CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 564

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Sesión núm. 43 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

11 de julio de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia de la señora ministra de Justicia (Delgado García):


- A petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. (Número de expediente 214/000075) ... (Página2)


- Para informar de las políticas y actuaciones a desarrollar en los próximos meses por parte de su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000964) ...
(Página2)


- Para explicar las líneas generales de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 213/001002) ... (Página2)


- Para informar sobre las líneas generales de la política de su departamento. A petición del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 213/001009) ... (Página2)


- Para informar sobre las prioridades y plan de trabajo del Gobierno en su ministerio. A petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 213/001036) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes a todos y a todas.


Abrimos esta sesión extraordinaria de la Comisión de Justicia dando la bienvenida en nombre de toda la Comisión a la nueva ministra de Justicia, Dolores Delgado García, y deseándole éxito en la tarea que acaba de asumir. Es un honor para
nosotros recibirla en esta Comisión. Saludo también al equipo que la acompaña.


Se han pedido comparecencias por los grupos parlamentarios Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos, Popular y Mixto, así como la comparecencia a petición propia de la ministra. La organización de la sesión será la
siguiente. Le daremos la palabra en primer lugar a la ministra para que haga su exposición. A continuación, tal y como hemos hablado con los portavoces, tendrán un turno de unos diez o doce minutos cada uno. Al haber varias solicitudes de
comparecencia, el orden más fácil y más factible para organizar la sesión es de menor a mayor. Después, tendrá de nuevo la palabra la ministra para responderles. Salvo que surja alguna polémica, no haremos uso del turno de réplica, salvo, como
digo, que haya alguna cosa concreta que ustedes quieran manifestar para lo que tendrán uno o dos minutos. Y sin más cuestiones previas, damos la palabra a la señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Muchas gracias, señora presidenta. Buenas tardes, señorías.


Agradezco la oportunidad que me brinda esta Comisión para presentar las líneas maestras del proyecto que impulsamos desde el Ministerio de Justicia, pero antes quiero recordar las palabras del presidente del Gobierno cuando defendió ante el
Pleno del Congreso el pasado 31 de mayo la moción de censura que le dio acceso al cargo. El presidente Sánchez apostó por el diálogo y la búsqueda de caminos comunes para que el esfuerzo conjunto de todas las fuerzas políticas redundase en
beneficio de la sociedad, que es, en definitiva, a la que nos debemos. Este diálogo es especialmente necesario en el ámbito de la justicia, uno de los más sensibles por cuanto -como saben ustedes- afecta a la defensa y protección de los derechos de
los ciudadanos y de las ciudadanas. Soy consciente de que estamos en una legislatura corta, pero vamos a intentar agotar todas las posibilidades para coadyuvar a que la justicia recupere el lugar que le corresponde. Para ello, debe recuperar la
credibilidad ante la sociedad a la que sirve y un nivel de eficacia que garantice la libertad y la seguridad que proclama nuestra Constitución. Como conocen, el próximo diciembre se cumplirán cuarenta años de vigencia de esta norma fundamental, de
nuestra Constitución, y es interesante releer los debates parlamentarios previos a su aprobación en los que se fijaron los principios rectores de lo que debería ser y es una justicia democrática, defensora de los valores que integran nuestro sistema
como Estado social y democrático de derecho. Fueron más de una docena de intensos debates con encendidos discursos, discrepancias y también encuentros. Ese es el sentido de la democracia, enriquecernos desde la diferencia para afrontar los retos
de una visión plural pero conjunta, que nos fortalezca frente a los desafíos que nos aguardan en los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir.


Hace cuarenta años se consiguió garantizar la convivencia, debemos ahora renovar aquel pacto que nos ha permitido disfrutar del periodo democrático más estable de nuestra historia. Seguramente deberemos consensuar las reformas que el
transcurso del paso del tiempo ha hecho necesarias. La sociedad española, consciente de la realidad plural de nuestro territorio, nos exige buscar nuevos horizontes y dar respuesta a futuros desafíos. Permítanme que en este momento cite a
Concepción Arenal y ya en relación con la justicia. Dice Concepción Arenal: 'A veces damos el nombre de favor a la justicia, y creemos de muy buena fe que fuimos buenos y generosos cuando no hemos sido nada más que justos'. De eso se trata,
señorías, de la justicia, que no puede ser vista como un privilegio para algunos pocos, lo que genera en los ciudadanos la desconfianza de la que nos alertan los informes demoscópicos. Si aceptamos que la justicia es una institución tuteladora o
protectora de la víctima que exige responsabilidades a los infractores, a quienes lesionan sus derechos, debemos cerrar la brecha de la desafección que aleja a la ciudadanía, no podemos mantener esa situación de descrédito. Nuestra prioridad es
hacer que la justicia como expresión de libertad e igualdad sea no solo un valor del ordenamiento jurídico, como establece el artículo 1 de la Constitución, sino real y efectiva, como un derecho adquirido de la ciudadanía, según establece el
artículo 9 también de nuestra Carta Magna. En ello, mi equipo y yo misma vamos a poner todo nuestro empeño, todo nuestro esfuerzo y queremos hacerlo trabajando hombro con hombro con todos ustedes. Nuestra intención es articular una justicia que
satisfaga las demandas de los ciudadanos en la medida que conforman esas demandas los intereses

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generales. Con ese objetivo, desde el Ministerio de Justicia pretendemos impulsar un conjunto de medidas articuladas en torno a siete ejes que les voy a exponer seguidamente.


En primer lugar, voy a hablarles de transparencia, de necesidad de transparencia. Es indudable, señorías, que la sospecha de injerencia política en las resoluciones judiciales, la falta de transparencia en la designación de los vocales del
Consejo General del Poder Judicial o la opacidad en la comunicación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado -entre otros factores- han mermado la confianza de los ciudadanos en nuestro sistema. Estos recelos también han suscitado -como
bien conocen- críticas internacionales; el grupo de Estados Contra la Corrupción del Consejo de Europa nos ha dado un aviso. Este estado de cosas debe terminar de inmediato porque es insoportable para una democracia ese mercadeo de segundo grado
en el que se ponen en juego no los intereses del servicio público y de la sociedad, sino los intereses particulares y corporativos, que a veces son espurios. El Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces tiene como
principal obligación garantizar la independencia judicial. Por eso, es necesario abordar su reforma con seriedad, confiando en la institución pero dotando al sistema de elección de sus miembros de cuantos elementos de protección, objetividad y
transparencia sean necesarios, también en cuanto a su funcionamiento. Les adelanto, señorías, que no voy a modificar los sistemas de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial y de la o el fiscal general del Estado. Lo que sí
quiero es compartir con ustedes mi deseo de dotar de transparencia, publicidad y participación de la ciudadanía ese proceso de elección. Repito, en el proceso, pero no en el sistema.


Con relación a la elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, se establecerán mecanismos de valoración efectiva de méritos. Se implementará un sistema en el que los distintos candidatos puedan defenderlos, presentar su
proyecto de actuación y garantizar su independencia frente a cualquier directriz por parte de otro poder del Estado, sin perjuicio -como es obvio- de las obligadas relaciones institucionales. Además, el currículum y el proyecto de cada uno de los
aspirantes serán públicos, para que puedan ser conocidos y valorados por la ciudadanía con el fin de asegurar el máximo grado de conexión entre el sistema judicial y la sociedad. Pretendo poner en marcha un mecanismo de participación que ofrezca a
los ciudadanos la posibilidad de plantear ante la comisión parlamentaria competente aquellas cuestiones que, debidamente sistematizadas y calificadas por aquella, estén referidas a aspectos que deben exponer los candidatos y candidatas. Para ello,
serán convocadas las asociaciones profesionales, los colegios profesionales, los sindicatos y las organizaciones de consumidores y usuarios, entre otros agentes sociales.


Respecto a la elección de los candidatos de extracción judicial, se exigirán los mismos requisitos de mérito y serán sometidos a idéntico escrutinio público que el resto de los participantes. En este punto insisto en que no vamos a ceder la
soberanía popular representada en este Parlamento a intereses meramente corporativos. El actual sistema de elección está avalado por el Tribunal Constitucional y combina con acierto las aspiraciones profesionales con los intereses generales, aunque
vamos a dotarlo -como les decía- de una mayor transparencia y sobre todo de un mayor control público.


Además de estas iniciativas para hacer más transparentes las relaciones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, vamos a reforzar los mecanismos para garantizar la independencia judicial respecto de otros poderes del Estado o frente a
presiones o injerencias de cualquier tipo. España, señorías, debe liderar la actuación de los principios universales vigentes sobre la independencia judicial, una idea en la que abundó hace apenas unas semanas el relator de Naciones Unidas en el
marco de la sesión ordinaria del Consejo de Derechos Humanos. Los principios básicos sobre la independencia del Poder Judicial fueron adoptados por la Asamblea General de Naciones Unidas en 1985 y tienen que ser enriquecidos y actualizados, como
bien dijo el relator. Hay que incorporar disposiciones pensadas en las nuevas amenazas a la independencia judicial, como son la corrupción o el crimen organizado. Se trata de fenómenos que pueden convertir en vulnerables a los profesionales de la
justicia si no funcionan debidamente los mecanismos que velan por que su función se realice sin injerencias y sin presiones. Asociaciones profesionales se han visto obligadas a denunciar, tanto nacional como internacionalmente, intentos de presión
sobre actuaciones judiciales. Ejemplo de ello es el último comunicado de cuatro asociaciones judiciales recordando al Consejo General del Poder Judicial su obligación de amparar a los jueces y juezas de modo efectivo en el ejercicio de su
independencia judicial. Por ello, debemos dotar a cada juez, jueza, magistrado o magistrada de los mecanismos para desempeñar su labor en idóneas condiciones de independencia y protección. Solo así se les podrá exigir el máximo de responsabilidad
ante eventuales incumplimientos en la alta misión de administrar justicia. Por este motivo, atendemos una de las reclamaciones de las organizaciones profesionales de la judicatura, que piden un mecanismo de amparo más eficiente. El actual, que se
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en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, exige que el amparo sea reclamado en persona por quienes sufren las presiones, lo que muchas veces se convierte en un obstáculo porque la propia petición hace más vulnerables a quienes
están sufriendo esa circunstancia. En esta línea, señorías, de hacer más transparente la actuación del gobierno de los jueces sería adecuada la reforma de su modelo de funcionamiento interno para que recupere su condición de órgano colegiado
formado por vocales dedicados en exclusiva al gobierno de los jueces, al hilo, en este caso, de las propuestas ya presentadas en esta Cámara por el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana de Catalunya.


Respecto a la fiscalía, repito algo que ya he comentado en esta misma Cámara a pregunta de alguna de sus señorías: el Gobierno de España va a ser absolutamente escrupuloso en el respeto de la autonomía funcional del ministerio fiscal, pero
también quiero dejar claro que el diseño y desarrollo de la política criminal es competencia del Gobierno de España conforme al artículo 97 de la Constitución. En esa política criminal es fundamental el rol que desempeñan el fiscal o la fiscal
general del Estado y la fiscalía, que está a su cargo. Entendemos que es fundamental la transparencia respecto de la fiscalía en dos ámbitos: el de las relaciones del Gobierno con el fiscal o la fiscal general del Estado, que están establecidas y
tasadas en los artículos 8 y 9 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y en cuanto al sistema de designación de la o el responsable de la Fiscalía General del Estado, que debe estar dotado de las máximas garantías. Para ello, en ese
nombramiento queremos añadir factores de transparencia y participación de la ciudadanía en el trámite del escrutinio parlamentario del proceso. Como ocurre en la actualidad, el o la candidata propuesta por el Ejecutivo comparece ante esta Comisión;
de manera previa, el candidato o candidata deberá hacer público su currículum, sus méritos y el proyecto de gestión, que con posterioridad deberá defender ante los grupos parlamentarios. En esa comparecencia, y al igual que hemos señalado para los
aspirantes a vocal del Consejo General del Poder Judicial, no solamente deberá responder a las preguntas que planteen los distintos portavoces parlamentarios, sino también a todas aquellas cuestiones que debidamente tramitadas por la Mesa de la
Comisión formulen los ciudadanos.


Sin salirnos de este primer eje relacionado con la transparencia, quisiera hacer mención también a la cuestión de la Fiscalía Europea. En este ámbito, tenemos muy avanzados los trabajos de la orden ministerial que regula el procedimiento de
selección de candidatos para la Fiscalía Europea, así como para los fiscales delegados en España, un procedimiento que se va a caracterizar por la publicidad, la transparencia y la especialización. España se convierte en el primer país europeo que
va a implementar este sistema creando una comisión de selección que será quien proponga a los candidatos. En este mismo sentido y al hilo de esta Fiscalía Europea, siendo la política migratoria una preocupación común el Gobierno de España, a través
del Ministerio de Justicia, quiere proponer a las instancias europeas la inclusión entre las competencias de esta Fiscalía Europea de la persecución de las mafias transnacionales dedicadas a la trata de seres humanos, porque no queremos una visión
meramente económica de Europa; como decía Monnet, pasemos de la Europa política a la Europa de los ciudadanos, y esto no debe ser una utopía.


El segundo eje sobre el que se va a centrar la política del ministerio que dirijo es el de la modernización de nuestro sistema de justicia. Desde hace un tiempo asistimos a una degradación de las instituciones que redunda en perjuicio del
servicio público que desde ellas se presta. La falta de medios destinados a la justicia es evidente, pero lo más alarmante es la ausencia de un modelo de justicia. Dimensionar y racionalizar los medios existentes, determinar las cargas de trabajo,
diseñar adecuadamente las oficinas Judicial y Fiscal y replantear el uso de las tecnologías son exigencias ineludibles. Las últimas iniciativas políticas en la materia no han sido afortunadas y, como bien saben ustedes, tampoco han sido pacíficas,
por muchas razones, pero quizás la fundamental ha sido la falta de diálogo real y efectivo con quienes día a día trabajan en la Administración de Justicia. No ha habido diálogo; no lo ha habido. Los colectivos judiciales y fiscales y todos los
operadores jurídicos han reclamado más y mejores medios, un sistema más ágil y operativo y que las tecnologías realmente sirvan al objetivo de agilizar el servicio público de la justicia. Este Gobierno pretende afianzar el proceso de modernización
de nuestra justicia para asegurar que nuestro país cuente con una verdadera Administración del siglo XXI a través de los procesos, mecanismos e instrumentos necesarios, y quiere hacerlo con el consenso de las distintas asociaciones que representan
el conjunto de operadores del derecho. Cualquier sistema judicial necesita acceder a las nuevas tecnologías. Los expedientes entendidos como una sucesión foliada de hojas mejor o peor encuadernadas están camino de pasar a la historia. Hoy en día
el papel o es digital o es papel mojado, pero este tránsito no es sencillo ni se puede hacer de forma precipitada. Debemos ser extremadamente cuidadosos para concluir esa transición de un modus operandi secular.

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Tenemos distintos obstáculos que nos pueden impedir esta aplicación tecnológica. En primer lugar, el primer obstáculo son las leyes que rigen nuestro procedimiento, algunas de ellas completamente obsoletas en este punto, por ejemplo la Ley
de Enjuiciamiento Criminal de 1882, redactada cuando nadie podía imaginar la existencia del mundo digital. El segundo obstáculo en la aplicación tecnológica es la naturaleza procesal del expediente judicial, una sucesión de actos procesales que
genera derechos y obligaciones que inciden en el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, que es la base de la protección del resto de los derechos consagrados en nuestro ordenamiento jurídico. El tercero es la participación de los
agentes, los actores del proceso, de los protagonistas del procedimiento definidos por la ley, el propio órgano jurisdiccional, las partes, los llamados al proceso o la propia fiscalía. Ha de garantizarse que todos ellos puedan, en las mismas o
mejores condiciones que con el papel, acceder al expediente e intervenir en el proceso según el rol que las leyes procesales o la propia Constitución les asigna. Un cuarto obstáculo deriva de las exigencias de seguridad. El expediente digital
plantea un serio problema. El acceso al expediente o a sus datos debe estar garantizado con los más altos estándares de seguridad para impedir que sea consultado por personas o instituciones diferentes a las contempladas en la norma. Este punto es
básico tanto para el funcionamiento del sistema sin interferencias como para la garantía de reserva de todas las actuaciones judiciales y los datos que deriven de las mismas. Recuerden que las investigaciones afectan siempre a personas, a
instituciones, a empresas, a intereses muy concretos y muy determinados. Por último, la garantía de integridad del expediente digital es básica. Si el soporte es digital es necesario establecer que no hay más ni menos ni otra cosa ni diferente de
forma o contenido que el propio expediente. Solo esa seguridad garantiza frente a la evidencia del expediente físico que la digitalización no genera paradojas o incertidumbres en los operadores jurídicos.


La digitalización es una oportunidad de incorporar la justicia a la modernidad, evitar la burocracia procesal o innecesarios traslados y tiempos de espera que derivan del contenido de los autos, y además facilitará la rapidez de la justicia.
Es una oportunidad también de incorporar a los procesos con todas las garantías los nuevos medios de prueba -grabaciones, pruebas digitales, formas de exposición de la realidad-, que desbordan el marco de unos folios en un papel. Las posibilidades
son inmensas y constituyen una oportunidad para mejorar el servicio público que es la justicia, los medios materiales puestos a su servicio y la tutela judicial efectiva. Sin embargo, señorías, la realidad es que en este momento se están intentando
implementar diferentes sistemas, diferentes alternativas que tratan de alcanzar cuanto antes el objetivo del papel cero en la Administración de Justicia mediante un plan aventurado y poco mediato que pone de manifiesto las carencias del sistema.
Las quejas de los profesionales son numerosas y se centran, con toda razón, en las grandes deficiencias de algunas soluciones que no satisfacen por completo a los usuarios y evidencian la necesidad de extremar las garantías de integridad, seguridad
y eficacia que no se cumplen. No podemos consentir que por problemas de funcionamiento, desarrollo o concepción del sistema informático un ciudadano pueda pasar un solo día privado de libertad injustamente o se paralice una institución clave como
es la fiscalía o se difundan datos privados de las víctimas por carencias del sistema. Una implantación deficiente y precipitada perjudica tanto a la sociedad en general como a los profesionales de la justicia.


En este sentido, el camino recorrido hasta ahora ha sido caótico. Lejos de perfeccionar el sistema mediante programas piloto con estrictos controles de calidad para lograr un producto depurado que pueda extenderse con garantías a todo el
territorio, lo que se ha venido haciendo es un experimento global con procedimientos vivos. La implantación de los sistemas digitales exige un cambio de mentalidad y de formas de trabajo, porque modifica de forma radical la relación entre el
material del proceso y los usuarios, supone transformaciones en las oficinas públicas y reclama recursos e ideas. Debe ser ambiciosa pero también cauta, controlada por los propios profesionales a los que va dirigida, que deben participar en su
desarrollo y, sobre todo, debe ser respetuosa con la ley y con las instituciones a las que debe servir. El Poder Judicial, la fiscalía, los letrados de la Administración de Justicia, los forenses, la policía judicial, los abogados, los
procuradores, las partes y todos aquellos que sirven a la justicia deben sentirse cómodos, notar los avances y aprovecharse de las ventajas de la era digital.


La implantación de las nuevas tecnologías tiene un carácter instrumental, nunca sustantivo, por lo tanto, debe ser racional hasta el punto de que la formación, el control de calidad de la evolución, la medición de tiempos y recursos y la
eficacia del sistema deben primar sobre las prisas y el empecinamiento. Es el momento de tomar aire y repasar, testar el panorama y avanzar hacia lugares seguros o deshacer los caminos mal planteados. Entendemos que la incorporación de las nuevas
tecnologías a la justicia es un desafío conjunto, hay que garantizar que la Administración judicial funcione igual en Cataluña, en el

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País Vasco, en Andalucía o en el territorio del Ministerio de Justicia, y que su calidad no dependa de la mejor o peor disposición de este ministerio o de los ejecutivos autonómicos en la adquisición de uno u otro programa de gestión
procesal, sino que el sistema elegido, dialogado y acordado sea el que mejor tutele los derechos de los ciudadanos. El expediente digital como sustento material del marco de las relaciones procesales debe ser uno para todo el Estado, puesto que una
sola es la Ley Procesal que rige el proceso y define su naturaleza. Por lo tanto, el modelo debe avanzar hacia un único expediente digital y las administraciones al servicio de la justicia están obligadas a respetar ese principio, tanto en las
comunidades que tienen transferidas las competencias como en las que todavía continúan bajo el paraguas del ministerio. La unidad del sistema nos permite satisfacer la lógica procesal y superar los inconvenientes actuales de la existencia de
diferentes formas de gestión procesal incompatibles o que no se comunican entre sí. Se da la paradoja de que los recursos públicos invertidos para satisfacer las nuevas necesidades digitales ni siquiera son complementarios. No podemos crear una
realidad paralela a las leyes procesales, pues hemos de atenernos a ellas y respetar el marco constitucional. Apostamos por un solo sistema unificado para todo el Estado, que sea reflejo real del mandato constitucional que consagra el principio de
unidad jurisdiccional como base de la organización y funcionamiento de los tribunales, separado y alejado de las influencias, interferencias y control de los poderes ejecutivos del Estado o de las comunidades autónomas; un sistema unificado que
asegure la independencia del ejercicio de la labor jurisdiccional de los tribunales, de la justicia y del resto de los operadores jurídicos y que garantice en todo el territorio nacional la idéntica prestación del servicio público que es la
justicia.


Como muestra de la importancia que este Ministerio de Justicia confiere a la modernización, hemos modificado su estructura básica para crear una nueva Dirección General de Modernización de la Justicia, Desarrollo Tecnológico y Recuperación y
Gestión de Activos, dependiente de la Secretaría General de la Administración de Justicia. Será este nuevo centro directivo el encargado de impulsar, coordinar y evaluar los trabajos necesarios para situar nuestra Administración de Justicia en los
estándares de modernidad y calidad propios del siglo XXI y, asimismo, estudiamos la creación de una agencia estatal de justicia digital que permita la consecución de los objetivos indicados.


El tercer eje que queremos abordar es el de la relación con los operadores jurídicos desde el Ministerio de Justicia. Quiero recordarles, señorías, que la insatisfacción existente en la ciudadanía que mencioné al comienzo de mi intervención
se extiende también a los profesionales de la justicia que reclaman, desde hace mucho tiempo, cambios profundos en el funcionamiento de nuestro sistema. Para ello tendríamos que realizar una especie de auditoría o radiografía integral de la
justicia y tomarlo como una cuestión de Estado para que por la presente y venideras administraciones se siguiese esa cuestión.


Señorías, convendrán conmigo en que existe una importante convergencia a la hora de identificar los problemas que acucian a la justicia. De lo que se trata en este momento es de sumar esfuerzos para hallar soluciones; para ello es
indispensable retomar el diálogo entre el Gobierno y las asociaciones de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia así como con las organizaciones sindicales y con los colectivos afectados. Necesitamos reconstruir los puentes que
jamás debieron romperse y buscar, desde un espíritu constructivo, puntos de encuentro que nos permitan superar la situación de bloqueo y el sentimiento de desconfianza que se ha generado entre los profesionales de la Administración de Justicia y
quienes tenemos el mandato de proveerles de medios y recursos para que puedan ejercer esta importante labor.


Señorías, tengo la certeza de que si lo hacemos bien, si planteamos este diálogo en términos constructivos, todos ganaremos, el éxito será conjunto y tal vez podamos sentar las bases de esa actuación de futuro de la que antes hablaba. Con
ese objetivo propondré a los operadores jurídicos la formación de un grupo de trabajo interdisciplinar que emita un informe exhaustivo sobre el estado real de la justicia, con propuestas concretas que sirvan de base a las reformas legales o
actuaciones administrativas, sin necesidad de esperar a la conclusión global de los trabajos. Vamos a tratar de ser lo más prácticos posibles y les insto a avanzar en la aprobación de aquellas reformas en las que el acuerdo está más maduro,
evitando que aquellos puntos en los que aún no hemos encontrado un terreno común se conviertan en un obstáculo para llegar a estos acuerdos.


Entre las cuestiones en las que podemos encontrar un espacio para el acuerdo está lo relativo al artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuya última redacción establece un riguroso control de los plazos de la instrucción en los
procedimientos penales que ha merecido numerosas críticas por los operadores jurídicos. Todos compartimos que una justicia tardía no es justicia; pero de igual manera podemos estar de acuerdo en que tener por objetivo primordial una justicia
rápida sin ponderar

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suficientemente los modos de llegar a ella puede dar lugar a resultados igualmente injustos. La fijación legislativa de plazos máximos a la investigación penal es una forma de concretar el contenido del derecho a no padecer dilaciones
indebidas; sin embargo, ello no puede hacernos olvidar que aunque la justicia ha de ser rápida, también ha de garantizar la tutela penal de todas, por ejemplo, las víctimas. Seguramente la bienintencionada reforma del 324 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que fue bienintencionada, adolece de una tacha o defecto de origen: atribuye el control de la duración de la instrucción a quien no la dirige, que es el ministerio fiscal. Nuestro modelo, que sigue anclado como bien saben
en el juez de instrucción de 1882, no confiere la instrucción al ministerio fiscal. La opción elegida por el legislador de 2015, otorgar a los fiscales la responsabilidad en exclusiva de instar la prórroga inicial del plazo de la instrucción
judicial, puede conllevar verdaderos espacios de impunidad. Es preciso recordar que los expedientes judiciales y los medios, recursos y herramientas con las que cuenta el ministerio fiscal no son los apropiados para la compleja tarea del control de
los plazos de instrucción. Para desarrollar la tarea encomendada por el artículo 324 del código procesal, los fiscales deben acudir a las oficinas judiciales, abrir -literalmente- los armarios, comprobar el estado de los procedimientos y anotar las
causas cuyos plazos están próximos al vencimiento. Esto es así porque juzgados y fiscalías ni siquiera cuentan con un sistema informático de gestión procesal para que se coordinen entre sí. Esta situación genera un evidente riesgo de extravío de
datos con la consiguiente posibilidad de que alguna víctima no vea satisfecho su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva.


Creo que la mayoría de los grupos presentes en esta Cámara comparten la necesidad de acabar con una situación que ha provocado importantes disfunciones en nuestra Administración de Justicia y ha multiplicado el riesgo de impunidad. Y lo ha
hecho sin que haya podido comprobar una agilización de la justicia penal. No se ha comprobado esta agilización; antes al contrario, se ha mantenido la media de duración de las instrucciones judiciales y se ha incrementado notablemente el tiempo de
espera para el enjuiciamiento. Por todo ello, cuento con sus señorías para satisfacer una demanda compartida por todos los colectivos de justicia mediante la derogación del artículo 224 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También es elevado el
grado de madurez del consenso para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en materia de permisos y licencias. Por ello, me gustaría que entre todos buscáramos la manera más adecuada para dar cumplida cuenta de una reclamación que creo,
por otra parte, que es justa para los operadores jurídicos, devolviéndoles aquello a lo que tienen derecho y que les fue desprovisto en nombre de la austeridad. Junto a esta recuperación inmediata del diálogo, creo que es necesario hacer un
esfuerzo en todo lo que se refiere a la provisión de nuevos puestos de trabajo y las mejoras materiales en la Administración de Justicia. Como bien saben, se ha incrementado el número plazas de nueva incorporación para reforzar los medios
personales con los que cuenta la Administración de Justicia y con el objetivo de reducir la temporalidad. En el marco del acuerdo de mejora del empleo público, suscrito el 29 de marzo de 2017 entre el Ministerio de Hacienda y Función Pública y las
principales organizaciones sindicales, se ha puesto en marcha un proceso de estabilización para el periodo 2017-2019, que va permitir la convocatoria de un total de 10 575 nuevas plazas para la Administración de Justicia hasta el año 2019. En la
actualidad se están desarrollando los procesos selectivos correspondientes a la ejecución de la oferta de empleo público de 2016, y está previsto que los procesos de todos los cuerpos generales finalicen con el nombramiento de los funcionarios en el
mes de septiembre.


El presupuesto para 2018 del Ministerio de Justicia destinado la prestación de los servicios de asistencia jurídica gratuita también experimenta un incremento significativo, con una dotación por importe de 48,7 millones de euros, casi 12
millones de euros más, es decir, un 30,88% más que el año anterior. Se recompensa, así, a los más de 50 000 abogados y abogadas del turno de oficio, que llevan a cabo una tarea esencial para asegurar la aplicación del principio de igualdad y la
garantía del derecho a la tutela judicial efectiva establecidos en nuestra Constitución. Dicho aumento permitirá incrementar los baremos o módulos de la indemnización que se aplican por la intervención de los abogados y procuradores en la
prestación del turno de oficio, así como triplicar el número de mujeres víctimas de violencia de género asesoradas a través de los servicios de asistencia jurídica gratuita. No obstante, tenemos aún pendiente la necesaria reforma del Reglamento de
Asistencia Jurídica Gratuita con un doble objetivo: adaptar el actual reglamento a la modificación de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita operada en 2015, actualizar la regulación técnica del régimen aplicable a la prestación de la asistencia
jurídica gratuita e introducir medidas específicas que permitan agilizar la tramitación de la financiación pública de los servicios de justicia gratuita prestados.

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Otra de las actualizaciones que son inexcusables es la del Reglamento de la Carrera Fiscal de 1969. No podemos considerarnos un país moderno cuando mantenemos a la carrera fiscal sometida a una norma preconstitucional. Por ello, en el
plazo más breve posible y con el acuerdo más amplio posible con los miembros del ministerio fiscal, llevaré al Consejo de Ministros el real decreto que sustituirá al Reglamento de 1969 y que introducirá los principios constitucionales y lo
modernizará en cuestiones esenciales, como son la perspectiva de género, la transparencia, la participación y la garantía de la autonomía funcional de los fiscales.


El cuarto eje que sustentará la actividad del Ministerio de Justicia será la incorporación de la perspectiva de género a toda la acción de la Administración de Justicia. La Ley de igualdad del año 2007 establece en sus artículos 4 y 15 la
necesidad de integrar transversalmente el principio de igualdad, que vincula a todos los poderes públicos, incluido el Poder Judicial. Es evidente que nuestro derecho no es algo neutro; es el resultado de décadas, cuando no de siglos, de
construcciones basadas en una visión eminentemente masculina del mismo. La legislación española contempla la necesidad de formación de los operadores jurídicos en materia de género e igualdad, sin embargo, la realidad es que estas normas son poco
conocidas y poco estudiadas. A día de hoy solo quienes están destinados a los juzgados especializados en violencia de género cuentan con formación en este sentido. Me propongo, por tanto, dar cumplimiento al mandato que salió de estas mismas
Cortes hace ya más de una década, incorporando la perspectiva de género en nuestra justicia. No hacerlo supondrá que continuemos impartiendo una justicia deficiente y parcial, que trata igual a los que son desiguales y se aleja de la equidad a la
que debemos aspirar como sociedad avanzada. Una justicia con perspectiva de género es una justicia que se abre a todo género de perspectivas igualitarias, que busca soluciones justas a situaciones desiguales, lo que no se consigue si seguimos
aplicando el ordenamiento jurídico conforme a concepciones formalistas del mismo. Jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, forenses, abogados, en definitiva todos los operadores jurídicos, deben poder contar con la formación
como instrumento clave para identificar los estereotipos de género que puedan llevarles a caer en la trampa de un análisis inequitativo de las situaciones que están analizando.


Hay que conseguir superar la denuncia que en este aspecto pronunció Victoria Kent: La mujer, en general, delinque poco, pero sufre un castigo mil veces más duro que el del hombre. Además, podríamos apostillar que incluso en su rol de
testigo-víctima la mujer puede ser revictimizada solo por el hecho de serlo y denunciarlo. La Sala segunda del Tribunal Supremo en una reciente sentencia, del 24 de mayo pasado, ha incorporado la perspectiva de género en delitos de violencia sobre
la mujer, por lo que podemos afirmar que la jurisprudencia también secunda este empeño y análisis y nos muestra que sí se puede tener esta perspectiva de género desde las sentencias. Ejemplos como las recientes y otras resoluciones judiciales han
provocado una reacción social importante. Las justas demandas que se evidenciaron en el último 8 de marzo con millones de mujeres en las calles no pueden pasar desapercibidas. Una sociedad que recibe el grito unánime de más de la mitad de sus
integrantes debe ponerse en terapia de forma urgente. Por ello propondremos que el Centro de Estudios Jurídicos coordine los programas conjuntos en esta materia de género con la preparación y capacitación de los operadores y operadoras de derecho,
y así se lo hemos transmitido también al Consejo General del Poder Judicial a través de su presidente para que tenga su reflejo, en la medida de lo necesario, en la Escuela Judicial y en los programas de formación. Además, hemos planteado, el
pasado 6 de julio, al Consejo General de la Abogacía la creación de programas conjuntos en esta materia. Este es un reto en el que todas y todos debemos comprometernos y estoy convencida de la plena disposición de los abogados en este sentido.
Necesitamos avanzar en esta inclusión en la perspectiva de género y además creo que no hay tiempo que perder. Por ello, en cumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género encargado a un grupo de expertas, la relectura desde una
perspectiva de género de la propuesta de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En el mismo sentido queremos adelantar la formación de un grupo transversal que estudie los mismos ámbitos referidos a los derechos y desigualdades de la
comunidad LGTBI. Por otra parte, hemos ampliado el encargo que se realizó a la sección penal de la Comisión General de Codificación sobre la posible reforma del Código Penal y hemos prorrogado hasta el día 15 de noviembre el plazo para la
finalización de sus trabajos. Queremos que analicen no solo el encargo inicial de estudiar una reforma del Código Penal respecto de los delitos contra la libertad sexual, sino también la modificación de otras normas, si resulta necesaria. El
Gobierno, además, estudiará considerar a las víctimas de agresión sexual como víctimas de violencia de género y ello permitiría otorgarles el derecho de asistencia jurídica gratuita.

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Acabando con este apartado, me gustaría hacer mención específica a los juzgados de violencia de género. Una de las obligaciones de las administraciones públicas es la de procurar los instrumentos adecuados para conseguir la eficacia del
proceso y la protección de las víctimas. Desde su creación como órganos especializados, los juzgados de violencia contra la mujer han cumplido un importante papel en la especialización de la respuesta penal al fenómeno de la violencia de género.
Pero las previsiones de la ley son mejorables, tanto en la atribución competencial de los juzgados como en su implantación en todo el territorio. Comenzando por lo segundo, en aquellos territorios en los que la creación de un juzgado ha supuesto
una concentración de recursos y una respuesta más eficaz al fenómeno, la valoración es positiva. Pero también ha ocurrido que con la voluntad de alcanzar a todos los lugares del territorio nacional, a todos los partidos judiciales, muchos juzgados
de violencia de género compatibilizan su trabajo con otras labores de instrucción; no son juzgados exclusivos, de forma que la violencia de género no recibe una respuesta diferente a otros fenómenos delictivos.


Podemos encontrar a esto dos soluciones, ambas sin necesidad de aumentar significativamente los recursos, sino reordenándolos. Una sería la concentración de varios juzgados de violencia en uno solo, unificando recursos y dedicándolos en
exclusiva, es decir, comarcalizando y especializando la respuesta, concentrándola en los partidos judiciales que puedan, además, garantizar una mejor respuesta a las víctimas con intervención de los agentes sociales, psicólogos, trabajadores
sociales, equipos multidisciplinares o recursos de emergencia.


Otra solución más inmediata en aquellos partidos judiciales en los que existe más de un juzgado de instrucción podría ser atribuir a uno de ellos en exclusiva y no compartida con otros delitos la competencia de violencia de género. Es
realmente insoportable el goteo de muertes de mujeres y de sus hijos e hijas fruto de la violencia de género e insostenible también, señorías, la revictimización de las mujeres que se atreven a denunciar un ataque a su libertad sexual. Me esforzaré
en contribuir al cambio de las estructuras mentales que todavía no han entendido la dimensión de esa realidad.


El quinto eje es el de la memoria histórica. José Saramago escribió que hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina por la indiferencia. Con estas palabras nos recordaba que
la memoria forma parte indeleble de nosotros mismos, conforma nuestros recuerdos y conforma nuestra forma de pensar y de actuar. La memoria no es algo del pasado como su adjetivo histórico sugiere, sino algo actual que nos configura como seres
humanos que viven en comunidad y en democracia con diferentes planteamientos de vida, pero que deben contar con todos los elementos que nutren esos mismos diversos planteamientos. La memoria nos alimenta esa necesidad de conocimiento; el olvido
lastra la memoria, la cercena y contribuye a deformar nuestra propia convivencia, la cual pasa a sustentarse sobre unos cimientos y pilares falsos y, por tanto, antes o después se tambalean. Cuando hablamos de memoria, hablamos también de justicia.
La memoria es la que impide el olvido y de tal modo la gravedad de las injusticias que se han sufrido. La memoria las trae al presente y las mantiene vigentes, de forma que configuran o contribuyen a ello la definición de una justicia de este modo
más equitativa y más justa.


España no puede seguir siendo un país que se identifica en foros internacionales como uno de los mayores incumplidores de las resoluciones de esa categoría que se refieren a las violaciones de los derechos humanos y al derecho a la verdad,
la justicia, la reparación y las garantías a la no repetición. No solo el Comité de Derechos Humanos, sino también el Comité contra la Tortura, el Comité de Desaparición Forzada de Personas y el propio relator de Naciones Unidas para ese derecho
nos lo han dicho por activa y por pasiva. El informe de Pablo de Greiff en su visita a España en el año 2014 es demoledor para nuestro país. Nos censura en materia de justicia en el caso del franquismo, de los niños robados y en la falta de
respuestas a las víctimas. Les invito a su lectura porque realmente es demoledor para España.


El Gobierno de España, retomando la senda de anteriores Gobiernos socialistas y haciendo suya la frase de la expresidenta Michelle Bachelet cuando dijo que las heridas del pasado se curan con más verdad, pretende mostrar el máximo compromiso
con la cuestión de la memoria histórica. Es inaceptable que España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya. Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los
mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y a la obtención de las adecuadas garantías de no repetición. Prueba de este compromiso ha sido la creación de una nueva Dirección General para
la Memoria Histórica, que tiene como cometido destacado impulsar la búsqueda de los desaparecidos de la Guerra Civil y de la Dictadura franquista. La nueva dirección

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general establecerá los planes de búsqueda de desaparecidos, contará con expertos en materias relacionadas con el derecho, la arqueología y la antropología forense, así como representantes de las asociaciones memoralistas para que familiares
y víctimas encuentren respuesta. Esta dirección general hará públicos los datos de exhumación anual, el número de personas localizadas, la cifra de peticiones registradas y el número de prospecciones sin resultado positivo, para su posterior
publicación en el Boletín Oficial del Estado o en el boletín oficial de la comunidad autónoma donde se haya realizado la exhumación. Y procederá a la publicación de un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura.


La Ley de Memoria Histórica, de 2007, fue un hito en el desarrollo de España como país democrático. Sin embargo, tras una década de perspectiva, comprobamos la necesidad de actualizarla si queremos poder alcanzar el objetivo establecido por
el legislador en su momento. Aquí han sido diferentes comunidades autónomas las que han ido más allá que el Estado, mejorando la aplicación del año 2007. Por otro lado, no podemos olvidar las reclamaciones que sistemáticamente viene realizando
Naciones Unidas al Gobierno español para que lidere las exhumaciones y cubra los déficits de verdad y de justicia que existen en España en relación con este tema, y estamos moralmente obligados a ello. No puede ser que personas con más de noventa
años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familias, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento. No puede ser que las víctimas tengan que acudir a otro país para poner en marcha un procedimiento
que debiera ser atendido en España, en respuesta a la petición de justicia, de obligado cumplimiento por nuestros tribunales. No puede ser que haya miles de víctimas hoy en España aquejadas de indefensión judicial. Esta es la realidad. Seguimos
dando vueltas a las mismas cuestiones y van pasando los años y las víctimas desapareciendo sin que, ochenta años después y contando el Estado con todos los medios, seamos capaces todavía de definir la hoja de ruta para poner fin a esta lacerante
indefensión que nos humilla a todos como pueblo. No se trata de calificar a las víctimas de un lado y de otro. No, no, es algo diferente. Se trata de cumplir los principios básicos del derecho humanitario, del derecho internacional y de los
derechos humanos. Y algo mucho más próximo, de cumplir la ley y, en su falta, definir los mecanismos que la complementan. Por eso, señorías, les adelanto que es intención de este Gobierno llevar a cabo una reforma integral de la Ley de Memoria
Histórica para declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias, impulsar desde lo público las exhumaciones, crear una comisión de verdad, resignificar el Valle de los Caídos en los términos recomendados por
la comisión de expertos que estudió el asunto en el año 2011, retirar la simbología de exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura con un procedimiento tasado, con sanciones económicas para el caso del incumplimiento, y reforzar el acceso a los
archivos. Además de ello reabriremos la Oficina de Atención a las Víctimas del Franquismo, y estudiaremos la manera de llevar a cabo la ilegalización de aquellas asociaciones y organizaciones que hagan apología del franquismo.


Un sexto eje es la jurisdicción universal. Uno de los principios que se incluye en nuestra Ley Orgánica del Poder Judicial como criterio de atribución de jurisdicción penal es el de la jurisdicción universal, como muy bien conocen todos
ustedes. A diferencia de otros principios, como el de la personalidad activa, pasiva o territorial, el de la jurisdicción universal ha levantado polémicas y discusiones, quizá porque el enfoque que se ha dado al mismo ha sido más político o
económico que jurídico. La jurisdicción universal es una herramienta que contribuye a evitar indeseables espacios de impunidad. Es un instrumento imprescindible en la persecución de crímenes transfronterizos y nucleares de la delincuencia
organizada internacional, y sobre todo se ha mostrado eficaz en la defensa de las víctimas de horrendos crímenes, poniendo de manifiesto el alcance del concepto de víctima universal. Lejos de ser un fenómeno excepcional es un criterio de
jurisdicción presente en la mayoría de las legislaciones nacionales. Lo que diferencia a España del resto fue la preparación y disposición de sus tribunales para aplicar este principio en respuesta a procesos siempre promovidos por las víctimas,
sin mayores motivaciones que la defensa de sus propios derechos.


Entre 1985 y el año 2009, y en menor medida hasta 2014, España se convirtió en un estandarte de la defensa de los derechos humanos al abrir sus puertas a víctimas de graves crímenes internacionales, como el genocidio, crímenes de lesa
humanidad, crímenes de guerra, desapariciones forzadas y torturas, entre otros. Este impulso fue secundado por otros Estados, como por ejemplo Bélgica. El contagio no se detuvo ahí y en la actualidad se atiende a una proliferación de casos y
práctica de la jurisdicción universal en otros países como Argentina, Senegal, Sudáfrica y numerosos Estados miembros de la Unión Europea, como los Países Bajos, Suecia, Finlandia o Alemania. Frente a argumentos en su contra, como su escaso impacto
en la realidad jurídica de un país, por el bajo número de casos que se suscitan, debemos aclarar

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que la jurisdicción universal es un instrumento útil que no se puede medir únicamente por términos aritméticos de condenas, tiene un valor reparador para las víctimas que no encuentran justicia en sus países de origen, y activa las alertas
rojas con órdenes internacionales de detención que reducen los espacios de impunidad y refugios seguros de los presuntos responsables de crímenes internacionales. La jurisdicción universal hace que el mundo sea más pequeño y menos amable para
ellos. Sirve además para desarrollar el derecho penal internacional, su integración en el ordenamiento jurídico interno, y el impulso internacional de la protección de las víctimas, además de promover la cooperación jurídica internacional haciendo
viables respuestas concurrentes o de apoyo a aquellos países en los que sus jueces no pueden avanzar o carecen de los medios para hacerlo, y que gracias a esos mecanismos consiguen iniciar o reiniciar procesos penales pertinentes. La mencionada
proliferación de la jurisdicción universal en el mundo revela una concepción moderna de la lucha contra la impunidad y la criminalidad organizada, no como el del estatus policial y superior de un Estado frente al resto, sino como una labor
coordinada y concurrente donde las autoridades judiciales, fiscales y policiales de diferentes países se coordinan para investigar, recabar y compartir datos que eventualmente puedan nutrir el enjuiciamiento de los presuntos delincuentes en el foro
más propicio. Esta concurrencia se ajusta además al principio de complementariedad del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, de la que España es parte.


La reforma del año 2014 dejó no solo a las víctimas en general, sino también a los españoles en particular, mucho más indefensos. Ha limitado la eficacia de España en el combate frente al narcotráfico internacional y frente al terrorismo.
También ha dejado a España fuera de la legalidad internacional, ya que numerosos tratados internacionales de los que España es parte prescriben la obligación de aplicar la jurisdicción universal sin las restricciones del vigente artículo 23.4 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial, como por ejemplo para los crímenes de guerra o las torturas. Por último, lejos de ser un instrumento neocolonial, como algunos afirman, es un instrumento horizontal que iguala a los países a la hora de combatir la
impunidad de aquellos crímenes más graves contra el pueblo. Por todo ello resulta imprescindible recuperar la legislación vigente entre el año 1985 y 2009 revisada conforme a las necesidades actuales, como son la persecución de crímenes
internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental; solo así España podrá volver a ocupar la digna posición de impulso en la defensa de los derechos humanos y la protección de las víctimas que tenía. No es un tema nuevo para esta
Cámara. Hace poco más de un año todos los grupos del Congreso, salvo el Grupo Popular, apoyaron tomar en consideración la proposición de ley de Esquerra Republicana para recuperar la jurisdicción universal previa a las reformas de 2009 y 2014.
Seguiremos en esta línea, y además este ministerio tiene la intención de abrir un espacio de discusión y aporte de información en el que un grupo de expertos, a partir de las iniciativas consolidadas en los últimos años, pueda ofrecer en un plazo no
superior a tres meses las contribuciones para una reforma de la jurisdicción universal que afronte los retos del presente y del futuro.


Otro eje en el que se basará la actuación del Ministerio de Justicia será el del acercamiento a la ciudadanía. Este va a ser un eje troncal, porque creemos que es esencial este acercamiento. Los datos del CIS son contundentes cuando
afirman que hasta un 80% de la ciudadanía está disconforme con el funcionamiento de la justicia en España. Ese distanciamiento tiene muchas causas; puede ser la complejidad de los temas que se tratan, la utilización de un lenguaje no siempre fácil
de entender, la lentitud para adaptarse a los cambios sociales, etcétera. Son muchos, pero necesitamos gestionar un modelo de participación ciudadana en nuestro sistema de justicia que sea interactivo y que tenga una plasmación en mejoras reales en
la vida de la gente. Con este fin retomaremos los trabajos iniciados para la aprobación de una ley reguladora del derecho de defensa, con el fin de desarrollar aquellos aspectos comunes a todas las jurisdicciones, plasmando en una norma con rango
de ley algunas de las previsiones que se contienen en la Carta de Derechos de los Ciudadanos ante Justicia. Esta ley facilitará el conocimiento por parte de los ciudadanos de los derechos y deberes que tienen cuando acuden a un abogado y los que
les asisten durante el procedimiento. Regulará las obligaciones del abogado respecto del tribunal y también respecto del cliente, y detallará los derechos de los letrados, tanto ante el cliente como ante el tribunal. Con el fin de aliviar la
sobrecarga de nuestro sistema de justicia y reducir los tiempos de pendencia y resolución de los litigios, estudiaremos la mejor forma de impulsar de manera definitiva la mediación en el ámbito civil y contencioso-administrativo, superando la actual
situación de bloqueo en su implantación. Proporcionaremos así a los ciudadanos y empresas mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que podrían darse, tanto de manera previa al proceso como una vez iniciado este, si el juez considerase
que cabe tal posibilidad.

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En esta política de acercamiento entre la sociedad y la Administración de Justicia no puedo dejar pasar la ocasión de hacer referencia a la situación de la discapacidad. La falta de acomodo entre la realidad y las normas es una de las
causas más evidentes de la desafección de los ciudadanos hacia el sistema de justicia, y si hay una realidad en la que es más palmaria es en el caso de la discapacidad. España firmó en el año 2006 la Convención Internacional de Nueva York sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad, que introdujo importantes novedades en el tratamiento de la discapacidad, y que dio lugar a una serie de reformas normativas iniciadas en el año 2011. Sin embargo este proceso de reforma no está aún
completado en el conjunto de nuestra legislación civil y procesal. Es necesario continuar en el camino para dar cumplimiento al artículo 12 de la Convención de Nueva York, que proclama que las personas con discapacidad tienen capacidad jurídica en
igualdad de condiciones con las demás en todos los aspectos de la vida, y obliga a los Estados parte a adoptar las medidas pertinentes para proporcionar el acceso a las personas con discapacidad al apoyo que puedan necesitar para el ejercicio de su
capacidad jurídica. Por todo ello, señorías, me satisface poder anunciarles que en breve llevaremos al Consejo de Ministros la que será una de las principales reformas de nuestra legislación civil hasta la fecha: cambiar el sistema vigente en
nuestro ordenamiento jurídico, en el que predomina la sustitución en la toma de decisiones que afectan a las personas con discapacidad, por otro basado en el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas, que como regla general serán las
encargadas de tomar sus propias decisiones. A través de esta reforma, cuyo texto ya tenía muy avanzado el anterior Gobierno y que nosotros hemos decidido impulsar, lograremos poner al día nuestro derecho interno en el respeto al principio de
igualdad de todas las personas en el ejercicio de su capacidad jurídica. Este asunto viene siendo objeto de atención constante en los últimos años, tanto por parte de Naciones Unidas como por parte del Consejo de Europa o por el propio Parlamento
Europeo.


También en este espíritu de acercar la justicia a los ciudadanos y a las ciudadanas queremos apostar por un registro civil público y gratuito. Vamos a estudiar con detalle la redacción de un anteproyecto de ley de reforma de la Ley de 2011
que permita lograr el más amplio consenso para facilitar la implantación del nuevo registro civil digital.


No quiero terminar esta comparecencia sin mencionar uno de los proyectos de ley que actualmente se están tramitando en esta Cámara, como es el de la protección de datos. Este proyecto de ley debería haber estado aprobado y en vigor desde el
pasado 25 de mayo. Sus señorías ya conocen la importancia que tiene para una sociedad que avanza en paralelo a multitud de cambios tecnológicos de trascendencia innegable. Entre las modificaciones que se han introducido durante la tramitación
parlamentaria del texto del proyecto, y que suponen una mejora sustancial del mismo, quiero destacar la inclusión de un capítulo relativo a los llamados derechos digitales, que adapta nuestra legislación a la nueva realidad en la que vivimos, y que
exige de nosotros respuestas ágiles y adecuadas para proteger nuestros derechos de un escenario hasta ahora carente de toda regulación. Desde aquí les animo a continuar trabajando para que la nueva ley sea una realidad cuanto antes, y podamos
situarnos de nuevo a la cabeza de los países con los estándares de protección más altos del mundo en esta materia.


El Ministerio de Justicia, por otro lado, debe contribuir también a la seguridad de la ciudadanía a través de las herramientas de las que dispone. Fenómenos como el narcotráfico, la corrupción y el terrorismo son una preocupación
compartida. Además, tal y como se recoge en la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y la protección de los denunciantes, que se está tramitando en esta Cámara, España debe de dotarse de los instrumentos necesarios que protejan
aquellos que en ejercicio de su responsabilidad ciudadana se atreven a dar el paso de alertar sobre la comisión de delitos relacionados con la corrupción. Por otro lado, la Ley de Protección de Testigos, de 1994, no ha sido modificada nunca y no
hay siquiera un desarrollo reglamentario de ella. Es una ley insuficiente, superada por la realidad y sin regulación específica integral por parte de las autoridades estatales concernidas. Por otro lado, se hace imprescindible actualizar esta
norma en los ámbitos subjetivo y objetivo, desde el punto de vista de un proceso penal moderno que valora las garantías de las víctimas y los denunciantes y así también las del investigado. En lo que se refiere a los déficits estructurales y
organizativos ante las nuevas formas de criminalidad que provocan tensión en el proceso penal, desvirtuando sus fines, reforzaremos las acciones del Estado para asegurar la integridad de todos aquellos que colaboran con la justicia.


Queremos desarrollar un estatuto jurídico del arrepentido en los delitos de corrupción pública que permita conjugar la sanción de su conducta con la obtención de pruebas incriminatorias para todos los partícipes en el hecho criminal.
Asimismo estamos estudiando la creación y desarrollo de un observatorio de terrorismo dedicado a la prevención y desintoxicación ideológica, que se nutra no solo de información

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y se encargue de su distribución, sino que sea realmente un organismo operativo, punto de referencia obligado y que incluya en su actuar el estudio y comprensión desde la raíz hasta la última rama del árbol de las diferentes actividades
terroristas, tales como la integración, el adoctrinamiento, la captación y la financiación. En esta línea una de mis primeras decisiones fue el pasado 20 de junio, con la firma de una declaración conjunta entre España, Francia, Alemania y Bélgica,
a favor de la creación de un registro judicial antiterrorista europeo en Eurojust. La creación de este registro favorecería una mejor disponibilidad e intercambio de información obtenida por las distintas autoridades judiciales nacionales, tanto en
la relativa a las investigaciones en curso como a las sentencias dictadas en los casos de terrorismo en la Unión Europea.


Termino, señorías; por mi formación y mi desempeño profesional estoy acostumbrada a encarar temas complejos e incluso arriesgados, a defender la legalidad, la independencia y el rigor jurídico, y sobre todo a proteger a la sociedad y a los
más débiles y vulnerables. Por ello, tal y como les dije al inicio de mi intervención, pondré todo mi esfuerzo en la consecución de una Administración de Justicia más transparente, más igualitaria y más próxima. Entiendo que la negociación es
absolutamente imprescindible, y que el respeto, la comprensión y el diálogo suelen ser más eficaces en muchas ocasiones que el más duro de los procedimientos. Las metas por la mejora de la protección de los derechos de los ciudadanos y la defensa
de sus libertades son ambiciosas y quizá difíciles, pero recuerdo una frase de Confucio que decía que cuando es evidente que las metas no se pueden conseguir de inmediato, no hay que renunciar a las metas, sino establecer un plan de acción para
conseguirlas. Queremos superar la crisis de la justicia, que ha sido denunciada por algunos filósofos como Ferrajoli, cuando anunciaba la ausencia e ineficacia de controles y por tanto la variada y llamativa fenomenología de la ilegalidad del poder
para transitar a un modelo garantista del derecho, donde los derechos humanos sean el eje de nuestra política criminal y pasemos de los derechos de los ciudadanos a los derechos de las personas. Brindo la colaboración de mi departamento para
avanzar en resolver todo lo que la sociedad nos reclama, siempre desde la Constitución y de la mano de la ley.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


A continuación, en el orden en que he indicado al comienzo de la sesión, los grupos de menor a mayor -comenzando por el Grupo Mixto- tendrán la palabra por un tiempo aproximado de diez minutos.


En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Bataller.


El señor BATALLER I RUIZ: Gracias, presidenta.


Ministra, buenas tardes, soy Enric Bataller, diputado de Compromís y portavoz adjunto del Grupo Mixto en esta Comisión. Ante todo quiero felicitarla por su nombramiento y decirle que la exposición que usted nos ha hecho me ha suscitado
muchas reflexiones y muchas cuestiones concretas que querría plantearle, pero sí empezaría por una reflexión general. Entiendo que la justicia tiene un problema grave de falta de legitimación social, y este no es un problema reciente. Simplemente
algunos sucesos de estos últimos tiempos -como algunas sentencias más que discutibles- han puesto de manifiesto una contestación social ciudadana ante una actitud de la justicia que se ha estado apercibiendo, y que ha llegado a unos niveles que para
mucha gente no eran de recibo. Yo creo que el problema de fondo que tiene la justicia en España es que, a diferencia de los otros poderes del Estado, no ha tenido de cara a la sociedad su gran momento de legitimación, y me explico. Cuando empezó
la andadura democrática el Poder Legislativo tuvo su momento de legitimación social. Por ejemplo, la imagen de Dolores Ibárruri, la Pasionaria, presidiendo la Mesa de edad en las Cortes Generales en el año 1977 es una imagen que transmitía la idea
de que en ese momento la andadura de unas nuevas Cortes parecía que iba en serio. O la imagen del señor Felipe González asumiendo el Poder Ejecutivo en España fue una imagen que también en su momento transmitió a la sociedad la idea de que había un
cambio en el Poder Ejecutivo. Estos momentos, que quedan en la retina colectiva, en el ámbito de la justicia no se han producido. Lo que hemos tenido ha sido una continuidad desde hace cuarenta años de una situación en la que evidentemente la
justicia se ha amoldado a los parámetros constitucionales, ha habido una evolución -evidentemente estamos dentro, insisto, de un esquema constitucional-, pero lo que se ha transmitido a la sociedad ha sido una imagen de gran continuidad, de cambios
que se van acumulando muy lentamente, muy morosamente, de escaso relevo en lo personal y como digo de falta de ritmo, de sintonía con las demandas sociales. En los cuarenta años de andadura democrática ha habido altibajos, pero en los últimos
tiempos -no sé si usted coincidirá conmigo- la disonancia entre lo que piensa la gente en la calle y lo que a lo

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mejor se pueda dar dentro es muy grande. El 8 de marzo pasado vimos que se produjo una auténtica revolución femenina para exigir que se acabaran ya comportamientos que han terminado en una serie de hechos totalmente execrables, que ya dijo
la gente en la calle que no quería continuar aguantando, pero después de este movimiento del 8 de marzo se asistió con perplejidad a una sentencia -la famosa de La Manada-, que no voy a entrar a criticar ni en el fondo ni en la forma, pero que
simplemente pone de manifiesto que se ha producido una gran disfunción, un gran divorcio entre la imagen que la justicia pueda tener de sí misma y la imagen que la sociedad percibe de ella. Por tanto acabar con esta situación es un problema que, en
mi opinión, no debería ser un apartado más, un eje más de la política que se está haciendo, sino que debería ser el gran marco donde se funcionalizara toda la actuación que se va a hacer. Si le falta esa legitimación a la justicia, mal podremos
llevar adelante el resto de cuestiones que se han expuesto, y con cuya inmensa mayoría estoy totalmente de acuerdo, por lo que hace falta esta legitimación. Por tanto, señora ministra, le diría que, aunque únicamente va a disponer de media
legislatura para desarrollar su labor, si usted lograra por lo menos en ese tiempo -aparte de sacar adelante las reformas necesarias que nos ha apuntado- conseguir ese gran momento de legitimación de la justicia para con la sociedad, y que la
sociedad entendiera que realmente el sistema está a su servicio y no vive de espaldas a la misma, habríamos conseguido un gran éxito.


Esto enlaza con muchas cuestiones. Usted ha hablado de la formación del personal de la justicia. Evidentemente la formación es muy importante, pero no es lo único importante; también hace falta plantearnos, por ejemplo, el reclutamiento
de los servidores de la justicia. Es decir, quién llega a ser servidor de la justicia, por qué llega a ello, si es que mucha gente no sigue pensando que la justicia es una posición de prestigio y no de servicio, por qué observamos que en la
justicia todavía hay comportamientos -perdóneme la expresión- muy, muy rancios que en la calle ya no se dan, por qué en la justicia se sigue observando -y la remito a las memorias, tanto de Fiscalía General como del Consejo General del Poder
Judicial- una sangrante brecha de género ante la cual no se ha reaccionado. Hace pocas fechas tuvimos aquí al presidente del Consejo General del Poder Judicial, para comentarnos la memoria correspondiente al año 2016, y precisamente ante el
cuestionamiento de la existencia de dicha brecha de género, pareció no darle excesiva importancia y achacarla simplemente a las cosas que pasan. Evidentemente esto es algo que la sociedad no quiere seguir aguantando, así que entiendo que tendrán
que atacar la brecha de género, tendrán que atacar todos los instrumentos que hacen que realmente las mujeres no puedan, dentro de la carrera judicial, tener un trato igualitario al de sus colegas; por ejemplo, deberán contemplar la situación que
hay entre los letrados de la Administración de Justicia, cuya división en tres categorías y su acceso a ellas está especialmente perjudicado por el género, y existe dificultad en ir pasando de una a otra. Asimismo vigilen el reclutamiento de jueces
y fiscales. No le he oído hablar sobre esto, pero sería importante un cambio de sistema en línea con los métodos que se utilizan en países como Alemania, donde se da importancia a los currículums anteriores, a la experiencia profesional y a un
modelo de trabajo mucho más práctico, no a las oposiciones memorísticas.


Dicho esto entraré ya en algunas cuestiones más generales, pero que deben funcionalizarse dentro de la necesidad de que se cambie totalmente la perspectiva; no de que se incluya la perspectiva de género, sino de que cambiemos la perspectiva
global con que miramos la justicia. Usted ha hablado de la elección del fiscal general del Estado; ha apuntado pautas para el cambio de la elección para que cuando vienen los candidatos propuestos y se someten a las preguntas del Congreso también
deban someterse a preguntas de los ciudadanos, pero le hago una pregunta: ¿Y qué pasa si en el Congreso no nos gusta el candidato propuesto? En su planteamiento eso debe tener alguna repercusión, porque realmente si nosotros, como representantes
de la soberanía nacional, tenemos alguna participación en este proceso de elección, ¿esa participación debería llegar hasta el punto de declarar, en su caso, la no idoneidad de un candidato, o debemos limitarnos a seguir haciendo unos
interrogatorios retóricos como hasta ahora? En el programa de mi formación, por ejemplo, dada la importancia de la figura del fiscal general del Estado, nosotros planteamos nada menos que la elección directa del fiscal general, puestos a dar
participación ciudadana. Ya sé que esta es una postura que ahora será muy minoritaria, pero queríamos ver cómo se va avanzando en la línea de participación del público.


Otra cuestión sobre la que le quería preguntar es el turno de oficio. Usted ha hablado del incremento de las retribuciones, de los medios, de la conexión con los colegios, y yo le pregunto: ¿sería partidaria de profesionalizar el servicio
y que fuera organizado y asumido por el poder público, como así ocurre en otros países donde existe la figura de la defensoría? Porque nosotros estamos viendo ahora que este sistema se deja en manos de colegios de abogados y procuradores, que hacen
grandes esfuerzos, tienen mucha

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voluntad, pero muchos de esos colegios fueron creados en una época -hace uno o dos siglos- en la que no existía el turno de oficio ni se concebía qué era aquello del Estado del bienestar, y tienen unas estructuras que siempre van a chirriar
con la prestación de un servicio de estas características.


También le agradezco las menciones que ha hecho a la memoria histórica, a la necesidad de establecer un cambio normativo para fijar la declaración de nulidad de todas las condenas impuestas por el franquismo; por eso le pregunto: ¿esto
será pronto? Porque ya queda poca gente y la Ley de 2007, que usted ha alabado, para mucha gente anónima supuso una gran decepción porque, aunque había personas que pensaron en su momento que incluso por vía particular podría pleitearse para
conseguir una nulidad de sentencia, muchas personas no quisieron siquiera intentar emprender esa vía, porque se consideraba que lo que debía dar el Estado después de tantos años era una reparación colectiva y una declaración de nulidad. El ejemplo
lo tenemos cerca. Miremos lo que hizo el presidente Chirac, en Francia, cuando hizo una condena general de lo que había supuesto el régimen de Vichy y restableció lo que debía ser una legalidad desde el punto de vista democrático.


Abundando también en la cuestión de la memoria no ha indicado usted qué medidas piensan tomar en el campo legislativo que quieren impulsar para atender el problema de los bebés robados, que es un problema que tiene muchas implicaciones, que
debe abordarse posiblemente con el Código Penal, pero también con el Código Civil -artículo 180 y concordante- y con las leyes procesales. Me gustaría saber su opinión al respecto.


Agradezco también que haya hecho hincapié en la recuperación de la jurisdicción universal, cuya pérdida es algo de lo que todos nos avergonzábamos, y su recuperación reflejaría en buena medida el nivel de nuestra justicia democrática.


Con esto concluiría, señora ministra. Le reitero mis felicitaciones. Quiero incidir una vez más en la idea de que si no conseguimos una relegitimación, la justicia va a tener problemas para conectar con los ciudadanos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bataller.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Vasco, el señor Legarda.


El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias también, señora ministra, por su presencia en la Comisión y por el detalle que nos ha dado de sus planes para su mandato en esta legislatura. Normalmente no suelo yo en estas primeras comparecencias hacer un especial hincapié
porque ya sabemos, como decía el dicho romano, que las palabras vuelan y lo que permanece son los hechos. En su caso, esperaremos a los hechos.


No obstante, por cortesía y al hilo de lo que ha ido desgranando en esos siete ejes que iban a guiar la actuación de su departamento, en primer lugar, quisiera apuntar que me ha parecido que eran unas reflexiones volcadas sustancialmente en
el ámbito interno, intraestatal, y le preguntaría su opinión sobre la dimensión que tiene su departamento y la actividad que lidera, que es la política criminal -es del Gobierno, pero he concretado en su departamento-, sobre todo por el fenómeno de
la transnacionalidad de los fenómenos de todo tipo, pero también singularmente de la delincuencia. En ese sentido -no lo he escuchado, quizá no haya prestado la suficiente atención-, me parece que tenemos bastantes directivas por trasponer con
plazo ya vencido y algunas con plazo inminente. No sé si son del orden de siete u ocho en su ministerio, según un detalle al que tuvimos acceso hace ya unos meses. Me gustaría preguntarle cuánto van a durar los incumplimientos respecto a la
trasposición de directivas. Respecto a estos fenómenos trasnacionales, me gustaría conocer cómo van los trabajos del protocolo adicional de la Convención de Budapest frente a la ciberdelincuencia y la ratificación del segundo protocolo adicional
del Convenio europeo de asistencia mutua, en lo que también me parece que en estos momentos se está trabajando. Esto respecto a una dimensión supraestatal.


Ya entrando en los ejes que usted nos ha ido relatando, me gustaría plantearle alguna cuestión respecto al tercero, relaciones con los operadores jurídicos. En concreto, hemos tenido recientemente una huelga de jueces, magistrados y
fiscales -digo huelga porque así se autocalificó- y ha habido unas plataformas. Me gustaría conocer cuál es la opinión del ministerio o su actitud respecto a los distintos aspectos de las plataformas, más allá de entablar un diálogo, que está muy
bien y todos lo practicamos.


Respecto a estas relaciones con los operadores jurídicos -si fuera así no lo comparto plenamente-, usted ha manifestado que pretenden establecer el estado actual de la justicia a través de unos grupos de trabajo liderados desde el ministerio
con los distintos operadores jurídicos. Al menos así me ha parecido

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entenderlo. En esta legislatura el centro de gravedad de esa cuestión estaba en esta Cámara. Había una subcomisión que por distintos motivos encalló, pero ahí están sus trabajos. Personalmente creo que se podrían recuperar, así lo
considero yo. Inicialmente le tengo que anunciar que no compartiríamos esa traslación de ese centro de gravedad desde esta Cámara, desde la subcomisión que se había creado -aunque ciertamente los trabajos y el plazo de esa subcomisión habían
expirado, pero los trabajos ahí están-, y que eso virara hacia un liderazgo del ministerio. Yo no digo que el ministerio no tenga que tener liderazgos, pero si es como una alternativa al que ha tenido esta Cámara no lo compartiría. En ese sentido,
si girara hacia ese liderazgo del ministerio a través de grupos de trabajo, he oído de la presencia de jueces, fiscales, colegios y procuradores, pero nada he oído del conjunto de las administraciones de la Administración de Justicia, que no solo es
el ministerio porque hay algunas comunidades autónomas que tienen una posición equivalente al ministerio en la administración de la Administración de Justicia.


También en este punto de relaciones con los operadores jurídicos nos ha manifestado su posición en relación con el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento, que me ha parecido sustancialmente coincidente con la que manifestó en esta Comisión
la fiscal general del Estado en una comparecencia en fechas recientes. Cuando el 324 se gestó, se le tachó como la ley Berlusconi porque iba a generar impunidad. Mi pregunta es: ¿la aplicación del 324 qué ha generado, disfunciones o impunidad?
Porque son cuestiones distintas. Le anticipo que mi grupo no comparte situaciones en las cuales los ciudadanos están investigados sin tiempo limitado, como ha sido tradición en las instrucciones en el Estado. Instrucciones de siete, ocho o nueve
años nos parece que vulneran derechos fundamentales. La justicia o tiene argumentos para encausar a una persona o no está dieciséis años buscándolos. Mi grupo ya manifestó en su momento que había disfunciones con respecto al rol de la fiscalía en
el 324, pero si se hace una derogación sin más matices para volver a instrucciones indefinidas -aunque la ley tiene términos, pero que, de hecho, son indefinidas- nuestro grupo no se mostrará conforme. Aparte, creemos que esta posición ha sido
sustentada -al menos en lo que yo recuerdo- por las distintas asociaciones judiciales en las comparecencias que hicieron en la subcomisión para un pacto por la justicia. Debe haber un equilibrio entre derechos e instrucciones indefinidas, ya que no
nos parece adecuado que se mantengan las situaciones de pendencia sobre la ciudadanía.


Respecto al punto 1, transparencia, efectivamente compartimos una reforma del estatuto orgánico y del reglamento de la carrera para la autonomía funcional tanto del fiscal del caso como en las relaciones con el Gobierno y la colegialidad.
Ya pusimos de manifiesto en esta Cámara que eran reformas imprescindibles, sobre todo porque van conectadas con esa pendiente reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El rol de la fiscalía en la fase de investigación creemos que es un
requisito para abordar la otra. Ya le adelanté en una pregunta que le realicé en una sesión de control que hoy en día determinados comportamientos de la fiscalía hacen que nuestro grupo sea muy receloso -al menos en este momento- de una
modificación de la Ley de Enjuiciamiento para atribuir la fase de investigación a la fiscalía.


Por lo que se refiere al Consejo General del Poder Judicial, hay unas enmiendas a un proyecto de ley que creo que es relativamente importante que abordemos, porque afronta parte de las reivindicaciones que tenía la judicatura, no digo todas
pero sí algunas. Y respecto a los vocales de extracción judicial del consejo, podemos compartir el principio de que es un sistema avalado por el Tribunal Constitucional; pero si somos honestos debemos recordar que la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional venía a decir que era un sistema válido. Pero, claro, adelantaba: siempre y cuando no funcionara -eso lo pongo yo- como está funcionando. Porque no creo que avalara el modelo respecto a la selección de los vocales de extracción
judicial tal y como se está desenvolviendo. Ahí hizo una advertencia de futuro que creo que sería bueno no olvidar.


Respecto a la modernización del sistema de justicia, obviamente están los temas referidos a las cargas de trabajo, la oficina, implantar la NOJ definitivamente en todo el territorio y la justicia digital. Aquí, si no le he entendido mal,
tengo que manifestarle alguna discrepancia. Si hay un único expediente judicial, que es un sistema único, es distinto a un sistema unificado. Vamos a ver, no voy a poner en duda que puede haber incompatibilidades porque, si se dicen, pues las
habrá, pero también miraría por qué se han producido esas incompatibilidades. Si no estoy descaminado, todos los sistemas de gestión digital que se han ido implantando han sido validados por el CTEAJE y una de dos, o los sistemas que se plantearon
luego no se han llevado a la práctica en esos términos o el problema hay que buscarlo en el CTEAJE que ha convalidado y ha validado sistemas que luego no son compatibles. Creo que la solución no es coger la espada y partir el nudo por la mitad,
vamos a ver dónde ha estado el problema, si realmente hay un problema; y si el problema ha sido del CTEAJE -lo pongo como hipótesis, no se lo estoy imputando-,

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pero si realmente son incompatibles porque se han autorizado sistemas que de base son incompatibles, la responsabilidad no es del que lo ha implantado, sino del que lo ha validado y entonces la solución o lo más sencillo es decir, bueno,
esto se acaba haciendo un sistema único de diseño y de gestión centralizada. No me parece que eso responda de la mejor manera a las competencias de la Administración de Justicia, porque las administraciones se ponen en una posición equivalente a la
que tenía el ministerio. Me gustaría que se analizara, si es que realmente estamos en la situación que se denuncia, por qué se ha llegado a ella; porque llevo mucho tiempo oyendo en esta Cámara que la responsabilidad es de que cada uno ha ido por
donde ha querido, y mi información -teórica, al menos- no es esa. No sé la práctica cómo habrá sido. Pero, si la solución es poner un expediente único, un sistema único de diseño y gestión centralizada, inicialmente no lo compartiríamos. Sí
compartimos, efectivamente, que para una función jurisdiccional única tiene que haber unos instrumentos compatibles.


Pasando a otros puntos, como la perspectiva de género, evidentemente no podemos estar más que de acuerdo aunque sí le pediría alguna información porque, si no estoy mal informado, son noticias o filtraciones que se imputan a los aledaños del
Gobierno. ¿Qué perspectiva tenemos? Ya nos ha dicho que la Comisión General de Codificación no ha finalizado los trabajos porque se le ha ampliado la encomienda; pero si se ha filtrado un poco. ¿Cómo iría esa familia de delitos contra la
libertad sexual: la violación, los abusos...? Sí nos gustaría conocer de primera mano en qué estado están los trabajos porque lo hemos leído en prensa muy recientemente, ayer, y la información se imputa a los aledaños del Gobierno. A este grupo
le gustaría conocer de primera mano esa cuestión. Eso respecto al Código Penal y la perspectiva de género.


Ha apuntado también una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para introducir la perspectiva de género. No he conseguido tomar ninguna nota más -quizá no he estado lo suficientemente atento-, pero ¿en qué sentido pretende
modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal? ¿Para la terminología, para procesos concretos o para alguna cuestión procesal sustantiva? Me gustaría, ya que ha anunciado que están en ello y que tienen avanzados los trabajos, que aclare un poco más
lo que ha dicho inicialmente, es decir, en qué se concretaría esa reforma de la Lecrim respecto a la perspectiva de género.


La señora PRESIDENTA: Señor Legarda, tendría que ir concluyendo.


El señor LEGARDA URIARTE: Voy acabando. Disculpe, presidenta.


Abordo las últimas cuestiones: la memoria histórica y la jurisdicción universal. La memoria histórica tiene como uno de los nudos gordianos no solo, evidentemente, las exhumaciones, los símbolos, el acceso a los archivos, sino que hay una
cuestión importante pendiente, que es la indemnización de las víctimas por los expolios sufridos; víctimas que son personas jurídicas o personas físicas. Eso no se quiso abordar cuando se hizo la ley y mi pregunta es, ahora que dice que va a haber
una reforma de esta Ley de memoria, si se va a abordar esa cuestión.


Acabo, presidenta, con la jurisdicción universal. Había una jurisdicción universal antes de la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que era, digamos, la genuina, la ortodoxa; luego se fueron introduciendo puntos de conexión,
primero, con una reforma del Partido Socialista y después con una ampliación del Partido Popular. Mi pregunta es si esa reforma de la que usted habla de la reforma universal es para volver al modelo originario o para volver al modelo de los puntos
de conexión que introdujo el Partido Socialista.


Muchas gracias, presidenta, y disculpe por la extensión. Y muchas gracias, señora ministra.


La señora PRESIDENTA: Ha compensado con creces otros momentos en los que usted es más escueto.


A continuación, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, la señora Telechea.


La señora TELECHEA I LOZANO: Gracias, presidenta.


Gracias, señora ministra, por comparecer esta tarde aquí y por ilustrarnos sobre las líneas principales de su programa de gobierno. Con su intervención ya ha respondido muchas de las cuestiones que yo me había preparado para esta tarde.
Por tanto, celebro esa parte. Seré bastante sistemática, como ha hecho usted en su exposición.

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Respecto a la justicia universal, el principio de justicia universal es una conquista irrenunciable de toda la humanidad, en particular de las sociedades democráticas, y un avance decisivo en la defensa de los derechos humanos universalmente
reconocidos en una sociedad global. Forma parte del sistema de justicia internacional que defiende los intereses y valores de la comunidad en su conjunto, más allá de los puramente estatales o particulares y posibilita que estos crímenes
internacionales no puedan quedar impunes.


El derecho internacional vigente obliga a los Estados a perseguir, por su especial gravedad, ciertos crímenes internacionales, se produzcan donde se produzcan y con independencia de la nacionalidad o residencia de las personas agresoras y de
sus víctimas. Porque conductas tan odiosas que, además, permanecen en la impunidad, trascienden a las víctimas, ofenden a toda la humanidad y ponen en peligro los principios generales de la civilización consagrados por las normas protectoras de los
derechos humanos fundamentales.


El Estado español ha asumido distintas obligaciones internacionales en materia de justicia universal y tiene el deber de hacer comparecer ante la justicia a los autores de delitos de derecho internacional, lo que supone la obligación de
promulgar y hacer aplicar una legislación estatal que disponga que estos delitos de derecho internacional son también delitos en el derecho interno, donde quiera que se hayan cometido e independientemente de quien los haya cometido o quien sea la
víctima. La existencia de una legislación sobre la aplicación efectiva del principio de justicia universal supone garantizar que se rinden cuentas por todos los crímenes de derecho internacional. En noviembre de 2009 la jurisdicción universal fue
objeto de una importante reforma que limitó considerablemente su ámbito de actuación. Supuso restringir la competencia de la jurisdicción española al introducir la exigencia de un necesario vínculo de conexión relevante con España y, además, en
contra del principio de concurrencia que rige la jurisdicción universal, que no se hubiera iniciado un procedimiento sobre aquellos hechos. En marzo de 2014 la reforma que se aprobó fue mucho más allá, hasta llegar a liquidar el principio de
jurisdicción universal tras haberse limitado su alcance en 2009. En el Estado español no se puede desconocer la realidad de la jurisdicción universal, ratificada, además, por el Tribunal Constitucional, por lo que la justicia universal no tiene
condicionamientos ni limitaciones por razón del país o sujetos activos y pasivos del delito.


Por lo que se refiere a la memoria histórica, tienen la oportunidad de emprender una nueva dirección -usted ha avanzado que hay esa voluntad- y hacer una profunda reforma de la Ley de memoria histórica que tenga como objetivo la reparación
de violaciones de derechos humanos cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, que busque la verdad y haga justicia. Incluyan sobre todo la apertura de fosas comunes. Solo en Cataluña, por dar un dato, hay más de quinientas fosas
localizadas de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista; quinientas solo en Cataluña, con lo cual la cifra que haya en el resto del Estado español puede ser mucho mayor. Le pido que sigan el ejemplo de la Generalitat de
Catalunya, cuyo Departament de Justícia impulsará una ley integral de memoria democrática que contemplará algunas cuestiones tan importantes como la eliminación de todos los símbolos franquistas de los municipios catalanes, la anulación de las
condecoraciones, la supresión de los nombres dedicados a militares golpistas y dirigentes de la dictadura o la creación de una comisión de la verdad. Hay esta voluntad de ponerlo en marcha.


Respecto al tema de igualdad, como usted sabrá, hay ese techo de cristal en la Administración de Justicia. A pesar de que las mujeres representan alrededor del 53% de la carrera judicial, este porcentaje cae de forma alarmante en los altos
y medios cargos de organismos como la Audiencia Nacional, un 40%, o el Tribunal Supremo, que no llega al 15%. Usted ha dicho que no va a modificar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero le preguntamos
cómo va a garantizar que las mujeres puedan acceder de forma efectiva a dichos cargos. Un ejemplo del que nos gustaría dejar constancia es el del caso de La Manada. Otra cuestión de vital importancia es el reconocimiento efectivo de los derechos
de las mujeres y la protección de estos por parte del sistema judicial y del propio Estado. Sin embargo, tras conocer la sentencia del caso de La Manada nos encontramos ante un claro retroceso de la lucha por la igualdad. Como ya hemos anunciado
anteriormente en esta Comisión, el Estado debe velar por la protección de las mujeres, garantizar su seguridad y actuar de forma implacable ante cualquier acto de violencia. Quisiera matizar que no solo contra las mujeres, sino también contra todos
los colectivos vulnerables, como los menores de edad. Por ello es obvio que es necesaria una reforma de las conductas sancionables penalmente para que ningún agresor escape de la justicia. Sin embargo, recientemente hemos conocido la noticia de
que se ha levantado la suspensión del militar violador, aunque sin destino. Desde Esquerra Republicana denunciamos el agravio de este caso respecto a otros, como el caso de

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Tamara Carrasco, compañera del CDR de Viladecans, que no pudo salir de su municipio para visitar a su madre que había sufrido una dolencia de salud. Aprovecho también la ocasión para anunciar que hemos solicitado también la comparecencia de
la ministra Margarita Robles para que dé explicaciones sobre esta última cuestión.


En cuanto a transparencia y corrupción, son numerosos los casos en los que se han producido irregularidades en la contratación pública con el objetivo de obtener algún beneficio, ya sea para algún partido o para beneficio propio. Sin duda
es una lacra que afecta a los gobiernos de la mayoría de partidos que se encuentran en esta Cámara, ya sea a nivel municipal, autonómico o estatal, no así Esquerra Republicana que, como tal vez sepa, no tenemos en nuestros ochenta y siete años de
historia ningún caso de corrupción. Creemos que es muy importante que se tomen mayores medidas contra la corrupción y la financiación ilegal de los partidos. Como sabrá, una de las medidas más efectivas para hacer frente a la corrupción y al mismo
tiempo dar a conocer las instituciones a la ciudadanía es la transparencia.


En el año 2013 se aprobó la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, que obligó a todas las administraciones públicas a publicar toda aquella información de especial relevancia para
la ciudadanía. Sin embargo, esta ley, desde nuestro punto de vista poco ambiciosa, no contempla la creación de un registro de grupos de interés, como ya han impulsado diferentes comunidades autónomas, siendo Cataluña la primera, primero en la
Generalitat y después en el Parlament. Incluso Europa ha recriminado al Estado español la falta de implicación de los distintos Gobiernos en la lucha contra la corrupción sistémica del Reino de España en todos los ámbitos políticos y económicos.
¿Tiene intención su Gobierno de crear este registro público de grupos de interés para todos los ministerios, la Casa Real y el resto de administraciones públicas? ¿Qué medidas adoptará su ministerio para aumentar la transparencia en la
Administración pública y el acceso a la información por parte de la ciudadanía?


Otro aspecto es el relativo a las tasas judiciales y consignaciones. En relación con las tasas judiciales, el Estado español recauda unos 60 millones de euros anuales respecto a Cataluña, pero no ha abonado ni un céntimo de este importe,
cuando tiene transferidas las competencias en materia de Administración de Justicia. En el periodo comprendido entre 2013 y 2017 la cifra asciende a 202 millones de euros recaudados. La Ley de tasas estatales vincula la tasa judicial al sistema de
justicia, artículo 11 de la Ley 10/2012 y en los términos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio. Durante 2015 la Generalitat de Cataluña recibió 1,2 millones de euros como importe finalista para asistencia
jurídica gratuita. En 2016 y 2017 el importe fue de 1,1 millones de euros, que se destinó a la modernización. En 2018 no se incluye ninguna partida a las comunidades autónomas con competencias en justicia.


Respecto a las consignaciones judiciales, que también están territorializadas, el Estado obtiene un rendimiento económico. Este rendimiento también debería considerarse igual que las tasas, unos ingresos necesarios para sufragar los costes
de la Administración de Justicia de aquellas comunidades que tienen transferida la competencia. Nuestra pregunta es: ¿Va el Gobierno a transferir a las comunidades autónomas competentes en materia de justicia lo recaudado en las tasas judiciales?


En cuanto a la financiación de los órganos judiciales, es imprescindible el traspaso de los costes de personal, que son 4,4 millones de euros, y que suponen la implementación de catorce nuevos órganos judiciales en los próximos meses. La
calendarización se establece en cuatro fases, tres de ellas en 2018 en los meses de junio, septiembre y diciembre y la cuarta en 2019. Estos órganos fueron creados por el Consejo General del Poder Judicial en diciembre de 2017. Cataluña es la
única comunidad autónoma que tiene competencia en la Administración de Justicia y que no tiene contemplada una transferencia presupuestaria para los incrementos de personal.


La Generalitat de Cataluña ha tenido capacidad de autofinanciación en la creación de nuevos órganos judiciales desde el año 1996 que se realiza la transferencia competencial en el ámbito de justicia hasta 2010, pero de 2010 a 2017 la
situación ha sido excepcionalmente crítica, se han creado y modificado las plantillas de cincuenta y seis órganos judiciales, los cuales han generado un incremento en el coste de personal de 14,8 millones de euros.


Voy acabando. Respecto al consejo de justicia de Cataluña, la actual Ley Orgánica del Poder Judicial impide el despliegue del Estatuto de Autonomía de Cataluña de 2006 que regulan los artículos 97 a 100 en materia de justicia, con la
creación del consejo de justicia de Cataluña. Está contemplado en nuestro estatuto de autonomía en consonancia con el Tribunal Constitucional. Es necesaria una desconcentración judicial que facilite la eficiencia del sistema. En estos momentos
incluso las infraestructuras administrativas

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de los tribunales superiores de Justicia dependen del Consejo General del Poder Judicial. Para ello es necesaria la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir la existencia de estos consejos de justicia de las comunidades
autónomas.


Finalizo, señora presidenta. No puedo terminar la intervención sin hacer referencia a nuestras presas y a nuestros presos políticos y exiliados. Lo único que sí que pedimos, y así también viene exigiéndolo nuestro Gobierno, es que se
aplique la legalidad, que se aplique el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal tal y como está contemplada actualmente. Si esta aplicación del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal es totalmente fiel a lo que regula el
código, nuestros presos, presas y exiliados no estarían en las condiciones en las que están y estarían en libertad. Pedimos que se traslade esta exigencia a los organismos o instancias que consideren convenientes para la aplicación exhaustiva de la
legalidad.


Con esto acabo, y le deseamos mucha suerte y aciertos en su etapa.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra su portavoz el señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señora ministra, por su comparecencia y por sus explicaciones.


En primer lugar, quiero decir algo que otro portavoz ya ha manifestado anteriormente y es que el juicio de su tarea y de su trabajo lo tendremos al final del periodo.


Respecto a lo que usted ha llamado como legislatura corta, yo quiero acotar que no es una legislatura corta, la legislatura dura exactamente lo que dura o en función de lo que considere quien está en condiciones de fijar su término o no.
(El señor vicepresidente, Molinero Hoyos, ocupa la Presidencia). Puede que el Gobierno sea interino, breve, pero esta legislatura tiene las mismas reglas que todas las demás. Procederemos a juzgar, pues, en su momento, en función de los hechos, de
su desempeño y no tanto por las palabras que se han oído hoy en esta comparecencia.


Quiero comentarle una cuestión dentro de un marco general. En algunos momentos he sentido una decepción de bastante intensidad por algunas cosas que le he oído manifestar en esta comparecencia. Ha empezado diciendo que es necesario y
urgente recuperar la credibilidad de la justicia ante la sociedad y un nivel de eficacia suficiente como servicio público garante de los derechos de los ciudadanos. No puedo más que estar de acuerdo con esa frase, pero esa credibilidad ante la
sociedad no se va a poder recuperar si sigue la línea que usted ha apuntado aquí. Si algo necesita nuestra justicia en este momento para recuperar precisamente esa credibilidad ante los ciudadanos son dos elementos: el primero es el refuerzo de la
independencia, que pasa por la despolitización de la justicia, y el segundo la profesionalización y el refuerzo estructural que necesita un servicio público que ha estado olvidado durante muchos años. Lo que necesita nuestra justicia son esos dos
elementos, independencia, que hace referencia a la despolitización, y profesionalización, y lo que usted ha planteado hoy es precisamente una línea opuesta a esto.


Voy a empezar -usted lo ha hecho también- refiriéndome a la elección del Consejo General del Poder Judicial, un asunto traído y llevado desde hace mucho tiempo. Creo que hay una confusión. El modelo constitucional que define el artículo
117 de nuestra Constitución habla de un Poder Judicial independiente, sometido únicamente al imperio de la ley, y usted lo ha querido vincular a la soberanía: No cederemos la soberanía a intereses corporativos. Ha citado la sentencia del Tribunal
Constitucional de julio del año 1986, que hacía referencia a la reforma del año 1985, que modificó el sistema de elección de vocales. Esa sentencia señala que aquella reforma legislativa era constitucional, pero también es cierto que dice muchas
cosas. Lo decía en el año 1986, advirtiendo de riesgos hoy ya convertidos en certezas. Nosotros no tenemos ninguna duda de que los riesgos de los que advertía aquella sentencia, muy rigurosa, después de tantos años, de tres reformas que ha sufrido
el sistema de elección del órgano de gobierno del Poder Judicial, son certezas. Los riesgos de los que hablaba aquella sentencia tenían que ver con trasladar la lógica del sistema de partidos al interior del Poder Judicial. Decía literalmente que
la lógica del Estado de partidos empuja a actuaciones, pero esa lógica obliga a mantener al margen de la lucha de partidos ciertos ámbitos de poder y entre ellos, señaladamente, al Poder Judicial, precisamente para poder mantener ese modelo de Poder
Judicial independiente y sometido única y exclusivamente al poder de la ley. Los riesgos, como le decía, que en el año 1986 señalaba el Tribunal Constitucional con aquel sistema que se implementaba entonces hoy son certezas, porque lo que hemos
visto a lo largo de todos estos años es que ningún partido ha renunciado a designar a aquellas personas que ha considerado

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más afines en el órgano de gobierno del Consejo General del Poder Judicial y eso es lo que ha venido contaminando la credibilidad de nuestro Poder Judicial a los ojos de la sociedad. No lo decimos nosotros, sino las propias estadísticas del
consejo y lo dice el Consejo de Europa, muy especialmente el grupo Greco. Sé que conoce perfectamente que el grupo Greco ha venido reclamándonos reiteradamente revertir esta situación y volver a la elección directa por parte de los jueces y
magistrados de los doce que la Constitución configura de extracción corporativa. Por cierto, cuando hablamos de pluralidad, también la sentencia del Tribunal Constitucional advertía que esa pluralidad -una pluralidad que representase la pluralidad
social, pero también la pluralidad dentro de la carrera judicial- se conseguía con la suma de los doce de extracción corporativa más los ocho juristas de reconocido prestigio a nombrar por las Cámaras. El Tribunal Constitucional lo señalaba con
esas palabras. Pero el Grupo Greco viene reclamándonos desde hace mucho tiempo -y la última vez con bastante crudeza y con bastante intensidad- que se cambie ese sistema de elección de vocales. ¿Para qué? Para que la lógica del Estado de
partidos, para que las decisiones políticas de los partidos no contaminen al órgano de gobierno, que tiene funciones tan importantes -aparte, evidentemente, de la garantía de la independencia del Poder Judicial- como la de determinados nombramientos
en la carrera judicial que están sometidos a criterios de carácter discrecional. Esa contaminación política del órgano que tiene que hacer esos nombramientos es lo que compromete la independencia. Nosotros estábamos expectantes ante lo que usted
iba a manifestar en esta comparecencia, pero visto que no quieren renunciar a seguir nombrando al órgano de gobierno, que no quieren renunciar a esa politización evidente de la justicia, nosotros presentaremos nuestro propio modelo, que
fundamentalmente se basa en que los doce vocales de extracción corporativa sean elegidos por y entre los propios jueces de forma directa. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Hay más cuestiones que abordar en ese binomio de profesionalización e independencia. Los jueces necesitan una verdadera carrera profesional, necesitan que todos los nombramientos sean regidos por criterios de mérito y capacidad, con pruebas
objetivas, necesitan una evaluación del desempeño de su carrera profesional que esté en la base del acceso a los puestos más altos del escalafón judicial. Se necesitan muchas cosas, como, por ejemplo, suprimir los magistrados de designación
autonómica, los magistrados designados por los Parlamentos autonómicos, que, curiosamente, son los que tienen que juzgar a los políticos que los designan por el mecanismo del aforamiento. Yo no sé si usted está de acuerdo en esa supresión o va a
mantener también ese instrumento de politización evidente. En definitiva, apuesten por la despolitización o no, ya veo que lo que ustedes plantean son reformas de carácter cosmético. La transparencia es muy importante y nosotros apostamos
absolutamente por ella. Por cierto, en cuanto a la publicación del curriculum vitae y las memorias de los objetivos a desempeñar en el ámbito del consejo, para los vocales que tienen que comparecer ante las Cámaras y ser sometidos en su caso al
escrutinio del Parlamento ya existe en este momento. Me parece muy bien la política de transparencia, pero la fundamental, la esencial es, como le decía, la independencia y la despolitización. Por cierto, usted conoce muy bien cuál es la
plataforma de las catorce reivindicaciones en las que se han basado las movilizaciones tanto de jueces como de fiscales en los últimos meses, que han sido firmadas de forma conjunta por todas las asociaciones de jueces y fiscales, y precisamente en
el frontispicio de esos catorce puntos está la petición de despolitización, está el cambio del sistema de elección de vocales y el refuerzo de la independencia, algo de lo que veo que usted se ha olvidado ya.


Hay alguna cuestión más que me gustaría señalar en lo que hace referencia al consejo. Le he querido entender -y corríjame si me equivoco- que atenderá los modelos que plantean el Partido Nacionalista Vasco y Esquerra Republicana respecto al
funcionamiento del consejo. Yo no sé si van a atender también las peticiones de estos grupos de la creación de los consejos autonómicos del Poder Judicial, o sea, si están dispuestos a trocear ese órgano de gobierno del Poder Judicial en diecisiete
órganos pequeñitos controlados a su vez por el Poder Ejecutivo autonómico correspondiente; no sé si es a lo que usted se refería o si van a ir en esa línea recuperando algo que, por cierto, el Tribunal Constitucional ya señaló como
inconstitucional.


Y respecto al ministerio fiscal -que, por cierto, de esto usted sabe muchísimo más que yo-, se integra en el Poder Judicial, forma parte del Poder Judicial; por tanto, si el Poder Judicial es independiente, yo creo que el ministerio fiscal
tiene que ser independiente. Quizás deberíamos pasar ya de hablar de la autonomía y hablar directamente de la independencia, porque es con autonomía funcional pero forma parte del Poder Judicial del que se predica esa independencia. Es evidente
que si no conseguimos cortar el cordón umbilical entre el Gobierno y el ministerio fiscal a través de la figura del fiscal general del Estado

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no se va a dar esa figura del fiscal independiente. Usted ha recurrido hoy al manido argumento de que el Gobierno es el que fija la política criminal. Bien, pero la política criminal imagino que se fijará a través de la política
legislativa, de los cambios legislativos, de las propuestas reglamentarias, de las propuestas normativas. Me imagino que no se referirá a que sea quien dirija la actuación de la fiscalía, quien tenga que dar instrucciones, si hay que acusar o no
hay que acusar, porque precisamente eso es lo que tenemos que evitar, lo que tenemos que impedir. Nosotros presentamos una proposición de ley en esta Cámara que cambiaba el sistema de elección del fiscal general del Estado para que fuese
verdaderamente el fiscal del Estado y no del Gobierno y que planteaba una serie de medidas. Sé cual era su opinión cuando nosotros presentamos esa proposición de ley y me gustaría que me dijese cuál es su opinión ahora que es ministra, que va en
esa línea, precisamente. Vuelvo a decir que lo que usted ha planteado hoy trata de mantener ese anclaje, esa vinculación del fiscal general del Estado con el Gobierno, con el Poder Ejecutivo. Por eso, sentimos una cierta decepción, como le he
dicho.


En cuanto a otras cuestiones de las que usted ha hablado -ha sido muy extensa-, en lo que hace referencia a la ausencia de un modelo de justicia, en todo lo que es el abordaje de los procesos de digitalización y de modernización estamos de
acuerdo, pero necesitamos menos diagnóstico. Compartimos el diagnóstico sobre lo mal que se ha hecho -el diagnóstico del que hemos hablado en esa subcomisión que ha estado trabajando a lo largo de más de año y medio y donde han comparecido todas
las asociaciones y todos los operadores jurídicos-, pero necesitamos propuestas concretas. Por otra parte, nos alegramos de que vea como positivo el refuerzo presupuestario que ha tenido este ministerio en los dos últimos ejercicios, que permitirá,
por ejemplo, la convocatoria de trescientas plazas de jueces y fiscales. No ha sido fácil, porque contábamos con la oposición de quien es hoy presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y del Partido Socialista, que votó en contra de ese presupuesto.
No ha sido fácil, pero que usted hoy agradezca ese aumento en la partida de justicia gratuita o que agradezca los procesos de consolidación de los funcionarios de la Administración de Justicia es de reconocer, a pesar de que hayamos tenido que
superar las dificultades de su propio partido.


Ha hecho una extensa referencia a la memoria histórica. Compartimos que haya que dar satisfacción a muchas víctimas y facilitar los medios para que eso no sea una lucha titánica privada para recuperar la memoria de sus familiares, pero le
pedimos que este elemento de la memoria histórica, de la memoria del pasado, no se utilice para fracturar el presente. Por tanto, le pedimos que todo lo que se haga en esta área sea con el consenso, con el acuerdo y -vuelvo a decirlo- no
utilizándolo como herramienta de confrontación. Le quiero decir una cosa, y es que en esa alusión a las víctimas para nosotros ha habido un clamoroso silencio. Usted no ha hecho ninguna referencia a las víctimas del terrorismo, que son presentes,
que son actuales y que han sido muy críticas con su Gobierno por el cambio de política en el tratamiento a los presos de ETA, de la política de dispersión. Es una política que se había hecho hasta ahora desde la unidad y desde el consenso y que
ustedes han cambiado unilateralmente.


La señora PRESIDENTA: Señor Prendes, tendría que ir terminando.


El señor PRENDES PRENDES: Voy acabando, presidenta.


Estas víctimas también reclaman memoria, dignidad y justicia, y hay más de trescientos crímenes del terrorismo que permanecen aún sin resolver. Le voy a preguntar si van a avanzar en esa política de facilitación de una política
penitenciaria más flexible, más cómoda, a pesar de que no haya colaboración de los autores o colaboradores necesarios de más de trescientos crímenes que permanecen todavía sin resolver, precisamente por esos criterios de memoria, dignidad y justicia
que creo que todos en esta sociedad compartimos.


Voy a finalizar muy rápidamente. Usted ha hecho referencia a que quería ser la ministra de la legalidad, del rigor jurídico y de la defensa de los más vulnerables. Le voy a leer un párrafo de un artículo que se publicó hace muy pocos días,
que se titula Ser fiscal en Barcelona. Estoy seguro de que usted lo conoce, pero está bien que se recuerde a aquellos que están desarrollando una tarea hoy importantísima para todos, para la defensa del Estado de derecho, para la defensa de la ley
en el lugar hoy y ahora más complicado y más difícil. Habla, precisamente, de su necesidad de abstraerse del 'ruido de aquellos que cuestionan nuestro trabajo, de los que sacan conclusiones en actos ya empezados [...] ruido de los que nos exigen la
aplicación de una ley no existente [...] ruido de carteles, de pintadas, de propaganda, ruido de distorsión que te envuelve'. Y ante todo eso, este funcionario -como tantos que están hoy en día en Cataluña desarrollando esa tarea- lo único que pide
es el silencio de los valores constitucionales y el silencio de la ley. Yo le pido que usted refuerce ese silencio de los valores constitucionales, de la ley,

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porque, precisamente, los más vulnerables hoy son estos funcionarios que están defendiendo el Estado de derecho en el lugar más complicado y difícil. Por eso le pregunto también si va a hacer algo para dar adecuada protección y reforzar la
tarea de estos servidores públicos que están manteniendo contra viento y marea la defensa de la legalidad en el territorio más difícil.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Prendes.


A continuación, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra su portavoz el señor Santos Itoiz.


El señor SANTOS ITOIZ: Gracias, señora presidenta.


Gracias, señora ministra, por la comparecencia y por las explicaciones que nos ha ido detallando sobre las intenciones que tiene para su mandato. Es evidente que no cuenta usted a priori con una legislatura completa. Hay evidentes
limitaciones en cuanto al tiempo ya de por sí reducido que puede tener un responsable político para desarrollar un programa debido a la situación en la que ustedes han llegado al Gobierno. Eso exige ser pragmático o pragmática, en el sentido de no
plantearse situaciones de imposible consecución en un momento determinado, pero tampoco impide ser ambicioso o ambiciosa, en este caso por una sencilla razón, porque partimos de una situación en la que muchas de las personas que estamos en esta sala
podemos compartir con un grado altísimo de acuerdo cuál es el diagnóstico actual de la justicia, y muchos y muchas de los que somos prácticos o aparecemos en lo que dice llamarse el foro casi lo transpiramos por la piel. Efectivamente, puede haber
una situación de carga o de desánimo generalizado en relación con una incuria, una inercia, una falta de atención de los y las responsables políticos sobre un sistema que es tan delicado como importante a la hora de sostener un Estado de derecho.
Partiendo de esa situación central, ¿qué pasaría si no tuviéramos justicia, si no tuviéramos un sistema público de justicia? ¿Cuántas cosas se desmoronarían y cuál sería la ley? Seguramente sería la ley del más fuerte. Partiendo de todo eso y
poniendo la importancia de la justicia donde se merece, tenemos que hacer un esfuerzo para transmitir claramente a la sociedad y a los operadores jurídicos que hay una apuesta clara por romper esa inercia, por romper esa incuria, por transmitir
ilusión y por generar un proyecto que sea, efectivamente, de cambio o que marque un punto de inflexión en esa inercia que se ha basado en estudiar y en escuchar, pero que no ha llevado a cabo ninguna actuación concreta y eficaz que realmente sirva
al objetivo de volver a ilusionar a esas personas que vocacionalmente se dedican a esto, vocación de la que no se puede tener la más mínima duda. En ese sentido y en relación con las grandes líneas planteadas por su ministerio puede contar con este
grupo confederal bajando a tierra muchas de las cuestiones que usted ha esbozado.


Evidentemente, en el poco tiempo que tenemos no podemos entablar un diálogo profundo sobre todos y cada uno de los ejes que se han planteado, así que le ruego que disculpe la ligereza con la que voy a ir transitando por lo que ha comentado,
intentando plantear cuáles serían los puntos de conexión de este grupo parlamentario con esas dos líneas de pragmatismo y eficacia que hemos mencionado.


Yo empezaría por su cuarto eje, en relación con lo que podemos llamar una agenda feminista de la justicia, y en dos sentidos: exterior e interior. En un sentido exterior, porque creemos que ahora mismo es el punto máximo de ruptura de la
imagen de la justicia con la sociedad. Ha habido muchos a lo largo del tiempo. Se ha esbozado la politización, en el sentido de que puede existir la percepción ciudadana de que los jueces o el sistema de justicia en general no se rigen por el
principio de legalidad, sino por circunstancias que no tienen nada que ver con el imperio de la ley. Ese es un punto de ruptura. El otro -claramente de actualidad- es la percepción de que la justicia desprotege nada menos que al 51% de la
población, que es la población femenina. Por tanto, sí que le pediríamos un esfuerzo en ese sentido. La apoyaremos en todo lo que suponga trasladar el Pacto de Estado contra la violencia de género al ámbito puramente de la justicia y, en concreto,
en todo el esfuerzo presupuestario necesario para dar cumplimiento a este pacto contra la violencia machista en cuanto a la prevención, la sensibilización, la educación, la respuesta institucional, la protección de menores, la formación de agentes
especializados y toda una serie de medidas que sin duda tienen que tener un reflejo presupuestario. Hoy mismo este Grupo Confederal registraba en este Congreso una proposición de ley orgánica integral contra las violencias sexuales, que pretende
dar una respuesta más amplia que el tradicional enfoque puramente punitivista que se ha venido dando a este problema y avanzar en un marco de garantías de derechos y protección de las víctimas, como nos piden los convenios internacionales y en
especial el Convenio de Estambul. Esto en cuanto a lo exterior.

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En cuanto a lo interior, creemos que deben garantizarse medidas para la igualdad en el acceso a nombramientos judiciales y de la carrera fiscal. En este sentido, es evidente que la actual baremación del sistema de méritos no permite tratar
de una manera igualitaria el ascenso de hombres y de mujeres en muchas ocasiones por el excesivo peso que se da a la formación basada sencillamente en cursos, con lo cual suele haber huecos biográficos. Tendríamos que ir hacia otro tipo de
baremación que tenga en cuenta la dedicación, el desempeño profesional continuado u otros factores que sin duda tienen que ver con la capacidad y el mérito. Somos firmes partidarios y partidarias de incluir pruebas de selección especializada que
sin duda contribuirán a dicha igualdad. Y lo mismo en materia de nombramientos que garanticen la paridad. Oíamos no hace tanto al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial decir que no tuviéramos ninguna duda de que
esa paridad se iba a alcanzar, al menos por el simple transcurso del tiempo, dada la cantidad de mujeres -son mayoría- que hay en la carrera judicial y fiscal. Creemos que no hay que esperar a que se cumplan las buenas intenciones manifestadas por
el señor Lesmes. Creemos que debemos ser proactivos y proactivas en todo esto y que el acceso a puestos de responsabilidad no va a venir dado por sí solo, sino que va a haber que pelearlo e introducir medidas de todo tipo para garantizarlo.


Quinto eje: Memoria histórica. Desde nuestro Grupo Confederal entendemos que el término memoria solo tiene sentido si lo ligamos a una enseñanza social del respeto y la promoción de los derechos fundamentales de las personas. Es decir, la
vigencia de la memoria es la vigencia de una actitud democrática de respeto a derechos y libertades fundamentales. En ese sentido, supone deslegitimar en todo caso el uso de la violencia y de barbaridades tan tremendas como aquellas de las que
hablamos y que no pueden ser calificadas de otra manera más que de delitos de lesa humanidad. En el caso de la memoria menos reciente, hablamos de la Guerra Civil y de la dictadura franquista, pero tampoco debemos olvidar la memoria reciente. Es
decir, nosotros y nosotras ligamos el respeto a los derechos fundamentales a la ausencia de impunidad y a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación y la implantación de garantías de no repetición para todas las personas que han sufrido
vulneraciones graves de derechos humanos. Y aquí hay que investigar los casos graves, especialmente de víctimas de ETA, que están sin esclarecer, pero también debemos hablar de la memoria y del reconocimiento oficial no solo de estas víctimas, sino
también de otras, como las de atentados yihadistas, etcétera. En cuanto a la memoria menos reciente, de la Guerra Civil y la Dictadura, puede contar con este grupo confederal para hacer un esfuerzo presupuestario en la línea de garantizar que
aquellas personas que tengan familiares desaparecidos por delitos de lesa humanidad puedan contar con tratar de buscarlos. En esto pediríamos el esfuerzo de todo tipo para buscar la implicación del Estado a través de un servicio público de
justicia. España no puede ser mirada en el ámbito internacional como alguien que garantiza espacios de impunidad al margen del sistema de justicia e impide el acceso a la justicia a personas que han sido víctimas de delitos tan graves. En esto
también tiene vigencia el tema de los denominados bebés robados, que es un tema que proyecta sus consecuencias hasta la actualidad con diferentes criterios.


Siguiendo con otro tipo de medidas, pediríamos medidas valientes para un cambio en el modelo de servicio público de justicia. Aquí tengo que mencionar siquiera someramente algunas cosas. Primero, la justicia gratuita y retribución del
turno de oficio. Tenemos cierta preocupación por la aparición de una cierta competición en un sistema público que garantice la justicia gratuita y la gestión del turno de oficio. Recientemente hemos visto cómo algunos grandes despachos generaban
una fundación pro bono y pediríamos un compromiso público por el mantenimiento de ese sistema público de justicia gratuita y una revisión del marco legal para garantizar que la ciudadanía tenga un servicio de calidad con profesionales formados, que
ya lo están, pero que tenemos que especializar sobre todo en violencia machista, menores, extranjería y población encarcelada.


Otra cuestión por la que le queremos preguntar es su opinión sobre el cambio de instituciones penitenciarias al Ministerio de Justicia. El otro día el ministro del Interior no quiso abordar directamente este tema, aunque parece ser que no
se mostraba favorable. Somos la excepción europea, junto con Hungría, en este tema y, dado que el artículo 117 de la Constitución habla de ejecutar y hacer ejecutar lo juzgado, lo lógico sería que en esa ejecución fuera el Ministerio de Justicia,
que así podría cumplir mejor el principio de reinserción social del artículo 25 de la Constitución española.


Muy brevemente. Reforma del Consejo General del Poder Judicial. Estamos de acuerdo con las líneas maestras que ha planteado. Creemos que ser pragmáticos es, como nosotros registramos en su día, derogar la 4/2013 y volver a un consejo con
competencias plenas y dedicación exclusiva y evaluar después su funcionamiento. En el tema del ministerio fiscal, en cuanto a nombramientos, una cuestión de

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futuro, nosotras también, siendo pragmáticas, pretendimos desanclar ese nombramiento del Ejecutivo en una proposición que se encuentra ahora mismo registrada en este Congreso. Nos ha parecido interesante la propuesta de que, si la política
criminal corresponde al Gobierno, podríamos tener algún día un monográfico para hablar de qué política criminal tiene el Gobierno. Yo entiendo lo que quiere decir, pero evidentemente sería muy bueno y muy transparente para la ciudadanía que en el
marco de la soberanía popular pudiéramos discutir y debatir o por lo menos conocer las líneas maestras de política criminal del Gobierno de España que se puedan transmitir al ministerio fiscal. Creo que eso aclararía muchísimas cuestiones y
permitiría el suficiente contraste y debate de las mismas.


Recuperación de permisos, licencias, derechos y otras reivindicaciones del ámbito judicial y fiscal. Usted las conoce bien. Habrá que hacer un esfuerzo presupuestario en estas materias y hay una ley en trámite.


Modernización de la Administración de Justicia. Estamos de acuerdo básicamente con el planteamiento que ha hecho sobre la tecnología y el papel cero, pero ahí se va a encontrar con problemas competenciales, y creemos que lo más que podemos
recomendar aquí, si está de acuerdo, es mucho diálogo y poca imposición para avanzar en un sistema que realmente sea eficaz, en un expediente digital eficaz.


Algunas reformas imprescindibles. Solo las enumero. Justicia universal. Evidentemente, hay que ir a esa modificación del 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial sin límites y de acuerdo con los estándares internacionales de los países
que nos rodean.


Derogación del 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Estamos absolutamente de acuerdo. Esta derogación es imprescindible porque ese límite solo opera realmente para causas complejas y por tanto puede favorecer la impunidad. Las
llamadas ilegalidades populares aquí no están en ningún caso afectadas y son un tanto por ciento altísimo de la Administración de Justicia. Hay una cuestión que no ha mencionado, pero quisiéramos conocer su opinión sobre la derogación de la prisión
permanente revisable y también sobre las reformas del Código Penal relativas a la protección de la libertad de expresión.


Por lo demás, sigamos avanzando en ese diálogo constructivo; los diagnósticos están hechos, bajémoslos a tierra y giremos el barco.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Ahora tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Campo.


El señor CAMPO MORENO: Gracias, señora presidenta.


Mis primeras palabras tienen que ser en nombre del grupo parlamentario y en el mío propio para darles la enhorabuena a la señora ministra y a su equipo de Justicia que nos acompaña. Al vivir en la era de la prisa da la sensación de que
usted lleva de ministra seis años y en escasamente un mes han sido muchas las tareas que ha tenido que abordar; la primera, la conformación del equipo y tomar conocimiento de una hipotética dación de cuentas que, por razones políticas, se ha
desarrollado en un tiempo límite. Les deseo a usted y a todo su equipo grandes éxitos, porque sus éxitos serán los de todos y redundarán en ese bienestar ciudadano que colma los derechos fundamentales, cobrando especial relieve el de la tutela
judicial y sobre todo el de la efectividad.


Después de haber oído a la ministra y a los portavoces, todos coincidimos -y creo que no hay excepción- en que partimos de una situación manifiestamente mejorable. La situación de la justicia es la que conocemos, la que conoce de
primerísima mano la señora ministra, y es necesario ponerle remedio. Era fácil decir -me ha encantado oírla y se lo digo abiertamente- con lo que se ha encontrado, cuál es la situación y hacer leña del árbol caído, por eso creo que es un motivo de
satisfacción mirar hacia delante y buscar el consenso de todos para construir una mejor justicia de la que tenemos a día de hoy. No busquemos culpables. Todos los Gobiernos han puesto su buena voluntad desde el advenimiento de la democracia, todos
han hecho los esfuerzos presupuestarios pertinentes, pero es cierto que algo se constata en este mes de julio de 2018, y es que las políticas incrementalistas no son suficientes porque nos encontramos ante una inexistencia de modelo o ante un modelo
agotado, que es precisamente lo que tenemos que abordar. Sé que no es una tarea nueva y este portavoz se atreve a decir que seguramente, dure lo que dure la legislatura -esperemos que sus plazos ordinarios-, no daremos arreglo a todos los problemas
que tiene nuestra maltrecha Administración de Justicia, porque todos somos conscientes de que es necesario todo un paquete de reformas normativas, organizativas y tecnológicas para llevarlo a cabo. Somos conscientes además, por si fuera poco este
problema, de la cantidad de actores de la justicia -que tenemos que transformarlos en un valor positivo y no una rémora- que tienen algo que decir:

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Ministerio de Justicia, comunidades autónomas que han asumido las transferencias en materia de justicia en virtud de las cláusulas subrogatorias de sus estatutos de autonomías, Consejo General del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado,
abogados, procuradores, graduados sociales, funcionarios, todos los colectivos que intervienen en justicia y, cómo no, la ciudadanía. En esa confluencia, efectivamente, es difícil lograr el consenso. Por eso, el consenso nunca debe ser un
objetivo, sino un método de trabajo. Por eso, también nos agrada haber oído a la ministra centrar esas necesarias reformas normativas, organizativas y tecnológicas en virtud de siete ejes o siete puntos de distintos ejes. Después haré algunas
referencias a ellos pero creo que es bueno volver a repasar esos cimientos sobre los que podemos aunar el esfuerzo colectivo en orden a lograr una mejor justicia que la que tenemos hoy: transparencia, modernización y tecnología, relación con los
operadores jurídicos, perspectivas de género, memoria histórica, jurisdicción universal y acercamiento a la ciudadanía. En estos siete ejes, en los que hay elementos tan transversales como la modernización o la perspectiva de género, hay algo que
ha estado latente en toda su intervención -que incluso creo que ha salido la palabra en los siete-, que es la víctima, sin duda el gran eje y motivo de actuación de la justicia.


Desde hace mucho tiempo -y está recogido en el Diario de Sesiones-, cada vez que este grupo parlamentario ha tenido la palabra siempre ha dicho que es verdad que casi ya no es tiempo de los diagnósticos, que estamos en el tiempo de las
transformaciones. Somos fervientes defensores y publicistas de eso que la ministra ha dicho -he tomado nota-, si me permiten la siguiente sistematización, de que es necesario el diálogo, que es necesario dar credibilidad a lo que hacemos en materia
de justicia, que es necesario cerrar la brecha de desafección que aleja la justicia de la ciudadanía y que es necesario que la justicia sea un valor superior del ordenamiento jurídico pero, a la vez, que subraye el valor de la realidad y la
efectividad, porque solo así daremos virtualidad a ese artículo 24 o a ese artículo 1 de la Constitución, cuando establece la justicia como valor superior del ordenamiento jurídico.


La necesidad de diálogo parece que es algo fuera de todo lugar y no debería consumir ni un segundo de la intervención de este portavoz, pero la realidad es tozuda y cuando hablaba alguno de los portavoces miraba a los otros y es raro que no
haya habido algún gesto facial que vislumbrar cierta sorpresa. Es verdad -y también lo hemos oído- que se convirtió, a través de una subcomisión para fijar la estrategia en materia de justicia, en el elemento motor de ese esfuerzo colectivo. No
voy a incurrir, ya que me ha parecido un acto positivo, en decir quién es el culpable o quién lo hizo, da igual; lo que es cierto es que los distintos grupos se fueron saliendo pese a que había un paquete en torno a cien medidas -ahora estoy seguro
de que la portavoz del Partido Popular dará el dato exacto, que le gusta mucho darlo- en el que teníamos un gran consenso, pero la elección de los miembros del consejo se transformó en un muro infranqueable, llevando al traste -con otras derivas
pero fundamentalmente esa- a la subcomisión. Es muy difícil construir un consenso -a lo mejor es un defecto que fue colectivo, no quiero señalar a nadie-, pero es cierto que, como se iban preaprobando y dando por buenas todo un paquete de medidas,
creíamos que tendríamos un final feliz y, sin embargo, eso no fue así. Aquí me voy a permitir una apreciación -porque es un tema recurrente-, porque el Grupo Ciudadanos ha invocado la sentencia 108/1986 sobre la forma de elección. Me ciño a esto
porque algo ha dicho la ministra, pero sobre todo el señor Prendes - mi buen amigo, señor Prendes-, que ha hecho alusión a ella en su intervención. Señor Prendes, querido Nacho, la sentencia 108/1986, de 29 de julio, BOE de 13 de agosto -sé que te
gustan esas precisiones-, decía parte -y por supuesto que te ajustas a la verdad cuando lo expresas- de esos temores, pero eso es lo que los juristas llamamos -tú lo llamas- los obiter dicta. Fíjate lo que dice el inciso final del fundamento
decimotercero: La existencia y aún la probabilidad de ese riesgo, creado por un precepto que hace posible, aunque no necesaria, una actuación contraria al espíritu de la norma, parece aconsejar su sustitución, pero no es fundamento bastante para
declarar su invalidez, ya que es doctrina constante de este tribunal -y del Constitucional- que la validez de la ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada a la Constitución. Y cuando nos vamos al fallo, éste
dice que es acorde a la Constitución. Un detalle, por curiosidad: ese recurso lo interpuso José María Ruiz Gallardón, padre del que fue ministro y tuvo en su mano cambiar ese sistema de elección y no lo hizo. Nada más; dejo eso dicho.


Transparencia. Señora ministra, creo que es fundamental, creo que es fundamental que la justicia goce tanto en los tribunales como en el entendimiento de esos parámetros de confiabilidad. Realmente a este grupo parlamentario le gusta más
hablar de confianza que de transparencia. Evidentemente, la confianza es una consecuencia de la transparencia y del juego de los controles, pero no hay problema. La elección de los vocales es uno de los temas en los que no quiero entrar ya porque
creo que ha quedado

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dicho; me ha encantado lo que le he oído decir y las perspectivas de esa modificación legislativa en orden a la organización y funcionamiento.


Fiscal general del Estado. Bueno, dos veces hemos debatido esto en el plenario, y efectivamente este grupo parlamentario ha sostenido que el artículo 97 de la Constitución permite -y está bien fundado- que sea el Gobierno quien lo nombre.
Efectivamente, hay entrada al Poder Judicial, vía informe del consejo, y a esta propia Comisión de Justicia en cuanto a la valoración y examen del precandidato. Igualmente, nos felicitamos de esos mecanismos de amparo. Es cierto que esto obedece
mucho -y a lo mejor es ahí donde habría que limitarlo- a las facultades del propio consejo, porque el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que es el que establece el mecanismo de amparo, parece declinarlo a la petición del propio, pero
realmente ha habido una doctrina durante muchísimos años inveterada en el Consejo General del Poder Judicial de que las actuaciones se podían hacer de oficio, y mucho más ahora cuando existe el promotor de la acción disciplinaria que puede dar lugar
precisamente a esa iniciación y ni siquiera los vocales. Pero se puede hacer. Bien, si podemos aclarar la ley y dar mayor protección, me parece fenomenal.


Modernización y tecnología, falta de medios, improvisación. Aquí también se ha puesto de manifiesto que uno de los grandes problemas es -yo lo decía en los primeros minutos de mi intervención- la necesaria armonización entre actores tan
dispares como pueden ser Ministerio de Justicia y comunidades autónomas con Gobiernos representados por signos distintos y que, en función de sus ámbitos competenciales, ponen los medios y los recursos de sus ciudadanos en orden a la mejora de la
justicia. Esto realmente nos lleva a ese respeto absoluto que tiene que haber en ese ámbito competencial. Pero, ¡cuidado!, ya existía esa competencia en el Consejo General del Poder Judicial, que tenía que velar por la homogeneización de los
aplicativos informáticos. Esto se intentó desde el último Gobierno socialista a través del esquema judicial de interoperabilidad y seguridad, EJIS, ese gran transformador que permitiera la intercomunicación y entenderse en suma entre los distintos
territorios.


El expediente judicial. Bueno, realmente está casi todo dicho y poco tendría que decirle a la ministra cuando ha vivido todos los problemas de Lexnet, todos los problemas del expediente judicial, ya sea en la oficina judicial o en la
oficina fiscal, porque la oficina fiscal últimamente se ha cubierto de gloria en cuanto a los aplicativos, de tal modo que me remito a lo que el propio consejo fiscal por unanimidad -incluido el fiscal general del Estado- pidió sobre la
paralización, porque estaba provocando más males de los que pretendía subsanar. Efectivamente, los medios de comunicación ya pusieron incluso que una persona tardó un día en recobrar la libertad sin -en teoría- fallo de nadie; pero lo cierto es
que el aparato no funcionó, el aplicativo no dio la respuesta y esa persona se quedó privada de libertad.


Nos encanta oír lo del 324. Nos encanta oír el tema de las plazas en violencia de género. Insisto, hay políticas en las que usted ha dicho que reconoce el mérito de los presupuestos que se acaban de aprobar e insisto en esa idea de que ese
era el buen camino, es decir, actuaciones conjuntas.


Sobre la Fiscalía Europea, nos encanta oír que no solo piense desde el Ministerio de Justicia que la Fiscalía Europea es la que tiene que velar por los intereses financieros de la Unión, sino que también aborde la criminalidad organizada con
todo lo que ello conlleva en materia de trata, etcétera.


Perspectiva de género. No voy a insistir porque creo que hay que felicitarse, igual que de esa nueva Dirección General de Memoria Histórica que se inserta en el Ministerio de Justicia; creo que es un buen ministerio para incardinarse.


Jurisdicción universal. Tampoco voy a entrar...


La señora PRESIDENTA: Tiene que ir acabando.


El señor CAMPO MORENO: Sí, un momento, señora presidenta, dos minutos.


Realmente hay un dato fundamental, que es el que decía, creo que las víctimas y, por encima de ellas, el ciudadano -en el sentido de que la víctima es ciudadano-, son los que verdaderamente se hacen protagonistas o destinatarios de todas las
actuaciones del Ministerio de Justicia o de todo un Gobierno. Por eso, todo lo que potencie el derecho a defensa, una vieja reclamación de la abogacía de este país, a través de su consejo general, tanto del anterior presidente como de la actual
presidenta, es bueno. Creo que es necesaria una regulación del derecho a defensa, creo que es necesaria esa nueva regulación de la protección de testigos. Me gustaría pedirle -quizás es una deformación profesional- que desarrolle mínimamente -ya
habrá tiempo para ello- el observatorio del terrorismo y algo de lo que no me he enterado muy bien, que es una regulación de los arrepentidos. Es cierto que ese modelo se ha generalizado. Empezó siguiendo la tradición italiana de los pentitis y
entró aquí, con unos primeros

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mecanismos de exención de responsabilidad, salvo que hubiera delitos de sangre en el ámbito terrorista, para después integrarse con el Código de 1995, y en esa visión tan nuestra de nuestro derecho patrio de la generalización del derecho
penal de excepción, hoy lo encontramos como un mecanismo para muchos delitos. Me gustaría que nos concretara algo más sobre ello.


Termino como empecé. Saludándola, congratulándonos por su esquema expositivo y deseando los mejores éxitos a usted y a su equipo.


Gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Para terminar este turno de intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes. Señora ministra, bienvenida a la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. Enhorabuena a usted y a su equipo. Es esta una Comisión en la que, como ve, nos conocemos mucho, con una larga tradición en esta
Cámara de trabajo intenso, riguroso y con voluntad de concitar acuerdos y de escuchar permanentemente a los operadores jurídicos.


El 5 de diciembre de 2016 el ministro de Justicia del Gobierno popular presentaba en esta misma Comisión las líneas generales de su departamento y para esta legislatura planteó, entre otras cosas, tres cuestiones que siguen, a nuestro
juicio, teniendo plena vigencia y que, después de escucharla, creo que también usted ha incorporado: El mapa político -y leo la cita-, el escenario para el debate político es otro muy distinto al que teníamos hace dos años -leamos ahora cuatro-;
tenemos un mandato ciudadano que cumplir todos nosotros: trabajar juntos, alcanzar acuerdos como mínimo en las cosas más importantes, procurando que los árboles de las diferencias ideológicas no nos impidan ver el bosque; y la transformación
integral de la justicia, que es inaplazable. Aprovecho la ocasión, si usted me lo permite, para reconocer en nombre de mi grupo parlamentario el trabajo de Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia en estos cuatro años y su convicción,
ahora expresada, en la importancia de la modernización y transformación integral de la justicia en el marco del consenso de las fuerzas políticas, así como su empeño, año a año, por incrementar el presupuesto de justicia hasta alcanzar un 19% en
estos cuatro años.


Señora ministra, hoy, más de un mes después de su toma de posesión, comparece -se lo agradecemos, lo esperábamos- porque el presidente del Gobierno del que forma parte ha defendido querer trabajar abierto a este Parlamento, pero veíamos con
cierta sorpresa cómo los anuncios y debates se producían extraparlamentariamente, a través de los medios de comunicación. Su trayectoria profesional, en particular su implicación y especialización en la persecución del terrorismo yihadista, no
tiene para nosotros más que consideración y respeto. Usted, sin embargo, ha dejado de ser fiscal en activo para ser ministra de un Gobierno presidido por un político socialista que llega desde fuera del Congreso y por medio de una moción de censura
basada en falsedades y descalificaciones a mi partido político -de las que, una vez que se sintió fuerte y ganador, él mismo, el presidente Sánchez, se desmarcó en su debate-, puesto que la campaña previa tenía como única finalidad, a nuestro
juicio, aquello que en el lenguaje popular conocemos como 'quítate tú para ponerme yo'. Es la primera vez que tenemos un Gobierno íntegramente extraparlamentario, pero no es posible gobernar sin el Parlamento y pasará factura gobernar manipulando
la acción parlamentaria y las funciones de las Cámaras, como estamos viendo el bochornoso espectáculo tanto político como jurídico de Radiotelevisión Española. Lo anterior puede verse como algo dentro de la ambición humana, si no fuera porque nada
se le pone por delante al presidente. ¿Recuerdan aquella frase célebre en la historia del cine de 'a Dios pongo por testigo que nunca volveré a pasar hambre'? Eso mismo debió pensar Pedro Sánchez cuando fue abandonado por los suyos, que temían que
hiciera lo que ha hecho después a velocidad de crucero. ¿Por qué le digo esto, señora ministra? Porque, más allá de sus trayectorias personales y profesionales, los integrantes de este Gobierno vienen envueltos en la sombra de la duda, de estar
abocados a hacer no lo que nos vienen a presentar aquí, como ha hecho usted en su caso, sino la hoja de ruta que permita al presidente permanecer en el poder a costa de todo lo que le pidan sus socios de investidura. Esto en otra situación tampoco
sería más reprochable que el debate político, pero en este momento es preocupante por los socios y por sus objetivos, y eso les persigue a ustedes, lamentablemente, en sus planes de actuación y de omisión. Tengo que decirle que en su intervención
de esta tarde algunas cosas nos suenan bien, muy bien, no estamos tan lejos; otras prioridades nos parece que no van a ayudar demasiado ni al presente ni al futuro de la justicia, pero podemos hablarlo.

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Usted -lo ha dicho- entra en un ministerio muy relevante y muy sensible en cualquier momento pero más en este. En cualquier momento porque tiene entre sus cometidos ser la fedataria mayor del Estado y el soporte logístico y programático de
las políticas que amparan y en su caso configuran el sistema de la justicia, y lo hace en una legislatura que ha traspasado, como hemos dicho y como han dicho otros compañeros, el ecuador -y usted bien lo sabe- y que se ha encaminado a que las
fuerzas políticas en el Parlamento sortearan una encrucijada: que se inclinaran por ser útiles a la sociedad y a los operadores jurídicos o que se mantuvieran en el bloqueo permanente de cualquier acción para mejorar la justicia. Por eso, es
incuestionable -y nos es penoso, créame- que nosotros hoy, aun confiando en su palabra, vengamos obligados como principal grupo de oposición y mayoritario en la Cámara a profundizar en su propuesta, en sus intenciones, en el modelo de Gobierno para
la justicia que usted hoy tiene la oportunidad de ejecutar, en si coincide con la del Gobierno, la de todo el Gobierno y en qué peso tendrán usted y su equipo, como profesionales del derecho, ante las tentaciones de otros miembros del Ejecutivo.


Hay muchos temas que me gustaría plantear aquí, pero el tiempo es muy limitado. Me gustaría saber, por tanto, sus intenciones -algunas las ha expresado, pero a ver si puede desarrollarlas-, más allá de lo que usted nos ha dicho, por
ejemplo, sobre cuál es su intención en las modificaciones que plantea en el Plan Anual Normativo para el 2018, como sabe preceptivo desde 2015, sobre las reivindicaciones de todo el sector de justicia, en particular jueces, fiscales y letrados de la
Administración de Justicia, sobre iniciativas legislativas en trámite pero paralizadas, aprobadas o en prórroga, sobre los consensos alcanzados por la subcomisión para la Estrategia Nacional de Justicia, sobre el papel que el Gobierno quiere que
tenga el ministerio fiscal, etcétera; me detendré luego brevemente en parte de las mismas. Pero creo que la actualidad que genera la acción del Gobierno y manifestaciones de sus miembros se incardinan en uno de los mayores problemas y
preocupaciones de todos y que debe tener una ministra de Justicia de España, y más si procede como usted del Poder Judicial. Como yo lo expresara hace pocas fechas, usted se enfrenta a un tiempo convulso en el que se cuestiona todo, donde lo fake
sustituye a lo verdadero, lo cierto y lo profesional. Ese movimiento que atacó a la política golpea sin piedad y con altas dosis de irresponsabilidad a la justicia. Son ataques a los cimientos mismos del Estado de derecho. Hoy necesitamos menos
palabras bonitas, menos ejercicios de prestidigitación comunicativa y más autenticidad, templanza, personalidad y valentía en defender siempre y en todo caso para todos respecto a todos, los principios nucleares del derecho y de la justicia. El
desprestigio en el que se está sumiendo a la ley, el derecho y la justicia puede llegar a pasarnos una gran factura como sociedad y como Estado. No podemos consentir un Poder Judicial cuestionado, no podemos admitir que se subasten las sentencias y
otras decisiones judiciales en la plaza pública. Si desde el Gobierno no se asume la defensa de la racionalidad, de lo legal y de los poderes e instituciones del Estado aunque resulte antipático, un día, no muy lejano, nos daremos cuenta de que la
irracionalidad y la subasta en la plaza pública llamarán a la propia puerta y nos engullirán.


Señora ministra, asistimos atónitos a que algún abogado, antes juez, conozca y utilice públicamente una sentencia no comunicada formalmente a las partes; a que se dé por bueno y obvio que la nueva fiscal general del Estado cambiará el
posicionamiento como defensores de la legalidad de los fiscales que actúan en los procesos abiertos por el procés catalán y que esta tenga que desmentirlo; el cuestionamiento de la profesionalidad de nuestros jueces en el exterior; el intento de
ofrecer entre los pagos del Gobierno, después de la reunión del presidente del Gobierno con el president de la Generalitat, que se trocee el gobierno de los jueces cuando sabemos qué tipo de jueces y qué tipo de Poder Judicial quieren los grupos
secesionistas en Cataluña, porque lo plasmaron en la ley de transitoriedad, declarada nula e inconstitucional. En fin, ante este panorama, ¿qué va a hacer desde su ministerio para que no sigamos en esta línea tan destructiva que solo provoca
desconfianza e inseguridad? En menos de un mes hemos visto cómo la ministra portavoz cuestionaba la credibilidad, la eficacia y la función constitucional del ministerio fiscal, cómo se generalizaba sobre la falta de formación de los jueces para
desarrollar con solvencia su trabajo y su función. Ayer la vicepresidenta en esta Cámara vuelve a la carga obviando el trabajo ya emprendido en un claro ejercicio de escucha atenta a la sociedad por el ministro Catalá que impulsara una revisión
inmediata, pero rigurosa, dentro de la Comisión General de Codificación, con una sección penal renovada y propone, más allá del caso concreto, con aquí sí, una clara técnica de legislación en caliente, una modificación del Código Penal sí o sí que
recupera siglos y doctrinas muy atrás en la historia, recupera al juez como autómata o como mero altavoz de la ley. ¿Dónde dejamos al juez del Estado moderno que forma parte de una concepción clara del derecho a la justicia y el Estado de derecho,
ese juez que Martín

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Pallín definía muy acertadamente desde la misma práctica como el que debe utilizar habilidosamente la inteligencia para conseguir la justicia?


Como usted sabe muy bien, el derecho no es política. La política puede mejorar o empeorar las fuentes del derecho, sobre todo la ley, pero no es ni derecho ni justicia. Frivolizar políticamente sobre las normas jurídicas y los instrumentos
para alcanzar la justicia solo puede deteriorar las reglas básicas de la democracia. La responsabilidad de un Gobierno pasa por dejar su opinión particular e ideología cuando entra en el ministerio, por respetar las funciones de los poderes e
instituciones del Estado y por defender los pilares del Estado cuyo Gobierno le ha sido encomendado. Queremos, pues, saber cuál es su opinión. ¿Por qué no hacer las cosas por su orden -algo ha dicho sobre la prórroga, etcétera- y dejar trabajar a
los expertos, valorar después las propuestas que nos hacen para decidir si y en qué términos ha de modificarse el Código Penal e impulsar más tarde grupos o Gobierno los cambios normativos que sean mejores para el interés general? Este contagio
hace que los jueces recriminen al Gobierno su formación constitucional -usted lo habrá oído como yo-, el Gobierno a los jueces su mirada sexista y el patriarcado a la hora de interpretar las normas (sic), por lo que debe privárseles de su función
interpretadora de la norma que están obligados a cumplir y a hacer cumplir, por no decir dónde dejan entonces la presunción de inocencia, la valoración de la prueba, la adecuación al caso concreto, es decir, siglos y siglos de evolución doctrinal y
política en la papelera. ¿Dónde vamos a llegar, señora ministra?


Esto me permite enlazar con otros aspectos que me gustaría destacar. Señora ministra, seguí con mucha atención, como lo he hecho en su intervención de esa tarde, su discurso de toma de posesión por televisión, y en él destacó dos términos
que pueden ser un buen abstract de principios programáticos: diálogo y víctimas. ¿Quién no puede estar de acuerdo con ello? Tanto quien le habla como mi grupo lo están. Sin embargo, en un mes las muestras de diálogo -y hoy también ha reiterado
aquí el diálogo- no han existido muy claramente, apenas unos minutos con los grupos políticos, que le agradecemos, y demoras en el diálogo con las asociaciones representativas de jueces, fiscales y letrados de la Administración de Justicia, y hoy la
demora se une a una demora más cuando nos habla aquí de que encomendará el diagnóstico a un grupo de trabajo cuando el diagnóstico y los grupos de trabajo ya han funcionado claramente, como le han dicho otros compañeros en esta Cámara.


Al parecer, usted participó en las protestas con sus compañeros de asociación y otras asociaciones de jueces y fiscales. Quizá esté mal informada, me lo perdona. ¿Por qué después de haber estado a la cabeza de las protestas, si fue así, y
pasar a dirigir el Ministerio de Justicia, usted no ha recibido todavía a sus antiguos compañeros, a todas las asociaciones a las que me he referido? ¿Usted cree que jueces y fiscales pueden hacer huelga? ¿Cree que efectivamente la hicieron? Si
así fuera, ¿qué medidas piensa adoptar al respecto? ¿Cómo puede justificar usted que el partido principal que sustenta a su Gobierno, el Partido Socialista, haya protestado tanto por enmiendas de mi grupo parlamentario a la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que permiten recoger y avanzar en la consecución de reivindicaciones de las asociaciones y que el grupo Greco viene demandando al Estado español? Usted lo ha recordado esa tarde aquí: objetividad de los nombramientos de
altos cargos, mayores tasas judiciales, mayor transparencia en la vuelta de la actividad jurisdiccional de los jueces que participan en la vida política, plazos de prescripción adecuados en los expedientes disciplinarios, limitación de mandatos en
los cargos judiciales y supresión de los magistrados autonómicos. ¿Cuál es su posición ante esta idea un poco esquizofrénica hasta este momento? ¿Cuál es su posición respecto a la propuesta de reforma de la Ley de indultos, registrada por el Grupo
Socialista, que fue tomada en consideración, pero desconocemos por qué no se ha avanzado? Se ha dicho aquí ya -lo tengo que decir yo también- que la subcomisión para una Estrategia Nacional de Justicia, que concluyó su periodo de trabajo sin
aprobar un informe en Comisión o en Pleno, consensuó 103 propuestas que su antecesor en el cargo asumió para desarrollar desde el Gobierno. ¿Cuál es su posición? Algunas entiendo que las asume por la exposición que ha hecho. ¿Asume todas las
demás propuestas? Porque hay muchos temas comunes con los ejes esenciales para mejorar la justicia.


Víctimas. En su primera sesión de control en el Senado usted se aparta de muchas víctimas con un discurso contrario a las demandas de un 80% de la población española, de todos los signos políticos, y frente a familias que vienen luchando
por encontrar mejores respuestas jurídicas a casos como los de sus hijas. Ante eso, ha hablado usted de prisión permanente revisable como pena inhumana, pero es difícil mirar a los ojos a la madre de Sandra Palo, por ejemplo, y hablarle de
inhumano. ¿Dirá esto también en las reuniones internacionales respecto a la Corte Penal Internacional? Las víctimas del terrorismo de ETA tienen que oír nuevamente en estos días términos como trato humanitario, como si no se diera,

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valoración de las circunstancias personales en beneficio de sus verdugos. Estamos en la semana en que se cumplen veintiún años de la atroz tortura a un compañero, Miguel Ángel Blanco, y a su familia, que concluyó con su asesinato, como día
a día las familias de más de 800 muertos rememoran la fecha fatídica en la que perdieron la vida sus seres queridos, niños, mujeres, servidores públicos de cualquier ideología. Esperamos de verdad su compromiso con toda la memoria; con toda la
memoria, con todas las víctimas. Nosotros estamos en la defensa de la verdad, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo, de todo el terrorismo. No creo que para usted haya grados en el trato de las víctimas. Mi grupo le reconoce un
impresionante trabajo y conoce el profundo daño personal y social del terrorismo. ¿No cree que merece la pena seguir desarrollando nuestro derecho, colocando siempre a las víctimas en el centro de las políticas?


La señora PRESIDENTA: Señora Moro, tiene que acabar.


La señora MORO ALMARAZ: Voy a terminar enseguida, señora presidenta. Se lo agradezco.


Ayer en la comparecencia de la Comisión de Igualdad, como dije, la vicepresidenta desgranó un número significativo de propuestas de reforma penal y procesal sobre las que nos gustaría conocer su opinión o si le habló de ellas antes de
ponerlas de manifiesto. No queremos pensar que la apariencia es realidad y que se quiere dar un trato diferenciado a víctimas de distintos tratos machistas y de abusos y agresiones sexuales. Nosotros, señora ministra, seguimos comprometidos con
afrontar sin dilación reformas inaplazables, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y por supuesto también el reglamento, pero valore que esto es un paquete, que ir ahora a un reglamento sin tener una
modificación del estatuto no parece que tenga demasiado sentido. En todo caso, esa era una conclusión también de la subcomisión: la Ley Orgánica del Derecho de Defensa, la adaptación del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento, como ha dicho,
en relación con las personas con discapacidad, pero también la modernización del derecho de obligaciones y contratos, el impulso de la mediación y mejorar y agilizar la ejecución de las resoluciones judiciales. Tenemos un compromiso para seguir
trabajando con el tema de los bebés robados. Hemos trabajado mucho, mi grupo, mi Gobierno y esta portavoz en particular. Por tanto, ahí nos va a encontrar. Estamos trabajando propuestas y queremos tenerla de nuestro lado, pero el consenso, señora
ministra -ya concluyo-, solo se puede conseguir con confianza, con lealtad y con transparencia en la hoja de ruta y en los acuerdos. Ahí podrá contar con mi grupo porque de verdad nos importa mucho trabajar por la justicia.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora portavoz.


Antes de dar la palabra a la señora ministra, advierto a los portavoces de todos los grupos que no habrá turno de réplica, salvo alguna cuestión muy, muy excepcional, dado que todos ustedes han sobrepasado con creces el tiempo que les había
marcado. Así, evitando el riesgo se evita la tentación.


Tiene la palabra la señora ministra.


La señora MINISTRA DE JUSTICIA (Delgado García): Gracias, señora presidenta. Agradezco a todos los portavoces sus intervenciones, las propuestas que han hecho y las cuestiones que han suscitado.


Voy a empezar por la señora Moro. En primer lugar, quiero decirle que esta ministra forma parte de un Gobierno y que todas las acciones de gobierno están concertadas, coordinadas y se trabaja como un verdadero equipo. Por lo tanto, todas
las propuestas que realizó en el día de ayer la vicepresidenta desde luego cuentan con la coordinación del resto de los ministerios y del Ministerio de Justicia; simplemente es una aclaración. Agradezco muchísimo esa mano tendida para aquellos
asuntos y cuestiones en los que encontremos acuerdo, y desde luego lo buscaré. Fíjese, creo que han coincidido todos los portavoces e incluso esta ministra en un diagnóstico absolutamente desolador de la justicia. Es desolador, además, como se ha
manifestado, la justicia se ha ido degradando, y durante el último Gobierno del Partido Popular y de mi antecesor no solamente se han degradado más, si cabe, las instituciones, sino que ha habido una absoluta sordera ministerial frente a las
reivindicaciones de los profesionales de la justicia, y cuando hablo de profesionales englobo a jueces, magistrados, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados, procuradores, etcétera. Ha habido una sordera, no se ha escuchado a
los operadores jurídicos en absoluto, y esto ha provocado no solamente un aumento de esa brecha o esa desafección entre los operadores y el ministerio o el administrador de esas herramientas de la justicia, sino también de la propia ciudadanía, pues
ha habido una absoluta falta de diálogo. Esto ha generado disfunciones, que han pasado

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porque aspectos fundamentales, como es el aspecto tecnológico -el fundamental y esencial aspecto de la justicia digital- no se hayan podido parar, y no se haya reflexionado y decidir qué había que hacer, qué estaba funcionando y que no
estaba funcionando. Los jueces, los fiscales, los juzgados, nos hemos convertido en conejillos de indias porque no se ha escuchado a la justicia que las cosas no estaban funcionando, y esto se debe a una falta de diálogo absoluto.


Señora Moro, cuando se defendió una moción de censura el pasado día 31 de mayo, a través de un sistema absolutamente legítimo y constitucional -en este caso se obtuvo la mayoría necesaria para sacar adelante esa postura y, por tanto, devino
el cambio del presidente y del Ejecutivo-, se hizo una hoja de ruta, claro que sí, pero fue una hoja de ruta para el Gobierno de este país, para el Gobierno de España; se tomó el rumbo de un barco y se puso en dirección a la eficacia y a la
efectividad de un Gobierno que hasta dos días antes estaba absolutamente paralizado por casos que tenían poco que ver con el Gobierno, tenían que ver con los asuntos en tribunales de corrupción, etcétera. Luego sí que hubo una hoja de ruta para
poner en marcha acciones de gobierno como las que yo en mi intervención he intentado describir.


Con relación a las víctimas, señora Moro, quiero decirle que estamos siempre, siempre de su lado; estamos del lado de las víctimas en cuanto a la protección de derechos, del lado de las víctimas en cuanto a perspectiva de víctima, del lado
de la víctima, sea mujer, hombre o niño; estamos del lado de las víctimas, en eso no hay absolutamente ninguna duda, pero también estamos del lado de las víctimas del franquismo. No estamos comparando -esto no es una balanza-, no estamos
sopesando; son cosas completamente distintas, pues hay víctimas que no han tenido a lo largo de la historia ni una sola comprensión de víctima. Las víctimas del terrorismo no solamente están respetadas por este Gobierno, sino que lo van a seguir
estando. Se va a contar con las víctimas porque no puede ser de otra manera, faltaría más. Pero lo que vamos a hacer es dar visibilidad a otras víctimas que hasta ahora han estado en la opacidad, y más allá de la opacidad; han estado en la
indiferencia, han estado fuera de nuestras vidas, fuera de nuestras memorias. A través de la Dirección General de Memoria Histórica se va a dar respuesta y se van a buscar soluciones para la visibilización y la reparación de víctima, porque no la
han tenido no ya en dos ni en tres ocasiones, sino en ochenta años. Le quiero decir que las víctimas de otro tipo de delitos tienen todo el respeto de este Gobierno y, desde luego, de la ministra de Justicia, pero también es cierto que cada uno
encuentra canales de reparación a través de unas u otras vías. Las víctimas necesitan justicias eficaces de persecución de los hechos delictivos, justicias eficaces para que no se repitan esos hechos delictivos. Necesitamos penas para la
prevención general y necesitamos penas para la prevención especial, pero dentro de un marco constitucional, porque tenemos una Constitución y esta nos impide la aplicación de penas inhumanas o degradantes. Está escrito en la Constitución, y no lo
digo yo, lo sabemos todos. La Constitución, además, nos dice que la pena, aparte de ser de prevención general y de prevención especial, tiene que estar enfocada a la reeducación y la resocialización. Tenemos la prisión permanente revisable, que
tiene un recurso en la Tribunal Constitucional cuya resolución estamos esperando, porque nos dará de alguna manera una perspectiva de interpretación constitucional, que respetamos profundamente, como no puede ser de otra manera. Ahora bien, cuando
se plantea ese recurso de inconstitucionalidad se hace sobre la base de la Constitución. Esto quiere decir que una pena en la que hasta los veinticinco años no se sepa si, a lo mejor, se va a revisar es una pena que sobrepasa la humanidad.


Tenemos el artículo 76 de la Ley de 2003, que modifica el Código Penal, de cumplimiento íntegro de las penas. Esta norma establece penas de hasta cuarenta años, que son, desde una óptica quizá de retribución penológica, más duras. ¿Sabe
por qué? Porque con esta norma los primeros permisos penitenciarios tardan mucho más en llegar que con la prisión permanente revisable. Fíjese por dónde. Es una norma que tenemos y lo único que tendríamos que hacer, seguramente, es una mínima
modificación para incluir dentro de ella -está prevista para delitos de terrorismo- otro tipo de delitos que pudieran cubrir estas necesidades de determinadas víctimas o reclamaciones sociales que puedan producirse.


Hablábamos de la formación de los jueces en materia de género. Pues claro, y no me parece malo, antes al contrario. Todos, jueces, fiscales y operadores jurídicos, necesitamos una formación en materia de género. ¿Por qué? Porque hasta
ahora no se ha realizado o porque es insuficiente. La tenemos que incluir en nuestros planes de ingreso en las carreras de acceso a jueces y a fiscales, pero también en la formación continua de jueces. He dicho en alguna ocasión, y no quiero con
esto provocar la ofensa de nadie, que debemos pensar en algún momento en que hay que cambiar también las mentes. ¿Por qué? Porque en la interpretación de la norma podemos tener unos determinados estereotipos de género. Esos estereotipos de género
son los que tienen que avanzar hacia una sociedad inclusiva. Resulta que la mitad

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de la sociedad somos mujeres, y es una suerte, lo que ocurre es ni las normas lo tienen en cuenta, ni el desarrollo de normas como la Ley de Enjuiciamiento Criminal lo tiene en cuenta, y no solo en el aspecto material, sino también en el
aspecto formal o terminológico.


Al encargar a una comisión de expertas que estudien los proyectos que hay sobre la mesa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de género tengo dos aspiraciones: la adecuación terminológica, que me parece fundamental, porque es una
forma de meternos en la cabeza de qué estamos hablando, aunque solo sea porque tenemos que hablar siendo inclusivos con el género femenino, con las mujeres, con ese lenguaje, y además en la parte material. Les voy a poner un ejemplo -y con esto
también contesto alguna de las preguntas que se me han formulado-, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal cuando una mujer es objeto pasivo de una violación o agresión sexual, esta mujer es víctima y es testigo, concurren en ella dos condiciones que
la ley procesal penal debe tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el trato que se le da a un testigo es uno y el que se da a una víctima es otro y en este caso se aúna, y lo que debemos evitar es que a través de una declaración procesal se revictimice
a una víctima. Debemos tener la sensibilidad en los actos procesales para tener en cuenta esa doble condición. Cuando hablamos de criaturas -les aseguro que hablo con conocimiento de causa- que han sido objeto de abusos y las obligamos, salvo por
una mampara que hay entre ellas y su agresor, a estar en la misma sala de vistas, la tensión que vive esa niña o ese niño se palpa. A eso no podemos darle la espalda como Poder Ejecutivo -que es mi caso- y en el de ustedes como legisladores, porque
son los que pueden hacer -está en su mano que así sea- que se haga justicia incluso desde la forma de declarar. Me refiero a eso, a esa la lectura de género, a la sensibilidad en el desarrollo, por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal de
determinadas diligencias para que no afecten al derecho de defensa, y que preservemos esa condición de víctima-testigo. Me refería a eso y es eso lo que le estoy pidiendo a esta Comisión.


Respecto de los delitos contra la libertad sexual, que también se ha puesto de manifiesto esta tarde, hay una comisión -encargada por el anterior ministro, cuya encomienda se ha prorrogado hasta el día 15 de noviembre- para el estudio de
estos y otros delitos en el Código Penal relacionados con la libertad sexual. He dicho muchas veces que es necesario el sosiego, el estudio, el análisis, el desarrollo y, sobre todo, contar con expertos y con operadores jurídicos que nos van a dar
las claves en muchos casos de una reforma legislativa del Código Penal. Es verdad y es muy importante -creo que es lo que hizo ayer la vicepresidenta del Gobierno en la Comisión de Igualdad- tener en cuenta el derecho comparado. ¿Por qué? Porque
a veces nos da soluciones. Se han planteado en otros países situaciones que aquí podemos tener ahora mismo sobre la mesa, porque es verdad que ha habido sentencias como la de La Manada en la que no voy a entrar bajo ningún concepto, para empezar
porque hay un recurso de apelación que pende todavía interpuesto por las acusaciones y el fiscal, y no voy a entrar en ese tema por mi más absoluto respeto a la independencia judicial en materia jurisdiccional- que ha provocado una respuesta social
-es cierto, tampoco estamos abstraídos-, ha habido unas demandas sociales que están ahí fuera. Ha habido, por lo menos, una resolución que no se ha entendido. Esto ha generado el planteamiento de que quizá necesitamos enfocar con otra perspectiva
determinados delitos, y estamos estudiándolos, considerando además un acto de responsabilidad del Gobierno estudiar ese tipo de actividad delictiva y también ese tipo de respuesta social, porque en este caso ha sido una respuesta muy contundente.
No podemos cerrar los ojos y los oídos a una respuesta social y tenemos que plantearnos qué está pasando.


En cuanto a la posibilidad de modificar el Código Penal, estamos estudiándola. Contamos con el trabajo de personas muy preparadas en la materia que seguramente nos darán las claves, de la misma manera que el derecho comparado también nos
puede dar las claves. Aquí volvemos a enlazar con el tema de la formación, pero es que también la formación es fundamental. Convendrán conmigo en que las normas se interpretan, que no se aplican de forma automática, como muy bien ha dicho, señora
Moro. Tenemos a jueces que interpretan la norma, y a la hora de interpretar la norma cuanto más y mejor preparados estemos más acertaremos en su interpretación y en su aplicación.


Quiero decirles a todos que, efectivamente, yo sí participé en las protestas de jueces y fiscales, porque reclamábamos, primero, diálogo. Por eso, el término diálogo está en mi agenda constantemente, porque no había diálogo previo. Lo que
pedíamos, una de nuestras más mínimas reivindicaciones era poder hablar, incluso tener un interlocutor, y seguramente he generado alguna confusión -la asumo como propia- al referirme a una comisión interdisciplinar para analizar una serie de
situaciones.


El día 23 de julio me reúno con las siete asociaciones de jueces y fiscales para intentar solventar algunas de las reivindicaciones que hay. No me he reunido antes, porque -les soy muy sincera- reunirme para hacerme una foto me parece una
pérdida de tiempo, no para mí, sino para los miembros de

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estas asociaciones. La foto nos la podemos hacer todos muy bien, pero para ser operativos yo necesitaba un mínimo plazo de tiempo para saber qué está pasando en el ministerio, qué había en el ministerio, qué reuniones había habido,
determinar qué personas del ministerio, de mi equipo, van a ser operativas a la hora de interactuar con las asociaciones de jueces y fiscales, para dar respuesta a sus reivindicaciones, para estudiarlas, para analizarlas, para determinar un plan y
un calendario de trabajo, para convocar la mesa de retribuciones. Necesitaba un plazo, y siento que no haya podido ser antes. Va a ser el día 23, apenas un mes y pico después de haberme incorporado, pero no he podido antes porque me tenía que
enterar de qué había con relación a las reivindicaciones en el ministerio, qué posibilidades tenemos, qué capacidad tenemos para dar respuesta. Si no, hubiera sido una reunión de cortesía, que a todos nos va bien, pero aparte de la cortesía tenemos
que ser eficaces.


Como decía al principio, hay poco tiempo. Señor Prendes, tiene usted toda la razón: estamos a mitad de legislatura. Sí, es así, tenemos apenas dos años y no hay más. Hemos llegado en este momento y hay que ser pragmáticos. Como he dicho
al final de mi intervención, lo que tenemos que hacer es priorizar, tenemos que focalizar, tenemos que aunar esfuerzos, y no son palabras huecas. Ojalá lo demuestre con mis hechos. Quiero que ustedes me ayuden a poder trabajar y a actuar, claro
que sí, y ojalá nos pongamos de acuerdo. Ya les digo que en lo que no nos vamos a poner de acuerdo es en una determinada concepción de la soberanía popular. Digo soberanía popular, y estoy aquí, el templo de la soberanía popular. El Poder
Judicial tiene dos ámbitos: el gobierno de los jueces y el ejercicio jurisdiccional. El gobierno de los jueces tiene una parte, el Consejo General del Poder Judicial, que es fundamental. Vela por su independencia y tiene una participación directa
en los nombramientos, especialmente en los discrecionales, lo cual al final afecta a toda la actividad jurisdiccional. Pues bien, esa actividad jurisdiccional se realiza en nombre del pueblo y además para impartir justicia. Eso tiene que
preservarse, en eso tiene que haber prioridad del pueblo, y esta se da a través del nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Estoy profunda e íntimamente convencida en este sistema, el sistema de la soberanía popular, el
sistema de la conexión que le acabo de decir; estoy profundamente convencida de ello. Me cuesta muy poco; tenemos un sistema diferente de pensamiento, pero eso no significa que no nos pongamos de acuerdo en otros temas más cotidianos que
necesitamos para trabajar en conjunto, y se lo digo con esa claridad.


¿Qué he intentado transmitir? A lo mejor -vuelvo a decir lo mismo- no he sido capaz de hacerlo de corrido porque quería decir muchas cosas y leer muy deprisa; pues fundamentalmente he querido transmitir algo sobre lo que no hemos
discutido, que ha sido esa participación ciudadana en la transparencia. Hemos coincidido todos más o menos en el diagnóstico: una desafección y una brecha enorme entre la ciudadanía y la justicia, una justicia que tendría que ser al revés: viva,
vital, donde todos viésemos que hace cosas por nosotros. Eso no ocurre. ¿Y por qué? Porque no nos entienden, porque no nos ven, porque no somos transparentes, porque hay unas opacidades increíbles, porque no llegamos a entender determinados
nombramientos discrecionales, porque no se conocen los currículums, porque no se explican, porque son pactos -¡ojo!- corporativos a veces, bajo cuerda y debajo de la mesa, como un cruce de cartas. Eso no vale. Necesitamos trans-pa-ren-cia,
necesitamos conocer currículums, proyectos y necesitamos hacer algo, que es abrir las puertas y ventanas a la ciudadanía. Lo he intentado explicar tanto en el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial como del fiscal o la
fiscal general del Estado; hay que dar la posibilidad de que la ciudadanía, a través de determinadas representaciones, pueda participar en esa transparencia, preguntando, insistiendo, preguntando por intereses de los ciudadanos, intentando que de
esta manera logremos algo más de afección, porque el hecho de que al 80% de los ciudadanos en España no les guste la justicia o cómo funciona es para que no solamente esta ministra, sino también ustedes que forman parte de la Comisión de Justicia
del Congreso, nos paremos a pensar qué esta pasando.


En cuanto a la fiscal general del Estado, igual que en el anterior supuesto, estoy convencida de que podemos entrar en un estudio y una discusión de derecho comparado o de situaciones comparadas del derecho de otros países. Nosotros tenemos
una Constitución; la agarramos y vemos que el artículo 97 nos dice claramente que la política criminal es la que dirige el Gobierno de España. Para mí una de las figuras esenciales en el desarrollo de la política criminal es el fiscal o la fiscal
general del Estado. Es así, sí. Es quien desarrolla la política criminal en defensa de los intereses de los ciudadanos, de los derechos y las libertades de los ciudadanos, de las víctimas, pero también de los perpetradores. ¿Por qué? Porque
vamos a defender su derecho de defensa, vamos a defender su libertad y que, sobre todo, tengan unos juicios con los estándares debidos al debido proceso. Creo que el problema del fiscal o la fiscal general

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del Estado y el Gobierno -fíjese en lo que les voy a decir- no es tanto el nombramiento, sino la actitud opaca en las instrucciones o en las relaciones del Gobierno con el fiscal o la fiscal general del Estado. Si somos capaces de explicar
y publicitar esas instrucciones, esas conversaciones, esos contactos, se entenderá que habrá transparencia y se entenderá lo que se hace. Lo que no se puede hacer es esconder esos contactos y politizar la actuación del fiscal, porque ahí sí
generamos desconfianza en la ciudadanía. Esto lo dice el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, artículos 8 y 9, donde establece con meridiana claridad cómo es la relación entre el Gobierno y el fiscal general del Estado. Además, si en este caso
la fiscal general del Estado, recibida una noticia del Gobierno, convoca a su junta de fiscales de sala de la Fiscalía General del Estado y hablan de la cuestión y eso se hace público y la gente lo conoce, lo entiende y es transparente, ¿dónde está
el problema? La politización pasa fundamentalmente por las órdenes o mandatos opacos, por los contactos escondidos, por los apaños en los nombramientos, por que no se tenga en cuenta el mérito, la capacidad o la transparencia a la hora de elegir un
juez, un magistrado o un fiscal para un determinado cargo discrecional. Ahí es donde también está la politización. Ese es un verdadero problema.


Quiero contestarles a todos y a todas y voy ya un poco deprisa. Señor Campo, le agradezco la intervención. Le desarrollo rápidamente el tema del observatorio sobre el terrorismo. Es mi zona de confort y me gusta, pero no quiero entrar
mucho en ello, solamente quiero decirles que creo que desde la justicia -por eso lo he puesto en mi último eje- se pueden hacer muchas cosas porque es absolutamente transversal. Tienen ustedes una Comisión maravillosa y preciosa porque hay un mundo
fuera de personas que van a recibir y que reciben lo que se hace desde la justicia, con lo cual es fantástico. Pero también creo que desde la justicia, aparte de velar por los derechos de los ciudadanos, aparte de dotar de herramientas a los
operadores jurídicos, aparte de todo eso que se puede hacer, se puede hacer algo por la prevención del delito, porque tenemos sistemas de información que debidamente tratados nos pueden poner en línea de colaborar para la prevención de delitos.
Esto sería el supuesto del observatorio. Sería un centro de recepción de información judicial, procesamiento de esa información y reversión a los operadores que trabajan en ámbitos como puede ser el terrorismo y específicamente el terrorismo
yihadista, pero también temas de criminalidad organizada.


Necesitamos normas nuevas -ya que estoy aquí-, necesitamos una nueva ley de protección de testigos. Tenemos distintos sistemas, están más o menos estudiados, pero hay lo que denominamos programa de protección de testigos donde se podría
hasta incluso aglutinar a la parte de los alertadores, que me parece fundamental en materia contra la corrupción. Es un tema que hay que tomar realmente en serio porque personas comprometidas con la sociedad que están denunciando actividades de
corrupción merecen nuestra protección.


En relación con la justicia digital, necesitamos una interconexión de sistemas y un sistema único de gestión porque se han producido problemas gravísimos. Les voy a poner un ejemplo para que se hagan una idea de la magnitud de lo que
estamos hablando. Por ejemplo, cuando una persona es detenida en Tortosa, en Castellón o en Cádiz es imposible saber, porque no hay un único sistema ni una conexión de sistemas, cuántas diligencias previas tiene abiertas en todo territorio
nacional. Esto no es operativo, no lo es. Tenemos una única Ley de Enjuiciamiento Criminal. Por tanto, deberíamos tener un único sistema digital.


Señor Bataller, le he saltado pero es igual. Le agradezco su intervención y le agradezco el diagnóstico porque es coincidente. Hay una gran brecha y una gran desconexión. Es cierto que los cambios en la justicia no son lentos no, son lo
siguiente. No están en sintonía con el avance de la sociedad. Por eso -y me va a dejar que cierre el círculo al que me estoy refiriendo- es necesaria la formación, por eso es necesario pararse a pensar qué pasa con nuestros tipos penales, por eso
es necesario reflexionar sobre esto que estamos hablando, por eso hay que escuchar a las asociaciones profesionales y por eso es necesario contar con la participación del Parlamento. Para que la justicia avance con un determinado rumbo y en una
dirección, que no debe ser otra que la proximidad a la ciudadanía en la defensa de los derechos y las libertades, necesitamos escuchar, avanzar y tener en cuenta todos estos factores. Hablaba usted de la legitimación social de la justicia y eso va
en este ritmo.


Sobre el cambio de sistema de las oposiciones, soy opositora y creo que un sistema objetivo de selección es fundamental porque garantizamos dos cosas: primera, una importante preparación porque los temarios son duros y potentes y la gente
se prepara muy bien y, segunda y que hay que poner en valor, la vocación de servicio público. Los opositores se conforman no solamente en su formación personal, sino también en la formación en el servicio público. Es verdad que se puede obtener de
otras maneras, no

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necesariamente así. También se pueden mejorar los sistemas de preparación de los opositores, podemos dar más o menos peso a una formación práctica que, desde luego, nos hace falta. Lo que sí quiero decir es que la oposición es un sistema
que se ha demostrado objetivo para la selección de los operadores jurídicos. Es un buen sistema, ¿mejorable? Todo es mejorable. ¿Mejorable más en la práctica? Pues también mejorable en la práctica, pero, para mí, garantiza un servicio público.


Respecto a la elección de fiscal general del Estado ya he hablado.


Por otro lado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal es de 1882, fíjese si va lenta la justicia y cuesta moverla que no hemos sido capaces de cambiar un sistema. Por cierto, es una magnífica ley porque que haya sobrevivido tanto tiempo
demuestra lo importante y estudiada que ha sido. Ahora, es cierto, necesitamos una revisión de nuestro sistema procesal penal, desde luego, por todo lo que he dicho antes y seguramente por muchas cosas que tienen ustedes en la cabeza. Una de
ellas, fundamental, es el tránsito a la instrucción o investigación del fiscal; más que instrucción, a la investigación del fiscal para intentar acelerar la justicia. Tiene razón, no podemos tener unos procedimientos de seis, siete u ocho años.
Lo que ocurre es que tenemos un sistema hipergarantista, que está muy bien que lo sea. Quizás tenemos que empezar a pensar en las aceleraciones pero no tanto cortando una investigación, que es lo que pasa con el 324, que se corta la investigación,
no hay posibilidad de aportar más material probatorio y con eso hay que ir a un juicio oral, en el que, por haber acortado un plazo de investigación y no tener el control de la instrucción, no se puede llevar adelante la acusación y abrimos espacios
de impunidad. El 324 es como un sistema híbrido, es como si usted es el director de la investigación, pero, por otro lado, usted no es el director de la investigación. Entonces, los fiscales -que en este caso son los más afectados por el 324- se
encuentran ante la impunidad, no se puede acusar. Les aseguro que es una gran frustración, sobre todo cuando hay víctimas detrás. La justicia desde luego tiene que ser rápida, pero no a costa de la merma de otros derechos o de hacerla injusta.


En relación con los bebés robados, hay 627 expedientes. Creo que todos estamos preocupados por esta situación. Se trata de un problema que tiene distintos enfoques como son el judicial, el científico o incluso la estandarización de las
investigaciones. No voy a entrar en su desarrollo porque tenemos poco tiempo, pero es cierto que el tema de los bebés robados nos preocupa a todos, es una situación tanto judicial como humana difícil y todos los esfuerzos que hagamos conjuntamente
serán bienvenidos.


Me preguntaba el señor Legarda por el protocolo de Budapest. Se está negociando el texto y en 2017 se aprobó la creación de un grupo de trabajo en el que España participa. También me preguntaba usted por el segundo protocolo adicional del
Convenio sobre asistencia judicial mutua en materia penal, que está en vigor desde el día 1 de julio. Ya me he referido al 324. En cuanto a la Lecrim y perspectiva de género, creo que también he podido contestar algo. Y en cuanto a la tecnología
también.


Por lo que se refiere a las directivas, el Ministerio de Justicia tiene cuatro directivas urgentes, porque, si no, ya sabe que nos ponen multas y tenemos un serio problema, de las que solo en una el plazo está vencido y las otras tres
todavía están en plazo. Estamos hablando también de la directiva de la modificación del Código Penal en materia de terrorismo y en el ámbito financiero. Estamos intentando llegar; el Ministerio de Justicia no es el que más problemas tiene de
trasposición de directivas.


Preguntaba usted por el tema de la indemnización por la incautación de bienes. Ahí está prevista una reforma integral, un procedimiento por el cual se podrá solicitar la compensación pecuniaria tanto el titular como los herederos en caso de
haber fallecido en relación con las incautaciones de bienes.


Señora Telechea, también agradezco su intervención. Ha hecho referencia a distintas materias como son la jurisdicción universal, la memoria histórica; es cierto que en Cataluña tienen un avance importante en la materia y se han tratado
temas importantes.


En materia de igualdad coincido mucho con su diagnóstico, tenemos unas bases que son muy femeninas, en las que el porcentaje de mujeres es enorme y, sin embargo, conforme vamos subiendo en esta pirámide hacia el vértice nos vamos encontrando
con que el porcentaje de mujeres no se corresponde. No quiero ser injusta y le digo que las carreras judicial y fiscal van incorporando progresivamente más mujeres porque además el reflejo es que ahora mismo hay un 62% de mujeres en justicia, y
cada vez se van incorporando más hacia arriba. Pero hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, que es el de los curriculums. En los puestos de libre designación, a la hora de valorar o tener en cuenta el currículum de un hombre o una mujer, a
veces en las mujeres se encuentra una especie de salto y no se llega a entender por qué durante uno, dos, tres o cuatro años una mujer no ha tenido la misma actividad de formación que un hombre, porque ha asistido a menos másteres, no tiene el
doctorado, etcétera. Es porque durante ese tiempo -y quizás tenemos que articular los sistemas de integración de ese currículum- se ha dedicado

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más a la familia, ha tenido hijos y ha sido imposible compatibilizar o armonizar esa vida familiar con la formación para que después se nos tenga en cuenta a las mujeres en un currículum. Estoy completamente de acuerdo con el análisis que
ha hecho y, sobre todo, con la búsqueda de medidas que igualen y equiparen esto.


Respecto del consejo de justicia de Cataluña -voy a intentar adelantar un poco las materias-, nos movemos en los márgenes constitucionales y del Tribunal Constitucional como líneas rojas en las que tenemos que mantenernos absolutamente
rigurosos. Podemos hablar de encajar actuaciones o actividades que no supongan un salto de esas líneas rojas. ¿Qué quiere decir esto? El Tribunal Constitucional marcó las funciones que se podían realizar desde este consejo de justicia de
Cataluña, que pueden entenderse descentralizadas del propio Consejo General del Poder Judicial y en esa línea estamos.


Respecto de La Manada y los delitos sexuales, creo que ya hemos hecho suficiente mención.


Al señor Santos -que no está- también le agradezco muchísimo su intervención porque ha sido constructiva. Comparto algunas de las cosas que se han manifestado. Creo que ya he posicionado el plan de gobierno del Ministerio de Justicia. En
este momento no hay previsiones de un cambio de Instituciones Penitenciarias al Ministerio de Justicia. No lo hay porque Instituciones Penitenciarias necesita unos medios, unos recursos y tiene una distribución que encaja funcionarialmente,
orgánicamente y también conceptualmente mejor en el Ministerio del Interior, y no hay previsión de que exista ese cambio de ministerio.


Finalmente, quiero darles las gracias a todos ustedes por su atención y por sus aportaciones. Mi equipo y yo misma estaremos siempre a disposición de todos ustedes, y confío en que el diálogo y la colaboración estén siempre presentes en
nuestra actuación.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.


Entiendo que damos por finalizada esta Comisión. (La señora Moro Almaraz pide la palabra). Señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Intervengo muy brevemente para decir que es evidente que el PP no es el culpable de todos los males, que en 1882 no existía el PP, que la justicia es lenta y que no es desoladora la situación. Hay mucho que hacer
por la justicia. Lo que sí hay que hacer -yo se lo he pedido y se lo pediría otra vez- es tener en cuenta a esos 750 jueces protestando por el trato que están recibiendo sus compañeros. Todos tenemos un problema y debemos colaborar para que no se
deteriore en la sociedad la opinión respecto de los profesionales. La nuestra mayoritariamente es magnífica.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señora ministra, ¿tiene algo más que añadir? (Denegaciones de la señora ministra de Justicia, Delgado García).


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cuarenta minutos de la tarde.