Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 731, de 19/02/2019
cve: DSCD-12-CO-731
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 731
TRABAJO, MIGRACIONES Y SEGURIDAD SOCIAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ALBERTO MONTERO SOLER
Sesión núm. 36
celebrada el martes,
19 de febrero de 2019
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias:
De la señora secretaria de Estado de Migraciones (Rumí Ibáñez):
- Para exponer las líneas generales en materia de inmigración, integración de los inmigrantes y ciudadanía española en el exterior. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002341) ... (Página2)
- Para informar sobre el bloqueo y la denegación de salida de puerto a buques de ONG para el salvamento de migrantes. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001426) ... (Página2)
De la señora secretaria de Estado de Empleo (Valdeolivas García):
- Para exponer las líneas generales de la Secretaría de Estado en materia de empleo, formación, relaciones laborales y trabajo autónomo. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/002345) ... (Página21)
- Para dar conocimiento de las medidas destinadas a compensar a los centros especiales de empleo por el incremento del salario mínimo interprofesional. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001373) ...
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
COMPARECENCIAS:
DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (RUMÍ IBÁÑEZ):
- PARA EXPONER LAS LÍNEAS GENERALES EN MATERIA DE INMIGRACIÓN, INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES Y CIUDADANÍA ESPAÑOLA EN EL EXTERIOR. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002341).
- PARA INFORMAR SOBRE EL BLOQUEO Y LA DENEGACIÓN DE SALIDA DE PUERTO A BUQUES DE ONG PARA EL SALVAMENTO DE MIGRANTES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/001426).
El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
En esta primera parte de la sesión de la Comisión de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, comparece la secretaria de Estado de Migraciones, doña Consuelo Rumí Ibáñez, a petición del Gobierno, para exponer las líneas generales en materia
de inmigración, integración de los inmigrantes y ciudadanía española en el exterior, y también para sustanciar la comparecencia de la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, para informar sobre el bloqueo y la denegación de salida de
puerto a buques de ONG para el salvamento de migrantes, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto. Las dos comparecencias se tramitan de forma acumulada. En primer lugar, intervendrá la secretaria de Estado de Migraciones, para informar sobre el
objeto de las comparecencias solicitadas; a continuación, intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, grupo solicitante de la comparecencia; y, seguidamente, los portavoces de los demás grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un
tiempo de siete minutos.
Señora Rumí, cuando usted desee.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (Rumí Ibáñez): Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
Señorías, comparezco ante ustedes para informar en esta Cámara sobre las líneas generales de la política migratoria del Gobierno que, como secretaria de Estado de Migraciones, dentro del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
tengo la responsabilidad de impulsar. Hoy, además, es una fecha señalada para mí, porque hace ocho meses desde que asumí estas funciones; ocho meses intensos de trabajo comprometido, demostrando en todo momento que, a pesar de los populismos y de
la irresponsabilidad de algunos, no hemos cambiado nuestra hoja de ruta, sin responder a provocaciones, porque nuestro objetivo era, es y será siempre una correcta gestión de las migraciones. Cuando llegamos al Gobierno nos chocamos de bruces con
una realidad que nos apremiaba a actuar con urgencia. Tuvimos que tomar decisiones importantes para gestionar una situación que ya se veía venir desde hace tiempo y ante la que no se adoptaron medidas políticas ni se habilitaron recursos
económicos; desde el primer día trabajamos sin tregua.
Señorías, articularé mi comparecencia en torno a dos grandes ejes: la política de emigración y la política de inmigración, y dentro de la política de inmigración, hablaré de forma sucesiva sobre la política de inmigración legal, segura y
ordenada, la ayuda humanitaria e integración y las relaciones internacionales.
Política de emigración. Respecto a nuestros españoles en el exterior, nuestra política se ha dirigido a garantizar una protección social a aquellos que están en situación de vulnerabilidad, con especial atención a mayores y dependientes que
no han encontrado apoyo suficiente para cubrir sus necesidades básicas y sanitarias, y a crear un plan de retorno que remueva los obstáculos para facilitar el regreso a España de quienes tuvieron que irse por falta de oportunidades y ahora estarían
dispuestos a volver. A 1 de enero de 2018, prácticamente 2,5 millones de españoles residían fuera del territorio, casi un millón más que en 2009, cuando se inició la crisis económica. Por tanto, vemos que en los últimos años la nueva emigración,
expulsada por la falta de oportunidades, se ha sumado con fuerza a los movimientos migratorios que afectan a nuestro país.
Sigue formando parte de nuestras políticas mantener y reforzar las ayudas para los españoles más necesitados o que estén incapacitados para el trabajo, garantizando a todos ellos la asistencia sanitaria en sus países de residencia cuando se
carezca de la cobertura de esta contingencia o la misma se considere insuficiente. Precisamente, ese es el objetivo del real decreto aprobado en Consejo de Ministros
el pasado viernes: atender las necesidades, en este caso, de los ciudadanos españoles en Venezuela, especialmente de los pertenecientes a determinados colectivos vulnerables. Ese real decreto regula la concesión de una subvención directa a
la Fundación España Salud para ampliar la cobertura de programas sanitarios y sociales, así como la concesión de ayudas individuales directas para la atención en asilos de personas mayores y/o dependientes.
Recordarán que ya en 2018, recién llegados al Gobierno, adoptamos otras dos medidas para atender a nuestros emigrantes. Por una parte, mejoramos las prestaciones asistenciales en Argentina; hemos recuperado de esta forma a unas 3000
personas que el anterior Gobierno del Partido Popular había dejado fuera del sistema. También hemos reconocido la prestación asistencial a unos 250 españoles retornados -es decir, que están aquí en España- de Venezuela. Es decir, señorías, nada
más llegar hemos atendido las necesidades de un colectivo necesitado y abandonado por el Gobierno del Partido Popular y vamos a seguir trabajando en la misma línea.
Quiero detenerme un momento en una política que obedece a la nueva realidad de la emigración, a los españoles, sobre todo jóvenes, expulsados en los últimos años: el Plan de retorno. La elaboración de este Plan de retorno ha sido muy
participativa y se ha extendido desde los propios ministerios a las comunidades autónomas, agentes sociales, asociaciones, órganos representativos de los emigrantes y empresas. Especialmente quiero destacar la participación directa de los propios
emigrantes en jornadas que organizamos en Berlín, en Londres y en Madrid; encuentros que han sido muy valiosos, yo diría que esenciales, a la hora de elaborar el plan con el que pretendemos que España sea un país para volver. Este plan será una
realidad si el tiempo de legislatura que queda nos lo permite.
Paso ahora a la política de inmigración. En primer lugar, voy a hablarles sobre la política de inmigración legal, segura y ordenada. Señorías, al hablar de inmigración en numerosas ocasiones se comete un error y se identifica una parte con
el todo. Si somos rigurosos, cuando hablamos de inmigración en España deberíamos hablar de inmigración legal, de inmigración regular, porque la inmigración en España ha sido y está siendo hoy, en su mayoría, legal. Permítanme darles tan solo algún
dato. Las autorizaciones iniciales a extranjeros nacionales de terceros países concedidas en 2018 han superado las 100 000. A esta cifra tenemos que sumar los certificados de registro de comunitarios, las autorizaciones de estancia por estudio y
las autorizaciones de residencia y trabajo de duración determinada, sumando todo ello casi 180 000 autorizaciones más. Por tanto, estamos hablando de cerca de 300 000 autorizaciones iniciales. Es decir, 300 000 autorizaciones para residir,
trabajar, estudiar o emprender. La fotografía más reciente de la inmigración con residencia legal en España, a 31 de diciembre de 2018, es la siguiente: un total de 5,4 millones de extranjeros, de los cuales 3,3 millones se encuentran dentro del
régimen de ciudadanos de la Unión y 2,1 millones se encuentran dentro del régimen general. Por tanto, la imagen de la inmigración de hoy es la de una inmigración consolidada, asentada; una inmigración integrada y normalizada. Con la inmigración,
la sociedad española en el año 2019 es más rica, más compleja en su formación: cinco continentes representados y más de ciento veinte nacionalidades, pero, señorías, parece que poner el foco en la inmigración irregular tiene rentabilidad electoral.
También les digo que la política migratoria no cabe en un titular de prensa ni tampoco cabe en un tuit; la inmigración es un fenómeno complejo. Un responsable político no debe negar la inmigración -claro que no-, pero tampoco debe
reducirla a un absurdo irreal; la debe gestionar, y la debe gestionar en todas sus dimensiones, asumiendo esta complejidad. Estamos ante un nuevo cambio de ciclo migratorio. Las migraciones son dinámicas, no son estáticas, y esto no es nuevo,
pero el cambio que ahora estamos viviendo no ha de venir de la mano del cierre de fronteras, sino de la creación de un nuevo modelo que se sustente sobre una inmigración regular, ordenada y segura.
Europa envejece, España envejece, y esta es una realidad que no podemos ignorar. Me dirán que España tiene un porcentaje alto de desempleo, es cierto, pero igual de cierto es que hay muchos puestos de trabajo que no pueden cubrirse con esos
desempleados. Según el informe sobre previsiones demográficas publicado por la AIReF el pasado mes de octubre, España necesita la llegada media de 270 000 inmigrantes netos anuales de aquí a 2050. Si quieren, luego podemos hablar de todos los
informes que existen al respecto -que son muchos- y que van en esta misma dirección; por nombrar algunos, mencionaré el de la OCDE y el del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que el mercado laboral va a necesitar con total seguridad un
complemento migratorio, una entrada de perfiles laborales para puestos de trabajo que no se podrán cubrir con personas que están aquí. Si logramos diseñar una política migratoria adecuada y acertada, esa inmigración será regular, ordenada y segura.
Un Gobierno socialista lo hizo posible hace unos años y un Gobierno socialista lo puede volver a hacer.
Hay que hacer un análisis en profundidad, por ejemplo, del catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para adecuarlo a las necesidades reales de nuestro mercado laboral y, una vez detectadas dichas necesidades, es necesario que diversos
instrumentos legales faciliten las posibilidades de propiciar el encuentro entre oferta y demanda laboral, y les voy a exponer algunos de los supuestos en los que ya estamos trabajando. Los visados para la búsqueda de empleo son un proyecto piloto
que vamos a desarrollar y que pretende seleccionar en origen candidatos en función del mejor perfil de empleabilidad, respondiendo a las necesidades de las empresas y concediendo un visado que se transforme en autorización de trabajo cuando se tenga
un contrato. Estos visados de búsqueda de empleo están destinados, en este proyecto piloto, a hijos y nietos de españoles en Argentina. Se ha previsto para 2019 una cantidad inicial de 500 visados, pudiendo ampliarse la cifra según avance el
proyecto hasta alcanzar los 1500 visados. Los titulares de estos visados contarán con la intermediación y orientación del Servicio público de empleo español para realizar una búsqueda asistida de empleo y, una vez firmado el contrato en España,
obtendrán una autorización de residencia y trabajo por un año renovable. Si funciona -esperemos que así sea-, este proyecto abrirá paso a futuras experiencias que se llevarán a cabo en otros países con especial vinculación con España y, por tanto,
donde exista un elevado número de hijos y nietos de españoles.
Otro de los instrumentos que estamos utilizando es la gestión colectiva de contratación estable en origen. Es, como digo, otra fórmula; otra fórmula que se desarrolla cuando la necesidad de mano de obra es intensa en perfiles definidos y
deficitarios y las empresas tienen un tamaño suficiente. En esta vía debe darse la cooperación con las empresas y con los países desde los que se pretende priorizar, programando formación y selección en origen.
Otra fórmula en la que trabajamos y que se está desarrollando es la selección individual de personas, sobre todo para pequeñas y medianas empresas que necesitan mano de obra, que debe complementar a los dos instrumentos anteriores a los que
me he referido. La selección individual puede y debe contar con un acompañamiento y soporte de la Administración para propiciar que se produzca de nuevo el necesario encuentro entre oferta y demanda. Junto con las anteriores herramientas, de cara
a un futuro impulso de nuevas vías de inmigración legal ordenada y segura, se debe abrir un diálogo social focalizado en construir un marco migratorio renovado, consensuado y estable que dé respuesta actualizada a las necesidades migratorias
laborales. Además, hay que seguir trabajando en la inmigración circular o, si ustedes prefieren, en la inmigración temporal.
Otra de las líneas de actuación consiste en mejorar la atracción del empleo cualificado. Debemos ser conscientes de que nuestra economía debe incorporar también mano de obra cualificada de otros países para ser un país competitivo. Ante la
ausencia de trabajadores especializados, nuestra respuesta no puede ser que la actividad y la empresa cambien de país; al contrario, nuestra respuesta debe ser que la empresa encuentre apoyo para desarrollar su actividad en España, que se quede
aquí, que emplee aquí y que pague impuestos aquí. Para eso es imprescindible potenciar las vías de entrada de trabajadores cualificados, ofreciendo unas autorizaciones rápidas junto a un estatus migratorio estable y fiable. Señorías, ¿alguien duda
de que una persona que busca emigrar y prosperar no elegirá, si está a su alcance, la vía legal con derechos frente a la irregular, casi siempre sometida a abusos y a riesgos que incluyen el de la pérdida de su propia vida? En definitiva, y por
cerrar este capítulo de mi intervención, les reitero un íntimo convencimiento: se puede y se debe tener otra aproximación a la realidad migratoria, la realidad migratoria es la de personas que residen legalmente en España, la de personas
integradas, que trabajan, que pagan impuestos y que viven tan bien o tan mal como vivimos los demás.
En el segundo punto de la política de inmigración, les voy a trasladar todo lo que hemos venido realizando en ayuda humanitaria e integración. Como les mencionaba al principio de mi intervención, 2017 y, especialmente, 2018 han supuesto un
cambio en el ciclo migratorio en España. El incremento de llegadas por la frontera sur y de solicitudes de protección internacional ha supuesto un reto a corto plazo, porque es preciso garantizar los derechos humanos de aquellos que llegan a
nuestro país, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren. Para ello, se han reforzado, por un lado, el sistema de acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional y, por otro, los recursos
destinados al programa de atención humanitaria. Asimismo, la integración en la sociedad española de la población inmigrante se configura como un elemento clave sobre el que desarrollar la política migratoria, entendiendo dicha integración como un
proceso bidireccional que implica una actitud proactiva y abierta tanto de la población foránea como de la autóctona y que supone un enriquecimiento del conjunto de la sociedad y una garantía para la cohesión social y la convivencia de las
generaciones
presentes y futuras. El Gobierno apuesta, además, por el reasentamiento como vía ordenada para la llegada de personas que precisan de protección internacional y que se encuentran en terceros Estados fuera de la Unión Europea. En línea con
este compromiso, el Gobierno aprobó en diciembre de 2018 el Plan nacional de reasentamiento para trasladar a España desde terceros Estados a 1200 personas potenciales beneficiarias de protección internacional.
A continuación, me voy a detener en las medidas concretas desarrolladas desde nuestra llegada al Gobierno y en el contexto en el que se han adoptado.
Sistema de acogida para solicitantes y beneficiarios de protección internacional. Solo en el último año las solicitudes de asilo en España se han incrementado en más de un 75 % con respecto a 2017. Este incremento del número de
solicitantes en 2018 ha obligado a nuestro sistema nacional de acogida a adaptarse para dar una respuesta a esta nueva realidad. Como resultado de ese análisis, trabajamos en varias direcciones.
En primer lugar, en redimensionar el sistema. ¿Cómo? Reforzando los recursos para atender el incremento del número de solicitantes. La semana pasada esta secretaria de Estado ha suscrito un convenio con la Red de Escuelas Católicas con la
finalidad de que esta red identifique y facilite instalaciones para poder albergar dispositivos de acogida para solicitantes de protección internacional. Lo nombro -a lo mejor dirán ustedes que es innecesario porque no nombro todas las
organizaciones no gubernamentales con las que trabajamos- porque han sido muchos los que nos han dado la espalda, muchos, de todos los lugares, y por tanto quiero agradecer aquí públicamente que la Red de Escuelas Católicas haya dicho que sí, que
quiere trabajar con este Gobierno, con el Gobierno socialista, para atender y albergar a estas personas que lo necesitan.
En segundo lugar, trabajamos en la redefinición del sistema para garantizar la participación de las comunidades autónomas, estableciendo un marco normativo que garantice tanto la distribución equitativa de los solicitantes y beneficiarios de
protección internacional como unas condiciones de acogida homogéneas en todo el territorio nacional. Creo que ya estoy respondiendo a algunas de las preguntas que el señor Campuzano me va a hacer. Hemos tenido la primera reunión la semana pasada
con los directores generales de todas las comunidades autónomas y se ha llegado a un acuerdo para impulsar lo que creemos que se ha de hacer, y en ello estamos.
En tercer lugar, estamos trabajando para impulsar la participación de nuevos actores en la labor de acogida e integración de las personas refugiadas; por ejemplo, el patrocinio comunitario. Les adelanto que, dentro de ese patrocinio
comunitario, vamos a firmar en breve un convenio con el Gobierno vasco, Acnur y varias entidades privadas para poner en marcha este proyecto. Es un modelo novedoso en nuestro país -no en otros países, que lo utilizan de manera habitual-, que ofrece
la oportunidad a la ciudadanía de participar directamente en la labor de acompañamiento a las personas refugiadas en su proceso de integración. Como decía, hay nuevos actores en la labor de acogida e integración, como el patrocinio comunitario y
los medios y recursos de la Federación Española de Municipios y Provincias, con la que estamos ultimando cerrar este proyecto para ponerlo en marcha en el menor tiempo posible.
En cuarto lugar, estamos reforzando el programa de atención humanitaria. Hemos aumentado el número de plazas de acogida para dar respuesta a la situación que nos encontramos al llegar al Gobierno. Por otra parte, hemos financiado de manera
extraordinaria la atención a la llegada a puertos o a costas de personas migrantes por parte de la Cruz Roja española. Y especial mención quiero hacer a la creación de los Centros de Atención de Emergencia y Derivación, los denominados CAED,
creados también por este Gobierno como dispositivos que se activan en situación de emergencia, en casos de llegadas numerosas a las costas o de sobreocupación de los recursos habituales para garantizar una atención digna. Señorías, con este modelo
acabamos con la imagen deleznable que nos encontramos, la imagen de las personas que llegaban albergadas en unos polideportivos que no reunían condiciones dignas para cualquier persona y, por supuesto, tampoco para los inmigrantes que llegaban a
nuestras costas.
En relación con el proyecto de inmigración, estamos elaborando una nueva estrategia en materia de integración. La integración de los inmigrantes es uno de los ejes sobre los que pivota la política de inmigración de este Gobierno y así lo ha
sido para todos los Gobiernos socialistas. Estamos poniendo en marcha una política de integración que descansa sobre dos pilares: primero, el reconocimiento de la inmigración como una realidad positiva para el país y, segundo, una apuesta por el
desarrollo de un marco de concertación y cooperación entre los distintos actores, es decir, el conjunto de las administraciones, la sociedad civil y las instituciones, para trabajar por la integración. En este contexto el presidente del Gobierno
anunció el pasado mes de diciembre la puesta en marcha de un Plan Estratégico de Ciudadanía
e Integración, que tiene como objetivo contribuir a crear una sociedad más cohesionada e inclusiva, en la que la diversidad sea vista con normalidad y además como una oportunidad enriquecedora para el conjunto de la ciudadanía. Con esta
perspectiva estamos trabajando en una nueva estrategia que permita identificar las líneas prioritarias de actuación, en el marco de unos principios básicos que ya definimos en su día y que hoy siguen siendo perfectamente válidos: igualdad,
ciudadanía, interculturalidad e inclusión social.
Para terminar me referiré al último capítulo, el de las relaciones internacionales. Señorías, la migración es un fenómeno global, y como tal hay que afrontarlo, de manera global. Hay algo que tengo muy claro, y es que ningún país puede
abordar el fenómeno de la migración de manera aislada. Las respuestas unilaterales y exclusivamente nacionales están condenadas al fracaso. Por eso en estos ocho meses hemos reforzado la presencia de España en los foros internacionales. En el
ámbito multilateral el pasado mes de diciembre se adoptó en Marrakech el Pacto Mundial para una Migración Ordenada, Segura y Regular. Es la primera vez que Naciones Unidas plantea un enfoque global sobre las migraciones, en el que considera
imprescindibles la cooperación y la colaboración entre países de origen, destino y tránsito. Les puedo garantizar que España va a trabajar en la ejecución de los objetivos contenidos en ese pacto mundial.
A nadie se le escapa que el reto migratorio se está convirtiendo en una fuente de tensión entre los Estados miembros de la Unión Europea, y que la crisis de 2015 transformó definitivamente la cuestión migratoria en un asunto europeo. La
presión migratoria que ha soportado Europa a partir de la guerra de Siria ha afectado sin duda a la aparición de movimientos populistas, que sitúan al inmigrante como foco de todos los problemas -me habrán oído decir muchas veces que quien
culpabiliza a los inmigrantes de los males de la sociedad es políticamente inmoral e indecente-, pero vuelvo a reiterar que la inmigración, vista como una amenaza y no como una oportunidad, es un grave error.
España sigue apostando por Europa. En el marco de la Unión Europea la actuación del Gobierno se ha dirigido siempre en la misma dirección: más Europa y fortalecimiento de políticas comunes, en lugar de primar lo unilateral. Creemos que
esta visión responde a una actitud responsable y solidaria, que es la única posible para evitar que la migración desestabilice y divida a la Unión. En el Consejo Europeo celebrado el pasado mes de junio se consiguió alcanzar un acuerdo en dos
puntos esenciales para nuestro país: culminar en un plazo razonable el proceso de reforma del sistema europeo de asilo, y se reconoció explícitamente el crecimiento de los flujos migratorios en la ruta del Mediterráneo occidental, tomando
conciencia de la gravedad de la situación en la que se encuentra la frontera suroeste de la Unión.
Frente a otros Estados miembros que defienden una visión exclusivamente de seguridad, España defiende una visión integral de la inmigración. Creemos firmemente que la Unión Europea debe adoptar políticas y medidas que apoyen una inmigración
segura, ordenada y regular, y reforzar igualmente la inclusión y la cohesión social. Así tuve ocasión de transmitírselo al comisario de Vecindad y Negociaciones de Ampliación y al comisario de Migración, Asuntos de Interior y Ciudadanía en la
visita que hice hace poco a Bruselas. Durante esta visita tratamos un tema que a mi parecer es esencial, tanto para España como para la Unión Europea: la relación con los países de origen y de tránsito, especialmente con Marruecos. Queremos y
tenemos que transmitir el mensaje a Europa de que la relación Marruecos-Unión Europea debe ser prioritaria, tanto desde el punto de vista político como económico, y desde luego puedo decirles que desde que ocupo esta responsabilidad el contacto con
las autoridades marroquíes encargadas de los asuntos migratorios es constante, como ya pasó en la anterior etapa en la que tuve esta responsabilidad.
Marruecos, al igual que España, está soportando una inmensa presión migratoria. Tenemos que buscar nuevas fórmulas de financiación europea para Marruecos acordes con la importancia de su reto migratorio. Me siento además orgullosa de decir
que, gracias a España, la Unión Europea ha destinado una cantidad económica a Marruecos para el desarrollo de políticas no solo de control de fronteras, sino también para la integración, y creo que debemos seguir trabajando en esta línea reforzando
aún más nuestro trabajo con el Gobierno de Marruecos. Pero la cooperación con terceros países no termina aquí. Como ejemplo diré que el pasado mes de diciembre el presidente del Gobierno viajó a Mali. Durante su visita destacó la importancia de
luchar contra las mafias de emigración que operan en el Sahel, y pactó con el primer ministro maliense la puesta en marcha de un programa piloto de retorno voluntario asistido para los inmigrantes de ese país.
Para ir terminando ya, señorías, les diré que apelando a la responsabilidad, apelando a la seriedad que requiere debatir sobre un asunto como el de las migraciones, especialmente sensible, a mi juicio
deberíamos dejarlo fuera de la contienda política. Por parte de este Gobierno les garantizo que esa es la voluntad. Estamos ante un reto global que nos concierne a todos, y espero y deseo que estemos todos a la altura de las
circunstancias, que compartamos ese espacio de madurez democrática, y que seamos capaces de enriquecerlo con el necesario debate propio de esta Cámara. La política de inmigración -me lo han oído muchas veces, no es la primera- debe ser una cuestión
de Estado, porque cuando hablamos de migraciones hablamos de personas, hablamos de derechos humanos, hablamos de un fenómeno social de gran capacidad de transformación por su impacto en la sociedad, hablamos en definitiva de cuestiones que deberían
quedar al margen de la confrontación política y que deberían ser objeto de un acuerdo, de un pacto de Estado que desde luego el Gobierno no renuncia a alcanzar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rumí.
A continuación tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el señor Campuzano, por un tiempo de siete minutos.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Agradezco a la secretaria de Estado su comparecencia. De hecho en la Diputación Permanente que celebramos a finales del mes de enero mi grupo solicitó la comparecencia de la ministra por un asunto muy concreto, cual era el bloqueo de la
salida de los buques de rescate Open Arms y Aita Mari del puerto de Barcelona, entre otros. Nos parecía que era imprescindible la comparecencia de los responsables del Ministerio de Migraciones, a pesar de que también estaba prevista la
comparecencia por esta misma razón del ministro responsable de la materia de salvamento marítimo y de los puertos, el ministro de Fomento. Pero insistíamos en que era imprescindible la comparecencia de los responsables de este ministerio porque
precisamente el nuevo Gobierno elegido hace unos cuantos meses -felicitamos a la señora Rumí por esos ocho meses- decidió recuperar la secretaría de Estado, y recuperar el título de migraciones en la referencia de ese ministerio. Eso implica
fundamentalmente que el ministerio es quien lidera, coordina y proyecta la política de migración del conjunto del Gobierno, y una decisión tan relevante como es bloquear estos buques, que juegan un papel fundamental en el rescate de vidas humanas en
el Mediterráneo, debe tener también alguna respuesta por parte del Ministerio de Trabajo y Migraciones. Hoy la secretaria de Estado a nuestro entender comparece fundamentalmente por esta cuestión.
En otras referencias que ha hecho de su política no voy a entrar, algunas de ellas las comparto. Singularmente me he apuntado lo de los visados de búsqueda de empleo, una vieja idea que espero que se pueda realizar. Lamentablemente su
decisión de dar por finalizada la legislatura va a impedir que estos proyectos seguramente se puedan desarrollar. Pero vayamos a la cuestión, y la cuestión es qué posición tienen el Gobierno, el Ministerio de Trabajo y esta secretaría de Estado
respecto al bloqueo del Open Arms. Eso está provocando una enorme indignación, se están recogiendo cientos de miles de firmas reclamando por ese bloqueo. Hasta ahora del ministro de Fomento tan solo hemos escuchado explicaciones de carácter
puramente técnico, que no se compadecen con la crisis humanitaria que se vive en el Mediterráneo. Somos incapaces de comprender qué razones llevan al Gobierno a impedir que esos buques de rescate puedan zarpar de los puertos para evitar que en las
costas de Libia o en las costas de España mueran ahogadas personas que intentan llegar a Europa, cuando sabemos que en el año 2018 -según informes fidedignos- cerca de 2500 personas han fallecido, y que en los últimos diez años unas 3000 personas,
más o menos, fallecen cada año en el Mediterráneo. ¿Qué puede justificar ese bloqueo del Open Arms?
A la secretaria de Estado le hemos de recordar que se empezó su mandato con un gesto que creo que la opinión pública europea valoró de manera positiva, que valoramos de manera positiva la mayoría de los grupos parlamentarios, que valoró de
manera positiva la mayoría de la sociedad, que fue la acogida en el puerto de Valencia del buque Aquarius. Fue un gesto que implicaba una vocación de construir una política de inmigración también de carácter humanitario, y con la decisión de
bloquear el Open Arms ustedes cierran este período de estos ocho meses contradiciendo esa política, y demostrando una absoluta falta de sensibilidad por aquello que está ocurriendo en el Mediterráneo. Yo espero que la secretaria de Estado no se
excuse en que eso no depende de esta secretaría de Estado y que depende del Ministerio de Fomento. Espero que no se excuse en eso, porque espero que una secretaría de Estado que lleva ese título, que además tiene el recorrido político que tiene la
actual secretaria de Estado -largo, sólido, que conoce la materia-, debe ser absolutamente consciente de que lo que determina la política de inmigración no es exclusivamente aquello que está en el marco de las competencias de su ministerio, sino
también
aquellas decisiones que corresponden a otros ministerios. Porque si quien determina la política de rescate en el Mediterráneo es el Ministerio de Fomento, poco sentido va a tener la creación de esta secretaría de Estado y ponerle en el
título del ministerio 'de migraciones'. De la misma manera que si quien decide la política de control de fronteras y quien decide la política de devoluciones en caliente o no, o el control de las vallas en Ceuta y Melilla es el Ministerio del
Interior y no es esta secretaría de Estado, ¿cuál es el sentido entonces de la creación de esta secretaría de Estado? Es un gesto político pero que es insuficiente para cambiar la política, que es aquello que esperábamos de este Gobierno en materia
de migraciones.
Y si aquello que explica la decisión del Gobierno es que el Gobierno entiende que las acciones de rescate que las ONG están efectuando en el Mediterráneo tienen un efecto llamada, el hecho de que haya buques que vayan a salvar a personas que
se están ahogando facilita que más personas intenten cruzar el Mediterráneo, que las mafias que organizan estos viajes tengan más incentivos, me parecería muy contradictorio, porque la incapacidad de los Estados europeos, la incapacidad de la
Comisión Europea de abordar vías legales y seguras para gestionar el flujo de inmigrantes y el flujo de refugiados es lo que facilita que las mafias puedan intentar cruzar el Mediterráneo poniendo en riesgo la vida de tantísimas personas. Por tanto
ahí también hay una consideración política sobre la posición del Gobierno en el seno de la Unión Europea para facilitar esas vías legales y seguras, que no obliguen a las personas a jugarse la vida cruzando el mar Mediterráneo. Creo que la
sociedad, por suerte, entiende y apoya las iniciativas de Open Arms y de otras entidades sin ánimo de lucro que trabajan en esa dirección. Le debemos exigir al Gobierno que, en estos meses que le quedan aún de responsabilidad, desbloquee la salida
del Open Arms, permita que el Open Arms continúe jugando su papel en el Mediterráneo.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), el señor Barandiaran.
El señor BARANDIARAN BENITO: Buenos días, señora secretaria de Estado, señor presidente de la Comisión.
El señor Campuzano ha intervenido hoy en una materia en la que me pensaba explayar yo también, no obstante se la voy a intentar precisar algo más. Creo que su intervención, señora Rumí, ha sido bastante acertada en cuanto a la división en
diferentes aspectos de la política de la secretaría de Estado que usted dirige, en cuanto a cuáles deben ser los objetivos, su caracterización, sobre todo la relativa a la utilización indebida de la inmigración como elemento de confrontación y no
como oportunidad. Es algo que comparto y me alegra que no solo la diga, sino que la destaque como un elemento disuasorio de otro tipo de intervenciones que estamos oyendo con carácter general en ese país, y también determinadas medidas que usted
nos ha explicado que van a contar con la intención de colaboración y coordinación con otras comunidades autónomas. Es verdad que espero que sea así, y también con respeto absoluto a las competencias de otras comunidades autónomas que ya tienen
políticas propias en estas materias.
No obstante no es tanto esa la cuestión a la que me gustaría referirme, sino a una cuestión a la que se ha referido al final el señor Campuzano, que es la dimensión no estatal, internacional, y específicamente de ámbito europeo que debe
tener cualquier política migratoria, pero también la política humanitaria. Una de las cuestiones que usted ha abordado ha sido la existencia del novedoso Pacto de Marrakech en cuanto a la configuración de la inmigración como legal, segura y
ordenada. Es cierto que es un avance deseable y del que por cierto me gustaría poder oír en su momento mayores precisiones de las que hoy por hoy hemos podido conocer. También es cierto que en la inmigración, no ya la legal, segura y ordenada,
sino la ilegal, irregular -o llámesela como se quiera-, es donde existe el principal agujero negro en la política comunitaria o europea, respecto de la que en su momento también reclamé al secretario de Estado de Fomento y al ministro de Fomento una
intervención más decidida del Estado para poder intentar paliarla. Sobre ese particular le comentaba el señor Campuzano -y participo exactamente de ello- que, aun siendo usted secretaria de Estado de Inmigración, no deja de pertenecer a un Gobierno
que es al que cabe achacar la dirección de determinadas políticas en materia migratoria y de acción humanitaria, como la de los barcos de salvamento humanitario Open Arms y Aita Mari. Le voy a contar una historia, Aita Mari es el sobrenombre de un
pescador, de un patrón de bajura de San Sebastián, que en 1866 sufrió tres intervenciones en las típicas galernas de la costa del Cantábrico, y en la tercera, después de rescatar a seis hombres, un golpe de mar se lo llevó y desapareció en aguas del
Cantábrico, frente a la costa de San Sebastián. Esa es, de alguna manera, la misma situación que la de los movimientos sociales que pretenden actuar en la gestión humanitaria de determinadas catástrofes. Como ha dicho el
señor Campuzano respecto de esta gestión existe un amplio consenso social y un amplio apoyo, que sin embargo contrasta no ya con unas declaraciones iniciales del Gobierno al que usted pertenece, sino con la acción que ha tenido
posteriormente. Efectivamente la denegación de los despachos al Open Arms y al Aita Mari ha sido consecuencia de la referencia a determinados elementos de convenios internacionales que decían que no se podría llevar a cabo esa actividad
humanitaria, ya que se entendía que no existían puertos seguros donde desembarcar a esas personas a las que podían rescatar en alta mar. Sin embargo ha ocurrido lo siguiente, y es que hace pocas fechas el capitán del puerto de Mallorca ha concedido
el mismo despacho a un buque alemán, el Alan Kurdi perteneciente a la armadora Sea-Eye. A diferencia del tratamiento dado a los barcos con bandera española, a aquel con bandera alemana sí se le ha concedido el despacho para salir al mismo objeto, a
acudir al mar Mediterráneo al rescate de náufragos. Me gustaría, señora Rumí, que al margen de que pueda conocer usted los detalles de esa resolución -veo que me dice que no-, le traslade al Gobierno, al cual ya he preguntado, por qué. Aquí hay
dos cosas que no tienen sentido. Primera, que haya un cambio de política en el Gobierno, es decir, donde hubo una acción humanitaria decidida para evitar naufragios en alta mar en el mar Mediterráneo, y evitar que se convirtiera en una fosa común,
ahora haya un cierre de esa actividad a través de resoluciones administrativas. En segundo lugar, aun cuando siendo esa decisión difícilmente justificable y muy discutible, ¿por qué se añade a ello un tratamiento diferenciado y discriminatorio a
determinados barcos de bandera española respecto de aquellos que tienen bandera de otros países, también de la Unión Europea? Esto me traslada a la última cuestión, a Europa, a la Unión Europea, porque es desde luego un problema de dimensión
europea. Hagan el favor, como Gobierno, de tomar decisiones o de impulsar la toma de decisiones en el ámbito comunitario, porque la tragedia subsiste, la tragedia humanitaria subsiste. Estoy seguro de que usted más que nadie es sensible a esta
situación y seguro que le duele, como a mí, como a todos, pero tengo la impresión de que usted puede influir más que yo en esta materia, y le pido que lo haga. Le ruego que me disculpe porque, como ya le he comentado, tengo que acudir a otra
Comisión y no voy a poder esperar su respuesta; no obstante la veré más tarde.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Surra.
La señora SURRA SPADEA: Buenos días, señora secretaria de Estado. Muchísimas gracias por su intervención, que ha sido muy completa, muy técnica y muy centrada en el tema.
Quiero decirle que yo entré en este país hace catorce años como emigrante ilegal, a pesar de haber intentado por todos los medios en mi país venir de una manera legal, segura y ordenada; me fue imposible hacerlo a pesar de todo lo que tuve
que pagar, de todos los papeles que tuve que sacar y de todas las peripecias que tuve que hacer. Como no conseguí una solución para este tema, vine como lo hicieron los demás, si bien vine en avión y no en patera le puedo asegurar que la situación
en que nos encontramos los que llegamos de esta manera es exactamente igual, salvo en el hecho de la travesía por mar, que es más insegura que venir en avión. Todo lo demás, en cuanto a mafias, en cuanto a situación de vulnerabilidad, en cuanto a
sentirse infrahumano, porque no está uno en condiciones de igualdad respecto de los demás en lo relativo al tema administrativo, que es la obtención de los papeles y la situación psicológica que esto conlleva, fue exactamente igual, además como
usted sabe muy bien la mayoría de los que venimos aquí vienen de otras maneras, y no en patera. La publicidad se hace con una pequeña imagen de la emigración cuando lo importante de la emigración es otra cosa, y usted lo ha dicho muy bien.
Tuve suerte de estar solamente cuatro años y medio sin papeles, porque yo llegué después de la famosa regularización que todo el mundo conoce como regularización de Zapatero, pero permítame decirle que yo sé que fue usted la artífice de toda
esa regularización, que estuvo muy bien hecha, muy bien orquestada, y que incluso dejó las puertas abiertas para que la gente pudiera seguir obteniendo los papeles de una manera normal, decente y ordenada. Sin embargo desde aquel momento hasta hace
unos meses hubo una realidad que cambió a causa de la reforma laboral del Partido Popular, que modificó todas las relaciones laborales de la gente de aquí y, sin cambiar la Ley de Extranjería, hizo que a la gente que estaba sin papeles le fuera
absolutamente imposible, imposible, porque es humanamente imposible, conseguirlos. Hoy nos encontramos con la realidad de que ciudadanos que hace más de diez años viven aquí no han podido regularizar su situación administrativa, lo que perjudica no
solo a la persona, que tiene diez años menos de cotización para su jubilación, sino que perjudica al Estado, que somos todos, porque nadie cotizó por ellos y hay menos dinero para la sanidad, la salud y todo lo que se pueda hacer, algo que
solamente beneficia a los patrones que contrataban, porque trabajo nunca le falta a la gente que está sin papeles. Yo estuve cuatro años y medio trabajando, y trabajando en buenos trabajos, sin embargo no tenía la posibilidad de regularizar
mi situación ni de cotizar. Además tengo la suerte de que soy de piel blanca y que por mi edad puedo pasar como una persona del país, pero hay otros que no tienen esa posibilidad. En dos ocasiones me pararon y no tenía papeles, pero hice como que
era de aquí y seguí caminando como que a mí no me tocaba y me salvé las dos veces, pero otros no tienen esa suerte. Por tanto esa situación hizo que yo dijese que tenía que hacer algo para arreglar esta situación, y por eso hoy estoy aquí como
diputada, hoy estoy aquí porque aquí es donde se trabaja en la Ley de Extranjería, que nos llevó a hacer intervenciones en esta legislatura con compañeras de varios partidos con las que estábamos de acuerdo para poder mejorar toda esta situación.
El tema de la gente que hace tiempo que está aquí y no tiene papeles -usted no lo ha tocado hoy- perjudica a muchísima gente. Usted no puede saber en ese momento cómo perjudicó la reforma laboral a este colectivo, pero tengo que decirle que
sí le perjudicó mucho, y es una realidad que hay que tener en cuenta y que hay que solucionar. Lo que le puedo decir como balance es que hay una gran diferencia entre lo que se habla y se discute en estas altas esferas, que son las que determinan
en última instancia la política, con la realidad concreta de la inmigración diaria; hay una gran diferencia que tenemos que tratar de acortar. Hay que escuchar a la gente que está en esa situación para poder tratar de buscar soluciones favorables
para todo el mundo, aquí, en el Parlamento, porque como dice usted -y también lo dicen muchos dirigentes en Cataluña- la emigración es positiva para el país. En Cataluña pasamos de ser 6 millones de habitantes a 7,5 millones gracias a la
emigración. La emigración ha dado en los mejores años de nuestra comunidad autónoma un aporte muy importante, por eso también nosotros participamos en política, y queremos solucionar todos estos temas. Simplemente quiero decirle que hay que seguir
trabajando, que hay que encarar las cosas -como usted bien dijo-, pero tampoco hay que olvidar esos otros puntos como el cambio de la reforma laboral -punto en el que cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, junto con nosotros y otros
partidos, pensaba que había que derogar, pero todavía no se ha derogado, esperemos que esto siga y se pueda hacer-, porque desde el punto de vista migratorio hizo muchísimo daño.
En los temas que no toqué estoy de acuerdo con los dos compañeros que me precedieron en el uso de la palabra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Surra.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora secretaria de Estado, señora Rumí, por su comparecencia. Buenos días a todos, señorías. En primer lugar, permítame hacer una pequeña reflexión a la que también los que me han precedido en el uso de la palabra han hecho
referencia, y es que se había pedido la comparecencia de la ministra y ha venido la señora secretaria de Estado. Bienvenida sea. Pero ha pasado lo que ocurre siempre, y es que cuando ustedes piden la comparecencia a petición propia vienen aquí a
contar lo que ustedes quieren, y no lo que los grupos solicitantes les han pedido. Entendemos que esto es hacer trampas al solitario, a lo que están bastante acostumbrados. Señora Rumí, parece que ustedes también terminan mimetizándose con el
Partido Popular con esto de las comparecencias: ya no va el señor Rajoy a comparecer y tampoco va el señor Sánchez a comparecer. Me parece que esto tampoco es justo. Tras los ocho meses de prórroga que hemos estado teniendo -nos encontramos en un
momento de descuento ya, a expensas de lo que pase el 28 de abril, y seguro que ahí lo va a poder vislumbrar- no tiene ningún sentido que venga a contarnos las líneas generales de futuro y lo que ustedes pretenden poner en marcha, porque tras haber
tumbado unos Presupuestos Generales del Estado fallidos la confianza del señor Sánchez ha decaído, y no entendemos que vengan ustedes a contarnos esto.
Señora Rumí, usted hablaba de la demagogia y de no usar la emigración, pero fíjese que ustedes con la llegada del Open Arms fueron los adalides del marketing y de la comunicación. Allí establecieron todo un boato de medios de comunicación
para dar a conocer lo que estaban haciendo, cosa que no estaban haciendo en otros momentos. Y no nos ha explicado aquí por qué -y el señor Campuzano y el señor Barandiaran ya se lo han expuesto- no están dejando salir el Open Arms a rescatar a esas
personas que mueren en el Mediterráneo. Permítame decirle también, señora Rumí, que ustedes siempre han negado que haya habido una crisis migratoria. Nos podría explicar por qué entonces se incrementaban en los
presupuestos fallidos un 33 % las partidas, cuando resulta que no había aquí crisis migratoria. Quiero recordarle que el año pasado llegaron alrededor de 57 000 migrantes a nuestras costas. Esto demuestra que la política migratoria debe ir
de la mano de las instituciones de la Unión Europea, deben ir en conjunto con el resto de nuestros países, porque debemos recordarles que nuestras fronteras son las fronteras del resto de países de la Unión Europea. Por tanto, la política de
seguridad y defensa, la política de fronteras, la política de migración debe ser conjunta e igual, yendo de la mano con el resto de las instituciones de la Unión Europea. Como bien ha dicho usted, debe ser una política migratoria legal, regular,
sistemática y que permita atraer el talento que vamos a necesitar, porque vamos a necesitar gente, como bien ha dicho usted también y lo ha advertido la AIReF, en los próximos años para el sostenimiento de nuestro país. Sin duda, debemos hacerlo
conjuntamente para evitar que los populismos campen a sus anchas, que es lo que está ocurriendo en otros países de la Unión Europea.
Ya que hablar del futuro no tiene mucho sentido a la altura del partido en que nos encontramos, le podría hacer algunas preguntas, por ejemplo, en qué ha consistido exactamente la flamante y novedosa política migratoria del Gobierno de la
dignidad, ¿en negar el permiso de zarpar a los buques dedicados al rescate de migrantes? En cuanto a las ayudas y subvenciones en favor de los inmigrantes y refugiados, ¿a qué se debía este incremento -como le preguntaba antes- si en teoría no
había crisis migratoria? En otro orden de cosas, ¿qué ha hecho este Gobierno para retornar el talento expulsado de nuestros compatriotas durante estos años de crisis económica?
Sobre que hay que dejar de hacer demagogia y partidismo en el drama de la inmigración, le diré que sin duda, y permítanme en este momento, como alicantino, recordarle a la señora secretaria la nefasta gestión del buque de pescadores de Santa
Pola Nuestra Madre Loreto, dejando a la deriva y sin protección ninguna a ciudadanos españoles, que vieron cómo en aguas libias las fuerzas de salvamento y rescate libio dejaban tirados a los pescadores, y ningún pescador va a dejar tirado en el mar
a ninguna persona. En cuanto a dejar de hacer demagogia, hemos debatido ya varias veces sobre temas migratorios europeos en los últimos meses, como, por ejemplo, el 7 de mayo de 2018 en la Comisión mixta para la Unión Europea, donde se trató una
proposición no de ley sobre política europea de control migratorio del Mediterráneo central, del Grupo Parlamentario Socialista, a la que el Grupo Popular votó en contra. En otra ocasión, el 19 de mayo de 2018, se debatió otra iniciativa sobre
control migratorio del Mediterráneo central, también del Grupo Parlamentario Socialista, en la que el Grupo Popular se abstuvo; aquí vemos un poco las contradicciones. El 30 de octubre se debatió una moción del Grupo Parlamentario Popular sobre la
actuación del Gobierno en política migratoria, a la que el Grupo Socialista votó en contra. Y el 14 de noviembre, una proposición no de ley sobre el refuerzo de la guardia europea de fronteras y costas, que logramos aprobar pese a los votos en
contra del Grupo de Podemos. Señoría, si hablamos de que tenemos que ir de la mano y trabajar conjuntamente con el resto de países, no tienen sentido los votos en contra o las abstenciones tanto del Grupo Popular como del Grupo Socialista.
Por último, me gustaría recordar cómo en la oposición se prometen ciertas cosas y cuando se llega al Gobierno no se cumplen. Por ejemplo, el Grupo Socialista trajo una proposición no de ley instando al Gobierno a elaborar un plan nacional
para dar respuesta adecuada al incremento del flujo migratorio y de rentas españolas, y me gustaría saber dónde ha quedado esto, o también la proposición no de ley para adoptar las medidas necesarias a efectos de garantizar a los presos españoles en
el extranjero que tengan derecho al subsidio en el momento de su excarcelación. Asimismo, quisiera conocer dónde ha quedado la proposición no de ley para que el Gobierno central pusiera en marcha el plan estratégico holístico de ciudadanía e
integración.
Señora Rumí, le agradezco su comparecencia, pero en el momento en que nos encontramos, cuando el presidente del Gobierno ha perdido la confianza de la Cámara al no haberse aprobado los presupuestos fallidos, los presupuestos fake que no se
creía absolutamente nadie, no tiene ningún sentido esta comparecencia. No obstante, espero tener sus comentarios y sus respuestas a las preguntas que le he ido formulando.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Franco, por siete minutos.
La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, señor presidente. Gracias también a la secretaria de Estado, a doña Consuelo Rumí, por las explicaciones que ha dado hoy aquí sobre la política migratoria del Gobierno.
En primer lugar, no puedo hacer otra cosa, después de la intervención que me ha precedido del portavoz de Ciudadanos, que decir que hacer política electoral con las migraciones me parece absolutamente deleznable, deleznable. Estamos
hablando de derechos humanos y no son ustedes precisamente los que se están visualizando como los garantes de los derechos humanos haciendo pactos de gobierno con la ultraderecha, que precisamente no va a garantizar los derechos humanos. Así que,
en primer lugar -siento mucho haber tenido que hacer este inciso-, quiero dejar claro que me parece absolutamente deleznable que se haga política electoral con los derechos humanos y con las migraciones.
Dicho esto, me voy a la comparecencia y a los temas que se tratan en la misma. Como ya dije anteriormente, hace unas semanas, cuando estuvimos con las comparecencias para los Presupuestos Generales del Estado, al Grupo de 'Unidas' Podemos
nos parece que el trabajo que se ha hecho con el Gobierno actual, en estos escasos ocho meses, ha sido un gran avance que pudimos ver desde el primer minuto con la recuperación de la Secretaría de Estado de Migraciones en el Ministerio de empleo.
No podemos más que decir que se ha intentado avanzar bastante desde el actual Gobierno, teniendo en cuenta la situación de bloqueo tan brutal de la que se partía con la no política migratoria o sí política antimigratoria del Partido Popular, con un
bloqueo brutal del sistema de acogidas. Para nosotros fue una gran noticia que este año se pasase hasta el aumento de casi el 30 % en lo que los presupuestos iban a dedicar para acciones a favor de los inmigrantes. Pensábamos que era una gran
noticia para acabar con este bloqueo y poder seguir avanzando en una política migratoria, mientras que el año anterior, en 2017, con los presupuestos del Partido Popular, solamente se aumentaba en un 1,77 %, que era a todas luces no solo escaso,
sino contraproducente como venían diciendo no solamente los grupos parlamentarios que estamos aquí representados sino también las organizaciones de la sociedad civil, que son las que están haciendo el trabajo en primera línea.
Decía usted que tenía una visión integral de las migraciones y que la migración tenía que ser segura, ordenada y regular. Nosotros y nosotras estamos de acuerdo con eso y, de hecho, muchas veces hemos dicho que no entendemos otra forma de
trabajar por la migración que no sea a través del establecimiento de vías seguras para los flujos migratorios. Creemos que es la única vía de asegurar los derechos humanos y de trabajar en pro de una cosa tan natural y que ha pasado toda la vida
como es el hecho de que las personas migren de unos lugares a otros, y más aún cuando estamos hablando de personas que migran no por gusto ni por mantener experiencias nuevas -como en algún caso se ha dicho de los propios migrantes españoles desde
anteriores Gobiernos del Partido Popular-, sino precisamente para huir de la guerra, para huir del hambre, para huir de las mafias y para huir de las persecuciones; es decir, no hay otra forma para preservar los derechos humanos que hacer una
política de vías estables y seguras para las migraciones.
Por otro lado, quería centrarme en la segunda parte de las peticiones de comparecencia sobre la política de buques y los barcos de salvamento. A nosotros nos pareció loable el ejemplo que dio el Gobierno a su llegada respecto de la acogida
del Aquarius. Fue una gran noticia y creo que todo el mundo lo celebró, porque pensábamos que eso era un primer paso para acabar con ese pseudosecuestro administrativo de las embarcaciones de salvamento de las ONG. De hecho, con algunas de esas
ONG hace muy pocos meses el Gobierno, el Ministerio de Fomento en concreto, llegó a firmar un convenio de colaboración, y no entendemos qué ha cambiado desde ese momento hasta ahora, o en parte sí lo entendemos y creemos que lo que ha cambiado se
puede definir en una sola palabra y es Frontex; de hecho, creemos que por culpa de esta política estamos más lejos de esos primeros pasos que se fueron dando y más cerca de una política migratoria que entendemos que es nefasta y que quizá se parece
más a la que pueden estar haciendo Gobiernos que, desafortunadamente, están hoy en la Unión Europea, pero que no están haciendo el trabajo que deberían hacer. Alguna ONG, en concreto Proactiva Open Arms, ha presentado hace muy pocos días en el
Congreso 139 000 firmas para pedir al Gobierno que permita zarpar al Aita Mari y al propio Open Arms para poder seguir la misión humanitaria.
En este sentido y por acabar, quería hacerle dos o tres preguntas sobre las solicitudes de protección internacional. Quiero preguntarle cómo es posible que se hayan duplicado estas solicitudes y que aún haya tantísimas sin resolver. Ya
sabemos que venimos de un Gobierno anterior, que fue el que precisamente provocó ese bloqueo y aún estamos así, pero cómo es posible que algunos dispositivos de acogida no estén como deberían estar y sufran todavía las consecuencias del desastre
anterior, entre
otras cosas, porque sigue siendo muy difícil identificar a personas refugiadas víctimas de trata o perfiles vulnerables, como, por ejemplo, los menores de edad. Queríamos saber en qué se ha avanzado en los sistemas de acogida, aunque en
parte ya ha respondido a eso, y nos parece que es un buen un avance, un buen camino. Por nuestra parte nada más, simplemente quiero decir que creemos que ese es el trabajo que hay que seguir haciendo, que es una pena que los presupuestos no se
hayan aprobado porque podíamos haber avanzado mucho con ellos, y les animo a seguir trabajando y a que sigamos fuertes, porque con los derechos humanos no se puede hacer otra cosa que garantizarlos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias a la secretaria de Estado por su comparecencia, por todas las explicaciones que nos ha dado sobre sus líneas de trabajo. Conocemos el momento político en el que nos encontramos y esta comparecencia sirve un poco de repaso de lo que
se ha hecho. También sabemos qué cosas no se van a poder hacer porque las derechas y los partidos independentistas han pensado en todo menos en las personas. Por tanto, es imposible seguir avanzando hasta que haya un nuevo Gobierno -que estoy
segura de que será socialista-, pero lamentamos la parálisis tan dura que va a producirse en políticas tan necesarias por el egoísmo de las derechas y el intento de chantaje de los independentistas.
Ciudadanos dice que nos hemos mimetizado con el Partido Popular. No me río porque estamos en un tema absolutamente serio en el que tenemos que respetar a las personas, sobre todo, como ha dicho la representante de Unidos Podemos, pero
mimetizarse con Vox y con el PP ustedes lo han hecho ya en Andalucía y en la Plaza de Colón lo vio toda España, cómo ese ejercicio de fundirse la extrema derecha de este país se ha llevado a cabo y se ha materializado ya. Así que, por favor, deje
de hacer esos comentarios para dañar porque, al final, quedan en ridículo.
En estos meses el Gobierno ha recuperado todas las políticas migratorias que se perdieron, que jamás debieron perderse y que fueron destruidas por el Partido Popular y este Gobierno ha tenido que trabajar con unos presupuestos que todo el
mundo debe recordar que eran presupuestos del Partido Popular. Por tanto, respecto a todos esos logros que han sido reconocidos, y agradezco como representante del Grupo Socialista que se reconozcan, y todos esos avances en materia de migración,
quiero recordar que se hicieron con presupuestos del Partido Popular y cuando han sido necesarios unos presupuestos justos para llevar a cabo lo que este Gobierno sabe que se necesita como es la gestión ordenada de los flujos migratorios o atender
la entrada de inmigrantes económicos en nuestro país, dar respuesta a la demanda de solicitudes de asilo y refugio y hacerlo todo eso con el estricto cumplimiento de la Unión Europea, los han bloqueado porque no se ha pensado en el interés general.
Hay que atender, como ha dicho la secretaria de Estado, a los españoles residentes en el extranjero, y lo han hecho. Ha sido una prioridad del Gobierno. Ha aumentado el número de españoles en el extranjero. El presupuesto dotaba de una
partida suficiente para atender las necesidades de esas personas que se encuentran en necesidad y vulnerabilidad que han alcanzado la edad de jubilación sin recursos suficientes, españoles retornados mayores de sesenta y cinco años sin recursos.
Realmente fuimos capaces de presupuestar para 2019 una cuantía suficiente para seguir garantizando la atención y protección adecuada a estos nacionales de pleno derecho. Por tanto, estos presupuestos no eran de la demagogia, como el representante
de Ciudadanos ha dicho, sino que estos presupuestos, por desgracia, han sido bloqueados por la derecha y por los partidos independentistas, que tienen otros intereses.
Creemos que una política más que necesaria es la encaminada a favorecer el retorno del talento, sobre todo el de nuestra juventud, que tuvo que huir de este país en busca de trabajo, de oportunidades. Recuerdo una pregunta, creo que por
parte de Ciudadanos, en el sentido de si parecía suficiente lo que estaba presupuestado para estas políticas. Hay que recordar que tiene un enfoque transversal, que contaba con presupuestos en distintos ministerios porque es una prioridad para el
Gobierno y que no solo eran los tres millones que estaban contemplados, sino que se encontraban desarrolladas en distintos ministerios estas políticas de retorno y, sobre todo, contando con comunidades autónomas, con entidades locales,
universidades, agentes sociales y, por supuesto, con los emigrantes.
No debemos olvidar que en materia de inmigración, ya se ha dicho, estamos hablando de una política supranacional donde en el seno de la Unión Europea y como país miembro debemos trabajar por el fomento de una política europea de inmigración
sin conformarnos con que se limite toda la acción al
control de la inmigración irregular y hay que afrontar el aumento de solicitudes de protección internacional en nuestro país, pero se requiere también una reformulación del sistema europeo común de asilo y España ha sido capaz de colocar ese
debate en la agenda europea. Porque lo cierto es que con el anterior Gobierno no había política y con el PP y con los nuevos acompañantes, ese 'trifachito', lo único que hemos escuchado es crispación, discurso xenófobo y odio al inmigrante. Nos
acusa Ciudadanos de demagogia, me parece bastante duro y después nos acusará también de ello el Partido Popular.
En la última Comisión escuchamos al portavoz del Grupo Popular hasta poner en duda cómo se iban a gestionar las subvenciones y al representante de Ciudadanos darse golpes en el pecho por los inmigrantes mientras pactan con Vox y con el
Partido Popular y promueven discursos muy peligrosos, todo un disparate donde lo que hay es populismo, falso patriotismo y un discurso incendiario contra la cohesión social y la convivencia en nuestro país.
El representante de Ciudadanos pregunta que si no hay crisis migratoria, ¿por qué aumenta el presupuesto? ¡Porque no había política migratoria en los presupuestos de 2018 que aprobaron PP y Ciudadanos! Ahora hay partidas presupuestarias
porque, por fin, hay políticas migratorias y de ahí el aumento. Aunque es mucho lo que se puede decir, sí quiero aclarar que en atención humanitaria, en regulación de los flujos migratorios a través de la contratación, en la lucha contra la
inmigración irregular, en la trata de seres humanos, en la cooperación internacional de carácter bilateral y multilateral España ha sido protagonista de muchos de los acuerdos e iniciativas que se han tomado en la Unión Europa. Así lo contemplamos
los socialistas y por eso duele la utilización de intereses ajenos a los que necesita este país.
Y como es una política transversal, al decir no a los presupuestos, no solo han dicho no a las partidas de este ministerio, sino que también han impedido la regulación garantista de la inmigración; la previsión de la regulación de
protocolos de actuación y funcionamiento de los CIE; han parado las políticas de cooperación al desarrollo, que contaban con un 20 % de aumento y han parado las partidas para distintos grupos y foros internacionales. Ahora que están pidiendo
tantas explicaciones, me gustaría que los partidos responsables de tumbar los presupuestos explicaran por qué han paralizado aportaciones a Acnur, todas las ayudas en asilo y apátridas y, sobre todo, esa cooperación necesaria con las comunidades
autónomas y ayuntamientos. Ahora podemos decir que no hay caos, no hay improvisación, se ha dado coherencia a todo, ya no hay gente tirada en los polideportivos, se ha puesto en marcha un plan de emergencia, se establecieron protocolos de acogida,
infraestructuras estables, medidas necesarias que permiten la actuación con inmediatez. Para seguir esas líneas que se emprendieron con un presupuesto del Partido Popular, necesitábamos los presupuestos socialistas.
Se me acaba el tiempo, pero, sobre el Aquarius, el Open Arms y el Aita Mari, me gustaría que se dejara de utilizar este tema, que no ha dejado de utilizarse desde el primer día. Las derechas tienen que claudicar ante una evidencia: que el
Gobierno Popular estaba deslegitimado por su corrupción y que hemos pasado a un Gobierno que ha situado en la agenda política europea la migración, que ha conseguido acuerdos bilaterales, que ha sido capaz de trasladar que la acción de Frontex en el
control de fronteras no es suficiente. Es absolutamente necesario, pero lo importante es que se trabaje en esos canales seguros y legales de migración que compete a todos. El ministro de Fomento ha explicado todo lo referente a estos barcos. Ha
explicado cómo hay un procedimiento administrativo, reglado; ha explicado cuáles han sido las causas por las que Capitanía Marítima ha denegado que salgan los buques; hay una importante normativa internacional que regula esta materia y que también
regula el régimen de responsabilidades para los responsables del buque, pero, como socialistas, lo que no podemos permitir es que, después de las explicaciones dadas, se nos compare con partidos de ultraderecha, porque este Gobierno está salvando
vidas humanas -más del 50 000 el año pasado-, mientras otros les están denegando la entrada y contribuyendo a que mueran cada vez más personas.
Para terminar, quiero poner un ejemplo: Operación Sophia, que depende del Ministerio de Defensa. En la última Comisión la ministra de Defensa explicó cómo España estaba luchando para que los partidos de derechas de la Unión Europea no
acaben con esta operación tan importante que lucha contra las mafias en Libia, lucha y desarticula las redes de tráfico de personas, identifica, captura y destruye las embarcaciones para prevenir los flujos de inmigración irregular, evita que la
gente muera en el mar y, además, sirve para el embargo de armas en alta mar frente a las costas de Libia. España, en los foros en que está, exige que se siga con esas políticas y esos programas que impiden que mueran las personas en el mar. Por
tanto, España está haciendo un gran ejercicio de responsabilidad. Unos alimentan la xenofobia y otros intentan comparar a este Gobierno con los xenófobos.
El señor PRESIDENTE: Tiene que concluir.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Ya termino.
Exigimos responsabilidad y, como dijo la secretaria de Estado en la última comparecencia, cuando pasen todos estos procesos electorales, ojalá seamos capaces de llegar a un pacto de Estado en materia de migración, que es tan necesario porque
lo que hay detrás son vidas humanas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alconchel.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Rojas.
El señor ROJAS GARCÍA: Gracias, señor presidente.
Señora secretaria de Estado, muchas gracias por su comparecencia. En estos ocho meses de Gobierno hemos visto una cosa y la contraria. En política migratoria, los vaivenes del Gobierno han sido especialmente llamativos y dañinos para
terceras personas: los inmigrantes que se juegan la vida para llegar a las costas europeas.
Y, respondiendo a la portavoz socialista, esto ha ocurrido por un Gobierno nacido de un pacto del socialismo con los que quieren romper España -no nos olvidemos-, con quienes Pedro Sánchez acaba de decir en el día de ayer que volvería a
pactar. Por tanto, señorías, las cosas claras. De esta forma, si en junio asistíamos a la recepción del Aquarius en Valencia a bombo y platillo, como se ha dicho, haciendo así de efecto llamada para otros inmigrantes -y, lo más peligroso, para las
mafias-, en diciembre veíamos cómo el Open Arms, que se supone que era uno de los aliados del Gobierno en salvamento marítimo, quedaba bloqueado en el puerto de Barcelona. Al Open Arms se unió luego el Aita Mari por similares motivos. Con
anterioridad habíamos visto cómo el Open Arms abandonaba el puerto de Motril por no poder trabajar allí ni firmar los convenios al que se había comprometido el Gobierno español. Además, el pesquero español Nuestra Madre Loreto quedaba perdido en el
mar con doce inmigrantes a bordo ante la negativa del mismo Gobierno que unos días antes aceptaba la llegada de otros inmigrantes. La Unión Europea tuvo que corregir al Gobierno de España recordando que Libia no era un puerto seguro, como aseguraba
días antes la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el ministro de Fomento, José Luis Ábalos. ¿Qué opinaba usted en ese momento, señoría? Porque nunca se escuchó a la responsable de inmigración.
Lo que iba a ser el fin inmediato de las concertinas se ha convertido en un baño de realidad ante una situación inédita en la frontera sur de España y de Europa: los asaltos masivos a las vallas de Ceuta y Melilla, que han tenido que ser
controlados por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que tienen todo nuestro apoyo. Esto ha ocurrido durante el mandato del señor Sánchez; esto ha ocurrido por la responsabilidad o, mejor dicho, por la irresponsabilidad del señor
Sánchez. Mientras tanto, veíamos cómo el número de inmigrantes se multiplicaba desde la llegada del Gobierno del Partido Socialista, creciendo hasta un 170 % más que en la primera mitad de 2018. Esos son los datos irrefutables, señoría.
En este contexto, hemos sabido por la prensa que el Gobierno ha encargado un informe que le permitiría desarrollar un plan para reducir la inmigración en un 50 %; un bandazo más de la política migratoria que se suma a unos presupuestos
irresponsables, que ya le advertimos que eran falsos, que ya le advertimos que no se llevarían a efecto, como estamos viendo hoy precisamente aquí, señoría. Ese plan para reducir la inmigración en un 50 % al menos podrían haber tenido la delicadeza
de traerlo al Congreso de los Diputados y plantearlo aquí en la sede de la democracia. Ni la Comisión Delegada para Asuntos Migratorios ni el CIS, que indica que la migración es una de las mayores preocupaciones de los españoles, han hecho que el
Gobierno socialista tomara en estos meses las riendas de una cuestión que debe ser una política de Estado, buscando consensos en el Parlamento que nunca han buscado ni han pretendido buscar. Hay distintas cuestiones clave en materia de inmigración,
pero su política ha parecido el camarote de los hermanos Marx. Así es su política migratoria: un comportamiento de bandazos y de vaivenes que no ofrecen ninguna seguridad jurídica. Ya se lo han recordado aquí todos los portavoces; no solo es el
Partido Popular el que lo mantiene. El Ministerio de Fomento ha hecho una cosa y el Ministerio del Interior a continuación proclama justo la contraria y continúa con las expulsiones y el control férreo en Ceuta y Melilla, cuando decían justo lo
contrario cuando estaban en la oposición. El Ministerio de Asuntos Exteriores habla de movilidad ordenada. Ustedes en su ministerio están desaparecidos y en los presupuestos se dedican a delegar en las ONG, en las comunidades autónomas y en todos,
menos
asumir la responsabilidad del Gobierno. Esa es la realidad que hemos tenido. Volviendo a los hermanos Marx, señoría, estos son mis principios y, si no les gustan, tengo otros, que diría Groucho Marx.
Pues bien, eso es lo que han hecho con los distintos barcos que han llamado a las puertas con inmigrantes a bordo. Aceptaron al Aquarius en junio. Apoyaron al Open Arms en Barcelona. Poco después comenzaron a dificultar su llegada
mandándolo a Algeciras, un puerto más lejano y complejo para ellos. En octubre decidieron que eran sus socios y que firmarían un convenio con ellos en Motril, pero solamente hicieron allí una maniobra donde el Open Arms tuvo un mes de
estacionamiento sin hacer nada. De Nuestra Madre Loreto se desentendieron, aunque fuera un pesquero español. Y ahora parece ser que se han dado cuenta de que ni el Open Arms ni el Aita Mari cumplen con los requisitos legales. Han pasado de ser
socios preferentes del Gobierno a ser barcos que no cumplen con los requisitos legales. ¿Pero esto quién lo explica, señoría? Porque el señor Ábalos dice una cosa y usted dice la contraria. ¿Quién explica esto en el Gobierno? ¿Qué seguridad
jurídica pueden ofrecer los que nos gobiernan, que hacen este tipo de actuaciones que -repito- está viendo todo el mundo? Señoría, aquí no han dado ni una sola explicación al respecto. Esto es un vaivén en toda regla y ofrece la imagen de un
Gobierno débil, un Gobierno sin rumbo, un Gobierno que es incapaz de gobernar los destinos de los españoles. Esa es la realidad. En todo caso, sabemos que ustedes arman políticas de inmigración que son absolutamente contradictorias y personas del
propio Partido Socialista, dirigentes autonómicos como el señor Ximo Puig, lo reconocen y critican al propio Gobierno. Necesitamos buscar una solución al reto migratorio, señorías, porque la inmigración irregular es el negocio de las mafias, y les
recuerdo que traficar con ella es un crimen recogido en el Código Penal, por cierto, por la reforma del Partido Popular en el año 2000 y aún más agravada la pena en otra reforma del Partido Popular en el año 2015. Eso es actuar contra las mafias,
eso es legislar contra las mafias, eso es tener una política migratoria concreta, la que hizo Partido Popular, la que persigue precisamente a las mafias, la que asegura los derechos humanos, la que da certezas y la que da seguridad jurídica.
Señoría, yo le valoro en el día de hoy su reconocimiento y agradecimiento a las Escuelas Católicas por su colaboración y la firma de ese convenio que usted ha dicho que han firmado, pero me gustaría que pidiera a su partido y a su Gobierno
reciprocidad, al menos para terminar ya con la crítica sistemática y demagógica que hace siempre su partido donde gobierna a la Iglesia. Me han gustado sus palabras, pero me gustaría que usted fuera un altavoz en su propio partido para decir que
sobre la base de los hechos, sobre la base de la concordia, sobre la base de remar todos juntos podemos afrontar sin duda un problema que afecta a seres humanos a los que hay que atender. Por tanto, señoría, deben dedicar más esfuerzo a la
emigración. Ya lo van a hacer -yo espero- desde la oposición, pero si usted tiene alguna responsabilidad cuando estén en la oposición porque así lo decidan los españoles, me gustaría que todo lo que han hecho en estos ocho meses por confrontar o
dando vaivenes en materia de inmigración lo pongan al contrario y lo hagan por ayudar al Gobierno y por remar todos juntos con una política no errática, sino una política concreta y firme para abordar la inmigración.
Señoría, como usted ha dicho, el reto migratorio también lo es en Europa, y por supuesto hay que pedir al Gobierno -nosotros nos vamos a encargar de hacerlo- una política concreta para ayudar, por ejemplo, a nuestros amigos, al pueblo
hermano de Venezuela, que lo están pasando mal. Hay que atender el asilo y refugio de los venezolanos, hay que liderar decisiones en Europa que puedan atender a los venezolanos. Todos los tipos de inmigración, pero sobre todo la inmigración
irregular, necesitan una respuesta coherente que cuente con todos los poderes públicos y no tomar decisiones a espaldas del Congreso de los Diputados, decisiones de las que nos tenemos que enterar por la prensa, como el plan especial que antes les
decía.
Y en cuanto a los españoles en el extranjero, señoría, el crecimiento económico es la mejor solución para la inmigración ordenada, sin duda, y lo es también para atraer a la emigración española, a los jóvenes que han salido a buscar
oportunidades fuera. Eso sí, a los que así lo quieran. Démosles oportunidades para volver. Eso se consigue con crecimiento, con las políticas económicas que hizo el Partido Popular, que ha sido el único que ha sacado a España de la crisis hasta
en dos ocasiones y usted lo conoce perfectamente. Los jóvenes españoles no se fueron de España en 2012, empezaron a irse en 2008 y en 2009, cuando llegamos a cuatro millones de parados en la gestión nefasta que hizo el Partido Socialista.
Voy concluyendo, señor presidente. Desarrollemos, señorías, una estrategia ante el reto migratorio que incluya a todos los poderes públicos, a todas las administraciones, a toda la sociedad civil, a las instituciones que cada día están
dando la cara por la inmigración y que sabemos que hacen un excelente
trabajo, a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que tienen todo nuestro respaldo, por el trabajo que hacen y el esfuerzo que realizan en su titánica tarea, muchas veces con falta de medios. Démosles esos medios, démosles ese respaldo. Una
estrategia que vele por una inmigración legal, segura y ordenada; que busque soluciones aquí y allí, en el origen, y que no sea paternalista ni oportunista, sino realista, eficiente y coherente, y que devuelva a España el liderazgo que debe tener
en Europa en un tema que es crucial; que en Europa se escuche a España porque vean un Gobierno firme que tiene determinación en arreglar las cosas y en mirar cara a cara los problemas. Señorías, estoy convencido de que podremos afrontar estas
metas en el nuevo Gobierno.
Termino, señor presidente, agradeciéndole muy especialmente a la señora secretaria de Estado su comparecencia. Igual que a usted, deseo a todos los miembros de esta Comisión mucha suerte y un gran futuro en sus decisiones personales en
estos tiempos que vienen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rojas.
Para concluir, tiene la palabra la secretaria de Estado, señora Rumí.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE MIGRACIONES (Rumí Ibáñez): Gracias, señor presidente. A ver si esta vez soy más concreta que la última, que me regañó el presidente porque me extendí muchísimo en la réplica.
Voy a ver si soy capaz de ir contestando uno por uno aunque repita algunas cosas. Señor Campuzano, me alegra que esté aquí porque en la última comparecencia se había ido usted y como hoy también me diera plantón, esto iba a ser complicado.
(El señor Campuzano i Canadés: Los grupos pequeños tenemos una vida muy ajetreada). Vamos a ver, señor Campuzano, usted y yo llevamos muchos años trabajando en este tema y por tanto sabe perfectamente lo que dice, y yo entiendo que lo tenga que
decir, pero yo no doy instrucciones en Fomento, no las doy. Yo tampoco doy instrucciones en el Ministerio del Interior, no las doy. La secretaría de Estado, según el decreto de estructura, tiene la responsabilidad de coordinar, y usted lo que está
pidiendo en su intervención no es que la secretaría de Estado coordine, sino que la secretaría de Estado tenga todas las competencias. Por tanto, lo que usted está proponiendo es un órgano superior con todas las competencias migratorias; pues ahí
lo dejo. Pero ahora mismo la capacidad que tengo es la de coordinación, no la de las competencias y, por supuesto, ni se aglutinan las normativas, ni tenemos esa competencia para dar instrucciones a Fomento o para dar instrucciones a Interior. Sí
le digo que el sistema de rescate -y esto es una respuesta a todos los que han intervenido con respecto a no autorizar el despacho del Open Arms o el Aita Mari- que tenemos en nuestro país, que hay en España, Salvamento Marítimo, es único en la
Unión Europea y yo diría que hasta único en el mundo. Efectivamente, vemos, oímos y sufrimos -al menos yo, porque lo vivo así- las muertes que se producen en el Mediterráneo, pero también es verdad que hemos evitado muchas muertes, y ahí están los
datos de las personas que hemos recibido en los meses que llevamos de 2019 y en el año 2018. Por tanto, repito, hemos evitado muchísimas muertes. Yo creo que el ministro Ábalos ha dado ya muchas explicaciones porque se le ha preguntado en
distintas fórmulas parlamentarias, pero lo que está claro es que nosotros no prohibimos que vayan barcos a rescatar, lo que entiendo que ha explicado ya bien el ministro de Fomento es que se debe garantizar que tengan las condiciones para poder
hacerlo. Por tanto, se debe resolver todo el tema administrativo en que están inmersos. Y tengo que contestar ya al señor Barandiaran, que no está pero me ha dicho que me escuchará; efectivamente, yo no tengo detalle de por qué se ha despachado a
otros buques de bandera diferente a la española, no tengo el detalle, pero espero que se resuelva el recurso que ha puesto el Open Arms y que se garantice, como digo, que los barcos tienen la seguridad para poder recibir el despacho correspondiente.
Pero, insisto, que nadie piense que los rescates no se están realizando, se realizan todos los días, solo tienen que ver el número de personas que llega a nuestras costas.
Y para terminar, señor Campuzano, ha dicho: como han tomado la decisión de agotar la legislatura... Y, en fin, me ha parecido un poco de fin de fiesta de esta legislatura que usted me diga eso, porque usted sabe perfectamente por qué se
convocan las elecciones. Lo que yo no esperaba de usted es que no votara a favor de los Presupuestos Generales del Estado cuando dijo públicamente, incluso en la comparecencia, que le parecían unos buenos presupuestos. Pero bueno, aquí estamos,
creo que el presidente del Gobierno, el presidente Sánchez, ha hecho lo que tenía que hacer, convocar elecciones. Además, yo soy de las que me alegro de que haya convocado elecciones, se lo digo sinceramente, porque se van a aclarar muchas cosas y
desde luego los españoles van a poder decidir. Como dice el presidente
Sánchez, lo que decidan los españoles, bien decidido estará. Pero vamos a ver si nos aclaramos, porque aquí hay unos bailes que son, de verdad, de parejas poco creíbles; vamos a ver hasta dónde llegamos.
Al señor Barandiaran le he contestado que no conozco los detalles; no estoy en el día a día del Ministerio de Fomento y, como he dicho antes, espero que se resuelvan. Y con respecto a la otra parte de su intervención, en la que ha hablado
de las decisiones en el ámbito europeo y la importancia que les da, pues lo comparto, como el resto de su intervención; creo que es fundamental y así lo venimos haciendo. Es que llevamos ocho meses trabajando en la Unión Europea para cambiar.
Dije nada más tomar posesión, hoy hace ocho meses, que uno de los retos que teníamos era provocar una revolución en Europa en el ámbito migratorio, porque solo sabían hablar de control de fronteras y de inmigración irregular, y no se hablaba de
inmigración regular, ordenada, segura, ni de integración, ni de cooperación con el continente africano. Y, bueno, han sido ocho meses duros, difíciles, pero hemos ido avanzando; no todo lo que nos gustaría, también se lo digo, pero más de lo que
había.
Señora Surra, comparto prácticamente todo lo que usted ha dicho, pero por detenerme en lo más central de su intervención, en lo que yo denomino irregularidad sobrevenida, que es a la que usted se ha referido, el problema que tenían algunas
personas, somos conscientes de ello y precisamente por eso estamos trabajando con los instrumentos que nos lo permiten, y que además fueron puestos por este Gobierno socialista en la anterior etapa, precisamente para hacer posible que aquellas
personas que tuvieran situaciones complicadas pero que estuvieran ya de forma regular en nuestro país pudieran seguir estándolo y evitar la irregularidad sobrevenida; lamentablemente durante estos siete años no se han aplicado, pero esos
instrumentos están -están en la ley y están en el reglamento-, hay que aplicarlos. Y el anterior Gobierno del Partido Popular decidió que era mejor tener inmigrantes irregulares pero sobrevenidos -es decir, que ya estaban en nuestro país con todos
sus documentos en regla-, y desde que está este Gobierno, el Gobierno de Pedro Sánchez, lo que hemos hecho es poner en marcha todos y cada uno de los instrumentos que nos permite la ley. La prueba de eso es que hay un número muy importante de
personas que han podido renovar su documentación o acceder a una situación de regularidad por diferentes procedimientos, pero que se pueden englobar en circunstancias excepcionales, y en ello seguiremos trabajando. Mire, lo he dicho siempre y lo
volveré a repetir: ante la duda, la regularidad. Porque hay garantías para esas personas pero también para el conjunto de la sociedad. Esa ha sido nuestra meta desde el momento en que nos incorporamos al Gobierno. Y la prueba de que ha dado
resultado son los datos, unos datos que yo le he dado de manera global en mi intervención, pero es que son 94 000 personas con autorizaciones iniciales del régimen general; más de 12 000 por la Ley de Emprendedores, entre los que están los
investigadores, los altamente cualificados; están las autorizaciones por estancias, que son más de 87 000; luego están las contrataciones en origen de la gestión colectiva, que son más de 17 000. Y de cada cinco inmigrantes que hay en España,
tres pertenecen a la Unión Europea y dos son extranjeros de terceros países. El 83,9 %, prácticamente el 84 %, son de larga duración. En cualquier caso, las instrucciones que se están dando a las oficinas de extranjería es facilitar a través de la
norma que existe que una persona no caiga en la irregularidad.
Señor Cano, la verdad es que me ha costado mucho entender su intervención y creo que la señora Alconchel le ha contestado tan bien que yo no voy a poder contestarle en términos más adecuados, porque ella sí que ha debido de entender la
intervención. ¿Dónde está? (Pausa). ¡Se me ha ido! Bueno, pues no le he entendido; no he entendido su intervención dadas sus alianzas. ¡Es que lo ha explicado muy bien la señora Alconchel! No se puede decir una cosa en un sitio, otra en la
calle, una en la televisión, otra en un debate... O se está o no se está; o se es o no se es, pero lo que no se puede ser es blanco y negro al mismo tiempo. No se puede, y entonces no lo entiendo. Es que ha sido una intervención que yo
calificaría de bipolar. Pero en fin, aunque soy psicóloga, no me atrevo yo a calificar esto.
Y además -lo digo para que alguien se lo traslade- yo no hago trampas, señor Cano, no las he hecho en mi vida, ¡hasta aquí podíamos llegar! En una comparecencia política estoy dispuesta a que me digan todo, de todo, con respecto a la gestión
encomendada por la que estoy aquí. Yo he escuchado al señor Rojas y no me he alterado, pero a mí no me dicen que hago trampas, porque no he hecho trampas en mi vida. A lo mejor es a lo que está acostumbrado a él, pero yo no. Por cierto, la única
pregunta que me hace corresponde a la comparecencia de los Presupuestos Generales del Estado, que me alegro, señor Ramírez, de que esté usted aquí, porque lo que le iba a contestar es que lo expliqué todo en la comparecencia y que esta no es la
comparecencia sobre los Presupuestos Generales del Estado.
Me ha acusado también de decir que no había crisis migratoria, pero que poníamos recursos para atender las llegadas que venían a nuestras costas; a Ceuta y Melilla, que no lo ha dicho pero lo digo yo.
Pues ni cambio de política ni crisis migratoria; lo niego. No hay cambio de política, y ahora, cuando responda al señor Rojas, me extenderé, ni crisis migratoria. Lo que hay es una crisis política, y lo que no se entiende en la Unión
Europea -que estamos trabajando- y yo esperaba que aquí, en nuestro país, se entendiera es que hay una crisis política, porque el problema está en origen, no está en los movimientos secundarios; está en los movimientos primarios. Y si lo único que
se entiende en el ámbito de la Unión Europea es que hay que controlar las fronteras para que no vengan más personas -y lo he dicho en mi intervención- es que no se entiende nada o no se quiere entender. Donde hay que trabajar es en origen. Y sí la
hay, hay una crisis política en origen y una crisis política aquí si no somos capaces de entenderlo.
Señora Franco, yo también lamento mucho que no haya Presupuestos Generales del Estado. Lo lamento mucho porque ha sido difícil gestionar, desde el punto de vista económico, con los presupuestos que teníamos del Partido Popular, y
sinceramente creo que eran unos buenos presupuestos, lo dije en su momento; podrían haber sido mejor, pero eran unos buenos presupuestos, aunque todo es mejorable siempre. Y digo que lamento que no haya presupuestos no porque haya elecciones -que
yo soy de las que me alegro de que haya elecciones y que además se aclare el panorama político en este país- sino porque hay algunos proyectos que es verdad que van a tardar en ver la luz. También es cierto que todo aquello que podamos sacar en
estos meses, hasta que se agote la legislatura, lo vamos a hacer, pero evidentemente hay algunos otros que no podrán ser porque van vinculados a los Presupuestos Generales del Estado o porque el tiempo no lo permite, ya que no es lo mismo tener dos
meses que tener el año completo.
Desde luego, estamos muy lejos de parecernos a otros países donde se oye la voz del señor Salvini, y no estamos lejos de los primeros pasos. Lo que ocurre es que hay que ir trabajando poco a poco para ordenar, que es lo que hemos hecho;
pero no estamos absolutamente nada lejos de la atención humanitaria que se prestó al Aquarius, nuestra concepción política y humanitaria sigue siendo la misma. Es cierto que en protección internacional ha habido un número de solicitudes que, como
he dicho, supera el 75 % con respecto al año anterior, y es cierto que hemos tenido que resolver problemas, como lo hicimos también con la acogida en la primera llegada a las costas y a Ceuta y Melilla, pero aun con todas las dificultades
-dificultades técnicas y de espacio- lo hemos hecho y lo hemos hecho atendiendo a todas las personas que lo necesitaban solo con la cita, ni siquiera habiendo hecho firme su solicitud. Nosotros -todo el equipo, que me acompaña hoy- nos
enorgullecemos de haber hecho posible esa atención, que es mejorable también lo digo, pero que la hemos hecho solo con la cita, sin haber formalizado la solicitud, teniendo en cuenta que, como hay retrasos, podíamos estar atendiendo a gente a la que
se le denegara después el estatuto del refugiado.
Con respecto a los menores no acompañados creo que ya no debo decir nada porque se ha hablado mucho de este tema. El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social es el que tiene la competencia en el ámbito estatal pero la competencia
en la atención a los menores no acompañados es de las comunidades autónomas y creo que se está avanzando y se está trabajando en mejorar todo el procedimiento y la atención. Entiendo que también las comunidades autónomas están preocupadas -sean del
color político que sean- por dar una buena atención a los menores extranjeros no acompañados.
A la señora Alconchel quiero darle las gracias, como a todos ustedes. Como he dicho, creo que ha contestado al representante de Ciudadanos mejor de lo que podría haberlo hecho yo y que ha explicado muy bien la situación del Open Arms y del
Aita Mari. Ojalá se resuelva pronto pero, como digo, todos podemos estar tranquilos en el sentido de que el rescate de nuestro país es único en la Unión Europea y ponemos todos los medios para poder atender a aquellas personas que están en riesgo
de naufragio.
Señor Rojas, para terminar, no hay vaivenes. No me ha sorprendido su intervención pero sí me ha sorprendido una cosa que me ha agradado muchísimo, me ha sorprendido su preocupación por la atención y mejora a los inmigrantes. Me alegro de
que comparta usted esa preocupación y de que quiera que funcionen óptimamente todos los mecanismos que este Gobierno ha puesto en marcha. Me alegro. No se ha encargado -como usted ha dicho- un plan para la reducción de la inmigración irregular.
No, creo que eso se ha interpretado mal. Claro que hay un plan pero no se ha encargado a nadie, hay un plan de este Gobierno para que la llegada de inmigrantes irregulares cada día sea menor, es decir, que cada día haya menos personas que pongan en
riesgo su vida por buscar una vida mejor o por huir de situaciones de guerra, de pobreza, de persecución... Claro que hay un plan, desde el primer día el Gobierno está trabajando por eso, por que lleguen menos personas de forma irregular. ¿Y cuál
es el plan? Se lo voy a resumir. Primero, fomentar vías seguras, legales y ordenadas. Segundo, habilitar esos canales para que puedan venir personas que lo quieren hacer y que el mercado laboral de nuestro país necesita. Claro que
sí, claro que estamos trabajando, viajando al continente africano, reuniéndonos con los países de los que procede el mayor número de personas que llegan en situación irregular para hacer planes de retorno, planes de contratación en origen,
para hacer paquetes de cooperación reforzada con todos aquellos ministerios que puedan colaborar, para crear riqueza y desarrollo. Ese es el plan, no hay otra cosa, es lo que funcionó en el pasado y lo que, estamos convencidos, puede funcionar
ahora: un plan para reducir la inmigración irregular. ¿Cómo? A través de canales seguros, a través de cooperación, a través de una visión con luces largas sobre el tema migratorio y no con una visión corta. Por tanto, que quede claro que no es
que haya encargado ningún plan, es en lo que estamos trabajando.
Y el señor Ábalos no dice una cosa y yo la contraria, señor Rojas; es que yo no he dicho nada, es que yo solo me he remitido a lo que dice el señor Ábalos. Por tanto, no he dicho lo contrario. No hago trampas ni me contradigo, me lo
enseñaron así mis padres, es la educación que he recibido. Lo que pasa es que usted ha hecho un batiburrillo de muchas cosas. Yo no le voy a decir dónde está su milagro económico porque ya lo dijo la ministra de Hacienda, pero sí le voy a decir
algo sobre la Iglesia porque ha dicho usted que se alegra de que hayamos firmado con la Red de Escuelas Católicas. Yo también me alegro, ya lo he dicho, porque nos han abierto puertas que otros nos habían cerrado, pero quiero decirle que no
solamente han sido las puertas de la Red de Escuelas Católicas, yo he tenido -y creo que también algún miembro de su partido en esta comunidad- reuniones diferentes con el arzobispo Osoro y con muchas otras congregaciones. Usted se alegra, yo me
alegro, pero además le tengo que decir que todo ese sector de la Iglesia que está colaborando también nos dice que comparte la política que estamos realizando en materia de inmigración. Eso no lo había oído usted y también es importante. Y como
aquí no sobra nadie sino que hacemos falta todos para que de verdad funcione una política migratoria solidaria, ordenada, pero también humanitaria, les doy la bienvenida a todos.
Con respecto a los españoles en el exterior -y ya termino-, efectivamente, como usted ha podido comprobar en mi intervención, estamos preocupados por todos y especialmente por los españoles que están en Venezuela, por eso se aprobó el
viernes pasado el decreto al que he hecho mención, un decreto que es un plan de cobertura a más de lo que ya estábamos haciendo en todos esos países. Ante la situación, hemos puesto lo que hay que poner, medidas inmediatas para que los españoles
que están en una situación de necesidad ahora mismo en Venezuela estén atendidos por el Gobierno de España porque son españoles. Y en ese plan hay un programa sociosanitario para atender a mujeres embarazadas, a neonatos y lactantes, para atender
todas las necesidades farmacológicas -porque hacen falta antiretrovirales, insulina, antineoplásicos- y hay un programa socioasistencial, de ayuda alimentaria, de apoyo para la atención de ancianos en asilos privados, y tiene una cuantía de 3
millones de euros, además de lo que ya estaba establecido en todos los programas que se vienen realizando con los países de Latinoamérica. Por tanto, estamos preocupados por todos nuestros españoles en el exterior, por sus pensiones asistenciales,
por la necesidad que tienen de cobertura sociosanitaria y el último ejemplo de esta preocupación se vio con la aprobación el viernes pasado en el Consejo de Ministros de este decreto para los españoles que están en Venezuela.
Terminó diciéndole, señor Rojas, que me quedo con sus últimas palabras. Creo que las dice usted de corazón; como lo creo así y creo que cuando las cosas se dicen de corazón se dicen por convicción, espero que usted también las defienda
dentro de su partido. Sus últimas palabras: No confrontemos, trabajemos todos por hacer una política de inmigración que haga posible que cada vez sean menos las personas que arriesgan su vida para venir de forma irregular y cada vez sean más los
canales para la inmigración legal, ordenada y segura. Que la integración, que forma parte de nuestra vida y que es exitosa, nos permita abordar en el futuro el gran reto que tenemos, que es la integración de la segunda generación, garantizando
plena igualdad de oportunidades. Tenemos mucho trabajo por delante y por tanto incorporo sus palabras y espero que coincidan con las de todos los grupos políticos. Espero que en esta campaña electoral que se nos presenta, con tantas elecciones,
hagamos todos lo que usted acaba de decir en su intervención en sus últimas palabras: trabajemos de verdad, con seriedad y responsabilidad.
Y como no nos vamos a ver más de momento en esta legislatura, quiero agradecer a sus señorías todas sus intervenciones pero quiero también -para que conste en el Diario de Sesiones- agradecer a todo el equipo de la Secretaría de Estado de
Migraciones -que hoy me acompaña porque así lo han querido- todo el trabajo que hemos hecho, que no es el trabajo de una persona sino de muchas personas que compartimos convicciones y objetivos. Así que, muchas gracias, equipo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rumí.
Yo también quisiera agradecer -ya que estamos agradeciendo- a todos los portavoces en materia de migración de todos los grupos parlamentarios el tono que han mantenido a lo largo de las sesiones de este período parlamentario, a lo largo de
esta legislatura -con dos Gobiernos- en una materia tan sensible y tan delicada como es la migración. Han hecho que al menos mi trabajo durante este periodo de sesiones -yo creo que también hablo en nombre de la Mesa- haya sido muy fácil en un
tema, insisto, que me parecía especialmente sensible. Así que, al menos en nombre propio, les quiero agradecer ese tono y la sensibilidad con la que han abordado desde distintas posiciones políticas el fenómeno de la emigración y la inmigración.
Como señalaba el señor Rojas -ahora me dirijo a los portavoces-, les deseo mucha suerte en lo personal y en lo político en estos tiempos revueltos que se nos vienen.
Gracias, señora Rumí, por no haber castigado demasiado a la secretaria de Empleo con el retraso. Pasamos, si les parece, a la nueva comparecencia. (Pausa).
DE LA SEÑORA SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (VALDEOLIVAS GARCÍA):
- PARA EXPONER LAS LÍNEAS GENERALES DE LA SECRETARÍA DE ESTADO EN MATERIA DE EMPLEO, FORMACIÓN, RELACIONES LABORALES Y TRABAJO AUTÓNOMO. A PROPUESTA DEL GOBIERNO. (Número de expediente 212/002345).
- PARA DAR CONOCIMIENTO DE LAS MEDIDAS DESTINADAS A COMPENSAR A LOS CENTROS ESPECIALES DE EMPLEO POR EL INCREMENTO DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 213/001373).
El señor PRESIDENTE: Damos paso a la segunda comparecencia del orden del día, que es la de la secretaria de Estado de Empleo, doña Yolanda Valdeolivas García, que comparece hoy a petición del Gobierno para exponer las líneas generales de la
secretaria de Estado en materia de empleo, formación, relaciones laborales y trabajo autónomo, y también para sustanciar la comparecencia de la ministra de Trabajo, Migración y Seguridad Social para dar conocimiento de las medidas destinadas a
compensar a los centros especiales de empleo por el incremento del salario mínimo interprofesional, solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto. Estas dos comparecencias se tramitan de forma acumulada. Igual que en la comparecencia anterior,
inicia la secretaria de Estado de Empleo, a continuación el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que es el que la ha solicitado, y seguidamente los portavoces del resto de grupos parlamentarios, de menor a mayor, por un tiempo no superior a siete
minutos.
La señora ESPAÑA REINA: ¿No eran siempre diez?
El señor PRESIDENTE: No, siete, por darle un toque distinto a esta última reunión de la Comisión, señora España. (Risas). Si necesita diez, no se preocupe que los tendrá. Luego no me pida que quiere comer y esas veleidades.
Señora Valdeolivas, cuando usted quiera.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias a todas y a todos ustedes por estar aquí. Muy buenos días a sus señorías. Es un honor estar aquí, en el Congreso de los Diputados, en esta mi segunda comparecencia. La primera fue, como recordarán, para presentar las líneas
generales en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, correspondientes a la Secretaría de Estado de Empleo, y esta vez es para hablarles de las líneas generales de actuación de la Secretaría de Estado del Ministerio de Trabajo,
Migraciones y Seguridad Social.
Quiero empezar con una premisa, con una explicación de cuáles han sido los propósitos que han guiado la actuación, las actividades y medidas adoptadas en el seno de la Secretaria de Estado de Empleo. El propósito ha sido, desde el
principio, recuperar un modelo de relaciones laborales más equilibrado -en el que creemos-, más garantista -en el que también nos hemos esforzado-, ahondando en lo que entendemos es el modelo social que mejor se adapta, que más se adecua al que
reconoce nuestra Constitución española, pese a que en estos últimos años -a veces justificadamente por razones de la crisis económica, pero otras veces so pretexto de esa crisis económica y de manera menos
explicable-, había quedado francamente debilitado a favor de lo que estimamos ha sido una casi total unilateralidad reguladora en el ámbito de las relaciones laborales por parte de los empresarios, una concesión de una discrecionalidad y de
una capacidad reguladora prácticamente absoluta.
Tenemos, de resultas de estos últimos años, un modelo social y de relaciones laborales en el que se han hecho evidentes cuatro grandes deficiencias, desde nuestro punto de vista. Primero, la pérdida de derechos laborales y la consecuente
precarización de las condiciones de trabajo y de la población trabajadora en su conjunto. Una segunda pata ha sido una negociación colectiva fuertemente intervenida y debilitada que, en nuestra opinión, ha sido un elemento absolutamente decisivo e
influyente en ese primer elemento de pérdida de derechos, de recorte de garantías laborales y de precarización de las condiciones de trabajo. Tercera pata, ha habido una protección social que ha salido fuertemente recortada, baste aludir a las
pensiones y al desempleo -que es más objeto de mi incumbencia en el ámbito de la Secretaría de Estado-, ya que se ha bajado la tasa de cobertura y las cuantías de los sujetos protegidos; baste citar también la dependencia. Finalmente, otro
elemento, que me parece que ha sido muy significativo en estos años y que también era nuestra intención corregir -como creo que así hemos hecho en estos ocho meses de Gobierno-, es recuperar la ruptura, la quiebra del diálogo social con los
interlocutores sociales y con los agentes socioeconómicos -los sindicatos y las asociaciones empresariales más representativas-, pero también la pérdida de diálogo en el ámbito político. Estos últimos años cada vez que se ha legislado en materia
laboral se ha hecho sobre la base de la unilateralidad empresarial dentro de la empresa y, sobre la base de la unilateralidad política en el seno del Parlamento, porque la mayoría de las iniciativas o se han tomado en solitario por el Partido
Popular o con escasísimos -cuando los ha habido- apoyos parlamentarios. Entendemos que actuar en el ámbito de las relaciones laborales debía ser corregido en una estrategia que, desde el primer momento, dijimos que pasaba por dialogar con los
interlocutores sociales y con las comunidades autónomas, con todas las instancias jurídicas territoriales de cualquier nivel y, desde luego, también alcanzando acuerdos -que, por lo demás, era evidente que necesitábamos- en el seno del ámbito
parlamentario.
Hay que recuperar derechos laborales básicos que -esto quiero resaltarlo y lo señalo siempre que se me da la ocasión para hacerlo- no tienen por qué ser incompatibles con la imprescindible competitividad empresarial en un marco económico y
productivo globalizado que tiene muchísimos retos por delante, pero que, desde luego, no tienen que ser puestos en contradicción con las mínimas garantías laborales que derivan de una posición contractual entre trabajadores y empresarios
estructuralmente desigual y en la que, por tanto, los poderes públicos no pueden desentenderse de una acción de tutela y protección de lo que entendemos -y yo creo que en estos años mucho más, como se ha demostrado- es el contratante más débil. En
ese nuevo marco económico y productivo es posible, en nuestra opinión, conciliar elementos que habitualmente se ponen como antagónicos, pero que tienen que encontrar una perfecta conciliación y pueden hacerlo. Este es el eje inspirador con el que
hemos actuado en las medidas que hemos emprendido a lo largo de estos ocho meses, ya que puede haber un equilibrio más razonable entre lo económico y lo social, entre la eficacia y la equidad, entre lo individual y lo colectivo.
Así que como esta es la premisa que ha inspirado nuestra actuación, ahora paso a relatarles algunas de las medidas ya adoptadas y algunas de las líneas sobre las que pretendemos seguir trabajando, al menos en el tiempo que nos queda de esta
legislatura. Seguramente el escenario de la ley de Presupuestos Generales del Estado para 2019, un presupuesto progresista y social, nos hubiera permitido una hoja de ruta más ambiciosa, pero creemos que todavía -estamos animados a hacerlo- es
posible seguir trabajando por sacar adelante algunas de las reformas que permitirán colocar al mercado de trabajo en una posición de mayor equilibrio y actuar contra eso que hemos identificado como el incremento de la brecha social que ha salido,
como consecuencia absolutamente nefasta, de las crisis económicas y de las políticas de recorte.
En cuanto a los datos de empleo, sobre los que no voy a insistir demasiado, es decir, los datos que definen nuestro mercado de trabajo, son una base absolutamente ineludible para explicar también algunas de nuestras actuaciones y de nuestras
metas a futuro. Como saben, los datos de la encuesta de población activa del cuarto trimestre de 2018 y los datos que dimos en rueda de prensa en enero sobre contrataciones y paro registrados en enero de 2019, permiten hablar de que tenemos un
mercado de trabajo -quiero pensar, y lo digo de manera clara y contundente, que por acción de este Gobierno en los meses que hemos tenido la competencia y la capacidad de actuar sobre las relaciones laborales- con un incremento de la ocupación y un
descenso del paro, situándose finalmente por debajo de esa cuota simbólica del 15 %. Por cierto, aprovecho para decir que algunas medidas estaban sometidas, de manera que eso
muestra además que este Gobierno ha sido capaz de revertir un porcentaje que, al margen del valor simbólico, ponía en juego muchas medidas que, aunque eran ayudas o incentivos para paliar los efectos de la crisis económica en materia de
empleo, se hacen probablemente innecesarias o pueden ser desplazadas por otras medidas que en estas nuevas circunstancias consideramos mucho más eficaces.
Seguimos teniendo cuotas de desempleo insoportables. Suelo decir que es un déficit democrático del que nos debemos ocupar con rigor, seriedad y urgencia. Sigue habiendo grandes grupos de la población laboral que siguen encontrando
especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Ya hemos dado muestras, desde la Secretaría de Estado de Empleo, de que estamos muy en la línea de actuar con medidas particularmente incisivas, singulares y específicas para atajar la
brecha que, en materia de inserción y de condiciones de trabajo, afecta a esos colectivos. Entre ellos, cómo no, debemos citar a los parados de muy larga duración. Estamos a punto de culminar un Plan de choque para parados de larga duración, con
especial incidencia no solamente en el hecho de llevar en desempleo más de dos años de forma ininterrumpida, sino también en referencia a la edad. Muchos de estos parados de larga duración suman a ese elemento precarizador y a esa vulnerabilidad
esencial la que deriva de su edad. Aquí, ser mayor de cuarenta y cinco años es casi convertirse en un excluido para el mercado de trabajo. La reincorporación de estos trabajadores es poco atractiva para el mercado de trabajo -por cierto, no
mayores desde el punto de vista social, pero sí mayores al entender de los empresarios-, lo que hace de este colectivo un colectivo especialmente vulnerable, porque suma esa doble dificultad, la de ser parados de larga duración y la de tener una
edad que resulta, aparentemente poco atractiva para el mercado de trabajo.
Nos hemos preocupado mucho de los jóvenes y después ya tendré oportunidad de referirme al Plan de Choque por el Empleo Juvenil, que creo que es, sinceramente, un hito histórico, un proyecto de país y un compromiso de Estado que coloca a los
jóvenes en el centro de la acción política y de las medidas en el ámbito de las relaciones laborales.
Quiero resaltar los datos en relación con las contrataciones. Siguen aumentando las contrataciones, pero me permito destacar -porque es un dato particularmente relevante que creo que marca un cierto punto de inflexión que esperemos se
consolide, especialmente, en el segundo semestre de 2018- el significativo y sostenido -leve pero sostenido- aumento de la contratación indefinida. Marca, como digo, un importante punto de inflexión en nuestro mercado de trabajo y que,
probablemente, requiere consolidarse, pero está sirviendo para disminuir de manera sensible la tradicional dualidad de nuestro mercado de trabajo, que todos estaremos de acuerdo en señalar que es una de las grandes deficiencias que tiene nuestro
sistema laboral. Como digo, es sensiblemente superior durante el segundo semestre de 2018 porque ha alcanzado un 20,4 % del total de aquellas contrataciones que se refieren a contratos de carácter indefinido frente al 16,4 % de los primeros seis
meses del año, lo que no es casual, responde a actuaciones bien conocidas del Gobierno en ese segundo semestre de 2018, y se refieren al plan director por un empleo digno que tiene a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como especial
protagonista en el control, seguimiento y, en su caso, sanción de las irregularidades que en materia de contratación afectan a nuestro mercado de trabajo.
Ese plan de choque, ese plan director por el empleo digno de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social -como diré después- ha conseguido aflorar contratos indefinidos allí donde se estaban celebrando como meramente temporales. Tenemos
otro elemento sobre el que hay que actuar que se refiere al tipo de jornada contratada, pero también en este punto el plan director ha hecho de nuevo emerger situaciones que eran tratadas como contratos a tiempo parcial formalmente concluidas como
contratos a tiempo parcial y que han conseguido convertirse en trabajos a tiempo completo. Tenemos que ser conscientes de que estos 10 puntos que ha aumentado la contratación temporal desde 2007 son un elemento sobre el que también las políticas
públicas en materia de empleo y de relaciones laborales deben intervenir, porque entendemos que no responden en muchas ocasiones a verdaderas necesidades empresariales y que, además, suman elementos de precarización de las condiciones de trabajo.
En este punto, otros de los elementos que tenemos en cartera como la medida relativa a una nueva regulación del registro de la jornada ordinaria y del trabajo efectivo en las empresas, puede servir para hacer emerger situaciones que ahora
mismo entendemos que son irregulares, en muchos casos abiertamente fraudulentas, que además tienen un componente que a esta secretaria de Empleo le ha preocupado desde el minuto cero: el desequilibrio entre mujeres y hombres, que se da en muchos
otros elementos del mercado de trabajo, pero que en lo que significa la parcialidad tiene particulares efectos negativos que debemos ser capaces de corregir. A eso hay que sumar otras muchas medidas, pero en
materia de empleo este es un frente que no puede quedar inactivo, que no puede ser objeto de desatención, porque aquí se empiezan a marcar diferencias que luego se proyectan en el resto de las condiciones de trabajo y no solamente en el
ámbito de las relaciones laborales, sino también en el ámbito de la protección social, que nos preocupa. Tengo que decirles que en materia de prestaciones por desempleo hemos conseguido introducir variables que han representado cambios
significativos en nuestro mercado de trabajo.
Hemos elevado la tasa de cobertura por desempleo, que había quedado fuertemente afectada durante las legislaturas anteriores, y hemos conseguido elevarla a un 60 %. Queda todavía trabajo por hacer en este ámbito, que lamentablemente no
vamos a poder concluir en su totalidad respecto de nuestros objetivos, pero nuestra misión no es solo favorecer las condiciones para tener más y mejor empleo, sino proteger de manera eficaz y suficiente para superar los estados de necesidad a
quienes no tienen ese trabajo de forma involuntaria para permitir una situación sensiblemente protegida, razonablemente protegida, suficiente protegida en los tránsitos entre desempleo y empleo. -Creemos que eso se ajusta a los objetivos de
desarrollo sostenible en esa máxima que suele identificarse como no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie en la cuneta-. Así que creo que el desempleo continúa su tendencia descendente.
Estamos consiguiendo atajar la brecha de género aunque levemente, corrigiendo este grave déficit democrático. Estamos atendiendo a colectivos especialmente vulnerables: jóvenes y parados de larga duración pero no solo a estos, y estamos
consiguiendo incrementar la contratación indefinida, porque el compromiso de este Gobierno desde el primer día ha sido con la estabilidad en el empleo y en el combate contra la segmentación del mercado de trabajo en este contexto y creemos que esos
son dos valores que deben preservarse.
En cuanto al balance de las medidas adoptadas en estos últimos ocho meses, el Gobierno ha trabajado -como les decía- con el objetivo de recuperar el empleo de calidad, con derechos laborales que permitan unas condiciones de trabajo y unos
salarios dignos y con prestaciones sociales adecuadas que ayuden a superar las situaciones de necesidad que generan la pérdida temporal o definitiva de ingresos salariales. Así que, con estas premisas comenzamos a trabajar hace ocho meses, durante
los cuales hemos ido adoptando medidas -algunas de calado- a las que a continuación haré referencia.
Voy a dividir, por ello, a continuación esta parte de mi intervención en tres apartados diferenciados: en primer lugar, en lo que afecta al diálogo social; en segundo lugar, al diálogo con las comunidades autónomas, en lo que se refiere a
las conferencias sectoriales; y en último lugar, a las medidas de carácter legislativo adoptadas en este ámbito. Comienzo por el diálogo social, como les digo, ha sido desde el principio -se lo han oído decir no solamente al presidente del
Gobierno, sino de forma insistente a la ministra Valerio- un pilar fundamental de la acción de gobierno del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. Ha sido la estrategia a utilizar, así que el diálogo social con los agentes sociales
ha sido un principio inspirador que ha marcado todos los hitos que han recorrido durante estos ocho meses el quehacer del Ministerio de Trabajo. Creemos que es un principio rector ineludible de las relaciones laborales y que cuantas medidas se
intenten implantar en este ámbito pasen por la mesa de diálogo social a fin de garantizar no solamente una mayor aceptación, sino también de reforzar su legitimidad.
Nos hemos encontrado con una situación -que según nos transmiten los propios agentes sociales, los interlocutores sociales- en la que el diálogo social o estaba completamente roto o abiertamente debilitado. Así que la primera de las
estrategias que siguió nuestro Ministerio de Trabajo -y yo como secretaria de Estado de Empleo- fue recomponer unas relaciones de confianza, de credibilidad y de interlocución recíproca que estaban francamente afectadas. Por ello, hemos abierto
cinco mesas de diálogo social: empleo y relaciones laborales, formación y cualificación profesional, Seguridad Social, mesa de igualdad -que tenemos convocada de forma inmediata para los próximos días con importantes medidas que espero salgan con
el acuerdo de todos los agentes sociales- y la mesa de lucha contra la economía sumergida. La primera, la de empleo y relaciones laborales -de cuyo impulso y coordinación soy la responsable- se ha reunido ya en diez ocasiones, lo que no me parece
mal balance para estos ocho meses -que para otras cosas se nos han quedado cortos-. De su trabajo han resultado importantes medidas, pues ha rendido muy considerables frutos y medidas que ya se encuentran en vigor. En primer lugar, el Real
Decreto-ley 8/2018, de 3 de agosto, que consolidó con acuerdo de los agentes sociales la ampliación del plazo del Programa de Activación para el Empleo, que por razones en las que no voy a entrar -pero que seguro que ustedes conocen tan bien como
yo- dejaba fuera de esta protección a un potencial colectivo de beneficiarios -que estimábamos en unos 40 000 trabajadores- con derecho reconocido, pero que no podrían acceder al nuevo modelo. Esa fue una medida de gran calado social y
nos congratulamos de poder atribuir a los éxitos de esa mesa de diálogo social. En segundo lugar, también se logró acuerdo unánime de todos los agentes sociales para la aprobación del Plan de Choque por el Empleo Joven, que se aprobó en
Consejo de Ministros, el 7 de diciembre de 2018, y a cuyo contenido intentaré referirme después más ampliamente. Quiero destacar, por la máxima conjunción de todos los intereses representados en la mesa de diálogo social y, por tanto, el acuerdo
total, la incorporación a los convenios colectivos de cláusulas que permitían la extinción de contratos por edad conforme a una reforma del Estatuto de los Trabajadores que va a permitir el rejuvenecimiento de plantillas sin afectación a las
pensiones de los que se jubilan obligatoriamente por edad, pero que permite unos fines de política de empleo. No es, además, una extinción automática incondicionada, sino sometida a elementos de políticas de empleo que nos parece que inciden
positivamente en corregir algunos de los males y defectos que seguimos detectando y, fundamentalmente, lo que tiene que ver con la incorporación al mercado de trabajo de los desempleados y particularmente de los jóvenes en ese proceso de
rejuvenecimiento al que me refería.
Otras muchas se han sometido también al diálogo con los interlocutores sociales con distintos grados de acuerdo, muchas de ellas con acuerdo de las organizaciones sindicales más representativas y debo decir que sin el acuerdo -lamentable,
pero también legítimo- de las asociaciones empresariales. Hemos hablado y hemos alcanzado acuerdos con algunas de las partes en lo que afecta al registro horario de la jornada, a la que antes me refería, a la reforma de la subcontratación de obras
o servicios del artículo 42 del estatuto, al subsidio para mayores de cincuenta y dos años, recuperando esa edad que el Partido Popular elevó hasta los cincuenta y cinco, con otra serie de elementos que también reestablecemos a su situación anterior
a la reforma del 2012; también a diversos aspectos reguladores de la negociación colectiva, porque es un elemento transversal, vertebrador, de todo el sistema de relaciones laborales; a la derogación del contrato de apoyo a emprendedores y otras
medidas que no han funcionado y que estaban además vinculadas a ese porcentaje, a esa tasa de paro por encima del 15 % y que no han conseguido torcer esa tendencia constante y tozuda al incremento de la temporalidad y a la perpetuación de la
segmentación de nuestro mercado de trabajo; y, desde luego, también siguen en marcha diálogos en relación con los contenidos de esa mesa en cuanto al nuevo modelo de protección asistencial por desempleo, la definición de la búsqueda activa de
empleo, las fórmulas de flexibilidad empresarial, un nuevo modelo de contratación laboral; tenemos también sometido a esas mesas -han tenido algún conocimiento de ello aunque todavía está pendiente la entrega del documento definitivo- el plan de
parados de larga duración; temas que tienen que ver con flexibilidad interna y descuelgues de convenios empresariales; bonificaciones y subvenciones que también hemos comprometido en un nuevo modelo que queremos revisar para adaptarlo a las nuevas
exigencias y para que resulte más eficaz. Hemos detectado que hay muchas bonificaciones que están siendo verdaderamente un despilfarro de recursos públicos que no están sirviendo al objetivo que se pretende. Queremos iniciar temas sobre el futuro
del trabajo, la digitalización, la robotización, la economía verde, los nuevos nichos de empleo, etcétera. En fin, como pueden observar, se trata de una gran cantidad de temas y de materias que consideramos imprescindible debatir con los
representantes de los trabajadores y de los empresarios a fin de recabar sus aportaciones para enriquecer nuestros trabajos, siempre desde luego con la vista puesta en reformas que mejoren realmente, de manera efectiva, el funcionamiento de nuestro
mercado de trabajo y hagan compatibles lo que les decía al principio: la eficiencia económica con el progreso social y el crecimiento económico con los derechos laborales dentro de un empleo de calidad que estos años habíamos perdido.
Otro hito importante desde el punto de vista del diálogo social -apenas hago referencia a él porque desde luego incumbe a esta Secretaría de Estado de Empleo pero también a otras situadas en otros departamentos ministeriales- es lo que
afecta al Consejo General de la Formación Profesional. Quiero darles solo un dato: llevaba casi nueve años sin convocarse. Un tema tan acuciante, tan determinante, del más sano y saludable funcionamiento de nuestro mercado de trabajo como es la
formación para el empleo -la formación profesional reglada pero también la formación para el empleo- estaba abiertamente deseatendida, de manera que creemos que ese es un buen instrumento para poner en valor y para actuar de manera proactiva en pos
de una reforma de nuestro sistema de formación profesional, de nuestro sistema de cualificaciones profesionales que permita atender a eso que las empresas reclaman y que no encuentran en nuestros actuales demandantes de empleo. También en este
punto, por tanto, han sido muchos los avances que se han conseguido en ese consejo general; se han creado grupos de trabajo que están a punto de culminar sus resultados y tenemos mucha confianza en que el futuro nos ponga en un
marco de formación profesional que nos permita otorgar competencias, habilidades y cualificaciones profesionales a los trabajadores que faciliten su empleabilidad.
En esta misma línea del diálogo social -lo cuento como un éxito del acuerdo con los agentes sociales-, quiero comentar lo que se consiguió en la mesa por la calidad en el empleo en el sector de la hostelería. Como ustedes recordarán, había
algunas reivindicaciones históricas, fundamentalmente por parte del colectivo de las camareras y camareros de piso -sobre todo camareras de piso- que no habían sido atendidas y que ha resultado ahora en un acuerdo histórico toda vez que se han
consolidado como enfermedades profesionales algunas que las mutuas de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales no entendían como dolencias directamente derivadas de la actividad profesional. De manera que todo lo que tiene que ver con
dolencias de las extremidades superiores ha sido ahora reconocido como enfermedad profesional, primero a través de una instrucción dada a las mutuas para su reconocimiento como contingencias profesionales, lo que tiene mucha importancia a efectos de
protección, pero quiero señalarles también a sus señorías que tiene mucha importancia también desde la perspectiva de lo que significan como situaciones que van a permitir actuar en términos de prevención de los riesgos laborales, de evitación de
las consecuencias, de tal forma que no nos satisface solo la protección de esas contingencias profesionales sino también la actuación para evitar que esos riesgos se actualicen y que tengan que ser protegidos. En ese punto hay también muchas normas
preventivas. Decía que eso se ha hecho mediante una instrucción y está en marcha la reforma normativa, la reforma del reglamento que regula el catálogo de enfermedades profesionales, pero hay también otras muchas materias en esta Mesa de Calidad
por el Empleo que están a punto de rendir frutos en relación con la formación y hay grupos de trabajo sobre la formación profesional pero también formación de carácter preventivo. Se está elaborando en el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en
el Trabajo, que también depende de mi Secretaría de Estado de Empleo, una guía práctica de evaluación de los riesgos laborales en este sector de la hostelería, de manera que las camareras de piso, con quienes hemos tenido oportunidad de reunirnos en
muchas ocasiones, ayer mismo en Palma de Mallorca, han recibido con muchísima satisfacción y con muchísima tranquilidad este creo que avance histórico al que hay que sumar voluntad pero que desde luego visibiliza a este sector -que, por cierto, es
un sector estratégico en algunas comunidades autónomas y a nivel nacional- que quedaba completamente oculto o desatendido.
Otro éxito del diálogo con los interlocutores sociales ha sido la aprobación por la Mesa del Diálogo Social del acuerdo alcanzado entre las asociaciones de trabajadores autónomos y el Gobierno. También aquí me van a permitir que hable de
hito histórico porque viene a completar un proceso de reformas normativas que dan tratamiento ajustado a una reivindicación que ya venía siendo histórica por parte de los trabajadores autónomos, porque conseguimos, subiendo levemente la base mínima
y los tipos de cotización de este colectivo de trabajadores autónomos en el RETA, mejorar sustancial y significativamente sus prestaciones sociales. Así que se incrementa el ámbito de protección del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos al
incorporar de modo obligatorio la totalidad de las contingencias, algunas de las cuales anteriormente tenían carácter meramente voluntario y me estoy refiriendo, evidentemente, al cese de actividad, sobre el que también se produce algún incremento
en la duración de la prestación y se cambia el régimen jurídico que hasta ahora estaba impidiendo el fácil acceso a esta contingencia protegida, y desde luego me refiero también a las contingencias profesionales. De manera que nos satisface mucho y
creo que hemos dado respuesta a una situación que suponía también un déficit protector.
No se van a quedar aquí las medidas para autónomos y les anticipo también por si no me da tiempo a contarlo después que estamos trabajando sobre un plan de autónomos, que estamos trabajando en un real decreto que ya está culminado y que
vamos a presentar a su aprobación para medir la representatividad del asociacionismo de los trabajadores autónomos y que todo esto irá acompañado de otra serie de medidas que creemos colocan a los trabajadores autónomos en una posición hasta ahora
desconocida, porque nos habíamos llenado la boca de declaraciones de intenciones, de la importancia que tienen los autónomos en la economía, en el crecimiento económico, en la competitividad de nuestro tejido productivo, pero realmente no se habían
adoptado medidas contundentes, medidas realmente eficaces para colocarles en una situación que va a permitir no solamente la creación de más trabajo autónomo sino también el mantenimiento de los autónomos que ya han decidido iniciar esa actividad
emprendedora.
También les anunciaba diálogo con las comunidades autónomas. Es fundamental para avanzar en políticas que beneficien a todos los ciudadanos y ciudadanas porque -y esto es importante- hasta ahora, según nos transmiten -y algunas pruebas hay
de sentencias del Tribunal Constitucional al
respecto-, no se había respetado el estricto reparto competencial que tenía nuestra Constitución española. La mayoría de las políticas de ejecución de las normas laborales corresponden a las comunidades autónomas y entre ellas muy singular
y relevantemente las políticas activas de empleo, de manera que en este punto las tres conferencias sectoriales de empleo y asuntos laborales tuvieron como hilo informador e inspirador la cooperación con las comunidades autónomas con quienes creo
también hemos alcanzado un clima de confianza y de cooperación, ya que también nos manifestaban que estaba roto o verdaderamente afectado. También hemos actuado desde el escrupuloso reparto competencial que también nos reclamaban desde el minuto
uno en estricta aplicación no solo de las normas constitucionales sino también de su interpretación dada en diversas sentencias, como les anunciaba, por el Tribunal Constitucional. Así que hemos conseguido sacar adelante medidas importantes y
quiero decirles también que es una lástima de nuevo que en este punto no haya podido sacarse adelante una norma que en este aspecto colocaba a las comunidades autónomas en un escenario mucho más favorable que el que habían tenido hasta ahora para
elaborar y para ejecutar políticas activas de empleo porque el presupuesto incrementaba en un 17 % los fondos, los recursos transferidos del Estado a las comunidades autónomas para esas políticas activas de empleo, de formación, de incentivos, de
bonificaciones, de formación, de orientación y de iniciativas para la prospección y para la búsqueda de empleo que ahora tendremos que intentar dibujar para no afectar los proyectos que ya tenían abiertos a través de otras modificaciones
presupuestarias. Desde luego, la senda financiera que nos abría la Ley de Presupuestos hubiera sido un escenario mucho más fácil y mucho más eficaz para el cumplimiento de políticas que son importantes y que los ciudadanos, las ciudadanas, los
trabajadores y las trabajadoras de este país llevan tiempo reclamando y esperando.
Lo cierto es que con las conferencias sectoriales el clima ha sido, como decía, de franca y leal colaboración y hemos conseguido no solamente un incremento de recursos financieros sino también una flexibilización de los procedimientos que
permite una más fácil y menos burocrática gestión de los fondos transferidos, de manera que convocatorias que se mantienen de forma plurianual y que permanecen abiertas durante distintas fases, durante distintos períodos, y una fórmula de anticipo
de las transferencias que permite contar con los fondos antes, va a permitir una mayor previsibilidad de los ingresos y, por tanto, una mayor estabilidad también de las políticas a ejecutar por las comunidades autónomas. Por tanto, nos parece que
hemos iniciado una senda que coloca en un escenario y en un terreno mucho más favorable las políticas a ejecutar por las comunidades autónomas para que cumplan la finalidad para las que están previstos esos recursos y esas transferencias estatales.
Les resumo algunas medidas normativas y legislativas adoptadas en estos últimos meses, como digo, partiendo de esa premisa de diálogo social y de diálogo alcanzado con los grupos parlamentarios en el seno del Congreso de los Diputados y del
Senado y nos congratulamos de haber conseguido grandes acuerdos que han permitido sacar adelante reales decretos-leyes que creemos que tienen sensibilidad social y que colocan la política social y a las personas en el centro de las decisiones, así
como algunas otras que confiamos en seguir sacando adelante, sin olvidarme tampoco en este punto de cooperación con las comunidades autónomas, como acabo de señalar, ya que son nuestros cómplices necesarios en muchísimas de las actuaciones que se
han llevado a efecto o que queremos seguir ejecutando.
La primera de esas medidas, creo que es bien conocida, se refiere al Plan director por un trabajo digno 2018-2020. Creemos que ha rendido buenos y eficaces frutos que han conseguido salvar algunas de las irregularidades del mercado de
trabajo en materia de contratación a tiempo parcial y en materia de contratación por duración determinada que seguramente es sensible, pero sostenidamente revirtiendo algunos de los efectos más desfavorables que son ahora observables en nuestro
mercado de trabajo. Les ahorro las cifras, ya que son conocidas. Ha habido una comisión de seguimiento, un primer informe de seguimiento que ha dado resultados muy importantes y, al margen de las actuaciones concretas, creemos que se está
consiguiendo un nada desdeñable efecto inducido y un nada desdeñable efecto psicológico y preventivo que están haciendo también aflorar algunas situaciones irregulares que se están regularizando y que se están blanqueando casi con la sola
advertencia por parte de la Inspección de Trabajo, aunque, desde luego, a esa advertencia deben seguir, en caso de incumplimientos, los oportunos requerimientos y las oportunas sanciones si no se corrigen los defectos detectados.
Creemos que se está incrementando, por tanto, por esta vía la contratación indefinida, que se está incrementado también la contratación a tiempo completo y que este plan director está siendo una buena herramienta con más recursos humanos y
más recursos económicos para luchar contra lo que entendemos es un intolerable fraude laboral que, además, introduce distorsiones en el mercado de trabajo y en nuestra
economía porque está beneficiando a empresas que compiten deslealmente saltándose las reglas, perjudicando a aquellas otras que cumplen cabalmente con sus obligaciones en materia laboral y en materia de protección social.
Hemos aprobado también, y lo quiero poner en valor, el Plan de choque por el empleo joven 2019-2021 que se alinea en el objetivo 8 de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Se trataba de recuperar la calidad en el empleo
y la dignidad en muchos casos en el trabajo de nuestros jóvenes, haciéndoles protagonistas de su proceso de cualificación e inserción laboral y dotándoles -y esta es una idea trascendental- de mejores y mayores competencias profesionales. Así que
hemos perseguido en seis ejes algunos fines prioritarios que es recuperar la calidad en el empleo, recuperar las tasas de empleo, las tasas de actividad de los jóvenes, muy por debajo de la media, y también rebajar las tasas de desempleo, donde los
jóvenes muestran cifras realmente intolerables e incomprensibles en nuestra economía tan fácilmente homologable en otros muchos aspectos a las de nuestro entorno, pero que en este sigue teniendo un déficit que realmente se puede calificar en
términos democráticos de insoportable.
Este Plan de empleo joven ataca, como les decía, varios frentes como la orientación profesional con un programa de contratación de orientadores para hacer tareas de orientación personalizada, de fijación de itinerarios individualizados de
los trabajadores, de acompañamiento individual de los jóvenes desempleados, pero también con tareas de prospección y captación de oferta verdaderamente interesante. Hay 3000 nuevos orientadores en una medida que está llamada sin duda a ser eficaz.
Hay un segundo eje de formación porque intentamos adaptar también las tipologías de los programas formativos a las nuevas necesidades en las empresas, competencias digitales, competencias lingüísticas y competencias básicas en lengua y matemáticas
para aquellos que no disponen siquiera de la formación obligatoria, competencias en sectores estratégicos que están siendo verdaderos creadores de empleo que ahora mismo no están encontrando trabajadores adecuados para cubrir esos puestos, de manera
que aquí también hay medidas que entendemos que están bien orientadas. Hay un eje de oportunidades de empleo porque hay que luchar también dentro del colectivo de los jóvenes, como les decía al principio, con aquellos también que están sometidos a
especiales situaciones de vulnerabilidad, cómo no a las mujeres, pero cómo no también a colectivos como discapacitados y entorno rural, de manera que atendemos esa serie de circunstancias. Hay también un eje de igualdad de oportunidades. De nuevo
la brecha de género es aquí la principal protagonista, pero sin olvidar otros frentes. Hay un eje de emprendimiento. Creemos que el emprendimiento necesita de apoyos al fomento de la iniciativa empresarial. Hay aspectos también de economía social
que son importantes y que nos hemos encontrado al llegar al ministerio en franca debilidad y en franco abandono en muchísimos casos. Hay también una mejora del marco institucional, porque creemos que el sistema de gobernanza burocratiza mucho más
de lo necesario e impone a los grandes retos que tiene nuestro mercado de trabajo algunos elementos puramente administrativos y procedimentales que también tenemos que ser capaces de corregir. Como observarán, es un plan amplio y ambicioso que ya
hemos empezado a ejecutar, aunque quedan desde luego muchas medidas porque esto no es más que el dibujo o la hoja de ruta sobre la que hay que seguir trabajando. Quedan medidas que tienen que ver con prácticas no laborales, con contratos de
formación y aprendizaje y con el contrato de relevo, que nos parece un instrumento ideal para favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo. Por tanto, entendemos que tiene todavía mucho recorrido, pero ya hemos empezado a ejecutar
algunas medidas y creemos que en relativamente poco tiempo -en los seguimientos que haremos del plan, que compromete su revisión a los dieciocho meses, y de los que iremos adelantando resultados- se lograrán significativos cambios en este ámbito que
seguro todos compartimos que es una necesidad imperiosa. Además, también quiero señalar que es un plan realista, porque nos hemos comprometido con resultados. Hemos comprometido que va haber una reducción de la tasa de paro juvenil de 10 puntos,
que va haber un incremento de la tasa de actividad entre 15 y 20 puntos y que vamos a aumentar cada año en un 15 % el número de contrataciones indefinidas referidas a los jóvenes. Por cierto, como fruto y evidencia de nuestro compromiso con las
desigualdades por razón de género, comprometimos también una reducción de la brecha de género en este colectivo del 20 %. Hemos advertido -y es importante señalarlo- que las brechas de género comienzan a notarse en el mercado de trabajo en la
franja de edad que concierne a los jóvenes, pero, señorías, no entre los dieciséis y los veinticinco años, sino a partir de los veintiséis. Es un curioso dato y no necesito explicar por qué. A partir de los veintiséis años, cuando empiezan a darse
las responsabilidades familiares, es cuando el mercado de trabajo empieza a comportarse de manera diferente entre jóvenes hombres y jóvenes mujeres. Entre los dieciséis y los veinticinco años se mantiene la plena igualdad y no hay brechas: se
mantiene la misma tasa de cobertura,
la misma tasa de desempleo, la misma tasa de contratación indefinida y la misma tasa en contratación a tiempo parcial. Por tanto, actuar en materia de empleo y de trabajo de la mujer pasa por la corresponsabilidad y la conciliación de
hombres y de mujeres -subrayo, de hombres- en el ámbito laboral y familiar. Así, también en eso hemos empeñado muchos esfuerzos que en algún momento posterior les señalaré de forma más detallada.
Hemos incrementado el salario mínimo interprofesional hasta un nivel que nos parece el mínimo de dignificación que necesita nuestra población laboral, que ha venido sufriendo de manera devastadora los efectos de la crisis económica muchísimo
más allá de lo razonable y que ahora, en momentos de recuperación económica, no está viendo restablecida su proporcional participación en el reparto de la riqueza. Por tanto, entendimos que era una cuestión de Estado y de dignificación de los
trabajadores sometidos a salarios más bajos. Entendemos que la economía no puede ser competitiva teniendo como único elemento de competitividad salarios bajos e indignos. Hay que competir con innovación, desarrollo e investigación y no con empleos
de mala calidad. Señorías, seguramente estarán de acuerdo conmigo en que para eso siempre habrá economías que serán mucho más competitivas que la nuestra, de manera que hay que competir contando con empleos de calidad y con salarios dignos. Hay
que introducir innovaciones tecnológicas e introducir valor añadido en la actividad empresarial si queremos competir realmente en términos de igualdad con el resto de las economías de nuestro entorno en ese marco global y mundializado al que se
enfrenta nuestro mercado de trabajo. Sí, era un tema de dignificación y de redistribución de la riqueza que debe alcanzar también a los más desfavorecidos, pero era también un elemento que coincide con lo que muchas instancias internacionales
señalan que es el valor que debe tener un salario mínimo interprofesional en una economía, que es el 60 % de los salarios medios de un determinado país. Estamos todavía lejos pero hemos avanzado y hemos dado un paso y creo que hay que seguir
avanzando en este modelo. Así pues, nos sentimos muy orgullosos y satisfechos, en este caso, del acuerdo que alcanzamos con Unidos Podemos para tener este salario mínimo interprofesional de 900 euros. Además, entendemos que no se aleja en absoluto
de la senda que los propios interlocutores sociales nos marcaron en el Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva que firmaron en julio de 2018 los sindicatos y las organizaciones empresariales más representativos y que señalaba en un plazo
hasta 2020 un incremento del salario mínimo interprofesional hasta los 1000 euros. Por tanto, recogíamos también el testigo que los propios interlocutores sociales nos habían puesto encima de la mesa y cumplíamos uno de los objetivos y una de las
remisiones que al Gobierno se hacían desde el texto de dicho acuerdo.
También hemos aprobado el Real Decretoley 28/2018, de 28 de diciembre, que tiene medidas relativas a la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo. Son muchas las que aquí se
contienen y, desde luego, algunas muy importantes en materia de Seguridad Social, pero también algunas muy importantes y eficaces en el ámbito laboral. Como les supongo al tanto porque es de muy reciente convalidación en el Congreso, no me voy a
referir a ellas, aunque estaré a su disposición por si alguna cuestión quieren preguntarme al respecto. Entendemos que ha sido una medida legislativa importante, incisiva y de calado que profundiza en algunos de los elementos que han marcado
nuestra agenda de trabajo: trabajo de mejor calidad, mejor trabajo, dignificación y mejor protección social en las situaciones de necesidad. Son líneas, como digo, que han conducido desde el primer minuto nuestra actividad en el seno de la
Secretaría de Estado de Empleo.
¿Qué queremos seguir haciendo? Pues, nos han movido un poco el terreno bajo los pies. Efectivamente, contábamos con un escenario mucho más favorable. Lo lamento profundamente no por lo que significa de negativa a un documento elaborado
por el Gobierno con ayuda de otros grupos parlamentarios, sino por lo que representa de regresión y de situación más perjudicial para nuestros ciudadanos y ciudadanas, para los españoles y las españolas y, en lo que a mí concierne, para los
trabajadores y las trabajadoras este país. Era un presupuesto con una gran carga social que ponía a las personas en el centro de las actividades y los recursos a favor de las personas, de un mejor empleo, de un empleo de más calidad, de mayores
posibilidades de empleabilidad y de atención a colectivos que encuentran por sí mismos especiales dificultades y que necesitan de políticas públicas proactivas e intervencionistas en un mercado de trabajo que se ha demostrado que, dejado a su libre
albedrío, aparta o deja en la cuneta a algunos, lo que un proyecto socialdemócrata de país y de mercado de trabajo no debe ni quiere tolerar. Estaban además planteados en un escenario de crecimiento económico y de crecimiento del empleo que
permitiría adoptar mayores medidas de gasto social sin poner en riesgo las finanzas públicas. Pero lamentablemente nos hemos quedado sin eso, tenemos que buscar ahora
alternativas y vamos a hacer lo imposible por encontrarlas para poner en marcha algunas de las medidas que nos parecen más urgentes y acuciantes para intervenir eficazmente y, como digo, de manera significativa en algunas de las grandes
lacras y problemas que manifiesta nuestro mercado de trabajo. Entre esas medidas que queremos rescatar, se encuentra -¡cómo no!- el subsidio por desempleo para mayores de cincuenta y dos años. Esperamos conseguir los acuerdos necesarios entre los
grupos parlamentarios para sacar adelante esta importantísima medida social que, aun sin escenario de presupuestos, somos capaces de financiar con cargo a nuestro Servicio Público de Empleo Estatal. Hemos recuperado la edad: volvemos de cincuenta
y cinco a cincuenta y dos. Suprimimos el requisito de tener cumplida la edad de cincuenta y dos años en el momento del hecho causante del subsidio. Incrementamos la duración máxima, porque alcanzará hasta la edad de jubilación ordinaria, no a la
primera edad de jubilación a la que el trabajador pueda someterse, con lo cual protegeremos mejor a los desempleados mayores, y además jugaremos a favor de la Seguridad Social, que encontrará por las recaudaciones que realiza el SEPE mayores
ingresos para sus muy demediadas cuentas. También eliminamos, en línea con la sentencia del Tribunal Constitucional, las rentas de la unidad familiar para acceder al subsidio, recuperando la valoración solo de las rentas del potencial beneficiario.
Incrementamos la cuantía de la cotización, que pasa del 100 al 125 %, como estaba inicialmente, antes de la reforma del Gobierno del Partido Popular. También eliminamos los porcentajes aplicables a la cuantía del subsidio cuando se proviene de una
situación de trabajo a tiempo parcial, porque los estados de necesidad que provoca el desempleo no son a tiempo parcial; de manera que recuperamos un subsidio a tiempo completo.
También se contenía un mandato, y es una medida que, previa audiencia de los interlocutores sociales, confiamos todavía poner en marcha, aunque seguramente aquí tendremos que valorar y que consultar no solamente la necesidad, sino la
conveniencia de hacerlo para no comprometer actuaciones futuras. Ya saben ustedes que un compromiso firme de nuestro ministerio era designar una comisión de expertos para elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores, lo que denominábamos
habitualmente el Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI. Con la legislación laboral se ha venido actuando a golpe de reforma aluvional, a golpe de parche provisional, se ha venido a poner solución -presuntamente- o a reformar problemas
estrictamente coyunturales, y que ha perdido su razón de ser. Queremos un Estatuto de los Trabajadores a la altura de las nuevas necesidades de nuestro tejido productivo, de nuestras empresas, pero también a la altura de las exigencias y de los
derechos laborales y con el mínimo garantismo que exige la población trabajadora. Queremos hacer del trabajo digno la premisa fundamental en esa carta de derechos y de obligaciones, y marco de relaciones mutuas entre trabajadores y empresarios que
debe ser el Estatuto de los Trabajadores, en consonancia como digo con la importante doctrina internacional, doctrina del Tribunal Constitucional, y nuevos retos y desafíos que tienen nuestro mercado de trabajo y todos nuestros sistemas económicos
en general.
Hubiéramos querido sacar adelante en los próximos meses otras muchas medidas. Como seguimos trabajando con la misma intensidad o más que en estos últimos ocho meses confiamos en que todavía nos dé tiempo a sacar adelante algunas de ellas, y
en contar con los suficientes apoyos parlamentarios, cuantos más mejor. Es necesaria la colaboración de todos para revertir algunos efectos negativos, de cuyo diagnóstico podremos encontrar fácilmente puntos en común. Confiamos en poder sacar
adelante, fruto del necesario consenso, del necesario acuerdo algunas medidas en lo que nos queda de legislatura y en poder seguir gobernando, porque la hoja de ruta es muy amplia, muy ambiciosa, y no nos resignamos a dejar en el cajón muchas
medidas que hubiéramos querido adoptar, pero insisto en que vamos a actuar con responsabilidad y con realismo, y no vamos a anticipar medidas que es evidente que no van a poder salir adelante en el espacio de tiempo que nos queda, pero les anuncio
algunas que están en esa vía de salida, y que confiamos tener listas con tiempo suficiente para que puedan ver la luz antes de que acabe esta legislatura.
En primer lugar, queremos hacer reformas normativas para trasladar la recuperación económica al empleo y al empleo de calidad. En este punto hay algunas medidas que tienen que ver con salarios, y algunas están colgadas ahora mismo de una
propuesta que esperamos cuente, como les anticipaba, con el acuerdo de los agentes sociales en la mesa de igualdad que lideramos la secretaria de Estado de Igualdad y yo misma, y que van a tener algunos efectos en materia de recorte o de reversión
de la brecha salarial de las mujeres. Tenemos incorporadas y elaboradas algunas medidas que tienen que ver con transparencia salarial, con la participación y derechos de información de los representantes de los trabajadores en las empresas -por
tanto con controles colectivos- y que creemos que estamos todavía
a tiempo de sacar adelante. Hay también medidas en relación con el tiempo de trabajo. En este punto les quiero decir que está lista, y que por tanto no debe costarnos demasiado sacar adelante esta medida, porque además se había encontrado
un buen elemento de acuerdo en el Congreso, y se refiere al registro de la jornada de trabajo, al registro de las jornadas diarias. Como saben ustedes la ponencia del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores tenía amarradas algunas otras
medidas, y también tenía conectadas algunas otras sobre las que se había venido trabajando con distintos grupos parlamentarios, y consideramos que, en los términos en que estaban allí contempladas, podemos ser capaces de sacarlas a través de un
instrumento normativo que permita su aplicación inmediata.
Igualmente estamos queriendo sacar adelante todo lo que tiene que ver con el artículo 42, lo que tiene que ver con contratas y subcontratas. Creemos que esa ponencia del artículo 42 había conseguido muchos avances: encontrar una regulación
mucho más equilibrada y mucho más satisfactoria de la que ahora mismo tenemos en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, al que yo personalmente le imputo muchos de los males de nuestro actual mercado de trabajo: fuerte precarización e
infraempleo o subempleo en muchos sectores de actividad; la definición de la empresa contratista; la aplicación de la negociación colectiva, de los distintos convenios colectivos a unas y otras relaciones de trabajo, de la empresa principal y de
las empresas contratistas o subcontratistas; el régimen de responsabilidades empresariales. Nosotros hubiéramos querido llegar más lejos, pero tal y como está en esa ponencia y en los términos en que podíamos alcanzar los acuerdos necesarios para
sacarlos adelante ponemos al mercado de trabajo en un escenario completamente distinto, mucho más favorables, mucho más garantista, y en consecuencia protegible, defendible desde nuestro punto de vista.
Queremos también recuperar algunos elementos especiales de la negociación colectiva. Voy acabando, presidente.
El señor PRESIDENTE: Es que los diputados tienen la mala costumbre de querer comer antes de los Plenos. La comparecencia consta de dos partes, y todavía no ha hecho referencia todavía a una de ellas, que es por la que se le había pedido
específicamente que compareciera.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Entonces acabo muy rápidamente esta primera parte, y seguidamente voy a los centros especiales de empleo, para satisfacer la pregunta. Lamento mi incontinencia verbal. Me
suele pasar siempre. Es fruto de mi pasión por el trabajo.
El señor PRESIDENTE: También escrita.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Estoy saltando un montón de cosas, pero permítanme que, además de las disculpas, les diga que va a ser mi última comparecencia y que quiero aprovechar todo lo que pueda para
lanzar algunas de las ideas inspiradoras de nuestra actividad, así como las medidas que tenemos previsto implantar.
Nos parece que recuperar el papel de la negociación colectiva era un elemento vertebrador. La prioridad, la ultraactividad, la legitimación de los sujetos son también medidas de políticas activas.
Paso rápidamente, siguiendo el buen criterio del presidente, a contarles algo en relación con los centros especiales de empleo, que sé que es una demanda por parte de distintos grupos, y desde luego del señor Campuzano, que ya me lo hizo
notar en la primera comparecencia, aunque también de otros grupos. Quiero decirles que esta ha sido una primera preocupación muy primaria, muy elemental, porque fuimos muy conscientes desde el primer instante de que los centros especiales de
empleo, que cumplen un ineludible fin social, son elementos que deben ser potenciados, que no deben encontrar obstáculos añadidos a los que ya representa el tipo de tarea que desarrollan, y que por tanto deben contar con el apoyo y con el respaldo
de la Secretaría de Estado de Empleo, donde se asientan la mayoría de los incentivos, de las ayudas y subvenciones que van orientados a esos centros especiales de empleo.
En este punto quiero señalar algunas premisas. Como saben sus señorías la competencia está en manos de las comunidades autónomas. Nosotros en la conferencia sectorial con las comunidades autónomas que se celebrará pasado mañana, aunque ya
están elegidos los criterios de distribución de los fondos, vamos a transferir ya los fondos. Nunca antes en una conferencia sectorial se habían transferidos fondos a estas alturas de año natural, de manera que eso va a permitir un escenario de
actuación más eficaz por parte de las comunidades autónomas. Allí estaban presupuestadas en términos suficientes -y aun de sobra- las ayudas necesarias para atender los gastos que tienen que ver con las subvenciones
del 50 % de los salarios de los trabajadores ocupados en centros especiales de empleo. Habíamos calculado en unos 83 millones el impacto del salario mínimo interprofesional, y estaban presupuestados 100 millones, de manera que se contaba
con un recorrido más que suficiente.
Nos hemos quedado sin presupuestos, pero les aseguro -como les anticipé cuando presentamos los presupuestos- que aun sin presupuestos teníamos capacidad, vía modificaciones presupuestarias, para sacar adelante esa ayuda para atender a un fin
social que evidentemente nos parecía necesario atender. Así que contamos con recursos suficientes para atender a ese gasto. El importe de dicha modificación por tanto va a ser de algo más de 83 millones, pero estén tranquilas sus señorías porque
disponemos de ello con cargo a remanentes de créditos no comprometidos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal.
Además este año, por vez primera, en los criterios de distribución de recursos por parte de las comunidades autónomas hemos hecho un reparto que tiene en cuenta las necesidades de cada comunidad autónoma en relación con los centros
especiales de empleo implantados en sus territorios. Nos ha parecido que este era un elemento que tenía que estar dentro de los criterios de distribución de recursos, de tal forma que efectivamente el próximo jueves repartiremos esta partida en
relación con las verdaderas necesidades que tiene cada comunidad autónoma. Les recuerdo que en la conferencia sectorial de diciembre de 2018 se decidió que el volumen de plantillas de los centros especiales de empleo debía tenerse en cuenta como un
criterio de distribución de los fondos, de forma que los 456 millones de euros largos que se destinaban a las comunidades autónomas se reparten en función de estos criterios. Por tanto, de cara a las comunidades autónomas y en el escenario de que
no va a haber ley de presupuestos para 2019, con el aumento de créditos previstos se tendrán recursos para atender el impacto que representa la subida del salario mínimo interprofesional.
De todas maneras quiero decirles que hemos tenido oportunidad de reunirnos con muchas asociaciones de centros especiales de empleo. Ayer mismo estuve reunida en las islas Baleares, y tanto el director general del Servicio Público de Empleo
Estatal como yo misma hemos tenido reuniones y somos muy conscientes de sus necesidades. En este sentido debo decir con total honestidad que compartimos algunos de sus planteamientos, pero otros no. Nos parece apresurada e injustificada la
petición de que los recursos públicos del Estado, vía comunidades autónomas, atiendan a un 75 % en vez de a un 50 % de la subvención del salario mínimo interprofesional, para compensar el impacto de la subida de 736 a 900 euros que ha representado
la subida del salario mínimo interprofesional. No solo creemos que no es razonable, sino profundamente regresiva, porque sería tanto como decir que los empresarios titulares de esos centros especiales de empleo van a aportar menos con la subida del
SMI que lo que aportaban anteriormente. Hemos hecho los cálculos y valoramos que eso no es posible. Queremos que todas las empresas, y también los centros especiales de empleo, que repito una vez más que cumplen un fin social que nos parece
tutelable, protegible y digno de atención, deben ser corresponsables, deben ser solidarios y tener un incremento de su aportación al salario, si no estrictamente proporcional al resto de empresas por sus especiales dificultades, sí capaz de soportar
-creemos que lo pueden hacer- un mínimo impacto o un impacto sensible en términos específicos -desde luego no puede ser que no tengan ningún impacto o que queden incluso mejor de lo que estaban- que el que representa para las empresas privadas. En
este sentido estamos valorando algunos elementos que nos permiten actuar sobre los centros especiales de empleo con necesidades específicas, y donde realmente el impacto de la subida del salario mínimo interprofesional les coloca en una situación de
necesidad y les impide seguir cumpliendo el fin social que entendemos protegible, y me voy a referir más claramente a las medidas que van en esta dirección.
Nosotros estamos valorando una subvención del 55 % de los salarios de los discapacitados severos; no de todos, sino de aquellos que tienen una especial necesidad. Entendemos que en los casos de personas con una discapacidad elevada es
necesario seguir actuando de manera proactiva, de manera responsable, de manera solidaria e intentaremos reducir y matizar el impacto, pero no sobre el resto de discapacitados. Fíjense en que los centros especiales de empleo no son un fin en sí
mismos. La idea que persiguen los centros especiales de empleo es facilitar el tránsito de ese empleo al empleo ordinario, y desde este hilo inspirador también entendemos que hay que tratar de manera distinta a los distintos tipos de centros
especiales de empleo, por lo que estamos valorando medidas, que someteremos a discusión, como atender para modular dicho impacto a la finalidad del centro especial de empleo, social o de iniciativa privada; al grado y tipo de discapacidad de todos
los empleados que allí trabajen; al porcentaje de personas discapacitadas respecto del total de la plantilla. No es lo mismo un centro especial de empleo con mayoría de discapacitados con grados superiores al 33 % que aquellos con discapacitados
con
grados superiores al 65 %. Asimismo atenderemos también al volumen de negocio de cada centro especial de empleo, a las transiciones del mercado protegido y a las empresas con las que se contrata. En este sentido hemos advertido una
práctica que nos parece perseguible, y es que como es más atractivo para las empresas, en vez de contratar discapacitados con bonificaciones de entre el 50 y el 75 %, crear sus propios centros especiales de empleo, que tienen bonificaciones del cien
por cien en la cuota empresarial, no queremos eludir este estudio ni que esto se convierta en una práctica que pervierta y defraude el fin esencial que tienen los centros especiales de empleo. Tenemos ideas al respecto, hemos elaborado medidas y
valoraciones económicas, por lo que nos falta sacarlas a la luz para obtener los apoyos necesarios, pero creemos que también estamos en condiciones de hacerlo de manera muy rápida, para que entren en vigor antes de que se acabe la legislatura.
Yo quedo a disposición de sus señorías por si se les ocurre algún parámetro o alguna indicación al respecto, porque serán atendidos como corresponde. Si los compartimos y somos capaces de sacarlos adelante en la senda financiera más
estrecha que nos hemos dado desde luego los atenderemos con sumo gusto.
Muchísimas gracias y perdón de luego por haberme extendido en el tiempo.
El señor PRESIDENTE: No pasa nada, señora Valdeolivas.
A continuación tienen la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios. Comienza el señor Campuzano, del Grupo Parlamentario Mixto.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.
Agradezco la amplia intervención de la secretaria de Estado. Debido al tiempo que tengo, del que puedo emplear en esta intervención, me voy a centrar en la segunda parte. Sobre la primera solo le diré que estaremos muy atentos a las
propuestas legislativas que el Gobierno pueda formular en los próximos días, en las próximas semanas; si van en la línea de los trabajos que se habían efectuado entre distintos grupos parlamentarios en relación con la proposición de ley del
artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, probablemente podremos encontrar puntos de coincidencia, pero esperaremos a conocer la propuesta legislativa que el Gobierno pueda formular. Sería bueno acabar esta legislatura lanzando un mensaje de
confianza en el funcionamiento del mercado de trabajo, y singularmente en la negociación colectiva como instrumento para resolver los conflictos entre capital y trabajo en el seno de las empresas, pero veremos exactamente qué nos plantea el
Gobierno.
Mi grupo tenía interés en que en esta comparecencia, que fue planteada en la Diputación Permanente, se hablara del impacto de la subida del salario mínimo interprofesional en los centros especiales de empleo, y hoy la secretaria de Estado
nos ha dicho algunas cosas relevantes. En primer lugar, usted recuerda que esta es una competencia de gestión autonómica, y yo le he de recordar también que es el Estado el que regula el porcentaje de subvención sobre el puesto de trabajo -es una
norma de carácter estatal la que lo contempla-, que deja sin margen de aplicación a la comunidad autónoma, que en cualquier caso debe subvencionar en un 50 % cada puesto de trabajo en el centro especial de empleo.
Es relevante que el criterio que se haya introducido en la conferencia sectorial sea el de repartir los recursos de esta política según el número de puestos de trabajo efectivamente existentes en la comunidad autónoma. Piensen que en el año
2018 Cataluña recibió unos 65 millones de euros por estos conceptos: 15 millones de euros fueron destinados a la inserción en la empresa ordinaria, y por tanto 50 millones de euros fueron para el mantenimiento de los puestos de trabajo en los
centros especiales de empleo, y eso, respecto al número de puestos de trabajo existentes en Cataluña, generaba un déficit de 50 millones de euros que la Generalitat debía movilizar de sus propios recursos para garantizar el cumplimiento de la norma
de carácter estatal. Por tanto espero que en esta conferencia sectorial todas las comunidades autónomas -en nuestro caso, Cataluña- reciban los recursos que sirvan para garantizar que todos los puestos de trabajo en centros especiales de empleo
puedan recibir esa subvención contemplada en la normativa estatal.
Había otra cuestión que nos preocupaba, tanto a nosotros como al sector en Cataluña, y de la intervención de la secretaria de Estado entiendo que ha comprendido esa preocupación. No podemos generalizar la política de subvenciones a todos
los centros especiales de empleo de la misma manera. Mi grupo ha defendido siempre que la clave de esta diferenciación no debe responder tanto ni principalmente a la forma jurídica en la que opera el centro especial de empleo, sino a las
necesidades específicas de ese trabajador. Efectivamente los trabajadores con discapacidad severa -en la mayoría de las ocasiones personas con discapacidad intelectual, problemas de salud mental y discapacidad física de más de
un 65 %- tienen un nivel de productividad muy bajo. Los centros especiales que emplean a estas personas procuran generarles un puesto de trabajo efectivo, no una terapia ocupacional, y la ausencia de productividad de ese trabajador hacía
que el incremento del salario mínimo que corresponde a la empresa hiciese inviable el mantenimiento de esa actividad económica. Por tanto, si el Gobierno decide incrementar más allá del 50 % la subvención para personas con especiales dificultades,
va a contar con nuestro apoyo y aplauso. Mi grupo defendía el 60 % sobre la subvención del salario. En el último Gobierno socialista, durante dos años, fue del 75 %: un año para todos los centros especiales de empleo y un segundo año para los de
especiales dificultades. Mi grupo le estimula a que vaya más a ese 60 % que no que se quede en el 55 %, y que efectivamente sea una medida que tenga implementación de manera inmediata, porque hay una enorme preocupación en Cataluña, en Baleares -no
sé si en algún otro territorio del Estado- sobre el impacto de esta medida.
Y más allá de esto hay que decir que necesitamos una reflexión a fondo sobre el modelo de empleo protegido. Mi grupo sigue la tradición de Ramón Trías Fargas, uno de los propulsores de la Lismi en los años 81 y 82; cuando se formula la
Lismi en esos años considera los centros especiales de empleo un tránsito hacia el empleo ordinario. La política de apoyo a los centros especiales de empleo ha tenido tanto éxito que ha llevado a que los centros especiales de empleo se conviertan
en una finalidad. Yo creo que eso exige una reflexión muy a fondo. Mi grupo viene defendiendo desde hace años, con poco éxito en la práctica, que debemos ir a un modelo en el que lo relevante no sea la empresa donde trabaja la persona con
discapacidad -si es un centro especial de empleo o una empresa ordinaria-, sino sus necesidades individuales y los apoyos individuales que necesita para poder trabajar, y que la empresa que lo contrate reciba los apoyos que hagan posible que esa
contratación se efectúe. Es una reflexión muy a fondo que dudo mucho que la podamos resolver en los días que le quedan de mandato a este Gobierno, pero creo que es imprescindible abordar. En cualquier caso -y con ello termino, señor presidente-
esperamos que en esa conferencia sectorial los recursos se repartan según los puestos de trabajo efectivos existentes en cada uno de los territorios. En segundo lugar, esperamos que las personas con especiales dificultades tengan una subvención
mayor que les permita efectivamente compensar los incrementos del salario mínimo interprofesional.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campuzano.
El Grupo Parlamentario Vasco no está presente. Por el Grupo de Esquerra Republicana don Jordi Salvador.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes ya. Casi lleva dos horas interviniendo y tengo poco tiempo para poder comentar tantas cosas de las que se han dicho, aunque discrepo con muchas de ellas.
Primero de todo diré que la tristeza es compartida; la tristeza de que no haya tirado adelante esta legislatura es compartida, pero pienso que la responsabilidad también. Le digo por qué. Ya sin entrar en la cuestión nacional -que no toca
aquí-, desde el punto de vista laboral -que este sí que lo conozco bien- para mí han sido ocho meses de desilusión, y le voy a decir por qué. Yo escuché atentamente, por ejemplo, a la ministra en su primera intervención, en una crítica muy dura a
la reforma laboral del Partido Popular -muy dura, se puede ver en el Diario de Sesiones-. Recuerdo la promesa del Partido Socialista de derogar la reforma laboral, con lo cual sí que una vez derogada podemos hablar de un nuevo Estatuto de los
Trabajadores o de lo que usted quiera, pero de golpe todas estas medidas perversas de la reforma laboral quedaban tumbadas de un plumazo.
Le digo esto porque otra de las cosas de las que ha hablado ha sido de diálogo. Por eso decía que la tristeza es compartida y las responsabilidades también. Vamos a hablar de diálogo. Usted ha dicho que ha dialogado con los sindicatos, ha
dialogado con patronales, ha dialogado con otros partidos a los cuales les ha dado las gracias. Por ejemplo, en la partida de presupuestos de trabajo, ¿cuántas veces ha dialogado con este portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya? Yo lo
primero que haría, si hay un grupo que les pone presidentes, porque piensa que puede hacer algo mejor que el grupo que había antes, lo primero que hubiera hecho yo con la gente que dimos soporte a la moción de censura, también en asuntos laborales o
sociales, habría sido hablar con ellos. Es decir: señor Salvador, venga usted al Ministerio de Trabajo, vamos a hablar de presupuestos de trabajo, vamos a hablar de reformas laborales, vamos a hablar. En ocho meses nada, cero. Y eso hubiera sido
importante, porque somos el quinto grupo parlamentario que hay en esta Cámara, y uno de los que les dimos soporte, como decía. Es usted secretaria de Estado y hay una ministra de Trabajo socialista porque nosotros les dimos nuestros votos,
luego pienso que era de recibo negociar algo. No hubo diálogo, tampoco en legislación laboral. Nosotros nos hemos enterado de todo por la prensa, es así. Ya no hay derogación, pero yo pienso que se podría haber aprobado, porque usted dice
ahora que va a correr en las próximas semanas para solucionar la ultraactividad y la prioridad del convenio del sector por encima de la empresa. Todo esto se podría haber negociado y, de un plumazo, lo podríamos haber tumbado. En todo caso, con un
proyecto de ley se pueden hacer reformas sobre esta derogación, que hubiera sido inmediata. Si tuviéramos tiempo y la legislatura hubiera sido más larga, podríamos haber renovado con más profundidad el Estatuto de los Trabajadores, pero esto no ha
sido así. Han sido ocho meses, desde nuestro punto de vista, de espera, al igual que muchos trabajadores y trabajadoras y sus organizaciones, porque he seguido atentamente la asamblea de delegados sindicales de Comisiones Obreras y UGT del 8 de
febrero y no estaban precisamente muy contentos de estos últimos ocho meses. Luego tampoco tanto diálogo como se ha dicho o, cómo mínimo, no se ha plasmado en cosas reales.
Otra vez nos ha explicado -y casi podríamos haber repetido la comparecencia de la ministra de hace ocho meses- que van a hacer un plan de choque contra los parados de larga duración. Bien, van a hacer... ¿Por qué no se hizo el primer mes?
¿Por qué no se negoció el primer mes un plan de choque directamente, de entrada? Cuando se rescata a la banca se va muy rápido, pero cuando hay que rescatar a gente se va muy lento. En mi opinión, la velocidad y la determinación son importantes en
política. Al Partido Socialista le ha faltado ser valiente y le diré por qué. Cuando gane el Partido Popular -y esperemos que no- con sus allegados y sus partidos cercanos, verá usted que no va a ir tan lento. Con estos, cada viernes va a ser un
viernes de dolor. Aquí nos hemos pasado ocho meses y vamos dialogando, pero dialogando no con todos. Luego tristeza compartida pero responsabilidades compartidas. Si quiero aprobar los presupuestos con alguien, en el tema de empleo hablo con ese
alguien; si no, no se abre un diálogo. Que conste que nuestra buena voluntad en materia de trabajo se ha visto y pienso que nadie puede dudar de nuestro sesgo político. Les hemos aprobado prácticamente todos los reales decretos-leyes,
absolutamente todos, sin negociar y sin dialogar, simplemente porque lo llevamos en el ADN, pero las cosas tienen límites. Les apelo a que, si tenemos otra ocasión, vengan con los deberes un poco más trabajados y abiertos a ser interpelados con
otros grupos parlamentarios que les damos soporte. La alternativa ya sabemos cuál es y si fuéramos inteligentes, el día después de la moción de censura habríamos abierto un diálogo antiderecha extrema y, quizás, las cosas hubieran sido un poco
diferentes, con un poco más de valentía y de diálogo, pero con todos, no solamente con unos. Luego decepción desde el punto de vista personal en este tema y en otros, como pensiones y muchos otros que, obviamente, no voy a hablar aquí, porque las
reivindicaciones que llevé al Pacto de Toledo eran pocas, pero tampoco fueron aceptadas. Algunas considero que estaban llenas de razón, como que se siguen dando préstamos y, por otro lado, pagamos partidas presupuestarias desde la caja de la
Seguridad Social que no corresponden.
Como tengo muy poco tiempo, voy a la segunda parte, los centros especiales de trabajo. Una vez más, comparto muchas de las cosas que ha dicho, lástima que siempre vayamos igual. De lo que ha dicho me gustaría hacer hincapié en que el mejor
centro especial de trabajo es en el que se cumpla la Lismi, que a partir de cincuenta trabajadores haya un 2 % de trabajadores con alguna discapacidad. En estos momentos los datos son que más del 80 % de las empresas siguen sin cumplir esta ley,
treinta y siete años después. Esto me parece muy importante.
La segunda parte -me queda poco tiempo, pero de esto hay mucho que hablar- es que me ha gustado que haya dicho que en la próxima conferencia sectorial del mes de febrero se hará este pago. Pienso una vez más que es una transferencia que se
hace a las comunidades autónomas pero con la financiación que tenemos, por lo que me dicen desde el departamento, veo que es difícil que se pueda llevar a cabo porque, por ejemplo, harían falta 120 millones de euros para soportar, como mínimo, el 50
% del SMI por todos los centros especiales de trabajo o el 75 % del SMI en los centros... En definitiva, veo un poco complicado que esto se pueda cumplir.
Lo que sí le quiero recordar, ya que hablamos también de presupuestos, es que el techo de gasto de las comunidades autónomas es el 0,1 % y que en caso de que tengamos voluntad política de querer hacer algunas cosas que no están
presupuestadas, como sucede en muchas ocasiones, tampoco tenemos muchas posibilidades de endeudarnos porque tenemos un 0,1 % de endeudamiento. Lo digo porque me parece que Cataluña es corresponsable, a pesar de todo, en el caso de los centros
especiales de trabajo. Me parece que en 2018 se habían previsto 88 millones de euros de nuestros presupuestos, 35 adicionales a los 50 que aportaba el Estado y en 2019 nos hemos comprometido a aportar un 22 % más de los
presupuestos, que son 42 000. Lo que quiero decirle simplemente es que, incluso coincidiendo con el discurso y su manera de entender el tema de los centros especiales de trabajo -que me ha parecido muy bien y por tanto, no voy a repetirlo-,
las comunidades autónomas tienen un 0,1 % de posibilidades de endeudamiento, por lo que o va acompañado de una financiación realmente rigurosa o puede pasar lo que pasa siempre, que una cosa son los presupuestos y otra lo ejecutado, porque una cosa
es lo que se legisla y otra lo que se puede hacer. Lo dejo aquí porque, repito, no tengo más tiempo.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ramírez.
El señor RAMÍREZ FREIRE: Gracias, señor presidente.
Bienvenida, señora Valdeolivas. La verdad es que ha cogido una costumbre insana, y es que cuando los grupos les interpelan por un tema concreto, en este caso los centros especiales de empleo y el efecto del SMI, ustedes piden la
autocomparecencia para hacerse autobombo. Le aseguro que pensaba hacer una intervención muy amable, pero estoy muy preocupado, como todos en esta Comisión, que es atípica, porque aquí los grupos pensamos sobre cuál es la situación del mercado
laboral real y no tanto de elementos partidistas. Claro que pensamos de manera diferente, pero compartimos el diagnóstico de cómo está el sistema de empleo o cómo está nuestro mercado laboral. Se ha tirado hora y media hablándonos de todo lo que
quieren hacer, pero han tenido ocho meses de Gobierno para poder llevar algo a cabo y no han hecho nada. Por ejemplo, han puesto muchos parches, le digo la verdad. Decía el anterior interviniente, Jordi Salvador, de Esquerra Republicana, que
podría haber traído un real decreto para modificar precisamente el Estatuto de los Trabajadores. Dice que lo harán la próxima vez, pero es que esto ya lo he oído; es más, lo hemos oído todos los españoles durante muchos años. Por lo tanto, ha
sido un discurso -le voy a decir la verdad- en dos vías: una, la autocomplacencia de que los pocos parches que han puesto están dando resultados -y ahora entrará a hablar de esos resultados- y otra, llena de promesas. Parece más bien un mitin
político como el que sufrimos el pasado viernes, cuando el presidente del Gobierno se puso a contar todo lo que quería hacer. Y la verdad es que lo lamento porque lo importante en esta Comisión siempre es saber cuáles son los temas que nos
preocupan, en este caso concreto, los centros especiales de empleo y el efecto no deseado del incremento del salario mínimo, que creo que todos estábamos de acuerdo en que había que incrementarlo.
Usted ha dicho que en las reformas que han llevado a cabo se están viendo una serie de elementos positivos en lo que atañe al mercado de trabajo y sobre todo a nivel de desempleo, pero, claro, ustedes insisten en dar siempre los datos de
forma interanual y olvidan -es un descuido- dos cosas. La primera, que se ha desacelerado el ritmo de caída en comparación con los meses anteriores: en noviembre el retroceso interanual fue de 6,37 y en diciembre del 6,17. También se aprecian
claramente dos periodos: el periodo de enero a junio, donde el paro registrado, es cierto, disminuyó y además de forma potente, 314 366 personas, pero entre julio y enero ese paro registrado ha aumentado en 123 599 personas. También me han gustado
mucho los cuatro pilares en los que ustedes querían basar su acción de Gobierno: la recuperación de los derechos perdidos; la recuperación de la negociación colectiva, que estaba fuertemente intervenida, en su opinión; la protección social, que
ha estado deshabilitada, y habla en concreto del desempleo. Usted sabe tan bien como yo que la tasa de cobertura que tienen nuestros desempleados es del 60,4 %, es decir, cuatro de cada diez parados no tiene ninguna prestación, ninguna ayuda, lo
que nos parece gravísimo. Además, me habla de que se está recuperando el empleo fijo, del que hemos tenido un pequeñito repunte que esperemos que se mantenga en el tiempo. Sabe tan bien como yo que el 90 % de los contratos que se firmaron en enero
eran contratos temporales. No me gusta lanzar las campanas al vuelo, creo que nos tenemos que poner a trabajar de forma muy seria. Usted misma ha dicho que hay que hacerlo con rigor, con seriedad y sin urgencias. Bueno, una cosa es no tener
urgencia y otra esperar a las promesas de la próxima legislatura; han tenido ocho meses y creo que han podido hacer algo.
Me quiero centrar en los dos temas que nos afectaban especialmente, que son los centros especiales de empleo y el salario mínimo. En cuanto a los centros especiales de empleo, comparto en parte el diagnóstico. Desde luego, entendemos que
no son un fin en sí mismos sino un instrumento, una herramienta para integrar a las personas que tienen una discapacidad en el mercado ordinario de trabajo. Usted ha visitado, como nos ha dicho, el de Baleares, nosotros hemos visitado distintos
centros de empleo especiales a lo largo y ancho de toda España, y uno ve que luego es muy difícil la asignación de esos
trabajadores y pasarlos al mercado ordinario de trabajo. Por lo tanto, entendemos que sin ser un fin en sí mismo, sin que quitemos ese tránsito como una obligatoriedad, en los casos por los que quiere usted apostar, por los discapacitados
severos a los que quiere dar una ayuda reforzada, se hace muy complejo. Estoy de acuerdo con el señor Campuzano en que deberíamos empezar a pensar que no es tanto la empresa la figura jurídica en la que está el trabajador con discapacidad, sino que
haya una adaptación al puesto, que es lo que realmente se estaba buscando. Nos preocupaba tanto que en esta Comisión -ya le digo que es una Comisión atípica porque aquí sí nos preocupa en general la problemática de la gente, la polity la dejamos
para fuera, aquí hablamos de policity, de las políticas públicas- el 14 de febrero de 2017 aprobamos una PNL sobre medidas para mejorar el régimen de funcionamiento de los centros especiales de empleo. Nos parece algo muy urgente, nos parece algo
de extremada y urgente necesidad. Digo yo que con los veintiocho reales decretos -esta semana vamos a llegar a treinta- dedicar uno más a algo tan importante como son los centros especiales de empleo y las personas con discapacidad no hubiera
venido mal; es más, hubiese tenido nuestro apoyo, siempre y cuando las medidas hubieran sido correctas, en la línea de lo que han hablado los anteriores comparecientes. Obviamente, con algunos, desde el punto de vista ideológico, no tengo nada que
ver, pero ya le digo que en esta Comisión lo que nos preocupa sobre todo son las personas.
Por otro lado, el salario mínimo. En la pérdida de derechos de esos cuatro pilares de los que nos ha hablado, supongo que estará más bien dentro de la protección social. Estamos de acuerdo en la subida del salario mínimo, claro. Estábamos
de acuerdo todos, los agentes sociales, los sindicatos y las asociaciones empresariales. La cuestión era si se podía estudiar con detenimiento esa velocidad de subida. ¿Por qué? Porque estoy de acuerdo en que hay que ir a salarios de mayor
calidad, pero eso se hace también con un mercado competitivo y, lógicamente, se basa en la productividad, en trabajadores mejor cualificados, y no solo por real decreto. Tenemos un problema y es que lo primero que hemos visto del salario mínimo es
que tiene ciertos elementos perniciosos precisamente para los trabajadores que queríamos proteger. Si sacamos una medida para proteger a un trabajador y vemos que en el medio y largo plazo encima le perjudica, los poderes públicos tenemos que tener
muchísimo cuidado.
Luego es verdad -y usted lo sabe- que los intentos del Gobierno para limitar los efectos de la subida del SMI a determinadas bases de cotización -hablaba de los autónomos, por ejemplo- hacen saltar la contributividad del sistema. Usted sabe
que tenemos un sistema contributivo, lo que hace que sea sostenible o que intentemos que sea sostenible. También hace falta que pensemos en políticas para la sostenibilidad del sistema. Porque si nos damos un sistema, un Estado de bienestar y
luego lo dinamitamos, saltándonos los límites financieros y económicos que soporta el país, tenemos un problema. Usted decía que ha quedado otra cosa pendiente, que son las políticas activas -me ha gustado lo de las políticas activas de las
comunidades autónomas-, pero que es una pena porque en estos presupuestos había unos créditos para desarrollar estas políticas activas que iban a mejorar la competitividad, que iban a mejorar el mercado de trabajo de nuestras comunidades autónomas
y, por ende, del conjunto del país. Lo que pasa es que ustedes han reconocido en las últimas horas que estos presupuestos hacían trampas contables. No lo decimos nosotros, lo está diciendo el Gobierno, 8200 millones de euros. Por cierto, ya lo
habían adelantado el gobernador del Banco de España, el presidente de la AIReF y, por supuesto, las instituciones financieras europeas. Entonces, decir que estos presupuestos eran maravillosos, cuando tenemos claro que la parte de ingresos era
falsa... Lógicamente, en el papel se puede poner lo que se quiera. A mí me encantaría poner el salario mínimo no en 900, sino en 3000 euros. Claro que sí, ¿pero eso es beneficioso para las personas a las que queremos ayudar? Pues hay que verlo
con detenimiento.
Se me acaba el tiempo. Por último, nos preocupa el globo sonda final que parece que quieren enviar respecto a una serie de modificaciones del mercado de trabajo, esta vez sin consenso. Con lo cual, entiendo que de esa recuperación de la
quiebra del diálogo social, que es su cuarto pilar, ya nos hemos olvidado. Vamos a hacer una campaña electoral adelantada, vamos a mandar un real decreto y vamos a hacer una modificación del Estatuto de los Trabajadores parcheando otra vez. Con lo
cual, señora Valdeolivas, ¿dónde está esa rigurosidad, seriedad y urgencia a la hora de tomar las decisiones? Me preocupa mucho. Además, espero que no lo haga -se lo digo de verdad- porque nos gustaría tener también la capacidad de intervenir como
grupos de esta Cámara en la elaboración de algo tan fundamental como es un Estatuto de los Trabajadores nuevo. Se lo permite el Reglamento, pero si lo hacen cuando está constituida la Diputación Permanente, no lo podemos tramitar como proyecto de
ley, con lo cual nos elimina prácticamente la posibilidad de establecer enmiendas a ese real decreto.
Muchísimas gracias. Le deseo todo lo mejor a mis compañeros de esta Comisión en el devenir que nos espera, y a usted también le deseo que tenga éxito en sus futuros proyectos, que espero que no sean en el Gobierno; no se lo tome a mal.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramírez.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidente. Gracias, secretaria de Estado, por la comparecencia.
Voy a intentar ir al grano. Es evidente que lamento que los presupuestos no hayan salido adelante, pues estaban basados en un acuerdo entre Unidos Podemos y el Gobierno, pero también tengo claro que hasta el 5 de marzo voy a ser diputado y
voy a aprovechar hasta el último día para intentar mejorar la vida de la gente, que es para lo que creo que me eligieron y para lo que nos votaron y por lo que nos pagan, por lo menos hasta ese día, 5 de marzo.
Entro en lo concreto. Con respecto a la parte de la que usted hablaba sobre la elaboración legislativa, ya dijimos en muchos ámbitos que le exigíamos valentía al Gobierno. Tenía en su mano la posibilidad del real decreto para sacar medidas
y ahora solo queda esa posibilidad porque las ponencias legislativas ya no tienen plazo. En cuanto a las medidas que creemos que tienen que estar presentes serían, por un lado, la modificación del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en lo
que tiene que ver -y creo que coincidimos bastante en esto- con el gran saco de fraude de la contratación en nuestro país, y es desvincular la duración de una contrata con la duración de ese contrato. No puede ser que haya una obra o un servicio
que dure dos o tres años o incluso más y que el contrato sea temporal. Eso es un fraude gigante con nuestro país y creo que modificar el artículo 15 para remediarlo es clave.
También el artículo 44, para garantizar el empleo cuando hay una sucesión de empresas. Mucha gente en este país ve que cuando se pasa de una contrata a otra por el camino se aprovecha para echar a los trabajadores y volver a contratarlos
con salarios menores o con menos derechos o para quitarse de en medio a gente que está más organizada, que había querido montar un sindicato o que había querido reivindicar ciertas mejoras. Se aprovecha ese cambio y esa sucesión de empresas para
quitárselos de en medio. Nosotros creemos que es fundamental que se modifique el artículo 44 para que haya esa garantía. Con respecto al artículo 34 y el control de jornada, del que usted también hablaba en su comparecencia, para nosotros es muy
importante -lo hemos dicho en multitud de ocasiones y no me cansaré de decirlo- que esté en manos de la Inspección de Trabajo, es muy importante que esté en manos de la representación legal de los trabajadores, que sabemos que es así, pero también
es importante que esté en manos del trabajador y la trabajadora. En este país, desgraciadamente, no todo mundo tiene representación sindical y consideramos que es un elemento fundamental de transparencia y una herramienta para garantizar derechos
que venga, por ejemplo, en la nómina a final de mes cuántas horas efectivas se ha trabajado para acabar con los caraduras que contratan a la gente por unas horas determinadas y al final acaban haciéndoles trabajar mucho más tiempo del que les pagan
y del que cotizan a la Seguridad Social.
En cuanto al artículo 42, respecto del que usted dijo que se iba a modificar lo que tiene que ver con la subcontratación, para nosotros hay dos cosas fundamentales. Por un lado, definir claramente cuál es la actividad principal de las
empresas, porque si no, quedamos al libre albedrío judicial, que es lo que ha pasado ahora mismo, y ya sabemos cómo está la situación. Compartimos con usted que la subcontratación es uno de los grandes focos de precariedad de nuestro país. Y por
otro lado, hay que garantizar que a las personas subcontratadas de la actividad principal les afecte el mismo convenio colectivo que a las personas de la actividad principal para que la subcontratación sea una herramienta productiva, una herramienta
técnica para que las empresas lleguen a donde no pueden llegar con trabajadores más especializados, etcétera, es decir, que no sea una herramienta para precarizar. Así a nadie le va a interesar subcontratar la actividad principal porque va a tener
que pagar exactamente lo mismo a los trabajadores y porque va a tener que tener exactamente los mismos derechos. Porque el objetivo de la subcontratación no es ese, o por lo menos no debería ser ese, aunque conocemos perfectamente para qué se usa
la subcontratación en nuestro país. Por tanto, definir la actividad principal y equiparar los derechos de la plantilla subcontratada a los de la plantilla principal.
Con respecto al artículo 84, la prevalencia de los convenios colectivos, que esto se haga no solo en lo que tiene que ver con salarios y horas extras, sino con el resto de los puntos para garantizar la prevalencia total, como ocurría
anteriormente, de los convenios sectoriales sobre los convenios de empresa, que,
vuelvo a reiterar, también ha sido una herramienta terrorífica, sobre todo para reducir salarios en nuestro país y para poner en muchos casos condiciones semiesclavistas sobre la mesa. Después, respecto al artículo 86, recuperar la
ultraactividad. Esta es una reivindicación de amplias capas de la gente trabajadora en nuestro país y no hay más que ver el caso reciente de lo que está ocurriendo con decenas de miles de trabajadores de Endesa. Algo que no se nombra y que nos
gustaría que estuviera en ese real decreto impulsado por el Gobierno es la modificación del artículo 7 de la Lisos, respecto de las infracciones, porque, claro, legislar todo esto está muy bien, pero siempre hay sinvergüenzas -no son todos, son una
minoría- y hay que tener herramientas para combatirlos. Nosotros creemos que debe ser tipificado como infracciones graves todo lo que tiene que ver con la trasgresión de las normas relativas al registro de jornada, los límites legales y pactados en
materia de jornada, trabajo nocturno, horas extraordinarias, horas complementarias, descansos, vacaciones, permisos y el tiempo de trabajo, etcétera -artículos 12, 23, 34 y 38- y que se entienda que el empresario incurre -y esto para nosotros es lo
más importante y esperemos que tome nota- en una infracción por cada trabajador afectado, o sea que si en la empresa tienen cincuenta y no está cumpliendo lo relativo a la jornada con los cincuenta, que sean cincuenta infracciones. Estamos seguros
de que si esto ocurre y entra en el real decreto, más de uno se lo pensará antes de violar los derechos laborales en nuestro país y de defraudar a la Seguridad Social.
Por último, quiero terminar con dos cuestiones. Se me acaba el tiempo, pero es algo que está sobre la mesa y nos gustaría que no quedaran en una gaveta porque afectan a mucha gente. Se trata de un acuerdo respecto a la aprobación del Real
Decreto 28/2018 en lo relativo a la prestación económica por incapacidad permanente total, que antes iba relacionada con el 55 % de la base mínima de cotización y eso desapareció. Creemos que hay que arreglarlo cuanto antes. Por otro lado, el
aumento de la cuota por los periodos de inactividad de los trabajadores agrarios por cuenta ajena. Esto va a suponer, si no se arregla -creemos que se va a arreglar-, una subida de 20 euros en la cuota en los periodos de inactividad que puede
parecer que no es mucho pero, desgraciadamente, para cientos de miles de familias, o quizá millones, en este país 20 euros al mes puede ser la diferencia entre llenar la nevera y no llenarla.
Se me acabó el tiempo. Me gustaría hablar de muchas más cosas. Espero que haya tomado nota de nuestras reivindicaciones y, si así es, no tendremos ningún problema en aprobar en lo que queda de legislatura estas medidas que van en beneficio
de la gente trabajadora de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora De Frutos.
La señora DE FRUTOS MADRAZO: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.
Voy a aprovechar mi última intervención en la Comisión de Empleo, aunque no sea normal, para dar las gracias a todos los grupos que, Comisión tras Comisión, han estado apoyando las iniciativas de nuestro grupo parlamentario -pienso, con
honestidad, que siempre han sido iniciativas que han puesto de manifiesto la situación por la que atravesaban los trabajadores-, intentando al menos ponerlas sobre la mesa y dar soluciones, aunque fuera en ese mundo de las PNL.
Quiero manifestar también que estoy contenta porque, aunque llevamos poco tiempo en el Gobierno, pienso que sí se han hecho algunas cosas importantes. Voy a referirme a unas cuantas de ellas porque creo que tienen especial trascendencia:
primero, el incremento de la pensión de viudedad; segundo, creo que es muy importante que se haya regulado la cotización de los trabajadores en prácticas no laborales, asimilándolos a los contratos en prácticas; tercero, estoy muy contenta en
especial con esta iniciativa que va el jueves al Senado -y aquí está mi compañera, que juntas hemos trabajado con todos los grupos-, que es el tema de la pensión de orfandad para niños y niñas cuyas madres sean asesinadas por violencia machista, y
cuarto, también estoy muy contenta con esa iniciativa por la que se han ampliado los supuestos de reducción de jornada y de concesión de prestación a padres y madres por enfermedades graves.
A partir de aquí, como ha dicho la secretaria de Estado, hay mucho por hacer. Creo que más allá de diagnósticos con expresiones generales de pérdida de derechos, si echamos un vistazo al Estatuto de los Trabajadores -y eso voy a hacer ahora
para despedirme brevemente- podemos ver que es irreconocible después del paso del Partido Popular por el Gobierno. Puedo decir con honestidad y sin demagogia que yo, como profesional del derecho, prácticamente no reconozco las relaciones laborales
que viví y que vivo, y que el Partido Popular -repito, lo digo sin demagogia-, vendiéndonos el tema de la flexibilización y la
creación de empleo, destruyó todos aquellos instrumentos, instituciones y cauces del Estatuto de los Trabajadores que, aparte de gestionar recursos humanos, protegían a los trabajadores, y voy a hacer brevemente una referencia.
Con las reformas del Partido Popular se han modificado la extinción por causas económicas, tanto individual como colectiva, flexibilizando las causas y suspendiendo la autorización de la autoridad laboral; se frivolizó el momento más
importante de la vida de un trabajador, que es el despido; se modificó la modificación sustancial de condiciones de trabajo; se incluyó la posibilidad de modificar el salario y se dio más poder al empresario; se deterioró absolutamente la
negociación colectiva -aquí ya se ha dicho muchas veces-, la pérdida de ultraactividad. También quería hace referencia a una cuestión que se menciona menos, pero que es importante: la posibilidad fácil de descuelgue salarial, la pérdida de poder
del convenio sectorial frente al convenio de empresa; se modificaron fórmulas contractuales que ya eran muy precarias pero que dieron lugar a una mayor precariedad, como fueron el contrato para la formación y el contrato a tiempo parcial. Hubo
modificaciones que hicieron que se deterioraran otros instrumentos como la subcontratación, que a raíz de la prioridad del convenio de empresa, pasó de convertirse en un elemento de gestión de la actividad empresarial a un elemento de precarización
por la aparición de multiservicios. No se modificaron pero se deterioraron por su uso los contratos de duración determinada; hemos visto cómo los contratos de corta duración se utilizaban como instrumentos de gestión de recursos humanos, lo que
hizo que los trabajadores tuviesen bajos salarios, poca estabilidad y pocas prestaciones. Al hilo de todo esto se modificó la protección por desempleo y se suprautilizaron fórmulas de trabajo casi esclavo, como fueron las becas o los trabajos en
prácticas no laborales. Todo esto hace que tengamos un mundo muy diferente al que todos conocimos hace unos años. Estoy segura de que este Gobierno va a hacer todo lo posible por derogar -ya no digo los aspectos lesivos, porque lesivo será para
cada cual el que le toque- algunos de los aspectos de la reforma laboral.
En relación con los centros especiales de empleo voy a hacer una reflexión que ya ha hecho mi grupo muchas veces aquí. Los centros especiales de empleo son necesarios, como bien ha dicho Yolanda, y en eso no puedo estar más de acuerdo.
Creo que deben ser instrumentos de empleo para supuestos de discapacidad más grave. La mayor parte de los trabajadores que están en centros especiales de empleo podrían estar perfectamente la empresa ordinaria y que como Gobierno debemos afrontar
la modificación de los parámetros que establecen la obligación de la empresa de contratar a trabajadores con discapacidad.
Me queda una pequeña espina clavada que voy a señalar ahora. Nuestro grupo presentó en octubre la proposición de ley para el registro de jornada. En ese momento fue un hito. El registro de jornada nunca estuvo en el Estatuto de los
Trabajadores y creo que ya es obligado que esté. Está en periodo de enmiendas desde hace casi dos años, así que voy a seguir con esa espina, pero estoy segura de que este Gobierno va a abordar esa cuestión.
Gracias a todos los grupos, a los que nos han apoyado y a los que no. Y gracias al señor presidente, que ha sido un señor presidente maravilloso que ha hecho de esta Comisión un lugar de trabajo productivo y agradable. Y gracias a nuestro
letrado, Juan.
Por mi parte nada más, muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Frutos, y gracias por la generosidad en sus valoraciones nunca bien puesta en valor. (Risas).
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora España.
La señora ESPAÑA REINA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que se lo han dicho ya los representantes de algunos grupos que han intervenido: ustedes no han hecho casi nada y lo poco que han hecho ha sido contra la creación de empleo porque lamentablemente cada vez que ustedes gobiernan
vuelven los malos datos de empleo. No sé qué datos usted estaba mirando, pero desde luego los datos de enero han sido los peores de los últimos cinco años: más de 200 000 personas han perdido su trabajo en el mes de enero. ¡A lo mejor a usted le
parecen pocas! Ya se lo advertimos nosotros y se lo advirtió también el Banco de España, la Comisión Europea e incluso la AIReF. ¡Esto sí que es perder los derechos laborales a los que usted aludía! ¿Eso es recuperar el empleo de calidad, que es lo
que usted decía? Creo que podían ser un poco más humildes porque en ese mes de enero también ha aumentado el paro en más de 80 000 personas. Es decir, hacía cinco años que no veíamos una subida tan elevada del paro en el mes de enero. ¡Eso sí que
es dejar en la cuneta a la gente!
Una vez más ustedes suben el salario mínimo interprofesional, pero sin acuerdo con los agentes sociales, y ustedes han hablado de diálogo social. Sin acuerdo con los agentes sociales. Si había un acuerdo con los agentes sociales firmado
con el Partido Popular y ustedes han dinamitado ese diálogo social.
Vuelve a subir el paro juvenil y va a subir más porque ustedes han eliminado casi todos los incentivos a la contratación, esos incentivos que habían permitido precisamente crear más de 3 millones de empleos en este país. Usted también habla
de la contratación indefinida. En enero los contratos indefinidos fueron el 9,76 %. ¿Les parece a usted un buen dato? ¿Ya no hay precariedad? ¿Dónde está el aumento de la contratación indefinida al que usted ha hecho referencia? Porque yo le
voy a decir la frase de su intervención -y hoy ha dicho prácticamente lo mismo- de 29 de enero, no hace ni un mes: Nosotros hemos venido a intentar no añadir precariedad, sino a eliminar precariedad. ¡Falso! Y sigue: Hemos roto la tendencia al
constante incremento de la temporalidad con respecto a la EPA. Falso. Y decía también: Además de todos estos datos, hay otros muchos que permiten extraer conclusiones de que tenemos un mercado de trabajo -como ha dicho hoy- mucho más favorable,
mucho más saneado, mucho más garantista y mucho más equilibrado. Pues diga a la cara a las 200 000 personas que han perdido su puesto de trabajo en el mes de enero que es que tenemos un mercado de trabajo mucho más favorable. ¡No se destruye tanto
empleo desde el año 2013! Ustedes nos están llevando a la peor época de Zapatero. Y es verdad que los datos interanuales eran buenos, pero por los primeros meses de Gobierno de Rajoy y por la herencia recibida. Sus medidas empezarán a tener
efectos negativos.
Usted ha hablado más de una hora -la hemos estado escuchando con mucha paciencia- y no ha dicho nada del tema estrella de la izquierda, de PSOE y de Podemos: la renta mínima. A mí me daría vergüenza ser del PSOE o de Podemos y haber
exigido beligerantemente la renta mínima; ahora callan y callan. Es una vergüenza. ¿Es que ya no les importan las personas que tienen dificultades? No se puede ser tan falso. Además, me da pena porque usted sabe perfectamente que el informe de
la AIReF -que ustedes no querían- estaba terminado, que se han reunido con ustedes y ustedes lo están retrasando, y yo creo que este país no merece tan poca dignidad.
En los últimos días han tenido el desparpajo, por no decir otra cosa, de decir que van a derogar parte de la reforma laboral, la que ha permitido crear los 3 millones de empleos -que ustedes se están beneficiando de esos vientos de cola-, y
ahora quieren derogar la reforma laboral con un decreto ley, una reforma que no es la reforma laboral del Partido Popular, porque también la apoyaron PDeCAT, UPN y Foro Asturias. No han hecho nada en nueve meses y ahora lo quieren hacer por decreto
ley. ¡Vaya Gobierno! En contra de todo lo que les ha dicho el Banco de España, la AIReF y la Comisión Europea. ¡Escuchen a los empresarios! Usted habla de diálogo social. El presidente de la CEOE, señor Garamendi, le dice hoy que no toque la
reforma laboral. ¿Eso es diálogo social? Pregunte a los autónomos qué piensan del diálogo social con este Gobierno. Ayer el presidente del Gobierno dijo en una entrevista de televisión que no les da tiempo ya a derogar la reforma laboral. Usted
y la ministra han dicho que sí, pero yo digo una cosa: ¿hablan entre ustedes? ¿Hablan unos con otros? ¿Habla el presidente con la ministra y con la secretaria de Estado?
Mire usted, su anuncio de contrarreforma laboral ha hecho que se hayan anunciado varios ERE en grandes empresas, lo que va a poner en solfa más de 12 000 empleos: Vodafone, Santander, Alcoa... ¿Qué tiene usted que decir de eso? El real
decreto al que se ha referido, el 28/2018, que aprobaron ustedes en diciembre, todavía no ha surtido efectos, pero traerá consecuencias negativas. Y le voy a decir lo que han hecho. Han subido todas las cotizaciones sociales, quieren obligar a
cotizar por las prácticas de estudiantes universitarios -y vaya lío que tienen, porque tampoco se coordinan en eso-, lo que va a producir que los estudiantes no puedan hacer las prácticas. Han subido la tarifa plana a los autónomos. Hay 27 000
autónomos menos en el mes de enero; es decir, llega el PSOE y los autónomos tiene que cerrar su negocio. Han eliminado el contrato indefinido de apoyo a los emprendedores; han eliminado los incentivos a la contratación indefinida de los jóvenes,
el contrato de formación y aprendizaje entre veinticinco y treinta años, el contrato al primer empleo joven, han incrementado la cuota empresarial en los contratos iguales o inferiores a cinco días, un contrato que es clave para el sector turístico;
han eliminado los incentivos al contrato en prácticas; han establecido la jubilación obligatoria; han anulado los 430 euros para los jóvenes que tienen menos oportunidades -¡qué poco les importan los jóvenes, señoría!-, complemento que tenía el
visto bueno de los agentes sociales; han subido las cotizaciones a los trabajadores del mar. En un momento de desaceleración económica y de menos creación de empleo
ustedes eliminan los incentivos a la contratación y penalizan el empleo subiendo las cotizaciones. Esto es de locos, señorías, es el mundo al revés.
En cuanto al subsidio extraordinario por desempleo, en nueve años no han hecho nada, y dicen ahora que van a aprobar, también por decreto-ley, establecer las cotizaciones para los cuidadores no profesionales de la dependencia. Señoría, si
lo hacen, déjenlo pagado, porque la última vez que salieron corriendo dejaron 1000 millones de euros de deuda de estas cotizaciones, que los tuvimos que pagar cuando gobernó el Partido Popular y poner el contador a cero. Y ahora hablan del subsidio
de los mayores de cincuenta y dos años y del permiso de paternidad, pero todo eso por decreto ley y sin ingresos que lo financien, a costa del déficit. Son ustedes unos irresponsables, señorías, además de unos falsos, porque está la ministra
Calviño en Londres diciendo que la disciplina fiscal es un pilar del Gobierno. Y yo me pregunto quién miente, ¿mienten ustedes o miente la ministra Calviño?
En cuanto a formación, en diciembre le pregunté a la ministra de Empleo qué pasa con el Patronato de la Fundación para la Formación y el Empleo. ¿Están los empresarios, están los agentes sociales, los empresarios y los trabajadores forman
parte? Porque el Partido Popular los sacó de ese órgano porque así lo aconsejó el Tribunal de Cuentas. Además, la Audiencia Nacional le ha dado por dos veces dos sentencias a favor. Me dijo la ministra en diciembre que no le constaba que hubiera
habido ningún cambio en esa materia, que le había pedido a su equipo que mirara eso y que le habían dicho que no constaba. ¿Fue usted la que lo miro o mintió la señora ministra en sede parlamentaria? Porque a usted el 29 de enero también le hice
la misma pregunta, y usted no contestó. El ABC decía: El BOE desmiente a Valerio, los agentes sociales retoman el maná de los fondos de la formación. Con todo lo que ha ocurrido en Andalucía con los fondos de formación y con los ERE, ustedes no
aprenden. ¿Quién dice la verdad? ¿Siguen los empresarios? ¿Han vuelto a introducir ustedes a los agentes sociales en esa fundación, que es la que distribuye los fondos públicos para la formación? ¿Quién dice la verdad? ¿La ministra, el BOE? Lo
que yo le pido es que, por respeto a los diputados -y está usted aquí compareciendo-, igual que nosotros la hemos escuchado atentamente, usted también nos escuche a nosotros y nos conteste.
Sobre los centros especiales de empleo, de nuevo vamos a sufrir las consecuencias de su política nefasta en materia laboral. Ustedes han creado el problema, ustedes han subido unilateralmente, sin acuerdo social, el salario mínimo. Tendrán
que dar alguna solución a los centros especiales de empleo. Ustedes ahora solo les van a dar el 50 %. Usted sabe que va a obligar a muchas personas con discapacidad que están trabajando en los centros especiales de empleo a que se queden en el
paro y a que tengan que ir a su casa. Los va a expulsar del mercado laboral porque ustedes no tienen en cuenta las consecuencias de las medidas que están adoptando. Dice usted que los empresarios van a aportar menos con la subida del salario
mínimo, pero, señora secretaria de Estado, me parece una política miserable. Espero que ustedes recapaciten sobre este tema.
Ya termino, presidente. Lo que mal empieza, mal acaba. Empezaron ustedes mal con una moción de censura, apoyándose para gobernar este país en los que quieren irse de este país, y así les ha ido. Como pronto vamos a tener elecciones, les
deseo mucha suerte a todos los que están aquí -a usted misma, al presidente al que agradezco su labor y a todos los compañeros-, pero también espero que los españoles saquen de la Moncloa al presidente Sánchez por el bien de España y por el bien del
empleo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora España, también por los agradecimientos, ya que me ha metido en el batiburrillo. (La señora España Reina: Y al letrado, que se me ha olvidado).
Señora Valdeolivas, son las tres menos veinte, a las tres está convocado el Pleno y no podemos tener Pleno y Comisión a la vez, así que va a tener que hacer un esfuerzo importante con la incontinencia verbal que usted misma se ha
diagnosticado. (Risas). Tiene diez minutos para responder.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Muchísimas gracias a todos los grupos por las intervenciones y por el tono colaborativo y conciliador en general, aunque no en su totalidad. Antes de nada, porque no quiero que
se me olvide, quiero dar también en este capítulo las gracias a mi gabinete, al Gabinete de la Secretaría de Estado de Empleo por su magnífico trabajo y por la intensidad desarrollada en estos meses en los que hemos hecho menos de lo que hubiéramos
querido hacer, pero desde luego muchísimo más de lo que algunos quieren reconocer. Como eso lo sabemos quienes hemos trabajado mañana, tarde y noche, cualquier día de la semana y en una situación muy complicada y absolutamente inédita, quiero
ponerlo en valor para que conste en el Diario de Sesiones.
Contesto muy rápidamente. Señor Campuzano, me alegra mucho participar de las opiniones, de los diagnósticos y de los mensajes que usted ha puesto de manifiesto. Efectivamente, tenemos las soluciones
para poner a los centros especiales de empleo -insisto en que no a todos, pero sí a los que realmente tienen dificultades, a los que son más concordantes, más coherentes con el fin social que persiguen- en una situación más favorable. Por
cierto, aprovecho para contestar a alguna otra intervención en relación con los centros especiales de empleo que lo de 75 % no tiene sentido. Hemos hecho los cálculos. Con el 50 % y el impacto del salario mínimo interprofesional tendrían que
aportar ahora 368 euros. Si subimos a un 75 % la subvención, tendrían que aportar 225 euros, lo que es de todo punto desajustado, desequilibrado. Por tanto, creo que podemos tener diferencias mínimas entre un 55 y un 60 % y entre qué tipo de
centros especiales de empleo, pero le aseguro que lo hemos valorado mucho y hemos hecho las cuentas muy claramente y lo que sí estamos en condiciones de asegurar es que aquellos centros especiales de empleo que cumplen más cabalmente con los fines
sociales de inserción de discapacitados -que, como bien decía señor Campuzano, son difícilmente empleables en el trabajo ordinario y también de menor rentabilidad para las empresas; aunque es verdad que estas organizaciones no tienen ánimo de
lucro, pero tienen que hacer un trabajo productivo porque no queremos que sea una terapia ocupacional, sino un trabajo productivo- van a quedar en buena situación. Por tanto, se puede atender sin ninguna duda a ese elemento. Efectivamente, lo
importante son los discapacitados y no los centros especiales de empleo. Lo importante es el contenido y no el continente, pero evidentemente también hay que atender a los centros especiales de empleo, porque sin duda de cómo estén perfilados y
cuál sea su calidad también se pueden derivar mayores o menores justificaciones para las ayudas con las que cumplen esa finalidad social.
Señor Salvador, no puedo por menos que decirle que la tristeza y la responsabilidad son compartidas. Yo soy poco de buscar responsabilidades en terrenos ajenos y más de hacerme corresponsable. Cuando hay dos que no se ponen de acuerdo, la
responsabilidad es de los dos. Y cuando hay dos que no se ponen de acuerdo y el resultado es tan perjudicial como que se caigan unos Presupuestos Generales del Estado, evidentemente la tristeza es todavía mayor. Lo que sí quiero decirle es que a
mí no me corresponde dialogar con los grupos. Esos diálogos los ha llevado el Grupo Parlamentario Socialista, que es al que le corresponden. Pero también le digo que si usted hubiera tenido alguna duda, yo habría estado abierta a ofrecerle todo
tipo de explicaciones. Es más, yo presenté -en otra sala, no en esta- en el Congreso de los Diputados nuestros presupuestos; usted no estaba ese día y lamentablemente no tuvimos la oportunidad de compartir preocupaciones, pero sí lo hice con otros
grupos, a los que dije abiertamente: contesto por escrito, estoy a su disposición. De manera que lamento esa oportunidad perdida, pero le aseguro que nuestro lema es el diálogo, y yo creo que hemos hecho un ejercicio bastante exigente y
autoexigente de diálogo en todos estos meses. No hemos podido sacar adelante más medidas, efectivamente, pero porque es importante respetar los tiempos parlamentarios. Hay que respetar las formas, porque las formas también son garantías
democráticas y, por tanto, no hemos actuado, como algunos dicen, de manera irresponsable, no hemos pretendido entrar como un elefante en una cacharrería -no me refiero a usted, me refiero a quienes se sientan a mi derecha-. Y les digo, en este caso
evidentemente hemos querido cumplir los procedimientos. Tanto hemos respetado el diálogo social con los agentes, con los interlocutores, con las comunidades autónomas y con el resto de los grupos que seguramente eso también nos ha frenado algunas
iniciativas que habríamos podido sacar adelante. Pero nos parece que los procedimientos también son garantías de fondo y, por tanto, no nos arrepentimos de que ese haya sido también un hilo conductor de nuestra actuación.
Señor Ramírez, no está entre mis defectos -y le aseguro que tengo muchos, algunos que se ven y otros que no se ven- la autocomplacencia, y no he venido a hacer aquí, en absoluto, un ejercicio de autocomplacencia; es más, lo voy a demostrar
con hechos. He dedicado muchísimo más tiempo -ese excesivo tiempo que les parece a algunos, lo que es contradictorio, porque si he dedicado mucho tiempo a contar lo que he hecho, entonces es que hemos hecho mucho y no hemos dejado pasar el tiempo
tontamente- a hablar de lo que he hecho que de lo por hacer, porque me he quedado sin tiempo, y desde luego de lo por hacer, lo que vamos a presentar, de manera que no es un brindis al sol, ni es un compromiso a futuro ni es un mitin político, sería
la primera vez que yo dé un mitin político. Como yo soy una advenediza en esto, me creerá usted cuando le digo que no he dado ningún mitin político. Le he contado lo que hemos hecho, plan de choque, plan director, salario mínimo interprofesional,
dos reales decretos-leyes, nuevo modelo y recursos de políticas activas, la derogación de medidas ineficaces. Sí, señora España, medidas ineficaces que no han conseguido cubrir la finalidad que pretendían de incentivar la contratación indefinida,
de romper y de torcer la segmentación del mercado de trabajo y la dualidad del mercado de trabajo, y que además han sido profundamente ineficaces. No hemos venido aquí a despilfarrar, como otros, recursos
públicos, hemos analizado muy bien las bonificaciones. Pero, en fin, me reservo para usted en último lugar si le parece. Los datos -aunque también sirven de contestación al Grupo Popular- son los que son, y nosotros manejamos los datos
exactamente con los mismos criterios y con el mismo rigor técnico que se han manejado siempre. Nosotros manejamos datos interanuales exactamente igual que los manejaban ustedes en las ruedas de prensa correspondientes. ¿Por qué? Porque los
términos interanuales tienen un componente que a efectos estadísticos es importante. (Rumores). Por favor, es muy difícil hablar si hay interrupciones. Me ha costado antes, pero ahora me va a costar mucho más porque intento mirarles más fijamente
a la cara. (La señora Villalobos Talero: Yo creía que ese era el papel del presidente, no el suyo, pero bueno, usted sirve para todo.-El señor Rodríguez Rodríguez: Aquí habla todo el mundo).
El señor PRESIDENTE: Un segundo. Si me permite hablar a mí, señora Villalobos, estamos a punto de terminar la Comisión y estamos a punto de terminar la legislatura.
Señora Valdeolivas, ¿puede seguir, por favor?
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Gracias, señor presidente.
Decía que los datos los damos con carácter interanual porque permiten analizar el efecto desestacionalizado. Los datos mes a mes son irrelevantes, lo importante de los datos es que marcan tendencias y yo me he referido a las tendencias.
Creo que ese es el rigor metodológico que exige el análisis estadístico, que por lo demás no me he inventado yo ni se ha inventado mi equipo. Es más, hemos seguido las mismas estructuras, los mismos elementos que tenían las comparecencias de datos
cada vez que aparecía en mi caso el señor Riesco y en el caso del secretario de Estado de Seguridad Social el señor Burgos. De manera que en eso no hay ninguna doble intención ni hay ningún elemento perturbador que pretenda sacar de la realidad
elementos que nos beneficien. Además, no negamos que los datos no nos gustan, que nuestro mercado de trabajo sigue siendo un mercado profundamente precarizado; ahora bien, lo que no voy a admitir, porque me parece que es faltar a la verdad de una
manera grosera, es que digan que cada vez que gobierna el Partido Socialista crece el desempleo y cada vez que gobierna el Partido Popular esto va como la seda. Los datos les desmienten. El Partido Socialista tuvo la menor tasa de desempleo que ha
conocido la historia democrática de este país y ustedes han tenido, por el contrario, la mayor tasa de desempleo que ha conocido la historia democrática de este país. Creo que hacer un uso alternativo de los datos es faltar a la verdad, es mentir.
Lo que estoy diciendo se puede contrastar muy fácilmente -maldita hemeroteca, que diría alguna persona bien reconocible-.
No hacemos trampas, señor Ramírez, con las políticas de empleo. En absoluto. No hemos hecho trampas en nada. (El señor Ramírez Freire pronuncia palabras que no se perciben). Ha dicho exactamente esto, porque además lo tengo subrayado.
No hacemos trampas. (El señor Ramírez Freire hace signos negativos). Quizá no lo tenga escrito, pero se le ha escapado oralmente. (El señor Ramírez Freire pronuncia palabras que no se perciben). Bueno, no voy a discutir sobre lo que hemos
dicho...
El señor PRESIDENTE: Por favor.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Es que esto ya lo había oído en algún momento -no a usted, a otra persona- en la Comisión donde yo presenté los Presupuestos Generales del Estado, y le voy a repetir lo mismo
que dije -lo recordará su colega de grupo parlamentario-. Las cuentas de la Secretaría de Estado de Empleo que estaban en la Ley de Presupuestos Generales del Estado... (El señor Ramírez Freire pronuncia palabras que no se perciben).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señor Ramírez.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): ... estaban perfectamente cuadradas. Es más, yo aseguraba remanentes. Otra cosa es que mis remanentes luego fueran utilizados para nutrir las cuentas de la Seguridad Social.
Pero yo puedo responder de mis cuentas porque lo que yo ingreso para políticas activas de empleo es mucho más de lo que yo gasto en políticas activas de empleo, y esto lo deben saber quienes han tenido tareas de Gobierno. Ahí no hay trampa ni
cartón. El Servicio Público de Empleo Estatal ingresa más de lo que gasta. Es más, ha ingresado mucho más de lo que ha gastado en otros momentos. Yo estoy ajustando muchísimo y había previsto dejar créditos no ociosos precisamente para dedicarlo
a lo importante, porque paradójicamente, pese a que había mucho presupuesto, el problema es que no se gastaba y no se cumplía la finalidad de corrección del elemento
más grave que tiene nuestro mercado de trabajo, que es la tasa de desempleo y la no activación por el empleo de las personas desempleadas.
Claro que no hemos roto el diálogo social. Lo que yo presento y que quiero abordar en un real decreto-ley ya ha pasado por la Mesa de Diálogo Social. Estarán mal informados. Yo presido la mesa y sé lo que ha pasado. Han pasado todas las
cosas por la Mesa de Diálogo Social. Yo no he dicho, en absoluto, que haya acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, he dicho que hay acuerdo con los sindicatos más representativos. Señorías, lo he dicho, yo no lo oculto. ¿Ustedes se creen que la
CEOE y Cepyme nos va a poner fácil un acuerdo en un momento de debilidad como la que teníamos? Además, me parece legítimo, no seré yo quien reproche esa posición, pero le digo que tenemos acuerdos con los sindicatos, y lo importante es que nuestra
Mesa de Diálogo Social no tiene derecho de veto a nuestra iniciativa legislativa. Por tanto, se ha discutido y se han logrado acuerdos, algunos totales y otros parciales, pero el acuerdo completo en la Mesa de Diálogo Social, como han pretendido
señalar los agentes que representan a los empresarios, es que tengan derecho de veto y que limiten toda iniciativa. Pero una cosa es la estrategia de diálogo y otra que el diálogo someta nuestra política, porque eso además sería intolerable en
términos democráticos y de separación de poderes.
El señor PRESIDENTE: Señora Valdeolivas, le quedan estrictamente dos minutos.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): De acuerdo, presidente.
Muchas gracias por sus buenos deseos, señor Ramírez; yo le deseo lo mismo. Y como usted me desea a mí, yo espero gobernar y que usted siga en la oposición. Confío en que eso sea así. Y eso mismo vale para el Partido Popular; también mis
mejores deseos, pero desde luego estaré muy satisfecha si quienes estamos gobernando seguimos en este lado de la mesa; estaré muy satisfecha si algunos que ya han tenido su oportunidad y que han dejado tan perniciosos efectos en el mercado de
trabajo nos permiten a otros intentar enmendar el desaguisado.
Me dice la señora España que no hemos hecho nada, que la AIReF, que hay muchísimos recursos. Lamento no tener tiempo para extenderme...
El señor PRESIDENTE: Están llamándonos ya al Pleno.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Acabo. (La señora España Reina: La Fundae). Sí, ahora contesto, y además es que se me olvidó, lamentablemente; sabe mi equipo que salí de aquí absolutamente decepcionada.
El señor PRESIDENTE: Señora Valdeolivas, por favor, termine.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Miren, creo que no es buena estrategia faltar: política miserable, irresponsables y falsos. Yo siempre trataré de ser respetuosa en los argumentos, y en las descalificaciones
ser muy rígida. (La señora España Reina: ¡Pero si me ha llamado grosera!) He dicho de modo grosero, no la he llamado grosera. Además, me remito al Diario de Sesiones donde lo podrá comprobar fehacientemente. Pero mire, exageran tanto, son tan
histriónicos, que llaman a la hilaridad, de verdad. (La señora Villalobos Talero: ¿Y por qué mintió?). La ministra no mintió.
El señor PRESIDENTE: Señora Valdeolivas, los diputados tienen el derecho....
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Acabo.
El señor PRESIDENTE: Sí, pero deje de marcar pautas acerca de cómo deben hacer el resto de diputados sus intervenciones, si no le parece mal.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): No, no estoy haciendo...
El señor PRESIDENTE: Sí.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): No, estoy en el uso de la palabra y en mi derecho de defensa frente a las alegaciones que se han hecho.
El señor PRESIDENTE: ¿Puede terminar? Porque es que no podemos tener la Comisión abierta al mismo tiempo que el Pleno.
La señora SECRETARIA DE ESTADO DE EMPLEO (Valdeolivas García): Decía que no se ha equivocado. Nosotros compartimos un modelo de participación de los agentes sociales en las tomas de decisiones que afectan a la política laboral y de empleo.
Así que sí, efectivamente, están en las comisiones de valoración de las que ustedes sacaron a los agentes sociales porque no se creen su papel ¡Pero es que ese papel es un papel constitucionalmente reconocido! Hay sentencias del Tribunal
Constitucional. Esas comisiones no deciden, hay mayoría de la Administración General del Estado; que participen en esas comisiones permite que se divulguen, que se tengan criterios que solo los agentes sociales reconocen. Y esas comisiones no
están decidiendo ayudas que vayan a los agentes sociales. Es que nosotros creemos en un modelo participado, en un modelo dialogado, y eso lo hacemos valer. Y, repito, no creo que sea alejado, es exactamente el modelo constitucional.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valdeolivas.
Como previsiblemente esta es la última Comisión, quería agradecerle al conjunto de portavoces de los distintos grupos parlamentarios, señores Campuzano, Barandiaran -que no está-, Salvador, Del Campo, Ramírez, Rodríguez, señor Simancas, que
fue portavoz del Partido Socialista en la primera parte, la señora De Frutos, el señor Echániz -trasládenle mi agradecimiento- a la señora España y a los miembros de la Mesa, a los que cierran la legislatura, la señora González Bayo, el señor Cano,
el señor Acedo y el señor Albadalejo, y al señor Camps y al señor Barrios que estuvieron en la primera parte de la legislatura, todo su trabajo. Yo creo que ha sido una Comisión donde han primado un tono y una actitud constructiva, mucho trabajo y
respeto mutuo. La imagen que se ha dado de esta Comisión, al menos hacia fuera, me parece magnífica. Yo me he sentido muy honrado de ser el presidente de la misma. Les agradezco a todos el trabajo y las facilidades que siempre han puesto. Que
tengan mucha suerte y sepan que en Málaga tienen un amigo.
Muchas gracias y buena suerte en lo que les venga. (Aplausos).
Eran las tres de la tarde.