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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 691, de 13/12/2018
cve: DSCD-12-CO-691
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 691
INTERIOR
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RAFAEL CATALÁ POLO
Sesión núm. 39
celebrada el jueves,
13 de diciembre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia del señor secretario general de Instituciones Penitenciarias (Ortiz González):
- Para dar explicaciones sobre la elección de cárcel por parte de los presos y los posibles tratos diferenciales. A petición del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 212/001656) ...
- Para que informe sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001741) ... (Página2)
- Para que explique las condiciones de los empleados públicos de los centros de prisiones e instituciones penitenciarias. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 212/001800) ...
- Para informar sobre las condiciones del centro penitenciario Málaga II, situado en Archidona, y creado en virtud de la orden del Ministerio del Interior INT/247/2017 de 16 de marzo de 2017, publicada en el 'BOE' el 18 de marzo, tras la
decisión del Ministerio del Interior de darle uso como centro de internamiento de extranjeros. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/001054) ...
- Para informar sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en el Informe CPT/Inf (2017) 34. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 212/001055) ... (Página2)
- Para que explique la situación en el centro penitenciario de Asturias y en su Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) como exponente del aumento de la conflictividad y del fracaso de la reinserción. A petición del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/001143) ... (Página3)
- Para que explique la situación de las internas en los centros penitenciarios de España. A petición del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/001175) ... (Página3)
Pregunta del diputado don Javier Sánchez Serna, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, sobre motivos por los que los protocolos de atención primaria no detectaron el brote inicial de sarna que afectó a
dieciocho internos del centro penitenciario II de Murcia, en Campos del Río, así como por los que los trabajos de lavandería y desinsectación fueron realizados por internos y no por personal especializado. (Número de expediente 181/001298) ...
Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.
COMPARECENCIA DEL SEÑOR SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (ORTIZ GONZÁLEZ):
- PARA DAR EXPLICACIONES SOBRE LA ELECCIÓN DE CÁRCEL POR PARTE DE LOS PRESOS Y LOS POSIBLES TRATOS DIFERENCIALES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 212/001656).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión.
En primer lugar, tramitaremos las solicitudes de comparecencia con la intervención del secretario general de Instituciones Penitenciarias, don Ángel Luis Ortiz González, a quien damos la bienvenida a esta Comisión de Interior. Después de la
intervención del compareciente daré el turno de palabra a cada uno de los grupos que han solicitado la comparecencia por un tiempo de diez minutos y más tarde intervendrá el resto de grupos parlamentarios. A continuación contestará el secretario
general y cerrarán los grupos, ya en un turno general de menor a mayor por un tiempo de cinco minutos, y finalmente, intervendrá el secretario general.
Asimismo, ha sido solicitada la retirada de una solicitud de comparecencia del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya para dar explicaciones sobre la elección de cárcel por parte de los presos y los posibles tratos
diferenciales. ¿Podemos entenderla como retirada por asentimiento, si están de acuerdo sus señorías y no hay ningún inconveniente? (Asentimiento). Muy bien, señorías.
- PARA QUE INFORME SOBRE LAS LÍNEAS GENERALES DE LA POLÍTICA DE SU DEPARTAMENTO. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001741).
- PARA QUE EXPLIQUE LAS CONDICIONES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS DE LOS CENTROS DE PRISIONES E INSTITUCIONES PENITENCIARIAS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 212/001800).
- PARA INFORMAR SOBRE LAS CONDICIONES DEL CENTRO PENITENCIARIO MÁLAGA II, SITUADO EN ARCHIDONA, Y CREADO EN VIRTUD DE LA ORDEN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR INT/247/2017 DE 16 DE MARZO DE 2017, PUBLICADA EN EL BOE EL 18 DE MARZO, TRAS LA
DECISIÓN DEL MINISTERIO DEL INTERIOR DE DARLE USO COMO CENTRO DE INTERNAMIENTO DE EXTRANJEROS. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/001054).
- PARA INFORMAR SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES FORMULADAS POR EL COMITÉ EUROPEO DE PREVENCIÓN DE LA TORTURA EN EL INFORME CPT/INF (2017) 34. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA.
(Número de expediente 212/001055).
- PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN EN EL CENTRO PENITENCIARIO DE ASTURIAS Y EN SU UNIDAD TERAPÉUTICA Y EDUCATIVA (UTE) COMO EXPONENTE DEL AUMENTO DE LA CONFLICTIVIDAD Y DEL FRACASO DE LA REINSERCIÓN. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO
CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 212/001143).
- PARA QUE EXPLIQUE LA SITUACIÓN DE LAS INTERNAS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE ESPAÑA. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 212/001175).
PREGUNTA DEL DIPUTADO DON JAVIER SÁNCHEZ SERNA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA, SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE LOS PROTOCOLOS DE ATENCIÓN PRIMARIA NO DETECTARON EL BROTE INICIAL DE SARNA QUE AFECTÓ A
DIECIOCHO INTERNOS DEL CENTRO PENITENCIARIO II DE MURCIA, EN CAMPOS DEL RÍO, ASÍ COMO POR LOS QUE LOS TRABAJOS DE LAVANDERÍA Y DESINSECTACIÓN FUERON REALIZADOS POR INTERNOS Y NO POR PERSONAL ESPECIALIZADO. (Número de expediente 181/001298).
El señor PRESIDENTE: Señorías, además de la comparecencia hay una pregunta oral, que también está pendiente de contestación. Si el secretario general en el curso de su intervención lo considera conveniente, puede tratar el contenido de la
misma y de esa manera quedará atendida, y si no, en todo caso, al final podríamos dedicarle el tiempo correspondiente.
Por tanto, damos la bienvenida a esta Comisión al secretario general de Instituciones Penitenciaras, al señor Ortiz González, quien tiene la palabra sin límite de tiempo en esta intervención inicial para referirse de manera acumulada a las
solicitudes de comparecencia que conoce.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Ortiz González): Muchas gracias. Buenas tardes, señor presidente.
Señorías, comparezco por primera vez ante ustedes como secretario general de Instituciones Penitenciarias para dar cumplida contestación a las solicitudes de información que han presentado los diferentes grupos parlamentarios. Les agradezco
su presencia, así como la oportunidad que me brindan para exponerles la gestión que he realizado desde el pasado 19 de junio y para poder informarles de las principales líneas de actuación para el futuro. Realizaré mi intervención siguiendo el
orden del día que la Mesa de esta Comisión de Interior me ha trasladado.
En primer lugar, les informo sobre las líneas generales de la política penitenciaria de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, petición solicitada por el Grupo Parlamentario Popular. En este momento en las prisiones de
España se encuentran 50 826 personas privadas de libertad y al mismo tiempo estamos gestionando a lo largo de este año para el cumplimiento de penas alternativas o comunitarias un total de 97 787 de mandamientos judiciales. Por ese motivo, teniendo
en cuenta el volumen de trabajo y de personas que dependen de Instituciones Penitenciarias, los tres ejes fundamentales sobre los que he centrado la política penitenciaria en el contexto actual son los siguientes: en primer lugar, favorecer el
régimen abierto en el cumplimiento de las penas privativas de libertad, dentro de las posibilidades que ofrece nuestro marco normativo; en segundo lugar, potenciar el tratamiento, entendido como herramienta fundamental de intervención con el
desarrollo de programas específicos que aborden las carencias que las personas condenadas presentan en su etiología delictiva, y en tercer lugar, incrementar el número de internos e internas que desarrollen trabajos productivos en el interior de los
establecimientos penitenciarios, al tiempo que crear hábitos y formación laboral, para que puedan así lograr una reincorporación más fácil a la sociedad. Estas tres cuestiones han sido expuestas personalmente en las visitas realizadas a un total de
veintiuna prisiones, en donde he mantenido reuniones con los equipos directivos de los centros penitenciarios, faltando únicamente por efectuar la visita a la Comunidad Autónoma de Galicia, que realizaré próximamente.
Respecto del régimen abierto hay que señalar que dentro de las posibilidades que nuestro marco legal contempla, la pena privativa de libertad puede ser cumplida en la modalidad conocida como tercer grado. En este momento un 16,6 % de las
personas privadas de libertad se encuentran clasificadas en esa modalidad, sin embargo en países de nuestro entorno ese porcentaje supera con creces el 20 %. Por ello, una de las prioridades de esta secretaría general será la de crear las
condiciones idóneas para incrementar el número de penados que cumplan su condena en régimen abierto.
Directamente relacionado con el régimen abierto se encuentran las penas y medidas alternativas. Afortunadamente para nuestro sistema penitenciario, el Código Penal contempla unas penas alternativas a la privación de libertad que evitan que
un importante número de personas ingresen en prisión. En concreto durante el año 2017, se gestionaron más de 124 000 mandamientos que afectaban a condenados a trabajos en beneficio de la comunidad y a suspensiones y sustituciones de condenas, de
tal forma que la realización de esos trabajos en beneficio de la comunidad o de determinados programas de tratamiento, evitaron que muchos condenados acabaran en prisión. En la actualidad existen casi 34 000 plazas para llevar a la práctica los
trabajos en beneficio de la comunidad.
En segundo lugar, en cuanto a potenciar el tratamiento penitenciario, estimo que este debería ser el gran reto del sistema penitenciario español, ya que teniendo un buen marco jurídico y encontrándose renovadas la casi totalidad de las
infraestructuras, lo importante es conseguir que las personas que ingresan en prisión vuelvan a la sociedad en mejores condiciones de las que entraron.
A modo de ejemplo cabe destacar que cada año alrededor de 1000 internos participan en los cursos de acceso a la universidad y realizan sus estudios de grado estando en prisión; que además de los estudios superiores para las enseñanzas
regladas se han matriculado más de 18 000 alumnos en el curso 2018/2019; que más de 12 000 cuentan con un puesto de trabajo y la nómina mensual supone por lo general más de 3 millones de euros; y que un total de 27 716 internos participan
voluntariamente en alguno de los muchos programas de tratamiento que se les ofrecen.
Precisamente el último de los programas que comenzó su implantación en noviembre en seis centros penitenciarios es el denominado Programa 'Diversidad: por la igualdad de trato y no discriminación y frente a los delitos de odio'. Con ese
programa desde la Administración penitenciaria se quiere dar respuesta a aquellos casos en los que el delito que origina el ingreso en prisión del condenado conlleva la agravante de haber ejecutado el hecho delictivo concurriendo un motivo de
discriminación, por racismo, o por xenofobia, aporofobia, nacionalidad, creencias religiosas, discapacidad, orientación o identidad sexual, ideología o por género. El programa se implementará tanto en diferentes servicios de gestión de penas y
medidas alternativas, como en el medio abierto y medio ordinario. Otro de los programas cuya intensificación es un objetivo prioritario para esta Administración es el relativo a las personas condenadas por delitos de violencia de género. En este
momento un total de 9675 están realizando ese programa tanto en el interior de las prisiones como fuera de ellas.
El tercero de los ejes a desarrollar por el actual equipo responsable de Instituciones Penitenciarias, será incrementar el número de personas condenadas que pueda adquirir formación laboral dentro de prisión, así como conseguir que cada vez
existan más con un trabajo retribuido, manteniéndose fluidos contactos con otras administraciones y empresas para la consecución de este fin. Esta actuación se pone en marcha a través de la Entidad Estatal de Derecho Público Trabajo Penitenciario y
Formación para el Empleo.
En cuanto a los planes de formación para el empleo y la inserción laboral, tienen como objetivo incrementar el nivel de empleabilidad de las personas sentenciadas a penas privativas de libertad a través de itinerarios integrados de inserción
laboral, mediante tres planes: el Plan de Formación Profesional para el Empleo, que abarca acciones tanto en el interior de los centros penitenciarios como en los centros de inserción social; el Plan de Formación y Orientación Laboral, y el Plan
de Inserción Laboral. La puesta en marcha y ejecución de estos planes es posible gracias a entidades colaboradoras, como el Fondo Social Europeo a través de nuestra participación en el Programa Operativo 2017-2020 'Lucha contra la Discriminación'.
Para el año 2018 está prevista la impartición de 770 acciones de formación profesional para el empleo con la participación de 12 340 internos. Esta programación es ligeramente superior a la del año 2017. En cuanto al Programa de Formación y
Orientación Laboral, participan un total de 1200 internos, en las 68 acciones formativas programadas. En el Programa de Inserción Laboral se está interviniendo con más de 2100 internos.
La otra gran línea para la reinserción sociolaboral de los internos es el trabajo productivo en los diferentes talleres penitenciarios. Este tipo de trabajo en los centros adquiere diferentes finalidades y varias formas de valoración y de
motivación, pero sobre todo tiene dos grandes funciones: la de facilitar el control del orden en la vida cotidiana de los centros y facilitar la socialización de la persona trabajadora mediante el aprendizaje de pautas que le permitan interiorizar
valores y formas de comportamiento. Además, contribuye a que puedan hacer frente al pago de la responsabilidad civil.
Los objetivos que se ha marcado la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario son: en primer lugar, potenciar los talleres productivos dependientes de la entidad, mejorando nuestros procesos de producción,
de tal forma que nuestros productos sean competitivos, generen un ahorro importante a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarios en los 'encargos' que realiza a la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y a la vez puedan tener
mejor salida en el mercado exterior; y en segundo lugar, consolidar y potenciar los acuerdos con empresas externas, con el objeto de convertir nuestras instalaciones en centros de producción de las empresas interesadas en facilitar empleo a los
internos e internas. En la actualidad estas empresas dan trabajo a más de 2627, casi 200 trabajadores más que durante el año 2017. El número de empresas externas que tienen sus centros de producción en el interior de las prisiones asciende a 135.
Por otra parte, los talleres productivos propios han posibilitado la ocupación de 9745 trabajadores de media, con un ligero crecimiento respecto al año 2017. Las principales ocupaciones de esos talleres son: cocinas, economatos,
mantenimiento, panadería, servicios auxiliares, carpintería mecánica, madera y confección. En este momento disponemos de 360 talleres de producción propia y 135 talleres a cargo de empresas que hacen su actividad productiva dentro de prisión.
En segundo lugar, les informo de las condiciones de los empleados públicos de los centros de prisiones e instituciones penitenciaras, petición realizada por el Partido Popular. Durante los cinco meses y medio que llevo al frente de la
Secretaría General de Instituciones Penitenciarias he mantenido diferentes reuniones con todas las organizaciones sindicales, con las asociaciones de funcionarios de prisiones y directamente con los funcionarios de prisiones en la casi totalidad de
las veintiuna visitas que he realizado a los centros penitenciarios. Precisamente mi primera actuación en mi nueva responsabilidad fue una reunión con una organización sindical para que desconvocaran un encierro que duraba veinte días en la sede de
la secretaría general. Según me han ido reconociendo dichas organizaciones sindicales, ese tipo de reuniones no fueron habituales en los últimos años. Esas reuniones me han permitido el conocer con detalle las condiciones laborales del colectivo
de prisiones. Dadas las características del trabajo que ellos realizan, y teniendo en cuenta que el servicio se presta durante las 24 horas del día, los 365 días del año, los trabajadores de prisiones tienen unos horarios especiales y por tanto
distintos a los funcionarios de la Administración General del Estado, tal y como a continuación les paso a concretar.
En primer lugar, funcionarios de servicio interior. En esta situación se encuentran 13 023 funcionarios, un 58,68 % del total, que trabajan en turnos de mañana, tarde y noche, pudiendo acumular durante dos días, un turno de mañana y un
turno de tarde, el tercer día realizan la jornada nocturna. Esto supone al año 73 jornadas diurnas y 36 nocturnas, es decir, 109 días de trabajo al año, ya que tras esos tres días de trabajo tienen cuatro días y medio de libranza.
En segundo lugar, funcionarios de servicio interior-2. En esta situación se encuentran 2259 funcionarios, un 10,28 %. Trabajan en turnos acumulados de mañana y tarde y lo hacen durante dos días seguidos. No realizan jornadas de noche.
Después de esos dos días de trabajo disponen de cuatro días de libranza. El número de días efectivos de trabajo al año se cifra en 105 días.
En tercer lugar, funcionarios de área mixta, tratamiento y oficinas. En esta situación se encuentran 5616 funcionarios, un 25,56 % trabajan de lunes a viernes en turnos de mañana o tarde. Su jornada laboral es de treinta y siete horas y
media a la semana, que equivale a 1642 horas anuales, que es de aplicación a todos los funcionarios de la Administración General del Estado.
En cuarto lugar, los directores, gerentes, subdirectores y administradores. En total son 414, que prestan una jornada de trabajo de 40 horas semanales en régimen de especial dedicación, lo que puede suponer en la práctica mayores horas de
trabajo por necesidades del servicio. En este caso el número de horas de trabajo al año supone 1751.
Por último, el personal sanitario. Son 881 funcionarios, que cumplen el horario general establecido, es decir, treinta y siete horas y media, y además realizan las guardias correspondientes.
Como consecuencia de las reuniones mantenidas con las organizaciones sindicales y con los funcionarios, a título individual, en los cuatro primeros meses de mi gestión se han adoptado las siguientes medias.
Primero. Con el fin de mejorar las condiciones de trabajo de Instituciones Penitenciarias, incrementando la disponibilidad de efectivos, en la oferta de empleo público de este año, se le han asignado 956 plazas, de ellas 831 corresponden al
cuerpo de ayudantes. El resto de plazas de la oferta de empleo público corresponde a 35 plazas para médicos, 45 para enfermeros y 45 para el cuerpo superior de técnicos -Juristas y Psicólogos-. El proceso de selección de las 831 plazas del cuerpo
de ayudantes está siendo gestionado con máxima urgencia para que pueda finalizar en los primeros meses de 2019. El primer examen se realizará el próximo día 27 de enero. El citado número de plazas supone
un coste de 35 370 000 euros. Este incremento ha sido aprobado por el actual Gobierno y supone un 247 % con relación a la tasa de reposición de efectivos. En el año 2017, en números absolutos, el número de bajas fue de 387 y. sin embargo.
la oferta de empleo público fue de 956 plazas. Gracias a esa medida se podrán empezar a cubrir las 2277 plazas vacantes que hay de personal funcionario.
Segundo. Se va a convocar un concurso general de traslados que afecta a 1399 plazas correspondientes a los niveles 15 a 22. Ese concurso ya se está tramitando, tras haber recibido la aprobación de Función Pública. Les quiero informar que
durante el periodo 2012-2017 solo hubo un concurso en 2012 con 480 plazas, y otro en 2017, con 391 plazas. El concurso que se va a publicar, tal y como acabo de decirles, alcanza las 1399 plazas y era una de las principales reivindicaciones
organizaciones sindicales.
Tercero. Se ha publicado la instrucción 4/2018, con objeto de no efectuar descuentos en la productividad cuando la ausencia al trabajo se produce con ocasión de ingresos hospitalarios, sesiones de quimioterapia, enfermedad grave o accidente
laboral.
Cuarto. En aquellos supuestos de agresiones graves, siempre que el funcionario lo solicite, se interesa de la Abogacía del Estado, que preste la asistencia jurídica al mismo. Esta posibilidad no se estaba realizando hasta la fecha.
Quinto. En los casos en los que los internos son condenados por agredir a un funcionario, al pago de una responsabilidad civil, si el condenado es declarado insolvente, debería ser asumido por la Administración penitenciaria. A estos
efectos se considera necesario desde un punto de vista normativo, introducir esta posibilidad, ya que el marco legal actual es confuso y la jurisprudencia contradictoria.
Sexto. Se está computando el tiempo de prácticas de los funcionarios para el momento en el que decidan pasar a la 'segunda actividad'. Este cómputo tampoco se hacía antes del mes de junio de 2018.
Séptimo. Se ha expresado a las organizaciones sindicales y a los funcionarios el apoyo de esta Administración penitenciaria a la reforma legal que se tramita en el Parlamento, para que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como
'agentes de la autoridad'.
Octavo. Por último, en las conversaciones mantenidas con las organizaciones sindicales se ha trasladado a las mismas que, cuando las previsiones presupuestarias lo permitan, es necesario reducir las nueve categorías existentes entre centros
penitenciarios y evitar que entre un funcionario del cuerpo de ayudantes de servicio interior destinado en un centro de máxima categoría exista una diferencia salarial de 737,27 euros respecto de un funcionario del mismo cuerpo del área de oficinas
destinado en un centro penitenciario de mínima categoría. Esta es una de las principales reivindicaciones de las organizaciones sindicales, las cuales solicitan una reclasificación de los centros penitenciarios, ya que la actual procede del año
2005, que a su vez tiene su origen en 1989. La reclasificación tiene efectos retributivos porque, dependiendo de cómo cada establecimiento esté clasificado, el complemento específico del personal funcionario y el complemento singular de puesto del
personal laboral -parte importante de las retribuciones- varían. El día 25 de septiembre por parte de la Administración, en el seno de un grupo de trabajo, se presentó un estudio técnico preliminar que contenía una posible reclasificación de los
centros. Para poder llevar a efecto ese estudio será necesario contar, cuando ello sea posible, con una dotación presupuestaria.
A pesar de todas esas medidas, a los tres meses de mi gestión fue convocada una huelga de seis días, sin tener en cuenta que la clasificación de los centros data de 2005 y que desde el año 2012 no se produjeron importantes ofertas de empleo
público y, en consecuencia, no hubo concursos de traslados cuantitativamente relevantes.
Además de las actuaciones concretas que en materia de recursos humanos y gestión de personal se han adoptado durante los últimos meses, y cuya enumeración les acabo de mencionar, es necesario seguir trabajando para que en cuanto el marco
presupuestario lo permita abordar una nueva reclasificación de los centros penitenciarios para simplificarla y actualizarla, aprovechando los estudios técnicos preliminares que ya se han elaborado.
También es esencial conseguir mejoras en las siguientes materias. En primer lugar, es fundamental, dentro de la sanidad penitenciaria, impulsar el traspaso de esta materia a las comunidades autónomas, tal y como se hizo al País Vasco, para
cumplir lo dispuesto en la Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. Sobre este aspecto que considero esencial volveré a hacer alguna referencia al final de mi intervención.
En segundo lugar, respecto de los procesos selectivos y los concursos de traslados, mi compromiso es el de agilizar al máximo unos y otros para que los 831 funcionarios del cuerpo de ayudantes puedan
estar en sus puestos de trabajo durante la próxima primavera y evitar situaciones como la que se produjo con la oferta de empleo público del año 2016, para el cuerpo especial de Instituciones Penitenciarias, cuyos aspirantes no habían sido
nombrados funcionarios de carrera en junio de 2018.
En tercer lugar, y por último, es preciso seguir potenciando la formación de los trabajadores de Instituciones Penitenciarias. Para ello se ha reforzado con nuevos efectivos esa área y se está estudiando la posibilidad de computar como
horario de trabajo determinado tiempo que se dedica a la formación.
Como responsable de la Administración penitenciaria, en materia de recursos humanos estoy en el deber de ofrecerles a ustedes un diagnóstico de cuál es la situación en este momento y de proponer las iniciativas que habría que ir adoptando de
forma progresiva cuando las disposiciones presupuestarias lo permitan.
En tercer lugar, paso a informar de las condiciones del Centro Penitenciario de Málaga II, situado en Archidona, petición solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El Centro Penitenciario de
Archidona fue creado en virtud de la Orden del Ministerio del Interior 247/2017 de 16 de marzo de 2017. Antes de proceder a su inauguración el Ministerio del Interior autorizó que desde finales del mes de noviembre de 2017 hasta el 10 de enero de
2018 que estas instalaciones fueran utilizadas de forma temporal como CIE. Durante este espacio de tiempo el centro llegó a albergar una cifra aproximada de 572 migrantes. El día 26 de febrero de 2018 se abrió como centro penitenciario, habiéndose
procedido al traslado de internos de forma paulatina desde el 10 de abril de 2018. Como ustedes conocen mi responsabilidad al frente de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, comenzó el 19 de junio de 2018.
Actualmente tiene 398 internos, pues el centro no está abierto en su totalidad ya que solamente están abiertos cuatro módulos residenciales más los tres auxiliares: ingresos, enfermería y aislamiento con plazas asignadas para régimen
cerrado. La próxima incorporación de nuevos trabajadores permitiría la progresiva apertura de nuevos módulos. Además, en este momento se está gestionando el correcto funcionamiento del sistema de videoconferencia, ya que este centro podría ser uno
de los primeros en España en el que se celebren entrevistas entre los internos y sus abogados a través de videoconferencias.
En cuarto lugar, paso a informarles sobre la aplicación de las recomendaciones formuladas por el Comité Europeo de Prevención de la Tortura en su informé número 34 del año 2017, petición solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En relación con la aplicación de las recomendaciones formuladas por Comité Europeo de Prevención de la Tortura, recogidas en el informe emitido tras su visita a España en octubre 2017, hay que advertir
previamente que somos conscientes de la necesidad de mejora constante de la Administración penitenciaria, lo cual ha de considerarse no solo como un propósito, sino como un objetivo permanente e irrenunciable en el que avanzamos tomando como punto
de partida los estándares internacionales de buenas prácticas en esta materia.
En este contexto, sobre las más relevantes recomendaciones del comité cabe indicar las siguientes. En materia de malos tratos, y en concreto de la adopción de medidas para evitar el uso excesivo de la fuerza física o la agresión verbal por
parte del personal penitenciario, quiero informar que se ha dictado una orden de servicios en febrero del presente año, que clarifica y homogeniza la actuación de los equipos directivos de los centros penitenciarios ante las quejas o denuncias de
los internos por mal trato, regulando la puesta en marcha de un sistema de registro donde deben ser debidamente anotadas todas las denuncias que se conozcan, al margen del momento o vía de conocimiento y de la tramitación administrativa y/o judicial
que proceda. Esta cuantificación de las denuncias posibilitará su abordaje no solo de forma individual sino, en su caso, por medio de estrategias o medidas de actuación más generales que incidan en el funcionamiento general del centro.
En cuanto a la adopción de medidas para mejorar la capacidad del personal de prisiones a la hora de manejar situaciones de alto riesgo, sin recurrir al uso de la fuerza física, es necesario destacar que con la firma del Protocolo Específico
de Actuación Frente a las Agresiones en los centros penitenciarios y centros de inserción social dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias se ha puesto en marcha un Plan Específico de Prevención y Respuesta ante conductas
agresivas. El número total de funcionarios que ya han recibido formación a través de este protocolo es de 2018, de ellos 1799 son hombres y 219 mujeres. Con este plan se trata de que los trabajadores -fundamentalmente del área de vigilancia, pero
no en exclusividad- sean capaces de identificar y anticiparse a aquellos momentos o situaciones que puedan provocar conflictos, conocer y aplicar los procedimientos de actuación para prevenir los mismos, familiarizarse con las peculiaridades del
desempeño del trabajo en determinadas
unidades, tales como las de régimen cerrado, ingresos o enfermería, y todo ello con la finalidad de minimizar riesgos.
También se han previsto acciones formativas para los funcionarios centradas en la educación en salud mental -teniendo en cuenta la prevalencia de enfermedades psíquicas existentes en prisión- frente a la sociedad libre y los conocimientos y
estrategias que es preciso desarrollar para mejorar la interacción de este tipo de internos, evitándose con ello también situaciones de conflicto que habiendo sido previamente comprendidas pueden ser abordadas y resueltas desde otras perspectivas
más eficaces y serenas.
Respecto a la adopción de una estrategia eficaz para combatir la violencia de los reclusos, debo apuntar la puesta en marcha en los centros penitenciarios dependientes de esta secretaría de un programa de tratamiento denominado Picovi, que
tiene como objetivo la intervención con internos que presentan una actividad delictiva violenta o una continua inadaptación al régimen ordinario, mostrando de forma grave y reiterada comportamientos violentos.
En relación con el número de agresiones a funcionarios, debo informarles que los datos ponen de manifiesto una baja conflictividad en los centros penitenciarios. De 475 agresiones en el año 2010 hemos pasado a 305 durante 2017 y este año se
han producido 218. Esta cifra incluye las agresiones muy graves, graves, leves y sin lesiones. Con estos datos, se puede afirmar que, dado el número de interacciones diarias que se producen entre internos y funcionarios, miles diariamente, no
puede sostenerse que se trata de un entorno laboral conflictivo. Ello no impide que sea intención de esta Administración ofrecer siempre las máximas garantías de seguridad para los trabajadores penitenciarios. A pesar de las noticias que sobre
esta materia se publican diariamente, debe reconocerse que la profesionalidad y el buen trabajo de los funcionarios penitenciarios están permitiendo que el número de agresiones en las prisiones españolas sea bajo si lo comparamos con otros países de
nuestro entorno, como Francia o Reino Unido.
En cuanto a la erradicación de la práctica de recurrir de forma habitual a la sujeción mecánica regimental, debo apuntar que recientemente se ha puesto en marcha a través de la Instrucción 3/2018, firmada ya por quien les habla, un nuevo
protocolo de actuación en esta materia, para que su aplicación, bien con esposas, bien por cualquier otro medio equivalente de sujeción mecánica, sea siempre respetuosa con los derechos de los internos y tras haberse agotado previamente la vía del
diálogo. En esa instrucción se han asumido todas las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo en su calidad de Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura.
En cuanto a que los internos puedan ponerse en contacto con su médico de forma que se garantice su confidencialidad, he de señalar que actualmente se está valorando la implantación de un sistema de interpretación telefónica en los centros
penitenciarios que facilite la comunicación de los internos extranjeros con el personal sanitario. En concreto, en este momento se está en fase de evaluar el número de potenciales usuarios, para valorar su coste y la oportunidad de instalarlo.
Respecto a la recomendación de potenciar las comunicaciones por videoconferencia para los internos extranjeros, apuntaré que uno de los objetivos de esta Administración es potenciar la administración digital y las nuevas tecnologías, y en
este ámbito, en concreto, para favorecer las comunicaciones por videoconferencia de los internos extranjeros con sus familiares, así como las videoconferencias entre los internos y sus abogados.
Respecto a la adopción de medidas para impulsar el programa de tratamiento con internos en régimen cerrado, conforme a lo establecido en la Instrucción 17/2011, el programa específico de tratamiento para las personas clasificadas en primer
grado está implantado en 21 centros y sus beneficiarios son 749 internos, de los cuales 32 son mujeres.
En quinto lugar, paso a informarles de la situación del centro penitenciario de Asturias y su unidad terapéutica educativa, UTE, petición solicitada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer
lugar, quiero manifestar que no es cierto que el exponente de conflictividad del centro penitenciario de Asturias tenga relación alguna con el funcionamiento de la UTE, pues los incidentes habidos en este centro no han aumentado desde que por la
instrucción 9/2014 se procediera a la regulación de la referida UTE, dotando a este programa de tratamiento de una homogeneización organizativa y funcional que antes no tenía, adaptada a la normativa reglamentaria para permitir una intervención
penitenciaria plenamente respetuosa con los derechos de los internos. Es conveniente dejar bien claro que las UTE, la que está en el centro penitenciario de Asturias y las otras 25 más que existen, son programas de tratamiento cuyo objetivo es
profundizar en las herramientas terapéuticas que inciden en la superación de las carencias que presentan los internos
drogodependientes. Estos programas específicos comparten espacio con otros muchos programas de intervención y tratamiento que se realizan en los centros penitenciarios, con el objetivo de aportar los elementos necesarios para conseguir el
objetivo de la reinserción social de los penados. Todos los programas de intervención y tratamiento necesitan de unas normas donde se regula su implantación, desarrollo y seguimiento para que los profesionales a quien corresponde su aplicación
puedan intervenir de una manera uniforme. En el caso concreto de la unidad terapéutica del centro penitenciario de Asturias, los datos existentes sobre la misma ponen de manifiesto que no es cierto que el funcionamiento de esa unidad durante los
últimos años haya aumentado la conflictividad dentro de la misma y haya supuesto un fracaso de la reinserción de los internos. Así, les puedo informar de que, según el estudio comparativo obtenido de los datos obrantes en la inspección
penitenciaria, las incidencias acaecidas en los módulos UTE de Asturias tras la entrada en vigor de la instrucción del año 2014 solo se incrementaron en el año 2016, siendo uno o ninguno los que se comunicaron en los años 2015, 2017 y 2018. Antes
del año 2014 las incidencias fueron tres en el año 2012 y una en el año 2013. Los incidentes grabados en el sistema informático respecto del centro penitenciario de Asturias fueron: en 2014, 11 graves, uno muy grave y 189 leves, y a partir del año
2015 los incidentes no solo no aumentan sino que disminuyen. El programa con el que se trabaja en la Unidad Terapéutica y Educativa del centro penitenciario de Asturias está implantado en 26 centros y la evaluación que se ha realizado sobre su
efectividad ha permitido comprobar que el nivel de reincidencia de los internos que pasan por los programas UTE y lo finalizan de forma exitosa baja a un 16,7 %, frente al 24,7 % de los que no lo realizan. Por último, quiero informarles de que para
conocer con detalle la situación en la que se encuentra la UTE del centro penitenciario de Asturias me he entrevistado con todas aquellas personas que han pedido reunirse conmigo y he visitado el centro penitenciario de Asturias para conocer
personalmente las circunstancias en las que se trabaja en dicha unidad. En esa visita, adopté las medidas que consideré necesarias para su mejor funcionamiento. Es mi deseo que la UTE de Asturias, que en su día fue referente de un proyecto
innovador y comprometido con la reinserción de las personas privadas de libertad, continúe siendo un ejemplo del buen hacer en la reeducación de los penados.
Como está retirada la pregunta de Esquerra Republicana, pasó al siguiente punto, para informarles de la situación de las internas en los centros penitenciarios de España, petición formulada por el Grupo Parlamentario Vasco. Las internas en
los centros penitenciarios dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, excluida Cataluña, son en estos momentos 3878, y representan un 7,6 % de la población reclusa, situándose la media europea en el 5,5 %. Las mujeres
comparten espacio físico con los hombres en la mayoría de los centros penitenciarios, en 57 casos con absoluta separación en departamentos propios. Solamente existen tres centros que albergan exclusivamente población reclusa femenina, que son los
de Madrid I, el centro de Ávila, Brieva, y Alcalá de Guadaira, Sevilla. No obstante, existen algunos departamentos en los que conviven hombres y mujeres en el medio abierto, como es el caso de todos los CIS, los centros de integración social.
También existe esta convivencia de hombres y mujeres en algunos departamentos mixtos en centros cerrados, como sucede en Palma de Mallorca, León, Asturias, Valencia, A Lama y Madrid VI, en Aranjuez -en este último caso se trata de madres que
conviven con su pareja y el hijo de ambos-. Para las mujeres que tienen la condición de madre, se permite que tengan consigo a sus hijos hasta los tres años de edad, y existen tres unidades internas en los centros de Valencia, Madrid VI y Alcalá de
Guadaira y tres unidades de madres externas en Madrid, Sevilla y Palma de Mallorca. Asimismo, existen algunas unidades dependientes con madres ubicadas en espacios físicos de la ciudad; en concreto, estas unidades son tres: dos de ellas están en
Madrid y una en Tenerife. Las mujeres participan de los mismos programas de intervención y tratamiento que los hombres y en algunos casos en programas específicos adecuados a sus circunstancias, como es el caso del denominado programa SerMujer.es
para aquellas internas que presentan un historial personal con frecuentes episodios de agresiones y otras manifestaciones de violencia contra la mujer. Este programa específico pretende dotar a estas mujeres de recursos que les ayuden a mejorar sus
capacidades personales, a afrontar las dificultades que supone estar cumpliendo condena en prisión y no haber tenido los recursos necesarios para hacer frente a este tipo de violencia y a las consecuencias que ello conlleva tanto a nivel psicológico
como sociolaboral y familiar. El objetivo del programa SerMujer.es radica tanto en la prevención de la violencia de género como en el tratamiento de las internas que la hayan padecido y necesiten un mayor grado de atención. Como les indiqué al
inicio de este apartado, las mujeres en prisión representan un 7,6 % de la población reclusa, y, sin embargo, su participación porcentual en las diferentes actividades y talleres está por encima de ese tanto por ciento. Así sucede en los cursos y
talleres
productivos y ocupacionales, en donde participan en un 12,43 %; en las actividades de difusión cultural, donde intervienen en un 15,24; en las actividades de formación y motivación cultural, donde lo hacen en un 13,79 %, y en el número de
mujeres lectoras que utilizan las bibliotecas de los centros penitenciarios, que alcanzan un 10,46 %.
Paso a dar contestación a la siguiente pregunta, que presenta el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea: motivos por los que los protocolos de atención primaria no detectaron el brote inicial de sarna, que
afectó a dieciocho internos del centro penitenciario de Murcia, en Campos del Río, así como de los trabajos de lavandería y desinsectación, que fueron realizados por internos, y no por personal especializado.
Respecto al brote de sarna en el centro penitenciario de Murcia II, los servicios sanitarios del centro detectaron el primer caso en la primera consulta del primer interno afectado, siendo diagnosticado el día 8 de septiembre de 2018. Desde
ese mismo momento se pusieron en marcha de forma inmediata las medidas de prevención y control que se recogen en el protocolo Normas de higiene y recomendaciones para la prevención y control de enfermedades transmisibles en instituciones
penitenciarias, notificándolo al servicio de epidemiología de la Comunidad Autónoma de Murcia, con la que se mantuvo tanto desde el centro penitenciario como desde la Subdirección General de Sanidad Penitenciaria un contacto fluido y permanente para
el estudio y control del brote, visitando el centro conjuntamente profesionales de la Subdirección General de Sanidad de Instituciones Penitenciarias y del servicio de epidemiología mencionado. Se realizó en el centro el estudio de contactos
pertinente y las recomendaciones generales de actuación para la prevención y control de la enfermedad. Debido a la puesta en marcha de ese protocolo, se consiguió llegar a un diagnóstico y tratamiento de todos los nuevos casos y tratamiento de los
contactos no sintomáticos, con el fin de prevenir nuevos casos.
En el caso del centro penitenciario de Murcia y durante el brote acaecido, en el departamento de lavandería se prestó especial atención al procesamiento de la ropa, cumpliendo todas las recomendaciones indicadas en el protocolo, y de igual
forma a los trabajos de desinsectación. Los trabajos de lavandería fueron realizados por los internos que tienen su destino en la misma y que previamente han recibido formación necesaria para trabajar allí y tienen un contrato de trabajo que les
permite percibir un salario.
Antes de finalizar mi intervención y aprovechando que esta pregunta guarda relación con la actuación realizada por la sanidad penitenciaria, quiero transmitirles, como indiqué anteriormente, que es prioritario impulsar el traspaso de dicha
sanidad a las comunidades autónomas. La Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 pretendió implantar un modelo de asistencia médica integral, pero pronto empezó a quebrar como consecuencia de las reformas legislativas y los cambios producidos en
el Sistema Nacional de Salud por la Ley 14/1986. El modelo de asistencia sanitaria evolucionó por la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, hacia la asunción total por las comunidades autónomas de la asistencia sanitaria
de los internos. Desde esa fecha la única transferencia realizada ha sido al País Vasco. La situación en este momento pone de manifiesto una falta importante de recursos humanos, sanitarios y penitenciarios, especialmente de facultativos. En la
oferta pública de empleo del año 2017 se ofertaron 17 plazas de facultativos y se cubrieron 12. Las 35 plazas correspondientes a la oferta pública de 2018 serán difícilmente cubiertas, ya que existe una diferencia retributiva importante en el
salario de los facultativos, según trabajen dentro o fuera de prisión. La situación es similar en cuanto al cuerpo de farmacéuticos penitenciarios. A todo ello hay que unir que en los próximos tres años el 56 % de los facultativos tendrán entre
sesenta y sesenta y cinco años y que por ello podrán solicitar la jubilación anticipada. Debe señalarse también que de los 495 puestos de trabajo de facultativos penitenciarios no se encuentran cubiertos en este momento 184. La solución pasa por
homogeneizar la asistencia sanitaria que tienen que recibir todas las personas, con independencia de si están o no privadas de libertad, siendo preciso para ello la transferencia de la sanidad penitenciaria a cada comunidad autónoma. Así lo expresé
en el último Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en el que amablemente fui invitado a participar el pasado 15 de noviembre. Y hoy quiero dejar también constancia ante ustedes, como representantes supremos de la soberanía
popular, para entre todos lograr que esas transferencias puedan realizarse en los términos que acordó la Ley 16/2003.
Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor secretario general, por sus explicaciones en relación con las comparecencias solicitadas y la pregunta oral.
Vamos a la intervención de los grupos. Como decía, primero los solicitantes, y por ello doy la palabra al representante del Grupo Vasco, el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, señor presidente.
Muchas gracias también a nuestro compareciente por las explicaciones que nos ha dado sobre la situación de las instituciones penitenciarias.
En primer lugar, teníamos una pregunta respecto al régimen de las mujeres que se encuentran presas, que venía motivada por otra que hicimos por escrito y fue contestada respecto a un caso que nos había llegado de la prisión de Albolote. Las
explicaciones que nos ha dado se las agradezco, pero quisiera alguna manifestación sobre la respuesta que nos dieron por escrito. Es un caso en el que se establecen prestaciones personales para los reclusos que son obligatorias, en concreto unas
prestaciones de limpieza que se reparten en los distintos módulos entre hombres y mujeres. Son prestaciones personales obligatorias, y su no cumplimiento parece que acarrea un régimen disciplinario. En este caso, la persona fue trasladada de un
régimen ordinario a un régimen cerrado porque era el que correspondía a su clasificación. Cuando se avino otra vez a hacer las limpiezas de los servicios fue pasada otra vez al régimen ordinario, a un departamento ordinario. Pero se indica que los
internos masculinos que presentan conflictividad son eximidos de este servicio. No lo entiendo muy bien. Por un lado, nos dicen que el que no cumple una prestación personal es sancionado y, por otro lado, nos dicen que los varones conflictivos son
eximidos. Entendemos que hay una situación de trato diferente. Entonces, mi pregunta es: ¿Para ser eximido de una prestación hay que ser un interno conflictivo? ¿Por el hecho de ser conflictivo ya te eximen de prestaciones? Quisiera que me
explicara esta situación, ya que, por un lado, se afirma que es obligatorio y que su incumplimiento da lugar a sanción y, por otro lado, que los conflictivos están eximidos, en concreto en los módulos I, IV y V.
Nos ha hablado también de las condiciones de los funcionarios. Todos hemos conocido quejas, porque hemos tenido reuniones con funcionarios de prisiones y nos han relatado la situación algo crítica que se da por el número de vacantes en la
plantilla. Me parece que hasta que se ejecute esta OPE habrá alrededor de 3500 vacantes, sobre una plantilla de unos 24 000 funcionarios. Y aparte de esta OPE de 900 plazas, que es de esta legislatura pero me parece que se inició con los
presupuestos que se aprobaron por el Partido Popular, me gustaría saber si tienen alguna otra medida o plan para cubrir las restantes 3500 vacantes, porque, según nuestras informaciones, un centro requiere entre 350 y 450 empleados más o menos -creo
que esa es la media-. Entonces, con el número de centros que tiene Instituciones Penitenciarias y con una media en los centros grandes de 350, 450 empleados, parece que materialmente es muy difícil prestar el servicio. ¿Cuál viene siendo la
consecuencia? El cierre de módulos y el hacinamiento. Esa es la consecuencia: a menos funcionarios, se comprime a los reclusos, cerrando módulos. Me pregunto qué plan tienen, más allá de ejecutar esa OPE que ya estaba en marcha.
Respecto a los funcionarios de prisiones, nos ha indicado una serie de mejoras, como la representación por la Abogacía del Estado cuando se han producido agresiones si lo solicitan o el adelanto de indemnizaciones. Tengo que decirle que
estas mejores circunstancias en el servicio no vienen motivadas solo por una decisión de la Administración penitenciaria. Creo que son consecuencias de decisiones judiciales previamente judicializadas por sindicatos de instituciones penitenciarias.
Quisiera que me aclarara ese extremo.
Había otra queja, que ya nos ha indicado, sobre los concursos de traslados de los funcionarios -lo voy a decir para que se me entienda-, cada uno confinado en su centro, es decir, sin movilidad geográfica, para poder acercarse a sus lugares
de mayor arraigo. Ya nos ha dicho que van a poner en marcha un concurso de traslados, que, si no he entendido mal, afectaría a 1399 funcionarios. Consideramos que, efectivamente, puede ser una mejora.
Le quería preguntar sobre otra queja que nos ha llegado, para que nos la confirme. Se trata de una cierta sanción encubierta -lo llamaría así, al menos cautelarmente-, ya que a aquellos funcionarios que han participado en movilizaciones se
les ha excluido del pago de una cantidad en la productividad, lo que se podría considerar como una sanción encubierta. Creo que en este caso hay alguna sentencia que lo impide. Me gustaría que nos pudiera confirmar si esta información que nos han
trasladado es cierta o no.
Respecto al informe del CPT, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, usted ya nos ha avanzado alguna de las medidas que se han tomado. La verdad es que el informe, que es de 2017 -aunque es una visita girada creo que de un año
antes, de septiembre a octubre del 2016- es bastante duro, o, por lo menos, así nos ha parecido a nosotros tras su lectura. Acerca de los maltratos
físicos, como ya nos ha comentado, sobre todo en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales, se ha articulado una orden de servicios que parece que quiere hacer frente a aquellas dos recomendaciones, la relativa a los
directores sobre el registro de incidentes y la relativa al personal sanitario. Pero acerca de los regímenes, sobre lo que me parece que no nos ha dicho nada -o quizás yo no he prestado la suficiente atención-, hay un comentario especialmente
delicado respecto a los detenidos que refieren claros signos de trastornos mentales, pues se dice expresamente que su condición ha empeorado debido al régimen restrictivo en los módulos de régimen cerrado y departamentos especiales. Le preguntaría
si realmente tiene alguna medida para paliar esta situación de empeoramiento que refiere el informe del CPT.
Sobre la fijación mecánica, parecía que el comité tiraba la toalla, porque el informe dice que los intentos de regular la fijación mecánica que había recomendado han fracasado y que la medida es abusiva en todos los centros que el comité ha
visitado, lo que podría suponer en muchos casos un trato inhumano o degradante, e insta a las autoridades españolas a que se deje de recurrir a la sujeción mecánica con fines regimentales en las prisiones. Usted nos ha comentado que se ha puesto en
pie la Instrucción 3/2018 del Defensor del Pueblo, que es el agente del comité en el Estado, y mi pregunta es si realmente hay una coincidencia entre las recomendaciones del Defensor del Pueblo y las que refiere este informe, es decir, que no se
hagan sujeciones mecánicas con fines regimentales. Me parece que usted lo que nos indica es que se han modulado o estandarizado. Entiendo que no es exactamente lo mismo y me gustaría que me aclarase si efectivamente es así.
En cuanto a los servicios sanitarios, vuelve a incidir, pone otra vez el dedo en la llaga, en la atención psiquiátrica, que dice que sigue siendo problemática. También se refiere a los problemas de drogadicción y hace una serie de
recomendaciones. Me gustaría saber si realmente van a poner en pie alguna medida para esos presos que refieren afecciones psiquiátricas.
Otro punto importante son las medidas de aislamiento. Es bastante duro, no solo en la parte ejecutiva del informe, sino cuando también se pormenoriza el régimen de aislamiento. Llama la atención que no le parecen adecuados, sobre todo, los
periodos consecutivos de hasta catorce días de aislamiento con fines disciplinarios -estoy leyendo-, que se interrumpen solo durante un día. Entonces, establece la recomendación de que no se someta a ningún interno a régimen de aislamiento de forma
continua a modo de castigo más de catorce días. Me gustaría preguntarle si, efectivamente, van a articular alguna instrucción, orden o medida que realmente ejecute esta recomendación.
Le agradezco sus explicaciones y quedo a la espera de su siguiente intervención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
En segundo lugar, dentro del turno de los solicitantes de la comparecencia, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Damos las gracias al compareciente por sus explicaciones. Reconocemos su trayectoria antes de llegar al cargo que usted ocupa en este momento y agradecemos especialmente el cambio de tono que observamos, susceptible por lo menos de poder
mantener un diálogo con mi grupo, esperemos que constructivo para paliar muchas de las severas deficiencias que se vienen arrastrando, y sobre las que hemos sido especialmente críticos tanto por trayectoria como en el ejercicio de la función pública
que ahora mismo ocupamos.
El medio penitenciario es extremadamente delicado porque afecta a cuestiones de derechos fundamentales -usted lo sabe bien-, y eso incluye medios personales y materiales adecuados para cumplir las funciones que la Constitución establece,
como la reinserción. Empezando por lo primero, los recursos humanos, es evidente que usted cuando llega no es responsable de una situación que se viene arrastrando desde hace tiempo, especialmente durante los últimos seis años de Gobierno del
Partido Popular que, como tuvimos ocasión de decirle a su antecesor, fueron de una dejadez o una incuria absoluta que ha embalsado un nivel de descontento y agresividad que posiblemente haya desembocado en la actual situación. Una conflictividad
laboral preocupante con un descontento basado en situaciones que objetiva y realmente deben ser abordadas de una forma urgente. Las quejas de los funcionarios de prisiones de por sí ya tienen un objetivo que no es únicamente retributivo, sino
laboral y que afecta a las condiciones en que desempeñan su trabajo, a la función constitucional que tienen encomendada y, por lo
tanto, a los derechos fundamentales de las personas a las que custodian en este caso. Por consiguiente, tienen una función importantísima porque este asunto es muy delicado.
Entendemos que esto tiene que ser abordado desde el diálogo -por eso le urgimos- y, además, desde una situación proactiva. Ello implica tener en consideración de alguna manera las propuestas que se están haciendo de medios materiales
acordes con la situación que actualmente están padeciendo. Nos preocupa el tema de las agresiones porque, aunque usted lo plantee en términos comparativos, es verdad que se producen y cada agresión tiene unas consecuencias personales y materiales
que son asumidas por todas y cada una de las personas que trabajan en ese medio. Sabemos que tiene múltiples causas, multifactorial, y de algunas de esas cosas hablaremos más adelante, pero incidimos en que es una cuestión importante, como también
lo es la tasa de reposición del personal. En ese sentido, por no repetirme inútilmente, me voy a adherir a la exposición de mi antecesor, el señor Legarda, en los términos de que las 956 plazas que usted ha planteado, aunque vienen de la
Administración anterior, son claramente insuficientes, necesitamos dar un paso más allá, y algunas de las medidas que usted ha expuesto derivan también de resoluciones judiciales. Por lo tanto, esto implica un compromiso presupuestario que queremos
ver y saber si lo podemos plantear. Hay otras cuestiones no referidas tanto al aspecto retributivo, pero sí a aspectos de dignificación de la profesión; cómo se trata desde el punto de vista de la comunicación o algunas reivindicaciones del
estilo, por ejemplo, de darles unos uniformes adecuados para el ejercicio de su función; y si me permite descender a eso, ya no nos quejaremos de los zapatos, sino también de los guantes, de ínfima calidad, pues teniendo en cuenta el medio donde
trabajan se pueden producir lesiones, cortes, incluso infecciones en algunos casos. Por lo tanto, le urgimos a abordar esta situación porque sabemos que la conflictividad puede generar consecuencias imprevisibles que afectan a esos derechos
fundamentales, una cuestión que para nosotros no puede pasar de largo ni desapercibida.
Siguiendo con el resto de puntos que usted ha planteado, nos gustaría explicarle algunas de nuestras prioridades que están recogidas en el informe del defensor del Pueblo, como mecanismo nacional de defensa contra la tortura, por las que
tenemos una especial preocupación. La primera es el derecho a la salud, que también es un derecho fundamental. Usted ha planteado aquí los problemas que puede haber respecto a la incorporación de profesionales. Ha hablado de treinta y cinco
médicos y cuarenta y cinco enfermeros, pero la situación es que tenemos las cárceles absolutamente desatendidas en este aspecto, incumpliendo así obligaciones legales como puede ser, por ejemplo, la supervisión del aislamiento o de medios
coercitivos, ya no hablamos de atención o asistencia primaria. De todos modos, valoramos que se reconozca el problema por primera vez, porque en el discurso de su antecesor ni siquiera se reconocía la existencia y entidad del problema ni la
implicación que tiene para personas que están privadas de libertad, pero no de otro derecho fundamental, según establece la Constitución. Es evidente que una de las soluciones viene por la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades
autónomas que es una obligación legal, pero también observamos en este sentido con preocupación cómo en determinadas comunidades como Andalucía, se está volviendo a optar por un convenio y no por la transferencia, aunque nos consta que en otras
comunidades sí se empiezan a dar pasos efectivos en el sentido de valorar la prestación para la junta de transferencias, pero le urgimos a tener en cuenta esta realidad y hacerlo porque la situación está prácticamente al borde del colapso y no se
puede soportar mucho más. Si no estuviéramos hablando de personas privadas de libertad, posiblemente sería uno de los temas que atraería mayor atención social y mediática teniendo en cuenta el nivel de afección.
Siguiendo con el tema de la salud, específicamente la salud mental nos preocupa sobremanera. Por ejemplo, la atención que puede haber en lugares como Sevilla, ya que en la RPT tienen cuatro plazas de psiquiatra y actualmente únicamente está
cubierta una. Además, según nuestro conocimiento, no se están abordando nuevos centros penitenciarios en este ámbito, como sucede con el centro penitenciario de Siete Aguas en Valencia, de ahí que le formule la pregunta de si hay alguna previsión
de que este centro se convierta en un hospital psiquiátrico penitenciario o no. En definitiva, esta atención se nos antoja totalmente insuficiente y tiene otro tipo de consecuencias no solo sobre la salud de los internos, sino sobre el nivel de
agresividad o conflictividad que puede haber en un momento determinado en las prisiones.
Por otro lado, el portavoz anterior se ha referido, y nosotros queremos hacer especial hincapié, al régimen cerrado y también a las sanciones. Usted conoce como nosotros cuáles son las condiciones materiales en las que se efectúa el régimen
de aislamiento; son celdas con insuficiente luz, que no dan a patios exteriores más que de cemento, con una reja por encima. Teniendo en cuenta que las personas privadas de libertad en determinados regímenes especiales pasan allí la mayor parte
del día, quisiéramos preguntarle si tiene previsto adecuar las instrucciones en este caso para que haya una mayor posibilidad
de tratamiento o un programa específico de intervención en régimen cerrado, que ahora mismo se nos antoja absolutamente deficiente para otra cosa que no sea hacer inocuas a estas personas y tenerlas encerradas un total de veintitrés horas en
una celda. Esto es un tema de derechos humanos, puede constituir un trato inhumano degradante; no es de ahora, se viene arrastrando durante muchísimo tiempo y, en este caso, la circular 2/2017 se nos antoja insuficiente. Le instamos a una reforma
en profundidad de este asunto.
En cuanto a las medidas de seguridad específicas para control de internos incluidos en el FIES 1, que es control directo, están reguladas por la orden de servicio 6/2016. No hace falta que le diga, porque usted es técnico, que las órdenes
de servicio tienen una diferencia con las instrucciones, y es que las instrucciones se publican y, por lo tanto, son susceptibles de un control mínimo aunque sea por parte de los organismos judiciales o de la ciudadanía en general. Este es un tema
que preocupa especialmente. Por otra parte, ya se ha hablado del uso excesivo de medios coercitivos, sujeciones mecánicas, que debe tender a su desaparición total y absoluta. Incidimos también en que las limitaciones en el régimen del artículo 75
no pueden ser una sanción encubierta, una de las situaciones en las que en la práctica se cae en las prisiones. Por tanto, quisiéramos preguntarle qué medidas específicas se pueden plantear en este sentido.
Ahora haré un par de apuntes sobre alguna otra preocupación. Celebramos que usted tenga como objetivo aumentar los terceros grados o regímenes de semilibertad en el tratamiento. Y en cuanto a las mujeres en prisión, quisiéramos saber cuál
es su visión con respecto a una ampliación del régimen de visitas o de la relación entre internas privadas de libertad y sus hijos pequeños o familiares menores de edad, porque es un tema que nos preocupa y sobre el que, además, tenemos iniciativas
legislativas. Podríamos plantear muchísimas más cuestiones de fondo y de forma en un medio que es tan rico en casuística, pero el tiempo no da para más asuntos. Le agradezco la atención y esperamos su respuesta a estos planteamientos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santos.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano, si he entendido bien, en turno compartido con la señora Blanco.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Doy las gracias al señor Ortiz por comparecer hoy aquí y darnos explicaciones sobre las cuestiones que han motivado que diversos grupos hayamos solicitado su comparecencia. En concreto, el Grupo Parlamentario Popular la solicitó para
conocer las líneas generales de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Hemos escuchado sus líneas, ha venido a contarnos básicamente los datos en una serie de aspectos y las ligeras mejoras que han podido producirse en el escaso
tiempo que lleva usted al frente de Instituciones Penitenciarias, pero la actualidad prima muchas veces, y también hemos solicitado su comparecencia ante el grado de conflictividad que se está sufriendo en las instituciones penitenciarias, ya que
los funcionarios de prisiones se sienten -se lo tengo que decir así, señor Ortiz- engañados por usted y por el señor Grande-Marlaska, ministro del Interior. ¿Y por qué se sienten engañados? Pues le voy a leer cómo calificó la plataforma de
sindicatos el que usted retirara la oferta de incremento salarial que les había hecho: Sorpresiva e incomprensiblemente el secretario general de Instituciones Penitenciarias se nos presenta en la reunión para retirar la propuesta de mejora salarial
presentada el pasado martes, 25 de septiembre. Es decir, o los sindicatos mienten o miente usted, señor Ortiz, porque usted nos ha dicho que era un estudio técnico preliminar y los señores de la plataforma sindical dicen que hubo una oferta en
firme que plantearon ante sus asociados y que estaban dispuestos a aceptar. Creo que es un mal comienzo en sus relaciones con los representantes de los trabajadores de instituciones penitenciarias. Esas falsas promesas han generado un conflicto,
evidentemente; después de la retirada se han convocado las huelgas, se han realizado manifestaciones y concentraciones. Usted posiblemente -no sé si es sin intención- ha actuado como un pirómano que echa gasolina sobre una situación que tengo que
reconocer que ya era conflictiva, había una serie de reclamaciones por parte de los trabajadores de instituciones penitenciarias que estaban esperando ser atendidas.
Tengo que decirle que tanto el Gobierno del Partido Popular como nuestro grupo habíamos tenido muchísimas reuniones con los representantes de los trabajadores y habíamos llegado a una serie de acuerdos. El primero era presentar un proyecto
de ley para reconocer a los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. Le he oído decir que van a apoyar ese proyecto de ley, espero que el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso lo respalde también. Ha presentado algunas enmiendas en el sentido de no dar presunción de veracidad a los testimonios de los funcionarios de prisiones y retirar la consideración como delito cuando
haya una agresión grave que sea un atentado a la autoridad. Creemos que esto va en contra de lo que nos han pedido los representantes de los trabajadores y de lo que es de justicia, porque si agredir a un guardia civil o a un policía nacional es un
atentado a la autoridad, pues consideramos que agredir a un funcionario de prisiones también lo es. Habíamos acordado también que, una vez finalizada la equiparación salarial de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, era el momento de abrir una
mesa de negociación para estudiar las diferentes -porque no eran unánimes- propuestas de incremento salarial. Como bien sabe usted, había diferentes propuestas y entendemos que la realizada el 25 de septiembre iba en el sentido de plantear en esa
negociación un incremento salarial. Lamentamos que la hayan retirado.
Por otra parte, como le han dicho los dos portavoces anteriores, el incremento de la plantilla estaba en el presupuesto de 2018. La oferta de empleo público se aprueba el 31 de julio de este año, o sea, no me puede decir que desde el 19 de
julio usted ha hecho todos los trámites o trabajos necesarios para una oferta de empleo público. No es bueno apuntarse lo que no es de uno; lo que tiene que decirnos hoy es qué oferta de empleo público va a haber para el año 2019 y, si no hay
presupuestos, si lo va a hacer mediante un real decreto. Además, si va a haber una tasa de reposición ampliada, pues que sea de ese tipo del doscientos y pico por ciento sobre la tasa de reposición para cubrir las necesidades de instituciones
penitenciarias. Igual le digo en relación con la subida salarial; no tiene que decirnos que cuando haya posibilidad presupuestaria se atenderá, porque yo entiendo que cuando usted hizo la propuesta ya habría hablado con Función pública y con
Hacienda para que respaldaran su propuesta, ¿o no? Eso es lo que nos puede contar, si había hablado o no, ¿fue imprudente o qué es lo que sucedió? ¿Nos puede aclarar si el Gobierno de cara a 2019 va a plantear un incremento salarial para los
funcionarios de prisiones mediante un real decreto-ley si no hay presupuestos?
También tendría que preguntarle por la productividad, que se ha hablado aquí, pues aunque hay una sentencia en la que se dice que el año pasado no se negoció con los sindicatos, es que ahora no se ha vuelto a negociar y encima ha pasado de 1
100 000 euros a 2 717 000 euros. A mí también me ha llegado la queja de que los funcionarios que no secundaron la huelga han sido premiados con la productividad, a ver si usted nos lo puede aclarar. Quiero decirle también que la indemnización
subsidiaria deriva de una sentencia de 22 de noviembre de 2017, que en caso de insolvencia de un preso agresor, obliga a Instituciones Penitenciarias a indemnizar subsidiariamente al funcionario. Según me han comentado los funcionarios de prisiones
-eso no lo tengo comprobado-, la Abogacía del Estado ya les estaba prestando asistencia. De todas maneras, si se sigue con eso, me parece fenomenal.
En resumen, me gustaría que me concretara qué va a hacer usted en relación con estas reclamaciones, salariales, de mayor plantilla, mejor equipamiento; es decir, qué es lo que va a hacer usted en el futuro.
La señora BLANCO GARRIDO: Señor Ortiz, muchas gracias por su comparecencia ante esta Comisión y por sus palabras. Si el año 2018, que está a punto de terminar, va a pasar a la historia de nuestro país como el año en el que por fin el
Estado de derecho consiguió no solamente derrotar, sino disolver a la organización terrorista ETA -y en este importante logro quiero poner en valor la labor que han venido desarrollando y desarrollan los funcionarios de prisiones, muchos de ellos
víctimas del terrorismo, muy comprometidos con su trabajo, personas que, quiero recordar, se negaban y se niegan a aceptar la dictadura del miedo impuesta por los terroristas. Quiero que estas palabras sirvan para rendir un sentido homenaje a todos
y cada uno de ellos-; insisto, si este año 2018 va a pasar a la historia por haber conseguido la disolución de la organización terrorista ETA, desgraciadamente también va a pasar a la historia como el año en el que el Gobierno socialista ha
normalizado el acercamiento de los presos de ETA. Y esto no lo dice esta diputada, sino que nos lo recordaba hace unos pocos días un titular del periódico El País. La realidad es que en los apenas seis meses que el Gobierno socialista lleva
gobernando, se ha acercado a las cárceles del País Vasco a trece reclusos etarras, incluso alguno de ellos con delitos de sangre, cuando al propio ministro del Interior nos dijo por activa y por pasiva que no se iba a producir el acercamiento de
presos con delitos de sangre. Me gustaría saber qué ha cambiado para que se produzca este acercamiento de presos.
Por otro lado tengo, que recordar que se ha acercado a presos que no han mostrado ningún tipo de colaboración con la justicia que ayude a resolver, como usted bien conoce, los más de trescientos crímenes de ETA que, a día de hoy, continúan
impunes; presos, como decía, que no han mostrado
arrepentimiento por su pertenencia a banda armada, no sé si habrán firmado algún tipo de papel, un mero trámite administrativo, porque el arrepentimiento sincero, como usted bien debe conocer, se demuestra con la colaboración con la
justicia, con la colaboración con las instituciones y no con la firma en un papel. Por ello le pregunto en qué criterios se han basado desde Instituciones Penitenciarias para llevar a cabo estos acercamientos.
Otra pregunta que le queremos formular es si en las recientes progresiones a tercer grado de terroristas de ETA, en la resolución administrativa penitenciaria se ha constatado el requisito previsto en el artículo 72 de la Ley Orgánica
General Penitenciaria de colaborar con las autoridades, de colaborar con la justicia. Si la respuesta de usted es que sí, y la respuesta dada por parte de todos los presos es la que todos conocemos, que no recordaban nada, ya le adelanto que para
este grupo parlamentario esa respuesta no es suficiente ni válida porque supone una burla más por parte de quienes nos han hecho la vida muy complicada, hasta el punto de arrebatar vidas a personas inocentes. El problema es que este Gobierno ha
relegado incluso las condiciones que hasta ahora se exigían para acogerse a la llamada vía Nanclares, y todo ello para continuar pagando la hipoteca que este Gobierno tiene con los nacionalistas y con partidos como Bildu; acercamiento de presos
para mantener, como le hemos recordado en varias ocasiones, el sillón de Moncloa. Y si esto no es cierto, ¿por qué han abandonado ustedes una política penitenciaria antiterrorista que ha contribuido tan eficazmente a la victoria por parte del
Estado de derecho contra el terrorismo? Esto es lo que este grupo parlamentario y muchos ciudadanos no podemos aceptar. Por ello le pregunto, ¿van a seguir acercando a terroristas, orgullosos de su pasado, que continúan sin colaborar con la
justicia?
Por otro lado, me gustaría conocer si los responsables de su departamento, tal como nos han hecho llegar en una información, se han dirigido a los centros penitenciarios estimulando que se hagan propuestas de progresión a segundo grado para
internos de ETA o a tercer grado, tal y como usted ha manifestado hoy en esta Comisión. Por cierto, le tengo que recordar que es una propuesta en contra de lo manifestado por la sección primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia, que ha
rechazado abrir la vía de los beneficios a presos. También nos gustaría conocer si tienen ustedes algún plan diseñado para transferir las prisiones al País Vasco. Se lo pregunto porque, tal y como hemos conocido por los medios de comunicación, al
parecer es una exigencia del Partido Nacionalista Vasco para mantener el apoyo al señor Sánchez. Espero que hoy nos pueda aclarar esta información porque, de ser cierta, supondría el fin de la dispersión, una medida legal que ha sido muy eficaz en
la lucha contra el terrorismo y que nosotros, el Grupo Parlamentario Popular, pedimos que se mantenga porque la consideramos muy positiva para la reinserción de los presos. Espero que hoy nos pueda contestar a esta pregunta que ocupa y nos preocupa
mucho a este grupo parlamentario. Insisto en la respuesta porque en diversas entrevistas que le han hecho en los diferentes medios de comunicación, he visto que usted ante la pregunta planteada, no ha dado una respuesta clara y concisa en relación
con este tema.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias a los intervinientes.
Entre los no solicitantes de comparecencia, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señor presidente.
Buenas tardes, bienvenido, señor Ortiz, gracias por sus explicaciones. Iba a empezar por los temas generales, pero como también tenía pensado hablarle del cambio de política penitenciaria que anunció el Gobierno y ha sido mencionado en la
última intervención, casi voy a empezar por ahí, seguramente para decir cosas en sentido muy contrario porque ahora sí parece que con la ley en la mano son posibles cosas que antes no lo eran, aunque lo que para algunos es normalización del
acercamiento, para mí no son más que -le voy a reconocer- pasos excesivamente tímidos y lentos al respecto, pero en todo caso tengo que reconocer pasos que se han dado.
En su momento se argumentaba y se abogaba por dar un trato individualizado a los presos, pero la verdad era que la respuesta para todos era siempre la misma y no existía la posibilidad de progresión de grado, al menos así fue en los últimos
años y ahora, en cambio, parece que sí se está dando. Por tanto, yo también le quiero preguntar por qué se están dando a este ritmo, por qué de esta manera, por qué no a un ritmo mayor; que nos explique cómo se están dando porque si mis datos no
están equivocados, desde julio ocho presos han pasado de primer a segundo grado, dos de segundo a tercero, y de los cincuenta y tres autos que se han dado tan solo tres han sido favorables en el caso de los presos vascos.
En cualquier caso veo que los hechos demuestran que hasta ahora lo que se ha hecho es incumplir la ley por decisión política, pero todavía la realidad sigue siendo tozuda y no ha cambiado; seguimos teniendo una población reclusa general en
la que el 2 %, tan solo el 2 %, está en primer grado, el resto están en segundo o tercer grado; pero cuando hablamos de los presos políticos vascos este dato se invierte, pasamos del 2 al 95 % en primer grado. Por tanto, todavía es una realidad
que, pese a esos tímidos pasos, sigue dando los mismos porcentajes y números muy similares. Insisto, seguramente porque se ha ido negando sistemáticamente durante mucho tiempo esa progresión de grado, para lo cual la ley -lo he dicho más de una vez
y voy a insistir hoy, ya que algunos hablan tanto con la ley en la mano- establece que lo único suficiente es que el interno pueda adaptarse al régimen ordinario y que no muestre una extrema peligrosidad. Voy a decir más, de hecho gran parte de
estos presos en primer grado están en módulos ordinarios o de segundo grado. Esto quiere decir que cumplen esos requisitos, aunque eso no haya traído una progresión de grado. Por ello me interesaría saber qué criterios se están utilizando en este
caso para las progresiones de grado desde que usted ha llegado a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias; no le pido explicaciones sobre lo anterior.
Junto con la progresión de grado, el acceso a una serie de beneficios penitenciarios depende de la situación procesal de cada preso. En este caso tampoco se está procediendo ajustándose a la ley, y le quiero preguntar qué medidas van a
adoptar para corregir esta actuación. Por ejemplo, solo han logrado permisos ordinarios tres presos, además, en un caso ha sido concedido por el juzgado contra el criterio de la propia cárcel; por tanto, entiendo que la cárcel no estaba haciendo
las cosas correctamente. Usted sabe tan bien como yo que por mucho que abogue por implantar más el tercer grado, sin permisos no hay posibilidad de progresar al tercer grado o de ir a un régimen abierto; por tanto, es necesario pasar también por
ese trámite, tiene su importancia. Además, a doce de los que se les ha denegado, se ha hecho argumentando -ahora, a finales de 2018- alto grado de reincidencia. Y yo me pregunto cómo puede ser eso ahora sin ETA o cómo puede ser en un caso como el
de Sebas Echániz, que es el preso más veterano y tiene setenta y cinco años ya cumplidos.
En cuanto a los traslados, se ha dicho aquí, apenas se han producido unos pocos. Evidentemente, aquí también pido al Gobierno mayor celeridad; para alejarlos fue cuestión de horas y para acercarlos parece que, a este ritmo, va a ser
cuestión de años, y creo que con la ley en la mano tampoco es de recibo. Si hasta ahora casi todos los traslados se ha producido con posterioridad a una progresión de grado, pero insistentemente el señor Grande-Marlaska, aunque intentó confundirnos
a todos, aquí anteriormente reconocía que son dos cuestiones diferentes el acercamiento o el alejamiento y el tema de la progresión de grado o del expediente de cada uno, le pregunto por qué una cosa se está ligando a la otra y por qué no hay
decisiones de otra índole. Entendemos que debe prevalecer el derecho al arraigo familiar y, por tanto, que debería producirse no un acercamiento, sino -me atrevo a decirlo- una repatriación; es decir, deberían estar en cárceles de Euskal Herria
que, como usted bien sabe, mejor que yo seguramente, tienen espacio suficiente para albergar a todos los presos vascos. Es una petición que usted conoce que todos los partidos, menos PP y UPN, solicitan en la Comunidad Autónoma Vasca y Nafarroa, y
con la ley en la mano es posible hacerlo, tanto con la Ley Orgánica General Penitenciaria como con el Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Además, dentro del mantenimiento de la política de dispersión de los presos, esto se ha notado especialmente en las mujeres. Usted ha hablado de los datos referentes a las mujeres. La mitad de las presas vascas, trece de veintiséis, no
tienen a ninguna compañera de su colectivo en la misma cárcel, se encuentran solas. Están dispersadas en dieciocho cárceles diferentes, solo en Picassent hay un mayor número precisamente por lo que usted ha mencionado antes, porque es una de las
cárceles que tiene un módulo de madres y su condición de madres les ha reunido, y ninguna de ellas está a menos de 350 kilómetros de Euskal Herria, creo que este es un dato que hay que destacar. Por cierto, tampoco me quiero olvidar de que además
de traslados y progresiones de grado, con la ley en la mano y con una aplicación individualizada de la ley -eso es lo que dice el Partido Socialista desde que está en el Gobierno, y yo acepto esos dos principios-, si lo hiciéramos, más de un
centenar de presos estaría ahora mismo en la calle, o bien porque tienen cumplidas tres cuartas partes de la condena, o bien porque están enfermos, o bien porque tienen más de setenta años. Es evidente que el alejamiento perjudica también de manera
especial a los presos enfermos, que además tienen dificultades añadidas para ser asistidos por médicos de confianza e incluso hay muchos casos en los que deberían de estar en libertad, y si no en casa, por ser incompatible el tratamiento de la
enfermedad con las condiciones de encarcelamiento. Yo le quiero preguntar si van a hacer algún cambio en ese sentido, porque lo único que conocíamos del Partido
Popular era una negativa absoluta y además con una instrucción que hablaba de que si iban a morir en cuestión de poco tiempo, se iba a producir una excarcelación de esos presos.
Respecto al tema del informe del CPT, nosotros le hicimos una serie de preguntas al Gobierno y nos parecen sumamente interesantes lo que decía en sus respuestas. Muchas de las cosas que han dicho aquellos que me han precedido en el uso de
la palabra las comparto. El hecho cierto es que en esas respuestas, además de muchas de las cuestiones que mencionaba -mejora de protocolos, de actuación, de coordinación, de atenuación de algunas medidas-, no se decía que se iban a tener en cuenta
esas recomendaciones en su integridad y que se iban a tomar otra serie de medias, más allá de protocolos. Le voy a mencionar algunas. Por ejemplo, el CPT hablaba de retirar las redes metálicas. En absoluto, al menos en esas respuestas por escrito
ni en su intervención, en ningún momento se viene a decir que se vayan a retirar esas redes metálicas, ya que se nos argumenta que es una cuestión de seguridad.
En cuanto al cambio en las condiciones de régimen cerrado también se mencionan, sobre todo por lo limitado de las actividades ocupacionales. Se ha mencionado asimismo el abuso de la sujeción mecánica. Quiero pensar, después de lo que ha
dicho hoy aquí ya que ha hablado de que se han asumido en ese ámbito todas las recomendaciones, que no nos vamos a encontrar con otro caso como el de Puerto III, en donde una persona estuvo atada tres días y medio, sin ni siquiera poder hacer sus
necesidades. Quiero pensar que eso no va a pasar, pero ¿vamos a tener casos algo más tenues que ese también con sujeciones continuadas? Espero que esto que ha mencionado hoy signifique que esto se va a erradicar del todo.
Por un lado, se han mencionado también las sanciones de aislamiento prolongado, y no voy a insistir en ello aunque es una cuestión importante, y por otro, está la necesidad de combatir los malos tratos. Sobre estas dos cuestiones quiero
hacerle un par de preguntas, y con esto acabo. La primera es qué medidas están adoptando para evitar que se repitan los datos que ustedes nos han dado por escrito: sesenta y cuatro presos sancionados con un aislamiento superior a catorce años
-datos del último año-. En la respuesta del Gobierno nos decía que se abordará el tema del aislamiento en una posible reforma de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Le quiero preguntar, si está previsto, para cuándo y en qué términos, si el
objetivo va a ser limitarlo, o si va a ir hacia esa tendencia la reforma.
Respecto a las agresiones me gustaría preguntarle por una que se ha producido recientemente, relacionada con una paliza que parece ser que le han propinado a un recluso dos funcionarios en la cárcel de Teixeiro. En este caso existe un vídeo
que ha hecho posible que se conozca lo ocurrido, más allá de que unos pudiéramos tener la versión de los funcionarios o del preso para poder hacernos una composición de lugar. Parece ser que ahora hay una grabación de lo que ha ocurrido y es
evidente la paliza, al menos eso parece. Yo hablo hipotéticamente porque es la información que conozco, no conozco el video ni el caso, por eso se lo pregunto a usted. Yo me pregunto cuando veo este tipo de noticias cuántos casos se darán en los
que, como no hay video, es difícil saber si realmente esas agresiones se producen o no. Me gustaría saber cómo se está actuando en este caso, ya que usted ha dicho que el tema de las agresiones se lo quiere tomar en serio y quiere que estas
disminuyan. Este es el último caso que hemos conocido y aprovecho la ocasión para preguntarle sobre ello.
Respecto al tema de Albolote espero que usted responda -conozco el caso que mencionaba el señor Legarda- y tengamos más información en su respuesta.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Gracias, presidente.
En primer lugar, quiero darle la bienvenida al señor Ortiz a esta Comisión en nombre de mi grupo parlamentario, porque creo que es la primera vez que comparece en ella. Señor Ortiz, la verdad es que no lo ha tenido fácil desde el inicio, y
no lo tiene fácil porque la Administración anterior le ha dejado un legado complejo. Sin embargo, tampoco se puede ser hipócrita porque la anterior a la anterior, es decir, la Administración del Gobierno socialista, tampoco hizo nada en pos de
mejorar la gestión de la política penitenciaria, ni tampoco de mejorar la situación de los empleados públicos que dan servicio en todas nuestras prisiones.
Voy a empezar por los empleados públicos. Usted nos ha pintado un esquema muy bonito y maravilloso sobre la cantidad de cosas que usted les ha contado que van a hacer y que prácticamente recogen -me atrevería a decir- casi al 90 % de las
peticiones que los sindicatos de funcionarios de
prisiones nos están trasladando a todos los grupos. Sin embargo, desconozco muy bien por qué cuando hemos llegado aquí había un colectivo de funcionarios de prisiones pitando desde hace dos horas y media y cortando la calle y por qué han
tenido una conflictividad social que les ha llevado a hacer huelgas, así como cinco concentraciones delante de la secretaría general, delante del Ministerio del Interior. El otro día hubo una marcha por Madrid de todos los colectivos de
funcionarios de prisiones. ¡Hombre, muy bien no estarán! Yo creo que de todo lo que usted nos ha contado aquí no se lo creen, y entonces usted nos está contando algo que no es cierto, o es que no hay nada detrás de esto, o es que usted no se lo ha
explicado bien. Me gustaría que nos aclarara este tema. Cómo puede ser que nosotros, los diputados y parlamentarios de todos los grupos, podamos percibir la conflictividad que existe en estos momentos, que hasta pueden verla los ciudadanos que
pasean tranquilamente por la ciudad de Madrid durante todos estos días, y según usted parece que aquí no hay nada.
Yo creo que los funcionarios de prisiones tienen una plantilla insuficiente y envejecida; evidentemente, claro que sí. El 75 % de la plantilla tiene más de cuarenta años, tampoco nos ha dicho nada de eso, excepto que van a cubrirse con el
presupuesto -por cierto, del anterior Gobierno en esta legislatura, del Gobierno del Partido Popular- parte de las bajas que se han producido durante todos estos años, debido a la falta de una oferta pública de funcionarios de prisiones durante todo
este tiempo. Ese es el problema muchas veces de tener que gobernar con presupuestos que ha hecho otro, pero en este caso creo que no le ha venido muy mal. A mí me gustaría que nos dijera, aunque ya se lo han preguntado, ¿qué va a hacer a partir de
ahora y cuáles van a ser sus presupuestos de 2019?, ¿qué quieren hacer ustedes?, ¿qué van a traer? Me sorprende que no nos cuente nada sobre el futuro, sobre el año 2019, cuando estamos a pocos días de acabar con el 2018.
Quiero hablar también de la sanidad penitenciaria dentro de esta falta de medios, porque aunque ya se ha mencionado es probablemente el caso más flagrante que hay. Si a una persona por la comisión de un delito un juez le quita lo más
sagrado que tiene, que es su libertad, usted constitucionalmente es el responsable de que el resto de los derechos que tiene, ya que le hemos quitado el que para mí es el más importante que es el de la libertad, se le puedan aún mantener. Cómo va a
resolver el gran déficit que existe -ese es el gran problema- en la sanidad penitenciaria, donde hay déficits de médicos y de especialistas porque tienen una gran cantidad de plazas sin cubrir. Ese déficit hace que existan prisiones en donde los
fines de semana no hay ningún médico, donde no hay ni siquiera enfermería, donde a los internos se les están administrando los medicamentos en un solo día, el viernes, para todo el fin de semana. Estas situaciones se llevan produciendo desde hace
muchísimo tiempo pero no nos ha contado usted, más allá de que hay una oferta de empleo público y que espera cubrir una serie de plazas, alguna medida de choque. ¿Qué va a proponer esta Administración, este Gobierno, para hacer el traspaso efectivo
de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas? ¿Qué van a hacer ustedes? Porque tampoco nos ha contado nada. ¿Hay un plan, más allá de solicitarlo, más allá de ver qué es lo que pasa? Me parece un poco increíble porque ustedes
gobiernan también en otras cuantas comunidades autónomas. ¿Hay acuerdos con ellas para hacer esto? ¿Tienen alguna fecha, tienen algún calendario? ¿Puede informarnos un poco sobre esto? Yo entiendo que en aquellas comunidades autónomas cuyo
Gobierno sea de otro color usted no nos podrá dar esa información, pero espero que en aquellas en las que gobierna el Partido Socialista sí pueda hacerlo. Desde luego, a nuestro grupo nos preocupa muchísimo, y especialmente, la sanidad
penitenciaria.
Sobre las agresiones, le vuelvo a decir un poco lo mismo. Usted nos dice que son unas dos mil, aunque es verdad que según el sindicato CSIF se han producido en este año más de dos mil agresiones a funcionarios. Hay otros que dicen que hay
hasta dos al día, o más de dos al día. Aquí hay dos problemas. Nosotros instamos en su momento al anterior Gobierno a aprobar un protocolo específico de actuación para reducir este número de agresiones. Yo creo que este protocolo que se hizo no
funcionó, no fue efectivo; parece ser que el protocolo no funciona bien y de hecho así lo están reclamando los colectivos de trabajadores y los representantes de los trabajadores. A mí me gustaría saber si ustedes piensan hacer una actualización
de ese protocolo, si se van a sentar con todos los sindicatos -parece ser que en el anterior protocolo la Administración anterior solo se sentó con un sindicato para consensuarlo- para diseñar un nuevo protocolo contra las agresiones en los centros.
Esto es lo que están reclamando todos los colectivos de funcionarios de prisiones y todos los sindicatos. A mí me parece que es muy sencillo corregir algo, si de verdad uno quiere dialogar hay que sentarse con todo el mundo, cuando ya existe aunque
quizás sea más difícil empezar de cero a hacer algo. Si hay algo que se demuestra que es ineficaz, ¿cómo lo vamos a corregir?
En ese sentido, me extraña que usted no haya mencionado nada sobre la formación continua a los funcionarios, más allá de que estén realizando pequeños cursos. Yo creo que la población reclusa está en continua evolución y al igual que la
tipología delictiva va cambiando con el tiempo y existen otras nuevas formas delictivas, como el crimen organizado, el yihadismo o las bandas internacionales, debería haber un reciclaje continuo también en la formación para todo el colectivo de
funcionarios de prisiones en las diferentes especialidades. Pero usted no nos ha dicho nada sobre este tema.
Respecto a la subida salarial que reclaman nuevamente los empleados públicos, este verano diferentes medios de comunicación publicaron un estudio que realizó la secretaría general sobre estas mejoras retributivas, donde ustedes pensaban
aplicar esta medida salarial. Yo creo que este asunto ya se lo ha comentado otro compañero nuestro. Usted tuvo una reunión con todos los sindicatos y anunció una subida de unos 40 millones de euros, porque se le puso incluso cifra, que nunca
llegó. Usted se excusó personalmente, señor Ortiz, diciendo -después de prometerle eso a todos los colectivos de los sindicatos- que el Ministerio de Hacienda no le había dado el visto bueno. ¿Usted cree que es responsable reunirse con todos los
sindicatos y prometer algo, sin haber tenido el visto bueno de Administración pública y de la Hacienda pública? Yo creo que hay una falta de seriedad, y de profesionalidad también, que ustedes profesan con estas técnicas negociadoras. Me gustaría
que nos dijera en qué estado está esta promesa de subida salarial, si efectivamente ya ha hablado con el Ministerio de Hacienda y con el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, o todavía no ha hablado con ellos; si lo que usted les
prometió es algo que está negociando, o es que está cerrado porque directamente les han dicho que no. Me gustaría que fuera claro en este sentido. Insisto, esta semana se han movilizado más de siete mil funcionarios de prisiones en toda España, ha
habido seis días seguidos de huelga y cinco manifestaciones delante de la secretaría general.
Voy a tocar dos temas más, uno de ellos tiene que ver con el traslado de la gestión de las prisiones al País Vasco. Me gustaría que nos dijera en esta Comisión si existe algún plan para hacer esta transferencia de prisiones y cuándo piensan
ustedes hacer esa transferencia de prisiones; si tiene un calendario, me gustaría que fuera claro y nos los dijera. Yo creo que esta cesión de competencias penitenciarias, al igual que el acercamiento de presos al que me referiré al final, no son
más que concesiones del Gobierno de Sánchez ante Bildu y el entorno etarra, dado que son sus socios de Gobierno. Cualquier gesto es interpretado por ETA como una cesión por su disolución, pero ETA no ha colaborado en el esclarecimiento de ninguno
de los 379 asesinatos sin resolver, y además no ha hecho ni ha iniciado un rechazo individual y claro a la violencia. Su obligada complicidad con el PNV y los batasunos hace que vuelva a tener en frente a las víctimas del terrorismo, como se lo
acaban de manifestar, porque se sienten abandonadas, señor Ortiz, por los cambios en la política penitenciaria que ustedes están emprendiendo.
Hoy en día el silencio cómplice de los integrantes de esta organización terrorista -los penados y los huidos- continúa generando día tras día un terrible dolor a las familias y quiero que sea consciente de esto, por si no lo es. Yo se lo
vuelvo a decir: genera un terrible dolor a las familias que ven cómo los asesinos de sus familiares siguen sin querer colaborar con la justicia y con total impunidad. Sin embargo, ustedes se preocupan más por las inquietudes de los etarras y de
sus socios porque las únicas noticias que nos llegan son precisamente las de estos acercamientos, que según algunos son a cuentagotas. Sin embargo, ya ve usted que el afán nacionalista no tiene límites, les parece poco, lo quieren más, lo quieren
todo, de golpe y ya, lo acaba de escuchar hace un momento. Es lo que pasa siempre con el nacionalismo y el independentismo: que todo tiene que ser para ahora y saltándose todos los pasos, todos los procesos, todas las legalidades y todo el Estado
de derecho.
Cada vez que comparece este Gobierno nosotros no dejamos de recordarles lo que decía el Defensor del Pueblo, por aquellos que hablan de los derechos humanos. El Defensor del Pueblo ante la falta de colaboración de los etarras con la
justicia y el correlativo sufrimiento de sus víctimas -abro comillas- decía que se trata de un sufrimiento inhumano que contraviene el artículo 3 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, para aquellos que tanto se les llena la boca hablando de
derechos humanos.
Señor Ortiz, un total de 92 presos de ETA, de los 206 clasificados en primer grado penitenciario en España, han solicitado la progresión de grado. Ustedes venden esto como un dato positivo, incluso muy positivo -y abro comillas-, ya que
significa que el 45 % del grupo de reclusos han aceptado la legislación penitenciaria. Pero ustedes saben tan bien como nosotros que esta progresión de grado no es más que un trámite al que se acogen los etarras para disfrutar de estos beneficios
penitenciarios. Yo creo que son beneficios encubiertos, el pago político de su Gobierno; un Gobierno que ha sido colocado en La Moncloa por los secesionistas, los populistas y los batasunos. Flexibilizar la política penitenciaria con la
connivencia
de sus socios proetarras es una irresponsabilidad. Le recuerdo que la banda terrorista, a la que le están haciendo concesiones penitenciarias, manifestó recientemente en un documento que mantendría vivo un núcleo dirigente para que se
respetase su legado y para ofrecer sus aportaciones a la base social de la izquierda abertzale. Probablemente hayan dejado de matar, pero disolución, lo que es disolverse, creo que se lo están dejando bien claro. La propia ministra de Política
Territorial y Función Pública, Meritxell Batet, dijo este verano que el Gobierno se siente impotente para acabar con el dolor de las víctimas. Pues yo le voy a dar una pista de cómo pueden acabar con el dolor de las víctimas: no acrecentando un
mayor dolor con estas concesiones.
Finalmente, me gustaría hacerle una pregunta a usted, como experto en instituciones penitenciarias y en Administración penitenciaria. Me gustaría preguntarle si cree que es normal lo que está pasando en la cárcel de Lledoners, si en
cualquiera de las prisiones que usted gestiona ha visto que determinados presos puedan estar recibiendo visitas continuas, tengan despachos y reciban más de una y dos visitas diarias en una prisión. ¿Esto es normal? ¿Eso sucede con los protocolos,
con los procedimientos de alguna prisión o en el resto de cualquiera de las prisiones o de los centros penitenciarios que usted administra? Me gustaría que me aclarara si esto lo entiende, si le parece a usted normal, si esto es común y puede
suceder en cualquier otro tipo de prisión.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Gutiérrez.
Por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor secretario general. Bienvenido a esta Comisión en su primera comparecencia.
Señorías, permítanme decirles, sobre todo por la cercanía del 40.º aniversario de la Constitución española, que algunos en esta sala parece que la Constitución española solo la leen en diagonal, y cuando quieren, aplican unos artículos, y
cuando quieren la aplicación de otros, parece ser que no es competente; es decir, utilizan la justicia o se creen justicieros según les convenga. Al hilo precisamente de hablar de prisiones quisiera hacer una lectura de un apartado de la
Constitución, haciéndole un homenaje, y posteriormente diré por qué lo leo. El artículo 25 en su punto 2 del título I De los derechos y deberes fundamentales, capítulo segundo Derechos y libertades, sección 1.ª De los derechos fundamentales y las
libertades públicas, dice que las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de prisión que estuviere
cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a
un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como el acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad. Este artículo 25.2 de la Constitución es posible en nuestras prisiones, y son modelo a
seguir para otros países, gracias al esfuerzo y a la dedicación, entre otros, de nuestros empleados públicos y funcionarios de prisiones penitenciarias. De ahí nuestro reconocimiento a una labor que contribuye a la seguridad de nuestro país, de
nuestros conciudadanos, pues gracias a ella se consigue un mayor número de reinserciones, junto a otras medidas que se aplican, que sin su labor no sería posible.
Permítanme decir, siguiendo este argumento, señor secretario general, que usted ha estructurado su comparecencia en diferentes puntos. El primero de ellos precisamente, y por eso viene a colación la lectura de este artículo de la
Constitución española, se refería a que se ve -aquí permítame que también lo diga- un trato diferencial con respecto a su antecesor, como ha podido citar algún interviniente como el representante de Podemos. Se ve un trato humano, una dedicación
más humana, sobre todo en virtud de estos siete años de Gobierno del Partido Popular -aunque ahora parece ser que algún grupo parlamentario le quiera achacar a usted todos los males de estos seis años y pico pasados- donde hubo deficiencias de
carácter humano, de carácter material y de recursos. Nos ha manifestado que una de sus principales líneas de actuación precisamente va encaminada a la reinserción de los internos. Permítame hacerle una pregunta a este respecto, porque sobre todo
en el colectivo de las mujeres crea un poco de desconcierto cuando algún interno no regresa a prisión por carácter de violencia de género, etcétera. Usted ya ha citado aquí las medidas que se están implementando por parte de este Gobierno
claramente feminista, claramente a favor de la protección de la mujer y contra la violencia de género, y desde mi punto de vista como mujer permítame congratularme de ellas. Sin embargo, ¿qué número de internos son los
que salen de permiso y no regresan tras disfrutar del mismo? ¿Podemos decir que estamos en una situación alarmante o que no lo estamos? ¿Qué medidas se adoptan cuando esto ocurre?
Siguiendo con la línea argumentativa de su esquema, entremos a hablar de los funcionarios de prisiones, un colectivo que a mí me preocupa y me viene ocupando desde que se me concedió el honor de dedicarme a este ámbito de las prisiones.
Este colectivo efectivamente, como aquí se ha comentado, ha sido abandonado durante siete años. Aquí parece ser que algún grupo parlamentario no ha escuchado, pero una de las reivindicaciones que hacían los sindicatos y las asociaciones con las que
nos hemos podido reunir era precisamente la falta de formación. Por cierto, quiero agradecerle que a diferencia de su antecesor se siente con ellos a la mesa, y no una sino varias veces, cuestión que ellos mismo han puesto de manifiesto y que han
agradecido, lo cual denota por lo menos un talante diferente para escuchar. Usted ya nos ha hablado de medidas que va a llevar a cabo como una formación continuada, aunque algún proponente aquí de otro grupo parlamentario, como el de Ciudadanos,
parece ser que no ha escuchado. ¿Me podría volver a remarcar estas mismas? Ya veo que en este punto ha atendido a las legítimas reivindicaciones de los representantes del colectivo de funcionarios y empleados de prisiones.
Frente a la falta de protección jurídica, frente a las agresiones sufridas, alguno ha hecho alarde de que pagar esas indemnizaciones viene de una sentencia de 2017. Si vienen de 2017, díganme ustedes, señores del Partido Popular, por qué en
2017 y 2018 ha habido funcionarios de prisiones que se han visto desamparados y así nos lo han transmitido los colectivos, los sindicatos y las asociaciones. Por tanto, también compruebo que en este punto está intentando establecer una solución y
se ha sentado en la mesa con dichos colectivos.
Con respecto a la falta de personal, porque aquí parece que usted es el lobo con sus seis meses de gestión, de las tres mil vacantes que había entre funcionarios y empleados de prisiones, a su vez, ha hecho que la plantilla de este colectivo
sea una plantilla envejecida, y en algunas prisiones ronda cerca de los cincuenta años, lo cual es bastante preocupante. Usted ha manifestado que se ha puesto en marcha una oferta pública de empleo y aquí todo el mundo lo atribuye a los
presupuestos del Partido Popular. ¿Me puede decir cuál era lo que estaba previsto por parte del Partido Popular y de sus socios, Ciudadanos, con esos presupuestos para la oferta pública de empleo y cuál ha sido finalmente la oferta pública de
empleo, por favor? Si tiene esos datos, que espero que sí, y si no, pues transmítamelo de alguna manera y háganoslo llegar. Esta oferta pública de empleo es una medida para solucionar en parte este problema, aunque usted es el lobo y parece ser
que es el responsable de estos siete años sin las tres mil plazas. Dígame, porque me interesa mucho, ¿cuántos aspirantes se han presentado? Porque he leído una noticia que me ha resultado un poco curiosa y quería saber si es cierto que ha habido
más de 13 000 aspirantes para esas 831 plazas convocadas. Es decir, ¿tan malo es el Estado que quiere entrar tanta gente a ser funcionario? Parece ser, por lo que ha citado, que hemos incrementado más de un 200 % en algunas cuestiones.
Con respecto a la falta de concursos de traslados, que legítimamente los representantes legítimos de los funcionarios de prisiones nos han trasladado, usted ya ha citado aquí -corríjame si me equivoco porque ha ido un poco rápido- que en
2012 se convocó un concurso y en 2017 otro concurso, cuyas plazas ni si quiera llegaban a 800, y a usted se le ocurre convocar más de 1300 plazas de golpe. Eso debe ser también de los presupuestos del Partido Popular y de Ciudadanos.
Por otro lado, ha manifestado -aquí al rey lo que es del rey, y al césar lo que es del césar- el apoyo por parte de la secretaría general a que los funcionarios de prisiones sean reconocidos como agentes de la autoridad, gracias a una
proposición de ley que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, como se ha citado, y que el Grupo Parlamentario Socialista hemos enmendado. Sí, lo hemos enmendado. Esperemos llegar a un acuerdo porque la idea del Grupo Parlamentario
Socialista -lo he dicho varias veces y así tienen conocimiento los representantes de los funcionarios de prisiones- es que nosotros apoyamos que los funcionarios de prisiones sean agentes de la autoridad exactamente en las mismas condiciones que lo
son los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, ni más ni menos. Cuando se agrede a un policía no se agrede a una autoridad, se agrede a un agente de la autoridad, que es diferente, y por tanto, las consecuencias son distintas.
Recordamos aquí, por tanto, que el Partido Socialista sí que va a apoyar que sean agentes de la autoridad en las mismas condiciones que los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, cuestión que el Grupo Parlamentario Ciudadanos
durante dos ocasiones intentó colocar aquí de una manera engañosa y que al final no pudo ser. En este punto quiero agradecer al Partido Popular su iniciativa porque nos uniremos a ella y esperamos llegar a un acuerdo.
La situación de la sanidad penitenciaria es un tema al que me referí aquí en más de una ocasión y se lo dije a su antecesor, que por cierto de manera bastante despótica dijo que no había ningún problema con la sanidad, ni había ningún
problema con las vacantes o el envejecimiento de la plantilla, que era todo como Los mundos de Yupi, como dicen los niños. Me gustaría que nos remarcara, como no ha quedado muy claro, cuáles son los pasos que ha seguido y cuáles son las
dificultades que se está encontrando precisamente con la atención sanitaria y esos traspasos que ha promovido el Grupo Parlamentario Socialista. Usted sabe que fue precisamente un compañero de este grupo parlamentario el que consiguió la
transferencia de la sanidad en el País Vasco y el que ha intervenido, de alguna manera, para que se pueda llevar a cabo a lo mejor la transferencia de la sanidad en otras comunidades autónomas, lo cual deseamos y desde aquí apoyamos.
Déjeme enlazar, ya que estamos hablando de la sanidad, con un punto que han comentado aquí. En la última comparecencia de su antecesor fui muy crítica, pero que muy crítica -y repito las palabras-, con respecto a la distribución de la
productividad. Dije que la productividad debía de abarcar a mayor número de funcionarios aunque fueran dos euros, porque esos dos euros podían dar para un paquete de pipas, pero ese paquete de pipas era suyo. Por tanto, quiero enlazar este tema
porque al Grupo Parlamentario Socialista también le han llegado críticas respecto al reparto de la productividad, en concreto sobre que los auxiliares de enfermería no hayan entrado en ese reparto. Quiero recordar otra cosa y se la voy a comentar.
El reparto de la productividad no es un castigo, si no se da; es un beneficio si se da, pero nunca es un castigo si no se da aquello a lo que no se tiene un derecho inicial. Quiero preguntarle cuáles fueron los criterios utilizados durante los
años 2017 y 2018, porque hay una sentencia que estima en cierta parte -hay que leerse las sentencias- las reclamaciones que el Grupo Parlamentario Socialista hacía y que principalmente hicieron los funcionarios de prisiones. ¿Cuáles fueron los
criterios utilizados en esos dos años para distribuir la productividad por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias? ¿Qué número de funcionarios se vieron afectados en esos dos años, en 2017 y 2018, por esa productividad y en
concreto por qué hay unos colectivos que no se les ha incluido en la misma como puede ser el que le he citado?
No sé cuánto me queda, señor presidente. Sé que no será mucho. Quiero ir acabando...
El señor PRESIDENTE: Está superado sobradamente el tiempo, pero estamos siendo generosos.
La señora CANTERA DE CASTRO: Acabo enseguida, seré muy breve.
Con respecto a las agresiones es algo que nos preocupa y nos ocupa porque si bien el número de agresiones que usted ha citado -me gustaría que nos dijera alguna comparativa, si la tiene, con respecto a otros países- a lo mejor no puede
resultar alarmante, sí que es alarmante en cuanto haya una sola agresión. Yo he estado en la Comisión de Seguridad Vial y permítame que haga una comparación aunque sea muy burda. En cuanto hay un accidente, nuestro objetivo es tener cero; en
cuanto hay una agresión, nuestro objetivo es tener cero agresiones y que nuestros funcionarios se vean respaldados. Lo que sí pedimos en este caso, y nos unimos al Grupo Parlamentario Ciudadanos, es que se revise el protocolo que se estableció y
que no contó con consenso de todos los sindicatos y todas las asociaciones, con los representantes legítimos de los funcionarios. Creemos que ha pasado un tiempo, que no está demás revisarlo y valorar si está siendo adecuado, sobre todo -con esto
finalizo- en aquellos puntos en los que hace referencia a la tipificación de la agresión, porque una de las cosas que reclaman los funcionarios de prisiones es que no se están tipificando como agresiones cuestiones que a lo mejor un jurídico sí que
tipificaría como tal.
Ya por último, que no se me olvide, porque también estamos en eso, fue una iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que además defendí personalmente, la revisión de esas categorías a las que usted ha hecho mención.
Termino. Ha hablado de la clasificación de los centros penitenciarios en nueve categorías diferentes, de que esta categorización data del año 2004, cuando la responsable, además, era precisamente Mercedes Gallizo, del Partido Socialista, y
de que desde entonces no se ha modificado. En su intervención ha mencionado ese estudio técnico que ha elaborado el nuevo equipo. ¿Podría indicarnos cuántas categorías de centros se establecen, qué se pretende con esa nueva clasificación y cuáles
son los pasos qué se van a seguir?
Esto es todo, señor presidente, gracias por su benevolencia.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cantera.
Damos la palabra al compareciente para que intente gestionar todas estas cuestiones que le han planteado.
El señor SECRETARIO DE ESTADO DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Ortiz González): No sabía que ustedes preguntaban tanto.
Para hacerlo sistemático lo que haré, porque muchas de las preguntas afortunadamente son coincidentes, será agruparlas y contestar conjuntamente a algunas de las cuestiones.
El señor Legarda -que he visto que se ha tenido que ir-...
El señor PRESIDENTE: Perdone un segundo.
El señor Legarda se ha ausentado porque perdía su vuelo, pero me ha pedido que expresamente le disculpara con el compareciente.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Ortiz González): ... ha empezado su intervención con una situación muy concreta que sucedió en el centro de Albolote, sobre una sanción a un interno por no hacer una tarea de
carácter obligatorio. Ha hecho referencia a una pregunta escrita; miraré con detalle qué es lo que se contestó y, por supuesto, me pondré en contacto con él para darle una información concreta y exacta sobre la cuestión a la que se refería al
comenzar su intervención.
Les cité el número de plazas vacantes de funcionarios que son 2277. Eso se paliará con la oferta de empleo público que se ha aprobado, y luego quedan por cubrir 775 plazas de personal laboral. Como saben ustedes, la cobertura del personal
laboral no depende en exclusiva de Instituciones Penitenciarias, cosa que sí sucede con el tema de los funcionarios. La suma total, efectivamente, es de 3052 vacantes en este momento.
Mencionó el señor Legarda en su intervención la palabra hacinamiento. Afortunadamente, esa palabra pertenece a la historia del sistema penitenciario español. En este momento hay 18 000 plazas vacantes disponibles en el sistema
penitenciario de España gracias a que desde hace tiempo -y creo que hay que dejar constancia de ello-, desde el año 1978 para acá, los diferentes Gobiernos han sido capaces de priorizar el tema de las inversiones en equipamientos y en este momento,
como les digo, los centros penitenciarios en España estarían en condiciones de poder absorber hasta 18 000 personas más que ingresaran en prisión. Eso se debe a que, además de las edificaciones, se han construido nuevos centros. Les tengo que dar
otro dato que es evidente y objetivo y que aquí no ha salido, pero yo se lo voy a ofrecer. En el año 2009 el sistema penitenciario español -lo que es competencia de esta administración, excluyendo los datos de Cataluña- tocó techo, con 65 394
internos. A partir de 2009, como consecuencia de una reforma en la manera de penar los delitos contra la salud pública, se produce un descenso automático del número de personas y a día de hoy de aquellos 65 000 estamos en 50 826. Como dato
importante les diré que, según los estudios que tenemos realizados, hay una previsión para el próximo 2019 de una bajada de otros mil internos más, aproximadamente un 2 %. Esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de valorar cuáles son las
condiciones de dignidad que tienen las personas privadas de libertad dentro de las prisiones en España.
Los concursos de traslado fueron objeto de mención por el señor Legarda, y aprovecho para contestar a todas aquellas cuestiones que ustedes han planteado en relación con los mismos. Los datos son así de duros: en cinco años en la gestión
anterior hubo dos concursos de traslado que afectaron a 871 personas; repito, en cinco años, de 2012 a 2017, dos concursos, 871 personas. En cinco meses yo sacaré un concurso -va a salir posiblemente la próxima semana- con 1399 plazas, y este dato
no admite duda ni interpretación; ahí queda y valórenlo como quieran.
El señor Legarda apuntó el tema de la productividad, que ha sido una pregunta que me han hecho varios de ustedes, y me alegro de que lo hayan hecho. Les voy a explicar lo que se hizo el año pasado, final de noviembre aproximadamente, y lo
que he hecho yo al final de noviembre. El año pasado la productividad -es una partida presupuestaria que se reparte por parte del anterior responsable de Instituciones y por mí, es una responsabilidad que tenemos- se repartió y afectó a 804
trabajadores. Esos 804 trabajadores pertenecían a dos grupos: El primer grupo, directivos de centros penitenciarios, directores, subdirectores y administradores, que son 447 personas; el segundo grupo, 357 personas que trabajan en los servicios
centrales en la calle Alcalá. Se decidió que la productividad se repartía entre esos dos colectivos. Así se les informó a los sindicatos y además se les dijo que se repartía y que el que más
ganaba más productividad recibía. Así de claro. Eso fue objeto de cuatro recursos contenciosos. Tres de los recursos contenciosos se han resuelto a favor a la Administración penitenciaria, y uno se ha estimado en parte a favor de un
sindicato. En los argumentos jurídicos utilizados para la estimación en parte se hacía constar que no era correcto hacer un reparto de la productividad que no fuese lineal. Yo me he aprendido la canción y he aplicado un reparto lineal para el
sistema que ahora les voy a explicar que he hecho yo. De cualquier forma, la sentencia estimatoria en parte a favor de uno de los sindicatos tiene interpretaciones jurídicas no del todo claras, por lo que lo que hemos hecho en este momento ha sido
plantear un recurso de casación, porque entendemos que hay motivo suficiente para estimar ese recurso. Está presentado ante el Tribunal Supremo para que lo aclare, sobre todo teniendo en cuenta que hay tres sentencias que han dado la razón a la
administración penitenciaria. Eso fue lo que se hizo el año pasado.
¿Qué es lo que hemos hecho este año? Repartir la productividad en lugar de entre 804 trabajadores entre 5679. Se han visto beneficiados por la productividad los directores, los subdirectores y los administradores, pero no lo hemos hecho
con el sistema del año pasado, con el criterio de que quien más gana más percibe, sino que se ha hecho de forma lineal dentro de esos colectivos, directores, subdirectores y administradores. Se ha incluido por primera vez, que el año pasado no
fueron agraciados, a los jefes de servicio. Los jefes de servicio, como saben ustedes, son un cargo importante dentro de las prisiones, un cargo intermedio, y todos ellos, tanto jefes de servicio como jefes de servicios médicos, han recibido la
correspondiente productividad. Ha afectado también a las 780 personas del personal facultativo y de enfermería que trabajan en los centros penitenciarios. Tengo que confesar que el primer problema que tiene hoy la administración penitenciaria en
España es la situación de la sanidad penitenciaria, por la forma en la que se diseñó en el año 1979 y porque las sucesivas leyes de sanidad pública nos han dicho que hay que hacer otras cosas y no se han hecho, por ejemplo, no se ha hecho la
transferencia. Por la situación en la que se encuentran estos trabajadores de la sanidad penitenciaria he estimado prioritario que todos ellos recibieran un trato especial en la productividad, y por eso se la he concedido. Además, también se la
hemos concedido a 3260 trabajadores de los cuerpos de ayudantes de instituciones penitenciarias, que el año pasado no vieron ninguna productividad y que este año la han recibido; pero no la han recibido por el hecho de hacer huelga o no, no tiene
nada que ver. Estas personas han recibido la productividad porque ellos, como consecuencia de las jornadas de huelga, han tenido que doblar turnos, han tenido que estar veinticuatro horas o más dentro de la prisión. No se ha sancionado a ningún
trabajador con la productividad, sino que se ha retribuido a aquellos que han hecho un plus y que los directores de los centros así nos lo han certificado. Por último se ha pagado productividad a los 360 trabajadores que están en la calle Alcalá,
en los servicios centrales, pero no se ha hecho de la forma que se hizo el año pasado, quien más gana más percibe, sino que de forma lineal todos han recibido la misma cantidad, desde el subdirector hasta el último funcionario del nivel 15; todos
han recibido la misma cantidad de forma lineal. Este es el sistema con el que se ha pagado la productividad este año.
Hay diferencias importantes, y yo quiero que ustedes lo sepan. ¿Qué se hizo el año pasado ante la discrepancia con la forma de repartir la productividad? Interponer cuatro procedimientos contenciosos administrativos. Este año, a pesar del
sistema que he mencionado, que difiere muchísimo de lo que se hizo el año pasado, en lugar de interponer cuatro procedimientos administrativos, uno de los sindicatos ha presentado una denuncia penal por la forma en la que se ha hecho el reparto.
Otro de los aspectos -y con esto termino con el tema de la productividad, y cierro aquí este capítulo- es que efectivamente hay un problema con el personal laboral. El personal laboral legalmente no está incluido en este concepto y para la
percepción de la productividad requiere una negociación previa de cada uno de los programas. Hay personal laboral que tiene negociado esos programas de productividad y la han cobrado, pero hay otros grupos de personal laboral, los auxiliares de
enfermería, que no tienen negociado ni aprobado el programa de productividad y no la han podido recibir. Les recuerdo que la aprobación del programa no depende de Instituciones Penitenciarias, sino que pasa por Función pública. Esta es la
situación. La única forma de compensar a esas personas por el esfuerzo que han hecho, auxiliares de enfermería, que se han visto también afectados por la huelga, en el sentido de haber tenido que trabajar más horas, es con días de descanso. Eso lo
estamos gestionando y lo vamos a solucionar por esa vía. Creo que el tema de la productividad queda suficientemente contestado.
Otra de las cuestiones que ha sido mencionada con carácter general por más de uno de los intervinientes es el tema de las agresiones. Han mencionado ustedes agresiones por dos vías: agresiones hacia los internos y agresiones hacia los
funcionarios. Empiezo de forma rápida. Respecto a las agresiones hacia los internos se hizo una orden de servicio, que se publicó este año, como consecuencia del informe
que ustedes han mencionado del Comité Europeo de Prevención de la Tortura, mediante la que se exigió un control más riguroso. Ese control riguroso ya está puesto en práctica, y las consecuencias son que hemos arbitrado las medidas
necesarias para que todas las agresiones se registren tanto a nivel interno nuestro como luego las que pasan a control judicial. Les puedo decir que en el año 2017 se registraron 126 denuncias de internos diciendo que habían sido agredidos; de los
126 casos, año 2017, se judicializaron 15. En el año 2018 ha habido 88 denuncias de internos diciendo que habían sido agredidos; de las 88 denuncias se han judicializado 5.
Paso a informarles con detalle de cuál es la situación en el tema de las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones. Los datos son los que son. En el año 2016, 360; en el año 2017, 305; en el año 2018, 213. Estos datos no están
sacados del famoso protocolo que ustedes han mencionado. Efectivamente se negoció un protocolo y en su elaboración participaron las diferentes organizaciones sindicales, pero es verdad que al final no todas firmaron el protocolo porque algunas
consideran que es susceptible de mejora. Posiblemente tengamos que sentarnos para perfilar un mejor sistema de control. Los datos que yo les doy ahora no son del protocolo, y me consta que algunos funcionarios consideran que los trámites que
establece el protocolo son farragosos, y muchos de ellos, sobre todo si la sanción no es grave, no se contabilizan. Los datos que yo les doy a ustedes son todos los datos de todos los partes rigurosos que llegan a la inspección penitenciaria, y
aquí se recoge todo, absolutamente todo, las muy graves, las graves, las leves y las sin lesiones. Otro de los asuntos que también se cuestiona es, ¿y cuando se considera una agresión grave o muy grave? Pues mire usted, por los partes médicos y
por el pronóstico médico. Esto no lo decimos nosotros, son los médicos los que al hacer su diagnóstico si ven que hay un elevado nivel de probabilidad de muerte, dicen que la agresión es muy grave, cuando hay una previsión de que la lesión va a
tarde en curar más de un mes, consideran que la lesión es grave, y cuando va a tardar entre quince días y un mes, consideran que es menos grave. Son puros criterios médicos, aquí no hay trampa ni cartón.
Creo que alguno de ustedes me pidió datos comparativos. Daré los datos que publica el Consejo de Europa. En el caso de Francia, en el año 2013, 8061 agresiones; en el año 2013 en España hubo 314. En el caso del Reino Unido, año 2016,
6430 agresiones; en España hubo 360. En el Reino Unido, como les he dicho, hubo 6430, de las cuales graves fueron 761. Estos son datos comparativos. Cuando digo esto, lo que quiero poner de manifiesto es que la situación es la que es gracias a
los funcionarios que tenemos y a su profesionalidad. Podemos repetir una noticia mil veces y podemos obtener la sensación de que la situación es dramática. Yo me ofrezco a ustedes. Cuando quieran conocer cualquier dato, de agresiones o cualquier
otro, estoy a su disposición. Me cabe la satisfacción de decir que dentro de Interior, el departamento que más uso hace de la Ley de transparencia y que más contestaciones da es la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. Creo que esto
dice mucho a favor de la transparencia cuando hablamos de cárceles.
Quiero darles otro dato. Uno de ustedes -me parece que fue la señora Beitialarrangoitia- habló del tema de Teixeiro, de una denuncia que se ha producido. Como el tema de Teixeiro está judicializado, nuestro planteamiento es máxima
colaboración con el Poder Judicial, porque somos los primeros y más interesados en que se aclare la verdad, ya que no sabemos qué ha sucedido allí. Hemos remitido a la autoridad judicial, al Juzgado de Betanzos, la documentación en papel, los
documentos que se redactaron y la grabación que existe. Será la jueza de Betanzos la que diga qué es lo que ha sucedido allí. Pero al margen de ese caso, puntual y concreto, lo que sí es preocupante es que al día siguiente de producirse la noticia
de Teixeiro apareció una noticia cuyo titular era: Evacuan en ambulancia a dos funcionarios agredidos por un preso en la cárcel de Morón. Y en el relato de los hechos copian lo que había sucedido en Teixeiro. ¿Qué genera esta noticia? Una
tremenda alarma en todos los familiares de los funcionarios que trabajan en la prisión de Morón, que inmediatamente llaman al centro y preguntan si su familiar es el agredido, es el que está en el hospital. La confusión fue tremenda, porque allí no
se sabía nada; evidentemente la noticia no se había producido así. Esto es una forma de crear alarma de manera irresponsable. Sin ir más lejos, no sé si han visto la noticia publicada ayer por la tarde de que investigan un complot entre presos
para asesinar a un funcionario de la cárcel de Teixeiro. Llevamos toda la tarde de ayer, toda la noche y toda la mañana de hoy intentando averiguar quién es el funcionario de la cárcel de Teixeiro que puede verse afectado por un complot para
asesinarle. La noticia es rigurosamente falsa. Reitero que la realidad sobre las agresiones es la que les acabo de exponer. Ustedes me creerán o no, pero es lo que les puedo decir. Confíen en que cuando quieran saber yo les transmito los datos
gustosamente.
Las sujeciones mecánicas también han sido planteadas por varios de ustedes. Hay una instrucción, la 3/2018, que precisamente es la primera que yo quise firmar, que está hecha sobre el estudio riguroso y serio del Defensor del Pueblo en su
doble condición, como Defensor del Pueblo y como mecanismo nacional de prevención de la tortura. Todas las prisiones están dotadas de una dependencia especial donde se practican las sujeciones mecánicas. En este momento, estamos dotando de
sistemas de grabación prácticamente la totalidad de esas dependencias para que se vea la forma en la que se hace la sujeción mecánica. Llevamos tres, cuatro meses de ejercicio efectivo, de eficacia de esa instrucción y ya les puedo adelantar que ha
bajado considerablemente el número de sujeciones mecánicas, entre las que se hacían antes y las que se hacen ahora. Esa ha sido la consecuencia de esta instrucción. En ese sentido, queremos seguir trabajando.
Otro de los aspectos que se ha mencionado es que los internos en primer grado es una preferencia. El primer grado tiene que ser excepcional, y estamos haciendo revisiones, pero tengan en cuenta que llevamos cinco meses y no podemos llegar a
más. En cuanto al tema de los aislamientos, efectivamente el reglamento penitenciario español contempla no más de cuarenta y dos días de cumplimiento de una sanción de aislamiento, pero hay instrucciones dadas para que, en todo caso, aquellos
internos que tengan que cumplir sanciones sucesivas de catorce días de aislamiento no estén nunca más de catorce días; aquellos que puedan llegar a tener cuarenta y dos días cumplirían los catorce, harían unos días de vida en régimen ordinario y
seguirían cumpliendo la sanción.
Ha habido una mención a los guantes que estamos utilizando en instituciones penitenciarias. Los guantes cumplen la normativa técnica de prevención contra riesgos mecánicos, contra riesgos de abrasión, corte por cuchilla, rasgado y
perforación, estando en los niveles máximos de abrasión, 4 sobre 4; de cortes 5 sobre 5; de rasgado 4 sobre 4. Solo en un aspecto la perforación tiene 3 sobre 4. No están en el máximo debido a que si lo estuvieran se inutilizaría el guante para
los casos de cacheo. Actualmente son adquiridos por los distintos centros penitenciarios a través del capítulo 2 de su presupuesto de gastos. Esto es lo que le puedo asegurar y afirmar en el tema de los guantes.
En cuanto a la salud, como he dicho, es el primer problema. Ha habido referencias por parte de muchos de ustedes. ¿Qué estamos haciendo? Estamos intentando convencer, si me permiten ustedes la expresión, a las diferentes comunidades
autónomas para que reciban una competencia que desde el año 2003 tendrían que haber recibido; llevamos catorce años de retraso. Hemos entablado conversaciones, reuniones presenciales con la Comunidad Autónoma de Navarra, que es la única que de
manera clara ha dicho que adelante; hemos hecho videoconferencias con la Comunidad Autónoma de Valencia, que también está o puede estar por la labor. En tanto en cuanto lleguen las transferencias, y teniendo en cuenta que les reconozco que es el
problema más urgente que tenemos, yo sé lo que no tengo que hacer: lo que se ha hecho anteriormente. Miren ustedes, las comunicaciones entre la Administración penitenciaria y las comunidades autónomas en materia de salud se han hecho a través del
Poder Judicial. Ellos nos demandan a nosotros y nosotros les demandamos a ellos. No sabría cuantificarles el número de pleitos, pero les voy a decir la cantidad de dinero. En este momento tenemos 8 705 000 a favor de la Administración
penitenciaria, y en nuestra contra tenemos 8 600 000, ganamos por 100 000. En Andalucía nos dan la razón todos los tribunales y en Madrid nos la quitan. Ante este dilema y ante esta situación jurídica, hemos planteado tres recursos de casación
ante el Tribunal Supremo. Estamos deseando que el Tribunal Supremo aclare con cargo a qué presupuesto deben satisfacerse los gastos sanitarios. Esto es lo que yo quiero evitar. Desde que he llegado mi instrucción es que no quiero más pleitos;
saben ustedes de donde provengo y no me gustan los pleitos. Lo primero que estamos haciendo es hablar con las comunidades autónomas. Lo ideal sería la transferencia; si la transferencia no llega estamos utilizando la teleasistencia, la
telemedicina para intentar evitar los continuos traslados de los internos de las prisiones a los hospitales. Hay experiencias consumadas positivas en Extremadura, en Valencia y Alicante estamos empezando, y en Castilla-La Mancha. Como les digo,
hasta tanto lleguen las transferencias, habrá que promover acuerdos, porque, por ejemplo, Andalucía nos ha pedido volver al sistema de convenios. Antes no existía esta litigiosidad porque había convenios entre la Administración penitenciaria y la
comunidad autónoma. Prefiero que exista un convenio, aunque no es lo ideal, a que tengamos que ir al pleito. Me preguntaban, ¿qué ha hecho en materia de salud o qué piensa hacer? Lo que pienso hacer es seguir convenciendo a cada una de las
comunidades autónomas de que lo ideal es la transferencia. Como les dije, tuve la oportunidad de poder hablar, y de contar parte de lo que aquí les he dicho en cuanto a sanidad penitenciaria, delante de todos los consejeros de las comunidades
autónomas. Si me piden que les explique mi sensación, les diré que no fue precisamente positiva, pero eso ya es una sensación mía. Seguiré luchando por conseguirlo.
El tema del estudio técnico preliminar. Efectivamente, en septiembre nos reunimos con los sindicatos, porque yo necesito saber el punto de vista de las organizaciones sindicales ante la situación que he detectado, que es que en España hay
nueve salarios distintos en función del centro en el que se trabaje. Creo que eso es excesivo, se lo he puesto como ejemplo. Entre el funcionario mejor pagado de la misma categoría y el peor pagado hay más de 700 euros. Creo que eso no es
razonable, aunque ellos igual lo admiten. Antes de dar el siguiente paso a Función pública y al Ministerio de Hacienda necesito saber el punto de vista de las organizaciones sindicales, por eso me reúno con ellos y les pregunto qué piensan y qué
opinan del sistema. Ellos consideran que eso ya era una oferta en firme. Le dije: miren ustedes, yo quiero saber su punto de vista. Imagínense que si el estudio técnico preliminar que yo ofrezco es inadecuado, que no tiene satisfacción para
ellos, no me merece la pena seguir dando pasos. Una vez que yo conozca su punto de vista continuaré avanzando. Creo que la única forma de avanzar y de solucionar su situación laboral es remar todos en la misma dirección. Por eso se hizo ese
estudio técnico preliminar, que no era una oferta en firme, repito. Esa es la situación que les puedo decir.
Por supuesto, desearía que de manera clara apareciera en la ley que los funcionarios de prisiones son agentes de la autoridad. Me consta que hay sentencias que ya lo reconocen así, pero hay otras que no. Por eso, luchemos por esa claridad;
es más, aprovechemos ese viaje -se lo digo a ustedes que son los competentes y responsables en esa materia- para aclarar el tema de la indemnización. Usted comentaba que ya expresamente se dice que el Estado es responsable subsidiario;
efectivamente, pero no todas las sentencias recogen la responsabilidad civil subsidiaria del Estado. Entonces cuando no se recoge, estamos abocando al funcionario de turno a tenerse que ir a un nuevo procedimiento contencioso. Eso es lo que yo
quiero evitarles. Por ello estoy documentándome y ahora mismo he llegado a la conclusión que les estoy diciendo: el marco normativo no es claro y la jurisprudencia es contradictoria. Tenemos un grupo de sentencias en donde han dicho que no se
sería necesario acudir a un nuevo pleito contencioso, pero solo es un grupo de sentencias, las mayoritarias, que son un número superior, dicen que en estos casos el funcionario tiene que irse a un nuevo procedimiento, salvo que en el marco normativo
lo aclaremos. Ahí en este caso les garantizo a ustedes que existe la posibilidad de aclarar ese tema, porque creo que es de justicia. Ustedes y yo lo estamos viendo ahora mismo, no es de recibo que acreditada la insolvencia del autor de la
agresión, aboquemos al funcionario a tener que iniciar un nuevo procedimiento. Esto es evidente, por motivos de equidad y de justicia se debe hacer así. Por ahí creo que pueden ir las actuaciones.
En el tema de terrorismo de ETA aprovecho para abordar las dos intervenciones que habido. Los datos que nos han dado tanto una interviniente como la otra, tanto la señora Blanco como la señora Beitialarrangoitia, los han dado porque en esto
somos especialmente transparentes. No se adopta ninguna decisión sobre acercamientos o progresiones de grado sin notificarlo antes a las víctimas. Este es un mandato que recibí del ministro, desde el primer día en el primer minuto, y como me
parece muy sensato, lo cumplo rigurosamente. Todo lo que se hace en esta materia es objeto de la máxima transparencia, creo que es una garantía para todos y una tranquilidad.
¿Con qué actuamos? Pues estamos actuando aplicando rigurosamente la ley. El primer grado es una situación excepcional en el que están las personas privadas de libertad, solamente el 2 % de las personas que están en prisión están en primer
grado. Por eso estamos revisando continuamente, además la normativa española si tiene algo son garantías. En el caso de los primeros grados nos exige cada tres meses una revisión y cada tres meses recibimos la correspondiente revisión de los
órganos colegiados, que la ley dice que tienen que hacerla, que son las juntas de tratamiento, que libremente exponen su criterio. Ellas nos dicen qué personas deben seguir en primer grado o qué personas deben ser progresadas de grado. Y cuando
progresamos de grado -ha habido tres casos al tercer grado-, hemos tenido que cumplir rigurosamente los requisitos que establece la normativa penal y la penitenciaria. Los tres casos que hay han pagado responsabilidad civil, han firmado que
rechazan la violencia y son los tres casos que creo que formaron parte de la Vía Nanclares. Los datos están ahí puestos y se les facilitó con todo lujo de detalles.
Respecto a las demás progresiones que se están haciendo, ¿qué criterios se tienen en cuenta? El tipo de delito que cometieron, si hubo delitos de sangre o no, se tiene en cuenta el tipo de condena que se le impuso y el tiempo de pena que
lleva cumplido. Teniendo en cuenta todas esas circunstancias y su comportamiento en prisión se decide si se progresa de grado y si se traslada o no. De todas formas hay datos que también debemos mencionar para no confundir. Desde el 16 de
septiembre de 1998 al 28 de noviembre de 1999, es decir, en 12 meses -pone aquí que es el Gobierno del Partido Popular-: 133
traslados. Los nombres están aquí aunque no se los voy a dar. Últimos datos: año 2012 a 2018, se realizaron seis acercamientos y cinco progresiones de grado. Yo estoy convencido de que todas estas decisiones se hicieron respetando
estrictamente la legalidad, y les pido a ustedes que el mismo respeto que tengo yo para estos casos lo tengan ustedes hacia las decisiones que tomamos.
Quedaban preguntas pendientes. Hay una polémica que ha surgido aquí con la oferta de empleo público, que si era del Gobierno del Partido Popular o si era del Gobierno socialista. Yo llegué el 19 de junio, antes no me dedicaba a la
política, luego no sé a quién se le puede imputar eso. Yo lo único que les digo es que a final de junio tuve que contestar rápidamente a qué necesidades de personal teníamos en Instituciones Penitenciarias y tras una petición mía la decisión del
Gobierno fue conceder a Instituciones Penitenciarias 956 plazas. Según me comentaron no existía petición alguna y por eso Instituciones Penitenciarias no aparecía en el reparto de esas plazas. Por tanto, que quede claro que la decisión se adopta
cuando se adopta, creo que fue en el mes de septiembre; yo informé a finales de junio. Me preguntaron cuántas plazas necesitaba Instituciones Penitenciaras, y yo les dije el número de plazas que necesitaba.
Una de las preguntas que me han formulado pedía que contestara, si lo conozco, el número de plazas que se han ido solicitando en ofertas públicas de empleo de años anteriores. Pues sí, el dato lo tengo. En el cuerpo de ayudantes, que como
saben es el cuerpo mayoritario, por ejemplo, en el año 2012 no se solicitó ninguna plaza, y no se concedió ninguna; en el año 2013 se solicitaron 90 plazas, y no se concedió ninguna; en el año 2014 se solicitaron 200 plazas, y se concedieron 70;
en el año 2015 se pidieron y se concedieron 275 plazas; la misma situación se produjo en 2016, se pidieron 538 y se concedieron 538 plazas. Les puedo asegurar que cuando yo llegué en el mes de junio y me preguntaron cuántas plazas necesita, yo
pedí 1500 plazas, y han concedido 956. Esos son los datos, todo esto está documentado.
Hay una serie de preguntas finales que me hizo doña Zaida que quiero contestarlas. Respecto al tema de las personas que salen de permiso y no regresan, una de las novedades más importantes que estableció la Ley Orgánica General
Penitenciaria, que el próximo año cumplirá cuarenta años, fue introducir entre las formas que se consideraban más idóneas para obtener la reinserción y la reorientación de los penados un sistema de salidas, un sistema de permisos, que está
demostrándose como una de las mejores iniciativas para conseguir esa reinserción. En el año 2017 se dieron 124 419 permisos, y no regresaron 402 personas; en el año 2018 llevamos concedidos 107 658, y no han regresado 344. De los 344 que no han
regresado en el mes de agosto la mitad de ellos ya habían sido detenidos, o bien voluntariamente al transcurrir algún tiempo habían ingresado voluntariamente en prisión. Es una de las herramientas más eficaces que existe, el sistema que tenemos de
permisos es una herramienta que ha sido copiada por diferentes países y que es objeto de elogio por todas las delegaciones extranjeras que nos visitan en España.
Otra de las preguntas era cuántos aspirantes se han presentado para cubrir 831 plazas. Pues sorprendentemente con enorme satisfacción para quien les habla han sido muchos, porque yo estaba preocupado ante las noticias que aparecían en los
medios de comunicación sobre el número de agresiones que tienen los funcionarios de prisiones con no cubrir las 831 plazas. Les digo que las plazas se cubren, tenemos más de 13 300 aspirantes, posiblemente lleguemos a 14 000 aspirantes. Es una
enorme satisfacción saber que el cuerpo de ayudantes penitenciarios es un cuerpo apreciado por los ciudadanos en España, que quieren trabajar en prisiones.
Respecto a la productividad ya dije antes cómo se había producido y el tema de las agresiones también lo expliqué. He intentado contestar a todas las preguntas, y si alguna pregunta ha quedado sin contestar gustosamente, bien personal o
bien documentalmente, se las haría llegar.
Hay una última pregunta muy interesante que me hizo el señor Gutiérrez, que se me olvidaba contestar y que tiene su importancia. Me preguntaba si yo considero normal lo que se está produciendo en una prisión de Cataluña en cuanto al régimen
de visitas. Le digo sinceramente que no gestiono las prisiones catalanas y desconozco con detalle lo que allí está sucediendo. (El señor Gutiérrez Vivas: Ahora se lo explico yo). Permítame no hacer comentarios sobre la gestión de otras
administraciones.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ortiz.
Vamos a hacer un último turno breve de portavoces para la aclaración de algún detalle final, en este caso de menor a mayor. Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor Ortiz.
La verdad es que se ha adelantado a alguna de las cuestiones porque iba a plantearle cómo iban las conversaciones con el Gobierno navarro para la transferencia de la sanidad penitenciaria, aunque ya se nos había adelantado en una pregunta y
se nos dijo en su momento que esas conversaciones estaban en marcha. No sé si podría dar más detalles sobre si avanzan o no avanzan, si en un breve espacio de tiempo puede materializarse o no esa transferencia. Tampoco creo que ha contestado -no
he sido yo quien se lo ha preguntado- sobre la transferencia de prisiones que algunos entienden que no debería de darse, pero que olvidan que está en una ley orgánica, y que como en otras muchas transferencias olvidan muy a menudo que lleva cuarenta
años sin cumplirse, y yo soy la primera que considera que debería de cumplirse. Luego otros nos acusan de mirar la Constitución en diagonal, al menos nosotros no la defendamos como propia y otros sí lo hacen como tal, y por tanto deberían de ser
más rigurosos en su cumplimiento.
El tema de Albolote es una cuestión importante que ya se ha solventado. El problema que se suscitó fue que unas presas internadas en aislamiento se negaban a hacer un trabajo que se les quería imponer como obligatorio, cuando en el módulo
de los hombres era optativo. La respuesta que daba el Gobierno era que se debía a que había más predisposición a asumir el trabajo por parte de las mujeres que de los hombres. Eso no aclara si se le puede hacer obligatorio a una mujer lo que a un
hombre no. Pero me consta que está solventado, me consta que esta cuestión era anterior a su llegada a Instituciones Penitenciaria y ya ha quedado atrás.
Le he preguntado por Teixeiro, no por otra cosa, sino porque la información que me había llegado desde el Gobierno era que el ministerio estaba haciendo una investigación sobre los funcionarios y como la noticia me había llegado de esa
manera, me gustaría saber cuáles son las conclusiones de la investigación a la que habían llegado. Se decía en esa noticia, no sé si acertadamente o no, que se había llegado a una serie de conclusiones, aunque efectivamente el tema estaba
judicializado.
Usted ha hablado del tema del aislamiento. Yo no he querido hablar antes del aislamiento de los presos vascos, pero sí creo que es una cuestión que se debería revisar. Precisamente en marzo de este año murió un preso después de diez años
en la cárcel, la mayoría del tiempo en aislamiento. Hoy hay veintisiete presos en aislamiento, pero no durante catorce días sino durante años y eso trae consecuencias. El preso del que le he hablado se suicidó, pero se pueden dar esas
circunstancias en cualquier persona que esté durante largo tiempo, y más durante años, en aislamiento con más de veinticinco horas sin salir al patio seguidas y con todo lo que ello supone. No voy a ahondar en ello pero creo que deberían tomar
medidas, no solo para aquellos periodos de castigo en los que hay aislamiento, sino para ese uso desmedido del aislamiento con ciertos presos que se ha hecho prolongado durante años por otros Gobiernos.
Finalmente, está el tema de la progresión de grado. Usted dice que se revisa sistemáticamente y que ahora se están dando progresiones de grado que antes no se daban, seguramente porque muchas veces se negaban basándose más en criterios
políticos que en respuestas jurídicas, en historia penal o en condiciones extralegales, incluso se hacía un corte y pega y a todos se les daba la misma respuesta. Por tanto, es bueno que se vaya dando ese tratamiento individualizado sobre la base
de la ley, ya que está posibilitando algo que antes no era posible, con lo que, insisto, no se estaba cumpliendo bien la ley. Ya se nota una diferencia en eso, no se está cumpliendo debidamente en todos los casos, pero al menos se nota la
diferencia.
Me ha quedado una duda porque le he mencionado el tema de la progresión de grado pero también el asunto del alejamiento, que yo entiendo que son dos cuestiones diferentes. Una tiene que ver con el expediente personal de cada recluso y la
otra es una decisión más genérica. No sé si con la respuesta que me ha querido dar -si puede me lo aclarado- me ha venido a decir que tan solo en el caso de progresiones de grado, y cumpliendo unos requisitos concretos que son los que usted me ha
concretado sobre qué criterios autorizan, se van a dar esos acercamientos, y por tanto, solo van a ir unidos a ese progresión de grado los acercamientos, cuando entiendo que deberían de ser dos cuestiones alejadas y que el derecho al arraigo no
tiene nada que ver con el expediente penal de cada cual, sino con otra serie de circunstancias más genéricas y más de derechos básicos. Si esas cosas me las pudiera aclarar, se lo agradecería. En cualquier caso, muchas gracias, porque la verdad es
que ha dado muchas explicaciones. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gutiérrez.
El señor GUTIÉRREZ VIVAS: Muchas gracias, señor presidente.
Muchísimas gracias, señor Ortiz, por su contestación y puntualización porque creo que sido preciso y transparente, que es lo que aquí todos le pedimos. En primer lugar, aunque yo me dedico a debatir con el compareciente y a proponerle
cosas, me gustaría decir a la señora Cantera que parece que le sigue sangrando por la misma herida. Señora Cantera, el error que usted cometió en la votación sobre la consideración de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad fue
un error suyo, y no pasa nada, se asume y ya está. Fue hace mucho tiempo pero fue usted la que se equivocó, porque no se equivocaron los funcionarios de prisiones que lo entendieron así, ni el resto de los grupos que votaron a favor. No pasa nada,
yo sé que usted sigue sangrando pero nosotros no se lo tenemos en cuenta, ni se lo decimos, es usted la que trae continuamente este tema. En fin, dé explicaciones donde tenga que darlas, pero no aquí. Nosotros lo que no hacemos es intentar
plantear nada engañoso, que usted se confundiera no significa que fuera engañoso, simplemente que se confundió. En todo caso, señor Ortiz, este es un tema interno de la Comisión que evidentemente no tiene nada que ver con su gestión y lo que está
diciendo.
En primer lugar, podemos afirmar por sus palabras que usted se ha comprometido -me gustaría que lo aclarara con un sí o con un no- a sentarse para mejorar el protocolo de agresión, si lo he entendido bien, en breve con todos los sindicatos.
Yo creo que esto podemos decirlo y explicarles a los sindicatos que usted aquí se ha comprometido en el Congreso en la Comisión de Interior con todo los grupos parlamentarios a que se va sentar a mejorar el protocolo. Yo creo que eso está muy bien
y estoy seguro de que todos ellos van a valorar ese compromiso positivamente, porque es lo que están pidiendo. Así que la verdad es que eso nos satisface.
Hay un segundo tema sobre los acercamientos de los presos de la organización terrorista ETA al que quiero referirme. Nosotros respetamos su decisión, aquí no estamos para no respetarla, pero yo creo que también debe respetar el papel que
aquí realizamos y nuestra opinión, y sobre todo a quien tienen que respetar -y que no están respetando para nada- es al colectivo de víctimas. A las víctimas son a las que no respetan porque siempre ha habido un consenso para hablar con ellas de
este tipo de temas, y ahora mismo no lo están haciendo. Además, era un consenso político que partía de todos los grupos parlamentarios sobre cómo se debían hacer estas cosas y lo han roto. Y lo han roto exclusivamente -esa es mi opinión
evidentemente- por el apoyo que necesita el señor Sánchez para seguir presidiendo este Gobierno, porque necesita los apoyos de sus socios de Bildu y de sus socios del PNV. Yo no espero que explique esto -esa es mi opinión-, pero desde luego lo que
no es una opinión es que no están contando ni con las asociaciones de víctimas ni están respetando lo que dicho el Defensor del Pueblo ni el dolor de la doble victimización de las víctimas, y eso es tan respetable como su opinión.
Usted no me ha dicho cuál es el calendario, si existe un calendario, y cuál es la hoja de ruta para entregar al Gobierno vasco las competencias de prisiones. Yo quiero saber y que usted nos diga hoy si existe o no existe. Es algo también
que es muy sencillo: ¿existe o no existe? Y si existe, cuál es el calendario para entregar esas competencias y cuál es el plazo que se dan para entregar las competencias al Gobierno del País Vasco.
Para finalizar sobre la prisión de Lledoners creo que algo sabrá de prisiones. Usted no es ajeno a la información y aunque dice que no ha sido político, usted ha vivido muy cerca de la política en el Ayuntamiento de Madrid en sus inicios.
En fin, no me diga que no sabe de política como si hubiera caído aquí como un marciano, porque usted sabe de esto. Usted lee la prensa y se entera perfectamente de lo que está pasando en la prisión de Lledoners. Además, tiene gente a su alrededor
que gestiona y sabe cómo se realizan los regímenes de visita. Yo quisiera que me aclarara una cosa que sí va poder contestarme: ¿cuál es el número de visitas máximo que tiene un interno en una prisión gestionada por usted? Con que me diga eso me
vale, con que me conteste a cuál es el número máximo de visitas que tiene un interno en una prisión gestionada por usted me conformo, más allá de las visitas con sus abogados, por supuesto. Yo no estoy hablando de las visitas de sus abogados que
tengan que ver en relación con el caso y el procedimiento en el que está inmerso el preso.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gutiérrez.
Por el Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Muchas gracias, señor presidente.
Mi turno será muy breve. Solo quiero agradecerle el cambio de tono y las explicaciones detalladas que ha dado sobre algunos aspectos, que supongo que más allá de lo que son cuestiones que nos puedan
interesar a todos, sobre todo interesan a la ciudadanía y que nos trasladan a través de los representantes políticos.
El señor Gutiérrez que me ha precedido en el uso de la palabra ha excitado mi antigua profesión de abogado penitencialista. Me dan ganas de contestarle yo mismo porque posiblemente sería bastante más adecuado, que no que usted conteste como
director general de Instituciones penitenciarias, cargo que ocupa. En todo caso, y obviando este pequeño excurso o maldad, como diputado navarro me congratulo del anuncio que usted ha hecho diciendo que avanzan las conversaciones con el Gobierno de
navarra para el tema de transferencias penitenciarias. Le agradeceré que nos siga manteniendo informados sobre este particular, porque es un tema que hemos seguido particularmente e interesa mucho al Gobierno de Navarra y al conjunto de la
ciudadanía, en este caso, que pueda avanzar en un sistema más coordinado, no sin antes recordarle que la Ley Orgánica de Amejoramiento del Fuero también prevé la consecución de las transferencias penitenciarias a la Comunidad Foral de Navarra y que
se puede ir avanzando en una situación que sea respetuosa con el orden constitucional y las leyes orgánicas que lo desarrollan.
Sin más, quiero agradecerle su atención simplemente y le tengo que pedir disculpas porque voy a desaparecer de aquí en un plazo breve de tiempo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Santos.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Gutiérrez, esta diputada no cometió absolutamente ningún error. Le recomiendo que aprenda a leer sobre todo lo que le escriben, no sé si sus asesores o asistentes, y aprenda a diferenciar lo que es agente de la autoridad de lo que es
autoridad pública. Efectivamente, ustedes ponían claramente en esa PNL que se transformaban en autoridad pública con unos ciertos derechos políticos de carácter restringido. No solo lo hicieron esa vez, sino que en otra PNL que introdujo el
Partido Popular quisieron meterlo como enmienda, no una sino dos veces. Aprenda a diferenciar agente de la autoridad de autoridad pública, que no es lo mismo. Simplemente hay que leer un poquito lo que a usted le escribieron.
Señor secretario general, me ha quedado claro y muchísimas gracias. Me ha venido bien lo que me ha dicho con respecto a la productividad. Desde aquí le invitamos desde el Grupo Parlamentario Socialista a que en sucesivas productividades
amplíe todavía muchísimo más el cupo de funcionarios, sobre todo que no quede ningún tipo de resquicio que pueda hacer entrever que unos son beneficiados y otros no, por el ejercicio de su legítimo derecho de la manifestación, que es una cuestión
legítima. Me ha quedado claro que van a dialogar con este colectivo de auxiliar de enfermería, al cual se valora desde este grupo parlamentario muchísimo la función que están desarrollando sobre todo debido a las precarias condiciones en las que
usted se ha encontrado el servicio. Como la ley no permite ahora mismo -por tanto nosotros no incumplimos, es por la ley- darles de una manera monetaria esta productividad, van a dialogar con ellos para que sí se les pueda dar en forma de días
libres o de cualquier otra forma como usted ha mencionado.
Me congratula que 213 agresiones sean, por las comparativas que hemos dicho cuantitativa y cualitativamente, muy inferiores a la de otros países pero este Grupo Parlamentario Socialista no se conforma. Objetivo: cero. Asimismo, me
congratula la revisión de este protocolo para que sigamos avanzando y los funcionarios de prisiones puedan desarrollar sus trabajos en dignas condiciones y que no se puedan ver violentados o agredidos por el desarrollo de la misma.
Más allá de lo que hemos hablado de la oferta de empleo público de 2012 a 2018, de mil ofertas de empleo público con dos años a cero, llegó usted con una oferta que estaba prevista de 700, plantea que 1500 y este Gobierno que es tan malo le
ofrece 956 plazas; es decir, que esto no viene de una negociación entre el PP y Ciudadanos, esto viene por su labor. Por tanto, le instamos a que siga mejorando este tema, puesto que hemos visto que hay 13 000 personas que quieren ser funcionarios
de prisiones, un colectivo honorable y honrado que trabaja por la seguridad de España, de los ciudadanos, favoreciendo la reinserción de los internos y eso es de agradecer. Le instamos a que siga aumentando el número de veces que se reúna con los
sindicatos y asociaciones que legítimamente representan a los trabajadores, para poder llegar a un acuerdo que sea aceptable y que sea aceptado.
Por último, quisiera mencionar una cuestión que ha quedado aparte y me gustaría comentar. Me refiero precisamente a ese proyecto de módulos mixtos que usted ha implementado, que parece ser que está dando buen resultado, ya que se ve
beneficiada la convivencia entre internos e internas y además beneficia esa menor capacidad de elección de cárcel que tienen precisamente las mujeres por los módulos
que hay. Me gustaría que, por favor, me diera información al respecto, si piensa implementarlo más y si necesita ayuda de este Grupo Parlamentario Socialista y del resto de grupos parlamentarios para mejorar este positivo modelo.
Por lo demás, nos tendrá apoyándole pero también criticando lo que no nos parezca adecuado. En cuanto a la productividad, señor secretario general, bien; pero, por favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cantera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martín-Toledano.
El señor MARTÍN-TOLEDANO SUÁREZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Ortiz, sí se ha dejado sin contestar alguna pregunta, y ya le han dicho alguna. ¿Va a haber transferencia de prisiones al País Vasco? No lo ha contestado. ¿Qué oferta pública de empleo prevé para 2019? No lo ha contestado. ¿Va a
reflejarse de cara al ejercicio 2019 una subida salarial para funcionarios de prisiones, bien sea por presupuestos o bien sea por real decreto? No lo ha clarificado.
Quiero recordarle una cosa. El acuerdo del Gobierno con Podemos -se ha marchado mi compañero- no reflejaba tasa de reposición ni incremento salarial; las únicas tasas de reposición que se reflejaban en el Ministerio del Interior eran para
Guardia Civil y Policía Nacional, un 115 %, pero no se reflejaban tasas de reposición reforzadas para funcionarios de prisiones. Por tanto, se entiende que no les resultaba de mucho interés.
En cuanto a agresiones, ahí coincido con usted, pero es que antes todos los grupos decían que los datos que daban eran falsos, que se falseaba la realidad y que existían muchas más agresiones; ahora parece que esos datos ya los compartimos
todos. No sé si ha hecho falta cambiar de partido en el Gobierno para cambiarlo.
Insiste usted en que lo que le presentó la mesa de negociación era un estudio técnico preliminar. En la mesa de negociación, la propuesta, que yo la he visto, iba detallada por conceptos. Eso no es un qué opinan ustedes y vamos a reducir y
lo dejamos en tres categorías; no, eso ya era muy concreto. De hecho hablaba de la cuantía, que me parece que era de 122,6 millones de euros. Eso lo tiene usted que hablar previamente con Función pública y con Hacienda, porque usted pidió
disculpas, según nos cuenta, porque se lo había vetado Función pública. Eso nos dicen, y por eso le vuelvo a insistir: o mienten los sindicatos o miente usted, no lo sé. ¿Sobra dinero en Instituciones Penitenciarias o falta dinero? ¿Necesita más
dinero usted, más presupuesto? Lo digo porque ha hecho una transferencia de seis millones de euros a la Dirección General de la Guardia Civil. Si lo ha hecho, entiendo que sobraba. Yo no discuto que en la Dirección General de la Guardia Civil
haría falta ese dinero, pero si usted se lo transfiere y no lo utiliza dentro de Instituciones Penitenciarias es porque considera que sobra dinero.
La señora Cantera se preocupaba mucho de los altos cargos. Había uno, ahora hay tres: secretario general, ahora hay un nuevo director general y un vocal asesor nivel 30. ¿Cuánto dinero más suponen esos nuevos altos cargos? ¿Van a tener
también personal de asesoramiento, de acompañamiento? ¿Hay más personal? ¿Cuánto cuesta esa nueva estructura, señor Ortiz?
Respecto a los presos de ETA comparto la opinión del señor Gutiérrez. Por lo menos respete nuestra opinión de que es un desprecio a las víctimas del terrorismo lo que se está realizando. Es nuestra opinión, y yo respeto la suya aunque no
sea esa, pero por lo menos respete la nuestra. Hoy mismo o ayer, el Parlamento Europeo ha pedido que no se organicen, que se sancionen, que se prohíban los actos de enaltecimiento a los terroristas que salen de prisión. Es que salen de prisión y
se les homenajea como a héroes en sus pueblos, señor Ortiz. Es que es un conjunto, no solo unas medidas que puedan ser más o menos entendidas, aunque no colaboren en el establecimiento de asesinatos. Esas personas no están reinsertadas, están
orgullosas de haber pertenecido a ETA y les hacen homenajes, señor Ortiz. Eso humilla a las víctimas, lo debe comprender, lo debe comprender.
No quiero extenderme más porque ya se ha encendido la luz amarilla, pero preocúpese por una cosa: cuando el partido de Bildu aplaude al Gobierno del señor Sánchez, a su Gobierno, es que las cosas no van bien. Yo preferiría que me
aplaudieran otros grupos políticos, creo que sería mejor, mejor.
Respecto a los presos transferidos a Cataluña, los presos investigados por golpismo, quiero decirle una cosa -ya se lo dije al ministro del Interior-: ¿está usted seguro de que está garantizado que sigan teniendo un régimen normal, común,
igual que el del resto de presos en las cárceles catalanas? ¿Puede garantizar la igualdad? Porque la igualdad es un principio básico de la Constitución.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a todos los intervinientes.
Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor compareciente para responder a las cuestiones que han quedado pendientes.
El señor SECRETARIO GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS (Ortiz González): Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, se me olvidó y ya ha habido tres réplicas. No les contesté a ustedes sobre las transferencias en materia de prisiones. Me remito a las palabras claras y contundentes que el ministro del Interior pronunció hace un par de
días. En este momento no es un tema prioritario ni está en la primera línea de actuación la transferencia de las prisiones al País Vasco. Creo que las palabras son casi literales. Repito que me remito a lo que ha dicho el ministro del Interior.
En materia de transferencia de medicina a Navarra, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en estos días está remitiendo a la comisión de transferencias los datos, básicamente económicos y de personal, para ponerla en marcha y
trabajar dentro de esa comisión, que es donde hay que hacer la auténtica transferencia. Esa es la noticia de última hora.
Señora Beitialarrangoitia, respecto de Albolote me tranquiliza que el tema esté solucionado, porque realmente la pregunta me descolocó, no la conocía. Me alegro de que me diga usted que fue un hecho anterior a mi responsabilidad, porque no
sabía por donde venía esa pregunta.
En Teixeiro, efectivamente Instituciones Penitenciarias -es su obligación- hizo y hace en todos estos casos una información. Cuando entendemos que los hechos quedan dentro del ámbito disciplinario administrativo aplicamos el derecho
administrativo sancionador, y en este caso, más todavía, al conocer que había un juzgado investigando lo que hicimos fue remitir inmediatamente esa investigación al juzgado.
Tomo nota de su preocupación por el tema de las personas que llevan mucho tiempo en aislamiento, creo que no es la mejor forma de abordar una reinserción y una rehabilitación. Por ello me propongo, en ese colectivo que afortunadamente es de
un 2 %, creo que son 800 personas o no llegan, intensificar que puedan ser progresados al grado que merezcan. Le despejo una duda que usted expresaba. No es preciso ser progresado de grado para ser objeto de un traslado, una pregunta muy concreta.
Señor Gutiérrez, me comprometo aquí, delante de usted, por supuesto, a sentarme con las organizaciones sindicales para negociar la mejora del protocolo. Me consta que algunas organizaciones, como le dije, lo firmaron y otras no. Debemos
buscar la excelencia y el mejor instrumento para proteger la integridad de las personas que trabajan en prisión.
Respecto a las opiniones, yo respeto las opiniones de todos, no tengo ningún problema. Quiero manifestar mi reconocimiento y mi agradecimiento a las víctimas del terrorismo por las lesiones que pudieron sufrir o por las pérdidas de
familiares. Desde aquí mi absoluto reconocimiento a ellos y pido también que quede constancia de que ese es mi punto de vista en cuanto a las víctimas. En cualquier decisión que adopto tengo en cuenta y pienso en el dolor y en la situación de las
personas que fueron objeto del hecho delictivo.
Me preguntaba usted otra vez sobre la prisión de Lledoners. En un sitio tan solemne como el Parlamento cuando doy opiniones suelo basarme en datos objetivos, que es lo que he hecho aquí hoy. Permítame que no dé mi opinión aquí sobre algo
de lo que estoy recibiendo información a través de la prensa, porque no tengo datos. Las personas que están en prisión reciben visitas, el número necesario que precisen, de sus letrados, dos visitas a la semana de sus familiares, visitas que pueden
ser acumuladas con la visita íntima o vis a vis, y luego también existen, y no son excepcionales, lo que nosotros llamamos visitas institucionales. Hay diputados o representantes de embajadas que quieren visitar a los internos. El criterio que
utilizamos en este sistema, en el sistema del que soy responsable, es tener en cuenta siempre el visto bueno o la petición de la persona que va a ser visitada. En cuanto esa persona nos dice que está dispuesta a recibir la visita de su letrado, de
su familiar, o una visita institucional, bien sea un político o un representante de una embajada, automáticamente las concedemos.
Señora Cantera, al hablar la productividad creo que fui exhaustivo en la explicación, pero hay un dato que también quiero que conozcan, porque les va a ayudar a ver la forma que yo decidí. De los 3260 funcionarios del cuerpo de ayudantes
que han recibido productividad, muchos de ellos, algunos de ellos -no sabría darles la cifra, pero lo hemos comprobado por curiosidad- hicieron huelga y se les ha descontado por haberla hecho; pero esas mismas personas, como la huelga fue en seis
días diferentes, en otro momento determinado tuvieron servicios mínimos y pasaron a la prisión. Como consecuencia de estar haciendo servicios mínimos, por la razón que fuese, no pudieron salir en el horario que les
correspondía y tuvieron que doblar turno. Esas personas han sido compensadas con productividad, esas personas ha tenido el descuento por haber hecho la huelga y la gratificación por la productividad. Creo que más equitativo y justo no se
puede ser.
Me preguntaba la señora Cantera por los módulos mixtos. Efectivamente, hemos comprobado una realidad y es que al ser minoría las mujeres en prisión, en muchos centros penitenciarios es inevitable una situación de desigualdad porque solo
tienen un módulo y en él tienen que convivir las mujeres que tienen buen comportamiento y las que no lo tienen. Precisamente por la experiencia y el buen hacer de muchísimos directores que hoy están al frente de las prisiones en España se ha visto
que para evitar esa situación de desigualdad de aquellas mujeres que tienen comportamientos ejemplares dentro de prisión, que tienen destinos retribuidos e incluso trabajo productivo, lo mejor era, en esas prisiones que solo admiten un módulo de
mujeres, tener dos módulos: el de mujeres y el de las mujeres que mejor comportamiento tienen. Esas mujeres son trasladadas a un módulo normalmente ocupado por hombres y ahí se forma el módulo mixto, como objetivo para que todas las que quieran
puedan llegar al módulo mixto y ponerles en absoluta igualdad. Ese módulo mixto lo tenemos ya en Palma de Mallorca, en León, en Asturias, en Valencia y en Alhama, que empieza estos días. Cada vez queremos conseguir más. Hay experiencias que están
siendo valoradas magníficamente; una de ellas son estos módulos mixtos y otra, en el pasado reciente, fueron los módulos de respeto, que puso en marcha Mercedes Gallizo. Ambos sistemas están siendo ahora mismo elogiados como buenas actuaciones
dentro de la labor de tratamiento que se da en las prisiones.
El señor Martín-Toledano preguntaba por las transferencias al País Vasco. Ya les he dicho la literalidad de las palabras. En cuanto a la oferta de empleo público para el próximo año, le puedo garantizar que cuando toque allí estaré
llamando a la puerta y pidiendo que se cubra el mayor número de plazas. Sé que no voy a conseguir compensar las 2277, pero no tenga duda de que haré todo lo posible ante el departamento correspondiente, Función pública-Ministerio de Hacienda, para
que pueda cubrirse el mayor número de plazas. Lo pediré y lo dejaré por escrito.
Ha mencionado usted un hecho nuevo, que antes no dijo, que es si nos sobra dinero. No nos sobra dinero, pero creo que ni a esta Administración ni a ninguna; eso es una realidad. No sobra dinero. Usted ha mencionado que ha habido una
transferencia. La cuantía que se ha transferido no ha sido a la Guardia Civil, sino que es una cuantía que Instituciones Penitenciarias transfiere al Ministerio del Interior. Yo no sé el destino final de esa cuantía. Esa cuantía no afecta en
absoluto a las negociaciones de carácter laboral que tiene esta secretaría o que ha mantenido o que pudiera mantener con los representantes sindicales. La modificación presupuestaria no afecta a créditos del capítulo 1, que son gastos de personal,
y esa es la clave. Ese dinero ha afectado a otros capítulos, y le digo fácilmente de donde han salido. En primer lugar, de gastos corrientes de bienes y servicios, en concreto de una gestión del servicio de telecomunicaciones; al no haber hecho
determinada inversión, ese dinero sencillamente se devolvería a Hacienda. En segundo lugar, la bajada del número de internos ha supuesto que en alimentación hayamos tenido un excedente de crédito y eso no admite que se haga una transferencia a
otro, es un tema técnico que posiblemente ni usted ni yo somos capaces de entender. ¿Usted lo entiende? (El señor Martín-Toledano Suárez: Si lo autorizan, sí). Pero no es habitual. Eso ha sido transferido al Ministerio del Interior con esas
condiciones.
Podría pensarse, por las preguntas que ustedes han hecho y la situación que estamos viviendo, que nuestro sistema penitenciario no fuese en este momento el más adecuado o que tuviésemos muchísimas deficiencias. No les voy a contar mi
opinión ni ningún informe de los que yo hago habitualmente rindiendo cuentas de mi gestión, sino que les voy a leer unos entrecomillados del último informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa. El Comité Europeo
para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa visitó España entre el 27 de septiembre y el 10 de octubre de 2016, y les leeré solo unos párrafos, puesto que el informe es muy largo. La mayoría de los internos españoles que se encuentran en
módulos de régimen ordinario y que fueron entrevistados por la delegación europea, no alegaron haber sufrido maltrato físico por parte del personal. La delegación del comité valoró de forma positiva el considerable esfuerzo realizado por las
autoridades españolas para poner fin al hacinamiento en las cárceles, así como el aumento del número de penas no privativas de libertad y las reformas legislativas que reducen la duración de las penas en algunos delitos. Los centros penitenciarios
visitados ofrecen buenas condiciones materiales para el alojamiento de los internos en los módulos de régimen ordinario. La delegación del comité quedó impresionada con el amplio abanico de actividades organizadas en los centros penitenciarios
visitados; en todos se ofrecía a los internos en módulos de régimen ordinario
una gran variedad de talleres, actividades educativas u ocupacionales, además de trabajo remunerado. Se valora positivamente el programa de módulos de respeto y se destaca que los internos que viven en ellos también estiman positivo
convivir en un ambiente menos carcelario. Incluso fíjense ustedes, con la que tenemos encima con la sanidad penitenciaria, el comité dice: El nivel de los servicios sanitarios de las prisiones visitadas era aceptable. La dotación de personal
sanitario también suficiente en general y sus instalaciones convenientemente equipadas. El número de funcionarios de prisiones en los centros penitenciarios visitados era adecuado en relación a sus niveles de ocupación y al régimen. Por último, la
delegación del comité observó que, en general, las peticiones y quejas de los internos eran registradas y tramitadas por las autoridades competentes en un plazo de tiempo breve. Se visitaron ocho centros penitenciarios.
Esto que dicen del sistema penitenciario español, que es internacionalmente reconocido como uno de los mejores sistemas penitenciarios ahora mismo, a nivel de valoración, es gracias al esfuerzo de cientos de funcionarios que con su
profesionalidad y buen hacer han colocado al sistema penitenciario español en los puestos más altos de valoración mundial. En este sentido mi compromiso es seguir mejorando y me ofrezco al diálogo para intentar, por supuesto, que la situación sea
todavía mejor y que mejoren también las condiciones de los trabajadores que están llevando a cabo esta labor.
Muchas gracias por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias al compareciente y a todos los portavoces.
Damos por finalizada la sesión. Como creo que esta es la última sesión de esta Comisión de Interior del año 2018, Felices Navidades a todos y buen año 2019 en el que nos volveremos a ver.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.