CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 581

DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL MAR GARCÍA PUIG

Sesión núm. 14 (extraordinaria)

celebrada el viernes,

31 de agosto de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil (Carcedo Roces):


- Para informar de las líneas generales de lal política de actuación de su comisionado. A propuesta del Gobierno. (Número de expediente 212/001691) ... (Página2)


- Para que comparta las medidas, presupuesto y calendario previstos para desarrollar las acciones que se definen en el mandato de dicho comisionado y que se describen en el artículo 10 del BOE del 19 de junio de 2018. A petición del Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 212/001672) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las diez y treinta minutos de la mañana.


La señora PRESIDENTA: Se procede a abrir la sesión con la celebración de la comparecencia de la alta comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil. En primer lugar, quiero agradecerle su presencia aquí y su flexibilidad a la hora de
fijar esta comparecencia, agradecimiento que quiero también hacer extensivo a todos y todas las vocales, porque hemos tenido muy poco tiempo para organizar los viajes, por lo que quiero agradecer la presencia aquí de todos. Sin más, damos la
palabra a la alta comisionada.


La señora ALTA COMISIONADA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL (Carcedo Roces): Muchas gracias, presidenta.


Señorías, agradezco la oportunidad de comparecer y dar a conocer los objetivos y líneas de trabajo del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil. Quiero empezar señalando el privilegio que representa para mí haber sido
nombrada para este cargo, con lo que implica de decidido compromiso político del Gobierno con una cuestión cuyo abordaje es imperativo y urgente.


A continuación, voy a hacer una descripción de la situación existente en España sobre este asunto y lo que condiciona la necesidad de adoptar la decisión de priorizar sobre este asunto. Creo que a nadie se le escapa la magnitud y
trascendencia del fenómeno del que se ocupa el alto comisionado porque España es uno de los países con tasas de riesgo de pobreza infantil más altas de Europa. En 2016 -último año para el que tenemos cifras completas de toda Europa- España tenía
una tasa de riesgo de pobreza de menores de dieciocho años del 29,7 %, 9,7 puntos superior a la media europea. Solo Rumania y Bulgaria la tenían superior a nosotros. Aunque en 2017 la cifra bajó al 28,3, seguimos en cifras muy altas que no nos
permitirán subir escalones en este indigno escalafón. El indicador de tasa de riesgo de pobreza es el que se utiliza convencionalmente por los organismos internacionales. Cuando nos detenemos en la situación de la infancia, no solo en comparación
con otros países sino con otros grupos de edad, volvemos a evidenciar que la situación es anómala. Los niños en España tienen una tasa superior a la de cualquier otro grupo de edad, debido a la vulnerabilidad especial que sufren los hogares con
niños a cargo y que se ha visto acrecentada en los años de la crisis. En España los hogares con incidencia más alta de pobreza son hogares donde hay niños, especialmente cuando están a cargo de un adulto solo, como ocurre en las familias
monomarentales, sobre todo, y en hogares de familias numerosas. La tasa de riesgo de pobreza no es el único indicador con el que se puede medir la vulnerabilidad. Ahora bien, se elija el indicador que se elija, encontraremos a los niños como el
grupo de edad de mayor vulnerabilidad -entiéndaseme que, por ahorrar tiempo, cuando digo niñas se entiende que me refiero a niños y niñas-. Desde hace años los niños encabezan dramáticamente los rankings de la tasa de riesgo de pobreza moderada,
alta y severa, que se definen en función de los umbrales monetarios por debajo de los cuales se considera un hogar en riesgo -el 60 % de la mediana de ingresos en el caso de la moderada, y el 40 y el 25 % respectivamente en la alta y severa- y
encabezan también otros indicadores de privación económica. El INE pregunta cada año a una muestra amplia de españoles por bienes básicos que no se puede permitir.


Los hogares con niños, junto a los hogares jóvenes, suelen situarse en los niveles más altos de carencia. A lo largo de los últimos años, niños menores de dieciséis y jóvenes entre dieciséis y veintinueve han presentado los valores más
altos en indicadores de carencia severa -privación de cuatro bienes considerados básicos- y de carencia alta -tres bienes básicos-. Los hogares con niños y niñas encabezan también un indicador de pobreza absoluta, que identifica a hogares que
tienen ingresos equivalentes a lo que gasta una familia de clase media en alimentación, calefacción y vivienda. Por si esto fuera poco, los niños sufren las experiencias de pobreza de forma particularmente prolongada. La duración de la pobreza
suele medirse como un indicador de riesgo de pobreza persistente que describe la proporción de personas cuyos ingresos disponibles equivalentes se encuentran por debajo del umbral de riesgo de pobreza en el año en curso y en al menos dos de los tres
años precedentes. Este indicador captura la situación de riesgo de pobreza que se enquista o cronifica y, por tanto, somete a las poblaciones vulnerables a condiciones de estrés económico continuado. En el periodo 2012-2015 el riesgo de pobreza
persistente entre menores de dieciocho años fue del 22,3 %, cifra muy superior a la que se observa en otros grupos de edad. Es decir, uno de cada cinco niños no solo se encuentra en un hogar en situación de vulnerabilidad económica, sino que en
estos hogares esta vulnerabilidad económica tiene un carácter duradero. En España se produce de forma acuciante un fenómeno que se ha detectado en bastantes países de rejuvenecimiento de la pobreza, en que los niños salen especialmente
perjudicados. Por eso, solemos decir que la pobreza ahora tiene cara de niño y niña.

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La pésima situación socioeconómica de la infancia en España ha sido apuntada reiteradamente en informes de entidades sociales, organismos internacionales y de la propia Unión Europea. Este mismo año España ha sido objeto de señalamiento,
por los elevados niveles de pobreza infantil y deficiente protección social de la infancia en los informes sobre el semestre europeo que realiza el departamento de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea. Como se pueden
imaginar, las implicaciones y consecuencias de este fenómeno son muy importantes. Hay varias líneas argumentales que muchos organismos internacionales, entidades sociales e instancias académicas se encargan de subrayar reiteradamente con el ánimo
de convertir la lucha contra la pobreza y la exclusión infantil en una prioridad política. Estas razones han sido esgrimidas por países que antes que nosotros han acometido con decisión este empeño o que en este momento, junto a nosotros, están
comprometidos en la mejora de la situación socioeconómica de la infancia. En este sentido, con la creación de este alto comisionado, el Gobierno atiende a estas buenas razones y prácticas desde el firme convencimiento de que luchar contra la
pobreza conviene desde muchos puntos de vista a nuestro país. Es una inversión social con importantes retornos para apuntalar un país más justo, que respeta los acuerdos internacionales que suscribe, que favorece la igualdad de oportunidades en la
vida, que fomenta la cohesión y mejora la convivencia y que sienta sobre bases sólidas la competitividad de nuestra economía.


Los argumentos bajo los que es posible justificar una apuesta por la inversión en la infancia son al menos cinco. Tienen que ver con la justicia social y la equidad, con la cohesión social, con la eficiencia y la competitividad, con la
solidaridad intergeneracional y con el impacto redistributivo de nuestras políticas. En primer lugar, es necesario invocar de forma urgente -por el impacto que tiene sobre las familias y los niños que la sufren- la justicia y la equidad. La
pobreza infantil es una experiencia injusta que compromete al bienestar presente de los niños y al futuro de unos individuos en proceso de conformación de sus facultades y capacidades. Los niños tienen derecho a una buena vida. La condición
infantil, que implica aspectos únicos de vulnerabilidad, inmadurez y dependencia, convierte a los niños en merecedores de un tratamiento normativo especial. En este sentido, en el artículo 27 de la Convención sobre los Derechos de la Infancia de
1989, que España suscribió en 1990, los Estados firmantes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de bienestar adecuado para asegurar su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, y obliga a ayudar a los padres y a otras personas
adultas responsables del tutelaje del niño a garantizar este derecho. Aceptar los contenidos de la convención supone un reconocimiento implícito como país de que existe un interés social de asegurar el bienestar infantil que sobrepasa el interés
privado de padres o familiares. No es posible hacer a los niños responsables de sus decisiones de la misma manera que se hace con un adulto, pero sí siguen la suerte de sus avatares. Más allá de esta lotería del nacimiento y a pesar de ser
individuos dotados de inteligencia, no tienen ninguna capacidad de maniobrar para corregir estas adversidades. A esto hay que añadir que los niños, a diferencia de los colectivos de adultos formados por personas con estas capacidades, tienen poca
capacidad de movilizarse. No disponen de plataformas que velen directamente por sus intereses ni pueden votar a opciones políticas más receptivas con sus necesidades. Entender esta posición de desvalimiento y hacerse cargo de las implicaciones y
de la especial situación de los niños es esencial en una sociedad que se compromete a promover la inclusión social. Este Gobierno ha entendido que solo empezando por garantizar derechos a los más débiles conseguiremos una sociedad más justa, y eso
en nuestro país pasa necesariamente por empezar por la infancia. Este va a ser un Gobierno valedor de la infancia. Esa es nuestra pretensión e intentaremos que esta sea la legislatura de la infancia, porque la infancia es el período formativo por
excelencia en la vida humana. Se trata de un periodo crucial del que dependen en gran medida los niveles de bienestar en términos de salud, de posición en el mercado de trabajo y de inclusión social que se disfrutarán en la vida adulta. La calidad
de las experiencias infantiles condicionará incluso el patrimonio más importante de cualquier ser humano: su tiempo de vida.


Las principales habilidades, competencias y cualidades personales que definen nuestras capacidades como adultos para funcionar como seres humanos han sido conformadas y nutridas en el periodo de la infancia. Vivir en un hogar con bajos
niveles de renta, en una vivienda en malas condiciones o estar expuesto a una nutrición inadecuada durante la infancia influye negativamente en la salud de las personas muchos años después de que estas situaciones se originen, especialmente cuando
las situaciones afectan durante tiempo prolongado, como en el caso de la pobreza persistente. También influyen en el desarrollo de las actitudes cognitivas, en los resultados educativos o en la proclividad a comportamientos asociales. En este
sentido, la pobreza infantil no solo condena a los individuos a vivir en condiciones menos deseables de bienestar -quizás incluso indignas- en una etapa de su vida, sino que es un hándicap

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corrosivo que en sentido longitudinal también afecta a su devenir como individuos y les impide disfrutar de las oportunidades de progreso que tienen a su alcance otros niños que viven en otras condiciones. Es el afloramiento de las
desventajas. En el terreno de la educación, por ejemplo, las experiencias de pobreza infantil incrementan el riesgo -en forzada expresión anglosajona- de permitir que los niños queden atrás o, dicho de otra manera, de permitir que la aleatoriedad
del nacimiento en un hogar desfavorecido pueda traducirse en una probabilidad muy elevada de desengancharse del proceso de aprendizaje, concebido en las democracias modernas como un derecho fundamental de la ciudadanía a ser equipada con un conjunto
de capacidades y facultades que permiten conducirse en la vida de manera funcional y autónoma. El fracaso escolar es un problema complejo que comienza a incubarse mucho antes de que el estudiante no pueda o no quiera alcanzar los objetivos
escolares. Las semillas del fracaso escolar se encuentran muy a menudo en experiencias de adversidad o en carencias sociocognitivas de los niños en el momento de iniciar su etapa de escolarización obligatoria, que limitan ya en ese momento su
capacidad de seguir los ritmos de aprendizaje de la mayoría e imposibilitan la integración óptima en las dinámicas disciplinarias y pedagógicas previstas para la instrucción escolar.


Los efectos de la pobreza sobre los resultados educativos en la infancia tienen, asimismo, consecuencias importantes en la vida adulta de estos niños. La vida que tiene por delante un joven que sale prematuramente del sistema educativo se
ve condicionada por la decisión tomada por el tutor o la tutora legal en un momento temprano de su biografía en que la sociedad todavía no lo considera totalmente maduro y responsable para ejercer la ciudadanía plena. Estos acontecimientos
incrementan notablemente los riesgos de exclusión social en la vida adulta, cuando las carencias de formación y credenciales son más difíciles de revertir. Es muy difícil recuperar el terreno perdido y alcanzar como adulto la formación y las
habilidades que no se obtuvieron por no disponer de oportunidades para adquirirlas en la infancia. Por otra parte, mantener niños en situación de pobreza significa comprometer seriamente la posibilidad de que vean recompensados sus talentos
naturales y sus esfuerzos. Si lo miramos desde la vertiente meritocrática, supone poner en cuestión valores nucleares que conforman parte del ADN del sistema educativo de nuestra sociedad y que presuponen que todo mundo merece oportunidades para
llegar tan lejos como sus talentos y su esfuerzo le puedan llevar. Por lo tanto, invertir en la infancia y, en particular, en la lucha contra la pobreza infantil es un empeño de las instituciones europeas y de muchos partidos progresistas en
Europa. Este Gobierno tiene el propósito de contribuir a construir una sociedad inclusiva donde la prosperidad económica vaya de la mano de la justicia social. No dejar a nadie atrás, como antes apuntaba, es el objetivo multidimensional sobre el
que estamos trabajando ya en diversos frentes: en el ámbito sanitario, universalizando el acceso al Sistema Nacional de Salud y combatiendo las desigualdades; en el mercado de trabajo, luchando contra la precariedad y dignificando los salarios
mínimos; y en educación, recuperando los niveles de inversión afectados por los recortes -con especial énfasis a favor de colectivos económicamente vulnerables-, favoreciendo el acceso a la educación no obligatoria tanto en la escuela de cero a
tres años como en la universidad a través de becas, apostando por apoyar la educación continua en el verano para evitar que el llamado olvido veraniego les afecte y potenciando las actividades educativas y de ocio educativo, como hemos recogido en
el Programa VECA. Por todas estas razones, combatir decididamente la pobreza infantil y sus consecuencias es un principio de justicia social que el Gobierno asume como ideológicamente nuclear.


La segunda línea argumental que justifica otorgar a la lucha contra la pobreza infantil un lugar prioritario es su papel en la definición de la cohesión social. Es esencial recordar que la atención a la infancia en situación de pobreza
beneficia al conjunto de la sociedad. Sobrepasa el impacto individual, como lo podríamos catalogar en el ámbito de la justicia social, para implicar al conjunto de la sociedad. Una sociedad que tolera fenómenos de pobreza y exclusión social en la
infancia es una sociedad que edifica su arquitectura social sobre bases problemáticas. Los recursos financieros de las familias son clave en la reproducción de las ventajas o desventajas sociales, y lo son más cuanto más desiguales son las
sociedades. Una sociedad desigual es una sociedad donde las oportunidades de movilidad social se reducen y las familias con más recursos aseguran en todo caso que sus hijos ocupen posiciones sociales más deseables. En este sentido, dotar de
recursos a las familias vulnerables con niños y niñas y comprometerse con niveles de igualdad o de oportunidades compensatorias por medio de servicios públicos no es solo una forma de combatir las experiencias de pobreza y las consecuencias
individuales, sino que es también un dispositivo de cohesión que permite reforzar una ética de la oportunidad social que abre horizontes y perspectivas para un espectro amplio de la sociedad y favorece así el sentido de eficacia personal desde los
niveles más bajos de confianza social y de menor participación en la política.

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Las raíces de buena parte de los problemas descritos en las sociedades desiguales encuentran en las experiencias su afiliación y su sentido de pertenencia. Reducir desigualdades y fracturas sociales que se manifiestan ya en edades tempranas
es, en este sentido, una buena manera de mejorar la calidad de nuestro entorno social y, consecuentemente, la calidad de nuestra experiencia colectiva como miembros de una sociedad. Lo expresaba de manera muy ilustrativa el ministro de Economía, y
luego primer ministro británico, Gordon Brown, cuando se refería a las medidas de la lucha contra la pobreza infantil introducidas por el Gobierno Blair. El abordaje -decía- de la pobreza es la mejor política contra las adicciones, la mejor
política para la seguridad ciudadana y la mejor política de lucha contra la privación en nuestro país. Y también en el ámbito colectivo. La irrupción episódica de disturbios urbanos protagonizados por jóvenes en diversos países europeos ha puesto
de manifiesto la necesidad de combatir la pobreza infantil y juvenil en entornos desfavorecidos, para evitar que la marginación social y las expresiones de antagonismo social y étnico lleguen a desembocar en formas descontroladas de violencia en
algunos países, como pudimos comprobar en años recientes.


El crecimiento de la pobreza ocasiona el crecimiento de bolsas de individuos que viven en pobreza y marginalidad desde la infancia, situaciones que se han relacionado también con el riesgo de calidad y estabilidad de la democracia. Los
sistemas democráticos, que toleran la reproducción de desigualdades intergeneracionales, están creando sociedades fracturadas, donde los privilegiados tienen más oportunidades para hacer prevalecer sus intereses a través de la participación
política, mientras su voz y las demandas de colectivos menos favorecidos quedan silenciadas o al menos no tiene las mismas ventanas de oportunidad. En este tipo de sociedades los individuos que han experimentado exclusión a lo largo de toda su vida
pueden convertirse en una masa atomizada y acrítica, susceptible de ser fácilmente manipulable por mensajes populistas y presa de campañas de desafecciones mediante las recientemente conocidas como fake news. El Gobierno entiende que la
regeneración democrática de nuestra sociedad, que favorezca la complicidad de los ciudadanos con sus instituciones políticas, el compromiso solidario y la participación pasa, necesariamente, por frenar y revertir las tendencias al aumento de la
desigualdad, atacando las formas más insidiosas como la cronificación de la pobreza y la reproducción intergeneracional de la desigualdad.


Razones de eficiencia y competitividad como país. Una tercera línea argumental para justificar la lucha contra la pobreza infantil enfatiza aspectos de eficiencia y competitividad. Aunque suene paradójico, la pobreza infantil tiene muchos
costes económicos tanto para el erario público como para las economías. Se trata, normalmente, de un coste diferido. Los discursos sobre la eficiencia se apoyan en evidencias que demuestran que los individuos que atraviesan situaciones de pobreza
en la infancia tienen un riesgo más alto de abandonar los estudios prematuramente y, por tanto, acumulan menos capital humano; tienden a experimentar más dificultades de desinserción laboral y menor movilidad laboral ascendente; sufren peor salud
a lo largo de sus vidas y tienen una probabilidad más alta de verse envueltos en problemas con la policía con comportamientos en el borde de la legalidad y, por tanto, problemas con el sistema penal.


Desde este punto de vista, la agregación de estas experiencias individuales produce efectos indeseables a nivel macroeconómico. Las altas tasas de repetición y abandono escolar prematuro entre niños de entornos desfavorecidos suponen una
capitalización social subóptima de su talento natural. En condiciones más propicias habrían obtenido mejor rendimiento educativo. En el extremo opuesto, los hijos de clases acomodadas peor dotados para los estudios se benefician de inversiones
familiares desproporcionadas para su talento y, por tanto, asignadas de forma, diríamos, ineficiente para asegurar la reproducción social a través del éxito educativo. Una fuerza de trabajo con escasa preparación y aspiraciones educativas limitadas
perjudica la productividad de un país -y más en el momento actual, donde está cambiando de forma tan rápida nuestro sistema productivo-, su capacidad de competir en la economía del conocimiento y, por tanto, compromete los horizontes de crecimiento
económico a largo plazo. Además, las dificultades de inserción laboral de los jóvenes con escaso capital humano conlleva costes importantes al erario público, que se acumulan a lo largo de la vida debido a los mayores riesgos que tienen de sufrir
paro a lo largo de sus carreras laborales; que con mayor probabilidad experimenten problemas sociales ligados a la situación laboral adversa -precariedad, residencial, salud mental, adicciones, etcétera- y que tengan que recurrir a servicios y
ayudas públicas. A todo esto hay que añadir los ingresos que dejan de producirse en el erario público como consecuencia del escaso valor de las contribuciones fiscales que realizan personas con trayectorias educativas más cortas.


Una segunda fuente de cargas fiscales derivadas de la pobreza infantil son las sanitarias. El impacto negativo de la pobreza sobre la salud infantil en formas de mayor incidencia de bajo peso al nacer, de

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mayor frecuencia de afecciones crónicas o tasas de accidentabilidad más altas, repercute de manera importante sobre el gasto sanitario, tanto a corto como a largo plazo. Los principales efectos de patologías que se adquieren en la infancia
y se arrastran a través del tiempo, como la obesidad, por citar alguna, suelen presentarse en la vida adulta y representan, por tanto, horas perdidas de trabajo y subsidios de enfermedad, asistencia sanitaria, etcétera. Todos estos datos los
podemos comprobar en el módulo de salud recogido en la reciente encuesta de condiciones de vida.


En tercer lugar, se han señalado los costes de pobreza infantil ligados a las conductas asociales y criminales. Hay abundantes evidencias que asocian experiencias de adversidad económica con la aparición de problemas de comportamiento, de
conductas al borde de la legalidad y, por tanto, delictivas o con tendencia a caer en el delito. Los costes financieros asociados a la gestión de estos problemas suelen ser enormes, tanto en cuanto a servicios sociales específicos que intervienen
en estos procesos como los relacionados con el control policial y penal. Se ha estimado que en Estados Unidos, que suele medir casi todo, la pobreza infantil sobrepasa el 15 % del producto interior bruto, con una distribución que va del 1,5 % a
costes provocados por la disminución de la productividad y del valor añadido, el 1,3 % se atribuye a los incrementos de la actividad delictiva, el 1,2 % a costes derivados del aumento del gasto sanitario, etcétera.


En cuanto al argumento a favor de la inversión social contra la pobreza infantil, además de estos relatados, tenemos que considerar la solidaridad intergeneracional. Aquí conviene destacar que España ha sido un ejemplo de solidaridad
intergeneracional, especialmente de las generaciones más jóvenes con sus mayores. Primero, a través del sistema de pensiones y después mediante la articulación de la Ley de la Dependencia. Sin embargo, hemos sido poco previsores con la infancia y
el riesgo de pobreza en los niños es el doble que en mayores de sesenta y cinco años en nuestro país, y la carencia material severa afecta aún más s los primeros que a los segundos. Comparativamente, hemos prestado poca atención a los niños. Es
una tendencia que se observa en buena parte del mundo desarrollado pero que en España ahora aparece exageradamente alta. Son bastantes los países que están intentando equilibrar la atención que prestan a colectivos situados en diferentes tramos de
edad, sin menoscabar derechos adquiridos, por supuesto, por otros tramos de edad. Una prueba de esta preocupación de justicia intergeneracional es el creciente uso de indicadores para medirlo que se incluyen ya de forma sistemática. Uno de los más
conocidos es el índice de justicia intergeneracional del índice de justicia social europeo que lleva a cabo la Fundación Bertelsmann. España queda en el lugar veintiuno de veintiocho países, lo que es consecuencia de la escasa inversión en las
familias. Según los datos de Eurostat, dedicamos 1,3 % del producto interior bruto al gasto público destinado a políticas de familia, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en el 2,4. El gasto que dedicamos a transferencias monetarias
en el programa como transferencias por hijo a cargo es especialmente bajo. Resulta imperativo cerrar esta brecha, que es especialmente anómala en los capítulos de gasto presupuestario. España debe de invertir más en programas específicos para las
familias y la infancia, especialmente las más vulnerables.


Un quinto eje de prioridades que justifican estas decisiones es el impacto redistributivo. Es previsible que las inversiones en infancia tengan un impacto redistributivo. A pesar del notable desarrollo del Estado del bienestar en España en
las últimas décadas, una gran asignatura pendiente aún es el escaso impacto redistributivo de algunas de sus políticas sociales, singularmente las que afectan a menores, como se ha advertido en distintos informes internacionales y trabajos
académicos; en lo que se refiere a transferencias monetarias, España tiene una escasa capacidad de corregir las desigualdades. La crisis ha puesto de relieve esta escasa capacidad y también la capacidad para proteger las capas de población más
desfavorecidas en estos momentos de estrés social. Como han puesto de manifiesto muchos informes y trabajos académicos, la crisis empobreció fundamentalmente a los más pobres, siendo cada vez más entre menores, donde se agudizó particularmente esta
situación. Durante los años de crisis las familias con menores ingresos y con menores a cargo se vieron a menudo abocadas a una situación de desprotección o de infraprotección. Por tanto, se requiere corregir esta situación anómala y es necesario
invertir en programas de impacto redistributivo importante, en este caso en infancia, especialmente si las iniciativas van encaminadas a corregir esta situación de la infancia vulnerable. España debe de salir de esa situación de cola y dejar de ser
uno de los países de la Unión Europea -más aún si medimos los Quince- con menor capacidad de reducir la pobreza infantil a través de transferencias monetarias. Además, luchar contra la pobreza, erradicar el hambre y combatir la desigualdad son
objetivos del programa de Naciones Unidas de Objetivos de Desarrollo Sostenible para la Agenda 2030. Sabrán que la consecución de los diecisiete objetivos mundiales son retos para este Gobierno, asunto para el que

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también ha creado un alto comisionado. En este sentido, el cumplimiento de los objetivos, uno, que se refiere a la disminución de la pobreza, y diez, que se refiere a combatir la desigualdad, requieren especial atención por parte de España,
como se ha puesto de manifiesto recientemente en la Fundación Bertelsmann sobre el cumplimiento de los objetivos de la Agenda 2030, que pone de manifiesto la necesidad de que España ponga el énfasis en estos dos objetivos. En definitiva, esta
situación requiere de actuaciones dirigidas a mejorar el impacto redistributivo y adoptar medidas que eviten impactos negativos en la infancia en momentos críticos de su devenir vital. Nuestro enfoque se estructura, por tanto, en torno a tres
grandes ejes estratégicos.


Esta situación de la infancia en nuestro país que acabo de describir, su impacto en momentos críticos para los niños y niñas que la sufren, las consecuencias para la sociedad actual y los riesgos para el futuro aconsejan adoptar medidas para
combatirla y atajarla y que podemos sintetizar en tres grandes líneas de actuación. Combatir la pobreza infantil, la primera y más importante, derivada de la situación de desigualdad de rentas generadas por el mercado, así como la escasa eficacia
redistributiva de las políticas públicas en los hogares con niños. Una medida que consideramos eficaz para lograrlo es la introducción de lo que llamamos una garantía de ingreso mínimo vital que incremente las transferencias por hijo a cargo y
asegure una garantía de ingresos a las familias que viven con carencias severas, con un diseño de estos mecanismos que sea de la mayor eficiencia para reducir la desigualdad y saque a estas familias y a estos niños de esa situación de precariedad.
El segundo eje serán medidas dirigidas a romper el ciclo de reproducción de las desventajas, combatiendo la cronificación de la pobreza, su transmisión intergeneracional y el bloqueo del ascenso social. Y el tercero, atender situaciones concretas y
específicas de privación, en particular aquellas que tienen un mayor impacto en el desarrollo de las capacidad y las oportunidades vitales para niñas y niños.


Atender todas estas cuestiones es una labor que debe afectar e implicar al conjunto de la sociedad española. Por eso, consideramos que debe de partirse de una actuación cooperativa con las administraciones sectoriales implicadas, pero
también con las comunidades autónomas y las corporaciones locales, especialmente en las garantías de equidad en los servicios públicos y de medidas específicas para situaciones de necesidad. Y también, por supuesto, aunar los esfuerzos y recursos
del conjunto de la sociedad, tanto los provenientes del tercer sector, especialmente de las organizaciones dedicadas a la infancia, como también la responsabilidad social empresarial, alineando todos estos objetivos de recursos, unos que ya se están
destinando y otros que habrá que intentar lograr y aportar para estos fines y conseguir llegar a los puntos más estratégicos de necesidad que actualmente sufren niños y niñas de nuestro país; por tanto, implicando al conjunto de las
administraciones públicas, a las empresas, asociaciones, medios de comunicación y a la ciudadanía en una gran alianza contra la pobreza infantil que erradique esta lacra de nuestro país.


Paso finalmente a relatarles de manera breve la estructura del alto comisionado recientemente creado. Quiero decirles que la estructura institucional del Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil es extremadamente ligera.
Es intención del Gobierno no generar nuevas estructuras administrativas ni, por supuesto, dotarlo de programas presupuestarios propios. Tanto la Administración General del Estado como las comunidades autónomas y corporaciones locales tienen ya sus
estructuras administrativas y sus presupuestos disponibles. Por tanto, no ejecuta programas de manera directa. Su papel es esencialmente el de dinamizador de iniciativas que combatan tanto las circunstancias que dan origen a la pobreza infantil
como las consecuencias de las mismas cuando esta ya se ha materializado. A través del análisis de la pobreza, sus orígenes, mecanismos de reproducción, efectos y consecuencias, planteamos iniciativas que sensibilicen al conjunto de la sociedad
sobre este grave problema. Además de mí misma, como alta comisionada, la dotación específica del Alto Comisionado para la Lucha Contra la Pobreza Infantil es de cinco personas, procedentes todas ellas del ámbito académico, con un amplio bagaje y
experiencia en el análisis de políticas públicas en general y en las políticas sociales y de infancia en particular. Las funciones del alto comisionado quedaron establecidas en torno a seis ejes principales, que paso brevemente a esbozarles.


El primero de estos ejes de actuación plantea la necesidad de establecer instrumentos de planificación y seguimiento de las políticas públicas existentes en nuestro país, con el objetivo de luchar contra la pobreza infantil y sus
consecuencias. Como hemos señalado anteriormente, el problema de la pobreza infantil reviste una enorme importancia y hasta la fecha no ha recibido la atención social y política que precisa. Pese a esto, es posible identificar una serie de
iniciativas que los distintos niveles de las administraciones públicas, desde la Unión Europea y el propio Gobierno central como desde las

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comunidades autónomas y los municipios, han puesto en marcha en los últimos años. Nuestro propósito es recopilar evidencia empírica sobre la eficacia y el impacto de estas iniciativas, de modo que en el marco de la distribución competencial
que caracteriza nuestro Estado autonómico facilitemos la puesta en práctica de dinámicas de intercambio de experiencias y aprendizaje mutuo que redunden en la maximización de los recursos destinados a luchar contra la pobreza entre los menores.
Esta tarea se realizará en colaboración con las instituciones autonómicas y locales dedicadas al estudio de la situación de las familias y la infancia. De igual modo, trabajaremos activamente para establecer canales de comunicación y colaboración
con las entidades del tercer sector que trabajan con la infancia para compartir información, experiencias, diagnóstico y elaborar propuestas de intervención conjunta. Con este objetivo, en los próximos meses celebraremos una cumbre con el mundo
asociativo que se dedica a aunar esfuerzos para luchar contra la pobreza infantil. Este foro servirá para coordinar y aunar esfuerzos y será un espacio de visibilización del importante trabajo realizado por este tipo de organizaciones. Permitirá
también intercambiar, como decía, experiencias y conocimientos entre todos los actores implicados en este ámbito, a la vez que servirá de plataforma de concienciación social. Aquí quiero hacer énfasis porque, honestamente, se está percibiendo un
cierto negacionismo sobre esta realidad en nuestro país y por eso quise al inicio de la intervención poner encima de la mesa todas las evidencias que demuestran esta situación por mediciones perfectamente contrastadas y acordadas a nivel
internacional. Con este propósito, pretendemos colaborar activamente con las principales instituciones generadoras de datos estadísticos, que nos permiten aprender la evolución de fenómenos sociales tan complejos como la desigualdad y la pobreza.
En este sentido, hemos establecido y continuaremos estableciendo vínculos con el Centro de Investigaciones Sociológicas con objeto de mejorar los instrumentos de recogida de información y análisis acerca de la situación socioeconómica de los hogares
con niños, así como de las actitudes y opiniones del conjunto de la ciudadanía respecto a las políticas dirigidas a estos colectivos. De igual modo, hemos iniciado ya contactos con el Instituto Nacional de Estadística para explorar las
posibilidades de diseñar y aplicar módulos específicos sobre la infancia en las distintas encuestas elaboradas por este organismo, principalmente en la encuesta de población activa y, por supuesto, en la de condiciones de vida y de presupuestos
familiares. Pretendemos desarrollar también nuevos instrumentos para recopilar evidencia empírica que nos permitan evaluar las medidas puestas en marcha en distintas fases de su despliegue y su impacto final en forma de indicadores de bienestar de
las poblaciones a las que van destinadas dichas iniciativas. Con objeto de ampliar nuestra capacidad de análisis, necesariamente limitada dado nuestro reducido tamaño, planteamos -la hemos iniciado ya- la colaboración con otras instituciones
dedicadas a análisis, evaluación de datos y resultados y sus efectos en las políticas públicas, incluyendo la política fiscal, elemento muy importante, los programas de protección social del Estado de bienestar, etcétera, como la Airef o el
Instituto de Estudios Fiscales.


El tercer eje de actuación establece el objetivo de proponer medidas e iniciativas específicas contra la pobreza infantil en los distintos departamentos ministeriales y en sus respectivos ámbitos de competencia. Así, por citar tan solo
algunas iniciativas que ya han sido puestas en marcha, el programa VECA, de ocio educativo y comedores durante las vacaciones escolares, fue diseñado en el alto comisionado e implementado a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar
Social, en colaboración también con las comunidades autónomas y la FEMP, con la que hemos mantenido importantes contactos para recabar sus experiencias, que en muchos ayuntamientos han sido interesantísimas, sobre estas actividades de verano. Con
el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación se está colaborando en la respuesta del Estado español al examen periódico universal, así como, por supuesto, con el Ministro de Hacienda en el cálculo del impacto sobre la infancia de los
Presupuestos Generales del Estado. Con el Ministerio de Educación y Formación Profesional se está trabajando también para poner en marcha medidas que permitan la expansión de la cobertura del ciclo de la escolarización infantil, especialmente en la
etapa no obligatoria de 0 a 3, como manifesté anteriormente en la exposición, así como para recuperar programas similares al PROA u otro tipo de prevención del abandono escolar y de acompañamiento y refuerzo educativo para los estudiantes con
problemas de aprendizaje en centros de especial complejidad social.


El cuarto eje de actuación se centra en la elaboración de análisis y estudios sobre la desigualdad y la pobreza en España. Con objeto de avanzar en la consecución de este objetivo, hemos puesto en marcha una unidad de monitorización de los
datos estadísticos sobre desigualdad y pobreza infantil. Los resultados de estos análisis nos sirven de base para fundamentar los programas de actuación planteados por el alto comisionado a las diferentes administraciones públicas, con las que
interactuamos para avanzar en la

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lucha contra la pobreza infantil de la forma más eficaz posible. Estos análisis nos servirán también para trasladar a la ciudadanía datos e informes que describan la situación con rigor y transparencia y para sumar los medios de
comunicación a los esfuerzos de concienciación de la sociedad en su conjunto acerca de la gravedad de los problemas que pretendemos combatir. La página web en la que estamos trabajando del alto comisionado constituirá una herramienta de gran
utilidad a la hora de hacer llegar a la ciudadanía información rigurosa y actualizada acerca de las diferentes dimensiones de la pobreza que afectan a la población infantil en nuestro país.


En quinto lugar, el mandato que guía nuestra actuación establece también la necesidad de impulsar la actuación de la Administración General del Estado en el ámbito de sus competencias y de establecer relaciones de colaboración y cooperación
con las administraciones territoriales, con las que hemos iniciado ya alguna experiencia, como relaté anteriormente. En este sentido, nuestro objetivo es proporcionar información a los distintos ministerios competentes para que, a través de su
participación en las diferentes conferencias sectoriales en las que se abordan situaciones que incumben a la infancia, puedan incluir en la agenda política la necesidad de luchar tanto contra la pobreza como contra sus efectos. De igual modo,
pretendemos establecer interlocución con las consejerías autonómicas de forma más directa para asuntos puntuales, como hemos hecho en el caso del programa VECA. En este momento, estamos trabajando también con la Federación Española de Municipios y
Provincias para potenciar la actuación de las administraciones locales en el ámbito del bienestar de la infancia y, en particular, en las iniciativas que pretenden facilitar, por ejemplo, la vuelta al cole, ahora que estamos en estas fechas, a las
familias trabajadoras que tienen especiales dificultades y que se encuentran en una situación más desfavorecida.


El sexto y último objetivo establecido para el funcionamiento del Alto Comisionado plantea nuestra responsabilidad en el estudio del estado de protección de la infancia en consonancia con la Convención sobre los Derechos del Niño y con el
resto de acuerdos internacionales suscritos por nuestro país sobre la infancia, a los que la propia Constitución española, en su artículo 39.4, nos obliga. En este sentido, nuestro empeño se centra en visualizar las obligaciones contraídas por
nuestro país, tanto en los acuerdos internacionales suscritos como en la propia Constitución española, como avanzaba.


En la esfera internacional, aspiramos también a encontrar inspiración para el desarrollo de nuestras propuestas de actuación contra la pobreza infantil, para lo que pretendemos establecer contactos -con algunos ya lo hemos hecho- con otros
organismos equivalentes, similares a este alto comisionado existentes en otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia. Aspiramos también, por último, a influir en los debates desarrollados en el seno de las instituciones europeas
para lograr una mayor implicación de las mismas en la lucha contra la pobreza infantil, ya sea a través del establecimiento de una especie de garantía infantil, similar a la juvenil ya existente, tal y como ha propuesto el Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas en el Parlamento Europeo, o bien a través de la reserva de un porcentaje de los recursos financieros del Fondo Social Europeo Plus, que se está negociando en estos momentos y que debería entrar en vigor a
partir de 2021 para luchar contra la pobreza infantil. (La señora vicepresidenta, Bolarín Sánchez, ocupa la Presidencia).


Termino, y pido disculpas por la extensión. Tenemos un enorme reto por delante, el reto de movilizar recursos colectivos y comprometer a toda la sociedad para abordar un problema de primera índole que afecta a dimensiones estructurales de
la organización económica de nuestro país y de su sistema de protección social. Para ello, será esencial poner el foco en los perfiles del problema, concienciar a la sociedad sobre lo que nos jugamos y tejer complicidades con la sociedad civil y en
el ámbito político. Para luchar contra la pobreza infantil no sobra nadie. Este alto comisionado quiere trabajar con las entidades sociales que siempre han prestado a pie de trinchera en la lucha contra la pobreza infantil; con las organizaciones
de la sociedad civil que han descubierto recientemente la magnitud del problema y con las organizaciones que puedan descubrirla, gracias a la labor de sensibilización y de visualización de esta situación; con los medios de comunicación; con las
pequeñas, medianas y grandes empresas comprometidas con el bienestar de la sociedad; con los distintos niveles de la Administración pública; con los grupos parlamentarios, especialmente con esta Comisión, representados en las Cortes Generales.
Este comisionado es plenamente consciente de la necesidad de que este sea concebido como un reto de país y exige compromiso, ambición y altura de miras de todos y cada uno de los ciudadanos.


Muchísimas gracias por su atención y su paciencia. (Aplausos).


La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora alta comisionada, por su intervención.

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En primer lugar, interviene, por un tiempo de siete minutos, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra la señora García Puig, que va a compartir el turno con la señora De la Concha
García-Mauriño. Tienen siete minutos entre las dos.


La señora GARCÍA PUIG: Muchísimas gracias.


En primer lugar, quiero agradecer la presencia aquí hoy de doña Luisa Carcedo. Estamos de acuerdo en que la pobreza infantil es un tema urgente y fundamental y el Gobierno no puede perder ni un segundo, así que esperamos que esta
comparecencia sea un buen presagio de lo que está por venir.


Ha dado usted una relación de los datos sobre pobreza infantil en nuestro país que son realmente espeluznantes y que, en resumen, lo que nos dicen es que no solo hay niños y niñas pobres, sino que cada vez son más pobres. Quienes viven en
situación de pobreza severa han pasado de ser el 12 % en 2008 al 16,7 %, según los últimos datos de los que disponemos. Pese a estos datos, la inversión en infancia en absoluto ha estado a la altura de la situación por parte del Gobierno del Grupo
Popular. Según los datos de gasto en protección social ofrecidos por Eurostat, el gasto en función de la familia y la infancia suponía en 2014 un 2,3 % del PIB de la Eurozona. En nuestro caso ese porcentaje solo llegaba al 1,3 % en ese mismo año.
Si queremos cumplir con la Estrategia Europa 2020 respecto a educación o reducción de la pobreza o al conjunto de los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 es imprescindible que aumente esta inversión en infancia.


Usted ha dicho que esta legislatura -lo que queda de ella- va a ser la legislatura de la infancia, sin embargo, en su exposición hemos echado de menos un plan de acción concreto, medidas concretas, calendario y que nos hable claramente de
qué presupuestos están previstos para la ejecución de estas acciones concretas respecto a la infancia. Después de la inoperancia y la dejadez del anterior Gobierno, esperamos un compromiso claro y un compromiso firme que tiene que manifestarse en
datos, en cifras, en fechas y en calendario. ¿Hay previsiones concretas para acercarnos a la inversión de los países de la eurozona? Si es así, ¿cuáles son estas previsiones, cuáles son estas acciones, cuáles son las propuestas? Es fundamental
-diversas manifestaciones de la sociedad civil ya han manifestado esta necesidad- que los Presupuestos Generales del Estado incluyan un informe detallado sobre el impacto en la infancia de los presupuestos. Esperamos que en esto la alta comisionada
mantenga una posición firme y exija este informe sobre el impacto en infancia. Como decía, la sociedad civil que trabaja en la infancia y asociaciones como la Plataforma por la Infancia o Unicef han reclamado la necesidad de este estudio de impacto
y además han puesto al servicio de esta Cámara y al servicio del Gobierno herramientas para realizar dicho estudio sobre el impacto en la infancia de los presupuestos.


Pensamos que en su comparecencia no ha propuesto, por el momento, acciones concretas y, sin embargo, sí que ha realizado algunas valoraciones que nos preocupan. Por ejemplo, nos preocupa el énfasis que ha puesto en distinguir a los niños y
a las niñas con talento de los niños y las niñas sin talento. Por ejemplo, ha hablado incluso de meritocracia en la infancia y tengo que reconocer que personalmente me produce cierto miedo esta aplicación a la infancia de un lenguaje e incluso de
una ética de la competitividad que tiene reminiscencias neoliberales. Esperamos otro enfoque del Gobierno del Partido Socialista. También hemos visto, entre las generalidades en las que ha consistido su intervención, un enfoque totalmente
adultocéntrico. Tenemos en cuenta a los niños y niñas solo por la persona adulta en que se va a convertir o, por ejemplo, por los costes que puede tener la pobreza infantil cuando estas personas sean adultas y no por lo que son ya en su infancia,
por lo que son ya los niños y las niñas. Esperamos una visión de la infancia por parte de la alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil más innovadora, más ambiciosa y más valiente.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora García Puig.


Tiene la palabra la señora De la Concha García-Mauriño.


La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Buenos días. Bienvenida a esta comparecencia que habíamos solicitado y que posteriormente usted misma solicitó.


Para el Grupo Confederal la infancia es un tema troncal y quizá el más importante de todos, con lo que esperamos tener una colaboración intensa y productiva con este comisionado. Como decía mi compañera, que ha vuelto a repetir los datos
que ya todos conocemos, y que por desgracia los hemos oído aquí muy repetidamente, de lo que se trataría es de garantizar que todos nuestros niños y todas nuestras niñas tengan una infancia que merezca la pena ser vivida, la infancia que desearíamos
para cualquiera de

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nuestros hijos, de nuestros bebés y de nuestras adolescentes. Creo que ese es el marco, una infancia que merezca la pena ser vivida. No importa lo que pase luego, no importa el talento que tenga, la identidad sexual que tenga, a qué etnia
pertenezca, si he llegado en una patera, si he nacido en un pueblo rural, si tengo solo madre o si me crió mi abuela; una infancia que merezca la pena ser vivida.


En este país llevamos cuarenta años de democracia y los niños y las niñas, si tuvieran voz, que no tienen, dirían: ¿qué habéis hecho que habéis conseguido que el 30 % de nosotros estemos fuera de esta infancia que todo el mundo quisiera
tener para sus propios hijos? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que no se ha invertido? ¿Cómo es que no se ha priorizado? ¿Cómo es que tenemos estos índices ridículos de inversión? ¿Cómo es que países como Rumanía y
Bulgaria están por encima de nosotros? Además, en esos países habría que ver si tiene relación también con el mundo rural, que ahí todavía es muy presente. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué va a pasar a partir de ahora?


En estas comparecencias que tenemos en la Comisión de Infancia constantemente todos conocemos las cifras, vienen cantidad de organizaciones y hablamos del tema una y otra vez, pero la pobreza infantil sigue creciendo y es cada vez más
acusada, cada vez hay más diferencias, cada vez hay más niños que están en un corralito con un pañal sucio viendo la televisión; a lo mejor tiene solo un año y su madre cruza una ciudad para ir a cuidar otros niños que, esos sí, tienen jardín, que
tienen música y tienen acceso a la belleza y a esa vida que todos querríamos. No se trata de más palabras, ya que en las palabras podemos coincidir, aunque no en todas, pero en muchas sí. No se trata de eso, sino de hechos. Ahora tenemos unos
presupuestos, tenemos unas comunidades autónomas asfixiadas, tenemos unos ayuntamientos sin recursos, algunos haciendo unos esfuerzos tremendos y algunos han tenido ciertos éxitos. ¿Qué va a pasar con los niños de 0 a 3 años? Llevamos insistiendo
en este tema un montón. Todos sabemos que ahí empieza la desigualdad, que ahí se acaba la equidad y que muchos de esos niños ya están condenados. Sabemos que de cada diez niños pobres ocho serán adultos pobres, con lo que todo eso conlleva.
¿Vamos a hacer algo esta vez? ¿Cuáles son las cifras? Esas son las preguntas.


La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora De la Concha, por su intervención.


Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet, del Grupo Mixto.


La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, senyora presidenta.


Gracias por su exposición, señora alta comisionada, y gracias por habernos expuesto también, como ya han dicho las compañeras, los datos porque, aunque los conocemos, siempre está bien recordar cuál es la situación tan precaria que tenemos
en el tema de pobreza infantil y que somos uno de los Estados con un riesgo de pobreza infantil más elevado; además, en los últimos años los recortes no han ayudado a eliminar esta desigualdad, sino que la han agravado aún más. La verdad es que
necesitamos empezar a hacer políticas valientes y políticas que realmente empiecen a atajar este problema porque es realmente injusto que condenemos a niños y niñas a la pobreza y a la falta de recursos por el simple hecho de nacer en una familia
pobre.


Usted ha hablado mucho de educación, que está bien, de algunas campañas centradas en educación para la prevención de la pobreza infantil, y evidentemente nos parecen acertadas, pero por ejemplo le ha faltado nombrar, desde nuestro punto de
vista, una ley educativa en la cual aparece antes la palabra competitividad que la palabra derecho; por ejemplo, una ley educativa que pretende mantener las desigualdades y suplir las necesidades del mercado en lugar de convertir la educación en un
derecho universal que realmente pueda ayudar a mejorar la situación de algunas personas. También hemos echado en falta en su exposición la necesidad de invertir en rentas de inserción, de invertir al final en poder paliar las situaciones que
tenemos en este momento. Está bien prevenir, evidentemente, es la primera línea de actuación fundamental para que a largo plazo hablemos de otras cifras totalmente diferentes cuando nos refiramos a la pobreza infantil, pero también hay que invertir
en paliar las situaciones actuales, porque los niños y las niñas que actualmente son pobres y que han nacido en una familia pobre necesitan de actuaciones concretas y que les ayuden a vivir el día a día con dignidad. Mis compañeras ya han dicho que
seguramente ocho de cada diez personas que nacen pobres viven siendo pobres y con mucha probabilidad morirán siendo pobres. Por tanto, como el Estado está fallando, necesitamos hacer políticas que acaben con esta situación y que reduzcan las
desigualdades. Como ya he dicho, es injusto que por nacer en una familia estés condenado o condenada a la pobreza y a la falta de recursos.


Es cierto que en esto las comunidades autónomas tenemos mucho que decir. En el País Valencià estamos haciendo ya políticas, la renta valenciana de inclusión es una de ellas, es una de las más

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avanzadas del Estado -supongo que la conoce- y precisamente lo que quiere es trabajar en la línea de reducir estas desigualdades. Lo que sí que nos gustaría tener es un compromiso por su parte de contribuir económicamente a este tipo de
rentas, a este tipo de ayudas, que lo que hacen es igualar, mantener unos mínimos -muy mínimos, pero al final mínimos- de supervivencia económica para aquellas familias y, sobre todo, para aquellos niños y niñas que no tienen otra fuente de
ingresos. Como le digo, nos gustaría tener ese compromiso de apoyar a quienes ya estamos impulsando este tipo de políticas, pero también de impulsarlas en otras comunidades autónomas en las que no se están llevando a cabo en este momento.


Por último, me gustaría recordarle que existe la prestación por hijo o hija a cargo -la conoce de sobra- y que es importantísimo que se invierta y se aumente esta prestación para poder trabajar y conseguir que se reduzca la pobreza infantil.
Las cifras son muy sufridas, sabemos que no se ha estado haciendo el trabajo hasta día de hoy, sabemos que los recortes y la crisis han ahondado aún más en estas desigualdades, pero ahora sí, a finales de año y a puertas de unos nuevos Presupuestos
Generales del Estado podemos dotar presupuestariamente todas estas políticas que ya existen y hacer políticas todavía más valientes y de mayor envergadura paraque se puedan reducir de manera drástica todas estas cifras tan dolorosas y tan infames
que tenemos cuando hablamos de pobreza infantil.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señor Sorlí.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, señora presidenta.


Gracias por su comparecencia e intervención. En primer lugar, celebramos que se ponga en la agenda estatal la pobreza infantil y las medidas que pretendan luchar contra ella, porque hay muchas proposiciones no de ley aprobadas y sabemos que
no todas se pueden implementar a la vez, pero estaría bien que el Gobierno y la Comisión las revisara, las priorizara y las calendarizara para hacerlas efectivas. Esta es una primera propuesta que emplaza a esta Comisión y al Gobierno para que
empecemos a trabajar en ello.


A este grupo parlamentario no le han quedado muy claras las competencias que usted viene a desarrollar en su cargo. Tenemos la sensación de que su figura es un poco más de imagen y poco resolutiva -con todo el respeto-, hemos constatado de
su intervención que no va a llevar a cabo funciones realmente ejecutivas. Es más, en una entrevista que usted concedió al medio de comunicación El País el pasado 24 de julio de 2018, en respuesta a una periodista respondió literalmente que el
enfoque de la lucha contra la pobreza infantil tiene que ser muy amplio y por esta razón el comisionado no tiene competencias concretas en algo, sino que actúa como una especie de vigilante. Nos entristece un poco porque nos gustaría que su figura
fuera realmente vinculante, fuera realmente ejecutiva, y pudiera proponer acciones que fueran obligatorias y de obligado cumplimiento para el resto de administraciones públicas.


Dicho esto, no hace falta que recuerde que con la crisis la situación de las familias -como han comentado las compañeras que me han precedido en la intervención- ha empeorado, pero mientras en Alemania se aumentaban las ayudas, en España se
disminuían. Ustedes saben que en esta vida todo es mejorable, pero hay un tema muy importante y fundamental que las organizaciones infantiles están reclamando, que son las ayudas a las familias. La desigualdad infantil en España viene en la
mayoría de casos derivada de los ingresos de las familias. España es el sexto país con más desigualdad infantil en materia económica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y es el cuarto de la Unión Europea, tan solo por
delante de Rumanía, Bulgaria y Grecia. España es de los países de la Unión Europea que menos porcentaje del PIB dedica a las prestaciones económicas para familias e infancia, y también es uno de los países con menos gasto en protección social a los
niños y a las familias; mientras que en Dinamarca es del 3,7 %, en Irlanda del 3 %, en España es del 1,4 %. La pobreza afecta al desarrollo, a la salud y al aprendizaje de las niñas y niños y adolescentes y las recorta en oportunidades. Debemos
tratar de hacer políticas dirigidas a los niños y niñas adolescentes y que dichas políticas alcancen los niveles europeos con medidas efectivas que garanticen los derechos de todos ellos. Según diversos estudios, las tasas de riesgo de pobreza
están vinculadas a la caída del mercado laboral; los sueldos son más bajos, el paro es de larga duración, parcialidad involuntaria, etcétera. Son lastres que ahogan a muchas familias y, por tanto, también a sus hijos e hijas. Por todo ello es
clave mejorar el acceso al trabajo de calidad y en especial el de las familias con niños y adolescentes a su cargo.


Don Andrés Conde, director general de Save the Children, ya manifestó que la pobreza infantil solo se puede combatir con inversión, y los niños han sido los más olvidados en los Presupuestos Generales del

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Estado en los últimos años. Es urgente dotar a los planes de lucha contra la pobreza infantil del presupuesto necesario si no queremos ver cómo las niñas y los niños más vulnerables siguen heredando la pobreza de sus hogares. En Cataluña,
cuyas competencias en infancia y adolescencia están transferidas, por ejemplo se están llevando a cabo diferentes programas del Servei d'Ocupació de Catalunya, en los cuales las y los profesionales recibirán formación específica para ofrecer una
orientación y apoyo en materia de ocupación de forma personalizada a las mujeres víctimas de violencia machista, una orientación especializada y adaptada a las necesidades y situaciones personales de estas mujeres que conforman un modelo de familia
muy vulnerable. O por ejemplo, desde hace meses -como usted tal vez sabrá ya- en Cataluña disponemos de un nuevo instrumento para empoderar a las familias, que es la renta de garantía de la ciudadanía, que a día de hoy beneficia a más de 26 000
niños y niñas y adolescentes. Es un instrumento clave de apoyo a las familias en tanto que vela por insertar laboralmente a sus miembros adultos. Pero hay otras medidas urgentes que se podrían empezar a implementar. Por ejemplo, como ya han
comentado mis compañeras, mejorar la prestación por hijo a cargo, aumentar el gasto público en educación, sobre todo de cero a tres años, garantizar el acceso universal a la salud, garantizar legalmente la protección de las familias con hijos frente
a los desahucios o luchar contra la situación que padecen muchos niños y niñas en verano, que se quedan muchas horas al día solos en casa, donde sus padres no pueden cuidarlos porque trabajan o no tienen recursos para que les cuiden o para que
puedan asistir a un campamento de verano. La organización Educo ha calculado que en España hay 580 000 niños que están solos en casa y que viven con su familia en una situación. Ha constatado que el alto nivel del coste del alquiler, la
precariedad laboral y los bajos salarios hacen que muchas familias se vean abocadas a vivir en habitaciones alquiladas, y esta situación se agrava más aún en el caso de familias monomarentales; y como estas muchísimas más.


Creo que todos los presentes podemos coincidir en que la pobreza infantil debe tratarse de manera transversal desde todos los ministerios con las comunidades autónomas que tienen transferida esta competencia. ¿Va usted a reunirse con todas
ellas para coordinar y colaborar en materia de infancia y adolescencia, para coordinar por ejemplo entre las consejerías y los ministerios? Debemos hacer frente de manera urgente a las desigualdades sociales que afectan a la infancia, se deben
poner en el centro de todas las políticas relacionadas con los niños, niñas y adolescentes y asegurar su bienestar económico, social y emocional. Esta es una obligación que nos implica a todos.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora Telechea.


Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán.


La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, presidenta.


En primer lugar, quiero agradecer a la alta comisionada su comparecencia hoy aquí para abordar un tema que nos preocupa a todos, que es de suma importancia y urgencia para nuestro país. España posee una pobreza infantil estructural, y digo
estructural porque si observamos años previos a la crisis económica, hace casi una década ya existía una importante bolsa de pobreza en este colectivo y desde entonces este problema no solo no ha mejorado sino que ha ido aumentando debido entre
otras cosas a la crisis económica. Tanto desde las instituciones europeas como desde las principales organizaciones que trabajan en la infancia se lleva poniendo la atención desde hace muchos años en las altas tasas que tiene nuestro país en
materia de pobreza infantil. En razón del estudio pueden variar las cifras pero realmente todos reflejan que entre el 20 y el 30 % de los menores en nuestro país se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Esto se traduce en 2,1
millones de niños que viven en riesgo de pobreza y 375 000 en situación de carencia severa. Solo, como bien ha dicho usted, dos países de la Unión Europea tienen cifras peores a las nuestras -Letonia y Rumanía-, por lo que no solo se debe abarcar
este grave problema con un enfoque educativo, económico y social, sino que también es importante que sean tratados de manera simultánea. También somos conscientes del gran esfuerzo económico que estas políticas precisan y de hecho algunas
organizaciones especializadas en esta materia han calculado que para mejorar las cifras existentes se precisarían cerca de 4 millones de euros.


Los Gobiernos previos no han hecho lo suficiente -y eso creo que ha quedado claro- para combatir la pobreza infantil, somos conscientes, y de ahí que en Ciudadanos apostemos por medidas para mejorar las condiciones de vida de estos menores,
que además son ejes de nuestras políticas, como por ejemplo: la rebaja que proponemos del IRPF en las rentas inferiores a 18 000 euros; la desgravación de 1000 euros

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en las familias que lleven a sus hijos a las escuelas infantil, y el complemento salarial para los jóvenes que se encuentran en desempleo. Queda, por supuesto, mucho por hacer.


Durante los primeros dos años de esta legislatura el Partido Socialista ha sido altamente beligerante contra las medidas que se han llevado a cabo desde el Gobierno para afrontar este problema. Por eso estamos a la espera de comprobar si
sus propuestas y exigencias en esta materia se van a traducir en verdaderas políticas concretas o se van a quedar en meros anuncios. Por ejemplo, tenemos curiosidad sobre el programa para la garantía de los derechos a la alimentación, el ocio y la
cultura de los menores en las vacaciones estivales, que el Gobierno aprobó a finales del mes de junio y que anunció a bombo y platillo. Queremos conocer en qué se ha traducido este programa, a cuántos niños se ha atendido, cuántos niños han
accedido a las becas comedor, cuántos han accedido a actividades de ocio, culturales o de formación en este periodo estival y si tiene preparado un informe de evaluación de este programa.


En algunas entrevistas que ha concedido ha señalado que la mejora de la prestación por hijo a cargo, la certificación de las familias monoparentales, el aumento del gasto público en la infancia y en las familias, así como el aumento del
presupuesto en educación van a ser unos de los ejes prioritarios en las políticas de este Gobierno. Pues bien, sobre estos elementos queríamos saber de manera concreta algún dato como, por ejemplo, ¿qué cuantía presupuestaria piensa destinar el
Gobierno a aumentar la prestación por hijo a cargo en los próximos Presupuestos Generales del Estado? ¿Qué cuantías anuales piensa alcanzar el Gobierno por menor a cargo? ¿Será aplicable a todas las familias desde un principio o va a haber letra
pequeña? En caso de que haya letra pequeña, ¿cuál es la letra pequeña? Y sobre las familias monoparentales, que ha mencionado, no sé si conoce que Ciudadanos propone incluir a estas familias como familias numerosas cuando tengan dos o más hijos.
Me gustaría saber qué medidas va a llevar a cabo el Gobierno para facilitar que estas familias puedan llegar a final de mes.


También ha señalado que la existencia de un empleo de calidad y una remuneración adecuada son esenciales para erradicar la pobreza infantil. Por ello quisiéramos conocer qué medidas concretas tiene el alto comisionado y, por ende el
Gobierno, para mejorar la calidad de estos empleos y la retribución de estos porque las últimas cifras sobre el mercado de trabajo siguen apuntando a una dualidad marcada entre contratos temporales y contratos fijos, así como una alta actividad en
el sector de servicios asociado al turismo frente a otros sectores productivos más estables.


Por eso -ya sin extenderme más- solo quiero decirle que nos encantaría que se tradujeran sus palabras en medidas concretas, que no quedaran en meros eslóganes y que pusieran el mismo empeño en trabajar contra la pobreza infantil como el que
se ha puesto para reabrir otros debates que no le interesan a la sociedad, que tan solo traen confrontación y que no son urgentes.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora Millán.


Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Ferrer.


La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.


Desde el Grupo Parlamentario Socialista queremos darle las gracias a doña Luisa Carcedo, la máxima responsable del Alto Comisionado para la Lucha contra la Pobreza Infantil, por venir hoy aquí a esta Comisión, a petición propia, para
informar de las líneas generales de la política de actuación de su comisionado. Este organismo ha sido una de las primeras decisiones de este Gobierno, con su presidente Pedro Sánchez a la cabeza, y va a repercutir de una manera trascendental en la
vida de los niños en situación de pobreza en nuestro país. Por tanto, es una decisión estratégica de este Gobierno que ha puesto el foco en los menores que viven en riesgo de pobreza. Así lo hemos podido comprobar en el análisis pormenorizado que
nos acaba de relatar la alta comisionada, que ha hablado -entre otras cosas- de salud, de redistribución de renta, del ingreso mínimo vital, de aumentar la prestación por hijo a cargo, de educación, de becas, de luchar contra la precariedad laboral.
En definitiva, yo lo resumiría en lo que ha dicho ella: en la legislatura de la infancia.


¿Y por qué se considera la pobreza infantil como prioridad inexcusable? Todos ustedes lo saben y aquí se ha dicho también esta mañana, los datos hablan por sí solos. Si analizamos los rankings a nivel europeo vemos que, por ejemplo, en
justicia intergeneracional ocupamos el puesto número 21 de 28, según los datos de la Fundación Bertelsmann, con datos de Eurostat; en equidad y en educación y abandono escolar estamos en los lugares 23 y 26 de 28. Además, supone un auténtico
riesgo para el país por la pérdida de una parte de sus potencialidades, de su talento y de sus aportaciones, y la pérdida de estas capacidades debilita las oportunidades económicas y competitivas del país. Además porque la

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justicia intergeneracional debe suponer un elemento irrenunciable de los poderes públicos, así lo dicen nuestra Constitución, la Convención de Derechos del Niño y los demás convenios internacionales que tiene ratificada España.


Lo que no se entiende es que esto no hubiese sido una prioridad antes, no tiene sentido que esta emergencia social no se hubiera convertido en un asunto de Estado. Desde el Partido Socialista hemos denunciado insistentemente que en los
últimos años las medidas económicas del mercado laboral, la desprotección en las prestaciones sociales, los recortes por el Gobierno del Partido Popular, en definitiva, han incrementado la desigualdad hasta alcanzar datos insoportables. Es por
tanto un problema que se ha hecho más agudo durante la crisis, ha aumentado mucho la desigualdad y la precariedad laboral porque hay más desprotección en el desempleo y ha habido recortes en la protección social que afectan a esta población. La
gestión del Gobierno del Partido Popular nos ha dejado como el tercer país de la OCDE que menos recursos destina a rentas bajas. Aquí sí podríamos seguir hablando de herencia recibida.


Durante la crisis económica el riesgo de pobreza moderada -aquí también se ha dicho, por lo que voy a pasar un poco por encima- ha sido especialmente elevado entre la población infantil. Estamos hablando de que en 2014 era de un 30 %.
Según los datos de 2016, 2,1 millones de niños y niñas españoles menores de dieciséis años vivían en hogares con rentas situadas bajo el umbral de la pobreza moderada. Y lo que es más grave, 1,2 millones vivían en hogares con ingresos que los
sitúan por debajo del umbral de la pobreza alta. Un dato especialmente preocupante que también se ha dicho aquí es que uno de cada cinco niños no solo se encuentra en un hogar en situación de vulnerabilidad económica sino que esa vulnerabilidad
tiene un carácter duradero. Por tanto, urge actuar.


Esta es una oportunidad para colocar a la infancia y el riesgo de pobreza en la agenda política. Prueba de ello es que estamos hoy aquí, a 31 de agosto, en esta Comisión de Infancia, escuchando a la alta comisionada. Un ejemplo lo hemos
visto en el Programa VECA de campamentos de verano aprobado con el objetivo de contribuir a hacer efectivo el derecho a la alimentación y a garantizar actividades de esparcimiento, ocio y vida cultural, como así lo dice la Convención de Derechos del
Niño, un programa gracias al cual se ha conseguido que miles de familias en situación de carencia material severa dispongan de recursos para garantizar una alimentación sana y equilibrada y para llevar a sus niños y a sus niñas por lo menos una
semana de vacaciones así como para costear actividades de ocio o culturales en los meses de verano. Cabe destacar la cooperación con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos, que han hecho una importantísima labor para que esto pueda
llevarse a cabo.


Por otra parte, algo que se ha obviado también en los últimos años y que debería haber sido de obligado acatamiento es que es necesario dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por España cuando ratifica convenios internacionales.
Hemos recibido muchas críticas y advertencias -demasiadas- como consecuencia de la situación de pobreza infantil y los recortes en los servicios públicos desde el Consejo de Europa, desde la Comisión Europea y desde Naciones Unidas por
incumplimiento de la Convención sobre los derechos de la infancia. Es necesario actuar a tal efecto.


Voy terminando. Enhorabuena por hacer frente desde el minuto uno a este tema de Estado al que esperemos que se sumen las demás fuerzas políticas y el resto de la sociedad. Esto no ha hecho nada más que empezar y, desde luego, la meta
merece la pena.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Bolarín Sánchez): Muchas gracias, señora Ferrer.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la señora Heredia.


La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Muy buenos días, señorías. Bienvenida, señora Carcedo. Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos darle la bienvenida. También queremos decirle que ha costado un poco localizarla -espero que no le hayamos partido las vacaciones-, pero
nos alegramos de que podamos contar con su presencia para que nos explique cuáles son los objetivos fundamentales de su comisionado. Tras escucharla, hemos tomado nota de cuáles son sus funciones, pero realmente no hemos escuchado ninguna de las
propuestas que usted desea plantearse. Espero que en su segunda intervención encare sus nuevas responsabilidades y nos explique cuáles son las propuestas que plantea como alta comisionada para luchar contra la pobreza infantil en nuestro país.


¿Cuáles son las cuestiones que le va a hacer el Grupo Parlamentario Popular? En primer lugar, nos gustaría tomar nota de las primeras medidas que usted piensa plantearse antes del final de este año. También nos gustaría saber si va aplicar
inmediatamente las propuestas que ha estudiado, ha planteado

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y ha aprobado su grupo parlamentario en esta Cámara y -¡cómo no!- también queremos saber con qué presupuesto y con qué calendario va a trabajar usted a lo largo de estos meses. Le digo todo esto porque está claro que la lucha contra la
pobreza infantil a todos nos preocupa y deseamos que se alcance el objetivo. No esperamos que se quede de usted en simple órgano político o en puro marketing electoral, a lo que nos tienen bien acostumbrados desde el Partido Socialista. Ya le digo
que reconozco que hay mucho trabajo por delante, pero usted tiene que reconocer que se ha trabajado mucho a lo largo de los últimos seis años con el Gobierno del Partido Popular.


Sé que les cuesta reconocer -sobre todo al Partido Socialista y también a otros partidos de la izquierda a cuyos representantes he escuchado hoy aquí- que el problema de la pobreza infantil no se ha descubierto con el Gobierno del Partido
Popular, sino que ya viene de gobiernos anteriores, como los gobiernos socialistas de 2004 a 2011, cuando en España se alcanzaron preocupantes cifras de pobreza infantil y no se hizo nada por parte del Gobierno. Se lo digo así porque, según la
OCDE, entre los años 2007 y 2011 fue cuando más creció en España la desigualdad y cuando nuestro país alcanzó cifras récord en desigualdad, pobreza y exclusión social. También, como usted bien sabe, más de 3,5 millones y medio de españoles se
fueron al paro. Usted lo sabe porque ha sido diputada durante muchos años en esta Cámara y fue testigo presencial de cuál era la situación de los españoles y de lo que hizo su Gobierno para atajarla. Se lo digo así de claro: el Gobierno
socialista no desarrolló ninguna política específica de apoyo a las familias ni para luchar contra la pobreza infantil ni para luchar contra la pobreza que muchos españoles y españolas sufrieron durante esos años críticos para España. Hablo de 2007
a 2011, no se equivoque. No hable usted aquí de 2012 a 2015, porque cuando realmente las cosas fueron muy duras fue cuando la crisis se agudizó más en 2007.


También tengo que decirle que ustedes no firmaron ningún tipo de documento ni hicieron ningún tipo de mención especial a la pobreza infantil en programas como el Plan nacional de acción para la inclusión social. No había ni una sola mención
a la pobreza infantil. Se lo digo porque usted tiene un gran reto por delante y juega un importante papel hoy aquí. No solamente importante sino podemos decir que también histórico, porque va a ser la primera socialista que ponga medidas en marcha
para acabar con la pobreza infantil en nuestro país. ¡Fíjese usted en la importancia de las responsabilidades que tiene por delante! Pero, después de cuarenta y cinco minutos hablando, no ha planteado ninguna propuesta concreta y en firme para
atajar este grave problema de nuestra sociedad que nos preocupa a todos los que estamos aquí; se lo puedo asegurar, porque para eso hemos constituido esta Comisión en las últimas legislaturas. Por lo tanto, quiero que se centre usted en hablarnos
del problema y de lo que va a implementar usted en su departamento para atajar la grave situación que viven nuestros niños y niñas.


Le voy a decir algunas cosas que usted y otros partidos intentan ignorar. Solo se centran en hablar de recortes, pero no hablan de las muchas medidas que puso en marcha el Gobierno del Partido Popular. Solamente le voy a mencionar dos
cosas. La primera es que no es la primera vez que se trata la pobreza infantil de manera transversal sino que ya se hacía con el Partido Popular. La segunda es que se destinó una importante cantidad de dinero a las familias en situación especial
vulnerabilidad a través de ayudas que llegaron a los ayuntamientos con el Plan Nacional de Inclusión Social. Se destinaron más de 218 millones de euros para los ayuntamientos que, como usted bien sabe, desde 2004 se vienen ofreciendo a las
comunidades autónomas. También se puso en marcha el Plan Estratégico Nacional de Infancia y Adolescencia 2013-2016, con más de 5129 millones de euros que se destinaron a 125 medidas. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto, pero los balances siempre
tienen que ser en positivo. Tiene que reconocer que aquí se ha hablado de muchos datos, pero no han hablado de los datos positivos; y también es bueno escucharlos para que en nuestro país la gente que está trabajando todos los días desde las
entidades sociales se sienta reconocida. Aquí tenemos un dato de 2018 de la Encuesta de Condiciones de Vida del INE. Dice que la tasa de pobreza infantil en España ha bajado al 31,3 %, 1,6 puntos menos que en 2017. Es un aliento que se da a las
políticas del Partido Popular que ustedes están tirando continuamente por tierra. Lo que tienen ustedes que hacer es impulsarlas y seguir mejorándolas para, como digo, atajar algo que nos preocupa a todos y que es la pobreza infantil. (La señora
presidenta ocupa la Presidencia).


Ya que usted no ha hecho propuestas en firme, me gustaría saber cuál es su opinión -creo que también se lo han preguntado otros portavoces- sobre la prestación por hijo a cargo. Su grupo ha repetido como un mantra durante meses en la
Comisión que querían que se subiera de 24 a 100 euros, como decían las organizaciones sociales. Dígame si esa medida la va a adoptar inmediatamente, porque creo que es importante. No nos hable usted aquí ahora de ingresos mínimos vitales, porque
eso es una

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renta social. Estamos hablando de la prestación por hijo a cargo que, como usted sabe, está vinculada al Pacto de Toledo. Por tanto, ya que cuando ustedes estaban en la oposición había dinero por todos los rincones y no se utilizaba,
queremos saber si usted ha buscado ya dentro de los presupuestos generales el dinero -o lo piensa buscar- para adoptar esa medida que, según ustedes decían en la oposición, era la receta perfecta para acabar con la pobreza infantil.


También me gustaría saber qué otras medidas desde su departamento pretende llevar a cabo para apoyar a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas. Ha hablado usted de potenciar el papel de las administraciones locales, pero es que ya
no se puede potenciar más. Aquí hay que ayudarlos, porque usted sabe bien que la primera puerta que toca cualquier ciudadano, cualquier niño o niña que necesita una ayuda, es la del ayuntamiento. Pues bien, vamos a ayudarlos. No diga usted que va
a potenciarlos, sino que va a poner dinero encima de la mesa si usted cree que es ese el problema que tienen los ayuntamientos. Algunas veces puede que sea suficiente económicamente el dinero que tiene un ayuntamiento para responder a una familia,
pero muchas veces el problema no está ahí solamente. En general, las ayudas son lentas y a lo mejor habría que mirar de qué manera podemos modificar las leyes de la intervención municipal para poder solucionar esos puntuales retrasos en la entrega
de las ayudas.


La señora PRESIDENTA: Señora Heredia, tiene que ir acabando.


La señora HEREDIA MARTÍN: Sí, gracias, presidenta. Acabo.


También quiero pedirle que concrete. Ha hablado usted de la educación pública de cero a tres años, pero concrétenos alguna propuesta. Hable más extensamente de en qué va a consistir esta medida. También para colectivos específicos, como
el colectivo gitano, me gustaría preguntarle directamente si usted sabe que el 90 % de la población gitana sufre pobreza. Ya que lleva varios meses trabajando en las distintas actuaciones que va a desarrollar desde su departamento, ¿tiene alguna
medida concreta para este colectivo?


Finalmente, sobre el Programa VECA, si no se quiere usted extender más, me gustaría solicitarle públicamente un informe detallado de cuál ha sido su ejecución, los beneficiarios que han recibido la ayuda y también la distribución económica
por comunidades autónomas.


Gracias, señora presidenta, por su generosidad. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, toma la palabra, para contestar a los señores y señoras diputadas, la señora alta comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil.


La señora ALTA COMISIONADA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL (Carcedo Roces): Muchísimas gracias.


Como se ha señalado en las intervenciones de casi todos los grupos, con carácter general, quisiera volver sobre la estructura del alto comisionado. Les aseguro a ustedes que si yo hubiera expuesto aquí que tenemos doscientas personas a
cargo y que hemos puesto en marcha nuevos programas que están llevando ya otros ministerios, ustedes nos dirían que somos unos despilfarradores, que estamos duplicando la Administración, que ya está otra vez la izquierda manirrota. Estoy segura, no
tengo ninguna duda de que ese sería el discurso. Yo intenté esforzarme en mi primera intervención en explicarles el porqué no conviene que esta institución tenga estructura propia, porque me parece un error focalizar el asunto de la pobreza
infantil en dar una ayuda asistencial a los niños pobres. No es ese el problema; el problema es la estructura económica que genera que existan esos niños pobres, que exista esta desigualdad y que existan estas familias en situación de pobreza.
Por tanto, las políticas que están en el origen de esta situación, que es lo principal que hay que atacar, son de diversa índole. La primera, evidentemente, laboral. La caída del valor del trabajo tuvo mucho que ver en la situación de las familias
en los tramos más bajos de renta, que fueron los tramos que pagaron la crisis. Tengo aquí gráficos, si tienen interés se los expongo. Hay múltiples evidencias de que esa es la realidad. Los tramos altos de renta no sufrieron la crisis, la
sufrieron los tramos bajos, y ahí tuvo mucho que ver, en concreto y específicamente, la situación de la caída del valor del trabajo, la desprotección por el desempleo, etcétera. Por tanto, son muchos los factores que influyen en esta situación y no
podemos centrarnos exclusivamente en atender a los niños que están en esa situación y quedarnos tan tranquilos porque la situación se sigue generando. Son muchas las políticas que influyen: desde la política fiscal a la política laboral, a las
políticas de Seguridad Social, a las políticas de sanidad, a las políticas de servicios sociales y, por

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supuestísimo, a las políticas educativas. No sería razonable que replicásemos en una nueva estructura todos estos programas y, desde luego, la vocación del alto comisionado no se limita a decir: aquí hay cuatro niños pobres, vamos a darles
algo. No, y yo creo que me esforcé en mi primera intervención en trasladarles la necesidad de modificar el conjunto de políticas que inciden en la situación de desigualdad, que está en el origen de la situación de pobreza que viven las familias que
están en los tramos más bajos de la renta.


Desde luego, no hay niños pobres en familias ricas; hay niños pobres en las familias que están en los tramos más bajos de la distribución de la renta en nuestro país. En consonancia con eso, nosotros decidimos que es necesario coordinar
todas esas acciones y para eso se crea el alto comisionado, que está pensando en esto, analizando esto: cómo influyen todas las políticas que intervienen en la definición de la situación de desigualdad, en la distribución de los recursos en el
país, cómo las políticas públicas modifican o no esa situación, corrigen la situación de desigualdad y cómo afectan a la infancia.


Por finalizar esta justificación de la estructura del alto comisionado, le diré que esto es un Gobierno, no hay varios Gobiernos, ni los ministerios son compartimentos estancos; los Gobiernos tienen la obligación de coordinar la acción
dentro de sus ministerios y de que haya unos objetivos compartidos y, desde luego, que el alto comisionado dependa directamente de la Presidencia del Gobierno quiere decir que su trabajo, su dedicación, el resultado de sus competencias tienen una
implicación en todos los departamentos. Se decide en una dimensión muy limitada pero con unos cometidos muy claros: analizar cómo inciden todas las políticas, tanto las existentes -con la propuesta de modificaciones- como las que se vayan a
implementar, en eliminar, detener o revertir la situación de desigualdad y, desde luego, la implicación en las rentas más bajas y en la situación de pobreza y precariedad. Eso no quita, por supuesto, como dije en mi intervención, que se deje de
atender a las situaciones que viven en concreto; el día a día es una realidad para cada familia y para cada niño y niña que vive esta situación y estas desventajas. No miremos para otro lado y esperemos a que se resuelvan los problemas de la
desigualdad, porque esa realidad ellos la viven y cuando se resuelva, a lo mejor ya han pasado dos años o cuatro días de precariedad, y hay que evitarles esa precariedad. Por tanto, combinar las dos medidas.


Me centro ya en algunas cuestiones concretas, empezando por Unidos Podemos. Les agradezco el tono de la intervención -se lo agradezco a todos los portavoces, por supuesto- y quería matizar dos o tres cosas. En cuanto al enfoque
adultocéntrico, yo me niego, pero es que la edad infantil no es un hecho definitivo en sí mismo. Es decir, esto es un devenir, el tiempo de la vida, como mencioné en mi intervención; ese devenir tiene como finalidad el adulto y lo que hagamos, las
oportunidades que demos, la asistencia o los cuidados que demos a los niños en estas edades van a condicionar de forma definitiva su futuro. De esto hay múltiples evidencias. Si vemos el fracaso escolar por tramos de renta, es escandaloso. Luego
tenemos que pensar en el impacto que tienen las políticas dirigidas a la infancia cuando ellos vayan a ser adultos porque, efectivamente, no es que haya adultos y niños, es que esto es un continuo y los niños serán adultos.


En cuanto a lo de la meritocracia, no sé si me expresé correctamente pero, desde luego, no está en mi intención ningún concepto neoconservador ni neoliberal, en absoluto. Los méritos de cada persona son determinantes en su currículo vital y
en el trabajo que vayan a tener en el futuro. Esto se mide. Somos una sociedad que tiene consensos y decide que el trabajo, el currículo y los méritos para que sean admitidos tienen que estar oficializados y quien no tiene un título no lo tiene.
Todo esto creo que no tiene nada que ver con ese concepto sino en dar esas oportunidades de capacitación a los niños y de formación como persona. También ahí alguien comentaba lo de la Lomce. Efectivamente, no se puede pensar solo en el sistema
educativo como en el sistema de formación de trabajadores, sino como de formación de personas integrales y en todos los valores como ciudadanos y ciudadanas.


En cuanto a los Presupuestos Generales del Estado -contesto a esta pregunta porque casi todos los portavoces lo sacaron a colación-, lamento no poder descender más, porque, como saben sus señorías, esto depende de ustedes. En primer lugar,
depende de que se apruebe el techo de gasto, de los márgenes que el Gobierno tiene para incorporar nuevas políticas y, posteriormente, de cómo se pueden distribuir estos márgenes de gasto entre las políticas novedosas que se incorporen. El ingreso
mínimo vital no es una invención, es una forma de denominar unas medidas o unas garantías de ingresos, que tiene la parte -lo dije en mi intervención previa- de incremento de la prestación por hijo a cargo y la parte de la garantía de ingresos para
las familias en situación de pobreza severa o de precariedad. Este diseño pretende -también lo comenté en mi exposición previa- realizar esta asignación de recursos de la forma más eficaz posible para combatir la desigualdad y reducir la pobreza.
Ese es el objetivo y, por ello, estamos trabajando

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intensamente en los escenarios que permitan reducir de forma más eficaz los índices de pobreza y combatir la desigualdad.


Respecto a la pregunta del Grupo Mixto sobre la Lomce, ya comenté que el sistema educativo tiene que ser más inclusivo y alcanzar no solamente a la formación como trabajadores, como mano de obra, sino también a la formación de personas
integrales. En cuanto a las rentas de las comunidades autónomas, es verdad que estas han hecho un esfuerzo enorme. Según el último informe disponible, las comunidades autónomas están destinando 1500 millones a suplir estas carencias. El problema
es que existe una variabilidad enorme entre comunidades autónomas y, desde luego, tampoco hay una relación clara entre los riesgos de pobreza o la situación de pobreza y el nivel de rentas de cobertura y de cuantías de rentas. Es una situación muy
heterogénea, porque la capacidad de las comunidades autónomas y también la voluntad política, evidentemente, es muy diferente. Por eso, algo que es muy loable y muy de tener en cuenta resulta insuficiente para resolver un problema de esa magnitud
que existe en nuestro país. Efectivamente, es fundamental aumentar la prestación por hijo a cargo. Paradójicamente, las familias más pobres, en riesgo de pobreza, y, sobre todo, en los tramos más bajos, no tienen ninguna posibilidad de recibir por
ninguna vía prestaciones por hijo. Por tanto, hay que mejorar esta situación de prestación por hijo. Las familias de capas medias y rentas altas la reciben y las familias con escalones bajos de renta no la reciben; solo reciben los 291 euros
ahora existentes. Al tema relacionado con las competencias y la estructura ya he contestado y no voy a incidir en ello. La vocación del alto comisionado, que así nace y así está trabajando, es transversal. Aquí no hay una política responsable de
la situación de pobreza infantil, ni tampoco tiene la solución para resolver esa situación de forma unilateral con un programa. Hay que ser conscientes de que son muchas políticas, de que es una acción de Gobierno en su conjunto y también de
cooperación con las comunidades autónomas, que, efectivamente, están teniendo muchas iniciativas y tienen muchas competencias y, por tanto, responsabilidades que hay que tener en cuenta.


En cuanto a la intervención de la portavoz de Ciudadanos, no voy a repetir la argumentación de que son políticas transversales y de que no es posible tener un programa. No sería eficaz y, sobre todo, no resolvería el problema de fondo, que
es estructural. Respecto a las rebajas del IRPF, me gustaría que estudiara un poco cómo está la distribución de las transferencias económicas a los distintos tramos de renta. Da igual que hagan la declaración o no la hagan, el asunto es que a las
familias de rentas bajas no les llega ninguno de los beneficios fiscales, y si hacemos rebajas en el IRPF les van a llegar menos aún, porque vamos a tener menos capacidad. Aquí no hay magia. Los Presupuestos Generales del Estado es lo que entra,
porque contribuimos todos, cada uno en su ámbito: las personas físicas por el IRPF, los consumidores por el IVA, las empresas por el impuesto de sociedades. Aquí no hay magia. Si reducimos, si hacemos siempre hincapié en que hay que reducir los
ingresos, a estas familias no va a llegarles nada, y no solo eso, sino que vamos a subir el escalón de las que no les llega nada. Cada uno tiene sus políticas, no lo cuestiono, pero le digo que no sería eficaz. En cuanto a los Presupuestos
Generales del Estado, dependerá de sus señorías, como he dicho. Nosotros tenemos la pretensión de incorporar políticas, que nosotros denominamos ingreso mínimo vital, que tienen estas dos patas que antes mencionaba, pero todo depende de lo que sus
señorías decidan. De momento, no hay presupuestos y no puedo adelantarles más allá de lo que les estoy diciendo y que los trabajos que estamos haciendo, el diseño de estas políticas, sean lo más eficaces posible para reducir los índices de pobreza
y para reducir la desigualdad.


En cuanto a las familias monoparentales, efectivamente, hay que decir que es un colectivo de familias que casi la mitad están en riesgo de pobreza, pero aquí, al igual que con las familias numerosas, hay que tener en cuenta qué nivel ocupan
en el nivel de rentas en cuanto a receptoras de políticas. Sería injusto que no se tuviese en cuenta la situación económica de la familia cuando estamos hablando de pobreza infantil. Efectivamente, el empleo es un problema. No me voy a detener en
la generación del empleo parcial o en la caída del valor del trabajo porque no estamos en la Comisión de Empleo, pero es un problema muy serio, sobre todo para familias jóvenes. Está en el origen de por qué las familias con hijos tienen más riesgo
de pobreza: las familias con hijos son más jóvenes y los jóvenes tienen unos salarios comparativamente bastante más bajos que generaciones precedentes. En cuanto al VECA, le diré que es una medida que se impulsa con carácter muy perentorio, muy
urgente, para complementar las acciones que están llevando a cabo los ayuntamientos y comunidades autónomas para extender, ampliar y ser más ambiciosos en la aplicación de todos estos programas. Evidentemente, cuando se aprueba el VECA ya estaban
en marcha estos programas, pero se pudieron incorporar más niños becados en situación de pobreza. Esta era la vocación. Evidentemente -respondo ya a la portavoz del Partido Popular-, ya ha

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sido publicada en el BOE esta misma semana -creo que fue el martes- la distribución de los recursos destinados a cada comunidad autónoma que proporcionalmente les corresponden y estamos a la espera de los informes que las comunidades
autónomas remitan de la aplicación de estos presupuestos. No les quepa ninguna duda que en cuanto las comunidades autónomas nos lo remitan, lo haremos público.


En cuanto al Partido Popular, empiezo por el final. Evidentemente, a los ayuntamientos hay que facilitarles la atención, no ponerles barreras, facilitarles que puedan destinar sus presupuestos a políticas sociales. La Ley de
racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales fue una pesada losa sobre los ayuntamientos y, sobre todo, sobre su capacidad de destinar sus ingresos a fines sociales. Muchos ayuntamientos, con carácter global, tienen superávit
-lo conocemos-, pero se les limitó la posibilidad de destinar estos recursos a fines sociales y se les retiró la competencia de servicios sociales, y ya conocen que existen sentencias del Tribunal Constitucional.


Me habla del Penia, de 5000 millones. Hombre, el Penia es un corta y pega de políticas de comunidades autónomas y de ayuntamientos. Los presupuestos específicos para la infancia y para la pobreza infantil no tenían recursos prácticamente.
En cuanto a que no hay políticas destinadas a la infancia y a la familia por el nuevo Gobierno, en primer lugar, todavía están pendientes -como decía- los presupuestos, pero ya se han adoptado bastante medidas para revertir la precariedad en que se
encuentran las familias y los niños en situación de pobreza. Tampoco le puedo admitir que en legislaturas anteriores no se hiciera nada en este terreno: la puesta en marcha del Plan Educa3 -no quise entrar en esta cuestión en mi intervención
previa, pero fue de las primeras medidas de supresión de programas de políticas sociales y educativas; se suprimió radicalmente el Plan Educa3-, se impulsó la Ley de Igualdad con los permisos de paternidad -y ustedes en cada ejercicio
presupuestario bloqueaban la aplicación del calendario aprobado en la Ley de Igualdad-; la Ley de dependencia, que supuso muchas posibilidades de empleo vinculado a los servicios, pero también liberar -hay que ser claros y decirlo- a muchísimas
mujeres de este país de asumir casi en exclusiva todas las labores de cuidados; y la afiliación a la Seguridad Social de las mujeres por cuidados familiares. Montones de medidas destinadas a la familia, que son políticas reales para las familias.
No es dedicar 2 millones puntuales a las familias, sino políticas reales a la familia en su conjunto, porque la familia son hombres y mujeres. Son políticas de servicios públicos destinadas a facilitar esa cobertura y esa responsabilidad pública de
los servicios que estaban asumiendo las mujeres de forma casi en exclusiva. Una de las características que hay que superar del Estado del bienestar en nuestro país y en otros países mediterráneos es que una parte importante de las políticas de
bienestar se sustentan sobre las mujeres. Todas estas leyes que le acabo de mencionar, entre otras muchas medidas, tienen que ver con eso, tienen que ver con las políticas de familia, pero de familia realmente, que llegue a los hombres y a las
mujeres.


Los presupuestos ya se los comenté. En cuanto al presupuesto y calendario del alto comisionado, vuelvo a insistir en que no sería ni razonable ni aconsejable que en este comisionado se crearan nuevos programas con nuevos presupuestos. Se
trata de analizar en qué medida las políticas puestas en marcha por otros ministerios, por los ministerios que tienen esas competencias- porque esas políticas existen y para esas políticas existen programas y también programas presupuestarios,
medidas y programas presupuestarios-, y esos presupuestos contribuyen a reducir la situación de desigualdad y a eliminar esa situación de precariedad y de pobreza, sobre todo de pobreza severa, en los hogares que tienen niños a cargo. Por supuesto,
tengo que rechazar absolutamente lo del marketing electoral, al igual que lo dicho por la portavoz de Ciudadanos de que nos dedicamos a cuestiones que no son prioritarias. Yo creo que todas las medidas puestas en marcha por este Gobierno son
extremadamente prioritarias.


Me queda lo de los gitanos, recuperar la financiación, que también sufrió -como usted también conoce, igual que yo- graves recortes en este periodo. Los gitanos, al igual que el resto de la población, se benefician de todas las políticas de
mejora de los servicios públicos, que es básico para que puedan acceder, con carácter universal, a unos servicios públicos de calidad que nos igualen a todos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora alta comisionada.


Intervienen ahora en turno de réplica por un tiempo de cinco minutos los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, el grupo solicitante, la señora De la Concha García-Mauriño.


La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Muchas gracias por sus aclaraciones. Le escucho decir que el problema es la estructura económica y que a medida que esta cambie, también la infancia se verá beneficiada. No sé si con esto nos está
anunciando algún tipo de titular. Con la estructura económica, ¿a qué nos referimos? ¿Al neoliberalismo galopante? ¿A la regularización de los mercados? Porque la

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estructura económica es la que tenemos y es la que se ha querido tener entre todos los partidos que han gobernado. Hay pequeños cambios de unas legislaturas a otras, pero la estructura económica es la que tenemos y es la que propicia estas
situaciones. En los años de bonanza, en los años en los que todo iba tan bien, éramos tan ricos, éramos lo más, había una bolsa de pobreza infantil tremenda. Efectivamente, la estructura económica. ¿Vamos a cambiar esto? Es una gran noticia
oírlo.


Por lo que entiendo, los trabajos que van a llevar desde el alto comisionado van a ser fundamentalmente evaluar, coordinar, priorizar y desde ahí decirles a los ministerios qué política sería más interesante impulsar en primer lugar para
acabar con la pobreza infantil. Así lo he entendido. En este caso, como decía nuestra compañera de Esquerra Republicana, creo que sería de utilidad revisar todas las proposiciones no de ley presentadas en esta Comisión porque no solamente hay
mucho trabajo detrás de muchas de ellas, sino que se han trabajado con todas estas organizaciones con las que usted anuncia un foro: Save the Children, Unicef, Cáritas, etcétera. Eso sí que sería duplicar trabajo, porque este trabajo está hecho.
Por nuestra parte, hemos dado muchísima importancia a la cuestión de la alimentación fresca y variada, porque hemos detectado que los problemas de obesidad y diabetes están directamente relacionados con la pobreza. Está demostrado, hay un montón de
estudios; no hay que volver a hacerlo, simplemente decir qué vamos a hacer con esto sin esperar a que cambie la estructura económica.


En cuanto a la etapa de 0 a 3, que también es fundamental, hay un montón de estudios que demuestran que carencias en esa primera etapa son irreversibles, que hay un periodo determinado en el que el cerebro admite esa enseñanza y luego, más
tarde ya no es posible, o casi imposible o con muchísima dificultad. ¿Qué van a hacer? Hay muchos informes también y hay comunidades autónomas que están esperando tener los recursos adecuados para poner estos planes en marcha.


Desde el Grupo Confederal presentamos una PNL en este sentido, que fue aprobada en Comisión, en la que se pedía que las comunidades autónomas evaluaran sus necesidades y que el Gobierno, en consecuencia, les otorgara los recursos necesarios
para cubrir las necesidades de 0 a 3. Cosas parecidas nos han pasado con nuestra propuesta de ley sobre prestación de hijo a cargo que se bloqueó en la Mesa, no se llegó a poder debatir y que nos parece una medida fundamental. De nuevo Save the
Children hizo un informe al respeto, en el que demuestra y cuantifica en cifras a cuántas familias, a cuántos niños y niñas podría beneficiar esto y en qué periodo. No sé si está en sus competencias, pero sería muy interesante que usted nos echara
un cable para que esta Comisión pasara a ser legislativa. Eso tendría también una gran importancia.


Estoy en desacuerdo con su última frase respecto a la comunidad gitana. Los gitanos no se benefician de la misma manera que cualquier otra persona de nada en general. Hay que hacer unas políticas específicas. En España hay educación para
todos desde hace muchos años y, sin embargo, los niños y las niñas de etnia gitana no tienen ese acceso, ni siquiera al mundo laboral, y le puedo poner ejemplos en época de la España boyante, cuando iba bien, de personas de etnia gitana que fueron
rechazadas en trabajos disponibles simplemente por pertenecer a esta etnia. Por tanto, todos sabemos que no es igual. Es como en el discurso de que si todo mejora, para las mujeres también mejorará. No, habrá que hacer políticas específicas.


Como último comentario, no sé qué adjetivo poner, me deja con la boca abierta este uso que se hace de las políticas de infancia entre los partidos que han estado en el Gobierno en los últimos años, que me recuerda tanto a las peores
historias de divorcio en las que los niños y las niñas se utilizan como arma arrojadiza.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Es el turno ahora del Grupo Mixto. Tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.


La señora SORLÍ FRESQUET: No haré uso del turno.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo de Esquerra Republicana, señora Telechea i Lozano.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias. Tampoco haremos uso del turno de palabra.


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Ciudadanos, señora Millán Salmerón.


La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, presidenta.

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Voy a ser concisa y muy sincera. Compartimos el diagnóstico y compartimos el fin, pero no le puedo decir que compartamos las medidas y menos las medidas concretas porque no las conozco. Creía que me iba a ir hoy habiéndolas podido conocer,
pero no ha podido ser así. Me voy, créame, echándolas de menos porque me hubiera gustado irme con una garantía de que vamos a avanzar y no solo con buenas intenciones y con bonitas palabras. Como digo, su orientación hacia dónde debemos ir la
compartimos y creo que todos los que estamos aquí también y el problema es que llevamos compartiéndola desde que se creó esta Comisión, desde hace ya unos dos años. El problema es que ni antes el Gobierno del PP concretó nada ni ahora, por lo que
veo, tampoco se va a poder concretar nada. Eso me preocupa porque veo que en el poco tiempo que queda de legislatura vamos a seguir estancados en la lucha contra la pobreza infantil.


Usted dice que la partida en inversión en la infancia dependerá de nosotros. No lo creo así. De nosotros dependerá que se apruebe, pero para poder aprobarlas debemos conocer cuál es su cuantía mínima para invertir en infancia después de
los datos que ha podido conocer en este tiempo.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Es el turno del Grupo Socialista, señora Ferrer.


La señora FERRER TESORO: Gracias.


Intervengo rápidamente. He oído en este turno de réplica alguna crítica de algunos partidos políticos y yo les digo, señorías, que no estamos hablando de gestos, sino de hechos. Este Gobierno podía haber mirado para otro lado y no lo ha
hecho. Es plenamente conocedor de un grave problema, ha actuado con rapidez en un tiempo récord, creando un mecanismo para solucionarlo. A eso lo llamo eficacia y eficiencia. Ahora ustedes pueden elegir seguir con la confrontación, poner palos en
la rueda, sacar rédito electoral o unirse a este Gobierno y aportar ideas y soluciones para luchar contra la pobreza infantil.


Les quiero recordar -hablo en genérico, pero me refiero a alguno en particular que ahora mencionaré- que todos los grupos políticos que estamos aquí votamos hace unos meses una proposición no de ley relativa a un Pacto de Estado por la
Infancia donde se trataban de una manera muy concreta y específica determinadas medidas, algunas de las cuales ha incluido dentro de sus objetivos la alta comisionada. Por tanto, todos las firmamos, mi grupo también las firmó, y ahora, con
responsabilidades de Gobierno, ha empezado a ejecutarlas. Les pregunto a las señorías de la oposición, que también las firmaron: ¿van a ir ahora en contra? ¿Van solamente a buscar el rédito electoral y no se van a sumar a un reto que exige el
compromiso de todos?


Quiero recordarle a Ciudadanos y al PP dos cuestiones. A la señora Millán, con todo el respeto y cariño que le tengo, que ahora es tan exigente, no lo ha sido cuando ustedes a bombo y platillo anunciaron un pacto con el Partido Popular de
1500 millones de euros para la infancia y no se ha ejecutado absolutamente nada, ni 100 millones. Le diría que estén más atentos no tanto a quitar lazos amarillos, sino a los problemas que preocupan a la sociedad como es la situación de la pobreza
infantil. Y a la señora Heredia, también con el mismo cariño y con el mismo respeto, le diré que aquí no estamos hablando de un concurso de lanzar huesos de aceituna, sino de recursos para los menores que lo están pasando mal. Y si ustedes quieren
que llegue financiación a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas, lo tienen muy fácil: aprueben la senda de déficit, 2500 millones de euros que van a las comunidades autónomas. Ahí demostrarán si verdaderamente tienen interés en hacer
política de infancia o solamente es palabrería. O reviertan, ya lo ha dicho la alta comisionada, la situación de la financiación local, ya que ustedes quitaron totalmente las competencias a los ayuntamientos. Ahí se demostrará realmente, no con
palabras, sino con hechos, que se quiere invertir en infancia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Es el turno ahora del Grupo Popular. Señora Heredia Martín.


La señora HEREDIA MARTÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Señora Carcedo, a pesar de tener un tiempo ilimitado, nos vamos con un mal sabor de boca. Usted sigue sin concretarnos propuestas y no hemos escuchado de su boca ni una sola iniciativa de manera extensa que nos pueda dejar claro que usted
va a trabajar por los intereses de los niños y niñas de nuestro país.

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Nos parecen pobres y atrevidas algunas de sus afirmaciones, sobre todo cuando habla del presupuesto general y nos dice: ¡Es que depende de ustedes! Usted misma nos está dejando prácticamente clara la debilidad que su Gobierno tiene.
¡Depende de ustedes! No, usted tendrá un borrador y usted tendrá algún tipo de propuesta que ofrecer a los grupos parlamentarios.


También es atrevida porque usted, a la hora de hablar sobre la Ley de racionalización de las administraciones públicas, ha dicho que se retiraron las competencias de los servicios sociales a los ayuntamientos. (La señora Ferrer Tesoro: Sí,
sí). No, señora Carcedo, no, lo único que se retiraron fueron las duplicidades. (La señora Ferrer Tesoso: No, no). Eran los servicios que prestaba, por una parte, la comunidad autónoma y también a la vez el ayuntamiento o a la vez la diputación
y el ayuntamiento. Eso fue lo que se recortó, y se lo digo yo porque soy concejal y sé claramente lo que se hizo en todos esos ayuntamientos. (Rumores). Se recortaron muchísimas situaciones como esas y, por supuesto, también se solucionaron
muchísimos problemas que tenían cientos y cientos de empresas públicas que no servían para nada y de fundaciones que se constituyeron y que no servían para nada y que hicieron que las arcas estatales ahorraran más de 3000 millones de euros. Estamos
hablando de una gran cantidad que se invirtió después en recursos públicos. Tampoco se olvide de que esa ley permitió que se sacaran de los cajones más de 5 millones de facturas que eran de empresas que estaban esperando cobrar y que por culpa de
las políticas socialistas podían haber ido a la ruina si no llega a ser por esta ley del Partido Popular.


Señora Carcedo, lo único que espero, ya que ustedes están hablando de que se den más recursos para los niños que lo están pasando mal y para los niños que lo necesitan, es que nos sorprenda y cumpla con los compromisos que hoy medianamente
nos ha esbozado. Espero que a nivel político esté a la altura y tenga la suficiente sensibilidad para proteger los derechos de la infancia en nuestro país, ya que, por lo que dicen algunas publicaciones de su región, a nivel personal le importó
bastante poco el bienestar de niños y niñas de una escuela infantil que había al lado de su casa. Como dice la noticia, usted o su familia, mejor dicho, hizo denuncias de todo tipo para intentar que se cerrara este negocio. Siento, de verdad, que
esté en sus manos el tener que proveer que haya más derechos para la infancia cuando tuvo muy poca sensibilidad a la hora de denunciar y hacer llamadas continuas para provocar que se cerrara este negocio público. (La señora Ferrer Tesoro: Te has
retratado, hija. ¡Qué nivel!). Ya le digo, y lo leo literalmente: Desde que empezamos con la escuela un vecino no nos dejaba de presionar para que nos fuéramos.


Solo me resta decirle que se necesita mucha más sensibilidad de la que usted demostró en esta situación para desarrollar sus funciones.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para finalizar el debate, tiene la palabra la señora Carcedo, Alta Comisionada para la Lucha contra la Pobreza Infantil.


La señora ALTA COMISIONADA PARA LA LUCHA CONTRA LA POBREZA INFANTIL (Carcedo Roces): Muchas gracias.


Empiezo por la portavoz de Podemos. A veces me entra complejo porque no sé si sé explicarme. La respuesta que yo di a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular respecto a los gitanos era, primero, recuperar el plan de atención que
recortaron gravemente durante el periodo del Partido Popular, pues entre otras políticas recortaron específicamente esas, el plan gitano, que atendía específicamente a las situaciones de esas familias, y desde luego en muchas comunidades autónomas
están haciendo con sus competencias esa labor de inclusión social de estos colectivos. Lo que a continuación añadí es que efectivamente los servicios públicos deben ser de calidad porque estos colectivos tienen poca capacidad para compensarlos con
otros colectivos privados que puedan suplir las carencias del sistema público. Por tanto, reforzar los servicios públicos es una política fundamental para que la calidad de los servicios llegue a todos. Yo soy médica de profesión y trabajé en un
centro donde había una población gitana considerable y los atendíamos como al resto de la población y a veces de forma especial. Quiero decir que lo importante es que haya servicios públicos de calidad para toda la ciudadanía, y los colectivos en
los que es necesario implementar programas específicos por necesidades singulares, como que no accedan a la vacunación, en lo que efectivamente lleva razón, y por otras muchas circunstancias que no vamos a desarrollar aquí ahora, efectivamente
necesitan una mirada especial y unos programas específicos. No lo estoy negando, en absoluto, al revés. Siento mucho que utilicemos a los niños como arma arrojadiza. Llevamos muchos años reclamando, intentando que la situación de la infancia en
España se incorpore en la agenda, que se

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pongan en marcha políticas específicas para acabar con esta situación. No es algo que nos saquemos ahora de la manga. La creación del alto comisionado no aparece tampoco por casualidad, sino porque es fruto de esa preocupación que
efectivamente tenemos como partido, como grupo parlamentario y como Gobierno de coordinar las políticas para hacerlas de la forma más eficaz posible para solventar el problema.


En cuanto a la situación económica, lo que quiero decir es que la situación de desigualdad tampoco aparece porque sí, sino que aparece porque hay una distribución de las rentas de una determinada manera. Antes le decía a la portavoz de
Ciudadanos que los beneficios fiscales llegan a las rentas altas, no llegan a las familias que no hacen la declaración de la renta, eso es lo que quería decir, que en las rentas de mercado influyen los salarios, las transferencias sociales, las
transferencias fiscales, el sistema impositivo, etcétera. Eso es lo que quería decir, que no es una cuestión puntual en la que hay un sarampión y hay que tratarlo, no, esto es más complejo y son muchas las políticas que influyen, sobre todo las
políticas económicas.


Con respecto a las desigualdades en salud que afectan a estos niños -creo que lo dije en mi intervención primera-, quizás la principal sea la alimentación. Este verano quisimos poner en la agenda la situación que viven determinadas familias
que no pueden garantizar esa alimentación sana, y dentro de los ítems que se miden para identificar la situación de precariedad y de exclusión social que Arope maneja está el tipo de alimentos imprescindibles que se pueden consumir a la semana, como
el pescado. Por tanto, sí es un asunto en el que estamos trabajando y que nos parece de suma importancia.


En cuanto a las medidas dirigidas a la población entre 0 a 3 años, como comenté antes, me remito a la comparecencia de la ministra de Educación -tengo aquí el Diario de Sesiones, pero no hace falta que lo repita, creo que sus señorías lo
conocen-, porque es una de las políticas sobre las que puso el acento la ministra de Educación y Formación Profesional. Y la comisión legislativa no es competencia del Gobierno, es competencia de sus señorías.


Con respecto a las cuantías de los Presupuestos Generales del Estado -algo que me apuntaba la portavoz de Ciudadanos-, no le quepa la menor duda de que en cuanto el Gobierno elabore los presupuestos, los apruebe y los remita a la Cámara,
vendrán con las cuantías correspondientes, no le quepa la menor duda. Yo no estoy ahora en condiciones de avanzar esas cuantías porque no existe ni siquiera el techo de gasto, así que sería por mi parte una osadía, pero no le quepa la menor duda de
que eso se cuantificará en los presupuestos.


No puedo estar de acuerdo con lo de la Lersal; que se lo pregunten a los ayuntamientos. Usted será concejal pero, que yo conozca, hay tres sentencias del Tribunal Constitucional respecto a lo de los servicios sociales, y desde luego a lo
que me niego es a que existan duplicidades. Los servicios sociales municipales no se duplican con los de las comunidades autónomas. Todas las comunidades autónomas decidieron -por eso el problema de la Lersal, que entró como elefante en
cacharrería- que sus servicios sociales se estructuraban en los servicios base, que son de competencia municipal, y los servicios especializados, que son de las comunidades autónomas. Básicamente es así, lo que pasa es que luego el Plan concertado
de servicios sociales distribuye y financia a los ayuntamientos en mayor o menor cuantía, y las comunidades autónomas son más o menos generosas con los ayuntamientos ayudando a esos servicios básicos municipales. Además, conocemos los recortes que
sufrió el Plan concertado de servicios sociales, en el que no voy a entrar. Y desde luego, en cuanto a si fue muy positivo para las empresas públicas, no es el asunto, pero permítame que discrepe radicalmente, hay muchas empresas municipales
públicas que están haciendo una gestión de lo más eficiente y el informe del Tribunal de Cuentas así lo manifiesta. No creo que el Tribunal de Cuentas esté condicionado por ninguna otra circunstancia, sino que es el mero cálculo de cómo gestionan
las empresas locales públicas y las concesiones privadas. El informe que emitieron es claro respecto a la eficiencia y eficacia en la prestación del servicio como en los costes. Con respecto a los Presupuestos Generales del Estado, me remito a la
respuesta que di a los anteriores portavoces.


Finalmente, quiero agradecer la comparecencia y el tono de la misma. La verdad es que yo he estado muy a gusto. Quiero insistirles en que este alto comisionado se compone de cinco personas y que tenemos la labor de velar por que los
programas que el resto del Gobierno ejecute estén en lo que afecta a la pobreza infantil diseñados y orientados a combatir esta situación y a diseñar políticas eficaces para sacar a las familias que tienen hijos a cargo de esta situación de
precariedad o de carencia material severa, y que los niños que nacen y viven en esas familias -insisto en que no hay niños pobres en familias ricas- tengan las mismas oportunidades y puedan disfrutar de esta edad, de ese devenir en la edad infantil.

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Debemos ser capaces de romper las desventajas que les constriñen y que les dificultan tener las mismas oportunidades y posibilidades de capacitación personal y de desarrollar una vida adulta plena en iguales circunstancias que el resto. Ese
es el objetivo y, desde luego, combatir la situación de desigualdad que existe.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Antes de acabar, quería reiterar mi agradecimiento muy sincero a la señora alta comisionada por la flexibilidad y la disponibilidad para mantener esta comparecencia, agradecimiento que hago extensible a todos los miembros de la Comisión y a
los servicios de la Cámara.


Sin más, se levanta la sesión.


Eran las doce y cincuenta y cinco minutos del mediodía.