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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 617, de 10/10/2018
cve: DSCD-12-CO-617
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 617
JUSTICIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA
Sesión núm. 47
celebrada el miércoles,
10 de octubre de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Comparecencia de la señora ministra de Justicia (Delgado García):
- A petición propia, para informar en relación con la reciente difusión de las grabaciones del señor Villarejo Pérez. (Número de expediente 214/000105) ... (Página2)
- Para conocer al detalle la opinión del Gobierno sobre las reiteradas sentencias por no investigar las denuncias de torturas, así como los planes del Gobierno para actuar contra la tortura y dar pasos en favor del reconocimiento y la
reparación de las víctimas de torturas. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001064) ... (Página2)
- Para explicar la estrategia que pretende seguir su ministerio en relación con los procesos judiciales seguidos en sede penal frente a los líderes independentistas. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente
213/001175) ... (Página2)
- Para que explique las políticas que el Gobierno va a poner en marcha para garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y en particular respecto al actual conflicto en Cataluña. A petición del Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/001181) ... (Página2)
- Para explicar su vinculación con ex altos mandos policiales actualmente imputados y la contradicción de sus declaraciones al respecto. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/001183) ...
Se abre la sesión a las seis de la tarde.
La señora PRESIDENTA: Vamos a dar comienzo a la Comisión de Justicia, en cuyo orden del día figura la comparecencia de la ministra de Justicia, doña Dolores Delgado, a la que de nuevo le damos la bienvenida a esta casa y a su Comisión.
Hay varias peticiones de comparecencias solicitadas. La primera es a petición propia, para informar de la reciente de difusión de las grabaciones del señor Villarejo; para conocer en detalle la opinión del Gobierno sobre las reiterada
sentencias por no investigar denuncias de torturas, así como planes del Gobierno para actuar en contra de la tortura y dar pasos a favor del reconocimiento y de la reparación de las víctimas de tortura, del Grupo Mixto; para explicar la estrategia
que pretende seguir su ministerio en relación con los procesos judiciales seguidos en sede penal frente a los líderes independentistas, del Grupo Parlamentario Ciudadanos; para exigir las políticas que el Gobierno va a poner en marcha para
garantizar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial, y en particular respecto del actual conflicto de Cataluña, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y para explicar su vinculación con los altos
mandos policiales actualmente imputados y la contradicción de sus declaraciones al respecto, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Como son varios los grupos y distintos los temas de comparecencia, lo que haremos será tratarlos conjuntamente en una primera intervención de la ministra para dar respuesta a estas solicitudes de comparecencia. Y, tal y como acordamos en
Mesa y portavoces, después tendrán la palabra los grupos parlamentarios; en este caso, al haber distintos solicitantes, lo haremos de menor a mayor; ese será el orden que seguiremos. El tiempo ajustado será de diez minutos en una primera
intervención con posibilidad de cinco minutos de réplica. Ya les advierto a mis compañeros y compañeras portavoces de los distintos grupos de que seré estricta en el uso del tiempo, tal y como acordamos. Por lo tanto, al llegar a los nueve minutos
les avisaré de que están en su último minuto y así podremos todos contenernos y ser ágiles en esta Comisión porque llevamos un día de trabajo intenso, como saben.
Sin más, señora ministra, tiene la palabra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.
Antes de nada quiero decirles que como en todos los actos y en todas las intervenciones en las que participo adelantamos la cifra de víctimas del machismo. Desde el año 2003 ya ha habido 963 víctimas a manos del machismo. Una vez señalara
esta cifra, esta horrenda y terrible cifra, que va incrementándose, paso a desarrollar algunas de las cuestiones que me han traído aquí y dejo para el final la que se refiere a la comparecencia solicitada por mí.
En cuanto a la petición de comparecencia de Ciudadanos sobre la estrategia del Gobierno en relación con el llamado procés -supongo que es la estrategia jurídica-, en primer lugar, me van a permitir, señorías, que mi intervención en relación
con los procedimientos judiciales seguidos contra los líderes políticos catalanes y sobre las medidas para garantizar la independencia del Poder Judicial sea breve, me van a permitir ustedes que responda brevemente a esta cuestión. Si
posteriormente, a través de las preguntas, podemos ampliar las cuestiones que queden sin aclarar, así lo haremos. La razón de la brevedad es simple y seguramente la entienden: el Gobierno, a través de la Abogacía del Estado, está personado en la
causa que se sigue ante el Tribunal Supremo, la causa especial conocida como el procés. Actualmente estamos a la espera de que la Sala Segunda del Tribunal Supremo dé traslado al Servicio Jurídico del Estado para que formule escrito de conclusiones
provisionales. En este momento el Gobierno está atento al examen jurídico que la Abogacía General del Estado está realizando sobre los delitos para después formular acusación. Estamos en ese momento, estamos en esa fase y estamos en ese tiempo.
Señorías, les recuerdo que, a diferencia de la Abogacía del Estado, el ministerio fiscal es autónomo, tiene su propia autonomía y capacidad de decidir. El Gobierno no va a dar instrucciones de ninguna clase a la Fiscalía General del Estado.
Recuerden que este es uno de los principios básicos que se sigue por este Gobierno, respetar la autonomía del ministerio fiscal y la independencia judicial. Tengo que traer a colación que el Gobierno anterior sí traspasó esta línea roja que
nosotros tenemos marcada y asumida; nosotros no ejercemos ningún tipo de presión ni damos instrucciones ni interferimos de forma alguna en el ministerio público, en el ministerio fiscal.
En relación con la petición de comparecencia de Podemos sobre un chat privado, parece ser, entre jueces que tenía un determinado contenido, en lo que se refiere, repito, a la garantía de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial
voy a responder lo mismo que he dicho anteriormente y en el mismo
sentido: respeto absoluto. La mejor manera de garantizar esa independencia e imparcialidad es precisamente no interferir en forma alguna en las actuaciones jurisdiccionales de jueces y magistrados. Mantenemos un respeto escrupuloso por la
separación de poderes. Como miembro del Gobierno no voy a entrar a valorar el contenido de un foro privado de mensajes entre miembros de la judicatura que ha sido publicado probablemente sin el consentimiento de sus usuarios. Y si alguien
considera que la actuación de algún miembro del Poder Judicial no se ajusta a lo que debe ser su función, a este Ejecutivo no le corresponde valorar esas actuaciones sino al Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, es a este órgano al que hay
que dirigirse en su caso para que, si debe realizar alguna actuación, la lleve a cabo. No busquen de este ministerio actuaciones que puedan ser consideradas de una u otra manera una intromisión en la función jurisdiccional porque no las vamos a
realizar.
La tercera de las comparecencias que voy a abordar se refiere a la sentencia dictada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata del tema de torturas que plantea el Grupo Mixto, y aquí voy a detenerme quizá un poco más porque
efectivamente la sentencia de 13 de febrero de 2018 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó a España por la violación del artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Hay que remarcar que las resoluciones del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos, como no puede ser de otra manera, vinculan a España y las acatamos con todas sus consecuencias. Esta sentencia es firme, los interesados han podido hacerla valer ante los órganos jurisdiccionales por los cauces procesales
establecidos, así lo han hecho, y las indemnizaciones y las costas procesales que se les concedió por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han sido abonadas o, en su caso, aplicadas al pago de las responsabilidades civiles derivadas de los
delitos cometidos por los demandantes.
España es un Estado de derecho que se rige por el imperio de la ley y por el principio de separación de poderes. Nuestro Código Penal contempla el delito de torturas entre los delitos contra la integridad moral. La investigación de la
posible comisión de este tipo de delitos corresponde a los jueces y a las juezas de instrucción, quienes desarrollan su función con plena autonomía e independencia. España, además del tipo penal, ratificó en el año 2006 el protocolo facultativo de
la Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes adoptado por la Asamblea de Naciones Unidas, firmado en Nueva York el 18 de diciembre de 2002. En el año 2009 se aprobó la Ley Orgánica 1/2009, de 3 de
noviembre, que atribuye al Defensor del Pueblo la condición de mecanismo nacional de prevención de la tortura para España. Una vez asumidas estas competencias y realizados todos los trabajos necesarios para la puesta en marcha de este mecanismo, el
Defensor del Pueblo comenzó a realizar visitas a lugares de privación de libertad a partir del año 2010. Con este conjunto de normas España y este Gobierno socialista asumen el compromiso de cumplir en plenitud la Convención Europea de Derechos
Humanos.
En lo que se refiere a mí personalmente quiero poner de manifiesto, por mi compromiso personal en la defensa de los derechos humanos, que mientras trabajaba en la Audiencia Nacional como fiscal un grupo de jueces y yo misma acordamos en el
año 2007 un protocolo para las situaciones de detención incomunicada de personas que estaban siendo investigadas por delitos de terrorismo. El protocolo, un protocolo novedoso que era seguido por algunos de los jueces de la Audiencia Nacional,
consistía en comunicar a las familias la detención, no el motivo pero sí la detención; la posibilidad de que los investigados fueran asistidos por un médico designado por la familia además del médico forense; la colocación de cámaras en los
pasillos y salas de interrogatorios y en las zonas comunes que no estaban afectadas por el derecho a la intimidad y el incremento de visitas tanto del médico forense como de los jueces y fiscales de la Audiencia Nacional. La implementación de este
protocolo correspondió al Gobierno socialista -así lo hizo- de Rodríguez Zapatero, que se comprometió e implementó el protocolo en la parte que le correspondía desde el Ministerio del Interior. Ahora mi compromiso personal como ministra de Justicia
queda fuera de toda duda con la creación -esto quiero remarcarlo- de una área específica en la Dirección General de Cooperación Jurídica Internacional. Se trata del área específica de derechos humanos. A través de esta nueva área se trata de
trasponer a nuestro sistema jurídico las decisiones y resoluciones de organismos internacionales que afecten a derechos humanos para su efectividad en España. Quiero decirles que es una área novedosa, que tiene una efectividad práctica para la
implementación y desarrollo de estas resoluciones y decisiones de derechos humanos y que afectan específicamente a la gente.
Ahora pasaré a desarrollar la comparecencia solicitada por mí misma, por el Gobierno, en relación con las denominadas grabaciones del señor Villarejo. Se trata de la difusión de unos audios obtenidos de
manera ilegal hace nueve años y que además la Audiencia Nacional está investigando en este momento. Es una grabación que no tiene otro objetivo más que condicionar la acción del Ejecutivo del que formo parte. Esto es algo que los autores
no han conseguido ni van a conseguir. Ante todo, lo primero que quiero dejar claro y de manera rotunda es que esto es un chantaje al Estado a través de mi persona como ministra del Gobierno de España, es una extorsión al Gobierno, me atacan a mí
por ser ministra, y la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha van a tratar de aprovechar ese chantaje con el único fin de evitar que este Gobierno trabaje y siga avanzando en una agenda de regeneración democrática, de
transparencia, de cohesión social y territorial, pluralidad e igualdad. En definitiva, que este Gobierno trabaje por la convivencia, que es exactamente de lo que se trata.
El discurso que se está utilizando contra mí se basa en las actuaciones de una persona que está siendo investigada por unos catorce delitos más o menos, les repito: cohechos, falsedades, organización criminal, blanqueo de capitales,
revelación de secretos, etcétera. Por tanto, estamos hablando de un presunto delincuente que trata de extorsionar al Estado para obtener un trato de favor y salir de la cárcel. Cuando afirmo rotundamente, como lo hago, que se está chantajeando al
Estado no solamente lo digo yo, lo dice la propia Fiscalía Anticorrupción y lo advirtió él mismo hace casi unos meses.
Según la noticia publicada en El País basándose en un escrito de la Fiscalía Anticorrupción -y leo literalmente-, la actividad de Villarejo y sus consortes criminales es un fiel reflejo de la corrupción que supuestamente infectó durante años
a un grupo de mandos de la Policía Nacional. Sigo leyendo literal: Esta mafia policial no dudaba en utilizar esta información comprometedora tanto para comerciar con terceros como para garantizar la impunidad de sus acciones antijurídicas. Según
Anticorrupción -y leo literalmente la noticia aparecida en El País-, el clan policial mafioso de Villarejo trataba de influir en la política nacional de seguridad y se apoyaba en funcionarios y cargos políticos, en medios de comunicación y en
personas al servicio de la Administración de Justicia, todo ello según la investigación. El propio señor Villarejo, en su declaración ante el juez el pasado 12 enero, advirtió de que la totalidad del material informático que le había sido
intervenido contenía -dijo literalmente- información sensible que afectaría -y vuelvo a leer literal- la seguridad del Estado, a las altas instituciones del Estado o a la intimidad de terceros.
Por esta razón, señorías, Anticorrupción advirtió de que estas manifestaciones en la Audiencia y el resto de la conducta procesal de Villarejo era la expresión de una -y leo literalmente- amenaza permanente de usar su información
privilegiada para lograr su impunidad. Y en este sentido se alertó del riesgo para las instituciones y para la propia seguridad del Estado. En este escrito, señorías, los fiscales planteaban al juez que se tomasen las medidas necesarias para
proteger la intimidad de las víctimas. Señorías, lo que se proponía -y conozco bien este tema debido a mi condición de fiscal- era adoptar las medidas previstas en el artículo 301 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que obliga a los jueces y a
los fiscales a adoptar las medidas necesarias para proteger la intimidad de las víctimas y de sus familiares. Y precisamente eso es lo que yo soy, una víctima, y soy una víctima por partida doble. En primer lugar, como ministra del Gobierno de
España porque un presunto delincuente, un miembro de las cloacas del Estado, pretende con esta estrategia a través de mí desestabilizar el Gobierno para obtener una ventaja procesal. En segundo lugar, señorías, soy víctima de la interesada
utilización política de este chantaje por parte de la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha, cuyo objetivo es paralizar la acción del Gobierno y evitar que avance en su agenda reformista y de regeneración democrática. Como yo,
señorías, puede haber muchísimas víctimas, ya que el propio comisario Villarejo (la señora Escudero Berzal: Y PP también), según otra información de El País, habría alardeado ante sus compañeros de cárcel en Estremera que habrá una traca final de
filtraciones y ello antes de Navidad si no salía de prisión entonces -cierro comillas-. Y, señorías, al señor Villarejo se le han incautado más de veinte terabytes de información. Esto equivaldría más o menos a tres meses de emisión ininterrumpida
de cualquier cadena de radio durante veinticuatro horas al día.
Señorías, conviene recordar, por si a alguno de ustedes se les hubiese olvidado, que el señor Villarejo actuó bajo la dirección del entonces ministro del Interior del Partido Popular Jorge Fernández Díaz, quien llegó a destacar los
relevantes servicios prestados por el comisario Villarejo -los relevantes servicios prestados por el comisario Villarejo- y que su último responsable directo como director general de la Policía, Ignacio Cosidó, el actual portavoz del Partido Popular
en el Senado, también afirmó exactamente lo mismo de Villarejo. Y el señor Villarejo estuvo prestando sus servicios en la Dirección Adjunta Operativa, siendo director adjunto del comisario Eugenio Pino, al que el señor Catalá le otorgó una cruz,
una medalla del Ministerio de Justicia, atendiendo también a sus méritos. Fue el ministro del Interior, el señor Fernández
Díaz, quien permitió al señor Villarejo que compatibilizase su trabajo policial con su actividad como investigador privado y como gestor de empresas de todo tipo. También bajo la dirección del señor Fernández Díaz el señor Villarejo
participó en la llamada Operación Cataluña, tal y como él mismo reconoció en sede judicial. Por cierto, en esta operación habrían participado también miembros destacados del Partido Popular como la señora Alicia Sánchez-Camacho o como el anterior
jefe del gabinete del señor Rajoy, el señor Jorge Moragas. El objetivo de esta Operación Cataluña, tal como se señaló en la Comisión de investigación que tuvo lugar en esta Cámara, era -comillas- fabricar investigaciones fraudulentas contra sus
adversarios políticos, en concreto contra las formaciones independentistas. Y no solo eso, la actividad de esa brigada patriótica amparada por el Gobierno del Partido Popular, con el señor Cosidó como director general de la Policía, se dirigió
también contra grupos políticos de la oposición como el Grupo Podemos, por ejemplo. Y no quiero olvidarme de mencionarles lo que ya les he dicho antes, que el señor Catalá condecoró a Eugenio Pino.
Después de haber alimentado esta cloaca, la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha se atreven a usar contra mí las actividades que ellos mismos fomentaron y aplaudieron sin rubor alguno. (Rumores). Señorías, este Gobierno
no se va a dejar chantajear, este Gobierno tiene una responsabilidad para con el interés general de los españoles y no va a aceptar amenazas ni de las cloacas ni de aquellos que les hacen el juego sucio sirviéndose de su actuación ilegal y
llevándola a la política, la política a un lodazal y todo ello al Parlamento. (Rumores). Señorías, tengo muy claros los objetivos y las tareas a las que me debo como ministra de Justicia en el Gobierno decente que preside Pedro Sánchez. Ni las
cloacas, ni la derecha, ni la extrema derecha, ni la extrema extrema derecha me van a desviar, me van a despistar o me van a amedrentar, se lo aseguro.
Esta mañana en la sesión de control el señor Maroto, a través de una pregunta, ha hecho una referencia a esta ministra diciendo si al salir a la calle siento... No sé, no he llegado a entenderle bien lo que pretendía decir. Cuando salgo a
la calle quiero poder decirles a los ciudadanos que trabajamos por ellos. A mí me avergonzaría haber pasado seis años sin haber hecho nada desde la justicia por los ciudadanos. Nosotros, el Gobierno socialista, el Gobierno decente de Pedro
Sánchez, hemos hecho muchas cosas, para empezar, limpiar el lodazal de corrupción en el que nos estábamos moviendo. (Rumores). Sé que a algunos grupos les da igual lo que hagamos pero este Gobierno va a hacer de la Administración de Justicia un
servicio público, a dar respuesta a las demandas de seguridad jurídica, de igualdad, de pluralidad, de cohesión social, de progreso, así como tiene un compromiso con las víctimas, con los más vulnerables, con los derechos humanos. Por ello, es
fundamental abordar con prontitud la demanda que se nos hace en cuanto a la necesidad de una justicia ágil, transparente, moderna, efectiva; en definitiva, que esté concebida como un servicio público para la ciudadanía, como decía anteriormente.
Desde este punto de vista, es esencial adecuar el ordenamiento jurídico a la realidad social que vivimos y dar un nuevo enfoque a ámbitos como el de los delitos informáticos, económicos y contra la integridad sexual, de tal modo que estos tipos
penales se ajusten a las actuales perspectivas sociales. Por ello, y a pesar del chantaje de las cloacas y de su utilización política por algunos grupos políticos, desde el Ministerio de Justicia hemos puesto en marcha numerosas medidas, como por
ejemplo el Real Decreto-ley 9/2018, de 3 agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de Estado contra la violencia de género, el anteproyecto de ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad, la
redacción de un proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de defensa, el estudio de la reforma de la Ley de protección de testigos desarrollando un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción política.
Señorías, la justicia es un servicio público esencial, integrado como pilar del Estado del bienestar, ya que incide en temas tales como los derechos de los consumidores o el derecho de las personas más vulnerables económicamente. En este
sentido, para dotar a la Administración de Justicia de una mayor eficacia y eficiencia este ministerio ha desarrollado las siguientes acciones, a pesar del chantaje de las cloacas y de los que quieren someter al Estado a ese chantaje. Así, hemos
elaborado un Plan de calidad de la justicia, impulsando la creación de equipos transversales en las distintas sedes judiciales del territorio ministerio. Hemos creado grupos de trabajo para la evaluación del funcionamiento de las oficinas
judiciales y del expediente judicial electrónico a través de personas expertas. Se han llevado a cabo actuaciones en coordinación con el Consejo General del Poder Judicial en materia de refuerzo de los órganos judiciales más sobrecargados. Se ha
procedido al estudio y al refuerzo de las oficinas de atención a las víctimas. Se ha dado impulso a las unidades de valoración médico forense diseñando una formación específica en materia de violencia de género.
Como parte del Gobierno que defiende la justicia social, a pesar del chantaje de las cloacas al que quieren someter al Estado y a su utilización por algunos grupos políticos, este ministerio ha adoptado medidas de gran trascendencia
relativas a los colectivos más vulnerables. Voy a hacer mención de las siguientes: hemos propuesto, junto con el Ministerio de Sanidad, el anteproyecto de ley orgánica de protección integral frente a la violencia contra la infancia, vamos a
implantar la figura esencial del coordinador de parentalidad para mediar en casos de divorcios conflictivos en los que los niños y las niñas son los principales perjudicados, la Comisión General de Codificación para la reforma del Código Penal está
ultimando la propuesta de reforma en materia de delitos sexuales, se está elaborando un plan para introducir la perspectiva de género en la formación de jueces y de fiscales.
Señorías, a pesar de que algunos de los portavoces en el Congreso piensan que la actividad del Ministerio de Justicia es inexistente, ya tenemos ultimada la orden ministerial que regula el procedimiento de selección de candidatos para la
Fiscalía Europea. España se va a convertir en el primer país europeo que ha implementado este sistema. Y ya lo tenemos. Hemos creado la Dirección General para la Memoria Histórica, que trabaja en la búsqueda de desaparecidos de la Guerra Civil y
la dictadura franquista y en la creación de un censo de víctimas del franquismo. Sé que a algunos grupos esto no le importaba pero era una deuda con las víctimas del franquismo y de la dictadura franquista. Estamos trabajando por la recuperación
de la jurisdicción universal, jurisdicción universal que arrasó, desoló y vació completamente de contenido el Partido Popular. Por tanto, permítanme que continúe con lo que realmente interesa a los ciudadanos: avanzar en la justicia del siglo XXI
para que sea, señorías, eficaz, moderna, cercana, transparente, de calidad y actualizada a los nuevos tiempos. Vamos a ver con perspectiva de género, señorías, una justicia universal y una justicia impregnada transversalmente de derechos humanos
que hasta ahora no se han tenido en cuenta.
Señorías, llevo veintinueve años de carrera profesional de servicio público -ayer se refirió mi trayectoria profesional-, pues veinticinco de estos veintinueve años los he pasado en la Audiencia Nacional. Durante este tiempo, he trabajado
contra el narcotráfico, el crimen organizado, crímenes contra la humanidad y terrorismo, tanto de ETA como terrorismo yihadista. Sé perfectamente lo que es estar amenazado, lo digo sin ningún tipo de pretensión. Durante diecinueve años he llevado
escolta y no voy a permitir -y en esto quiero ser clara, precisa y contundente-, no voy a permitir que un presunto delincuente ni quienes pretenden utilizar políticamente los actos ilegales de ese presunto delincuente -es decir, la derecha, la
extrema derecha y la extrema extrema derecha- puedan arrojar la más mínima duda de mi dedicación y de mi sacrificio al servicio público. Se lo aseguro. Señorías, he llevado operaciones contra ETA desarticulando comandos que habían cometido
horrendos atentados y que estaban en disposición de cometer atentados; he participado en numerosas operaciones, no desde una oficina, no desde un despacho, sino sobre el terreno, incautando armamento, explosivos que estaban dispuestos para ser
utilizados en la comisión de atentados de ETA. He liderado operaciones contra el narcotráfico, entre ellas la aprehensión de 14 000 kilos de cocaína en un solo alijo, el mayor de la historia de Europa. He participado en la desarticulación de
organizaciones criminales, en las mayores operaciones de blanqueo de capitales, he sido la primera fiscal europea que ha celebrado un juicio de crímenes contra la humanidad contra la dictadura militar argentina, juicio que concluyó con la condena de
Adolfo Scilingo por los llamados vuelos de la muerte. He sido fiscal colaboradora de la Corte Penal Internacional en la investigación de los crímenes cometidos en Libia por la dictadura de Gadafi. Fui la fiscal que aseguró la permanencia de Hervé
Falciani en España, lo que facilitó su colaboración con las autoridades y la recuperación de cientos de millones de impuestos evadidos. Y además de todo eso, señorías, desde el año 2007 he sido coordinadora contra el terrorismo yihadista, he
desarrollado mi trabajo tanto dentro como fuera de España, he desarticulado células yihadistas dispuestas a atentar siendo pionera en estas investigaciones en todo el mundo, operaciones como Nova, Tigris, Chacal, Génesis, Camaleón, Kibera, Temple,
muchísimas operaciones. En el último juicio que celebre antes de ser ministra, el de la operación Caronte en los primeros meses de este año 2018, fueron condenados los miembros de una célula conformada por diez yihadistas que estaban a punto de
cometer un atentado en Cataluña.
Señorías, con este currículum, unas grabaciones ilegales, el chantaje de un miembro de las cloacas, su uso partidista por la derecha, la extrema derecha y la extrema extrema derecha no me van a amedrentar porque es solo un intento más de
desacreditar la carrera de una mujer que lo que ha conseguido lo ha conseguido por sí misma, con muchísimo esfuerzo, con mucho trabajo y con mucha dedicación, sin necesidad de tener a ningún hombre ni detrás ni delante ni a un lado ni al otro. Así
que, en contra de lo que manifestó usted ayer, señora Moro, esta señora que tiene delante ha trabajado muy duro toda su vida
para ser ministra del Gobierno decente de Pedro Sánchez, por este currículum y por hacer una justicia mejor. Soy la segunda mujer que dirige el Ministerio de Justicia, la primera en un Gobierno socialista. En mi labor al frente de este
ministerio estoy trabajando por introducir la perspectiva de género en toda la acción de la Administración de Justicia, algo que no se había hecho antes. Señorías, he tenido que soportar que se afirme que soy una marioneta de alguien, he tenido que
aguantar que se cuestione mi profesionalidad -por cierto, cosas que dudo mucho que se hubieran atrevido a decir, señores del Partido Popular, si el ministro hubiera sido un hombre-, no voy a permitir que el chantaje de un presunto delincuente y su
utilización por determinados grupos políticos -ya saben, ¿no? derecha...- lance ninguna sospecha sobre una trayectoria íntegra, sin mácula, de veintinueve años de servicio público, y el tiempo que llevo como ministra también es servicio puro y duro
público. Y mucho menos voy a permitir que el chantaje de un presunto delincuente vaya a acabar con el Gobierno reformista y progresista del que me siento orgullosa de formar parte.
Señorías, no he mentido, no he tenido relación profesional alguna con el señor Villarejo, como ha quedado acreditado por la propia fiscalía, y tampoco, subrayo, soy amiga del señor Villarejo. Acudí a una comida con los máximos responsables
policiales, la cúpula policial en materia antiterrorista, comisarios policiales con los que trabajaba cotidianamente en materia de terrorismo. No así con el señor Villarejo, con el que no trabajaba y con el que no tenía relación, como he dicho
anteriormente, profesional alguna. Acudí a una comida invitada por un compañero de la Audiencia Nacional. No voy a entrar, señorías, en el contenido de esas grabaciones, que son ilícitas y suponen la materia de la que se sirve el chantajista, como
no entraría valorar, señorías, ninguna grabación ilícita que afectase a cualquier otra persona porque esa persona seria víctima también, porque todos tenemos dignidad y yo respeto la dignidad de todos y cada uno de ustedes. Este Gobierno está
regenerando la democracia que el anterior Gobierno dañó gravemente con una corrupción sistémica. Este Gobierno está recuperando recortes sociales y de derechos con los que el anterior Ejecutivo castigó durante años a la sociedad española. Este
Gobierno está trabajando y trabajará por la convivencia, no por romper la convivencia. Sabemos que ustedes no aceptan la legitimidad de este Gobierno, sabemos que nuestra agenda progresista y de regeneración democrática les duele, pero deben saber,
señorías, que vamos a seguir adelante, vamos a limpiar la democracia española, vamos avanzar en la justicia social frente y pese a sus campañas de descrédito, pese a las campañas de ataque personal a las que se está sometiendo a cada uno de los
miembros de este Gobierno.
Señorías -y con esto voy concluyendo-, les pido que hagan un ejercicio de lealtad y demuestren rigor y sentido de Estado. Aquellos que dan pábulo a las grabaciones, las amplifican y las utilizan como munición partidista se sitúan del lado
del chantajista, del presunto delincuente, y su sitio, señorías, es junto al Estado, defendiendo al Estado y defendiendo a las instituciones. Que no se les olvide.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.
Comenzamos con el turno de portavoces, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora ministra. Es verdad que el orden del día de esta Comisión y el hecho de acumular diferentes peticiones de comparecencia en una sola no permiten abordar en profundidad ninguna de las cuestiones que por sí mismas tienen
entidad suficiente como para poder abordarlas en mayor profundidad. Al final, suele pasar que la mayoría de las cosas se despachan sin apenas decir nada sustancial.
Sobre el caso Villarejo voy a ser muy breve. Desde mi punto de vista, si bien es grave lo que en las grabaciones se dice y se encubre, lo es más, a mi modo de ver, el tono de complicidad que existe entre jueces y fiscales con las cloacas
del Estado. Ahonda en la percepción, al contrario de lo que usted dice, de mucha gente que creemos que no existe una verdadera división de poderes. Y también añade dificultades serias para creer que aun así, aun con esa complicidad, jueces y
fiscales luego, en la Audiencia Nacional, actúan con imparcialidad. Algunos la verdad es que hace décadas que venimos pidiendo la desaparición de la Audiencia Nacional como heredera y continuadora que es del Tribunal de Orden Público franquista,
que, como vemos, actúa en connivencia con las cloacas del Estado que, de la mano de personajes -lo voy a definir así- como el señor Villarejo, se han venido dedicando a recabar información sin control judicial, información que hoy guardan si eres
aliado pero mañana filtran cuando
pasas a ser enemigo o adversario. Es la foto de ese encuentro, a mi modo de ver, lo verdaderamente grave, lo que ilustra un proceder que quizás quien mejor lo definió fue Felipe González cuando, en relación con la llamada guerra sucia, dijo
aquello de que el Estado de derecho también se defiende en las alcantarillas.
Dicho esto, me voy a centrar en la cuestión por la que les pedí la comparecencia hace ya unos meses, primero al Partido Popular y posteriormente, cuando cambió el Gobierno, al Partido Socialista, que también está íntimamente relacionado con
la actuación y el proceder de la Audiencia Nacional. Usted lo ha mencionado, en febrero de este año se conoció la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenaba a España por trato inhumano y degradante a Igor Portu y Mattin
Sarasola, detenidos en enero de 2008, por cierto -luego hablaremos- después de ese protocolo que usted mencionaba, que es de 2007. Un acuerdo que fue adoptado en el tribunal europeo por unanimidad, aunque, es verdad, tres de los jueces emitieron un
voto particular porque querían ir más allá, porque creían que no había que hablar de trato inhumano, sino que había que hablar directamente y sin tapujos de torturas. Y con esta ya son nueve las sentencias que le han llegado desde el tribunal
europeo al Estado español, si bien es verdad que esta es la que habla de trato inhumano y las anteriores hablaban de falta de investigación. Por cierto -se lo recordé al ministro del Interior-, seis de ellas en casos instruidos por el señor
Grande-Marlaska cuando era juez en la Audiencia Nacional. Por tanto, entiendo que esta última sentencia es clarificadora, que va mucho más allá que las anteriores, y por eso le hemos preguntado por escrito y ahora le preguntamos a la ministra si el
Gobierno va a actuar en este sentido. Porque es verdad que en el caso de Portu y Sarasola hubo una primera sentencia condenatoria por parte de la Audiencia de Guipúzcoa -por cierto, labor que la propia sentencia europea destaca-, pero el Supremo
posteriormente absolvió a los guardias civiles condenados, y la sentencia de Estrasburgo -lo han dicho muchos juristas- se podría entender que es un varapalo a la actuación del Tribunal Supremo ya que censura el proceder de este. Por eso pregunto
al Gobierno qué opina al respecto y espero que no me argumente la independencia de la justicia y la separación de poderes. Le pregunto también cuántas condenas más tiene que recibir un Estado para dejar de ocultar la realidad de la tortura, para
acabar con la impunidad, con una Audiencia Nacional de por medio en la que se ha visto que ha sido sistemática. Es tal el manto de impunidad que se le ha ofrecido a las torturas que un subteniente de la guardia civil como Manuel Pastrana se ha
permitido mofarse de los torturados, además de reconocer el uso sistemático de la tortura. Ustedes han respondido por escrito a mi compañero en el Senado Jon Iñarritu y yo le pregunto si el Gobierno o la fiscalía no deberían actuar porque en esas
declaraciones se está reconociendo la comisión de un delito. Espero que no me vaya a responder, como por escrito, diciendo que anima usted a los que pudieran haber sido torturados a denunciar, porque sabemos que sistemáticamente esas denuncias son
archivadas, que apenas unos poquitos casos han llegado a juicio; este que mencionamos hoy es uno de ellos, pero las denuncias son muchísimas más. Hay diferentes números sobre los casos de tortura. Podríamos tomar como válido, por su seriedad, el
dato del informe que se ha hecho por orden del Gobierno vasco, que habla ya de 4000 aunque hay fuentes que hablan del doble. Precisamente Paco Etxeberria, un forense de prestigio que es quien ha dirigido este trabajo, decía recientemente sobre los
torturados entrevistados que la gente disimula más que simula; le daba veracidad a los testimonios; veracidad que ha sido certificada además con el protocolo de Estambul. Por eso le pregunto hasta cuándo se va a seguir ocultando, sin actuar o
cuántas evidencias más hacen falta para actuar, por decírselo de otra manera.
Tampoco me podrá decir usted -igual que no me puede argumentar la separación de poderes, al menos a mi modo de ver; usted, evidentemente, argumentará lo que considere oportuno- que es que llevan muy poco tiempo en el Gobierno porque en el
poco tiempo que llevan han hecho lo suficiente para que les delate. Nadie sabe todavía cuánto se van a dilatar los trámites para quitar las condecoraciones al torturador Billy el Niño, pero mientras tanto es invitado a una celebración en una
comisaría. Por cierto, no sé si el Gobierno actual, que dice que no va a actuar como el anterior, va a cambiar la instrucción que se dio para no colaborar con la juez Servini, con la querella argentina y por tanto con un procedimiento abierto,
entre otras, a esta persona por torturador en el franquismo.
Le hemos preguntado también al Gobierno si va a retirar otras condecoraciones -porque las hay, y muchas- a gentes franquistas o si se va a limitar a este caso. Aún no hemos recibido respuesta sobre esta pregunta. Y a falta de respuestas
escritas, lejos de quitar condecoraciones a condenados por torturas, ustedes además le han concedido una nueva a Manuel Sánchez Corbí, que fue condenado por torturar a Kepa Urra. Por tanto, mucho compromiso con los derechos humanos o con transponer
todo lo que se
refiere a ello al ordenamiento jurídico, pero la actuación, la verdad, no retrata eso que usted dice con palabras.
También recientemente, en una respuesta a unas preguntas formuladas al Gobierno en relación al informe emitido por el CPT del Consejo de Europa, nos decían que ustedes atienden siempre los requerimientos de organismos internacionales como el
Comité para la Prevención de la Tortura y que en la medida de sus posibilidades iban también a hacer caso de las recomendaciones. Entiendo que esta frase es algo así como no decir nada: ni sí, ni no, ni todo lo contrario. Sí son más claros en
otra petición concreta, la referente a la eliminación de la incomunicación, a la supresión de la misma de la legislación española. Es esta además una reclamación ampliamente realizada por organismos internacionales como CPT por cuanto que la
incomunicación no se ajusta a las normas internacionales de derechos humanos, que son de obligado cumplimiento para el Estado. También Amnistía Internacional lo viene exigiendo porque también considera que incumple las obligaciones contraídas en
virtud del derecho internacional. Sin embargo, ustedes afirman en su respuesta que, tal y como está hoy en día, la legislación española cumple con los parámetros de la normativa de la Unión Europea -no sé cómo esto es posible- y también con la
Carta de los Derechos Fundamentales. Y es que la incomunicación implica restricciones muy severas de los derechos de las personas detenidas y ofrece un periodo de tiempo opaco, sin control real, que facilita la vulneración de derechos humanos;
ofrece al menos un escenario que facilita o posibilita, no digo que automáticamente se vaya a dar pero sí que puede contribuir, ayudar a ello. Por eso se viene demandando desde Europa abolir la incomunicación, no limitarse a fortalecer las
garantías procesales, que es lo que viene a decir el Gobierno en sus respuestas. Pero además vienen pidiendo mucho más. Piden, junto con acabar con la incomunicación, permitir a la persona detenida, no que se sepa que está detenida, sino hablar
con su abogado sin presencia policial, contar con un abogado de confianza en los interrogatorios, que le examine un médico de su confianza, poder comunicar su situación a la familia, grabar las imágenes y la voz de los interrogatorios, realizar con
prontitud investigaciones exhaustivas sobre todas las denuncias de torturas, porque la práctica de largos años demuestra que la mayoría de los casos de tortura se han dado en periodos de incomunicación. Y a los hechos me remito. Ese protocolo que
mencionaba usted de 2007 ni siquiera llega a todas estas medidas, digamos que se queda a medio camino, pero tampoco impidió las torturas de Portu y Sarasola ni las torturas de otros que también denunciaron torturas a posteriori. En este caso
concreto además porque llegaron a los tribunales, porque fueron sentenciados en primera instancia y porque Europa ha dicho que hubo un trato inhumano para con estas personas.
Y yo pregunto: si fuera cierto -como he escuchado muchas veces en este Congreso- que los casos de torturas son aislados y que obedecen a comportamientos individuales, ¿por qué un proceder idéntico en todos los Gobiernos? Me explico:
negación de la tortura y, en caso de condena -en los pocos casos que se da-, indulto y ascenso, cuando no condecoración.
La señora PRESIDENTA: Está agotando su tiempo.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Termino; me quedan un par de frases.
Yo creo que es la mejor manera de demostrar que la tortura se ha utilizado sistemáticamente con un objetivo concreto por decisión oficial y general, no particular y aislada. Y creo que si realmente este Gobierno dice tener un compromiso con
todo lo que tiene que ver con los derechos humanos no puede pasar de largo, después de nueve sentencias, por esta cuestión, con lo poco que ha dicho hoy y con las pocas palabras y el poco tiempo que ha dedicado a la materia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), su portavoz el señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Haré una breve valoración o un breve comentario de los cinco o seis puntos que ha tratado. Respecto al procés catalán, al que se ha referido con ocasión de dos cuestiones, efectivamente la separación de poderes está ahí, no vamos a decir
nada más, aunque tengo que reconocer que esa manifestación que usted ha hecho en relación a ese chat entre los jueces, respecto a su independencia e imparcialidad, también en el procés catalán, que lo ha remitido al Consejo General del Poder
Judicial, pues nosotros, tengamos la opinión política que tengamos, que es conocida, comprendemos su postura, efectivamente
es una cuestión del Consejo General del Poder Judicial, pero lo que no me parece correcto y tengo que decírselo es que usted califique eso de 'foro privado'. Eso es un foro financiado con dinero público y en todo caso si seguimos
manteniendo la separación de poderes lo tendrá que determinar en su caso el Consejo General del Poder Judicial y luego nosotros, políticamente, ya lo valoraremos. Pero calificarlo de foro privado, a nosotros no nos parece muy adecuado dada su
naturaleza, dados sus participantes, dada su financiación y dado que es un instrumento necesariamente vinculado a la actividad jurisdiccional -no a una actividad privada- o para coadyuvar a su actividad jurisdiccional.
Respecto a las torturas, después de la intervención de la portavoz que me ha precedido en el uso de la palabra solo diré que ya existe un documento de hace muchos años, el documento de la Audiencia Nacional de 2007, el protocolo para presos
detenidos incomunicados, que tengo que recordar que en el caso de la Ertzaintza fue adoptado en su integridad en el País Vasco con los presos a los que se les aplicaba la prisión incomunicada. Y también recordar la Ley vasca 12/16, que ha tratado
de afrontar el reconocimiento y reparación de las víctimas de vulneración de derechos humanos causados por la represión ilícita.
En cuanto a las grabaciones del señor Villarejo, a las que usted ha dedicado buena parte de su intervención, como era previsible, tengo que recordarle que nuestro grupo parlamentario votó ayer en contra de la petición de su cese, y votamos
en contra básicamente por considerar que del contenido de esas grabaciones no se veía ninguna afección mediata ni inmediata a ninguna causa judicial o a una causa profesional en la que ninguno de los comensales estuviera participando. Eso a
nosotros nos parecía lo más relevante, así lo expresó este portavoz en Pleno, y fue el motivo principal respecto a esta cuestión para no sumarnos a la petición de cese. También dije, y lo tengo que recordar -y creo que todo el mundo estará de
acuerdo-, que la vida es como es y el lenguaje utilizado igual no fue el más ejemplarizante, pero creo que nadie está libre de esa culpa, desde luego el que habla tampoco, lo manifestamos y hoy lo repito.
Ahora bien, en lo que no estoy de acuerdo es en toda la motivación que usted hace respecto a esas conversaciones o esas grabaciones difundidas, sin perjuicio de lo que en su caso vaya a decirle la fiscalía, el Poder Judicial. Creo que hay
una jurisprudencia asentada, al menos hasta ahora, y es que la grabación de una conversación por uno de los partícipes no es reprochable, no es ilícita; en la medida en que nos despojamos de nuestra intimidad en una conversación hay numerosa
jurisprudencia que determina que esas grabaciones no son ilícitas salvo que afecten al derecho a la intimidad o a un derecho familiar, entonces yo no puedo compartir la motivación del rechazo de esas grabaciones. Yo entiendo su posición, pero,
desde nuestro punto de vista, creemos que esa no es una vía argumental. Nosotros nos basamos en el contenido concreto y entendemos que no afectó en aquel momento a su función -vamos a decirlo con carácter general- jurisdiccional, pero de ahí a
decir que las grabaciones del señor Villarejo por definición atentan a la seguridad del Estado, que son ilícitas y que son la fruta del árbol prohibido -por decirlo de alguna manera- no lo podemos compartir, sin que eso nos lleve, por supuesto -le
decía que no compartimos su motivación-, a reclamar su cese, porque ayer nosotros no nos sumamos y, dado lo conocido -tengo que volver a insistir-, no apoyamos su cese. Ahora bien -y con esto finalizo-, tengo que decir que no compartimos el bloque
de su argumentación respecto de estas grabaciones.
Muchas gracias, presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
A continuación, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Telechea.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Gracias, señora ministra, por comparecer esta tarde.
En primer lugar, respecto a las grabaciones del señor Villarejo -que esta tarde el tema va a causar furor-, ya no es tanto el contenido de las grabaciones en sí, que nos preocupe tal vez, como ha comentado la compañera del Grupo Mixto, la
complicidad en que se manifestaron esas declaraciones, que no entraremos a valorarlas nosotros tampoco, sino que tal vez lo que nos debe preocupar a todos y contra lo que debemos luchar para que termine es que este personaje -que no puede tener otro
nombre, por no descalificarlo de otra manera- se ha dedicado a grabar durante un montón de años a un montón de personas para después usarlas en su contra. Eso es lo que nos debe preocupar a todos, también a los señores del Partido Popular y a los
señores de Ciudadanos (rumores), porque ese señor debe tener
conversaciones de todo el mundo y las va a usar en contra de todo el mundo cuando más le convenga. Repito, eso es lo que nos debe preocupar.
Una vez dicho esto, usted también ha comentado que este señor es uno de los principales implicados en la Operación Cataluña, ideada y orquestada por el Partido Popular, y que tiene como objetivo incriminar a los políticos catalanes mediante
prácticas corruptas, la creación de una policía patriótica y la construcción de una estructura opaca dentro de las entrañas del Estado y que a día de hoy siguen trabajando, lamentablemente siguen trabajando. Una vez más, queda demostrado que las
cloacas del Estado siguen funcionando a pleno rendimiento a pesar de llevar ya cuarenta años en un régimen democrático, y es muy triste que esto esté pasando en este país.
Mi intervención de hoy va destinada a poner un poco en cuestión toda esta imparcialidad del sistema judicial español. Hace apenas unos días el magistrado del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, el señor Juan Antonio Ramírez,
comunicó que no había indicios de los delitos de rebelión y de sedición en los más de cuarenta investigados que acumula la causa a pesar de haber reconocido que no le correspondía la instrucción a este juzgado, que era incompetente, y más grave aún
cuando ha estado durante un año investigando unos hechos para los cuales no era competente, eludiendo así también la advertencia que la Audiencia Nacional le hizo en su momento, que no era competente para investigar esos hechos, esos delitos.
¿Cree usted realmente que se puede sustentar la causa del Tribunal Supremo contra nuestros presos y presas políticas tras conocer que este Juzgado de Instrucción número 13 comunica que no hay delito de rebelión y de sedición, cuando además
sabemos que este juzgado ha sido el que ha estado suministrando todas las pruebas en las que se basa la causa del Tribunal Supremo mediante todos los informes de investigaciones que ha hecho este Juzgado de Instrucción número 13, que además fue el
juzgado que ordenó las detenciones del pasado 20 de septiembre de 2017? Si el Estado es testigo de que se están vulnerando derechos y libertades fundamentales, también tiene la obligación legal y moral de paralizar esa vulneración y garantizar la
protección de esos derechos y libertades.
El 16 de octubre, la semana que viene, se cumplirá un año de la injusta privación de libertad de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez -debo recordar que Jordi Cuixart ingresó en prisión con un bebé de tan solo seis meses-, y el día 2 de noviembre
también hará un año del cruel encarcelamiento de Oriol Junqueras y de Joaquim Forn, todos ellos grandes personas y que son víctimas de la persecución y el escarmiento político de un Estado opresor y antidemocrático. Con todo el respeto, no me diga
que el Gobierno no puede hacer nada porque no es cierto. Somos conscientes de que legalmente el Gobierno no puede ni debe influir en ninguna causa judicial a pesar de que se ha estado haciendo hasta ahora constantemente por parte del Partido
Popular. Sin embargo, el Gobierno sí que dispone de otros mecanismos para garantizar los derechos y libertades de las presas y los presos políticos catalanes, como por ejemplo la Abogacía General del Estado, que usted ha comentado que depende del
Gobierno y que además estaban esperando a la calificación del ministerio fiscal en cuanto a la causa que sigue el juez Llarena.
¿Cómo piensa velar por un juicio justo cuando se está demostrando que el proceso no se ha llevado a cabo con todas las garantías constitucionales? ¿Cómo se garantizará la no judicialización de la política y la no politización de la
justicia? ¿Es necesario que le recuerde que a finales de agosto el president Carles Puigdemont, junto con las conselleres i consellers, Toni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig y Clara Ponsatí, presentaron una demanda civil ante la vulneración de
su derecho a la presunción de inocencia, el derecho al honor y a la falta de imparcialidad del juez Llarena o la presunta irregularidad en la designación del mismo juez Llarena para ocupar la Sala Segunda del Tribunal Supremo y después para instruir
la causa contra los representantes legítimos del pueblo catalán, proceso que presuntamente se remonta ya al año 2015, tras la consulta del 9 de noviembre de 2014?
Usted ha comentado que ha sido víctima de amenazas en el ejercicio de su cargo por su responsabilidad, entonces debe entender también la situación en que se encuentran nuestros presos y presas políticas en prisión, que son mujeres y hombres
buenos que no han cometido ningún delito y están privados de libertad lejos de sus familias, de sus seres queridos y de sus casas. Desde el inicio del proceso hemos presenciado cómo el Estado español lo único que quiere es destruirnos y humillarnos
como personas, como pueblo y como nación, ya sea apaleándonos el 1 de octubre, encarcelando a nuestros representantes o invalidándonos políticamente, como se ha comentado recientemente.
Nada más que decir. Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.
Señora ministra, nosotros pedimos su comparecencia por dos cuestiones, las dos que han centrado básicamente su intervención. La primera de ellas es la estrategia de su Gobierno en relación con el procedimiento seguido por el denominado
procés. Usted ha hecho una breve y escueta intervención en ese punto, ha dicho que es porque respeta absolutamente la independencia del Poder Judicial y entendía que desde ese respeto al Gobierno no le cabe inmiscuirse en las actuaciones
judiciales. Esa brevedad de la que usted ha hecho gala hoy contrasta, sin embargo, con lo que han hecho y hacen otros miembros de su Gobierno de forma reiterada y del partido que sustenta a su Gobierno.
Nosotros pedimos esta comparecencia a raíz de unas declaraciones del conseller Ernest Maragall, donde hacía referencia a que la ministra Meritxell Batet le había comunicado que se intervendría respecto a la fiscalía para conseguir una rebaja
en las penas o para obtener algún trato de favor respecto a los prófugos y a los encarcelados en el caso procés. Posteriormente fue desmentido, es verdad, de forma bastante ambigua por el señor Maragall y de forma contundente por la señora Batet.
Pero la señora Batet, cuando desmintió eso, deslizó una frase -leo textualmente-: La ministra Batet reconoce que los presos siempre están en las conversaciones que el Gobierno mantiene con la Generalitat. Estoy leyendo una noticia de prensa.
Usted ha hecho profusa alusión a noticias de prensa y yo también lo haré. ¿De qué hablan en esas conversaciones entre la Generalitat y el Gobierno respecto a unos presos encarcelados preventivamente por la posible comisión de delitos gravísimos
encausados ante el Tribunal Supremo? ¿De qué hablan en esas conversaciones? ¿Quizá del acercamiento, que fue la primera medida de flexibilización por parte del Gobierno respecto a ese acercamiento de los presos a cárceles próximas a Cataluña y
controladas, desde luego, en cuanto a su régimen interior por la Generalitat que les permite disfrutar de un régimen absolutamente laxo, mucho más beneficioso del que disfrutan el resto de presos en las cárceles catalanas y de las que no son
cárceles catalanas, de los presos catalanes en cárceles de Cataluña o en el resto de España? En todo caso, ¿de qué hablan? ¿A qué se refería la ministra Meritxel cuando hacía referencia a que los presos siempre están presentes en esas
conversaciones?
También, miembros de su Gobierno reiteradamente, en una actuación que a nosotros nos parece que es una obstrucción evidente a la actuación de la justicia, han manifestado ser favorables a la concesión de un indulto; una actuación
absolutamente extraordinaria. Yo no he visto nunca pronunciarse respecto a la petición de un indulto, cuando ni siquiera se ha celebrado el juicio, cuando ni siquiera hay condena y cuando ni siquiera sabemos cuáles son las circunstancias personales
en las que se producirá la aplicación y la ejecución de esa condena. Y esas manifestaciones reiteradas son una interferencia directa en la independencia del Poder Judicial. Es un camino para buscar la impunidad en esos procedimientos. Y si usted
hace gala de ese respeto, como ha hecho hoy aquí, a la independencia del Poder Judicial, tiene hoy aquí en esta sala que desautorizar a la vicepresidenta del Gobierno, al ministro Ábalos, a la delegada del Gobierno en Cataluña, a la propia ministra
Batet y al secretario general del Partido Socialista de Cataluña, señor Iceta, que reiteradamente le han dicho a los jueces que están instruyendo este proceso y a los que, en su caso, lo tendrán que fallar, que harán lo posible para que esas
sentencias, que en su caso y en aplicación estricta de la Ley del Código Penal se puedan dictar, no sean de aplicación. Si eso no es deslegitimar el Poder Judicial, si eso no es poner obstáculos y palos en las ruedas a la actuación del Poder
Judicial que venga Dios y lo vea. Nosotros creemos que sí lo es. Vuelvo a decir, usted es ministra de Justicia, y si cree en esas palabras que ha dicho aquí con tanta contundencia, desmienta hoy, aquí y ahora, a esos compañeros de Gobierno y de
partido que le hacen un flaco favor a la independencia del Poder Judicial.
Podríamos hablar de más cuestiones de esa deslegitimación del Poder Judicial de su Gobierno, la confusa y atropellada decisión de prestar, finalmente, defensa al juez Llarena ante esa ilegítima y absolutamente excéntrica demanda en Bélgica
de carácter civil. Usted dijo, primero, que el Ministerio de Justicia no iba a darle cobertura porque entendía que era un asunto particular, independientemente de que se defendiesen los intereses del Estado, pero no al señor Llarena. Se lo
ratificó de manera bastante contundente la vicepresidenta; esto se produjo un jueves. El viernes, la propia vicepresidenta lo ratificó. El sábado se produjo un auténtico terremoto judicial con todas las asociaciones judiciales publicando un
comunicado, en el cual le solicitaba rectificación. Y fue el presidente del Gobierno, un domingo por la tarde, en un comunicado emitido desde Moncloa, el que la rectificó a usted y dijo que sí se le iba a dar la
asistencia de defensa necesaria al juez Llarena; una deslegitimación, por lo tanto, de una actuación suya. Y eso también fue, a nuestro modo de ver, una manera de socavar la independencia del Poder Judicial. Porque no puede ser que un
poder del Estado ponga palos en las ruedas y deslegitime a otro poder de ese mismo Estado. Ustedes son una columna del Estado; el Poder Judicial es otra columna de ese Estado. Y su última frase 'defender al Estado y a las instituciones' le obliga
a defender a ese otro poder, el Poder Judicial, que, además, en este caso está haciendo una inestimable labor en defensa de la Constitución, de la democracia y en defensa de los derechos de todos los españoles.
En cuanto al segundo punto que ha ocupado su intervención, que son las relaciones con el señor Villarejo, ha estado usted muy contundente. Permítame, en primer lugar, hacer un pequeño chascarrillo; de su intervención se podría colegir que
es usted una especie de Eliot Ness a la española. Pero, sinceramente, cuando contrasta uno eso con el contenido de esas conversaciones, parece más que estamos en una película de Torrente que en otras cosas, señora ministra. Se lo digo sin ningún
ánimo de ofensa. También le digo que esas apelaciones a la derecha, a la extrema derecha y más allá de la derecha, que han ido acompañadas de esa opa hostil desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista, seguramente para que se visualizase
físicamente la ubicación de los demás, mire, da igual, a mí las etiquetas me importan muy poco, puede hacer todo el énfasis que quiera en eso, pero desde luego eso no va a ocultar lo que son responsabilidades políticas evidentes.
También le digo una cosa, nosotros no enfocamos esto ni lo enfocaremos en ningún caso como un enjuiciamiento a su trayectoria profesional, en absoluto, a la que respetamos absolutamente. Pero también le digo que no se escude detrás de su
trayectoria profesional, no se escude, para tapar las equivocaciones, los errores y esquivar esas responsabilidades políticas. No se trata de que haya persona corrupta, policía corrupto y chantajeador que chantajee al Estado; se trata de que
necesitamos a una ministra que no pueda ser chantajeada. De eso se trata, ministra; no de que haya chantajes, sino de si una persona pueda ser chantajeada o no, porque en un momento como este necesitamos, precisamente, defender el Estado y
necesitamos instituciones fuertes. Y nosotros tenemos muchas dudas, bastantes, de que usted sea la persona más adecuada para estar al frente de esas instituciones en este momento.
Sobre este asunto, voy a hacer también referencia por noticias de prensa; hemos sabido que tras conocerse esa relación con el excomisario Villarejo -que usted negó en una primera versión y que después fue corrigiendo en una serie de
comunicados, hasta cuatro-, según la prensa, usted presentó su dimisión al presidente del Gobierno. Déjeme que haga un breve repaso de la sucesión de hechos que preceden a esa situación.
La señora PRESIDENTA: Tiene que ser muy breve porque le queda un minuto, señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Sí. Se producen las cuatro rectificaciones, se producen las filtraciones de unas conversaciones, en las cuales no voy a entrar ni en el lenguaje ni en comentarios más o menos de carácter personal, pero ahí se
hacen relatos muy graves. Y la pregunta que yo le hago es, ¿cuándo descubrió usted que el señor Villarejo era un policía corrupto y chantajeador? ¿Cuándo lo descubrió usted? Si la chantajeó directamente a usted, ¿cuál fue el precio solicitado por
ese chantaje? Usted ha hecho referencia a que pretendía obtener su libertad, pero le pedimos claridad en esto. ¿Cuándo fue? Usted hoy ha dicho aquí -creo recordar y, si no, corríjame- que acudió a una sola comida; pero en el último de esos
comunicados que han caído en sucesión usted ha dicho que tuvo al menos tres encuentros con el señor Villarejo. ¿De qué trataron los otros dos? ¿En qué circunstancias se produjeron los otros dos encuentros con el señor Villarejo?
Nada más. Esta es una primera intervención. Me hubiese gustado tener más tiempo. Es evidente que es un asunto de extrema importancia, pero básicamente de lo que se trata es de defender al Estado, como usted dice, y a las instituciones, y
precisamente cuando se deslegitima al Estado y a las instituciones es cuando se pretende permanecer en el puesto, como usted, cuando es una persona que por sus mochilas del pasado, que se ponen de manifiesto en esas grabaciones -nosotros no vamos a
entrar en si son ilegales o no, eso tendrá que verse en un procedimiento judicial-, probablemente no esté en las mejores condiciones para responder a esos chantajes.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Prendes.
A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, van a compartir su tiempo los portavoces Santos y Moya. Os organizáis vosotros y sabéis que disponéis de diez minutos.
El señor SANTOS ITOIZ: Arratsalde on. Buenas tardes, señora presidenta.
Gracias, señora ministra. Usted ha hecho hoy una cosa importante y luego ha hecho una cosa inteligente. ¿Cuál es la cosa importante? Creo que es de las pocas veces que por parte de una alta representación del Estado, acudiendo a los
escritos de fiscalía, acudiendo a la Comisión de investigación que hubo en este Congreso, se reconoce que tenemos un problema grave y serio con las cloacas del Estado y se reconoce que ese problema grave y serio puede afectar a altas instituciones
del Estado. Celebramos que este hecho sea así, aunque lamentamos que se hayan tenido que producir estos hechos y este acoso -usted dice que en su persona o en su Gobierno- para que este hecho salga a la luz y sea reconocido y rechazado tan
elocuentemente como usted lo ha hecho en este momento. Lo decimos porque muchas veces hemos sentido que nos quedábamos muy solos en la denuncia de todos estos hechos, y si alguien puede pensar que hay un partido que realmente nació y surgió libre
de todo este tipo de planteamientos y libre de todo este tipo de relaciones con personas corruptas es Podemos.
Esto lo enlazo con la cosa inteligente que usted hace, que es presentarnos conjuntamente a su Gobierno y a nosotros como víctimas de un chantaje, como ya se vio. Lo que pasa es que para ser víctima de un chantaje hace falta algo con lo que
te chantajeen, algo con lo cual tú tengas capacidad de cambio o intercambio, y en nuestro caso -esa es la diferencia- esto no fue así y fue tan burdo que la ultra extrema derecha, o llámele como usted quiera, nos puso tantas querellas archivadas que
al final, aunque la verdad no se sostiene, se sigue repitiendo como un manta. Eso es así y, cuando eso ocurre, todos salimos perjudicados. Pero es verdad, señora ministra -usted es buena conocedora del Código Penal-, que no siempre el chantajeado
es una víctima inocente, que a veces el chantajeado lo es como consecuencia de haber cometido algún tipo de infracción. Por tanto, si ha acudido usted al Código Penal, existe la posibilidad de aplicar el criterio de oportunidad, que es que si usted
desvela el chantaje yo no le acuso. Eso, traducido en términos políticos, es muy sencillo. Usted tiene que estar en condiciones de plantear sencillamente que no existe ningún tipo de chantaje, ninguna posibilidad de que haya consecuencias, de que
por estas revelaciones expresas o presuntas se pague un precio de algún tipo que tenga que ver con la corrupción. En ese sentido muchas veces, insistimos, nos hemos quedado solos en esa denuncia porque su propio partido, el Partido Socialista, se
ha negado a que comparezca, por ejemplo, Villarejo en la Cámara, o podemos ver, por ejemplo, que el abogado de una de las personas encausadas en la Operación Tándem, el señor Garzón, le ha defendido públicamente y después ha corrido a solicitar la
nulidad de toda la causa, la nulidad de las escuchas en este tema. Por tanto, forma parte de la exigencia de responsabilidad política asegurar que esa oportunidad se da. Eso implica a su Gobierno en acciones muy concretas contra esto que usted ha
empezado denunciando.
Esas son las acciones que esperamos ver. Esperamos que su Gobierno emprenda acciones enérgicas para depurar todo esto que es tan grave y que realmente está teniendo influencia. Esperamos y todavía no hemos visto cuál es el programa por el
cual esa policía política, esa corrupción, esas cloacas que han permeado las altas administraciones del Estado, se van a limpiar y a depurar. Y esperamos, en definitiva, acciones que no se han producido con otros Gobiernos, porque usted ha
mencionado diversas condecoraciones que se le han dado al señor Villarejo por parte de Gobiernos del Partido Popular, pero no ha mencionado que también se le condecoró por ministros del Interior del Partido Socialista. Por tanto, no sabemos si
ustedes se plantean, por ejemplo, retirar esas condecoraciones en lo que supone de honor público a una persona que, evidentemente -a estas alturas todos lo sabemos-, no lo merece. Por tanto, esperamos esas obras, y eso nos dará la posibilidad de
saber o no si usted, que está defendiendo su idoneidad, es idónea o no para este cometido.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Moya.
El señor MOYA MATAS: Bona tarda, buenas tardes, señora ministra.
Respecto a la cuestión catalana, usted en su intervención ha afirmado su voluntad de trabajar por la convivencia, y sabe perfectamente que si un escollo hay a día de hoy en la convivencia en Cataluña es la cuestión de los presos y las presas
políticas. Es una cuestión central en la agenda de la necesaria e imprescindible distensión y diálogo. La ciudadanía de Cataluña ha solicitado reiteradamente, lo más recientemente en las manifestaciones del 11 de septiembre y del 1 de octubre, la
exigencia de esa salida democrática, y constatamos que ni su Gobierno ni el Gobierno del señor Torra están desarrollando la necesaria intensidad para conseguir esta salida dialogada. Su Gobierno, a pesar de las múltiples contradicciones que hemos
visto entre las declaraciones de la ministra Batet o del ministro Marlaska,
empezó bien, acogiendo las demandas de acercamiento de los presos y las presas. Sin embargo, a partir de entonces no hemos visto más que vagas declaraciones rechazando la aplicación de la prisión preventiva, pero que han sido desoídas no
solo por el Tribunal Constitucional, sino también por la Fiscalía General del Estado, que no ha cambiado su criterio respecto al anterior fiscal general del Estado. Quisiéramos saber cuál es su opinión respecto a esta cuestión y si comparte que la
prisión preventiva de los líderes sociales y políticos es absolutamente desmesurada.
Lo que no le vamos a pedir es que rompa con la autonomía de la fiscalía. No le vamos a pedir un trato de favor ni le vamos a pedir que actúe como sí actuó el anterior ministro de Justicia del Partido Popular, imponiendo a la fiscalía
ciertos cambios de criterio en algunos asuntos relacionados con la corrupción, pero su Gobierno sí tiene en su mano dar orientaciones generales. Si en realidad el criterio de su Gobierno es considerar que la prisión preventiva es una medida
apresurada, excesiva e inapropiada, puede hacer estas orientaciones y sugerir incluso la adopción de medidas alternativas. Incluso también si considera que los hechos descritos no encajan con el tipo de delitos de rebelión o sedición, podrían
llevar a cabo estas orientaciones generales dirigidas a la fiscal general del Estado. Pero no solo eso. También hay opciones políticas y legales que se podrían explorar para dar una solución, una salida a la crisis de los presos y las presas
políticas, explorar la amnistía, explorar el indulto, vías en las cuales nuestro partido y seguro que otras formaciones se sentarían a la mesa a hablar con usted y con su Gobierno para abordar esta cuestión y solucionarlo en la vía del trabajo por
la convivencia.
También le queremos trasladar nuestra preocupación por el juicio del procés, la preocupación por la propia composición del tribunal, en la que vemos que cuatro de los siete magistrados que van a conocer la causa ya participaron en la fase de
instrucción. Entendemos que ello lesiona directamente el derecho a un juicio imparcial, especialmente en el caso del propio presidente de sala, don Manuel Marchena, que fue el que redactó el auto de admisión a trámite de la querella, por no
recordar la polémica del trato de favor sin precedentes recibido por su hija Sofía en la fiscalía.
Concluimos, por tanto, en que hay un evidente problema en el Poder Judicial, una crisis de legitimidad que sigue manifestándose no solo por el caso del polémico chat que ya se ha contemplado por diversas intervenciones hoy, sino que también
entendemos que no hay suficientes respuestas a las demandas del feminismo, vemos también las sentencias contra artistas, contra raperos, la violación del derecho a la libertad de expresión, etcétera. Es el descrédito del Poder Judicial no solo en
Cataluña, sino en el Estado español y, evidentemente, también en Europa. Toda esta deslegitimación del aparato judicial ataca directamente al propio Estado de derecho. Le quisiéramos preguntar si comparte esa diagnosis y qué piensa hacer su
Gobierno para recuperar la credibilidad del Poder Judicial.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Campo Moreno.
El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señora ministra, por la mucha información. La verdad es que uno se prepara las intervenciones y la realidad sorprende, cosa que no deja de ser enriquecedor.
Ayer comenzaba mi intervención -en ese ejercicio de funambulismo al que asistimos- diciendo que era muy chocante en los tiempos la moción consecuencia de interpelación urgente porque desde luego la iba a reprobar una mayoría de la Cámara sin
haberla oído. Y hoy pensaba entrar en la misma línea y decir que estamos en la segunda parte de una mala obra, pero reconozco que, quizá por la brillante intervención de la ministra, o por la intervención de la ministra, para que no me digan que
hay un apoyo excesivo, le diré que nos ha dado mucho material, mucha información. Ayer argumentaba en dos bloques: el caso -vamos a entenderlo así para correr y no perder el tiempo- Llarena, es decir el apoyo a la soberanía jurisdiccional y el
equipo de abogados que le asistieron, y después un segundo bloque -entendamos que es la misma simplificación-, el caso Villarejo. Decía que si tuviera que explicar esto a un ciudadano anónimo le diría que está el mundo al revés, porque creo que si
algo debemos tener claro los parlamentarios y los juristas es el ordenamiento jurídico y dónde nos movemos, el orden de movimientos, y ese orden de movimientos lo da el 108 de la Constitución y leyes complementarias del ordenamiento jurídico como la
Ley de Transparencia. ¿A qué me refería? A que es la gestión del Gobierno la que tiene que ser sometida al control por esta Cámara, y gestión del Gobierno no es lo que ocurrió hace nueve años en una cafetería donde se graban, de una manera
subrepticia por supuesto, sin conocimiento de los comensales y sin saber -y aquí quizá sale el juezón que llevo dentro- la posibilidad de estar manipuladas o no, porque no lo sé, pero me da igual, porque hoy en cambio sí veo que esos que ayer
incluso con su
voto favorable -todavía no ha hablado el Partido Popular y no sé lo que dirá-, pero los que han hablado incluso votaron ayer contra su actuación, y por tanto pidiendo su dimisión y si usted no lo hacía voluntariamente el presidente del
Gobierno la cesara, hoy la erigen en la líder de un Gobierno, porque el señor Prendes -permítame la denominación- le dice que desautorice usted nada más y nada menos que a la vicepresidenta del Gobierno, a dos, tres o cuatro ministros, y al delegado
del Gobierno en relación con manifestaciones que hicieron sobre el indulto. Bien, señora ministra, este es el camino, porque desde luego creo que la ministra de Justicia tiene un papel preeminente en el Gobierno para alguien que ayer pedía su
dimisión o cese, con lo cual me alegro.
Podemos -es verdad que optó por un camino diferente, simplemente se abstuvieron, pero con esa abstención propiciaron en buena medida el resultado final- también le piden que no permita el chantaje de las cloacas del Estado, y por tanto le
dan un vigor que es el que desde luego este grupo parlamentario quiere que tenga su ministra, y el ministro o la ministra de cualquier Gobierno, porque es el Gobierno de España. Lo dije ayer y lo vuelvo a repetir hoy: son cuestiones de Estado las
que aquí nos traen.
A mí me encantaría hablar del procés, pero realmente ahí incluso creo -y permítamelo la ministra como una pequeñísima crítica- que tiene muy poco que decir una ministra de Justicia, salvo en la visión del Gobierno, la Abogacía del Estado,
pero evidentemente en el comportamiento autónomo de la Fiscalía General del Estado, de la fiscalía, no tiene nada que hacer el Gobierno, y sobre velar por la independencia muy poquito, porque para eso está el Consejo General del Poder Judicial. Con
esto enlazo igualmente con -y quizá no me puedo sustraer por la misma condición personal a la que hacía referencia hace un momento- el célebre alubión de chats privados con el correo.web del Consejo General del Poder Judicial. Ahí discrepo con el
señor Legarda. Creo que la doctrina del Constitucional es taxativa. Una cuestión es que la empresa -en este caso entiéndase Consejo General del Poder Judicial- puede poner al servicio de sus usuarios y empleados un correo, pero si lo pone y no
pacta ningún tipo de condición el concepto de intimidad blinda esa posibilidad, de tal modo que nuevamente volvemos a tener algo que aflora de una manera irregular, y permítanmelo para no entrar en disquisiciones, que después nos dicen que los
juristas nos perdemos en las denominaciones. Creo que ese es el argumento. Porque al final, y no quiero escaparme del tema Villarejo, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué se está enjuiciando? Realmente a mí -lo dije ayer en nombre de mi grupo- me
produce estupor, porque no dejan de ser con unas finalidades, las que sean, porque yo no lo sé, no sé si él quiere chantajear -la ministra dice que sí y me parece perfecto y lo asumo-, no lo sé, y ni siquiera sé si él es el proveedor a todos los
medios de comunicación. Lo que sí tengo claro es que esto nos daría para unos debates sumamente interesantes, como dije ayer también, primero, en cuanto a qué prensa quiere este país, qué información veraz tiene, y cómo jugamos con las
portadas.com, porque desde luego invoqué a Kapuscinski cuando hablaba de que si descubrimos que la información es un valor, la verdad deja de tener mucha importancia. Y no queremos que eso sea así, porque queremos otra vez agarrarnos a la
información veraz a la que tenemos derecho los ciudadanos conforme a nuestro texto constitucional. Y eso es en lo único en lo que me tengo que mover, no hay más.
A partir de ahí, claro que tendremos que seguir creciendo como democracia a la hora de diferenciar lo que es lo público de lo privado, lo que es la vida del profesional de la vida profesional, y lo que es el ámbito a efectos de
responsabilidad de actuaciones pasadas en relación con el presente, pero en suma todo eso nos lleva al paquete global de delimitar la legalidad y la ilegalidad de lo ético, cuestiones en las que tenemos todavía mucho camino que recorrer, pero
tampoco es malo. Tenemos un ordenamiento jurídico amplio, con nuestra Constitución como vértice de la pirámide, y tenemos un Tribunal Constitucional que es capaz de modular la adecuación constitucional a la realidad social. Por tanto confiemos en
las instituciones. La transparencia está muy bien, lo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque creo que es uno de los grandes paradigmas de la democracia, pero sobre todo la confianza en las instituciones, porque ese es el verdadero espíritu
democrático, y por eso le agradezco a la señora ministra toda la información que nos ha suministrado.
Gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Ahora tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señora ministra. Creo que usted y yo para hablar esta tarde debemos dejar de lado nuestra condición de mujer. Ni usted ni yo tenemos un hombre delante, detrás o al lado, porque hemos demostrado, y eso se lo reconozco,
suficiente capacidad como para que se nos reconozca por nosotras mismas, sea cual sea nuestro sexo y nuestra identidad sexual, para trabajar en lo que estamos aquí.
Estamos en el Parlamento. Usted es ministra del Gobierno de España. Usted ha pedido comparecer en esta Cámara. Otros grupos han pedido que comparezca, y usted está en un trámite de control. Es el control del Parlamento, es el control de
la democracia, es el control de la soberanía nacional, y usted nos ha faltado al respeto. Ha faltado al respeto con una de las intervenciones más sectarias que se conocen en la historia parlamentaria de este Congreso en la democracia. (Aplausos).
Usted hoy ha puesto de manifiesto que la credibilidad que queríamos mantener, porque entendemos -y yo lo dije ayer- que para mí era una pena como funcionaria pública de carrera tener que hablar de una funcionaria pública de carrera, y ahora
una servidora del Estado como ministra, sobre temas que este grupo parlamentario no se ha inventado, que este grupo parlamentario no ha sacado a la luz, que este grupo parlamentario no ha utilizado, y que si usted nos va a decir después qué es la
derecha, la extrema derecha, y la extrema extrema derecha, a lo mejor tiene que decirnos dónde sitúa a Podemos. No lo sé. Me gustaría que me lo dijera. (La señora Elizo Serrano: A la derecha.-Risas). Pero es irrelevante.
Fíjese usted con su intervención en el día de hoy en esta Comisión ha hecho buenas y nos ha entrado la paz cuando han intervenido los representantes de Bildu. ¡Fíjese usted hasta qué punto ha sido sectaria! Y además tengo que decirle que
hoy aquí con sus palabras -que voy a recordar resumidamente- acaba de justificar que esta Cámara haga la regulación más rigurosa posible de las puertas giratorias entre justicia y política. Usted ha realizado una proclama intolerable siendo
ministra de España que tiene que dejar de lado la ideología -que la tiene y no se lo reprochamos en absoluto-, pero como ministra no puede hacer lo que ha hecho hoy aquí. Si además usted ha sido fiscal y utiliza determinadas tácticas no puede
volver usted a la carrera fiscal. Por tanto creo que eso se lo tendría que hacer mirar. (Rumores.-Aplausos).
Mire usted, puede hacer todas las proclamas feministas que quiera cada día que intervenga aquí o fuera de la Cámara. El problema de esas grabaciones de las que estamos hablando, y que conocimos todos a través de los mismos medios de
comunicación -desde luego mi grupo parlamentario y quien le habla-, ponen de manifiesto que usted en privado no opina lo mismo que en público. Ayer dije -si usted ha tenido ocasión de leer o escuchar, desde luego no en la Cámara, mi intervención-
que las grabaciones podrán ser reprochables, podrá ser reprochable quien las ha trasladado, quien las ha hecho, efectivamente. El problema es que usted no es solo una ciudadana, es que usted es una servidora pública con una trayectoria profesional
y en todo aquello que es intachable -se lo dije el primer día que estuvo en esta Comisión- no tengo nada que decir, pero esas grabaciones ponen de manifiesto que hay un periodo de su vida que parece que no es ejemplar. Esa falta de ejemplaridad y
la mentira que usted ha dicho hoy aquí que no se ha producido es evidente, porque vivimos en la época de la comunicación. Y aunque ustedes están queriendo silenciar y culpar a los medios de comunicación, mire usted, señora ministra, los medios de
comunicación han puesto encima de la mesa cuál es su lenguaje, cuáles son sus preferencias, cuánto de amabilidad y cercanía tenía con quien el primer día dijo que, salvo en eventos, nunca había tenido ninguna relación ni personal ni profesional.
Inmediatamente después dijo que, bueno, quizá había tenido algún encuentro de carácter meramente profesional. Después el ministerio emite un insólito comunicado -para ser el ministerio- y dice que al menos reconoce usted que han existido tres
encuentros. Nunca dice que no se ha producido el encuentro de esa grabación. Por lo tanto no somos nosotros, no es mi grupo parlamentario, no es esta portavoz quienes han puesto encima de la mesa la gravedad de los contenidos de esas grabaciones.
Eso sí, hemos pedido muchas veces que pongamos coto a la utilización de filtraciones, que respetemos los derechos de todos.
Creo que hay que reconocer aquí lo que dijo tantas veces un gran fiscal general del Estado que ya no está con nosotros, y es que cuando uno es fiscal -y si es fiscal general del Estado- tiene que estar en la defensa de los derechos y de los
intereses de todos. Usted y yo somos un poquito juristas y sabemos que la grandeza de nuestra democracia y de nuestra Constitución está en defender absolutamente de la misma manera a todos, incluso al peor delincuente, porque ese es el derecho a la
defensa y esa es la garantía de nuestro Estado de derecho.
Usted en su intervención ha puesto de manifiesto lo siguiente: un chantaje y una extorsión. Usted viene hablando del chantaje en distintas etapas. Primero, un chantaje -y lo define a su manera- personal; luego un chantaje al Gobierno;
luego un chantaje al Estado. Me remito -lo va a poder ver en el Diario de Sesiones- a la sesión de esta mañana, donde hacía una definición de chantaje que no es extorsión, y que no está en el diccionario de la Real Academia. Para que no me acusen
de que hago una definición personalista me remito al diccionario de la Real Academia: presión que se ejerce sobre alguien mediante amenazas para obligarlo a actuar de determinada manera y obtener así dinero u otro beneficio.
Lo ha dicho el representante de Podemos. ¿Usted está en condiciones, está el Gobierno en condiciones de ceder a ningún chantaje? Porque si ustedes siguen insistiendo en que es un chantaje -desde luego yo no creo que sea un chantaje al
Estado a través de usted, perdóneme, vamos a ser un poco más humildes, vamos a ser un poco más modestas- entonces es que usted está reconociendo, primero, que hay algo por lo que chantajearla, y segundo, que hay algo que ustedes podrían hacer en
condiciones de cumplir. Realmente eso es tan grave como todo lo que pueda aparecer en las grabaciones.
Usted ha hablado de mafia, pero se ha demostrado -y usted lo ha reconocido- que estaba en esa comida que creo que era una celebración de una medalla concedida por el Gobierno socialista creo, pero usted me lo dirá que estaba allí
supuestamente -a lo mejor no era usted-, pero usted ya ha reconocido que estaba allí. Y la familiaridad -yo desde luego no hablo con esa familiaridad, aparte de que cierto lenguaje no lo utilizo nunca ni en público ni en privado- con la mafia,
usted estaba con la mafia, y si usted sabe que es mafia -usted lo ha dicho y luego podrá ver su interpretación-, usted ha llegado aquí poniendo el ventilador. Es la segunda vez que utiliza la estrategia -evidentemente es libre de hacerlo- de que la
mejor defensa es un buen ataque. Pero fíjese, esa defensa que ha hecho con un ataque mintiendo nuevamente, utilizando el trabajo del Gobierno anterior que usted pone encima de la mesa -pero de eso hablaremos otro momento-, usted miente porque se
pueden seguir sus declaraciones y los comunicados del ministerio a lo largo de todo este tiempo. Y usted para intentar que no hablemos de lo fundamental nos ataca, ataca al Partido Popular, y permanentemente utiliza la corrupción sistémica, frase
que acuñara el señor Garzón en su famoso libro en el año 2015, y que luego atribuyó a una sentencia que todavía no había salido, pero también de eso podemos hablar en otro momento. Usted en cada intervención en los últimos días no ha actuado como
ministra, usted ha actuado como si estuviera en el peor de los mítines de un partido para alentar a las masas.
La señora PRESIDENTA: Está agotando su tiempo, señora Moro.
La señora MORO ALCARAZ: Voy a ir terminando, señora presidenta. Estoy en nueve minutos con catorce segundos, más lo que estamos perdiendo en este momento.
Usted ha dicho además que es una víctima. No lo sé, a lo mejor lo es. Hoy esperábamos que nos explicara si es o no una víctima, pero usted es la que ha decidido la estrategia de la comparecencia, no nosotros. Usted nos ha amenazado, nos
ha amenazado: no voy a tolerar, no voy a consentir, no voy a permitir. Y además todo eso está en la cuenta oficial del Ministerio de Justicia. Le pido en nombre de mi grupo el inmediato cese del community manager que ha utilizado palabras
sectarias, no explicaciones, no datos, no informaciones -que era lo que pretendíamos oír de usted en esta primera intervención- sobre esa cuestión.
Mire usted, señora ministra -y concluyo esta intervención-, la dignidad se tiene como persona -como usted sabe-, el respeto se gana con el trabajo, con lo que usted ha contado sobre su currículum, y la mayor parte yo -se lo dicho y se lo
seguiré diciendo- no la he cuestionado en ningún momento, pero se puede perder en un instante. A usted este instante le está durando mucho, señora ministra reprobada.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro. Y gracias a todos los portavoces porque se han ajustado muy bien al uso del tiempo.
Ahora tiene de nuevo la palabra la compareciente, la señora ministra, para responder a sus intervenciones.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.
Haré algunas puntualizaciones y voy a intentar hacer todo el recorrido de los portavoces. Señora Beitialarrangoitia -me cuesta pronunciarlo, creo que más o menos me ha salido-, quiero decirle en primer lugar que el señor Villarejo nunca
trabajó en la Audiencia Nacional. Quiero decir que no ejercía, estaba en Interior, pero Villarejo no estaba en la Audiencia Nacional, no era un comisario lo que llamamos operativo, no dirigía ningún grupo de personas allí en la Audiencia Nacional.
Con lo cual con él no se trabajaba y no estaba en la Audiencia Nacional. Sobre la desaparición que ha dicho usted de la Audiencia Nacional, creo que la Audiencia Nacional es absolutamente necesaria e importante en la lucha contra la criminalidad
organizada, y así se ha demostrado contra el terrorismo, contra la corrupción... La Audiencia Nacional es en este momento uno de los órganos jurisdiccionales que mejor están trabajando en esa lucha contra el crimen organizado, y además tenemos por
ello un importante prestigio internacional.
En cuanto a la instrucción que se dio a los fiscales allá por el 30 de septiembre del año 2016 por la entonces fiscal general del Estado nombrada por el Partido Popular, no fue una instrucción formal, fue una carta que se remitió. No se
puede dejar sin efecto, porque no tenía tampoco efectos jurídicos, era una recomendación que no se basaba en el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y no tenía efectos jurídicos. Por lo tanto nada hay que dejar sin efecto. Ya he dicho esta
mañana en la sesión de control que lo que sí va a hacer desde luego el Ministerio de Justicia -que es lo único que puedo hacer- es tramitar aquellas peticiones de auxilio, aquellas comisiones rogatorias que vengan por el cauce adecuado, que tengan
un sustento en un convenio de cooperación internacional o bien basándose en el principio de reciprocidad, que es un principio de cooperación internacional, y se dará el trámite oportuno. Después los jueces y los fiscales, unos en cuanto a su
autonomía y los otros en cuanto a su independencia jurisdiccional, repito, harán lo que tengan que hacer con ellas. Yo pondré los medios, las tramitaremos y nos adoptaremos a la norma, en este caso tanto nacional como a la normativa internacional.
Tengo que decir que aquí en España no hay una negación de la tortura, he dicho justamente todo lo contrario. Hemos asumido y asumimos las sentencias que emanen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, se ejecutarán como se ha realizado, y
en esa línea estamos.
Señor Legarda, quiero decirle, y en eso estoy con el portavoz del Grupo Socialista, que no se puede confundir el foro privado con un foro público. El foro privado es aquel al que no tiene acceso todo el mundo, es decir, no es público; se
dedican unos profesionales, en este caso son jueces y magistrados, y solo tienen acceso ellos. Por tanto a esos efectos sí es un foro privado. Por otro lado, en cuanto a grabaciones, dice usted que existe jurisprudencia, que se la sabe, pero no se
adapta a este caso, porque recordemos que el señor Villarejo era comisario de policía, y grababa un policía, hay una jurisprudencia diferente al respecto y no vamos a entrar en ello.
Señora Telechea, he de decirle que la posición del Ministerio de Justicia será la que sea -estoy hablando ahora del procés- en cuanto a criterios estrictamente jurídicos. Está la Abogacía General del Estado estudiando la causa, cuando se dé
traslado emitirá su escrito de conclusiones provisionales, es decir, su escrito de acusación, pero el Ministerio de Justicia desde luego no puede dar instrucción alguna a los fiscales ni a la fiscalía.
En cuanto al Grupo Podemos hay distintas cosas que quiero decir. Yo no he hablado -y va por todos- de chantaje, he hablado de intento de chantaje. Yo no he dicho que esté chantajeada, he dicho que se intenta chantajear. Porque chantajear
es ni más ni menos que intentar difamar; se puede o no se puede. Pero también chantajear es conseguir que terceros utilicen información ilegal, información falsa o incluso manipular determinadas conversaciones -manipular determinadas
conversaciones- para hacer un daño político. (El señor Lorenzo Torres: ¿La prensa?). ¿Perdone? (El señor Lorenzo Torres: No hablaba con usted).
La señora PRESIDENTA: Ruego que no entren en debate en estos momentos.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): En cuanto a noticias que han ido surgiendo, se han ido desmintiendo en relación con vínculos. Van surgiendo noticias completamente falsas desmentidas por la fiscalía y desmentidas por
organismos internacionales también sobre todo esto. El auto que hoy ha sido publicado en el diario El País ya ha señalado que no hay ninguna relación de estas grabaciones con ninguna actividad del señor Villarejo, y ha quedado definitivamente claro
y determinado.
A Ciudadanos -sobre el procés- quiero decirles que yo no voy a entrar en manifestaciones que han hecho miembros del Gobierno. Les pregunta usted a esos miembros del Gobierno. Lo que sí le digo es que este Gobierno está siendo escrupuloso,
lo repito una y mil veces, tantas cuantas sean necesarias: este Gobierno está siendo extremadamente escrupuloso con el respeto a la independencia judicial.
Usted dice que si había o no, que si se hablaba de los presos, etcétera. Es que los presos se encuentran ahora mismo, como usted bien sabe, en cárceles catalanas y dependen de la Consejería de Interior catalana. Básicamente, no por otra
cosa, pueden existir esas conversaciones. No se debe manipular el contenido de declaraciones que se hacen públicamente cuando no tienen un contenido que sea en absoluto, como es este caso, criticable.
Ha hecho usted referencia a Llarena. Tuve una comparecencia -discúlpeme, señor Prendes, no sé si estaba usted o no aquí- en la que hice una intervención en relación con el juez Llarena, sobre la intervención y actuación que realizó el
Ministerio de Justicia sobre ese tema. En ella efectivamente hablé de una demanda instrumental, de distintas posiciones del Ministerio de Justicia, todas ellas intentando ajustarse a lo que después podría ser el desarrollo de ese proceso, teniendo
en cuenta todas las
condiciones jurídicas nacionales e internacionales. Nuestra prioridad -lo dije entonces y lo repito ahora- desde el minuto uno en relación con el magistrado Llarena y no solo con él, sino también con España, fue la defensa de la soberanía
de jurisdicción y de la inmunidad de jurisdicción. Esa fue nuestra principal preocupación. Expliqué cuáles fueron los pasos, y curiosamente ahora nos encontramos en la primera de las posiciones del Ministerio de Justicia. Lo que quiero decirles
es que todo lo que se ha hecho en relación con la defensa de la soberanía de jurisdicción en Bélgica en la demanda que se sigue allí contra el magistrado Llarena ha sido con una visión de Estado y con una visión de la defensa jurídica del Estado, ni
más ni menos.
Respecto a las grabaciones quiero decirle que no ha habido contradicción ni alteración de la verdad. En ningún momento esta ministra, yo, ha mentido en relación con mi conocimiento o no del comisario Villarejo. He dicho: No he tenido una
relación profesional con el señor Villarejo. Dos, no soy amiga de Villarejo. Así de claro y así de simple. Lo puedo decir de muchas maneras, pero esta es la realidad. Yo no he trabajado con Villarejo. Se lo he dicho a la representante del Grupo
Mixto, el señor Villarejo no trabajaba en la Audiencia Nacional, no era operativo, ni más ni menos, ni menos ni más. He explicado al final de mi comparecencia y de mi intervención que yo asistí a una comida, es cierto, invitada por un compañero de
la Audiencia Nacional en la que había otras personas a las que después me referiré.
Repito que yo no he dicho que este Gobierno esté chantajeado, no he dicho que yo este chantajeada. He dicho que se pretende eso, que es diferente, se pretende difamar, no he dicho que lo hayan conseguido.
Señora Moro, usted ha dicho que dejemos a un lado lo de la condición de mujer. Yo no puedo dejarla, soy mujer, y no voy a dejar nunca de lado mi condición de mujer. (Aplausos). Esa es la primera cuestión. Respecto de la segunda cuestión
que le quiero comentar, usted ha hablado de puertas giratorias. ¿Saben ustedes cuál es el verdadero problema de las puertas giratorias? Cuando se va de lo público a lo privado. Ese es el verdadero problema de las puertas giratorias. Porque las
del revés, las del servicio público al servicio público y del servicio público al servicio público están reguladas.
Yo no voy a entrar en lo que usted ha entrado, el contenido de unas grabaciones que ya he dicho que son, como poco, ilícitas. No sé si ustedes las han escuchado, no sé si ustedes las han oído en su integridad, no tengo ni idea; no sé si
han comprobado el contenido íntegro de esas grabaciones, si han comparado las transcripciones, si han comparado los comentarios a las transcripciones y al contenido de las cintas de -parece ser- cuatro horas de duración y donde en apenas veinte
segundos sale mi voz en distintos cortes; no lo sé, pero yo, desde luego, no las he oído en su integridad. Repito, yo no soy amiga de Villarejo. No he tenido relación profesional con Villarejo. No he mentido. (Rumores.-La señora Escudero Berzal
pronuncia palabras que no se perciben). ¿Me dice a mí algo? (La señora Escudero Berzal hace gestos negativos). Se han ido dando explicaciones sobre distintas noticias que luego se han demostrado falsas. (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Si guardamos silencio, no habrá problemas para escuchar a la compareciente, por favor.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señora Moro, ha dicho algo que yo creo que rebasa algunas líneas que no se deben rebasar. Usted ha afirmado que yo había dicho que estaba con la mafia, que estaba la mafia en la comida. En
el año 2009, las personas que acudieron a una comida de altos mandos policiales eran las que le voy a decir yo. Estaba el director adjunto operativo, ya fallecido, Miguel Ángel Fernández Chico, que era el más alto rango policial por debajo del
director general de la Policía, es decir, dependiendo de él estaban todos los mandos operativos de la Policía y estaba en activo. Era un hombre trabajador, con un currículum que no puedo traer a colación y tampoco vale la pena. También estaba el
comisario general de Información. Le explico. El comisario general de Información, con el que sí he trabajado -trabajaba entonces, en ese año 2009, habitualmente-, es el jefe policial de la lucha antiterrorista, tanto yihadista como de ETA. Con
ese comisario general de Información hemos realizado operativos en el País Vasco, subiendo en persona allí; es verdad que no todos los jueces y no todos los fiscales se desplazaban a la zona de actuación o de operación, pero resulta que yo sí lo
hacía, y por eso era una persona amiga mía, y le aseguro que no forma parte de ninguna mafia. Asimismo estaba una persona que había sido adjunto del director adjunto operativo y que estaba dedicado a las investigaciones de tráfico de drogas y que
además había sido comisario general de Información y había representado a España en la lucha contra el blanqueo de capitales. También estaba un compañero mío que parece que usted quiere traer a colación constantemente, parece que necesita al señor
Garzón. Independientemente de eso, le digo que era juez de la Audiencia Nacional, del Juzgado Central de
Instrucción número 5. Con él también he trabajado y he intervenido en operaciones antiyihadistas, antiterroristas, de blanqueo, de tráfico de drogas y de crímenes contra la humanidad.
Lo que le quiero decir, señora Moro, es que allí no había ninguna mafia. Todos los presentes eran funcionarios policiales en activo, todos los presentes eran altos funcionarios policiales y fiscal y juez en activo. Si usted conoce en
profundidad el desarrollo de la comida y si ha escuchado todas las cintas, nos lo cuenta, y si están o no manipuladas, también nos lo cuenta.
Muchas gracias. (La señora Moro Almaraz: Es usted la que dice que están manipuladas.-Rumores).
La señora PRESIDENTA: Vamos a continuar con el turno... (Rumores.-El señor Campos Arteseros pronuncia palabras que no se perciben). Señor Campos, le pido que guarde silencio.
Vamos a empezar de nuevo con el turno de los portavoces en el mismo orden en el que lo hemos hecho con anterioridad. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Gracias, señora presidenta; muy bien, la felicito por decir bien el apellido.
Señora ministra, usted ha hecho alusión a la referencia que yo le he hecho de la querella argentina y de la actuación de la juez María Servini. Entiendo que esto significa -o al menos solo así podrían ser creíbles sus palabras- que ya no va
a haber más impedimentos a la infinidad de exhortos que ha realizado esta juez, incluso pidiendo la extradición de quince de los imputados, exhortos a los que nunca se ha dado cauce por parte de la justicia española por esa comunicación interna. Es
verdad que está esa actuación que tuvo el Partido Popular cuando estaba en el Gobierno pidiendo a los diferentes juzgados que no colaboraran en la querella argentina y que, por tanto, no participaran, aunque, efectivamente, el principio de
reciprocidad así les obliga. Los cauces que se utilizaron fueron por tanto los adecuados y creo que, una vez confirmadas estas dos cuestiones, no debería depender de los jueces, o al menos no debería ser una actuación homogénea y generalizada, que
se niegue justicia a las víctimas del franquismo. Es verdad que el hecho de que haya exministros franquistas como Rodolfo Martín Villa ha añadido más presiones y más dificultades, pero entendemos que esta es la forma que tendrían sus palabras de
arrojar luz a las víctimas del franquismo y de permitir ver en la práctica que esto va cambiando. La propia María Servini ha venido diciendo, que depende no de la justicia española, sino de la política española el que de una vez por todas se avance
en la causa del franquismo. Había esa instrucción interna. Había una forma de actuar. La propia juez ha intentado muchas veces desplazarse para tomar declaración; también al que ya hemos mencionado, al señor Billy el Niño.
Usted se ha referido al tema de la memoria histórica, y yo le digo que creo que tienen mayor sensibilidad que el Partido Popular con este tema, pero solo les pido que no se queden en el matiz, que sea real y que sea profundo. Yo soy
consciente además de que el Partido Socialista tiene muchas víctimas en el franquismo, pero también soy consciente de que esas víctimas se encontraron con una situación de revictimización cuando vieron que el Partido Socialista votaba en contra de
la reforma de la Ley de Amnistía. Esa hubiera sido una forma de que los jueces, aquellos que no quieren entender que las víctimas del franquismo merecen justicia, no tuvieran ningún resquicio de interpretación malintencionada de la ley para negar
justicia a las víctimas del franquismo, que además de recuperar a sus seres queridos de las cunetas en las que están muchos de ellos, creo que merecen también encontrar en la justicia aquello que buscan y no tener que verse abocadas a presentar
querellas en Argentina porque en el Estado español nadie escucha sus demandas y nadie da cauces a esa realidad. Perdieron una oportunidad en la reforma de la Ley de Amnistía. Espero que en adelante puedan recuperar oportunidades para responder
realmente a las víctimas del franquismo y, sobre todo, poner cauces, que eso sí corresponde a los Gobiernos y sí corresponde a este Congreso, para que verdaderamente se acabe con la impunidad de los crímenes del franquismo.
En torno a la cuestión que mencionaba de la tortura, usted me dice que no se niega la tortura. Yo le pregunto si reconocer la tortura es reconocer que hay nueve casos -porque son los nueve casos que han sido condenados por Europa- o
limitarnos a reconocer solamente uno por el hecho de que ya hay una sentencia que habla de trato inhumano. Sinceramente le digo que en Euskal Herria se ha abierto un nuevo tiempo y creo que en gran medida afecta también a todo el Estado español.
Ese nuevo tiempo requiere establecer bases sólidas para la convivencia futura, y esas requieren que absolutamente todas las víctimas, sin que se mire quién ha generado esa situación de víctimas, reciban verdad, justicia, reparación y garantías de no
repetición. Todas ellas. Yo he escuchado aquí decir al portavoz del PSOE que la verdad
deja de tener mucha importancia y creo que la verdad es importante. (El señor Campo Moreno: Kapuscinski). Ya sé en qué sentido lo ha dicho, pero me atrevo a utilizar esas palabras por el sentido que tienen. Incluso la representante del
Partido Popular ha aludido al derecho a la defensa y al derecho que tienen todas las personas a la dignidad. Pues difícilmente una persona que ha sido víctima y que no recibe verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición va a poder dar
por buenas estas palabras o va a pensar que la dignidad le es respetada. Absolutamente a todas las víctimas, insisto, yo no hago distinciones en todo esto. En cualquier caso, creo que el Gobierno, con una respuesta tan breve como la suya está
menospreciando esta realidad, no le está haciendo el caso que requiere. Le he hecho preguntas muy concretas. Creo que hay una labor a realizar en adelante, para que se investigue, para que se revisen casos que han sido basados en testimonios
conseguidos bajo torturas. Creo que tanto lo que le he comentado de la Ley de amnistía como el hecho de que se nieguen a quitar la incomunicación de la legislación española o su actuación -por eso le decía que si quiere una diferencia real o una
diferencia de matiz- con la ley que se aprobó en el Parlamento vasco, cuya denominación es: víctimas de vulneración de derechos humanos causadas por actuaciones de represión ilícita, es una actuación que ha venido de alguna forma a corregir el
recurso que presentó el Partido Popular, pero cepillándose esa ley -digámoslo así, coloquialmente para que todos nos entendamos- y negando la verdad a esas víctimas. Y entre esas víctimas también están las personas torturadas. Por tanto, para que
realmente esa frase de que no hay negación de la tortura sea real, hay que actuar en todos estos ámbitos.
Me permitirá que le diga que hay que dejar de indultar, de ascender y de condecorar a torturadores, y ustedes acaban de condecorar a un acusado y a un condenado por torturas. Espero que los hechos acompañen a sus palabras para que sean
creíbles, y ojalá en poco tiempo tenga que decir lo contrario de lo que estoy diciendo en la actualidad porque sería una buena señal.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.
Comentaré dos breves cuestiones sin ánimo de polemizar en ningún caso. Respecto a este chat de los jueces y si es un foro privado o deja de serlo, creo que el que sea un foro privado incluso lo podría admitir a efectos procesales, pero creo
que no juega como un Jordán purificador. Ha habido sanciones a jueces por actos de su vida mucho más privada, como redactar una futura constitución catalana. No se cuál sería nuestra opinión si un chat con ese contenido y con ese ánimo estuviera
dirigido contra instituciones del Estado. Creo que no se tendría la misma opinión de que es un foro privado y que eso juega como un velo protector.
Le comento una segunda cuestión respecto a las conversaciones filtradas. Usted ha dicho que estaba grabada por un funcionario; es que todos los allí asistentes eran funcionarios. Imagínense ustedes una comida de Navidad entre
funcionarios; es un acto privado y una conversación privada. No quiero decir nada más. No cambia para mí la naturaleza de las cosas que allí hubiera funcionarios si su naturaleza era una conversación privada en un acto privado.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Telechea tiene la palabra.
La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.
Señora ministra, es difícil entender lo que dice sobre que el tiempo nos acabará dando la razón y que la casa se derrumbará, con todo lo que hay de cloacas del Estado, que sigue habiendo, y que no es de ahora sino de siempre. Es difícil
valorar el sistema judicial español cuando está habiendo unas sentencias absolutorias, por ejemplo, a los raperos: en el mes de julio se absolvió por parte de la Audiencia Nacional a un rapero que se pasó dieciséis meses en prisión preventiva.
Otro ejemplo es todo lo que hace referencia al procés català y las coacciones que se produjeron para que sacaran todo ese dinero de las entidades financieras.
Es complicado y es difícil de entender todos los argumentos que usted ha comentado.
Nada más.
La señora PRESIDENTA: Ahora por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Gracias, presidenta.
Señora ministra, voy a coincidir con la representante de Esquerra Republicana: es difícil entenderla, es difícil hacer un seguimiento, porque parece que no, pero usted va cambiando su versión. Esta mañana dijo con toda precisión que
estábamos asistiendo no a un chantaje su persona, sino un chantaje al Estado. O sea que sí reconoció que existía un chantaje no a su persona, sino al Estado; algo más elevado. Hoy ha dicho en su primera intervención que a través de esos audios
obtenidos ilegalmente hace nueve años están perpetrando también un chantaje al Estado a través de su persona. Es decir, usted es el instrumento o la herramienta de ese chantaje al Estado, y a partir de ahí se ha deslizado ya con las consideraciones
políticas a ese chantaje aprovechado por los rivales políticos, como no podía ser de otra manera. Pero, ¿hay chantaje o no hay chantaje? Dígalo, porque ahora ha dicho que no, que no hay chantaje, que hay difamación. No es lo mismo, y usted es una
muy buena jurista en el ámbito penal; no me haga juegos de manos con las palabras. Si hay chantaje es porque alguien le está pidiendo que haga una actuación que usted puede hacer a cambio de ocultar determinada información de la que esa persona
dispone y que la compromete a usted o a no sé quién; no lo sé. ¿Hay eso o no lo hay? Dígalo con claridad, desmiéntalo aquí o reconózcalo y, en su caso, diga cuál es el chantaje, qué precio se le está exigiendo y qué le está pidiendo, si es que es
el señor Villarejo. Porque luego está la cuestión de cuántos encuentros. Y dice usted, yo no he mentido. Hombre, no sé si ha mentido o ha ido modificando la versión. Desde el primer comunicado, que emite de forma inmediata antes de las nueve de
la mañana el Ministerio de Justicia, donde dice taxativamente que usted no tenía ninguna relación o, mejor dicho, no tenía relación de ningún tipo con Villarejo, al siguiente, donde anuncia contactos profesionales, o al último, donde habla de tres
contactos -que si quiere se los detallo-, porque el propio comunicado del Ministerio de Justicia habla de los tres contactos con toda precisión, dice cuándo fueron, en qué circunstancias y se refiere a uno que fue hace solo quince meses, no nueve
años; reconoce un último contacto de carácter privado hace quince meses con el señor Villarejo. Por eso yo le preguntaba: ¿Cuándo descubrió usted que el señor Villarejo era un policía corrupto y chantajeador que formaba parte de esa corrupción de
los altos mandos policiales, que infectó hace años a los mandos policiales? ¿Qué años? Dígalo con precisión. No estamos hablando de cualquier cosa, señora ministra. Usted lo ha reconocido ahora aquí; en esta comparecencia, ha explicado a la
portavoz del Grupo Parlamentario Popular con todo lujo de detalles esa comida, quién era y quiénes estaban. Bien, usted lo ha reconocido. ¿Reconoce sus palabras en esa cena o en esa comida? ¿Reconoce que usted dijo éxito garantizado cuando
alguien que era un mando policial en aquel momento le reconoció, le dijo que estaba montando una red de prostitución -vamos a decirlo así- para espiar y extorsionar a representantes públicos del Estado? ¿Es usted la que dice ahí, en esa grabación:
Éxito garantizado? Porque usted en ese momento era fiscal de la Audiencia Nacional.
Hay otra confusión permanentemente entre lo público y lo privado. Ha dicho antes, a la precisión jurídica que había hecho el señor Legarda, que no, que esa grabación la había hecho un policía pero, ¿esa era una reunión oficial o era una
reunión de amigos a la que usted iba acompañando a un amigo? No lo sabemos, porque yo aquí tengo una cierta confusión con los términos, y hay que ser muy precisos -usted lo sabe-, y en un asunto de esta trascendencia y esta magnitud es muy
importante la precisión en la información. Por eso le pregunto si usted dijo eso de éxito garantizado ante esa manifestación del señor Villarejo. Ya no quiero entrar en otras cuestiones a las que se han hecho referencia, a viajes y demás, porque
sinceramente no quiero entrar en ese tema del lodazal -aunque usted nos lo atribuya tenemos otra manera de actuar y no lo voy a hacer-, pero eso sí me importa, porque si había mafia policial, ese comportamiento que le estaba contando a usted el
señor Villarejo sí que es absolutamente propio de una mafia policial, y usted lo estaba conociendo en primera persona en ese momento. ¿Qué hicieron usted y la persona que le acompañaba, que era juez de la Audiencia Nacional y que, por lo tanto,
tenía una especial obligación de perseguir los delitos y denunciar? No es cualquier persona, no lo es ahora, pero tampoco lo era entonces, ministra, no lo era entonces. En esa escisión entre mi condición de amigo que acude a una reunión y mi
condición de fiscal con una hoja de servicios intachable al servicio público tiene que hacer un deslinde. Vuelvo a decirlo: es muy importante que usted nos diga ahora si hace propias, si hace suyas esas manifestaciones o no, porque usted ha
reconocido y ha hablado de esa comida, ya no estamos hablando de que lo conozcamos por grabaciones ilegales o no, es que usted lo acaba de reconocer.
Se lo preguntaba en mi primera intervención: ¿Usted le presentó la dimisión al presidente del Gobierno, o no? A mí me importa saberlo, porque me importa saber si su continuidad en el Gobierno se debe a que tuvo que rechazar su dimisión no
por la confianza que tengan en usted, sino porque la debilidad de este
Ejecutivo que se presentó como el Gobierno de la dignidad escándalo tras escándalo no puede permitirse más dimisiones. ¿Es esa la debilidad del Gobierno la que le apuntala a usted en el ministerio o es la confianza del presidente en usted?
La señora PRESIDENTA: Ha agotado su tiempo ya, señor Prendes.
El señor PRENDES PRENDES: Porque si su continuidad no se justifica por esa confianza del presidente, que prefiere tener una ministra de Justicia chantajeable antes que reconocer su debilidad, esa actitud es absolutamente irresponsable en
este momento. La dignidad sería reconocer hoy esa debilidad, hacerse a un lado y, en un momento crítico como el que está pasando nuestro país para defender el Estado y defender las instituciones, permitir que se haga cargo de ese ministerio otra
persona que no sea chantajeable de ningún modo y de ninguna manera.
Nada más y muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene ahora la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Santos.
El señor SANTOS ITOIZ: Muy brevemente, y por precisar otra de las cuestiones que no hemos podido plantear antes, y había quedado en el tintero.
Es diferente un chat cerrado que un chat privado. Hay un chat profesional y, por tanto, es cerrado, únicamente abierto para todas aquellas personas que sean jueces y juezas, pero eso no significa que sea privado, porque ahí hay miles de
jueces. Además, es un chat sustentado con dinero público. En ese chat se vierten cuestiones que afectan, no ya a la neutralidad, que no existe porque cada uno tiene su ideología, pero sí a la apariencia de imparcialidad de los jueces y juezas, que
en ese momento han ofrecido esas declaraciones que todos y todas hemos visto publicadas. Por tanto, se nos suscita una pequeña pregunta: dado que, al contrario de lo que la señora ministra ha dicho, eso no forma parte de ningún tipo de función
jurisdiccional y, por ello, no es susceptible del respeto y la imparcialidad que se debe, por parte de un Gobierno al ejercicio estricto del Poder Judicial, sino que a afecta a algo que nos tiene que preocupar a todos y a todas las demócratas, que
es la toma de un chat profesional pagado y organizado con dinero público por parte de unas personas que, únicamente, ejercitan su derecho de opinión fuera de los cauces establecidos, ¿el ministerio tiene previsto hacer algo o, al menos, reunirse con
el presidente del Consejo General del Poder Judicial y expresarle la preocupación que en este momento manifestamos?
Nada más. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Campo.
El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente, aunque esto es un mal comienzo. Hablaba la señora Moro del error de la ministra en el enfoque de la estrategia. No sé qué estrategia habrá seguido la ministra en la conformación de esta comparecencia, lo que sí tengo claro
es que la estrategia la ha marcado, precisamente, el Partido Popular cuando quiso que ayer se viera la moción consecuencia de la interpelación urgente sin haberse producido esta comparecencia. Luego creo que es la Cámara la que ha ido marcando las
estrategias, por lo menos las presenciales, y eso, sin duda, condiciona mucho la actuación.
Me preocupa -lo dije ayer y lo he vuelto a decir hoy- que incurramos en la observancia del pasado para la conformación del presente a los efectos de responsabilidades. Preguntaba la señora Moro que cómo se reúne usted con esa mafia, y
reconozco que me produce estremecimiento -no lo puedo remediar-, porque si uno conociera en el pasado lo que conoce con posterioridad, por otros caminos se podría conducir; pero la mayoría de las veces en la vida se produce de manera diferente. El
pasado es un faro que nos puede iluminar, pero no es un sitio de retorno. Ese es el problema. No sé si lo son o si lo dejan de ser, porque hasta para ello juega la presunción de inocencia, como decía en su primera intervención, pero reconozco que
es un debate que me preocupa mucho.
No voy a hacer un recorrido por el chat, querido Miquel. Cuando quieras, hablamos, pero falta una conversación, porque la doctrina del Tribunal Constitucional es perfecta y no deja lugar a dudas.
Lo mismo a la compañera de Esquerra. Hay una crítica al Poder Judicial y me siento muy orgulloso no solo de pertenecer a él, sino de defenderlo. Enjuicia al Poder Judicial, del que hace una crítica muy
negativa, porque una sentencia absolutoria, con lo cual en principio nunca debería ser una mala noticia, sobre todo, para el que estaba acusado que se había visto privado de libertad durante dieciséis meses por una medida cautelar.
Efectivamente, es un error del sistema, sin duda, y habría que analizar la circunstancia en la que se produjo la adopción de esa medida cautelar. Pero lo que sí tengo claro es que enjuiciar cualquier sistema, sea el sanitario o el educativo, por un
fracaso es un mal sistema. Yo no puedo decir que tenemos la mejor sanidad del mundo, o de las mejores del mundo, o invertir esa máxima cuando reconozco que hay errores médicos, y al señor que va a operarse de un menisco le operan del otro. ¿El
sistema sanitario es malo? No, ha habido un error del que alguien tendrá que responder, pero desde luego el sistema no es malo; lo que pasa es que tiene patologías. No existe, además, el sistema perfecto.
Bueno, compañero Prendes, que te gusta enseñarme la muleta para que entre. Es que el chantaje no necesariamente, y esa es la figura preciosa desde la literatura, desde la criminalidad, no hace falta decírselo a nadie directamente. Hay una
manifestación pública que se puede sentir alguien o no, pero bueno creo que es obvio que evidentemente no; porque, primero, se chantajea a alguien que pueda hacer algo para que te vaya a ti mejor la vida, y hasta donde sé la ministra o los
ministros de este país jamás han puesto o quitado a nadie de una medida cautelar, porque para eso están los jueces. Los que creemos en la separación de poderes -sé que Ciudadanos lo hace- lo tienen muy claro. Por tanto, es un poco absurdo; es
casi el delito imposible: voy a chantajear a alguien que no tengo capacidad de respuesta. Con lo cual, no hay.
Es lo mismo, querido Edu, en relación con si va a tener conversaciones la ministra con el presidente del Consejo General del Poder Judicial en orden al correo. Me parece muy bien, se pueden tener todas las conversaciones que quieran, pero
no es competencia de la ministra o del Gobierno de España y, en cambio, sí tenemos un acto constitucional, que es cuando nos viene a comparecer el presidente a expresar la memoria del año o de años anteriores, y ahí le podemos preguntar todo eso.
Pero preguntémosle a quien tiene capacidad de resolución.
En resumidas cuentas, muchísimas gracias ministra, porque creo que hoy hemos aclarado muchas cosas.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Para finalizar con este turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, estoy de acuerdo en que en una parte de su contestación usted ha dado información, y de eso se trataba. Se trataba de que usted dé información; de que en sede parlamentaria, porque siempre que le ha preguntado la prensa en
estos catorce días, usted les ha remitido al día 10, a la comparecencia parlamentaria; y a mí eso me parece bien. Además, creo que debe contestar a la prensa, pero bueno, esto ya entra dentro de sus responsabilidades; siempre se remitió al día
10.
El señor Campos sabe que las interpelaciones y las mociones son instrumentos de control que aparecen en la Constitución Española, que se desarrollan en el Reglamento de la Cámara, y que la Mesa y portavoces de Justicia, cuando nos reunimos
el día 26, determinamos, por esa cortesía que siempre hemos tenido con cualquier ministro del Gobierno de España de cualquier color, que marque el día en su agenda para venir a comparecer; y se cerró el día 10 a las 6 de la tarde. La interpelación
estaba planteada porque las explicaciones no estaban siendo -como se está poniendo de manifiesto- ni claras ni contundentes, y el Partido Popular, como cualquier otro partido, tiene la obligación, no solo el derecho, la obligación, de plantear esta
interpelación urgente que hizo mi compañera, la señora Bonilla aquí presente, y usted contestó como contestó.
Yo le diría que si usted no lo quiere hacer, que el personal de su ministerio, sus asesores, hagan un control de todas y cada una de las manifestaciones que ha hecho en preguntas, interpelaciones, manifestaciones en prensa, y verá que no hay
manera de seguir una línea recta y que, evidentemente, cada vez dice una cosa y eso nos confunde. En consecuencia, es usted -repase el Diario de Sesiones cuando lo tenga- la que se ha justificando diciendo: Pero, señores, cómo me hacen esto si
resulta que lo que sucede... Y además lo dice El País y la Fiscalía Anticorrupción. Es que había una mafia policial... Y estaba hablando de ese señor que usted ha reconocido que estaba en esa comida. Y yo lo que le he dicho es: Entonces, si esa
es la justificación, ¿usted estaba sentada con la mafia policial? Quiero aprovechar la ocasión para decir que esto venía simplemente al hilo de lo que usted ha planteado. Yo no sé quién estaba; ahora nos ha dicho que usted, luego usted estaba y
también esas personas. Vaya por delante mi reconocimiento personal y el de mi grupo a la policía, a las fuerzas de seguridad del Estado
siempre, cuando cumplen con su obligación, como todo el mundo; la mayoría de las veces cumplen por encima de su obligación y se dejan la vida. No confundamos los términos.
Otra matización. Esta mañana la acústica era malísima en el hemiciclo, por eso pensé que había escuchado mal y pedí un borrador del Diario de Sesiones, que agradezco a los servicios de la Cámara, que son excelentes y trabajan de manera
excelente. (Lo muestra). Usted decía que la entonces fiscal general del Estado nombrada por el Partido Popular y en la línea con el olvido completo de las víctimas... Oiga, usted es fiscal y sabe que el estatuto fiscal ahora vigente lo modificó
un Gobierno socialista en esta Cámara y que ni un partido, ni el socialista ni el Popular, nombra fiscal general del Estado. Seamos precisos porque ayudaremos a esa autonomía que usted ahora tanto proclama porque, si no, yo ahora tendría que decir
que la señora Segarra ha sido nombrada por el Partido Socialista. Nunca me lo oirá decir y nunca lo diré. Hemos seguido los trámites que marca el artículo correspondiente del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal reformado en 2007. Vincularlo
de esa manera dice muy poco de una fiscal y ministra de Justicia del Gobierno de España.
Manipular conversaciones, es usted quien lo ha dicho, y a lo mejor es verdad. Aquí tiene la oportunidad de decirnos si es una edición, si es una manipulación y hasta dónde se manipula. No, no lo sabemos. Como le he dicho, nuestra fuente
es la prensa, y es usted la que ha pedido comparecer porque a partir de ciertas preguntas no conseguíamos poner orden en qué es lo que sucede, y usted estaba reconociendo, como aquí se ha dicho, una serie de encuentros. Yo le pregunto: ¿En que
consistió ese tercer encuentro que usted señala en el comunicado del ministerio? ¿Hay otros o no hay otros? Porque de eso se trataba, de que usted lo aclare. Si usted lo aclara y efectivamente no hay nada de lo que se ha dicho por ahí, entonces
usted tendrá que presentar las querellas correspondientes y nosotros ayudarla, porque desde luego se habrían producido varios delitos. Ahora bien, estoy de acuerdo con el señor Campo: uno se encuentra en la vida gente, se hace fotos, etcétera y no
sabe lo que luego va a ocurrir, si a lo mejor es un delincuente... No lo sé, usted estaba en esa reunión -salvo que usted nos lo desmienta y la manipulación sea tan grande que lo que aparezca en la prensa no sea así y yo se lo aceptaré-, y allí se
estaba hablando de una actuación que no es honorable para la policía y parece que con su conformidad.
Usted ha citado un auto a través de un titular de El País (muestra la fotocopia de un recorte de periódico), aunque hay varios titulares -termino enseguida, señora presidenta-: 'El juez concluye que las grabaciones a Delgado no afectan al
caso Villarejo'. Podríamos discutir el titular en una clase de periodismo, pero ¿qué es lo que dice el auto? (Mostrando una copia). El auto dice, y usted sabe que es distinto -precisión jurídica-: 'No se han encontrado en los dispositivos
electrónicos aprehendidos distintas conversaciones que no afectan a la causa.' No se ha cerrado nada, el juez no ha concluido nada, y seguramente no tiene nada que ver con usted -perfecto- y no hay por qué abrir ninguna otra causa -perfecto-, pero
vamos a situarlo en su justa medida.
Una explicación. Le he pedido al principio -lo digo al final- que no utilice el hecho de que seamos mujeres. Yo me siento muy orgullosa y no hace falta que ningún compañero la defienda; no hace falta. Es más, de alguna manera era un
piropo. Lo que le he dicho es que estábamos hablando usted y yo: usted, representando al Gobierno de España, y yo, representando al Grupo Popular. Lo que queremos es que el Gobierno de España tenga el mejor ministro, la mejor ministra, y que la
justicia no sea denigrada, porque estos días los ciudadanos que solo oyen estas cosas tienen la sensación de que en dónde están metidos los profesionales de la justicia española. Yo concluyo esta intervención diciendo que hay que partir una lanza a
favor de tantos profesionales de la justicia, de las fuerzas de seguridad del Estado, que lo hace muy bien. Por tanto, aclare toda su confusión y pídaselo a sus asesores. Por favor, intente ser precisa. Usted es jurista, intente revisar qué cosas
ha dicho y cuántas veces ha cambiado de versión.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moro.
Para cerrar ya esta comparecencia tiene la palabra de nuevo la ministra de Justicia.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta.
Vamos a hacerlo de derecha a izquierda, el recorrido inverso. (Risas).
Señora Moro, me deja muy tranquila y le voy a decir por qué, porque usted acaba de manifestar que apoya a la Policía, y yo le aseguro, porque lo sé de cerca, que hacen un trabajo encomiable y espero que esto siga siendo así. También ha
dicho que apoya y respeta a la justicia. Pues mientras estuvo el Partido Popular en el Gobierno hubo enormes episodios -se lo puedo asegurar- de instrucción, de
intento de instrucción política a la justicia. Así que creo que esta es una lección importante que han aprendido. Tiene usted razón, por otro lado, señora Moro -aquí se lo digo-, en que me ha faltado decir Gobierno del Partido Popular. Es
cierto. Esta mañana he hablado de la fiscal general del Estado nombrada por el Partido Popular. Pues lo corrijo, por el Gobierno del Partido Popular, porque al fiscal general del Estado o la fiscal general del Estado, como bien conoce, lo nombra
el rey a propuesta del Gobierno.
Usted acaba de decir que su fuente de información es la prensa. ¿Y por la prensa ha pedido usted mi dimisión? (La señora Moro Almaraz: Sí). ¿Sí? Bien, constatando evidentemente esas noticias. Yo no voy a entrar en el contenido de las
grabaciones, no voy a entrar en ello. Por otro lado, en cuanto a valorar titulares, usted ha dicho: valoremos un titular. Pues yo no soy periodista, ya me gustaría, por lo cual no voy a entrar a valorar titulares. No tengo más que decirle a
usted, señora Moro.
Señor Campo, como siempre ha acertado en sus apreciaciones jurídicas. Le sale el alma de la judicatura, y esas aportaciones jurídicas siempre son bienvenidas.
Señor Prendes, yo no he hablado de la existencia de chantaje. He dicho pretensión de chantaje. Es lo que vengo diciendo desde el primer minuto, desde el minuto uno, pretensión de chantaje al Estado; desde el mismo momento de la
interpelación, pretensión de chantaje al Estado. Lo que he pedido es que no haya una utilización política de ese intento de chantaje. A eso es a lo que estoy refiriéndome. No voy a entrar en el contenido de esas conversaciones, no lo voy hacer,
señor Prendes. Le puedo decir, en primer lugar, que no he mentido; en segundo lugar, que no he cometido ninguna acción -ni de lejos delictiva- indigna; en tercer lugar, no soy amiga del comisario Villarejo, y en cuarto lugar no he trabajado ni he
tenido relación profesional alguna con el señor Villarejo. Y quédese tranquilo, señor Prendes, porque no soy chantajeable.
Señora Telechea, tenemos un sistema judicial con garantías que se respetan, con unos jueces que cuando ejercen la jurisdicción son independientes. Este Gobierno va a seguir trabajando y a seguir respetando esa independencia judicial en el
ejercicio de la jurisdicción.
Al señor Legarda -que no está- le diría que corresponden al Consejo General del Poder Judicial las afirmaciones que él ha hecho.
Señora Beitialarrangoitia -ahora sí-, las víctimas del franquismo son importantes para este Gobierno socialista. Por eso y por ello se ha creado la Dirección General de la Memoria Histórica, para dar respuesta a víctimas que necesitan
verdad, justicia y reparación. Esto es lo que ha hecho esta modesta ministra de Justicia, que pertenece a un Gobierno decente como es el Gobierno del presidente Sánchez. (Aplausos.-La señora Moro Almaraz pide la palabra).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.
Hemos terminado la comparecencia, señora Moro.
La señora MORO ALMARAZ: Señora presidenta, pido la palabra por el artículo 71.3 del Reglamento.
La señora PRESIDENTA: ¿A qué alusiones se refiere?
La señora MORO ALMARAZ: En la contestación, la señora ministra ha dicho contundentemente que el Gobierno del Partido Popular llevó a cabo intentos de instrucción y que puede asegurar que se produjeron. Eso es muy grave y, por tanto, yo le
pido que lo retire. Hasta aquí mi intervención.
La señora PRESIDENTA: Señora ministra.
La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Señora Moro, no sé si fue ayer en el Senado o esta mañana en el Congreso -ya no recuerdo en qué sesión de control fue- cuando tuvimos ocasión de leer cartas dirigidas, no por el Gobierno sino
por el Partido Popular, a los jueces en comunicado público en relación con el caso Gürtel, por ejemplo. (La señora Moro Almaraz: Eso no son instrucciones). Ha habido actos manifiestos por parte del Gobierno del Partido Popular para que jueces y
fiscales tomasen una determinada dirección. Así que no voy a retirar esos términos, señora Moro. (La señora Valmaña Ochaíta: ¡Dimisión! ¡Dimisión! ¡Dimisión!).
La señora MORO ALMARAZ: Pido que conste en acta nuestra protesta por lo que acaba de decir, que es gravísimo.
La señora PRESIDENTA: Constará en acta, señora Moro.
Señora diputada, si a usted le gustan las manifestaciones y las pancartas, puede utilizarlas en la calle porque en este país existe libertad de expresión, pero en esta Cámara venimos a hablar y a debatir.
Una vez finalizada esta larga comparecencia, se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.