CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 599

TRANSICIÓN ECOLÓGICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ JUAN DÍAZ TRILLO

Sesión núm. 23

celebrada el miércoles,

19 de septiembre de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias de la señora ministra para la Transición Ecológica (Ribera Rodríguez):


- A petición propia, para informar sobre las medidas que está impulsando el Gobierno en relación al incremento del precio de electricidad y para hacer frente a las situaciones de pobreza energética. (Número de expediente 214/000096) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para informar sobre las medidas que piensa impulsar ante el incremento del precio de la electricidad. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/001114) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para que dé cuenta de las actuaciones del Gobierno ante el fracaso de la regulación del bono social para hacer frente a la pobreza energética. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
(Número de expediente 213/001120) ... (Página2)


- Para que informe sobre las medidas que va a impulsar ante el incremento del precio de la electricidad. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/001121) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para explicar los motivos del alto precio de la electricidad que se han producido y las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducirlo. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001146) ... href='#(Página2)'>(Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenas tardes, señorías.


Quiero dar la bienvenida a la ministra y volver a agradecer su presencia. Si no me equivoco, esta es su tercera comparecencia en apenas un par de meses y desde luego no va a ser la última, puesto que sabemos que es intención del Gobierno
comparecer cuantas veces sea importante para los intereses generales de nuestro país.


Quiero también comentarles a sus señorías que ha debido llegarles a todos los miembros de la Comisión, por el propio compromiso de la ministra, una información que se requirió en la sesión anterior especialmente por parte del Grupo
Ciudadanos, referida al asunto del cementerio nuclear de Villar de Cañas. En este sentido, esperemos que sea de su utilidad.


Sin más dilación, en el día de hoy, tal y como se acordó en la Mesa, asistimos a un debate agrupado de cinco iniciativas, una de ellas del Gobierno, y otras tantas del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En ese
sentido, esta tarde procederemos de la misma manera en que se desarrolló la sesión anterior -que creo que fue a satisfacción de todas las partes-, así que esperando contar con la colaboración de todas sus señorías y por supuesto también de nuestra
señora ministra, no tengo nada más que decirles, salvo que les deseo muy buenas tardes. Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchas gracias, presidente.


Señorías, agradezco enormemente el interés mostrado por un asunto tan relevante como la evolución del precio de la electricidad y su efecto en la población en general y en la población vulnerable en particular. Yo estoy convencida de que
este es un aspecto capital para nuestra economía y en general para la sociedad española, y requiere un análisis y una reflexión sobre el modo en el que abordar las reformas estructurales que el pleno aprovechamiento de las oportunidades de la
transición energética exigen.


Es verdad que esta comparecencia se produce, además, en un momento de escalada de precios, en el que los precios de la electricidad del mercado mayorista están causando gran preocupación e incertidumbre entre la ciudadanía y las empresas del
país. Evidentemente, se trata de una preocupación compartida por las fuerzas políticas y por el Gobierno. Estamos en un contexto de incremento de los precios, si bien todavía, afortunadamente -y esperemos que no ocurra así-, no han alcanzado
máximos históricos. El máximo histórico del precio se alcanzó en enero de 2002, con 103 euros megavatio/hora, y el máximo mensual en enero de 2006, con 73,5. Lo cierto es que en lo que llevamos de mes de septiembre de 2018 la media gira en torno a
71,35. Por tanto, como digo, se trata de una tendencia que creemos que es imposible resolver sin la intervención adecuada de los reguladores con medidas que van más allá de lo coyuntural.


Como decía, el sistema energético incide como pocos en la economía y en la sociedad de cualquier país, pero es un sistema que en nuestro caso adolece de debilidades a las que tenemos que dar respuesta de manera integrada y eficaz, y a mi
juicio no podemos seguir proponiendo parches que sean incompatibles con los objetivos de medio y largo plazo en materia de energía, generando expectativas que al final no se cumplen, y ya hemos tenido suficientes experiencias al respecto. A mi
juicio, necesitamos un sistema capaz de aprovechar el potencial digital, el potencial renovable, maximizando la eficiencia e integrando los múltiples y variados actores que hoy ya existen y son una realidad.


La transición energética es la agenda clave para el desarrollo y el bienestar, y en pleno proceso de cambio merece atención social y económica, pero también política y de Gobierno, lo cual exige un tratamiento serio. Esto implica, primero,
entender qué está ocurriendo y facilitar los cambios que el sistema requiere para aprovechar, como decía antes, todo el potencial. Tenemos que entender también que solo es posible contar con precios estables y predecibles en un contexto donde
maximicemos el potencial renovable y la eficiencia energética y donde caminemos hacia la electrificación de la economía. El sistema actual no emite las señales adecuadas. Corregirlo y acompañar a los vulnerables en la etapa de cambio es
responsabilidad de todos, pero en particular del Gobierno.


En gran medida todavía conviven lo viejo y lo nuevo, y las señales económicas muestran de forma cada vez más clara los inmensos costes que acarrea el uso de combustibles fósiles, la significativa reducción de costes de las energías
renovables con costes operativos cercanos a cero y el gran potencial que todo esto ofrece. Sin embargo, el diseño actual de los mercados, el contexto regulatorio, concebido todo ello para otra época, otro momento, un número de actores limitados y
mucho más homogéneo, puede llegar a generar distorsiones e impactos micro desiguales, injustos, dificultando en gran medida la transición y, por ello, como decía, hemos de actuar.

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Lamentablemente, hemos perdido un largo y precioso tiempo durante estos últimos y tenemos que recuperarlo. En los últimos años hemos asistido, por un lado, al abandono de la senda renovable y eficiente, y en su lugar hemos visto cómo se
impulsaban medidas que no siempre se correspondían con una política estable, que podían generar confusión, que eran poco predecibles y en gran medida iban en dirección opuesta a la descarbonización. Y por otro lado, hemos asistido a la falta de
anticipación y de visión de conjunto que optaba en su lugar por parches cada vez más difíciles de entender y gestionar, y que han supuesto una gran litigiosidad y pérdida de confianza sin resolver las cuestiones relativas a la evolución del precio.
En definitiva, hoy es ineludible una reforma urgente y profunda del sistema energético, evaluando los impactos sin dejar a nadie en el camino, y no hacerlo impediría y encarecería la transición.


Por ello, en esta comparecencia me propongo compartir con ustedes tres cuestiones: la primera, nuestro diagnóstico sobre la situación actual; la segunda, nuestra propuesta de reacción inmediata en línea con lo que estamos trabajando con el
resto de los miembros del gabinete y que se discutirá en el Consejo de Ministros próximamente, y la tercera, nuestro compromiso de presentar una propuesta de reforma estructural antes de que acabe el año, incluyendo los cambios necesarios en el
funcionamiento del mercado, una fiscalidad coherente y un tratamiento adecuado al almacenamiento; almacenamiento que en época de transición es clave, que ha sido poco tratado hasta el momento y que creemos de interés público suficiente como para
actuar al respecto.


¿Qué decir de la situación actual? Lo primero que hay que subrayar es que no estamos solos. Lo que ocurre en los precios de los mercados mayoristas de Europa es muy similar a lo que ocurre en el precio del mercado mayorista español, pero
sí es posible que estemos retrasados en la adopción de soluciones de fondo, la necesidad de cambio del sistema energético, actualizar un mercado diseñado para otro contexto, hacer un seguimiento y una previsión de los precios de las materias primas
y anticiparse a los impactos que esto pueda suponer. Entender que la señal de coste sobre el CO2 marca la evolución de los inversores y de la política energética de Europa es importante y muchos de estos problemas son comunes con otros países, pero
quizá España arrastra un retraso en la adopción de medidas y de soluciones que hemos de corregir. Para que se hagan una idea en relación con el mercado sobre los precios de las materias primas y el CO2, que marcan la tendencia fundamental del
mercado pero también son costes rápidamente internalizados y marcan las decisiones de los inversores y los operadores, les recuerdo algunos datos que sin duda conocen.


En primer lugar, la media anual de la tonelada de carbón ha pasado de 53 euros/tonelada en el año 2016 a 76 euros/tonelada en lo que llevamos de 2018. Actualmente el precio es de 100 euros/tonelada. En el caso del barril Brent, que en gran
medida es la referencia fundamental para entender la evolución del precio del gas natural, hemos pasado de 44 dólares el barril en el año 2016 a 72 dólares el barril en el año 2018, y actualmente está en 78 dólares el barril. En menos de dos años
el precio de la tonelada de CO2 ha pasado de 5 euros a 25, hace pocos días; hoy está en torno a 20.


No tiene sentido, por tanto, mantener en el modelo de generación actual una tecnología como el carbón, que es responsable del 17 % de la electricidad que se genera, pero del 58 % de las emisiones de gases de efecto invernadero del sistema
eléctrico, acarreando un coste antieconómico para los titulares de las instalaciones y para el país en su conjunto e impactando en el conjunto del precio del mercado mayorista de electricidad. Es decir, generar electricidad a partir de combustibles
fósiles es caro y está sujeto a una gran volatilidad, y lo será cada vez más. Pero, además, esa señal de precio en el mercado afecta de manera desigual a los consumidores -y este es un mensaje importante-, incidiendo especialmente en los más
vulnerables en un contexto en el que sueldos y servicios públicos no han mantenido la misma tendencia que el precio de la electricidad. Si no se adoptan medidas, seguirá impactando en consumidores industriales, en pymes y en cooperativas, en las
que con frecuencia la electricidad es un factor de producción con un peso significativo en la estructura de costes.


Ahora bien, si bien es cierto que la tendencia al alza de precios en los mercados mayoristas de electricidad se observa en otros muchos países de Europa, como decía antes, las respuestas para contenerlos no han sido las mismas. ¿Cómo han
sido capaces de evitar o paliar el impacto países como Reino Unido, Francia o Alemania? ¿Por qué están mejor preparados para afrontar la subida? ¿Hay lecciones relevantes y útiles que podamos extraer para nosotros? En el año 2011 partíamos todos,
Francia, Alemania, Reino Unido y España, de niveles de precios muy parecidos. Mientras todos ellos atenuaban los precios gracias a una continua penetración de energías renovables en su mix, una mayor presencia de la contratación bilateral y medidas
de protección a los consumidores vulnerables, en España en 2012, coincidiendo con el cese del apoyo a las renovables, abandonamos también esa senda manteniendo

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precios altos todo el periodo y, por tanto, lastrando nuestra competitividad. Yo diría que Europa es consciente de las limitaciones y dificultades que presenta el modelo actual y dedica a este asunto buena parte de las medidas incluidas en
su paquete de invierno sobre clima y energía, pero no solo. Y diría también que la buena noticia es que un modelo eficiente y renovable es posible, facilita la productividad de nuestra economía, la estabilidad en precios y, por tanto, mejora los
impactos sociales, y que opciones como la generación distribuida y el autoconsumo son la punta de lanza de un cambio en ciernes en el que hay ya madurez suficiente como para poder acometer, abrir la puerta y dejar que entre el aire por las ventanas.
Es más, hay coincidencia en estimar que el abandono de los combustibles fósiles no es solamente técnicamente viable, sino que puede ahorrar a la economía española alrededor de 400 000 millones de euros de aquí a 2030, repercutiendo muy positivamente
en la factura que pagamos por la electricidad.


Pero todo esto es potencial modernizador que para materializarse requiere confianza por parte de los inversores, una confianza quebrada a partir de reformas parciales imprevistas que no han hecho sino trasladar hacia delante el coste que hoy
se pretende ocultar, poniendo el riesgo el atractivo de invertir en la modernización de nuestro sistema. La adopción de ajustes unilateralmente decididos con escaso o nulo respaldo en la normativa comunitaria y nacional se ha saldado con múltiples
pronunciamientos en contra para nuestro país por parte de cortes arbitrales y tribunales nacionales. En la actualidad, como probablemente recuerden, tenemos cuarenta y dos arbitrajes presentados ante los tres foros internacionales de arbitraje -la
Cámara de Estocolmo, la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial- y las cuantías reclamadas internacionalmente por los
demandantes se estiman en unos 10 000 millones de euros. A las demandas internacionales hay que sumar los 5000 millones de euros reclamados por inversores españoles ante los tribunales nacionales en relación a los cuales ya existen sentencias
firmes, por un valor cercano a 1000 millones de euros a pagar por el Estado, por cuestiones tan variadas como la estimación arbitraria del coste del pago de la deuda o ajustes no justificados de elementos relevantes de las tarifas.


En esencia, la electricidad tiene un gran futuro, es el vector fundamental de la transición energética, siempre y cuando sea limpio. Pero para ello debemos avanzar en un marco regulatorio con el que dar respuesta a las legítimas
preocupaciones de los ciudadanos, que no pueden ser quienes sigan pagando una fiesta cuyos elementos fundamentales han quedado en gran medida trasnochados, anticuados. Se hace imprescindible una revisión a fondo del sistema que tome en
consideración al menos los siguientes elementos. Disponemos de un sistema eléctrico sobredimensionado en costes fijos por la reducción de la demanda y por la potencia instalada en los últimos diez años. Un mercado eléctrico mayorista regulado por
una normativa concebida para un sistema eléctrico claramente diferente al actual. Un mercado que es marginalista, pero que da lugar a situaciones un tanto absurdas, como por ejemplo que tecnologías con costes marginales muy bajos determinen el
precio máximo de mercado en el 50 % de las horas. En julio la hidráulica representaba el 23 % de la casación, la eólica terrestre el 18 %, la solar un 4,5 % y la hidráulica de bombeo un 5 %. Esto demuestra que las reglas de mercado actuales no
acaban de ser compatibles con aquello que queremos poner en marcha. Una financiación de las estructuras de transporte, distribución, peajes y otros cargos del sistema eléctrico, que suponen aproximadamente un 50 % de la factura del pequeño
consumidor, generando una distorsión adicional en la estructura de costes en perjuicio del pequeño consumidor. Una necesidad de movilizar alrededor de 100 000 millones de euros de aquí a 2030 para garantizar la eficiencia del sistema y su plena
descarbonización, facilitando el ahorro, como decía antes, de 400 100 frente a 400 en importaciones de combustibles fósiles y para favorecer la electrificación de una buena parte de otros usos energéticos finales. Y una duda legítima sobre la
viabilidad de una descarbonización que recaiga casi exclusivamente sobre los consumidores eléctricos. Nada de esto es sencillo, todo son problemas complejos pero que, como decía, requieren una reflexión sistémica para no cometer errores.


La internacionalización en las ofertas presentadas en el mercado marginalista, los costes de CO2, los impuestos incorporados en los últimos años que inciden en el precio final afectando no solo al coste de las tecnologías que son
contaminantes, sino también a las que no lo son, forman parte de las cuestiones que también debemos abordar y que, como consecuencia de todo lo anterior, generan un elevado precio de la electricidad pagado por el consumidor, especialmente por el más
pequeño, muy alejado del volumen de energía efectivamente consumido. Así, la composición de la factura del pequeño consumidor es clarificadora: el 50 % de lo que paga se destina a financiar estructuras de transporte, distribución, peajes y otros
cargos, el 22 % al sistema de tributos y solo el 28 % a la energía realmente consumida, frente a un gran consumidor, en el que la financiación de las estructuras de transporte, distribución y peaje representa el 28 %, el sistema de tributos el 21 %
y la energía realmente consumida el 51 %. En el gran consumidor

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la componente predominante es el coste de la energía, mientras que en el pequeño consumidor los costes regulados le suponen la mayor parte de la factura.


Este diagnóstico, como decía antes, apunta a la necesidad de abordar con seriedad cambios estructurales en el funcionamiento del mercado, pero también en las señales fiscales y en las herramientas que debemos modificar en el corto plazo.
Deberíamos huir de ocurrencias o varitas mágicas, pero tampoco debemos eludir que seguimos viviendo y seguiremos viviendo tiempos de volatilidad y turbulencias hasta tanto encarrilemos el proceso de transición energética hacia un modelo distribuido,
limpio, eficiente y digitalizado. Por ello, el Gobierno en las próximas semanas abordará las siguientes cuestiones: la primera, la suspensión -y digo suspensión- del impuesto del 7 % a la generación; la segunda, el amejoramiento de la cobertura
inmediata a los consumidores vulnerables; la tercera, facilitar la rápida adopción de medidas instrumentales que aceleren el cambio, y la cuarta, abordar la reforma estructural del mercado, asegurando un sistema fiscal coherente y regular
ordenadamente el almacenamiento. Actuar de manera inmediata sobre los precios a través de la suspensión del 7 % del impuesto de la generación eléctrica forma parte de lo que entendemos la medida más adecuada y más acertada para enviar una señal
clara por parte del Gobierno. Necesitamos aliviar la factura del consumidor en un momento excepcional en el que no puede ser él quien afronte las turbulencias del cambio.


Pero si bien esto se reflejará inmediatamente en la factura eléctrica del consumidor grande y pequeño, la prioridad ha de ser, en primer lugar, la protección de los más vulnerables, abordando la reforma, la consolidación y la mejora de las
respuestas a la pobreza energética. Se calcula que en el año 2016 había en torno a 4,6 millones de ciudadanos viviendo en hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada. Entre estos hogares hay dos categorías expuestas a una
mayor vulnerabilidad: los hogares monomarentales, por lo que significan en términos de feminización de la pobreza energética, y las personas mayores que viven solas. Tres son los factores clave que inciden en la pobreza: los precios de la
energía, la eficiencia energética de los edificios y la renta de las familias. La falta de respuestas adecuadas nos mantiene por encima de la media de la Unión Europea en pobreza energética, en un contexto que ya de por sí no sitúa a España en una
buena posición. En España las familias siguen teniendo que enfrentar precios crecientes de la energía. El precio de la electricidad para el consumidor medio se incrementó un 4,6 % en el año 2017 y la factura del gas un 6,2 %. Estos precios
contrastan con las muy inferiores subidas que se producen, como señalaba antes, en salarios y prestaciones sociales. Luchar contra la desigualdad que supone la pobreza energética exige un planteamiento integral para un problema multidimensional en
el que han de estar implicados todos los sectores con capacidad de acción. Está bien incorporar en la Ley del Sector Eléctrico la prohibición expresa de cortar la luz a las familias en situación de pobreza -creo que ha sido un gran avance-, pero
debe ser plenamente efectivo, por lo que para hacerlo necesitamos aplicar el principio de precaución, mejorar el sistema, de forma que evitemos al corte del acceso a la energía a los colectivos vulnerables.


No es suficiente. El actual bono social eléctrico es una herramienta que responde solamente de forma parcial y mejorable al problema que representa el coste de la electricidad, inasequible para un buen número de hogares españoles. Ningún
hogar debe ser privado de un bien básico como la energía y los poderes públicos deben velar para que esto sea así. Es una realidad que de algún modo está representada también en ese compromiso internacional de los objetivos de desarrollo sostenible
en la Agenda 2030 que España, como el resto de los países de nuestro entorno, suscribió y se comprometió a trabajar por ello.


Planteamos las siguientes vías de actuación. En primer lugar, dar continuidad al actual bono social de la electricidad. No puede ser que una discontinuidad, una alteración del sistema actual, pueda poner en riesgo la confiabilidad, la
accesibilidad a los beneficios que ofrece a las familias afectadas. Eso sí, pensamos que hay que introducir con carácter inmediato una serie de mejoras que incrementen la protección y faciliten sobre todo el acceso a la misma por parte de la
población que tiene derecho a ello. En segundo lugar, creemos fundamental complementar el bono eléctrico con un nuevo bono para la calefacción que permita sufragar los gastos de los hogares durante el próximo invierno. Y, en tercer lugar, pensamos
que es fundamental elaborar una estrategia nacional de lucha contra la pobreza energética, por lo que tenemos la intención de presentarla antes de seis meses, con independencia de las otras dos medidas ya anunciadas, permitiéndonos disponer de un
marco de actuación en este ámbito para los próximos años.


En relación con el primer bloque, proponemos medidas como incrementar los límites con derecho a descuento, tratamiento especial de las familias monomarentales, medidas de protección a la infancia y colaboración con el Instituto Nacional de
la Seguridad Social y con la Federación Española de Municipios

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y Provincias para facilitar el acceso a estos beneficios a través de sus servicios sociales. En cuanto al segundo bloque, el nuevo bono social para calefacción, pretende ampliar la protección de las familias vulnerables mediante la
ampliación del bono de electricidad a una contribución directa que permita sufragar el suministro para calefacción. Por último, resulta fundamental, como decía antes, disponer de un instrumento estratégico en materia de lucha contra la pobreza
energética, motivo por el cual deberemos contar con comunidades autónomas y entidades locales, asociaciones de consumidores, representantes del tercer sector y las empresas energéticas, a fin de abordar la mejor de las propuestas en este campo.


Pero además de repensar el sistema actual y de elaborar un plan nacional integrado de energía y clima o proponer medidas para enfrentar la pobreza energética como prioridad, es necesario adoptar otra serie de medidas de choque que revierta
los problemas que he descrito en el comienzo de mi intervención, que nos permita avanzar en el cumplimiento de objetivos de descarbonización y mejorar en eficiencia energética promoviendo al mismo tiempo las energías renovables. Medidas de choque
que deben facilitar la electrificación de la economía de un modo que sea asumible en costes, que potencie las oportunidades y que facilite la descarbonización. La posibilidad de una economía neutra en CO2 solo es viable por medio de una
electrificación soportada en fuentes renovables con máxima eficiencia energética y por ello, el Gobierno adoptará un plan de choque en el que se incluyen medidas de apoyo inmediato, de protección al consumidor y medidas de reorientación del sistema.
Con ello queremos paliar algunas de las carencias más relevantes del sistema actual, por ejemplo la necesidad de facilitar la penetración en 2030 de las energías renovables sobre el consumo final de al menos el 32 % e incluso, en función de los
resultados de los ejercicios de modelización en los que ya estamos inmersos, poder alcanzar un objetivo. Digo ejercicios de modelización en los que ya estamos inmersos porque me gustaría destacar que, lamentablemente, afrontamos un contexto en el
que no hemos encontrado -tampoco aquí- ningún ejercicio de anticipación, planificación, adopción de medidas o escenarios; es decir, estamos trabajando a partir de un documento de planificación que estaba en blanco. Queremos poner aquí un especial
foco y esfuerzo en acciones concretas y de rápida aplicación que ayuden al cambio, a la transición en el medio plazo, facilitando la visión de España a 2030 y a 2050 que, pensemos, son en realidad muy pocos ciclos de inversión para cualquier
operador serio. Nuestra propuesta es introducir medidas agrupadas de manera coherente que sirvan de dinamizadores del cambio y que, desde ya, resuelvan parte de los problemas que se están encontrando ciudadanos y empresas.


Adelanto algunas de estas medidas de choque centradas en autoconsumo, energías renovables, protección al consumidor, eficiencia energética y movilidad. Autoconsumo. Conocen bien el tema. La necesidad de favorecer el autoconsumo ha sido un
clamor en esta Cámara y sigue contando con buena parte del apoyo de la misma. Hagamos del autoconsumo, y particularmente del autoconsumo compartido, una realidad. Con ello reducimos la factura eléctrica, porque el sistema fotovoltaico produce a un
precio inferior que la tarifa al consumidor final, pero no se trata solo de instalar una placa fotovoltaica en el tejado o de hacer que en la comunidad entren empresas de servicios energéticos y gestores de la demanda -claro que en parte es eso-;
se trata, en definitiva, de generar y compartir de modo distribuido haciendo que las pérdidas por distribución se reduzcan, originando con ello ahorro. Se consigue que las empresas ganen ofertando servicios energéticos encaminados al ahorro, a la
eficiencia en la producción y, lo que es más importante, a una demanda que se adapta a los momentos en que la comunidad produce más o cuando la energía es más barata y abundante, consumiendo menos cuando es más cara y escasa. Por ello, hemos
decidido incluir en el plan de choque la modificación de la Ley del Sector Eléctrico en los términos propuestos en la proposición de ley presentada por los grupos parlamentarios Socialista, Podemos, Esquerra Republicana, PNV y el Grupo Mixto, en la
que se destaca el reconocimiento del derecho a autoconsumir y a almacenar energía eléctrica sin cargos y sin más limitaciones que las derivadas de las condiciones técnicas y de seguridad, el reconocimiento del derecho a compartir el autoconsumo, se
exime a las instalaciones de autoconsumo de pequeña potencia de inscribirse en el registro de generadores de electricidad y se impulsa a la simplificación administrativa para pequeñas instalaciones.


Queremos reforzar también en el futuro inmediato, en el contexto inmediato, la protección al consumidor doméstico. En la actualidad hay más de 26 millones de consumidores domésticos con una potencia contratada inferior a 10 kilovatios, más
de 11 millones de clientes acogidos al precio voluntario de pequeño consumidor, PVPC, y más de 15 millones de pequeños clientes acogidos al mercado libre. En todos estos casos la reciente subida de los precios en el mercado mayorista ha tenido una
incidencia directa en la factura final, por lo que presentamos el siguiente conjunto de medidas para proteger al consumidor doméstico, mejorar su información, evitar prácticas abusivas y eliminar imperfecciones de la

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ley actual. Por un lado, queremos trabajar respecto al término de potencia contratada. La potencia contratada por los consumidores domésticos es, en muchos casos, muy superior a la potencia máxima consumida. Debido al peso considerable
del término de potencia en la factura final, algunos consumidores incurren en gastos innecesarios por exceso de potencia contratada cuando en realidad el servicio no se ajusta a sus necesidades. Por ello, esta medida combina una mayor información
al cliente sobre sus necesidades reales de máxima potencia contratada con una mayor flexibilización en cuanto al valor de la potencia a contratar, permitiendo que los pequeños consumidores puedan ahorrar en la factura de la electricidad ajustando la
contratación a las necesidades reales de consumo en lugar de tener que partir de un término de potencia elevado y rígido. Nos parece imprescindible mejorar la información al consumidor y fomentar la cultura energética facilitando el acceso de los
consumidores domésticos a la información sobre peajes de acceso con discriminación horaria, las tarifas que las acompañan, pudiendo obtener un ahorro en su factura si consumen en periodos valle, obligando a las comercializadoras de referencia a que
informen a los consumidores en su factura de cuál hubiera sido la facturación con otras tarifas que incluyan discriminación horaria; hacer que la información esté disponible no solo para distribuidora y comercializadora sino también para el
consumidor y que sobre esa información se puedan ofertar servicios energéticos, gestión de demanda y agregación, desarrollando el derecho a la información del consumidor como, por otra parte, ya es habitual en los servicios de telefonía. Junto a
esto, en este bloque incluimos también la eliminación de las imperfecciones del sistema y las medidas preventivas contra posibles prácticas abusivas de las comercializadoras.


Un tercer bloque de actuaciones en esta estrategia de choque tiene que ver con el impulso a las renovables en esa senda que ha de ser coherente y compatible entre el corto, el medio y el largo plazo. Al final, lo que vivimos hoy es fruto de
lo que hicimos ayer y el corto, el medio y el largo plazo empiezan en el mismo momento, hoy también. Debemos recuperar el atractivo de invertir en renovables; resulta fundamental. El abaratamiento de costes de estas tecnologías, el cumplimiento
de nuestros objetivos internacionales, la seguridad de suministro, el impacto positivo que ejercen en el precio, el impacto positivo que ejercen en la innovación y en la industria hacen imprescindible enviar las señales adecuadas. Para ello,
nuestro plan de choque, la estrategia en la que estamos trabajando en el Gobierno, identifica tres grandes líneas de acción: la primera, facilitar los contratos bilaterales desplazando una buena parte de la electricidad contratada en el mercado
mayorista a la contratación bilateral. La contratación bilateral a largo plazo de energías de fuentes renovables es una buena medida en todo caso; es lo que ocurre ya en buena parte de nuestro entorno y España es uno de esos pocos países europeos
donde la mayor parte de la energía se sigue obteniendo en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales, mucho más si queremos que sean precios estables y asumibles, si estos tienen por objeto
energía renovable certificada. Los PPA renovables son un instrumento esencial para el cambio de nuestra forma de consumir y ejemplos como Estados Unidos o Alemania demuestran su alto potencial y efectos positivos también en el mercado. Se trata de
una opción atractiva para empresas y administraciones públicas, pero también para consumidores industriales y consumidores finales mediante comercializadoras intermedias. Este instrumento promueve la participación de nuevos actores en el mercado.


Por otra parte, es imprescindible solventar las barreras existentes en el despliegue de renovables cuando tienen poco sentido. Hemos de evitar al máximo la especulación con los permisos para verter energía en la red, hemos de facilitar los
puntos de acceso o aprovechar al máximo los ya existentes y promover la simplificación de los procedimientos abreviados. El plan de choque introducirá medidas en este ámbito como el de solventar las barreras derivadas de la moratoria por la que
muchos de los permisos de acceso y conexión a la redes a día de hoy están a punto de caducar. Por ello, para asegurar la ejecución de los proyectos en marcha, estamos trabajando en la prórroga de dichos permisos, lo que hará viable el despliegue de
los proyectos en cartera en breve. Además, es el momento de aprobar un plan de impulso a la repotenciación de las plantas existentes, en especial cuando incluyen hibridación de tecnologías, aprovechando mucho mejor los puntos de acceso y conexión.
Y, por último, pensamos que facilitar la previsibilidad de las subastas con un calendario marco de aplicación estable hará más atractiva la inversión en este campo.


Otro bloque de actuación preferente -y paso rápido por las medidas incluidas- es el destinado a fomentar el ahorro y la eficiencia energética. Entre las medidas sobre las que trabajamos ya se incluyen aspectos claves de la trasposición de
directivas en materia de eficiencia en edificación o la mejora de la información al ciudadano en los momentos de venta y alquiler o la contabilización de los consumos individuales en las instalaciones térmicas de edificios, obligación en la que
llevamos mucho retraso, así

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como trabajar por la eficiencia en materia de alumbrado, revisando la normativa de alumbrado público y facilitando una mayor eficiencia energética y la reducción de la contaminación lumínica tras diez años de la entrada en vigor de la última
norma.


Hay una medida a medio camino entre la eficiencia y la mejora en las tarifas disponibles que afecta a un colectivo particularmente sensible también como es el de los regantes. Hemos pensado que es un sector especialmente expuesto, el
agrario, y que debemos mejorar las tarifas eléctricas para el regadío, por lo que proponemos la fijación de la doble tarificación anual, el fomento de las inversiones en instalaciones de regadío y la reducción de peajes para el autoconsumo, dado que
es un sector diana en materia de autoconsumo donde probablemente en la mayor parte de los casos esta sea la mejor solución.


En movilidad sostenible entre otros aspectos queremos destacar la modulación de la curva de demanda eléctrica y reducir los impactos de los motores convencionales, dirigiendo la mayor parte de las actuaciones en este campo, entre otras
cosas, al liberalizar la actividad de recarga y promover la infraestructura de recarga junto con otras medidas de las que hablaremos más en detalle en el momento en el que el Consejo de Ministros haya podido trabajar a fondo en esta estrategia, en
este plan de choque.


También en el campo de la eficiencia nos hemos fijado en algunos aspectos fundamentales que admiten mejora. En España debemos evitar perder el alto potencial de recursos internacionales en materia de facilitación de transición energética.
Por ello creemos que será bueno facilitar desde la Administración General del Estado la captura de recursos comunitarios, diseñando en gran medida una mejor distribución, una facilitación de su distribución, entre los actores potencialmente
beneficiarios. Necesitamos dotar de continuidad al sistema de obligaciones de eficiencia energética en el nuevo período 2021-2030, confirmando la continuidad del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, que tanto costó organizar.


Junto a estas primeras medidas de impacto, de choque inicial, me gustaría subrayar que nada de todo lo anterior es suficiente sin abordar la reforma de aspectos fundamentales como son el funcionamiento del mercado, la coherencia del sistema
fiscal y la necesidad de regular el almacenamiento como eje central para el éxito de la transición. La responsabilidad de facilitar una transición energética nos obliga a plantear un debate a fondo y complejo, tan complejo que ha sido muy difícil
hasta ahora poder abordarlo de forma abierta. El Gobierno está ya trabajando y analiza el impacto de unas y otras medidas o la combinación de varias de ellas. Los objetivos son tres: facilitar y acelerar la transición al menor coste posible,
recuperar la confianza de los inversores para acentuar el atractivo potencial de la transición energética en España y ofrecer un mercado sencillo y estable capaz de adaptarse, pero también de anticipar la evolución, ofreciendo garantías a
inversores, industrias y consumidores.


Una reforma de este calado debe huir de la improvisación de las medidas aisladas. Ya hemos tenido ejemplos. Estamos ante un modelo de mercado diseñado hace casi dos décadas cuando las energías renovables estaban aún muy lejos de su madurez
tecnológica y la mayoría de las centrales convencionales estaban al principio de sus plazos de amortización. En estas circunstancias, el modelo de mercado marginalista en el que para cada hora todas las centrales programadas reciben el precio
marcado por la última central, es decir, la más cara, que es necesaria para cubrir la demanda, era un modelo adecuado, proporcionaba una rentabilidad acorde tanto para las centrales con menores costes de operación, pero con mayores costes de
inversión todavía en periodo de amortización, como para las centrales con menores costes de inversión, pero mayores costes de operación ligados principalmente a los precios de materias primas; en el primer caso típicamente hidráulicas y nucleares,
y en el segundo caso típicamente centrales de gas. Sin embargo, la situación actual es bien diferente, pues con buena parte del parque de generación ya amortizado seguimos aplicando este sistema por el cual se obtiene la misma retribución que la
tecnología más cara.


Por otro lado, estamos ahora ante el momento tan anhelado durante décadas en el que las tecnologías renovables solar y eólica están demostrando ser en la mayoría de los mercados mundiales las fuentes de generación más económicas. Por tanto,
es fundamental ofrecer un modelo de remuneración para estas tecnologías eficiente, atractivo e integrado en un nuevo diseño de mercado que minimice el riesgo para los inversores en tecnologías renovables.


Quiero insistir en que una reforma de este calado necesita tres grandes áreas de acción al menos: el mercado mayorista, donde nos encontramos con un marco retributivo claramente deficiente, con una brecha entre precios y costes de las
distintas tecnologías, suben los precios sin estar acompasados con un aumento de los costes de generación de electricidad de la mayoría de las tecnologías, mermando el poder adquisitivo de las familias y poniendo en riesgo la competitividad de las
empresas; coherencia del sistema fiscal, repensar una fiscalidad que no siempre proporciona las señales adecuadas y a veces

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incluso proporciona señales contradictorias y, quizá como elemento más novedoso, tomarse en serio la necesidad de regular el almacenamiento. En el contexto de la transición energética en el que se encuentra el sistema eléctrico que requiere
un incremento muy importante de la penetración de las energías renovables no gestionables se hace crítica la gestión eficiente de los sistemas de almacenamiento disponibles con una visión global mediante aquellas herramientas que permitan maximizar
su impacto y garantizar la seguridad del sistema. Quizás así facilitamos esa visión tradicional de construir siempre con una potencia equivalente de back up que nos hacía incrementar tanto la capacidad instalada.


El tema central es cambiar la forma de concebir el sistema energético. Necesitamos repensarlo y alcanzar un sistema complejo y sofisticado en el que operan simultáneamente múltiples operadores, pero en el que todos debemos y podemos salir
ganando. Es complicado, pero sabemos que es necesario.


Estas reformas deben ir acompasadas con el paquete de invierno presentado por la Comisión, especialmente en lo que se refiere a mercado interior e interconexiones. Como saben, uno de los temas a discusión del pasado consejo informal ha sido
el límite de emisión de los pagos por capacidad, donde España ha defendido el límite de los 550 gramos por tonelada de CO2.


Dado el impacto social y económico de un sistema con un alto grado de distorsiones, es urgente abordar estas medidas estructurales que permitan que el mercado facilite, en vez de dificultar, la transición a un modelo eficiente y renovable en
el que predomine la electrificación de la economía. Fíjense ustedes, preguntas todavía sin respuesta, pero de gran calado, en algunas de las cuestiones que forman parte de los elementos de estudio que tenemos encima de la mesa. ¿Funciona
adecuadamente el modelo actual basado en un mercado marginalista? ¿Es apropiado retribuir por igual a todas las fuentes de generación, independientemente de sus costes reales? ¿Proporciona las señales apropiadas para la descarbonización del
sistema? ¿Es atractivo y apropiado para nuevos inversores en renovables? ¿Proporciona las señales adecuadas para la gestión óptima del almacenamiento como pieza fundamental en la integración de renovables? ¿Proporciona las señales adecuadas para
la gestión eficiente de los recursos hídricos? ¿Qué modelo podemos seguir para adoptar las retribuciones apropiadas de acuerdo con los costes reales de generación? ¿Cómo facilitamos alternativas que coexistan con el mercado? ¿Cómo conciliamos la
necesidad de reformas con atractivo para los inversores donde queremos impulsar un cambio que conlleva una movilización superior a 100 000 millones de euros, pero en el que nos podríamos ahorrar 400 000 y generar beneficios adicionales asociados a
innovación o industria? ¿Son necesarios los pagos por capacidad? ¿Cómo hacemos más eficientes los servicios de interrumpibilidad? ¿Debemos anticipar o ensayar ya mercados de capacidad, probablemente algo que en algún momento debamos plantearnos
cuando los costes operativos sean tendentes a cero en la mayor parte del sistema?


Estamos caminando hacia un modelo energético muy diferente, mucho más plural, y se trata de un modelo -yo diría- enormemente positivo para consumidores, para economía y para el medio ambiente, positivo para la salud, positivo para la
modernización de nuestra economía. Se anticipan ya los cambios y debemos proteger a los más vulnerables en esa época, en esa etapa de transición. Debemos ser capaces de evaluar los impactos y ser responsables a la hora de tomar decisiones. En
gran medida seguimos pensando en términos de un sistema de generación convencional, un sistema centralizado, pero ahora hay que hablar, hay que aprender, hay que integrar más flexibilidad, un sistema más distribuido, que incorpore nuevas
tecnologías, tanto digitales en la comunicación y mejora de los rendimientos como en el almacenamiento. En definitiva, un sistema sostenible y resiliente.


Les estoy describiendo en gran medida un nuevo paradigma energético en el que las tecnologías no gestionables serán el elemento central del sistema; no podemos llamarlas no gestionables, simplemente tenemos que aprender a gestionarlas. El
almacenamiento de energía es un eje estratégico para la gestión óptima y ofrece la seguridad que necesita el sistema eléctrico, tiene un papel central como modulador del cambio frente a otras formas de respaldo. Los cambios están en marcha y
tenemos clara voluntad de impulsarlos. Este nuevo sistema energético permitirá apostar por una modernización de nuestra economía más competitiva mejorando la seguridad de suministro. Por tanto, seamos conscientes de que junto con las medidas de
impacto directo real, empezando por esa suspensión, es decir, reducción a tipo prácticamente cero del impuesto de la generación, se volcará inmediatamente en la factura de los consumidores domésticos, pero también en la de los grandes industriales.
Debemos aprovechar, impulsar, reforzar la protección de los consumidores vulnerables a través de las medidas destinadas a paliar la pobreza energética, orientar las decisiones de largo plazo gracias a un plan de choque con esas medidas que nos
ayudan a mover el fiel de la balanza y abordar frontalmente, con responsabilidad y seriedad las medidas de fondo estructurales que en todo caso este país no puede retrasar más.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señora ministra.


Como en la anterior Comisión, intervendrán los grupos de menor a mayor. Por el Grupo Mixto, si no me equivoco, habrá dos intervenciones de aproximadamente siete minutos entre las dos.


En primer lugar, por Compromís, toma la palabra el señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: Muchas gracias, presidente.


Señora ministra, buenas tardes y nuevamente bienvenida a esta Comisión. Ante todo, quiero agradecerle su buena disposición a comparecer aquí. Se ha convertido en una asidua a esta Comisión y creo que esto todos se lo agradecemos mucho.


Estoy de acuerdo grosso modo con prácticamente todo el diagnóstico que usted nos ha ofrecido y le agradezco además el pormenor en los detalles y toda la claridad con que nos ha venido explicando cuáles son los problemas con los que nos
enfrentamos ahora. Usted ha introducido una serie de dimensiones importantes en el discurso, por ejemplo la necesidad de hacer un análisis transversal que incluya la perspectiva de género en cuestiones importantes como es la pobreza energética, la
necesidad de dar paso a una participación social intensa en el nuevo modelo que se quiere diseñar, la necesidad de contar con mecanismos que permitan ir avanzando -así lo he creído entender- hacia una mayor descentralización en cuanto a la
producción de energía o al menos dar la posibilidad de que haya fuentes de producción descentralizadas conviviendo con las presentes.


He echado en falta en su exposición la alusión a una dimensión que me parece muy importante, y es cómo piensa articular todas estas propuestas ambiciosas con las restantes administraciones públicas que en nuestro Estado están igualmente
llamadas a desempeñar un papel importante en esta cuestión. A nosotros nos preocupa, por ejemplo, que cuando hablamos de la regulación del sistema eléctrico español, usted haya aludido a los elementos de arbitrariedad que hay en él, con los cuales
coincido, que este es un sistema evidentemente muy ineficiente porque nos cuesta mucho dinero y ese coste repercute sobre el consumidor, pero me gustaría que usted también dijera cómo podríamos ayudar o cómo podría el Estado hacer que en municipios,
comunidades autónomas y entidades provinciales la ciudadanía entrase a impulsar también la energía renovable de una manera descentralizada, porque, como usted sabe, hay muchos sitios, muchos municipios, sobre todo pequeños, donde la creación de
cooperativas eléctricas basadas en renovables constituye una apuesta interesante. Por tanto, aquí es imprescindible una presencia del Estado promoviendo ayudas a la rehabilitación, promoviendo ayudas a la eficiencia y promoviendo ayudas al
cooperativismo. Esto en Valencia ya lo venimos haciendo con el Ivace, el instituto que desde la Generalitat está ayudando a los municipios, y nos gustaría saber también cuál es el nivel de compromiso por parte del Estado. Igualmente es importante
en cuanto a la eficiencia energética en las ciudades. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Valencia, mi ciudad, ha reducido casi en un 31 % su consumo energético gracias al cambio del 50 % de su alumbrado público en tan solo un año, pero para esto hace
falta que tengamos ayudas. Por tanto, yo le pregunto cómo va a favorecer la contratación pública de energía cien por cien limpia, cuáles son los actuales planes a nivel estatal para fomentar la eficiencia energética en las ciudades y en
colaboración con las ciudades, y si en los futuros presupuestos generales se contemplan ayudas para los municipios en esta línea.


Asimismo, me gustaría abordar muy brevemente -para no comerme el tiempo de mi compañero- un tema que también es muy importante, y es el problema de las puertas giratorias en el organigrama del oligopolio eléctrico. Quisiera referirme a él
aunque sea tangencialmente, pues nunca está de más referirse a esto como un factor que verdaderamente contribuye a las distorsiones que estamos viendo, esas colusiones entre política e intereses del oligopolio. Evidentemente, creemos que hace falta
abordarlo, queremos que el Gobierno incida más, que sea más estricto a la hora de exigir unas incompatibilidades y que se acaben las puertas giratorias. Igualmente, al hablar de la pobreza energética, me gustaría saber de qué manera el Gobierno del
Estado va a ayudar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos...


El señor PRESIDENTE: Señor Bataller, va a dejar sin tiempo al señor Campuzano.


El señor BATALLER I RUIZ: Sí, concluyo.


... para que sean posibles conceptos como la renta valenciana de inclusión, que están elaborados para ayudar a paliar la pobreza energética.


Con esto concluyo.


Muchas gracias y lo siento.

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El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


Toma la palabra el portavoz del PDeCAT, el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Quiero agradecer la comparecencia de la señora ministra. Es evidente que podemos compartir buena parte de su diagnóstico y podemos compartir buena parte de sus ambiciones en esta política. Pero, señora ministra, yo necesariamente he de
empezar esta intervención recordándole el compromiso que en algún momento el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asumió con el Govern de Catalunya de levantar el recurso ante el Tribunal Constitucional a la ley catalana contra el cambio
climático, un esfuerzo del Parlament de Catalunya decisivo en esta materia, y yo le reitero que me gustaría conocer en esta Comisión cuál es la posición de la ministra y en qué estado se encuentra el desistimiento de ese recurso por parte del
Gobierno. Esa ley formaba parte de una estrategia sólida de las instituciones catalanas precisamente -no solo en ella pero también- en esa lucha contra el cambio climático, fundamental también en el contexto de la política energética que en
Cataluña se puede desarrollar.


Señora ministra, en ese planteamiento ambicioso que usted nos plantea he de reclamarle necesariamente consenso y voluntad de acuerdo político; un planteamiento ambicioso en esta materia necesita que goce de los mayores apoyos políticos de
la Cámara precisamente para garantizar la estabilidad en la regulación del sector eléctrico. Tan solo la estabilidad en el tiempo puede permitir la eficacia en cualquiera de los retos que usted se plantea en el medio y largo plazo. Sepa que ahí
nuestra posición política va a estar en esa dirección.


En este sentido, le quiero plantear algunas cuestiones concretas. Una, en materia de fiscalidad usted nos plantea una suspensión del 7 % que se aplica como impuesto a la electricidad y yo le planteo la rebaja del IVA del 21 % al 10 % para
los consumidores de bajo consumo; algunos países de nuestro entorno lo han hecho y eso ayudaría también a los consumidores más vulnerables en términos de la factura eléctrica. Dos, reforma del mercado eléctrico para evitar estos incrementos
desorbitados. Compartimos ese planteamiento y también que el desarrollo de la energía renovable va a ser fundamental, pero ahí también le exigimos consenso y estabilidad; la reforma del mercado eléctrico exige consenso y estabilidad. Tres, hay
que poner fin a la discriminación que padecen las industrias catalanas en cuanto a los costes de la electricidad. Usted sabe perfectamente de que le estoy hablando, la diferencia de tarifa actual entre las empresas que acceden a tensiones entre 1
kilovatio y 30 kilovatios respecto a las de 30 kilovatios y 36 kilovatios. La industria catalana ha trasladado al presidente Sánchez su preocupación sobre esta materia, esa diferencia ha sido recurrida en la CNMC, la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia, y además la Comisión Europea está investigando al Gobierno español sobre esta cuestión. Eso afecta a la competitividad de la industria catalana y me gustaría conocer cuál es la posición del Gobierno en esta materia.


Revisión del bono social. En esa posición nos van a encontrar, evidentemente el bono social que el Gobierno del PP articuló no está funcionando. Y supresión del impuesto al sol. Celebro que comparta la iniciativa que también firmó el
Partit Demòcrata con el Grupo Socialista y espero que eso se pueda resolver en los próximos tiempos.


Finalmente, señora ministra, plan de ahorro y eficiencia energética. Ha hablado de vivienda y yo creo que es imprescindible -con ello termino, señor presidente- un nuevo Plan Renove con prioridad para las bajas emisiones y un plan de
innovación y desarrollo en el sector del automóvil, este es un sector fundamental en esta materia, es sector básico para nuestra economía, para nuestro empleo. El Gobierno ha hecho anuncios confusos en esa materia y yo le exijo que escuche a la
industria del automóvil y que plantee un plan serio en esta materia.


Señor presidente, gracias por su amabilidad.


Señora ministra, espero que seamos capaces de crear un espacio de diálogo entre gobiernos, grupos políticos, sectores económicos, para alcanzar acuerdos en esta materia.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


A continuación, y en nombre del Grupo Vasco, tomaría la palabra la señora Sagastizabal, si no me equivoco.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Buenas tardes y gracias por su comparecencia hoy aquí. Estamos desde luego bastante de acuerdo con el diagnóstico que ha realizado. Es verdad que la factura de la luz se ha convertido en un quebranto

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de cabeza para los hogares, empresarios o empresas individuales, profesionales y pymes gracias a un método de fijación de precios que hoy podríamos calificar como deficiente.


Es verdad que la política de reformas económicas que se llevó a cabo en el mercado energético no funciona y se viene caracterizando por tener un precio que pesa como una losa en la competitividad de la producción final y además con una
normativa descoordinada que castiga a los consumidores entre otros. Prueba de ello es que la factura de la luz sigue subiendo, una subida que, como usted bien ha dicho, ha ido en alza desde mayo y para hoy el precio de la electricidad en el mercado
mayorista ha registrado un nuevo máximo. Es cierto, y estamos de acuerdo, en que los países del entorno europeo muestran una evolución equivalente, pero tampoco podemos conformarnos con esto porque las respuestas han sido distintas. Muchas veces
para justificar estas subidas nos suelen hablar de los cambios de las condiciones climáticas, pero lo cierto es que el incremento del precio en el mercado diario se debe a la cotización del CO2 y el gas en los mercados internacionales. Y esta
subida de precio también es consecuencia de las políticas europeas para favorecer la entrada de renovables y desincentivar el uso de combustibles fósiles, así el precio del CO2 ha pasado de 5,9 euros por tonelada, como usted ha dicho, en agosto del
año pasado a 21,1 euros en agosto de este año; y el gas de 16,6 euros a 26,3 euros.


En definitiva, estamos ante un mercado mayorista sometido a una volatilidad de las tecnologías que fijan el precio; volatilidad de la que ya advirtió también la CNMC en el año 2014 en un informe acerca del PVPC. Sin embargo, en su día
cuando se modificó el sistema de fijación del precio se nos dijo que era para ofrecer un sistema estable. No lo es y a las pruebas me remito. Pero, además, el problema del precio de la factura está en los costes no relacionados con el suministro y
que están en el entorno del 50 %, como usted ha dicho.


El coste de la energía no solo se ha convertido en un lastre para la actividad empresarial y puede amenazar la actividad industrial, sino también en un factor que genera malestar en los ciudadanos porque no entienden ni la factura ni las
tarifas que les están aplicando. Es verdad que cada vez hay más personas que no van a poder abordar el recibo de la luz, usted nos ha hablado de una reforma del bono social, con eso estaremos de acuerdo; pero entendemos que la solución no es solo
el bono social, sino que pasa por revisar el sistema, como usted ha dicho, por ser transparentes, adoptar medidas o soluciones eficaces, porque no nos podemos conformar con una sociedad que esté subsidiada. Tenemos el informe de los expertos:
utilicémoslo, busquemos sinergias para que la política energética se implemente adecuadamente y no sea como hasta ahora una política basada en el déficit de tarifa y sin ninguna coordinación con la política industrial, la política social y la
política energética.


Creemos que hay que abordar esa fiscalidad, hay que hablar de medidas impositivas. Es verdad que todas esas medidas no se pueden implantar de un día para otro porque llevan un trámite largo y además creemos que tiene que haber negociación y
en nuestro caso todavía más porque tenemos unas haciendas propias, con lo cual tendríamos que reunir a la Comisión Mixta del Concierto en ese tema. Pero la recaudación no es inmediata y también hay que tener en cuenta cómo afecta esa fiscalidad a
la productividad, a la competitividad y a las inversiones para que no generen una distorsión del mercado importante. Esa fiscalidad tendría que ir alineada con la reforma de fiscalidad energética propuesta hace escasos meses por el grupo de
expertos para la transición energética, con un consenso bastante generalizado, repartiendo los costes entre todas las energías.


No sé si lo han podido estudiar, pero en otros países europeos se desliga el PVPC de esa volatilidad del mercado en los que indexan la tarifa a los mercados a plazos. No sé si lo han investigado o analizado.


Respecto a la reducción del umbral de 10 kilovatios, estaríamos de acuerdo con esa medida, así como con lo que se nos ha anunciado sobre el autoconsumo. Con respecto al bono de calefacción, quisiera conocer si va en la línea de la
proposición de ley de protección de consumidores vulnerables de gas natural y otros gases por canalización que presentó el Grupo Socialista y que creo que estaba en trámite de enmiendas; no sé si ha acabado ya el plazo de enmiendas.


Respecto al bono social es verdad que es una solución que responde de forma parcial; nosotros estamos abiertos a una remodelación, pero hay que decir que la complejidad es mucho mayor, la pobreza energética tiene muchas dimensiones,
efectivamente requiere medidas estructurales pero también una respuesta coordinada con todas las administraciones competentes tanto en la regulación como en la gestión de otros factores como la eficiencia energética. Me gustaría conocer si va a
existir esa coordinación, cómo se va a abordar y en qué plazos porque necesitamos un diálogo entre la política energética, la asistencia social y también la política industrial.

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Nos ha hablado -también el señor Campuzano, y nosotros estaríamos de acuerdo- de la reducción del IVA del 21 % aplicado a las tarifas eléctricas o en todo caso aplicar esa reducción a los consumidores vulnerables. Me gustaría saber si esto
podría ser posible o si lo han estudiado. Nos ha hablado de la suspensión del 7 % del impuesto a la generación, que desde luego valoramos positivamente; pero también hay que decir que antes de que llegue eso hay que hablar de que la recaudación de
la totalidad de los ingresos procedentes del impuesto a la generación del 7 % y su aplicación a las tarifas eléctricas, dado el aumento que se está produciendo en la recaudación por el incremento del precio del mercado, actualmente está previsto que
se ingresen por las tarifas eléctricas unos dos mil y pico millones y ahora se van a recaudar muchísimos más y a lo mejor estarían de acuerdo en ingresar ese margen que tienen. Como las eléctricas también están obligadas a comprar los derechos para
emitir CO2 y una parte de los ingresos se destina a reducir los costes regulados y otra parte queda en manos del Estado, no sé si han contemplado que el exceso total o parcial de los ingresos derivados de ese aumento de recaudación que se está
produciendo como consecuencia del precio del CO2 se inyecte al sistema eléctrico porque actualmente en los Presupuestos Generales del Estado están previstos unos cuatrocientos y pico millones y esa previsión en 2018 rondará en unas cantidades
mayores.


Dicho esto, nos gustaría saber si con todas esas medidas, que son a nuestro juicio positivas, tienen previsto un cronograma y un orden de prioridades en las mismas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señoría.


Quiero confirmarle que el plazo de enmiendas sobre el que tenía alguna duda se ha ampliado.


Toma la palabra a continuación, en nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, el señor Capdevila.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


Señora ministra, muchas gracias por su comparecencia, creo que está a punto de batir el récord de comparecencias por ministro. Quiero excusarme porque mi discurso, en primer lugar, va a ser cojo, me lo ha fastidiado usted y también el señor
Campuzano y la señora Sagastizabal, o sea que quizá sea un poco inconexo.


Comparece de nuevo usted en esta Comisión, esta vez para tratar un tema importantísimo, importantísimo a nivel ambiental porque sabemos que la energía es seguramente el 80 % del problema ambiental que tenemos, e importantísimo en sí mismo
por el precio de la energía, que está llegando a máximos históricos -como usted bien ha definido-, por un lado por el impacto que tiene para las familias, que asisten atónitas al incremento continuo de la factura de la luz. Por cierto -ya se lo
comenté en su primera comparecencia aquí-, hay que explicar muy bien a la ciudadanía qué está pagando cada vez en su factura y explicarle también que está pagando las consecuencias del llamado caso Castor, sobre el que mañana, por cierto, esta
Cámara va a votar si decide abrir o no una comisión de investigación. Por otro lado, aunque este nuevo planteamiento ministerial no forme parte de la misma comisión de trabajo, no debemos olvidar la finísima línea que separa la energía de la
industria y más concretamente para las pymes, que al no poder acceder al mercado de las grandes corporaciones son más vulnerables a situaciones como ésta. Ante tal panorama no nos puede dejar de extrañar que, cuando decimos que las pymes de este
país son más pequeñas, es en parte porque son menos competitivas y en parte por el precio de la electricidad. Según los últimos datos del informe Pimec -lo citaba en su anterior comparecencia- hemos podido analizar que la diferencia de precio de la
electricidad entre España y Alemania en el año 2017 fue de 18 euros por megavatio, sin perjuicio también de la injusticia que ha señalado el señor Campuzano por los diferentes precios según los tramos de tensión, cuestión sobre la que la señora
Sagastizabal quizá no esté tan de acuerdo conmigo Esta pérdida de competitividad producida por el aumento de los precios de la energía implica consecuencias como un repunte de la inflación, dado que las industrias trasladarán el precio de la energía
al precio de venta, y más aún puede tener como efecto la pérdida de lugares de trabajo y deslocalización de industria a otros países donde no haya penalizaciones del CO2, factor que explica en parte también el incremento energético. Por ello,
señora ministra, es nuestro deber informar del porqué de estos precios tan elevados que -como le acabo de transmitir- provocan también consecuencias nefastas sobre el bienestar de las familias y de pequeñas y medianas empresas en este país, que son
-entendemos- la base del crecimiento productivo.


Podemos identificar diferentes factores en este incremento, por ejemplo, la consecuencia de que las energías fósiles y nucleares vayan internacionalizando progresivamente su impacto, que -como he

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comentado- depende del precio del CO2. Esto automáticamente se traduce en un aumento de precios. Así pues, los precios serán más altos cuando haya energía contaminante en el mercado, especialmente el carbón. Un ejemplo práctico de todo
esto lo encontramos en el día 12 de septiembre, que fue cuando el precio llegó a su máximo: 75,39; energía nuclear, 19,50; carbón 18,80; las renovables y las hidráulicas, 30,33. La conclusión es clara y creo que la compartimos, es necesaria la
reforma de un sistema eléctrico que lo haga menos dependiente de este tipo de energías. Quizás no le ha dado tiempo a hablar de ello y la invito a hacerlo. Si empezamos a hablar de los datos que se obtienen de los contadores, podemos recibir
informaciones relevantes. Aunque haya factores en los que somos conscientes que no podemos incidir -como sería el caso del precio del CO2, el precio de la energía, del petróleo, del gas, los objetivos de descarbonización obligatorios a nivel
europeo o los factores meteorológicos- como intentamos presentar aquí un discurso constructivo sí pretendemos identificar ciertos factores en los que las instituciones deberían actuar. Así, señora ministra, aumentemos el nivel de competencia en el
mercado español captado por un oligopolio que se caracteriza por su opacidad y sus prácticas abusivas y que, tal y como han denunciado diversas ONG como Greenpeace desde hace años, ha recibido ayudas por conceptos como pagos por capacidad que
suponen un sobrecoste de 800 millones cada año que también recaen sobre nuestra factura. Creemos que la clave se encuentra en la separación de actividades productivas de distribución y de comercialización. Me ha parecido intuir que coincidimos en
este tratamiento.


Señor presidente, veo que me hace señas, ¿me estoy pasando?


El señor PRESIDENTE: Señoría, hablaba por señas a otra señoría. Lamento haberle interrumpido.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: ¡Ah!, no hay de qué.


El señor PRESIDENTE: Tiene usted la palabra por un minuto más.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: También hay margen.


En el ámbito de la fiscalidad es necesario armonizar en una fiscalidad todas las fuentes finales de energías siempre en función del impacto. Otra medida pasa por reformar el diseño del mercado y así abstraer total o parcialmente tecnologías
amortizadas donde no hay competencia, como sería el caso de la gran hidráulica o la nuclear. Por último, proponemos dar señales económicas a largo plazo para las inversiones en tecnologías limpias. Es necesaria una clara apuesta a nivel
estratégico para que este cambio de modelo sea posible.


Para terminar, señora ministra, no puedo dejar de hacerle memoria. Su partido, el partido que está en el Gobierno, siempre marcó como prioridad en el ámbito de la transición energética solucionar el problema que sufren decenas de miles de
familias españolas que fueron impulsoras de la generación fotovoltaica. Ahora que ustedes están en el Ejecutivo este colectivo busca respuestas, pide con urgencia que se consolide el compromiso de ancorar la actual retribución, puesto que una
instalación fotovoltaica -usted lo sabe- es una pequeña fábrica de generación de energía muy costosa, con una vida útil definida y costes de operación y mantenimiento elevados. Si realmente apuestan ustedes por el cambio esta sería una buena manera
de demostrarlo con todos aquellos que fueron pioneros en apostar por un futuro con energías sostenibles.


Última frase. Señora ministra, retiro mi acusación de la última comparecencia de que estaba usted decepcionando a los aficionados al rock and roll. (Risas). Ha empezado el concierto, nos está gustando tanto la letra como la música y,
básicamente, ahora nos gustaría ver a qué compás va a mover usted el diapasón y que ponga usted, por favor, como ya se le ha pedido, fechas sobre todo al segundo bloque, a las medidas de reacción inmediata.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría. Pero, en cuanto aparece la metáfora de la música -frecuente en usted en todas sus intervenciones- se me viene arriba y consume dos minutos más. (Risas). En cualquier caso, en la segunda intervención
lo tiene en cuenta.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Pienso compensárselo.


El señor PRESIDENTE: Hoy sería guitarra eléctrica, entiendo.


A continuación, toma la palabra, por el Grupo Ciudadanos, la señora Rodríguez.

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La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Utilizaré la música a ver si así tengo dos minutos más también, señor presidente.


Compartimos el diagnóstico, señora ministra, la música que escuchamos hoy nos agrada, en la mayor medida de lo que ha dicho. Es cierto que seguimos teniendo algunas dudas sobre ciertas partes sobre las que le iré preguntando y así las
resolvemos.


Como ya se ha dicho, los precios de la luz siguen aumentando. De hecho, el récord que estamos ostentando es que nunca había habido un período de doce días consecutivos con un precio del megavatio/hora por encima de 70 euros y continuamos, y
máxime si tenemos en cuenta que tenemos unas reservas hidrológicas un 15 % superiores que en el mismo periodo del año pasado. Como usted ha dicho, el precio del CO2, que se ha multiplicado por 5 en el último año, y el de las distintas materias
primas hacen que los costes sigan subiendo y que al final el que más emite sea el que más paga y, por consiguiente, al final paguemos más todos. La escasa producción renovable de la temporada de verano hace que quede manifiesta la necesidad no
solamente de esa transición energética de la que hemos hablado siempre, sino de la regulación de las fuentes de acumulación para poder respaldar todas esas energías renovables que no son gestionables o dotarlas de una gestionabilidad y rellenar ese
hueco térmico que tenemos en verano, en el cual no tenemos suficiente capacidad de producción renovable, atendiendo a las potencialidades que sí tiene un país como el nuestro.


Cuando habla de planificación a nosotros particularmente nos suena muy bien, pero también -en eso estamos de acuerdo con el señor Campuzano y que no sirva de precedente- se requiere consenso para toda la planificación que se quiera mantener
o para el plan energético que se quiera establecer a futuro. Asimismo, nos creemos la versión que nos ha dado hoy, es decir, borramos de nuestra memoria los distintos titulares que hemos visto hasta el momento, me gustaría quedarme con lo que ha
dicho hoy, pero me gustaría también que usted nos los aclarase. Igualmente, seguimos careciendo de números, porque el estudio en el que usted participó y habló de que el cierre del carbón y la nuclear supondría un incremento de costes solo de entre
14 céntimos y 1,2 euros al mes, lo vimos totalmente contrarrestado cuando este año, con el cierre de dos de las siete centrales nucleares, el precio se encareció en más de 4 euros. Por tanto, queremos que ponga números sobre la mesa en relación con
esas estimaciones y con esas medidas que nos ha expuesto hoy. Además, el informe de expertos de la Mesa para la transición energética hizo un supuesto en el cual, con todo el cierre de la nuclear y el carbón, sustituyéndolo en gran parte por ciclos
combinados, había un aumento de un 20 % del precio del coste de generación y el precio de la luz. Queremos que nos dé números, que nos indique si estos supuestos del comité de expertos están fundamentados en realidades o si usted cree que la
realidad puede ser distinta. Por eso, nos gustaría que dijese si ha calculado el impacto económico que tienen todas las medidas que ha propuesto hoy y cómo van a repercutir. Asimismo, quisiéramos que nos dijera cuál es la posición en este caso en
función de la comunidad autónoma, ya que seguimos observando que su formación, en función de la comunidad autónoma en la que esté, defiende un modelo energético totalmente diferente. Nos gustaría creernos la versión que usted ha dado hoy, pero
quisiéramos que nos lo aclarase.


Quisiéramos saber qué finalidad tiene el dinero recaudado por la venta de derechos de emisión, porque quizás se podría utilizar este dinero, por ejemplo, para pagar la retribución a las renovables y de esa manera abaratar precios. Nos
gustaría que nos comentase qué le parece esta propuesta que le acabamos de hacer. Como ya se ha dicho al hablar de la factura y lo hemos dicho en otras ocasiones, el 72 % de la factura que tenemos es de coste fijo y el 48 % de ese otro 28 %
también, por eso hasta el momento hemos tenido los inconvenientes en cuanto al impuesto al sol, autoconsumo, etcétera, porque no tenemos una parte variable que sea variable de verdad. Hemos registrado distintas iniciativas al respecto sobre todo en
relación con eliminar la fiscalidad que se encuentra en la factura de la luz y reducir la parte fija. Usted ha hablado hoy del impuesto de generación eléctrica, que es ese 7 %. Nosotros trajimos a la Cámara que se votase la eliminación del
impuesto sobre la electricidad. Todos los partidos votaron en contra; suponía una reducción directa de un 7 % en la factura de la luz, pero es que además tenemos el impuesto sobre el valor añadido, el IVA, tenemos la tasa hidroeléctrica del 25,5
%, más el 7 % de generación, tenemos la tasa de los nucleares, la tasa de Enresa, los costes extrapeninsulares y el fomento de las energías renovables. Ya sabe que a mi formación esto de bajar los impuestos es algo que le suena muy, muy bien, pero
nos gustaría que no se quedara solo en ese 7 %, sino que auditáramos esa factura de la luz, como ya hemos solicitado en distintas ocasiones, y estableciéramos hacia dónde tienen que ir parte de esos costes fijos, porque está claro que no tienen nada
que ver ni con el consumo ni tampoco con la eficiencia en el patrón de consumo de cualquier consumidor común. Asimismo, en cuanto al impuesto

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sobre la electricidad y la modificación del artículo 92 de la Ley 28/2014, se introduce que esta normativa da pie a que los costes relacionados directamente con la definición de ese artículo no conformen parte de esa base imponible del IVA y
del impuesto sobre la electricidad, con lo cual por esa parte también podríamos reducir los costes. Trabajar en una factura que refleje realmente los costes de la electricidad creemos que es lo más honesto que se puede hacer para con nuestra
ciudadanía. Cuando usted hoy ha hablado de planificación nos ha sonado bien porque eso quiere decir que evitaremos que se sigan cargando las improvisaciones y la ineptitud de distintas políticas energéticas en la factura de la luz. También me
gustaría preguntarle si es consciente el Gobierno de que la única conclusión posible de los anuncios que ha realizado previamente sería la subida de la luz, si nos quedamos con lo anterior. Si nos quedamos con lo de hoy, entendemos que existirá una
planificación.


En cuanto al bono social, no nos ha quedado claro si quiere desmarcarse del pacto actual al que llegamos el Partido Socialista, el Partido Popular y nosotros mismos, en el que incluíamos el criterio de renta, o si quiere volver al término de
potencia, porque es cierto que ha habido un problema en cuanto a la comunicación. El Gobierno no ha hecho nada para informar a los consumidores de la existencia de este bono social, pero nos gustaría que nos lo dijese. También si tiene una
estimación del coste de abaratamiento de todo nuestro sistema por introducir mayor generación distribuida, y quisiéramos dejar claro que si no se reduce la carga impositiva la generación distribuida tampoco va a ser atractiva para nuestros
consumidores, con lo cual queremos que nos hable de si tiene esa estimación económica.


Voy terminando, presidente, se lo prometo, a pesar de que he utilizado la palabra música mucho tiempo. (Risas). En cuanto a eficiencia energética, la última vez le preguntamos sobre la modificación que se proponía en relación con el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en el que se dejaba fuera a casi todos los edificios públicos de la obligación de cumplir en materia de eficiencia energética, en un proceso de rehabilitación, etcétera. También quisiera que nos definiese qué es
para el ministerio un edificio de consumo energético casi nulo. Nos gustaría que se estableciese esa definición. Nosotros sabemos cuál es para nosotros esa definición, pero quisiéramos tener la del ministerio. Como digo, alabamos y celebramos
parte de la música que ha entonado hoy; nos ha faltado un poquito de saber cuánto nos van a costar las cosas, cuánto va a costar toda esta implementación. Ya sé que siempre le estoy preguntando por cuánto nos cuestan las cosas, pero es que nos
importa, porque al final los ciudadanos son los que acaban pagando.


Señora ministra, esperemos que todo lo que ha dicho hoy se transforme en realidades. Para hablar y trabajar sobre planificación energética puede contar con nosotros.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Mismos minutos musicales que el señor Capdevila, prácticamente dos.


A continuación toma la palabra el grupo proponente de varias de las iniciativas que hoy comentamos, el portavoz del Grupo de Podemos, señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


Gracias, ministra, por sus explicaciones. Antes se hablaba de música. Nosotros esperábamos asistir a un concierto de rock de propuestas avanzadas y valientes, y creo que usted se ha quedado con una simple balada poco ambiciosa y poco
valiente ante la gravedad de la crisis de precios a la que nos enfrentamos; una crisis de precios que no es puntual ni coyuntural, sino estructural. Luego le detallaré más esas cuestiones, pero creo que no ha entrado en el fondo. Usted se ha
hecho muchas autopreguntas que no han encontrado respuesta sobre cómo acabar o reformar el mercado que tenemos, que es un mercado de privilegios para las grandes empresas eléctricas, ni sobre cómo garantizar plenamente el suministro como derecho.


Antes que nada quería decirle que no estamos simplemente ante un debate económico, que este es un debate también de valores y de modelo de sociedad y que para nosotros la energía no es una mercancía más, es un bien de primera necesidad y es
un derecho. El acceso a la energía, y ahora también la capacidad de producir energía por parte de la ciudadanía, para nosotros es un derecho fundamental, y tenemos un sistema energético -usted lo ha dicho, y lo digo yo con otras palabras- que es
sucio, caro, ineficiente social y ecológicamente y que genera ganadores y perdedores: ganadores, las tres grandes empresas eléctricas con ganancias en los últimos cinco años de 29 000 millones de euros, y perdedores, el conjunto de la ciudadanía
por el incremento de los precios en un país de bajos salarios y vivienda cara, pero especialmente perdedores son las 4 600 000 personas que se encuentran en situación de pobreza energética. Vivimos grandes beneficios por un lado y cortes de la luz
por el otro lado.

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¿Dónde está el problema? Porque no sé si terminamos de coincidir en el diagnóstico. Evidentemente, en una parte sí que coincidimos, el retraso de España producido por los recortes y los hachazos a las renovables a la hora de avanzar hacia
la transición energética, donde llevamos prácticamente una década perdida, pero ahora no sustituyamos la falta de agua a la que se refería el ministro Nadal por el precio del CO2 o por el reto de la transición energética como responsable del
incremento de los precios. Creemos que el problema estructural, el problema de fondo, es que el proceso de liberalización no ha funcionado, ni han bajado los precios ni sustancialmente hay más competencia; hay muchas más quejas de los
consumidores, hay cortes del suministro, hay una supervisión del mercado ineficiente, y tampoco esto ha servido para mejorar la competitividad de las empresas. El problema central es el exceso de poder de mercado del oligopolio de las grandes
empresas que terminan haciendo lo que quieren con el sistema energético y con el mercado. Se trata de un poder de mercado que también es consecuencia de un poder político, de la capacidad de influir sobre las decisiones políticas, de las puertas
giratorias que se han producido a lo largo de esto años. Aznar, Elena Salgado, Martín Villa o Pedro Solbes a Endesa; Felipe González, Cristina Garmendia o Narcís Serra a Gas Natural o Acebes a Iberdrola. Es un sistema que ha supuesto una estafa
para las personas consumidoras y evidentemente no hay una competencia real.


Las eléctricas reciben grandes beneficios no por lo bien que lo hacen, no por los servicios energéticos que prestan, sino como consecuencia de una mala regulación. Usted se ha referido a alguna de estas cuestiones, que son los llamados
beneficios caídos del cielo, los privilegios a los que antes me refería. Empresas amortizadas en un marco regulatorio anterior, como nucleares e hidroeléctricas, que ahora son retribuidas por ese mercado marginalista al precio de la más cara, que
suele ser el gas. Se trata de un mercado que evidentemente no funciona y que genera esos beneficios caídos del cielo; un mercado por cierto al cual está indexado el PVPC de los consumidores más vulnerables. En síntesis, compramos agua a precio de
cava o de champán francés. Lo mismo ocurre con los pagos por capacidad. Hay un informe de Greenpeace que denuncia que en los últimos años hemos pagado en la factura de la luz casi 18 000 millones por esos pagos por capacidad, que de hecho son
subvenciones a empresas contaminantes de carbón y gas. Somos el país de Europa con mayor número de estos pagos y que más subvenciones de este tipo ha destinado, tratándose además de unos pagos opacos. Ministra, ¿cuál es la posición que van a tener
a nivel europeo? Nos ha dicho una parte, la del límite de los 550 gramos, pero, ¿cuál es la posición sobre el rediseño de esos pagos por capacidad para que estén abiertos a todo tipo de sistemas de energía, fuentes renovables, cuestión de la
demanda y almacenamiento y para que dejen de ser opacos? En otro orden de cosas, también somos el país con los costes más elevados en concepto de interrumpibilidad: el año anterior más de 500 millones de euros; 100 millones más que el siguiente,
que es Italia. En síntesis, nadie regala duros a pesetas, como se decía antes, a excepción de los Gobiernos de las dos últimas décadas al oligopolio eléctrico. Usted propone la suspensión del 7 % del impuesto sobre el valor de la producción
eléctrica, concepto el de suspensión que nos gustaría que nos clarificara. Creemos que es necesaria una reforma integral de la fiscalidad para que sea realmente una fiscalidad ambiental y una fiscalidad verde, pero si usted no afronta esos
beneficios caídos del cielo, acabar con esos privilegios de este tipo de mercado, no vamos a solucionar nada, va a ser un parche. Necesitamos medidas y soluciones estructurales.


Nos hablaba del bono social y de las personas que sufren pobreza energética. Ministra, la reforma de octubre de 2017 ha dejado fuera, y por tanto en riesgo de pobreza energética, a 1 700 000 personas, fruto de un acuerdo político entre el
Grupo Parlamentario Socialista, Ciudadanos y Partido Popular que en realidad supuso un cheque en blanco al Gobierno del Partido Popular a espaldas y sin tener en cuenta las peticiones de asociaciones y colectivos vulnerables y con la oposición y
advertencia de nuestro grupo. El resultado ha sido un proceso de solicitud diabólico en el que la posición fiscalizadora la tienen las suministradoras y una progresividad insuficiente que no garantiza el acceso a la energía como un derecho. Usted
ahora habla de seis meses para elaborar una nueva estrategia nacional. Si usted habla con la Alianza contra la Pobreza Energética y con las entidades que han trabajado esta cuestión, estoy seguro de que en dos días es posible lograr que haya
medidas claras, efectivas, valientes para hacer frente a la pobreza energética y para garantizar el derecho a la energía. Asimismo, usted ha hablado de un plan de choque. Le preguntamos para cuándo, cuál es su calendario.


Creemos que hay medidas que son imprescindibles, por ejemplo, la reforma del mercado eléctrico aprobando un gravamen sobre el exceso de retribución que reciben en el mercado centrales ya amortizadas para acabar con los beneficios caídos del
cielo, de forma que esto revierta en el sistema eléctrico para reducir el precio de la electricidad. Esta es una medida concreta. O la limitación de los

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precios; incluso en Gran Bretaña el Gobierno conservador ha puesto un techo máximo al precio de la electricidad. O la reforma de la factura eléctrica reduciendo el coste de la parte fija, el término de potencia, porque tenemos una tarifa
que no facilita la eficiencia energética, sino todo lo contrario, y que tendría que tener una lógica de tarifación social. O recuperar la gestión pública de las centrales hidroeléctricas -tampoco nos ha dicho nada sobre esta cuestión-, permitiendo
que los usos del agua operen a favor del interés general de la transición energética y se evite la especulación sobre el agua, como ya sucedió en 2013. O ajustar la retribución del transporte en la distribución eléctrica de acuerdo a los recientes
informes de la CNMC, que ha dicho que hay una retribución excesiva de estos peajes.


El señor PRESIDENTE: Señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino, presidente.


En materia de pobreza energética necesitamos implementar ya medidas que sean realmente eficientes. Lo que no puede volver a pasar es que se haga una reforma del bono social que suponga una nueva tomadura de pelo a la ciudadanía y que blinde
los intereses de las empresas energéticas, que son las que tienen que asumir esos costes. Finalmente, también le proponemos medidas para acabar con las puertas giratorias, porque en definitiva detrás del poder de esas grandes empresas hay un
problema político y es imprescindible tomar medidas y realizar cambios legislativos para terminar con las puertas giratorias.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


A continuación, por el Grupo Socialista, toma la palabra su portavoz, la señora Lucio.


La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.


Bienvenida de nuevo, ministra, a esta Cámara y a esta Comisión. Son ya tres comparecencias en tan solo tres meses, lo cual supera con creces la media de la Cámara en general y desde luego de sus antecesores en este tema. Destacaría, entre
todo, la claridad y la valentía para abordar los problemas derivados de la mala política energética del anterior Gobierno, porque si en este sector hay que ser algo, es valiente, y hoy nos ha demostrado aquí que este Gobierno está dispuesto a ser
valiente en el sector energético. No vale mantener el statu quo para que nada cambie, porque si hay algo claro es que en el sector energético hay mucho que cambiar, así como que se presenta un interesante horizonte lleno de oportunidades
ambientales, económicas y de empleo que debemos aprovechar. Pero, señores diputados y señores del Partido Popular -utilizando un argumento machacón que ha utilizado su ministro en los últimos años-, tenemos que hacer todo esto con la herencia
recibida por el Partido Popular. Hemos pasado de un ministro que radiaba los sucesos que iban acaeciendo en el sector energético en general y en el eléctrico en particular, a una ministra que toma cartas en el asunto de manera inmediata. Hemos
pasado de un ministro que en lugar de buscar soluciones buscaba excusas para explicar la subida del precio de la luz: unos días era la sequía, otros días era la subida del precio del petróleo, otros era el parón de las centrales nucleares en
Francia, y no digo yo que no tuviese razón ni que todos esos factores no influyesen, que lo hacían. Hoy mismo la ministra ha estado hablando de otras nuevas causas de la subida actual, como la subida del precio del CO2, que demuestran que la
volatilidad por los factores externos es inevitable. Pero lo que sí es diferente con respecto a la etapa anterior es cómo se abordan las soluciones a la subida del precio de la luz. Ante una inacción completa y absoluta este Gobierno está
trabajando desde el día que llegó, y hoy aquí se han apuntado muchas de las medidas que van a conseguir minimizar esa volatilidad y esos precios. Hoy la ministra ha demostrado que estamos en las soluciones rápidas y coyunturales, pero también en
las reformas estructurales, en las medidas paliativas, si me lo permite, pero también en las grandes reformas que requiere este sector, unas reformas que debían haberse iniciado hace tiempo para irnos amoldando a una nueva realidad, y que están
abordando todos los países de nuestro entorno, y como siempre España llega tarde. Que había que actuar en el mercado era un clamor, pero nunca el Gobierno anterior hizo nada, siguieron adelante con intervenciones mínimas en un sector que necesitaba
de una amplísima reforma. No hicieron nada que tuviera consecuencias reales sobre la factura de la luz, consecuencias positivas, porque consecuencias negativas sí las tuvo. La reforma que ha propuesto la ministra va a conseguir de momento el
impacto sobre la factura de la luz, que va a ser palpable para los consumidores. Eso es una realidad inmediata que se completará en el momento en que se hagan las reformas estructurales que ha anunciado la ministra. Para nosotros es muy importante
la atención a las personas vulnerables, y lo ponemos en la primera línea de la agenda dentro del sector energético. No lo obviamos, como ha ocurrido en los últimos años.

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Debo entender que la iniciativa le debe haber gustado mucho al Partido Popular, teniendo en cuenta que hoy mismo, sabiendo que esta propuesta iba a ser presentada, han registrado en la Cámara, siguiendo la estela de los últimos meses, una
iniciativa que pedía una pequeña parte de todo lo que ha expuesto hoy aquí la ministra. Por tanto entiendo que apoyarán y estarán de acuerdo con lo que se ha hecho. Lo que me llama la atención es que, con todo el tiempo que han tenido para
hacerlo, resulta que en los últimos tres meses se les está ocurriendo hacer toda una serie de cosas que no han podido hacer en los últimos seis años y medio. De nuevo en cien días muchos más avances que en siete años casi que iban a cumplir.


El compromiso con los consumidores vulnerables, como decía, es un compromiso claro. Los socialistas conseguimos una modificación de la Ley del Sector Eléctrico para prohibir los cortes de luz a las familias vulnerables, conseguimos que la
Ley del Sector Eléctrico por fin garantizase la necesidad de proteger a los consumidores vulnerables y de impedir los cortes de luz. Pero siento decir también que, en el momento en que el Gobierno se responsabilizó de desarrollar la normativa para
poder hacer esto posible, se desvirtuó el fin de este acuerdo. Recuerdo que el Gobierno anterior vino arrastrado a esta modificación de la Ley 24/2013, y no se han cumplido muchas de las cuestiones que acordamos, como la necesidad de una
información y publicidad del ministerio para que todas las personas que pudieran acogerse lo hiciesen de forma sencilla. Además el Gobierno anterior actuó de espaldas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, por lo que el procedimiento
tampoco fue acordado con quienes realmente tienen la competencia, en este caso para elaborar informes sociales. Esos son algunos de los motivos por los cuales no se ha solicitado el bono social por parte de todas aquellas personas que podrían ser
beneficiarias, y hoy el Gobierno está abriendo la puerta a arreglar esa responsabilidad que tuvo el Gobierno anterior, pero que no cumplió debidamente.


Señorías, la ministra Ribera, al igual que el anterior ministro, tiene grandes retos y desafíos por delante: elaborar el plan integrado de energía y clima, registrar la ley de cambio climático y transición energética, resolver las
deficiencias del mercado eléctrico, definir el mix energético para los próximos años, proteger a los consumidores vulnerables, favorecer la competitividad de la industria intensiva en consumo eléctrico, impulsar la eficiencia energética, la
movilidad sostenible, etcétera. Pero la señora Ribera además va a tener que enmendar los errores de su antecesor, que no son pocos. Tiene que lograr revertir la imagen internacional relativa a la inseguridad jurídica, que ha hecho que tengamos que
abordar una litigiosidad exagerada y pagar las consecuencias de esos errores jurídicos. También tiene que movilizar los recursos necesarios para incentivar la I+D+i dentro del sector industrial, tras el abandono del Gobierno anterior. En
definitiva el ministerio tiene el importante reto de lanzar las señales adecuadas para captar los recursos financieros internacionales y hacer posible la transición energética, y eso solo se consigue creando un entorno jurídico favorable y
confiable. Si la ministra ha hecho algo hoy ha sido lanzar esos mensajes tan necesarios, intentar arreglar los problemas que ya teníamos y los problemas que se han agravado después de estos casi siete años de Gobierno del Partido Popular.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


Por último en este turno toma la palabra el portavoz del Grupo Popular, señor Mariscal.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.


Gracias, señora ministra. Voy a comenzar por cuestiones en las que estamos de acuerdo, antes de profundizar acerca de su comparecencia. Es evidente que todo lo que signifique un proceso de electrificación de la economía contará con nuestro
apoyo, porque fuimos nosotros los que iniciamos este proceso y no podemos desdecirnos, o sea que evidentemente es claro que ese proceso de descarbonización no tiene vuelta atrás, y ahí siempre contará con nosotros, pero es un proceso que debe ser de
transición y por tanto permitir la adaptación de empresas y familias a esos cambios, porque de lo contrario generaríamos riesgos e incertidumbres que en nada ayudan ni a las empresas para generar empleo y riqueza ni a las familias para tener una
factura eléctrica que pueda ser asumible.


Usted, señora ministra, no está en la oposición. Ya sé que después de ver al presidente del Gobierno el pasado domingo uno puede tener la impresión de que en cualquier momento el presidente del Gobierno puede desdecirla. Ha hablado de
problemas complejos, de reflexión sistémica, pero usted es ministra, usted tiene que tomar decisiones, usted tiene que dirigir la política energética de nuestro país, y hasta ahora creo que solo hemos visto en su gabinete ocurrencias, como pasó
recientemente con el diésel, combustible que consumen principalmente, en el caso de las familias, aquellos que optaron por un vehículo que utilizaba un combustible más barato. O sea, que estamos hablando por tanto de clases

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medias, de autónomos y de pequeños y medianos empresarios. Asustaron a esos consumidores, luego rectificaron, y ahora no sabemos dónde están. Por tanto primera petición: para que esta batería, este chorro de propuestas, estas ocurrencias
que hoy hemos escuchado, para que no sean ocurrencias mi grupo quiere saber cómo piensan articularlas, cómo van a traer, con 84 diputados y unos socios tan leales como conocemos, esas propuestas y si piensan llamarnos al grupo mayoritario de la
Cámara para ver cómo afrontamos esa transición.


Ha dicho usted que no hay escenarios, que no se encontró nada. Usted se encontró un documento de cuatrocientas páginas de un grupo de expertos que elaboró esa estrategia, un grupo de expertos que nace del consenso y acuerdo de todos los
grupos de la Cámara, que tenían representantes en ese grupo de expertos, y que elaboraron un documento que podrá gustarnos más o menos. Usted no quiere tener en cuenta ese documento porque no dice lo que usted quiere, es evidente. Lo que le dice,
entre otras muchas cosas, ese documento de cuatrocientas páginas es que el cierre inmediato del carbón y la energía nuclear supondría un coste anual de 4000 millones de euros. Eso usted lo sabe, y también sabe -porque esta intervención en ningún
caso puede ni quiere poner en duda su capacitación para el cargo- que la suspensión o cierre nuclear inmediato supone un incremento en la tarifa eléctrica del 25 % y en la del carbón un 15 %, en total supondría un 40 % más.


No hemos escuchado ni una sola palabra sobre las interconexiones. Sabemos que el señor Sánchez se reunió con el señor Costa y el señor Macron. Resultados de la reunión desconocidos, nada que ver con lo ocurrido el 4 de marzo de 2015,
cuando se aprobó, a iniciativa del Gobierno de España, la construcción de esas interconexiones utilizando el Plan Juncker, que hará que se alcance ese 4,8 % que permite la convergencia de precios, y por tanto poder exportar energía renovable y
garantizar mayor competitividad de nuestras empresas. Escuchándola, parece que usted se ha encontrado un desierto en el mundo energético, y yo, después de escuchar a la señora Lucio, lamento mucho -además la he mirado para decírselo- tener que
volver a recordarles a los miembros de esta Comisión y a usted misma el panorama que se encontró el Partido Popular en el año 2011. Parece que olvidamos pronto los méritos ajenos y nunca, nunca establecemos con rigor qué situación se encontró el
Partido Popular en el año 2011, con un déficit acumulado de 27 000 millones de euros, y que si no hubiésemos hecho la reforma eléctrica y energética que se emprendió, hubieran supuesto 10 000 millones de euros más cada año; en total, solamente
entre 2004 y 2011, ustedes con sus políticas encarecieron la factura eléctrica en más de un 65 %. La ideología cuando es extrema, cuando no es adaptativa, cuando no es transicional, la ideología cuando es radical acaba costando dinero a la factura
de los españoles, y eso ya lo hemos conocido así que, por favor, no volvamos a caer en los errores del pasado.


La señora Lucio ha aludido a que nosotros, previendo su comparecencia, hemos presentado una iniciativa para suprimir el impuesto a la generación eléctrica del 7 %. Además de llevar semanas trabajando en esto, porque en el Grupo
Parlamentario Popular no nos gustan las ocurrencias -todas nuestras iniciativas van apoyadas desde un punto de vista técnico, exhaustivo, y por tanto riguroso-, el lunes el secretario general del Partido Popular presentó esta iniciativa, y hoy, esta
mañana el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular y yo mismo la hemos presentado ante la Cámara. Por tanto no hace falta pasar un escáner o inventar nada para saber quién ha copiado esta iniciativa, porque sería absurdo. Quiero pensar que
en vez de copiar las iniciativas del Partido Popular se han sentido ustedes inspirados por nosotros, ¡aleluya! Bienvenido; gracias. Cuando esto ocurre ustedes aciertan. De eso no hay duda, porque si efectivamente suprimen ese artículo eso
supondrá una reducción de la factura eléctrica del 3 % para pequeñas y medianas empresas, para familias, y por tanto para los más desfavorecidos.


No ha contado por qué puede suprimir ese 7 %, pero como no lo ha contado usted, lo voy a hacer yo. Ese 7 % se puede suprimir sin dañar los ingresos del Estado, de la Administración General del Estado, porque han subido los ingresos que
ustedes tienen por las emisiones de CO2, por eso pueden ustedes suprimirlo. ¿Por qué han subido los derechos de emisión, como se ha dicho, entre 8 y 25 euros por tonelada, encareciendo la labor y el trabajo de la industria, que es la que genera
empleo de calidad en nuestro país, y encareciendo también la factura eléctrica? No se olvide de que usted abogaba por el establecimiento de un precio mínimo de CO2. Ustedes impulsaron en la Unión Europea, en la Comisión Europea el establecimiento
de un precio mínimo; eso lo han hecho ustedes. Claro, lo hicieron desde un punto de vista ideológico, sin saber las consecuencias que el establecimiento de ese precio mínimo de CO2 traía consigo. Así que las decisiones políticas tienen
consecuencias; se lo dije el miércoles, gobernar no es un simulacro, gobernar exige rigor, exige plantear escenarios y presentar soluciones, y si es posible, cuando tenemos ochenta y cuatro diputados, hablar con el grupo mayoritario de la Cámara,
que es el Grupo Popular.

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En cuanto a las renovables hay que decir que es un tema recurrente. He escuchado a mi compañero y sin embargo amigo Josep Vendrell y yo no voy a responderle a él, porque es recurrente eso de que el Partido Popular congeló. No. El Partido
Popular lo que hizo fue evitar la quiebra del sistema eléctrico español, eso fue lo que hizo el Partido Popular con el apoyo, la ayuda y el esfuerzo de los españoles a través de su factura, y evidentemente el esfuerzo que se hizo revisando los
costes no solamente en energía renovable, sino en el sistema de distribución y transporte, que como bien sabe usted supuso un ahorro para el sistema de más de 125 millones de euros. (Aplausos). Eso también creo que sería conveniente contarlo.


No hemos impulsado ni ayudado a las renovables; les recuerdo que fue el Partido Popular quien fijó una rentabilidad mínima del 7,39 %. ¿Les parece poco, mucho? Podemos hablar sobre ello, pero fue el Partido Popular quien garantizó una
rentabilidad mínima, y redujo la exposición que suponía habernos apuntado a tecnologías que estaban emergiendo, y por tanto pagar la curva de aprendizaje de la que otros países se han beneficiado obteniendo energía renovable a un coste inferior, y
asumiendo así un compromiso renovable más inteligente que el nuestro.


Nosotros -me refiero al Grupo Parlamentario Popular, en este caso el ministro Nadal- el año pasado sacamos 8000 megavatios, 8000 megavatios a subasta; más o menos, a grandes números, 50 % eólico, 50 % fotovoltaico. En esta casa, cuando esa
subasta se produjo, se nos dijo que nunca se iban a ver instalados, que era un canto de cisne, que en ningún caso íbamos a conseguir que esos megavatios fuesen una realidad, pero esta semana ya hemos conocido que de esos 8000 hay ya 1200 que un solo
empresario va a poder financiar e instalar en nuestro país, y así sucederá continuamente. Por tanto rectifiquen. Hace también quince días...


El señor PRESIDENTE: Señor Mariscal, tiene que ir terminando.


El señor MARISCAL ANAYA: Bueno, yo no le canto, le miro si usted quiere y me da dos minutos más.


El señor PRESIDENTE: No. Ya ha superado el tiempo que todos los demás superaron. Está en el límite.


El señor MARISCAL ANAYA: Me lo resta usted después en la respuesta, no tengo inconveniente.


Hace unas semanas el portavoz de energía de mi grupo parlamentario, el señor Bono, trajo a la Cámara una iniciativa para garantizar una tecnología de respaldo adecuada a nuestro país para garantizar la sostenibilidad de esa energía térmica.
¿Cuál es su propuesta ante el efectivo cierre de esos centros de producción industrial?


Señorías del Grupo Socialista que apoyan a este Gobierno, señora Ribera, menos impuestos, menos factura eléctrica, siempre es así, claro, siempre y cuando no aumenten el gasto público a consecuencia de los peajes que tienen planteados por
sus supuestos socios. (Rumores). Termino ya. Muy brevemente respecto al bono social, ¿cuál es su propuesta? ¿Cuál es la propuesta de la señora ministra con respecto al bono social que difiera de la planteada por el Partido Popular, que
garantiza, en el caso de extremadamente vulnerable, por supuesto evitar el corte y el cien por cien del coste de esa factura? ¿Cuál es su propuesta?


El señor PRESIDENTE: Señoría, tiene que terminar.


El señor MARISCAL ANAYA: Termino ya, sí.


Mire, el señor secretario de Estado que está sentado detrás de mí sabe perfectamente que el documento primero y al que más importancia dio el secretario de Estado saliente fue el de la activación de la campaña de publicidad para que los
ciudadanos españoles conociesen cómo suscribirse al bono social. De eso hace cuatro meses. Por tanto no se le pueden plantear al Partido Popular dudas acerca de esto. Mejor dicho, hace tres meses y si quiere le digo los días. Creo que no es
honesto y que no responde a la realidad. Tenemos conocimiento, como hemos demostrado...


El señor PRESIDENTE: Señoría, creo que ha definido perfectamente la cuestión.


El señor MARISCAL ANAYA: Lo hemos demostrado con esa supresión, y le invito a sentarse con el grupo mayoritario de la Cámara para solucionar un problema que va más allá de una sola legislatura.


Muchas gracias. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Va a hablar ahora la ministra, pero antes quiero advertir a sus señorías que en el turno de réplica acordamos tres minutos. La mayoría de los grupos, excepto el Socialista y el Vasco, han superado el tiempo
generosamente, así que les pido encarecidamente que se atengan a esos tres minutos que concedemos para la réplica.


Sin más dilación, tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchísimas gracias, presidente, y muchísimas gracias a todos por los comentarios que sin duda son pertinentes y van a ayudar, tanto para la mejora de los trabajos en curso
para el conjunto de medidas de cortísimo plazo que ha de analizar el Consejo de Ministros, y que tienen que venir acompañadas de información mucho más detallada -lo que estoy haciendo hoy es una explicación adelantada de los términos en los que
estamos trabajando para la inminente discusión y decisión del Consejo de Ministros- como para el debate de reformas estructurales a las que he aludido, y como muy bien han señalado, creo, todos ustedes es difícil que progresen si no es con un
elevado nivel de consenso, entre otras cosas porque lo que nos estamos jugando es el futuro del sistema económico y la incidencia o no del sistema fiscal. Las oportunidades están ahí, pero hay que saber construir el puente que permita
aprovecharlas, y lo que sabemos es que el puente de hoy ya no sirve para aprovechar las oportunidades que tenemos delante.


Voy a intentar hacer un repaso de todos los temas que han sacado, comentando algunas de las cuestiones o aclarando algunas de las dudas y preguntas que me han hecho, subrayando como digo que lo que hoy hago es un resumen, un anticipo de lo
que será la adopción inminente por parte del Consejo de Ministros de ese plan de choque y el avance de ese trabajo de reformas estructurales que tendremos que traer en breve, cuestiones ambas que evidentemente están relacionadas. La primera
cuestión que se plantea es la colaboración con las administraciones públicas, y en particular con los municipios. La respuesta es sencilla: por supuesto. Es evidente que en el diseño macro del sistema eléctrico, del sistema energético la
planificación de redes y su acondicionamiento a las necesidades actuales es responsabilidad fundamental del Gobierno o del regulador nacional independiente, por lo que respecta a tarifas y peajes, pero es evidente también que muchas de las
cuestiones prácticas de la vida diaria dependen de competencias, nivel de compromiso y potencialidad, capacidad y voluntad de actuar de las administraciones autonómicas y locales, y no solo, añadiría yo, porque muchas de estas cuestiones tienen que
ver con la capacidad de acción de ciudadanos y con la capacidad de acción de la industria, empresas variadas y de distinto tamaño que están ya en muchos casos liderando actuaciones muy relevantes, y en las que en gran medida se ha perdido la visión
de conjunto por parte de la Administración, que debe ser un facilitador de todas esas tareas y no un dificultador, y forma parte de los objetivos que nos marcamos.


Es cierto también que las señales que se pueden mandar desde la contratación pública son determinantes, y forma parte de lo que tendremos que acometer con otros ministerios. No ha hecho referencia al respecto, pero es fundamental, y la
mejora de la contratación pública y de los aspectos ambientales de la contratación pública, que ya había sufrido o ya había experimentado una mejora de la última reforma, todavía tienen recorrido. Pero decía que estoy haciendo un adelanto resumido
de cuestiones de mucha mayor enjundia y mucho mayor calado, que tienen que venir acompañadas evidentemente de un cronograma, de memoria económica, y de una articulación a través del marco regulatorio en distintas herramientas y en distintos
instrumentos en el tiempo por venir. Y destacaba -y me ha gustado oírles a muchos de ustedes indicar algunas de las figuras impositivas que son relevantes con respecto a las señales que se envían a inversores y consumidores en el ámbito energético,
y en particular en el eléctrico- e insistía sobre lo contradictorio de algunas de las señales que se mandan, sobre la potencialidad y la necesidad de revisar mucho de lo que hay o incluso de incorporar hacia arriba o hacia abajo la oportunidad o el
potencial de otras figuras impositivas. Es obvio que resulta contradictorio tener un IVA alineado al 21 %, pero es un ingreso comunitario, y por tanto requiere una tramitación distinta y contando con las autoridades de la Unión Europea, pero es
contraintuitivo pensar que un consumidor vulnerable deba pagar un 21 % de IVA. Está por ver que esto se pueda modificar. Las experiencias de otros países de la Unión Europea tampoco son sencillas con respecto a esta modificación o inclusión de
tramos en el IVA. Lo mismo ocurre con el impuesto de hidrocarburos que se aplica a las centrales de ciclo combinado. Hemos hablado -y por eso he subrayado el esfuerzo en lo que tiene que ver con la suspensión del impuesto a la generación de
electricidad- y es voluntad del Gobierno hacerlo, porque es la medida que está en nuestra mano, que impacta directa y más rápidamente sobre el consumidor final y sobre la gran industria. Pero es importante también que mantengamos u optemos por una
suspensión, técnicamente es una reducción del tipo a un

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tipo prácticamente cero, hasta tanto podamos ofertar una propuesta con la visión coherente para el conjunto del sistema fiscal, mientras que si fuéramos a la eliminación de una figura impositiva, difícilmente después podremos articular el
conjunto de esa reforma fiscal.


Creo que de algún modo, entre las medidas de protección al consumidor, resulta fundamental abordar algo que también han comentado muchos de ustedes. La factura en muchas ocasiones es incomprensible, pero además es que en muchas ocasiones si
uno es capaz de leerlo bien, entiende que tiene la posibilidad de optar por mejores opciones que aquellas a las que está suscrito, aquellas que ha contratado. Por tanto, dentro de nuestro plan de choque, la incorporación de mejoras en este marco,
tanto desde el punto de vista de la estructura de la tarificación como desde el punto de vista de la información disponible y obligatoria para el consumidor, pensamos que hay un recorrido importante que llevar a la práctica.


Señalaban también ustedes, y en concreto el diputado de Esquerra, la trascendencia que tiene dar respuesta adecuada a los inversores en renovables que se vieron afectados por los recortes de 2013. Compartimos plenamente esa preocupación.
He aludido reiteradamente a la necesidad de recuperar la confianza en nuestro sistema por parte de inversores internacionales y nacionales, por eso abogamos por una visión sosegada y de conjunto en las reformas estructurales, y lo más consensuadas
posible, pero en todo caso estamos decididos a abordarlas; primera cosa. Somos conscientes de la necesidad de introducir rápidamente las medidas correctoras que permitan facilitar una salida, y afrontar esta situación enormemente injusta a los
inversores a los que usted aludía, a los pequeños inversores nacionales agrupados y defendiendo la difícil situación que están afrontando.


Es importante subrayar que cuando se hace la pregunta de si esto es caro o barato, todo depende de cómo se regule y qué se regule, y esto explica por qué hay diferencias importantes en las hipótesis que hacen distintos expertos. Todos
coinciden en las líneas y en las tendencias generales, y en la conclusión de que lo predecible, estable bajo coste es un sistema completamente diferente donde hayamos culminado la transición. Ahora, ese proceso de cambio depende del marco regulador
y de hasta dónde lleguemos en la reforma del mercado, por ejemplo, o de hasta dónde lleguemos en la regulación en materia de fiscalidad para que las cosas sean más o menos baratas y se habiliten recursos para una u otra cosa. Y mi mensaje más
importante al respecto es que la electrificación de la economía es tan potente en términos de modernización, de acceso a energía moderna y de calidad en las condiciones de suministro y a precios estables y con menor impacto en cuestiones
ambientales, que tiene un recorrido muy grande, pero evidentemente si mantenemos la estructura actual tiene un recorrido muy limitado, porque no es posible abordar los costes que supone pagar simultáneamente por razones sociales las más antiguas,
por razones de por si acaso llegan a entrar en funcionamiento las intermedias, por razones de momento de entrada las nuevas, en un esquema en el que el mercado marginalista manda unas señales que como digo no se corresponden, será perfectamente
legal y es perfectamente racional como comportamiento en el operador que introduce su oferta en el sistema, pero es absolutamente poco llevadero desde el punto de vista de los costes que genera para el conjunto de la economía española. Por tanto la
respuesta suena un poco gallego, pero es depende, y ese es el gran desafío que tenemos los responsables públicos: cómo hacemos las cosas para que el depende aproveche las oportunidades y lo haga llevadero. Esta es la propuesta que estamos
comprometidos a aportar los próximos años.


Apunta también su señoría la diferencia de criterio entre las distintas comunidades autónomas del Partido Socialista. Creo que no hay diferencia de criterio, pero sí se subraya la preocupación de aquellas comarcas y de aquellos colectivos
que se ven arrollados por un cambio en su estructura económica de proximidad, y en su empleo, sin que haya habido anticipación ni respuesta alternativa que permita paliar y diversificar la economía de la zona, y que por tanto, por muy razonable que
sea toda la reforma de la estructura energética, en el cortísimo plazo y en la vida cotidiana de esos ciudadanos hay una falta de respuesta y un plazo de tiempo muy limitado para poder acometer la respuesta. Eso forma parte de un asunto que creo
que es importante que tratemos en un futuro inmediato, que es nuestra apuesta por lo que se conoce como transición justa, la estrategia de transición justa, el acompañamiento a los colectivos, a los sectores y a las comarcas más vulnerables en este
proceso de cambio para asegurar la continuidad o la alternativa, la generación de opciones que permitan paliar esta respuesta, este debate o este desafío. En gran medida a la gente lo que le importa es tener un empleo, tener acceso a electricidad o
tener una vida en la comarca en la que habita, y no tanto que sea de un modo u otro si hubiera alternativa. Por tanto lo que tenemos que hacer es trabajar a tiempo para que haya alternativas. Hemos perdido un tiempo precioso, nos hemos encontrado
en junio de 2018 con que hay fechas ya previstas para el cierre de las minas de carbón en diciembre de 2018, muy poco plazo, y también un marco exigente con respecto al

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futuro de las térmicas de carbón inmediatamente después. Tenemos que abordar esto con responsabilidad, sin demagogia, pero ofreciendo alternativas solidarias y de reactivación en las comarcas más afectadas. Es interesante también la
discusión en torno a los derechos de emisión, la capacidad de anticipación que existía con respecto a este marco regulatorio, la mayor parte de las preguntas son en torno a qué cuesta y qué ingresos son razonablemente anticipables y a qué se
destinan estos ingresos. Los ingresos de la subasta de derechos de emisión se destinan fundamentalmente a intervenciones ambientales y a intervenciones energéticas, y es verdad que sirven para paliar parte de los costes regulados del sistema
eléctrico y sirven para otras finalidades importantes. No ocurre así con respecto a la estrategia de penetración de renovables a medio y largo plazo, donde yo creo que vamos a ir apuntando a nuevas maneras en un momento en el que la principal
barrera es la barrera de entrada, el coste inicial de invertir en la instalación, pero los costes operativos tienden a cero, por tanto el mecanismo de retribución ha de ser diferente. Por eso pensamos que la contratación bilateral a largo plazo de
electricidad renovable o la articulación de sistemas de subasta es una mejor opción.


Ha habido muchas preguntas en torno al bono social. Yo creo que este es un aspecto fundamental. Decía antes que lo que no es asumible es que una situación de incremento de precios, como la que vemos, recaiga fundamentalmente en el
consumidor doméstico sin que haya una intervención inmediata con impacto en la factura para todos los consumidores, pero que inmediatamente después, en el centro de la atención, debe estar el consumidor vulnerable, y el consumidor vulnerable merece
una garantía adicional.


Hemos estado reunidos con distintos representantes de organizaciones que trabajan con los consumidores vulnerables, que entienden y conocen bien la evolución de las distintas respuestas dadas por el Gobierno de Zapatero en un primer momento
y por el Gobierno del señor Rajoy inmediatamente después, y todos coincidían en que sería enormemente perjudicial para un colectivo que ya de por sí es vulnerable introducir medidas que pudieran despistarles, es decir, que lo importante es
fortalecer sobre lo que hay y seguir construyendo, pero no quebrar la confianza de aquello que existe, y nos parece un buen consejo. Creemos que ha habido avances en algunos aspectos y, en relación con el último bono social, creemos que ha habido
problemas en la ejecución, en la aplicación de ese bono social. Por tanto, estamos trabajando en consolidar esos avances, en mejorar aquello que pensamos que no funcionaba bien y en reforzar por encima de esto el entendimiento de la respuesta que
se ha de dar en materia de pobreza energética, no para adoptar medidas que sean aplicables a partir o dentro de seis meses, sino para adoptar medidas que sean aplicables desde ya, desde que pasen por el Consejo de Ministros de forma inminente. En
lo que respecta al bono relativo a usos térmicos, a calefacción, este invierno deben estar plenamente operativos, y en lo que respecta a la ampliación a otro tipo de colectivos particularmente afectados, se señalaba de modo especial a personas
mayores y a familias monomarentales como casos particularmente sangrantes, que no quedaban cubiertos suficientemente en el marco actual.


Señalaba también que si queremos ser efectivos, los canales de comunicación que entienden mejor dónde y cómo y que cuentan ya con la confianza de los potenciales beneficiarios, están fundamentalmente en los ayuntamientos y en las oficinas
del Instituto Nacional de la Seguridad Social, en el INSS, motivo por el cual son los dos tipos de instituciones públicas con los que estamos trabajando para asegurar -aparte de la campaña de publicidad, el mejor entendimiento y la facilitación de
las aplicaciones electrónicas que se puede hacer- y para llegar masivamente en el menor plazo de tiempo posible, de tal forma que, en la medida en que podamos, evitemos situaciones de ruptura o de complicación en la gestión de estos beneficios, que
en muchos casos supone una buena parte de la calidad de vida de los afectados. Salían también a relucir cuestiones que tienen que ver con comentarios a propósito del mercado y comentarios a propósito de la planificación. Con respecto a la
planificación y la capacidad de previsión, me parece que es bastante obvio. Lamento confirmarles que, en efecto, no encontré nada en el Ministerio de Energía. Sí encontré un documento de expertos que fue criticado directamente por el ministro
cuando fue presentado, un documento de expertos que no hizo suyo necesariamente el Gobierno, y eran expertos que salían por decisión de esta Cámara, cosa que me parece bien pero, como digo, no formaban parte de la planificación o de las decisiones
de política energética del Gobierno como tal. De hecho, ese agujero es bastante coherente con declaraciones del propio ministro, que el 8 de mayo criticaba a los grupos políticos que apuestan por maximizar políticas ambientales como si fuéramos
Suecia o tratar de conseguir objetivos ambientales en un país como España, con tantos desempleados. El 12 de diciembre de 2017 indicaba que el precio de la electricidad en 2018 sería inferior al de 2017 gracias a sus actuaciones, porque
evidentemente nunca asumió la realidad normativa del contexto comunitario, en el que existía ya un mercado de derechos de emisión que forzaba un incremento importante del precio de la tonelada de CO2

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como señal potente para modificar toda la estructura de generación en Europa, y nunca computó como propia la obligación de alcanzar esos objetivos de energías renovables. Por tanto, yo no pretendía entrar en este debate porque me parece que
lo importante es plantearnos hoy que queremos y cómo hacemos las cosas pero, dado que lo preguntan, me parece que es importante aclarar que lo que encontramos fue un documento de un comité de expertos, pero no tanto una planificación con respecto a
cómo hacer posible el cumplimiento de esos objetivos o cómo iban a afectar esas señales de coste de CO2 en el conjunto del sistema eléctrico.


Señor presidente, paro aquí y escuchamos una segunda ronda de intervenciones. Si me he dejado algo, me lo recuerdan, sin que les compute en los tres minutos de intervención, por favor.


El señor PRESIDENTE: Como se ha dicho ya reiteradamente, gracias por su amabilidad y las comparecencias frecuentes en esta Comisión. Creo que es interesante que seamos flexibles en el tiempo por los propios intereses de esta Cámara y de la
propia materia de la que es responsable la ministra.


En el turno de réplica también intervendrán los dos miembros del Grupo Parlamentario Mixto; les pido un minuto a cada uno, por favor.


El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, confiamos en que puedan implementar a la máxima brevedad las medidas de choque que usted ha expuesto. Me interesa que el Ejecutivo me responda a si vamos a tener un compromiso por unas cuestiones que son de más largo
recorrido. En primer lugar, si se quiere favorecer el cambio de un sistema centralizado de producción de energía a sistemas descentralizados que realmente permitan el control democrático y social para acabar con las injusticias que redundan sobre
los sectores más empobrecidos. En segundo lugar, nos interesa saber si el cambio en el marco regulatorio va a primar el control democrático de la energía y su concepción como servicio público, lo que lleva a que buena parte de las instalaciones
tengan que pasar a ser de titularidad de poderes públicos. También nos interesa saber si se va a acabar con la inseguridad jurídica, por ejemplo, anclando la retribución a los inversores en energías renovables. Asimismo, nos interesa que se acaben
las arbitrariedades a las que hemos asistido y que, por ejemplo, se asegure la participación de las comunidades autónomas en el producto de la venta de derechos de emisión proporcionalmente. Por último, queremos un compromiso firme en la
eliminación o el estrechamiento de las puertas giratorias para que nunca pueda decirse que en energía los intereses generales se pliegan a los privados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría, en este caso, que ha cumplido.


A continuación tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÉS: Gracias, señor presidente.


Señora ministra, no me ha respondido a dos de las cuestiones muy concretas y que afectan a la agenda catalana. En primer lugar, no me ha contestado si piensa mantener la discriminación a la industria catalana en función de los distintos
costes de acceso a la energía, en función de la potencia correspondiente, que es una cuestión que preocupa a la industria. Insisto, porque un número importante de patronales catalanas ha trasladado al Gobierno preocupación por esta cuestión, la
CNMC ha recurrido esa decisión y la Comisión Europea está investigando qué posición tiene este Gobierno, pues alguna posición debe tener. En segundo lugar: tampoco me ha contestado -de nuevo- si el Gobierno piensa desistir el recurso contra la Ley
de Cambio Climático que aprobó el Parlament de Catalunya con el apoyo del Partido Socialista. Y finalmente, me preocupa que en relación al bono social usted, en el caso de Cataluña, obvie que el despliegue de cualquier política en esta materia
aparte del concurso de ayuntamientos y del INSS, va a necesitar el concurso de la Generalitat. Me parece alucinante y, por lo tanto, yo le aconsejo que en el despliegue del bono social además de con los ayuntamientos en Cataluña cuente con el
Gobierno de Cataluña donde usted sabe que el Parlament aprobó una Ley de lucha contra la pobreza energética -recurrida por el anterior Gobierno-, del cual también esperamos el desistimiento del correspondiente recurso ante el Tribunal Constitucional
por este Gobierno. El consenso que yo le reclamo, la estabilidad que yo le reclamo -que afecta al crecimiento económico, que afecta al empleo, que afecta a la sostenibilidad, que afecta a la seguridad energética, que afecta al conjunto de nuestra
economía- exigen que en estas cuestiones nos dé respuesta igualmente.


Gracias.

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El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


A continuación, la señora Sagastizabal tiene la palabra.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.


Usted nos ha dicho que la emisión de derechos del CO2 es por ir destinada sobre todo a cuestiones ambientales; pero en este momento en que se va a recaudar más, ¿no se podría inyectar este exceso al sistema? Porque a lo mejor tendría un
impacto directo en el mismo. Y lo mismo respecto a la suspensión del impuesto del 7 %; hasta que se dé ese exceso, ¿no se podría inyectar al sistema de tal manea que se pudieran reducir esos costes?


Me gustaría conocer su opinión -porque entendemos que referenciar el coste de la energía al mercado diario introduce volatilidad-; como no me ha contestado, me gustaría saber que opinión le merece el tema de indexar la tarifa a los mercados
a plazo como en otros mercados europeos. Estamos de acuerdo en que tiene que haber un esquema regulatorio estable que dé confianza al inversor y también a las inversiones tan necesarias sobre todo en temas de redes y renovables y de impulsar una
electrificación. Estoy de acuerdo con muchas medidas que usted ha planteado y solo decirle que nos llame, que busque el consenso y ahí nos encontrará.


No está el señor Campuzano, pero en el asunto de las tarifas yo difiero bastante en lo que ha dicho.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


A continuación, el señor portavoz de Esquerra Republicana, Capdevila.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Ya ve usted, señor presidente, disintiendo de las disensiones de la compañera de Vizcaya.


Le pediría un poco más de concreción en el calendario de las medidas si tiene a bien hacerlo. Comparto su descripción de los hechos respecto al comité de expertos sobre transición energética y cambio climático. También me gustaría conocer
su opinión sobre ese documento.


Me sumo a las reclamaciones de mi compañero Campuzano, obviamente, por la corrección de la diferencia de tarifa por diferentes tramos de tensión. E insisto también como él en la importancia del desistimiento de los recursos que hay
interpuestos ante el Tribunal Constitucional. Me parecía verla asentir cuando le pedía datos de los contadores. (La señora ministra asiente). Si puede desarrollar un poco ese asentimiento se lo agradecería; también me lo ha parecido cuando le
hablaba de la separación de actividades. Si es así, cómo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: A usted, señoría.


Como ha consumido tan poco tiempo, lo consumo yo para una aclaración pertinente. Como bien saben los miembros de la Mesa, el documento del comité de expertos sigue en sede parlamentaria y nos queda, digamos, concluir todo el proceso con la
comparecencia del presidente del comité y darle curso, seguramente hacia el Gobierno y hacia otras instituciones, desde esta Cámara. Era simplemente una aclaración.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Sí, presidente. Mi cuestión era para conocer concretamente cuál es la opinión, ya que conoce el documento, de la señora ministra.


El señor PRESIDENTE: Yo he hecho la aclaración porque obligatoriamente no tiene por qué conocerlo, entre otras cosas porque se ha incorporado ahora a este Gobierno.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Sí, sí; lleva tres meses y con sus 300 páginas, a 100 por mes.


El señor PRESIDENTE: He planteado una cuestión formal, señoría, nada más.


A continuación, la portavoz de Ciudadanos, señora Rodríguez.


La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señora ministra, si me lo permite, antes de hacerle más preguntas quiero dejar clara mi sorpresa, porque este grupo parlamentario lleva trayendo en los últimos dos años distintas iniciativas para
reducir la fiscalidad de la factura de la luz y no solo no salió adelante, sino que además se han opuesto; y que ahora venga el bipartidismo, que es la herencia que tenemos -lo siento pero es totalmente bipartidista y lo que estamos pagando es por
errores de ambos-,

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que ahora vengan los dos y digan que la receta milagrosa es bajar la factura, bajar las cargas impositivas, cuando llevamos votándolo en esta Cámara y lo hemos traído varias veces, me parece una vergüenza y una falta de respeto hacia todos
los ciudadanos de este país por parte de los dos. Así se lo digo.


Ya me pongo en cuestión. Creemos que el foco tiene que estar en la fiscalidad como llevamos trabajando desde hace dos años y casualmente nadie nos apoyaba hasta el momento. Pero, bueno, como digo, la música a la que aludió hoy nos parece
bien.


El martes de la semana anterior -si esto es correlativo, entiendo que la iniciativa del Partido Popular la presentó en relación a la nuestra de la semana anterior- presentamos una iniciativa que recopilaba todas las iniciativas en las que
llevamos trabajando dos meses. Tendríamos a bien facilitárselas, si quiere, y trabajar conjuntamente en esta reducción de la fiscalidad; porque no solo va de ese 7 %. Como le digo, aquí se ha votado reducción de distintos impuestos y siempre ha
salido negativo. Así que seguimos pensando que bajar el precio y bajar las tasas impositivas al final lo que hace es que aumente directamente la generación distribuida, porque será muchísimo más rentable; que se aumente también directamente la
electrificación de la demanda además de facilitar el camino hacia la transición energética. No nos importa que cambien de opinión si vamos todos en la misma dirección. Por eso en esa iniciativa iba también esa auditoría de costes, no solo del
sistema, sino de la factura de la luz, para hacerlo juntos con la CNMC para que se determine cómo se tienen que pagar los gastos de esta transición energética y dónde tienen que ir; si tienen que ir a la factura eléctrica -nosotros creemos que no
tienen que ser ahí- o a otro lugar.


Nos gustaría que ahondase en cuánto nos cuestan las cosas; porque yo entiendo el depende y que según cómo se mire, pues todo depende; pero más allá de eso, señora ministra, para establecer distintas hipótesis y distintos 'depende', uno
tiene que tener estimaciones económicas sobre la mesa, porque pueden ser ideas felices, todas muy bonitas, que el papel las aguante perfectamente; pero si no hay estimaciones económicas para ver los distintos 'depende', no podremos llegar a ninguna
conclusión. Así que le pedimos que nos dé más estimaciones económicas, seguimos reforzando la parte de que hay que reducir la fiscalidad de la factura de la luz, que establezca, por favor -o que nos dé más datos- de ese calendario.


Para acabar, señora ministra, el bono social fue un acuerdo entre tres partidos. Nosotros creemos que hay mejoras. También creemos que no tiene sentido que sean las asociaciones y la CNMC quienes tengan que divulgar la existencia de las
reformas del bono social, así que esperamos que sí se tomen medidas al respecto, pero que se avance en función de los avances que ya se han acordado por tres fuerzas parlamentarias que tienen una amplia mayoría en esta Cámara.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias a usted, señoría.


A continuación, el señor Vendrell toma la palabra.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Sí, gracias, presidente.


Bien, ministra, lo hemos dicho en la primera intervención: nos parece una propuesta demasiado de mínimos, a nuestro entender, dada la magnitud, la gravedad del problema y los retos que tenemos, ¿no?


No nos gustaría que al final, como ha sucedido en anteriores ocasiones con anteriores Gobiernos de distinto signo político, el límite de las políticas a realizar en la reforma del mercado eléctrico fuera la cuenta de resultados de las
grandes empresas. No nos gustaría que ese fuera el límite. Nos hubiese gustado escuchar propuestas concretas en relación a cómo acabar con los beneficios caídos del cielo porque entendemos que ese es un problema objetivo. Usted ha propuesto una
medida de carácter tributario: la eliminación del 7 %; bueno, también hubiese podido proponer quizás la reducción del IVA a los consumidores vulnerables. Pero por mucho que se hagan medidas de este tipo, si no afrontamos la reforma del mercado
eléctrico a fondo, el problema estructural va a permanecer. Usted me dirá que eso tiene una dimensión europea porque el mercado marginalista existe en toda Europa. Bien, tomemos medidas como han hecho en otros países. Países como Francia, que ha
sacado del mix la energía nuclear para evitar esa alteración de precios, en Gran Bretaña se han planteado el gravamen como nosotros le proponemos en la central nuclear que se está construyendo. No hemos oído medidas en este sentido como tampoco nos
ha concretado cuál va a ser la posición del Gobierno en relación con la continuidad -con qué criterios y condiciones- de los pagos por capacidad, y creo que algún otro grupo -nosotros también se lo queremos plantear- ha planteado el tema de la
desintegración vertical. Tenemos grandes empresas que continúan controlando en realidad tanto la generación como la distribución o como la comercialización. O el tema del para nosotros imprescindible cambio en el diseño de las subastas, no solo

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que haya un calendario, sino un cambio en el diseño de las subastas para hacer lo que hacen en otros países. En definitiva, es imprescindible -lo reiteramos- que haya una ley de cambio climático y transición energética y un plan integrado
de energía y clima lo antes posible.


En relación con el bono social, nos sorprende que haya dicho que hay partes que han sido exitosas o positivas de la reforma del bono social cuando ha habido que prorrogar el plazo y cuando se han quedado fuera el 80 % de las personas
solicitantes. Creo que ha sido poco concreta, muy declarativa y poco concreta en este sentido. ¿La solicitud y concesión va a ser automática pudiendo ser presencial o solo telemática? ¿Se va a establecer el principio de precaución para que sea un
requisito sin equa non como hace la Ley catalana 24/2015? ¿Cuáles van a ser los tramos de renta que usted ha dicho que quiere ampliar? ¿Se va a proteger a los consumidores vulnerables, tanto los que están en PVPC como en el mercado libre? Nos
quedan demasiados interrogantes para un tema de esta gravedad.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


La señora Lucio tiene la palabra.


La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.


Ministra, quiero hablar de tres cuestiones dado que, excepto la ministra, todos estábamos aquí antes de que fuera el Gobierno socialista quien tiene la responsabilidad de la política energética y de la política en general. Por lo tanto,
quería, en primer lugar, dejar claro que hay que diferenciar entre el corto, el medio y largo plazo en la exigencia que veo en algunos grupos. Da la sensación de que no se sabe distinguir entre esos distintos horizontes temporales, aunque entiendo
que el nivel de exigencia a un grupo que propone es mayor que a quien no propone nada, pero digamos que deberíamos tener la paciencia suficiente como para entender que hay que desarrollar todas y cada una de las propuestas que hoy se han esgrimido
aquí. En segundo lugar, con respecto al informe del grupo de expertos el portavoz popular ha dado a entender que ese era el documento que el ministro tenía como documento de base para la elaboración del plan integrado de energía y clima, y quiero
desmentir completamente eso, porque el ministro nunca entendió ese informe del grupo de expertos como un informe de Gobierno; siempre dijo que era consultivo y nunca dijo que fuera a asumir ni un 10 ni un 20 ni un 50 ni un 100 % del informe.
Aclarémonos porque esto lo sabemos todos los que ya estábamos aquí.


A partir de ahí -y por último-, quiero decir que desde el Grupo Socialista -como todos los grupos y toda la sociedad española- entendemos que la reducción del déficit de tarifa ha sido una buena noticia, pero no por eso podemos hacer y sacar
pecho, teniendo en cuenta que el siguiente déficit que va a haber en el sistema son los 15 000 millones a los que ha hecho referencia la ministra, 10 000 millones en arbitrajes internacionales -en 42 arbitrajes internacionales aproximadamente- y
5000 millones en nacionales. ¿Es eso un déficit nuevo añadido? ¿Va a ser eso un déficit imputado a la gestión del Gobierno socialista? Eso es lo que yo quisiera saber, porque no creo que el ministro Nadal haya provisionado estas cantidades antes
de marcharse.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias a usted, señoría.


Habrán observado que nos hemos quedado por un momento a media luz, no sé si ha vuelto. En cualquier caso, era suficiente.


Por último, toma la palabra el señor Mariscal. Encarecidamente le pido que, como han hecho todos los portavoces, se ajuste al tiempo de réplica.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente.


Gracias, señora ministra, por las respuestas y también por los silencios que trato de interpretar de igual forma. Ya le dije que la estrategia que se empleó para el grupo de expertos es el camino, nos parece, que es el camino para dar
solución a un problema que trasciende a una legislatura e incluso a una generación. Por tanto, le invito a que traten ustedes de compartir esfuerzos y, si quieren -permítame la broma-, presentamos nosotros una iniciativa y la traen ustedes a la
Cámara, así no pasa nada y repetimos el éxito que parece haber tenido la supresión del 7 % en el impuesto de la generación. Si usted quería como quiso siempre -tanto en el ámbito académico como el político- el crecimiento del CO2 como desincentivo
a las emisiones y, por ello, al consumo de hidrocarburos, tendría que haber tenido una solución o una propuesta para evitar las consecuencias que esta subida ha tenido en el precio de la luz.

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¿Cuáles son? No sé cuáles son las medidas. Ha hecho una breve digresión acerca del precio del mercado; usted sabe como yo y el resto de miembros de esta Comisión que el Reglamento y la Directiva de mercado interior prohíbe el
establecimiento de precios según tecnologías y al final debe ser la demanda y la oferta la que fije el precio, entonces no sé cuál es la solución que usted nos trae aquí. El compañero de Podemos ha dicho el IVA, pero a todos esos que plantean
siempre supresión de impuestos sin plantear cómo van a cubrir los ingresos que esa supresión supone, les pediría además mayor rigor y concreción.


Movilidad eléctrica -termino ya-. Usted tiene 50 millones de euros para el vehículo de energías alternativas a su disposición en los presupuestos que aprobó y presentó este grupo parlamentario y que ustedes también votaron a favor. ¿Qué
están haciendo con esos 50 millones de euros? Insisto en que llevarán gobernando ya casi cuatro meses cuando esto finalice.


El bono social. No sabemos cuáles son las diferencias con respecto al nuestro, el 8 octubre finaliza y no sabemos qué piensan hacer ustedes al respecto. Le pido, si es posible, mayor concreción porque son muchas las familias -las mismas
que antes se enunciaban y se criticaban cuando hablaban al Partido Popular cuando gobernaba- y queremos saber cuáles son esas iniciativas que van a procurar garantizar un acceso justo al sistema eléctrico y, por tanto, al bien público que supone la
energía eléctrica.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: A usted y a todas sus señorías por haberse ajustado el tiempo milimétricamente en este caso. Para terminar la sesión tomará la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Muchas gracias.


Me van a permitir que empiece utilizando las metáforas lírico-musicales del diputado de Esquerra, que se han hecho tan habituales en esta sala. En este terreno soy mucho más humilde, no pretendo ser una estrella de rock, pero sí pretendo
ser responsable y no llegar con ocurrencias. Y como muy bien se desprende de todo lo que han dicho, es imprescindible -ha sido la base de mi intervención- abordar una reforma integral del funcionamiento del mercado por muchas razones. Y abordar
una reforma del sistema fiscal de manera que las señales resulten coherentes, lo que no necesariamente significa que en todo caso suponga suprimir figuras impositivas. Hay que hacerlo con cuidado porque, como decía, hay un gran potencial por
delante que necesita resultar suficientemente coherente, sencillo y atractivo para facilitar y hacer atractiva la inversión. No podemos cometer errores, sería una gran torpeza deshacernos de ese potencial por delante y eso requiere una reflexión y
todas esas simulaciones de las que hablaban, y estamos en ello. Es obvio que una señal del costo del CO2 es fundamental para mandar señales adecuadas de cara al cambio en las decisiones de inversión, pero es obvio también que esas señales que
tienen un efecto macro muy interesante si no son paliadas por una capacidad redistributiva de los poderes públicos y un nivel de protección para los consumidores más vulnerables generan distorsiones importantes, por tanto, es precisamente a eso a lo
que estamos intentando dar respuesta en estos días. Un mercado mayorista que necesita ser modificado, unas medidas urgentes que tienen que ir orientando el tipo de decisiones coherentes con el medio y largo plazo -que sabemos han de ser
aceleradas-, y un paquete importante de protección al consumidor final y de protección al consumidor vulnerable donde hacemos un esfuerzo notable. Porque es verdad que las cifras tienen que cuadrar y contamos con un sistema -señalaba en las
preguntas- con costes regulados importantes a los que hay que dar respuesta para que no quiebre, y tendremos que ver eso hasta qué punto debemos abordarlo encajando las distintas piezas que están en nuestra mano, pero no suprimiendo fuentes de
ingresos sin saber qué significa la seguridad, la cobertura, el buen funcionamiento del sistema-. Creo que -por intentar seguir el orden de las preguntas, algunas de las cuales me descuidé y no contesté en la primera ronda- empezaré por los
comentarios del señor Campuzano. Perdón, se me había ido el hombre y eso que nos conocemos desde hace años. Sí, la respuesta vuelve a ser sí. La voluntad del Gobierno es retirar el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional por la Ley
catalana de cambio climático. Yo creo que es un ejemplo de buen hacer. Entre otras cosas, cuando se trata de temas tan relevantes, me parece que cuando uno tiene ocasión, en lugar de presentar proposiciones de ley, lo que tiene que hacer es
presentar anteproyectos de ley que han seguido todo su curso procedimental de participación previa para que haya una discusión y un debate público. Y precisamente la ley catalana responde a ese ejemplo de integración de variables muy distintas del
conjunto de la sociedad y de distintas fuerzas políticas. Sin perjuicio de eso, preguntaré con mayor detalle y me comprometo a darle respuesta si no lo hace la ministra Batet, que es quien tiene la responsabilidad de gestionar formalmente todo
esto, junto con la vicepresidenta y ministra Calvo.

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Me preguntaba también por un asunto que afecta no solamente a la industria catalana, sino a otros sectores industriales en otras comunidades autónomas y que tiene que ver con los peajes. Probablemente sabe que esa fue una de las cuestiones
que tuve que clarificar prácticamente al llegar porque me encontré con que el comisario del ramo, según me vio a los dos días de tomar posesión, me dijo: Te voy a llevar al tribunal si no resuelves el conflicto institucional que existe entre el
regulador independiente y el ministerio. Yo le dije: Bueno, pero tenías aquí a alguien... Y me dijo: Sí, pero no esta resuelto. Yo quiero confirmar que ese conflicto institucional absurdo entre el Gobierno y el regulador independiente está en
vías de solución con la buena disposición del presidente Marín Quemada, pero los peajes, que al fin y al cabo es de lo que usted estaba hablando, corresponde fijarlos a la CNMC. Por tanto, me interesaré en saber por dónde estamos y dónde se pudo
haber quedado la cuestión antes de que yo llegara, pero básicamente es algo que tiene que resolver la CNMC.


Es verdad que este año de manera extraordinaria, porque a partir de enero va a haber una retirada importante de los derechos de emisión que pueden ser subastados -por tanto, también veremos minorado el volumen de derechos de emisión que se
subastan para España-, ha habido un volumen muy importante de derechos subastados a un precio alto. Por tanto, los ingresos en el sistema son relevantes, son unos ingresos que hasta ahora se han destinado, con determinadas limitaciones,
precisamente a cubrir parte de los costes regulados del sistema eléctrico y en muy pequeña parte a otras cuestiones ambientales. Y es obvio que parte de las cosas que podamos hacer, que hubiéramos destinado a otras alternativas dentro de la
transformación del sistema energético, tendrán que cubrir, para paliar este incremento del precio de electricidad, algunos de los costes del sistema, sin obviar la otra gran prioridad del Gobierno -insisto, porque nos lo hemos encontrado ya con el
calendario prácticamente cerrado y creemos que es una situación social tremendamente injusta-, que es financiar las estrategias de transición justa a los territorios particularmente vulnerables afectados en primera instancia por esos cierres
inminentes, por ese marco regulatorio comunitario que nos deja muy poco margen de actuación.


En cuanto al cronograma, la intención -y es la petición del presidente del Gobierno- es discutir estas propuestas sobre las que venimos trabajando a nivel ministerial de forma muy intensa en las últimas semanas en un Consejo de Ministros muy
próximo. Digo muy próximo porque no quiero decir una fecha y que luego sea la semana siguiente y parezca que me he confundido, pero muy muy próximo. Por tanto, en ese momento abordaremos la adopción de aquellas que estén maduras y la adopción de
ese cronograma que muestre cuál es el plazo en el que cada una de las cuestiones, que requieren de un distinto instrumento formal para ser aplicadas, irán siendo adoptadas y estarán plenamente vigentes. Como digo, con la intención de abordar de
manera inminente lo que consideramos fundamental, que es esa suspensión del 7 % y por tanto la reducción a un tipo prácticamente nulo y ese fortalecimiento del bono social sobre la base de lo que ya existe. Sí hay algunas cosas buenas en lo que ya
existe. Diría que algunas incluso a propuesta, en ese concierto entre los distintos grupos parlamentarios, del Grupo Parlamentario Socialista, como, por ejemplo, la prohibición del corte de suministros en su momento, que fue bien acogida por todos
los grupos, o una clasificación un poco más matizada de los consumidores vulnerables, que creo que también es importante. Insisto, a partir de ahí estoy de acuerdo -y esto es lo que estamos viviendo todos los días y forma parte de nuestra
primerísima preocupación- en lo del caos, la dificultad y la disparidad de las respuestas de los comercializadores, lo que genera todavía muchas más dificultades a un consumidor que, por definición, está en una mala situación para poder abordar
estas cuestiones. Esa es una respuesta que tiene que contar, como decía el señor Campuzano, no solamente con entes locales, sino también con comunidades autónomas. Tiene que contar con un despliegue capilar, como decía la diputada de Ciudadanos,
que es responsabilidad de las instituciones. Yo creo que, evidentemente, es responsabilidad de las instituciones, pero evidentemente también hemos de ser eficaces y hay actores sobre el terreno que lo están haciendo bien y que tienen la capacidad
de entrada directa. Sobre eso queremos ampliar el número de beneficiarios, completar el tipo de protección y de cobertura que se les ofrece y ampliar el tipo de prestación a un bono social térmico, no asociado al uso de un combustible u otro pero
sí asociado a las necesidades térmicas del edificio. Ya hay elaborada una propuesta muy detallada, pero permítanme que esto se explicite en el momento de la aprobación de la propuesta articulada por parte del Consejo de Ministros.


Con respecto al documento del comité de expertos, que me preguntaba mi opinión personal al respecto. Creo que tiene ideas interesantes, que tiene diagnósticos y propuestas asumibles; creo que falla o que es benévolo con respecto a la
identificación de los problemas de mercado que, como digo, fue diseñado para una época que ya no es la que vivimos; no que no será, sino que ya no es. Me parece que

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ahí se ha quedado cojo, honestamente. Pero sí tomo nota de todo lo que han dicho porque me parece que forma parte de nuestra responsabilidad colectiva escuchar las ideas y la voluntad de contribuir a un debate que no siempre va a ser fácil
y que requiere que trabajemos muy intensamente por parte de todos ustedes en el Parlamento y por parte de otros actores sociales fuera, sin caer en la tentación, evidentemente, de pensar que esto es un asunto tecnocrático o exclusivo de cuatro,
cinco o seis grandes operadores. No es verdad; es una cuestión social, política y económica de primer orden y con implicaciones muy importantes. Por tanto, es un debate mucho más amplio que el que hemos tenido hasta la fecha.


Si me dejo algo, vuelvo utilizar el recurso de la última vez. Pero como además ya hemos adquirido la costumbre de vernos de manera regular, probablemente lo pueda resolver en directo en breve. Pero no tengo ningún inconveniente, como dije
en mi primera comparecencia y repito hoy, en remitir la información o las respuestas a las preguntas que se me hayan olvidado o a aquellas otras que les parezcan importantes, como hice a propósito de las cuestiones que me planteó la portavoz de
Ciudadanos cuando en aquel momento no tenía información para responder. Así que les pido disculpas si me he dejado alguna cosa y con mucho gusto satisfaré las dudas o las inquietudes, y con mucho gusto también recibiré cualquier comentario o
contribución de mejora para ese desafío inminente que tenemos y para el que de una manera mucho más relevante, por el peso estructural que tiene, debemos abordar después.


Por cierto, señor Vendrell, no tengo la impresión de tener discrepancias de fondo con respecto a la necesidad de reforma del mercado eléctrico. He insistido sobre ello varias veces; luego, cuando vayamos desarrollando, en el hasta dónde,
cómo y qué, es posible que encontremos diferencias, pero con relación a la presentación general no he tenido la impresión de que hubiera diagnósticos radicalmente distintos e incompatibles.


Nada más. Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, ministra, por la disponibilidad, que rima con responsabilidad, y que está demostrando usted sobradamente.


No quisiera levantar la sesión sin dar las gracias también al equipo ministerial, en el cual se encuentra hoy una persona que fue diputado de esta Cámara, el señor Joan Herrera, que nos ha acompañado durante toda la tarde, lo cual ha sido un
placer. Bienvenido de nuevo a la que fue su casa.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Sí, pero ahora está en mi casa.


El señor PRESIDENTE: Sí, digo que entre el equipo ministerial se encuentra Joan Herrera y que siempre es un placer recibir a antiguos diputados.


La señora MINISTRA PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA (Ribera Rodríguez): Se me ha olvidado hablar de los contadores.


El señor PRESIDENTE: Pues queda pendiente la cuestión de los contadores; seguro que nos dará cumplida respuesta la ministra, a quien podemos decirle que hasta pronto. Muchas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las seis horas y cuarenta y cinco minutos de la tarde.