar a los docentes e investigadores, pero hay que hacerlo de otra manera. Por eso, les hemos presentado una enmienda, porque aquí el orden de los factores
sí altera el producto. Lo que hay que hacer es instar a las comunidades autónomas y a las universidades a que doten todas las plazas estructurales que tienen que tener; y esas plazas estructurales tienen que estar en función de las necesidades
docentes e investigadoras de los departamentos, no en función del número de acreditados. Y cuando esas dotaciones estén, lo que hay que hacer es sacarlas a un concurso público que garantice la igualdad de oportunidades entre todos los profesores de
este país (aplausos), de tal manera que también esos asociados que están contratados precariamente puedan optar a esa plaza que le estamos guardando a ese candidato.
En este sentido, nosotros hemos presentado algunas enmiendas y hemos dicho que no estamos de acuerdo con las causas que ven. Por supuesto, estamos a favor de hacer un plan de la promoción y de la estabilidad del profesorado, pero nos
resulta muy sorprendente que ustedes a estas alturas, cuando la legislatura está finiquitada, nos vengan a hacer de adalides de educación. Señores del PSOE, han tenido más de nueve meses para hablar de educación en un pacto nacional por la
educación y se han levantado. Así que, háganselo mirar, aunque nunca es tarde si la dicha es buena. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.
El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, presidenta.
Estas últimas semanas se ha hablado mucho de universidades; también se ha hablado de trabajos fin de máster desaparecidos o de dudosas convalidaciones de títulos. La verdad es que resulta lamentable que para una vez que la universidad
vuelve a estar en el foco de la opinión pública no sea por el compromiso de miles de investigadores y docentes, sino una vez más por las tramas corruptas del Partido Popular. Así que es una cuestión de justicia que esta tarde sí hablemos de los
problemas de la universidad y no tanto de los problemas académicos de Cristina Cifuentes o del señor Pablo Casado.
Y lo vamos a hacer, efectivamente, a raíz de esta PNL que nos presenta el Grupo Socialista sobre las condiciones laborales del personal docente e investigador, y a la que ya adelanto que vamos a votar a favor; y lo haremos, en primer lugar,
porque entendemos que la renovación y la estabilización de las plantillas docentes no pueden esperar ni un minuto más, porque realmente da vergüenza que el Gobierno pueda decir que España sale de la crisis, que España crece al 3 % y, a la vez,
permita que el 30 % del profesorado universitario desempeñe su actividad como falso asociado, con condiciones laborales abusivas que causan, además, un grave perjuicio a la calidad universitaria. En segundo lugar, vamos a votar a favor de esta
proposición porque estamos de acuerdo con el Grupo Socialista en que ha llegado el momento de retornar el talento joven, todo ese talento investigador que se marchó por la crisis y por las políticas de austeridad del año 2012 pero también por las
políticas de austeridad del año 2010, y para ello se requiere un marco estable para los concursos de acreditación y reconocimiento de méritos. Y en tercer lugar, coincidimos con el Grupo Socialista en que estas medidas de consolidación laboral
deben venir acompañadas de una revisión de la Aneca y sus competencias porque, de no ser así, efectivamente estamos abocados a que una agencia externa, a la que se les suponen solo funciones de acreditación, acabe marcando cómo ha de ser nuestra
universidad.
Ahora bien, constatada esta sintonía, creo que no deberíamos perder de vista el panorama general porque esta situación de precariedad y sobrecarga burocrática que vive la universidad española no es una casualidad ni es algo inesperado; esta
situación -y creo que el señor Cruz incluso me podría dar la razón- comenzó a gestarse con el llamado proceso de Bolonia y la casi reconversión industrial de la universidad española, porque era evidente, y así lo denunció un movimiento estudiantil
preclaro, que a la concepción de la universidad como servicio le corresponde la lenta pero inexorable introducción e implantación de criterios mercantiles en la universidad pública. Y aquí quizá los compañeros y las compañeras socialistas también
deberían revisar posiciones y hacer un poco de autocrítica porque, visto en perspectiva, las reformas que introdujo la ministra Garmendia -por cierto, hoy más cerca de la bancada naranja- han sido decisivas para el asalto neoliberal a la universidad
pública. En efecto, la implantación de Bolonia a coste cero, la introducción de criterios de rentabilidad o la adaptación del mapa de titulaciones según necesidades del mercado comenzaron a erosionar la universidad pública incluso antes de que el
señor M. Rajoy se sentara en el Palacio de la Moncloa. Pese a todo, sabemos que las universidades públicas españolas han sido instituciones razonablemente eficientes a lo largo de estas décadas. La producción científica española es aceptable en
términos comparativos con los países europeos, se ha generado un ascenso general de las competencias de la población española y se ha contribuido también de modo esencial al examen crítico de la sociedad. No están justificadas, por tanto, las
campañas de desprestigio que la universidad viene sufriendo y cuyo único objetivo es convencer a la población de que los cambios neoliberales, los cambios mercantilizadores son imprescindibles. Por ello, es necesario conseguir un equilibrio entre
la exigencia de reformas y la dignificación de la institución como tal y, en este sentido, desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos hemos presentado al Grupo Socialista una enmienda que busca esa reforma de la universidad, también en un sentido
más igualitario y sin techos de cristal para las docentes e investigadoras, porque lo cierto es que, a pesar de que el número de alumnos y alumnas es prácticamente similar, a medida que ascendemos en la escala, la universidad se convierte en una
institución claramente masculinizada. Por ello, pensamos que ninguna mejora de la situación de los docentes será justa ni viable a largo plazo si no se aborda un problema estructural con décadas de recorrido.
En definitiva y, como decíamos al principio, vamos a apoyar esta proposición porque creemos que hay que poner fin al estado de asfixia que vive la universidad pública y por los miles de docentes e investigadores que a pesar de todo la
defienden y sostienen cada día, pero a la vez, señorías del Partido Socialista, les
decimos que hay que tomar partido y decidir si queremos proteger la universidad para que siga siendo un espacio para el saber y el cultivo de la ciencia y, por tanto, esté a salvo de los caprichos del mercado o si, por el contrario, la
rendimos a la lógica del valor de cambio. Nosotros esperamos verlos en el primer bando.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Sánchez Serna.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esta es una iniciativa parlamentaria que, aparte de incidir en algún error como el de utilizar incorrectamente el acrónimo de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, no tiene en consideración que desde la fecha de
presentación de la iniciativa parlamentaria, el 6 de febrero de 2018, hubo una interesante comparecencia del responsable de Aneca ante la Comisión de Educación y Deporte, a principios de este mismo mes de mayo, en la que se dio respuesta a los
cambios de valoración y de criterio introducidos para valorar la capacidad docente e investigadora de los profesores de universidad. Es cierto, como se ha señalado, que la incorporación de estas modificaciones por la vía del Real Decreto 1312/2007,
de 5 de octubre, por el que se establece la acreditación nacional para el acceso a los cuerpos docentes, ha creado incertidumbre porque los cambios han supuesto una transformación que va en la línea de fomentar la calidad en la docencia promoviendo
el sistema de acreditación de centros en lugar de acreditar títulos, lo que ha generado un desequilibrio que arrastra a su vez al retraso, cuando no a la paralización, de evaluaciones para acreditar profesores titulares y catedráticos
universitarios.
De ahí que, pudiendo estar de acuerdo con el fondo de esta cuestión y con la necesidad de que se resuelvan los problemas derivados de estos cambios y por supuesto de la falta de recursos y de financiación que repercute en la calidad de la
enseñanza universitaria, no resulta serio que hace solo tres semanas se diesen explicaciones pormenorizadas y hoy se plantee en el Pleno una iniciativa que ha quedado desfasada desde su fecha de presentación. Basta contrastarlo consultando los
altos porcentajes de las evaluaciones y acreditaciones, que han mejorado en relación con el modelo anterior. De los cuatro puntos que acompañan esta proposición no de ley se puede estar de acuerdo con los tres primeros, porque, matices aparte, van
en la línea de defender, proteger y revalorizar la universidad española, pero el cuarto punto, donde se insta al Gobierno a suspender la aplicación de los nuevos criterios de acreditación de la Aneca e iniciar un proceso de negociación y diálogo,
consideramos que resultaría confuso de llevarse a efecto e incoherente con el resultado derivado de una puesta en común nada menos que de veintiuna comisiones de diferentes áreas de conocimiento que mantuvieron múltiples reuniones y un debate
posterior en el que también tuvieron participación representantes de la CRUE y de los sindicatos.
No obstante, señora presidenta, parece que se está negociando un texto transaccional y una vez conocido su contenido definitivo, votaré en consecuencia.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señora presidenta.
Cuando preparaba esta intervención me planteaba cómo vamos a instar al Gobierno a que respete a los profesionales universitarios, al mismo Gobierno de los másteres falsificados, de las carreras que se sacan en un año y de los currículums
hinchados. La verdad es que cómo vamos a conseguir que un Gobierno respete a los profesionales universitarios cuando ni tan siquiera respeta los propios currículums y los propios títulos universitarios que ellos se sacan, y esto encima a cuarenta y
ocho horas de una moción de censura y de que el partido que da apoyo al Gobierno diga que estamos frente a una legislatura finiquitada, pero no se suma a esa moción de censura. Era todo, como mínimo, raro.
A lo que íbamos. El personal docente investigador necesita condiciones. La tasa de reposición ha hecho estragos en las universidades. El personal docente investigador necesita carreras universitarias, másteres, doctorados o experiencia
profesional para el personal asociado; en definitiva, años de estudio y de dedicación para poder llegar a dar clase en la universidad, y todo esto se lo pagamos con contratos precarios, con precariedad laboral, con contratos inestables, con
remuneraciones de vergüenza y con sobrecarga lectiva. Al final, una vez más, estamos intentando que el partido que está en el Gobierno ahora
mismo respete todo el esfuerzo de años de estudio y dedicación del personal docente e investigador, lo que ellos mismos no hacen para sacar sus propios títulos. Así que, como mínimo, ridículo y absurdo. Y si todo esto por lo menos lo
pudiéramos subsanar por parte de los Gobiernos autonómicos, donde sí tenemos interés en subsanar esta desfachatez, nos encontramos con que estamos atados de pies y manos: tasa de reposición que nos impide contratar y lo poco que se contrata se hace
con precariedad e infrafinanciación que nos impide dotar económicamente esos contratos, con lo que nos supone a las autonomías. Así que, al final, quien paga el pato es el personal docente investigador. Como siempre, quien paga el pato es la
precariedad laboral y quien menos se lo merece.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Sorlí Fresquet.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Buenas tardes, señorías; buenas tardes, presidenta.
Solo para fijar posición, señorías. A pesar de la ya mencionada mala utilización de los acrónimos en el texto, compartimos el fondo, compartimos que la situación del personal docente e investigador es francamente preocupante y lamentable.
Por eso, creemos inevitable ese acuerdo que debe proteger al personal docente de las universidades que tanto esfuerzo ha hecho para llegar a sus puestos y que tan gran labor están haciendo para las universidades y para los estudiantes de este país.
Por ello, con la finalidad de evitar la precariedad, de poder mejorar la financiación pero también de poner en valor al personal docente e investigador de nuestras facultades, vamos a apoyar dicha iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Miquel i Valentí.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señora presidenta. Buenas tardes, diputadas y diputados.
Esta proposición no de ley que presenta el Partido Socialista podríamos decir que está bien desde la perspectiva del foco en el que está mirado, pero lo que ocurre es que, más allá del foco, también existe una realidad. Por lo tanto, yo no
diría que es un problema de desenfoque sino de que es unifocal y solo ve lo que se ve desde ese foco. En ese sentido, el diagnóstico que hace puede ser un diagnóstico certero -que comparto que lo es- pero las soluciones que da a ese diagnóstico,
precisamente por estar miradas desde una perspectiva única, no las compartimos en su totalidad, ni todos los resultados o todas las soluciones que ellos dan.
En el ámbito universitario debemos atender a una realidad en la que intervienen administraciones con competencias y la universidad. La autonomía universitaria es un aspecto ampliamente enarbolado por las universidades para llevar a cabo su
labor y cumplir con los objetivos que se les han encomendado. Por otra parte, las administraciones autonómicas, si bien no disponen de una competencia plena -deberíamos discutir y tratar por qué no la tienen, porque algunas están capacitadas para
poderla tener-, tienen competencias y, además, un papel decisorio en el desarrollo de muchas de las políticas en tanto que son las financiadoras de la actividad de las universidades. Finalmente, el Estado tiene la competencia en materia de
universidades y desarrolla la legislación que condiciona el desarrollo de estas universidades.
La propuesta del Partido Socialista tiene una orientación desde la perspectiva de Estado y consideramos que no es suficientemente respetuosa con las competencias de las comunidades autónomas ni de las propias universidades. Podemos decir
que la propuesta, por lo tanto, es limitada en este sentido, lo que decía del foco. El aumento de la plantilla de una universidad se rige por criterios objetivos y está condicionado a las políticas de la Administración del Estado. En ese sentido,
una mayor laxitud sin duda alguna sería recomendable -estamos de acuerdo en ello-, si bien no es deseable abandonar el necesario entronque con las políticas de las comunidades autónomas. En el apartado 1.a) de su proposición no de ley ustedes
ignoran que en el caso, por ejemplo, del País Vasco existe una legislación específica, la Ley 3/2004, de 25 febrero, del Sistema Universitario Vasco, que constituye una norma donde se recogen los principios del sistema universitario en Euskadi y
que, por tanto, establece los principios esenciales para la calidad docente e investigadora del sistema, eso que ustedes precisamente intentan corregir. En el apartado 1.b) se solicitan programas específicos que reconozcan en los procesos de
acreditación los méritos de jóvenes investigadores y docentes, si bien este proceso no es solo competencia del Estado, señores el Partido Socialista, por lo que se obvia la competencia autonómica y la independencia de las
agencias de acreditación oficiales. En Euskadi tenemos una. En lo que respecta al apartado 2, se entrometen en las competencias exactamente del País Vasco en lo que se refiere a la competencia fiscal cuando alude a la parte de incentivos
que ustedes proponen. En cuanto al apartado 3, estamos de acuerdo en la necesidad de establecer un diálogo permanente, pero la base fundamental no debe ser establecer un diálogo por sí, sino establecer un nivel competencial adecuado en lo que se
refiere a las comunidades autónomas y permitir que puedan adaptarse las políticas a las realidades locales, también en lo que se refiere a la política de personal.
Respecto al apartado 4, se vuelve a incidir en obviar a las comunidades autónomas. Ustedes han tenido un pequeño problema en esto y es que lo han hecho como si todo fuera único, unitario y uniforme, y no es así, y precisamente los datos que
le estoy dando son ciertos porque eso no es así, por lo tanto, ustedes incurren en ese error que hace que esto derive en una cuestión que nosotros no podemos compartir. Una medida intermedia es que varias de las competencias exclusivas de Aneca
fueran transferidas a las agencias de calidad acreditadas, como es el caso de Unibasq en el caso de Euskadi. Por lo tanto, coincidimos en que es necesario dotar una visión más autonómica y menos estatal, más flexible y respetuosa con las realidades
locales y que es necesario respetar las competencias en materia educativa y fiscal, entre otras, de las comunidades autónomas, que las diferentes etapas de la carrera profesional docente deben estar articuladas entre ellas y ser coherentes con las
políticas locales. Es a su vez imprescindible una fórmula de colaboración continua entre las administraciones y las universidades. Es imprescindible una descentralización de las funciones de Aneca en las agencias de calidad oficiales acreditadas a
nivel europeo. Y, por último, la colaboración necesaria solo es posible mediante el compromiso efectivo de todos los agentes implicados: partidos políticos, gobiernos centrales y autonómicos, y universidades.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea Urresti.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Bona tarda, companys i companyes, presidenta.
Hemos de hablar más de la universidad y más con las universidades. Nos preocupa la precarización del profesor universitario, que lamentablemente la crisis ha agravado pero que viene de hace tiempo. Me causa dolor como profesor lo que están
sufriendo los asociados universitarios, los falsos asociados; muchos falsos asociados. La universidad, la docencia y la investigación son temas que definiríamos de día a día, aquellos que marcan si un país está en el camino del progreso o en el
camino de la decadencia. En primer lugar, una advertencia, hablaré de lo que sé y por tanto hablaré de las universidades catalanas, pero estoy seguro de que buena parte de lo que diga también forma parte del devenir de las universidades españolas.
Un hecho, a mi parecer importante, es que no podemos juzgar nuestro sistema universitario simplemente porque no tenemos un Oxford o un MIT; no los tenemos y sería sorprendente tenerlos -sería un milagro- porque históricamente nuestra
universidad nunca ha tenido los recursos ni la atención para hacer posible una situación de este tipo. Me parece un hecho, y vale la pena afirmarlo, que el sistema universitario catalán y el del conjunto del Estado es un sistema universitario de
éxito que forma bien a la población a la que sirve, diferente de los Harvard de Aravaca o de los másteres, digamos, virtuales, pero esto es una anécdota, una triste anécdota que puede poner en evidencia el buen hacer de muchas de nuestras
universidades.
En Europa hay unas 3000 universidades. Si nos fijamos, nos encontraremos la universidad del proponente entre las 100 primeras, y si cogemos a los estudiantes universitarios catalanes, el 44 % estudia en una de esas 100 universidades, más o
menos, mucho más que cualquier otro Estado -me parece que está Bélgica o Luxemburgo-. Esto es un hecho, pero ha habido un efecto perverso de la crisis económica en Cataluña y en toda España, y es que ha habido una caída profunda, unos recortes muy
fuertes. La subvención genérica de las universidades públicas catalanas cayó de 922 millones en 2009 a 772 en 2016, por debajo tendríamos a Madrid y al País Valencià, hay situaciones peores, pero estamos en una situación generalizada que hay que
superar. ¿Por qué las universidades españolas y catalanas han hecho su trabajo, y bien hecho, en la crisis? Me acuerdo de la paga extra que perdieron todos los universitarios y la universidad continúa trabajando y bien. En segundo lugar, la caída
de ingresos en investigación, aquellos que tenían que ser transferencia del Estado cayeron muchísimo, pero supimos encontrar en Europa ese dinero que nos faltaba. Les pongo un ejemplo, a este nivel, las universidades catalanas pasaron de 50
millones europeos en 2009 a 74 millones en 2016. Pero esto no cubrió la caída de inversiones, que hemos de conseguir. Y otro elemento, la subida de las tasas o la caída de la calidad, un debate perverso que hemos de corregir ya. Las tasas
en Cataluña representan en 2016 más de 1000 millones de euros. Por tanto, el tema del profesorado, estoy con usted, es un tema también de la financiación del conjunto de la universidad, que la universidad sea un tema de Estado. Les decía hace año
y medio que pensaba que el pacto de Estado podía ser más fácil para la universidad, porque está madura para este cambio, que lo que hemos hecho con un resultado no demasiado bueno. Por tanto, a pesar de nuestro escepticismo y de la letra concreta
que ustedes proponen, creo que sería bueno que en ese gran pacto las universidades hiciesen las correcciones oportunas, y hemos de ser ambiciosos. En Esquerra Republicana queremos ser ambiciosos porque la universidad no puede esperar más.
Negociación y gran cambio es lo que necesitamos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Olòriz Serra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.
La señora VALMAÑA OCHAITA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que no voy a entrar en esa competición por ver quién descalifica más a la universidad; si el Partido Socialista, si Ciudadanos o si Podemos. Me parece que tanto en esta tribuna como en la exposición de motivos de la
proposición no de ley se están haciendo unas acusaciones a la universidad, se están generalizando actuaciones que me parece que deben quedar completamente descartadas del imaginario colectivo porque cualquiera que les oiga piensa que estamos ante
una universidad donde las becas black son lo más común, y no es así, son casos excepcionales. Eso de que un señor le dé a otro un contrato o una beca para que no haga su trabajo y a cambio obtenga una posición privilegiada para optar a un escaño al
Congreso los Diputados no es lo normal, eso solamente pasa en algunos grupos parlamentarios que luego quieren dar alguna clase de lecciones. (Aplausos). Tampoco es normal que aquellos que se convierten en adalides de la defensa de la universidad
pública se doctoren en la universidad privada, algo por otra parte perfectamente legítimo y que nos parece muy bien (aplausos), aunque nos gustaría conocer el contenido de esas tesis doctorales, como la que no conocemos del líder socialista.
En estas conductas que, como digo, son excepcionales en nuestra universidad, nosotros no vamos a entrar. Eso sí, pedimos que se actúe con serenidad, seguridad y coherencia y por eso me encuentro con un problema, tengo que confesarlo. Ahora
mismo no sé qué posición debe adoptar el Grupo Popular, que es absolutamente contraria a la del planteamiento inicial de la proposición no de ley del Grupo Socialista, pero, como parece que está dispuesto a aceptar lo contrario de lo que dice en su
proposición no de ley, que es lo que dice la enmienda de Ciudadanos, a lo mejor al final queda algo que es perfectamente asumible, porque la enmienda de Ciudadanos dice exactamente lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular. A lo mejor
resulta que en esa conversión del Partido Socialista encontramos puntos de acuerdo. (Aplausos).
Lo cierto es que lo que proponen concretamente aquí es cuando menos falso y peligroso. Es falso porque parten de la premisa de la preverdad, posverdad o falsedad, no sé muy bien cómo definirlo. Hacen afirmaciones que no se sustentan en
ningún dato objetivo, y los datos se han dado hasta la saciedad en esta Cámara. Hace menos de un mes los daba el secretario general de Universidades y el director de la Aneca. No es verdad que los criterios nuevos de la Aneca sean más duros y
estén causando perjuicios a los investigadores españoles, es que las estadísticas, con los datos concretos de las evaluaciones que se han realizado, dicen que incluso se mejora ligeramente respecto de evaluaciones anteriores. Luego no estamos
hablando de criterios mucho más rigurosos que dificultan a los investigadores el acceso a esa acreditación como titulares, como catedráticos o como contratados doctores, no es verdad, y frente a esa no verdad, frente a esa falsedad, existe el dato.
Pero es que hay más datos. Ustedes piden que vuelvan los investigadores, que se capte el talento, y eso tiene un nombre, se llaman becas Beatriz Galindo: 21 600 000 euros para los próximos cuatro años. La primera convocatoria ya ha salido y ha
terminado el plazo para presentarse. Eso está en los Presupuestos Generales del Estado que ustedes no han votado, que lo que hacen es facilitar que ese talento vuelva a las universidades y se vuelva a investigar.
Dicen que se recupere el diálogo. Pero si no se ha perdido nunca, permanentemente se ha hablado. Están diciendo que la Aneca está estableciendo unos criterios que les parecen fatales y que se han establecido después de diecinueve reuniones
de las comisiones con sindicatos y con la CRUE. ¿Pero qué más diálogo quieren? ¿Quieren que les montemos un despacho allí para que el diálogo sea permanente?
Por rematar la jugada, el Mineco y la CRUE han acordado que cada dos meses se van a reunir para valorar cómo va la investigación en España. Francamente, no sé de qué diálogo hablan. En todo caso, veo que tienen una auténtica obsesión que
repiten como un mantra y se les contesta, pero no escuchan. No escuchan, no lo entienden o no lo quieren entender. Lo cierto es que pedimos coherencia; coherencia para defender la universidad siempre, no cuando nos interese. Defender la
universidad es trabajar para que tenga recursos aquí y en Andalucía -de profesores precarios no hablemos porque están un día sí y otro también en las puertas de San Telmo-; aquí y en Castilla-La Mancha, porque , como recordaba el representante del
PNV, se trata de financiar adecuadamente la universidad.
Voy a terminar con una reflexión personal. Yo soy profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha. ¿Sabe cuál era la preocupación mayor que teníamos los universitarios en Castilla-La Mancha en el año 2011? Saber si cobraríamos nuestras
nóminas, porque el Gobierno socialista no pagaba a la universidad lo que le debía. (Aplausos). ¿Sabe cuál es la preocupación que tienen ahora mismo los universitarios de CastillaLa Mancha? Saber si cobrarán sus nóminas, porque el Gobierno de
GarcíaPage no financia a la Universidad de CastillaLa Mancha, ni siquiera en lo necesario para cubrir el capítulo 1. Esas son también las verdaderas preocupaciones de muchos universitarios. Me gustaría que ustedes fueran coherentes y lo
reivindicaran en los respectivos parlamentos regionales.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Valmaña Ochaíta.
Señor Cruz Rodríguez, a los solos efectos de aceptación o rechazo de enmiendas, tiene la palabra.
El señor CRUZ RODRÍGUEZ: Estamos negociando una transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias.
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BEITIALARRANGOITIA), RELATIVA A LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL REFERENTES AL DESARROLLO LEGISLATIVO Y LA EJECUCIÓN DE LA
LEGISLACIÓN BÁSICA DEL ESTADO Y LA DE GESTIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000090).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): A continuación, pasamos a debatir la moción del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la postura del Gobierno en relación con las transferencias pendientes en materia de Seguridad Social referentes
al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Por el grupo autor de la iniciativa y para la defensa de la moción, tiene la palabra la señora
Beitialarrangoitia Lizarralde.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Arratsalde on. Gracias, señora presidenta.
Si les soy sincera, creo que no deberíamos estar hoy debatiendo pedir al Gobierno la transferencia inmediata a la Comunidad autónoma vasca y Nafarroa de todas las competencias pendientes en la Seguridad Social. No debería ser necesario
hacerlo en la medida en que el Estatuto de Gernika y la Ley de Amejoramiento son leyes de obligado cumplimiento que los diferentes gobiernos españoles vienen incumpliendo; no hay más que repasar cuál ha sido el desarrollo de ambas leyes. En el
caso del estatuto, su desarrollo fue más rápido en la primera fase y con Suárez y González en el Gobierno se firmaron ochenta y seis decretos de transferencia, tras lo que poco a poco se fue ralentizando. En la actualidad, siguen sin transferirse
treinta y siete entre competencias y materias y servicios que podrían gestionarse por parte del Gobierno vasco si hubiera voluntad por parte del Gobierno central para realizar los convenios que lo permitieran. Al desarrollo bastante automático del
inicio le siguió una fase de utilización de las transferencias pendientes como moneda de cambio para lograr superar investiduras o trámites presupuestarios. Así, se materializaron nueve con el señor Aznar y quince con Rodríguez Zapatero. Desde
este último, apenas un par de carreteras o ferrocarriles, sin olvidar que en aquellas que se gestionan desde el Gobierno vasco el Estado ha intentado impedir el desarrollo de las leyes -muchas de ellas del ámbito social- acudiendo sistemáticamente
al Tribunal Constitucional. En el caso de Navarra, son diecisiete las leyes recurridas; en el caso del Amejoramiento, el proceso de transferencia se inició en el año 1985, habiéndose realizado el último traspaso a comienzos del año 2001. En
total, sesenta traspasos,
quedando pendientes alrededor de veinticinco. Es decir, las transferencias se dieron fundamentalmente entre los años 1985 y 1990, seguido de diez años de parálisis con alguna pequeña salvedad hasta 2001 y de paralización absoluta desde ese
año hasta el día de hoy. En ambos casos, esta realidad ha sido denunciada mayoritaria y reiteradamente por los parlamentos de Gasteiz e Iruña, que le vienen solicitando al Gobierno que acabe con el bloqueo unilateral del proceso de transferencias.
En ambos casos, entre las pendientes, se encuentran las competencias en materia de Seguridad Social, que se recogen en los mismos términos en el estatuto y en el amejoramiento, que dicen en sus artículos 18 y 54, respectivamente: En materia de
Seguridad Social corresponden a la Comunidad autónoma vasca y Nafarroa a) el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma; y b) la gestión del régimen
económico de la Seguridad Social.
Que nadie se confunda. Cuando pedimos esta transferencia -lo hace la mayoría parlamentaria en nuestro territorio- no estamos pidiendo que se rompa la caja única, aunque mi formación aspire a ello, estamos pidiendo el cumplimiento de la ley;
un cumplimiento que no debería estar sujeto a otros acuerdos o variables de ninguna índole, tal y como aprobó el Parlamento Vasco recientemente. Y tampoco me digan en actitud paternalista, como hizo la ministra respondiendo a nuestra interpelación,
que los números son negativos a día de hoy en ambas comunidades, pues también lo son en el conjunto del Estado y sabemos con certeza que tenemos condiciones objetivas mayores, y si tuviéramos la posibilidad de conformar un sistema propio tendríamos
más futuro que atados al sistema español. En cualquier caso, tener un sistema propio -nuestro objetivo último- no es el objeto del debate de hoy, es este un paso anterior, previo, de cumplimiento de la ley y punto. Tienen algunos de ustedes la
costumbre de sacarlo a colación en un intento por convencernos de que la transferencia no nos conviene, pero nosotras estamos convencidas de todo lo contrario. Sabemos que la mera transferencia de las competencias que les he mencionado no nos
permite decidir sobre las condiciones de acceso a las pensiones, tampoco nos da la decisión sobre las cuantías o la actualización anual de las mismas, pero si de algo estamos seguras es de que la gestión en nuestras manos mejoraría en agilidad, en
control y en efectividad, y si no hagan la prueba. Todos ustedes, a excepción del neofranquismo naranja, tienen representación en Euskal Herria; salgan a la calle y pregunten a la población qué prefieren, que gestione sus pensiones el Gobierno del
PP de la mano de Ciudadanos o que lo hagan el Gobierno vasco y el navarro. La transferencia, además de una mejor gestión -como le dije a la ministra-, estamos convencidos de que supondrá algo más; supondrá poner en práctica los mecanismos para la
gestión futura del sistema propio. En cualquier caso, al margen de las aspiraciones que cada cual podamos tener en torno a las pensiones, el hecho cierto, señorías, es que aquellas que todos los días nos hablan con la ley en la mano no pueden más
que votar a favor de esta moción por cuanto que las transferencias de las competencias pendientes en materia de Seguridad Social no suponen ninguna concesión, es meramente cumplir con el sentir mayoritario de la Comunidad autónoma vasca y Nafarroa y
el cumplimiento de la capacidad reconocida por el estatuto y el amejoramiento, insisto, leyes básicas de obligado cumplimiento. Este es el marco jurídico y político actual, agotado a nuestro entender pero en vigor a día de hoy, por tanto, todos
deberíamos hacer que se cumpla.
Otra cuestión es la opinión que cada uno de nosotros podamos tener sobre las pensiones. Nosotras lo venimos diciendo bien claro, aspiramos a un sistema propio que nos permita dignificar las pensiones, puesto que subirlas el IPC o por encima
de este -más para las bajas- en la práctica no corrige el principal problema, ya que más de la mitad de las pensiones no permiten a sus receptores lograr los ingresos básicos necesarios para llevar una vida digna. Lo hemos repetido muchas veces, se
necesita un sistema público fuerte para ello, no una apuesta por los planes privados. No pueden estar condicionados por la coyuntura económica y deben garantizar como mínimo el equivalente al 60 % del salario medio ponderado de las personas
trabajadoras de la zona, es decir, 1080 euros en el caso de la ciudadanía vasca. No hacerlo es condenar a la pobreza a las personas pensionistas, a la miseria a las mujeres, principales receptoras de las pensiones de viudedad, y es que son las
mujeres la mayoría de las personas que cobran pensiones por debajo del umbral de la pobreza. En la actualidad, en Nafarroa, se complementan estas pensiones; 22 000 personas receptoras de las pensiones más bajas se benefician de ello. En la
Comunidad autónoma vasca son 16 000 las personas a las que se les complementa vía RGI, aunque son muchas las que quedan fuera del sistema. Por ello, tanto el incremento pactado con Ciudadanos como el pactado con el PNV no supondrá incremento alguno
para aquellos que cobran 639 euros, es decir, la pensión más complemento, porque es absorbible. Tampoco las viudas que cobran menos de esos 639 euros, mientras que sí experimentarán un crecimiento las más altas, las superiores a 2500 euros, que
subirán una media de 40 euros al mes. Ante esta realidad, miles de personas salieron a la calle de nuevo
este fin de semana a pedir la dignificación de las pensiones, a denunciar el acuerdo presupuestario en esta materia, a posicionarse en contra de que un derecho se convierta en mercancía de negociación y a denunciar que no se ponen más que
parches porque no se quiere abordar el debate de fondo, la forma de garantizar pensiones dignas una vez establecidas las necesidades económicas que hacerlo conlleva. Nosotros seguiremos apostando por que se haga el debate en profundidad que el
presente y el futuro de las pensiones requiere. Mientras tanto, en un paso intermedio, exigimos la competencia pendiente en materia de Seguridad Social para la Comunidad autónoma vasca y Nafarroa. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Termino con una petición. Voy a terminar con la insistencia en una idea -lo digo una vez más-, que en última instancia no es más que respetar una ley básica de obligado cumplimiento.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenas tardes, señorías, señora presidenta.
Le decía ahora a Marian Beitialarrangotia, cuando ella subía y yo bajaba, que me va a tocar replicarle, es decir, repetir prácticamente su intervención, de lo cual me alegro enormemente por lo que diré al final. La reclamación de que se
cumpla lo previsto en el artículo 18 el Estatuto de Autonomía del País Vasco y en la disposición transitoria quinta, que contemplan la posibilidad de la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco no es
solo una mera reivindicación, es una reclamación unánime del Parlamento vasco, no de hoy sino desde hace muchos años, contenida en una lista de transferencias pendientes que no se han materializado desde hace muchísimos años. En 1991 ya existía el
primer listado de incumplimientos por parte del Estado en cuanto a las competencias contempladas en el estatuto de autonomía. Por tanto, no solo apoyamos esa reivindicación, sino que el Partido Nacionalista Vasco la impulsó desde el primer momento.
Nos alegramos de que quienes en otro momento no lo aceptaban, lo discutían y entendían que no servía, hoy se sumen a esta reivindicación y formen parte del mismo bloque y de la misma iniciativa. Siempre es positivo arreglar las cosas conforme a sus
posibilidades, que el acuerdo es la vía natural que conduce la posibilidad de entendimiento entre diferentes administraciones y poder satisfacer de esa manera, aunque no del todo, las pretensiones políticas que cada uno podamos tener.
Como decía, ha habido un reiteradísimo incumplimiento por parte de los sucesivos Gobiernos del Estado de diferentes colores. Fue objeto de requerimiento por parte del Parlamento vasco en el año 1991 y sigue sin cumplirse cuarenta años
después. Los argumentos esgrimidos han sido varios, pero hay uno fundamental, y es la posibilidad de que esa transferencia pudiera romper o quebrar un concepto jurídico que en realidad no existe, que ha sido incorporado solo en algún momento por
alguna sentencia de modo referencial, pero que en el ordenamiento no ha sido positivizado, que es el concepto de caja única. El concepto de caja única no es más que un principio contable elevado a la categoría de principio básico de los sistemas de
Seguridad Social, cuando no es tal, cuando no ha sido contemplado jurídicamente en ningún momento. Tampoco tiene ninguna justificación, porque la competencia que se contempla en el estatuto de autonomía es la gestión del régimen económico de la
Seguridad Social. Ya nos gustaría que fuera la Seguridad Social en su integridad, ya nos gustaría poder tener nuestro modelo propio de Seguridad Social en Euskadi, pero esa no es la pretensión que hoy se dibuja en el ordenamiento, ni en el jurídico
ni en el político, sino el de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, que ha sido sucesivamente denegado por todos los Gobiernos que hasta el momento han presidido España. Por eso, entendemos que no solo es hoy oportuno volver a
reivindicar esto, sino que, además, lo hacemos en un doble marco; aquí, en el Congreso, solicitando al resto de partidos políticos que nos apoyen en esta iniciativa, pero también desde otro punto de vista, solicitando a quienes también forman parte
del Parlamento vasco que comparezcan en el ámbito de la ponencia de autogobierno que ahora se está llevando a cabo para que no solo se dibuje esa posibilidad de transferencia inmediata sino que se dibuje otra posibilidad, que es la de incentivar,
ampliar y consensuar otras competencias en relación con el sistema de la Seguridad Social que también los vascos queremos tener y, además, con nuestro propio dibujo político. Por tanto, señora Beitialarrangotia, apoyaremos esta moción, porque no
solo es de justicia sino también de obligado cumplimiento, como la normativa que usted dice que se ha incumplido durante tantos años.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Bona tarda. Gracias, presidenta.
Vamos a votar que sí, obviamente, cómo no, vamos a apoyar esta propuesta de Bildu porque, aparte de ser legal y de obligado cumplimiento, es muy factible la transferencia de las competencias en materia de Seguridad Social, ya sean
ejecutivas, normativas o ambas, no plantean problemas. Incluso -replicando al compañero Iñigo- puede continuar siendo la caja única, en el sentido de que al fin y al cabo el dinero es de los cotizantes, y con una buena negociación que asegure
además el blindaje de su gestión traspasada, no veo ningún problema en este punto.
En resumen, como decía, vamos a apoyar esta moción, en primer lugar, porque creemos en la descentralización, que es factible y es posible. En segundo lugar, la descentralización puede ayudar a la sostenibilidad de las pensiones e incluso a
mejorar las mismas, ya que por ejemplo se podrían ligar las pensiones al IPC real de cada comunidad, por poner un ejemplo a estudiar. Y, en tercer lugar, y más conceptual, evidentemente creemos en la autonomía y en las posibilidades de que cada
nación del Estado, si está en este Estado o mientras esté en este Estado, pueda llegar a crear su propio modelo de Seguridad Social. Así lo creemos.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba Goveli.
La señora ALBA GOVELI: Gracias, presidenta.
El debate sobre el modelo de pensiones público lleva años encima de la mesa, aunque han sido las masivas movilizaciones de los pensionistas las que lo han traído a la primera plana mediática y a que sea una cuestión de máxima preocupación
para la ciudadanía últimamente. En relación con esto, debo confesar que, como vasca, me siento especialmente orgullosa de los pensionistas y las pensionistas de Euskadi, que semana tras semana han llenado y siguen llenando calles y plazas exigiendo
lo que es de justicia. Por mucho que les moleste a algunos, son la punta de lanza del movimiento de pensionistas del Estado; Bilbao es el epicentro de las movilizaciones. Hay una percepción generalizada sobre la injusticia que se está cometiendo
con una generación que ha trabajado muy duro desde los años setenta y ochenta, para poner a este país entre las primeras economías del mundo y que hoy ve cómo su capacidad adquisitiva apenas si le da para cubrir sus necesidades más básicas. Por dar
algunas cifras rápidas, la mitad de los perceptores de Euskadi no rebasa los 1000 euros; cuatro de cada diez no llegan al SMI; algo más de 15 000 pensionistas vascos se ven empujados a pedir la renta de garantía de ingresos; por cierto, una RGI
vasca en horas bajas, que ha sufrido numerosos recortes y en los últimos años ha disminuido su cuantía y ha puesto centenares de obstáculos para su acceso. Las viudas vascas que perciben una de estas prestaciones y que no rebasan el SMI son el
41,46 %. Y nada de esto, señorías, se resuelve con los 12 euros que representa el acuerdo del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Popular. En Sabin Etxea les intentó callar convocándoles a una reunión y los pensionistas ya les han dicho que no
tragan.
¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Pues lo resumo muy rápido. Uno, la injusta gestión que desde 2008 se ha hecho de la crisis económica y que tiene su mayor exponente en las reformas del Partido Popular y del Partido Socialista. Dos, la
transición demográfica que exige políticas de apoyo a la familia y a la conciliación, así como de acogida a las personas migrantes. Tres, el insuficiente compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, que no ha revertido la injusta y
discriminatoria división sexual del trabajo, que se traduce en brecha salarial durante la vida laboral y también durante la jubilación. Cuatro, una política económica alejada de la gente, centrada en datos macroeconómicos, que no distribuye y que
no reparte la riqueza. Y, cinco, nefasta gestión de la Seguridad Social por parte del Partido Popular, que ha vaciado la hucha de las pensiones y que deja un déficit estructural de 18 000 millones de euros anuales. Podemos afirmar que la batalla
por las pensiones se libra en el campo de lo político. Nuestras sociedades generan más riqueza que nunca y los criterios de redistribución de la riqueza son ideológicos. Todo se resume en una pregunta muy fácil: ¿cuánto nos queremos gastar en
pensiones? Esa es la gran pregunta a la que hemos de responder como sociedad, y a partir de ahí buscar la manera de financiar la respuesta. Hasta ahora se ha hecho justo lo contrario, ajustar las pensiones a los ingresos del sistema, en vez de
buscar la manera de incrementar los recursos para asegurar las pensiones.
Pero vayamos a la cuestión que nos ocupa hoy. Hace treinta y ocho años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Gernika y su cumplimiento sigue sin haberse completado. Una de las principales competencias pendientes de transferirse a
las instituciones vascas es precisamente la de la Seguridad Social. En el marco de la transferencia, está regulado en el artículo 18.2 y en la disposición transitoria quinta, que establecen que en materia de Seguridad Social corresponderá al País
Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma y la gestión del régimen económico de la Seguridad Social. Estamos hablando simple y llanamente de
cumplir con la ley.
Señorías, vayan por delante algunas matizaciones. En Euskadi el abordaje de lo relativo al sistema de previsión social no puede limitarse únicamente a quién lo gestiona, una cuestión que es meramente competencial, sino con qué finalidad y
de qué modo se asegura su viabilidad. En nuestro caso, el objetivo de la transferencia en esta competencia es fortalecer nuestra capacidad real de autogobierno, pero con el objetivo prioritario de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. En
este sentido, defendemos como uno de los pilares de nuestro actual e incompleto Estado del bienestar un sistema de previsión social público, universal, que asegure una vida digna a la ciudadanía, en particular a nuestras personas mayores, y basado
en la solidaridad, solidaridad interterritorial, intergeneracional entre aquellos que más y menos tienen y entre hombres y mujeres, y aquí cada cual ha de retratarse con su modelo de pensiones. También debe quedar claro que reclamar el cumplimiento
del Estatuto de Gernika no implica la ruptura de la conocida caja única de la Seguridad Social, como ya han dicho anteriormente. Nuestra opción es avanzar en el cumplimiento del estatuto, pero a través de fórmulas de gobernanza y cogestión, que
aseguren no solo la transferencia sino también un modelo de cogestión que incorpore además la participación de los agentes sociales. Por lo tanto, votaremos a favor, aunque debo confesar que la iniciativa nos ha sorprendido por contradictoria tras
haber escuchado durante muchos años y muy recientemente declaraciones de EH Bildu en torno a esta cuestión, pero por supuesto que la apoyaremos porque nuestra apuesta por el autogobierno es clara, pero no para replicar modelos caducos y neoliberales
en detrimento de lo público, no para acumular poder como si de cromos se tratara y mucho menos para crear organismos ineficientes, como ya ha pasado con el Servicio de Empleo Público de Lanbide.
Termino, presidenta. Competencias, sí, pero con otro modelo de gestión. Aquí y en Euskadi lo decimos alto y claro: transferencias, sí, pero para mejorar la vida de la gente; sí, pero para poner a las personas en el centro; sí, pero para
mejorar y avanzar en la protección de las personas pensionistas.
Eskerrik asko. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Faba de la Encarnación.
La señora FABA DE LA ENCARNACIÓN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, aunque damos por agotada la legislatura, nosotros seguimos trabajando por todos los españoles y, en este tema que nos ocupa, por todos nuestros pensionistas. Les adelanto que Ciudadanos va a votar en contra de esta iniciativa
porque no es buena para nadie. Señoría de Bildu, usted quiere tener competencias para legislar sobre pensiones pero que al final pague la caja común. Eso se llama insolidaridad. Si la caja única es común, el ámbito de decisión debe ser también
común y, además, lo más lejos posible del uso político. Ese es el valor del Pacto de Toledo que defendemos desde Ciudadanos. ¿Por qué pide usted las competencias en Seguridad Social sabiendo que su comunidad autónoma tiene un déficit en las
pensiones del 18 % anualmente? En 2017 los ingresos por cotizaciones, menos los gastos por pensiones contributivas, dejaban un agujero de 3373 millones, un desfase que arrancó en el año 2006 y que no ha dejado de crecer. Los ingresos por
cotizaciones en el País Vasco suman 5129,3 millones de euros, mientras que el total a pagar por pensiones de invalidez, jubilación, viudedad, orfandad, etcétera, supone unos 8506 millones. ¿Piden ustedes competencias para cerrar este agujero? No.
¿Piden ustedes competencias para hacer recortes? En la actualidad, en el País Vasco se tienen las pensiones más elevadas de España. La pensión media en el País Vasco es de 1159,31 euros, mientras que la media española no llega ni a los 1000 euros.
En el País Vasco el número de pensionistas crece también más rápido que en el conjunto de España, a un 1,4 % frente al 1,2 %. Esas pensiones más altas se deben a salarios y cotizaciones más altas y a largas carreras de cotización, pero es el
sistema público de pensiones común el que las garantiza, y ustedes lo que proponen es ponerlas en riesgo. Su moción no tiene en mente el interés de los pensionistas de España, vivan donde vivan. Ustedes quieren romper la caja única de la Seguridad
Social. Es el peor error que podemos cometer. Conduciría a dinamitar el sistema público
de pensiones que tanto valoramos. No cuente usted con Ciudadanos para eso, en absoluto. Nuestro partido defenderá la igualdad de todos los españoles vivan donde vivan. Quizás ustedes solo piensan en mejorar las condiciones de los
pensionistas en el País Vasco, pero su iniciativa probablemente acabaría logrando el objetivo contrario, empobrecer a los pensionistas que pretende precisamente favorecer.
En una encuesta reciente entre directivos de empresas vascas, cuestionados por si consideran necesario y posible constituir una Seguridad Social vasca propia, el 56 % estaba en contra -sí, señorías, en contra-. De estos, la mayoría
consideraba, además, que no era necesario ni siquiera viable. El rechazo viene fundado en la consideración de que el sistema es absolutamente deficitario y que en los próximos años continuará siéndolo. Quienes en cambio creen que sería positivo lo
hacen por creer que la Administración vasca sí podría soportarlo económicamente. Una tercera opción que se abre camino en las respuestas de los empresarios apunta hacia la posibilidad de elaborar un modelo similar, el del cupo, sustentado en una
garantía bilateral entre ambos Gobiernos. Además, aunque ustedes quieran presentar esta iniciativa como defensa de los pensionistas, da la casualidad de que debatimos su iniciativa en el Pleno siguiente a que ustedes votasen que no a unos
Presupuestos Generales del Estado que contienen la mayor subida de pensiones de muchos años. Ustedes, por destruir, prefieren votar en contra de los Presupuestos Generales del Estado, que las pensiones suban tan solo un 0,25 % y perder poder
adquisitivo que votar a favor de que suban un 1,6 % todas las pensiones y aún más las pensiones de menor cuantía. ¿Esa es su preocupación por nuestros mayores? ¿Es esa su preocupación? Señorías, obras son amores y ustedes no han hecho nada por
mejorar la situación de los pensionistas, absolutamente nada. Para subir las pensiones y fortalecer nuestro sistema público de pensiones los españoles se pueden encontrar con nuestro grupo parlamentario, con Ciudadanos, pero para romper la caja
única y poner en riesgo la Seguridad Social, ni lo sueñen.
Gracias y buenas tardes. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Juana Amalia): Gracias, presidenta.
Buenas tardes, señorías. Señora Beitialarrangoitia, el Grupo Socialista coincide con usted en parte del análisis que hace en su iniciativa sobre la situación por la que atraviesa la Seguridad Social, así como en las aspiraciones de mejorar
el sistema para, con ello, mejorar la vida de los pensionistas. Para el modelo de sociedad que defiende mi grupo es fundamental mantener los pilares básicos del Estado del bienestar, como ustedes saben: sanidad pública, educación pública,
servicios sociales incluida la dependencia y, por supuesto, el sistema público de pensiones que garantice una vida digna a todas las personas que ha hecho posible que España sea hoy un país avanzado. Se lo debemos, señorías. Además, entendemos que
el ser humano tiene que estar protegido en las etapas de su vida en las que es más vulnerable: la infancia, la vejez o la enfermedad. También coincidimos en el diagnóstico de que los recortes sociales que se han producido desde que gobierna la
derecha responden más a una cuestión ideológica que a la propia crisis económica. Y, por supuesto, coincidimos en que las políticas del Partido Popular están representando una seria amenaza para el sistema público de pensiones y para los
pensionistas, por varias razones que ya sabemos. En primer lugar, porque rompieron unilateralmente el consenso del Pacto de Toledo en la X Legislatura; en segundo lugar, con sus políticas de empleo han puesto en peligro el equilibrio financiero
del sistema; en tercer lugar, con los nuevos mecanismos de revalorización de las pensiones condenan a un progresivo empobrecimiento a los pensionistas y, en cuarto lugar, con el factor de sostenibilidad en el futuro se ingresará en el sistema con
pensiones más bajas. Además, las políticas aplicadas estos últimos años han propiciado un gran déficit en el sistema sin que el Gobierno haya adoptado ni una sola medida para solucionar esta cuestión en seis años y medio. Por otra parte, estamos
de acuerdo con usted en que hay que volver a indexar las pensiones al IPC; que las pensiones deben superar el umbral de pobreza para todos los pensionistas, con especial atención a las personas viudas y a las que están en una situación vulnerable,
y que los ingresos de la Seguridad Social se deben complementar con impuestos vía Presupuestos Generales del Estado. Pero hasta aquí todas nuestras coincidencias, señoría.
En el País Vasco la pensión media de jubilación es un 23,5 % más elevada que en el resto de España y esa ventaja llega al 26,3 % si el perceptor es del mismo Bilbao, es decir, un 53 % más alta que las extremeñas o las gallegas. Señoría,
podría ser su reivindicación un ejercicio de solidaridad con el resto de España y perseguir que el nivel de las pensiones del País Vasco se extienda a todos los demás territorios (aplausos), pero sorprende descubrir que la solidaridad se manifiesta
más bien al contrario: cuando el
barco parece estar en peligro en vez de arrimar el hombro intentan abandonarlo. Lo ha dicho antes claramente y lo dice también en su iniciativa. Señorías, desde mi grupo no estamos de acuerdo con esta postura. Nosotros queremos sanear
financieramente y hacer sostenible el sistema de Seguridad Social para todos los territorios de España, porque creemos en la igualdad y en la solidaridad intergeneracional e interterritorial. Creemos que todos los jubilados, -vascos, catalanes,
gallegos, extremeños o andaluces- tienen derecho a una vejez digna. Del artículo 149.1.17.ª de la Constitución puede extraerse la intencionalidad de preservar la unidad del sistema de Seguridad Social con un régimen único y unitario para todos los
ciudadanos, que garantice la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y deberes en esta materia. Señorías, la solidaridad en la Seguridad Social viaja en todas las direcciones y dado que se trata de un compromiso entre
generaciones, entre niveles de rentas y entre territorios, su tesorería debe estar unificada en una sola caja y sometida a un criterio de aportaciones y prestaciones unificado para todo el territorio que garantice la igualdad de todas las personas
vivan allá donde lo deseen.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cotelo Balmaseda.
La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, presidenta.
Señores de Bildu, con su moción le agradecemos una vez más la oportunidad que nos dan de hacer pedagogía de nuestro sistema de Seguridad Social, ya que parece que le preocupa tanto -y además se lo dijo la ministra en su día-, y así poder
afirmar con rotundidad cómo desde el Gobierno del Partido Popular con la Seguridad Social se ha extendido su cobertura, cómo se han producido avances importantes en los niveles de protección, cómo se ha incrementado el gasto social, cómo se ha
intensificado la acción protectora del sistema; y, por si tenían alguna duda, señores de Bildu, la caja única es la base, es el corazón del sistema. Pero además se lo quiero recordar no solamente con palabras sino con hechos contrastables y con
datos oficiales. Y para muestra, solo algunas de las realidades entre las más de cuarenta prestaciones que tiene nuestro sistema de Seguridad Social. Le voy a dar unas cuantas.
Hoy hay más de 721 528 pensiones que en el año 2011. La cuantía media de la jubilación es un 17,24 % más -159,21 euros-, actualmente está en 1082,94 euros. La nómina mensual de las pensiones contributivas está en más de 8963 millones de
euros. Se ha cumplido con el objetivo de la separación de fuentes de financiación, cosa que nos dejó el Partido Socialista en herencia sin hacer. Hoy, más de 388 000 mujeres se benefician del incremento que tiene su pensión por la maternidad. Se
ha incrementado de dos a cuatro semanas la duración del permiso de paternidad. Los trabajadores a tiempo parcial tienen mayor protección, permitiendo un cálculo más justo de sus prestaciones. Para personas con discapacidad, se les permite cotizar
al sistema y obtener una prestación aunque no hubiesen acreditado ninguna actividad laboral. Y para autónomos sabe que hay toda una ley urgente de reforma con una batería de medidas en las que no me voy a alargar. Para la orfandad, se aplica el
principio de retroactividad, de tal forma que se incrementa la pensión en caso de violencia de género o de cualquier otro delito doloso, y la ampliación del límite de edad, también en el caso de orfandad, hasta los veinticinco años. No hay que
olvidar los Presupuestos Generales del Estado que la semana pasada aprobábamos y que incrementan las pensiones desde el 1,6 % hasta un 7,6 %, a los que ustedes se opusieron y entiendo que a sus pensionistas vascos se lo han dejado claro; pero
bueno. En consecuencia, guste o no guste, nadie podrá negar que el Gobierno del Partido Popular ha hecho una mejora significativa en todas las pensiones, especialmente en las pensiones de los colectivos más vulnerables y además con el objetivo de
reducir el déficit público. Y si como consecuencia de la unidad y solidaridad de todos los españoles esto ha sido posible en España, especialmente importante ha sido en el País Vasco, y usted lo sabe. Aún así, le voy a dar algunos datos.
Saben que los pensionistas del País Vasco son los que cobran las pensiones más altas de todo el territorio nacional, cosa de la que nosotros nos alegramos. Hoy se pagan un 8,8 % más de pensiones con un 8,6 % a más pensionistas, con una
media de un 16 % más alta que durante la crisis. La pensión media de jubilación es de 1335 euros, un 23,62 % más alta que la media nacional, llegando casi hasta un 50 % más en el caso de algunas comunidades como Extremadura. Asimismo, la pensión
media -también se lo han dicho ya- es de 1161 euros, un 24 % más que la media nacional. Y todo esto se ha pagado puntualmente todos los meses a través del sistema de solidaridad. Se han enviado más de 12 300 millones de euros -que se dice pronto-
desde el año 2012 para pagar puntualmente las pensiones de los pensionistas del País Vasco, lo que demuestra que nuestro sistema protege a los mayores vivan donde vivan. En cuanto a la diferencia de la recaudación de las cuotas, que usted daba unas
cifras que no son
verdad, la diferencia que hay con las prestaciones económicas en el País Vasco es de más de un 30 %, mientras que la media del resto de las comunidades es de un 18 %. Por lo tanto, el esfuerzo de solidaridad que el sistema lleva a cabo con
el País Vasco es mayor, significativamente mayor, y eso no es otra cosa más que la justicia, la equidad y la solidaridad; dicho de otra forma, la caja única, que tampoco les gusta que la llamemos así. En concreto, para el año 2018 va a haber un
déficit sobre las pensiones de 3274 millones que se va a pagar con la solidaridad del sistema. Así que la garantía de que los pensionistas del País Vasco cobren sus pensiones no va a ser otra que la caja única de la Seguridad Social.
Señores de Bildu, no nos engañan, no engañan a nadie. Sus planteamientos están lo más alejado de cualquier aseguramiento equilibrado y son manifiestamente contrarios al principio de solidaridad interterritorial. En cambio, el sistema de
Seguridad Social único constituye el régimen de distribución de rentas de un Estado. En cuanto a la transferencia de la gestión económica, lo sabe, se lo han dicho, artículo 149.1.17.ª de la Constitución española, competencia estatal. Se lo voy a
repetir: la caja única es la base, es el corazón del sistema, se lo dijo el Gobierno de Mariano Rajoy y se lo dice este partido, no se va a romper. Y no se va a romper porque contraviene, como indica el Tribunal Constitucional, los principios
básicos inherentes a todo sistema de Seguridad Social que garantiza la igualdad de todos los españoles, unidad, equidad y solidaridad. ¿Y sabe lo peor de todo esto? Que usted está utilizando a los pensionistas del País Vasco cuando realmente no
les importa. Los está utilizando para hacer una interpretación partidista y alejada de la realidad del estatuto.
Acabo, presidenta. Y es que hay más, en la unidad del Tribunal Constitucional a la que se remite blinda el sistema contra las políticas territoriales que puedan incidir en la caja única y que son contrarias a la jerarquía normativa al
anteponer el Estatuto de Autonomía del País Vasco a sus preceptos constitucionales, mejor dicho, la interpretación que ustedes hacen del Estatuto del País Vasco. Así que, señores de Bildu, si tanto les preocupa el sistema de Seguridad Social
-acabo-, tres peticiones: que sean coherentes con la moción que han presentado, que sean responsables y que no apoyen una moción de censura que lo que hace es generar incertidumbre, no favorecer ni el empleo ni el crecimiento económico, que es el
pilar del sistema de Seguridad Social. Les animamos a que participen en el Pacto de Toledo, donde estamos todos los miembros y todos los compañeros diputados trabajando para llegar a acuerdos que mejoren la caja única, una caja única que es la
garantía de que se paguen más pensiones a más pensionistas y más altas que nunca en cualquier parte de nuestro territorio y no solo en el presente, sino en el futuro.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV) SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PALIAR LA PREOCUPANTE SITUACIÓN CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DEL NÚMERO DE MENA (MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS). (Número de expediente 173/000091).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de MENA,
menores extranjeros no acompañados.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Barandiaran Benito.
El señor BARANDIARAN BENITO: Nuevamente buenas tardes, señora presidenta y señorías.
MENA, menores extranjeros no acompañados. Vamos a hablar de una cuestión que no es solo una cuestión de derechos, pero también. No hablamos solo de los derechos de los menores extranjeros no acompañados, pero hace falta tenerlos en cuenta.
Como menores tienen derecho a que se reconozca su situación de desprotección y a evitarla, tienen derecho a que se les dé amparo suficiente y a su tutela, tienen derecho a que se declare esa tutela por parte de las instituciones y a que sea eficaz
y, sobre todo, tienen derecho a que se actúe conforme a dos principios: el interés superior del menor en cualquier actuación pública que se produzca -y privada, evidentemente-, pero también a aquella referida a su derecho al reagrupamiento
familiar. Porque estamos hablando de un colectivo que llega a veces de una forma voluntaria y otras veces basada en situaciones de necesidad que, en su caso, siempre va a poder tener la opción positiva del reagrupamiento familiar como opción
natural de su desarrollo individual.
Esta es una moción que no hace referencia solo, pero también, a las responsabilidades de las administraciones públicas, porque en esa función estamos implicados todos, todas las administraciones:
la estatal, el Gobierno del Estado, les corresponde a muchos ministerios muchas de las funciones reconocidas en la Ley de protección del menor y en otras actuaciones, les corresponde a las comunidades autónomas las específicas en materia de
menores y también a las administraciones locales que siempre son a las que corresponde hacer frente a muchas de las carencias de derechos a título individual. Por eso, les toca a todas en su conjunto hacer frente al compromiso del artículo 39 de la
Constitución que establece la obligación de los poderes públicos de asegurar la protección social, económica y jurídica de la familia y, en especial, de los menores de edad. Y en ese camino resulta que, al margen de los tratados internacionales, de
las cartas de derechos básicos del niño, de la Constitución o de las leyes que lo regulan, el Gobierno y el conjunto de las administraciones públicas han suscrito un protocolo que se aprobó con fecha 1 de octubre de 2014 y es conocido como el
protocolo marco sobre actuaciones en relación con los menores extranjeros no acompañados. Pues bien, a juicio de los principales implicados en el ámbito de la protección de los menores, esa protección no está resultando eficaz en estos momentos, no
está dando respuesta a las necesidades reales de los menores y, además, se da en un contexto determinado en el que la venida de esos menores es un problema que, siendo importante, está camino de convertirse en drástico, por decirlo de alguna manera.
A diciembre de 2017 había un número importante de MENA en el Estado, con desigual presencia en diferentes comunidades autónomas. Según el Ministerio del Interior, eran 6500 y, según datos de las comunidades autónomas, eran 9710. De ellos, más de
5000 estaban ya tutelados por las administraciones de las comunidades autónomas. Es verdad que la presencia es desigual en muchos sitios, pero también es cierto que hay comunidades especialmente afectadas, como Andalucía y Melilla, por su cercanía
al Estrecho, o Cataluña y Madrid y todo el corredor mediterráneo. Y lo que es más sorprendente, también el País Vasco. Les voy a poner el ejemplo de Vizcaya. Si hasta ahora las previsiones eran preocupantes, ahora -decía yo- empiezan a ser
inquietantes. Si el año pasado hubo 787 ingresos y 445 acogidos, nos señalan que este último fin de semana ha habido una llegada de algo así como catorce o quince nuevos, solo el fin de semana, teniendo en cuenta -es un dato que hay que tener en
consideración- además que estamos en Ramadán, que es precisamente cuando se produce una avalancha de paso a través del Estrecho. Nos han señalado que incluso este fin de semana ha llegado una patera con más de cuatrocientas personas, lo cual indica
que el problema no es que sea urgente, es lo siguiente, como se suele decir.
En este contexto, pues, presentamos esta moción, la cual, como saben ustedes si han podido leerla, pretende abordar cuatro cuestiones sobre las que reflexionar y a las que dar respuesta. Una, estamos hablando de menores, pero no todos lo
menores provienen de la misma situación. Un informe interno del propio Ministerio de Sanidad hacía referencia a una categorización en cuatro grupos diferentes. Pues bien, cada uno de ellos necesita una atención diferenciada, un modo particular de
protección y una asistencia individualizada y esa es una situación que el ordenamiento jurídico hoy no reconoce y sobre la que es preciso reflexionar. Tenemos que acomodar el ordenamiento a las situaciones reales de los menores que nos llegan y
también de los propios, evidentemente. (La señora vicepresidenta, Navarro Garzón, ocupa la Presidencia).
Segunda reflexión. He citado como elemento central, vehiculizador de esa coordinación, el protocolo marco. Pues bien, ese protocolo marco se describe como un patrón de buenas prácticas que, independientemente de su valor vinculante para
las instituciones del Estado que lo suscriben, debería ser completado con la redacción de los correspondientes protocolos territoriales. Esto ha significado en la práctica que no ha funcionado siempre. Ha funcionado en muchas ocasiones -no vamos a
ser injustos- y en otras no, entre otras cosas por su falta de eficacia normativa. Por tanto, debemos reflexionar y solicitar que la eficacia normativa y la eficacia interna del propio procedimiento se refuercen.
Tercera reflexión. La coordinación que solicitamos en el Congreso al Gobierno del Estado es exigible también al resto de administraciones públicas, pero al Gobierno en este caso, porque estamos en el Congreso, hay que pedirle que los
diferentes ministerios, tal y como enumeraba el otro día en la interpelación, atendiendo a sus propias responsabilidades, hagan un ejercicio efectivo de sus competencias para evitar todas aquellas situaciones de desprotección que se están dando como
consecuencia de su falta de coordinación en algunos casos y de su falta de eficacia en otros.
Finalmente, la cuarta reflexión hace referencia a la coordinación entre las diferentes responsabilidades administrativas. Nos enfrentamos a un fenómeno supraterritorial, en el que desde la localización del menor hasta su puesta a
disposición de los servicios asistenciales hay una pluralidad de interventores que hace falta coordinar. Es cierto que en esta situación hay comunidades autónomas, ciudades y diputaciones forales que sufren en especial esa avalancha. Pues bien,
vamos a hablar de cómo coordinarnos y de
cómo reubicar a muchos de estos menores en ese ámbito de redistribución de responsabilidades, porque todo ello va a ir en atención de los derechos de los menores, aquellos a los que me he referido al principio, que hace falta atender.
Señorías, nuestra moción hace referencia a cuatro propuestas consecuencia de estas cuatro reflexiones. Se la hemos trasladado y hemos recibido varias enmiendas, que agradecemos y que vamos a intentar aceptar, como ya conocen los grupos
enmendantes. Así pues, señorías, creemos que esta es una moción positiva en el ámbito de entender que hace falta evolucionar hacia una mejora en la atención a los menores no acompañados y es también propositiva en el ámbito de proponer, porque
hacemos unas propuestas concretas que creemos que pueden ser aceptadas para inducir de alguna manera la actuación gubernamental en este ámbito.
Muchas gracias por su atención.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Barandiaran Benito.
Para la defensa de las enmiendas formuladas por los grupos interviene en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Bataller i Ruiz.
El señor BATALLER I RUIZ: Señora presidenta, señorías, ante todo quiero agradecer al Partido Nacionalista Vasco que haya traído al Pleno del Congreso una cuestión que a Compromís le parece de gran importancia y que en diversas ocasiones
hemos tenido oportunidad de debatir en Comisión, como es la preocupante situación en que se encuentran los menores no acompañados en el territorio del Estado, cuyas cifras no han parado de incrementarse en los últimos tiempos. Además, nos es grato
comprobar que este tema ha suscitado el interés de otros grupos y algunos de ellos han formulado enmiendas muy en la línea de las que Compromís ha presentado. Por tanto, esperamos llegar a un acuerdo o a una transacción entre todos.
Sabemos que a este Gobierno que ahora agoniza le ha importado muy poco el tema que nos ocupa en este momento. Aquí quisiera recordar que el pasado mes de enero el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas advertía de su
preocupación por los rechazos en frontera de menores necesitados de protección internacional en Ceuta y Melilla, es decir, que España ha de acabar ya con las devoluciones en caliente. Además, entre otras recomendaciones, en ese informe de Naciones
Unidas se decía -cito literalmente- que debían establecerse instalaciones adecuadas para niños, especialmente en Ceuta y Melilla, y también para los menores que lleguen por mar a las costas andaluzas. Tampoco nos pasa desapercibido el reciente
informe del Defensor del Pueblo andaluz, que señala las deficiencias del protocolo marco de intervención de menores no acompañados, además de advertir del colapso del sistema andaluz de asistencia a estos menores. Es por ello por lo que Compromís
ha presentado entre sus enmiendas la petición de que se ponga en marcha un plan que permita reubicar en otras comunidades autónomas a los menores para equilibrar y distribuir las cargas y recursos.
España ha sido siempre país de emigrantes, antes y ahora, y Europa occidental acogió a muchas personas de nuestro país que salían a causa de la precariedad en la que vivían. Es de justicia que en este momento seamos nosotros los que
actuemos, pero siento decir que España no está haciendo lo que debe. Podría estar liderando una política europea de asilo y de emigración eficaz, constructiva y que salvara vidas, pero no lo está haciendo. Hace falta unidad en el Mediterráneo,
unidad entre las dos riberas del Mediterráneo, para que este mar deje de ser el mayor cementerio de Europa y pase a ser un espacio de integración social, igualdad y prosperidad.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Bataller i Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Oramas GonzálezMoro.
La señora ORAMAS GONZÁLEZMORO: Gracias, señora presidenta.
Años 2006 y 2007, Canarias: 80 000 personas llegaron, 10 000 menores, que tuvo que acoger Canarias. Ahora oía al señor Barandiaran diciendo que en España hay 9000 menores, así que imagínense lo que supusieron para la Comunidad Autónoma de
Canarias 10 000 chicos. Fui alcaldesa de la ciudad de La Laguna y había un centro al lado del aeropuerto de Los Rodeos donde estaba previsto acoger a 400 personas y en aquel verano llegamos a tener 8000. Europa miró para otro lado porque el
problema no era suyo y, en España, excepto el País Vasco y Andalucía, que tenía menores, fueron las únicas comunidades
que con las leyes en contra, porque no estaba previsto un problema como este del que estoy hablando, y con una solidaridad absoluta pero con muchos inconvenientes ayudaron a Canarias.
Yo coincido con el señor Barandiaran en que esta es una problemática que hay que acometer, que hay que tener los protocolos. Los niños llegan a Ceuta y Melilla, a Canarias o a Andalucía huyendo de otras cosas. Cuando nosotros tuvimos el
problema, exigimos a Europa y miró para otro lado, y ahora vemos el tema de Italia y los problemas que tienen otros países. También en este país tenemos que buscar soluciones que garanticen la asistencia a los menores, que el Estado facilite los
recursos a las comunidades afectadas porque no es un tema de esas comunidades y supone una financiación muy costosa; en el caso de Canarias en aquel momento hubo que habilitarla. Sobre todo se necesitan normas, que cuando un chico esté tutelado
por una comunidad pero esté en una ONG en otra comunidad y se tenga que operar, no tengamos un problema, como ocurrió en aquel momento. Debemos poder diferenciar entre un niño de cuatro años y un chico de diecisiete años para que no tengan que
estar juntos. También el tema de la integración laboral, de formación y sobre todo de prevención en los países de origen. En aquel momento estuve en centros de menores y de niños, y me acuerdo de lo que me decían los chicos: si yo llego a saber
lo que era esto, no vengo. Las madres senegalesas con las que trabajamos, las madres de los niños que se quedaron en el mar iban por las aldeas explicando al resto de los niños y de las madres que sus hijos no hicieran aquel camino. Para eso
habría que trabajar en esos países de origen, trabajar en cooperación para el desarrollo. Desde luego coincido al cien por cien con la moción y la propuesta que ha hecho el portavoz del PNV.
Muchas gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Oramas González-Moro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta.
Los estudios que se han venido realizando sobre los protocolos de actuación en relación con los MENA es verdad que apuntan a una necesaria reflexión sobre la forma adecuada de actuar ante una problemática tan compleja para dotarse de una
herramienta adecuada, y entendemos que todo ello debería hacerse antes que cualquier desarrollo normativo del protocolo actual, que es algo de lo que se pide en esta moción junto con la reflexión. Porque estos jóvenes, la mayor parte de ellos de
territorios africanos que abandonan sus hogares para alcanzar una vida mejor en Europa, llegan en su mayoría por el sur, llegan por las islas Canarias y, bien son localizados por las autoridades o bien van hacia el interior de la península e
intentan encontrar acomodo en algún otro sitio. Ahí empieza un procedimiento que es verdad que es muy diferente según el lugar en el que se encuentran, el territorio en que les toca buscarse la vida; son diferentes los plazos de establecimiento de
la edad, los centros de acogida, la información que se les facilita sobre su situación y sobre sus derechos, e incluso el tiempo que se alarga la tramitación. Igualmente, finalizada esta, también son diferentes los programas de apoyo a la
transición de este colectivo, pues hay algunas comunidades que hacen programas específicos, pero tampoco en todos los casos es igual la participación del menor en la toma de decisión de su futuro o en la asistencia destinada a ayudarles, así como en
las consecuencias psicológicas de ese viaje anterior e incluso del realizado para llegar a Europa, todo el mal que eso les ha originado. Estas cuestiones son importantes si partimos de la priorización de la condición de menores por delante o sobre
la de inmigrantes, y el objetivo debería ser ofrecerles el acompañamiento necesario para que pudieran lograr esos objetivos. A día de hoy todavía entendemos que se pone mayor acento en la primera fase, en la fase de la evaluación, y es insuficiente
en la fase de cobertura de necesidades y de transición a la vida adulta, en la que muchos no consiguen ni siquiera acceder al mundo laboral, hay muy poquitos programas de ayuda o de apoyo y además hay muy poquitas plazas.
Por eso es esencial la coordinación y necesaria la reflexión, hay que buscar herramientas adecuadas, y entendemos que eso tiene que ser previo a que se haga el desarrollo de ese protocolo, el desarrollo normativo que se propone. Por eso
leeremos la transaccional; con el texto inicial nuestra idea era abstenernos, pero ahora veremos qué dice la transaccional.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán Salmerón.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, presidenta.
Señorías, la situación que viven los menores no acompañados hoy en España ha desbordado lo recogido en la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, incumpliéndose, por tanto, el procedimiento de
protección para estos menores. Debemos tener en cuenta que los menores de edad están amparados y protegidos por la Convención de Derechos del Niño, del que España forma parte, aunque parece ser que este Gobierno aún no se ha enterado de que España
forma parte de esta convención, porque tenemos una legislación que permite que menores que llegan a España puedan ser rechazados sin conocer su situación ni su vulnerabilidad.
Señorías, el primer riesgo que corren estos menores es su propio viaje a España. La mayoría migran por rutas marítimas donde se juegan la vida, y, una vez que llegan a España, se están dando situaciones de muchísima gravedad: se están
declarando como adultos cuando, realmente, son niños o niñas, están siendo víctimas de devoluciones en caliente, de devoluciones inmediatas, y se les está negando la posibilidad de hablar, porque no se les escucha, se duda de su documentación y se
les deja en un limbo jurídico. A pesar de que esta situación jurídica de un menor no acompañado es la situación más vulnerable que puede tener una persona, los sucesivos Gobiernos que hemos ido teniendo en España han establecido unos sistemas de
protección ineficaces. Digo ineficaces porque no se sabe muy bien a quién protegen, porque proteger no es que los centros de los menores se encuentren saturados en todo el territorio nacional y, especialmente, en Cataluña, Andalucía, Ceuta y
Melilla; de hecho, ante esta situación precaria en la que estaban viviendo quince menores no acompañados en Cataluña -estaban durmiendo en el suelo sobre unos colchones en una sala abierta al público-, presentamos al Gobierno una pregunta. Es
cierto que, en ese momento, se debió al retraso de las administraciones de las comunidades autónomas, pero cuando presentamos la pregunta fue en noviembre de 2017 y, tras el golpe de los separatistas, correspondía esa responsabilidad al Gobierno.
Su respuesta fue que era competencia de las comunidades autónomas -siempre en su línea, en la línea de no hacer nada y que los problemas se solucionen solos-. Si no supieron proteger a España del golpe de los separatistas, no les podíamos pedir que
protegieran en ese momento a estos menores no acompañados. (Aplausos.-El señor vicepresidente, Prendes Prendes, ocupa la presidencia). Porque proteger no es que los centros se encuentren en situaciones precarias, y eso lo recoge el último informe
del Defensor del Pueblo tras varias denuncias de malos tratos a menores por parte de algunos centros, ni es que se deporte a menores no identificados correctamente, ni que se utilicen pruebas donde se determinen como adultos cuando realmente son
unos niños. Estas deficiencias en estos procesos de determinación de la edad vienen sucediendo desde hace muchos años y siendo denunciadas desde hace muchos años tanto por ONG especializadas como por el Defensor del Pueblo. Así que, por favor,
señorías del PP, no suban hoy aquí a decir que esto es competencia de las comunidades autónomas porque realmente estas situaciones tan graves que están sucediendo hoy en España son competencia directa del Ejecutivo. (Aplausos).
Somos conscientes de la problemática que existe, de hecho nuestro partido en Melilla propuso la revisión de la legislación vigente a fin de evitar que hubiera menores por la calle que pudieran ser captados por mafias que se dedican al
narcotráfico y al abuso de personas vulnerables. Save the Children también se ha interesado por este problema y, tras evaluar la experiencia de sesenta y cinco menores, ha presentado un informe donde manifiesta serias deficiencias de este sistema
de protección que tiene nuestro país respecto a los menores. Pero voy más allá. El Comité de Derechos del Niño publicó sus observaciones finales y señaló las numerosas deficiencias y asignaturas pendientes que tiene España respecto a la infancia y
otras tantas respecto a estos menores no acompañados, haciendo una serie de recomendaciones que son más bien para ponernos la cara colorada de manera muy educada.
Consideramos que esta iniciativa no solo es pertinente sino que es también necesaria para garantizar el interés superior de estos menores y adecuar la legislación vigente a las realidades de hoy. Por ello, presentamos una enmienda que
mejora el texto del Grupo Nacionalista Vasco, donde se establecieron unos criterios específicos de protocolo de traslado entre comunidades autónomas a fin de evitar los centros saturados en algunas comunidades autónomas; que se establezcan unos
protocolos para la toma de decisión basada únicamente en el interés superior del menor, y de nadie más; reformar el registro para que se incluya a todos los menores, independientemente de su documentación o de las dudas que se puedan tener acerca
de su edad; modificar el reglamento de extranjería a fin de garantizar que estos menores no acompañados vayan acompañados de un letrado para que les garantice que van a determinar la edad y aseguren que estén informados y son vistos por el fiscal;
y, por supuesto, cumplir con las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño.
Para terminar, en relación con lo que dije al principio de mi intervención sobre que España forma parte de la Convención de Derechos del Niño para la protección de estos menores, tan importante es que España forme parte de esa convención
como que hagamos que se cumpla y se garantice esa protección, porque si no, no sirve de nada. Pero, claro, garantizar esa protección a lo mejor es más difícil para algunos, porque los menores no votan. Pero nosotros tenemos claro que estos menores
no pueden seguir sufriendo las consecuencias en un Gobierno de la inacción, del Gobierno del inmovilismo, porque son los más vulnerables de la sociedad. Es una lástima que hoy no podamos pedirles que cumplan con los compromisos y que se pongan las
pilas, porque -como todos sabemos- no tendría mucho sentido porque esta legislatura está más que agotada.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Millán.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Bona tarda. Buenas tardes.
Miren, quizá por deformación profesional, puesto que soy lingüista de formación, no he podido evitar fijarme, al leer esta moción y al escuchar la interpelación que el señor Barandiaran hizo en el Pleno del Congreso, en algunas palabras,
algunas expresiones, que me han parecido muy semejantes a las que emplea el Gobierno cuando se refiere a este tema, el tema de los menores extranjeros no acompañados. Dicen ustedes, por ejemplo, señorías del Grupo Vasco, que existe una situación de
descontrol; hablan por ejemplo de mitigar los efectos o incluso hablan de riesgo para el sistema. Pareciera, por la interpelación, por la moción, que el Grupo Vasco no está poniendo en primer lugar y ante todo los derechos de lo que son, no lo
olvidemos, niños, niñas y adolescentes. Pareciera incluso que no estamos principalmente ante una cuestión de derechos humanos. Podría parecer, incluso, que no están ustedes muy convencidos de lo que dice la Convención de los Derechos del Niño, que
no olvidemos que es el tratado más ratificado de la historia, y que dice claramente que los niños, niñas y adolescentes tienen derechos que son universales, independientemente de su nacionalidad, de cualquier circunstancia, de migración o refugio.
Ojalá me equivoque, pero, a tenor de su interpelación y de su moción, esto nos recuerda tristemente las acciones, y sobre todo las inacciones, del Gobierno del Partido Popular en este tema. El propio señor Barandiaran hablaba en su
interpelación de sintonía entre las propuestas del Grupo Vasco y el Gobierno; una sintonía que parecía soldada, hasta el punto de que después de estar meses y meses repitiendo que no apoyarían los Presupuestos Generales del Estado por su oposición
a 155, no solo votaron a favor sino que encima parece que van a anteponer su continuidad a echar al Gobierno corrupto del Partido Popular de la Moncloa; unos presupuestos que, por cierto, no recogen una enmienda que realizó mi grupo, el Grupo
Confederal, sobre el tema que nos ocupa, que es el tema de los MENA. Ya verán ustedes, señorías del Grupo Vasco, cómo hacen frente a semejantes contradicciones.
En su día, la Comisión de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia aprobó una PNL fruto de una transacción que se hizo entre una iniciativa presentada por mi grupo, por el Grupo Confederal, y una iniciativa presentada por el Grupo
Socialista. Esta PNL resultante tenía claramente como objetivo garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, cuya protección debe estar por encima de cualquier cuestión migratoria. Las enmiendas que mi grupo ha presentado van en esa
misma línea, tienen este mismo objetivo y se basan en el acuerdo ya alcanzado en la Comisión de Infancia. Nos alegra comprobar que parece ser que el Grupo Vasco se está replanteando la moción y que está elaborando una transaccional con la que le va
a dar un nuevo espíritu más enfocado a los derechos. Si es así tendrá nuestro apoyo.
Aprovecho para recordarle al Gobierno que el Congreso de los Diputados existe y que es una cuestión de democracia gobernar de conformidad con los acuerdos a los que llegamos en esta Cámara, como por ejemplo la PNL que les comentaba sobre el
caso de los MENA. Nuestras enmiendas recogen también las demandas de asociaciones que trabajan para garantizar los derechos de los MENA, como Save the Children o la Fundación Raíces.
Señorías del Grupo Vasco, señorías del Grupo Popular, el protocolo que ustedes quieren que se desarrolle normativamente no es la solución; no son la solución los exámenes médicos corporales que, además de no ofrecer ninguna garantía,
vulneran los derechos, y que se hacen incluso en casos en los que existe documentación acreditativa de la edad del niño o de la niña. Y, como digo, este protocolo no es la solución porque no prioriza los derechos de los niños y niñas y de los
adolescentes a cualquier otra consideración, que es lo que dictan los derechos humanos. La solución a la hiperrepresentación de
los MENA en algunas comunidades autónomas, como es el caso de Euskadi, es la que proponemos en nuestra PNL: un reparto de estos entre las distintas comunidades autónomas, pero priorizando siempre el interés y el deseo de los niños y niñas.
Quiero denunciar que en mi ciudad, en Barcelona, somos testigos cada día de una situación que no puede seguir así ni un día más. La falta de recursos de la justicia deja a estos niños y niñas absolutamente desprotegidos y acaban durmiendo en la
calle, en los alrededores de la Ciudad de la Justicia, mientras esperan a ser atendidos y a que llegue su turno en la fiscalía.
En resumen, pensamos que PNV y PP a veces plantean lo mismo. Por ejemplo, la propuesta del Grupo Vasco muestra interés en agilizar las repatriaciones de niños, algo que ya planteó en su momento el consejero de Bienestar Social del Partido
Popular en Melilla, Daniel Ventura. Pues no, señorías del Grupo Popular y señorías del Grupo Vasco, la solución no es en absoluto devolver a los niños a Marruecos o Argelia, la solución tampoco es encerrarlos en centros. La solución es tener un
Gobierno en las ciudades autónomas y comunidades competentes y un Gobierno estatal que quieran mínimamente a la infancia, que no desprecien sus vidas y que trabajen por unas políticas públicas de respeto a la infancia migrante que velen por sus
derechos. Muestren hoy que están de acuerdo con la vida y la dignidad de la infancia. Acepten nuestras enmiendas, señorías del Grupo Vasco, y voten a favor de ellas, señorías del Grupo Popular. Mandemos un mensaje de esperanza en estos días de
descrédito inaudito de la política.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora García.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Clavell López.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Por mucho que se diga hoy aquí, la primera observación que quisiera destacar es que España es uno de los países con mayores y mejores garantías para los menores extranjeros no acompañados o en situación de riesgo. Las autoridades españolas
actúan siempre conforme a las medidas cautelares solicitadas por el Comité de los Derechos del Niño. Una clara muestra de esto es la firma en 2014 del acuerdo interministerial entre los ministerios de Justicia, Interior, Empleo, Sanidad y Asuntos
Exteriores, más la Fiscalía General del Estado. Es decir, prácticamente la mitad del Gobierno de España está implicado en esta cuestión y siempre teniendo muy presente que la tutela de estos menores corresponde a los servicios competentes de
protección de menores de la comunidad autónoma en la que se hallen.
Se han comentado muchos aspectos referidos a la situación de los MENA en nuestro país y algunos aspectos han sido utilizados malintencionadamente con el único objetivo de desprestigiar la labor coordinadora que pueda tener el Gobierno
central. Es por ello que debemos tener muy claras varias cuestiones, como que la actuación de los poderes públicos otorga prioridad a su condición de menor, independientemente de su nacionalidad o situación administrativa, siendo necesarias, y
siempre bajo decisión del ministerio fiscal, las pruebas médicas dirigidas a eliminar las dudas sobre la mayoría o minoría de edad del extranjero indocumentado o en los casos en los que existan documentos identificativos falsos.
En su apartado tercero la Ley de Protección Jurídica del Menor establece el derecho a la educación, asistencia sanitaria y prestaciones sociales básicas en las mismas condiciones que en las de los menores españoles. Se tiene en especial
consideración el grado de inserción del solicitante en la sociedad española, la continuidad de los estudios, así como su incorporación efectiva o potencial al mercado de trabajo. Por otro lado, se procura con el Real Decreto 162/2014 que los
internos que formen una unidad familiar estén juntos y tengan en su compañía a sus hijos menores, facilitándoles en la medida de lo posible alojamiento separado que garantice un adecuado grado de intimidad. Incluso el protocolo MENA, en su capítulo
sexto, reduce el plazo de nueve meses a tres desde la puesta a disposición del menor del centro de menores para la solicitud de residencia.
Profundizando ya en la moción que presenta el Partido Nacionalista Vasco, respecto a los dos primeros puntos es fundamental señalar que los menores, incluyendo extranjeros no acompañados, se encuentran, al igual que los menores españoles,
protegidos, amparados y tutelados por la legislación de nuestro país. Contamos con un marco normativo adoptado en aras del interés superior del menor, con el fin de reforzar la protección y garantías de sus derechos así como su integración en la
sociedad española cuando no sea posible su repatriación. Desde el Gobierno se impulsó la adopción de dos protocolos como códigos de buenas prácticas para permitir a los distintos ministerios e instituciones firmantes continuar trabajando en la
protección de estos menores de una forma más ágil.
Respecto al punto tercero, el protocolo marco prevé la celebración de reuniones periódicas de seguimiento y aplicación del mismo bajo la dirección del ministerio fiscal, institución encargada asimismo
de velar por la adecuada coordinación interinstitucional entre las diferentes administraciones firmantes del citado protocolo y las instituciones autonómicas concernidas. Se ha creado un grupo interministerial de coordinación sobre menores
y derechos de la infancia. Ambos mecanismos son muestra de la relevancia y el significado que los derechos de la infancia en su conjunto tienen para el Gobierno de España. Sin perjuicio de ello, el Grupo Parlamentario Popular muestra su
disposición a estudiar otras vías o mecanismos de coordinación que puedan proponerse por las administraciones autonómicas como responsables de la protección y tutela de los menores.
En cuanto al cuarto y último punto, a partir del principio de prevalencia del interés superior del menor todo menor extranjero que sea declarado en desamparo pasa a encontrarse bajo la tutela de los servicios de protección del menor de las
comunidades y ciudades autónomas, que asumen la tutela de los mismos. Se está requiriendo al Gobierno central la posibilidad de activar traslados entre comunidades autónomas. Cabe señalar que el papel del Estado en esta materia queda limitado a la
voluntad de los Gobiernos autonómicos con la firma de eventuales convenios, pero hasta la fecha no se ha apreciado ninguna disponibilidad por los mismos. A pesar de todo esto, el Ministerio de Sanidad ya está trabajando en el seno de la Comisión
Interautonómica de Infancia y Familia en la creación de un foro de trabajo para estudiar y debatir las propuestas existentes. Ante todo ello, señor Barandiaran, el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto, como siempre, a transaccionar una
propuesta en beneficio de este colectivo.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señor Clavell.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, antes que nada es de rigor aclarar que las migraciones forman parte del devenir de la historia humana. Desde los mismos orígenes del hombre, grupos de población se han desplazado de un lugar a otro en busca de
más alimentos, mejores tierras o un clima más benigno. Con frecuencia los movimientos migratorios se han producido también como resultado de persecuciones y guerras. Los flujos migratorios en el mundo actual son muy intensos y responden a dos
causas fundamentales, económicas y políticas, y se dirigen hacia los países que necesitan mano de obra. Hay previsiones de la OIT que señalan que hasta por lo menos el año 2050 los países europeos necesitan mano de obra inmigrante. España, en
lugar de tener una política de Estado frente a las migraciones, opta por la Ley de Extranjería y en lugar de favorecerse con la inmigración como Estado hace que los beneficios se los lleven los patrones y el gran capital. Y así tenemos a los
inmigrantes sin papeles, a los que teniendo papeles de residencia peligran con expulsiones si se quedan sin trabajo, sufren tremendas dificultades para el reagrupamiento familiar y para el acceso a la nacionalidad: pagos y exámenes ridículos e
innecesarios, sumados a las enormes esperas en la resolución de los trámites. La precariedad laboral que esta ley consigue y que fomenta la economía sumergida lleva incluso a la baja salarial de los trabajadores autóctonos y a tener menos
cotizantes a la Seguridad Social incluso para que los pensionistas puedan tener salarios dignos.
La campaña mediática y los rumores falsos hacen el resto para que se crea equivocadamente que por culpa de la inmigración hay menos puestos de trabajo, que los inmigrantes se llevan todas las ayudas sociales, que van a invadir el país o que
le harán cambiar de identidad, o que se dará un efecto llamada si se legislan medidas necesarias y contrarias a esta Ley de Extranjería inhumana. Esto, sumado al cierre de fronteras a los refugiados, que provoca las muertes evitables en el
Mediterráneo, y ahora incluso agravado por la prohibición del salvamento marítimo a las ONG y el pago a terceros países para que frenen lo imposible, hace la desesperación de las familias pobres, fundamentalmente del norte de África, que envían a
sus hijos menores no acompañados. Estos llamados MENA -menores extranjeros no acompañados-, después de sobrevivir a las mafias, a la trata de blancas, a los pedófilos, a los traficantes de órganos, los que llegan, se enfrentan al protocolo marco
actual, objeto de la interpelación del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). El protocolo marco nos parece que no representa una herramienta adecuada para dar respuesta a esta delicada situación y, teniendo en cuenta que actualmente son las
comunidades autónomas las que están trabajando en el terreno, proponemos que se cree una coordinación interautonómica específica para adoptar medidas que garanticen las condiciones mínimas de cobertura y calidad de atención a estos menores, que se
introduzcan criterios y mecanismos de traslado entre comunidades para evitar la saturación de los centros de protección para menores migrantes solos, y se
contemple la creación de recursos de acogida especializados de competencia estatal para derivar a menores víctimas de la trata de seres humanos.
En Cataluña concretamente, en el año 2016 la acogida fue de 684 menores; el doble que el año anterior. Y en 2017 fueron un total de 1489 menores. La Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia (DGAIA) recibió la ayuda del
Ayuntamiento de Sabadell, que se ofreció para colaborar en la acogida de estos menores -en una experiencia sin precedentes- en el Albergue de Sant Oleguer de esa ciudad. En tres meses, a pesar del 155, la DGAIA ha creado ya 600 nuevas plazas en
Cataluña. Cabe agregar que el regidor de acción social de Sabadell que ha participado en esta tarea es un catalán de origen inmigrante, porque nosotros venimos a construir junto a los demás y estamos seguros de que con una política estatal a favor
de los trabajadores -inmigrantes y autóctonos- podremos construir una sociedad y una convivencia mejor para todos.
Gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Surra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ferrer Tesoro.
La señora FERRER TESORO: Gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que presenta el PNV es a primera vista favorable para dar una solución a la situación de los MENA, y digo a primera vista, porque si seguimos leyendo podríamos decir que la moción es algo sibilina, si me lo permiten. Mi
grupo puede estar de acuerdo con lo que se plantea, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se hace. Coincidimos en que es necesaria una reflexión y una nueva orientación en el abordaje de la cuestión de los MENA ya que lo que tenemos ahora no
satisface a nadie, especialmente a los menores. Esta reflexión debe partir irremediablemente de las recomendaciones del Defensor del Pueblo y de las observaciones finales del Comité de Derechos del Niño. Lo primero y fundamental: estamos hablando
de que antes que extranjeros son niños, niños que se encuentran atrapados entre dos lógicas políticas de nuestro país, la lógica de la política de protección a la infancia y la lógica de la política de extranjería, con objetivos claramente
distintos. El posicionamiento del Grupo Socialista está plasmado en una proposición no de ley que se aprobó en la Comisión de Infancia: derogar el protocolo marco y elaborar un nuevo protocolo que coordine las distintas administraciones,
garantizando el derecho de estos menores de acuerdo a la legislación nacional y a la Convención de Derechos del Niño. Dicho otra manera, priorizar su condición de menor de edad sobre la de extranjero.
Hace un par de días una madre pedía amparo para su hijo. Es muy respetable, incluso si el hijo tiene barba, veintinueve años y su padres han sido condenados por doce delitos, entre ellos blanqueo de capitales, apropiación indebida y delitos
fiscales. Miro a la bancada del Grupo Popular. Este hijo vive tan lejos del riesgo de exclusión social como Suiza de la calle Génova. Hoy venimos a pedir protección para los que realmente lo necesitan, para niños que duermen en la calle, que en
ocasiones no tienen garantizado un techo ni una comida ni una atención que el Estado debía procurarles por ser menores. Solicitamos, por tanto, una mayor implicación del Gobierno de España, que mira para otro lado en esta cuestión, como en tantas
otras, y que ni está ni se le espera, y la creación de una comisión interautonómica específica sobre infancia migrante no acompañada como órgano periódico y de coordinación con recursos de carácter estatal y de apoyo a las comunidades autónomas que
más carga tienen, sobre todo las puertas de entrada o por las que los menores se desplazan. Estamos hablando de Ceuta y Melilla, de Andalucía, de Cataluña, del País Vasco, de las Islas Canarias o de Murcia. Somos conscientes de que estamos
hablando de una situación que se escapa de nuestros límites geográficos y es necesario que Europa se implique.
¿Qué no nos gusta del actual protocolo? Para empezar no nos gusta el procedimiento de determinación de la edad. Es sabido que es poco fiable, que ha de utilizarse de forma no indiscriminada y que ha de ser el último recurso a utilizar
debiendo resolverse siempre a favor del menor, cosa que no ocurre, como han denunciado el Defensor del Pueblo y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Otra razón por la que modificaríamos el protocolo es para que se garantice la asistencia letrada
al menor desde su identificación. ¿Qué se debería cambiar más? Pues se debe atribuir al juez de primera instancia la competencia para la determinación de la edad y que no recaiga, como hasta ahora, en el ministerio fiscal. No existen a nivel
estatal políticas educativas y de empleo dirigidas a niños y a niñas no acompañados en las mismas condiciones que los menores españoles, a pesar de que la ley así lo dice. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): ¡Silencio, señorías!
La señora FERRER TESORO: Gracias, señor presidente.
La ambigüedad de las disposiciones del Reglamento de Extranjería y del protocolo que hoy discutimos referente a los tiempos de tramitación de la documentación ha desembocado en que la Administración aplique siempre los criterios más
restrictivos agotando los plazos. Y, por último, ¿de qué sirven todos los esfuerzos orientados a la inclusión del menor si la protección cesa el mismo día que cumple dieciocho años? Señorías, a nadie se nos ocurriría dejar desamparado a nuestro
hijo cuando cumple dieciocho años; por tanto, el Estado no lo debe hacer con los menores tutelados. Discrepamos, señor Barandiaran, cuando dice que el problema es que el protocolo no se cumple. No, el problema es la esencia del mismo protocolo,
que no refleja la realidad de estos menores extranjeros y que les provoca situaciones de desprotección y vulneración de sus derechos fundamentales.
Termino. Les vamos a apoyar, aun sabiendo y teniendo constancia de que su iniciativa es poco ambiciosa porque pensamos que supone el inicio de una reflexión sobre las mejoras que necesita el sistema. En tiempos políticos convulsos,
señorías, las prioridades deben estar muy bien definidas. Que no se nos olvide que quienes están llegando a nuestras fronteras son ante todo y sobre todo niños.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Ferrer.
En turno de aceptación o rechazo de las enmiendas presentadas le pregunto al señor Barandiaran si su grupo acepta alguna de las enmiendas presentadas.
El señor BARANDIARAN BENITO: Vamos a intentar integrar todas ellas en una enmienda transaccional.
Gracias, señor presidente.
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Le ruego que nos la haga llegar antes de la votación para dejar constancia.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE BLOQUEO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUERDOS DEL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EN
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD. (Número de expediente 173/000092).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Pasamos a debatir la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha
de los acuerdos del informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad.
Por el grupo autor de la iniciativa tiene la palabra la señora Fernández Castañón.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Gracias. Buenas tardes.
Señora ministra ausente, aunque espero que nos esté viendo ya que hablamos de su reprobación: las kellys; ¡Juana está en mi casa!; Hermana, yo sí te creo; las mujeres periodistas; La Caja de Pandora; Las mujeres del libro; las
trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio; las espartanas de Coca-Cola en lucha; el 8-M; Si paramos nosotras, se para el mundo; Tranquila, hermana, aquí está tu manada; Cuéntalo; las mujeres de Radiotelevisión Española. Desde que la
señora Montserrat tomó posesión de su cargo el feminismo en España ha adquirido un peso social, cultural y político sin precedentes. El feminismo a esta ministra le incumbe en el ejercicio de dirigir su ministerio, porque no se pueden pensar la
sanidad, los servicios sociales, la vida de las personas en situación de dependencia, con diversidad funcional, la situación de la infancia o las políticas de consumo de drogas si no es desde una perspectiva feminista. (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Les ruego silencio, por favor. Continúe.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Y parece que la palabra al Gobierno no le molesta. De hecho, el Gobierno la utiliza para autoproclamarse feminista, como es el caso de la señora Báñez, aunque haya firmado una reforma laboral demoledora,
especialmente para las mujeres, o para decir que nosotras
venimos a dar lecciones de feminismo y no somos quiénes para hacerlo, como hacía esta mañana la señora De Cospedal. Lo voy a repetir de nuevo. Lo está diciendo la calle... (Rumores).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Señora Fernández Castañón, espere un momento.
Señorías, les ruego silencio. Continúe.
La señora FERNÁNDEZ CASTAÑÓN: Lo está diciendo la calle y por responsabilidad democrática y porque somos feministas lo ha estado diciendo mi grupo aquí: las despedidas del Instituto de la Mujer; la Biblioteca de Mujeres; el 0,16; las
campañas que culpabilizan a las jóvenes por consumir alcohol porque pueden ser violadas; vicepresidentes del consejo asesor que son directores de estrategia en empresas que venden sus productos a la sanidad pública; 3100 personas en listas de
espera de atención a la dependencia; 44 millones de euros sin ejecutar en el presupuesto de 2017 y 100 personas que mueren al día sin recibir la ayuda concedida; un desmantelamiento de la red pública de servicios sociales con una infame
financiación de 48 millones de euros en sus presupuestos generales (aplausos); uno de cada tres niños y niñas se encuentra en riesgo de pobreza y el 16 % de esos niños y niñas está en situación severa de pobreza; incumplimiento por parte del
Gobierno del plazo para garantizar de manera efectiva las condiciones de accesibilidad universal; el 44 % de la población española no puede seguir una alimentación saludable debido a su coste; el Plan Nacional de Drogas vaciado de presupuesto. La
ministra ha desoído la revolución que ya está teniendo lugar. Lo que sí ha hecho el Gobierno, lo que sí ha escuchado dentro de su Consejo de Ministros ha sido ir vetando todas aquellas proposiciones de ley que buscaban dar respuesta a estas
demandas de la ciudadanía. Ley de prestación por hijo o hija a cargo, porque precisamente nos parece alarmante la situación de la infancia, vetada. Ley de permisos de paternidad y maternidad iguales e intransferibles porque nos tomamos en serio la
brecha salarial, el techo de cristal y la división sexual del trabajo, vetada. Lo que sí ha hecho el Gobierno ha sido posar en fotos; por ejemplo, con un pacto de Estado. Por cierto, justo a la salida de declarar en la Audiencia Nacional. Y
seguimos -siguen ustedes- sin saber quién es el misterioso ladrón M. Rajoy. Se han hecho fotos y estampas. Se ha hecho usted, ministra -ahora presente, le doy la bienvenida-, fotos con papeles mojados y ha mentido. La ministra ha mentido a esta
Cámara y a la ciudadanía y además ha reconocido tácitamente que mentía después de repetir que había 200 millones de euros para el Pacto de Estado en materia de Violencia de Género cuando su grupo, el Grupo Popular, se sumó a la enmienda para que al
menos haya 120 millones para las comunidades autónomas y ayuntamientos. De los 80 que tienen que quedarse en la Administración General del Estado y que no están ya hablamos la semana pasada. Y viendo cómo luego aplaudían y jaleaban la aprobación
de los presupuestos y lo que implican, implican recursos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no tengas que esperar a poner una denuncia en las unidades especializadas en violencia machista hasta el lunes porque resulta que es fin
de semana, formación a operadores jurídicos, prestaciones, servicios, atención, ayuda. Lo que implica se ve que entró por un oído y salió por el otro. Y todavía el Grupo Parlamentario Popular, tras votar esos Presupuestos Generales del Estado, se
atrevía a decir: Sí se puede. Para ustedes está claro que sí se puede: sí se puede robar, sí se puede mentir y sí se puede defraudar a la ciudadanía. (Aplausos). Pero no, no se puede -y me dirijo a la todavía ministra- negar los derechos de las
mujeres por más tiempo: nuestro derecho a una vida libre de violencias machistas, nuestro derecho a decidir sobre nuestro propio cuerpo sin que luego venga una letra pequeña que nos lo cuestione, nuestro derecho a trabajar en igualdad, a cuidar en
igualdad y a ser cuidadas también. Por cierto, señora ministra, ayer se celebró -como viene haciéndose desde el año 1987- el Día Internacional de Acción por la Salud de la Mujer. Ni hubo ni una mención ni un tuit y eso que atraviesa el ministerio
por dos flancos. No es que ahora vaya a arreglar el desaguisado de su ministerio con tuits o con gestos, pero vemos que ni siquiera están los gestos. Algo más que un gesto, señora ministra, sería que se dirigiese a la Cámara, a la ciudadanía, a
los micrófonos o a donde fuera que esté ejerciendo usted su cargo de ministra respetando la Ley para la igualdad efectiva y utilizando un lenguaje que no nos invisibilice y no nos excluya. Una piensa que, siendo usted ministra -con a-, podría
comprender mejor cómo las mujeres hemos estado apartadas históricamente del espacio público y qué batallas han dado las pioneras feministas para que saliésemos del gineceo al que incluso grandes pensadores a los que debemos ciertos avances, como
Rousseau, nos querían tener relegadas, pero se ve que no. Se ve que este ministerio de la sostenibilidad de la vida no se lo ha tomado nada en serio. En estos tiempos de revolución de las mujeres casi la hemos visto más hablar a los medios sobre
Cataluña que sobre su cometido en el ministerio.
Hoy votamos para que sea reprobada porque ya está bien. Votamos para que se vaya usted, ministra, que está aquí ahora, y también todo el Gobierno; igual que lo dijimos hace un año e igual que apoyaremos la moción de censura que se ha
presentado ahora. Y aprovecho este tiempo, y aprovéchelo también usted, señora ministra -y esto se lo digo porque he dedicado probablemente la parte más importante de mi vida a invitar a la lectura-, con Goldman, Beauvoir, Zambrano, Rich, Federici,
Fraser, Davis, Pazos o Gimeno, porque hay muchísimas mujeres que piensan cómo hacer políticas para colocar las vidas de todas las personas, sin ningún tipo de exclusión, en el eje. Nos debemos a ellas y nos debemos a las que vendrán. Señora
ministra, lea y deje de poner a su ministerio y a la Cámara en ridículo. Reprobemos a Dolors Montserrat y echemos a este Gobierno por pura dignidad democrática.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Fernández Castañón.
Al no haberse presentado enmiendas a esta iniciativa, pasamos al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyor president.
Señorías de Podemos, Sofía, queremos reprobar a la ministra; claro que queremos reprobar a la ministra. Lo tenemos clarísimo. Nos parece indecente lo que está pasando. Nos parecen indecentes los ocho meses sin aplicar las medidas del
pacto de Estado. Nos parece indecente el incumplimiento del acuerdo económico que arrancamos en esta Cámara. Nos parecen indecentes las campañas que justifican las violaciones a mujeres jóvenes. Nos parecen indecentes los videos promocionales
donde las enfermeras aparecen con cofias y minifaldas. Nos parece indecente hasta que haya nombrado de jefa de gabinete a una antiabortista. Nos parece indecente, sí, y queremos reprobarla; claro que queremos reprobarla. (Aplausos). El problema
es que a este Gobierno le da igual a quién reprobemos en esta Cámara. Le da igual lo que diga esta Cámara. Podemos reprobar a todo el Gobierno entero si nos da la gana, que no se van. De hecho, llevamos reprobados a cuatro ya: a Montoro por una
amnistía fiscal inconstitucional, a Dastis y Zoido por incumplir las cuotas de acogida de personas refugiadas y a Catalá por injerencias en las investigaciones de los casos de corrupción de su propio partido.
Su propio partido ha acabado condenado por esos mismos casos de corrupción. ¿Y qué ha dicho M. Rajoy? Que no se va, que se queda sentadito en su sillón, que no se va, no se quiere ir. Les da igual lo que digamos y lo que hagamos en el
Parlamento. Tenemos una posibilidad de acabar con esto, tenemos la posibilidad de, este viernes, aprobar una moción de censura, de acabar con este Gobierno indecente. Tenemos la posibilidad, y ahí le tiendo la mano a Ciudadanos; acabemos con este
sufrimiento, acabemos de verdad con esta legislatura, mandémoslos a casa ya. Tenemos la oportunidad, no esperemos más, este mismo viernes los podemos mandar a casa. Este Gobierno agoniza y podemos pasar página a la corrupción y a la indecencia.
Aprobemos esa moción de censura que presenta el Partido Socialista, aprobémosla porque la gente se lo merece, las personas jóvenes y las viejas, las urbanitas y las rurales, se lo merecen los hombres y las mujeres, aunque ustedes no vean diferencias
entre unos y otros. Todo el mundo nos lo merecemos; merecemos que esa moción de censura del viernes salga, merecemos una moción de censura ya. (Aplausos).
El señor VICEPRESIDENTE (Prendes Prendes): Muchas gracias, señora Sorlí.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Agirretxea Urresti.
El señor AGIRRETXEA URRESTI: Gracias, señor presidente.
Intervengo desde el escaño. Esta moción que ha presentado el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos tiene dos partes; tiene una parte expositiva y de denuncia, la parte en la cual se hace un catálogo de incumplimientos, de
dejación de obligaciones y de malas prácticas con las que mi grupo puede estar de acuerdo en muchas de ellas porque consideramos que son datos constatables, y tiene una segunda parte, que es la solución que propone a eso que denuncia, que es la
reprobación, el cese y la sustitución de la ministra. En vísperas de una moción de censura -porque la compañera Marta ahora mismo ha hablado casi más de la moción de censura que de la reprobación- no sé si es lo más oportuno presentar esta
proposición ahora, cuando pasado mañana vamos a tener la oportunidad -cada uno votando lo que vote- de censurar no solo a una ministra sino a todo el Gobierno. Por lo tanto, no sé si esto era lo más adecuado; pueden decir que era un tema que ya
estaba en el orden del día. En cualquier caso, en la parte denunciada por parte de Podemos coincido en que hay una serie de cuestiones
verdaderamente lamentables. Entendemos y compartimos el hartazgo político de quien la ha presentado por algunas circunstancias que ustedes citan en la moción y de las que nosotros también somos partícipes. Las medidas adoptadas en el Pacto
de Estado contra la Violencia de Género son de obligado cumplimiento, sin duda alguna, pero creo que ahí se retuercen un poco en el exceso tendente a la hipérbole y a la exageración en algunas afirmaciones, entre otras cosas porque también a ustedes
a veces se les va el foco y no todo lo que plantean que hay que hacer es obligación del Gobierno, también hay competencias de otras comunidades, etcétera, que parece que se obvian y todo se mete en el mismo saco. (La señora vicepresidenta, Navarro
Garzón, ocupa la Presidencia). Creo que el tema de la subsecretaria, señora González-Criado, es un elemento que ustedes han incluido y no nos parece precisamente lo más decoroso y más correcto. En cualquier caso, consideramos que la parte
denunciable es la que es, son hechos constatados, y creo que hay que trabajar para que eso no exista, para que eso se solucione. Ahora bien, no sé si la mejor solución es la reprobación de la ministra, aunque compartimos muchas cuestiones. Por lo
tanto, nosotros mantendremos nuestra posición a la hora de la votación.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señor Agirretxea Urresti.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra Spadea.
La señora SURRA SPADEA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, ha sido un orgullo para todas las diputadas de esta Cámara que algunas compañeras pasaran horas de trabajo elaborando en nombre de todas el informe de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de
Género y que este haya sido aprobado por unanimidad. Ahora bien, si el mismo no se pone en marcha, no se dota de presupuesto y no se traduce en la implementación de políticas públicas de igualdad, ese trabajo no habrá servido para nada. Es más, si
el Pacto contra la violencia de género, que tendría que haberse llamado pacto contra la violencia machista, fue aprobado con la única intención por parte del Gobierno de hacerse la foto, presumiendo de feminismo para frenar el auge de la lucha en
las calles y la movilización social de cientos de miles de jóvenes y trabajadoras, es un pacto de cartón. ¿Cuál es el motivo por el que se está frenando? ¿Acaso es una cuestión ideológica? ¿Es también una cuestión ideológica que el sistema
judicial no dé credibilidad a las mujeres ante sus agresores? ¿Qué pasó con la resolución de La Manada? En todo caso, las multitudinarias protestas en todo el territorio frente a dicha resolución no pasaron desapercibidas para nadie. ¿Cuál fue la
respuesta del Estado español? Crear una comisión, que, en la mayoría de los casos se pierde en el tiempo y no resuelve nada y que el ministro forma en un principio solo con veinte hombres. Peor, imposible.
Todos y todas sabemos que el pacto no es perfecto, pero también somos conscientes de que es la oportunidad para empezar a trabajar con determinación y consciencia. Muchas de las medidas pactadas no requieren reformas legislativas, son
simplemente mejoras en la prevención y en la sensibilización o revisiones de protocolos o de formación. Así que preguntamos: ¿Para cuándo? El pacto de Estado acordó una dotación de 200 millones de euros al año durante cinco años para activar
todas las medidas. De hecho, y cabe decirlo una vez más y las veces que haga falta, es una cantidad ridícula, sobre todo si la comparamos, por ejemplo, con la inversión del rescate de carreteras, que costó 3718 millones de euros, o con los recortes
de educación, que desde el año 2012 ascienden a 10 000 millones de euros. Es una dotación que prácticamente en su totalidad debería ser para las comunidades autónomas, ya que son estas las que ostentan las competencias que permiten desarrollar el
plan. Poco antes de fin de año se nos aseguró que ese presupuesto de 200 millones de euros sería gestionado de la siguiente manera: 100 millones de euros por las comunidades autónomas, 80 millones de euros por el Ejecutivo y 20 millones por los
municipios. ¿Qué pasó? La violencia machista no es solo el fruto de intolerantes y salvajes actitudes personales, también es la consecuencia de una sociedad en la que, implícita y cotidianamente, se vive y se legitima la violencia y el machismo.
La lucha no es solo la erradicación de la violencia machista, sino la erradicación del machismo, y esperemos que algún día también sea la erradicación de la violencia.
Con todo este panorama, con más mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas y casi en pleno mes de junio llegamos a la aprobación de unos presupuestos machistas y con insuficiente dotación para llevar a cabo el pacto de Estado. Al final,
supongo que para que no se les cayera la cara de vergüenza y ante la primera sentencia de la Gürtel, no le quedó otra al partido de M. Rajoy que sumarse a la transaccional que la oposición, en bloque, planteó la semana pasada y que, al final, va a
sumar 200 millones de euros a los Presupuestos Generales del Estado de 2018; insuficientes, claramente insuficientes, pero un punto de partida para trabajar por una sociedad civilizada. Todo lo demás es retroceder en la historia. Nosotras,
como republicanas y librepensadoras, apostamos por el futuro que, sin duda, será una república libre, democrática y feminista.
Gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Surra.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Reyes Rivera.
La señora REYES RIVERA: Gracias, presidenta.
Señorías, francamente a mí me da vergüenza subir hoy otra vez a esta tribuna para hablar de nuevo del Pacto de Estado contra la violencia machista; un pacto que lleva ocho meses aprobado y que no se ha puesto en marcha. Es vergonzoso que
el Partido Popular, el Gobierno, la ministra Montserrat, el señor Rajoy no hayan movido un solo dedo para implementarlo. Miren, señorías populares, nosotros no olvidamos cómo utilizó el señor Rajoy este pacto. Lo presentó el mismo día que tuvo que
declarar en un juzgado por la corrupción, ahora ya acreditada, por cierto, de su partido; organizó un macroacto presentando el pacto como si fuera algo exclusivo del Partido Popular. Ese día yo también sentí vergüenza, vergüenza ajena. Según se
han ido desarrollando los acontecimientos, lo que sentimos ahora es indignación, porque se ha demostrado claramente que lo único que quería el señor Rajoy era blanquear su imagen a costa de las víctimas. (Aplausos). El pacto poco les importa,
señorías. Aun así, les diré que nosotros, Ciudadanos, no nos vamos a rendir. Conseguiremos que este pacto se materialice... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Señorías, guarden silencio por favor.
La señora REYES RIVERA: ... porque es un buen pacto que ayudará a muchas mujeres, y lo haremos esté quien esté en el Gobierno y, desde luego, esperamos que, como corresponde, sean los españoles quienes decidan esto.
Pero, señorías de Podemos, es vergonzoso también que las víctimas de violencia machista tengan que presenciar otro teatrillo más, como el que nos traen hoy. Precisamente el grupo que no apoyó el pacto de Estado ahora pide que se cumpla; el
grupo que, junto con el Partido Socialista, se niega a aprobar unos presupuestos que incluyen el dinero que necesitan las víctimas. Hace falta verdadero cinismo para presentar una iniciativa como esta y hace falta desfachatez para subirse aquí, a
esta tribuna, mirar con aires de superioridad al resto de diputadas de esta Cámara -a las que no son de su partido, por supuesto- y pretender darnos lecciones de feminismo a todas y a todos. (Aplausos). Su feminismo, que abuchea a mujeres -¿dónde
quedó la sororidad, diputadas de Podemos?-; su feminismo, que prohíbe pactar con el de enfrente. La política feminista supone llegar a acuerdos. ¿Saben quién dijo esto? Usted, señora Castañón. ¿Dónde están esos acuerdos? ¿A cuántos han llegado
ustedes en esta legislatura? Cero. Otra contradicción más de las suyas. (Aplausos). Ustedes no tienen ninguna autoridad moral, no la tienen, señora Castañón. Su partido nada siempre en la pura incoherencia. Estamos ya muy acostumbrados a ver
cómo dicen una cosa y luego hacen justamente lo contrario. El feminismo que ustedes practican no es ninguna excepción a todo esto, señorías.
Miren, no están en condiciones de dar lecciones a nadie. Nunca han querido que se pusiera en marcha el pacto de Estado contra la violencia de género. Las víctimas son un mero instrumento que les sirve para dar espectáculo y para intentar
colar cierta ideología que nada tiene que ver con el feminismo, por cierto. Díganme, por favor, qué tiene de positiva esta iniciativa para las víctimas. Claro que la ministra Montserrat se merece una reprobación, pero no solo ella, sino todo el
equipo de Gobierno, empezando por el presidente, el señor Rajoy. (Aplausos). Pero, ¿qué creen ustedes que pasará si esta Cámara acuerda hoy la reprobación de la ministra? ¿Cambiará la vida de esas mujeres? Saben muy bien que no. Ya se ha
reprobado a otros ministros y nada cambió. Esta moción, con todo el respeto, no aporta absolutamente nada a la lucha contra la violencia machista. Es cierto que el Gobierno no ha puesto en marcha ninguna medida, pero esta moción no va a contribuir
a que lo hagan. Cambien de estrategia de una vez y sean, por primera vez, un poquito más prácticos, por favor.
Nosotros hemos presentado diferentes iniciativas para su puesta en marcha. Hemos enviado varias cartas a la presidenta y a la Mesa del Congreso exigiendo que se constituyera la Comisión de seguimiento de este pacto, que es la herramienta
con la que contamos aquí, en el Parlamento, para obligar al Partido Popular. Gracias a la insistencia de mi grupo, esta Comisión esta ya hoy constituida. En ella, hemos pedido también la comparecencia de todos los ministros y responsables del
Gobierno que deben poner en marcha este pacto, porque no es solo la ministra Montserrat. Aparte de estas comparecencias, somos el
único grupo, por cierto, que ha presentado allí otro tipo de iniciativas para que de manera urgente el Gobierno actúe ya de una vez.
Señorías, dejando a un lado intereses partidistas, hemos negociado y votado a favor de un presupuesto que incluye el dinero del Pacto contra la violencia de género. ¿Qué han hecho ustedes? Votar en contra, creo. Nosotros no nos hemos
rendido nunca ni lo haremos. ¿Saben por qué? Porque tenemos en mente a todas esas mujeres que están sufriendo y que buscan agarrarse a algo para poder salir de ese pozo; también a las supervivientes, que han salido y necesitan ayuda para rehacer
su vida; a los huérfanos de esta violencia y también a las niñas, que podrán sufrirla el día de mañana. Pase lo que pase no nos vamos a rendir porque es nuestra obligación no hacerlo. Es cierto que se cese o no a la ministra de Igualdad, esta
legislatura está ya muerta; la corrupción, ya acreditada, del Partido Popular la ha matado. Pero lo que necesita este país es estabilidad, así que, señorías de Podemos, si realmente quieren que el pacto de Estado salga adelante, les invito a que
se dejen ya de tanto espectáculo y a que nos unamos para ponerlo en marcha gobierne quien gobierne.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Reyes Rivera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cuello Pérez.
La señora CUELLO PÉREZ: Gracias, presidenta.
Parece que después de escuchar a la señora Reyes el único partido que ha trabajado en esta Cámara por el pacto de Estado ha sido Ciudadanos, cosa que me extraña, porque aquí hemos trabajado mucho todas las compañeras de esa subcomisión.
(Aplausos).
A esta moción de Podemos le faltan horas, señora Castejón, horas de trabajo para que pudieran corregir los errores que hay en ella y que no se arreglan con una enmienda del resto de fuerzas políticas; errores como el del primer punto, donde
instan al Gobierno a reprobar a una ministra cuando quien reprueba es la Cámara.
Señorías, hoy el debate está en reprobar la pasividad de un ministerio, en reprobar la indiferencia y el incumplimiento de una ministra ante la situación de absoluta desprotección a la que arrojan a millones de personas en nuestro país.
Está claro que en esta legislatura no hemos tenido ministra de Sanidad, ministra de Servicios Sociales ni mucho menos ministra de Igualdad.
Hay indiferencia e incumplimiento con el pacto de Estado. El PP se ha visto cercado -está claro y se ha demostrado-, acorralado por la presión en la calle del movimiento feminista, que ha demostrado que en relación con la lucha contra la
violencia machista no va a admitir ningún retroceso; en la Cámara también se ha visto acorralado por la negociación del Grupo Socialista con el resto de grupos del arco parlamentario y no le ha quedado otra que apoyar -con poco entusiasmo, eso sí-
la enmienda de los 120 millones que le faltaban del compromiso presupuestario. Ante la soledad, han escogido el pacto. Señora Montserrat, parece que no está dispuesta a cumplir el mandato de la Cámara al aprobar el pacto con la abstención de
Podemos. Ocho meses -lo han dicho ya- han pasado desde la aprobación del pacto y todavía no tenemos calendario para el cumplimiento de las medidas ni los fondos puestos a disposición de comunidades autónomas y ayuntamientos para cumplir sus
competencias. Está claro que nos queda un camino largo por recorrer para erradicar la violencia machista, pero ese camino será aún más tortuoso mientras al mando del ministerio se encuentre la señora Montserrat, y al mando del Gobierno, el Partido
Popular. (Aplausos).
Hay incumplimiento también en sanidad. Hace solo una semana el Pleno aprobó una moción del Grupo Socialista que supuso una enmienda a la totalidad de la política de su Ministerio de Sanidad, lo que conllevaría cambios que afectarían desde
la universalidad de la asistencia al copago, pasando por las reformas de gestión privada, el fondo de cohesión o la retirada de recursos judiciales a determinadas iniciativas autonómicas, porque usted predica el diálogo pero practica el ruido y la
imposición.
Hay incumplimientos también en servicios sociales, señora Montserrat. Parece indiferente ante las cifras de pobreza infantil en nuestro país. Las organizaciones de infancia demandan cambios urgentes y profundos y avanzar en el diseño de
políticas públicas que mejoren la situación de la infancia en nuestro país, cosa que con este Gobierno es imposible, y las cifras hablan por sí solas.
Señorías, la ministra Monserrat tiene abandonado, totalmente abandonado, el sistema de atención a la dependencia, después de que su Gobierno lo haya debilitado hasta el extremo. Vuelve a suspender el nivel acordado de financiación y tampoco
consigna partida presupuestaria para recuperar las cotizaciones a la Seguridad Social a cargo del sistema para las cuidadoras profesionales. Se desentiende en estos
momentos de una lista de espera donde fallecen 3000 personas al mes que tenían un derecho reconocido sin percibir servicios o prestaciones. Como nota, quiero decirle que en el Parlamento de Andalucía, el pasado jueves, el Partido Popular,
su partido, votaba a favor de una iniciativa del Grupo Socialista para elevar las prestaciones económicas en el entorno familiar y a personas cuidadoras profesionales en un 15 % y recuperar las cotizaciones a estas cuidadoras a cargo exclusivo del
Estado. Como ven, ni en sus propias filas apoyan ya sus medidas. Este ministerio continúa frenando los avances en la integración de las personas con discapacidad. ¡No se libra de ninguna área, señora Monserrat! Como ejemplo, el que se refleja en
esta moción: incumplimiento para lograr las condiciones básicas de accesibilidad para espacios, productos y servicios. No hay ninguna partida destinada a avanzar en esta materia.
Hablamos también de consumo. Los datos son alarmantes. El número de jugadores online crece un 34 % en un año. Hemos exigido desde esta Cámara al Gobierno que ponga medidas para proteger, fundamentalmente a los niños, de estos juegos tan
perjudiciales. Aprueban las iniciativas en Comisión, pero luego esta medida no la lleva a cabo el Gobierno del Partido Popular.
En definitiva, y para terminar, es necesario revertir los recortes y los retrocesos en igualdad y en políticas sociales llevados a cabo por esta ministra, por su ministerio y por su Gobierno; Gobierno que tendremos la oportunidad de
reprobar el próximo viernes.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Navarro Garzón): Muchas gracias, señora Cuello Pérez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alba Mullor.
La señora ALBA MULLOR: Gracias, señora presidenta.
Señorías, antes de empezar mi intervención quería dirigirme a la señora Sorlí para decirle que en estos bancos y en este Gobierno no hay indecentes (aplausos); en estos bancos y en este Gobierno hay personas preocupadas por los problemas
reales de los españoles, y si busca usted indecentes, búsquelos en otros bancos, no en estos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
Señorías, creo que toda la Cámara y todos los españoles estamos de acuerdo en que una sola víctima causada por la violencia de género es demasiado y, por ello, hemos trabajado sin descanso para colocar la lucha contra la violencia de género
como una verdadera política de Estado, excepto, lógicamente, el grupo que nos ha traído esta moción hoy aquí, a Pleno. Es una moción que ya no se refiere solo al pacto, como inicialmente presentaron, sino que pide la reprobación de la ministra,
precisamente de la ministra más comprometida con la igualdad y la lucha contra la violencia de género. (Aplausos). Señorías de Podemos, ustedes se han equivocado por completo. En un nuevo ejercicio de irresponsabilidad, vienen hoy aquí a
presentar una moción para reprobar a la ministra que ha logrado en solo un año y medio dos hitos muy importantes: el tan ansiado pacto de lucha contra la violencia de género y el mayor presupuesto destinado en la historia a luchar contra ella.
Señora Fernández, su discurso del pasado 9 de mayo fue un relato de incorrecciones o incoherencias -vamos a dejarlo en eso-, pero la moción que presentan hoy está plagada de mentiras e inexactitudes. (Aplausos). Tienen tantas prisas que
incluso se inventan nombramientos imaginarios.
En primer lugar, el pacto no se aprobó en esta Cámara, lo que se aprobó fue el informe de la subcomisión, y ustedes vienen a considerar que el informe es el pacto y dejan fuera del mismo a todos los actores que lo suscribieron y los reducen
a meros comparsas que no han tenido participación alguna y cuya adhesión les resulta irrelevante. El pacto se suscribió el 27 de diciembre de 2017, no en septiembre, como también han afirmado desde Ciudadanos, con la adhesión de comunidades
autónomas, ayuntamientos, partidos políticos, Administración de Justicia y asociaciones sindicales, empresariales y civiles. Ustedes lo saben, pero les da igual.
En segundo lugar, es totalmente falsa su afirmación de que no se ha implementado ninguna medida del pacto. Es falsa -también en esa falsedad ha incurrido Ciudadanos- y de nuevo lo saben, pero les da igual; les da igual engañar a la
ciudadanía, quitarles la esperanza a las víctimas, a sus hijos e hijas y, de paso, intentar arañar un puñado de votos sustentados en afirmaciones que no son verdad.
Respecto a las medidas legislativas, hay un escaso plazo de seis meses y las leyes no se hacen en una hora ni se reforman con un tuit, requieren un enorme trabajo y...
La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
La señora ALBA MULLOR: ...ya se está llevando a cabo, por lo que próximamente se traerá a la Comisión de seguimiento así como a las comisiones permanentes un anteproyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 1/2004, que incorpora
las reformas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, del Código Penal y del Código Civil, entre otras.
Respecto al resto de medidas, de las que se dice que no se ha llevado a cabo ninguna, lo cierto es que con un horizonte temporal de cinco años sería de suponer que una realización del 20 % anual ya sería suficiente, pero a la fecha de hoy,
menos de seis meses después, ya se han implementado el 18 % de las mismas y, de las restantes, el 57,5 % están en proceso. Sobre esto ya les avanzo que este grupo parlamentario va a registrar en breve las correspondientes solicitudes de
comparecencia ante la Comisión de seguimiento, para que dispongan ustedes de cumplida información y, de nuevo, puedan seguir ignorándola. (Aplausos). Por lo tanto, señorías, conocen ustedes el calendario y les da igual. La financiación ya estaba
en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado, pero en aras de un mayor consenso cambiamos su ubicación, escuchando a los demás grupos parlamentarios y, aun así, la han rechazado. Han rechazado ustedes la mayor consignación en unos
presupuestos para la lucha contra la violencia de género porque solo les interesa la confrontación y no les interesa el trabajo que entre todos podríamos llevar a cabo para luchar contra esta lacra.
Dicho esto, una vez desmontado el argumento de la violencia económica, no podemos admitir y no le admito, señora Fernández Castañón, que desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea atribuyan una responsabilidad institucional al Gobierno en
los asesinatos por violencia contra las mujeres. No se lo admito, del mismo modo que jamás se lo admitiría si se lo dirigiera a Gobiernos de otro color político. (Aplausos). Con esa afirmación sobrepasan todos los límites. El responsable es el
asesino, es el maltratador y no le van a restar ustedes responsabilidad derivándosela al Gobierno. Eso sí que es un juego de trileros, es falso y malintencionado. (Aplausos).
Señorías, lo cierto es que frente al país en negro que pintan ustedes desde su perspectiva pesimista, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno del Partido Popular, hoy hay más mujeres trabajando que nunca, se ha rebajado la brecha
salarial en cuatro puntos y está por debajo de la media europea. Además, ha sido un Gobierno del Partido Popular el que ha incluido la igualdad como principio transversal del sistema educativo. Podría seguir enumerando medidas, pero no tiene
sentido, porque les da igual. Ustedes no han venido a construir ni a sumar, ustedes se mueven con total comodidad en el conflicto y fuera de él no tienen discurso. Por eso no se sumaron al Pacto contra la violencia de género y por eso siguen
haciendo política partidista de este tema, aunque haya que distorsionar la realidad para ello.
Señorías, a quien hay que censurar y reprobar hoy es a Podemos, que ni siquiera suscribió el pacto y que no aprobó la mayor dotación presupuestaria en la historia para la lucha contra la violencia de género. (Aplausos). El pacto de Estado
es una apuesta decidida de este Gobierno y un compromiso personal del presidente Mariano Rajoy y no se alcanzó para quedar en papel mojado. Las víctimas de violencia de género esperan nuestro apoyo y cariño y no que estemos hoy aquí discutiendo.
Hoy les hacen un flaco favor a las víctimas. Es un día triste, pero no se preocupen, el Gobierno y este grupo seguirán trabajando en lo que ustedes no han hecho, apoyar a las víctimas, a sus hijos y a sus familias para erradicar la violencia de
género en España. Señorías, la desigualdad es el germen de la violencia y, citando las palabras de la ministra en su intervención ante la interpelación de Podemos, la igualdad es la llave para abrir mentes y alcanzar una sociedad justa, igualitaria
y libre de cualquier tipo de violencia. Esa igualdad no es suya ni nuestra, es de todos. No se la arroguen ustedes, señorías, porque hacen un flaco favor a las mujeres, a las víctimas, a sus hijos y a la sociedad en general.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA POSICIÓN ESPAÑOLA SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA Y EL NUEVO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL DE LA UE 2021-2027. (Número de expediente 173/000093).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, relativa a la posición española sobre el fortalecimiento de la Unión Económica y Monetaria y el nuevo marco financiero
plurianual de la Unión Europea 2021-2027.
Por el grupo autor de la iniciativa, tiene la palabra el señor Saura García.
El señor SAURA GARCÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, la cumbre europea del 28 y 29 de junio es crucial para el futuro de España, para el futuro de Europa y, evidentemente, para todos los europeos, máxime en un momento en el que la crisis italiana está contaminando en este momento las
primas de riesgo y los problemas económicos en Europa. (Rumores.-Protestas).
La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio, por favor.
El señor SAURA GARCÍA: Señorías, en serio, nos estamos jugando mucho en esta cumbre. Nos estamos jugando, en primer lugar, que la economía española y la economía europea sean mucho más resistentes ante las crisis económicas; nos estamos
jugando que cuando se produzca una crisis económica el coste, el sufrimiento de la misma sea mucho menor; nos estamos jugando también la capacidad, la eficacia para luchar contra la desigualdad y contra la inseguridad que se producen para millones
de españoles y españolas y también para millones de europeos; nos estamos jugando, por tanto, muchísimas cosas.
Estos días se ha descubierto que, después de nueve años desde el comienzo de la crisis, no se han puesto los instrumentos necesarios ni se han hecho las políticas adecuadas para que el riesgo bancario y el riesgo soberano, ese bucle
diabólico, se consiguiera romper. En ese contexto el Gobierno ha hecho una propuesta que, desgraciadamente, no ha pasado por este Parlamento, que no se ha debatido ni se ha consensuado aquí.
Además en esta cumbre tan importante España tiene que hacer valer su papel, su fuerza, su poder como tercera o cuarta economía de la zona euro, pero, desgraciadamente, ante esta cumbre crucial, Rajoy ha dimitido del debate sobre el futuro de
Europa y del debate de la reforma del euro, al menos por dos razones. En primer lugar, porque la propuesta que el Gobierno ha hecho y que no se ha debatido en el Congreso de los Diputados es una propuesta muy poco ambiciosa, que nos coloca a la
cola del europeísmo en el conjunto de países de la Unión Europea; es incluso menos ambiciosa que la propuesta de la Comisión Europea o lo que está reclamando el Banco Central Europeo de manera alarmante, que está pidiendo ser ambiciosos y,
lógicamente, avanzar en la política fiscal. Esa es la primera razón por la que decimos nosotros que Rajoy ha dimitido de la reforma del euro. En segundo lugar, por la falta de credibilidad y de reputación del Gobierno español en un momento en el
que está acorralado por la corrupción. Esa falta de reputación en Europa hace que en una cumbre tan importante la posición de España en Europa no se oiga con la fuerza necesaria para abordar el problema que tenemos en este momento, que es
importante, porque nos estamos jugando el futuro y el bienestar de los europeos a medio plazo.
Oía hace unos segundos el murmullo de los diputados y diputadas del Partido Popular cuando hablaba sobre la contaminación entre el riesgo bancario y el riesgo soberano. Solamente les tengo que decir que, efectivamente, la evolución de la
prima de riesgo de estos días no tiene que ver con factores nacionales. (Risas.-Rumores). Sí; voy a terminar si me lo permiten, señora presidenta. Digo que no tiene que ver con factores nacionales y esto, fundamentalmente, se pone de manifiesto
en el hecho de que es la prima de riesgo que mejor se ha comportado de las cuatro economías periféricas de la Unión Europea; por ejemplo, en el día de hoy el bono a diez años ha bajado con relación al resto de bonos. Pero, señores, en nuestro
país, si me lo permiten, no tenemos un problema de prima de riesgo, tenemos un problema de primo de riesgo, que se llama Luis Bárcenas. (Aplausos). Este es el problema que tiene España, no de prima de riesgo, sino de primo de riesgo, de Luis
Bárcenas y de la corrupción del Partido Popular, el problema más importante que tiene nuestro país, también el económico. Y en dicha reunión se va a hablar, señorías, no solamente de la unión bancaria. He oído hablar aquí en estos últimos días de
que solamente en esa cumbre se va a hablar de la unión bancaria, y me he tomado la molestia de ir a la agenda de la reunión y no solamente se va a hablar de la unión bancaria -no se podría hablar solo de la unión bancaria-, sino que se va a hablar,
señorías, de la unión fiscal, de la reforma en conjunto del euro. No se podría hablar solo de la unión bancaria, como dijo el ministro aquí, y se va a hablar de la reforma del euro en su conjunto.
¿Y por qué no se puede hablar solo de la unión bancaria? En primer lugar, porque la unión bancaria completa, una unión bancaria eficaz no se puede abordar si no hay unión fiscal como se está poniendo de manifiesto en estos días. Si no hay
unión fiscal que respalde, al final hay problemas con los bancos, hay problemas en los balances de los bancos y hay contaminación entre crisis bancaria y crisis de deuda
pública. Por tanto, señorías, no se puede hablar solo de unión bancaria sin hablar de unión fiscal, como dice el propio documento de la agenda de la cumbre de los días 28 y 29.
En segundo lugar, señorías, no se puede hablar solo de política monetaria y de política bancaria porque el propio Banco Central Europeo ha puesto de manifiesto que la política monetaria está sobrecargada, que tiene sus límites, y que se
necesitan esos estabilizadores anticrisis para poder abordar los riesgos que estamos viviendo en este momento.
¿En qué consiste, señorías, la moción del Grupo Socialista? La moción del Grupo Socialista...
La señora PRESIDENTA: Señor Saura, ha excedido ya su tiempo.
El señor SAURA GARCÍA: Señora presidenta, termino ya diciendo que nos gustaría contar con el apoyo de la Cámara, porque en esa cumbre tan importante la posición del Gobierno es una posición de mínimos, poco ambiciosa, y desgraciadamente
también Rajoy ha dimitido de esa cumbre europea.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda formulada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán Monés.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidenta.
Señor Saura, por una vez creo que vamos a estar de acuerdo en algo, y es que pienso y comparto con usted el diagnóstico que hace: Europa está en un momento frágil. Hace un año todos estábamos mirando las pantallas de la televisión y
estuvimos básicamente al borde del precipicio, porque un gobierno populista de extrema derecha estuvo a punto de ganar las elecciones en Francia, una nación central para el proyecto europeo. Por suerte el reformismo ambicioso, la capacidad de un
Gobierno que rompió con el inmovilismo del bipartidismo ofrecía una alternativa, y les dijo a los franceses: se puede cambiar Europa, se puede proteger mejor a los ciudadanos y se puede tener un proyecto alternativo al del bipartidismo, y consiguió
ganar las elecciones frente al inmovilismo y frente al populismo.
Comparto también que este Gobierno ha sido incapaz -somos la cuarta nación o la tercera, según se mire, de Europa- de transmitirnos el relato de Europa. No conozco cuál es el relato de este Gobierno sobre Europa, no lo conozco. ¿Qué dicen
en los debates que se están abriendo en Europa desde hace tiempo? Está el informe de los cinco presidentes, está Macron hablando de reformular la democracia en Europa, y están varios Gobiernos europeos con ello. Incluso Merkel es más ambiciosa en
su europeísmo que ustedes. Estamos hablando de reformar la unión monetaria para ofrecer un mecanismo, un backstop, para las economías que entran en crisis. Estamos hablando de ofrecer un presupuesto común para la eurozona que permita corregir los
desequilibrios asimétricos que tenemos. Estamos hablando de prepararnos para proteger mejor a los ciudadanos, pero como en todo lo demás esta Gobierno es incapaz de ofrecer respuestas. (Risas del señor Hernando Fraile).
Déjenme que les diga una cosa. Hay algo todavía peor. Es cierto que Italia está ahora en un momento de extrema fragilidad y que empieza a moverse el euro. Estamos todavía con una eurozona incompleta y con una gobernanza que nos hace
frágiles a otro ataque especulativo y a otra potencial crisis. Un Gobierno corrupto no puede ser la garantía de estabilidad para este país (aplausos), un Gobierno incapaz de liderar reformas en Europa no puede ser la alternativa a este país, pero,
señor Saura, la alternativa tampoco puede ser un Gobierno de ochenta y cuatro diputados, con una coalición de Gobierno que parece el bar de La guerra de las galaxias. (Aplausos). ¿Qué es esto? ¿Usted viene aquí a reivindicar estabilidad, a
reivindicar liderazgo en Europa con el Gobierno que está ofreciendo a los españoles? ¿Por qué tienen tanto miedo a las elecciones? Ofrezcan un proyecto de futuro. Peleemos alternativas de gobierno para ofrecer un proyecto reformista alternativo a
la corrupción endémica del Partido Popular. (Protestas). Peleemos en las urnas y no nos lancemos a la urgencia, que nos puede llevar a una situación de enorme fragilidad. Así es como se va a leer en Europa su alternativa. Con el Gobierno que
plantean no vamos a conseguir reformas ni liderar en Europa un proyecto alternativo.
Ni el inmovilismo del Partido Popular ni las ocurrencias del Partido Socialista son la solución. La solución, señores del Grupo Socialista, es ir a elecciones cuanto antes para ofrecer una alternativa reformista y de futuro de este país.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Salvador Armendáriz.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señora presidenta.
La semana pasada saludamos el debate de la interpelación y hoy el de la moción, un debate en el que la palabra que más se repite es unidad y unión, algo de lo que -es verdad- el proyecto europeo carece en estos momentos, por culpa de
procesos internos que cuestionan su utilidad para preservar los intereses propios de cada Estado y para garantizar respuestas eficaces a desafíos comunes. Para nosotros, señorías, esa sería la reflexión más relevante en el debate de hoy. Es decir,
la fortaleza del proyecto europeo está en la unión, en la unidad como un valor, como un bien que debemos preservar. También aquí, frente a aventuras secesionistas y a intentos de construcción de suprarregiones artificiales basadas fundamentalmente
en sentimientos e identidades excluyentes. Por eso hoy podríamos aplicarnos en este debate esos principios tan cacareados, tanto en el debate de la semana pasada como en la propia moción. Cuando hablamos de Europa nos gustaría que, cuando
planteamos debates sobre propuestas fijáramos previamente aquellos acuerdos que trasladan esa unión, porque esa unidad de todos defendiendo las cosas que afectan a España nos hacen ser mucho más fuertes en nuestras posiciones.
Oyendo las intervenciones lo cierto es que es más lo que nos une que lo que nos separa, más allá del momento coyuntural en el que estemos ahora. Yo pensaba que por ser el debate tan técnico, tan complejo, podríamos haber llegado a una
solución de consenso entre todos para trasladar a esa cumbre una opinión mayoritaria, pero no ha sido así. Pretendemos un cierto oportunismo, un artificio o un protagonismo que no se corresponde con lo que deberíamos hacer. Me parece bien que
hayan llegado a un acuerdo con Ciudadanos, pero en este caso habría que haber hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo con el Gobierno. Ustedes dicen que es ambicioso, pero yo creo que en este caso es prudente; prudentes son los técnicos que hay
trabajando allí y gente muy profesional que lleva muchas horas trabajando para defender los intereses de España, presentar nuestras propuestas, etcétera. Más allá de eso creo que en la unión deberíamos aplicarnos aquí. Es verdad que vamos a
establecer una serie de mecanismos europeos compartidos muy importantes para corregir, supervisar, evaluar, detectar, controlar, rendir cuentas y sancionar en materia fiscal, bancaria y monetaria, pero la primera garantía de estabilidad sería tener
una buena gestión de las cosas aquí, y mantener los compromisos que hemos adquirido con Europa y la disciplina que debemos seguir manteniendo.
Por tanto ya le digo que si hubiéramos llegado a un acuerdo que pudiera trasladar una posición común de España ante esa cumbre, tendría nuestro voto favorable a su moción, pero si no hacemos ese esfuerzo de aquí a que termine el día, no
podrá contar con nuestro voto favorable y lo sentimos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
También por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Gracias, presidenta.
Señor Saura, efectivamente la situación de Europa es complicada y no desde las últimas semanas ni desde los últimos meses. Es una situación que no está resuelta y de la que todos -cada uno en su medida- somos responsables. En todo caso su
propuesta insta al Gobierno a defender ante las instituciones europeas unos principios con los que en términos generales estamos de acuerdo. Como estamos seguros de que también los van a defender nuestros grupos parlamentarios en el Parlamento
Europeo y nuestros Gobiernos a diferentes niveles, vamos a apoyar la propuesta y vamos a votar favorablemente.
Lo que pasa es que todo el debate de esta semana es un tanto extraño y todo es muy volátil. Ahora mi compañero, el señor Roldán -compañero de escaño, que no de partido-, decía que para dar estabilidad lo mejor eran las elecciones, pero la
semana pasada estaba justificando y votando un presupuesto para dar estabilidad. (Aplausos). ¡Todo es tan volátil y tan extraño! Señor Saura, ¿quién sabe quién va a ir a la cumbre de finales de junio? No lo sabe nadie. Ya que han presentado una
moción de censura, esmérense para encontrar la mayoría y quizá pueda ir un presidente socialista a la cumbre de finales de junio, y podamos pactar qué es lo que va a defender en nombre de toda la Cámara. Les quedan pocos días, pocas horas.
Trabájenlo y que les ayuden también sus compañeros de partido, los de hoy y los del pasado, porque algunos parece que no les quieren ayudar mucho y se lo digo sinceramente. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Silencio, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidenta. Arratsalde on.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Socialista nos plantea una moción muy parecida a una PNL planteada ya en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad hace unas cuantas semanas. El hecho de formar parte de una unión monetaria
tiene numerosas implicaciones, no solo económicas, sino también políticas, sociales y culturales; desde luego así lo hemos podido observar con la crisis que nos ha azotado. Pero también hay que reconocer que después de la inestabilidad tras la
crisis global de 2008 y la crisis griega es cuando se han creado las instituciones necesarias para tener una unión bancaria. Hay que reconocer que la unión monetaria y la fiscal han mejorado al contar con el Banco Central Europeo y con el Mecanismo
Europeo de Estabilidad, y también hay que decir que se ha reforzado la supervisión y la disciplina presupuestarias con el TwoPack, el SixPack, el pacto fiscal y el Semestre Europeo. En la unión bancaria también se ha puesto en marcha el Mecanismo
de Supervisión Único, así como el de resolución bancaria, que lo hemos visto además con la resolución del Banco Popular, aunque -también hay que decirlo- ha dejado numerosas incógnitas en el aire y ha dejado en algún caso en evidencia la poca
transparencia del mismo.
A pesar de todos estos mecanismos parece que no es suficiente, y desde luego estamos de acuerdo, tal y como se establece en la moción, en que hay que profundizar en la unión económica y monetaria. Y es que eso también está en la hoja de
ruta de Europa, y así se encomienda a los líderes de los países europeos a completar esta unión bancaria mediante distintos instrumentos, tales como la creación de un seguro de depósitos europeo, mecanismos de resolución de deudas y un mecanismo
fiscal de estabilización, lo que implica un verdadero proyecto de integración europeo y que ayudará a apoyar la convergencia económica y social, y a mantener la estabilidad macroeconómica y a reforzar el marco para la coordinación de las políticas
económicas de la Unión Europea y la zona euro.
Para nosotros la propuesta del Gobierno para la reforma del euro, que aboga por completar la unión bancaria con el establecimiento de un sistema europeo de garantía de depósitos y un fondo de respaldo, la creación de una capacidad de
estabilización y de un fondo monetario europeo, a lo mejor ha sido poco innovadora con respecto a lo propuesto hace cuatro años por la misma parte, una posición que parece más alineada además con Alemania. Por otro lado, la moción que presenta el
Grupo Socialista, más cercana a Francia, nos parece que conlleva una batería excesiva de propuestas con buenas intenciones, pero creemos que hay que concretar y marcar más prioridades. No se trata de poner cuanto más, mejor, se trata de avanzar en
esas instituciones europeas, y para ello es necesario que los Estados estén en primera línea del debate con propuestas claras y concretas, y que además se posicionen en torno a las propuestas del resto de los países también de manera clara.
Asimismo hay que decir que la hoja de ruta la marca Europa y su prioridad para este julio es la unión bancaria, dejando a lo mejor algunos asuntos para un momento posterior. Por ello, a pesar de que la moción recoge numerosos aspectos importantes
que se deberán plantear y defender en Europa en su momento, entendemos que requieren un análisis más profundo y de una mayor concreción, de fijar también un orden de prioridades. Por tanto requerirá una gran dosis de diálogo y acuerdo entre los
diferentes grupos políticos, así como una estrategia acorde al resto de los grupos del Parlamento Europeo.
Por todo ello nuestra posición va a ser en un primer momento de abstención.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Gracias, señora presidenta.
Honorables conselleres, señorías, señor Saura, bona tarde, buenas tardes. Nos parece muy interesante esta moción relativa al fortalecimiento de la unión económica y monetaria y del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea
2021-2027. Déjenme que les hagamos unas consideraciones iniciales. La Unión Europea tiene muchas carpetas abiertas sobre la mesa a las que hay que prestar mucha atención. El reforzamiento del funcionamiento de la unión monetaria, la política de
inmigración y asilo, cómo se irán llenando los vacíos que dejará la salida de Reino Unido, pero también cómo encarará la Unión Europea una nueva etapa que se avecina con tipos de interés y petróleos subiendo obstinadamente. En general da la
sensación de que hay una situación de desconcierto y de falta de liderazgo en la Unión Europea que nos aleja de los ideales de los padres fundadores. Hay que recuperar la Agenda Social Europea y acercar las decisiones políticas a los ciudadanos.
Es necesario que los ciudadanos se identifiquen en el proyecto europeo y renueven la confianza. Hay que pasar de las grandes declaraciones de intenciones a los
hechos, y por eso se requiere un pacto social europeo que impulse el crecimiento económico y la creación de empleo digno y estable, recoja los derechos y las aspiraciones de los ciudadanos y comprometa una justa distribución de los
beneficios del crecimiento económico, pero con concreción en las propuestas, porque de esto peca la moción que presenta el Grupo Socialista, en la que hay muchas grandes declaraciones que difícilmente se concretarán presentadas de este modo.
No es baladí la falta de liderazgo; estoy convencido de que Schuman, Adenauer, Monnet y De Gasperi conocían la famosa conferencia de Zweig, La desintoxicación moral de Europa. Llámenme ignorante, pero no atisbo en el horizonte ningún
liderazgo de este calado, aunque en estos días hay que hacer excepción y homenaje al presidente Mattarella, ni mucho menos un intelectual de esa lucidez pensando Europa en nuestros tiempos. La frustración que generó la crisis ha contaminado la
política, con un efecto devastador en la socialdemocracia y un franco desconcierto en el qué, si no en el cómo, entre los partidarios de la economía social de mercado o lo que quede de ella, y así campa a sus anchas el egoísmo liberal, y también por
el concepto de Unión Europea. El desenlace final del brexit abrirá las puertas a una reformulación de la Unión Europea. Aunque el brexit no es deseable para el proyecto europeo, hay que verlo como una oportunidad para clarificar el proyecto de
refundación de la Unión Europea, en cuanto a su estructura y a sus finalidades. Y aquí los catalanes también estamos muy atentos, pues nuestra economía, en plena transformación, no solo, pero también a causa de su decreto Fainé, estará más expuesta
a los retos y a las nuevas oportunidades de la economía globalizada y digitalizada. Esta reformulación pendiente quedará coja si no tiene como uno de sus ejes principales las realidades plurinacionales de muchos de sus Estados miembros, y entierra
definitivamente concepciones centralistas y jacobinas.
En cuanto a la moción algunas consideraciones. En general es un documento que va muy en la línea de las propuestas de la Comisión. Se habla de completar la unión bancaria, la unión de mercado de capitales, para impedir el contagio del
sector bancario. Coincidimos en que hay que completar estos dos grandes proyectos. Sin embargo una cuestión esencial es la de analizar el tratamiento de los activos de deuda soberana a los balances bancarios. Aunque no apoyemos que la solvencia a
nivel de riesgo en los bonos soberanos difiera en la UEM, sí creemos que se deberían vigilar y limitar si hay acumulación de deuda pública en los balances bancarios, y encontrar mecanismos para incentivar la financiación de la economía productiva y
desincentivar la improductiva.
Se nos hace muy extraño, hablando de unión bancaria, no encontrar el impulso de mecanismos de garantía de los derechos de los ciudadanos. La crisis vivida estos últimos años, el daño causado en forma de desahucios, de personas que han
perdido los ahorros de toda la vida, de puestos de trabajo perdidos a partir de situaciones de abuso y dominio por parte de instituciones bancarias no debe repetirse de ninguna manera, y esto debe asegurarse estructuralmente. Asimismo también
deberían evitarse situaciones de dominio oligopolístico como las que actualmente está sufriendo el mercado financiero español por, entre otras razones, ser completamente endogámico.
¿Qué nos proponen, señor Saura? Señor Saura, ganen ustedes -me quedan siente segundos- la moción de censura el viernes, incorporen estos postulados en sus ministerios, y manden a sus ministros a la cumbre para influir en el cambio de la
agenda, y aplaudiremos y apoyaremos tanto desiderátum.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Monereo Pérez.
El señor MONEREO PÉREZ: Señora presidenta, seguramente no es ni la hora ni el mejor día para discutir estos temas. Hay una sensación de fin de fiesta, de fin de etapa, porque parecería que la legislatura se está al menos formalmente
terminando. Pero el debate merece la pena a mi juicio.
Hace no mucho tiempo, antes de morir Ulrich Beck, que había escrito un libro magnífico que se llamaba La Europa alemana, hablaba de ideas zombis. ¿Qué son las ideas zombis? Las ideas zombis son aquellas ideas que, casi siempre producto de
una crisis, dejan de conectarse con la realidad y con la vida. Las ideas siguen flotando, pero ya no dicen nada, ya no son capaces de decir nada, ni de hablar de nada, ni tienen contenido de nada. Este debate, el debate europeo en general me suena
a ideas zombis. Desde el año 2008 prácticamente no entramos en el fondo del debate. Seguimos pensando con categorías previas a 2008, y no somos capaces de situarnos en el debate real. ¿Qué se nos propone por el señor Saura? Se nos propone un
diagnóstico de Europa desde un análisis que tiene una idea central: que el
euro está mal diseñado y que hay que completarlo. A partir de ahí se completa o se intenta completar. Y, ¿cómo se intenta completar? Simplemente de una forma: añadiéndole -digámoslo así- formas de Estado, añadiéndole realidad paraestatal
o supraestatal para darle contenido a una moneda que no solamente está mal diseñada, sino que no es capaz de unir a los europeos y que nos está dividiendo de una manera seria. Lo han dicho hace poco en un documento que salió de la Fundación Elcano,
donde hay prestigiosos dirigentes socialistas firmando. ¿Dónde estamos? El problema de fondo cuál es a mi juicio. No es un problema de diseño, sino de esencia del proyecto. (Rumores).
Cuando Alemania acepta el euro y la moneda del euro impone un sistema alrededor del euro, que es el Bundesbank y que es la moneda alemana. El euro es el marco, y desde ahí imponiendo sus propios criterios económicos, políticos y yo diría
que hasta morales. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
El señor MONEREO PÉREZ: Desde esa perspectiva, ¿cuál es la idea central que Alemania impone? La idea central que Alemania impone es también muy simple; simple y clara, sobre todo clara. Lo que hace falta para avanzar en la moneda europea
y en la integración europea es sacar de la agenda política y de la soberanía popular la economía, la política económica. A partir de ahí solamente habrá una política económica, que es la política económica que marca Alemania. Y no solamente eso,
sino que estamos ante un Estado, como el Estado alemán, que ha hecho del dumping social y de una estrategia mercantilista el centro de su actividad económica; mercantilismo, neomercantilismo, y algo más grave, dumping social, que acaba agravando
todos los problemas entre el centro y la periferia europea.
Voy terminando porque no me queda mucho más tiempo, pero sí quiero decir una cosa importante. El escándalo del día de hoy es el señor Oettinger, el comisario de Presupuestos de la Unión Europea. El señor Oettinger ha sacado la conclusión
de lo que tanto le gustaba al compañero sobre el señor Mattarella, que era muy simple. La conclusión que saca es la siguiente: los italianos tienen que aprender del mercado a que no se puede votar cualquier cosa. Lo que dice Oettinger es: el
mercado va a enseñar a los italianos cómo votar, porque no se pueden votar ciertas cosas en la Unión Europea. Ese es el problema de fondo que estamos viviendo en Europa; una oposición radical entre el mercado y la democracia, entre el mercado y la
sociedad, y una liquidación progresiva de los derechos sociales, de las libertades reales, y una crisis profunda de la política.
Esta Unión Europea es una máquina perfecta para construir extremas derechas, para construir derechas extremas, para limitar nuestras libertades; y es sobre todo una maquinaria perfecta para poner en ruina lo que nos ha costado tantos años,
que es justamente algo más que la unidad, que es un proyecto de vida alternativo. (Aplausos.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Suárez Lamata.
Silencio, por favor.
El señor SUÁREZ LAMATA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, volvemos a debatir hoy una iniciativa -y digo volvemos porque es un corta y pega de la misma- que se debatió hace dos semanas en la Comisión de Economía y que en aquel caso no prosperó. Esto, señor Saura, con todos los respetos
del mundo, da una idea de la escasez propositiva del Grupo Parlamentario Socialista, que se ve en la necesidad de repetir iniciativas. Es una iniciativa que, como ya califiqué -y lo vuelvo a decir-, es una carta a los Reyes Magos. Cualquiera que
conozca el funcionamiento de Europa, la composición de las mayorías y la necesidad de unanimidades, se daría cuenta de que con los planteamientos que usted ha hecho difícilmente se podría avanzar.
Sí, quiero hacer un alto, porque ¿qué es lo que ha cambiado hoy? El Grupo de Ciudadanos el otro día le apoyó a pies juntillas, y hoy ha presentado unas enmiendas -lo típico de Ciudadanos, un día una cosa y otro día otra-, pero, eso sí, el
señor Roldán no se ha explicado ni un segundo. Hoy el Partido de Ciudadanos ha evidenciado que Europa no le importa absolutamente nada. Ha pedido elecciones anticipadas; en eso estamos. Claro, la pregunta que yo me hago es la siguiente. En
Cataluña ya tuvieron elecciones anticipadas y una mayoría, ¿y de qué les ha servido a ustedes esa mayoría si no han tenido el valor siquiera de presentar a su candidata? (Aplausos). ¿De qué les ha servido esa mayoría, señorías?
Señor Saura, el debate se repite. Usted viene a la tribuna con la habilidad que le caracteriza, pero yo le doy un consejo al PSOE: si quieren negociar o dialogar, no sé si el señor Saura es el más adecuado
para ello. Pide un gran consenso en el Congreso de los Diputados para Europa. A mí me enseñaron que dialogar es hablar, intercambiar ideas y llegar a acuerdos, y usted, para llegar a un acuerdo, para dialogar, empieza diciendo -como hizo
el otro día- que el presidente del Gobierno de España no está ni se les espera, que Rajoy no hace nada -hoy ha dicho que está desaparecido o dimitido- y acaba insultando al ministro diciéndole que es un cobarde, en términos políticos. Créame que es
complicado llegar con usted a algún acuerdo en algo; con ese lenguaje, a mí me resulta bastante complicado. (Aplausos). Le voy a decir algo. Si el ministro de Economía le parece a usted un cobarde político, ¿qué le parecía el señor Zapatero
cuando nos dejó tirados sin ni siquiera un presupuesto en el año 2011? ¿Qué le parecía? (Aplausos.- Un señor diputado: ¡Muy bien!).
Vuelve a repetir el argumento: la posición española es poco ambiciosa y poco europeísta; y yo lo voy a volver a repetir: hay una agenda. Por mucho que usted se empeñe en contar lo contrario, hay una agenda. El Gobierno de España se ha
ceñido a esa agenda y ha presentado una propuesta que ha sido muy bien acogida. Se lo dijo el ministro, pero usted no tiene más que leer los periódicos internacionales para saber que nos hemos ceñido a lo que el presidente Tusk pedía, y España, en
esa unión bancaria, que es de lo que se va a hablar, propone complementar la unión de mercados y capitales, crear un fondo de garantía de depósito único con una fecha de entrada en vigor y un mecanismo de respaldo común que asegure recursos
suficientes al Fondo Único de Resolución; y para dotar de estabilizadores, proponemos un mecanismo de seguro basado en un fondo de los Estados miembros, así como que el BEI -ya se lo dijo el ministro- proporcione recursos para mantener las
inversiones. Estamos de acuerdo en una de las cuestiones que plantea, pero no es el momento. Esto es una carta a los Reyes Magos; Europa se construye paso a paso y no con demagogia y viniendo a esta tribuna a engañar a los ciudadanos.
Le voy a hacer dos reflexiones antes de que la señora presidenta me llame la atención. Usted ha vuelto a incurrir en los mismos errores que en el debate anterior. Acaba de decir usted que la prima de riesgo se ha movido. ¿Usted, de
verdad, cree que es por este Gobierno, o no le da la sensación de que de repente, ante una posible moción de censura, a los mercados les han venido a la memoria los 40 000 millones de déficit del año 2008, los 106 000 del año 2009, los 96 000 del
año 2010, los 90 000 del año 2011, los 100 000 millones de facturas en cajones o los más de 5 millones de parados? ¿De verdad cree que no es eso lo que realmente les ha venido a la memoria a los mercados en Europa? (Aplausos).
El último gran argumento que usted dice es que no tenemos peso específico en Europa. En Europa hay algo que tienen muy claro, basta leer la hemeroteca. Saben quién ha rescatado a este país de la crisis; se llama Mariano Rajoy, quien ha
dirigido el Gobierno. (Aplausos). Saben quién frenó el rescate; se llama Mariano Rajoy. Saben, señorías, quién ha hecho frente al desafío catalán; se llama Mariano Rajoy. Y saben quién ha sido capaz, con ciento treinta y siete diputados, de
volver a aprobar un presupuesto que es bueno para España y que es bueno para Europa. Por eso en Europa, señoría, me da la sensación de que, por mucho que usted se empeñe en cambiar la historia, prefieren bastante más a Mariano Rajoy que a un tal
Sánchez.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Pregunto al señor Saura García si acepta su grupo la enmienda presentada.
El señor SAURA GARCÍA: Hemos planteado una transaccional y creo que se ha pasado a distintos grupos para que la evalúen.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señorías, en tres minutos comenzarán las votaciones. (Pausa).
TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE PROTECCIÓN POR DESEMPLEO. (Número de expediente 122/000215).
La señora PRESIDENTA: Señorías, ocupen sus escaños. Va a comenzar la votación. Les informo de que en uno de los puntos habrá explicación de voto.
Votamos, en primer lugar, la proposición de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre protección por desempleo.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 4 votos telemáticos, 340; a favor, 166 más 3 votos telemáticos, 169; en contra, 131 más 1 voto telemático, 132; abstenciones, 39.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, POR LA QUE SE MODIFICA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY REGULADORA DE LAS HACIENDAS LOCALES, APROBADO POR EL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2004, DE 5 DE MARZO, Y OTRAS NORMAS TRIBUTARIAS. (Número
de expediente 122/000196).
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular por la que se modifica el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y otras normas tributarias.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336 más 4 votos telemáticos, 340; a favor, 234 más 2 votos telemáticos, 236; en contra, 34; abstenciones, 68 más 2 votos telemáticos, 70.
La señora PRESIDENTA: En consecuencia, se toma en consideración la proposición de ley.
PROPOSICIONES NO DE LEY. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE EL RESCATE INTEGRAL DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. (Número de expediente 162/000619).
La señora PRESIDENTA: Procedemos ahora a votar el texto de las proposiciones no de ley. Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre el rescate integral de la Función pública. Se
vota en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 203; en contra, 133.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE UN PROGRAMA ESPECÍFICO PARA LA MEJORA Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL DOCENTE E INVESTIGADOR (PDI) UNIVERSITARIO. (Número de expediente 162/000594).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la proposición no de ley del Grupo Socialista sobre un programa específico para la mejora y promoción del personal docente e investigador universitario. Se vota en los términos de la enmienda
transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 199; en contra, 1; abstenciones, 136.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES. (VOTACIÓN):
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA BEITIALARRANGOITIA), RELATIVA A LA POSTURA DEL GOBIERNO EN RELACIÓN CON LAS TRANSFERENCIAS PENDIENTES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL REFERENTES AL DESARROLLO LEGISLATIVO Y LA EJECUCIÓN DE LA
LEGISLACIÓN BÁSICA DEL ESTADO Y LA DE GESTIÓN DEL RÉGIMEN ECONÓMICO DE LA SEGURIDAD SOCIAL. (Número de expediente 173/000090).
La señora PRESIDENTA: Continuamos con las votaciones correspondientes a las mociones. Moción del Grupo Parlamentario Mixto, señora Beitialarrangoitia, relativa a la postura del Gobierno en relación con las transferencias pendientes en
materia de Seguridad Social referentes al desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado y la de gestión del régimen económico de la Seguridad Social. La vamos a votar en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 89; en contra, 245; abstenciones, 1.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV), SOBRE LAS MEDIDAS A ADOPTAR PARA PALIAR LA PREOCUPANTE SITUACIÓN CONSECUENCIA DEL INCREMENTO DEL NÚMERO DE MENA (MENORES EXTRANJEROS NO ACOMPAÑADOS). (Número de expediente 173/000091).
La señora PRESIDENTA: Moción ahora consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Vasco, PNV, sobre las medidas a adoptar para paliar la preocupante situación consecuencia del incremento del número de menores extranjeros no
acompañados. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular, Ciudadanos, Vasco (PNV) y Mixto.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 334; abstenciones, 2.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE LA SITUACIÓN DE BLOQUEO EN LA PUESTA EN MARCHA DE LOS ACUERDOS DEL INFORME DE LA SUBCOMISIÓN DEL PACTO DE ESTADO CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO, ASÍ COMO EN
EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE IGUALDAD. (Número de expediente 173/000092).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la situación de bloqueo en la puesta en marcha de los acuerdos del informe
de la subcomisión del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, así como en el desarrollo e implementación de políticas públicas de igualdad. Se vota en sus términos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 167; en contra, 133, abstenciones, 37.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Aplausos).
- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, RELATIVA A LA POSICIÓN ESPAÑOLA SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LA UNIÓN ECONÓMICA Y MONETARIA Y EL NUEVO MARCO FINANCIERO PLURIANUAL DE LA UE 2021-2027. (Número de expediente 173/000093).
La señora PRESIDENTA: Votamos ahora la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista relativa a la posición española sobre el fortalecimiento de la unión económica y
monetaria y el nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea 2021-2027. La vamos a votar en los términos de la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y Ciudadanos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 337; a favor, 130; en contra, 135; abstenciones, 72.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- PROPUESTA DE LA COMISIÓN SOBRE SEGURIDAD VIAL Y MOVILIDAD SOSTENIBLE, DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN AL OBJETO DE ELABORAR UN INFORME SOBRE LA MOVILIDAD EN NUESTRO PAÍS. (Número de expediente 158/000048).
La señora PRESIDENTA: Se somete ahora a votación la propuesta de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible de creación de una subcomisión al objeto de elaborar un informe sobre la movilidad en nuestro país.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337 más 4 votos telemáticos, 341; a favor, 140 más 1 voto telemático, 141; en contra, 160; abstenciones, 37 más 3 votos telemáticos, 40.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de creación de la subcomisión.
Han pedido varios grupos explicación del voto que contempla, como todos conocen, el artículo 89 del Reglamento. Les voy a pedir a sus señorías que hagan las intervenciones desde los escaños. Queda una votación después.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Olòriz Serra.
El señor OLÒRIZ SERRA: Gracias, señora presidenta.
Era arriesgado traer a este Pleno una propuesta que en Comisión tuvo el voto de un solo partido. Era arriesgado y me parece que en la Comisión ya dejé claro cuál era el sentido de mi voto. Lamentablemente, se ha tenido que votar que no y
esto nos lleva a que una Comisión en la que hacemos las cosas prácticamente por unanimidad, haya visto oscurecido este trabajo. Espero que esto solo sea un pequeño problema y que, a partir de mañana, esta Comisión continúe trabajando con las mismas
perspectivas.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera Andrés.
La señora RIVERA ANDRÉS: Gracias, señora presidenta.
Se abría hoy el debate en esta sesión plenaria de la necesidad de una subcomisión de movilidad, muy importante para nuestro país, pero es una pena porque no sé qué sentido tiene crear algo nuevo cuando esta legislatura está agotada.
(Rumores.-Protestas). Está claro que el transporte y la movilidad están cambiando de manera radical en España y también en el mundo y es evidente que es necesaria una concienciación global y, por supuesto, un cambio...
La señora PRESIDENTA: Silencio, por favor.
La señora RIVERA ANDRÉS: ... de paradigma. Pero, desde luego, se abre una oportunidad para la innovación. En diciembre de 2017 ya lo contempló el Consejo de Europa.
En España teníamos una oportunidad única por no haber ratificado la Convención de Viena de 1968, ya que eso significaba que la Ley de Tráfico se podía cambiar sin restricciones jurídicas internacionales, al contrario que ocurre en el resto
de Europa. Estamos los primeros en la casilla de salida. Perdón, estábamos, antes de que el PP dinamitara esta legislatura. (Protestas). Teníamos una oportunidad de oro en innovación y futuro y, ¿qué ha hecho el Gobierno mientras tanto? Pues
nada (rumores), planes de seguridad vial vacíos que aumentan las muertes en carretera y crear subcomisiones vacías también, como esta.
La señora PRESIDENTA: Silencio.
La señora RIVERA ANDRÉS: Ciudadanos ya ha pedido al Gobierno que actúe para reducir las víctimas de accidentes de tráfico utilizando la digitalización. No han hecho nada. Como ejemplo, el Invive motos, que ahí está, en un cajón. También
hemos pedido que desarrolle de una vez la nueva ley de seguridad vial y movilidad sostenible, pero, como decía antes, el Partido Popular está ahora buceando en mares mayores de la corrupción. (Rumores). Ustedes, señores del Partido Popular, saben
como yo que la mejor salida a esta situación para todos es convocar elecciones. (Protestas). El Partido Popular y su inacción están frenando la innovación y sistemáticamente el futuro.
La señora PRESIDENTA: Un segundo, señoría.
No tiene la palabra, señora Rivera.
Señorías, guarden silencio. Les ruego silencio. Y a la señora Rivera le recuerdo que está en explicación de voto.
Adelante.
La señora RIVERA ANDRÉS: Bien, pues continúo con la explicación.
Nos abstenemos en esta proposición no de ley porque consideramos muy importante y estratégica la movilidad, igual que también lo es la Ley de cambio climático. Siempre había pensado que este Gobierno tenía miedo a la innovación y hoy me he
dado cuenta de que este Gobierno lo que no tiene ya es futuro.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, presidenta.
Nuestro grupo ha votado en contra de la creación de esta subcomisión porque está en contra de la interpretación que se hizo del Reglamento para motivar esta subcomisión. No nos dejaban hacer comparecencias de la sociedad civil en Comisión y
nos parece absurdo que la interpretación del artículo 44.4, sobre que las comisiones por conducto del presidente del Congreso podrán recabar -punto 4.º- la comparecencia de otras personas competentes en la materia a efectos de informar y asesorar a
la Comisión, y que se está llevando a cabo en casi todas, por no decir prácticamente en todas las comisiones de esta Cámara, no se pudiera llevar a cabo en la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible. Esta Comisión es plenamente capaz y
plenamente competente para llevar a cabo estas comparecencias de la sociedad civil y no se nos estaba permitiendo.
La solución que dio el único partido que votó a favor de esta subcomisión en la Comisión de Seguridad Vial interpretaba que teníamos que hacer estas comparecencias en una subcomisión encargada al efecto. En las motivaciones de esta
subcomisión se habla, además, de vehículos de cuatro ruedas, motos y bicis, y se carga la responsabilidad individualmente. Nosotros estamos apostando por un planteamiento de la movilidad como derecho ciudadano; un planteamiento de la movilidad
como de la sociedad civil, y para eso tenemos que dar voz a la sociedad civil. Apostamos por utilizar esta Comisión, que está infrautilizada, para llegar a consensos en materia de movilidad en repercusión de la ley que tiene que venir y que lleva
prometiendo el Partido Popular desde 2016, que es la ley de seguridad vial y movilidad sostenible. Hasta que no podamos hacer eso, seguiremos reclamando esto y oponiéndonos a que mareen la perdiz, a que nos den otros cauces que no llevan a ningún
sitio y que para no resolver nada se proponga crear una subcomisión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bellido Acevedo.
El señor BELLIDO ACEVEDO: Muchas gracias, señora presidenta.
La pregunta que nos tenemos que hacer es por qué ha venido aquí esta propuesta de subcomisión. Una propuesta de subcomisión que solamente fue apoyada y promovida por un grupo, por el Partido Popular. ¿Es que al resto de grupos
parlamentarios la movilidad sostenible no les importa? Todo lo contrario. Somos el resto de grupos parlamentarios los que en la Comisión hemos promovido proposiciones no de ley y peticiones y solicitudes de comparecencias para debatir sobre esta
cuestión.
El hecho cierto es que la seguridad vial y la movilidad sostenible están íntimamente ligadas. Pero nosotros pensamos que dentro de la Comisión de movilidad -movilidad que ha de ser desde luego sostenible pero también segura y saludable- se
podría hacer perfectamente este tipo de trabajo. Por eso, vamos a votar en contra. Por eso y porque no tendría ningún sentido que desde la Comisión de Hacienda y Función Pública se promoviese la creación de una subcomisión de Función pública
porque no se pudiese hablar de esto en dicha Comisión; o que en la Comisión de Educación y Deportes no se pudiesen hacer comparecencias de deportes y hubiese que crear una subcomisión. ¿Tendría algún sentido que hoy mismo presentásemos aquí, desde
la Comisión de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, la subcomisión de seguridad vial? No. Pues de la misma manera, no tiene sentido que la hagamos de movilidad sostenible. Pensamos que la Comisión no era el problema y pensamos que la creación
de la subcomisión no es la solución, salvo que lo que se pretenda sea otra cosa, que es bloquear otras subcomisiones más importantes y más interesantes. Nos importa la movilidad sostenible, creemos que debemos abordar los retos que tiene nuestro
país en materia de movilidad sostenible, pero debe hacerse en la Comisión que se creó al efecto, que es la de Seguridad Vial y Movilidad Sostenible.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gamazo Micó.
El señor GAMAZO MICÓ: Gracias, señora presidenta.
Con la petición de la creación de esta subcomisión se demuestra el firme compromiso del Grupo Parlamentario Popular y del Partido Popular por la movilidad sostenible y su desarrollo en nuestro país, una cuestión que, en principio, solamente
atañe al Partido Popular porque a los que han votado en contra les preocupa, por mucho que hayan dicho lo contrario, bien poco.
La propuesta llega aquí, señor Bellido, porque ustedes y los del Grupo Confederal de Podemos se abstuvieron en la Comisión. Si hubieran tenido la gallardía de votar en contra en aquel momento, no hubiese llegado esa subcomisión aquí, al
hemiciclo. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Bien!).
La dotación de contenidos de la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible, a la que también ha hecho referencia, es una cuestión que atañe a todos. Debatiríamos y trataríamos más propuestas relativas a la movilidad sostenible si
utilizaran la Comisión sobre Seguridad Vial y Movilidad Sostenible como tal y no la utilizaran como una subcomisión de Fomento encargada de realizar rotondas o poner semáforos en todos los municipios de España. Esa es la realidad.
Entendíamos que el interés general obligaba a esta Cámara a profundizar con rigor, seriedad y conocimiento de primera mano las inquietudes del sector y de aquellos que fueron afectados por el tema de la movilidad para conocer los efectos
negativos de las emisiones, la conservación medioambiental y para concienciar a todos de la necesidad de impulsar medidas de movilidad sostenible. Creemos que ese asunto exigía ser estudiado con rigor, con seriedad, con solvencia y con profundidad
escuchando a todos los implicados, entre otras cuestiones, porque en nuestro país la industria del vehículo representa el 10 % del producto interior bruto, porque en España tenemos diecisiete factorías del automóvil y porque cualquier transformación
disruptiva podría conllevar al deterioro de la masa salarial laboral y los derechos laborales y sociales de la gente.
Han votado en contra de la Comisión y lo han dejado entrever de esa subcomisión porque tienen otras intencionalidades y otros intereses; porque esta subcomisión no trata de desgastar al Gobierno del Partido Popular ni al Partido Popular y
por eso han votado en contra; porque su único interés es desprestigiar a todo lo que representa el Partido Popular, a todos los que formamos parte del Partido Popular, a los millones de votantes y a los centenares y miles de militantes de este
partido.
Señorías, unos priorizamos el interés general y otros el interés electoral; unos miramos el interés de las personas y otros las encuestas que se publican día a día, porque están ensimismados en ellas, están tan preocupados por ellas y viven
por ellas que tal vez les llegue a pasar como a la lechera, que tengan que decir adiós a su lechón, a su ternera, a sus huevos, a su pollito, adiós a la Moncloa. (Aplausos.-Risas).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE SUBCOMISIONES. (VOTACIÓN):
- SOLICITUD DE LA COMISIÓN DE DEFENSA, PARA QUE SE CONCEDA UNA PRÓRROGA DEL PLAZO OTORGADO A LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN PROFESIONAL DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS, HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE
2018, PARA LA CONCLUSIÓN DE SUS TRABAJOS. (Número de expediente 154/000005).
La señora PRESIDENTA: En último lugar, se somete a votación la solicitud de la Comisión de Defensa para que se conceda una prórroga del plazo otorgado a las subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y
marinería de las Fuerzas Armadas constituidas en el seno de la Comisión de Defensa hasta el 30/09/2018 para la conclusión de sus trabajos.
Comienza la votación. (Pausa).
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 336; a favor, 331; en contra, 2; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión hasta mañana a las nueve horas.
Eran las nueve y treinta minutos de la noche.