CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 513

PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI XUCLÀ I COSTA

Sesión núm. 21

celebrada el jueves,

26 de abril de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del vocal del Consejo General del Poder Judicial, responsable del Foro Justicia y Discapacidad (Fernández Martínez), para informar sobre la garantía en el acceso a la justicia de las personas con alguna discapacidad. A
petición del Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 212/000114) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, damos comienzo a la sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad, que tiene un solo punto en el orden del día, la comparecencia de don Juan Manuel Fernández Martínez, vocal del
Consejo General del Poder Judicial, responsable del Foro Justicia y Discapacidad, para informar sobre la garantía en el acceso a la justicia de las personas con alguna discapacidad. El grupo parlamentario proponente es el Grupo Parlamentario Mixto,
y por la sensibilidad de la pluralidad de este grupo, quiero que conste en acta que es a propuesta de UPN.


Tiene la palabra don Juan Manuel Fernández Martínez, a quien agradecemos su predisposición a comparecer esta tarde. Muchas gracias.


El señor VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, RESPONSABLE DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD (Fernández Martínez): Señor, presidente, con su venia. Señorías, muy buenas tardes.


Ante todo, quiero decirles que es para mí un orgullo poder estar hoy aquí compareciendo ante ustedes y una auténtica satisfacción. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia). Me siento muy honrado por esta invitación
que no dudé en aceptar, como no podía ser de otro modo. Me acompaña doña Carmen Delgado, también magistrada y letrada del Foro Justicia y Discapacidad en el Consejo General del Poder Judicial, a quien quiero agradecer en este momento emotivo para
ella su trabajo en favor del foro. Como bien ha dicho el presidente de la Comisión, tengo el inmenso honor de presidir el Foro Justicia y Discapacidad, una presidencia que es delegada, ya que el presidente nato es el presidente del Consejo General
del Poder Judicial.


Trataré de hacer una presentación no demasiado extensa, sin perjuicio de que estoy dispuesto a pasar aquí la tarde, con lo cual estaré a su entera disposición. Si les parece, haré una presentación en rasgos generales y después responderé a
las preguntas que me quieran hacer. Haré una breve introducción de lo que es Foro Justicia y Discapacidad y después trataré de resaltar en qué manera la discapacidad es tratada en la justicia española en sus aspectos orgánicos -ver cuáles son los
juzgados que se ocupan de esto- y procesales, haciendo referencia a algunas de las cuestiones que más nos preocupan, a las novedades legislativas, ya que en los últimos años ha habido unas cuantas y creo que el Parlamento puede sentirse satisfecho
del trabajo que se está haciendo, y alguna reforma en ciernes que creo que va a ser de una gran importancia. (Apoya su intervención con un powerpoint).


Voy a seguir los pasos para entrar en la página web del Foro Justicia y Discapacidad, que, a su vez, es la página web del consejo, a la que cualquier ciudadano puede acceder. Es muy sencillo, hay que teclear poderjudicial.es y sale la
portada, donde se despliega un repertorio de posibilidades sobre distintos temas y aparece una pestaña del Foro Justicia y Discapacidad. Hay una presentación donde se indica qué pretende el foro. El Foro Justicia y Discapacidad nació en el año
2003 en el seno del Consejo General del Poder Judicial, fruto de un acuerdo interinstitucional, cuyos componentes voy a enumerar a continuación, con una finalidad fundamental y primordial como es procurar que el acceso de las personas con
discapacidad a la Administración de Justicia sea en igualdad de condiciones, que tenga una efectividad absoluta y que la discapacidad no condicione el acceso de estas personas a los tribunales de justicia. Esta es la finalidad primordial, pero no
la única, el foro trata de tener una incidencia en el ámbito de la discapacidad a través de relaciones institucionales, de cursos de formación para jueces, de una labor de sensibilización; en fin, aspectos muy variados. Pero la finalidad
fundamental, lo que le vertebra, lo que le da sentido, es el estudio de la discapacidad en relación con la Administración de Justicia. En cuanto a su composición, fue fruto de un acuerdo interinstitucional, de manera que el consejo está formado, en
primer lugar, por la presidencia, que la ostenta el presidente del Consejo, quien la suele delegar en algún vocal; la Administración del Estado está representada a través de dos ministerios, el Ministerio de Justicia y el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad; también forma parte del mismo el ministerio fiscal, así como todos los colectivos que forman la comunidad jurídica, es decir, los colegios de abogados, procuradores, notarios, registradores y graduados sociales.
Están representadas también las principales plataformas de la discapacidad, como la ONCE, el Cermi y Plena Inclusión, de manera que todas las asociaciones relacionadas con la discapacidad tienen un canal de comunicación con nosotros, que lógicamente
es recíproco, y también hay una serie de expertos.


Quiero destacar como una de las novedades más recientes que hemos introducido en la mejora del foro, la constitución de los delegados y las delegadas de la discapacidad. Creemos, y la verdad es que está funcionando muy bien, que es
importante tener una representación, que recae en un magistrado o

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una magistrada del territorio en cada uno de los tribunales superiores de justicia o, lo que es lo mismo, en cada comunidad autónoma. Como bien saben sus señorías, la organización judicial territorial española responde a la organización
territorial del Estado, de forma que en cada Tribunal Superior de Justicia hay un magistrado o una magistrada que canaliza las inquietudes, los problemas, las necesidades de la discapacidad, tiene una relación con las organizaciones del territorio,
recoge las inquietudes y problemas que hay en los diferentes órganos judiciales y nos los traslada al órgano rector del foro. Esta es una novedad relativamente reciente que, como decía, está funcionando bien. Hemos tenido que hacer algunos ajustes
en aspectos orgánicos a efectos de medir la carga de trabajo, pero se está resolviendo satisfactoriamente.


En la página web pueden encontrar abundante información sobre las numerosas publicaciones que ha hecho el foro a lo largo de estos años; hay una relación de los órganos que están especializados; hay documentos, libros, publicaciones, y hay
también enlaces a las diferentes páginas web de los colectivos de las instituciones que están representadas en el foro. Como han visto, el acceso es muy sencillo y pueden hacerlo cuando ustedes lo deseen.


Como actividades más importantes están los cursos. Dentro del plan de formación del Consejo General del Poder Judicial realizamos una serie de cursos dirigidos a todos los integrantes de la carrera judicial, cursos que cada vez tienen una
aceptación mayor y que despiertan una gran atención ya que son muchos los solicitantes de los mismos. También recogemos el contenido de esos cursos, que son actividades presenciales, para que los documentos puedan ser estudiados y analizados por
gente que no ha podido comparecer. Un objetivo del foro es mantener relaciones institucionales tanto con los otros poderes del Estado como con la sociedad civil y, como pueden ver, aparecen recogidas algunas de las reuniones más importantes que se
han mantenido.


Dentro de las publicaciones, quiero destacar una de sumo interés que está disponible de forma universal y gratuita en la página del Boletín Oficial del Estado, que es un código de la discapacidad, donde se recoge toda la normativa estatal
existente al respecto. La idea es que se puedan ir incorporando las regulaciones autonómicas, pero en estos momentos tenemos la estatal, que ha sido un paso muy importante porque la obra, realmente, requirió un gran esfuerzo. Fue coordinada por el
representante del Colegio de Registradores de España en el foro. No es la única, son numerosas las publicaciones que se han hecho, y algunas de las más representativas son las que aquí se recogen. En la actualidad, estamos elaborando una obra que
queremos publicar a finales de este año porque se cumple el décimo aniversario de la aprobación por España de la Convención de derechos de las personas con discapacidad, aprobada por la ONU. La convención es del año 2006, pero la publicación en el
Boletín Oficial del Estado, y, por lo tanto, la fecha en la que entró en vigor la misma, fue en 2008. También estamos haciendo un análisis jurisprudencial de cómo la convención ha influido en las sentencias de nuestros tribunales. Es una labor de
todos los que trabajamos en el ámbito de la discapacidad; de hecho, se recoge expresamente en el texto de la convención la sensibilización. Es muy importante llamar la atención de los ciudadanos, de la sociedad, sobre las cuestiones que afectan a
la discapacidad. Por ejemplo, el lenguaje, donde se ha mejorado mucho. El lenguaje siempre es muy importante; no es neutral ni aséptico. La forma en la que hablamos o cómo hablamos dice mucho de quiénes somos y de cómo abordamos los problemas.
Es verdad que a veces se utilizan términos que no son apropiados, pero no con mala intención; por ejemplo, el empleo de la palabra minusválido, hoy gracias a Dios superado, a veces no se utiliza con una intención peyorativa o de humillar. Es
importante hacer ver que es necesario un lenguaje que lleve consigo el respeto, la igualdad y la no discriminación. El lenguaje es un aspecto, pero hay muchos otros, por eso es necesario llamar la atención de la sociedad. Entre nuestras
aportaciones para ello está la creación de unos premios anuales, donde se distingue una trayectoria personal, de los medios de comunicación y de las empresas que favorecen el empleo de las personas con discapacidad, ya que uno de los grandes
problemas que se plantea en este ámbito es el del desempleo, donde las tasas son muy superiores a las que hay en relación con el resto de la población. También se distingue a alguna organización que destaque en el ámbito de la discapacidad.


Hemos realizado algunos informes para decisiones del Consejo General del Poder Judicial. Ahí aparece un nombre, Gabriel; las cosas que no tienen nombre no existen y Gabriel existe, es un chico de Valladolid que quiere ser juez y que se
dirigió a nosotros en su día diciendo si podía serlo. La razón por la que nos preguntaba esto es porque Gabriel es ciego, y antes de ponerse con la ardua labor de las oposiciones, que no son cuestión sencilla, dijo: si yo apruebo la oposición,
¿qué van a hacer ustedes conmigo? Porque si no me van a dejar trabajar de juez, tendré que preparar otra cosa. Esta fue una

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cuestión muy debatida y muy controvertida, absolutamente novedosa, ya que no hay ningún precedente de juez ciego en España, y el informe del foro fue favorable. Afortunadamente, el Consejo General del Poder Judicial aprobó por unanimidad
una resolución en la cual se dice que sí es posible; lógicamente, tiene que superar las oposiciones, que por otra parte están perfectamente adaptadas a la ceguera de Gabriel, y si lo consigue podrá acceder. En el informe se hacía una referencia
trayendo conceptos de la convención que se han incorporado después a la Ley Orgánica del Poder Judicial, como es el establecimiento de un sistema de apoyos y la adaptación del puesto de trabajo; conceptos que son fundamentales en todo lo que tiene
que ver con la discapacidad. Habrá funciones de la labor judicial que quizá no pueda hacer Gabriel el día que -ojalá- apruebe las oposiciones, aunque tampoco creo que sean muchas, pero si hubiera alguna que no pudiera realizar habría que establecer
un puesto adecuado o un sistema de apoyos.


Aunque sea un poco de vanidad, si bien decir la verdad no es vanidad, tengo que destacar que nos ha distinguido con algún premio la Asociación de Comunicadores e Informadores Jurídicos; este año en concreto nos distinguieron con uno sobre
un proyecto de lectura fácil, el Zero Project, de carácter internacional, al que luego me voy a referir. El proyecto lectura fácil se está desarrollando en muchos ámbitos, no solamente en el ámbito jurídico, y consiste en adaptar textos normales a
una forma de comunicación que se pueda entender por personas que tienen algún tipo de limitación cognitiva o de discapacidad intelectual, bien con expresiones más reducidas, más asequibles, e incluso con gráficos o dibujos. El sistema de lectura
fácil viene bien para todo el mundo, con independencia de que se tenga discapacidad o no. A veces escribimos las cosas de una manera que no se entiende ni siendo físico nuclear, por lo que muchas veces no es una cuestión de limitaciones sino de la
forma en la que se expresan las cosas. Tenemos mucha ilusión en este proyecto. Se está desarrollando en alguna comunidad -por la que nos dieron el premio es en el Principado de Asturias- y son ya varias las comunidades autónomas que se han
dirigido a nosotros para llevar a cabo esta idea.


Estamos también haciendo un mapa de accesibilidad. Desde el 4 de diciembre pasado es obligatorio que todos los edificios públicos sean accesibles, y, por supuesto, la Justicia está también obligada a ello. En este punto creo que se ha
mejorado. Recuerdo mis primeros años en la carrera judicial, hace más de treinta, cuando algunas sedes judiciales eran absolutamente inaccesibles; hoy en día es muy difícil encontrar estos edificios, pero algún resto sigue habiendo. Además,
tenemos que procurar no solamente la eliminación de las barreras que impiden el manejo de las sillas, sino que tampoco puede calificarse como accesible un edificio donde personas ciegas o sordas no tengan un desenvolvimiento autónomo. Son cosas
relativamente sencillas que tampoco tienen un coste económico enorme y tenemos que trabajar en ese campo. Si establecemos directorios en los edificios judiciales que permiten que una persona sin discapacidad física pueda saber dónde tiene su
juicio, una persona con discapacidad también tiene derecho a ello.


A la hora de hablar de discapacidad, con el mismo concepto nos referimos a realidades muy diferentes; hay dos grandes categorías, la de la discapacidad física y la intelectual. En cualquier caso, hablamos de una cuestión que afecta a
muchas personas, y no es solo un problema cuantitativo sino también cualitativo; aunque ese número fuera mucho más reducido de lo que estamos hablando cuando nos referimos a la discapacidad es de derechos humanos, es de igualdad entre todas las
personas. En el aspecto cuantitativo, hay que tener en cuenta que en España hay más de tres millones de personas que tienen declarada alguna discapacidad. Pueden sus señorías imaginar que este número se multiplica por varios si se tiene en cuenta
a cónyuges, parejas, padres e hijos. En Europa son más de ochenta millones de personas, con lo cual hablamos de unos números importantes.


Voy a referirme ahora a los aspectos orgánicos, cómo damos desde la Administración de Justicia respuesta a las necesidades que nos llegan de personas con discapacidad. En relación con la discapacidad intelectual, he subrayado en la imagen
dos conceptos, la especialización y la formación, que están absolutamente interrelacionadas. Tenemos que tender a que la respuesta judicial se haga en órganos cuyos miembros, no solo los jueces, sino también fiscales, funcionarios y miembros de la
comunidad jurídica como abogados o procuradores tengan una formación específica y no solamente jurídica. A veces, la atención de estas personas requiere un tiempo, requiere ese lenguaje al que me refería. Es también muy importante procurar que la
respuesta a los problemas sea homogénea, que no varíe en función de que el asunto se resuelva en uno o en otro juzgado, y esto se consigue a través de la especialización, de la creación de órganos que se dedican a estos asuntos.

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Quería explicarles cómo se distribuyen los órganos especializados en España; les doy la idea rápidamente. Hay solo once juzgados que se dedican a los temas de modificación judicial de la capacidad de las personas, lo que se llama la
declaración de incapacidad, y solo a eso. Juzgados que se dediquen de una manera exclusiva y excluyente solo hay once en España en cinco comunidades autónomas, obviamente, en aquellas ciudades donde la masa crítica de asuntos es grande y permite
realizar esto. En el resto de ciudades españolas la regla general es que en las capitales de provincia o ciudades similares estos asuntos se encomiendan a uno o a varios juzgados que llevan también las cuestiones de familia. Esta es la tónica
general y en lo que el Consejo General del Poder Judicial venimos trabajando, en concentrar esos asuntos y además los de familia. Luego están los partidos judiciales más pequeños, ciudades más pequeñas, donde los asuntos van a reparto y ahí nos
encontramos con la dificultad de que no se pueden suministrar los medios -peritos o asistencia social- a todos los juzgados. En España hay más de 400 partidos judiciales y es imposible que ese sistema se pueda dar en todos y cada uno de ellos. Una
posibilidad aquí es la comarcalización; es decir, que los juzgados de la capital de provincia puedan extender su jurisdicción, extender su ámbito competencial a un territorio mayor, aunque exceda de los límites del partido judicial. Esto es muy
importante cuando hablamos de la discapacidad psíquica, de la discapacidad intelectual, y dentro de esta última quiero llamar la atención sobre la situación de las personas mayores. Permítanme, antes de nada, decirles que nos encontramos con un
gran hándicap, y es que no tenemos datos oficiales. Por sorprendente que pueda parecer, en España no tenemos cifras oficiales de las personas cuya capacidad judicial se ha modificado, lo que supone carecer de un dato que resulta importante a la
hora de hacer un planteamiento de reforma como el que se nos avecina. Además, la existencia de estos datos oficiales es una exigencia del propio texto de la convención. Estamos en contacto con el Ministerio de Justicia, el ministerio es consciente
de ello, y ojalá que en breve se puedan tener estos datos.


Les decía que el problema de las personas mayores es importante, hay un dato muy elocuente, y es que la esperanza de vida va aumentando. El Instituto Nacional de Estadística nos proporciona datos demográficos que son de mucho interés, no
solamente a la hora de abordar la discapacidad, sino que además creo que sus señorías tienen estudios en relación a diversos aspectos demográficos de la sociedad española. Indudablemente uno de los aspectos más relevantes es el que tiene que ver
con la discapacidad. Como puede verse el número de personas mayores crece de una manera importante. Voy a orillar lo que esto supone de empleo y de recursos públicos para atender a estas personas y me voy a centrar únicamente en lo que concierne a
los procesos que ello origina. Estos son datos que hemos obtenido mediante un estudio hecho en el Real Patronato de la Discapacidad, donde se ha hecho una prospección de más o menos cuántos pueden ser los casos que tenemos en España.


A la hora de hablar de este tipo de discapacidad podemos distinguir cuatro perfiles, que yo he resumido en tres: la discapacidad intelectual; la enfermedad mental y el trastorno mental, la diferencia entre la enfermedad y el trastorno es
el periodo al que afecta, uno es una afectación constante mientras que el trastorno tiene un carácter episódico, y por último, está la demencia y otros trastornos cognitivos. Esta última categoría es la que tiene una mayor incidencia en la
población mayor, en los mayores de sesenta y cinco años. Como pueden ver el número de causas por este concepto supera con creces la suma de los otros dos. Por lo tanto, y con una simple relación proporcional, en la medida en que este sector de la
población aumente también van a aumentar estos casos, mientras que el estado de la ciencia no acaba de resolver esta cuestión. Ahí les indico datos que son relevantes, y créanme que en estos momentos es ya un problema, pero en el futuro se va a
agudizar. Además, como consecuencia de varias sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional, cada vez son más los centros geriátricos que ponen en conocimiento de la autoridad judicial la existencia de personas cuyo ingreso voluntario no
consta, y que por lo tanto requieren una autorización judicial.


Lo siguiente es la discapacidad física, pero no quiero abusar del tiempo e igual sale en las preguntas que me quieran hacer. Lo que no quiero es aburrir ni cansar.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Tenemos otras comisiones y nos estamos pasando de tiempo, pero a ver si nos lo puede resumir en cinco o diez minutos, porque preferimos escucharle.


El señor VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, RESPONSABLE DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD (Fernández Martínez): La discapacidad física tiene un carácter más transversal, hablamos de los problemas que tienen las personas a la hora
de acceder a los edificios, lo he señalado anteriormente, y también he señalado la obligación que se deriva del texto refundido que

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aparece ahí recogido. Y además es uno de los derechos que aparecen en la Carta de los Derechos de los Ciudadanos ante la Administración de Justicia. Quiero también decirles que con todo las principales barreras no son las físicas, las
principales barreras son las invisibles, las de la insolidaridad, las de la falta de comprensión. (El señor presidente ocupa la Presidencia).


En este punto quiero también destacar que, en el sistema judicial español, lo que se denomina la administración de la Administración de Justicia es una responsabilidad de las comunidades autónomas, no de todas, pero sí de una gran mayoría
que son las que asumieron las competencias en materia de justicia, y son las responsables del mantenimiento, del buen estado y del cumplimiento de las obligaciones de los edificios judiciales. Es por lo tanto una responsabilidad compartida entre el
Ministerio de Justicia, las comunidades autónomas y obviamente el Consejo General del Poder Judicial.


Quiero reiterar lo dicho anteriormente: hablar de la discapacidad es hablar de derechos humanos, y la Administración de Justicia es fundamental. El juez del Estado de derecho, el juez democrático es ante todo y sobre todo un garante de los
derechos humanos. Y por lo tanto la última defensa de los derechos de las personas con discapacidad está residenciada en el Poder Judicial. Desde luego esto aparece recogido no solo en la convención, sino en infinidad de textos en la Unión Europea
y también en un texto de gran importancia de la comunidad iberoamericana como son las Reglas de Brasilia.


Desde el punto de vista de los conceptos todos los ciudadanos tenemos el derecho a la tutela judicial efectiva, y este derecho es para todos, no puede haber exclusiones de ningún tipo, y por lo tanto también para las personas con
discapacidad. Nadie se puede ver excluido ni por la discapacidad ni por carecer de recursos para litigar. La insuficiencia de medios es una cuestión que a veces afecta de un modo importante a las personas con discapacidad y, consciente de ello, el
legislador prevé una serie de disposiciones especiales cuando se trata de personas que tienen discapacidad, o de sus familiares en relación a estas personas, estableciendo requisitos más sencillos para poder conseguir este derecho. La justicia no
es solo cosa de jueces, están todos los colectivos jurídicos: abogados, procuradores, y desde luego los fiscales tienen también una gran importancia. He puesto el nombre de un fiscal excepcional que destacó en su defensa por los derechos de las
personas con discapacidad, como fue José Manuel Maza, a quien siempre recordaremos. Dentro de ese derecho al proceso debido está la inversión de la carga de la prueba; es decir, a veces las dificultades de probar las discriminaciones tienen una
particular incidencia. En el ámbito de la discapacidad, cuando se trata de procesos que tienen que ver con esta discriminación, que normalmente se producen en el ámbito laboral, hay una inversión de forma que el trabajador se verá amparado por esta
presunción.


Perdonen que vaya un poco deprisa, después podemos detenernos más si sus señorías así lo desean. En el ámbito procesal penal se han producido en los últimos años importantes novedades que tienden a facilitar la comprensión de las
actuaciones judiciales, mejorando los derechos de interpretación y de traducción. Existe además una Ley de Signos, del año 2007, para personas con discapacidades auditivas. Y se ha mejorado mucho en algo fundamental como es evitar la victimización
secundaria, y eso se ha logrado mediante la aprobación del Estatuto de la Víctima y la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta victimización secundaria la pueden sufrir todas las personas que son víctimas de un delito, pero hay colectivos
especialmente vulnerables, o más vulnerables, y entre ellos hay personas con discapacidad a las que ese proceso les puede ocasionar un daño que se viene a acumular a la agresión del delito. Y se han introducido también reformas en el Código Penal,
de forma que la discapacidad es objeto de una protección reforzada. Se establecen delitos específicos como el delito de odio o agravantes, tanto genéricos como específicos, en relación a determinados tipo penales, donde si la infracción se comete
sobre personas que tienen alguna discapacidad las penas son mayores.


Acabo ya. En los últimos tiempos como les decía se han realizado -o se está en proceso de hacerlo- importantes novedades. Se ha modificado la Ley del Jurado para que personas con discapacidad puedan integrarse en ellos, lo cual va a exigir
a su vez la adaptación de los edificios judiciales para que el desenvolvimiento pueda ser absolutamente normal. Se han modificado limitaciones que se establecían en relación al matrimonio. Está en tramitación parlamentaria la modificación del
artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que contempla la supresión del derecho de sufragio activo para personas cuya capacidad haya sido judicialmente modificada. Y el Ministerio de Justicia acaba de hacer el anuncio público de
la reforma del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, reforma que tendrá una gran trascendencia.


El artículo 12 de la convención -y con esto prometo que acabo- exige sustituir el sistema actual por un sistema de apoyos. En el sistema vigente cuando una persona tiene su capacidad limitada se le

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nombra un tutor, que desempeña las funciones esenciales de la vida en representación de la persona, en su defensa. Tiene un carácter tuitivo, proteccionista, sí, pero en el fondo es sustituir la voluntad de alguien por la propia. La
convención exige ir a un sistema de apoyos, donde en la medida de lo posible la persona pueda exteriorizar qué es lo que quiere, pueda tomar sus propias decisiones. La convención tiene un comité que se encarga de verificar el cumplimiento de la
convención en los países signatarios, quienes la han aprobado, que son casi todos, aunque el grado de cumplimiento varía mucho. A España se nos ha llamado la atención en dos cuestiones muy importantes: en la ya aludida del derecho de voto, y en el
artículo 12. Estamos a la espera de que, una vez pasada esta fase de anuncio público, tengamos un texto articulado sobre el que trabajar, que tendrá que convertirse en un anteproyecto e iniciar el trámite que sus señorías conocen mucho mejor que
yo. Esperemos este desarrollo, porque puede ser realmente importante.


Nada más. Muchas gracias por su atención. Siento haber superado con creces el tiempo inicialmente asignado. Estoy a su disposición por si desean hacerme alguna pregunta y si la sé responder, lo haré.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Fernández Martínez. Habitualmente en el turno de portavoces se formulan algunas preguntas, con lo cual esté listo para casi una segura segunda intervención. Es más, sería bastante decepcionante
que usted saliera de esta sala sin alguna reacción a este turno de portavoces.


Por tiempo de cinco minutos para cada grupo y con una cierta flexibilidad para el grupo proponente, de menor a mayor, empezando por el grupo proponente, tiene la palabra don Íñigo Alli Martínez, en nombre del Grupo UPN.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señor Fernández, bienvenido a esta Comisión de Discapacidad y bienvenido al ámbito legislativo, a este Parlamento de España, es un honor escucharle. Quiero hacer extensible la bienvenida a la magistrada que le acompaña, doña Carmen Delgado.
Y digo que es un honor, no tanto por los valores personales que por supuesto le preceden, sino por sus altísimas responsabilidades en el Poder Judicial, como miembro vocal del Consejo General del Poder Judicial, como presidente -delegado, pero
presidente al fin y al cabo y me consta que muy ejecutivo- del Foro de Justicia y Discapacidad, como expresidente del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, y como miembro del comité de apoyo al Cermi como valedor de los derechos humanos de las
personas con discapacidad, que tengo el honor de compartir. Son muchos los escritos que usted ha dejado en relación por ejemplo a la recepción de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la jurisprudencia
constitucional y ordinaria españolas, y por tanto usted es una persona experta en derechos humanos, y especialmente de las personas con discapacidad. De ahí el motivo por el que usted esté aquí y que Unión del Pueblo Navarro le haya pedido, a
través del Grupo Mixto, su comparecencia.


Quiero también acompañarle en este momento en que lo está pasando usted un poco complicado, ya que el Deportivo de La Coruña lo está pasando mal en este momento. En cualquier caso hay esperanza, todo puede ocurrir.


Dicho esto, querido Juanma, quiero agradecerle como ciudadano, como miembro de la sociedad civil, como representante público, como padre y como político, la sensibilidad que usted siempre ha otorgado y como valedor de las personas con
discapacidad. Quiero agradecérselo, y ese es uno de los motivos por los que está usted hoy aquí. Y lógicamente no se va a ir de aquí sin unas preguntas que le quiero hacer. Voy a hacer cinco preguntas. La primera. Usted ha hecho referencia al
léxico, a la semántica, la minusvalía, los menos válidos, los atrasados... Aquí hay una Comisión para la Evaluación y la Modernización de la Modificación de la Constitución Española, en la que algunos grupos han decidido no estar, y otros estaban y
se han marchado, pero estoy seguro de que todos los presentes estaremos seguros de que el artículo 49 de la Constitución española habla de disminuidos físicos e intelectuales. Yo creo que cuarenta años después estoy seguro de que habría unanimidad
ya solo por el hecho de modificar el artículo 49 en cuanto al término, para que se adapte a la sociedad actual, que es persona con discapacidad. Me gustaría saber su opinión en ese aspecto de la modificación del artículo 49 de la Constitución
española.


Como experto en derechos humanos y especialmente de las personas con discapacidad le quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando Naciones Unidas firma una convención los países se adhieren y son firmantes. Y hay dos formas de firmar una
convención de derechos humanos, una es analizar el ordenamiento jurídico de cada uno de los países, ver cuáles son las políticas integrales en ese momento,

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en este caso de la discapacidad, y después, una vez amoldados a la convención, ser firmantes. Le estoy poniendo el ejemplo de países que tardaron del 2006 en que se firmó hasta que lo llevaron a sus países, por ejemplo, los países
escandinavos o países como el nuestro, que con sus bondades y sus defectos fuimos uno de los primeros países del mundo firmantes, y sin embargo seguimos siendo un país que debemos desarrollar nuestro ordenamiento jurídico y nuestra propia sociedad
para adaptarnos a lo que firmamos, a esa obligación. Por tanto me gustaría saber en qué ámbitos debiéramos modificar y avanzar, aunque usted ya ha apuntado dos.


En tercer lugar, especialmente ya en su ámbito, en el Poder Judicial, ¿en qué tenemos que mejorar en cuanto a la accesibilidad de las personas con discapacidad en ese acceso a los juzgados y al ámbito judicial? Me gustaría que usted nos
dijese cuáles son los puntos de mejora y que los concretara.


En cuarto lugar, usted es conocedor de que una de las motivaciones del paso de una persona con discapacidad, ya sea intelectual o física, por un juzgado suele ser por un asunto de abusos hacia esa persona. Usted ha citado dos leyes, la Ley
de Enjuiciamiento Criminal y la Ley del Estatuto de la Víctima, pero es posible que haya que modificarlas. Por ejemplo, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 433, en cuanto a la testificación o a la declaración de esa persona con
discapacidad, deberían tener más apoyos a la vista de su situación. En relación, por ejemplo, al Estatuto de la Víctima del Delito, la Ley 4/2015, de 27 de abril, tanto en su artículo 23.4, que hace más hincapié en los menores de edad, pero no
tanto en las personas con discapacidad, y específicamente en el artículo 26.1, en el cual tal vez es necesario el apoyo de un experto psicólogo que acredite la formación y la experiencia en la interpretación forense con las víctimas. Me gustaría
saber su opinión sobre si deben ir por ahí las modificaciones.


Por último, algo que la convención nos está reclamando como país que no está cumpliendo. Si entendemos que la discapacidad no es consustancial a las personas, sino que es circunstancial, y por lo tanto la debilidad es inherente a la persona
con discapacidad, todas las personas con discapacidad, sea cual sea esta, tienen derecho a votar. Por tanto, señor Fernández, ¿usted está de acuerdo en la modificación del artículo 13 de la Loreg, la ley orgánica que regula el régimen electoral
general, tal y como nos está apremiando la convención de las Naciones Unidas?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli. En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el diputado Marcial Gómez.


El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Fernández, gracias por su comparecencia.


Me van a permitir que antes de abordarla me refiera a una noticia que conocimos ayer. Creo que hablo en nombre de todos los compañeros que conforman esta Comisión si expreso mi indignación y mi reproche, porque ayer conocimos que un joven
tenista cordobés fue expulsado de un avión de Ryanair aquí en Madrid aludiendo razones de seguridad, por considerar que no había nadie que pudiera llevar su silla a la bodega del avión. No es la primera vez que conocemos hechos de estas
características en la Comisión; de hecho aprobamos una iniciativa en el seno de esta Comisión precisamente para instar al Gobierno a que velara por el cumplimiento del reglamento de la Unión Europea que cuida los derechos de las personas con
discapacidad en el transporte aéreo. Pero me parecía importante decirlo delante de un representante del Poder Judicial, el último baluarte que vela por la defensa de nuestros derechos.


Dicho lo cual quisiera poner en valor el objetivo y la finalidad del foro que usted ha compartido con nosotros; quiero decirle que compartimos este objetivo y esta finalidad, garantizar el acceso a la justicia para todos los ciudadanos en
condiciones de igualdad, porque creo que realmente esa es la esencia de la justicia, todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la justicia. Por eso quizá todavía en el seno de la Administración de Justicia es más importante si cabe
garantizar esas condiciones de igualdad y evitar cualquier tipo de discriminación. Con ello no solo cumpliríamos con los objetivos de la convención internacional, sino también con los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que en esta materia
quizá no sea tanto una cuestión de obstáculos reales como quizá de falta de formación, de falta de medios, incluso me atrevería a decir que de prejuicios, entre comillas, por parte de los actores que intervenimos en los procesos judiciales.


Se ha referido usted a esa iniciativa que se ha tramitado en esta casa relativa a permitir a las personas con discapacidad formar parte de los jurados. Yo creo que aquí habría que darle las gracias a Gabriel, a ese chico que usted ha
citado, porque él ha abierto una puerta importante. Si un juez puede realizar sus

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funciones salvaguardando el principio de inmediación en la práctica de una vista, en la práctica de la prueba, con los apoyos y las adaptaciones necesarias, ha abierto la puerta a que las personas con discapacidad puedan hacer lo propio
formando parte de un jurado.


Existen problemas genéricos que el sector de la discapacidad demanda en relación con la Administración de Justicia: falta de profesionales de la abogacía, de la procura que estén especializados en las necesidades del colectivo. No sé -y se
lo pregunto- si sería usted partidario de la creación de un turno de oficio especializado, con formación específica sobre la materia.


Ha abordado usted también el tema de la accesibilidad, pero yo quería referirme a las limitaciones de los juzgados y tribunales para garantizar la comprensión de todo el procedimiento a las personas con discapacidad. Es decir, a la
accesibilidad cognitiva. Se refería usted a los directorios de los edificios judiciales, también sería conveniente quizá poner pictogramas en los edificios o sedes judiciales.


Voy a referirme también a que el Cermi ha puesto mayor énfasis últimamente en la discriminación que padecen las mujeres con discapacidad en el acceso a la justicia. En concreto vienen reclamando no solo los ajustes razonables para las
personas con discapacidad de manera genérica, sino en particular para el caso de las mujeres. Le preguntaría en este sentido qué valoración hace usted de estas dificultades concretas que señala el Cermi en relación a las mujeres.


Para finalizar, porque veo que estoy excediendo el tiempo, quería preguntarle qué experiencia ha tenido usted de primera mano en su ejercicio profesional cuando ha tenido procedimientos en los que estaba involucrada una persona con
discapacidad, y qué considera usted, de esa experiencia, que es necesario mejorar y ajustar en la Administración de Justicia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez. En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra su portavoz, la señora Teresa Arévalo.


La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señor Fernández.


En primer lugar, quiero reconocer la labor que lleva a cabo el Foro Justicia y Discapacidad para favorecer el acceso de las personas con diversidad funcional a la justicia, y que esta se dé en condiciones de igualdad. (La señora
vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia). Este reconocimiento pretende ser sincero porque estamos convencidas de que este foro está contribuyendo a que la sociedad española se mire a sí misma y se reconozca como una sociedad plural y
diversa, y que en esa diversidad en la que todos y todas nos reconocemos podamos comprobar nuestras capacidades diferentes.


Como usted sabe la convención ha supuesto un cambio radical a la hora de abordar la diversidad funcional. Ya no es posible seguir abordando todo lo que tiene que ver con esta cuestión, desde el modelo tradicional que estaba cargado de
paternalismo y que se basaba en la sustitución en la toma de decisiones. Por el contrario la convención ha obligado a cambiar esta visión y hoy todo el mundo debería tener claro que la discapacidad viene dada por las barreras y que no es una
condición personal. Por eso el modelo por el que aboga la convención y por el que deberían abogar nuestra sociedad y los poderes públicos está basado en la garantía de los apoyos para que la autonomía personal y la vida independiente, en definitiva
la vida digna de las personas con diversidad funcional sea posible.


Para nosotras el principal valor de la convención, y usted lo ha dicho también, es haber situado lo relativo a la diversidad funcional en el terreno de los derechos humanos, porque esto supone en última instancia que la justicia de nuestro
país debe ser garante de que los derechos reconocidos en esa convención sean reales y efectivos, y no meras declaraciones retóricas carentes de contenido y de efectividad. El problema es que hace diez años que ratificamos esta norma y que forma
parte de nuestro ordenamiento jurídico, pero los deberes están sin hacer. Efectivamente queda mucho camino por recorrer para que los derechos de las personas con diversidad funcional en nuestro país sean reales y efectivos. Por eso para nosotras
es de imperiosa necesidad que las reformas, tanto del Código Civil como de la Ley de Enjuiciamiento, se adapten a la convención.


Le voy a realizar una serie de preguntas y estaría encantada de que me pudiera responder. ¿Cómo valora la aplicación por los tribunales españoles de la Convención de Naciones Unidas sobre las Personas con Discapacidad? Nosotras como ya
hemos dicho consideramos que queda mucho para que esa aplicación sea plena. ¿Considera que las personas con diversidad funcional, y le recuerdo que estamos hablando de más de 4 millones de ciudadanas y de ciudadanos en nuestro país, tienen limitado
su acceso a la justicia? Por otro lado, en relación al derecho de defensa de las personas con diversidad funcional,

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¿en qué grado se está garantizando actualmente este derecho al colectivo? Esto es, ¿se está garantizando que estas personas puedan actuar en juicio con letrado y con procurador? ¿Están siendo adecuadamente informados del proceso, de sus
trámites y de sus consecuencias? Nuestra posición en relación a esta cuestión es clara, consideramos que para garantizar en su plenitud el ejercicio del derecho de defensa, en su vertiente de asistencia letrada en los procesos en los que más
directamente se ven afectados los intereses personales de las personas con diversidad funcional, no hay más solución, y lo más deseable es que se imponga la asistencia letrada de forma preceptiva y obligatoria, y si no opta por un letrado de su
elección, que se produzca el nombramiento de oficio. Es más, nosotras consideramos que se debe producir una información de los derechos de forma efectiva y de modo que sea comprensible, pero aún así no es suficiente para garantizar el ejercicio del
derecho a la defensa porque en la mayoría de las veces se convierte en la práctica de rellenar un formulario sin mayor contenido.


También le quería preguntar si considera que en nuestro país se garantizan adecuadamente los derechos de las personas sometidas a un procedimiento de internamiento, si se está garantizando que puedan contar con una persona experta en derecho
que le asesore y represente. Bueno, esta no sé si es una pregunta pertinente a un vocal del Consejo General del Poder Judicial, pero me gustaría saber su opinión. ¿Cree que se está haciendo una judicialización excesiva de este tipo de
procedimientos? Me refiero concretamente a los procesos de modificación de capacidad y de ingreso involuntario. Hay quien opina que en nuestro país se están llevando a cabo incapacidades innecesarias. ¿Qué opina el Foro de esto? ¿Tiene datos de
cuántos colegios de abogados cuentan con un área especial de diversidad funcional, esto es, con un turno de abogados y abogadas especializadas en la materia? ¿Cuál cree que es la razón por la que la Sala Civil del Tribunal Supremo está haciendo una
jurisprudencia mucho más avanzada en materia de aplicación de la Convención de Naciones Unidas que las sentencias que vienen dictando los órganos judiciales de instancia? Por último, nosotras pensamos que la realidad es que con unos órganos
judiciales que están absolutamente sobrecargados y colapsados, efectivamente, no es posible llevar a cabo los objetivos que plantea la convención, ¿qué medios específicos considera que son necesarios para poder llevar a cabo la adaptación de la
convención? Usted nos ha hablado de que se está realizando actualmente un mapa de accesibilidad, ¿cuándo cree que estará ese informe sobre la situación de los edificios de sede judicial en los que actualmente se está incumpliendo la Ley de
accesibilidad? En referencia a la lectura fácil, quería preguntarle cómo está siendo la implementación y si, aparte de firmar ese convenio con Plena Inclusión, hay recursos para llevarlo a cabo y si considera necesario que esa lectura fácil no solo
se aplique a la sentencia y al documento público, sino a todo el procedimiento.


Nada más.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora diputada.


Señor compareciente, las preguntas que no pueda contestar en este momento las puede usted enviar a la secretaría de la Comisión, que dará traslado a los portavoces.


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, don Joan Ruiz.


El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señora presidenta.


Antes que nada, quiero darle las gracias por venir esta tarde a explicarnos qué es el Foro Justicia y Discapacidad y, naturalmente, por explicarnos la actividad que llevan a cabo para hacer efectivo un derecho que tienen las personas con
alguna discapacidad a poder acceder a la justicia sin que su discapacidad se lo impida. También quiero decirle que he encontrado muy interesante su exposición y muy útil y completa su página web, que estuve mirando ayer por la tarde, y en especial
su lista de actividades, que es más que remarcable. De hecho, he creado un acceso directo que he colocado en mi carpeta de trabajo donde llevo los temas de discapacidad para poder acceder con facilidad, ya que es un buen lugar donde encontrar
información, y además donde he encontrado de una manera muy pedagógica relacionada toda la legislación que tenemos sobre discapacidad en nuestro país. Echando un vistazo, y yendo de una cosa a otra, he acabado leyendo una reseña de una intervención
suya que me ha hecho caer en la cantidad de profesionales de diferentes colectivos jurídicos que están implicados y que posibilitan que el resultado de una decisión sea justa cuando hay una persona con discapacidad implicada. He anotado notarios,
fiscales, abogados, procuradores, letrados de la Administración de Justicia, decía usted en aquella reseña que he leído.


Yo tan solo le preguntaré si en Foro tienen postura o trabajos publicados o elaborados y cuál es su opinión personal sobre temas muy concretos en los que estamos aquí ocupados, aprovechando su presencia hoy aquí, porque no todos los días
tenemos un vocal del Consejo General del Poder Judicial

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delante, y más con el bagaje que tiene usted. Como sabe, la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad recoge el derecho de sufragio de las personas con discapacidad. Como consecuencia de ello, y
de que España ratificó la convención en su día, la Comunidad de Madrid presentó aquí una proposición de ley cuya toma en consideración aprobamos, creo que, por unanimidad, y que supongo que próximamente acabaremos discutiendo, para garantizar que
las personas con discapacidad puedan ejercer ese derecho del que una parte de ellos está desposeído. Seguro que Foro tiene una postura sobre este tema y creo que la he entendido, pero me gustaría que se explayase un poco más. Creo que es
favorable, pero me gustaría oírle un poco más sobre este tema.


Otro tema que nos preocupa al Grupo Socialista es el relacionado con la Ley de Propiedad Horizontal, a la que presentamos un proyecto de ley para reformarla, y no somos el único grupo que ha presentado iniciativas sobre el tema. Creemos que
el Gobierno no nos ha acabado de entender y nos lo ha vetado, pero en este caso, como en el anterior, ¿tiene el Foro una postura elaborada? ¿Nos podría dar su opinión o si tiene Foro algún documento sobre el tema? Cuál sería, legislativamente, el
siguiente paso a dar para conseguir que las personas con discapacidad que a veces viven en un bloque de casas no se encuentren -lo leí en una página del Cermi- con que su casa deje de ser su hogar para ser su celda, porque no pueden salir de allí.


Por otro lado, presentamos en su día un proyecto de ley sobre accesibilidad universal, precisamente por lo que ha dicho usted, que el 4 de diciembre del año pasado, según el texto refundido de 2013, se acababa el plazo para que todo fuese
accesible, no solo los edificios relacionados con Justicia, sino todos los edificios y todos los servicios a todos los ciudadanos y ciudadanas. He visto que el consejo rector del Foro tiene representación de entidades y sectores de todo tipo que
deben tener acceso a datos sobre lo que acabo de decir y he encontrado referencias a una reunión en el local del Cermi el pasado verano en Madrid, pero no he encontrado más, ¿tienen datos estadísticos o numéricos sobre este tema y algún trabajo
sobre accesibilidad que podamos consultar?


Como verá, sobre todo son temas sobre los que hemos redactado iniciativas, aunque actualmente estás vetadas por el Gobierno, pero estamos convencidos de que podremos recuperarlas y podremos sacarlas adelante, mejorándolas con las
aportaciones y enmiendas del resto de grupos, y nos gustaría también mejorarlas después de consultar la documentación que en el Foro tienen colgada. Para acabar, y con toda cordialidad, me ha llamado la atención que entre los expertos que componen
el órgano rector del Foro, que he de decir que los que conozco lo son, he encontrado uno de los portavoces de esta Comisión y un exportavoz, los dos del mismo partido. No hace falta que le diga que el grupo parlamentario que represento, y supongo
que los demás también, estaríamos encantados de estar representados. He dicho que se lo digo con total cordialidad.


Finalmente, solo quiero decir que puede estar seguro de que en el Grupo Socialista tendremos muy en cuenta sus aportaciones.


Gràcies per la seva atenció.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor portavoz, le han sobrado a usted hoy unos cuantos segundos. (Risas).


A continuación, tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, don Ignacio Tremiño.


El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, presidenta.


Señorías, en primer lugar, querido presidente, querido Juan Manuel, quiero agradecerte -permíteme que te tutee- como ya han hecho el resto de miembros de la Comisión, tu presencia, así como la de la letrada Carmen, que estáis hoy aquí
compartiendo la experiencia, el conocimiento y las todavía asignaturas pendientes desde el punto de vista de garantizar la justicia a todas las personas con discapacidad en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos. También quería
hacer hincapié en que conozco un poco tu trayectoria personal y profesional porque la compartimos, y como bien ha dicho mi compañero Joan, yo soy actualmente miembro del Foro Justicia y Discapacidad en calidad de experto, y lo he sido anteriormente
en representación del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en mi etapa de director general, y por eso he conocido más de un presidente del Foro y, sin desmerecer el trabajo de todos los presidentes, que ha sido siempre magnífico,
quiero destacar tu compromiso personal, como persona que se cree la discapacidad, que no es tu trabajo, sino que, además, he visto -y es el criterio de todas las personas con discapacidad que conocemos un poco el Foro- tu compromiso porque crees en
la discapacidad, que es lo importante, como estoy seguro de que creemos todos los miembros que estamos en esta Comisión, porque si no, estarían en otra Comisión. Yo creo que cuando se está en

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Discapacidad es porque se cree en la discapacidad. Con lo cual, quiero agradecerte personalmente ese compromiso y ese empuje que estás dando al Foro, tú, el equipo técnico y todas las personas que componen el Foro.


Me gustaría destacar algunas cuestiones, aunque tenía algunas preguntas que ya las han hecho otros compañeros, con lo cual no las voy a reiterar, porque lo que tiene el hablar el último es que también te pueden pisar las preguntas, lo que es
de agradecer, porque así tengo menos preguntas que hacer; tenía diez y ahora se han quedado en cinco. Has dicho al principio que el Parlamento se debe sentir satisfecho de los avances en materia legislativa que tienen que ver con la discapacidad.
Yo quería saber cuál es tu criterio o el grado de cumplimiento de la convención en relación con el derecho comparado, con otros países. Como bien sabes, en el año 2013, Naciones Unidas nos concedió al Reino de España el Premio Franklin Delano
Roosevelt por la aplicación de la convención, que no fue mérito ni por supuesto del equipo de Gobierno que estaba en aquel entonces, que era el Partido Popular, ni de equipos anteriores, sino de todos, yo creo que de la sociedad civil y de las
asociaciones de personas con discapacidad. Aunque es verdad, como han dicho aquí compañeros y compañeras, que falta mucho por hacer, me gustaría saber cuál es tu opinión en relación con el derecho comparado, con otros países, en todas las materias,
no solo en la aplicación del artículo 12 de la convención, sino también en el derecho de sufragio, por ejemplo, porque es verdad que en Europa hay otros siete países que actualmente tratan o han eliminado barreras para el derecho de sufragio de las
personas incapacitadas judicialmente, pero ninguno en un grado que no haya una limitación total. Quisiera saber tu criterio con respecto a la situación de otros países de nuestro entorno. Por otro lado, sabes que el ministro de Justicia ha
anunciado hace poco que se iba a crear la figura -y eso no se ha comentado aquí- del fiscal especial de discapacidad. Quisiera saber cuál es tu criterio y si, efectivamente, es darle sustento jurídico u orgánico a lo que en la práctica se está
haciendo ya con los delegados que has comentado. Voy a formular una pregunta técnica. Yo lo conozco porque estuve en la presentación del Código de la Discapacidad, pero para que lo sepan el resto de compañeros, ¿ese código está vivo? Es decir,
¿se actualiza permanentemente? ¿Cómo funciona? Yo sé que ha sido un trabajo arduo gracias al Consejo General del Poder Judicial y al Boletín Oficial del Estado, que trabajaron conjuntamente en esto y que ha hecho posible que vea la luz este Código
de la Discapacidad.


Si me permite la broma mi compañera la señora Arévalo, que ha hablado de que 4 millones de personas con discapacidad tenemos limitado el acceso a la justicia, yo le diría que no le voy a discutir la cifra, pero sí se la voy a discutir en
que, en todo caso, serían 3 999 999, porque yo no tengo limitado el acceso a la justicia. Es una broma. Por mi discapacidad física, la verdad es que nunca he sentido esa sensación de tener limitado el acceso a la justicia. En relación con esa
limitación de las personas con discapacidad a la justicia, ¿en qué grado estamos de cumplimiento? Hoy por hoy, ¿cuánta gente con discapacidad realmente tiene limitado el acceso a la justicia, se ha evolucionado tanto en los últimos años que cada
vez ese número es más restringido y es residual? Agradezco a todos los compañeros el trabajo y el esfuerzo que dedican a la discapacidad. La verdad es que yo me he permitido esta broma, pero, en cualquier caso, agradezco a compañeros como es la
responsable del Grupo de Podemos y de los otros grupos políticos su trabajo en la discapacidad. Yo llevo veintisiete años con mejor o peor éxito trabajando para la discapacidad. Cuando todavía no habían nacido algunos de los diputados que aquí
están presentes yo ya estaba pidiendo a las administraciones el rebaje de bordillos, y quería saber, según tu experiencia personal, cuál ha sido la evolución en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad desde el punto de vista de la
justicia.


Perdonad por el tiempo que me he sobrepasado. También quería pedir disculpas -que no cuente el tiempo- por los cinco minutos en que se ha retrasado el inicio de la comparecencia, porque he tenido que acudir al baño, y he pedido permiso al
presidente. Como sabéis, las personas con Síndrome de Lowe no controlamos los esfínteres y, seguramente, si no hubiera ido al baño no hubiera podido estar aquí escuchándole durante todo el tiempo de su intervención.


Muchas gracias, presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Tremiño. Está usted no solamente disculpado, sino que hemos aprovechado para estar un rato de distensión y de charla con nuestro compareciente, a quien ahora doy la palabra.
A ver si puede ajustar las respuestas en quince minutos. Sería lo deseable. Tampoco tiene que hacer una tesis de cada una de las preguntas que nosotros

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le hemos hecho, aunque estoy convencida de que la podría hacer. (Risas). Le agradecemos mucho su comparecencia y estamos muy interesados en sus respuestas.


Tiene quince minutos, pero si necesita más, ya sabe usted lo flexibles que somos.


El señor VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, RESPONSABLE DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD (Fernández Martínez): En primer lugar, muchas gracias. Quiero, con carácter general, agradecerles a sus señorías las palabras de respeto y
cariño que me han dedicado. La verdad es que da gusto, quedo a disposición para venir cuantas veces sea preciso por lo bien que me están tratando. Como algunas preguntas están relacionadas, contestaré con carácter general y luego precisaré algunas
de las más concretas.


En relación con la reforma del artículo 3 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que están con la tramitación, el Foro no tiene una posición definida al respecto, no es su misión, y menos aún esta, porque el Foro tiene su sede en
el consejo, que, como saben sus señorías, es un órgano consultivo, y junto al Consejo de Estado tiene la obligación de emitir informe sobre algunas iniciativas del Gobierno. Por eso, en la medida en que varios vocales estamos en el Foro no lo
hacemos. No hay una posición oficial al respecto. Lo que sí puedo indicar es cuál es la posición del Tribunal Supremo, la posición jurisprudencial y, brevemente, cómo ha sido esta evolución. Nos encontramos con una cuestión que,
cuantitativamente, no es muy relevante, pero, como les decía anteriormente, cuando hablamos de cuestiones de discapacidad esto es un aspecto secundario, lo importante es lo cualitativo. No es cuantitativamente relevante porque según datos que nos
facilitó la Junta Electoral Central en las últimas elecciones, las personas privadas de derecho de voto como consecuencia de su discapacidad son 93 000, aproximadamente.


¿Cuál ha sido la evolución en nuestros tribunales? La evolución ha sido de un sistema donde la privación era prácticamente automática, el juez ponía una sentencia de incapacidad y ello acarreaba la pérdida del derecho de sufragio, a una
situación donde esa medida tiene que ser objeto de un examen específico. El Tribunal Supremo viene exigiendo que haya pruebas específicas sobre el particular, que se puede modificar la capacidad de una persona, pero salvar el derecho de sufragio.
Es un tema cuya controversia alcanzó el punto más álgido recientemente porque una sentencia del Tribunal Supremo en esta línea fue objeto de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. El alto intérprete de la Constitución no lo admitió a
trámite, con lo cual no se ha podido resolver esto. Esta jurisprudencia de alguna manera está presente en las iniciativas parlamentarias que aquí se están tramitando, aunque hay tesis que abogan por superar incluso esta cuestión, señalando que la
única limitación que puede haber es la ontológica, la imposibilidad física de acudir a la urna. Este es el debate y este es el estado de la cuestión. En cuanto al papel del Tribunal Supremo, que se ha planteado en alguna de las preguntas, las
misiones fundamentales de los altos tribunales de la nación, el Tribunal Supremo y el Constitucional, primero, las sentencias del Constitucional tienen carácter vinculante por ley, y la jurisprudencia del Supremo tiende a homogeneizar los criterios
discrepantes que puede haber en los tribunales inferiores.


Efectivamente, se ha hablado de una jurisprudencia progresista e innovadora. Creo que es así. El Tribunal Supremo ha hecho un gran esfuerzo en adaptar la interpretación del Código Civil, estos sistemas de la tutela y la curatela a las
exigencias de la convención, incluso ha acuñado una expresión coloquial, le ha dado un marchamo jurídico, ha hablado del traje a medida, una expresión que goza ya de un gran predicamento. El Tribunal Supremo ha iniciado una vía donde, claramente,
la tutela es un recurso a utilizar solamente en casos muy excepcionales. Esta jurisprudencia ha ido calando en los tribunales inferiores. Hasta donde yo sé, estos criterios jurisprudenciales han sido objeto de una atención especial en la Comisión
de Codificación y parece que por ahí van a ir las líneas de la reforma. Ignoramos las modificaciones pretendidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero, lógicamente, tienen que seguir esa dirección.


No todo ha de resolverse en la vía judicial. Se han planteado otras alternativas y en relación con la intervención de otros profesionales. En primer lugar -y creo que la reforma también va a ir por ahí-, va a potenciar la figura del
guardador de hecho. Además, en este sentido, podemos decir que España es un país cuyo tejido familiar contribuye a dar una respuesta a las situaciones de la discapacidad, especialmente con respecto a las personas mayores. Y este tejido, esta
asistencia familiar está permitiendo, además, que el coste económico para los recursos públicos no tenga un impacto tan importante como el que podría tener, sin perjuicio de que, quizás, haya que plantearnos lo que se destina a esto. En principio,
España tiene un gasto en asistencia social que representa un 3,5 del PIB, lo cual puede ser objeto de revisión, pero, en cualquier caso, potenciar este apoyo familiar ha de ser una de las líneas de actuación. Y por otro

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lado está la vía de la jurisdicción voluntaria, recientemente aprobada, que trata también de dar una respuesta que no sea judicial. La resolución de estos conflictos en la vía judicial no es sencilla. No es sencillo para las familias
afrontar algo que es, de por sí, agresivo; someter a un familiar o una persona querida a un proceso donde se le va a privar de la capacidad no es un plato de gusto, y, en la medida en que esto se pueda reorientar y buscar solución por otras vías,
creo que es algo acertado. En ese sentido se está trabajando.


Se ha preguntado por sus señorías en varias cuestiones en qué nivel nos encontramos en un doble sentido, cuál ha sido la evolución en España en los últimos años y en qué situación estamos en el derecho comparado. Desde luego, afirmo que en
el ámbito judicial se ha mejorado de una forma muy notable, tanto en la accesibilidad, como en el grado de sensibilidad, como en el conjunto normativo y la propia asunción por el juez de ese papel fundamental. No es la única garantía -la judicial-
de los derechos humanos, pero qué duda cabe que sí es muy importante el juez como guardián de las promesas, que el juez y filósofo francés Antoine Garapon definió con mucha belleza. El juez es el guardián de las promesas que conforman el pacto
social. Creo que en eso se ha avanzado mucho, pero no solo en eso, creo que en accesibilidad también, en educación inclusiva. En todos los ámbitos hay problemas, no se ha llegado a un grado de excelencia, sino que tenemos que seguir peleando por
ello, pero, posiblemente, hace treinta años los niños con discapacidades intelectuales no planteaban un problema de educación inclusiva, sencillamente no eran escolarizados de ninguna manera, y así podríamos señalar muchos ámbitos. Yo creo que en
esto España ha dado pasos muy importantes, hemos dado pasos muy importantes en relación con la protección de los derechos de todas las personas que se hallan en trance de vulnerabilidad, no solamente en el ámbito de la discapacidad. Creo que, desde
la aprobación de la Ley de 2004, de protección de las mujeres, por ejemplo, sin perjuicio de que sigue siendo un drama, se ha hecho algo. ¿Ponemos nombre a las cosas? ¿Somos capaces de tener estadísticas? Por ejemplo, en la justicia juvenil hay
países que no cuentan, y cuando no cuentas puedes dar una imagen de que en tu país no pasa nada y sí pasa. En este sentido, en el derecho comparado yo no soy un experto, pero sí he ido a algunos países y sí he visto edificios judiciales de países
que, en principio, son más ricos que nosotros, y la accesibilidad no solamente no es mejor, sino que es bastante peor. Y en cuanto a ese grado de sensibilidad, yo no voy a entrar a juzgar otros países, pero la existencia misma del Foro sorprende
cuando en ámbitos internacionales se dice lo que tenemos. A finales de mayo tendremos una reunión de consejos en Lisboa y esta es una cuestión que se va a exponer, junto con el Observatorio de Violencia de Género y algunas otras cuestiones.


Se ha hablado de la especialización. Creo haberlo dicho, pero lo remarco. La especialización tiene que ser de todos, también de los abogados. Hay varios colegios de abogados que tienen turnos específicos, no tengo los datos, pero tomando
la indicación de la presidenta, se los pediré a Pepa Lorente, la representante en el consejo, que los hará llegar encantada. Es fundamental esa atención, porque el derecho de defensa tiene que ser un derecho real y hay disfunciones, hay problemas
en los sistemas de modificación de la capacidad de las personas. Aunque el fiscal, como sus señorías saben, tiene un papel activo, hay aspectos donde el derecho de defensa es mejorable, donde las facultades de control de la autoridad judicial
tienen que ser reales. Ha habido una gran evolución, se ha ido pasando de un sistema donde la discapacidad se residenciaba en la familia, con aquellas figuras del consejo de familia, a un sistema donde es una cuestión pública. Pero, a veces, los
medios con los que cuenta la justicia no son los idóneos para que ese derecho sea real.


He hablado de la accesibilidad y me han preguntado para cuándo estará el mapa. Desde el foro nos hemos dirigido a todos los Gobiernos autonómicos y al Ministerio de Justicia para que nos den la información que puedan. También lo hemos
pedido a los delegados de discapacidad para poder conformar este mapa. Creo que hay una atención que es ajena a colores y opciones políticas y por las contestaciones que vamos recibiendo veo un honesto deseo de poner solución. Luego es verdad que
cada Gobierno autonómico dedica más o menos dinero en atención a sus propias políticas, pero creo que hay un deseo común de poner solución a esto. La accesibilidad debe ser completa, ya lo he dicho.


En relación con el proyecto de lectura fácil, el consejo no puede atender este gasto, por ello ha de realizarse a través de convenios con los Gobiernos regionales o el Ministerio de Justicia. Lo que hemos hecho en el consejo es aprobar un
protocolo, establecer unas reglas para validar la forma en la que ha de hacerse, pero la redacción material se hace por personal especializado, personal que es de Plena inclusión.

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El grado de cumplimiento de la convención es también una cuestión que han planteado. La convención ha sido firmada por un número enorme de países y en la que, en muchos casos, la firma es un acto meramente aparente ya que no hay después
desarrollo ni ganas de hacerlo. Es comparar realidades muy diferentes. Tampoco es únicamente un problema de voluntades sino de recursos, es difícil pedirle a un país en vías de desarrollo que pueda llevarlo a cabo. No sé cuantificar el grado de
cumplimiento, no puedo ponerle nota. Sí sé lo que más directamente me atañe, que la incidencia de las disposiciones de la convención en los tribunales cada vez está más presente. Quizá los primeros años de la convención no acababa de conocerse,
pero ahora ya son muy frecuentes las citas concretas de la convención. Por otro lado, también somos conscientes que muchas de las disposiciones de la misma formaban parte del derecho interno español, eran derechos que tenían las personas con
anterioridad. Esto no quita que esa necesidad de mejora tenga que seguir produciéndose, y por ello lo remarcaba en la intervención y sus señorías me han preguntado en este segundo turno por las disposiciones específicas como las del Estatuto de la
víctima.


También han hecho mención a las mujeres. Cuando se acumulan causas de vulnerabilidad, el daño aumenta exponencialmente y nos encontramos con mujeres con discapacidad que son víctimas de abusos, de agresiones, de malos tratos. Por lo tanto,
hay que actuar tanto en una labor previa de protección como en la vía judicial que nos corresponde tratando de evitar ese daño. Y ese daño se produce cuando hay una reiteración en los llamamientos judiciales y hay que declarar ante la policía,
después ante el juez instructor, una posterior declaración y acabar en el juicio; esto no puede ser porque daña aún más una personalidad que ha quedado ya herida. Y, desde luego, la provisión de un sistema de apoyos lo contempla el Estatuto de la
víctima y está siendo una realidad en la aplicación de nuestros tribunales para personas con discapacidad, menores, personas que tienen un problema para verbalizar o expresar sus emociones. Y está siendo ya una práctica frecuente en nuestros
tribunales la creación, en primer lugar, de lo que se llaman espacios amigables, donde la declaración no sea en ese escenario tradicional de una sala de vistas con las togas, sino, y especialmente cuando hablamos de menores, en otros espacios donde
el menor no perciba la violencia que todo proceso conlleva. Y luego, que el interrogatorio sea por personal especializado, sea por psicólogos que formulan preguntas que le hacen llegar el juez y las partes, pero que se formulan de una manera
distinta al lenguaje forense. Yo creo que en esto se ha ido avanzando, aunque nos queda mucho.


No debemos renunciar a nada porque tenemos la obligación de seguir mejorando y porque hay aspectos que nos están llamando la atención. No es una mirada hacia adentro, es lo que nos dicen organismos internacionales, y nos han llamado
fundamentalmente la atención en los puntos que les he indicado a sus señorías, el derecho de sufragio y cambiar el régimen de modificación de la capacidad.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Hemos duplicado el tiempo.


El señor VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, RESPONSABLE DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD (Fernández Martínez): Déjeme un minuto. He dicho que la justicia tiene que ser real, no aparente, y en ello están los internamientos. Ha
habido sentencias en los últimos tiempos muy importantes del Tribunal Constitucional, donde ha trasladado el sistema de garantías de las personas detenidas del ámbito penal a este ámbito en un doble sentido: primero, que el plazo máximo es de
setenta y dos horas, que es el que establece el artículo 17 de la Constitución, lo ha trasladado aquí; y en segundo lugar, el derecho de defensa. Creo que esto ha originado un debate sobre si esta traslación es buena o no, pero el caso es que esto
sí se ha producido.


Hablaba el señor Alli del lenguaje. Es un cambio muy significativo. Efectivamente, la Constitución habla de minusválidos, y el artículo 14 ni siquiera menciona la discapacidad cuando habla de discriminación. Si estos dos artículos se
redactaran hoy, el artículo 49 no tendría esa expresión y, desde luego, la discapacidad figuraría en ese elenco de motivos que no pueden causar la discriminación porque afectan a la dignidad. Creo que ese es un punto claro donde se nota la mejora.
Pero el lenguaje no solamente es que donde decíamos minusválidos decimos discapacitados y ya hemos aprobado la lección, no, el lenguaje es que yo me pueda comunicar y que la persona que está sometida a un proceso sepa lo que está pasando, y no
solamente la sentencia sino todo el proceso. En las experiencias de lectura fácil, los documentos que se ponen en este lenguaje son cédulas de notificación, los emplazamientos, etcétera, es decirle a alguien: mire, usted va a verse envuelta en un
juicio donde le pueden pasar estas cosas y tiene estos derechos. Esos actos previos son muy importantes y los actores jurídicos, no solo los jueces, todos, tenemos la obligación de hacernos entender, lo cual no está reñido con el rigor técnico. En
nuestras

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sentencias tenemos que expresar las cosas de una manera que todo el mundo entienda, ya no solamente en relación con la discapacidad. Cuando se hace una sentencia, además, se ve ante qué clase de juez se está, como cuando se habla en general
con alguien. Este tema, qué duda cabe, es muy importante.


No sé si se me quedan algunas cuestiones por contestar.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Seguro que sí. (Risas).


El señor VOCAL DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, RESPONSABLE DEL FORO JUSTICIA Y DISCAPACIDAD (Fernández Martínez): Si me quedan, no es voluntariamente.


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchísimas gracias, don Juan Manuel Fernández, ha sido un auténtico placer tenerle en esta Comisión, con unas exposiciones muy interesantes. Y casi se ha dado usted por invitado, vamos a tener
que repetir, y vamos a ver cómo seguimos avanzando. Está trabajando también el Gobierno y hay que seguir avanzando en todo el tema judicial, estamos pendientes. La ministra ya nos ha anunciado que tenemos un plazo, a ver si puede ser en esta
legislatura, para reunificar todo y a tirar para adelante con la convención y, a lo mejor, vamos a necesitar de su experto conocimiento y de su ayuda.


Muchas gracias por su comparecencia y su presencia aquí esta tarde, y muchas gracias a todos los señores y las señoras diputadas.


Se levanta la sesión.


Eran las cuatro y cincuenta y cinco minutos de la tarde.