CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 623

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI XUCLÀ I COSTA

Sesión núm. 25

celebrada el martes,

16 de octubre de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales (Díaz López), para informar sobre las líneas generales de la política del departamento en el ámbito de sus responsabilidades. A propuesta del Gobierno. (Número de
expediente 212/001715) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Quiero pedirles disculpas por este pequeño retraso.


En primer lugar, quiero dar la bienvenida a la señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, doña Ana Isabel Lima Fernández, y felicitarla por su reciente nombramiento, hace dos jueves, y también por su predisposición a comparecer ante
esta Comisión.


Antes de pasar a sustanciar el punto del orden del día, creo que debo informarles -también para que conste en el Diario de Sesiones- de que hace un momento hemos tenido una reunión informal, que ha empezado a las nueve y media y que se ha
prolongado durante cuarenta y cinco minutos, de todos los portavoces, excepto el de un grupo que no ha podido estar presente, con la vicepresidenta del Gobierno. En esta reunión hemos compartido la misma visión sobre la conveniencia de afrontar una
modificación del artículo 49 de la Constitución española, ya que su redacción es absolutamente inapropiada cuando hace referencia a las personas disminuidas o también, por ejemplo, a las políticas de rehabilitación de estas personas. Para no
alargarme en la justificación, me remito a la excelente intervención de nuestro colega don José Andrés Torres Mora cuando en una pasada Comisión hablaba sobre la importancia del significado de las palabras. Celebro que en esta reunión informal se
haya expresado un consenso por parte de todos los portavoces y que el Gobierno considere que sea esta Comisión la que debe trabajar una propuesta de redacción del artículo 49.


Les quiero trasladar que los distintos portavoces hemos acordado que esta posible reforma del artículo 49 se trate de forma absolutamente separada de cualquier otro debate sobre la reforma constitucional, incluso les diría que de manera
aislada y sin ninguna conexión ni compensaciones de ningún tipo. Debemos afrontar una propuesta para realizar una mejor redacción del artículo 49. Para que esto sea posible, durante esta semana convocaré una reunión de Mesa y portavoces para
ordenar los debates de una cuestión que creo que nos induce al consenso. No contemplo ningún otro escenario más que el de que este consenso sea posible y que sea motivo de unidad y trabajo compartido.


Si en sus intervenciones los portavoces quieren hacer referencia a esta cuestión, que no estaba en el orden del día, seré flexible.


Pasamos a la comparecencia de la secretaria de Estado. Hay que tener en cuenta que es a petición propia y que quedan subsumidas en ella la solicitada por Podemos, las dos del Grupo Mixto, UPN y Partit Demòcrata, y la de Ciudadanos.


Doy la bienvenida, una vez más, a la secretaria de Estado a esta Comisión, en la que espero que podamos trabajar de forma constructiva. Tiene la palabra.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES (Lima Fernández): Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días a todas y a todos. Buenas noticias. Agradezco que hayan cedido este espacio y este tiempo para que la Secretaría de Estado de Servicios Sociales, que me honro en dirigir desde hace una semana escasa, les explique las políticas
de discapacidad que desde el Gobierno se están desarrollando. Les pido disculpas por anticipado, ya que en apenas una semana he tenido que estudiar la situación de cinco direcciones generales que dependen de esta secretaría, y como bien entenderán
no es tiempo suficiente. Por ello, habrá cuestiones que deba responderles por escrito una vez concluida esta comparecencia.


Les puedo adelantar que en discapacidad nuestra acción de Gobierno la marcan dos referentes normativos de carácter internacional. Uno de ellos es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y los objetivos
de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. El año que viene nos sometemos al segundo examen presencial ante la ONU para revisar el grado de cumplimiento de la convención en el marco normativo español. Varias son las áreas de mejora que en 2011 la
ONU nos advirtió, y estos últimos meses hemos trabajado con mucho esfuerzo para mejorar estas notas; esfuerzo compartido con la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad. Una vez más, sin su trabajo no hubiésemos alcanzado los acuerdos
que nos van a permitir sacar pecho en el próximo examen. Pero no, no podemos poner freno en la conquista de los derechos de las personas con discapacidad, aún quedan muchos frentes abiertos, muchas demandas que resolver, y los ODS se refieren a
algunos de ellos. Hay que avanzar en la accesibilidad universal; hay que avanzar en la erradicación de la pobreza, que en muchos casos es consecuencia de la discapacidad; hay que reforzar las acciones dirigidas a la población

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infantil con discapacidad; hay que velar por la igualdad de género también en la discapacidad; hay que luchar contra el maltrato que sufren muchas mujeres con discapacidad. Obviamente, la transversalidad de género está implícita en todas
nuestras políticas de discapacidad.


La planificación, ejecución y evaluación de estas acciones la realizamos a través de dos unidades destinadas específicamente al contenido de esta Comisión. Como es conocido por ustedes, en los presupuestos para 2019 se han aumentado 315
millones de euros para recuperar las cuotas de la Seguridad Social de 180 cuidadores familiares de personas en situación de dependencia. Esta medida, además, tiene un impacto importante en el género, ya que aproximadamente el 83 % de estas personas
cuidadoras no profesionales, que se quedaron sin cotización en 2012, eran mujeres. Se destinan 515 millones de euros más para mejorar las cuantías del sistema de dependencia, lo que supone un incremento del 40 % respecto al ejercicio anterior,
hasta los 1800 millones.


Voy a hablar sobre el Real Patronato sobre Discapacidad que, como todos ustedes saben, es un órgano autónomo de carácter público adscrito al Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Como persona titular de la Secretaría de Estado
de Servicios Sociales me corresponde ejercer las funciones de secretaria general de este organismo. Según el estatuto que lo regula, la finalidad del mismo es coordinar acciones para la promoción de políticas, estrategias, planes y programas sobre
la discapacidad, además de la promoción y mejora de los derechos de las personas con discapacidad, velando siempre por su desarrollo personal, la consideración social y la prevención de las discapacidades. Son la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y la Ley general de derechos de personas con discapacidad y su inclusión social, aprobada mediante Real Decreto Legislativo 1/2013, las fuentes de inspiración del desarrollo de esta doble finalidad. Ese
mismo estatuto me otorga atribuciones para informar de las actividades de este organismo, ejecutar los planes de actividades y rendir cuentas.


Por lo anteriormente dicho, esta Comisión debe ser informada del estado de ejecución de las actividades del Real Patronato en lo que va de este año. Estas actividades son realizadas a través de las siguientes actuaciones. Por un lado, las
subvenciones nominativas, que están orientadas a la realización de una finalidad concreta a través de una entidad con solvencia contrastada, se canalizan a través de los correspondientes convenios de colaboración. Los presupuestos de 2018 incluyen
siete subvenciones nominativas por un importe total de 1 478 910 euros con cargo al capítulo 4. Si posteriormente alguien quiere algún detalle sobre estas subvenciones, tengo aquí los datos.


Por otro lado, el Real Patronato también firma convenios con entidades sociales de la discapacidad para apoyar actuaciones concretas como estudios, informes, congresos o jornadas. Desde el 1 de junio se han firmado doce convenios por un
importe de 62 500 euros para la realización de actividades de sensibilización en áreas como la formación, el empleo, el ocio, la prevención y la cultura. Muchos de estos convenios han sido orientados hacia un target muy concreto: las mujeres y los
menores con discapacidad. Son precisamente estos grupos de población con discapacidad en los que debemos centrar las futuras políticas en materia de discapacidad. También dispongo aquí de los datos concretos y de las cuantías de estos convenios.


Por último, la concesión de los Premios Reina Letizia sobre discapacidad en las siguientes modalidades: Inserción laboral de personas con discapacidad, cuya convocatoria ha sido publicada en el BOE del 23 de junio y ya está cerrado el plazo
de recepción de solicitudes. La accesibilidad universal a municipios; la convocatoria se ha publicado en el BOE del 9 de julio, e igualmente el plazo de recepción de solicitudes ya se ha cerrado. Otra de cultura inclusiva, cuya convocatoria se
publicó en el BOE del 23 de julio y el plazo también está cerrado. Tecnologías de la accesibilidad, cuya convocatoria fue publicada en el BOE del 6 de septiembre y también se ha cerrado ya el plazo de solicitudes. Rehabilitación e Integración,
publicada la convocatoria en el BOE de 24 de septiembre y aún sigue abierto el plazo de recepción de solicitudes.


El capítulo 4 de los presupuestos del Real Patronato también recoge el coste que suponen las cuantías de estos premios, que se eleva a 67 500 euros, distribuidos de la siguiente manera: 22 500 euros para el premio de accesibilidad universal
a municipios españoles; 10 000 para el premio de accesibilidad universal a alcaldías latinoamericanas; 25 000 para el premio de rehabilitación e integración; 10 000 para el premio de tecnologías de la accesibilidad. Quiero agradecer pública a la
Fundación ACS, a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Fundación ONCE y a la Fundación Centac su compromiso con estos premios, materializado a través de la coparticipación económica en la dotación de los mismos.

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El Real Patronato sobre Discapacidad continuará desarrollando a lo largo de la legislatura sus funciones a través de tres líneas de trabajo ya señaladas, a las que debe añadirse como novedad el Programa Reina Letizia para la Inclusión. La
modificación de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de Patrimonio de las Administraciones Públicas, llevada a cabo en 2005, establece en su artículo 18 que los saldos y depósitos abandonados, más conocidos como cuentas durmientes, se destinen a
financiar programas dirigidos a promover la mejora de las condiciones educativas de las personas con discapacidad en la forma prevista en la disposición adicional vigesimosexta. Esta disposición señala que la Administración General del Estado, a
través del Real Patronato sobre Discapacidad, ha de poner en marcha un programa dirigido a mejorar las condiciones educativas de las personas con discapacidad, con especial atención a aspectos relacionados con su desarrollo profesional a través de
ayudas directas a los beneficiarios.


Para hacer efectiva la disposición legal, se aprobó la Orden de 21 de diciembre de 2007, publicándose en el BOE número 310, de 22 de diciembre, que establece las bases reguladoras para la concesión de las ayudas del programa dirigido a
promover la mejora de las condiciones formativas y profesionales de las personas con discapacidad, denominado Programa Reina Letizia para la Inclusión. La finalidad del programa es garantizar la movilidad de las personas con discapacidad en nuestro
territorio nacional y más allá de nuestras fronteras, procurando una formación, unos estudios y unas posibilidades emprendedoras con auténtica igualdad de oportunidades. Esta medida cumple con el artículo 24 de la Convención Internacional sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los Estados a asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso general a la educación superior, la formación profesional, la educación para adultos y el aprendizaje durante toda la vida,
sin discriminación, en igualdad de condiciones con las demás. Para la gestión eficiente del programa, la citada orden contempla en su artículo 6 la posibilidad de suscribir un convenio con una entidad colaboradora de las previstas en el artículo 12
de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones para la gestión de estas ayudas.


En cuanto a la ejecución presupuestaria del organismo, concluyo este apartado indicando que a 9 de octubre el Real Patronato sobre Discapacidad tiene comprometido ya el 48,9 % del presupuesto total. A la espera de ultimar convenios,
resolver los premios y cerrar la gestión de las subvenciones nominativas pendientes, se espera cerrar el presente curso económico con la ejecución del 96,5 % del presupuesto inicial de 3 700 290 euros, excluyendo 1 093 540 euros previstos
inicialmente para el programa asociado a las cuentas durmientes, cuya cuantía se acumula para el año 2019.


La Dirección General de Políticas de Discapacidad también tiene, como saben ustedes, competencias en todas las políticas de discapacidad de la secretaría. Señorías, el pasado 25 de agosto el BOE publicaba el Real Decreto 1047/2018, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y se modifica el Real Decreto 595/2018, de 22 de junio, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos
ministeriales. En este real decreto se incluía una pequeña pero no menos significativa novedad: en la denominación de la Dirección General de Políticas de Apoyo a la Discapacidad se suprimía la palabra apoyo, dando importancia a la terminología,
como se ha dicho al inicio de esta sesión. Así se sitúa a esta dirección general en el espacio que realmente merece, en el protagonismo de la planificación de la discapacidad como elemento a tener en cuenta en todos y cada uno de los demás
departamentos ministeriales. Es muy importante la transversalidad.


La ahora denominada Dirección General de Políticas de Discapacidad cumple con el mandato de la Secretaría de Estado de Servicios Sociales promocionando y desarrollando las políticas dirigidas a las personas con discapacidad en el ámbito de
las competencias constitucionalmente reservadas al Estado. Hemos trabajado en normativa propia que voy a relacionar ahora, pero quiero prestar especial atención a la intensa actividad normativa de esta dirección, entre la que destaca el desarrollo
del II Plan Nacional de Accesibilidad 2018-2026, obligación establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social.


De la misma manera que este Gobierno ha defendido y trabajado por recuperar la sanidad universal, trabajaremos y defenderemos también la accesibilidad universal. La accesibilidad es un derecho fundamental para toda la ciudadanía cuyo origen
normativo lo encontramos en la Lismi en el año 1982. En aquella época, la accesibilidad se exigía desde el punto de vista arquitectónico, como instrumento para la supresión de barreras físicas que impedían a las personas con movilidad reducida
salir de sus casas. Hoy, cuarenta años después, la accesibilidad se analiza desde un punto de vista holístico, más completo, más

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universal. En el ámbito de actuación se habla de accesibilidad en todos los aspectos de la vida, la movilidad, el transporte, las edificaciones, los espacios públicos, pero también de accesibilidad a la cultura, al contenido audiovisual, a
las tecnologías, al empleo, a la formación del sistema educativo, al ocio, al turismo, al deporte, etcétera. Como en los usuarios de la accesibilidad, el espectro de los usuarios ya no solo se limita a personas con movilidad reducida, también a
personas con otras discapacidades, a personas mayores, a personas extranjeras que no dominan el idioma, a menores, a personas que se desplazan en bicicleta o con carritos.


Precisamente porque la accesibilidad es el instrumento que convierte a las sociedades en más justas, más iguales, más solidarias y más inclusivas, resulta vital desarrollar este plan con objeto de contribuir a la inclusión social de las
personas con discapacidad en todos los espacios como la educación, el mercado laboral, la reducción de la pobreza y la participación ciudadana. Este plan, diseñado con la colaboración de entidades sociales, está siendo revisado por todos los
departamentos ministeriales, alineándose en dos importantes instrumentos internacionales, como son la Convención Internacional de Derechos de las Personas con discapacidad y la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. El plan se enmarca en los
principios comprometidos en la propia ley: vida independiente, igualdad de oportunidades, normalización, accesibilidad universal, diseño para todas las personas, participación, inclusión y la transversalidad en las políticas sobre discapacidad.
Tiene cuatro objetivos generales. Uno, aplicar la gestión transversal de accesibilidad universal en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas públicas. Dos, implantar la accesibilidad universal en los ámbitos que defiende la Ley
General de la Discapacidad como mecanismo para garantizar la inclusión social. Tres, impulsar el desarrollo y adecuación de la regulación normativa y técnica en materia de accesibilidad universal. Cuatro, impulsar la investigación sobre
accesibilidad universal y diseño para todas las personas y difundir ese conocimiento.


La accesibilidad también afecta a las maneras de comunicarse. Así, nuestro Gobierno pretende terminar con once años de olvido que han sufrido las personas sordas, que han vivido y están viviendo sin derecho a comunicarse como libremente
decidan; personas que viven sin el reglamento que la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas con discapacidad auditiva y
sordociegas, obliga a desarrollar, contribuyendo a la eliminación de las barreras de comunicación para la participación efectiva de las personas sordas, exponiendo a la vulnerabilidad y a la exclusión social a estas personas. Urge culminar el
trabajo del desarrollo del real decreto que regule este reglamento, trabajo que ha de estar basado en el diálogo y en la negociación con todos los colectivos de personas sordas afectados por este instrumento.


Otro cometido en el que el personal de la dirección está trabajando de la mano de las entidades sociales, es el desarrollo del Plan de acción de la estrategia española en trastornos del espectro del autismo 2018-2024 para mejorar la
atención, la calidad de vida y la integración social de las personas con autismo. El plan se concreta en medidas de la Estrategia española en trastornos del espectro del autismo, aprobada en noviembre de 2015 en el Consejo de Ministros, que está
orientada a favorecer la vida independiente, la autonomía, la participación e inclusión, la igualdad y la accesibilidad y la no discriminación. Contiene quince líneas estratégicas y sus medidas de desarrollo tienen en cuenta el recorrido vital
completo de las personas con trastorno del espectro del autismo, desde el diagnóstico precoz a la atención temprana, a la salud, lo educativo, el empleo o el envejecimiento. Con un impacto más transversal, las medidas del plan se ocupan de la
accesibilidad, de la investigación o la formación de profesionales, de la promoción, de la inclusión social y la participación, del empoderamiento de derechos, de la concienciación y la sensibilización de la sociedad, del apoyo a las familias, de la
calidad y sostenibilidad de los servicios de atención o de apoyo a la participación del tejido asociativo.


Por último, señorías, quiero comentarles que estamos desarrollando el Plan nacional de prevención de deficiencias y de intensificación de discapacidad 2018-2021 para que las personas afectadas alcancen la mayor autonomía en todos los ámbitos
de la vida y puedan acceder en igualdad de oportunidades a los recursos sociales y el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones. La obligación de realizar este plan se establece en el artículo 11 y en la disposición adicional sexta de la
Ley General de la Discapacidad. El plan propone actividades de prevención que se extienden en el tiempo a todo el ciclo vital de las personas y en el espacio en cada uno de los ámbitos en los que se desenvuelve en la vida: el familiar, el
educativo, el laboral, el sanitario, el de ocio, etcétera. Pretende ser aplicable a todas las personas con discapacidad o en riesgo de tenerla, así como, más en general, a todas las personas que tengan dificultades funcionales debidas a problemas
de salud de diversa índole, como enfermedades no

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transmisibles, enfermedades infecciosas, trastornos neurológicos, traumatismos o afecciones resultantes del proceso de envejecimiento.


Por otro lado, estamos colaborando y apoyando el desarrollo de otras normativas. Son varias las iniciativas y reformas normativas impulsadas por otros departamentos ministeriales en las que el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social y esta Secretaría de Estado están colaborando activamente, en materias de educación, cultura, deporte, igualdad, industria, empleo o justicia, siempre con el propósito de incorporar los derechos de las personas con discapacidad en su
articulado, en sus estrategias y en sus planes, y siempre situando la convención internacional y la adaptación a ella de la normativa estatal como un referente de obligado cumplimiento. En este sentido, me alegra mucho oír la noticia que ha dado
esta mañana el presidente de la Comisión sobre valorar la modificación de la redacción del artículo 49 de la Constitución, con el fin de eliminar la palabra disminuidos para las personas con discapacidad y darle una nueva redacción porque, señorías,
ser persona es tener derechos y obligaciones reconocidos; ser persona es formar parte de una sociedad; y ser persona con discapacidad es ante todo ser persona.


Una importante iniciativa, a la que además hemos contribuido activamente, ha sido el anteproyecto de ley por la que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, que ha sido informado por el Consejo de Ministros del
pasado 21 de septiembre. Este anteproyecto de ley supone la reforma del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de la Ley Hipotecaria y de la Ley del Registro Civil. Sienta las bases para el cambio del sistema actualmente vigente en
nuestra legislación, en el que predomina la sustitución por orden judicial de la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y preferencias de estas personas que, como regla general,
serán las encargadas de tomar sus propias decisiones. La idea central de este nuevo modelo es, por lo tanto, el apoyo a la persona que pueda tener dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica, lo que tradicionalmente se ha llamado capacidad
de obrar, que abarca desde el acompañamiento amistoso a la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad o, incluso, la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad. La nueva regulación otorga preferencia a medidas
preventivas, es decir, a las que puede tomar la persona interesada en previsión de su futura necesidad de apoyo, como son los poderes y mandatos preventivos, a la vez que potencia otras medidas con carácter externo como la guarda de hecho. Además,
regula las instituciones de la curatela y el defensor judicial, y reserva la tutela de los mayores de edad que no estén protegidos a través de la patria potestad. La reforma afecta también a normas relativas al Derecho Internacional Privado, a los
actos relativos a la nacionalidad, al matrimonio o la filiación, así como a algunas reglas del derecho de sucesiones o de contratos.


Las novedades introducidas por la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada en Nueva York en 2006, ha obligado desde 2011 a la adaptación del ordenamiento jurídico español en todos los campos.
Este tratado proclama en su artículo 12 que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en igualdad de condiciones con todas las demás, y conmina a los Estados a proporcionar los apoyos pertinentes que estas personas puedan necesitar en
el ejercicio de su capacidad jurídica, para impedir que se produzcan abusos y vulneración de sus derechos. La discapacidad que había quedado sin regular en España conforme a los principios de la convención era la discapacidad intelectual, a la que
ahora se está dando respuesta. La trascendencia de este anteproyecto para los derechos de las personas con discapacidad se traduce en la participación activa y responsable del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social como proponente junto
al Ministerio de Justicia.


Señorías, en consonancia con la protección jurídica de las personas con discapacidad, no puedo desaprovechar esta comparecencia para compartir con todos ustedes el éxito democrático que va a permitir que cien mil personas con discapacidad
puedan votar en las próximas elecciones. De hecho, si el procedimiento sigue su cumplimiento, podríamos decir que en las próximas elecciones andaluzas del 2 de diciembre ya podrían votar estas personas que hasta ahora no habían tenido ese derecho.
La reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, Loreg, ha superado el primer paso legislativo en esta Cámara con amplio apoyo de los grupos políticos. Vamos a hacer historia madurando la democracia española, hago mías las palabras del
Cermi: la democracia está a punto de llegar a todas las personas con discapacidad en España. El próximo jueves, el Pleno del Congreso aprobará previsiblemente esta reforma, que posteriormente irá al Senado para volver de nuevo al Congreso de los
Diputados. Pronto celebraremos la igualdad real y efectiva de las personas con discapacidad en algo tan fundamental en un sistema democrático como es el derecho al sufragio, poder votar o ser elegido como representante de la ciudadanía. Pronto
cumpliremos con los artículos 12 y 29 de la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad, a través del artículo 53 del Real Decreto Legislativo 1/2013,

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de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley general de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, que establece expresamente que las personas con discapacidad puedan ejercer los derechos de
participación en la vida política y en los procesos electorales en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.


Estas importantes reformas están orientadas a mejorar la calificación del examen al que nos sometemos el año que viene ante la comisión de la ONU que valora el grado de cumplimiento de la convención en España. Este año cumpliendo con el
mandato de la ONU, España presentó por escrito el segundo y tercer informe de la Convención sobre los derechos de personas con discapacidad basados en las recomendaciones que se hicieron a nuestro país en 2011. Ambos informes se elaboraron según el
método abreviado asumido frente a Naciones Unidas, que consistía en contestar por escrito a treinta cuestiones planteadas por el comité de seguimiento de la convención. El documento fue remitido a todas las comunidades autónomas el 4 de julio 2017
solicitando sus aportaciones por razón de sus competencias. Se recibieron las aportaciones de Aragón, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Extremadura, Galicia y Principado de Asturias. En paralelo, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación solicitó a través de la Oficina de Derechos Humanos las aportaciones al resto de ministerios. El 9 de febrero de este año, la Oficina de Derechos Humanos convocó la primera reunión de coordinación interministerial para trabajar en el
borrador inicial con las debidas aportaciones. Previo a su presentación en Naciones Unidas, el informe también se remitió a la sociedad civil, práctica habitual en la presentación de los informes periódicos exigidos por Naciones Unidas. El 13 de
abril la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación remitió el informe final a la Secretaría del Consejo de Derechos Humanos del que depende el comité de nuestra Convención. Como ya hicimos en 2011, el año que
viene nos examinaremos nuevamente de manera presencial ante el comité de la convención, cuya sede está en Ginebra, si bien teniendo en cuenta el funcionamiento habitual del comité, es normal que se convoque la defensa presencial al menos con un año
desde la presentación de los informes. Se prevé que la defensa oral no se produzca antes del vigésimo segundo periodo de sesiones, con lo que la celebración podría estar fechada para septiembre del año 2019.


Señorías, hemos conquistado nuevos derechos para las personas con discapacidad y, por supuesto, ellas mismas han participado en esta conquista; hemos ampliado su libertad, nos hemos hecho más iguales. Superaremos el suspenso de la
incapacidad jurídica de las personas con discapacidad y también superaremos la desaprobación del voto, pero no podemos bajar la guardia; nos quedan pendientes muchos logros muy importantes; la educación inclusiva, la esterilización forzosa, el
internamiento no voluntario o la mejora de la accesibilidad son solo algunos de ellos.


Por último, quiero agradecer a todos los efectivos de la dirección general y del real patronato el trabajo realizado durante estos meses. Estos equipos han demostrado su profesionalidad, su conciencia con el servicio público y su compromiso
con las entidades de la discapacidad, sin bajar la guardia en momentos complejos como los que se producen durante un cambio de Gobierno. Señorías, he agotado ya mi tiempo y quedo a su disposición. Ya que en esta ocasión me he centrado más en mis
competencias por ser la primera intervención y por la premura en venir a comparecer; no obstante, me pongo a su disposición para comparecer a primeros de año con un monográfico sobre accesibilidad e infraestructuras, así como otras cuestiones que
también sean competencia de otros ministerios.


Muchas gracias, señorías, por su atención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado.


Mi función es la de dar la palabra, pero le tengo que decir que con una semana y tres días de ejercicio del cargo, usted ha preparado muy apropiadamente esta comparecencia que ahora se someterá a un debate político, que muchas veces quiere
decir discrepancias, aportaciones o puntos de vista distintos, como corresponde a la vida parlamentaria. Vamos a abrir un turno de portavoces por orden de mayor o menor. Por lo que deduzco de su lenguaje no verbal, ustedes prefieren de menor a
mayor. Bien, era por un tema de intendencia porque voy a intervenir como miembro del Grupo Parlamentario Mixto.


Tiene la palabra don Íñigo Alli, por un tiempo de siete minutos que va a compartir con otro colega del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Disculpe, señor presidente, ¿cuánto tiempo tengo?


El señor PRESIDENTE: Siete minutos es el turno de portavoces.

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El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias.


Señora Lima, bienvenida, muchísimas gracias por su comparecencia y su valentía por estar aquí cuando apenas lleva una semana y tres días en su cargo. Enhorabuena, señora Lima, por esa responsabilidad, que no es menor, ni mucho menos, en el
momento en el que vivimos, como secretaria de Estado de Servicios Sociales. Mas allá de los avances y las grandes conquistas a las que usted ha hecho referencia, acabamos de hacer público que esta semana hemos tenido una reunión previa a esta
Comisión con la vicepresidenta del Gobierno de España para modificar el artículo 49 de la Constitución española. Es una gran conquista eliminar cualquier semántica que tenga que ver con disminuidos físicos cuando hacemos referencia a personas con
discapacidad; como es una gran conquista absolutamente, pero no de los diputados, sino de la sociedad en general por la unanimidad y la fortaleza de esa presión que nos ha llevado a conseguir un acuerdo unánime -reitero esa palabra-, el que todas
las personas con discapacidad, por dignidad, puedan votar en este país. Esto pasado mañana, el jueves, se va a ratificar y es un éxito de todos como sociedad democrática española; cuarenta años más tarde de la Constitución española y setenta años
más tarde de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia).


En cualquier caso, dentro de esa buena entente, como representante de la circunscripción por la que me presenté, que es la Comunidad Foral de Navarra, me va a permitir que hoy venga con un listado de quejas. Señora Lima, no se lo tome como
algo personal, en absoluto, sino como un reto o una oportunidad para mejorar por el bien de los navarros y, por tanto, por el bien del conjunto de los españoles, especialmente de las personas más vulnerables respecto a los que usted y las personas
que estamos aquí tenemos la responsabilidad. Me refiero a las personas con discapacidad, en exclusión social, personas mayores, menores sin protección, mujeres víctimas de violencia de género, etcétera. Por tanto, tampoco tome este listado que le
quiero transmitir como un ataque político, en absoluto, porque esta queja no es contra el grupo que sustenta el Gobierno central, que es el Grupo Parlamentario Socialista; estas mismas quejas ya las vengo expresando desde el año 2012 a los
anteriores ministros y ministras del ramo y también a los secretarios de Estado porque pongo el foco en las personas, y como buen navarro quiero defender a los navarros y, en concreto, a esas personas con mayor grado de vulnerabilidad. Y le digo
que no es un ataque político porque, pese a las distancias ideológicas que tengo y muy severas con el actual Gobierno de Navarra, en este caso creo que me voy a poner de acuerdo en transmitir las mismas quejas que me imagino que dicho Gobierno
estará dirigiendo al ministerio, y espero coincidir en estos tres bloques de exigencias, señora Lima.


El primer bloque es el de la exclusión social. Ya sé que esto sale fuera de la circunscripción de la discapacidad, pero las políticas integrales son tales y usted tiene esa responsabilidad. En materia de inclusión social, en Navarra desde
el año 2014 hay un contencioso muy severo con el Estado. Hubo una interpretación del anterior Gobierno central por la que, en el caso de las prestaciones estatales de subsidio de desempleo que se complementen con prestaciones autonómicas, si se
elevan por encima del salario mínimo interprofesional, la interpretación automática de los interventores del Estado es retirar la prestación estatal. Por tanto, los navarros que percibían la prestación estatal, de repente dejan de percibirla porque
tienen también la prestación autonómica, cuando la renta de inclusión social, hoy renta garantizada de Navarra, es subsidiaria respecto a la prestación por desempleo del Estado. En el año 2014 tuve el honor de ser consejero de Políticas Sociales
con el Gobierno anterior de Navarra y logramos un acuerdo que, a todas luces, fue insuficiente, pero al menos dimos una solución que fue la siguiente: no es la unidad familiar la que percibe la prestación, sino que se subdivide en diferentes
miembros para no llegar a ese límite. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy persiste ese conflicto con el Estado porque hay unidades monoparentales o con una única persona a la que el Estado hoy niega esa prestación. Yo le animo, junto al SEPE, a poner
cordura y arbitrar una solución porque el Gobierno de Navarra está aportando más de lo que le corresponde cuando, insisto, es algo subsidiario. En esta Cámara va a tener la exigencia de Unión del Pueblo Navarro porque queremos lo mejor para los
navarros.


Dentro de este bloque de inclusión social también vamos a intentar poner cordura en el sistema de volcado de información en cuanto a las prestaciones estatales y homogeneizarlas.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Señor Alli, me va a disculpar, pero tiene que compartir el tiempo con el siguiente diputado del Grupo Parlamentario Mixto y lleva ya cinco minutos.

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El señor ALLI MARTÍNEZ: No puede ser. Voy a mencionar dos bloques más muy rápidamente. Gracias, señora vicepresidenta, ahora mismo doy paso a mi compañero del Grupo Parlamentario Mixto, faltaría más.


El segundo bloque, muy resumido, se refiere al entorno de las enfermedades neurodegenerativas. Por favor, pongamos todo el foco para que en el momento en que se diagnostica una enfermedad neurodegenerativa, ya sea demencia, Alzheimer,
Parkinson o esclerosis múltiple, corresponda la evaluación mínima del 33 % de discapacidad, porque esto va a solucionar muchísimo a la persona afectada y sobre todo a su entorno familiar. Por favor, esto es una queja que se ha votado cinco veces en
cinco PNL en esta y en diferentes Comisiones del Congreso en los últimos siete años, ha habido unanimidad y, sin embargo, por parte del Ejecutivo -no lo digo por usted, sino por los anteriores- no ha habido ninguna respuesta. Lo mismo le puedo
decir en cuanto a la esclerosis lateral amiotrófica que tiene una pervivencia de tres a cinco años, y hoy están falleciendo personas sin ni siquiera tener la evaluación. Esto creo que clama al cielo, no lo digo por usted, sino por todos los que
tenemos cierta responsabilidad política.


Por último -aunque era más extensa mi intervención, entiendo que, efectivamente, tengo que compartir mi tiempo con el compañero y presidente de esta Comisión, el señor Xuclà-, el bloque de dependencia. Yo no voy a criticar, ya lo he hecho
muchas veces, el Real Decreto-ley 20/2012 en el que se derogó automáticamente el nivel acordado entre las comunidades autónomas -la Comunidad Foral de Navarra- y el Estado para la financiación. Se derogó y Navarra ha dejado de percibir doce
millones de euros en los últimos seis años. ¿Cuándo vamos a volver a lo que dictaba la Ley 39/2006 de dependencia, en qué momento? ¿Los navarros vamos a recibir esos doce millones de euros o no? No lo sé. ¿Cuándo vamos a volver a ese espíritu de
la ley de un tercio a financiar por el Estado, un tercio por las comunidades autónomas y un tercio a través del copago por el propio usuario? Hoy en Navarra la realidad es que el 70 % lo está pagando la Comunidad Foral de Navarra, el 21 % los
usuarios y apenas el 9 % el Estado. Creo que es el momento de dar pasos valientes y decididos para llegar al espíritu del año 2006.


Tenía más cuestiones que ya le comunicaré formalmente, pero muchísimas gracias por su comparecencia, enhorabuena una vez más por su nueva responsabilidad. Dicho esto, quiero transmitirle -y con esto finalizo- que Unión del Pueblo Navarro
está dispuesto y tiene la actitud y las ganas de llegar a acuerdos por el bien de las personas más vulnerables en nuestro país y, cómo no, lógicamente en la Comunidad Foral de Navarra.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Alli. Ha sobrepasado usted el tiempo del que dispone el portavoz de un grupo parlamentario, pero me parece que en esta ocasión merece la pena que todos los grupos puedan
disponer de más tiempo. Espero que después, cuando el representante del Grupo Parlamentario Mixto, en este caso del PDeCat, el señor Xuclà, ocupe la Presidencia sea también así de generoso con el resto de los grupos.


Tiene usted la palabra por el tiempo que considere oportuno. Es tan interesante el tema que debatimos hoy aquí como para poder explayarnos y hablar con tranquilidad con nuestra secretaria de Estado.


Muchas gracias.


El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta. No puedo estar más de acuerdo con su criterio por interés propio, pero también porque creo que es el clima que preside el debate y el intercambio de puntos de vista en esta
Comisión.


Señora secretaria de Estado, bienvenida a esta Comisión. Como tenía constreñido el tiempo, he intentado organizar mi intervención telegráficamente en cuatro puntos, aceptando la invitación que ha formulado en la parte final de su discurso
de continuar con una nueva comparecencia a principios de año sobre algunos temas de accesibilidad, a los que yo quiero hacer referencia. Lo primero es felicitarla por su pronta comparecencia. El primer punto es el anteproyecto de ley de
discapacidad, sé que el nombre técnico es un poquito más largo, pero al final vamos a hablar de esta ley que modifica cuatro leyes, que impacta y es como la Lismi de 1982, pero del siglo XXI. En aquel momento los diputados y senadores -bajo el
impulso de un referente de mi tradición política, Ramón Trías Fargas, que estaba muy vinculado con la visibilidad de las personas con síndrome de Down- hicieron posible la Lismi. Pues bien, ahora tenemos esta ley y le hago dos planteamientos. Uno
es sobre calendario de tramitación, ¿cuándo considera el Gobierno que estará en condiciones de trasladar esta ley a las Cortes Generales? Ya que aún está en fase de anteproyecto, le traslado un punto de vista técnico que me han hecho llegar
personas muy

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implicadas en la asistencia de personas con dependencia sobre la figura de la curatela. Seguramente la figura de la curatela no se ajusta muy bien a las formas de tratar y de acompañar a las personas con discapacidad en el siglo XXI. Ellos
hablan más de asistencia, que sería una forma de ayudar a conciliar la voluntad de las personas discapacitadas y el apoyo del entorno. Se lo traslado y esto puede ser bien una enmienda en el momento de la tramitación parlamentaria, o bien una
reflexión y me pongo a su disposición para desarrollarla en fase de elaboración del anteproyecto.


Segunda idea, aquí nos damos ideas buenas unos a otros, y el señor Alli hace tres semanas, un lunes por la mañana impulsó una muy interesante sesión en la que los portavoces sacamos muchas ideas y propuestas de los representantes de la
sociedad civil. Yo le voy a trasladar una de estas ideas que, entre otras muchas, me pareció muy interesante. Se refiere a las personas con discapacidad y su acceso al mundo de la cultura y del ocio. Una persona con discapacidad que necesita de
un acompañante o asistente, hoy por hoy, tiene que gastar el doble para el acceso al mundo de la cultura o del ocio. Creo que sería una muy buena iniciativa política y estoy convencido de que tendría el apoyo de varios grupos parlamentarios, quizás
de esta Comisión en su conjunto, que desde la secretaría de Estado se iniciara una interlocución con los representantes de las patronales -no sé si esta es la palabra apropiada- del mundo de la cultura y del ocio, para hacer posible -quizás sin
reforma legislativa o, si es necesario, imperativamente por reforma legislativa- que aquellas personas que acompañan a una persona discapacitada que necesita apoyo no tengan que pagar el doble en el acceso a la cultura.


Tercero, usted ha apuntado en la recta final de su intervención la importancia de la accesibilidad en el ámbito de Fomento o de las infraestructuras. Nosotros tenemos solicitadas las comparecencias de varios altos cargos del Ministerio de
Fomento, y le tengo que decir que no ha sido muy fácil que estos altos cargos entiendan -la situación es difícil y poliédrica para decirlo de forma diplomática- su obligación de comparecer ante esta Comisión y dar cuenta de la importancia de mejorar
la accesibilidad en el ámbito de las infraestructuras. Por tanto, la invito encarecidamente a que usted sea la impulsora y practique aquello de trabajar con sus colegas de otros ministerios, con otros secretarios de Estado. Espero que a usted,
como secretaria de Estado, no le suceda aquello que les pasaba a algunos ciudadanos cuando les decían: vuelva usted mañana. A veces existe el desgaste de intentar remover los obstáculos para la accesibilidad en el ámbito de las infraestructuras,
pero creo que es un capítulo importante de su labor.


Finalmente, yo celebro muchísimo lo que vamos a votar el próximo jueves, esta posibilidad de dar el derecho a voto a cien mil ciudadanos porque es una cuestión de dignidad. Le quiero recordar que aún queda algo pendiente que algún día
tendríamos que retomar -además de celebrar las buenas reformas hay que recordar aquello pendiente-, pues en su momento -yo estuve en aquella reforma del año 2012- conseguimos el voto realmente secreto para personas invidentes a través de las
papeletas en sistema braille, pero descartamos la fabricación de papeletas en braille para las elecciones municipales. En aquel momento se dijo que era por un motivo económico, pero creo que la ciencia ha evolucionado y la técnica aún más, por lo
que esto se tendría que afrontar también en su momento.


Termino. Muchas gracias, señora presidenta, y muchas gracias a los colegas portavoces por su generosidad al permitirme hablar durante estos siete minutos muy flexibles.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Xuclà.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente. Puede explayarse un poquito más de los siete minutos que le corresponden.


El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchas gracias, no mucho, me dicen por aquí.


Señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, doña Ana Lima, me uno a lo expresado por los distintos portavoces, muchísimas gracias por su comparecencia, enhorabuena por ese nombramiento y las nuevas responsabilidades que le toca
desempeñar dentro del Ejecutivo. Evidentemente, agradecemos su comparecencia que, como ha dicho usted, sirve como primera toma de contacto, ya que en apenas una semana y tres días no podemos evaluar gestión alguna, pero en el caso de mi grupo
parlamentario sirve para formularle una serie de preguntas que si lo tiene a bien puede responder y, si no, las puede contestar por escrito. Preguntas que van en la línea de conocer la estrategia en materia social y, como corresponde a esta
Comisión, en la línea de las políticas para la discapacidad. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


Yo tenía escrito dar los cien días correspondientes y ver si en enero podía comparecer, pero ya se ha ofrecido usted, con lo cual muchísimas gracias por el ofrecimiento. A lo largo de su intervención ha repetido varias veces que el año que
viene nos examinamos en ese informe de la convención. No es cuestión de

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hacer aquí un análisis de cuántos incumplimientos hemos cometido desde el año 2011, pero no está mal poner énfasis en el hecho de que siete de cada diez demandas se basan en esos incumplimientos que no han sido observados por los distintos
Gobiernos. Coincido con usted en dar un empuje en materia de accesibilidad universal, ya que el 71 % de las denuncias que se han producido en el año 2017 están relacionadas con este tema.


En cuanto a la dependencia, usted ha dicho que iban a hacer un gran esfuerzo para llegar hasta una inversión total de 1800 millones de euros. Es justo decir que los recortes acumulados desde el año 2012 se estiman en 4600 millones de euros.
Por poner un ejemplo de estos recortes, en mi comunidad autónoma, Andalucía, según las cuentas son casi 500 millones de euros. Creo que existen quejas de las distintas comunidades autónomas. Es verdad que la ley establece que la Administración
General de Estado al menos debe poner lo mismo que las comunidades autónomas. Es complicado de explicar, es verdad que ha habido recortes en la época del Gobierno del Partido Popular, pero me gustaría enseñarle un gráfico, que no es de elaboración
propia, donde podemos analizar este decrecimiento negativo en la época en que gobernaba el PSOE. (Muestra un gráfico). Vemos que el punto de inflexión fue en el año 2009, la barra de abajo indica el total aportado por la Administración General del
Estado y la barra de arriba el total aportado por la comunidad autónoma. Si se fijan en el año 2017, al final la media nacional se sitúa en una proporción 80/20. Antes el portavoz de la Unión del Pueblo Navarro decía que en su caso la aportación
del Estado apenas llegaba al 10 %. En el año 2009 se produce ese punto de inflexión en época del Gobierno socialista, estábamos en torno al 53,2 % de aportación de la Administración General del Estado. En esta época del Gobierno socialista se
produce el mayor decrecimiento y en el año 2012 baja al 29,1 %, luego hay una asíntota casi horizontal. Estos datos son de Sisaad y se puede comprobar que no son de elaboración propia.


Luego ha hecho referencia a las cuentas durmientes. Es una medida que anunció la anterior ministra, la señora Dolors Montserrat, que iba servir por ejemplo para la inclusión social, cosa que nos parece estupenda. Hay otros países como
Inglaterra que lo hicieron con mayor cuantía. Me gustaría saber cuál es la dotación porque el anterior Gobierno anunció que había dos millones de euros destinados al Programa Reina Letizia para la Inclusión. Es verdad que esa cifra hay que
calcularla año a año en función de cuándo se puede incorporar al patrimonio. Yo tenía entendido que la cifra total eran unos ocho millones de euros, el disponible en cuentas durmientes si se asigna. Existe una diferencia entre ocho y dos millones,
¿por qué no lo usamos todo?


Evidentemente, yo también me congratulo, ya que tendré el honor de debatir el próximo jueves esta modificación de la Loreg. Discrepo con usted, ya que es muy optimista, pero ojalá este 2 de diciembre en las elecciones de mi comunidad
andaluza puedan votar. Seguramente en las siguientes elecciones autonómicas, que coincidirán con las europeas y municipales, llegaremos a ello, lo cual sería un motivo para congratularnos todos, por supuesto.


En cuanto a la actividad normativa que van a hacer bajo sus cinco direcciones, ha hablado del Plan General de Accesibilidad hasta 2026. Me parece bien que no solo sea en el plano físico o arquitectónico, que por así decirlo puede ser un
poco mi especialidad por mi profesión, sino que se actúe de manera holística y universal. Ese concepto nuevo que se utiliza de diseño universal, que no solo va para las personas con discapacidad, lo veo bien. Me gustaría hacerle una pregunta
concreta: ¿tiene previsto en ese plan en materia de accesibilidad modificar, por ejemplo, el Código Técnico de la Edificación, que sabemos que en materia de accesibilidad se ha quedado un poco desfasado? Por ponerle un ejemplo, en las
instalaciones deportivas, donde los usuarios en sillas de rueda de competencia tienen un ancho especial, la normativa actual no obliga a la construcción con un ancho que se adapte a esa dimensión.


Asimismo, ha hablado de la Estrategia del trastorno del espectro autista 2018-2024. Me gustaría, aparte de las quince medidas que sigue la estrategia, hacerle una pregunta concreta que también le hice a la ministra de Sanidad. El anterior
Gobierno se comprometió a crear un centro de referencia, ¿este Gobierno va a seguir con esa propuesta del anterior Gobierno?


También ha hablado de pasada sobre la esterilización forzosa. Le anuncio ya que mi grupo parlamentario va a presentar una iniciativa al respecto, ya que el acumulado de los datos que se tienen son 1044 esterilizaciones forzosas. ¿Está este
Gobierno, al igual que antes cuando hemos empezado, seguro de que hay consenso para modificar el artículo 49 de la Constitución en un asunto tan vergonzante, en el que distintos Gobiernos habéis mirado a otro lado? En el acumulado del que se tienen
datos habéis estado los dos Gobiernos. ¿Estáis de acuerdo en cambiar el artículo 146 del Código Penal? Mi grupo parlamentario va a presentar una iniciativa la semana que viene al respecto.

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Por último, quería preguntarle -yo y usted nos hemos reunido cuando asumía otras responsabilidades- sobre una futura ley de servicios sociales. ¿Qué opina este Gobierno de una nueva Ley de Servicios Sociales? Entiendo que sus socios
nacionalistas no estarán muy de acuerdo por temas competenciales.


Asimismo, quisiera que me hablara brevemente en cuanto a la atención primaria, al plan concertado, así como de sus medidas correctoras o propuestas a futuro que quieran desarrollar. Muchísimas gracias, señora Lima.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clemente.


En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la diputada Teresa Arévalo.


La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidente.


Buenos días, señora Lima. Bienvenida a esta Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. Después de escucharla, creo que compartimos relato. La situación de los derechos de las personas con diversidad funcional en España
sigue siendo una realidad muy precaria y aunque es innegable el avance en el desarrollo normativo de los derechos de las personas con discapacidad, la realidad muestra que la normativa actual es todavía insuficiente y que es incumplida sin
consecuencias. El enfoque de los derechos que defiende la convención sigue sin aterrizar en las leyes y políticas públicas de nuestro país y los debes siguen superando a los avances. Esto supone un suspenso para el conjunto de las administraciones
públicas y un fracaso colectivo como sociedad. Desde Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea consideramos que la inclusión de las personas con diversidad funcional, como ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho y en igualdad de oportunidades, es una
cuestión de derechos humanos y que debe ser una prioridad en la agenda política. Por eso voy a aprovechar el tiempo de mi intervención para hacer preguntas sobre la agenda del Gobierno en esta materia.


Estará de acuerdo conmigo que para lograr la independencia y la participación de las personas con discapacidad la accesibilidad es un requisito esencial. Es más, sin este requisito no hay posibilidad de acceso al derecho que se ejerce. Por
eso mi grupo parlamentario registró en diciembre del año pasado una ley para crear un fondo de promoción de la accesibilidad universal, que dote al Estado de recursos económicos destinados a financiar proyectos de accesibilidad. La creación de este
fondo es una demanda histórica del movimiento social de la diversidad funcional que entiende, y nosotros compartimos la misma opinión, que hay que habilitar recursos financieros para abordar con garantías los mandatos de accesibilidad universal que
se derivan de la aplicación legislativa vigente.


Le pregunto, señora Lima, lo siguiente: ¿va a destinar este Gobierno el 1 % de todo el gasto del Estado en obras públicas e infraestructuras a la accesibilidad universal, mejorando así el marco protector de los derechos de las personas con
discapacidad que sufren cotidianamente la discriminación? Usted sabe que el Cermi, después de que superaran todos los plazos legales relativos a las condiciones de accesibilidad, demandó ante el Tribunal Supremo al anterior Ejecutivo. A nosotros
nos parece una pésima práctica el incumplimiento legal en materia de accesibilidad y nos avergüenza que en un Estado de derecho, donde supuestamente se reconoce la igualdad, no se asegure su ejercicio. Por eso le pregunto si tiene previsto su
Gobierno aprobar en un plazo breve el reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con diversidad funcional a los bienes y servicios públicos.


Con relación al artículo 19 de la convención, que versa sobre el derecho a vivir de forma independiente y a ser incluida en la comunidad, esto es, que las personas con diversidad funcional puedan elegir libremente dónde, cómo y con quién
quieren vivir, nosotras consideramos que el sistema para la autonomía y atención a la dependencia ha fracasado, ya que aminora el acceso al asistente personal, siendo este el apoyo con más carga de inclusión para las personas con discapacidad. No
lo decimos porque sí, tenemos datos para hacer esta afirmación. De hecho solo el 0,46 % del total de prestaciones reconocidas son de asistencia personal. Y le pregunto: ¿tiene previsto el Gobierno potenciar y extender esta prestación
generalizándola como la más apropiada para la inclusión en la comunidad y la vida autónoma independiente?


Por otro lado, pero también relacionado con el derecho a una vida independiente, le hago otra pregunta. ¿Va a reformar este Gobierno la Ley de Propiedad Horizontal, para obligar a las comunidades de propietarios a asumir íntegramente el
coste de las obras y actuaciones de accesibilidad de los inmuebles en los que vivan vecinas con diversidad funcional o mayores de setenta años? Le informo de que Unidas Podemos tiene registrada una propuesta de reforma del régimen legal de la
propiedad horizontal que tiene por objeto resolver este grave problema social, derivado de la ausencia de

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accesibilidad del gran número de inmuebles que impide a las personas con discapacidad y mayores ejercer su derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna. Usted sabe que los grupos parlamentarios tenemos un cupo limitado para
llevar las iniciativas al Pleno, pero no el Gobierno. Así que le animo a que tome nuestra propuesta y modifique la Ley de Propiedad Horizontal.


Con relación a la desinstitucionalización y con el fin de acabar con la misma, ¿va a poner en marcha su Gobierno una estrategia estatal de inclusión en la comunidad que permita a las personas institucionalizadas acogerse a fórmulas de vida
inclusivas en la comunidad, contando por supuesto con apoyos públicos? En cuanto a las mujeres y niñas con discapacidad, ¿sabe que son solo el 9 % de la población pero que aportan el 20 % de las víctimas de violencia machista?


Supongo que sabe que la esterilización forzosa, ya lo han comentado, es contraria a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y que choca, de hecho, frontalmente con el artículo 23 de la misma.
¿Considera, señora Lima, que la esterilización forzosa de mujeres con diversidad funcional supone una vulneración de los derechos humanos? ¿Va a impulsar su Gobierno una modificación del Código Penal, más concretamente del artículo 156 que es el
que permite la posibilidad de esterilizar a personas incapacitadas judicialmente?


En el acuerdo que su Gobierno y mi grupo parlamentario firmaron la semana pasada hay una medida relacionada con los permisos de maternidad y paternidad para que sean iguales, intransferibles y remunerados al cien por cien. Yo le lanzo una
pregunta: ¿estaría este Gobierno dispuesto a ir más allá y ampliar los permisos cuatro semanas más a las madres y a los padres con diversidad funcional, llegando así a las veinte semanas? Esta es una reivindicación del movimiento social de la
discapacidad que nosotros compartimos. ¿Por qué? Porque pensamos que con esta medida se avanzaría en el derecho a formar una familia de todas las personas con diversidad funcional.


Con relación a la educación el artículo 24 de la convención dice que todas las personas con discapacidad tienen derecho a una educación inclusiva en igualdad de oportunidades y a lo largo de toda su vida, y por supuesto reconoce el derecho a
los ajustes razonables. Bueno, pues la realidad es que en España en la escuela ordinaria el alumnado con diversidad está al albur de presupuestos y de voluntades, que en muchos casos frenan el ejercicio de un derecho fundamental a estas niñas y
estos niños. Sobre la base de esto le pregunto: ¿qué va a hacer este Gobierno para garantizar los recursos suficientes para atender en la escuela ordinaria al alumnado con necesidades especiales?, ¿va a garantizar por ley la total accesibilidad
de los materiales educativos?


Los artículos 7 y 8 de la Ley 27/2007 establecen que los y las estudiantes sordas pueden solicitar y disponer de los recursos necesarios, entre ellos, los intérpretes de lengua de signos. Sin embargo, la realidad es que el alumnado sordo
signante en nuestro país pasa horas completamente aislado en el aula, porque no se está cubriendo la totalidad del horario lectivo. ¿Van a tomar medidas para que los alumnos y las alumnas sordas signantes no tengan que seguir perdiendo asignaturas
porque no se les garantiza intérpretes en lengua de signos durante todo su horario lectivo? ¿Qué propuestas tiene este Gobierno para que el sistema educativo esté disponible y sea accesible a las personas con diversidad funcional, a la vez que
adecuado y respetuoso con las visiones y formas de comunicación?


Si analizamos la situación del empleo de las personas con discapacidad, podemos comprobar que está caracterizada por bajas tasas de actividad y por altas tasas de paro. Si a esta realidad, ya de por sí bastante demoledora, además añadimos
la dimensión de género, la fotografía es bastante infame. Por tanto, es urgente, señora Lima, una revisión de la normativa laboral que defina un mercado de trabajo no discriminatorio e inclusivo y que asegure la igualdad en los entornos y puestos
de trabajo. ¿Tiene previsto el Gobierno llevar a cabo alguna reforma con relación al empleo inclusivo?


Podría seguir haciendo preguntas, pero creo que no tengo más tiempo. Así que quiero terminar diciéndole que si va a trabajar para restaurar los derechos y las libertades que la historia ha arrebatado a este colectivo y a poner en marcha
medidas correctoras que borren estigmas, prácticas nocivas y sobre todo discriminaciones puede contar con el apoyo y la colaboración de Unidas Podemos-En Comú Podem-En Marea. Si no lo hace, nosotras seguiremos empujando y trabajando de la mano del
movimiento social de la discapacidad por la igualdad y la inclusión.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Arévalo.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el diputado Joan Ruiz.

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El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor Xuclà. Gràcies, senyor president.


Bienvenida a la Comisión, doña Ana Lima. Intentaré ser breve. Que haya venido hoy aquí da idea de la relevancia que este Gobierno da a la discapacidad. Para el anterior no debía serlo tanto porque en cerca de siete años solo una vez nos
visitó una ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, que lo hizo a finales del año pasado. Y he utilizado la palabra visitar conscientemente, porque nos dio poca información y no se comprometió mucho. Pero el anterior secretario de Estado no
recuerdo que nos visitara. Sí que recuerdo comparecencias suyas en la Comisión de Sanidad para hablar de presupuestos, algo que además es obligatorio. Pero en esta Comisión, yo no le recuerdo. A pesar de que somos una Comisión, como es sabido,
que se caracteriza por intentar, y en muchos casos conseguir, un elevado grado de consenso, que en general no somos partidarios de broncas, vaya, que somos buena gente. Puestos a quejarse no me quejo de que vinieran poco, sino de que a nuestro
juicio se podían haber ocupado algo más del sector de la discapacidad. Solo hay que echar un vistazo al Diario de Sesiones de la Comisión de noviembre de 2012 y leer lo que la entonces portavoz socialista, Laura Seara, dijo al entonces director
general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Partido Popular, que pese a que fuera del Partido Popular le considero amigo, para darse cuenta de que en discapacidad desde entonces hemos avanzado poco.


Además, he de agradecerle, señora Lima, su presencia hoy aquí porque lleva solo unos días al frente de esta responsabilidad y también le agradezco su voluntad de comparecer más adelante en unos meses, en enero o en febrero. Asimismo, le
agradezco toda la información que nos ha dado. De hecho, hay una serie de preguntas que tenía apuntadas que ya las he ido tachando. Como podrá ver tan solo le haré unas pocas preguntas sobre temas que nos gustaría fueran objeto de impulso. Tenía
algunas más, pero como ya he dicho las ha contestado. Algunas son repetitivas en esta Comisión, ya que las hice de una manera u otra a la anterior ministra y al anterior secretario de Estado. Su falta de respuesta y la falta de acción de aquel
Gobierno me obliga a repetirlas. Hoy hace 290 días que todo tenía que ser accesible, puesto que fue el pasado 4 de diciembre, si no he contado mal. El Gobierno anterior no cumplió con la fecha, sin reconocerlo y sin pedir disculpas al sector de la
discapacidad. Ante ese incumplimiento los socialistas presentamos un proyecto de ley para crear un fondo del 1 % con el que acabar con las barreras que el anterior Gobierno, con el apoyo por cierto de Ciudadanos, nos vetó. ¿Tiene proyectado el
actual Gobierno medidas concretas para recuperar el tiempo perdido en alcanzar la accesibilidad universal?


También presentamos un proyecto de ley, visto que el Gobierno no lo hacía, para reformar la Ley de Propiedad Horizontal, cuyo objetivo era lograr que para las personas mayores y las personas con discapacidad su casa fuera su hogar y no su
celda -esta es una frase del Cermi-, que también nos vetó el anterior Gobierno con el apoyo de Ciudadanos. ¿Tiene ya pensado cómo van a atajar este problema?


El pasado 21 de septiembre el Consejo de Ministros trató el anteproyecto para adaptar aquellas partes de nuestra legislación, que todavía no lo están, a la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad.
¿Nos puede dar algún dato más sobre el calendario para que nos llegue el proyecto al Congreso, si lo tiene?


Hace dos años el Pleno acordó por unanimidad promover un nuevo marco normativo para la inclusión laboral sin que se haya hecho. ¿Han tratado este tema? ¿Podrían hacer un estudio sobre las medidas alternativas, ya que a la hora de contratar
trabajadores por parte de las empresas de más de cincuenta años, como se dice habitualmente, son un coladero?


Otro tema que ha causado inseguridad entre organizaciones de la discapacidad, al que hay que dar una respuesta duradera y cuanto antes, es el reparto del 0,7 % del IRPF. ¿Nos puede informar cuál es la situación actual?


Hablando de trabajo, si como dicen todas las estadísticas las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación, ¿tienen en cartel medidas concretas para atajarlo? Hablando de mujeres y discapacidad, tema que ya ha salido aquí porque
lo han mencionado un par de portavoces, ¿tiene pensado algún tipo de medidas concretas para atajar la esterilización forzosa? Le iba a preguntar sobre el autismo y sobre el lenguaje de signos, pero con lo que ha explicado ya me ha contestado.


Durante el anterior Gobierno no aumentó el porcentaje de niños y niñas incorporados al sistema general de enseñanza. ¿Piensa tomar alguna medida para volver a lanzar? Han mencionado las cuentas durmientes que se destinarán a la educación
de las personas con discapacidad, ¿podría explicarme algo más sobre este tema?, ¿de qué cifras estamos hablando? He escuchado, y aquí también se han citado, cifras muy diferentes.

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El actual Gobierno ha iniciado la recuperación de los recortes de la Ley de Dependencia. Hay uno del que me gustaría tener algún detalle más. ¿Existe algún calendario para incluir la cotización a la Seguridad Social de las cuidadoras de
personas dependientes y cómo le puede afectar la aprobación o no de los Presupuestos Generales del Estado 2019? Naturalmente, me acojo a lo que ha dicho, que si no tiene los datos aquí me contestará por escrito.


Termino, presidente. En primer lugar, luego hablaremos -me dirijo al presidente- de eso que ha dicho, de los problemas que ponen algunos responsables de empresas de Fomento para venir a esta Comisión, en la medida que pueda ayudarle a eso,
puede disponer de mí. Y en segundo lugar, señora Lima, no hace falta que le diga que tiene asegurado el apoyo del Grupo Socialista para recuperar los recortes que afectaron al sector de la discapacidad y naturalmente para impulsar y aprobar cuantas
medidas nos proponga que haga de las personas con algún tipo de discapacidad ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho y ciudadanas y ciudadanos más felices de lo que son.


Gràcies per la seva atenció.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz.


Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el diputado Ignacio Tremiño.


El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero agradecer también en nombre del Grupo Parlamentario Popular la comparecencia de la secretaria de Estado. Para nosotros es un honor que venga y, además, le honra que estando en el Gobierno nada más que una
semana haya decidido venir y no aplazar la comparecencia, cuestión que hubiéramos entendido perfectamente, puesto que como muy bien han dicho otros compañeros yo creo que como mínimo se merece los cien días de Gobierno para poder informar sobre las
políticas de la dirección general y del Real Patronato sobre Discapacidad.


Yo coincido con usted en una cosa y es que tiene un equipo, tanto en la dirección general como en el real patronato, magnífico de profesionales que no es que crean sino que viven la discapacidad, como la podemos vivir cualquier persona con
discapacidad. Por tanto, aprovéchelo, señora Lima, porque es un equipo magnífico con altura de miras para adaptarse a las circunstancias y sacar adelante las políticas a favor de las personas con discapacidad. Prueba de ello es que durante el
mandato del presidente Rajoy se aprobaron veinticuatro leyes que favorecían a las personas con discapacidad o que de alguna manera impulsaban los derechos de las personas con discapacidad, seis reales decretos-leyes, dieciséis reales decretos y una
orden ministerial, lo que hace un total de cuarenta y siete reformas legislativas que favorecieron la inclusión de las personas con discapacidad y garantizaron los derechos de las personas con discapacidad.


Me consta, señora Lima, que usted conoce perfectamente la discapacidad y es una mujer implicada con la discapacidad, lo cual me alegra y, además, celebro que el Gobierno haya decidido que la secretaría de Estado lo ocupe una persona que
conoce perfectamente la discapacidad. Me gustaría que le transmitiera a la ministra -que no es así bajo mi criterio, ya que le falta conocimiento en materia de persona con discapacidad- que no vuelva a referirse, porque lo dijo el otro día en
repetidas ocasiones en la Comisión de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, a las personas que sufren discapacidad. Las personas con discapacidad no sufrimos la discapacidad, la tenemos. Esto terminológicamente es muy importante porque no se puede
decir que yo sufra una discapacidad, señora secretaria de Estado, sino que tengo una discapacidad. Si hemos sufrido algo las personas con discapacidad, ha sido el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y los recortes que sí que hubo en materia de
discapacidad.


Dicho esto, me gustaría decirle que efectivamente, como bien ha dicho el portavoz del Grupo Socialista, hay un compromiso para un proyecto en materia de empleo y personas con discapacidad. Es verdad que no se ha hecho en los últimos años,
pero también es cierto que en el año 2012 se hizo la reforma laboral, a la cual todos votaron en contra exceptuando el Partido Popular. Sin embargo, dentro de esa reforma laboral que era tan negativa -según la oposición- para el empleo en España,
en concreto para las personas con discapacidad se recuperó las medidas estatales de fomento del empleo que habían sido derogadas por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2010. Esto significó que durante los años 2013, 2014, 2015 y
2016 hubiera un incremento de empleo de personas con discapacidad a un ritmo de un 19 o 20 % anual, algo que no se había dado hasta entonces en la historia de la joven democracia española, en cuanto a crecimiento de empleo de personas con
discapacidad. Aunque coincido plenamente, como bien ha dicho mi compañera portavoz del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos

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Podemos-En Comú Podem-En Marea, en que todavía sigue siendo una asignatura pendiente y que tenemos que estar todos trabajando en esa línea.


Celebro también que haya anunciado los más de 1080 millones de euros dedicado a la dependencia, pero, espero que no se quede en un anuncio. Ya sé que no va a depender de usted, sino que va a depender de los ministerios de Economía y
Hacienda. Le ruego que luche encarecidamente por que no se quede en un anuncio. También es verdad que cuando el Partido Popular llegó al Gobierno se encontró con una deuda de 1034 millones de euros sin pagar del Gobierno socialista de las cuotas
de la Seguridad Social de los familiares de los dependientes. Por tanto, no solo se tiene que anunciar en los presupuestos, sino que se tienen que cumplir. Por eso agradeceríamos todos que no sea un anuncio más, sino una realidad.


No le voy a pedir, como aquí también se ha pedido, que se amplíe el presupuesto en materia de discapacidad o el presupuesto para las personas con discapacidad, simplemente le voy a pedir que las administraciones paguen lo que deban pagar, lo
que ya tienen condicionado con los colectivos de las personas con discapacidad. Además, en el año 2012 nos encontramos con una deuda de 3000 millones de euros -no se había producido nunca una deuda tan alta en la historia de nuestra joven
democracia- que se debían no solo a las entidades con discapacidad sino a las entidades sociales en general y que hubo que hacer -recuerdo- un FLA social, un Fondo de Liquidez Autonómico social, exclusivo y específico para las entidades sociales,
tal como nos pidió la Plataforma del Tercer Sector para que en el año 2012 nos pusiéramos al día con todas esas deudas que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero había dejado a las entidades sociales, no solo a las personas con discapacidad.


En cuanto a las subvenciones del 0,7 % con cargo al IRPF, me gustaría saber si se va a mantener el porcentaje que actualmente hay comprometido por parte del Gobierno y de las comunidades autónomas a las entidades de ámbito nacional. A pesar
de que aquí se ha dicho que durante el Gobierno del Partido Popular hubo recortes para las personas con discapacidad, yo reto a que alguien me diga si hubo alguna entidad de personas con discapacidad en el que en el 0,7 % no se incrementó, en
algunos casos hasta el cien por cien, durante los años 2012-2016 de subvención a las personas con discapacidad. A algunas entidades se les incrementó hasta el cien por cien, es decir, cobraron el doble de lo que empezaron a cobrar en el año 2012.
Si hay alguna entidad para la que esto no fue así, reto aquí a que se diga porque ahí están los datos que son testarudos y objetivos.


Me gustaría saber con qué regularidad se va a reunir con la Mesa para el diálogo civil del tercer sector. Esta propuesta de reuniones periódicas con el tercer sector se puso en marcha con el Gobierno del Partido Popular, al igual que la Ley
General de Derechos de Personas con Discapacidad y su inclusión social del año 2013, también del Partido Popular, y por supuesto, la Ley del Tercer Sector, que fue la primera ley en Europa que garantizó y garantiza el cumplimiento de los derechos de
las entidades del tercer sector.


En cuanto a la educación inclusiva tengo que decir que durante la etapa del Gobierno del Partido Popular -estos son datos del Ministerio de Educación actual- las personas que todavía estaban en edad escolar en colegios de educación especial
pasaron del 20 % al 15,5 %, una rebaja importante. ¿Qué medidas va a tomar para que siga esta rebaja de las personas que todavía van a colegios de educación especial, ya que durante el periodo del Partido Popular hubo una rebaja importante del 20
al 16,5 %, según datos del propio Ministerio de Educación del Gobierno actual?


Para terminar -creo que estoy fuera de tiempo, lo siento, señor presidente- también quisiera saber, tal y como han preguntado otros compañeros, ¿qué va a pasar con la reforma de la Ley de Propiedad Horizontal? ¿Qué va a pasar también sobre
la exención de peajes en las autopistas para las personas con movilidad reducida, como se ha solicitado también en esta Cámara? Algo también muy importante: ¿qué va a pasar, cómo van a poner en marcha y cuándo las subvenciones con cargo al 0,7 %
del impuesto sobre sociedades que dejó aprobado, como sabe, el Gobierno del Partido Popular? Las entidades del tercer sector me han pedido específicamente este fin de semana que impulsemos, por favor, las subvenciones con cargo al 0,7 % del
impuesto sobre sociedades. ¿Nos puede dar un plazo, señora secretaria de Estado?


Respecto al anuncio del Gobierno del inminente impuesto desproporcionado, y fuera de toda lógica, al diésel, ¿qué va a pasar con las personas con movilidad reducida?, ¿se va a aplicar también este incremento de impuesto a las personas con
movilidad reducida? El Gobierno debería dejar exentas, como sería de ley, a las personas con movilidad reducida y a las entidades que utilicen transporte público para personas con movilidad reducida, aunque sean entidades privadas, porque este
impuesto al diesel sobre todo va a perjudicar a las clases medias y a las clases más desfavorecidas de este país.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Tremiño.


Una vez finalizado el turno de portavoces, le corresponde a la secretaria de Estado dar respuesta a las preguntas sin límite de tiempo. Aunque sé que tiene mucho trabajo como secretaria de Estado, también lo tiene esta mañana para dar
respuesta a las muchas preguntas que le hemos formulado. Tiene la palabra, señora Lima.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES (Lima Fernández): Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, intentaré contestar a algunas preguntas, aunque otras las contestaré de manera específica por escrito, puesto que hay algunos detalles que no tengo aquí. Empezaré contestando a algunas de las cuestiones más concretas. El portavoz
de Unión del Pueblo Navarro, señor Alli, me ha preguntado sobre el ELA, al cual quiero dar una respuesta concreta. Sobre la ELA y el reconocimiento del 33 % automático esta Comisión aprobó recientemente una proposición no de ley para llevarlo a
cabo y la secretaría se compromete a seguir con el trámite para hacerla efectiva.


En cuanto a la reforma de las leyes del ámbito civil procesal, está en trámite y será sometido a audiencia pública en el momento en que puedan ser introducidas algunas enmiendas. Por supuesto, se tendrá en cuenta las planteadas por el señor
Xuclà sobre la curatela. Realmente, la idea fundamental es la de fomentar el acompañamiento, como bien ha dicho, y otro tipo de medidas que respeten más la autonomía que esas figuras que tradicionalmente conocemos de la tutela de la incapacitación,
que es de lo que se trata.


Respecto a las cuentas durmientes me han preguntado sobre el presupuesto. Realmente hay 15 millones de euros que están como en una bolsa y se irán aplicando algunos de ellos. Para el ejercicio del año que viene tenemos preparado que sean 5
millones de euros los que se dediquen. Puedo explicar un poco en detalle cómo está el procedimiento, ya que así lo han preguntado algunas de sus señorías, concretamente de Ciudadanos y del Partido Socialista. Estamos ante un trámite que supone que
se elija a una entidad colaboradora para la gestión de este tipo de ayudas, puesto que el real patronato no tiene capacidad para la gestión, y esto ya se planificó así. Por tanto, en los tres primeros meses vamos a sacar el concurso para la entidad
gestora -se trataría de la convocatoria de la entidad colaboradora y de la convocatoria del programa- y para el año siguiente saldrá la convocatoria de ayudas concretas. Como ya he dicho, a lo largo de este último trimestre saldrá publicada en el
BOE la convocatoria, la resolución seleccionando a la entidad y el convenio entre el Real Patronato sobre Discapacidad y la entidad seleccionada. Durante el primer trimestre del año 2019 se publicará en el BOE la convocatoria de ayudas, toda vez
que se hayan aprobado los Presupuestos Generales del Estado para el próximo ejercicio. Como ya he comentado, en este borrador de presupuestos tenemos destinados cerca de cinco millones de euros a las distintas ayudas, que puedo explicar.
Fundamentalmente, son ayudas pensadas para los posgrados o educación superior, y voy a leer las ocho tipologías existentes en este ámbito: ayudas para productos de apoyo y necesidades técnicas; ayudas para asistencia técnica y personal de apoyo
para la formación y la mejora de las condiciones educativas en cuanto a asistencia personal -esto también da alguna respuesta a cuestiones que se han planteado sobre asistencia personal, en este caso para educación- y contratación de profesionales
de apoyo educativo; ayudas para estudios de posgrados y másteres; ayudas para la movilidad internacional; ayudas para movilidad nacional; ayudas para el doctorado, ayudas para carrera docente e investigadora y ayudas para los deportistas de alta
competición paralímpicos. Como verán, este tipo de ayudas no resuelven gran parte de las cuestiones que han planteado pero sí dan respuesta a algunas de ellas, como en el apoyo a la educación superior y posgrado.


También han planteado algunas cuestiones relativas al compromiso con el empleo, y tomo la palabra, porque, como verán, la discapacidad es muy transversal. Debemos tener relaciones interministeriales, sobre todo, con Fomento en cuanto a
accesibilidad, como se ha comentado, así como con Empleo y Educación. Lo he anotado porque realmente es muy importante, aunque no va a depender solamente de la voluntad de esta Secretaría ni de nuestro ministerio, pero sí de la voluntad de trabajar
en coordinación y no cesar en nuestro empeño de llamar a las puertas que sea necesario y que incluso nos acompañen a esa comparecencia que habíamos indicado con Fomento, Empleo y Educación, los ministerios y áreas de intervención desde los que, por
lo que he visto en sus comentarios y demandas, más nos tendríamos que coordinar. Por supuesto, en accesibilidad tenemos ese segundo plan que está en borrador y queremos ponerlo en marcha -está pendiente de aprobación en Hacienda- para el año que
viene.

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En cuanto al espectro autista, se quiere abrir un centro en León, estamos pendientes de ello -de hecho, había una propuesta para que fuera así- y pensamos que para el año que viene podría materializarse su apertura.


Con respecto a la accesibilidad y el 1 % por ciento que se ha comentado, ya hubo una PNL, que fue paralizada en su momento, pero vamos a seguir insistiendo en que ese 1 % de dinero de contratación pública se destine a accesibilidad. Por
supuesto, va a haber una normativa y se va a velar por que la normativa de todo lo que se construya nuevo cumpla con los requisitos de accesibilidad universal, pero aquel 1 % debería ir destinado también a aquella obra que ya es histórica, antigua y
está mal hecha. Y esto tiene relación también con la Ley de Propiedad Horizontal y vamos a seguir insistiendo -también está parado por Hacienda- en el tema de las doce cuotas famosas, para ampliar el plazo. Estamos totalmente de acuerdo en que se
debería ampliar, porque muchas veces las comunidades no se atreven o se obstaculiza que se hagan obras por ese motivo. Por tanto, vamos a apoyar que se amplíe a veinticuatro o más meses o, si no hay tope, al menos, que sirva para procurar que se
hagan esas obras en las comunidades de vecinos y se instalen los ascensores, las rampas y todos los elementos que sean necesarios. Como digo, tiene vinculación con ese 1 % porque podría -subrayo, podría- haber incluso alguna financiación por esa
vía, lo cual aliviaría este tipo de situaciones. En definitiva, esta es una apuesta que creo que el Partido Socialista ya hizo, una PNL que en su momento fue parada, y creo que se puede retomar.


Sobre el 0,7 %, informo de cómo está el trámite para este año. Estamos en ello, se han recibido muchísimas solicitudes de entidades, y, por supuesto, también de entidades de personas con discapacidad, y desde la Dirección General de Familia
e Infancia, junto con las otras direcciones, estamos haciendo la valoración de los proyectos. Como todos sabemos, hay una parte que ha quedado para comunidades autónomas, que probablemente será un 80 %, que será gestionado por el ministerio, y hay
una demanda por parte del tercer sector para que se haga por entidades estatales, asociaciones y entidades del tercer sector estatales. Este requerimiento se va a tener en cuenta a la hora de hacer el reparto, y ahora mismo lo que puedo decir es
que se está valorando, aunque todavía no han salido los resultados, y estamos trabajando con las comunidades autónomas en un modelo de reparto de esa financiación del 0,7 %. Estas son los dos aspectos referidos a cómo está el tema, que, como digo,
estamos trabajando de una manera conjunta con las comunidades autónomas, y, por supuesto, escuchando a la Plataforma del Tercer Sector sobre el impuesto sobre sociedades, y en estas entidades se considera la inclusión de penitenciaría, violencia de
género, etcétera. Todo tipo de entidades han presentado proyectos de discapacidad, y, aunque no solo son para este fin, por supuesto, se va a tener en cuenta.


Con respecto a la dependencia, les puedo decir que el espíritu tiene que ver con todo aquello que en su momento aportó sobre recortes el famoso decreto de 2012, para ir recuperándolo. Un claro ejemplo es el que hemos señalado hoy en
referencia a la cotización de las personas cuidadoras familiares, cuidadoras no profesionales; y digo cuidadoras porque he comentado que cuando se aprobó este decreto en 2012 el 83 % de las personas cuidadoras familiares eran mujeres, con una media
de edad de unos cincuenta años, por lo que también hay que pensar en el impacto de género que esto puede tener y es importante que tenga. El reconocimiento formal de un trabajo que se está haciendo en los domicilios, en la intimidad, en la vida
cotidiana también es fundamental, puesto que todos y todas sabemos que si esas personas utilizaran más servicios resultaría mucho más caro desde el punto de vista financiero. Por ello, por justicia social, fue una medida que incluía aquel real
decreto, y el aumento del presupuesto también va a en esa línea. El otro día comentaba la ministra lo que ha ocurrido con la dependencia, que en un primer momento estaba pensado que se financiera 50/50 y cómo se ha desvirtuado con el tiempo, de
modo que hay que tender a ir reforzando la financiación a las comunidades autónomas por parte de la Administración General del Estado y, desde luego, ir recuperando todo lo que en su momento se recortó. Este es el espíritu, pero no puedo darle más
cuentas que las que ya han salido y se anunciaron en el día de ayer sobre los presupuesto para el año que viene.


Sobre la esterilización forzosa, desde luego hay que lograr un clima de consenso similar al alcanzado en el tema del voto, y hemos pensado en crear una comisión para el estudio y análisis de la situación. Yo entendería que debe ser una
comisión que cuente con expertos y personas del ámbito de la justicia, del Ministerio de Sanidad, del ámbito de la igualdad de género y de otros tantos que estén implicados en el tema. Pienso que esta comisión haría un análisis de la situación
actual, aunque algunos datos ya se han dado. Por supuesto, la intención y el espíritu es eliminar la esterilización forzosa, pero creo que antes deberíamos tener una comisión para lograr el mayor consenso posible en el tema, ver todas las aristas

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que pueda haber y trabajar en ello. Es algo que recientemente hemos tratado en el ministerio y creo que es uno de los objetivos que colectivos como el Cermi comentaban que quieren abordar en profundidad. Por tanto, estaremos en esta
comisión, por supuesto para contar con ellos también y ver cómo se puede modificar el Código Penal.


En cuanto a la educación inclusiva, está prevista una reunión con dos direcciones de Educación para analizar detalladamente la inclusividad en las escuelas. Saben ustedes que en el análisis que hizo la ONU este figuraba como uno de los
temas en que teníamos que mejorar. En ese momento se decía que el 80 % estaba en escuelas inclusivas y el 20 % en educación especial. Se trata de que ese 20 % vaya desapareciendo y que el cien por cien de las personas con discapacidad tengan una
inclusión en educación, sin tener que recurrir a educación especial.


Una vez que celebremos estas reuniones que he comentado, vamos a intentar establecer planes de acción concretos que cubran las necesidades también de las personas sordas. Está pendiente toda esa legislación, ese reglamento de regulación que
he comentado, que lleva once años pendiente y que puede tener en cuenta estos detalles que habéis considerado Unidas Podemos sobre la inserción de las personas sordas en las escuelas y en la educación, con los apoyos que requieren. (La señora
vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia).


Sobre muchas de las cuestiones generales que se han comentado, estamos totalmente de acuerdo, y vamos a seguir luchando por que aumente la tasa de empleo entre las personas con discapacidad, que viene subiendo desde el año 2009. Por
supuesto, todo lo que podamos coordinarnos con el SEPE para que las medidas que se apliquen tengan en cuenta de manera específica el empleo de estas personas resulta fundamental.


Ciertamente, en el empleo también se produce una situación de coladero, como ha comentado el señor Ruiz i Carbonell. Tiene que ver con que muchas empresas con más de cincuenta trabajadores están acudiendo a este tipo de medidas a las que
pueden acogerse a través de centros especiales de empleo. La apuesta sería la del empleo ordinario, que se incluya a la gente. Y es cierto que se podrían estudiar medidas como reducir el número de trabajadores, porque hay lugares donde no hay
empresas de más de cincuenta trabajadores y trabajadoras. Por tanto, a lo mejor podríamos establecer alguna medida para que, si se reduce ese número, pudiéramos ir potenciando una mayor inclusión en el empleo ordinario, un objetivo importante, al
igual que en educación, y no depender solo de esos centros especiales de empleo. Todo este tipo de medidas las podemos estudiar en esta Comisión y podemos plantearlas a Empleo, para evitar ese tipo de situaciones en las que pagando se evita asumir
la responsabilidad. Desde luego, desde las administraciones públicas se siguen medidas. Por ejemplo, en la Ley de contratos públicos se exige que las empresas que entran a concurso tengan y cumplan, como mínimo, con ese 2 % de contratación de
personas con discapacidad. Es decir, hay muchas medidas que se pueden tener en cuenta en otro tipo de legislación que, como digo, no depende ni va a depender de esta Secretaría. En coordinación con todos estos ministerios no solo podemos elaborar
normativa, como también se ha señalado, sino hacer que se cumpla, y creo que eso es fundamental, poder poner los mecanismos para hacer que se cumpla, en lo que tienen mucho que ver los reglamentos que se están desarrollando de leyes que ya se han
aprobado, pero pasa el tiempo y vemos que en algunos aspectos no se han cumplido.


Creo que he contestado de manera genérica a lo planteado. Finalmente, hay una cuestión de Unidas Podemos sobre el reglamento de bienes y servicios públicos, y nos consta que hay una valoración económica inicial cuantificada en cerca de mil
millones de euros y que se ha avanzado parcialmente en los requisitos de lo que el real decreto podría contener. Como ven, hay muchos planes, reales decretos y reglamentos que van a ver la luz en el próximo año. Acerca de algunas cuestiones de las
que se han planteado, prácticamente se van a resolver para el próximo año en estas normativas, que en su mayor parte están pendientes de que Hacienda nos dé la aprobación.


Si he olvidado algo, lo siento. Como digo, puedo contestar por escrito a cuestiones más detalladas. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora secretaria de Estado.


Por acuerdo de Mesa y portavoces, saben que, si así lo desean, disponen de un turno de dos o tres minutos, y a continuación cerraría el debate la secretaria de Estado. ¿Qué grupos quieren hacer uso del mismo? (Pausa).


El señor Alli, del Grupo Mixto, quiere utilizarlo.

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El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señora presidenta, por este nuevo turno.


Señora secretaria de Estado de Servicios Sociales, señora Lima, me he quedado un poco decepcionado con la respuesta que ha dado no a este humilde servidor público, sino a las personas con las que me reuní previamente, de las que he volcado
aquí el listado de quejas o situaciones en que entendemos que el Estado tiene una responsabilidad con respecto a los navarros; y no por mí, en respuesta a este diputado, sino a esas entidades sociales que hoy están escuchando su intervención. Le
animo a que en este segundo turno que tiene usted concrete un poco más sobre aquellas cuestiones de las que tenga información. Soy consciente de que lleva una semana y media y en ningún momento quiero ser descortés con usted y de nuevo le doy la
enhorabuena por su cargo, pero de todas las preguntas que le he hecho solo me ha respondido en concreto a que sí, efectivamente, en el caso de la esclerosis lateral amiotrófica, sobre la que se aprobó una PNL, se va a entender que se va a dar la
valoración del 33 % en el momento del diagnóstico. Bien, pero ¿qué pasa con el resto de enfermedades neurodegenerativas y cualquier tipo de herencia? Y no solo se trata de la PNL que usted ha citado, porque ha habido cinco en los últimos siete
años aprobadas por unanimidad en esta Cámara. Ya sé que solo se insta al Ejecutivo, pero creo que tiene una cierta responsabilidad, y, en su caso, hoy le corresponde a usted. Por tanto, me gustaría que concretara una respuesta sobre esas preguntas
que le he hecho, o, al menos, que respondiera que no tiene aquí la información pero que, por escrito, contestará, como ya ha hecho.


De acuerdo, pero, al menos, me gustaría que me respondiera de la forma más concreta posible sobre ese contencioso que tenemos los navarros con el Estado en torno a esa prestación estatal que se está retirando a los navarros. Al menos,
dígame si va a hacer algún tipo de gestión para evitar este conflicto. Me gustaría que usted tuviera la voluntad política y que ponga los recursos técnicos del Estado para llegar a un acuerdo con el Gobierno de Navarra, que es, al fin y al cabo, el
que tiene la potestad.


Me ha contestado -y se lo agradezco- que, efectivamente -como he entendido de sus palabras-, con relación a la dependencia, vamos a volver al nivel acordado de cofinanciación Estado y comunidades autónomas o, en este caso, Comunidad Foral de
Navarra. Es lo que he entendido, pero me gustaría que usted lo ratificara.


En cuanto a la pregunta concreta sobre los casi doce millones de euros que los navarros hemos dejado de percibir, ¿nos olvidamos de ellos o no? ¿Se van a poner soluciones o no tiene ningún sentido, porque no tiene efecto retroactivo en
cuanto se cambie de nuevo por la normativa que corresponda?


Por favor, le animo a que concrete su respuesta, no por mí, sino por las personas con las que previamente me he reunido, antes de su comparecencia. Y una vez más reitero que tiene el apoyo de Unión del Pueblo Navarro en aquellas cuestiones
que vengan a mejorar y conquistar más derechos y prestaciones y, en general, mejores servicios públicos para las personas más vulnerables de nuestro país.


Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchísimas gracias, señor Alli.


Si no hay más intervenciones por parte de los grupos, cierra la sesión de la mañana nuestra secretaria de Estado de Servicios Sociales.


La señora SECRETARIA DE ESTADO DE SERVICIOS SOCIALES (Lima Fernández): Muchas gracias por sus planteamientos, señor Alli. Hoy he venido a comparecer para hablar de discapacidad, y por eso quizás no he hablado de otras cuestiones. Entiendo
que lo que me plantea usted es que hay una incompatibilidad entre dos prestaciones, una autonómica y otra estatal. La autonómica tiene que ver con la renta mínima de inserción y la estatal, con el subsidio de desempleo, actualmente incompatibles,
es decir, cuando uno consigue un nivel de ingresos determinado pierde la otra. Por tanto, se está produciendo una incompatibilidad y hay un contencioso, y usted me plantea que estudiemos la situación para que esa incompatibilidad no se dé y se
puedan sumar ambas prestaciones. Una es no contributiva y la otra es contributiva. La referida a la renta mínima no es contributiva, es una prestación que da la comunidad autónoma desde los servicios sociales, como ocurre en tantas otras
comunidades autónomas, y se hace incompatible con otro tipo de ingresos. Normalmente, eso no ocurre solo en Navarra, sino en otras muchas comunidades autónomas, puesto que el espíritu de las rentas mínimas es dar una prestación cuando la persona no
tiene otros ingresos. Por tanto, si hay otros ingresos, lo que habitualmente sucede es que, si se llega al tope, no se concede, y, si no se llega, se complementa hasta el tope. Lo que usted plantea es que propongamos que se puedan sumar ambas
prestaciones, sin que se produzca incompatibilidad. Bien, le contestaré también. Haremos una aproximación desde la dirección general desde la que se lleva este tema, que no es la de discapacidad, para ver qué ocurre, porque además hay una memoria
anual sobre

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las rentas mínimas de inserción donde el ministerio aglutina los datos de todas las comunidades autónomas sobre qué situación se está produciendo, y ya le digo que normalmente esto es así en todas, hay una incompatibilidad entre esas
prestaciones.


El señor Clemente se ha referido a otro tipo de prestaciones, el plan concertado y la posible ley marco de servicios sociales. Son temas que debemos abordar desde el ministerio, pero no son temas específicos de discapacidad. Desde luego,
lo que sí se está intentando abordar es un ordenamiento a nivel estatal de los servicios sociales y se habla de un modelo. ¿Cuáles son las competencias que de ese ordenamiento debería tener la Administración General del Estado? Tiene que ver con
determinar cuál sería el derecho subjetivo dentro de los servicios sociales, ordenar las competencias entre comunidades autónomas, entidades locales y Administración General del Estado y, desde luego, entre el ámbito privado y el tercer sector, que
también son parte de los servicios sociales. Creo que en esta línea podríamos estar hablando de una ley marco, de un modelo o de una ordenación, pero es algo que todavía tendría que decidir el ministerio. Y, desde luego, esta línea también tiene
que ver con reforzar ese plan concertado de prestaciones básicas, un dinero finalista para que los ayuntamientos presten servicios sociales. La idea sería reforzarlo, porque es cierto que en los últimos años de la crisis hubo unos recortes y
todavía no se ha llegado a los niveles que había en 2011. Así pues, la idea y el espíritu, por supuesto, también tienen que ver con esos recortes, con ir recuperándonos de esos recortes. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


De verdad, pido disculpas si no he contestado sobre alguna cuestión, pero, como digo, podemos dar más detalles, sobre todo con los temas más concretos referidos a servicios sociales, y trabajarlos por escrito, como decía al señor Alli.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Quiero agradecerle su comparecencia y extensión en las respuestas. Tomo la palabra de su intervención inicial cuando ha ofrecido a esta Comisión una posible comparecencia a
principios del próximo año para tratar el capítulo de accesibilidad en materia de infraestructuras, seguramente para actualizar algunos de los asuntos tratados en el día de hoy. Muchas gracias por su comparecencia, por la información que nos ha
trasladado.


Sin otros temas que tratar, señorías, se levanta la sesión, no sin antes pedir a los portavoces de los distintos grupos que conformemos una reunión informal de Mesa y portavoces a continuación.


Eran las doce y veinticinco minutos del mediodía.