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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2019 XII LEGISLATURA Núm. 721
TRANSICIÓN ECOLÓGICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO
Sesión núm. 29 (extraordinaria)
celebrada el jueves,
31 de enero de 2019
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencias de personalidades y funcionarios de la Administración del Estado, al objeto de informar sobre temas relativos al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019. (Número de expediente 121/000038):
- Del señor secretario de Estado de Energía (Domínguez Abascal). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002283); Socialista (número de expediente 212/001999); Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/002107, 212/002108 y 212/002111); Ciudadanos (números de expediente 212/002147 y 212/002151) y Mixto (números de expediente 212/001905, 212/001917 y 212/002242) ...
- Del señor secretario de Estado de Medio Ambiente (Morán Fernández). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002284); Socialista (número de expediente 212/002000); Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (números de expediente 212/002109, 212/002110 y 212/002112); Ciudadanos (números de expediente 212/002152, 212/002153 y 212/002154) y Mixto (números de expediente 212/001940, 212/001941, 212/001919 y 212/002243) ...
(Página15)
- De la señora subsecretaria para la Transición Ecológica (Lázaro Ruiz). A petición de los grupos parlamentarios Popular en el Congreso (número de expediente 212/002285); Socialista (número de expediente 212/002001); Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea (número de expediente 212/002113) y Mixto (número de expediente 212/001939 y Mixto 212/002244) ... (Página32)
Se abre la sesión a las once de la mañana.
COMPARECENCIAS DE PERSONALIDADES Y FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO, AL OBJETO DE INFORMAR SOBRE TEMAS RELATIVOS AL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2019. (Número de expediente 121/000038):
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (DOMÍNGUEZ ABASCAL). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002283); SOCIALISTA (Número de expediente 212/001999); CONFEDERAL DE UNIDOS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Números de expediente 212/002107, 212/002108 y 212/002111); CIUDADANOS (Números de expediente 212/002147 y 212/002151) Y MIXTO (Números de expediente 212/001905, 212/001917 y 212/002242).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Buenos días también a los invitados y acompañantes del secretario de Estado que comparece en primer lugar. Va a ser una mañana-tarde larga y espero que muy fructífera para todos ustedes, así que
les pido la mayor colaboración con esta Presidencia y con esta Mesa.
El secretario de Estado que comparece en primer lugar, el señor Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía, tiene el tiempo que considere oportuno. Lo ideal sería que a las once y media, que tenemos citado al secretario de Medio
Ambiente, hubiéramos terminado la comparecencia. No depende solo de usted, también de los diputados y diputadas. Entiendo que en esta misma comparecencia suma usted dos preguntas formuladas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. Están incorporadas en el orden del día. En el transcurso de su intervención se dará satisfacción, espero, a este grupo político.
Si más dilación le explico que tendremos una intervención para cada grupo proponente de la comparecencia, en este caso casi todos, de siete minutos. Vamos a empezar de menor a mayor, y para el turno de posición de los grupos, cinco minutos,
tal y como se está haciendo en todas las comisiones de presupuestos en este año 2019.
Señor Domínguez Abascal, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Domínguez Abascal): Muchas gracias, presidente.
Hoy, como decía el presidente de esta Comisión, es la primera vez que yo comparezco ante esta Comisión o cualquier otra comisión del Congreso de los Diputados. De manera que lo primero que quiero decir expresar mi mayor consideración y
respeto a esta institución, a cada una de sus señorías, a quienes me debo como legítimos representantes que son de los ciudadanos de España.
Dicho eso, vengo hoy aquí a presentar los presupuestos de la Secretaría de Estado de Energía, que está integrada en el nuevo Ministerio para la Transición Ecológica. Con él, este Gobierno inaugura en línea con otros países europeos un modo
de entender la economía y la sociedad desde la conciencia y el reconocimiento de los límites ambientales y desde la aceptación de que el único camino es comenzar sin más dilación la transición ecológica.
Permítanme que antes de someterme a sus preguntas haga un breve resumen del presupuesto de 2019 de la Secretaría de Estado de Energía. Como ustedes saben, la energía es un bien esencial para la sociedad, tanto en la vertiente empresarial
como en la del ciudadano consumidor, permitiendo a este último satisfacer sus necesidades básicas, como iluminación, alimentación, etc.
No es ninguna novedad que el sistema energético español ha iniciado un proceso de transición hacia un nuevo paradigma que está caracterizado por la descarbonización, la descentralización de la generación, la electrificación de la autonomía,
la participación activa de los consumidores y un uso más sostenible de los recursos de que disponemos. Y este cambio de paradigma lo está realizando España en conjunto con el resto de países de Europa y en general del mundo. Como saben, en la
Unión Europea, en el Tratado de Funcionamiento se dispone de un acuerdo específico dedicado especialmente al mercado de la energía y a las garantías de servicio a los ciudadanos.
Actualmente, durante el año 2019, la Unión Europea está trabajando y va a publicar antes de terminar este mandato de la Comisión el llamado 'paquete de invierno', una ruta en el camino de la descarbonización, del tránsito de las energías
renovables, y en definitiva de la transición energética y la transición ecológica. Por lo tanto, corresponde a esta secretaría de Estado, dentro del Ministerio
para la Transición Ecológica, contribuir a la consecución de estos objetivos de España y de la Unión Europea.
El presupuesto para 2019 en la secretaría cuenta en total con 4608 millones de euros, lo que supone un crecimiento de un 1,3 % respecto a la cifra contemplada en el presupuesto del año 2018, pero es evidente que esta cifra merece ser
explicada, porque contiene, como sus señorías imaginan, un conjunto de programas diferentes destinados a cumplir nuestros objetivos.
Realmente se articula en una serie de programas, en cuatro programas fundamentalmente, que tienen unos números (423M, en fin, la típica nomenclatura presupuestaria), y aludiendo a cada uno de ellos, el primero, el 423M, contiene 43 millones
de euros para restructuración de la minería; el 423N contiene 245 millones de euros para explotación minera, tanto para el ámbito del instituto de recuperación de las comarcas mineras y en la Dirección General de Política Energética y Minas; el
425A, que contiene una serie de partidas para el desarrollo energético por un importe total de 546 millones; y sobre todo un cuarto programa, que es el más importante en su cuantía, denominado hasta ahora 00X, que contiene 3819 millones, es decir,
la parte más significativa del presupuesto de la secretaría de Estado, que es una transferencia a la CNMC para el sistema eléctrico. En total, como digo, suman 4608 millones de euros.
Estos programas tienen que atender a los sectores que entran dentro del funcionamiento energético de nuestro país: el sector eléctrico, regulado por su correspondiente ley; el sector de hidrocarburos; el sector de la minería; y el sector
de las energías renovables, un sector que crece día a día y continuará creciendo y será seguramente el mayor de todos ellos en un futuro no demasiado lejano.
Centrándonos principalmente en las novedades del presupuesto me gustaría señalar algunas de ellas. Por eso, lo primero que diría es nuestra dedicación a la protección de los consumidores, a la protección de los más vulnerables, a la lucha
contra la pobreza energética. Para eso, en el capítulo IV se ha introducido un nuevo concepto que es el bono social término, un concepto al que se dedican 80 millones de euros y es una ayuda directa para los consumidores vulnerables de energía.
Este bono se realizará si los presupuestos salen adelante, y estamos trabajando en ello, están identificados quiénes son los que han de recibirlo, y será una ayuda directa para estos consumidores más vulnerables, dependiendo de su grado de
vulnerabilidad y la zona climática en la que habitan, ya que los consumos energéticos no son iguales en todos los lugares de España.
En el capítulo VII, en transferencias de capital, se identifican una serie de ayudas dedicadas a la movilidad eléctrica, a la movilidad eficiente y sostenible. A ella se dedican 50 millones de euros a través del IDAE, el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía.
En el capítulo VIII igualmente hay una dotación de 300 millones de euros para impulsar la eficiencia energética en las energías renovables; además, eso que se hace igualmente a través del IDAE se complementa con 60 millones a través del
ICO. Estas cantidades son muy relevantes y necesarias en cuanto que sirven para dinamizar las ayudas Feder que pudieran llegar a nuestro país. Si no tenemos estas cantidades, si no asignamos estas cantidades, difícilmente podremos cofinanciar el
Feder y capturar una cantidad superior a 1000 millones que pudieran venir de la Unión Europea para las cuestiones de transición energética.
Como les decía antes, el grueso del presupuesto corresponde a las transferencias corrientes. Estoy seguro de que a sus señorías, como les decía antes, les ha llamado la atención esta transferencia de 3818,5 millones de euros a la Comisión
Nacional de los Mercados y la Competencia. Como saben ustedes, estas transferencias se destinan a la financiación de costes del sector eléctrico, de acuerdo con la Ley 15/2012, de Medidas fiscales para la sostenibilidad energética. En concreto,
ahí dentro destacan el uso de derechos de emisiones de las subastas de CO2 y los tributos y cánones que regulan y que gravan la actividad energética. También con ello se atienden extracostes de territorios no peninsulares.
Pasando al capítulo del carbón, cuyo desarrollo descansa en el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, hay una transferencia para él de 236 millones de euros. Como
ustedes saben, la decisión 787 de la Unión Europea, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas al cierre de la minas de carbón no competitivas, limitó la concesión de ayudas y, por lo tanto, conducía necesariamente a que
todas estas minas que no fueran competitivas y que se acogieran a recibir este tipo de ayudas debieran terminar su funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2018, algo que ha ocurrido pero que conlleva, lógicamente, unos costes de reparación, de
reconstrucción de la zona y costes sociales en cuanto al no abandono, como decía antes, de los más desfavorecidos.
De manera que en consonancia con todo ese proceso de cierre hay dos modalidades de ayuda: una, dedicada a los costos laborales, a financiar los procesos de reducción de plantillas de las empresas mineras; y otro, a unos costes
excepcionales destinados a financiar la clausura de la explotación y reestructuración de las comarcas y de las ubicaciones mineras. En todo esto hay una participación con las comunidades autónomas y una dedicación de una cantidad significativa, 50
millones de euros, en convenios con las comunidades autónomas afectadas de todo este proceso de la reestructuración o la reconversión de la minería del carbón.
En todo caso, estos 50 millones no son más que una parte de 141,4 millones de euros que este Gobierno quiere destinar al concepto de transición justa. La idea del ministerio, que entiendo que ya ha sido claramente definida por la ministra
en sus comparecencias anteriores ante sus señorías, es hacer que todo este proceso de transición urgente y necesaria sea un proceso justo que no deje detrás a nadie. Para ello hay, a través del Instituto Nacional del Carbón, 43,4 millones de euros
a que aludía antes de proyectos empresariales generadores de empleo; otros 7 millones de euros para pequeños proyectos empresariales; 48 millones de euros para restauración medioambiental a través de las comunidades autónomas; 50 millones de
euros para proyectos de infraestructuras. Como decía, en total 141,4 millones de euros.
Por otra parte, el fondo de la transición justa cuenta fuera de la Secretaria de Estado de Energía, y por lo tanto no están en este presupuesto, pero me permito aludir a ello, que la Oficina Española de Cambio Climático, incluida en la otra
secretaría de Estado, cuenta así mismo con 32 millones de euros de este fondo de transición justa.
Hay que destacar también que en todo el proceso de transición es un elemento fundamental la recaudación por la subasta de derechos de emisiones. Es importante en el capítulo de ingresos que tengan en cuenta la gran variación que ha
conducido a un incremento del precio de la electricidad. Pero la gran variación que se da en la recaudación por la subasta de derechos de emisiones de CO2.
En el presupuesto de 2019 hay una cantidad de 1100 millones de euros, frente a los 416 que había el año pasado. Pero es que el año pasado los derechos de emisiones estaban en el orden de 7 euros la tonelada, y hoy están en 23,6 euros la
tonelada, y han venido subiendo en los últimos tiempos. De manera que prever una recaudación de 1100 millones está muy en línea, es un poco inferior a lo que prevemos que realmente va a ocurrir, es un tanto conservador porque no queremos tampoco
excedernos y que luego generemos un déficit. Pero si atendemos a lo que ha ocurrido en los últimos seis meses con los derechos de emisión, estamos evaluándolo en un número más que razonable.
De esos 1100 millones hay 1000 millones destinados al sistema eléctrico, como les decía antes, a través de la CNMC. Y los otros 100 millones están destinados a la transición ecológica en general, 32 millones al fondo de transición justa al
que yo aludía antes, en la Oficina Española de Cambio Climático; 48 millones, ya aludidos antes, al Instituto Nacional del Carbón; 2 millones de la Oficina de Cambio Climático, 2 millones para la Fundación de la Biodiversidad, y 16 millones para
el impulso del medio ambiente a través de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. De manera que entendemos que estos 100 millones de los derechos de CO2, de alguna manera son derechos de pago por contaminación, y por tanto no son exclusivos,
obviamente, de la Secretaría de Estado de Energía, aunque el origen esté en la contaminación energética. Pero dado que es contaminación, lógicamente debe participar de ello la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
En ese proceso querría aludir al relanzamiento de la Fundación Ciudad de la Energía como mascarón de proa de un proceso de atender a las comarcas mineras. Y en este caso en concreto a la comarca del Bierzo, dentro de la provincia de León.
El Ciuden está dotado con una cantidad de 6,25 millones de euros a cargo del fondo de transición justa, y lo que pretendemos en el Ciuden es hacer una promoción y una activación del desarrollo económico, social y de empleo de las comarcas mineras de
Castilla y León. Este modelo pretendemos utilizarlo no solo en el Bierzo, sino reproducirlo fundamentalmente en Asturias y en Aragón, que son las otras comarcas donde cierres de la minería del carbón.
De manera que, para ir terminando, les diré que presentamos unos presupuestos que entendemos que son profundamente sociales, como se corresponde con las dotaciones destinadas a la pobreza energética, a la transición justa, son unos
presupuestos que tienen en cuenta la situación actual en cuanto a que estamos en un proceso de descarbonización, de electrificación, de derechos de emisiones como un elemento importante dentro de la economía de la transición; y el acompañamiento de
todo lo que les decía de la transición justa, atendiendo también a movilidad o a los sistemas eléctricos extrapeninsulares, que tienen un costo adicional, en las islas Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla.
Por lo tanto, es este un resumen breve, tratando de atenerme a un tiempo razonable y quedo, por supuesto, a disposición de sus señorías para cualquier cosa que necesiten.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, secretario, y también por la brevedad. En apenas veinte minutos ha condensado la intervención, que la verdad era muy interesante.
Tienen la palabra los grupos políticos. Al no estar el señor representante de Foro Asturias, que tenía pedida la comparecencia, toma la palabra en nombre de Compromís la señora Sorlí, por dos minutos o tres aproximadamente.
La señora SORLÍ FRESQUET: Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, en Compromís hemos reiterado los últimos días que entendemos que a estos presupuestos les falta valentía, que es cierto que mejoran sustancialmente las
políticas austericidas del Partido Popular, pero que entendemos que deberían haber tenido más audacia, haber tenido más agallas para cambiar las políticas que se estaban haciendo hasta el día que aprobamos esa moción de censura.
Y esto efectivamente también afecta a las políticas energéticas, y especialmente en las comarcas de Castellón, a las que yo represento, afecta en tres puntos fundamentales, que nos gustaría saber qué es lo que va a pasar y qué es lo que van
a hacer. Le estoy hablando de cosas que ya se han presentado, que ya se han debatido en este Parlamento y que me gustaría saber cuál es el posicionamiento, ya que encontramos bastantes vacíos en los Presupuestos Generales del Estado.
Por un lado, en el tema de la paralización de la línea de muy alta tensión que atraviesa los pueblos de interior de las comarcas de Castellón.
Por otro lado, ¿qué va a pasar con el Castor?, ¿qué va a pasar con las indemnizaciones y qué va a pasar con el desmantelamiento? Sabemos que se van a sellar, ¿pero se va a eliminar ese armatoste que tenemos en la costa de Vinaroz, o lo
vamos a tener ahí el resto del tiempo?
Y por último, nos gustaría saber qué va a pasar con las ayudas en el tema de cogeneración energética, que afectan especialmente al sector cerámico. La verdad es que nos gustaría que estos presupuestos hubiesen sido un poquito menos
socialistas y un poquito más plurales, como lo son los presupuestos del Govern del Botànic. Pero como le decía, entendemos que tenemos ahora la oportunidad de mejorarlos, y por eso le planteamos, en una situación en que el Partido Popular proyectó
una línea de muy alta tensión que atraviesa 17 municipios en el interior de Castellón, que además se hizo con secretismo y con bastante oscurantismo, con la connivencia de ayuntamientos y la diputación de la zona, también gobernada por el Partido
Popular, y que todo esto viene dado precisamente porque hay multitud de estudios que relacionan la presencia de estas líneas con diferentes enfermedades, nos gustaría saber por parte del Partido Socialista, que sí que votó a favor de las iniciativas
parlamentarias cuando estaban en la oposición, si ahora va a tener la valentía para ejecutar esa paralización de la línea de muy alta tensión.
Como le decía también con el Castor: la ministra anunció el compromiso político y la voluntad de clausurar los pozos, pero ¿qué vamos a hacer? ¿Se va a desmantelar esa planta? O sea, el Castor fue un traje a medida para Florentino sin los
informes pertinentes, con muchísimos sobrecostes y además con una indemnización multimillonaria. ¿Qué va a pasar con todo eso?, con una comisión de investigación aprobada por el Partido Socialista también, junto con otros partidos, como Compromís,
con proposiciones no de ley, aprobadas también, votadas a favor por el Partido Socialista, que exigen su desmantelamiento, ¿qué a va pasar ahora que sí podemos implementar desde su Gobierno ese desmantelamiento? ¿Van a tener la valentía, como le
decía, para hacer en el Gobierno lo que sí exigían desde la oposición?
Y por último, las ayudas en cogeneración, que evidentemente son importantísimas para la empresa cerámica. ¿Vamos a apostar realmente por la reducción de ese coste energético? ¿Van a aplicar las iniciativas que ustedes votaron a favor
cuando estaban en la oposición y que implementan esas ayudas para el sector cerámico?
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: [inaudible].
El señor (?): Gracias, señor presidente. Quiero agradecer también la comparecencia y la intervención del señor secretario de Estado. Le voy a plantear algunas cuestiones muy concretas. De entrada, y en relación a las actuaciones
previstas sobre la minería, quisiera trasladarle -lo pudimos hacer en la reciente convalidación del real decreto que sobre esta materia aprobó el Pleno hace unos pocos días- dos
consideraciones: en relación a la comarca del Berguedà, en la demarcación de Barcelona, en el Prepirineo, comarca histórica minera Catalunya, existe un problema grave que viene arrastrándose desde hace ya unos cuantos años, una deuda de más
de 4 millones de euros del Gobierno del Estado en relación a las entidades locales del Berguedà, precisamente en esa ayuda a una comarca duramente afectada todavía hoy por el cierre de las minas. Ahí le estamos reclamando al Gobierno el pago de
estos 4 millones y pico de euros. Nos gustaría tener una respuesta del secretario de Estado. Y al mismo tiempo conocer qué previsiones tiene el Gobierno en relación a este 2019 de actuaciones de apoyo al Berguedà también en relación al impacto que
todavía -insisto- tiene esa comarca por ese cierre de las minas. Si en el Berguedà o en alguna otra zona de Cataluña tiene previsto el Gobierno aplicar fondos de esta transición justa, cuya filosofía, como no puede ser de otra manera, compartimos.
Segunda cuestión: preocupación por el hecho, no es esta una decisión exclusiva de este Gobierno, sino que es continuista respecto al anterior Gobierno, de que una parte muy significativa (el 90 %) de los recursos derivados de las subastas
de los derechos de emisión se destine a esa transferencia de recursos a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por el sistema eléctrico.
Ahí tenemos dos contenciosos políticos con esta decisión: por un lado, nos parece que sería relevante que una mayor parte de los recursos de las subastas se dedicase a otras políticas de lucha contra el cambio climático, singularmente
políticas de mitigación en sectores difusos, y eso muy vinculado también a una participación más activa y más sólida de las comunidades autónomas en la gestión de ese fondo.
Sabe usted que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, fruto de un recurso que planteó la Generalitat, que plantea la necesidad de repensar la participación de las comunidades autónomas en la gestión del fondo. A esa sentencia no se
le ha dado cumplimiento por parte del anterior Gobierno, y nos gustaría conocer también cuál es el criterio de este Gobierno.
Tercera cuestión: comparto la reflexión que la señora Sorlí le formulaba en relación al Castor. Por tanto, me sumo a sus peticiones de información.
Y dos últimas consideraciones que quizá, señor presidente, no son estrictamente del debate presupuestario, pero creo que en la actualidad política, aprovechando la comparecencia del secretario del Estado, sería bueno conocer el criterio del
Gobierno, que tienen que ver con ese anuncio de una rebaja del IVA de la energía para facilitar la reducción del coste de la electricidad para los consumidores más vulnerables. Esas afirmaciones que hizo la ministra, si forman parte o no forman
parte de la agenda del Gobierno.
Hemos visto también que la ministra estuvo reunida con los presidentes de las compañías eléctricas en relación al calendario del cierre de las nucleares. A mí me gustaría aprovechar, si el secretario de Estado tiene a bien trasladarnos
alguna consideración en relación a esas reuniones. Sabe usted que para Cataluña es importante, tenemos algunos de los reactores nucleares y es un debate que estamos siguiendo con mucho interés.
Gracias por su amabilidad, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría. A continuación pasamos al turno del Grupo de Ciudadanos; en su nombre intervendrá el señor Martínez, tiene usted la palabra.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente. Bienvenido, señor Abascal, a estos sus primeros presupuestos. La primera pregunta que me haría y que le haría a usted es si usted cree que estos presupuestos responden a las
necesidades, prioridades y compromisos que tiene planteados este país. Yo creo que claramente no.
Son unos presupuestos que nos los cree nadie, no son reales. Están cuadrados, como dicen en mi pueblos, a martillazos, a las bravas, buscando incluso subterfugios contables, como hacer que un año tenga treces meses a efectos de recaudación
de IVA.
Nadie solvente se los cree, y yo lo tengo también a usted por persona solvente, ni en este país ni en Europa. Son solo el empeño de gobernar con 84 diputados mediante alianzas con extremistas y separatistas. Son unos presupuestos solo
pensados para mantenerse en La Moncloa, de pura supervivencia política, pero no están pensados para el interés general. Son unos presupuestos que apenas tienen incidencia en la reorientación del modelo productivo. Están orientados al acto no
productivo más que a buscar una mayor eficiencia de productividad, y eso no es lo que necesitamos para potenciar el crecimiento económico y el empleo. Y están claramente en contra de los principios que debe guiar este ministerio, en concreto la
Secretaría de Energía. Debe estar encaminada a lanzar un nuevo modelo productivo que pueda disociar crecimiento económico y producción de energía del aumento de las
emisiones de CO2, y estos no parecen los presupuestos que plasmen el liderazgo y la voluntad política que necesitamos para acometer estos cambios.
Siempre decimos que su secretaría es eminentemente reguladora, pero este ministerio es un ministerio clave en el futuro de este país. Las decisiones que ustedes toman son estratégicas para la economía española y para la economía de las
familias. En un país con pocas fuentes de energías fósiles, la competitividad de nuestras empresas siempre ha estado lastrada con respecto a Europa, y hemos llegado a alcanzar casi un diferencial de 20 puntos. Y el problema de la energía siempre
ha supuesto también una gran carga para las economías familiares.
En función del modelo energético condicionaremos el modelo económico, que no puede ser otro que el de una economía con baja emisión de gases de efecto invernadero y con una decidida apuesta por las renovables y la eficiencia energética. Y
estos no parece que sean los presupuestos para iniciar una transición ecológica ni el inicio del cambio del modelo energético.
Ya sabemos que la mayoría del presupuesto es para financiar los costes del sistema eléctrico y contribuir a su equilibrio financiero, pero el ministerio, en concreto su secretaría, que es el que está llamado a realizar esta transformación,
en este presupuesto esto no lo contempla, solo crece en un 0,5 % con respecto al año 2018. Pero es que son los mismos, están congelados en el tiempo, son los mismos que en 2017 y que en 2016. Solo supone el 1,6 % del total del presupuesto. Aquí
está, lo tienen aquí, en el gráfico. El año pasado fueron 5774 millones para energía, y este año son 5803 millones, el 0,5 % de aumento. Se mantienen partidas que son fundamentales, prácticamente son las mismas que las del año pasado, como son los
300 millones que usted ha dicho para eficiencia y renovables procedentes de fondos Feder; los 50 millones para promover la movilidad, más otros 17 que hay en Industria, que además no se ejecutó la partida esta de los 50 millones el año pasado, con
lo cual es una partida que se arrastra por parte del Gobierno.
Y resulta llamativo que ustedes que tienen intención de fijar por ley la previsión y venta de vehículos con motores de explosión al escenario de 2040, doten con una cantidad tan ridícula la promoción de la movilidad limpia, con solo 50
millones de euros. Con esto es difícil que alcancemos niveles de penetración del vehículo eléctrico. Pongo el ejemplo de Noruega, que están en un 40 %. Aquí en España, según Anfac, estamos en el 5,4 %. En España en 2018 se vendieron 1 321 438
vehículos, de los que solo fueron eléctricos 15 495. Y de estos, más de la mitad eran flotas de empresa, con lo que piense usted cuántos ciudadanos de a pie compraron.
Con esa partida de 50 millones es difícil alcanzar el objetivo que tenía planteado la Comisión Europea de 150 000 vehículos para 2020, lo veo francamente difícil, y también superar o reducir las emisiones dentro de los sectores difusos, que
está en un 26 %, de emisiones de gases de efecto invernadero, muy difícil si no se toman medidas. Incluso el propio ministerio ha reconocido que van a crecer un 15 % al escenario de 2030.
Otro tanto nos ocurre con la eficiencia energética, con lo que va a ser muy difícil llegar al objetivo de la Comisión Europea del 32,5 %, al escenario de 2030 y con revisión en 2023. En España tenemos 5 millones de viviendas que son
ineficientes energéticamente y que, si pasaran de ser clase G a clase A, supondría un ahorro energético del 80 % e ingresos para el Estado, ahorro en dinero, de unos 8000 millones de euros. A 2018 todos los edificios públicos tenían que ser clase
A, y estamos muy lejos de ese escenario, y a 2020, los nuevos y los rehabilitados. Incumplimos de manera insistente la directiva de rehabilitación del 3 % anual de edificios y no estamos en la senda de conseguir este propósito.
Existe también en los presupuestos un recorte de 3 millones en las partidas del IDAE con fin de financiar actuaciones de asistencia técnica y económica al Ministerio de Transición Ecológica en procedimientos administrativos, judiciales y
arbitrales. ¿Qué justificación tiene este recorte de 3 millones de euros? ¿Me lo podría explicar? ¿Y cómo pretende el Gobierno abordar la transición en el ámbito de la movilidad manteniendo el mismo nivel de inversión? ¿Me lo podría responder?
¿Cómo justifica tanto la no ejecución de los 50 millones de euros el año pasado como no ampliar dicho fondos y mantener la misma cantidad?
Llama también la atención la disminución de inversiones de cara al proyecto de almacén temporal centralizado de Villar de Cañas, otro giro del Gobierno en apenas siete meses.
Voy concluyendo enseguida, presidente.
Recientemente la ministra Teresa Rivera nos dijo que era fundamental recuperar la idea de contar con uno o varios almacenes temporales centralizados, aunque ella era partidaria de tener solo uno. Así mismo, en relación con la continuidad de
las centrales nucleares, a la que era contraria al comienzo de su
mandato, también se abre la posibilidad de mantenerlas operativas más allá de los cuarenta años. Este nuevo giro ofrece dudas en relación al proyecto de presupuestos, ¿cómo justifica el Gobierno la reducción de inversión para el proyecto de
almacén temporal centralizado? ¿Y qué planes tiene el Gobierno en esta materia? A ver si me lo pudiera desarrollar.
¿Entiende el Gobierno que no es ni lógico ni responsable solicitar al Parlamento la aprobación de unos presupuestos que carecen de una finalidad y un objetivo definido?
Por cierto, este Gobierno también tiene que aspirar a la lucha del cambio climático con ejemplos. Y ahora le voy a contar, y ya acabo, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Medio minuto y acabo. Una maldad: yo creo que hay que predicar con el ejemplo y no ser frívolo. El viaje del presidente del Gobierno en el Falcon 900B el año pasado a Benicasim emitió 16 toneladas de CO2, el
equivalente a 8 coches en un año. Ustedes penalizan a 17 millones de españoles que tienen coches diesel y cada vez que llenamos el depósito nos cuesta un 15 % más, lo que equivale a 2,5 euros. Y esto me parece una frivolidad.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría. A continuación toma la palabra, en nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente. Soy del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, que ya sé que es largo, pero es que nos llamamos así.
En primer lugar, queremos darle la bienvenida y las gracias, señor secretario de Estado, por sus explicaciones. Quisiera señalar la importancia del momento en el que nos encontramos, porque no por menos conocido, yo creo que -hablando de
energía- tenemos que hacerlo. Y es que la evidencia científica señala que es imprescindible tomar medidas antes de 2030 para evitar que el cambio climático sea catastrófico. Incluso el Banco Mundial hace no mucho, que no es precisamente una
organización ecologista, decía que si no se tomaban esas medidas se puede empujar a la pobreza a 100 millones de personas hacia 2030.
Y es evidente que existe en nuestra sociedad y en el conjunto del planeta una mayor conciencia social, lo hemos visto estos días con las manifestaciones de estudiantes en Bélgica, y también una demanda de una acción pública decidida para que
esa transición ecológica sea socialmente justa, como hemos visto también con las movilizaciones en Francia.
Nosotros saludamos la creación del Ministerio de la Transición Ecológica. Incluso en su momento propusimos que tuviese el rango de vicepresidencia, porque creemos que la lucha contra el cambio climático es una cuestión transversal que
afecta no al ministerio, sino que es un eje vertebrador, debe ser un eje vertebrador del conjunto de las políticas del Gobierno.
Y en relación a los presupuestos creemos que la orientación de los presupuestos en general en esa idea de transversalidad tiene que estar orientada a la idea de la justicia climática, de avanzar hacia una transición energética socialmente
justa y en avanzar también hacia las medidas de adaptación al cambio climático. Es evidente que son unos presupuestos sociales que quieren afrontar la lucha contra la desigualdad social, fruto del acuerdo del Gobierno con nuestro grupo
parlamentario. Y entonces tenemos que preguntarnos si son también unos presupuestos adecuados para impulsar la transición energética.
En general creemos que sí, aunque también hay que decir que son unos presupuestos de transición, en el sentido de que no se aprueban en el marco de la ley de cambio climático de transición energética, pendiente de su tramitación y de su
aprobación, y del plan nacional integrado de energía y clima; en el anteproyecto de la ley del cambio climático, el borrador que se conoce, se hablaba de garantizar al menos el 20 % de los recursos contenidos en los presupuestos generales a la
descarbonización y electrificación del país. Por eso digo que son unos presupuestos de transición hasta que no tengamos ese nuevo marco.
Hay políticas que suponen un cambio evidente en relación al Gobierno anterior, en las que se progresa adecuadamente; y hay cuestiones que hay que mejorar y, a nuestro parecer, incluso corregir durante el periodo de tramitación. Es positivo
que haya una partida de 80 millones destinados a la lucha contra la pobreza energética, que nosotros creemos que debe ser transitoria hasta la creación de un bono social, o general o basista, financiado por las compañías energéticas. Hay 60
millones para el impulso de la eficiencia energética de las energías renovables, que pensamos que tal vez habría que reubicar como
transferencia de capital y no como activos financieros, para garantizar un mayor grado de ejecución. Y luego me referiré también a una cosa que nos preocupa, que es el tema de la ejecución.
Nos preocupa un elemento extrapresupuestario, que es la falta de estabilidad regulatoria en general, y la necesidad, por ejemplo, de regular un nuevo modelo de subastas renovables para garantizar que se consiguen los objetivos previstos en
materia de penetración de energías renovables; nos preocupa el sistema de interrumpibilidad, que no está en sintonía con el resto de países europeos y que no es efectivo para las empresas ni tampoco para el sistema. Creemos que hay que reformar, y
su ministerio tiene herramientas para ello, el mercado eléctrico, porque no puede ser que tengamos el quinto coste más alto de la electricidad para hogares de Europa, con millones de personas en situación de vulnerabilidad energética, o unos altos
costes también para la industria, mayores que Holanda, Francia, Austria o Dinamarca entre otros.
Hay que hacer frente, y esta es una cuestión que está en nuestro acuerdo de presupuestos, a los llamados beneficios caídos del cielo, a los beneficios que injustificadamente reciben algunas empresas como consecuencia de la mala regulación
del mercado eléctrico.
Echamos en falta también, refiriéndome a nuestro acuerdo presupuestario, una partida de 50 millones de euros para garantizar que las administraciones públicas, singularmente los ayuntamientos, puedan desarrollar plenamente la legislación en
materia de pobreza energética, unos servicios sociales que están absolutamente saturados y con dificultades en este sentido. Es necesaria una reforma integral del bono social, que sea automático, como por ejemplo sucede en Portugal, creo que en el
real decreto ley 15 dimos un paso adelante, pero es necesario, como refleja nuestro acuerdo presupuestario, ir mucho más allá en este sentido para que tengamos realmente un bono social útil que combata la pobreza energética, que continúa siendo un
grave problema para las personas en situación de vulnerabilidad.
En cuanto a la movilidad, el problema con la movilidad es que no solo refiere a los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, sino que también hay una ayuda, se incorpora al gas. Y nosotros creemos que eso es erróneo. Nosotros creemos
que una cosa es que el GLH(?), el gas, tenga que formar parte del proceso de transición hacia una movilidad plenamente electrificada. Otra cosa distinta es que sea necesario que reciba financiación pública. Creemos que la financiación pública,
como recogía nuestro acuerdo, tiene que ser fundamentalmente para electrificar la movilidad y para el vehículo eléctrico. Nosotros no creemos en esto del gas verde.
Valoramos positivamente también lo recursos destinados a lo que usted hacía referencia, a las comarcas mineras y al proceso que vive la minería de cierre de las minas, que no son rentables. No es tanto un tema solo de cantidad económica,
sino que es una cuestión de cómo se utilizan estos recursos, porque la experiencia ha sido desastrosa en este sentido. Es necesario pactar con los agentes sociales, con los municipios, con las comunidades autónomas afectadas, una reactivación
económica con los contratos de transición justa que no dejen a nadie fuera. Y en este caso, como ustedes saben, a nosotros nos preocupa muchísimo -y hay que resolverlo- la situación de los trabajadores de las subcontratas de la minería.
Y para ir terminando, quería plantearle el tema del grado de cumplimiento. Hemos visto que en cuanto al presupuesto de 2018, del programa 425A solo se ha ejecutado el 15,9 %, en cuanto a aplicaciones reconocidas. O la línea de financiación
del IDAE para el impulso de la eficiencia energética y las energías renovables: presupuestaron 200 millones, obligaciones reconocidas, cero, por lo que hemos visto. Y le quería preguntar el porqué de esta situación y qué piensan hacer para
corregirlo.
Y ya para terminar, tres cuestiones muy concretas que también nos preocupan: la cuestión de los laudos arbitrales, que es un peso enorme que tiene el Estado español. Los 8000 millones de euros que los fondos de inversión están exigiendo al
Estado, ¿cuál va a ser la política en este sentido: ampararse en la legislación europea, buscar nuevos apoyos con nuevas formas de regulación?; yo creo que es un tema trascendental, fruto de las malas políticas realizadas también por gobiernos
anteriores.
Me sumo también a las preguntas sobre el Castor y qué va a hacer el Gobierno en cuanto a la necesidad de desmantelar esta desastrosa infraestructura.
Y también le quiero preguntar sobre la posición del Gobierno en cuanto al proyecto del gasoducto Midcat, que pasa por Cataluña con Francia, puesto que la CNMC y el regulador francés han dicho que eran infraestructuras que no tenían ningún
sentido y hemos echado en falta que el Gobierno se pronuncie con claridad diciendo justamente eso, que no son infraestructuras necesarias en estos momentos.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría. A continuación toma la palabra, en nombre del Grupo Socialista, su portavoz la señora Lucio.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al señor secretario de Estado de Energía, ya que es su primera intervención en esta Cámara. En primer lugar, quería felicitarle por la integración
responsable y ejemplar que dentro de su ministerio han podido conseguir integrando las políticas de energía y las políticas climáticas que tanto habíamos reclamado en este Parlamento en muchas ocasiones. Hemos visto a la hora de desarrollar los
presupuestos cómo esa integración ha sido una integración ejemplar y que realmente va a dar los resultados que esperamos en este proceso de transición, que si es cierto que nosotros entendemos que los presupuestos que presenta aquí hoy son unos
presupuestos para la transición energética, pero como ha dicho el portavoz del Grupo Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sí son realmente también unos presupuestos de transición teniendo en cuenta que carecemos aún de las herramientas
legislativas que nos van a permitir hacer un presupuesto más ajustado a los objetivos que pretendemos.
Pero aun así, quisiera destacar que por fin los presupuestos que se presentan dentro de la Secretaría de Estado de Energía tienen una clara orientación hacia los objetivos políticos que estamos defendiendo. Uno, se puede decir que son un
camino claro hacia el cumplimiento de los objetivos climáticos, es decir, hay toda una parte de financiación dentro del IDAE de impulso a las energías renovables, de eficiencia energética, a través de esos 300 millones de euros que espero que este
año, y espero también que nos aclare en esta mañana, puedan ser ejecutados y puedan dar cumplimiento a esos cientos de proyectos que a lo largo y ancho de la geografía española están presentando nuestros ayuntamientos y otras entidades, espero que
se puedan ejecutar ya en este año. Y como decía, me gustaría que lo clarificase.
Esos 60 millones de euros del ICO, que también hay que activar, porque somos conscientes de que no se ejecutan en la manera que nos gustaría a todos. Y esos 50 millones de euros para movilidad sostenible, que sí es cierto que, a pesar de
que haya otros 17 millones de euros en Industria, estoy convencida de que en el futuro serán cantidades que se irán incrementando exponencialmente, teniendo en cuenta la ambición del objetivo que nos planteamos.
Como decía, es un objetivo claro, con ambición, sin ambages, de conseguir ese impulso a las renovables, ese impulso a la eficiencia energética. Pero por otro lado, el otro objetivo claro de este ministerio es que sea una transición justa.
Y eso sí está reflejado en este presupuesto, y eso no estaba reflejado en los presupuestos de años anteriores. Por eso ahí quiero incidir en la importancia que este Gobierno está dando -y en los presupuestos se ve claramente- a que vayamos hacia
una transición justa para que nadie se quede en el camino.
El hecho relevante de dotar de 80 millones de euros al bono social térmico, creo que debe ser una buena noticia para todos los que defendemos que el sistema energético y el sistema eléctrico en España no es un sistema que es igualitario, y
que por lo tanto hay que incorporar medidas correctoras. Pues creo que estos 80 millones de euros dan señal de hacia dónde este Gobierno quiere dedicar sus esfuerzos económicos también en esa transición energética que tenemos por delante. Esa
cantidad económica, junto con el esfuerzo económico, pero también el esfuerzo legislativo que se ha hecho en el sector de la minería y del carbón, la aprobación del real decreto de la semana pasada para hacer ese plan social para la minería del
carbón, esa dotación de 332 millones de euros que tiene el instituto, más la parte que también ha definido -creo, corríjame si me equivoco- de 48 millones de euros dentro del fondo de transición justa, eso es dar una respuesta real a las necesidades
de ese sector. Eso es darle la certeza de la durante mucho ese sector ha carecido, la certeza de saber hacia dónde van y cómo van a hacer ese paso de la actividad a otras actividades.
Es real también que en la fundación Ciuden por fin haya un relanzamiento que estaba solicitado por este grupo parlamentario, pero también por toda la comarca del Bierzo, de León, de dar un impulso a este instituto, que por fin haya esa
dotación presupuestaria que permita seguir investigando y seguir ahondando en esas necesidades. Los convenios con las comunidades autónomas: las comunidades autónomas son las administraciones que están más cercanas, junto con los ayuntamientos, a
las problemáticas de las personas que están sufriendo esta reconversión. Y por lo tanto deben tener ese apoyo. Y estos 40 millones para convenios con las comunidades autónomas también forman parte de esa respuesta real que este Gobierno ha estado
dando a esa transición justa.
Más allá de las cuestiones relativas al sector de la minería y del carbón, la buena noticia de la creación de ese fondo para la transición justa es importante también para otras zonas en las que va a haber
procesos de transición energética, como pueden ser las zonas donde hay centrales nucleares o reactores nucleares, y el hecho de abrir este fondo, que espero que gracias a esa mayor recaudación por los derechos de emisión, pero también con
otras fuentes de financiación, se pueda ir dotando el fondo para trabajar con la anticipación suficiente en esas zonas de transición energética que van a necesitar del apoyo de las administraciones y que van a necesitar del esfuerzo de todos en el
futuro.
Quiero agradecerle ese cambio que se vislumbra. Tengo la certeza de que en los próximos ejercicios presupuestarios esta ambición se va a notar más económicamente.
Y por último, agradezco su presencia y de nuevo le doy la bienvenida a esta Cámara. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchísimas gracias, señoría. A continuación, para cerrar ya este turno toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, el señor Herrero. Tiene usted la palabra.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente. Buenos días, señor Domínguez, y bienvenido a la presentación de estos presupuestos generales de su secretaría, unos presupuestos que se deben a una secretaría, es verdad, muy regulada, pero que
tienen enorme afección para la economía empresarial y familiar de este país.
Son unos presupuestos que lamentablemente no se cree nadie, tampoco la AIReF, como así ha manifestado esta misma semana, y que incluso el Banco de España considera que están inflados esos ingresos por valor de 7000 millones de euros. Son
los presupuestos que confirman la incapacidad de este Gobierno para hacer una política energética responsable, eficiente económicamente y de largo alcance. Unos presupuestos que vienen a plagiar las medidas impulsadas por el Gobierno del Partido
Popular, que ustedes ya saben que cuando plagian al Gobierno del Partido Popular ustedes aciertan, y yo por ello les felicito.
Miren, los mismos 300 millones de euros para transferir al Instituto de Diversificación y Ahorro Energético; la misma dotación de 50 millones de euros para financiar actuaciones de apoyo a la movilidad energéticamente eficiente y sostenible
que creó el Gobierno Popular. Y es verdad que estos presupuestos no son completamente iguales que los del Partido Popular, porque estos presupuestos generales van a costar a los españoles más de 300 [sic] euros con respecto a los presupuestos del
año 2018, y todo ello por la masiva subida de impuestos, como el IRPF, el de sucesiones, el diesel, que solo este va a costar más de 670 millones de euros, además de la implantación de otros impuestos nuevos como la tasa Google o la de transacciones
bancarias.
Señor secretario de Estado, estos presupuestos vienen a confirmar la inoperancia de su Gobierno, también en materia energética, y a contradecirse ustedes mismos de lo que hace menos de un año aventuraban. Miren, señorías, el error
catastrófico de ustedes ha sido ideologizar la energía sin tener en cuenta la realidad de nuestro país.
Señor Domínguez, usted ha hecho varios cantos de sirena a la minería, pero resulta que lo primero que han hecho ustedes en cuanto han podido ha sido cargarse la minería del carbón, para a continuación poder ejecutar su plan preconcebido e
ideologizado de cargarse las centrales térmicas de producción eléctrica, sin atender a la mera racionalidad económica e incluso de garantía de suministro. Y esto gracias al último real decreto ley, el 25/2018, convalidado la semana pasada en el
Parlamento, que como consecuencia de que ustedes no se molestaron en proponer ni siquiera una alternativa factible de ayudas a aquellas empresas mineras que pudieran ser rentables y, por tanto, pudieran continuar con su extracción de carbono.
Por lo que, mire, solo en mi comarca el pasado 16 de enero se anunció de forma fulminante el cierre de minas de Ariño y Foz Calanda, con la pérdida de cientos de puestos de trabajo que ello supone. Pero es que además ustedes mienten y
ustedes faltan a la verdad. Y es que ustedes hasta ayer, y así viene en su programa electoral, el del Partido Socialista, pretendían el cierre de las centrales nucleares en España. Y resulta que nos acabamos de enterar de que la señora ministra se
acaba de reunir a escondidas con las principales eléctricas en España. Señor Domínguez, ¿podría explicarnos hoy aquí los motivos de esa reunión? ¿Podría explicarles, ya no a mi grupo parlamentario, sino a sus socios de Gobierno de Unidos Podemos,
qué está negociando el Gobierno con el lobby eléctrico español? ¿Es que por fin han hecho cuentas del coste inasumible que supone el cierre de las centrales en España, tanto del desmantelamiento como de incremento de emisiones y de precio de la
electricidad?
Mire, señor Domínguez, el pasado 11 de septiembre se debatió la propuesta de mi grupo parlamentario, la proposición de ley para el cierre de centrales y dar potestad última al Gobierno de España sobre el cierre o no de esas centrales. Y
ustedes, y también con los demás grupos parlamentarios, votaron en contra. Y hoy resulta que trabajan de la mano con las eléctricas para alargar la vida útil del cierre de las nucleares en nuestro país. Lo que hoy vienen a confirmar ustedes es que
la central de Almaraz va a seguir
en funcionamiento, a pesar de su Gobierno y gracias a la modificación y publicación de la Orden ETU/531/2017, una medida que el Gobierno del Partido Popular incluyó en junio de 2017 y que hoy hace posible su continuidad. Y va a seguir en
funcionamiento gracias a que han rectificado y han hecho caso a las directrices que marcó nuestro Gobierno, porque, ¿cómo es posible, señor Domínguez, que a fecha de hoy todavía no hayan presentado el plan de energía y clima? Pues se lo digo yo,
señorías: no lo han hecho porque ustedes no tienen una política energética definida.
Y ya por cerrar el círculo, señor Domínguez: usted ha hablado del crecimiento de las renovables, y eso, con su Gobierno, acaban de demostrar que es falso. Ustedes pretenden ser los garantes de las renovables en España. Ustedes pretenden
engañar a la gente con discursos vacíos sobre la instalación de energía renovable en España. Pero bien, ¿saben cuántos megavatios han sido incluidos en las subastas de renovables del año 2018 y 2019? Se lo digo yo: cero. Miren, señorías, solo en
los años 2016 y 2017 el Gobierno del Partido Popular organizó subastas de casi 9000 megavatios de nueva potencia renovable. Esa es la diferencia: la del Gobierno del Partido Popular, un Gobierno responsable y con criterio, y la de un Gobierno
Socialista, que también en materia energética ni sabe dónde está ni sabe dónde va, y siempre pretende echar la culpa a los demás. Porque, ¿también es culpa del Partido Popular que hoy el precio de la electricidad sea un 24 % más caro que el mes de
enero del año pasado?
Señor Domínguez, ustedes acaban de forma intensa para destrozar a una industria tan importante como es la industria electrointensiva. Y fruto de ello es el recorte que ustedes han destinado a las electrointensivas en valor de 118 millones
de euros, de los 150 millones de euros que presupuestó el Gobierno del Partido Popular a los 32 que ustedes han incluido en estos presupuestos para compensar los costes de CO2. ¿Sabe las consecuencias de esto?: pues bien, la solicitud de cierre de
Alcoa, de las plantas de A Coruña y Avilés, poniendo en peligro a más de 700 trabajadores, el cierre de la fábrica de generadores de Vestas, que pone en la calle a casi otros 400 trabajadores, o el anuncio que ha hecho Cemex recientemente, en el que
solicita el cierre de dos de sus siete plantas en España, por lo que también más de 200 trabajadores van a ir a la calle.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir acabando, señor Herrero.
El señor HERRERO BONO: Y ya por ir acabando, señor Domínguez, usted habla del Castor, y aquí se han formulado diversas cuestiones por parte de los intervinientes, pero yo creo que quien debería responder a estas preguntas es la persona
responsable que firmó ese proyecto, que no es otra que la señora ministra Teresa Rivera. Este es otro ejemplo más de que el Gobierno de Sánchez no le importa nada ni la industria ni el futuro de nuestro país. En definitiva, señorías, este es un
presupuesto que va en contra del interés general, que no cumple con ningún objetivo y que nos lleva a una indefinición que pone en riesgo la economía y el futuro de nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría. Terminado el turno de los grupos políticos y recordando que la comparecencia es sobre los presupuestos generales para 2019, toma la palabra, ya en capítulo de cierre, el secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE ENERGÍA (Domínguez Abascal): Voy a intentar responder a las cuestiones o preguntas que se han suscitado en el debate. Estoy seguro de que no podré responder a la riqueza del debate en su totalidad en todos
los detalles, pero por supuesto estoy a disposición de sus señorías en cualquier momento, en los días próximos, semanas, meses, el tiempo que sea menester para trabajar con ustedes en la clarificación de cualquier duda que puedan albergar o
cualquier cuestión que consideren relevante.
Voy a tratar de responder en función del orden de las intervenciones, aunque hay algunos elementos que son comunes, y por lo tanto trataré de hacerlo brevemente y en conjunto.
Creo que en los presupuestos que se presentan quizás se han suscitado aquí muchos temas que trascienden al presupuesto, por supuesto, y desafortunadamente no tenemos todo el tiempo del mundo para discutir. Pero sí ha aparecido muy
repetidamente el Castor, y lo que sí dijo la ministra, y por lo tanto es la posición de este ministerio y de este secretario de Estado, es que se va a poner en marcha el proceso de la cancelación definitiva de los pozos de inyección y extracción de
gas para la cancelación del almacén de gas, y que eso es el primer paso en un camino que conducirá a la desaparición de la infraestructura en su totalidad. En este momento no estamos en condiciones, porque esto requerirá un
tiempo, requerirá unos plazos y requerirá unos estudios. Es decir, hay algún estudio previo, hay informes de Enagas y algunos otros informes que están a su disposición que nos permiten tomar el camino de la cancelación del pozo. Se ha
solicitado un informe adicional públicamente sobre todo el proceso posterior, informes técnicos, de manera que esto no es más que parte de un proceso más completo y complejo que trasciende, por supuesto, a este año, a esta anualidad y a estos
presupuestos.
Quizás algún otro tema en cuestión económica, la rebaja del IVA: la ministra dijo en su comparecencia reciente que se estaba estudiando con el Ministerio de Hacienda, como no puede ser de otra manera, es el responsable de los impuestos, y
siendo además el IVA un impuesto con una repercusión inmediata en la Unión Europea, distintas opciones respecto a los impuestos. Saben sus señorías que ya este Gobierno, y con la aprobación del Congreso de los Diputados, por lo tanto de sus
señorías, en el Real Decreto Ley 15/2018 se suspendió ya parte de los impuestos (el llamado 'céntimo verde' y el 7 % de la generación eléctrica). De manera que en cuestiones de impuestos el Gobierno no ha dejado de trabajar, no va a dejar de
trabajar, y está contemplando todas las posibilidades.
Creo que ha surgido repetidamente la cuestión de las centrales nucleares, de los calendarios de cierre, etc., y el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. El Gobierno ha estado trabajando y está trabajando en ese Plan Nacional Integrado
de Energía y Clima. Y debo decir que cuando llegó aquí a asumir el Gobierno el presidente Sánchez, y posteriormente ministros, secretarios de Estado y demás miembros del Gobierno, nos encontramos con que el Plan Nacional Integrado de Energía y
Clima, que había que entregar antes del 31 de diciembre, tenía nada: había un funcionario que sabía que aquello había que hacerlo, pero no teníamos nada, ninguna previsión, igual que el cierre de unas minas de carbón del 31 de diciembre, que tenía
que darse sí o sí el 31 de diciembre o devolver las ayudas, porque tenían que devolver las ayudas. El Gobierno ha estado trabajando desde el primer día en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es una cuestión muy relevante por la
estrategia de transición, lo que implica, porque es una estrategia para la evolución energética y toda esta transición 2030-2050. Y hemos tenido que retrasarnos ligeramente, porque empezamos con mucho retraso, pero es algo que está prácticamente
terminado y que en las próximas semanas va a estar presentado, enviado a Bruselas y en condiciones de ser debatido en su totalidad.
Parte de ello es el tema que se ha suscitado también de las centrales nucleares y al ATC y demás. El criterio fundamental es la seguridad: seguridad nuclear, la primera, porque es la seguridad física de los ciudadanos; seguridad de
suministro; y seguridad en el tratamiento de los residuos. No hay un plan nacional, no había un plan nacional de tratamiento de residuos radiactivos. Tiene que haber un plan de residuos radiactivos. Por lo tanto, el ATC es parte del plan de
residuos radiactivos que en este momento está elaborando Enresa y que presentaremos en su momento. Como ha dicho la ministra, va a haber algún almacén temporal, y puede que sea un único almacén temporal centralizado, pero cuando se tomaron las
decisiones no había todas las opciones tecnológicas que hay en el día de hoy, y es posible que en ese plan de tratamiento de los residuos radiactivos aparezcan soluciones técnicas que quizá no estaban contempladas entonces. En cuanto tengamos el
plan de tratamiento de residuos radiactivos veremos exactamente dónde y cómo se va a tratar esto, algo que se ha hecho y que se está haciendo, ya digo, dentro del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tratando de tener en cuenta a todos los
actores, incluyendo a los propietarios de las centrales nucleares, como no puede ser de otra manera. Cuando el Gobierno se reúne con las compañías, por supuesto que no lo hace clandestinamente, lo hace como lo que es, el Gobierno de la nación, y
las compañías son compañías sistémicas y por lo tanto deben ser atendidas.
Creo que en cuanto a algunas otras cosas, es verdad, y lo lamento, que en años anteriores los presupuestos que había en IDAE con respecto a dinamizar las actividades de eficiencia energética no se han ejecutado. La ejecución de estos fondos
no es sencilla, debo decir que no es sencilla la ejecución de estos 300 millones de euros que hay ahí. Estamos trabajando porque, entre otras cosas, tiene que reunirse para tratar una serie de fondos descentralizados; alguien aludía, el portavoz
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea aludía al tratamiento con las comunidades autónomas. La Conferencia Sectorial de Energía hace más de un lustro que no se reúne. Y esto debe hacerse de la mano de las comunidades autónomas, y ese es nuestro
trabajo y es lo que estamos promoviendo en este momento. De manera que esperamos ser capaces de dinamizar estos fondos, porque tienen un efecto multiplicador, al dinamizar fondos europeos, fondos Feder. De manera que es algo que tenemos que hacer,
de acuerdo con las disposiciones legales, como aludía antes el portavoz del PDeCAT, y en cooperación con las comunidades autónomas.
Yo creo que algunas veces alarmamos innecesariamente: el precio de la electricidad, el más caro de Europa, el más caro casi del universo. Bueno, este Gobierno, en el Real Decreto 15/2018 tomó medidas
urgentes para reducir el precio de la electricidad. Esta mañana, lo primero que he hecho ha sido imprimir, como hago casi todos los días, el precio de la electricidad en Europa. Les voy a leer el precio en distintos países. España y
Portugal -ahora mismo, esa electricidad que nos alimenta- están pagando el megavatio-hora a 54,9; Francia a 61,1; el Reino Unido a 67,1 (es decir, 15 euros más); Irlanda a 65,4; Alemania a 59,8 (es decir, 5 euros más que España); Bélgica a
61,8; Holanda a 60; Italia a 63,9. He dicho ya todos los países grandes. Tengo que irme a Bulgaria para encontrar un país que tenga la electricidad hoy más barata que España. Ni siquiera Suecia ni Noruega, que tienen grandes cantidades de
hidráulica. Pero eso no solo ocurre hoy; hay distintos días, si van repasando los datos que publica el INE en las últimas semanas, tengo aquí el de hace una semana, tengo el resultado que publica Red Eléctrica Española sobre el precio medio de la
electricidad en Europa, y en semanas próximas el precio español está el más bajo o uno de los más bajos de Europa.
¿Qué está pasando? Está pasando que el precio de la electricidad en general está subiendo en Europa. Y está subiendo porque las emisiones de CO2 están subiendo. Y eso está pasando en toda Europa. Pero en España el precio de la
electricidad, entendemos que por distintas razones pero también por la política que se ha estado haciendo y lo que aprobaron sus señorías con el Real Decreto Ley 15/2018, hemos hecho un proceso de contención del precio de la electricidad. Y por
tanto debemos ser conscientes de que es un problema, estamos trabajando en hacerlo lo más bajo posible. La expectativa es que, dado que afortunadamente las energías renovables son hoy el procedimiento más barato de producir electricidad que podemos
tener en país, en España y en muchos países del mundo, las expectativas con la transición energética son de reducciones del precio de la electricidad. No creo, como repetidamente ha dicho la dirección de Alcoa, no se va por los precios de la
electricidad, se va de estas dos plantas, que no de la otra, por una obsolescencia de los métodos de producción en plantas que no han renovado. Vestas no es una industria electrointensiva. Sí es verdad que en general en nuestro país ha habido y
hay una pugna por la ayuda o no a las distintas industrias, y ahí entran la electrointensiva y la cogeneración a la que aludían algunos de sus señorías.
En primer lugar, tenemos que ser todos conscientes de que, al ser el sistema eléctrico, por ley, un sistema que tiene que estar en equilibrio, cualquier ayuda que se dé a cualquier territorio o tipo de empresa repercute directamente en la
factura de la luz de todos los ciudadanos. De manera que sus señorías tienen la capacidad, la potestad de tomar decisiones, y el Gobierno en su medida, que impliquen una modificación de ese equilibrio. Pero mientras estén vigentes las leyes
actuales, cualquier bonificación a un sector o a una región implica automáticamente un incremento del precio de la factura de la luz de todos los ciudadanos de España. Con esa restricción hay que vivir. Y entonces, hay que ayudar de la manera más
razonable posible a distintas industrias en distintos procesos. Así, en industria electrointensiva, como decían antes, no había 150 millones utilizables; del presupuesto de 2018 solo había utilizables 78 millones, que fue los que se utilizaron.
Ese presupuesto era un presupuesto de un ministerio que incluía Industria y Energía, y por lo tanto se estaba haciendo política industrial desde la Secretaría de Estado de Energía, porque estaban dentro del mismo ministerio, lo mismo que yo, cuando
vengo hoy aquí, hablo de los costes del CO2 y digo que en la Secretaría de Estado de Medio Ambiente también se ocupan del medio ambiente igual que nosotros.
Por lo tanto, en esa política industrial nosotros estamos acompañando al Ministerio de Industria, que es el principal actor en este proceso. El Ministerio de Industria tiene una serie de fondos para la industria electrointensiva. En estos
momentos estamos desarrollando el estatuto de la industria electrointensiva, que irá albergando toda la ayuda que podamos hacer a la industria electrointensiva. Lo vamos a hacer, disponemos para ello en el Ministerio de Industria, de posibles
ayudas y demás, teniendo en cuenta todo eso que les decía antes con respecto al sistema eléctrico.
Y por último, como saben, la inyección de los 1000 millones de euros que se producen en el sistema eléctrico como consecuencia de la recaudación de las emisiones de CO2 va a paliar cualquier déficit del sistema eléctrico. Las ayudas a la
electrointensiva finalmente generan un déficit del sistema eléctrico. De manera que la ubicación de esos 1000 millones ahí tiene una capacidad de responder también a las necesidades de la industria electrointensiva.
Por lo tanto, y termino, señorías, creo que son unos presupuestos que también en la disposición adicional 103 de Industria disponen de una cantidad también para este efecto. De manera que hay capacidad de maniobra con respecto a esto.
Y termino, y disculpen la extensión, sé que me he dejado cosas por responder, como les decía estoy a su disposición: creo que estos son unos presupuestos adecuados, que atienden a las necesidades del
sistema, y entonces hay partes que son compartidas con presupuestos anteriores, porque entiendo que todos los gobiernos atienden a las necesidades del sistema. Sin embargo, desde la perspectiva del Partido Socialista estos presupuestos son
unos presupuestos con un claro énfasis social, no dejando atrás a las personas más desfavorecidas, más necesitadas.
Y nada más, estoy a su disposición en cualquier momento, los próximos días, semanas o lo que quiera que sea, para hablar de estos temas y remitirles la información que necesiten a lo que quiera que sea. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría, por la intervención y por hacerla en un acento que tanto aprecio y comparto, como es visible y notable y audible. Ha cumplido usted muy bien los tiempos. Quedan cinco minutos de receso para
la próxima intervención del secretario de Estado de Medio Ambiente. Levantamos por ese tiempo la sesión.
- DEL SEÑOR SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (MORÁN FERNÁNDEZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002284); SOCIALISTA (Número de expediente 212/002000); CONFEDERAL DE UNIDOS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Números de expediente 212/002109, 212/002110 y 212/002112); CIUDADANOS (Números de expediente 212/002152, 212/002153 y 212/002154) Y MIXTO (Números de expediente 212/001940, 212/001941, 212/001919 y 212/002243).
El señor PRESIDENTE: Señorías, si son tan amables, vamos dando la bienvenida al secretario de Estado de Medio Ambiente, también a los representantes del ministerio que le acompañan. Tenemos el gusto de tener también desde hace ya un rato a
la subsecretaria del ministerio. Es un placer recibirles. Y si estoy hablando tanto es para que sus señorías vayan sentándose.
Tenemos el segundo punto del orden del día. Tengo que agradecer que en el primero, la verdad es que el tiempo ha ido muy bien y hemos cumplido con el objetivo de la hora y media. Espero que también lo hagamos aquí. En este sentido, sin
más dilación, vamos a dar la palabra a nuestro compareciente de hoy, el secretario de Estado de Medio Ambiente, el señor Hugo Morán, que como saben y dijimos anteriormente con el otro punto, asume también las peticiones de algunos de los altos
cargos a los que se han dirigido sus señorías.
Tiene la palabra y todas las respuestas que pueda y quiera darles a ustedes. Sin más dilación, señor secretario de Estado, tiene usted la palabra.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías. Aprovecharé la oportunidad que se me brinda para hacer una explicación general del contenido del Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado de 2019, no con la intención de ser exhaustivo, puesto que evidentemente ustedes se han estudiado el proyecto de presupuestos, y por lo tanto no voy a incidir en los datos que ustedes conocen, más allá de una
descripción del marco general y algunas consideraciones previas para a continuación someterme a las preguntas, cuestiones que ustedes consideren relevantes para plantear.
En el análisis que venimos haciendo en el ámbito de la gestión de las políticas ambientales constatamos que probablemente el proceso de crisis que hemos vivido ha tenido como consecuencia afectaciones especialmente relevantes en dos ámbitos,
a los cuales debemos dar respuesta teniendo cuenta la situación de la que venimos, la situación en la que nos encontramos y hacia dónde deberíamos caminar en la acción política en los próximos años.
Los dos espacios que considero que han sido más seriamente afectados son el ámbito de los derechos sociales y el ámbito de los derechos ambientales, en tanto en cuanto quisiéramos deslindar los derechos ambientales que tienen un amplio
contenido social, pero quisiéramos deslindarlos como propios. De tal manera, nos encontramos en una situación en la cual, haciendo un relato, un recorrido de diez años, tomando como referencia los créditos destinados a programas de gasto en Medio
Ambiente, en el presupuesto del año 2009 los créditos ascendían a un total de 3789 millones de euros, en tanto que en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de este año, de 2019, diez años después, los créditos destinados a esos mismos
programas ascienden a 1748,3 millones de euros, lo cual significa que en diez años los presupuestos para políticas ambientales han sufrido una merma de más del 50 % en su capacidad de acción en materias que consideramos imprescindibles.
En paralelo, en este mismo periodo de tiempo se ha ido constatando un proceso de mayor afectación en términos ambientales, derivado de la acumulación del impacto del cambio climático en espacios especialmente sensibles pero que en ningún
caso entienden de fronteras. Es decir, al mismo tiempo que se reducía en más de un 50 % la capacidad de acción en ámbitos de afectación ambiental vulnerables a los impactos del cambio climático, los efectos del cambio climático se han ido
multiplicando año tras año.
En paralelo, lo que se ha producido es un proceso de reducción de recursos humanos a disposición de la administración para hacer frente a la acción efectiva de la puesta en marcha de estas políticas, del entorno del 12,3 % en reducción de
capital humano. Si tenemos en cuenta que en 2009 el gasto realmente ejecutado de personal del Estado destinado a políticas de medio ambiente ascendía a 47,5 millones de euros, solo diez años después el mismo capítulo ascendía en el año 2018 a 41,6
millones de euros; en este año, 45 millones de euros. Es decir, menos presupuesto, menos recursos humanos para atender a más necesidades.
En el marco de esta consideración general, pasaré ahora a exponerles cuál es el mapa general de las previsiones de actuación presupuestaria en el año 2019 y en el marco de las previsiones presupuestarias correspondientes.
Se ha producido, y lo constatarán ustedes en la explicación, lo habrán visto a la hora de analizar los números que corresponden a las distintas partidas por direcciones generales u organismos autónomos, una traslación de esfuerzo
presupuestario de lo que venían siendo políticas ordinarias entendidas así a lo largo de los sucesivos presupuestos, de los sucesivos proyectos de presupuestos, en materias fundamentalmente de nuevas inversiones, se ha producido un desplazamiento de
esfuerzo en materia de dotación presupuestaria hacia los ámbitos de la remediación, como consecuencia de los impactos ambientales en los distintos ámbitos, sean estos en la política de costas, la política de agua, las políticas de biodiversidad.
Con carácter general estamos constatando que los niveles de afectación como consecuencia de los impactos del cambio climático se vienen incrementando año tras año.
En estos términos, a modo de resumen, las direcciones generales dependientes de esta secretaría de Estado gestionarán en 2019, en la medida en la que los Presupuestos Generales de Estado se conviertan en ley, del orden de unos 1000 millones
de euros, algo más de 1000 millones, que viene a suponer un crecimiento cercano al 10 %, teniendo en cuenta que el presupuesto consolidado, en el proyecto de presupuesto de 2019, asciende a 1925,7 millones de euros.
El presupuesto de los organismos autónomos vinculados a la Dirección General del Agua, que son confederaciones hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, supera los 879 millones de euros; el del Organismo Autónomo Parques
Nacionales, algo más de 53 millones de euros; la Aenet, unos 129 millones de euros; y las aportaciones destinadas a financiar la Fundación Biodiversidad, casi 7,5 millones de euros.
Con respecto a los presupuestos generales de 2018, el proyecto supondría un incremento en el presupuesto agregado de esta secretaría de Estado de casi el 3 % en su conjunto; descontando las transferencias internas y el incremento total del
presupuesto de la secretaría de Estado con respecto a 2018 sería de unos 46 millones de euros, las transferencias a descontar.
Cabe destacar que los créditos aprobados con cargo a la venta de derechos de emisión se han incrementado notablemente, y con ello se alcanza una dotación específica de 82 millones de euros para actuaciones de transición justa: 32 millones
para el fondo del carbono, 2 millones para la propia Oficina Española de Cambio Climático, y 48 millones para el Instituto de Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Los aumentos más notables se
registran en el presupuesto de la Oficina Española de Cambio Climático, en el del Organismo Autónomo de Parques Nacionales y en la Dirección General de Costas.
Concretamente la Oficina Española de Cambio Climático viene a triplicar su presupuesto por dos motivos fundamentales: primero, porque se recuperan partidas cuya ejecución se había asignado en anteriores ejercicios a otros centros gestores,
y porque se incluyen 48 millones de euros adicionales para transición justa. En tanto que las inversiones de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar aumentan aproximadamente un 45 %, es decir, 27 millones de euros adicionales
respecto al presupuesto anterior.
Se incrementa en 13,6 millones el capítulo de inversiones del Organismo Autónomo Parques Nacionales; se incrementan las inversiones en la Dirección General del Agua en 69 millones; y en cambio, el presupuesto para inversiones de los
organismos autónomos vinculados a la Dirección General del Agua experimenta una reducción conjunta de 37 millones de euros. De tal manera que se produce una traslación
de capacidad de inversión entre los distintos órganos a los cuales les corresponde ejecutar inversiones en materia de agua, de tal manera que, teniendo en cuenta estas reducciones en los organismos autónomos, el presupuesto final en
infraestructuras y calidad de las aguas se incrementa en 20 millones de euros.
La Secretaría de Estado de Medio Ambiente gestionará en 2019 un presupuesto consolidado de 718 millones de euros, distribuido en las siguientes partidas globales. Aproximadamente tres cuartas partes del presupuesto van a inversiones, 549
millones del total de los 718 millones de euros, lo que supone un incremento de 98 millones de euros, aproximadamente el 22 % respecto a 2018. Con respecto a 2018 esto viene a suponer que, sumando el convenio con Acuamed, unos 50 millones de euros,
10,4 millones de euros para financiar la Fundación Biodiversidad, 32 millones de aportación al fondo para transición justa, antes llamado fondo de carbono, casi 10 millones de euros para financiar el convenio de colaboración con Canarias para
inversiones en materia de agua, 12 millones para indemnización fijadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y otras partidas menores (como 3,5 millones para proyectos PIMA, Frío y Residuos, y 3,6 millones para reducir la electrocución de
aves), con respecto a 2018 esto supondría un aumento de más de 40 millones de euros.
En el desglose por servicios, en lo que corresponde directamente a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente el programa incluye, por una parte, aportaciones para financiar la Fundación Biodiversidad (7,44 millones de euros de los 101,53
millones de euros), 100 000 euros, de los que 70 000 se destinan para inversiones de carácter inmaterial y 30 000 a una subvención para la dinamización y coordinación de la Plataforma Española de Acción Climática; y al mismo tiempo incluye
transferencias internas, tanto al Organismo Autónomo Parques Nacionales como a la Aemet, que ascienden a 92,78 millones de los 101 a los que me refería. Con respecto a 2018 el proyecto supone un incremento del 2 %. El incremento se produce
básicamente en el capítulo VII, Transferencia a Parques Nacionales.
En la Dirección General del Agua, del total del presupuesto que gestionarán la dirección general y sus organismos y entidades vinculados, se gestionarán del orden de unos 1700 millones de euros. De ellos, 678 millones de euros para la
dirección general y unos 880 millones de euros para las confederaciones hidrográficas y la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, junto con 145 destinados a las sociedades estatales. Con respecto a 2018 el aumento sería de un 3 %
aproximadamente, pasando de 660 millones en 2018 a 678 millones en el presupuesto de 2019. Básicamente se debe a que se incrementa el capítulo IV en 20,3 millones de euros para el pago de IBI de bienes de titularidad estatal mediante transferencias
a las confederaciones hidrográficas, y al hecho de que hay que crear una nueva partida para atender la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, junto con un incremento de un 18,6 % en el capítulo VI, que supone un incremento de 29,6 millones de
euros en inversiones en el programa 452A, y 39,4 millones en el programa 456A.
En la parte que corresponde al Servicio de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, tiene asignada la dirección general un presupuesto de inversiones de 87,99 millones de euros, que significa que incluye como crédito inicial el importe de las
modificaciones presupuestarias realizadas para paliar los daños ocasionados por los temporales de principios de 2018, de tal manera que evitamos tener que recurrir a créditos extraordinarios. El proyecto incrementa la capacidad inversora de la
dirección general, que para este ejercicio cuenta con 88 millones de euros, una cantidad superior en un 44,4 % respecto al presupuesto de 2018.
El servicio de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental contará en 2019 con un presupuesto de gastos de 34,30 millones de euros, que significaría en términos globales que se produciría una reducción, una disminución de
partida presupuestaria disponible respecto a 2018 del entorno del 7,2 %, minoración que viene justificada básicamente porque se produce un traslado de 2 millones de euros de la partida a las comunidades autónomas del Plan de Impulso al Medio
Ambiente de Residuos, que venía estando en el presupuesto de esta dirección general, al presupuesto de la Oficina Española de Cambio Climático, que será quien la gestione en 2019. Por otra parte, se incrementa el capítulo dedicado a inversión, que
pasa de 16,9 a 17,9 millones de euros en 2019.
En cuanto a la Oficina Española de Cambio Climático, el presupuesto destinado a actuaciones en materia de cambio climático supera los 100 millones de euros, concretamente 101,72 millones de euros, de los cuales 87,22 millones de euros se
integran en el presupuesto de la Oficina Española de Cambio Climático, y 14,5 en el de otras direcciones generales y organismos.
En cuanto al Organismo Autónomo Parques Nacionales, vendrá a disponer en el presupuesto de 2019 de 53,18 millones de euros, de los que 24,6 se destinarán a inversiones. Con respecto al presupuesto de 2018, supone esto un incremento de 17
millones de euros, aproximadamente un 46,8 %, de los cuales
un 13,6 % será para inversiones y atender compromisos. Los dos fundamentales: atender la ampliación del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera, en su ámbito marino, que requerirá una inversión, una dotación de 5 millones de euros, y
la previsión para la declaración del Parque Nacional de la Sierra de las Nieves, que prevé una partida inicial de 2 millones de euros.
La Agencia Estatal de Meteorología mantiene prácticamente su previsión presupuestaria, de tal manera que en 2019 se prevé una dotación de 129,1 millones de euros, lo cual supone un ligerísimo incremento respecto a 2018 de 230 000 euros. En
tanto que la Fundación Biodiversidad espera durante 2019 movilizar 31,45 millones de euros, con una aportación de la secretaría de Estado de 9,62 millones de euros, lo cual implicaría multiplicar por tres las transferencias, gracias a que se
atraerán fondos de la Comisión Europea y la cofinanciación de socios y beneficiarios.
En términos generales esta sería la distribución global de las partidas que corresponden a esta secretaría de Estado, cifras que ustedes conocen. Y a partir de ahí me someto a sus consideraciones hasta donde pueda aclararles o
complementarles la información facilitada.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario de Estado, además por la concisión y brevedad. Empezamos el turno de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Mixto vuelven a intervenir dos portavoces, en primer lugar el señor
Bataller, tres minutos y medio aproximadamente, la mitad del tiempo para cada uno. Tiene usted la palabra, señor Bataller.
El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, buenos días, bienvenido a esta Comisión.
Como usted sabe, cada uno de los ministerios del Gobierno atiende a la gestión de una parcela de la realidad socioeconómica, todos menos el suyo, que realmente más que atender a una realidad atiende a un deseo, porque su ministerio es para
la transición ecológica. Y por tanto, como digo, esto es un deseo, un objetivo que se implementará si tenemos ganas de hacerlo o no. Y por tanto, para el cumplimiento de las finalidades del ministerio que usted representa es importante que al
analizar los presupuestos tengamos en cuenta una cosa: los presupuestos no son más que la expresión numérica de una voluntad política. Y en el caso de su ministerio no solo tenemos que ver qué partidas incluyen en positivo en las cuentas, sino
también qué trabajo han hecho ustedes para disuadir que otros ministerios no incluyan partidas que sean absolutamente contradictorias con las finalidades que ustedes tienen que defender.
Y digo esto porque a nosotros, y en concreto en Valencia, nos preocupa mucho ver que en paralelo a la presentación de estos presupuestos tenemos que se está hablando con mucha alegría de destinar 288 millones de euros para la ampliación del
bypass que rodea la ciudad por el norte y afecta especialmente a la vecina localidad de Paterna, que es un proyecto con un gran destrozo ambiental, que es absolutamente innecesario porque además está fomentando el círculo vicioso de la movilidad
insostenible, y contra el cual a nosotros nos gustaría que su ministerio alzara la voz.
Lo mismo le digo respecto al proyecto de la V-21, que es una salida, la salida norte de acceso de Valencia por la costa, que igualmente amenaza con destrozar una parte significativa de la huerta norte de la ciudad, que es un gran pulmón
vegetal, es una gran ayuda para que la ciudad de Valencia tenga un aire respirable y tenga un entorno paisajístico de un valor considerable, y que también está amenazado por otro proyecto de Fomento. Por tanto, de esto sí que me gustaría que usted
nos dijera los presupuestos en positivo, la acción que su ministerio está haciendo para disuadir que otros ministerios no hagan lo que va por mal camino, según el desiderátum que Transición Ecológica expresa.
Enlazando con la cuestión de la movilidad sostenible, nosotros vemos con preocupación el olvido de la financiación del transporte público del área metropolitana de Valencia. Se consignaron 10 millones, que es la cantidad que el año pasado
de una manera muy cicatera, y después de muchas presiones por parte de Compromís, quienes hicieron el año pasado los presupuestos al final aceptaron incluir, pero que no se han ejecutado; cuando realmente las necesidades ascendían el año pasado a
38 millones, este ya va por 52 millones. Y a nosotros nos preocupa que esto no llegue a buen puerto, porque realmente para tener una integración del transporte sostenible en esa área metropolitana es imprescindible, y nosotros desde Compromís lo
reivindicamos.
Nos preocupa también la cuestión relativa a las desaladoras. En materia de agua la gran apuesta que debemos hacer son las obras hidráulicas pendientes que se retrasan año tras año. Nosotros vemos que sería interesante que se apostara por
las desaladoras para evitar la sobrexplotación de ríos y de acuíferos, pero las inversiones que nosotros vemos en los presupuestos no nos parecen suficientes para garantizar
el abastecimiento hídrico. Si no me equivoco, en concreto en los territorios valencianos vemos que los presupuestos para 2019 contienen hasta un total de 11 millones de euros para las desaladoras, que esto está muy lejos de los 92 millones
de euros que nosotros pedimos en 2017, en 2018 para las desaladoras de Mutxamel, para la de Oropesa-Benicasim, para la de Moncófar, que son imprescindibles. Bueno, 11 millones es algo más que lo que la derecha nos dio los dos años anteriores, que
fue cero. Pero por lo menos está muy lejos de los 92 millones que harían falta.
En los presupuestos destacan los 5 millones que ustedes destinan a la Mancomunidad de Canales del Taibilla, de los cuales 2,5 son para aumentar y mejorar el suministro de las desaladoras de Alicante y Torrevieja, pero lo que no vemos es que
haya una conexión de estas desaladoras con el embalse de Crevillente para permitir que el agua pueda llegar a 30 000 agricultores alicantinos. Y esto es algo que a nosotros nos preocupa mucho.
En cuanto a la balsa de San Diego, que es una vieja reivindicación nuestra, de Compromís, nosotros vemos que en 2019 tiene una aportación simbólica, únicamente de 50 000 euros. Posiblemente usted me diga que esta es una partida que se
consigna teniendo en que por la fecha en que se aprobarán los presupuestos realmente en la ejecución prácticamente no se llegue a nada. Pero, en fin, sí nos gustaría como una muestra de voluntad política que por fin esta balsa tuviese unas
consignaciones superiores.
Y nosotros también queremos ver en los presupuestos una apuesta decidida por las obras de sostenibilidad que van ligadas a la construcción del corredor mediterráneo, de lo cual oigo muy poco a todos aquí.
El señor PRESIDENTE: Lleva usted ya cuatro minutos.
El señor BATALLER I RUIZ: Sí, señor presidente, muchas gracias por la paciencia.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, hemos coincidido los dos. Toma la palabra a continuación el señor Campuzano.
El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente. Quiero agradecer también la comparecencia y la intervención del secretario de Estado, señor Morán.
Yo le voy a plantear algunas cuestiones bastante concretas. Nos preocupa la ligerísima disminución del presupuesto en materia de costas, existiendo además en Cataluña algunas problemáticas importantes que requieren de la actuación de su
ministerio, conociendo además que por fin, por ejemplo, ha habido un acuerdo técnico y político para actuar en la zona de El Maresme, pero con un calendario de aplicación de ese acuerdo realmente absurdo, 15 años para hacer frente a las necesidades
de las playas de El Maresme, en 15 años quizá las cosas habrán empeorado todavía más. No nos cuadra ese compromiso de hacer frente a la situación de El Maresme con esa cuasi congelación, bueno, disminución del presupuesto en costas; también
problemática la relajación de costas en las zonas del Garraf y el Baix Penedès. Ahí me gustaría ver cómo el Gobierno justifica esa disminución del presupuesto en costas y qué previsiones tiene en relación a El Maresme, Baix Penedès y el Garraf.
En segundo lugar, sobre parques naturales me gustaría conocer qué previsiones tienen de cara a este ejercicio presupuestario en relación al Parque Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici, quizás el parque natural más emblemático por
su larguísima historia. ¿Qué actuaciones de inversión tiene previsto efectuar el Gobierno en Aigüestortes i Estany de Sant Maurici?
En tercer lugar, una cuestión que el señor Morán conoce de fondo, que es la necesidad de dar cumplimiento a las sentencias del Tribunal Constitucional en la gestión de las subvenciones del 0,7 %. Se resolvió con el anterior Gobierno de
manera adecuada esa gestión compartida entre el Estado y las comunidades autónomas. Existen sentencias numerosísimas que van en esa dirección de que en aquello que es competencia autonómica el Estado tiene la posibilidad de poner en marcha
políticas de subvenciones, pero que la gestión debe ser autonómica. La capacidad de gasto del Estado no puede dejar sin contenido la competencia autonómica. ¿Qué previsiones tienen en relación a esta cuestión?
Y eso también está vinculado al debate sobre el fondo de carbono, donde hay también una sentencia del año 2018 que establece la necesidad de mejorar la participación de las comunidades autónomas en la gobernanza de ese fondo.
El anterior Gobierno no dio cumplimiento a esa sentencia, no sé qué previsión tiene el Gobierno. Nosotros estamos convencidos de que en la lucha contra el cambio climático, especialmente en sectores difusos donde hay que traspasar los
recursos, son las comunidades autónomas las que son competentes
en materia de vivienda y en materia de movilidad. En un contexto, se lo hemos comentado al secretario de Estado de Energía, en el que nos preocupa que los recursos de los derechos de emisiones se dediquen fundamentalmente al sector
eléctrico, no a las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático. Y esto es una crítica que ya formulamos al anterior Gobierno y que la mantenemos en relación a este Gobierno. Y me gustaría conocer cuál es el criterio del secretario de
Estado.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría. A continuación demos la palabra al Grupo de Ciudadanos, y la toma en su nombre el señor Martínez, si no me equivoco.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Morán, y bienvenido a la Comisión.
Yo creo que empezar a hablar de unos presupuestos que tienen un agujero de 10 000 millones en inversiones no los hace muy reales, y además es de esperar que el índice de ejecución sea muy bajo. Estamos ante unos presupuestos que no son
creíbles y que han sido tachados de irreales, como digo, por la mayoría de organismos de control de este país, públicos y privados. Son unos presupuestos pensados para contentar a extremistas y separatistas, a quienes quieren romper España. No se
los creen en Europa, que recientemente le enviaron a la ministra Calviño Montero una carta donde le advertían que se desvían del ajuste de déficit y por no cumplir con las directrices de reducción de deuda. No se los cree el Banco de España, que
pone en duda la previsión de ingresos tributarios y cotizaciones sociales. Y no los cree la AIReF, que pone en solfa su original sistema para estimar la recaudación por IVA en años de trece meses, y además rebaja a la mitad los ingresos por
impuesto de sociedades y por las tasas Google y Tobin, que ni siquiera estarían en vigor en este presente ejercicio. Y tampoco se los creen los empresarios, porque tienen un exceso de gastos y de impuestos. Yo creo, honestamente, que tampoco los
creen ustedes.
Recientemente el presidente, en la cumbre de Davos, se erigió en el líder de la lucha contra el cambio climático, y situó a nuestro país como un referente a nivel, cuando menos europeo, en esta lucha. Habló de movilizar el Estado español
casi 200 000 millones de euros en un periodo de 10 años. Y en el borrador de cambio climático que está circulando por ahí, incluso ustedes contemplan que un 20 % de todos los recursos de los Presupuestos Generales del Estado tenga un impacto
positivo en la descarbonización y electrificación de España. Yo puedo llegar incluso a compartir todo esto, pero al final lo que no está en las cuentas no deja de ser una palabrería y juegos de artificio. Al final se convierten en las cuentas del
Gran Capitán: en picos, palas y azadones, 100 millones; 100 000 ducados en guantes perfumados; y 170 000 ducados para arreglar las campanas destruidas. Porque, puestos a fabular, con ese agujero, ¿por qué no damos más alegría a los presupuestos,
dedicamos más dinero al cambio climático? No tiene sentido.
Al final, el presupuesto de Energía solo crece -y lo hemos visto con el anterior compareciente, el secretario de Estado- un 0,5 % con respecto a 2018. Es que llevan cuatro años que se mantiene estable, esto es, solo ha crecido 29 millones,
y supone el 1,6 % del total del gasto.
Y el de Transición Ecológica solo crece un 3 %, no del total del gasto, sino del presupuesto, que son 80 millones, y que viene a coincidir con el bono social que ustedes anuncian y que yo comparto.
¿Dónde está el liderato que anunciaba el señor Sánchez en estos presupuestos en la lucha contra el cambio climático, en qué partidas? Estos no parecen ser, a mi juicio, los presupuestos para iniciar una transición ecológica ni el inicio del
cambio del modelo energético.
El índice de actuación climática que se reconoció recientemente, el pasado 10 de diciembre, sitúa a España en el puesto número 38 en la lucha contra el cambio climático y nos da actuaciones muy pobres, si bien hemos subido dos o tres puntos
con respecto al anterior. Eso hay que reconocerlo, se han dado algunos ligeros avances. Por tanto, ¿son estos presupuestos realmente la luz verde que se anunció en Davos por parte del presidente Sánchez?
En caso de tener que avanzar el cierre contable de los presupuestos o recortar en ejecución, ¿qué partidas recortaría su ministerio, si ya vemos que existe un déficit de 10 000 millones?
Ya hemos visto que sube Calidad de las Aguas, pero yo mucho me temo que se debe a algo que hemos heredado fruto de la mala gestión del Partido Popular y del Partido Socialista, que yo creo que son las multas que tenemos que pagar a Bruselas
por la mala depuración de aguas. Tenemos que pagar 12 millones por el agravante del carácter prolongado de la infracción, ha estado muchos años, como usted ya sabe, y tuvimos recientemente un debate sobre este tema; y los 11 millones semestrales
que hay que pagar mientras no se subsane el problema.
Suben también programas 457M y 423, vinculados a la minería del carbón, y que son los 80 millones que se corresponden con el bono social.
Nos preocupa especialmente el retroceso de todos los programas vinculados al agua, en un país donde un tercio está en déficit hídrico y los estudios de la Comisión del Agua -lo pudimos ver recientemente, donde estuvieron muchísimos técnicos-
avanzan que cara al escenario 2030 el 65 % del país estará en déficit hídrico. Y estas partidas bajan en gestión de infraestructuras, la 452A y la 452M, un 6 % y un 16 %. Baja también de manera espectacular la protección del medio natural y del
medio ambiente, un 10 % y un 60 %. Me gustaría que me explicara esto. Y se reducen claramente planes como el PIMA, plan Aire, plan Residuos, plan Adapta; en la fiscalidad verde la única apuesta que vemos es el afán recaudatorio con el impuesto al
diesel, que va a penalizar a 17 millones de ciudadanos.
¿Dónde está en los presupuesto la apuesta por la economía circular? ¿Su ministerio sigue manteniendo la estrategia de economía circular? Yo no lo he visto en los presupuestos. Si me lo pudiera aclarar.
Las ministras Calviño y Montero anunciaron unos presupuestos especiales para Transición Ecológica que contemplaban la movilidad sostenible, la calidad del aire, las áreas mineras y la eficiencia ambiental. ¿Estos son estos presupuestos
especiales? ¿Son realmente estos? Esto es una anuncio que no tiene ni calendario ni recursos, las cuentas del Gran Capitán.
Y volviendo al agua: allí se reconoció que el principal riesgo para la economía mundial es el clima. Y el tiempo corre en contra nuestra. A ustedes parece que también, al igual que al Partido Popular, les falta ambición. Seguimos sin la
ley de cambio climático, seguimos sin un plan nacional integral de energía y clima, que anunciaron para el mes de agosto del año pasado. No sabemos dónde está; el secretario de Estado de Energía ha dicho que en las próximas semanas lo vamos a
tener. Esperemos que sea verdad. No existe una estrategia de transición justa. Hay partidas para transición justa, pero no existe una estrategia de transición justa. Y no existe un pacto de Estado de agua, que como ya hemos visto incluso se
disminuyen las partidas de agua en estos presupuestos.
Con toda sinceridad: son unos presupuestos que en materia de lucha contra el cambio climático no son creíbles y que no sientan las bases de un desarrollo económico que dé respuesta a la sostenibilidad y al medio ambiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. A continuación toma la palabra el portavoz, en este caso el señor Arrojo, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor ARROJO AGUDO: Gracias por estar aquí. Permítanme una queja, para desahogar el alma, que tuve que hacer ayer también en Agricultura, pero me veo obligado a hacerla para desahogar un poquito el alma. De entrada siento perplejidad,
y luego consternación, por cómo se aborda, por parte en este caso de Ciudadanos y del Partido Popular, un debate de presupuestos en donde previamente han saboteado las posibilidades de una senda de déficit y de un techo de gasto que estaba negociado
en Bruselas y que nos daba mucha más capacidad y aire. Sabotear eso y luego venir aquí a pedir más, porque es lo que toca en un ejercicio de cinismo que me arruina el alma. Me dicen los amigos 'te tienes que acostumbrar al cinismo político y al
cinismo presupuestario'. Pues no me pienso acostumbrar, quiero salir vivo de este Parlamento. Pero simplemente permítanme esta licencia de entrada. Y por favor, si usted me llama a mí extremista, le tengo que llamar de usted. Nos hablamos de tú,
tenemos confianza. ¿Te devuelvo el insulto? Porque también tengo razones para pensar en vuestro extremismo. Vamos a intentar ser un poquitín más positivos en nuestras relaciones parlamentarias.
Mire, mi reconocimiento, que ya lo sabe, nuestro reconocimiento al trabajo que están realizando en su ministerio después de un largo periodo de oscuridad en la cuestión ambiental, que estaba desaparecida de la agenda del Gobierno durante
muchos años.
En el limitado tiempo de que dispongo expresaré desde luego mi aliento y mi apoyo a sus esfuerzos, pero lo concretaré en una crítica que será clara, pero al mismo tiempo será leal y constructiva, a la vertiente de los presupuestos que
corresponden a las políticas de aguas.
Permítame ante todo plantear, y no solo a usted sino a todas sus señorías, una consideración general que es clave en materia de aguas y en materia de economía: señorías, tenemos un grave problema, muy serio, que nadie ha querido reconocer
ni afrontar ni en este, ni sobre todo en anteriores gobiernos de distinto signo, jamás, porque hacerlo no da votos. Sin embargo, es ineludible abordar el problema: en este
nuestro país no se recupera ni el 20 % de las inversiones en obras hidráulicas. Y es un tema que tengo estudiado a fondo durante un par de décadas. Con ello incumplimos el principio de recuperación de costes que nos exige Europa, pero al
tiempo ignoramos lo que es más grave, no porque nos lo manden, ignoramos los más elementales principios de racionalidad económica que algunos tanto predican.
La cuestión es compleja. De entrada, un sistema de cálculo de cánones y tarifas que está lejísimos de la recuperación de costes. He hecho muchos cálculos, y en muchos casos no llega ni al 10 % de recuperación de los costes. Pero luego,
una multitud, que eso ustedes los sabrán y todos los que han gestionado, están en confederaciones, una multitud de dificultades, de argucias administrativas que impiden o dificultan que las propias confederaciones cobren como Dios manda esos cánones
y tarifas. Lo saben.
En ese contexto en su momento se promovió una estrategia, la estrategia de las sociedades estatales (que recuerdo perfectamente, en este caso son Acuamed, AcuaEs, Seiasa), una estrategia que el señor Cañete en su momento nos la explicó
clarísimamente, sin complejos. Dijo: 'Señores, esto es una estrategia de transición a la modernidad de la privatización, dando entrada a la inversión privada junto a la inversión pública ante este reto inversor'.
No entró nadie a las sociedades estatales, ni un hombro, ni siquiera las cajas de ahorro, que las metieron en menudos fregados. Ni las cajas de ahorro entraron en las sociedades estatales, con lo cual al final, con sus ventajas y sus
dificultades, son unas cajas bastante oscuras, bastante opacas, en donde se hace inversión púbica enmascarada dentro de lo que son capitalizaciones que presupuesto tras presupuesto metemos para inversiones públicas que quedan difíciles de afectar
desde el control parlamentario que estamos haciendo aquí. Sea simplemente una caja, y entonces una demanda. Eso nos está llevando a unas situaciones que ya lo predigo: detrás de estas dinámicas hay quiebra de estas sociedades, quiebra financiera,
va a venir. Seiasa ya lo anuncia, ya viene. Pero detrás vendrá AcuaEs. Y corrupción: está en los tribunales Acuamed.
Pregunta al Gobierno en general, y entro luego en materia del todo: ¿seremos capaces, estará el Gobierno dispuesto a afrontar, después de los presupuestos, cuando lo vea oportuno, poner en limpio las cuentas del agua y abrir un debate
valiente sobre la financiación en este tema, para desarrollar la racionalidad económica que se nos exige?
Entrando en contenidos concretos de los presupuestos, tres cuestiones con sus correspondientes líneas y propuestas de enmienda, que espero que seamos capaces de consensuar donde sea pertinente.
Uno: desde mi punto de vista no es lógico, no es aceptable priorizar la financiación ni las inversiones masivas sobre proyectos controvertidos sobre los que pesan sentencias judiciales de anulación, y que están recurridas. Pero al menos
por respeto a la función judicial y por prudencia política, ¿qué sentido tiene gastarnos 100 millones de euros en una obra que puede quedar ilegalizada y que ahí quedará, no podrá amortizar nadie? Como mínimo un respeto a eso. Y ahí tenemos los
casos, por ejemplo yo digo, conocidos por mi parte a fondo, de (?) y Mularroya, 31 millones y 22 millones, cincuenta y tantos millones, cuando hay alternativas a donde llevar esto...
El señor PRESIDENTE: Un minuto le queda, señor Arrojo.
El señor ARROJO AGUDO: Por ejemplo, el lindano del Gállego, por ejemplo la regulación de tránsito en Monegros, con balsas y presas que se llenen por gravedad. Y en el Jalón tenemos un acuífero en buena medida vacío. Hemos visto que hay
técnicas de hidroinyección y de alimentación. Ya tenemos la presa hecha.
Segundo criterio: no invertir en proyectos que no se usarán, y por tanto no se recuperarán costes. Por ejemplo, el recrecimiento de Santolea, que era para hacer el cuarto cuerpo de generación de Andorra. Endesa se va, no va a haber ni
cuarto ni tercero, ni segundo ni primero. ¿Qué sentido tiene gastarnos 6,6 millones en una presa, cuando ese mismo dinero AcuaEs lo puede llevar a hacer, por ejemplo, las balsas del Matarraña, que son eficientes y pueden funcionar?
Tercer criterio: no priorizar proyectos afectados por problemas de seguridad geotécnica en tanto no se resuelvan definitivamente los diálogos técnicos y sociales pertinentes. Y ahí tenemos Yesa, ahí tenemos Terroba, tenemos Enciso, que
ayer se inaugura habiendo problemas importantes geotécnicos y sin ni siquiera un plan de emergencia frente a los problemas geotécnicos, con prisas preelectorales. No tiene sentido.
Son cuestiones heredades.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando.
El señor ARROJO AGUDO: Ustedes las heredan, pero tendría que haber una transición en esas cuestiones.
Y permítame reseñar, finalmente, cuestiones que me preocupan mucho. Por ejemplo, ¿quién va a pagar las multas por las cuestiones de saneamiento? Y en particular, 140 millones que vinieron a Aragón, que son fondos públicos para obras de
interés general del Estado que se malvirtieron con gobiernos del PSOE y del PP, y no sabemos nada. Se nos devolverá ese dinero, sería lo razonable. Pero ahí hay incluso fondos europeos.
¿Qué va a pasar con los 0,5 millones en centrales hidroeléctricas que condenan su concesión? ¿Se desarrollará la moción aprobada?
El señor PRESIDENTE: Señor Arrojo, minuto y medio más lleva usted.
El señor ARROJO AGUDO: Medio minutito más y acabo.
El señor PRESIDENTE: Bueno, pregunta telegráfica.
El señor ARROJO AGUDO: En línea con lo presentado con Compromís en Jaca: variante norte, impactos ambientales graves. Intervengan, aunque sea de otro departamento.
Y por último, gestión de sedimentos: fundamental, lo hemos pedido desde esta Cámara. Hágase un programa piloto en el Ebro, que se tiene presupuestado, que puede funcionar en Ribarroja y que puede darnos luz para cuestión de costas de una
manera importantísima. Es factible.
Nada más, gracias, disculpen.
El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría, es un placer escucharle, pero nos debe dos minutos a esta Comisión. Se los cobraré.
A continuación tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista el señor Lamuà.
El señor LAMUÀ ESTAÑOL: Gracias, presidente. Buenos días, señor secretario de Estado.
Déjeme empezar diciéndole que al portavoz de Ciudadanos se le ha olvidado hacer mención expresa, como llevan haciendo unos días, al Falcon. Espero que en su intervención el portavoz del Grupo Popular pueda hacerlo. No me gustaría que el
secretario de Estado se fuera con la sensación de un agravio comparativo, ya que nos lo han recordado en cualquier comparecencia estos días.
Llevamos días con intervenciones apocalípticas por parte de los portavoces del Partido Popular y de Ciudadanos. Parece que traiga más plagas a España este presupuesto de 2019 del Ejecutivo socialista de las que trajo Moisés a Egipto. Lo
cual no parece muy casual, ya que ahora que Aznar vuelve a controlar con mano de hierro el relato de las derechas en España, que vuelvan a esta oposición bronca, crispadora y destructiva que él con tanto gusto y con tanto arte practicó en su día.
Vuelven a aquello que se ejemplificaba o que cristalizó con la frase que le dijo Montoro a Oramas: 'que caiga España, que ya la levantaremos nosotros'. Siempre, siempre la derecha en España impone su bien particular por delante del bien común.
A los que alguna vez creyeron que ese mantra de PP y PSOE son lo mismo, estos presupuestos son una demostración palpable de que no solo no es así, sino que si algo está quedando claro que son lo mismo son Partido Popular y Ciudadanos en la
manera que tienen de atacarlos y de hacer, con una incapacidad total de lealtad y de sentido de Estado, en su oposición a ellos.
Y sirva como ejemplo, por ejemplo, el caso del medio ambiente del Ministerio de Transición Ecológica. En su momento, el anterior Ejecutivo desgajó Medio Ambiente de Energía, creando situaciones, seguramente privadas, pero también públicas
de confrontación entre ministerios que tan bien iba a esa estrategia, sobre todo frente a la lucha contra el cambio climático, de no hacer mucha cosa, de no hacer prácticamente nada.
Los presupuestos son al final la traducción de una determinada posición política. Y en el caso de Medio Ambiente, en el caso de Transición Ecológica, la principal de esas posiciones políticas va incluso más allá de las cifras que nos ha
desgajado el secretario de Estado, es la misma creación del Ministerio de Transición Ecológica, que aúna lo que separaron de manera totalmente incoherente y que permite afrontar con muchas más garantías la lucha contra el cambio climático y la
sostenibilidad ecológica.
Para nosotros la Sección 23 de este año de los Presupuestos Generales del Estado es coherente con ese reto, da respuestas a ese reto, y las partidas que en él se detallan sirven a todo ello como demostración palpable.
El fuerte incremento en la financiación de la Secretaría de Medio Ambiente, un aumento respecto al año anterior de un 10,2 %, casi 94 millones de euros, o la triplicación de la financiación de la Oficina Española de Cambio Climático, que
tanto nos costó seguir en aquellas supuestas partidas repartidas que tenían los presupuestos del año anterior, y que no habían puesto nada. Pues de 27,4 millones a 89,5, como ha dicho el secretario de Estado antes, que este año 3 de 4 euros vayan
dedicados a inversiones, con un incremento a su vez de estas del 22 %, 98 millones más con respecto al año pasado.
No desgajaré toda la retahíla de números en inversión en el fondo para una transición justa, porque ya lo ha hecho bien el compareciente y de una manera muy detallada, pero sí hay que remarcar que lo que se pretende con esto y lo que
demuestra la voluntad social de estos presupuestos es que no solo afrontamos la transición ecológica y energética necesaria e inevitable, sino que lo hacemos sin dejar a nadie atrás, que lo hacemos así porque entendemos y creemos, y el Ejecutivo
socialista lo ejemplifica perfectamente, que la igualdad entre españoles no va de igualarlos bajo banderas, va de darles igualdad de oportunidades. Y allí donde se generan desigualdades de oportunidades, es el Ejecutivo el que tiene que actuar con
partidas repartiendo el bien común para que todos los ciudadanos de España tengan esta igualdad de oportunidades.
Así mismo es muy remarcable que el presupuesto total consolidado de programas de la Secretaría de Medio Ambiente se incremente en un 3,1 %, en 52 millones de euros más.
Y por último, y no menos importante, lo ha dicho el secretario de Estado pero hay que subrayarlo, el compromiso que se nos había pedido, el compromiso que había adquirido ese Ejecutivo en materia de apoyo y de continuar financiando los
parques nacionales con un aumento nada menos que del 47 %, hasta superar los 53 millones de euros.
En resumen, unos presupuestos generales consecuentes con el compromiso inicial que se tomó desde el ministerio de poner a España a la cabeza de Europa en la lucha contra el cambio climático, para hacer una transición energética justa y para
preservar nuestro entorno y nuestra biodiversidad en todos aquellos aspectos en que se ve hoy amenazada. Y entendemos por eso que no les gusten estos presupuestos, particularmente al Partido Popular, porque los pone delante de algunas de las
carencias importantes que había tenido el anterior Ejecutivo, y con él -y también por eso entendemos el nerviosismo que manifiestan estos días- sus socios mayoritarios, el grupo de Ciudadanos. Porque no solo pasa en materia de medio ambiente, que
también, pasa en que queda representado, que queda plasmado que este Gobierno, que este ministerio ataja los problemas reales y cotidianos en los que se encuentran o que sufren nuestros ciudadanos.
Pongamos dos casos, como hemos dicho, los 82 millones para la transición justa en las cuentas de las comarcas mineras; o por ejemplo, los 12 millones para atajar las problemáticas más inminentes en el Mar Menor, en Murcia.
Por lo tanto, estos presupuestos que presenta el Ejecutivo español, lo que tendrían que encontrar, no solo son oposiciones de grupos, sino lealtades y complicidades en todos aquellos gobiernos regionales y autonómicos que encuentran en ellos
plasmados las respuestas a sus necesidades inmediatas. Y crispan porque son unos presupuestos de unión, de cercanía, de diálogo entre territorios. Y eso suena tan distinto porque llevábamos demasiado tiempo con presupuestos dedicados a generar
confrontación, a generar creación de agravios interterritoriales para así no tener que preocuparse de dar explicaciones de las carencias que tenía el anterior Ejecutivo. Ese es el cambio profundo y doloroso que creemos que genera tanto enfado en
los partidos de derechas hoy, y que llevan toda esta semana demostrando comparecencia tras comparecencia, porque se acaba con estos presupuestos el poder alimentarse de la confrontación y el enfado entre españoles de distintos territorios.
Por eso creemos que es bueno, por eso creemos que particularmente en materia de medio ambiente estamos ante un muy buen presupuesto, y que la mayoría de grupos de esta Cámara debería darle su apoyo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría. Ya para cerrar el turno de intervenciones de los grupos toma la palabra el señor Torres, en nombre del Grupo Popular.
El señor TORRES HERRERA: En primer lugar quiero darle la bienvenida al secretario de Estado y agradecerle su presencia en esta Comisión.
Estos son unos presupuestos que no se cree nadie, con los ingresos sobrestimados burdamente. Lo que es peor, la estimación de los ingresos se basa en una subida de impuestos totalmente innecesaria. Sin ir más lejos, esta semana la AIReF
denunciaba que las cuentas de la Administración Central y de la Seguridad Social incluyen un gran desvío presupuestario porque el Gobierno hace un ajuste imposible en la contabilidad nacional. Después de que el Banco de España estimara un desfase
mínimo de 8500 millones de euros, ahora la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha alertado que la ministra de Hacienda ha inflado los presupuestos en casi 11 000 millones de euros. Pero hay más, después de más de 40 comparecencias en
este Congreso, hasta el señor secretario de Estado de la Seguridad Social reconocía que ni siquiera sabían cómo se va a aprobar el impuesto de transacciones financieras, cuando está previsto en los presupuestos recaudar 850 millones de euros.
Estos presupuestos contemplan el menor crecimiento de los últimos cinco años, el 2,2 %. Y lo que es más grave, se frena la creación de empleo. Con estos presupuestos se van a crear 160 000 empleos menos que el año pasado.
No voy a entrar en la valoración de su famoso giro social, un giro que consiste en llevar a cabo las medidas sociales que ya estaban aprobadas por el Gobierno del Partido Popular y en hacer obra pública. Y la obra pública no es mala, y
menos para un área inversora en infraestructuras como la nuestra. El problema es la credibilidad de las cuentas, primero porque, en caso de salir aprobados estos presupuestos, no podrán empezar a ejecutarse hasta entrado el segundo trimestre.
Segundo, porque la ejecución de los presupuestos de 2018 para las inversiones de Medio Ambiente, obligaciones reconocidas, cuando el presupuesto era conjunto con Agricultura, ha sido del 65,3 %. Esto es un problema de gestión incompleta, salvo que
ustedes ahora reconozcan que han frenado toda la obra pública licitada por el anterior Gobierno del Partido Popular para atribuírsela como propia posteriormente.
La primera reflexión que hacemos desde el Grupo Parlamentario Popular es si está justificada la creación de un Ministerio de Transición Ecológica para presentar estos presupuestos. Después de analizar en profundidad los mismos, y a pesar de
los antecedentes ambientales de la señora ministra, la parte energética tiene un mayor peso que la ambiental. Quiero recordarle que solo la Secretaría de Estado de Energía maneja un presupuesto de 4500 millones de euros. Nuestros cálculos son que
el presupuesto de los programas competencia de medio ambiente suman 1847 millones de euros, incluidos los gastos de personal. Esto representa un 2,7 % de incremento, lejos de la subida general del 5,1 % que marca el presupuesto para este 2019.
No hace falta que nos lo diga, fácilmente se puede observar que el máximo esfuerzo inversor se realiza en el programa de calidad del agua, en detrimento de las actuaciones en infraestructuras del agua. La justificación para ello la
encontramos en la reciente sanción de la Comisión Europea por el retraso en la depuración de varias zonas y la puesta en escena del Plan Nacional de Depuración, Saneamiento, Eficiencia, Ahorro y Reutilización. Pero usted sabe como yo, señor
secretario de Estado, que el plan se está tramitando y queda por tanto en evidencia la referida inversión. Además el Partido Popular ya puso en marcha el Plan Crece, en el que se iba a invertir en total, con la ayuda de cofinanciación europea, más
de 1000 millones de euros, y el Partido Socialista lo desprecia. En cualquier caso, señorías, los incrementos para la calidad de las aguas se realizan siguiendo la senda de previsión presupuestaria que el Gobierno del Partido Popular realizaba
cuando aprobó los Presupuestos Generales del Estado de 2018.
En cuanto al programa de gestión de infraestructuras del agua, tiene un fuerte descenso. Afecta especialmente a los organismos autónomos. Ya sabemos que ustedes y sus socios de la extrema izquierda desprecian las infraestructuras
hidráulicas, pero nuestro grupo considera que todavía queda mucho por hacer. Ustedes se encuentran con un ciclo de planificación aprobado, mejor dicho, dos. Y no quiero recordarle el retraso de más de dos años que dejaron ustedes en 2011, una
ordenación de las necesidades que todavía tienen las cuencas hidrográficas de nuestro país. Otra cosa es que ustedes desprecien el trabajo y que consideren que no es necesario realizar las obras.
Usted participaba en la negociación del Pacto Nacional del Agua que le ofreció el Gobierno del Partido Popular, pero desde su llegada al Gobierno han despreciado todo el trabajo realizado anteriormente. Desde el Partido Popular seguimos
considerando necesario un pacto nacional del agua.
En cuanto al programa de cambio climático, señala que se incrementa un 49,16 %; con esta cifra ni siquiera se alcanza el presupuesto de 2016 de los 50 millones de euros, aunque ustedes parecen estar muy orgullosos de haber solucionado el
problema del cambio climático.
Otras partidas distribuidas por las diferentes direcciones generales para ejecutar el plan PIMA de impulso al medio ambiente, que, por cierto, estaba dando buenos resultados y que ustedes despreciaron como parte del presupuesto para la lucha
contra el cambio climático mientras estaban en la oposición, pero ahora mantienen en gran parte.
No le tengo que recordar la situación de incumplimiento de los compromisos adquiridos por España en el año 2011 en cambio climático, que nada tiene que ver con la situación que ustedes se han encontrado al llegar al Gobierno. Por tanto, a
Medio Ambiente le quedan 100 millones de euros de los 1100 que se prevén ingresar con las subastas de derechos de emisión por el incremento del precio del derecho. De estos, la mitad se destina a las cuentas mineras, para solucionar un problema que
el propio Gobierno ha generado. La otra mitad se reparte entre los programas PIMA, que a ustedes les interesa, reducen las aportaciones a otros, y aumentan el fondo de carbono, y todo gracias a las nuevas aportaciones de las subastas.
Señorías, ¿realmente creen ustedes que con estos presupuestos y una ley de lucha contra el cambio climático, pendiente de traer a esta Cámara, como se comprometió la señora ministra en el mes de julio, se va a poder afrontar esta transición
que anunciaba hace escasos meses?
Por cierto, se echan en falta los 30 millones que ustedes tanto solicitaban en los Presupuestos Generales del Estado de 2018 para cambio climático.
Por otra parte, después de desmenuzar detenidamente estos presupuestos me gustaría poner énfasis en algunas cuestiones que le voy a señalar a continuación.
No se tienen en cuenta las medidas suficientes para contribuir a la reducción de las emisiones atmosféricas en las grandes ciudades, más allá del impuesto al diesel. Sería más efectivo renovar el parte automovilístico con vehículos más
modernos y menos contaminantes, como proponemos desde el Partido Popular. Hay dos millones de vehículos sin ITV circulando por nuestro país. Y nuestro parque móvil es el más antiguo de Europa: 12,5 años de media. Eso supone mayor riesgo para la
seguridad vial y más contaminación general. Por ello, ya les avanzo que hemos presentado una proposición no de ley para el diseño de un plan de choque para la renovación del parque móvil en nuestro país.
La economía circular debe ser liderada desde las políticas ambientales, así lo dejó previsto el PP; y la Estrategia Española de Economía Circular, en concordancia con los postulados de la Unión Europea, daba respuesta al conjunto de
aspectos que deben ser tenidos en cuenta.
Por último, señorías, y como diputado de la provincia por Santa Cruz de Tenerife, permítanme que observe con preocupación que no se incluya nada para el apoyo a la puesta en marcha de los planes de inundación para la islas Canarias, en base
a las previsiones referidas por la Aemet al respecto. Asimismo, la Comunidad Autónoma de Canarias pierde 6 millones de euros de actuaciones para protección ambiental en la costa; 30 millones para actuaciones hidráulicas; y 10 millones para
inversiones en depuración, partidas todas ellas fundamentales en una comunidad tan singular como nuestras queridas islas Canarias.
Aprovechando su comparecencia aquí, me gustaría también preguntarle por la situación en la que se encuentra el radar meteorológico en la isla de Tenerife, en el municipio de Buenavista del Norte, una actuación que comenzó en el año 2015 y
que al día de hoy todavía no está ejecutada. Sé que está en estado avanzado de ejecución, pero me gustaría saber para cuándo podrá ser realidad.
Nada más, señor Morán, usted era diputado del Grupo que sustentaba al Gobierno del señor Zapatero y sabe lo perjudicial que es hacer un mal presupuesto o dejar sin presupuesto un país, como hicieron en el año 2011. Esperemos que no vuelvan
a caer ustedes en los mismos errores que en el pasado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: A usted, señoría. Terminado ya este turno de los grupos parlamentarios, tiene usted la palabra, secretario de Estado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE MEDIO AMBIENTE (Morán Fernández): Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias, señores diputados.
Coincido en la parte final de la intervención del diputado señor Torres, en lo malo que es para un país no contar con Presupuestos Generales del Estado. Y me voy con satisfacción porque eso supone que usted va a apoyar los Presupuestos
Generales del Estado, si tan mal entiende que supondría para este país no tenerlos aprobados, con lo cual comienzo por manifestar mi satisfacción, porque efectivamente no contar con unos Presupuestos Generales del Estado es bastante peor para el
país, para su economía, para los ciudadanos, que contar con ellos. Por lo tanto, que mi satisfacción quede de manifiesto aquí.
Intentaré dar respuesta a algunas de las cuestiones planteadas en el término en el que me han sido trasladadas, aunque les advierto que han salido a colación interpelaciones hacia el Ministerio de Hacienda, hacia el Ministerio de Fomento,
distintos ministerios, que me van a permitir ustedes que no vaya más allá de mis competencias, más allá de hacer alguna consideración respecto a las peticiones que se nos trasladan.
El señor Bataller planteaba alguna preocupación respecto a algunos proyectos que el Ministerio de Fomento tiene previsto ejecutar, y aprovecho, coincido también con una cuestión que planteaba el señor Arrojo: desde el Ministerio para la
Transición Ecológica, desde esta secretaría de Estado, concretamente desde la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, nos corresponde velar por la compatibilidad ambiental de los proyectos. No le quepa a usted la menor duda de que,
en la medida en la que nuestras competencias son precisamente esas, las ejercitaremos. Y tomo nota de las cuestiones en los términos en los que usted me lo plantea para trasladarlos a su vez al Ministerio de Fomento.
En la parte que me pregunta ya directamente de nuestra competencia, en el ámbito de las desaladoras y en una cuestión muy concreta también en materia de aguas, estamos en estos momentos en un proceso bastante avanzado de la definición del
plan estratégico de conexión de infraestructuras y equipamientos de desalación e infraestructuras de gestión de agua para todo el territorio concernido, en este caso con los sistemas de abastecimiento por la vía de desalación (Comunidad Valenciana,
Región de Murcia, parte de Andalucía). Esperamos tenerlo concluido en un plazo razonable y someterlo a su consideración en la medida en que, más allá de que estamos acometiendo ya las inversiones más inmediatas en materia de capacidad de incremento
de desalación en algunos de los equipamientos existentes, si no me equivoco creo que se estaría celebrando ahora mismo el Consejo de Administración de Acuamed, que debe de dar por culminado el convenio con Red Eléctrica Española para la duplicación
de la capacidad de generación de agua desalada en la desaladora de Torrevieja, pero efectivamente hay una preocupación en que más allá de la posibilidad, relativamente al alcance del ministerio, de poder en un plazo de tiempo razonable duplicar la
capacidad de desalación, es evidente que si no tenemos infraestructuras para gestionar esa capacidad de desalación y su distribución adecuada en el territorio no habríamos completado adecuadamente el mecanismo de planificación. Espero hacérselo
llegar en un plazo razonable y tener la posibilidad de someterlo a la consideración de esta Comisión.
En el caso concreto de la balsa de San Diego, sabe usted que hay una previsión de inversión de 37 millones de euros que alcanzan hasta el año 2022. Se inicia en estos momentos con un proyecto que es el de impermeabilización, que es el que
consideramos que es ejecutable a lo largo de este ejercicio. Pero evidentemente el compromiso de asignación de fondos previsto sigue ahí incluido.
Quiero agradecerle, por tanto, sus aportaciones.
En el caso del señor Campuzano, aunque se ha ido, me dice que me escuchará en diferido, pues no voy a dejar de hacer mención a algunas de las cuestiones que plantea.
Hay varios planes estratégicos ya elaborados por parte de la Dirección General de Costas. Precisamente Cataluña ha sido el territorio por el cual la Dirección General de Costas ha empezado a trabajar, y en función de la capacidad que
tenemos de aplicación de las estrategias que se derivan de cada uno de estos planes vamos asignando las partidas presupuestarias correspondientes, de tal manera que coloquemos en el presupuesto aquello que efectivamente podamos ejecutar. Y luego
abundaré en una reflexión que hacía el señor Arrojo, en este caso en relación con la política de aguas.
No obstante, quisiera hacer una mención específica a algo que apuntaba inicialmente en términos generales. La deriva que hemos tenido a lo largo de los últimos años en la asignación de los presupuestos de la Dirección General de Costas, y
lo conoce perfectamente el Gobierno anterior y el partido que lo sustenta, es ciertamente preocupante. En los últimos tres años han sido del orden de 140 millones de euros los que han sido destinados a reparación de daños, consecuencia de
afectaciones en el litoral a raíz de sucesos, fenómenos extremos.
Esta es una realidad que nos va a acompañar en el tiempo a lo largo de los próximos años, es decir, vamos a tener que reconsiderar cuál ha sido la estructura normal de unos presupuestos en el ámbito de determinadas políticas de carácter
ambiental, porque mitigación, adaptación y reparación van a llevarse el grueso de la capacidad de inversión. Vamos a tener que intervenir cada vez con mayor volumen de asignaciones presupuestarias a este tipo de actuaciones. Con lo cual es
razonable pensar en que las inversiones en obra nueva se minoran en tanto que se incrementan exponencialmente las necesidades de inversión en materia de reparación, y que esto debe llevarnos también a repensar en qué tipo de infraestructuras vamos a
invertir en los próximos años, de tal manera que la inversión clásica a la que
venimos estando acostumbrados en proyectos de ejecución, básicamente en materia de costas como en materia de aguas, no va a ser la que hasta ahora habíamos estado acostumbrados a ver. Probablemente vayamos a tener que acostumbrarnos a ir a
dar un tránsito desde las inversiones en hormigón hacia las inversiones en naturaleza, porque las inversiones en hormigón son las más vulnerables a los embates del cambio climático, en tanto que las inversiones en naturaleza nos aportan resiliencia,
nos aportan capacidad de gestión mucho más razonable de los presupuestos, y mucha más seguridad, en términos de seguridad física para los bienes y en términos de seguridad física para las personas.
Preguntaba el señor Campuzano respecto a las previsiones de aplicación de los fondos que van destinados a políticas competencialmente atribuidas al ámbito de las comunidades autónomas. Esta es una cuestión que hemos venido tratando con las
comunidades autónomas en sucesivas reuniones a lo largo de los últimos meses. Se han producido algunos avances, y confío en que en un plazo razonable y con la voluntad de cooperación de ambas administraciones estemos en condiciones de establecer un
mecanismo de gestión lo suficientemente razonable como para sacar el máximo rendimiento a los recursos presupuestarios escasos a los que tenemos que hacer frente.
La reflexión que hacía el señor Campuzano de que el grueso de los fondos que provienen de ingresos de las subastas de derechos de emisión va dirigido al ámbito de energía. En materia de cambio climático hay dos cuestiones sobre las cuales
es necesario intervenir. Si abordamos una ley de cambio climático y transición energética en esos términos y dejamos para fases siguientes la intervención en algunas otras leyes que precisan de una transición (léase transición hidrológica, por
ejemplo) es porque la herramienta principal con la que contamos para poder hacer frente a la deriva en materia de cambio climático, es decir, mitigación, reducción de emisiones, es precisamente el ámbito energético. Por eso una ley de cambio
climático y de transición energética, porque la propuesta política debe venir acompañada de la herramienta que debe llevarla a cabo. Y esa es la razón. Si somos capaces de actuar razonablemente bien en materia de planificación energética, es
razonable pensar que en próximos años irá produciéndose una traslación de capacidad de inversión a políticas de adaptación que en otros ámbitos son las que corresponde gestionar.
Efectivamente deberíamos ir pensando en que, más allá de cuál puede ser la deriva de la gestión en el ámbito del mercado de los derechos de emisión, es razonable ir haciendo un proceso de transmisión de los recursos obtenidos del ámbito de
la energía al ámbito ambiental. Y en esa línea se inicia el recorrido con los presupuestos de este año, de 2019.
El señor Martínez, el diputado Martínez por parte del Grupo de Ciudadanos, me hacía un reproche inicial en el sentido de que los presupuestos van destinados a contentar a extremistas y a separatistas. Bueno, yo no sé por qué el señor Arrojo
se ha sentido aludido, porque de la relación que yo mantengo con los miembros del Grupo de Unidos Podemos, la verdad, no encuentro posiciones ni separatistas ni extremistas en los planteamientos en materia ambiental. Más bien lo que me encuentro
son posiciones racionales y muy en línea con lo que la comunidad científica internacional viene planteando con carácter general al conjunto de los gobiernos.
Pero, mire, los presupuestos que traemos han sido presupuestos contrastados a pie de territorio con todas y con cada una de las comunidades autónomas, porque se ha seguido un proceso de encuentro con los representantes de los gobiernos de
las distintas comunidades autónomas y de no pocas administraciones locales, lo cual nos ha permitido ir aquilatando la capacidad de inversión del ministerio a las necesidades en términos de prioridad que las distintas comunidades autónomas o
ayuntamientos nos iban trasladando.
Si usted desglosa aquellas partidas que cuentan con nombre y apellidos y va usted a preguntar al territorio concreto al cual van dirigidas, se va a encontrar usted con que efectivamente le van a decir que son inversiones necesarias, que
habían sido trasladadas en términos de prioridad al ministerio, y que en esos términos se recogen. Y ese ha sido el proceso que hemos seguido, no ningún otro. Y le puedo decir que han sido gobiernos autonómicos y locales de todos los colores. De
esos, yo considero que tan razonables son las peticiones que me trasladan los gobiernos de un color como las que me trasladan los de otro color. Es más, en la mayoría de los casos son coincidentes en las líneas de acción que nos trasladan como
prioridad. Y todos ellos han recibido de buen grado los criterios de priorización que desde el ministerio les hemos ido trasladando, especialmente en materia de aguas, que es una de las áreas que más preocupa al conjunto de los gobiernos de los
distintos territorios.
En relación con la estrategia de economía circular a la que usted se refería, está siguiendo con el proceso que yo le comentaba. En estos momentos acabamos de concluir recientemente la recepción de aportaciones por parte del conjunto de las
comunidades autónomas. Creemos que es una estrategia que
debe salir de la mano del conjunto de las administraciones. No era razonable que el Gobierno pusiese en marcha un mecanismo de aprobación de la estrategia de economía circular antes de tener el conocimiento cabal de qué esperan de ello y
hasta dónde esperan llegar las distintas administraciones, locales y autonómicas. Y hemos seguido ese proceso escrupulosamente.
En estos momentos hemos concluido esa fase de consultas. El documento ya ha aportado todo lo recogido, no solamente de las administraciones locales, porque ha sido un documento, y lo conoce en este caso también el Grupo Popular,
amplísimamente participado. Hemos intentando incorporar en la medida de nuestras posibilidades y conciliar las preocupaciones del conjunto de los agentes que han participado en el proceso de consulta. O sea que no estamos en un retraso en la
misma, sino que sencillamente estamos en un proceso de participación y de consulta lo más amplio posible.
Es cierto que hemos subido del orden de dos, tres puntos en el índice de compromiso climático como país. Usted ve la botella medio vacía, yo la veo medio llena y con capacidad de ir llenándose cada vez más. ¿Nos satisface esta posición?
En absoluto. Si podemos ir ganando año a año, no dos o tres puntos, sino seis u ocho puntos, en un plazo de tiempo razonable nos colocaremos allí de donde nunca deberíamos haber salido, que es en las posiciones de cabeza de países comprometidos en
la lucha contra el cambio climático. Como entiendo que esa es también su aspiración, porque en términos vehementes me lo ha trasladado, pues plena coincidencia con su consideración.
Y en el ámbito de la estrategia de transición justa, que usted me plateaba que no existe, ha habido que abordar un proceso de aplicación inmediata, que es la que afecta al conjunto de los territorios que culminaban un proceso de aplicación
de las llamadas ayudas de Estado para la minería del carbón. Concluía el 31 de diciembre de 2018. Era imprescindible avanzar en una estrategia de transición justa de carácter sectorial específica, porque no llegábamos a tiempo en la definición de
una estrategia de transición justa de marco general.
Y esa ha sido la razón que ha llevado a anticipar esa herramienta concreta en el ámbito sectorial. Pero la herramienta de transición justa con carácter general que va incorporada a la Ley de Cambio Climático y Transición Energética,
lógicamente será sometida a la consideración de la Cámara antes de ser aplicada. La única razón de haber anticipado esta era sencillamente un problema de calendario que se iba a traducir en un problema social y territorial muy serio. Pero tendrán
ustedes como grupo parlamentario la oportunidad de participar en ese proceso de debate.
Al señor Arrojo, que me planteaba una crítica constructiva y un apelación al retraso, vamos a llamarlo así, que lleva nuestro país en relación con la aplicación del principio de recuperación de costes en el ciclo del agua. No puedo menos
que decirle que coincido plenamente con lo que usted me traslada. Aquí va a ser necesario también hacer un proceso de transición justa, porque está construida una realidad económica en relación con la gestión del recurso agua que ha llevado a
planificaciones territoriales, sectoriales, que afectan al empleo en muchos territorios con una especial incidencia, a las cuales no se les puede poner de la noche a la mañana en la tesitura de un cambio sustancial de capacidad de gestión. Con lo
cual tenemos que empezar a trasladarlo a país, y eso aparecerá recogido en el documento que confiamos también en someter a la consideración de la Cámara en un plazo de tiempo razonable; de hecho, el documento va a ser circulado en los próximos días
al conjunto de las comunidades autónomas para poner en marcha el mecanismo de participación de las distintas administraciones. Pero el principio de recuperación de costes no puede estar fuera de la política de aguas de este país por dos razones:
primero, porque es de justicia social; y segundo, porque si no, acabará derivando en un procedimiento de infracción y las consecuentes sanciones para el Reino de España. Por lo tanto, aunque solamente fuese por razones económicas, habría que
hacerlo, pero por justicia social es evidente que tenemos que ponerlo en marcha.
En el marco global de cómo definimos la nueva política del agua, quizás no se vea con claridad. Solamente he apuntado inicialmente la estructura presupuestaria que hoy someto a la consideración de esta Comisión, pero tenemos que definir con
claridad el papel que le corresponde a la Dirección General del Agua, el papel que les corresponde a las confederaciones hidrográficas y el papel que les corresponde a las sociedades estatales de agua, porque en estos momento hay una confusión total
de intervención que se solapa en los territorios y en materias competenciales, en las cuales es difícil deslindar cuál es la competencia de cada quién.
En la parte que toca al Gobierno tenemos claro cuál es el mecanismo de distribución de esas competencias en cada una de las áreas, pero queremos someterlo a la consideración de la Cámara.
Entendemos que las confederaciones hidrográficas tienen un papel especialmente de gestión del recurso agua, de control de la gestión del recurso agua, y del apoyo en todas aquellas actuaciones que
no implementen un principio de recuperación de costes, aquellas que sean consecuencia de intervenciones en materia de adaptación, que no conllevan la aplicación de tasas y por lo tanto no hay un retorno en la recuperación de esas
inversiones; en tanto que todas aquellas que conlleven un principio de recuperación de costes deben ser ejecutadas por las sociedades estatales de agua, o la Sociedad Estatal de Agua. Probablemente este país tenga que caminar hacia la existencia
de una sola Sociedad Estatal de Agua, culminando el proceso que se inició allá por el año 2010 y continuado en el año 2012 de la refundición de las sociedades estatales de agua.
No es razonable -decía- seguir consignando partidas presupuestarias en proyectos que por distintas razones puedan tener comprometida su viabilidad a futuro, sea porque sean proyectos que estén judicializados, sea por proyectos que no tienen
concluidos sus procesos de consulta en materia ambiental, e incluso de seguridad. Eso forma parte del mecanismo de planificación al cual tenemos que hacer frente. Pero debemos tener en cuenta que el proceso de reasignación de fondos en
infraestructuras que van dirigidos a mejorar la capacidad de gestión de las aguas en cada uno de los territorios tiene que ser en procesos consensuados.
Tiene que ser la Administración General del Estado, con las administraciones autonómicas y las propias administraciones locales, la que defina en términos de oportunidad el redirigir algunas de las inversiones que están en estos momentos o
que están históricamente, porque algunas de ellas llevan años, por no decir décadas, incorporadas a los presupuestos, si con el conocimiento que hoy tenemos en relación con las afectaciones y los impactos de cambio climático, fundamentalmente por
estas, no fuese más razonable poder redirigirlas hacia otras inversiones de mayor interés económico, ambiental y social para esos mismos territorios. Pero lo que no vamos a hacer es imponer esos cambios desde el ministerio, sino que creo que es
razonable habilitar procesos de diálogo para que esto se produzca en términos de un acuerdo lo más amplio posible.
Y es verdad que en paralelo se producen algunas decisiones que no son directamente competentes de esta secretaría de Estado, pero que afectan en el ámbito de la gestión de la Secretaría de Estado de Energía a concesiones no menores,
ciertamente, de aprovechamientos de agua en distintas demarcaciones y que, en la medida en que hay una redefinición de los modelos de producción energética de cara a los próximos años, habrá que planificar con capacidad suficiente, y también en
beneficio de los propios territorios, hacia dónde se redirigen esas concesiones que van a tener usos distintos de los que en estos momentos tienen.
Planteaba algunas cuestiones concretas. ¿Quién va a pagar las multas? Siguiendo el modelo del principio de recuperación de costes, el conjunto del país, comunidades autónomas, ayuntamientos que cumplen religiosamente con sus objetivos de
planificación en materia de aguas, en cumplimiento de objetivos de saneamiento y depuración, de definición de planes de inundaciones, no pueden estar soportando en términos solidarios el coste de aquellas administraciones que no cumplen. Y en ese
sentido creo que debemos dar el paso que, por cierto, ya he tenido oportunidad de trasladar al conjunto de representantes de las comunidades autónomas, de que cada administración tendrá que hacerse cargo de la responsabilidades que se derivan de los
incumplimientos y que se traducen en sanciones por parte de la Comisión Europea al Reino de España.
Tendrá que asumir la Administración General de Estado la repercusión de las multas en aquellos proyectos que hayan sido declarados de interés general, y por lo tanto que corresponda a la Administración General del Estado la ejecución de las
mismas, pero serán las comunidades autónomas, y en su caso los ayuntamientos, que no cumplan con los objetivos en proyectos que sean de su competencia quienes tengan que asumirlas en términos de justicia social. Porque al mismo tiempo que esto nos
lleva a restar capacidad de inversión para proyectos destinados al conjunto de los territorios, se da la circunstancia de que esa merma de recursos para inversión trae causa de la necesidad de tener que invertirlos o derivarlos precisamente a los
territorios que menos se adaptan a los objetivos de cumplimiento. Evidentemente es un desequilibrio que tenemos que corregir, y creo que es fácil de entender para el conjunto de la sociedad.
Hacía una relación de un conjunto de presas, cuatro o cinco, si no me equivoco, de las cuales tomo nota. Ya en alguna ocasión el diputado ha tenido la oportunidad de trasladarme alguna preocupación concreta con alguna de ellas, y
evidentemente tendré que trasladarle cuál es en estos momentos el grado de ejecución de algunas de esas obras, las responsabilidades que se derivan a futuro inmediato en relación con algunas de ellas que están en ejecución, y las medidas que se han
adoptado y que se han de adoptar fundamentalmente en materia de seguridad, que era alguna de las preocupaciones que usted trasladaba.
Concretamente en el caso de la presa de Enciso, hice una visita a la obra. Porque aquello de que a mí esto de las inauguraciones no es una cosa que me... la presa estaba concluida, era razonable visitarla fundamentalmente por dos razones:
primero, porque se me había trasladado esa preocupación por parte del diputado, y quería conocer a pie de obra cuál era la situación real por parte de las administraciones responsables de su ejecución, y porque los ayuntamientos de la zona
trasladaban una preocupación sostenida a lo largo de años de incumplimientos en materia de proyectos destinados a obras de restitución. Tuve oportunidad de verme con los alcaldes, que era principalmente la razón de la visita, y conocer, por parte
en este caso directamente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, las previsiones que hay en materia de seguridad, y por parte de los responsables de la ejecución de la obra, que como sabe usted estaba ya prácticamente concluida, cuáles han sido
las que se han tenido en cuenta a lo largo del proceso de ejecución. Con esta, igual que con cualquier otra, intentaré, para dar cumplida respuesta a sus preocupaciones, no recabar los datos desde el despacho sino sobre el terreno, tener la
oportunidad de contrastarlas. Es más, si en alguna ocasión tiene usted la oportunidad y le apetece acompañarme, yo le invito a que lo haga.
En el caso de la intervención del diputado señor Lamuà, yo no sé cómo definirlo, intenté hacer una apreciación en ese sentido en mi intervención inicial y coincido un poco en la ampliación de argumentos que usted trasladaba. Con carácter
general hemos intentado construir un Gobierno que, con primera tarea, se encomiende la de la recuperación y la restitución de los derechos perdidos por los ciudadanos como consecuencia de los impactos de la crisis. Y comentaba en mi intervención
inicial los dos ámbitos que han sido los más afectados por este proceso doloroso que ha sufrido este país y el conjunto de la sociedad, más allá de nuestras fronteras: y son la pérdida de derechos sociales y la pérdida de derechos ambientales.
Con lo cual, enlazo con la intervención también del señor Torres: ¿estaba justificada la creación de un Ministerio para la Transición Ecológica? En la medida en la que creemos que la recuperación de los derechos ambientales forma parte de
los objetivos principales que debe marcarse un país, que debe marcarse un Gobierno, consciente de lo que ha sufrido el conjunto de la sociedad, sí lo es. Fuera del ámbito de un Ministerio para la Transición Ecológica estaríamos desenvolviéndonos en
un debate vinculado sencillamente a las cuestiones que usted ha planteado como prioritarias, que es el debate sobre las infraestructuras, que ciertamente son importantes, pero que no forman parte del eje central de actuación del Ministerio para la
Transición Ecológica.
El eje central de la acción del Ministerio para la Transición Ecológica está en rescatar el capital natural de este país para el conjunto de la sociedad. ¿Que esto pueda generar plusvalías en los territorios que deben ser adecuadamente
redistribuidas? Efectivamente. ¿Que son necesarias inversiones, en muchos casos, para poder asegurar que la gestión del capital natural es eficiente? Pues también. ¿Y que esto como consecuencia trae causa de la capacidad de movilizar el sector
económico en nuestro país? Pues también. Y en ese sentido creo que en el diálogo que venimos manteniendo con el conjunto de los sectores económicos estamos intentando encaminar, y a menos que yo me equivoque coincide nuestra línea de actuación con
la que se nos ha venido trasladando por parte de los distintos agentes, esperamos responder a plena satisfacción con ello.
¿Los presupuestos son poco creíbles? Hablo de la parte que le toca a esta secretaría de Estado. Miren, se quejan ustedes en algún caso de una cosa y de la contraria. Se quejan de que crecen poco los presupuestos, y a continuación se
quejan de que no son creíbles porque no hay capacidad para ejecutarlos.
Hemos ajustado las partidas presupuestarias de cada una de las direcciones generales a tenor del conocimiento, no de la ejecución, del presupuesto de 2018. No obstante, si ustedes tienen interés, podríamos abundar en cuál ha sido el proceso
de ejecución de los presupuestos de los últimos diez años, pero la capacidad de ejecución presupuestaria tiene que ir en consonancia con el contenido de los propios presupuestos.
Los presupuestos, en lo que toca a esta secretaría de Estado, son lo suficientemente creíbles como para que nuestro compromiso es el de alcanzar unos niveles de ejecución presupuestaria al final del ejercicio que se correspondan con los
compromisos inicialmente adquiridos.
Es verdad que no es solo -y usted lo comentaba- presupuesto, que no son solo cifras, y comentaba usted la necesidad de intervenir en algunas otras cuestiones, como es la de la cooperación con otras administraciones; hablaba concretamente de
la necesidad de reducir las emisiones en las ciudades. Yo les invitaría a que trasladen ese compromiso al conjunto de su acción política a todos los niveles de las
administraciones y los territorios. Pongan en marcha un compromiso de cooperación con las administraciones locales para alcanzar mecanismos lo suficientemente efectivos para la reducción de emisiones en las ciudades. Tengan ustedes en
cuenta que se está en un proceso de aprendizaje en el cual hay muchas ciudades fuera de nuestro país que ya tienen hecho ese recorrido, que ciudades como Madrid o Barcelona han puesto en marcha sus propios mecanismos para poner en marcha esos
procesos de reducción de emisiones. Y que ustedes se han opuesto de forma radical a la aplicación de los contenidos de esas políticas. Yo les invitaría a que, más allá de apelaciones de carácter general, que las recojo y que las incorporo, por
supuesto, siempre hay capacidad de mejorar, lo trasladen ustedes en la medida de sus posibilidades al conjunto de las administraciones.
Y me hacía usted una petición concreta respecto a Canarias. Es lo suficientemente amplia la previsión de inversiones en Canarias que, si le parece, se la traslado directamente, de tal manera que tenga la capacidad de contrastar, incluso
sobre el territorio, cuál es la inversión prevista para Canarias. Lo que sí puedo decirle es que se incrementa sustancialmente en la medida en la que está la previsión de la firma del convenio 2019 del protocolo firmado con la comunidad autónoma, y
que tiene que tener la primera dotación en esta anualidad. Tuve ocasión de reunirme con el consejero de Medio Ambiente de la comunidad autónoma la semana pasada, con el compromiso asumido por él de trasladarnos el catálogo de inversiones que
quisiera priorizar en el convenio que tenemos que firmar. Ya nos las ha hecho llegar, y en estos momentos estamos trabajando en la elaboración del convenio, una vez que tenemos las inversiones definidas.
Como sabe usted, tanto en el caso de la Comunidad Autónoma de Canarias como en el caso de la Comunidad Autónoma de Baleares el tratamiento en materia de inversiones, en materia de aguas son singulares en tanto que son comunidades autónomas
insulares y no cuentan con confederaciones hidrográficas que actúen en su territorio. Si le parece, le traslado la información y podrá disponer de ella directamente.
Y por mi parte, nada más. Quiero agradecerles a todos ustedes sus preguntas y sus aportaciones y reflexiones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señor secretario de Estado.
Levantamos la sesión por tres minutos para despedir al secretario de Estado y recibir a la subsecretaria, que la tenemos aquí. Muchas gracias de nuevo. [Pausa].
- DE LA SEÑORA SUBSECRETARIA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (LÁZARO RUIZ). A PETICIÓN DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL CONGRESO (Número de expediente 212/002285); SOCIALISTA (Número de expediente 212/002001); CONFEDERAL DE UNIDOS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA (Número de expediente 212/002113) Y MIXTO (Números de expediente 212/001939 y 212/002244).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a tratar el tercer punto del orden del día con la comparecencia de la subsecretaria que nos acompaña. Y diría yo que, como tiene usted a los primus inter pares de cada grupo, pues con una cualificada
presencia de señorías a esta hora. Les agradezco, cómo no, que nos acompañen, y especialmente a la subsecretaria que tome la palabra a continuación. Muchas gracias.
La señora SUBSECRETARIA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Lázaro Ruiz): Gracias, señor presidente. Es un placer para mí compartir un rato de su tiempo como la primera subsecretaria del primer Ministerio para la Transición Ecológica, que
realmente creo que es uno de los ministerios en que merece la pena hacer el esfuerzo, una vez más, de intentar ponerlo en marcha.
Si me permite, señor presidente, voy a limitarme a explicar un poco cómo se ha gestionado toda el área de la subsecretaría, porque entiendo que todo lo que son las políticas de las secretarías de Estado de Medio Ambiente y de Energía han
sido explicadas por sus secretarios de Estado, para no ser reiterativa y sobre todo para no agotarles mucho de su preciado tiempo.
Como todos saben, el Ministerio para la Transición Energética fue creado por el Decreto 355, de 6 de junio, en el que se establece que se integrarán la Secretaría de Estado de Energía y la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. En este
proceso de creación de un nuevo ministerio, el único órgano que se crea automáticamente es la subsecretaría, pero no se crea, por supuesto, la estructura que depende de la subsecretaría. Para eso hace falta esperar al decreto de estructura orgánica
básica, que se produce el 13 de julio, con el número 864/2018. En ese momento ya la subsecretaría aparece, junto con las otras
secretarías de Estado, con la estructura que pende de los propios órganos directivos. Y en ese decreto ya queda configurada la estructura de todo el ministerio, que conserva básicamente la estructura de las dos secretarías de Estado, y
crea, como está previsto en la ley, solamente la secretaría general técnica dependiendo de la subsecretaría, configurando su estructura en base a cuatro subdirecciones y una división que lleva el tema de la informática.
Además de todo esto, lo que viene a depender del ministerio tal como quedó, tenemos 12 organismos autónomos, de los cuales 9 son confederaciones, tenemos un organismo autónomo (Organismo Autónomo de los Parque Nacionales), que como saben
ustedes gestiona más de 15 o 16 parques, una agencia estatal (la Agencia Española de Meteorología), las sociedades estatales de AcuaEs, Acuamed, Canal de Navarra, Almoraima y Enresa; tenemos dos fondos sin personalidad jurídica, el Fondo Nacional
de Eficiencia Energética y el que podría ser con la ley de presupuestos el fondo para una transición ecológica, que es un cambio de denominación, como se conocía antes al antiguo fondo del carbono de la Ley de Economía Sostenible; tenemos dos
fundaciones: la Fundación de Biodiversidad y la Ciuden; tenemos, por último, la sociedad mercantil Enresa, el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, que es otro organismo
autónomo; y una entidad pública estatal que es el IDAE.
Al principio, como les decía, cuando llegamos al ministerio, la subsecretaría desde junio, en que yo tomo posesión, el 11 de junio para ser exactos, hasta que se crea el decreto de estructura aparece solamente con dos personas, en este caso
mi jefe de gabinete y yo misma. Es a partir de entonces cuando se empiezan a nombrar a los subdirectores generales, a partir de esa fecha de junio, y hasta el 31 de diciembre se prevé que los servicios comunes del ministerio se gestionen
conjuntamente con los dos ministerios matrices, por decirlo de alguna forma.
En este caso, crear el ministerio por una fusión de dos escisiones parciales de dos organismos, créanme que no es una tarea fácil, pero tengo que decir que hemos conseguido a lo largo de todos estos meses tener ya las escrituras de escisión,
por decirlo en forma contable, de los dos ministerios de donde veníamos. Se firmó el 5 de diciembre.
Y afortunadamente, uno de los temas que más nos preocupaba desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento normal del ministerio, no hemos tenido ningún problema con el personal. Se ha transferido parte del personal de los servicios
comunes de los dos ministerios de donde veníamos sin ningún problema laboral, para entendernos.
¿Qué realidad nos encontramos con el ministerio tal y como ha sido configurado? Este es un ministerio netamente inversor, como todos ustedes saben, pero que tiene una gran estructura territorial. Estamos hablando de 12 organismos autónomos
que tienen sedes en toda España, tenemos 23 demarcaciones de costas, tenemos una serie de sociedades y parques naturales distribuidos por toda España.
Esto es un poco el panorama de lo que es la estructura del ministerio. ¿Qué es lo que de alguna forma tenemos que poner en marcha? Pues nos encontramos con una cierta situación que voy a intentar describir, que es un poco peculiar.
Tenemos una litigiosidad muy importante. Cuando nosotros nos incorporamos existen más de 40 procedimientos de laudos arbitrales, de inversores internacionales, que el riesgo potencial para las arcas del Tesoro supera con mucho los 7500
millones de euros. Además, cuando se transfieren los medios tenemos 1000 recursos del área de Energía pendientes de resolver de los años anteriores. Teniendo en cuenta que el número de recursos medios que se gestionan al año que vienen desde el
área de Energía son alrededor de 400, nos encontramos con 1000 recursos que debemos resolver.
Tenemos además una situación de multas por incumplimientos europeos muy importantes. En estos momentos estamos haciendo frente a una multa de casi de 12 millones de euros por semestre por incumplir la normativa medioambiental desde hacía
bastante tiempo de la Unión Europea. Y tenemos una serie de cuestiones que resolver, que son el tema de la minería del carbón, que a 31 de diciembre de 2018 se acababan las ayudas, tenían que cerrar las empresas y si no, tendrían que devolver las
ayudas; teníamos la fecha de 31 de diciembre.
Teníamos un proceso litigioso también con la Unión Europea consistente en la delimitación de las competencias que existen entre la CNMC y la Secretaría de Estado de Energía, que también era un procedimiento de infracción que teníamos en el
alero. Hemos resuelto eso con un decreto ley, como todos ustedes saben, que está pendiente de convalidación. Y teníamos una serie de directivas cuando nosotros llegamos, muchas de ellas vencidas, también con riesgo de infracción.
La subsecretaría, como les comentaba, se ha dedicado precisamente a intentar solucionar todos estos problemas. Desde el punto de vista de las directivas teníamos 24 directivas, 8 de ellas vencidas y con riesgo de multa, quedan solamente
pendientes dos, una que necesita una norma de rango legal la vamos a tramitar enseguida, y la otra que es un decreto que está en tramitación. De las 24 nos quedan pendientes solamente 6 y 2, no me acuerdo si son 8 pendientes de trasposición, pero
que no están con el plazo vencido, y 2 con el plazo vencido.
Además se han hecho 34 normas, de las cuales, por supuesto, el decreto de estructura orgánica básica. Hemos hecho -estoy centrándome sobre todo en el área de la subsecretaría- un acuerdo de compra verde, que está pendiente de publicación
porque afecta a todas las compras de la administración pública. Hemos hecho ya la delegación de firmas, que hasta 31 de diciembre la delegación de firmas eran las vigentes en los dos ministerios de procedencia. Tenemos hechas las mesas de
contratación, ya estamos funcionando, y en teoría desde la perspectiva de funcionamiento de la subsecretaría está en marcha.
Es verdad que tenemos muy poco personal, esta subsecretaría es bastante austera, pero entendemos que en la medida de lo posible y con una envolvente que es a la que nos hemos tenido que ajustar, lo importante era que las políticas activas de
este ministerio pudieran llevarse a cabo, igual un poco en perjuicio de lo que son las áreas comunes, pero que gracias al buen hacer de todos los funcionarios que tenemos estamos saliendo adelante.
Eso es un poco como está la situación de la subsecretaría.
En cuanto a lo que es el presupuesto que afecta directamente al área de la subsecretaría, tenemos 68 millones, de los cuales las partidas más importantes... es muy difícil comparar lo que puede ser incremento o disminución con respecto a
las áreas comunes, que vienen parte del Ministerio de Agricultura y parte del Ministerio de Industria, y que tampoco completan la estructura total de la subsecretaría.
En este momento, en la subsecretaría somos, junto con el gabinete de la ministra, alrededor de unas 200 personas, cuando el número de personal que tenemos casi llega a 8000 personas. Tenemos casi 6500 funcionarios, la mitad básicamente son
laborales y los otros son funcionarios, el personal que engloba a los dos, con mil ciento y pico funcionarios en la Agencia Española de Meteorología. Con 8000 personas tenemos una Subdirección de Recursos Humanos que lleva además la inspección de
los servicios, no muy bien dotada, pero bastante eficaz.
En este momento nos queda pendiente de firmar algún convenio, tanto con el actual Mincotur como con el Ministerio de Agricultura, tendentes sobre todo a compatibilizar determinados programas informáticos que, dado que la informática del
antiguo Minetad no es compatible con la informática del antiguo Mapama, que en este caso es la que nosotros tenemos básicamente. Tenemos que hacer algún convenio de colaboración para intentar compaginar las informáticas de los tres ministerios.
Pero desde la perspectiva de lo que es funcionamiento normal, eso es como está. Les decía que el presupuesto no es muy elevado, son 68 millones. Las partidas más importantes que podríamos decir que están fuera del crecimiento, si
comparamos número de efectivos del ministerio y de otros, el único incremento es la posibilidad de ampliar algunos puestos que necesariamente teníamos que cubrir, sobre todo en el área de la Secretaría General Técnica y en mi propio gabinete, la
única partida que llama la atención es aquella que se encarga de gestionar o satisfacer todas aquellas sanciones que estoy diciendo que tenemos pendientes, y además que gestiona dos contribuciones de áreas nuevas que antes no teníamos y el Área de
Relaciones Internacionales, que antes la Subdirección de Relacionales Internacionales estaba en la Secretaría de Estado de Energía.
No sé si con esto les he hecho una visión un poco de la subsecretaría. Y por supuesto estoy a su disposición para comentar lo que quieran.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted por la concisión, que permitirá, desde luego, que tenga una segunda intervención atendiendo a los requerimientos de los distintos portavoces. Y en primer lugar, el señor Bataller renuncia en
nombre del Grupo Mixto, iríamos directamente al Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. [El señor (?): Ciudadanos]. No, Ciudadanos no ha pedido la comparecencia, habla el último. Cinco minutos. Usted tiene siete.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Muchas gracias, señor presidente. Lo primero, quiero agradecer la comparecencia y que esté aquí dando cuenta de los presupuestos generales en la materia de la subsecretaría. La verdad es que es un orgullo que
exista este ministerio, es algo que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo. De hecho, lo que pedía nuestro grupo era que no fuera ni siquiera un ministerio,
que fuera directamente una vicepresidencia la que llevara la transición ecológica, porque entendemos que es el gran reto al que nos enfrentamos, un reto que llevábamos demasiado tiempo poniendo en standby, haciendo business as usual y
pensando en un concepto negacionista, que nada iba a pasar aunque no hiciéramos nada. Y la realidad es que tenía que pasar lo que está pasando, y por lo menos el Gobierno está cumpliendo, al menos con la legalidad internacional y los acuerdos a los
que se había obligado así mismo el Reino de España.
En primer lugar, quiero decirle que el cambio climático constituye ese reto que ya nos han dicho los expertos que en 2030 debemos actuar de manera drástica para evitar un horizonte catastrófico, ya no las consecuencias del cambio climático,
sino que no podamos sostenerlo como cultura, como civilización. Para ello, el papel de los diferentes gobiernos, como decía, ha sido nefasto o prácticamente ausente.
Y entrando en el análisis de los Presupuestos Generales del Estado para 2019, lo que sí vemos con cierta crítica constructiva es que, si bien la cifra global, en torno al doble de los presupuestos generales para la lucha para el cambio
climático, asciende a 41 millones, no se logra remontar los recortes acumulados entre 2009 y 2018, cuyas partidas supusieron un recorte del 89 %.
Queremos con ello entender o hacer entender que es vital un proyecto de ley de cambio climático y transición energética, que nos gustaría; sí que ha dicho el secretario de Estado que en breve, no sabemos si semanas, meses o en breves qué,
tendremos aquí, y lo que sí esperamos es intentar con esta comparecencia seguir poniendo presión para que llegue.
En lo que a energía se refiere, los programas, aunque sí es cierto que tras la reordenación de los ministerios no son comparables, si comparamos por programas, lo que vemos es que se dedican 9 millones más a los consignados en la mejora de
importes, en cuanto a normativa y desarrollo energético. Se incorporan los 80 millones del bono social término. Y en materia de pobreza energética tenemos el cumplimiento del acuerdo presupuestario de 50 millones para que las administraciones
públicas puedan prestar protección y asesoramiento a las personas vulnerables.
No existe partida en los presupuestos con esta motivación, y es algo que, no por la cantidad, sino por cómo se van a ejecutar estos presupuestos, sí nos gustaría emendar.
En medio ambiente, ya ha hablado mi compañero Pedro sobre que la crítica fundamental es que no conseguimos cambiar el modelo. El propio secretario de Estado ha dicho que tenemos que ir hacia una transición de inversiones en hormigón a
inversiones en naturaleza, para aumentar así la resiliencia del sistema, y es lo que venimos pidiendo y reclamando desde que entramos en las instituciones.
Nos preocupa también que la transición ecológica sea inclusiva y que se utilice para potenciar la riqueza, las poblaciones que están afectadas, y por ello nos preocupa la situación de las subcontratas dentro de los acuerdos de transición.
¿Se va a dar solución en este sentido y en qué plazo?
En los presupuestos presentados queda todavía lejos un Gobierno que tenga la ambición que tienen las declaraciones de la ministra, y esta es una oportunidad para marcar un rumbo.
En cuanto al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, se ha anunciado que movilizaría 235 000 [sic] millones de euros a lo largo de la próxima década, pero entendemos que esa movilización de capital debe llevar un acompañamiento
muy importante de la parte pública. Coincidimos en que no toda la política y herramientas a disposición de las administraciones públicas deben limitarse a los Presupuestos Generales del Estado. Por ejemplo, la política expansiva del gasto social
que contiene el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado debe afectar y puede afectar positivamente al cumplimiento de objetivos, a la reducción de emisiones y la contención de la demanda de consumo energético. Así que sí apreciamos en este
aspecto un claro cambio de rumbo en términos políticos y presupuestarios.
Sobre la movilidad, ya han hablado otros compañeros, es necesario hacer esa transición y quizás podemos estar más o menos en desacuerdo en el tipo de mecanismos que se utilizan para fijar los objetivos, y por ello este grupo se ha puesto
desde el principio a disposición -y lo pongo también a su disposición- de trabajar en cuáles deben ser esos mensajes que se puedan trasladar a la opinión pública, para poder trabajarlos antes de que puedan darse.
Hay una circunstancia, y voy a intentar romper la cuarta barrera: aquí tenemos una aritmética que va a hacer muy diferente la forma de gobernar de los anteriores gobiernos, sobre todo en el Ministerio de Transición Ecológica, y es la
aritmética parlamentaria en la que vamos a tener -y hay que decirlo así- enfrente al Partido Popular y a Ciudadanos haciendo bastante populismo climático. Vamos a tener que intentar trabajar antes los reales decretos que vayan saliendo, para evitar
precisamente la serie de comentarios o las acusaciones que en breve le van a hacer sobre lo mismo y lo contrario. Ahora le van a decir que hay falta de ambición en los presupuestos, a la vez que en el Senado les han dicho que no
queremos 6000 millones de euros para poder hacer efectivas esas ambiciones. Le van a decir que no hubo compromiso con las cuencas mineras, cuando se destruyeron más de 53 000 puestos de trabajo con los recortes a las renovables. Le van a
decir que no se creen sus presupuestos porque la AIReF y determinados puestos que el propio Gobierno del señor Montoro nombró no se lo creen porque creen que no van a ser adecuados. Y sin embargo, si hacemos caso a las mismas declaraciones que esos
órganos hicieron a los presupuestos de 2018, veremos que las mismas dudas son las que aparecen.
Van a decirle -ya le digo- lo mismo y lo contrario. Y para evitar esos bloqueos parlamentarios debemos trabajar previamente las acciones que vaya haciendo este Gobierno. Es otra forma de hacer gobierno, otra forma de gobernar. Pero lo
único que le podemos garantizar desde este grupo es que va a haber seriedad, va a haber eficacia y va a haber razonamiento en lo que es el cumplimiento de los compromisos internacionales y el cumplimiento de los compromisos legales.
Hablábamos hace un momento, con la estrategia de avance digital, de la ejecución de los compromisos que tiene por ley el resto de actores de la economía, en ese caso eran los concesionarios del desarrollo de la banda ancha, para que los
mensajes sean coordinados y podamos avanzar.
En esto entendemos que va a ser básicamente poner realismo y evitar el síndrome de negación climática que algunos grupos increíblemente siguen sosteniendo. Así que nos ponemos a su disposición.
Quería plantearle alguna cuestión concreta sobre plazos. Además de los proyectos de ley que le he comentado, el decreto y lo que incumbe al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, sobre el desmantelamiento del almacenamiento Castor y
Garoña, y sobre la retribución a los municipios de los parques nacionales, cómo va la modificación de los decretos.
Con esto es suficiente y me pongo a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. A continuación toma la palabra el portavoz del Grupo Socialista, en este caso el señor García Mira.
El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, presidente. Desde el Grupo Socialista nos congratulamos de tener compareciendo en esta Comisión de Transición Energética a la señora Lázaro Ruiz, que es la primera vez que comparece, y desde luego nos
congratulamos no solo de su presencia, sino también de un aspecto relacionado con el presupuesto que contrasta bastante duramente con lo que era hace un año en esta misma Comisión. Aproximadamente ayer o anteayer hacía ese año que comparecía la ex
ministra Tejerina para informar de la Conferencia de Bonn, y el panorama que se dibujaba en esta Comisión era un panorama con bastantes problemas y con bastantes dificultades, por no hablar de la descoordinación que en aquel momento invadía al
Gobierno del Partido Popular, el Ministerio de Energía por una parte, el Ministerio de Agricultura por otra. Es decir, había una descoordinación difícil de asimilar con dificultades para hacer política.
Frente al presupuesto que hoy nos presenta aquí, señora Lázaro, un presupuesto que tiene la valentía de reunir en un mismo ministerio estas dos secretarías de Estado (de Energía y de Medio Ambiente), y todo ello para desenvolver una política
necesaria, que es la política de cambio climático, que es la que nos va a permitir adaptar nuestro modelo económico a ese modelo que tiene que respetar los recursos y la administración que hacemos de ellos. Porque respetar la naturaleza y legislar
para proteger los recursos de la naturaleza significa también establecer un modelo económico que permita dibujar las líneas de cómo vamos a organizar la vida de la comunidad, la vida de las personas, y cómo en esa transición vamos, mediante ese
presupuesto denominado de transición justa que presenta el Gobierno Socialista, a facilitar la acomodación y la adaptación a este nuevo contexto, a este nuevo modelo.
En las partidas del presupuesto que hemos estudiado -muchos de sus aspectos ya han sido destacados aquí por mis compañeros portavoces, la señora Lucio y el señor Lamuà, y trataré de no reiterarme en lo mismo- hay aspectos que son
importantes, y voy a resaltar algunos de ellos. Por ejemplo, el capítulo de eficiencia energética y de la promoción de energías renovables, al que destinan a través del ICO 60 millones de euros para actividades de eficiencia energética, o los 300
millones que a través del IDAE se destinan a préstamos para actividades de eficiencia energética y también relacionado con las energías renovables, unidos a los 50 millones de actuaciones para apoyo a la movilidad eficiente y sostenible, configuran
un capítulo importante y consistente que nosotros vemos muy positivamente, por cuanto acompañado a lo que antes comentaba relacionado con la transición justa dedicada a promover proyectos que regulen esta transición, esta adaptación a la que me
refería, mediante esos 2 millones que dedican a inversiones, o 32 millones a ese fondo de transición justa, que es una novedad en nuestra legislación sobre ecología en el Estado español, y esos 48 millones que destinan a restaurar esas zonas
mineras, que también es un acto de valentía, porque las zonas mineras son precisamente esas zonas que todos esperamos que lleguen a transformarse dentro de ese nuevo modelo de sostenibilidad, dentro de ese nuevo modelo económico que respete
los compromisos que estamos teniendo con Europa.
La puesta en marcha de 332 millones en un capítulo a través del IDAE para reactivar la economía en esas comarcas y para asumir los costes sociales y técnicos, o las bajas indemnizadas o diferentes tipos de ayuda, eso configura una voluntad
de atender una relación entre la utilización de los recursos naturales y el respeto a las personas en la transformación de su sistema económico.
Si a ello añadimos el bono social término, a través del real decreto aprobado el pasado mes de diciembre -me parece, el Real Decreto 15/2018, de Medidas urgentes para la transición energética y protección de consumidores vulnerables-, pues
estamos ante un presupuesto diferente que se caracteriza por poner a las personas en el centro de la naturaleza. La naturaleza no existe separada de las personas, vivimos en ella, vivimos con ella y tenemos la responsabilidad de transmitirla con
modos y modelos que sean sostenibles en el futuro medio y en el largo plazo.
Si vamos a otro aspecto como es el del dinero que dedican a inversiones reales, con 65 millones de euros, y ahí encajamos toda la inversión en parque nacionales, en la gestión de la calidad del agua y las actuaciones en la costa, pues eso
también aumenta la percepción de la calidad con la que se configura este presupuesto y cómo se integra entre las aportaciones desde las distintas secretarías de Estado (Energía y Agricultura). Y ahí me congratulo yo, siendo diputado de la provincia
de A Coruña, que entre ellas está incluida también la regeneración de la ría Del Burgo, una ría importante para la ciudad donde vivo y donde hay muchos aspectos de biodiversidad y de economía sostenible en los que se está trabajando. Y esto añade,
con 45 millones, creo que son, de presupuesto total, una dimensión de valor añadido a este presupuesto.
Con las actuaciones financiadas con ingresos que proceden de subasta de derechos de emisión, como el PIMA Adapta, el PIMA Costas o el PIMA Residuos, o lo que se destina a la Fundación Biodiversidad para trabajar en proyectos de I+D+i, son
aspectos que también valoramos muy positivamente, porque integran no solo trabajo a nivel local en España, sino trabajo en conjunto con fondos europeos, con otros socios o partners de la Unión Europea y de otros países que comparten intereses con el
desarrollo de sistemas de protección de la naturaleza.
Ya finalmente, haciendo referencia a las directivas traspuestas, y no voy a citar todas, porque se han transpuesto unas cuantas, pero lo que es la reducción de emisiones de determinados contaminantes o la protección al medio marino o la
regulación de los vehículos al final de su vida útil o las restricciones de sustancias en determinados aparatos electrónicos, son algunos ejemplos de este presupuesto que vemos con buenos ojos y que, vuelvo a reiterar, dan una consistencia y una
respetabilidad a un ministerio que de por sí tiene que verse como complejo, porque con la historia que tiene conjuntar Energía y Medio Ambiente, todo lo que están haciendo en su equipo es una labor de valentía en la que van a contar con todo el
apoyo del Grupo Socialista y de todo el equipo que estamos aquí en el Congreso.
En definitiva, iba a preguntarle alguna cosa, pero yo creo que el presupuesto está en los términos correctos, está dentro de las líneas que se promueven desde la Comisión Europea. El secretario de Estado, el señor Morán, hacía mención hace
un rato a que hay que empezar ya a caminar en soluciones basadas en la naturaleza, en la utilización de recursos naturales, y a encajarlos dentro de nuestros modelos económicos. Y esa es la línea que apoya Europa. Yo la conozco bien porque la he
estado apoyando fuertemente en investigación e innovación, y la he estado apoyando también en la determinación de las políticas en todos los Estados miembros, entre los que se incluye España. Y el presupuesto encaja también en esa línea.
Por tanto, yo le felicito a usted y a todo el equipo del ministerio que están compartiendo ese número dos, al lado de la ministra Ribera, para desear que todo esto ahora se desarrolle con naturalidad y con la colaboración de todos los
grupos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Para cerrar este turno, el señor García Cañal toma la palabra en nombre del Grupo Popular.
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Lázaro Ruiz, por su explicación sobre los datos de los presupuestos que atañen a este ministerio; y tengo que confesarles que yo hoy estaba expectante y por
eso atendí, no solo a su comparecencia, sino a los dos secretarios de Estado que a lo largo de esta mañana han dado sus explicaciones sobre los presupuestos.
Pero dada la beligerancia de la señora ministra Ribera a lo largo de estos últimos meses, y la beligerancia a lo largo de estos últimos años de los diferentes portavoces del PSOE, Unidos Podemos, Compromís contra el programa del Partido
Popular, teníamos la esperanza de qué era lo que iban a hacer con estos presupuestos. Estábamos expectantes desde el Grupo Parlamentario del Partido Popular, porque, ¿qué novedades nos presentan en los presupuestos del año 2019? ¿Es este un
presupuesto rompedor en esta lucha que parece que les tenía tan preocupados y que ahora están tan tranquilos? ¿Qué refleja el presupuesto para el año 2019? Desde luego la preocupación que manifestaban, he visto en sus intervenciones a lo largo de
la mañana que ha desaparecido, como el cambio climático. Todo no va muy bien.
Me sorprende, pero menos, el que, por ejemplo, al leer la memoria del programa 456M, Actuaciones para la prevención de la contaminación y el cambio climático, que está clavado al del Partido Popular, con alguna actualización de fechas, la
crítica del Partido Socialista y de Podemos de los pasados años a nuestras políticas, hoy, tras este plagio de programa, estén tan satisfechos.
Fíjese si parece que las políticas sobre el cambio climático del Gobierno del PP no solo eran malas, pues las siguen al pie de la letra en ese programa 456M, sino que hasta mantienen hasta a nuestra directora de la Oficina para el Cambio
Climático, que he visto por aquí a la señora Valvanera esta mañana a lo largo de la comparecencia. Es decir, no solo copian el programa, sino que nos mantienen a la directora. Tan mal no lo estaríamos haciendo.
Me sorprende que la subsecretaria y los secretarios de Estado no nos hayan justificado por qué en este Real Decreto Ley 25/2018 que aprobamos la semana pasada, que incrustaba entre las medidas para una transición justa la minería del carbón,
una modificación de la Ley de Presupuestos del año 2013 que establecía sobre un máximo 410 millones de euros de ingresos sobre los derechos del CO2 de la subasta de derechos de emisiones del CO2, y en ese presupuesto de 2013 que se cambió en esos
presupuestos ponían un límite del 10 % de esos 410 millones para gastar en políticas de cambio climático, pero podía llegarse hasta 50 millones, que superaba el 10 %.
Hace una semana han aprobado ustedes este real decreto ley que lo modifica y que, con unas previsiones de ingresos de 1100 millones de euros, casi 700 más que los que estaban previstos, solo dedican 100 millones a políticas para el cambio
climático, no el 10 %, menos del 10 %.
A mí me parece que con esa preocupación que manifestaban ustedes tanto por el cambio climático, debería haberles exigido al Gobierno y a estos presupuestos que ustedes apoyan, decir 'oiga, no, vamos a meter más dinero al cambio climático y
dejemos lo de las compensaciones a los precios de la energía con menos dinero, que ya tenían bastante a lo largo de estos últimos años'. Por eso, me gustaría que me explicase cuál es la razón.
Porque hay otra que sí le hago directamente y usted tiene conocimiento del mismo: ¿cuál ha sido el resultado de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de este año 2018, o del año 2017, pero fundamentalmente de 2018, con el que
ustedes avanzan ampliar los ingresos de 410 millones a 1100 millones? Claro, si se les cae esa previsión, todo lo de la política de cambio climático, ese pequeño incremento de 100 millones de euros, para nada quedaría.
Y para 2019, ¿a qué precio de la subasta del CO2 calculan ustedes que va a suponer para este ingreso de 1100 millones de euros? ¿Qué precios medios tuvo a lo largo del año 2018, qué ingresos se tienen y qué previsiones de precio tienen para
2019? Porque como no acierten, se van a equivocar. Como sigan con el resto de los impuestos que ustedes han presupuestado para el año 2019 inflados respecto a la realidad, evidentemente vamos a entrar en déficit, y en el caso del cambio climático,
más déficit.
Me sorprende que el señor Sánchez, que se reunió en Davos con el presidente de Mittal, el dueño de Arcelor, que se reunió en Davos y le dio garantías de políticas de apoyo a la siderurgia y a las electrointensivas, que iba a hacer esas
modificaciones, en estos presupuestos se reduce en 118 millones de euros la compensación destinada a las electrointensivas, quedando en un ridículo crédito que no sirve para casi nada. Y empresas como Alcoa están dando ya muestras de cuáles son las
consecuencias de la política energética y de emisiones, que afecta directamente al empleo y a estas industrias.
Han aprobado un nuevo plan de la minería para las comarcas mineras, señora Lucio, que está muy contenta con la participación de las comunidades autónomas. Llevan veinte años, desde 1998 en que se aprobó el primer plan de la minería,
participando en la firma de convenios en la ejecución de las obras. Comunidades autónomas y ayuntamientos, veinte años y con muchísimo más dinero del que hay ahora.
Aparentemente se incrementan los fondos con 48 millones procedentes de la subasta de CO2 para restauración de explotaciones mineras, que yo le aseguro que no podrán gastar, porque no hay proyectos
suficientes para ejecutarlos en este año. Es decir, que esos 48 millones que quedan muy bien en los Presupuestos Generales del Estado no se van a gastar por parte del Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras.
Le hago otra pregunta. Hablan de dinero para la promoción económica de las empresas para que se instalen nuevas empresas en 2019. ¿Por qué a lo largo de estos seis últimos meses, que estaban presupuestados en los planes de la minería en el
anterior, no han sacado la convocatoria para los proyectos empresariales de 2018, que había 32 millones de euros? ¿Por qué no los han gastado? Todos los años salían publicadas las convocatorias y se lo han quitado a las comarcas mineras.
¿Qué ha pasado con los 45 millones para proyectos de infraestructuras las comarcas mineras en 2018, que no han logrado todavía ni firmar ni un solo convenio específico? Con lo cual este dinero tampoco se ha gastado en 2018. Y como sigan
así tampoco se gastará en 2019. En total, del plan de la minería que tenían en el presupuesto y tenían que haberlo ejecutado en estos seis últimos meses, no han gastado 77 millones de euros. Es verdad que las prejubilaciones se siguen pagando,
afortunadamente, porque si no, tendríamos un serio problema.
Y termino, señor presidente. Con el artilugio de esos 1100 millones de euros procedentes de las subastas de CO2, casi 700 millones de euros más que en 2018, salvan un poco la cara al presupuesto con esos 48 millones que van a la
restauración minera. Pero desde luego, con estas cantidades, ¿cómo es posible que ustedes estén tan satisfechos, siempre criticando que prácticamente el presupuesto no se incrementa?
Y por último, si los especuladores del CO2 no actúan y bajan los precios y no se consiguen los ingresos esperados, ¿a dónde se trasladan sus presupuestos para las comarcas mineras y para el cambio climático?
Nada más y muchas gracias por su benevolencia, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: A usted, muchas gracias. La benevolencia ha sido la de la subsecretaria, que al consumir menos tiempo me ha permitido cederles a ustedes casi un minuto y algo a cada uno y a usted dos y medio.
Tiene la palabra la subsecretaria.
Perdón, quedan cinco minutos del Grupo Ciudadanos, que no había pedido su comparecencia.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Entiendo que ya es tarde y que todos tenemos ganas de comer, pero voy a ser muy breve.
El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra, señor Martínez.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Quisiera felicitarla, señora subsecretaria, señora Lázaro, por ser la primera secretaria del primer Ministerio de Transición Ecológica del Reino de España, cosa de la que yo también me congratulo. Estoy absolutamente de acuerdo con la
necesidad de este ministerio, otra cosa será con las políticas -que ahí podremos discrepar- que desarrolle el ministerio y el ritmo y la intensidad de las mismas.
Quiero ser breve, no me voy a extender mucho porque ya he hecho mi valoración de los presupuestos tanto en la Secretaría de Energía como con el secretario de Medo Ambiente, que acaban de comparecer. Pero al hilo de algunas cosas que usted
ha dicho, sí me gustaría saben, no que me detalle, pero sí si puede darme una visión. Cerramos el año 2007 [sic] siendo el país más incumplidor y con más expedientes abiertos por incumplimientos medioambientales. Cerramos con 30 expedientes que
suponían casi el 10 % de los expedientes de la Unión Europea. Y algunos de estos expedientes, al final terminan costándoles dinero a los españoles. Nos ha pasado con la depuración de agua, que nos han multado con 12 millones de euros por
incumplimientos reiterados y una multa semestral de 11 millones de euros, hasta que se cumpla con la directiva europea. Esto supone una cantidad que al final pagaremos todos los españoles.
Sí me gustaría saber un poco, porque tocamos todos los palos en Medio Ambiente, nos aperciben por urbanismo, por residuos, por agua, por espacios naturales, por el aire. No que me lo detalle todo, ni que me diga cómo son los 30 expedientes,
pero sí que me dé una visión de cómo estamos en los tiempos de respuesta cuando nos aperciben, porque estamos sin cumplir ni con los tiempos de respuesta a nivel de expediente. Que nos diga un poco cómo está esa situación para que no terminemos
pagando, como ha pasado con las aguas residuales, que al final tenemos que pagar esta multa.
Y para terminar, también quiero decirle al señor portavoz de Podemos que, hombre, yo ahora ya no voy a hablar del Banco de España, de la AIReF, ni de la Comisión Europea, yo creo que las recomendaciones de organismos que son independientes,
con credibilidad y solvencia, podremos ignorarlos, el Gobierno podrá ignorarlos, pero no ponerlos en cuestión. Yo creo que eso no debemos hacerlo, porque sería dudar de su solvencia y de su independencia. Y yo creo que no es el caso. Entonces,
cuando nosotros apelamos a lo que dice la AIReF o a lo que dice el Banco de España, podremos ignorarlo, pero lo que dicen es la realidad, dicho por técnicos muy cualificados y muy solventes.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría. Ahora sí, señora Lázaro, tiene usted la palabra.
La señora SUBSECRETARIA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Lázaro Ruiz): Muchas gracias, señor presidente, muchas gracias señores diputados. Voy a intentar responder por orden a las cuestiones.
Agradezco al portavoz de Podemos su ofrecimiento de colaboración. No tenga ninguna duda de que, como el de cualquier otro miembro de esta Cámara, será bienvenida. Es intención de este ministerio sumar y no restar, para ello tendremos en
cuenta todas las propuestas, como no podíamos hacer de otra forma, de los representantes de los ciudadanos que están justamente en el sitio de la soberanía popular.
Entiendo que efectivamente hay cuestiones que le pueden preocupar desde el punto de vista de ambición. Todos somos ambiciosos, pero es verdad que los caminos hay que recorrerlos en la medida que podamos, en todo caso con la colaboración de
todo el mundo.
Desde la perspectiva de lo que son iniciativas legislativas que están pendientes, se van a llevar a cabo en breve plazo tanto la ley del cambio climático como el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, como la estrategia, por supuesto,
que les acompañará. No sé precisarle si van a ser quince días, veinte días, lo que sí casi puedo asegurarle es que no van a ser meses. En eso, en todo caso tenga la tranquilidad.
Desde el punto de vista de lo que es el programa de normativa que le preocupaba con 9 millones, es un programa que está tanto en la Secretaría de Estado de Energía como tenemos otro para la subsecretaría. Es un programa para el desarrollo
de las normas que tenemos, no hay en principio ningún tipo de cuestión que nos preocupe desde esa perspectiva.
Tengo que insistir en todo lo que afecta a movilidad, a las colaboraciones; me preguntaba por el plazo del desmantelamiento del Castor. Entiendo que ha sido una cuestión que, de preocuparles, les habrá aclarado más bien el secretario de
Estado de Energía, en cuanto a lo que es el proyecto que parece que le preocupa.
En cuanto a las retribuciones, no le he entendido muy bien una de las preguntas, que era la rehabilitación de los municipios, no le he entendido exactamente qué quería decir. [El señor (?): sin micrófono. Inaudible]. No tengo el dato en
este momento; si le preocupa alguno en particular, podemos pedirlo y se lo mandaremos en cualquier caso.
Insisto que quiero agradecer su colaboración, lo tendremos en cuenta. Y por supuesto, no tengan ninguna duda de que este ministerio es un ministerio que tiene ambición y que desde luego trabajaremos para conseguir nuestro objetivo. Lo
vamos a intentar. Estoy segura de que con la colaboración de todos ustedes lo conseguiremos.
En cuanto a lo que es la intervención del señor García, ha descrito todas las políticas activas que tenemos. No puedo más que decirle que se lo ha estudiado bien. Entiendo que se lo ha estudiado perfectamente y que ha comprendido todo lo
que nosotros tenemos entre manos.
¿Los presupuestos podían ser más ambiciosos? Nosotros tenemos el presupuesto ajustado a la envolvente presupuestaria con la que nos tenemos que mover. Hemos procurado que los temas sociales, por supuesto, tengan todo el incremento posible,
con el mantenimiento de las inversiones, teniendo en cuenta que nuestras inversiones en la etapa anterior de la ejecución de las inversiones probablemente no ha sido la que más nos hubiera gustado. También hay que tener en cuenta que ha habido una
reducción de efectivos importante en la época de ajuste por la crisis, y que también es cierto que con presupuestos, el año pasado prorrogado, y quiero decir que hay una ejecución presupuestaria, una nueva ley de contratos que pone en marcha una
serie de cuestiones no nuevas, también retrasa algo la ejecución. O sea que yo creo que hay que ser objetivos y no todo es pensar que es voluntad, es que hay cosas que a veces se pueden hacer y otras veces se pueden hacer menos.
Con esto, casi entro, si me permite, a responder al representante del Partido Popular.
No termino de entenderle bien si se alegra o no se alegra de que tengamos 100 millones, cuando había 50, o si quiere que lleguen o no lleguen, no lo termino de entender. Efectivamente, en los cálculos de derechos de emisión estaba previsto
que cuando se superara una cierta cantidad, los 50 millones fuera a cambio climático. Ahora van a ser 100. Dice que los 50 no se ejecutaban y que tampoco van a ejecutarse los 100. Pero es que no sé si es que no se van a ejecutar porque cree que
no vamos a ser capaces, o porque cree que lo hemos puesto a ojo. Le aseguro que los cálculos están hechos. Como usted sabe, la Oficina de Cambio Climático lleva al día lo que son las subastas de derecho de emisión y eso está previsto y así va a
ser. Pero entiendo que si tenemos 100 para gastarnos, será mejor que si tenemos 50. Hemos hecho un esfuerzo de tenerlo, y desde luego creo que llegaremos a esa cantidad y los ejecutaremos como está previsto. O sea, no tenemos ninguna duda.
En cuanto a las cuestiones que me está planteando de todo el plan de minería. Me dice lo mismo, no sé si es que cree que es mucho y que no llegamos, si es poco y que tampoco vamos a tener proyectos. Yo creo que es indispensable poner en
marcha una serie de proyectos, y así se ha decidido, para las comarcas mineras. En la medida en que nosotros podamos ayudar a ejecutarlos, estamos convencidos de que lo vamos a hacer. Desde luego esta es la misión de este ministerio. No nos
interesa poner en el presupuesto para quedar bien una cuantía u otra. No se trata de poner cuantías para quedar bien, se trata de poner aquello que podamos pensar que lo vamos a hacer y que de verdad creemos que se necesita. Creo que esta no es
una cuestión de ponerse medallas. Esto es una cuestión de una política que hay que hacer para el futuro, porque si no, las generaciones que vengan detrás no lo echarán en cara. Le puedo garantizar que estoy aquí porque creo en el futuro, si no, no
estaría aquí. Eso ya se lo digo.
Entiendo que todos nosotros tenemos algo que ofrecer a los ciudadanos que nos van a sobrevivir, y en ese caso lo que sí le digo es que como servidora pública con más de 47 años de experiencia, yo le aseguro que creo en ello y voy a hacer
todo lo posible por conseguirlo. No le quepa ninguna duda.
Y nada más, señor presidente. Les agradezco a todos ustedes su generosidad.
El señor PRESIDENTE: Ha sido un placer, señora Lázaro. Y le animamos a seguir muchos años más al servicio de los demás. Muchas gracias por eso también.
Se levanta la sesión.
Eran las tres y quince minutos de la tarde.