CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2016 XII LEGISLATURA Núm. 59

DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª CELIA VILLALOBOS TALERO

Sesión núm. 5

celebrada el martes,

29 de noviembre de 2016

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- Del catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid (Ruesga Benito), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del
Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000110) ... (Página2)


- Del catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco (Zubiri Oria), para informar sobre temas relacionados con el objeto de la Comisión. Por acuerdo de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los
Acuerdos del Pacto de Toledo. (Número de expediente 219/000111) ... (Página19)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS:


- DEL CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (RUESGA BENITO), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ACUERDOS DEL
PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 219/000110).


La señora PRESIDENTA: Buenos días a todos.


Vamos a iniciar la primera comparecencia de esta mañana, que es la de don Santos Ruesga Benito, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Autónoma de Madrid. Como siempre él comenzará con su intervención y después intervendrán los
diferentes grupos parlamentarios. Adelante, profesor, y bienvenido a esta su Comisión.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Ruesga Benito): Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Quiero agradecer la invitación que me han hecho para estar con ustedes esta mañana y poder comentar y
debatir acerca de la situación de nuestro sistema público de pensiones, y cuáles son los retos y los problemas que se plantean no solo en el futuro inmediato, sino más a largo plazo.


Ya tuve ocasión hace tres años de comparecer en esta Comisión con motivo de la puesta en marcha de la llamada reforma de 2013. En este momento quizá hay algunos elementos nuevos en el debate, que sintetizaré en algunas cuestiones. En
primer lugar, aquellas reformas, tanto la de 2011 como la de 2013, fundamentalmente se apoyaban en los problemas de orden demográfico -por llamarlos de alguna manera- que se planteaban para el futuro de nuestro sistema de pensiones. Son conocidos:
envejecimiento de la población; alargamiento de la esperanza de vida, lo cual supone que los pensionistas cobrarán durante más años la pensión, y por tanto el monto de gasto trasladable al sistema será mayor; etcétera. Lo novedoso, o al menos de
lo que empezamos a hablar en los medios de comunicación con insistencia en este momento, es que nos estamos dando cuenta de que el problema incluso a largo plazo no es exclusivamente de orden demográfico, sino que podríamos identificar algunas
cuestiones de orden económico. Hasta ahora las cuestiones de tipo económico relacionadas con la evolución del ciclo, lo cual evidentemente afecta a la evolución de los ingresos, parece que eran una cuestión -permítanme la reiteración- de carácter
cíclico, y por lo tanto coyuntural y a corto plazo. Así cabía en determinadas coyunturas arbitrar algún tipo de solución de carácter coyuntural como el Fondo de reserva. En última instancia el Fondo de reserva se creó con la idea de hacer frente a
este tipo de problemas de ciclo económico de bajada o de estancamiento de los ingresos por caída del nivel de demanda, y por tanto de los ingresos por cotizaciones. Lo que parece que empezamos a observar ahora es que esa tendencia a la
ralentización de los ingresos de las bases de cotización empieza a tener un componente de tipo estructural o al menos observamos que las reformas realizadas recientemente, y que han afectado al mercado de trabajo, pueden estar generando un efecto
directo sobre los niveles salariales, y por lo tanto podrían explicar una parte de la ralentización del monto de ingresos por cotizaciones que estamos observando en los últimos años, y no solo dentro del marco estricto de la crisis económica
20072014. Luego quizá es importante tener en cuenta e incorporar a nuestro análisis, en la perspectiva a largo plazo, esta idea de que los problemas no van a ser solo demográficos, sino que se apunta también hacia algún tipo de problemas
económicos, que podemos centrar en el comportamiento o en la dinámica del propio mercado de trabajo como efecto de la situación económica, la estructura económica del país y las reformas que se han abordado recientemente.


En este sentido no es baladí añadir no solamente la tendencia devaluatoria de los salarios que estamos experimentando, sino también una aceleración en el cambio de la estructura del mercado del trabajo, aunque ambas cuestiones están
relacionadas. Se ha incrementado lo que en términos de la Unión Europea se llama el empleo atípico, es decir, la suma de contratos temporales o contratos a tiempo parcial no voluntarios, que es lo que la Comisión Europea considera dentro del campo
de la atipicidad. También se ha incrementado un determinado tipo de trabajo autónomo, sobre todo el que en la jerga de los analistas del mercado de trabajo se suele llamar el autónomo dependiente, es decir, aquellos autónomos que lo son porque no
tienen otra opción, y que fundamentalmente trabajan más o menos como asalariados encubiertos para una sola empresa a lo largo de todo el año o de todo su periodo de actividad laboral. En ese sentido

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insisto en que tenemos algunos elementos nuevos en el debate sobre el futuro de las pensiones que son de tipo económico y de tipo laboral, y que están afectando a uno de los elementos claves del equilibrio financiero del futuro, que es el
ámbito de los ingresos.


Podríamos decir por tanto que hacemos frente a dos tipos de problemas, obviamente interrelacionados, pero que podríamos diferenciar desde el punto de vista de las medidas que se pueden adoptar o que ustedes pueden llevar al Pleno del
Parlamento y poner en marcha. Por un lado están los problemas a corto plazo, es decir, problemas que van a aparecer ya el año que viene -están ya de facto presentes, pero pueden tener mayor intensidad- y van a exigir medidas de algún tipo no tanto
para mantener el equilibrio a medio y largo plazo -que también-, sino sobre todo para hacer frente al déficit que se ha registrado desde el año 2012 en la Seguridad Social, y que en principio todas las previsiones plantean que se va a mantener al
menos en los próximos dos años. ¿Eso qué va a significar a corto plazo? A corto plazo va a significar que el Fondo de reserva, la llamada hucha de las pensiones que es el mecanismo de financiación del déficit que se estaba utilizando, según todas
las previsiones el año que viene se agotará, y, dependiendo de las previsiones de ingresos que tenga el sistema y el conjunto de las administraciones públicas, aproximadamente a mediados de año tendrán que prever algún otro tipo de ingreso para
cubrir la financiación del déficit, porque ya no se podrá acudir al Fondo de reserva. Este es un problema que se va a plantear en 2017 y probablemente esté presente en 2018, y que las medidas que se han adoptado hasta ahora no van a solucionar,
porque las medidas de reforma de 2011 y de 2013 no van a ser suficientes para reducir los gastos en la cuantía que el déficit está poniendo de manifiesto.


Esta es la segunda cuestión que se introduce en el debate y que en 2013 todavía no estaba clara. Yo en ese momento la planteé a algunos de mis colegas de la comisión de expertos que nombró el Gobierno en el año 2013, en la que debatimos
algunas cuestiones que dieron pie a la reforma; aunque yo con el dictamen final de la comisión no estuve de acuerdo. Yo planteé en todo caso que íbamos a tener un problema de ingresos bastante inmediato, y que no solamente eran necesarias reformas
que actuaran por el lado de los gastos, como las reformas paramétricas del año 2011 o de manera muy clara la introducción de los coeficientes de sostenibilidad y de revalorización de las pensiones en el año 2013. El problema de ingresos lo tenemos
ya y la impresión que tenemos algunos es que es un problema que va existir de manera permanente en los próximos años.


Permítanme un último apunte, y es la vinculación del sistema productivo que tenemos, que es el característico de la economía española, y que previsiblemente -si no hay cambios sustanciales en las orientaciones de la política económica e
incide en la propia estructura de nuestro sistema productivo- va a tener una repercusión negativa en términos de los ingresos o de la secuencia de ingresos de la Seguridad Social. El resultado de esta estructura productiva como ustedes saben es un
mercado de trabajo con un alto componente de empleo de baja cualificación, y por lo tanto de bajos salarios, y lo que es más importante de cara al futuro con una escasa capacidad de generación de aumentos de productividad. Cuando comparamos la
tendencia histórica -me refiero a los últimos quince o veinte años- y las predicciones que se hacen para el futuro de la productividad global de la economía española, no solo del trabajo, sino del resto de los factores de producción, nos encontramos
con una línea casi plana frente a tendencias crecientes en los casos de Alemania, Francia y otros países de la Unión Europea. España e Italia tienen un comportamiento relativamente similar, lo cual nos indica que tienen estructuras productivas no
muy lejanas de crecimientos de la productividad muy planos. ¿Eso qué significa desde el punto de vista del tema que estamos debatiendo? Significa que eso se va a trasladar a un crecimiento en términos reales muy escaso o muy pequeño de los niveles
salariales en general. Eso significa que en la medida en que el sistema se apoye en la cotización sobre rentas salariales la evolución a futuro del crecimiento de los ingresos va a estar relativamente ralentizada. Todo eso en el escenario de unas
políticas como las que se han realizado en los últimos siete u ocho años de austeridad, de control de las rentas salariales, del crecimiento, etcétera, refuerza la idea de los problemas que vamos a tener, no ya por razones de orden demográfico -que
son las que tradicionalmente hemos venido comentando-, sino por razones de nuestra propia estructura productiva y la evolución de nuestra estructura productiva.


Si no hay un cambio significativo en esas tendencias y en los incentivos de la política económica a ir modificando paulatinamente la estructura productiva hacia un sistema que genere mayores aumentos de productividad, los salarios van a
crecer de manera ralentizada y por lo tanto un sistema que se apoya en el crecimiento de los salarios para determinar la evolución de sus ingresos va a tener en el largo plazo un problema adicional. Por lo tanto, sintetizando -y para no alargarme,
porque creo que lo interesante es el debate que podamos tener-, tenemos un problema a corto plazo de financiar -en mis estimaciones,

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pero me puedo equivocar- entre 5.000 y 7.000 millones de euros el próximo año, una vez que se agote el Fondo de reserva de la Seguridad Social. Y tenemos un problema a largo plazo para cubrir, por la convergencia de esta serie de factores
respecto a la situación actual, entre 3 y 4 puntos de producto interior bruto. Las estimaciones, si nos fijamos en el horizonte del año 2050, que sería el punto donde el efecto demográfico de la entrada de la generación del baby boom tendría su
mayor cota, a partir de ahí -según las predicciones demográficas que hace el INE y otros organismos de la Unión Europea- podríamos esperar que ese efecto de envejecimiento empezara a moderarse e incluso a bajar ligeramente en el caso español,
cuestión que en otros países europeos se va a producir un poco antes, siguiendo una secuencia de madurez demográfica retardada como es la que tenemos. Si estamos hablando de entre 3 y 4 puntos de PIB estamos hablando de que a largo plazo tenemos
que ir incrementando paulatinamente el efecto neto de aumento de ingresos y reducción de gastos hasta aproximadamente unos 35.000 o 40.000 millones de euros. Ese es un periodo un poco más largo. Estamos hablando de que los problemas demográficos
se intensificarán a partir del año 2022-2025, cuando entren las cohortes de la generación del baby boom a cobrar las pensiones, pero que al mismo tiempo también las reformas que se han llevado a cabo pueden tener sus efectos.


¿Cuál es mi hipótesis de partida para este conjunto de cálculos? Mi hipótesis de partida -y es una apreciación de cómo debe funcionar un sistema público de pensiones- es que mantengamos el nivel de suficiencia de las pensiones que se tiene
en este momento. Cuando me refiero al nivel de suficiencia me refiero básicamente al coeficiente entre el nivel medio de pensiones y el nivel medio salarial en el momento en el que estamos hablando. Podríamos utilizar cualquier otro indicador,
pero creo que ese es más plástico y el que pone de manifiesto la suficiencia o no de las pensiones al relacionar lo que se cobra en términos medios con lo que se gana en el momento en el que una persona pasa de la actividad a la inactividad. Si
queremos mantener ese coeficiente en el año 2050, aproximadamente estos serían los cálculos que hemos planteado.


¿Cuáles van a ser los efectos de las dos últimas reformas que inciden de manera más clara en esta perspectiva? Las estimaciones que hacía el Gobierno en la memoria económica del año 2013, cuando en noviembre de 2013 se promulgó la ley que
recogía en parte los trabajos de esa comisión de expertos, estimaban que llegaríamos a esas fechas con un gasto en pensiones de alrededor del 10?% del producto interior bruto. Si eso fuera así, teniendo en cuenta que pasaríamos a un volumen
aproximado de unos 15 millones de pensionistas o algo más, eso significaría que en términos de poder adquisitivo la pensión media se habría reducido entre un 30 y un 40??%. Si la hipótesis que queremos mantener -o al menos la que planteo- es que el
coeficiente fuera semejante al que hay ahora, que es un coeficiente aproximadamente de un 50??% -la pensión media es aproximadamente un poquito menos de la mitad del salario medio del país-, si lo queremos trasladar a un horizonte de treinta o
treinta y cinco años, tendríamos que llegar a un entorno del 14?% aproximadamente de producto interior bruto para poder cubrir.


¿Qué es lo que nos dicen las proyecciones? Que si no hay cambios sustanciales en el modelo contributivo que tenemos en este momento, y si tenemos en cuenta la evolución de activos y pasivos que nos dicen los demógrafos, evidentemente los
ingresos contributivos de la cotización social no cubrirían ese escenario que estoy planteando. Una de dos, o aumentamos el volumen de ingresos contributivos -fundamentalmente a base de aumentar la contribución, porque ya hemos dicho que la
tendencia de las bases no parece que sea excesivamente alcista hacia el futuro, sino más bien al contrario- y aumentamos el mecanismo de contribución o buscamos ingresos de otras características en el campo tributario. ¿Tenemos margen? Esta sería
la pregunta importante para plantearse trabajar en un horizonte de esas características. En primer lugar, obviamente si no hay modificación en las reformas paramétricas que se han hecho o en la reforma de tipo estructural que se hizo en 2013 ahí
hay un campo de reducción del gasto, pero insisto en que eso significará en principio una reducción de la pensión media si no hay otras fuentes de ingresos que compensen esa reducción del gasto.


¿Qué se puede hacer? Entro a plantear algunas de las propuestas -muchas de ellas están ya en la prensa, probablemente ustedes han debatido algunas- muy rápidamente. Es obvio que el tipo de medidas que tomemos no son neutras desde el punto
de vista de la capacidad de recaudar ingresos para el sistema o para cubrir el gasto en pensiones, pero tampoco son neutras desde el punto de vista de la generación de empleo o desde el punto de vista del crecimiento económico. En el caso del
sistema en el que estamos hablamos de cotizaciones que en definitiva son un impuesto sobre los salarios, estamos pagando con un tributo como otro cualquiera, pero en este caso los sujetos que tributan son los trabajadores y los autónomos, que son
los cotizantes, no cotiza el conjunto de la población como puede ser el IVA o cualquier otro impuesto de carácter generalizado o algún impuesto sobre el consumo que grava consumos

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de carácter generalizado. Ese es un primer dato a tener en cuenta. Algunos de mis colegas plantean -algo que yo no tengo tan claro y no voy a explicarles las distintas investigaciones que hay al respecto, porque como ustedes saben las
investigaciones académicas están sujetas a una enorme discusión casi siempre- que el sistema de cotización penaliza excesivamente al empleo. Yo no lo tengo tan claro ni mis conclusiones son tan claras. En todo caso lo que sí podemos observar es
que en la mayoría de los países europeos el sistema de pensiones público se financia con modelos mixtos. Es decir, una parte de cotizaciones varía mucho de unos países a otros, y otra parte es de aportaciones directas del Estado con cargo a los
presupuestos, y por lo tanto cargando otras figuras tributarias.


El abanico de aportaciones del Estado, en términos del PIB, es bastante amplio y extenso. Lo que sí está claro es que nosotros nos situamos en la parte baja de aportaciones. En conjunto también nos situamos en la parte baja de tributación,
de toda la tributación, que financia el sistema de prestaciones sociales y en particular el de pensiones. Esto quiere decir que, desde un punto de vista comparativo, podemos tener cierto margen para incrementar los ingresos, bien vía contributiva
-y ahora iré a ello- o bien vía tributaria, por establecer la diferencia entre los dos tipos de tributos. Estamos hablando de que con respecto a Francia las diferencias son muy importantes, también con respecto a Alemania, con respecto a Italia o
con respecto a los países de mayor entidad económica de la Unión Europea. Es habitual que nuestro gasto en el sistema social y en el sistema de pensiones, en general, está en una media en torno a 5 puntos porcentuales por debajo de lo que es
habitual en estos países, y con respecto a otros países como Francia es bastante más la diferencia.


En el corto plazo interpreto -y probablemente es una interpretación mía, que ustedes obviamente pasarán por su tamiz, que son los que tienen que legislar- que, pensando en el año que viene o en el año 2018, resulta relativamente difícil
introducir medidas que requieran un proceso legislativo largo -por ejemplo, reformar leyes del tipo de la Ley General Tributaria o algunas de ese tipo-, y probablemente en el corto plazo las medidas que se podrán adoptar de manera más rápida son
aquellas que se pueden mover en el marco presupuestario y se pueden modificar a través de los Presupuestos Generales del Estado, que supongo que en algún momento ustedes aprobarán y el año que viene habrá otro presupuesto. Para mí quizá lo más
eficaz a corto plazo, y teniendo en cuenta mis dudas acerca de que hay un gran efecto sobre el empleo, y lo más inmediato sería subir la cotización entre 1 y 2 puntos. La cuestión adicional a debate que aquí se plantea es cómo se reparte eso entre
la cotización entre trabajadores, la cotización de la cuota obrera y en última instancia la cotización de los autónomos. Desde el punto de vista estrictamente económico es indiferente, en el sentido de que eso supone un aumento de los costes
laborales de aproximadamente 0,7?% o 0,8?% del PIB, lo que supondría 2 puntos o menos de aumento de los costes laborales, pero desde el punto de vista del reparto sí que es importante. Sí se carga más sobre la cuota de trabajadores evidentemente
el saldo salarial neto sería menor; si se carga más sobre la cuota de los empresarios desde el punto de vista de coste sería indiferente, pero habría un desequilibrio desde el punto de vista de los beneficios empresariales. Esto es algo a
discutir.


¿Cuál es nuestra posición en el contexto europeo, en general? Pesa más relativamente la cuota empresarial que la cuota de trabajadores. Esta es la situación que hay en la mayoría de los países europeos, aunque también con muchas
variaciones; es decir, no hay un nivel muy homogéneo, pero en líneas generales la distribución entre cotización empresarial y cuota obrera -como se llamaba antiguamente- es mayor la carga en términos relativos de la cuota empresarial en el caso
español. Eso es algo que habría que discutir y habría que ver cómo se distribuye, teniendo en cuenta el resto de las variables que hemos comentado, como por ejemplo la evolución de los salarios y la devaluación salarial que se ha producido en los
últimos años, y sería en función del aumento.


Se ha planteado también la posibilidad -coloquialmente hablando- de destopar los topes de las bases de cotización de la Seguridad Social. En mi opinión no creo que eso debiera ser una medida inmediata. En todo caso, si se plantea, tendría
que ser de forma paulatina. ¿Por qué? En primer lugar, porque la carga caería básicamente en dos o tres niveles de cotización. En segundo lugar, porque tendría un efecto, en términos de saldo neto, menor que la otra medida, sobre todo porque
aumentarían más rápidamente los gastos de la Administración pública en cotizaciones. Lo que ocurre es que quien se sitúa dentro de los niveles altos de salarios de manera relativa y más intensamente son las propias administraciones públicas. Eso
haría que su carga de cotizaciones sociales, tanto al sistema como a los restos de Muface, etcétera -obviamente se aplicaría también a MUFACE-, aumentaría más que relativamente los gastos de la Seguridad Social. Es decir, en términos netos se
recaudaría más con una subida de manera inmediata de las cotizaciones sociales que con destopar el sistema.

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Adicionalmente esto acarrea algún problema más, y es que al concentrarse en un pequeño grupo de los trabajadores -obviamente los de niveles salariales más altos- probablemente eso generaría más problemas de rechazo de manera inmediata,
porque si estamos hablando de aumentar la recaudación en unos 7.000 millones se cargaría prácticamente en tres o cuatro de los grupos de cotización de la Seguridad Social, que obviamente son los niveles más altos salariales. Y eso probablemente
generaría también a medio plazo -habría que valorarlo- una presión importante para destopar también la pensión máxima, lo cual quiere decir que si se destopa la presión máxima -independientemente de los efectos redistributivos de carácter negativo
frente a cómo funciona el sistema que tendría- también llevaría aparejado un efecto de aumento del gasto a medio plazo, en la medida en que las cohortes que vayan entrando y en función de cómo se regule tendrían una pensión mayor, y por lo tanto el
gasto en pensiones sería mayor.


Estos son algunos de mis argumentos en favor de que, a corto plazo, mejor que destopar o, por lo menos, de destopar de golpe todo el sistema de cotización, se acudiera más a una subida de las cotizaciones en los términos en los que se estime
que es necesario para cubrir el año que viene.


Luego ha habido todo un conjunto de medidas que se han comentado que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista estrictamente económico y presupuestario, la mayoría de ellas, si no se definen de una manera más precisa, aparentemente
son solo traslación de gasto de una partida presupuestaria, en el conjunto de los presupuestos de las administraciones públicas, a otra. Por ejemplo, solamente en términos presupuestarios, si estamos hablando de trasladar las pensiones de viudedad
-como se ha comentado por parte de algún responsable de la Administración o por lo menos así se ha difundido en los medios de comunicación- a los Presupuestos Generales del Estado evidentemente liberaría una carga sobre lo que es estrictamente el
sistema de la Seguridad Social estimado en torno a 20.000 millones, que son las pensiones de viudedad, aunque no sé si se hablaría solo de viudedad o del conjunto de pensiones de los derechohabientes: de viudedad, de orfandad y de familiares, que
sería un poco más si es este último caso, o bastante más, unos 27.000 millones. En todo caso trasladarlo a los Presupuestos Generales del Estado, como les decía el otro día plásticamente a un grupo de juristas que me invitaron a hablar en un
seminario, es pasarlo del Ministerio de Trabajo al Ministerio de Hacienda. En principio, si no hay otra medida adicional no habrá un ahorro de gasto a corto plazo. Este tipo de medidas que en principio se supone que estamos buscando de ahorro a
corto plazo o de aumento de ingresos a corto plazo no tocaría la estructura, porque yo creo que la estructura hay que repensarla un poco más. No digo que no haya que plantearse en algún momento, por razones de una cierta ordenación más razonable
del propio sistema, trasladar lo que no son estrictamente las pensiones que obtiene el cotizante a un sistema, pero ahí hay muchas cosas que discutir. Hay muchas cosas que discutir en las pensiones de viudedad sobre problemas de compatibilidad de
las pensiones; no solo entre las dos pensiones, sino entre actividad y no actividad, que existen porque la situación es diferente. Y es diferente, entre otras cosas, porque las pensiones de viudedad se pensaron hace cincuenta años para una cosa y
hoy el país ha cambiado sustancialmente: en la estructura del mercado de trabajo, en la inserción de las mujeres al mercado de trabajo, etcétera. No estoy diciendo que no haya que plantearse una reforma que incluso pase por una traslación, lo que
digo es que desde el punto de vista -si nadie plantea otras cuestiones- de abordar los problemas del corto plazo, no va a añadir mucho y en todo caso, si va a ahorrar algo, probablemente va a afectar a derechos de tipo contributivo que están
generados y que de momento no hemos modificado las leyes sustantivas en las que se apoyan este tipo de derechos. Algunas otras medidas de las que se ha hablado también -por ejemplo pasar las subvenciones que a través de las políticas activas se
trasladan a la creación de empleo u otro tipo de objetivos más o menos colaterales con este-, si no hay ningún tipo de modificación en la norma que ha establecido ese tipo de subvenciones, estaríamos un poco en lo mismo; es decir, estamos
trasladando gasto de una partida a otra. Es verdad que sanearíamos las cuentas de la tesorería, pero probablemente el ministro de Hacienda plantearía algunos problemas porque, si estamos trasladando 20.000 millones de la Tesorería de la Seguridad
Social al presupuesto general, de alguna manera habrá que financiarlos, en un lado o en otro. Lo que quiero decir con esto es que este tipo de medidas de traslación, si no van acompañadas de otro tipo de acuerdo, probablemente no nos solucionen el
problema que tenemos en los próximos dos años ni -avant la lettre- en los años siguientes. Creo que en este tipo de actuaciones, no solo el gasto en políticas activas en este caso, sino posiblemente el argumento sería trasladable a los gastos
fiscales también en relación con lo que se viene hablando sobre el impuesto de sociedades. En todo caso, lo que hay que plantear es suprimir algún tipo de gastos, aquellos que consideremos menos eficientes. Haciendo un pequeño paréntesis, desde mi
punto de vista, hay un margen importante porque muchos de estos gastos tenemos evidencia empírica de que tienen un escaso

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efecto sobre la generación de empleo. En la práctica son unas subvenciones directas a las empresas para reducir el coste salarial. Si se quiere seguir haciendo, hágase, pero no se argumente que eso tiene un gran efecto sobre la creación de
empleo, porque no lo tiene. Creo que es de las pocas cosas en las que hay cierta unanimidad entre los economistas, en el sentido de que determinado tipo de subvenciones directas a la contratación o elementos similares tienen escaso efecto. Esos sí
se podría plantear, aunque evidentemente no se va a materializar todo en el periodo 2017-2018 porque habrá compromisos adquiridos para periodos más largos, pero estamos hablando de que hay una capacidad de reducción ahí -si estamos de acuerdo con la
hipótesis que yo planteo de la ineficiencia de ese tipo de actuaciones- de entre 1.500 y 2.000 millones de euros, que al menos en el horizonte inmediato podría ser importante.


Este es un poco el escenario de las cotizaciones en el campo del presupuesto de la Seguridad Social. Otra cosa es que planteemos algunas medidas de modificación fiscal de la estructura impositiva que puedan adscribirse -no sé si
temporalmente o de manera definitiva- a la financiación de las pensiones como transferencia del presupuesto del Estado al sistema de la Seguridad Social. Se ha hablado de algunas, que en principio no requerirían de cambios normativos importantes
porque son decisiones presupuestarias, creo yo, del tipo de reducir los gastos fiscales, o de otra forma entendidas subvenciones en el impuesto, deducciones o rebajas del tipo impositivo, etcétera, que se aplican en el impuesto de sociedades. Ahí
el propio ministro de Hacienda ha planteado algunas cuestiones -creo que no se ha especificado totalmente- pero algunos pensamos que ese tipo de gastos fiscales son excesivos en el caso español y muchos de ellos funcionan por pura inercia, sin que
realmente tengan una visibilidad clara en el funcionamiento de las empresas; básicamente son subvenciones a determinado tipo de empresas porque al final tienen una distribución bastante inequitativa en función sobre todo del tamaño de las empresas.
Es decir, hay mucha más capacidad de absorber ese tipo de desgravaciones por parte de las empresas de mayor tamaño, que tienen mejores servicios para abordar los requisitos administrativos o de otro orden, que por parte de las pequeñas empresas. En
cualquier caso, muchas de ellas tienen escasa eficiencia sobre lo que sería importante y se supone que es el objetivo, que es aumentar la rentabilidad, o mejor dicho el rendimiento, la productividad en definitiva, de las empresas. Creo que ahí hay
un campo bastante extenso de revisión de todos estos gastos, pero a corto plazo incluso algunos de ellos se podrían suprimir, insisto, con un efecto que se puede dilatar de uno a tres años en función de los compromisos adquiridos, y esto podría
generar algún tipo de ingreso que sería susceptible de adscripción a cubrir el déficit de la Seguridad Social.


En el largo plazo -y con esto acabo-, sobre la hipótesis que estoy planteando de mantener la suficiencia de las pensiones, creo que hay que introducir algunas alteraciones. En primer lugar, sería razonable aumentar paulatinamente la
dotación o la transferencia del presupuesto a la financiación de las pensiones -o si quieren en general- de la Seguridad Social, un poco en paralelo con lo que ocurre en otros países de nuestro entorno, al tiempo que mantenemos probablemente estos
incrementos del tipo de cotización en uno o dos puntos. No nos estaríamos saliendo de la senda histórica de tipos de cotización ni de lo que es habitual en otros países de nuestro entorno por subir uno o dos puntos -entre 3.000, 3.500 y 7.000
millones de euros- las cotizaciones y mantenerlo estable hacia el futuro. En segundo lugar, creo que sería importante -a la luz de un debate de reforma fiscal posiblemente más profundo y teniendo en cuenta lo que yo decía en términos del impuesto
de sociedades-, una de dos, o generar alguna figura impositiva nueva -por ejemplo en el campo de los impuestos especiales hay algunos países que están introduciendo una figura que tiene otros argumentos pero que tiene una repercusión de aumento de
los ingresos fiscales interesante, que también se ha hablado de ello, lógicamente- como es el fat tax, o impuesto sobre las grasas, que afectan negativamente a la salud de las personas, igual que tenemos un impuesto sobre el tabaco o un impuesto
sobre el alcohol, que se supone que, entre otras razones, están para cuidar de la salud del conjunto de los ciudadanos. En tercer lugar, creo que sería interesante abrir una línea de debate para vincular el desarrollo futuro de las pensiones al
patrimonio y en particular el patrimonio de los propios pensionistas. No sería fácil establecer mecanismos impositivos que tuvieran en cuenta esa posible relación, pero sí tenemos alguna figura impositiva como es el impuesto de transmisiones
patrimoniales, con las modificaciones pertinentes -con problemas, lo entiendo, porque ha sido transferido a las comunidades autónomas- y poniéndonos de acuerdo en un determinado tipo -que en parte se aplicara con carácter progresivo en función de
esos volúmenes de transmisión patrimonial-, pudiera contribuir a la financiación de las pensiones. No se nos olvide que, en definitiva, una buena parte de las pensiones se va a ir financiando con dinero público y podríamos atribuirle el mismo
carácter progresivo a ese tipo de mecanismos fiscales que en general debe tener, constitucionalmente hablando, nuestro sistema tributario. Volver a activar el impuesto de transmisiones patrimoniales, que en algunas comunidades

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autónomas prácticamente está en tipo cero o no se aplica, puede ser un mecanismo que podría generar una fuente de ingresos importante. En ese terreno -y ya voy acabando- podría plantearse una cierta reactivación del impuesto de patrimonio,
que en su momento llegó a recaudar cerca de 4.000 millones de euros y que en este momento está casi en términos planos. Podría ser una segunda opción de tipo fiscal ponerse de acuerdo dentro del ámbito de coordinación autonómica activar este tipo.
En último lugar, cabe la posibilidad de activar fiscalmente un tipo de impuesto parecido al que se ha generado en Francia para incrementar los ingresos -que no necesariamente tiene que tener los tipos que se han planteado en Francia o que incluso se
puede plantear como un complemento del impuesto sobre la renta de las personas físicas- cuya filosofía es que el mecanismo de solidaridad de las pensiones vía ingreso debiera trasladarse al conjunto de la población y no solamente a los trabajadores,
a los autónomos, a las personas activas. Es decir, que el conjunto de la población contribuyera a esa financiación a través de un impuesto ad hoc o un impuesto independiente, en el caso francés llamado de contribución social generalizada, que en
definitiva es una aportación adicional sobre el impuesto sobre la renta. En el caso francés es un tipo único pero podría plantearse incluso algún tipo de carácter progresivo recogiendo un poco la progresividad, o incluso acentuándola, que tiene
nuestro impuesto sobre la renta de las personas físicas.


Yo creo que esos son los escenarios, siempre y cuando para el futuro de las pensiones no se plantee una modificación sustancial del sistema, es decir, que seguiríamos en un sistema de reparto, no ya solo contributivo, sino de carácter mixto,
pero con una base contributiva importante. Desde el punto de vista económico y de los incentivos al trabajo puede ser importante mantener una parte del sistema de tipo contributivo, por tanto, no sería una pensión única para todo el mundo, sino que
está en función de las cotizaciones, etcétera. Otra cosa es que alguien plantee un modelo alternativo y pasar a un modelo de capitalización, pero eso de momento creo que nadie lo plantea y es harina de otro costal.


Gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Vamos a iniciar las intervenciones de los diferentes grupos políticos. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias por su exposición, señor Ruesga, que pienso que ha sido muy clarificadora para todos y muy bien estructurada.


Hay una pregunta que subyace desde hace bastante tiempo sobre la solidez del sistema de pensiones. Aquí hay una preocupación por parte de la Comisión de generar tranquilidad en los pensionistas y en los futuros pensionistas. ¿Considera
sólido el sistema actual de Seguridad Social en este momento? Me refiero a sólido a nivel estructural. Ya sabemos que adolece de unas deficiencias a corto que deben ser estudiadas y adoptar las decisiones oportunas. Usted plantea la adopción de
un recurso finalista de ingresos al sistema. ¿Por qué no ampliar, por ejemplo, las bases del IRPF, un impuesto que ya tenemos, y en cambio el planteamiento es buscar un impuesto ad hoc para la sostenibilidad del sistema? ¿Es una cuestión de
pedagogía que la ciudadanía lo pueda entender? ¿Es una cuestión de eficacia? A nosotros nos preocupa el hecho de que afectar a un sistema un ingreso concreto a la larga pueda acabar debilitando esa prestación en concreto o el sistema de alguna
manera. Es una apreciación en este caso personal. Por otra parte, cuando hablamos de la sostenibilidad a largo y de dinámica del mercado de trabajo, me gustaría saber los efectos que va a suponer el proceso de digitalización que a corto nos va a
afectar de forma importante. Sabemos -ayer se nos comentó- que es una oportunidad para todos, pero no tengo muy claro que en este momento estemos preparando ese futuro inmediato que nos vamos a encontrar a corto. Esto lo ligaría con una cuestión
en la que usted ha sido muy categórico, que son las políticas activas de empleo. Yo creo que cuando una cosa no funciona se ha de cuestionar y si funciona se ha de mantener. Ayer se nos planteó lo de las políticas activas de empleo y yo quisiera
hacerle una pregunta, si las políticas activas de empleo no están dando los resultados que permitirían demostrar que es eficaz ¿lo incentivaría o promovería con esta cantidad -estamos hablando de unos 3.000 millones de euros-, por ejemplo, temas de
formación o hacia qué lo derivaría? Sería interesante saber su opinión.


Por último, una cuestión, que no sé si es leyenda urbana o no; yo creo que no lo es. ¿En qué medida, cuando nosotros incrementamos el gasto, por ejemplo en cotizaciones -es decir, si estamos pidiendo que haya un mayor esfuerzo en el
incremento de las cotizaciones-, puede afectar a la economía, a la productividad y al empleo? Lo digo porque sería interesante tener la concepción de los pros y los contras de las medidas que tengamos que plantear.


Gracias.

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Perea.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Yllanes, adelante.


El señor YLLANES SUÁREZ: Gracias, presidenta.


Lo primero que pediré será disculpas por si digo alguna barbaridad económica ya que no soy economista y voy aprendiendo poco a poco a través de esto. Muchas gracias, señor Ruesga, por su exposición porque coincidimos en muchos de los
problemas y de las soluciones que ha planteado.


Un tema que nos ha interesado especialmente. Estamos hablando de cotizaciones, de estructura productiva, de mercado de trabajo, de empleo de calidad… Ha dicho usted que uno de los secretos es la modificación de la estructura productiva.
¿Nos puede dar detalles acerca de cuáles serían los datos esenciales de esa modificación de la estructura productiva que de alguna manera facilitaría la sostenibilidad del sistema público de pensiones? Hablaba también de las vías alternativas de
financiación y de la posibilidad de establecer impuestos finalistas para complementar los ingresos, si no le he entendido mal. ¿Cabría algún tipo de solución en el sentido que ha aportado la portavoz del Partido Socialista, adoptada ya en algunos
países europeos, que es, en lugar de establecer impuestos específicos para aumentar los ingresos y garantizar la viabilidad, lo que en Francia creo que llaman cesta de impuestos, es decir, la posibilidad de ir sacando ingresos alternativos de
impuestos ya existentes para asentar el sistema sin necesidad de crear nuevos tipos impositivos?


Un tema que me preocupa y que ha comentado usted es el relativo a la posibilidad de que algunas de las vías de financiación del sistema puedan depender de las políticas de las comunidades autónomas. En alguna ocasión se ha propuesto como
solución imaginativa para el tema de las pensiones de viudedad o de orfandad la posibilidad de cederlas a las comunidades autónomas y que fuesen estas las que se ocupasen de ellas, sacarlas de alguna forma del régimen general y cederlas a las
comunidades autónomas. Usted también nos comenta la posibilidad de que en algunos casos pueda ser a través del impuesto de transmisiones patrimoniales, etcétera, que gestionan y recaudan las comunidades autónomas. Me gustaría saber cuáles son los
mecanismos para evitar que pueda haber diferencias entre unas comunidades autónomas y otras o que los tipos impositivos sean diferentes. ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo podemos unificarlo? Creo que es importante.


Hay otro tema que me resulta muy interesante porque no lo acabo de entender perfectamente. Las primeras comparecencias que hemos tenido aquí han hablado sobre ese verbo horrible, destopar, que nos hemos inventado y que no sé exactamente qué
quiere significar, y comentan que probablemente, si se aumentase la base de cotización para los niveles superiores de ingresos, esto provocaría problemas. Yo pregunto: ¿no provocaría los mismos problemas en el caso de que hiciésemos una subida
generalizada de las cotizaciones entre uno y dos puntos, como usted plantea?


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Yllanes.


Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos. En primer lugar, va a intervenir el señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: Muchas gracias por su comparecencia, señor Ruesga, que, desde mi punto de vista, ha sido la más clara de todas y la que más soluciones ha aportado.


Creo que han quedado bastante claras medidas desde el punto de vista de los ingresos, pero le quiero preguntar si, desde el punto de vista de los gastos, cree que son suficientes las reformas que se llevaron a cabo en el año 2011 por parte
de los socialistas y las posteriores reformas del Partido Popular. ¿Cuál es su opinión sobre el índice de revalorización de las pensiones y el factor de sostenibilidad? Le pido una opinión técnica, desde el punto de vista de si habría que cambiar
algo o modificar alguna de las formas para revalorizar o sobre el índice de sostenibilidad.


Por completar lo que ha dicho el último interviniente, en materia del largo plazo y el sistema productivo, le quería preguntar más específicamente por el mercado de trabajo -si me permite la presidenta- aunque no es de esta Comisión, saber
cuáles son desde su punto de vista las reformas más inmediatas que se deberían realizar en el mercado de trabajo de cara al futuro. Supongo que estará al corriente de que en este Parlamento se ha empezado a tramitar una ley que pretende subir el
salario mínimo interprofesional sin tener en cuenta otros factores de crecimiento económico. Querría saber cuáles son los efectos que cree usted que podría tener para el mercado de trabajo un aumento del salario mínimo interprofesional como el que
se plantea.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: El mercado de trabajo tiene que ver con la Seguridad Social en tanto analicemos los salarios. El problema es analizar salarios como hizo tan divinamente bien ayer el señor Fernández Toxo.


Adelante, señor Gómez Balsera.


El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, presidenta.


Nos ha comentado usted muy acertadamente que se producirían efectos nocivos en el caso de aplicar algunas de las medidas a corto plazo, en concreto la de destopar las bases de cotización. Quisiera que hiciera lo mismo, que nos ordenará de
alguna manera, según su criterio por supuesto, los impuestos a medio y largo plazo que nos ha sugerido, cuál sería su preferencia o cómo ordenaría su aplicación en el tiempo. En segundo lugar, ha alertado en relación con los factores de equidad
intergeneracional y de revalorización anual de que esto podría suponer una merma del 30?% de la capacidad económica de los pensionistas, pero no me queda claro si su opinión es que abandonemos estos factores y lo sustituyamos directamente por otros
o si bastaría con retocar las fórmulas matemáticas que los articulan y así corregirlos de alguna manera.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gómez.


No hay ningún representante de Esquerra Republicana, pasamos, pues, al Grupo Parlamentario Vasco, señor Barandiaran.


El señor BARANDIARAN BENITO: Muchas gracias, señora presidenta y muchas gracias al compareciente, señor Ruesga.


En primer lugar, quiero pedirle disculpas porque he llegado tarde así que es posible que haga preguntas de algo que ya haya expuesto antes de que llegara. En todo caso, por decirlo de alguna manera, me ha parecido entender, de la
interesantísima intervención que ha tenido, por lo que debo felicitarle, que en cuanto a la viabilidad del sistema usted ha dicho que existen dos opciones, una recortar gastos y otra establecer una estructura impositiva específica para poder
sostenerlo. También me ha parecido que ha hecho referencia a la existencia de otros modelos existentes comparados, a los que ha hecho una pequeña mención. Me gustaría saber si podría ampliar información sobre la existencia de otros modelos
comparados de sostenimiento e incluso a los efectos previstos para el cálculo de la pensión después de las reformas de 2011 y 2013 y si existiría un modelo alternativo a ellos.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Mixto, señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Buenos días.


En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia del señor Ruesga y la calidad de la misma. Hay dos cuestiones que creo que son fundamentales y que en este debate deben salir y están saliendo; una es la referencia a una tendencia
estructural a la ralentización de los ingresos, como ha dicho, y otra las cotizaciones derivadas de las políticas económicas de los antiguos gobiernos y de las políticas del mercado laboral. Este es un elemento que hay que tocar. Hay otra
consideración que tiene que ver con una especie de juego de trileros de si quitamos las pensiones de viudedad y las mandamos a Presupuestos Generales del Estado o incluso a las comunidades autónomas. El déficit o la falta de ingresos sigue estando.
Después hay un planteamiento fundamental que subyace en toda la intervención que ha hecho, que es plantearnos o bien un futuro donde la cuantía de las pensiones pueda bajar u otro escenario de mantenerlas o aumentarlas.


Mis preguntas van en dos sentidos. En primer lugar, qué mecanismos de corrección, entendiendo como corrección un aumento de los ingresos, podríamos acometer en el mercado de trabajo. En segundo lugar, otra cuestión que tiene que ver con
las políticas económicas que debería seguir este Estado para mejorar la estructura productiva, atendiendo a lo que ha dicho, que es cierto, de las productividades de capital y trabajo en la serie histórica, que son demasiado bajas en comparación con
otros países. Por último, usted ha afirmado algo que yo no tenía claro y es el impacto que tiene el aumento de cotizaciones sociales respecto al empleo. Al final siempre estamos en el punto de vista de la oferta. Quiero preguntarle si tiene
cuantificado qué supondría un aumento de un punto porcentual en la demanda agregada sobre el empleo, a pesar de que aumentásemos las cotizaciones sociales en uno o dos puntos, que es una pregunta que no se está planteando.

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La señora PRESIDENTA: Gracias.


Pasamos al Grupo Parlamentario Popular, señor Camps.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, presidenta.


Gracias al compareciente por su más que sistemática intervención en el día de hoy, como nos tiene acostumbrados. He tenido ocasión de escucharle en esta Comisión y fuera de este Parlamento y he comprobado que analiza perfectamente el
diagnóstico sobre el actual sistema, cómo está nuestro sistema de protección social, su evolución futura, la necesidad de reformas del mismo y, sobre todo, el porqué de las mismas. Es obvio que todos tenemos nuestro -permítame una expresión suya
que leí- corazoncito ideológico y que eso influye en nuestra manera de pensar, en la visión que tenemos de un determinado problema y, por lo tanto, en los planteamientos que hacemos respecto del mismo. Tengo que decirle que la coincidencia con lo
que piensa el Grupo Parlamentario Popular ha sido amplia, no total. Estas comparecencias no están pensadas, aunque a veces lamentablemente ocurre, para que se produzca un debate entre quien comparece como si fuese una especie de control del
Gobierno sin ser del Gobierno y los grupos que estamos aquí. El debate debe ser entre nosotros. Los expertos vienen a darnos su opinión desde su conocimiento, sus experiencias, para que valgan para el debate que posteriormente los miembros de los
distintos grupos políticos pertenecientes a esta Comisión tenemos que tener para llegar a conclusiones.


Me alegra que coincidamos en que el sistema público de pensiones es sostenible, eso es importante que lo digamos aquí desde la parte en la que nos sentamos los diputados y desde la parte de los comparecientes, arriba, en la mesa, porque sí
que es cierto que en estos momentos hay una cierta sensación de intranquilidad en el colectivo de pensionistas -una alarma, creo yo, completamente injustificada-, que ha ido muy ligada al no conocimiento exacto de cómo funciona nuestro sistema de
pensiones, sobre todo la existencia de un mecanismo de carácter instrumental y coyuntural como es el fondo de reserva porque parece que acabado ese fondo de reserva se corren riesgos de que no se paguen las pensiones, cuando todos sabemos que no es
así. Usted también coincide con nosotros en que, despejadas las dudas sobre la sostenibilidad del sistema, lo que hay que ver es si este necesita reformas a corto, a medio o a largo plazo. En eso también podemos coincidir. El diagnóstico que se
hace es que a corto tenemos un problema.


La mayor parte de su intervención la ha fijado en la necesidad de aumentar los ingresos del sistema -posteriormente haré una reflexión al respecto-, pero no ha entrado tanto en las cuestiones relacionadas con la desaceleración de gasto del
sistema. Pero a corto plazo tenemos un problema de déficit en nuestro sistema de protección social que no he escuchado en su intervención-, porque ha hablado de la calidad de los salarios pero no ha hablado tanto del número o de los salarios.
Antes de mejores hay que poner más, porque no habría mejores salarios si no hubiera salarios y si no hubiera más salarios sería difícil que consiguiéramos mejorar la calidad de los mismos. El principal problema que tenemos a corto plazo es el
déficit que presenta nuestro sistema de protección social, derivado de la pérdida de 3.300.000 empleos en la situación de crisis que hemos vivido en los últimos años en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que ser muy cautelosos cuando planteemos
medidas que puedan afectar a la recuperación económica y que esta se traslade con la misma intensidad que está sucediendo ahora con la creación de empleo.


Esa es la parte que menos he observado en los planteamientos que usted ha hecho, y luego le diré también por qué lo ligo a los aumentos de ingresos que usted ha planteado como solución, porque muchos de ellos pueden chocar con medidas que
ayuden a esa creación de empleo derivada del crecimiento económico, más cuando las previsiones para el ejercicio que viene son ya de una desaceleración del crecimiento, estamos creciendo a un 3,2 y dice que lo haremos a un 2,7.


El planteamiento del que parte usted es el crecimiento de 3 o 3,5 puntos de gasto en pensiones sobre el PIB para cuando alcancemos el año 2050. Las últimas previsiones de Eurostat -las tengo aquí- son que estaremos en un gasto sobre el PIB
del 11,9?% en el 2040 y que bajará al 11?% en el 2060. Teniendo en cuenta que ahora estamos en algo más del 11?%, no están tan alejadas las previsiones que hace Eurostat de gasto sobre PIB que en estos momentos tenemos. Tal vez no fuera
necesario ese crecimiento de 3 puntos, a no ser -y ahí viene la primera de mis preguntas- que estemos hablando de un crecimiento de 3 puntos de cotización sin tener en cuenta las reformas del 2011 y del 2013. Las reformas del 2011 y del 2013 ya han
concluido y se constató -tanto por los informes económicos que se produjeron en ese momento como por los que se han hecho posteriormente- que suponen una rebaja, una desaceleración del crecimiento de nuestras pensiones de alrededor de 3 puntos o 3,5
puntos del PIB, con lo cual coincidiría con los datos que Eurostat está manejando en estos momentos.

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De su intervención se puede deducir… o si no, se lo pregunto claramente: ¿cree usted que habría que reformar o derogar algunos de los aspectos tanto de la reforma del 2011 como de la reforma del 2013? Se lo digo porque usted ha hablado de
la rebaja de la pensión media en algo más de un 30?% en virtud de esas reformas que se han efectuado. Luego tendremos ocasión, porque creo que va a comparecer, de escuchar al autor del informe de Funcas, que divide perfectamente entre más o menos
el 20?% de esa rebaja en 2011 y el 15?% en 2013. Pero, reitero, ¿es usted partidario de que se produzca alguna reforma o derogación? Porque ahí sí que estamos hablando de medidas de desaceleración del gasto, no únicamente de aumento de ingresos.
Si no, las medidas de aumento de ingresos tendrían que tener un carácter más coyuntural que estructural, porque ahora el sistema de pensiones está en situación de déficit, se alargará -y ahora haré un comentario sobre el tema de la productividad del
trabajo ligada a la mejora de los salarios- unos ejercicios, sin lugar a dudas; pero pasará si todas las previsiones se cumplen, como hasta ahora ha venido sucediendo.


Reflexión al hilo de esta cuestión. Coincido con usted en que nuestro sistema productivo ha traído consigo que la productividad del sistema vaya a mantenerse en crecimientos muy bajos durante los últimos ejercicios. Ha aumentado claramente
la competitividad de nuestras empresas. Ahora nos financiamos en el exterior a diferencia de lo que sucedía anteriormente; basta mirar nuestras balanzas comerciales. Es un importante cambio, no sé si en el sistema productivo, pero sí al menos en
el sistema económico-productivo. Y eso ha traído consigo y ha sido posible también -y aquí va una segunda reflexión y también con pregunta- gracias a la flexibilidad que se ha producido en nuestro mercado laboral, que ha permitido que haya
moderación salarial, especialmente en los ejercicios 2012 y 2013. Sin esa flexibilización salarial, se hubieran perdido 910.000 puestos de trabajo más; y si se hubiera acometido dos años antes, dicen los expertos que incluso no hubiéramos perdido
2 millones de esos 3.300.000. (Una señora diputada: Bueno, bueno).


Cuando usted dice que una de las medidas a corto que habría que adoptar es el aumento de la cotización social, dice también que ese aumento de la cotización social -a lo mejor se le ha visto aquí algo el corazoncito ideológico; hay una
discusión doctrinal- se puede realizar porque no está demostrado que el aumento de las cotizaciones sociales, aunque se denominen impuestos al empleo, vaya a traer consigo destrucción de empleo o menos crecimiento de ese empleo. Frente a esa
opinión, también hay quien piensa que el aumento de las cotizaciones sociales trae consigo o menor crecimiento del empleo o destrucción de empleo. Al hilo de las cotizaciones sociales, le hago también otra pregunta. Ha hecho usted esa diferencia,
pero las cotizaciones sociales de los empresarios están ya prácticamente al mismo nivel que existe en todos los países europeos, o al menos están en la parte alta; en cambio, no es así en el caso de los trabajadores. Evidentemente, la cotización
empresarial ha de ser superior a la cotización de los trabajadores, pero esa subida de cotizaciones ¿debería ser principalmente de las cotizaciones de los trabajadores, que están más bajas de lo que podríamos entender como la media en nuestro
entorno europeo? Y de ser así -y lo ligo a otra de las cuestiones que ha señalado al hablar de subvenciones directas a las empresas, que otras veces ha llamado exenciones o reducciones de cuotas directamente a la Seguridad Social, o la tarifa
plana, por ejemplo, que tenemos en este momento-, si aumentamos cotizaciones sociales y a la vez reducimos las ayudas -en eso podemos estar de acuerdo en el Grupo Parlamentario Popular porque estaríamos dentro del proceso de separación de fuentes,
la recomendación primera del Pacto de Toledo-, o las subvenciones, llámelas usted como quiera, que se dan a las empresas para la contratación… Por cierto, dice usted que duda de su efectividad, pero la tarifa plana de 100 euros a la contratación
indefinida y el mínimo exento han ayudado a la formulación de más de 665.000 contratos y la tarifa plana de 50 euros ha llegado nada menos que a un millón de trabajadores autónomos. El problema -lo dijo ayer y lo expuso muy bien el señor Fernández
Toxo- no es que deba dejar de haber bonificaciones -no reducciones, sino bonificaciones, y eso por lo tanto ya no afecta al presupuesto de la Seguridad Social en cuanto a los ingresos-, sino que no debe dejar de haberlas dirigidas a determinados
colectivos, como sería el caso de víctimas de violencia de género o personas con discapacidad o determinados colectivos como el de autónomos, que tienen más problemática en un momento determinado para acceder a ese mercado laboral o contratar a su
primer trabajador. Las bonificaciones sí tienen efecto cuando se dirigen a los colectivos que lo necesitan. Si no, no tienen ningún sentido. Por ejemplo, en el año 2011 gastamos 3.204 millones de euros y el resultado fue la pérdida de 225.000
afiliados a la Seguridad Social. O sea, la bonificación como tal no asegura el incremento del afiliado, pero cuando se dirige a donde se tiene que dirigir, pensamos que sí.

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Ha dicho usted que al ser un problema principalmente de ingresos, la reducción o la desaceleración del crecimiento de gastos debemos dejarlo tal y como las dos reformas anteriores lo habían delimitado. Señora presidenta, ya estoy con las
preguntas; voy finalizando. ¿No sería más justo cambiar o combinar reducción de gastos y aumento de ingresos? ¿No centrarnos únicamente en el aspecto del aumento de los ingresos, sino también en la reducción de gastos? ¿No cree que cualquier
solución a la financiación debe plantearse, en primer lugar, siempre la existencia de más -he hecho la reflexión anteriormente-, que luego pueden ser mejores salarios? ¿Cree usted que una subida del salario mínimo interprofesional -hoy no lo ha
dicho, pero en alguna ocasión sí que lo ha manifestado- además de aportar, como es obvio, ingresos adicionales al sistema, no afectaría también a la creación de empleo y no supondría una presión, también al alza, del conjunto de la masa salarial?
Ha dicho usted -eso ya lo tengo claro- que deben elevarse las cotizaciones sociales uno o dos puntos. Ya le he preguntado si cree usted que deben ser las empresariales en la misma proporción que las de los trabajadores o principalmente las de los
trabajadores. Ya ha manifestado usted que el destope de base es una de las posibles actuaciones, aunque podría ser compatible con la misma. Pero, ¿considera que deben equipararse las bases medias de cotización del régimen general y del régimen
especial de trabajadores autónomos? ¿Cuál sería -si la tiene- la mejor fórmula para ello?


Ayer, el secretario general de Comisiones Obreras propuso en esta misma Comisión la asunción por parte del Estado de los gastos de administración de la Seguridad Social. ¿Qué le parece la propuesta? ¿Qué opinión puede tener al respecto?
Con todo y con ello, usted ha dicho que considera necesaria la creación de figuras tributarias para financiar nuestro sistema de pensiones. Lo que no me ha quedado claro es exactamente cuál. Usted ha hecho un abanico de las mismas. ¿No tiene
preferencia por ninguna? ¿Recargo en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades, o incluso en el propio IVA? No ha hecho referencia al mismo, pero hay quien podría plantear un recargo en el IVA, en la imposición indirecta. ¿Y debe ir dirigida
exactamente -eso sí que lo ha mencionado alguien y también abundo en la pregunta- a una prestación determinada, y tendríamos un debate sobre la contributividad y la financiación vía impuestos? Lo digo porque ayer el señor Fernández Toxo dijo
también que deberían financiarse mediante impuestos las prestaciones de muerte y supervivencia, pero diciendo que era una prestación de naturaleza claramente contributiva. ¿Podrían mantenerse en ese caso, a su juicio, prestaciones de naturaleza
contributiva con financiación vía impuestos o la financiación vía impuestos debe ser general? Por cierto, en cuanto a los impuestos transferidos a las comunidades autónomas, yo he sido conseller de Economía y Hacienda en una comunidad autónoma y me
parece que sería bastante complicado de conseguir, tal y como está en estos momentos la financiación de las comunidades autónomas. Última pregunta -presidenta, le agradezco la flexibilidad con el tiempo-: ¿cuál es su opinión -no se lo ha
preguntado nadie- sobre la compatibilidad al cien por cien de trabajo y de pensión?


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Camps.


Como saben, dije desde el principio que en estas comparecencias iba a ser muy flexible con todos; ustedes utilizan el tiempo como consideran oportuno y yo ahí no tengo absolutamente nada que decir.


Señor Ruesga, tiene usted la palabra.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (Ruesga Benito): Muchas gracias, señora presidenta. No sé si en veinte minutos me va a dar tiempo a responder a todo, pero lo intentaré.


Una cuestión de principio a la que aludía el señor Camps. Efectivamente, he dicho en muchos de mis textos -como los académicos somos tan dados a la pluma, casi todos lo hemos dicho- que todos tenemos nuestro corazoncito y cuando digo todos,
digo todos. O sea, todos los economistas tenemos un discurso que, sin duda, tiene componentes ideológicos. Mi componente ideológico lo he dicho como premisa -y creo que es importante-, y es que hay que mantener la suficiencia del sistema público
de pensiones en un modelo de reparto como está. No estaría planteando un modelo de capitalización ni tan siquiera estaría planteando un modelo de cuentas nacionales, que está a mitad de camino, aunque eso podríamos discutirlo. Pero ustedes dirán:
¿eso es técnico o es su corazoncito? Pues tiene bastante de mi corazoncito, aunque tiene elementos técnicos, sin duda. Y mi corazoncito influyó en que yo decidiera en su momento pensar que el modelo de reforma de 2013 que planteaba la Comisión no
era el que necesitaba el sistema. Tenía una parte de corazoncito y otra parte técnica, en el sentido de que, pasado el tiempo, alguno de mis colegas, como solemos decir siempre, implícitamente me ha dado la razón; es decir, la

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reforma que se hizo a corto plazo no servía para equilibrar el sistema -creo que esto lo teníamos claro todos-, y a largo plazo, tampoco. Lo planteo como una premisa de partida de que todos tenemos nuestro corazoncito -¡faltaría más!- y
nuestras ideas en torno al tema.


Realizamos un cierto análisis económico sobre algunas cuestiones, pero le puedo decir que, en general, en el análisis económico, sobre todo en el análisis económico aplicado, son muy pocas las conclusiones compartidas o que compartimos
todos, porque hay análisis para todo tipo de cuestiones. Pondré un ejemplo que han citado algunos de ustedes y así respondo a todos. Me refiero al efecto que tienen las subidas de cotizaciones; es decir, al aumento de la tarifa de un tributo, que
en este caso es un tributo por el trabajo. Siempre estamos hablando en términos comparados, porque uno podría ir a la máxima, a la general y decir: cualquier aumento tributario va contra el empleo. Esta es otra discusión. Yo no entro ahí;
podría entrar, pero no entro. Donde sí entro es en términos comparativos. Por ejemplo, hace unos cuatro años, en el Programa Fipros, hicimos un estudio para la Seguridad Social -estos modelitos que hacemos que, obviamente, son criticables-, donde
tratamos de determinar la elasticidad del empleo con respecto a la cotización social; es decir, qué pasaba en términos de empleo si subíamos un punto la cotización social comparado con una variación equivalente del IVA. En cuantía equivalente no
es un punto, es menos, porque un punto de la Seguridad Social venía a ser en aquel momento unos 3.000 millones y un punto de IVA era algo más, eran cerca de 5.000, si no recuerdo mal; estoy citando de memoria. El resultado, en términos de empleo,
es que la pérdida de empleo es insignificante y que dependiendo de algunas coyunturas, en algún momento del ciclo podría ser cero. Cuando acudimos a la literatura internacional -como veo que usted me sigue bastante las lecturas, sabrá que siempre
lo hacemos-, vimos que se repartían; es decir, hay estudios empíricos que dicen que sí, que la elasticidad es muy alta y que el impacto puede ser muy alto, y hay otros que incluso dicen que dependiendo del nivel de la tasa puede ser hasta positivo.


Lo mismo le digo -y con eso respondo a alguna cuestión que ha planteado- con el tema del salario mínimo. De momento, una cuestión importante es cuánto se va a subir el salario mínimo, porque el resultado no es el mismo; es decir, las
elasticidades que calculamos son variables en función de la cuantía. Entonces, si usted me dice que el salario mínimo genera desempleo, yo le digo que depende. Por ejemplo, he estado hace muy poquito en México debatiendo sobre este tema y allí el
salario mínimo, creo recordar, es en torno a 100 euros, no llega. Si me pregunta si subir el salario mínimo en México genera desempleo, pienso que no, que con ese salario difícilmente, salvo que lo multiplique por veinte, que a lo mejor ya es otra
cosa. Depende. Dígame primero cuánto va a subir y a partir de ahí empezamos a hablar, por un efecto puramente práctico, porque ahí hay muchas cosas de qué hablar. Posiblemente haya efecto arrastre sobre otros salarios, pero hay que ver también
cuál es el porcentaje de la población asalariada afectada por el salario mínimo, porque si, como en el caso de México, es cero, el efecto es bastante pequeño, tanto en términos directos como en términos indirectos de arrastre. En nuestro caso hemos
estimado que podría ser por debajo de un millón de personas, es decir, es posible que a lo largo de la crisis haya aumentado un poco el volumen pero tampoco es un porcentaje muy alto. Eso es lo que habría que analizar. Mi opinión, en general, es
que en porcentaje de subida, sobre todo cuando estamos en niveles bajos, porque estamos en torno a un 35?% del salario medio, un poquito por debajo de la media europea -aquí están un poquito por encima- y lejos de las recomendaciones de la Unión
Europea, que hablaba del 60?%, probablemente, si no estamos hablando de doblar o triplicar el salario mínimo sino que estamos hablando de crecimientos moderados, el efecto no sea tan grande. Puede tener otros efectos, no solo sobre cotización,
porque aquellos que entendemos -y ahí también el corazoncito funciona porque hay discursos teóricos distintos- que dentro del mercado de trabajo funciona un tipo de discurso como el que planteaba Schumpeter hace años, pensamos que la capacidad de
incentivación del salario también puede tener efectos positivos sobre la productividad. Pero, en fin, sería otro debate y creo que directamente no veníamos a hablar de eso.


Me planteaban la cuestión de la solidez del sistema. Yo creo que el sistema es sólido en tanto en cuanto tenga recursos. Es decir, si somos capaces de dotar de recursos al sistema, no hay por qué dudar de la solidez de este o de cualquier
otro que tiene recursos para hacer frente a la línea o a la trayectoria de gastos.


También se me ha preguntado si yo planteo un recurso finalista. Lo del recurso finalista puede tener alguna virtud, como en el caso del aumento de un tributo que ya existe y que lo adscribimos finalista. Uno, como decía la propia portavoz
del Partido Socialista, puede tener un cierto carácter pedagógico. ¿En qué sentido? En el sentido de que manifestamos que las pensiones no solo las pagan los trabajadores, sino

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que también el conjunto de la ciudadanía está implicado en ese mecanismo de solidaridad a través de tributos más generales que pagan todos los ciudadanos y no exclusivamente los cotizantes, trabajadores y autónomos. Dos -y esto depende de
cómo lo valoremos-, le quita una cierta arbitrariedad en el sentido de que si no está adscrito, cada año fijamos una transferencia, cada año hay que fijar una transferencia que se hace al sistema. Este era un tema que preocupaba mucho a mis
compañeros de la comisión de expertos de hace dos años y era un elemento que se argumentaba para que hubiera coeficientes muy técnicos y que ustedes no tuvieran que intervenir. A mí, como no desconfío tanto de ustedes, no me preocupa, sinceramente.
Puede sonar un poco demagógico pero ese debate lo tuvimos. Es decir, a mí no me parecía mal que se fijara, en la medida en que se pudiera, un modelo lo más estable posible, pero ustedes han funcionado durante una serie de años razonablemente bien
para corregir los posibles desajustes que se produzcan en el modelo, y yo creo que eso no solo es inevitable sino que es positivo que se haga. La idea de que un finalista hace que sea menos arbitrario, desde cierto punto de vista podría valer. En
cualquier caso -y ese es el otro elemento que obligaría probablemente a que ustedes intervengan aunque sea finalista-, está vinculado al ciclo, es decir, que cualquier impuesto a las bases imponibles va a evolucionar en función del ciclo y por tanto
posiblemente…


Es verdad, y entro en otra pregunta -voy saltando un poco pero me lo han preguntado-, que el índice de revalorización que se planteó en aquella comisión y que luego parcialmente recogió el Gobierno -digo parcialmente porque la comisión no
planteaba ese mínimo y ese máximo de la tasa de variación anual de las pensiones-, tenía una virtud anticíclica. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, era excesivamente gravoso sobre la evolución de las pensiones; es decir, en algunas de
las estimaciones que se han hecho era más gravoso sobre el valor medio de las pensiones que el coeficiente de sostenibilidad. El coeficiente de sostenibilidad lo valoró la comisión, entendiendo que iba a reducir el valor medio de la pensión -en
términos de poder adquisitivo-, en un periodo de veinticinco años, en torno al 10?%. No lo digo yo, está en el informe de la comisión de expertos. Y el otro índice no se evaluó por la comisión, pero admitió al final, en un pequeño epígrafe, que
también tendría un efecto de reducción del valor adquisitivo de las pensiones, sin estimar cuánto. Los que hemos hecho estimaciones -conocen las cifras, las hemos comentado-, creemos que tiene un efecto de reducción. Desde un punto de vista
técnico -también lo planteé-, además son redundantes, lo que en términos econométricos llamamos autorregresivos; es decir, estamos contemplando el aumento de la esperanza de vida en el índice de sostenibilidad, pero también está implícito en el
índice de revalorización, porque estamos incluyendo la evolución del número de pensionistas y ese número está relacionado con la esperanza de vida. Si hubiera que hacer un modelo econométrico, lo primero que le diría el económetra de turno es que
es autorregresivo y, en todo caso, que introdujera coeficientes para reducir la autorregresividad, pero, señora presidenta, no estamos dando una clase de Econometría.


En segundo lugar, y de manera muy importante, está vinculado al déficit. Es verdad que si se hubiera aplicado la fórmula se produciría una corrección del déficit en el periodo que establecía de nueve años, el periodo que se daba para la
corrección, en función también del coeficiente alfa, que solo fijaba el Gobierno y era la parte discrecional de la fórmula, que en principio se habló de uno partido por cinco. ¿Qué ocurre? Que al poner topes por abajo no se produce esa corrección,
lo que hace que la fórmula se autorreproduzca; es decir, si no tocamos cualquier otro parámetro, siempre vamos a estar en déficit y siempre va a estar reduciéndose o situándose en el 0,25?%, en términos nominales, el crecimiento de la pensión.
Eso quiere decir -es uno de los elementos que no ha funcionado mucho en los últimos tres años- que si la inflación es negativa, hay una revalorización, que es lo que ha pasado estos años, pero si es positiva, como habitualmente suele ser, hay una
pérdida de poder adquisitivo. Desde mi perspectiva, sobre todo cuando se pone el tope por abajo, a lo largo de toda la secuencia que queramos plantear se va a producir una pérdida de poder adquisitivo, salvo que la inflación esté por debajo del
0,25?%, cosa que, en general, es anormal. Solo ha ocurrido en estos dos últimos años por circunstancias en cuyo detalle no vamos a entrar. En definitiva, lo que hacía ese planteamiento era una corrección del desequilibrio del sistema por la vía
del gasto. No había más; podríamos entrar en detalles, pero no había más. Dado eso por supuesto, sobre todo me he dedicado a hablar de la corrección por la vía del ingreso, con lo cual al final estamos planteando modificaciones que tienen en
cuenta el gasto, pero que tienen que tener en cuenta el ingreso.


Dicho esto -contesto a una de las preguntas que me han planteado-, creo que hay que suprimir el coeficiente de revalorización de las pensiones y hay que volver o bien a una fórmula como la que había, del IPC, que tampoco es tan inusual en
los países europeos o, si quieren -desde el punto de vista del gasto podría ser un poco más gravoso-, vincularlo a la evolución del producto interior bruto, que lleva consigo el

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crecimiento de la productividad; es decir, es como si el crecimiento de la productividad que generan los activos lo repartiéramos, al menos una parte, con los pasivos. Decidan ustedes. La fórmula tiene complejidades y una escasísima
transparencia, a pesar de que mis colegas decían que era muy transparente. Llevo tres años dando conferencias por todos los lados y lo primero que hacen es pedirme que les explique esa fórmula porque no la entiende nadie. Pero al margen de
detalles anecdóticos de ese tipo, en la medida en que nos estabilicemos en un proceso de inflación normal, tiene un efecto de deterioro de las pensiones y si mi planteamiento de objetivo es llegar a unas pensiones equivalentes, en términos de poder
adquisitivo, a las que tenemos ahora, estoy convencido de que con ese índice más el otro se va a producir una reducción. ¿Qué quiere decir eso? Que si el objetivo es mantener la suficiencia y estamos reduciendo sustancialmente el valor medio de la
pensión, evidentemente tendremos que aumentar el ingreso.


En términos macroeconómicos, las cifras que he dado son de los sucesivos Gobiernos y aparecen en la memoria. Se estimaba tendencialmente -son cifras con las que coincidía la Unión Europea- que sin las reformas de 2011 y de 2013, el gasto en
pensiones en el año 2060 sería de un 17?%, cifra que ya se situaba en los niveles más altos de la media de la Unión Europea, no en el más alto, pero era de los más altos. Después de la reforma de 2011, se estimó que sería de un 13?% o de un
13,5?% y tras la reforma de 2013, el Gobierno estimó en la memoria de presentación, como decía antes, de la ley que sería aproximadamente de un 10?% o algo más de un 10?% en 2050 y de un 10?% en 2060. Ahora la Comisión Europea dice que será
algo más y probablemente lo será, entre otras cosas, porque la capacidad de ahorro a corto y medio plazo de la reforma con estos avatares económicos que estamos viviendo es un poco menor de lo que cabía prever inicialmente. En todo caso, el
planteamiento que hago es que para mantener la situación que tenemos ahora, y manteniendo las reformas paramétricas de 2011 -probablemente, hoy eso ya es menos discutible porque además tenían una cierta lógica de racionalización interna del sistema,
en la distribución interna de las pensiones y de la carga-, a lo mejor en función de la evolución de la esperanza de vida, en vez de un coeficiente de sostenibilidad podríamos utilizar un coeficiente que fuera más paramétrico, tipo Italia; es
decir, que fuéramos viendo la posibilidad de que la esperanza de vida, sobre todo la esperanza de vida saludable, siga creciendo, que es la que más puede crecer en función de los avances médicos, etcétera. Así cabría la posibilidad de alargar más
algunas de las reformas paramétricas. Tenemos ese margen de actuación y, evidentemente, desde el punto de vista del nivel y la calidad de vida de los pensionistas, sería menos gravosa que el coeficiente de sostenibilidad que hemos aplicado en este
momento, que de manera acumulada llevará, como digo, en el año 2050 a una pérdida de poder adquisitivo del 30?%.


No planteo que necesariamente sea un recurso finalista. Digo que hay algunos argumentos que podrían ser positivos desde el punto de vista pedagógico en esa línea, pero también he dicho que puede ser una ampliación del impuesto sobre la
renta de las personas físicas, junto con algunas otras medidas. ¿Se podría priorizar una respecto a otras? Sí; eso formará un paquete que ustedes tendrán que dilucidar. No estoy echando balones fuera, es que creo que lo tienen que hacer ustedes,
como representantes de los ciudadanos. Probablemente tendrán que dilucidar una reforma fiscal que contemple, entre otras cosas, recabar recursos, bien de tipo finalista o sencillamente a través de transferencias del presupuesto al presupuesto de la
Seguridad Social, para cubrir el déficit o el desequilibrio financiero que pueda tener el sistema de la Seguridad Social en su conjunto.


El Grupo Unidos Podemos planteaba la cesión a las comunidades autónomas. Para mí el argumento, desde el punto de vista económico, es el que les he dicho antes. No entro en el debate de si tiene que ser la Administración central o las
comunidades autónomas quienes deben asumir ese coste o no; simplemente hay que transferir de un sitio a otro. Si no hay algún tipo de alteración en cuanto a la prestación y su cuantía, que en principio nadie plantea que se vayan a reducir las
pensiones de viudedad o de supervivencia, en el fondo, desde el punto de vista del equilibrio general de las cuentas públicas, no añade gran cosa. No sé si en este caso tiene algún sentido pedagógico o no. En todo caso, me parece que en un proceso
de revisión de esa prestación no sería malo mantener el principio de contributividad para estas prestaciones, porque introduce incentivos desde el punto de vista del empleo y desde el punto de vista económico. En cuanto al término destopar -no es
una palabra muy castellana, muy correcta-, habría que ver qué significaría en términos equivalentes hablar de una cuantía de 7.000 millones. Yo creo que en términos económicos y probablemente en otros el efecto es menor si se utiliza el incremento
de un par de puntos del tipo de cotización. No me parece en principio mal que se vaya destopando, pero, insisto, es uno de los temas que hay que estudiar, porque si destopamos las cotizaciones, habrá un planteamiento de destopar las pensiones, y
entonces aparte de afectar a la solidaridad interna del sistema, podría afectar también a

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que el saldo neto de la recaudación fuera menor y alguna otra cosa que ya he añadido. No voy a entrar en si tienen que ser las comunidades autónomas o tiene que ser el Estado. No soy un especialista en financiación autonómica, ahí me
pierdo un poco, y no quiero entrar en los temas que no conozco. Creo que no sería malo que fuera un sistema mixto en el sentido de que hubiera tributos. Habrá que analizar un poco más en detalle cuáles son los efectos económicos de cada una de las
propuestas específicas que se hagan, ya sea aumento del tipo de la renta, reducción de los gastos fiscales en el impuesto sobre sociedades, etcétera. En definitiva, entra dentro de un debate fiscal sobre modificaciones del sistema tributario o
alteraciones sobre el sistema tributario existente y efectos económicos que tienen unas opciones y que tienen otras.


Me han planteado también la traslación de los gastos de la Seguridad Social al presupuesto general. Les digo lo mismo, si no reducimos los gastos de gestión, el efecto es más o menos el mismo desde el punto de vista del equilibrio general
de las cuentas públicas. Si nos fijamos en el modelo francés, es verdad que podría tener alguna virtud dejar claramente concentrado el gasto en el sistema de la Seguridad Social en lo que es gasto exclusivamente de prestaciones de aquellos que
cotizan. Esto tiene también una cierta virtud de tipo pedagógico, pero no desde luego de la reducción del déficit global de las administraciones públicas y probablemente tampoco necesariamente de mayor racionalización. Es decir, se pueden
racionalizar los gastos de administración, pero no será mayor la racionalización si se mantiene en la Tesorería General, etcétera, que si se mantiene en el presupuesto general o gestionado por Hacienda; en principio no veo la razón, salvo que
alguien me explique algún criterio más claro. Insisto, en todo este tipo de medidas de traslación de un sitio a otro, donde al menos formalmente solventamos un problema para la Tesorería General se lo creamos el Ministerio de Hacienda con el
control del déficit, y más cuando estamos en una política que, emanada desde Bruselas, plantea unas limitaciones importantes al déficit y ya se están planteando unos recortes de 5.000 millones, 3.000, etcétera. Si trasladamos 15.000 millones desde
la Seguridad Social, dará igual. Es decir, habrá que financiar esos 15.000 millones para que obviamente no computen en el déficit, que van a computar igual.


Paso a las políticas activas de empleo, que también ha habido algunas preguntas. En primer lugar, esto no lo digo yo, son trabajos que han hecho algunos colegas en su momento para el Ministerio de Trabajo. Hacían un análisis o una
evaluación bastante detallada de las políticas activas de empleo, en concreto, sobre todo este tipo de actuaciones que significan desgravaciones, subvenciones -entiéndase como sea, pero en el fondo subvenciones-, y decían que lo que primaba era el
llamado efecto peso muerto, es decir, que lo que se supone que se incentiva se va a hacer igual. Usted me dice que se han creado no sé cuántos empleos. El resultado de estos estudios es que se habrían creado igual sin subvención o sin ese tipo de
subvención. Es decir, se han aplicado a un formato porque hay una subvención y entonces lo llamamos contrato de no sé qué y aparecen ahí. Aquí estamos bastante de acuerdo -es de las pocas cosas en las que hay un cierto acuerdo-, el efecto de ese
tipo de subvenciones a través de la vía económica o del instrumento económico que sea básicamente genera efecto peso muerto, es decir, que se iba a hacer igual. Como mucho, a lo mejor provoca un efecto de adelanto, es decir, lo hace un poco antes
de lo previsto, pero en general la impresión que tenemos de los estudios de evaluación que se han hecho es esta. Por eso yo decía -creo que ya lo he dicho y si no lo digo ahora- que, desde mi punto de vista, ese tipo de gastos se tendrían que
reducir paulatinamente y mantener las políticas activas concentradas en tres líneas básicas, que además es lo que hace la gran mayoría de los países europeos: en primer lugar, la formación en la empresa, pero también el resto de la formación; en
segundo lugar, los mecanismos de inserción, básicamente los instrumentos de intermediación para poner de acuerdo la oferta y la demanda; y en tercer lugar, mecanismos de subvención, pero -como planteaba el portavoz del Grupo Popular- vinculados a
temas de equidad, es decir, colectivos con dificultades de inserción, colectivos marginados en el acceso al mercado de trabajo, etcétera. Estos no tienen un efecto de generación neta de empleo fundamentalmente, tienen un efecto de trasvase. Es
decir, si usted subvenciona la contratación de jóvenes, cabe esperar que en vez de contratar a un adulto se contrate a un joven. Desde el punto de vista de la empresa lo que está haciendo es equilibrar el coste unitario, el coste dividido por la
productividad de uno con respecto a otro. Como se supone que el adulto que tiene experiencia tiene un coste menor porque genera más productividad, usted subvenciona la diferencia de productividad para que contraten uno joven. Este es un poco el
argumento económico. Pero en la medida en que tenemos un mercado muy segmentado por grupos sociales, etcétera, y la sociedad como tal asume que es necesario tener políticas activas o proactivas de inserción de esos colectivos, para mí se
circunscribiría fundamentalmente a esto.

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Desde el Grupo de Unidos Podemos planteaban el tema de la estructura productiva, que nos llevaría un poco más de tiempo. Yo no digo que haya cambiado la estructura productiva -si lo he dicho, me he expresado mal-, lo que he dicho -y tiene
relación con alguna otra cosa que se ha planteado- es que la recuperación que estamos viviendo en términos económicos es una vuelta al modelo que ya existía y lo que se ha producido en términos de salarios y de cotización es lo que llamamos el
efecto composición. ¿Qué es lo que pasa en la crisis? Lo que pasa en la crisis es que el ajuste de empleo se produce sobre los empleos de más baja cualificación y, por tanto, de más bajo salario. Entonces, el salario medio -y, por extensión,
podría ser la cotización media- tiene una tendencia a crecer en la medida en que estamos expulsando los salarios más bajos. ¿Qué ha pasado en la recuperación, aparte de las políticas de austeridad y de la mayor flexibilidad, que contribuyen a que
bajen los salarios en el mercado? Lo que ha ocurrido es el efecto composición a la inversa. Como lo que ha entrado en el mercado de trabajo sobre todo han sido baja cualificación y bajos salarios, los salarios medios se están bajando por un efecto
de composición, ahora pesan más en términos relativos los bajos salarios, y eso se traslada a la cotización. Eso es un efecto de la estructura productiva que tenemos, que es la que hay. Efectivamente eso enlazaría con otro debate que también se ha
planteado y sobre el que yo no voy a entrar en detalle porque llevaría algún tiempo: el tema de la digitalización.


La historia de la economía en el capitalismo es una historia de crecimiento de la productividad, una historia que a veces da saltos por la incorporación de innovaciones tecnológicas; hoy lo llamamos digitalización, pero a finales del siglo
XVIII fue la máquina de vapor u otras donde se produjeron saltos. En términos de ciclos largos, el sistema lo ha solucionado básicamente a base de reducir la jornada, porque aumentaba mucho la productividad y eso permitía trasladarlo a trabajar
menos horas y mantener el número de personas en términos tendenciales. El problema es cuando tienes que aplicar esto en el corto plazo porque entran más variables en juego. Es decir, es verdad que la reducción de jornada solventaría de manera
importante las tendencias que introduce la digitalización de ahorro de trabajo, pero ¿qué hacemos entonces con el nivel de ingresos -no con el salario- que tiene una persona con menos jornada? Bueno, a corto plazo eso plantea problemas, porque se
supone que debiéramos mantener los ingresos con menos jornada a costa de la productividad; pero la productividad tarda tiempo y, sobre todo, en el caso español tenemos un modelo productivo de escasa generación de productividad en este momento. Es
verdad que mantenemos una dualidad importante, y es que tenemos un modelo muy dual, con muy pocas empresas con alta productividad -que son las que citaba usted- que tengan capacidad de incidir positivamente en la balanza de pagos, pero con un gran
tejido que tiene escasa capacidad de generar empleo.


Con respecto a lo que preguntaba el Grupo Popular, creo que es posible en este momento que la subida de cotizaciones no se reparta stricto sensu en términos proporcionales. Puede desequilibrarse para acercar un poco más al tipo de
cotización de los trabajadores a la media europea, pero insisto en que eso tiene efectos redistributivos contra los salarios. Como es poco, no es un efecto muy grande; estamos hablando de que si son 2 puntos lo que sube, puede ser subir 0,5 la
cuota de trabajadores y 1,5 la del empresario, que sería algo más de la relación que hay, o 0,75 y 1.25. No es una gran cosa, pero sí tiene un efecto redistributivo negativo que habría que tener en cuenta.


La última cuestión que se me pregunta es sobre la compatibilidad al cien por cien del trabajo con la pensión. No sé lo que significa. ¿Quiere decir que cobras la pensión y sigues trabajando igual? ¿Pero sigues trabajando y cotizas o no
cotizas? Eso es importante. Es que solo he oído compatibilizar. En segundo lugar, nuestros amigos sociólogos, que estudian más los comportamientos, son los que dicen sobre todo que, en términos generales, el volumen de población que
compatibilizaría no sería muy grande y sobre todo afectaría a las capas de salarios mucho más altos, y por dos motivos, porque el incentivo sería mayor y, en segundo lugar, porque desde el punto de vista de esperanza de vida saludable es bastante
mayor en quien tiene un nivel salarial más alto. Ya saben ustedes lo que dicen las estadísticas del INE: la esperanza de vida más alta que hay en España es la que tenemos los catedráticos, y el profesor Zubiri y yo somos la muestra. Muchas
gracias. (Risas y aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, profesor Ruesga, por su intervención. Le he dicho al letrado que tenemos que poner dos horas para cada compareciente, con el fin de posibilitar un diálogo más fructífero, que es lo que creo que
tenemos que hacer aquí. En función de la capacidad que tenga el compareciente de suscitar nuestra curiosidad y nuestro intelecto, tendremos más o menos tiempo. Por tanto, vamos a intentar ampliar más el tiempo de las comparecencias. Profesor
Ruesga, lo volveremos a llamar.


Suspendemos cinco minutos para recibir al siguiente compareciente. (Pausa).

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- DEL CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA Y HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (ZUBIRI ORIA), PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL OBJETO DE LA COMISIÓN. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS
ACUERDOS DEL PACTO DE TOLEDO. (Número de expediente 219/000111).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente punto, porque tenemos que acabar con tiempo suficiente para comer algo e incorporarnos a las cuatro al Pleno. Quiero dar las gracias al profesor Zubiri. Sé que ha venido desde San Sebastián en
coche y, dada la climatología que tenemos en este momento, supongo que lo habrá pasado regular. Así que vamos a iniciar la comparecencia agradeciendo su voluntad de venir a explicarnos su visión de la cuestión que nos ocupa, las pensiones, al
profesor Ignacio Zubiri Oria, catedrático de Economía Aplicada y Hacienda Pública de la Universidad del País Vasco. El profesor ha traído un power point, lo cual nos va a facilitar muchísimo el trabajo a todos. Tiene usted la palabra, profesor.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA Y HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Zubiri Oria): En primer lugar, quiero agradecerles su invitación para exponer mi punto de vista sobre una cuestión esencial porque afecta a la
equidad de un grupo creciente de personas, que son los jubilados. Lo que voy a hacer en esta exposición es analizar dos cuestiones, y la primera es dónde nos lleva el sistema actual de pensiones que tenemos, es decir, dónde iríamos si no
cambiáramos nada. La respuesta a esta pregunta es sencilla: nos llevaría a una sociedad envejecida y empobrecida. La siguiente cuestión es: a quien no le guste esto, quien no quiere este tipo de sociedad, qué debe hacer. En este sentido, voy a
argumentar dos cosas. En primer lugar, voy a discutir lo que no hay que hacer, porque creo que hay que quitar el barro del terreno y eliminar propuestas interesadas, es decir, propuestas que pueden servir a algunas partes pero que realmente no
resuelven el problema esencial del sistema de pensiones. Esto incluye desde sustituir cotizaciones sociales por IVA, pasando por cuentas nacionales y pensiones privadas, hasta permitir trabajar después de la jubilación, etcétera. En realidad la
elección es muy sencilla: o se dota de más recursos al sistema vía impuestos o vía cotizaciones, o sencillamente acabaremos con una sociedad empobrecida y envejecida, lo que nos lleva a analizar qué tipo de impuestos se pueden imputar al sistema.


Para analizar todas estas cuestiones, el punto de partida es recordar cómo es el sistema actual de pensiones. Como todo el mundo sabe, el sistema actual de pensiones es un sistema de reparto, es decir, todas las pensiones se pagan en
principio con cotizaciones. Este es uno de los acuerdos que se deriva del Pacto de Toledo, que consiste en crear un sistema separado de pensiones en el cual todas las pensiones se debían financiar con cotizaciones. Después de la reforma del año
1993, a las pensiones cada año se les aplican dos factores correctivos. En primer lugar, se les aplica un factor de sostenibilidad. Este factor se les aplica a las pensiones nuevas a partir del año 2019 y lo que hace es corregir las pensiones
nuevas con arreglo al aumento de la esperanza de vida. ¿Cuánto le va a suponer esto al pensionista? En principio le va a suponer aproximadamente un 0,25?% anual. Es decir, cada año que pase este factor aumenta un 0,25. Si se hubieran aplicado,
como proponía el grupo que asesoró al Gobierno, las tablas de mortalidad del INE, hubiera sido mucho mayor, pero se están aplicando las tablas de mortalidad de la Seguridad Social, con lo cual esto supone un 0,25?% anual que se disminuye a las
pensiones nuevas.


El segundo factor, el índice de revalorización, es un factor de ajuste que se aplica a las pensiones vigentes. Este factor es un elemento esencial de ajuste del sistema de pensiones. Si el sistema estuviera en equilibrio, es decir, si no
tuviera déficit, y estuviera en estado estacionario, es decir, si no hubiera un aumento del número de pensionistas, este factor nos diría que las pensiones aumentan a la misma tasa que lo hacen las cotizaciones, pero como la situación no está en
equilibrio y la población está aumentando, se introducen dos elementos de corrección a la revalorización de las pensiones. Un primer elemento se produce por el aumento del coste de las pensiones, es decir, a lo que van a recibir los jubilados de
las cotizaciones se les quita en primer lugar un pedacito para financiar las nuevas pensiones y en segundo lugar se les quita un segundo pedacito para financiar el déficit. Por tanto, lo que realmente aumentan las pensiones es lo que queda después
de financiar las nuevas pensiones y después de financiar el déficit. ¿Cuánto déficit se financia? En principio, durante el primer quinquenio, el 25?%, y esto luego puede aumentar hasta el 33?%. No debemos engañarnos pensando que este 25?%
significa que realmente se puede mantener de forma permanente un 75?% de déficit en el sistema; no. En realidad este 25?% mide la velocidad a la que convergemos hacia el equilibrio. En diez años, reduciendo el 25?% del déficit cada año,
prácticamente sanearíamos el sistema. Este 25?% es un indicador de saneamiento.


Por tanto, las pensiones t+1 que se pagan en el momento son las que había en el año t, multiplicado por 1 más el índice de revalorización, más el incremento en pensiones nuevas. Al primer elemento, a la i,

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se le aplica el índice de revalorización, cuya función fundamental es equilibrar el sistema. Es decir, el sistema se equilibra con las pensiones de los que ya están trabajando y a las nuevas pensiones se les aplica un factor corrector por
la esperanza de vida. ¿Esto qué significa? Esto significa que en principio el sistema lo que dice es que bajemos las pensiones de los trabajadores actuales, porque i puede ser negativo -si no hubiera restricciones-, tanto como sea necesario para
igualar las cotizaciones. Es decir, quienes están pagando con el sistema actual todo el coste del envejecimiento, quienes están pagando la incorporación de los pensionistas son los pensionistas antiguos vía reducción de las pensiones.


En realidad, este factor de ajuste que se ha introducido vía índice de revalorización es el factor de ajuste más duro de toda la Unión Europea. Casi ningún país de la Unión Europea tiene un factor similar; los únicos que lo tienen son por
un lado Alemania y por otro lado Suecia, pero en ambos casos es más suave que el de España. ¿Por qué? Porque en España todo el ajuste por déficit se aplica a los pensionistas actuales, a los que están cobrando. En Suecia, por ejemplo, existe un
factor de ajuste, pero se redistribuye entre todas las generaciones; es decir, no solamente pagan los pensionistas actuales sino que también se redistribuye con las pensiones futuras. Es decir, es un ajuste que actuaría más en el largo plazo que
este. En Alemania, donde también hay factor de ajuste, es menos costoso para los pensionistas que el español. ¿Por qué? Porque es un factor de ajuste que actúa dentro de ciertos límites y admite que se aumenten las cotizaciones. Es decir, en
España tenemos el honor de tener el factor de ajuste más duro que hay en toda Europa, y veremos que esto tiene consideraciones graves.


Por tanto, si digo que el sistema de pensiones tiene un factor de ajuste que garantiza el equilibrio y que ese factor de ajuste consiste esencialmente en reducir las pensiones, ¿cómo es posible que haya déficit? ¿Cómo es posible que el
sistema no sea sostenible? La respuesta es porque ese ajuste no es inmediato. Es decir, es un ajuste que se va a producir en el largo plazo, pero el sistema actual permite que en el corto plazo haya desequilibrios, y eso por tres razones. En
primer lugar, porque los parámetros que se utilizan en el sistema no son los de cada año; se utilizan promedios de once años centrados en el año en cuestión, con lo cual se tiene en cuenta parte del pasado y previsiones del futuro. Es decir, el
ajuste no es el del año sino que consiste en un promedio de once años, con lo cual, en épocas en las que, por ejemplo, las cosas vayan peor, el ajuste va a ser insuficiente porque se le va a poner un promedio, con lo cual el déficit va a ser menor,
etcétera. En consecuencia, la primera razón por la que no hay un ajuste instantáneo sino a largo plazo es que los parámetros del modelo se utilizan con promedios. La segunda razón es que únicamente se reduce una parte del déficit. Es decir, la
tasa de reducción que se recoge del déficit no es instantánea sino que se coge una velocidad, de manera que el déficit se reduce no en un solo año sino en ocho o nueve años, con lo cual mientras lo vas reduciendo se va manteniendo el déficit. La
tercera razón es por el límite al 0,25?%, en el cual me quiero detener un poco porque es un elemento crucial del modelo.


Si la fórmula del índice de revalorización se hubiera aplicado tal y como estaba pensada, es decir, tal y como proponía la comisión que asesoró al Gobierno en su día, lo que hubiera pasado es que las pensiones habrían bajado incluso en
términos nominales. Esto estéticamente no era muy bueno, por lo cual se decidió que las pensiones tenían que aumentar un 0,25?%. Realmente esto no es demasiado, porque todos sabemos que lo relevante no son las pensiones nominales sino las reales.
Es decir, que si a ti te aumentan la pensión un 0,25?% pero los precios aumentan un 3?%, tú estás perdiendo. Eso es algo que sabe ya en primero de carrera. Pero estéticamente es aceptable. ¿Cuál era el plan? El plan era muy sencillo: en una
economía los salarios están más o menos indiciados, con lo cual lo que debemos esperar es que las cotizaciones aumenten a la misma tasa que la inflación, más/menos la creación de empleo, dado que la inflación en España antes de la reforma de 2013
estaba en un promedio del 2,5?%, y dado que el Banco Central Europeo tiene como objetivo una inflación del 2?%, si yo subo el 0,25?% las pensiones, le digo a la gente que sus pensiones no van a bajar -están bajando, porque cada vez pueden comprar
menos-, pero al mismo tiempo las cotizaciones van a aumentar muy rápido y se está reduciendo el déficit. El invento no ha funcionado, entre otras cosas, porque la inflación no ha sido alta. Es decir, la inflación es un elemento clave en la
sostenibilidad del sistema: cuanta más inflación hay, peor para el pensionista porque más pierde en términos reales, pero mejor para el sistema porque más reduce el déficit. Por tanto, estos tres elementos hacen que en realidad no haya un ajuste
en cada punto de la senda del tiempo, sino que realmente el sistema está diseñado para que haya un ajuste de largo plazo, un equilibrio entre pensiones y cotizaciones, pero en el corto plazo puede haber divergencias. Estas divergencias deberían ser
cubiertas por algún tipo de fondo que las cubriera, pero el sistema no prevé la acumulación de ningún fondo. Está el Fondo de reserva, que es el que se ha utilizado.


En todo caso, el sistema actual de pensiones tiene dos problemas. Tiene un problema de corto plazo que está relacionado con la sostenibilidad. ¿Por qué? Porque la crisis económica, el envejecimiento, que

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ha hecho que aumenten las pensiones, y una recuperación débil, combinados con una bonificación de las cotizaciones, ha hecho que el sistema entre en un déficit. ¿Por qué? Porque ya he dicho que el mecanismo de ajuste no es instantáneo,
sino que realmente es a largo plazo. En el largo plazo el sistema no tendría ningún problema de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque las pensiones se ajustarían a la baja tanto como fuera necesario para equilibrarlo. Es decir, si no cambiamos nada,
no hay problema financiero a largo plazo; hay un problema de que las pensiones van a ser muy bajas porque el envejecimiento de la población va a hacer que bajen.


Vamos a detenernos un poco más en cada uno de estos problemas, sus implicaciones y las soluciones. Vamos al problema del corto plazo. El problema del corto plazo se deriva, como todo el mundo sabe, de la crisis económica combinada con el
envejecimiento. La crisis económica hizo que entre 2008 y 2013 se perdiera el 15?% de los cotizantes y el 10?% de las cotizaciones. Es decir, los que perdieron más fueron los que tenían salarios más bajos, por eso se pierden más cotizantes que
cotizaciones. Mientras tanto, el gasto en pensiones aumentó un 35?%. ¿Por qué? Por el envejecimiento. Para intentar paliar esto lo que se hizo fue inicialmente congelar las pensiones a partir de 2011 y después aumentarlas poco a poco. En
realidad, a partir de 2013 se aumentaron un 0,25, confiando en que esto sanearía el sistema con la inflación debida, pero como la inflación ha sido incluso negativa en los años 2014 y 2015, un aumento cosmético del 0,25 se ha traducido en un aumento
real de la capacidad de los pensionistas, pero en un deterioro adicional del sistema de pensiones, porque es el trade-off: más inflación, mejor para el sistema y peor para el pensionista. A pesar de todo, la realidad es que los pensionistas han
perdido una capacidad real del 4,8?% y que el año que viene, dado que se prevé que la inflación va a estar en torno al 1,7?%, van a perder un 1,5?% más, con lo cual los pensionistas perderán un 6,3?% de su renta real, y esto no es más que el
principio de la historia si no se hace ningún cambio.


La recuperación económica no ha arreglado las cosas. La recuperación económica simplemente ha permitido recuperar parte de las cotizaciones: ha sido muy precaria y el gasto ha seguido aumentando. Tenemos una recuperación que está
empezando a hacer que las cotizaciones aumenten, pero es que las cotizaciones tienen que aumentar solamente al 3,5?% para cubrir los aumentos del gasto, no digamos ya para cubrir el déficit. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? El resultado
de todo esto ha sido que el sistema de la Seguridad Social ha pasado de tener un superávit en el año 2007 del 1,36?% del PIB -más o menos con la unidad de cuenta de 1.000 millones son 13.600 millones- a tener un déficit a partir del año 2011. Es
decir, en el año 2011 se entra en déficit y actualmente, en el año 2015, es del 1,55. ¿Va a cambiar esto en el futuro? La respuesta es no. No, porque el propio Gobierno prevé que este año sea el déficit del 1,7 y que el año que viene sea del
1,4?%. La Airef estima que este año el déficit de la Seguridad Social va a ser del 1,6 y que en los próximos cuatro o cinco años va a seguir en el 1,5. Es decir, el sistema va a seguir necesitando 15.000 o 16.000 millones de euros, según estas
estimaciones. La realidad es que predecir el futuro siempre es complicado porque veremos que hay dos factores que determinan lo que vamos a necesitar: por un lado, la inflación, que siempre está subyacente por el diseño del sistema; y, por otro
lado, la creación de empleo, pero las previsiones más razonables auguran que vamos a necesitar dinero. ¿Hasta ahora cómo se han cubierto esas necesidades? Se han cubierto con el Fondo de reserva. El Fondo de reserva en realidad, si miramos la
ley, estaba diseñado -no lo que fijó el Pacto de Toledo, sino lo que exige la ley- para corregir déficits estructurales, no coyunturales. En todo caso, el Fondo de reserva se ha utilizado para corregir déficits coyunturales. Nunca tuvo una gran
cantidad. Su máximo fue en el año 2011, cuando alcanzó el 6,2?% del PIB, que fueron unos 66.000 millones. ¿Esto es mucho? Son como ocho meses de pensiones, es decir, tampoco era una gran cantidad. Pero, dicho esto, no es menos cierto que si
este fondo se hubiera dotado adecuadamente y se hubiera cuidado, podríamos haber llegado a 2030 con un fondo que tuviera una cantidad razonable de en torno al 30?% del PIB, y ese sí hubiera servido. De hecho, si no se hubiera gastado el fondo,
ahora, simplemente con los intereses que habría generado, tendría un 8,5?% del PIB, pero sí se ha utilizado y, por lo tanto, probablemente a finales de año solo tendrá un 1,2?% del PIB, en torno a 14.000 millones una vez que se pague la nómina de
diciembre.


La cuestión relevante es cuánto se está pagando con el fondo, y la respuesta es que en los últimos años se está pagando en torno al 15?% de las pensiones. Si el fondo se acabara, tendríamos que sacar dinero: o bien se reducían las
pensiones en un 15?% o se sacaba ese dinero de otro sitio, endeudándose, con impuestos o con una combinación. Si lo sacáramos con impuestos, ¿cuánto habría que sacar? La respuesta: un buen dinerito. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta que
la recaudación que hay en España es de 240.000 millones para todos, quitadas las cotizaciones sociales. Por lo tanto, si quisiéramos sacar 15.000 millones, necesitaríamos un 7,4?% de los impuestos, es decir, necesitaríamos, de todo lo que recauda,
utilizar un 7,4?% solamente para financiar esto, o aumentar los impuestos en un 7,4?%.

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En todo caso, la cuestión es cuándo se va a acabar el Fondo de reserva y la respuesta es que no está claro. Si todo siguiera igual, si no hay cambios sustantivos, es probable que se acabe el año que viene si se cumple la previsión de que el
déficit del año próximo va a estar entre el 1,5 y el 1,6?% del PIB. Si hay inflación, si se crea empleo, puede durar un poquito más, pero entre el año que viene y el siguiente lo más probable es que se acabe el fondo. La pregunta es qué hacer
cuándo se acabe el fondo. Cuando se acabe el fondo, se pueden hacer varias cosas para cubrir el déficit de la Seguridad Social. Lo primero es pagarlo con déficit. España tiene un margen de déficit que en el año 2017 es del 3,1?% del PIB y en el
año 2018 es del 2,2?% del PIB. Para entenderlo, el 3,1?% del PIB son aproximadamente 34.000 o 35.000 millones; el 2,2?% serán 25.000 millones. En el peor de los casos, el déficit de la Seguridad Social en el año 2018 puede ser de 20.000
millones. Si se sanean los demás niveles de Gobierno -porque este déficit es para todas las administraciones públicas-, es decir, si se sanea la Administración central -que es la que más fácil lo tiene y para eso se ha reservado para sí misma todos
los ingresos adicionales que se han creado en el pasado y se ha reservado la parte esencial del déficit-, si se sanea la Seguridad Social, si se sanean las comunidades autónomas y las corporaciones locales, que ya están esencialmente saneadas,
habría un cierto margen para financiar temporalmente con déficit la Seguridad Social; si no, habría que recurrir a impuestos. Yo creo que esto va a ser necesario eventualmente; puede que no el año que viene, puede que parcialmente en 2018, pero
probablemente de forma importante en 2019, a no ser que realmente haya cambios sustantivos, que son poco probables. La otra alternativa es bajando las pensiones. Bastaría quitar el límite del 0,25?%; claro que quitar ese límite sería preocupante
para los pensionistas y también para quien lo quite, porque supongamos que no hubiera habido ese límite del 0,25?%, ¿qué les habría pasado a las pensiones desde el año 2013? Que hubieran caído en términos nominales, es decir, que las pensiones
habrían caído un 3?%, un 4?%. Ese 0,25 ha servido para ocultar las características reales del sistema que tenemos. Ha sido un mecanismo para hacer el ajuste más lento: no bajo la pensión ahora, sino que la voy bajando en términos reales, poco a
poco, sin que nos demos cuenta. Pero realmente, si no hubiera existido, el ajuste habría sido mucho más rápido y más transparente. Esta es otra de las opciones. En mi opinión, debemos financiarlo inicialmente con déficit y el resto con impuestos
y dejar tranquilas las pensiones. Esta es mi opinión. Creo que la economía tiene capacidad suficiente.


¿Cuál es el problema del largo plazo? El problema del largo plazo es que, como las cotizaciones en porcentaje del PIB están esencialmente fijas - luego veremos por qué-, realmente el único mecanismo de ajuste que tiene el sistema actual de
pensiones es que los trabajadores reciban menos pensiones. Este es el mecanismo de ajuste financiero. Esto va a acabar llevando a una reducción sustancial de las pensiones. ¿Por qué? Vamos a ver los indicadores, cuánto van a ganar las pensiones.
Por aquí tenemos un indicador. El primer indicador nos dice cuál es el gasto en pensiones -donde pone las previsiones- y aquí tenemos lo que estima la Comisión Europea que va a gastar España en pensiones. Esto no lo estima la Comisión Europea.
Realmente lo que hace la Comisión Europea es dar unas directrices de cómo hacerlo y lo estiman los países, es decir, en realidad, a pesar de que a veces dé estimaciones, estas estimaciones que están aquí son las propias del Gobierno; también son
las que estaban en el Plan de estabilidad que se manda a Bruselas. En realidad, no son estimaciones que haya hecho nadie, las ha hecho el propio Gobierno. ¿Y qué dicen? Si nos fijamos en el año 2013, vemos que lo que se gasta en pensiones es el
11,8?% del PIB, vemos que lo que se prevé gastar en el año 2025 es el 11,4 y en el 2035, el 11,5. Todos los años se está gastando lo mismo, en torno al 11,5; entre el 11,5 y el 12?% del PIB. Evidentemente, esto garantiza la sostenibilidad del
sistema; de hecho, hay quien dice que, como tenemos un sistema excelente, es sostenible. Ahora vamos a preguntar por qué es sostenible.


El número de pensionistas en España va a pasar de 9 millones a 15 millones, va a aumentar un 70?%. El porcentaje de población pensionista -ya en números absolutos- va a aumentar un 75?%, es decir, en el total de España, en torno al 19?%
de la población ahora es pensionista pero va a pasar al 32, también un 70?%. La pregunta es cómo habiendo más en términos absolutos, cómo habiendo más en términos relativos, resulta que el coste permanece constante. ¿Es algún milagro? ¿Es el
milagro de los peces y los panes, o simplemente es que las pensiones van a bajar? El sistema es sostenible porque los trabajadores van a absorber todo el coste del envejecimiento vía pensiones más bajas, y eso es lo que está previsto si no hacemos
nada. Hay algunos indicadores, que también están sacados del informe de la Comisión Europea -son los que recoge el propio Gobierno-, que dicen que la tasa de sustitución, es decir, la pensión como porcentaje de último salario va a bajar un 35?% y
la tasa de beneficio, es decir, la pensión como porcentaje del salario medio de los trabajadores, va a bajar en torno a un 30?%. Esto es especialmente grave. ¿Por qué? Porque si nos fijamos ahora, vemos que en el año 2013 la pensión como
porcentaje del

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salario medio del país es el 60?% y se va a ir al 40?%. Todos sabemos que la pobreza se mide en términos relativos, se mide con relación a la renta media del país y la línea de pobreza más estricta que hay es la línea del 50?%. Resulta
que de promedio los pensionistas van a tener solamente una renta que es el 40?% del salario medio. Por tanto, como el salario medio es inferior a la renta media esto significa que la pensión media va a ser, quizá, un 30?% de la renta media del
país o, lo que es lo mismo, que la gran mayoría de los trabajadores van a ir directos a la línea de la pobreza. Esto va a acabar con uno de los grandes logros del sistema de pensiones español.


Si miramos la pobreza de los mayores de sesenta y cinco años, España es uno de los países que tiene una menor tasa de pobreza. El sistema de pensiones tiene muchas limitaciones, como las pensiones de viudedad, pero en términos estrictos es
uno de los sistemas con menor tasa de pobreza de la OCDE. Si lo dejamos seguir así vamos a pasar de la cabeza a la cola de forma muy rápida. En todo caso, estas estimaciones hechas por la Comisión Europea -en realidad por el Gobierno español-
únicamente tienen en cuenta parte de las reducciones a las pensiones, las que se derivan directamente de 2013. Si tomamos las de 2011, se produjo un retraso en la edad de jubilación, lo que significa que vas a cobrar la pensión durante dos años
menos y con una esperanza de vida de veinte años o, lo que es lo mismo, que tienes un 10?% de pensión vitalicia -vas a cobrar lo mismo pero durante menos tiempo-.


Otra de las reformas que todavía no se ha aplicado totalmente es la ampliación de la base de cotización. Grosso modo, la reducción de la pensión va a estar en torno al 35 y 40?% en relación con el sistema actual y va a ver incluso
reducciones de las pensiones reales. Pero más grave que esto -que se vaya a reducir la pensión promedio- es la senda temporal de la reducción porque el elemento esencial de reducción de las pensiones o de equilibrio del sistema es la reducción de
las pensiones de los que se han jubilado. ¿Qué es lo que va a pasar? Aquí es donde actúa plenamente el índice de revalorización. El índice de revalorización durante muchos años va a estar en el 0,25?%, pero tanto actuarios, como Airef, como
otros básicamente deducen que, como poco, va a estar en el 0,25?% hasta el año 2024 o 2025. Incluso después de eso va a crecer por debajo de la inflación. ¿Eso qué significa? Si el índice está en el 0,25 y la inflación está en el 2?% cada año
el trabajador pierde un 1,75. Esto es de forma acumulativa. Si después aumenta por encima del 0,25 pero lo hace por debajo de la inflación, seguirá perdiendo. ¿Cuánto va a perder? La respuesta está en la segunda columna. En términos reales, un
trabajador desde el día en que se jubile hasta el día en que fallezca va a ser un 25?% más pobre -un 26,5?%-. Es decir, que no solamente vamos a tener una población jubilada más pobre sino que, además, los más ancianos van a ser más pobres.
Probablemente no queramos vivir en una sociedad en la cual los más ancianos sean los más pobres.


Si no cambiamos nada, si dejamos las cosas como están, dejando al margen el problema financiero en el corto plazo, ¿qué puede esperar un pensionista en el largo plazo? Puede esperar tres cosas. La primera, que su pensión inicial sea más
baja en comparación con el sistema actual. No lo va a ser en términos nominales, evidentemente, porque hay un efecto por la inflación pero puede serlo también en términos reales. ¿Por qué va a ser más baja? Porque se le ha ampliado el número de
años en la base reguladora y eso reduce la pensión para la mayoría de la población, porque cada año cotizado pesa menos y además necesita dos años más para acceder a una pensión completa. ¿Por qué? Porque se le ajusta por la esperanza de vida de
su generación a partir de 2019 y todo hace que su pensión inicial sea más baja. Además la va a cobrar durante menos tiempo. ¿Por qué? Porque se retrasa la edad de jubilación y, además, desde el día en que se jubile hasta el día en que fallezca
cada vez va a ser más pobre. Este es el tipo de sociedad al que iremos si no cambiamos nada.


Hay quien dice que esto es una exageración porque al final el empleo va a resolver todo. ¿Va a resolver el empleo algo? La respuesta es que es muy improbable que el empleo resuelva nada en el corto plazo y seguro que no va a resolver nada
en el largo plazo. ¿Por qué? Aquí voy a hacer unas cuentas un poco grosso modo. Hay estudios, por ejemplo uno del BBVA, que da cifras muy parecidas en el largo plazo, pero es intuitivamente sencillo. Consideremos el cociente de afiliados por
pensión, no por pensionista, y digamos que siempre hay un 10?% más de pensiones que de pensionistas. Recordemos que el sistema fue bien hasta el año 2011 cuando había por lo menos dos personas para pagar cada pensión. El sistema ha entrado en
problemas a partir de que el número de afiliados por pensión ha caído. ¿Qué le va a pasar a esta relación? A partir del año 2011 esta relación ha caído y resulta que, según las previsiones de la Comisión Europea, va a caer hasta el 1,2 o 1,3.
Démonos cuenta de que la relación afiliados por pensionista va a ser algo mayor pero no mucho más alta.


Si nosotros a modo de cuenta sencilla decimos, ¿cuántos trabajos hay que crear para que se mantenga una relación dos a uno entre afiliados y pensionistas y también para compensar el aumento del envejecimiento y, por tanto, de pensiones? La
respuesta es que si queremos que el empleo salve los

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problemas a corto plazo habrá que crear un millón y medio de empleos antes de que se acabe el Fondo de reserva. Y no me vale cualquier empleo, tienen que ser empleos que tengan una cotización igual al promedio de las existentes. No valen
empleos de poca cotización; tienen que ser empleos de cierta calidad, definiendo ‘de cierta calidad’ como que la cotización que hagan sea igual a la promedio actual. ¿Eso es posible? Posibles son muchas cosas. ¿Es probable? No. Y en el largo
plazo, ¿qué va a ocurrir? En el largo plazo, habría que crear en torno a doce millones de empleos adicionales, que sumados a los de corto plazo, serían trece millones de empleos adicionales de ahora a 2050. ¿Es posible? No, esto es imposible.
¿Por qué? Porque en estos momentos hay unos dieciocho millones de trabajadores; si se crearan trece millones de empleos habría treinta y un millones de trabajadores; según el INE en el año 2050 va a haber cuarenta y cinco millones de habitantes,
con lo cual de estos tendrían que trabajar treinta y un millones, lo que incluiría ancianos y niños. Es imposible. En realidad, la Comisión Europea -digo la Comisión Europea pero debería decir el Gobierno español porque es quien ha hecho esas
predicciones- ha previsto esta evolución del número de afiliados al sistema. Aquí tenemos lo que se deduce del informe de la Unión Europea, el EU Report, de la evolución del número de afiliados al sistema y resulta que siempre va a oscilar entre
dieciocho y diecinueve millones. Es decir, si creemos en esto -que es en lo que se basan todas las predicciones catastrofistas sobre las pensiones- la respuesta es que el empleo no nos va a ayudar nada a resolver el problema de las pensiones. Yo
soy más optimista, creo que esto no es muy realista pero creer que el empleo nos va a resolver el problema es creer en algo que no va a pasar.


Si tenemos un sistema que no nos gusta porque va a conducir a un empobrecimiento de los jubilados, si tenemos un problema -el empobrecimiento de los jubilados- que no vas a resolver con el empleo, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que
tenemos que preguntarnos es: ¿cuántas pensiones podemos pagar? Porque quizá lo primero que hay que decir es, globalmente, cuál es el nivel de pensiones que se puede pagar en España. La respuesta a esta cuestión dependerá de cómo queramos
financiarlas. Si queremos financiarlas con cotizaciones, la respuesta está en este gráfico que recoge la evolución de la recaudación por cotizaciones en España. Vemos que, esencialmente, desde hace más de treinta años la cotización está estable en
torno al 11,5 del PIB. Cuando España tenía once millones de trabajadores se recaudaba un 11,5?% del PIB en cotizaciones; cuando ha tenido 12,9?% se recaudaba casi lo mismo; con quince millones casi lo mismo; con veinte millones casi lo mismo.
¿Por qué? Porque aunque aumente el empleo también aumentan las rentas no salariales, y el porcentaje permanece constante. Contentos deberíamos estar si la participación de los trabajadores en el PIB permanece constante, porque la mayoría de las
previsiones dicen que la participación de los trabajadores en el PIB va a caer.


En realidad -y sería derivarnos hacia otra cuestión- lo que deberíamos preguntarnos es cómo debe ser un sector público en una economía que cada vez está más capitalizada y la participación de las rentas del capital va a ser mayor en el PIB.
En todo caso, si miramos a esta tabla de las cotizaciones lo que decimos es que si no cambiamos los tipos de cotización ni reducimos el desempleo ni hacemos nada -y esta cuestión la discutiremos luego-; si como se deriva del Pacto de Toledo que
jamás dice que se vayan a subir las cotizaciones sino que dice lo contrario, que en cuanto se pueda se deben bajar, el nivel de pensiones que se puede pagar, contando todo, sería el mismo que ahora. Realmente este esquema previsto del gasto en
pensiones es el que se puede financiar exclusivamente con cotizaciones si miramos los tipos actuales. Si salimos de la limitación de que tengamos que utilizar cotizaciones, ¿cuánto podemos pagar? Aquí tenemos una serie de indicadores que nos dan
una idea de cuánto podríamos pagar en pensiones en España sin tener ningún problema sustantivo. Vamos a mirar las tres últimas columnas donde se dice cuánto se gastan en pensiones los países. Tenemos una cifra de 2015, y vemos el máximo previsto
por la Comisión Europea para los diferentes países entre 2015 y 2060 y cuál es la media de gasto entre 2015 y 2060. Si miramos el 2015, vemos que España gasta poco más que el promedio de la Unión Europea. Todos los que están en verde gastan más,
como Francia, Italia. Otra cosa es que nos queramos comparar con Estonia o con Rumania. Aquí están los países de la Unión Europea a Quince, que son los más avanzados, y resulta que casi todos gastan más, aunque Holanda gasta menos. Se dice que
Holanda gasta poco; no, es que en Holanda hay una parte muy importante de pensiones privadas que están sufragadas por los empresarios. Los empresarios tienen que crear fondos privados de pensiones para sus trabajadores, con lo cual gastan mucho
más que esta cifra. Contablemente lo pagan los empresarios, que realmente tienen un coste para hacer frente a las pensiones de los trabajadores mayor que en España. Luego volveremos sobre esto cuando hablemos de si los empresarios españoles
cotizan mucho o poco.


¿Cuál es el máximo que van a costar las pensiones españolas en el futuro? Es 12,5, mayor que casi todos los máximos. En Grecia, como el PIB ha caído, aunque se gastaran poco les iba a costar mucho en porcentaje de PIB. Irlanda tampoco es
representativo porque gran parte del PIB de Irlanda pertenece a

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empresas no residentes, y también Luxemburgo; son países no representativos porque el PIB pertenece a empresas de no residentes en su mayoría. Si miramos el máximo, resulta que España, que alardea de tener un régimen tan generoso, a pesar
de que va a tener una población más envejecida que la mayor parte de los países solo va a gastar el 12,5?% del PIB; Italia llegará al 15,8; Portugal, Finlandia o Bélgica van a pasar del 15. Es decir, que a pesar de que España va a tener una
población más envejecida que la de casi todos estos países, va a gastar mucho menos que la mayoría de ellos. Este es el sistema de pensiones que tenemos; un sistema de pensiones que condena a los trabajadores españoles a tener unas pensiones bajas
desde el punto de vista de cualquier estándar.


¿Qué nivel de pensiones se podría pagar en España? Si miramos este cuadro, es evidente que un 15?%, que sería menos de lo que pagan Italia Francia o poco más de lo que pagan hoy día Austria y Portugal. Que España tuviera que pagar dentro
de treinta años un 15?% del PIB, cuando fuera mucho más ric, sería perfectamente sostenible, especialmente porque España es un país que gasta e ingresa poco. España ciertamente gastará mal -creo que esto no lo discute nadie-, pero por lo menos en
términos comparativos lo que no se puede decir es que gaste mucho. ¿Por qué? Porque es uno de los países que menos gasta de la Unión Europea. Si los ordenamos de menor a mayor, España ocupa el lugar 24 de 28 países, solo hay cuatro países que
gasten menos. España no gasta el 50?% de Italia, ni el 56?% de Francia; gasta el 43?%. En ingresos también está muy por debajo de la media. España tiene capacidad de gastar un 15?% del PIB. Es más, si alguien tiene miedo a que se gaste mucho
más se puede poner una regla, por la cual las pensiones empiecen a ajustarse, puede que, como ha dicho antes el profesor Ruesga, retrasando la edad de jubilación cuando se pase de un determinado porcentaje del PIB; no hay problema, pero pretender
que España se gaste menos del 15?% del PIB es ridículo y conlleva una reducción injusta de las pensiones.


En suma, ¿cuál es la elección que tiene que tomar España? España tiene una elección muy sencilla. Puede seguir con el modelo actual, que yo llamo actuarial porque es un modelo en el cual el sector público actúa como una empresa de seguros:
paga todas las prestaciones -las pensiones- con las cotizaciones, que son como las primas de un sistema de seguros. Además, ajusta las pensiones a lo que recauda por cotizaciones. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que es un modelo en el que
el gasto está totalmente determinado por el ingreso, y como el ingreso no va a poder aumentar demasiado, este sistema condena a una población envejecida y empobrecida. ¿Cuál es la otra alternativa? Pasar a un modelo social, en el que sea el nivel
de pensiones que la sociedad decide el que determine el gasto que se va a hacer y los ingresos del sistema. Podemos acotar el gasto y decir: nos vamos a gastar hasta este punto y a partir de este punto empezamos a repartir el coste, pero hasta ese
punto se aportan impuestos y cotizaciones. Este modelo es más justo. ¿Por qué? Porque reparte el envejecimiento entre generaciones, porque reparte el envejecimiento entre tipos de renta. Además, hay muchas razones que lo justifican. ¿Por qué?
Porque no hay ninguna razón sobre la faz de la tierra por la que Seguridad Social de un país tenga que comportarse como un sistema privado de pensiones, no hay ninguna razón sobre la faz de la tierra por la cual tenga que ajustar gastos a ingresos,
máxime cuando la participación del trabajo en el PIB aumenta. En segundo lugar, porque el sistema actual dice: a los trabajadores les bajo la pensión tanto como sea necesario; parece que el trabajador no tuviera ningún derecho, y legalmente no lo
tiene porque si mañana le quitaran la pensión no podría reclamar en ningún tribunal, pero no podemos olvidar que a los trabajadores se les ha obligado a participar en este sistema. Al trabajador se le ha dicho: tú vas a participar en el sistema de
reparto que es muy bueno. Al trabajador nadie le ha dicho: oye, mira, si un día va mal el sistema no te voy a pagar pensión, y si no llega, te vas a quedar a cero; nadie se lo ha dicho nunca. El trabajador siempre ha creído que iba a recibir
pensiones similares a las que tenía actualmente. El Gobierno no puede llegar ahora y decirle: yo te he obligado a estar en este sistema, has nacido en una generación con mucha gente, vivís demasiado, ¡mala suerte!, te bajo la pensión. ¿Por qué?
Porque si lo hiciera se estaría comportando igual que han hecho con las preferentes las cajas de ahorro, exactamente igual, pero con un agravante: que los de las preferentes han podido ir a los tribunales y han ganado, y aquí no ganarían. Por
tanto, creo que los trabajadores tienen un derecho moral a recibir pensiones similares a las que ellos han llegado a pagar con sus cotizaciones. No significa que no se puedan bajar, pero tienen que ser similares; no significa que no se puedan
tomar medidas, pero lo que no se puede hacer es bajarlas un 30 o un 40?%. Bueno, sí se puede, pero éticamente creo que no es aceptable. Una tercera razón para ir a un modelo social es que no es aceptable la visión de una sociedad envejecida y
empobrecida. Finalmente, la realidad es que la renta va a crecer. Ningún estudio dice que la renta per cápita vaya a bajar. Por tanto, en una sociedad en que la renta per cápita va a aumentar, ¿cuál es la justificación para reducir las pensiones?


La cuestión es que supongamos que no nos importa el modelo actuarial, pues nos vamos todos a casa y hemos acabado. Pero supongamos que queremos hacer un modelo social, ¿qué tendríamos que hacer?

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Yo prefiero comenzar diciendo lo que no hay que hacer. ¿Por qué? Porque hay muchas propuestas que solo sirven para embarrar el terreno, pero que no dejan ver el bosque y que realmente no aportan demasiado. ¿Cuál es la primera propuesta
que deberíamos descartar inmediatamente? Sustituir cotizaciones por el IVA. ¿Por qué? Porque quienes proponen esto dicen que tiene grandes ventajas, pero en el mejor de los escenarios, y suponiendo que se cumplieran todos los supuestos, se
crearía algo de empleo. ¿Cuánto? Las estimaciones que han hecho para España Rafa Doménech y otros dicen que si se bajan 3 puntos las cotizaciones, es decir, si les ahorras a los empresarios 3 puntos de cotizaciones, y lo sustituyes por un aumento
de 1 punto del IVA, se crearían 1,4?% de empleos; es decir, en el mejor de los escenarios posibles, los ingresos de la Seguridad Social aumentarían en un 1,4?%. El precio es que a los empresarios les reduces 3 puntos las cotizaciones y se lo
pasas a los consumidores, pero es que además ni siquiera esto es cierto porque realmente para que se produzca que esa sustitución cree empleo y sea beneficiosa se tienen que dar unos supuestos que son inviables. Lo más probable si sustituimos
cotizaciones por IVA es que los empresarios ahorren mucho dinero, que haya más inflación, que los trabajadores pierdan capacidad adquisitiva real, que el bienestar disminuya y que la Seguridad Social se quede igual, porque lo único que va a hacer es
sustituir una fuente por otra. Por tanto, esta es una propuesta que desde el punto de vista del saneamiento de las pensiones no sirve para nada.


Otra opción son las cuentas nocionales, que realmente no sirven para casi nada para la sociedad porque son un sistema de reparto. En un sistema de cuentas nocionales, ¿con qué se pagan las pensiones? Con las cotizaciones; es el mismo
sistema que tenemos solo que las reglas serían un poquito diferentes, pero esas reglas tampoco serían una joya. ¿Por qué? Porque habría un ajuste por déficit, porque lo que se cobraría sería proporcional a lo que se ha pagado, pero no habría un
euro más para el sistema y como no habría un euro más para el sistema, las cuentas nocionales no aportarían nada a la sostenibilidad ni al nivel de pensiones. Lo distribuiría de otra forma, haría el ajuste de una manera un poco distinta, pero no
aportaría nada a la solución del sistema. Lo único que haría es que aumentaría la transparencia del sistema, todo el mundo sabría lo que iba a cobrar como máximo, aunque podría ir cambiando vía ajustes anuales y a lo mejor eso le hacía ir corriendo
a comprar un plan de pensiones privado. Pero más allá de eso no tendría ningún efecto porque no da un euro más al sistema, y si no hay dinero, los milagros solo pasan en las bodas de Caná, no en la economía real.


También están los planes privados. ¿Los planes privados van a resolver el problema de las pensiones? La respuesta es no. Primero hay un problema de equidad, porque si la gente tuviera que pagar sus pensiones con planes privados, a los
trabajadores actuales les estaríamos haciendo pagar dos pensiones: las de los jubilados y las suyas, lo cual plantea un primer problema de equidad. Pero además habría un problema de para qué serviría esto. En primer lugar, hay que tener en cuenta
que la mayoría de la población no tiene capacidad de ahorro, y no la tiene porque los salarios son bajos y también porque España ha tenido unas características peculiares y es que la poca capacidad de ahorro que tiene la mayoría de la población se
va en la vivienda, en nada más y, realmente, no tiene mucha más capacidad de ahorro. Pero es que, además de que la capacidad de ahorro es pequeña, la cantidad que habría que ahorrar para tener un capital significativo en pensiones privadas sería
muy grande. Por ejemplo -si no se asumen riesgos, si se asumen riesgos puede pasar de todo, incluido que te quedes sin nada si inviertes en renta variable-, si tú asumes pocos riesgos -comparando lo que dicen los bancos y sus simuladores- llegas a
la conclusión de que, para tener una pensión equivalente al 10?% de tu último salario, durante treinta años tienes que ahorrar el 7,5?% de tu salario; treinta años de ahorro del 7,5?% te da una pensión del 10?%; si quieres tener una pensión
privada equivalente al 20?%, tienes que poner el 15?% de tu salario neto todos los meses, lo cual realmente no lo puede hacer nadie. Y esto se debe en buena medida, en primer lugar, a la propia naturaleza del sistema de capitalización y, además,
porque los gestores de pensiones en España se han mostrado mucho más hábiles en cobrar comisiones que en obtener rentabilidades. De hecho, hace unos años se les tuvo que acotar la comisión máxima y se les bajó del 2?% al 1?%. ¿Por qué? Aquí
tenemos la rentabilidad de los planes privados de pensiones. La de los últimos años oscila mucho por la situación económica y las más relevantes son las de largo plazo, de diez años para atrás y, ¡oh sorpresa!, la rentabilidad real de los que han
invertido en planes de pensiones y llevan diez años por lo menos con el plan, es del 0,36?% -la real, que es la que nos importa, quitando la inflación- la de quince años es negativa y nadie ha llegado al 1?%. No solamente es que el promedio de los
planes de pensiones en España haya dado una rentabilidad muy baja, inferior al 1?%, es que también lo han hecho los planes individuales. Un estudio realizado no por ningún contubernio contracapitalista sino por un grupo de profesores del IESE,
dirigido por Pedro Fernández, dice que entre diciembre de 2000 y diciembre de 2015 la rentabilidad anual

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del IBEX fue del 4,62, la de los bonos del Estado del 5,40 y la de los fondos de pensiones del 1,58. Por decirlo de otra forma, en vez de llevar tu dinero a un fondo de pensiones y pagarles sus buenas comisiones, te hubiera sido mucho más
rentable ir al banco y decirles que te compraran una cartera que replicara el IBEX y no hacer nada más o decirles que te compraran bonos del Estado a quince años y fíjate lo que hubieras ganado. En realidad, él analiza más de 300 fondos de
pensiones con quince años de historia, y de los 322 solo dos superaron el IBEX y solo uno superó la rentabilidad del Estado. Esta es la rentabilidad que puedes esperar y, por eso y por muchas otras cosas, realmente se necesita mucho dinero para
poder tener un plan de pensiones significativo porque, los que tienen ahora un plan privado, el día que lleguen a cobrar que vean cuánto han acumulado, que les digan cuál es el coste de convertir un capital en una renta vitalicia y a lo mejor se van
a acordar de todo lo que han ahorrado cuando eran jóvenes. El plan privado de pensiones realmente solo puede ser significativo para quien menos lo necesita, para las rentas altas, y eso revelan, de hecho, los datos del IRPF. ¿Quiénes compran
planes de pensiones en España y quiénes reducen el IRPF? Las rentas altas. En primer lugar, la deducción por planes de pensiones cuesta el 3?% de la recaudación del IRPF, ¿y quién se lleva el dinero? El 5?% más rico se lleva el 22?% del ahorro
fiscal que se deriva de los planes de pensiones y cada uno se ahorra 3.000 euros al año de impuestos por la deducción de los planes de pensiones. El 1?% más rico se lleva el 6?%, seis veces más de su participación, y cada uno se deduce 4.100
euros, se ahorra 4.000 euros de impuestos por esta deducción. ¿Y cuánto se ahorran los demás? Pues 200 o 300 euros se ahorran los niveles de renta más bajos. Quien realmente se beneficia de esta deducción es quien menos lo necesita, los más
ricos, y esa deducción va a servir entre poco y nada para las clases medias; por cierto, cuesta casi 2.000 millones de euros y el año 2012 no fue un año especial porque otros años ha costado bastante más.


Luego están los planes ocupacionales, que serían una buena propuesta pero, claro, hay un problema, ¿quién pone el dinero? Porque resulta que si lo pone el trabajador, estaríamos en el mismo caso de los planes privados: les haríamos pagar
dos veces. Y si lo pone el empresario, yo preguntaría, ¿a ver, por qué un empresario va a poner un dinero para un plan privado y no lo va a poner en cotizaciones? Es decir, ¿qué más le da a un empresario aportar cien a un plan privado o aportar
cien a las cotizaciones? Si tan imposible es aumentar las cotizaciones de un empresario a la Seguridad Social, ¿por qué va a ser posible que financie planes privados? Esta sería mi pregunta. Pero, bueno, si encontramos en España empresarios
dispuestos a hacer planes de pensiones para sus trabajadores sin bajarles el sueldo, no sería mala solución, pero la veo poco probable. Y en todo caso yo daría primacía al sector público.


Y, aunque no está aquí, otra medida que es absurda es la de permitir trabajar más allá de los 65 años. Es verdad que esta se puede implementar de muchas formas, pero en el caso de una implementación más inteligente, en primer lugar,
favorecería a los más ricos, porque sería los que podrían seguir trabajando; sería nuevamente injusta porque le retiraría a la gente la capacidad de tener un disfrute de su ocio, y al final, pues podríamos acabar como en Alemania, con mucha gente
mayor trabajando en minijobs para poder llegar a fin de mes, que a lo mejor no es lo que queremos.


Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer si nosotros queremos tener un sistema de pensiones que no conduzca a la pobreza en la vejez y que sea sostenible en el largo plazo, no podemos confiar en el empleo,
tampoco podemos confiar en estas ‘recetas milagro’ de los planes privados, cuentas nocionales… No hay más remedio que poner más dinero en el sistema y lo podemos hacer por varias vías: vía cotizaciones, vía impuestos o incluso vía endeudamiento.
En el corto plazo sería posible cierto endeudamiento por lo que he dicho antes; y necesario; de momento sería imposible en el medio y largo plazo, por el Pacto de Estabilidad, pero veremos lo que dura el Pacto de estabilidad y crecimiento.


Vamos a las cotizaciones. ¿Es posible aumentar la recaudación por cotizaciones? En el corto plazo la forma sería subir los tipos de cotizaciones a cargo de los trabajadores y los del empresario y destopar los máximos. ¿Se pueden subir los
tipos de cotización a los trabajadores? Sí. Realmente si miráramos, veríamos que en España los trabajadores son los que pagan unos de los tipos de cotización más bajos de la Unión Europea, únicamente Irlanda paga menos. En España el trabajador
paga un 6,25?% a la Seguridad Social mientras que el promedio de la Unión Europea está en 10,47?%. Ahora bien, si tú le subes el tipo de cotización al trabajador no tiene que ser a cambio de nada, tiene que ser a cambio de que le prometas que va a
cobrar una pensión, es decir no puede ser gratis et amore.


¿A los empresarios se les pueden subir los tipos de cotización? En primer lugar hay que decir que el argumento es doble, primero que los empresarios españoles son los que más pagan, y segundo, que esto tendría problemas con el empleo. La
primera cuestión es relativamente cierta, sí es verdad que los

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empresarios españoles son los que tienen tipos relativamente más altos, realmente solamente Francia tiene un tipo mayor, el 30,50 que paga el empresario, aunque hay países que los tienen relativamente cerca, como Italia. Pero hay que tener
en cuenta lo que he dicho antes, que en muchos países los empresarios pagan planes privados para sus trabajadores: Dinamarca, Holanda y otros países tienen dentro del coste salarial el pago a planes privados, que son como cotizaciones. En todo
caso lo que hay que decir es que en España, a pesar de que las cotizaciones de los empresarios son tan altas, resulta que es un país que recauda por cotizaciones menos que el promedio de la Unión Europea, y las diferencias de recaudación por
cotización que hay con otros países no se explican por las diferencias de tipo, sino que a lo mejor en España los empresarios pagan mucho, pero no todos: hay demasiados que no pagan demasiado. Y hay otros que están bonificados. En todo caso yo
creo que hay un cierto margen también para aumentarlas.


Destopar, por supuesto, se destoparían los salarios sin aumentar las pensiones de forma equivalente. Esto tiene un elemento de injusticia porque lo que estarías haciendo es que pagaran los problemas financieros de la Seguridad Social
únicamente las rentas del trabajo más altas, cuando en realidad se lo deberías hacer pagar a todas las rentas del trabajo del capital más altas. Pero es una solución de corto plazo que puede funcionar. Y no olvidemos que destoparlo no solamente va
a hacer que pague el trabajador, sino que también pagaría una parte esencial el empresario. Es decir que podría ser una solución de corto plazo que no estaría mal.


En el largo plazo se pueden hacer dos cosas para tener ingresos: pasar cotizaciones de paro a pensiones y esto se va a poder hacer si son verdad las predicciones. ¿Por qué? En primer lugar, porque la tasa de paro va a disminuir, entre
otras cosas de menor importancia porque la población va a disminuir; y en segundo lugar lo que se podría hacer -pero esto es una cuestión más de medio plazo- es disminuir el fraude. El fraude en España sigue siendo muy grande, todos los ministros
y secretarios de Hacienda que ha habido dicen que van a luchar contra el fraude pero realmente los niveles de fraude en España siguen siendo bastante altos y hay un margen muy amplio. Por tanto, lo que se puede hacer es aumentar los impuestos y
España es un país que tiene los impuestos muy bajos, al menos en términos comparativos; lo que se recauda por IRPF, lo que se recauda por impuesto de sociedades es muy bajo; y no tanto porque los tipos sean bajos, porque están en el promedio, sino
porque se recauda poco. En España el que paga, paga de verdad pero no todos pagan, unos por fraude, otros por vías de elusión y otros por una combinación convexa de ambas cosas. Realmente en España la recaudación es muy baja y no se explica por
las diferencias de tipos, aunque también se podrían aumentar los tipos.


También creo que es importante señalar que esto de pagar parte de las pensiones con impuestos no es ninguna novedad; hay muchos países que las pagan total o parcialmente, de hecho la excepción son los que se limitan a las cotizaciones. Hay
países que asumen el déficit con impuestos: Luxemburgo, Reino Unido, Noruega, Irlanda. Si las cotizaciones no llegan para pagar las pensiones se ponen impuestos. Hay países como Dinamarca donde hay una pensión básica -que es muy importante- que
se paga exclusivamente con impuestos. Hay países que tienen impuestos asignados al sistema de pensiones. Es decir, esta idea que se ha transmitido muchas veces de que hay alguna razón bíblica por la cual todas las pensiones tienen que pagarse con
cotizaciones no está justificada teóricamente ni está justificada por la experiencia de otros países ni siquiera por la experiencia de España en el pasado, porque si viéramos cuántas carreteras se han construido en España con cotizaciones de los
trabajadores, a lo mejor nos llevaríamos una sorpresa. Por lo tanto, la pregunta es: ¿qué impuestos hay que aumentar?


Antes de responder a esa cuestión quiero que nos hagamos unas ideas de magnitud. En esta dispositiva tenemos la recaudación en España. Grosso modo, los impuestos recaudan 240.000 millones, esto es el 22?% del PIB, y las cotizaciones
123.000 millones. ¿Podemos aspirar a pagar todo con impuestos? La respuesta es: si quisiéramos pagar todo el déficit de la Seguridad Social de 16.000 millones tendríamos que poner el 7?% de los impuestos al sistema de pensiones, que es una
cantidad muy alta. Es decir, o aumentamos los impuestos en un 7?% o dedicamos un 7?% de los recaudados a pagar las pensiones. Si quisiéramos pagar las pensiones de viudedad, los 18.000 millones, tendríamos que dedicar un 8?% a los impuestos. Y
cada punto del PIB que queramos pagar de pensiones nos costará un 4,5?% de los impuestos. Por lo tanto, yo creo que los impuestos no tienen capacidad por sí solos para financiar los problemas del sistema de pensiones y habría que recurrir a las
cotizaciones y también, en la medida en que se pueda, al endeudamiento.


En todo caso, ¿es razonable sanear el sistema pagando las pensiones de viudedad con impuestos? La respuesta es: en primer lugar, dudo seriamente que sea posible en el corto plazo porque son 20.000 millones y la cantidad que habría que
aportar sería muy grande. En segundo lugar, es mejor dar una estructura. Evidentemente cualquier medida que dé dinero al sistema es buena, el sistema de 20.000 millones serviría para pagar el déficit previsto y son equivalentes a 2 puntos del PIB,
con lo cual podrían

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aumentar las pensiones en el futuro, pero quizá es más razonable hacer una reforma integral en la que sea todo el sistema el que tenga una solución y no solamente un parche vía pensiones de viudedad.


Dos últimas cuestiones y con esto acabo, porque hay quien está ya muy cansado y creo que hay que acabar. Entonces, ¿de dónde puede salir el dinero? En esta otra diapositiva tengo un pequeño resumen de dónde puede salir el dinero. Aquí
están mezcladas medidas a largo y a corto plazo, pero yo creo que el dinero puede salir de cotizaciones de los trabajadores, 3 puntos más; de cotizaciones de los empresarios un punto más, destopar puede dar 10.000 millones. Esas tres fuentes
podrían ser de corto plazo. Un paso del 50?% del desempleo a cotizaciones, 10.000 millones en el largo plazo; reducción del fraude a la mitad, 15.000 millones de largo plazo. Pero creo que habría que crear un impuesto específico para las
pensiones que gravara las rentas no salariales para que quede bien clarito que la cuestión de las pensiones no depende de las rentas salariales. Creo que habría que crear el impuesto sobre las transacciones financieras, que según las estimaciones
podría dar, con un tipo del 0,01?% que propone la Unión Europea, entre 4.500 y 7.000 millones. Creo que habría que aumentar los tipos, el IRPF está dentro de esa cuestión que es el impuesto dual que tienen pocos países y que se parece de hecho
mucho a lo que Franco tenía en su tiempo: gravar de forma separada las rentas de trabajo de las rentas del capital. Creo que habría que eliminar el dual y si no se elimina el dual, subir el tipo que se aplica a la parte de la base del ahorro para
igualarlo a la del trabajo, y esto podría dar sin ningún problema 2.500 millones más. Y creo que habría que crear un impuesto sobre la riqueza bien diseñado que incluyera en muchos casos lo que se ha dado en llamar la riqueza productiva, que
debería dar 1.500 millones. Es decir, que los impuestos sobre el capital podrían dar, sin ningún problema 11.000 millones. Luego se podrían obtener de impuestos generales otros 37.000 millones. Se podrían obtener 8.000 millones del IRPF
simplemente subiendo la recaudación un 10?%. Para subir la recaudación de un 10?% no se necesita subir los tipos, basta con cerrar vías de elusión, con quitar deducciones y otras cuestiones. Se podría subir la del IVA 3.000 millones sin ningún
problema quitando bonificaciones en el IVA que no tienen ninguna justificación porque la redistribución que se logra bajando los tipos de IVA es mínima en comparación con la que se logra por el lado del gasto. El impuesto sobre sociedades es un
cachondeo. Realmente con las vías de elusión y evasión que tienen las empresas con un tratamiento especialmente bueno de los dividendos para evitar supuestamente la doble imposición, en la práctica para que no paguen nada, no se necesitaría mucho
para que ganaran 2.000 millones. También tenemos el problema del fraude que, evidentemente, no es un problema que se pueda resolver inmediatamente. No se van a poder obtener grandes cantidades del fraude, pero sí es verdad que no sería demasiado
complicado reducirlo a la mitad en un plazo de ocho o diez años, aunque hay que querer.


Estas medidas, que no colapsarían la economía ni conllevan confiscaciones ni conllevan nada especial, sin tener en cuenta la reducción del fraude aportarían 57.000 millones, 5 puntos del PIB, más que suficiente para la financiación de las
pensiones, e incluyendo la reducción del fraude, 96.000 millones.


En resumen, para acabar, ¿cuáles serían las medidas? Creo que en el lado del gasto hay una cosa esencial y es que hay que acabar con el índice de revalorización y fin de la historia. Se tienen que indiciar las pensiones. Las pensiones una
vez cobradas no pueden caer en valor real. Luego hay otras medidas como eliminar el factor de sostenibilidad que no se deben ajustar por la esperanza de vida, pero sí es verdad que se puede tener un factor de ajuste porque si el gasto pasa de un
determinado nivel se retrasa la edad de jubilación. Es verdad que la edad de jubilación tiene que ser los sesenta y siete años para todo el mundo, no ya, porque es como pedir una carencia de las jubilaciones, que es lo que propone alguien, que se
aplique a los sesenta y siete años y que nadie se jubile en los próximos dos años, sino que se hará progresivamente, pero hay que hacerlo.


Creo que para los ingresos, en primer lugar, a corto plazo hay que subir las cotizaciones de los trabajadores en 3 puntos a cambio de garantizar un sistema de pensiones. Hay que crear un impuesto que podemos llamarlo contribución a la
solidaridad que sería la mezcla de los impuestos sobre el capital que he dicho antes. Si este impuesto no da para financiar las pensiones da igual porque el déficit se debería cubrir con impuestos. El papel del impuesto sería que quedara bien
claro que no solamente las rentas del trabajo serían responsables de financiar las pensiones. Creo que habría que recuperar el Fondo de reserva. Creo que habría que dotarlo con activos del Estado. Creo que habría que dotarlo con parte de lo que
produjeran los impuestos recaudados. Y fundamentalmente debería haber un compromiso del Estado de que cualquier decisión sobre el sistema de pensiones hasta un determinado nivel de gasto se va a financiar con impuestos y también habría que pasar
cotizaciones de desempleo a pensiones a largo plazo. Básicamente sería esto. La idea fundamental es que o ponemos impuestos al sistema diciendo cómo y cuándo o iremos a un sistema de pensiones en el que se generalizará la pobreza.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Va a ser difícil que cada uno de los portavoces sea capaz de resumir todo los que nos ha contado. No obstante quiero decir que ya le he pedido al profesor el power point y se lo voy a hacer llegar a cada uno de los
portavoces y de los miembros de la Comisión.


En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Perea.


La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, señora presidenta.


Buenos días y bienvenido el compareciente. La verdad es que nos ha hecho correr al coger apuntes, pero a los que venimos de coger apuntes ya no nos sorprende. Intentaré ser muy esquemática. Lo principal, o lo que deduzco de esta
comparecencia, es qué modelo de sociedad queremos tener y yo creo que ha quedado clarísimo: ¿queremos una sociedad envejecida y pobre o realmente queremos una sociedad digna y justa? Eso el Grupo Socialista lo tiene claro.


Usted ha planteado la viabilidad del sistema con una serie de medidas y la que más clara ha quedado ha sido el cuestionamiento de la reforma del año 2013 cuando establece el IRP, el índice de revalorización de las pensiones que, por lo que
yo he deducido, junto con el factor de sostenibilidad, de la forma que se hace en la reforma de 2013, es decir, con los parámetros y los ítems que establece, lo que está claro es que es una pérdida no del poder adquisitivo, sino de la pensión en sí
misma. Es decir, es ir encaminados hacia la pobreza.


Usted ha dicho un par de frases que han sido muy gráficas. Cuando el trabajador entra en el mundo laboral lo hace en unas condiciones, con un sistema obligatorio de contribución de forma solidaria intergeneracional -digo obligatorio, esto
es, no le dan a escoger, tiene que cotizar-, y de golpe y porrazo un 2013 te dicen: Oiga, mire usted, aquello que le dije que era ya no es y además va a tener un detrimento del 30?% de su pensión. ¿Cómo lo veo yo? Voy a dar mi opinión. Es una
pérdida de un derecho adquirido y no hablamos de una expectativa de derecho. Tú tienes una previsión de ingreso y en un momento determinado te lo cortan, con lo cual por parte de usted se cuestiona el índice de revalorización de las pensiones, así
como la forma en que se determina el factor de sostenibilidad.


Me ha gustado el hecho de que enfatizara en la integridad del sistema, es decir, no vale hacer trampas en el solitario desgajando la viudedad y que luego pueda ser la invalidez o algún tipo de prestación con la finalidad de debilitar el
sistema. Para el Grupo Socialista la viudedad tiene que estar dentro del sistema, manteniendo, efectivamente, la naturaleza jurídica, pero la financiación no tiene que ir dirigida a esa viudedad, a esa prestación, sino -entiendo yo, por lo que
usted ha comentado- al sistema entendido de forma íntegra.


Ha hablado de impuestos, de tributación. Con el planteamiento que usted hace, un tratamiento desde diferentes ámbitos -incremento de los impuestos pero, evidentemente, con una reforma fiscal integral, esto es, actúa también dentro del
fraude fiscal-, me gustaría que me indicara qué medidas se van a adoptar teniendo en cuenta que nos encontramos en un ámbito europeo. Podemos adoptar medidas como el impuesto sobre transacciones, pero realmente ¿qué consecuencias tienen las Sicav?
¿Y qué piensa usted del impuesto sobre las grasas y los azúcares que ahora se está implementando?


Ha hablado también del saneamiento del déficit sobre los ingresos. Si no he entendido mal, la mejora de la financiación de la Seguridad Social por la vía de los ingresos, es decir, incrementando la fiscalidad, que, según usted, nos lo
permite, mejoraría sustancialmente los márgenes de maniobra que tienen las comunidades autónomas. Pues bien, me gustaría que usted entrara ahí, ya que las comunidades autónomas llevan temas de sanidad y de educación y cada vez se ven más maniatadas
a la hora de ejercer las políticas que necesitan.


Evidentemente -con esto acabo-, estamos debatiendo un tema político. No venimos aquí a que nadie nos explique técnicamente cómo tenemos que entender el factor de sostenibilidad, sino a conocer el objetivo y en relación con esto el Grupo
Socialista se compromete a que nuestro futuro social sea justo y digno.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Perea.


Por el Grupo Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Montero.


El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, señora presidenta.


Bienvenido, señor Zubiri. Ha sido un derroche de información difícil de procesar en el momento, quedando pendientes cuestiones que seguro que tras la lectura del power point saldrán a la luz.


Voy a ser muy rápido. No voy a hacer una síntesis -es casi imposible- de su intervención, sino solo un par de preguntas. En primer lugar, ¿cómo valora la complementariedad hasta el cien por cien de la pensión con la vida laboral? Y en
segundo lugar, ¿qué repercusiones cree que puede tener la proposición

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de ley que se va a tramitar sobre la subida del salario mínimo interprofesional, hasta 950 euros en 2018? Y si pudiera, me gustaría que diese alguna pincelada sobre una cosa que me ha resultado interesante y sobre la que tendré que leer
más: la pensión básica pagada solo con impuestos en Dinamarca. Es algo que puede resultar estimulante explorar.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Pasamos al Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Del Campo.


El señor DEL CAMPO ESTAÚN: No voy a hacer preguntas. Simplemente quiero felicitarle por su intervención y por la claridad de la misma. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Grupo Parlamentario Mixto. Adelante, señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Simplemente quiero agradecer algo que para mí tiene un gran calado en esta Comisión, que es focalizar el objeto de la discusión donde realmente está: elegir entre un modelo social o un modelo actuarial, como lo ha
definido usted. No haré preguntas, pero creo que esa es la clave de bóveda de esta Comisión. Quiero agradecerle profundamente que haya expuesto en qué consiste el modelo que tenemos ahora, a qué nos conduce y las alternativas, que obviamente
estudiaremos con detenimiento.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Señor Camps por el Grupo Parlamentario Popular.


El señor CAMPS DEVESA: Gracias, presidenta.


Yo tengo la misma sensación que mi compañero el señor Montero en cuanto a que el volumen de información y la rapidez con la que ha sido expuesta, a pesar del power point, hacían difícil el seguimiento. Seré un poco más largo que mis
compañeros, quizá por haber sido partícipe del Pacto de Toledo desde sus principios y haber tenido alguna obligación -en concreto, secretario de Estado de la Seguridad Social durante tres años- sobre alguna de las cuestiones que ha planteado y en
las que no acabo de ver la coherencia con el conjunto total de su discurso. No quiero ser deslavazado, pero parte de su discurso parece que pone en solfa el propio modelo que tenemos en nuestro país. Coincide en algunas previsiones -podría decir
por la otra banda- con las catastrofistas que ya hicieron en el año 1995, cuando dijeron que no pasaríamos del año 2000 -por cierto ha habido una expresión igual: ¿cómo lo fían ustedes al crecimiento económico y la creación de empleo?-, y, sin
embargo, fueron los mejores años que ha tenido el sistema de protección social y el sistema de pensiones en nuestro país desde el año 2000 hasta aquí, llegando a estar hasta en situación de superávit. Los 15.000 millones de euros de déficit anual
que presenta actualmente nuestro sistema de protección social -algo más, está ahora por encima de 16.000 millones- coinciden con la caída que hemos tenido en ingresos de cotizaciones derivada de la crisis económica, que ha sido de 15.000 millones de
euros. ¿Qué sucedería ahora? Recuperados esos 15.000 millones por el crecimiento económico y la creación de empleo, nos encontraríamos con el aumento de gasto que ya estamos viviendo en estos momentos. Ha habido un millón más de pensionistas que
han entrado en el sistema a la vez que perdíamos 3.300.000 de cotizantes. El gasto se va a ver claramente incrementado por una cuestión puramente demográfica -generaciones del baby boom- hasta el año 2050 y luego caerá. Esto me trae a la cabeza
otra posible reflexión sobre qué medidas son de carácter estructural y qué medidas son de carácter coyuntural. Como bien se ha expuesto, el gasto, sea hasta el 15?% como mantiene usted o sea hasta el 11,8?% como dicen las previsiones que hemos
conocido de Eurostat facilitadas por el Gobierno español, luego caerá y caerá bastantes puntos por debajo.


Le decía lo anterior porque en su discurso no ha hablado en ningún momento de la tasa de reemplazo en un modelo contributivo y proporcional que garantiza equidad y, por tanto, suficiencia; antes hablábamos de pensiones dignas y suficientes,
suficiencia tanto de la propia pensión como suficiencia financiera del propio modelo. Cuando se habla de las pensiones, siempre se dice que tienen que tener una calidad parecida a la que han tenido los que han cotizado por ellas; ayer mismo
escuchábamos al secretario general de Comisiones Obreras. Eso no ha sucedido prácticamente nunca, excepto en los últimos años de superávit del sistema de pensiones. Cuando se pasó de dos a ocho años para el cálculo de la base reguladora, ¿no se
estaba bajando la tasa de reemplazo? Evidentemente sí. Teníamos por encima

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del 90?% la tasa de reemplazo del último trabajo a primera pensión y eso cambió. Cuando se pasó de ocho años a quince, ¿no llevaba consigo una desaceleración del crecimiento de gasto bajando -en su argot- las pensiones futuras?
Evidentemente sí. Por eso ahora la tasa de reemplazo la tenemos en el 79?%. Además, no solo han ido aumentando los años, sino que han cambiado los porcentajes a aplicar para el cálculo de la base reguladora. Por tanto, medidas de contención del
crecimiento del gasto se han ido tomando constantemente y todas ellas han supuesto, en sus términos, una bajada de pensiones futuras y, en los míos, una desaceleración en el crecimiento del gasto, necesario para el mantenimiento de un sistema de
pensiones que tiene en la contributividad, la proporcionalidad, la equidad y la suficiencia sus principios básicos.


Señor Zubiri, usted dice que aquí nadie se ha planteado pagar pensiones con impuestos, pero el Pacto de Toledo ya dijo en el año 1995 que se pagarían preferentemente con cotizaciones. Desde entonces ya tenemos el debate abierto de si se
pueden destinar impuestos a la financiación de pensiones en un momento determinado porque las cotizaciones sociales no pueden cubrir las pensiones. Esto viene del año 1995, no es una cosa que aparezca ahora. De hecho, yo creo que va a ser el
principal debate que vamos a tener en esta Comisión en los próximos tiempos. En el derecho comparado -eso no ha aparecido en los que usted ha hecho-, hay cálculos de Eurostat que dicen que con la reforma pasamos del 79?% al 48,6?% la tasa de
reemplazo en el año 2060. Pues bien, en estos momentos nuestra tasa de reemplazo está en el 80?%, frente al 37?% de Alemania, el 55?% de Francia o el 52?% de media de los países de la OCDE. En todo caso, a medida que estamos disminuyendo esa
tasa de reemplazo nos estamos acercando a las tasas de reemplazo de los sistemas públicos de pensiones parecidos al nuestro con un gasto un poco superior o un poco inferior en porcentaje de PIB -lo ha visto usted-, dos puntos por arriba o un punto
por debajo de los de nuestro entorno. Me parece que hay cierta incoherencia cuando usted habla de este tema, porque al principio me parecía que no tenía que haber ninguna medida de desaceleración de ese crecimiento de gasto; había pintado el
panorama tan negro que había que derogar cualquiera de las reformas habidas hasta este momento -la de 2001, la de 2013 o incluso las reformas que se realizaron en el año 1997-, que todas ellas llevaban medidas de desaceleración del crecimiento de
gasto. En cambio, cuando lo hace aquí, al final, dice que hay que acabar con el factor de sostenibilidad y hay que acabar con el índice de revalorización -las reformas de la medida de 2013-, pero hay que mantener las de 2011, es decir, subir a 67
años la edad legal de jubilación y aumentar los años para el cálculo de la base reguladora junto con otros elementos paramétricos que se modificaban en la misma. Los elementos paramétricos que usted deja vigentes en el sistema, según sus propios
estudios -los tengo aquí delante- suponen una reducción del 20?% de la futura pensión que se cobraría y el 15?% del índice de revalorización. ¿Por qué hay que mantener en vigor reformas como la elevación de la edad de jubilación o el aumento de
los años en el cálculo de la base reguladora, que suponen una bajada -entre comillas- de la pensión superior al índice de revalorización? ¿Por qué no dejamos vigente el índice de revalorización, volvemos a la edad de 65 años y bajamos otra vez los
años para el cálculo base de la pensión? De esta forma tendríamos unas pensiones mejores en el año 2050. No me ha acabado de quedar claro por qué su elección va en un sentido y no en el otro, sobre todo cuando ha puesto tanto énfasis en la bajada
de las pensiones, en un sistema donde bajan las pensiones y además se empobrece conforme se está en las mismas; es decir, mantiene las medidas que suponen una mayor bajada de las pensiones y en cambio dice que hay que acabar con el índice de
revalorización. Si no hay factor de sostenibilidad, ¿cómo se cumple con la equidad de que a igual contribución, misma pensión con diferentes esperanzas de vida? Hay una posibilidad. Uno puede decir que el factor de sostenibilidad no le gusta,
pero yo no creo que sea como ha dicho usted, topamos el gasto en pensiones respecto del PIB y, si pasa de ahí, se dice que no. Si el factor de sostenibilidad no me gusta, lo más normal sería, conforme va aumentando la esperanza de vida, ir elevando
a los 67 años. Es decir, cada equis tiempo no tenemos factor de sostenibilidad, no afecta a las pensiones iniciales a partir del año 2019 en el cálculo de la primera pensión que se va a cobrar. Bien, pero calculemos, y cuando haya subido la
esperanza de vida en un año los pensionistas sabrán que a partir de ahí tardarán un año más en llegar a la edad legal de jubilación. Si no, al evitar este factor de sostenibilidad, el sistema se convertiría en injusto, porque a mayor esperanza de
vida se va a cobrar más pensión con el mismo esfuerzo contributivo.


Dejando de lado esas cuestiones respecto de la vertiente del gasto, en un momento como este en nuestro país, elevar las cotizaciones -aunque me parece adecuado lo que ha manifestado respecto de que se pueden elevar mucho más las de los
trabajadores que las de los empresarios- sigue siendo, a mi juicio, en parte -lo hemos discutido con el anterior compareciente- un impuesto al trabajo. Si se elevan

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cotizaciones y se suben impuestos se podría poner en riesgo la creación de empleo vía una desaceleración del crecimiento económico. A veces se barajan exclusivamente pensando en la financiación de los gastos de nuestro sistema de Seguridad
Social y se olvida que medidas de ese tipo tienen inmediatamente un efecto sobre nuestro mercado de trabajo y sobre nuestro crecimiento económico o recesión.


La verdad es que ha estado espléndido en el volumen de información que nos ha podido dar; coincidiendo con mucha de ella, lo que le estoy poniendo ahora de manifiesto son las posibles incoherencias que he podido anotar. ¿Si tenemos un
problema de población activa en el año 2050, en el que las previsiones de la población española es de 45 millones, con una población activa que no va a superar los 20 millones, que ocupada no será tanta porque siempre habrá quien esté en paro en ese
momento e incluso si llegamos al pleno empleo, si trabajara todo el que quiere trabajar, si pudiéramos recurrir, como ha pasado en otros momentos, a la inmigración para aumentar esa población activa y ocupada, no cree que nos haría falta -en estos
momentos sería discutible por el gran volumen que tenemos de paro juvenil- que tuviéramos no una compatibilidad de pensión con salarios ni al 50 ni al 100?% pero sí un sistema -aparece en el Pacto de Toledo- de jubilación gradual y flexible? Usted
dice que eso va a beneficiar preferentemente a los más ricos. No tiene ningún sentido. Yo, inmediatamente, he apuntado: catedráticos. En este país, los catedráticos se pueden jubilar a los 70 años y creo que es bueno que permanezca el talento en
la universidad. Hay muchos otros sitios en los que también, no siempre va a ser el que gana más como directivo en una empresa. Hay muchos otros supuestos en los que, voluntariamente, que haya un sistema de jubilación gradual y flexible puede
ayudar porque llegará un momento en el que el paro no será el que tenemos en nuestro país y necesitaremos incrementar la población activa y, si no podemos, mantener en activo a muchos otros españoles. Por eso, me ha chocado que usted diga tan
tajantemente a los 65 y aquí se acaba; eso no se puede compatibilizar con pensión o ni siquiera con un sistema de jubilación gradual y flexible donde alguien pueda decidir simplemente seguir trabajando más allá, sin que exista una obligatoriedad de
tener que jubilarse a los 65.


Gracias, presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Camps.


Señor Zubiri, tiene la palabra.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA Y HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Zubiri Oria): En primer lugar, gracias a todos por los comentarios y por haber aguantado tanto tiempo mi exposición, que comprendo que ha sido
muy rápida y bastante tupida. En cuanto a las preguntas que me han hecho, en primer lugar, está la cuestión del índice de revalorización. Creo que el principal problema que tiene el índice de revalorización es sencillamente que en los escenarios
más plausibles… El futuro nunca se sabe y las predicciones fallan más que una escopeta de feria. Si nosotros miramos lo que hizo la Comisión Europea en sus primeras estimaciones de población decía que España iba a tener en el año 2050 me parece que
eran 30 millones de habitantes, luego al siguiente informe de UE Report decía que se iba a 52, luego a 45. No se trata tanto de los resultados porque como todo lo hacen por proporciones… Los demógrafos nos quieren hacer creer que el número de
jubilados y de pensionistas es casi como una ciencia cierta. Vamos a comparar sus predicciones. Se han equivocado más que una escopeta de feria. Cualquier predicción hacia futuro tiene muchos condicionantes y eso es lo que pasó en 1995, cuando se
empezó a hablar con Solbes de que el sistema se iba a colapsar. Me acuerdo de todas aquellas reuniones o el libro que hizo el BBV, que realmente se basó en unas estimaciones totalmente irreales, que eran las de una población casi desaparecida. Con
todo, lo que parece más que probable y ciertamente ocurrirá en el largo plazo es que este índice de revalorización va a estar por debajo del IPC y ese es el factor principal de ajuste del gasto que hay. Lo que no puede ser es que tengamos -y ese es
el factor principal de ajuste del gasto que hay- un sistema en el cual cuanto más se vive se es más pobre. La inflación, que puede ir brujuleando una temporadita, va a volver al 2?%, porque ese es el objetivo que tiene establecido el Banco Central
Europeo. Lo que no puede ser es que tengamos un sistema en el cual cada año que vives tienes un 1,75?% menos de pensión, incluso menos. Por eso, creo que el índice de revalorización debería eliminarse. No se puede decir a una persona, cuando se
siente más indefensa, cuando tiene menos capacidad de obtener ingresos, que cada año va a perder un porcentaje.


Por otro lado, lo que he dicho respecto a que los trabajadores han trabajado en la confianza de que van a tener pensiones similares a las que ellos tenían, no me lo he inventado yo, sino que está en la literatura y se llama el contrato
implícito entre generaciones. Como toda opinión subjetiva, se puede decir

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que sí o se puede decir que no, pero hay una parte muy importante de la literatura que reconoce la existencia de un contrato implícito entre generaciones que obliga moral y éticamente a pagar determinados niveles de pensiones a los
trabajadores. Por lo menos, en el caso del índice de revalorización, habría que hacerlo igual al IPC, que es, por cierto, lo que hacen la mayoría de los países. Lo hacen igual al IPC, al crecimiento de los salarios, y pocos tienen reglas de
ajuste. Por otro lado, debe hacerse una reforma integral. No se pueden poner parches, porque mañana se abre una vía de agua y pasado mañana otra. Me parece que el parche de 20.000 millones ahora, sinceramente, sería un parche muy grande para
tapar un agujero que no es tan grande. No es necesario poner 20.000 millones ahora para salir de esta situación, aparte de que dudo de que se puedan poner en el corto plazo.


Respecto al fraude, los estudios que hay en España están plagados de problemas, estoy dispuesto a reconocerlo, porque se hacen con variables macroeconómicas que no recogen mucho la realidad. Pero el hecho es que otro tipo de estudios más
acertados también reconocen que hay un nivel terrible de fraude en el impuesto de sociedades y en el IRPF debido a muchas causas. En primer lugar, para que no haya fraude, lo primero que tiene que ocurrir es que no sea rentable defraudar. Si una
persona hace un análisis coste-beneficio y ve que es rentable defraudar, lo va a hacer; todo depende de la sanción. Mientras que en España cualquiera que trincan por haber defraudado pueda librarse pagando un poco, pues… No se trata de cortar la
mano a nadie, pero la multa es muy importante. También es importante reformar el sistema fiscal y mejorar la información.


En el caso concreto del impuesto de transacciones financieras, por el que también me ha preguntado, ¿se van a ir las Sicav si se gravan? No, depende de cómo se haga. En el País Vasco, por ejemplo, se hizo una cosa, que fue gravar las Sicav
en el impuesto sobre sociedades. Se largaron todas. Claro, porque se ha hecho mal. La Sicav es, para una persona de renta alta, el equivalente a un fondo de inversión para un privado, lo que pasa es que la distorsionan para utilizarla de otra
forma. Lo que hay que hacer es decir: Puedes tener la Sicav donde quieras, no me vas a pagar nada mientras que esté, pero, eso sí, cada año me la vas a incorporar en el IRPF aplicándole transparencia fiscal. Lo que tienes que hacer es que la
Sicav no tribute por sí misma, sino que tribute en el IRPF, y a correr. Y si las quieres tener en Tombuctú, pues muy bien, otra cosa es que luego defraudes si la tienes fuera. Incluir la Sicav con una transparencia fiscal que, por cierto, es un
método que se tenía que aplicar en muchos elementos del IRPF y que no se aplica porque aumentaría su recaudación, ayudaría bastante.


En el caso de las comunidades autónomas, si poner la viudedad o cambiar el sistema de financiación de la Seguridad Social aliviaría sus cuentas… Lo primero que hay que hacer es diseñar bien el sistema de financiación de las comunidades
autónomas porque lo primero que hay que tener claro es que las comunidades autónomas no pueden financiar ni la sanidad ni la educación con impuestos propios. No se puede pedir a las comunidades autónomas que financien su sanidad o su IRPF con
impuestos propios. ¿Por qué? Por ejemplo, en esta crisis se decía que las comunidades autónomas subieran sus impuestos para pagar el gasto en educación y en sanidad. Pero, primero, no podían. ¿Por qué? Porque el margen se lo había cerrado el
Gobierno con la tarifa complementaria, que además se le quedó, porque no vieron ni un euro. Y segundo, aunque hubieran podido, habría un problema, y es que si las comunidades pobres tienen que pagar su sanidad o su educación con sus impuestos, un
euro de gasto adicional le cuesta más impuestos a un pobre que a un rico. El sistema de financiación de las comunidades autónomas lo que hace es establecer un fondo de garantía o servicios básicos fundamentales que lo distribuye igualitariamente
según la necesidad. Por lo tanto, lo que hay que hacer es diseñar bien el sistema, y si diseñamos un sistema de financiación de las comunidades autónomas en el que parte de la sanidad o parte de la educación se tenga que financiar con impuestos
propios, mal vamos; el sistema no va a funcionar. Tenemos que diseñar un sistema en el que las comunidades autónomas, conjuntamente, puedan determinar los recursos que hay para financiar los servicios básicos y, luego, repartirse esos recursos
según necesidad; pero esto no creo que tenga que ver con la Seguridad Social.


En cuanto a la renta básica, por la que me pregunta del portavoz de Podemos, es una cosa muy sencilla. Se puede hacer de muchas formas. La renta básica es una renta que se da a todos los jubilados, punto. A veces se les da simplemente por
haber residido un número de años determinado en el país. Otras veces se le da en función del número de residencia y otras veces se les da en función de haber cotizado, independientemente de la cantidad que haya cotizado. Entonces, la renta básica
que hay en Dinamarca consiste en que hay una cantidad fija que equivale al 45?% de la pensión final que se tiene luego con los sistemas complementarios; se paga con impuestos. Claro, el problema es que la presión fiscal del IRPF en Dinamarca es
altísima. Además, parece que en Dinamarca los empresarios no pagan nada, pero sí pagan,

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porque el complemento a esa renta básica la pagan los empresarios a través de fondos privados de pensiones, que tienen obligación de pagar. En Irlanda también hay renta básica. En Reino Unido también se está yendo a una renta básica, a un
sistema de pensiones público que es uniforme para todo el mundo.


Sobre la complementaridad de obtener renta y trabajar, una persona llega a los 67 años y quiere seguir trabajando, me parece de cine. Me parece perfecto que no tengamos que perder ni la experiencia ni la sabiduría. Que se jubilen algunos
catedráticos a los 67 años es una ganancia, mejor que si se hubieran jubilado a los 30, pero, en general, hay gente que debería seguir hasta los 67, y hay médicos que deberían de seguir mucho más. Lo que yo quería decir -a lo mejor no me he
explicado bien- es que si alguien tiene que trabajar por obligación, porque las pensiones públicas son muy bajas, no servía como solución. Si nosotros metemos esa medida pensando que en el futuro las pensiones públicas van a ser muy bajas y
entonces dejamos trabajar a la gente, es lo que decía que es inaceptable. Si alguien quiere trabajar después de los 67 teniendo una pensión y lo hace porque quiere, de cine, mejor para el país; lo que no se puede hacer es poner la compatibilidad
diciendo que como las pensiones públicas van a ser muy bajas pues que trabaje todo el mundo. Eso es lo que quería decir.


Sobre el salario mínimo, me parece bien. Este es un país donde decir que va a aumentar la demanda y que va a ser mejor porque los trabajadores cobren más, no es verdad. El dinero es como la materia, excepto por una pequeña parte de los
incentivos, igual que los impuestos, ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, se puede cambiar quien recibe la renta, pero raramente, a efectos de incentivos, pueden hacer cambiar el nivel total. Los impuestos, cuando se cambian de
empresas a trabajadores, o de empresarios a consumidores, lo que se está haciendo es cambiarlos de sitio. Cuando haces una reforma fiscal que no cambia la recaudación, tú harás lo que te dé la gana, pero estás cambiando de sitio a quien paga. ¿Que
puede haber unos efectos incentivadores que afecten luego a lo global? Sí, pero la mayoría exagerados. Realmente, la razón por la que hay que hablar del arreglo de estas medidas es porque es insuficiente para vivir en España. Los empresarios
españoles podrán quejarse mucho, pero no de que pagan salarios altos en comparación con nadie, prácticamente. Hay que tener mucho respeto a los empresarios, pero, dicho esto, lo que no podemos tener es un país -o no deberíamos tenerlo-, en el cual
la competitividad de los empresarios se base en pagar salarios bajos, en no pagar impuestos y ya, por el mismo precio, no pagar cotizaciones. Yo querría tener un país en el que la competitividad de los empresarios se basara en la innovación, en ser
capaces de crear mercados. Por eso, creo que es muy buena idea, porque no va a tener ningún coste; bueno, alguno tendrá. Yo lo tomaría porque va a ser un aumento en el bienestar general del país.


Respecto a las preguntas del representante del Grupo Popular, voy a ir por partes. En primer lugar, está la cuestión de la tasa de reemplazo. En España, la tasa de reemplazo es simplemente el porcentaje que representa la pensión del
salario. Esto se puede definir de mil quinientas formas. Se puede coger la pensión vitalicia como porcentaje del salario vitalicio; se puede coger la pensión vitalicia media como porcentaje del último salario; se pueden coger mil cosas, y cada
una va a dar un nivel diferente. Cojamos el 79?%. Hoy día, sin tener en cuenta las reducciones futuras de pensiones que va a tener, se le va a ir aplicando progresivamente la ampliación de la base de cotización, que evidentemente le va a bajar la
pensión, aparte de otras medidas que le van a ir bajando la pensión. Por tanto, hoy día, sin tener en cuenta cuestiones vitalicias, es decir, el número de años en relación con los que va a pagar la pensión, suponiendo que tiene una carrera de
cotizaciones completa y bajo otros cuatro o cinco supuestos, es verdad que la tasa de reemplazo es alta. Además, son más altas en las rentas altas que en las rentas medias y bajas, porque la OCDE, que también hace este tipo de comparaciones, divide
entre la tasa de reemplazo del ciudadano promedio, del que tiene dos veces la renta promedia, del que tiene media vez, y casualmente donde están las tasas de sustitución más altas comparativamente en España es en las rentas más altas; realmente en
España sustituye más a las rentas altas que a las rentas bajas. En todo caso, si cambiáramos cualquiera de estas circunstancias, tendríamos una tasa de sustitución totalmente diferente y más baja. Con esta tasa de sustitución tan alta y teniendo
más jubilados que otros países, ¿por qué se gasta tan poco en España? Hoy día, en España, si vamos al cuadro de gasto en pensiones, tenemos una tasa de sustitución que parece altísima. (El señor Camps Devesa: Las bases serán bajas). Estamos
hablando del porcentaje del PIB.


La señora PRESIDENTA: No reabran el debate.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA Y HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Zubiri Oria): Eso dependería. Hoy se cotiza según las bases de ayer, con lo cual

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habría que tener en cuenta la evolución, pero esto no explica estas diferencias con estas tasas de sustitución. Quiero decir que hay mucha gente que no cumple esas condiciones para tener esa tasa de sustitución. En todo caso, lo que digo
es que si tenemos algo que funciona, si tenemos un sistema que garantiza que la pobreza en España es baja, ¿por qué nos lo queremos cargar? Por la misma regla de tres, es verdad que en España puede que la tasa de sustitución bajo ciertas
condiciones, e ignorando muchas cosas, que por cierto va a bajar con el sistema actual, sea alta. Si nuestro criterio de comparación es igualarnos a otros países, yo lo firmo ahora mismo. Igualémonos en las pensiones, vamos a bajar la tasa de
sustitución, pero igualémonos también en el salario, igualémonos en los impuestos e igualémonos en todo. Señorías, yo creo que es hacer trampa establecer la tasa de sustitución para algunas personas midiéndola en un momento concreto y con una
determinada definición. Aquí puede haber otras definiciones, por ejemplo, si medimos en relación con el salario medio, es muy importante hacerlo porque el salario medio mide la capacidad adquisitiva del país. No es lo mismo que un pensionista,
aunque en términos absolutos la renta que tenga sea la misma, tenga una capacidad igual al 40?% del salario medio que al 10?%. Por tanto, sinceramente creo que no es justo decir que como la tasa de sustitución, como ese numerito sale así, estamos
legitimados para cambiarla.


Sobre las medidas adoptadas de 2012 a 2013, no todas las medidas son iguales. Creo que retrasar la edad de jubilación es justo por una razón muy sencilla, porque la esperanza de vida está aumentando. Si esto está sucediendo, no hay ninguna
razón que diga que todos los aumentos de esperanza de vida tengan que ir al ocio, alguno tendrá que ir al trabajo. Si van al ocio, tu pensión vitalicia, que básicamente es la suma de pensiones a lo largo de tu vida, aumentaría; el problema es que
eso lo pagan los demás. Entonces, es justo y es razonable que a medida que va aumentando la esperanza de vida se vaya retrasando la edad de jubilación, sencillamente porque la edad de jubilación actual se estableció en el año mil novecientos y
pico, cuando la esperanza de vida era mucho menor y a esa edad la gente físicamente no podía trabajar. A mí no me parece mal que se retrase la edad de jubilación si ese es el precio para pagar el sistema. De hecho, cuando usted ha hablado de
indiciar la edad de jubilación a la esperanza de vida, le diré que esto lo han hecho en Italia y en Dinamarca, donde se prevé que se van a acabar jubilando a los setenta años. En cuanto a las otras medidas paramétricas, es verdad que aumentar el
número de años de la base de cotización, aunque en su día el Gobierno dijo que no, lo reduce para la mayoría de la población, pero digamos que es una reducción asumible, y también es verdad que en algún momento hay que hacer algún tipo de reducción.
Lo que me parece especialmente inaceptable de la reforma del año 2013 es el índice de revalorización. Si me dicen que hay una medida del sistema de pensiones que hay que quitar, yo quitaría el índice de revalorización. Yo creo que nadie debería
pagar el precio de vivir en una generación que vive más, pero sí es verdad que podemos hacer un argumento en términos de la pensión vitalicia, que yo haría de otra forma. ¿Por qué? Porque para el trabajador es mucho menos lesivo retrasarle unos
meses la edad de jubilación que quitarle pensión. La diferencia entre el tratamiento que yo doy a unas medidas y a otras es porque creo que unas son más razonables que otras, sencillamente. A mí me parece especialmente lesivo lo del índice de
revalorización; habría que poner el IPC. No se puedes decir a una persona que se ha jubilado que, si las cosas van mal en el sistema porque hay más paro o por algún otro motivo, se le baja la pensión. Ya he comentado antes que la compatibilidad
del trabajo con la pensión, si es algo voluntario me parece perfecto, pero si es obligatorio no me parece demasiado aceptable.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias, profesor Zubiri.


Haremos llegar al PowerPoint a todo el mundo para que puedan analizarlo en profundidad y, si tenemos alguna pregunta que hacerle, me imagino que al profesor Zubiri no le importará que se la formulemos por escrito.


El señor CATEDRÁTICO DE ECONOMÍA APLICADA Y HACIENDA PÚBLICA DE LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Zubiri Oria): Ningún problema.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las dos de la tarde.