CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 471

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS

Sesión núm. 23

celebrada el martes,

20 de marzo de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias:


- Del señor Castro-Gil Amigo (secretario de Anpier), para explicar las barreras existentes a la producción de energía fotovoltaica y la planificación energética necesaria para facilitar su implantación. A petición de los grupos
parlamentarios Socialista, de Esquerra Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/001004) ... (Página2)


- Del señor García Ortega (experto en energías renovables de Greenpeace España), para informar sobre las posibles combinaciones de sistemas de generación eléctrica basados en fuentes renovables. A petición del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 219/001066) ... (Página14)


Proposiciones no de ley:


- Sobre el servicio de interrumpibilidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000250) ... (Página28)


- Sobre la modificación de la potencia eléctrica. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001238) ... (Página33)


- Relativa al Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002374) ... (Página36)


- Sobre el fomento de la movilidad sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002527) ... (Página39)

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- Relativa al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y posterior gestión de los residuos radiactivos generados por las mismas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número
de expediente 161/003069) ... (Página43)


Votaciones ... (Página47)


Se abre la sesión a las diez de la mañana.


COMPARECENCIAS:


- DEL SEÑOR CASTRO-GIL AMIGO (SECRETARIO DE ANPIER), PARA EXPLICAR LAS BARRERAS EXISTENTES A LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA Y LA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA NECESARIA PARA FACILITAR SU IMPLANTACIÓN. A PETICIÓN DE LOS GRUPOS
PARLAMENTARIOS SOCIALISTA, DE ESQUERRA REPUBLICANA Y CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/001004).


La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Herráiz): Buenos días. Empezamos la sesión con el primer punto del orden del día, que es la celebración de dos comparecencias. En primer lugar, intervendrá en representación de la Asociación Nacional de
Productores de Energía Fotovoltaica para explicar las barreras existentes a la producción de energía fotovoltaica y la planificación energética necesaria para facilitar su implantación, el señor don Juan Castro-Gil Amigo, secretario de Anpier.


Tiene la palabra.


El señor CASTRO-GIL AMIGO (Secretario de la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica, Anpier): Señora presidenta, señores diputados, estimados señores. En primer lugar quisiera agradecer en nombre de las cinco mil
familias productoras de energía fotovoltaica que representa mi asociación, la posibilidad de que nuestras demandas sean oídas por ustedes. En especial quisiera agradecérselo más en particular a los grupos parlamentarios Socialista, Esquerra
Republicana y Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea por habernos traído aquí. Realmente es una muestra de interactuación con aquellas familias que desgraciadamente no se produce con demasiada frecuencia en el ámbito de la energía.


Ustedes han traído aquí a todas aquellas familias a que les cuenten su experiencia en la última década en el desarrollo renovable en España y traer los análisis y conclusiones que podemos obtener de aquella experiencia. Para ello, pese a
que mi profesión es la de abogado, no les voy a de hablar de leyes porque en veinte minutos no tendría mucho tiempo para explicarles nada, mi intención es traerles conceptos, hablarles de decisiones equivocadas o de oportunidades que se están
dejando pasar, con el ánimo de, con humildad, resultar mínimamente inspirador para su labor legislativa, que es lo que, por lo menos, intentaré.


No hace falta que les cuente que el colectivo al que represento aglutina a miles de familias que un día decidieron invertir en energía solar al calor de políticas comunitarias, que fueron aplicadas en nuestro país entre los años 2004 y 2010.
Tampoco hace falta que les cuente que aquellas directivas europeas exigían al Reino de España el cumplimiento de una serie de objetivos de implementación de renovables que sin la inversión privada no se hubiesen podido producir. Quizá, por esa
necesidad de captación, durante todos aquellos años la Administración publicitaba en sus redes que el sol podía ser nuestro, de los ciudadanos. Cuando realizaron aquellas cuantiosas inversiones, presumo que también entenderán que toda aquella gente
suponía que la garantía de que su inversión estuviese defendida por el Estado de algo tenía que valer. Desde entonces hasta ahora, los derechos retributivos de aquellas familias han sido minorados en nueve ocasiones, siendo, sin género de dudas, la
última reforma eléctrica la puntilla definitiva para muchos de ellos, alcanzando recortes de hasta el 45 %. Sé que algunos de ustedes me dirán que los tribunales han validado casi todos los recortes realizados por los Gobiernos de España y es aquí
donde me gustaría evidenciar la primera de las grandes barreras que tiene el desarrollo renovable social en España, que es para lo que me han traído.


Sin duda, la inseguridad jurídica es una lacra execrable que está envenenando, sin género de dudas y hasta límites inimaginables, la regulación energética de nuestro país. Pero ya se convierte en una

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enfermedad endémica cuando va acompañada de la desigualdad. Decía Aristóteles que justicia es tratar a los que son igual de forma igual y a los que son desiguales de forma desigual. Y ese axioma también ha llegado a nuestra jurisprudencia,
aunque desgraciadamente a veces se les olvide. En España se ha aceptado que a los nacionales que habían invertido en fotovoltaica se les podía recortar sus derechos retributivos hasta la extenuación porque tendrían que haber previsto que eso podría
suceder. Quizá alguna gran compañía con cientos de abogados, con cientos de ingenieros y con algún ex alto cargo en su consejo de administración podían haber previsto que todo esto iba a cambiar, pero Marisol, Paco, Alberto, Julia, y tantos otros,
jamás hubiesen podido imaginar que aquello que ponía el Boletín Oficial del Estado les iba a engañar, les iba a llevar a la ruina. No hay justicia si no hay verdadera igualdad. De la misma manera, aun no hace mucho tiempo, el Defensor del Pueblo
lo llegó a manifestar por escrito en un informe. Decía que no hay justicia material cuando un fondo de inversión canadiense puede conseguir mediante un arbitraje que el Reino de España le resarza de todo este disparate, mientras que los españoles
pierden sus plantas a manos de los bancos que les financiaron sus instalaciones a tipos del 6 %. Esta es la primera barrera, la inseguridad jurídica y la desigualdad. Hace unos días vi un anuncio publicado por el Tesoro Público que decía:
Obligaciones del Estado, con la garantía que da un gran país. Sin duda me hizo pensar. Es imprescindible abordar el problema de toda esta gente de alguna manera, pues difícilmente se puede plantar un futuro esperanzador sobre tierra quemada, sobre
tierra abrasada.


La segunda gran barrera que es necesario derrumbar es la conciencia social. Desgraciadamente, como en otros ámbitos de la sociedad, demasiada gente se ha acostumbrado a pensar sobre las cosas sobre la base de lo que define su trinchera
política en la que cada uno libremente, a veces, cree estar. Sin parar a valorar que hay cuestiones que no debieran tener color político, desde luego la protección del medio ambiente, por un lado, es una de ellas, pero la confianza, la fiabilidad
de las normas tiene que ser otra de ellas. Esos dos principios deberían estar adheridos a las columnas de este edificio y sin embargo no es así. Para contrarrestar las protestas legítimas de todas estas familias durante todos estos años, que las
han pasado canutas por haber invertido en energía solar, altos cargos del Gobierno de España y algunos entornos muy cercanos, durante estos últimos años nos han llamado cazaprimas, advenedizos, terratenientes, aprovechados, sanguijuelas. Existen
cientos ejemplos, cientos, incluso de personas cercanas al propio partido del Gobierno, que no han querido significarse, que verdaderamente eran productores de energía fotovoltaica, porque se sentían avergonzados por haber invertido en ello.
Increíble. Además de engañados, insultados. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Esta, sin duda, es la segunda barrera terrible. Es imprescindible que esa tendencia se revierta, impulsar la generación renovable, la participación
sostenible no puede tener la sombra de la crítica por parte de la Administración, por parte del Estado, es inconcebible, no pasa en ninguna otra parte del mundo.


Muy recientemente, un alto representante energético del Gobierno nos dijo, sin ruborizarse, que la generación de la energía no era un negocio para los ciudadanos, que era solo para las empresa especialistas del sector. Ese pensamiento,
enraizado en la actual dirección energética española, entendemos que es clarísimamente equivocado, no es posible que un sector estratégico de salida ya se encuentre capado a una parte de la sociedad. Sin duda ese pensamiento es el que encontramos
en la política claramente desincentivadora del autoconsumo, que de una manera también claramente a contracorriente del resto del mundo está apostando por poner trabas administrativas, técnicas y económicas a la autogeneración doméstica, comunitaria
o empresarial. Pero también lo hemos visto en el procedimiento de las nuevas subastas renovables del año pasado, que prácticamente impidieron a los pequeños operadores participar en las mismas.


Señorías, democratizar la energía no es una cuestión baladí, existen muchísimos casos de éxito por el mundo en los cuales las comunidades de ciudadanos y ciudadanas participan directamente en la gestión, generación e incluso distribución y
comercialización de la energía. Pero no nos hace falta salirnos de nuestras fronteras para conocer esto, para poder comprobarlo. A los que no lo conozcan les ruego que se informen y pregunten qué supone la energía para una comunidad como el
Ayuntamiento de Crevillente, en la provincia de Alicante, un pueblo que lleva gestionando su propia energía hace cien años, con partidos políticos, como se pueden imaginar, de todo signo y con regímenes incluso diferentes. Llevan cien años y con la
aparición de la fotovoltaica además, por su modularidad llevan también diez o quince generando energía y dando riqueza entera al pueblo en forma de cooperativa energética, provocando que tengan la energía más barata que el resto de los españoles y
repartiendo como retorno cooperativo entre sus vecinos becas, asilo, guardería, empleo, formación y un sinfín de cosas más que revierten en el propio pueblo. Pero podemos irnos a Navarra y ver cómo en cada pueblo, en Milagro, en Castejón, en Olite,
en

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Árguedas, en Fustiñana encontramos plantas fotovoltaicas atomizadas de los vecinos del pueblo, produciendo energía limpia y repartiendo riqueza entre ellos. ¿Saben ustedes adónde se van a ir los dividendos de la gran mayoría de los
megavatios fotovoltaicos subastados el año pasado? A bonistas y fondos de inversión extranjeros, y es que el camino ya se conoce, no lo he inventado yo, y se sabe que es bueno. La propia Unión Europea, en la directiva que se aprobará dentro de
veinte meses, exige que se tengan en cuenta las comunidades de generación, que es la socialización de la gestión de la energía. La directiva obligará a guardar espacios en la generación a ayuntamientos, a comarcas, a pequeñas y medianas empresas, a
personas físicas, pues la energía es un vector transversal en toda la economía y en toda la sociedad y no puede alejarse de los ciudadanos, desinteractuación con ella. No puede ser que lo único que hagamos los ciudadanos con la energía sea pagar
las facturas a final de mes.


Desde el ministerio se repite a menudo que ellos no hacen política social sino energética. Y eso, a nuestro juicio, es una falta de visión catedralicia. La función social de la energía es crucial y sus decisiones empoderan a unos pocos o a
la sociedad en general. Hay dos vectores que ya se han sentado entre nosotros que evidencian la falta de perspectiva de ponerle trabas a la participación ciudadana en los ámbitos energéticos: el cambio climático y la digitalización. El actual
estado de conocimiento del cambio climático ya nos permite entender que no apostar decididamente por las renovables es un error de terribles dimensiones, y en ese tránsito obligado hacia la desaparición de la combustión fósil tienen que participar
de forma directa todas las personas, si no, no sucederá. Fíjense ustedes, señorías, cómo en caminos de sostenibilidad se está empujando mucho más desde abajo que desde arriba, desde los ayuntamientos, de muy dispar color político, precisamente por
que su cercanía con la gente les permite estar más cerca de las tomas de decisiones de a pie de calle, esas decisiones que a nivel nacional se encuentran claramente bunkerizadas, donde ni siquiera son permeables al propio Parlamento y muchas veces
donde ni siquiera son permeables a otros representantes con mayor sensibilidad ambiental del propio signo político que dirige el Gobierno.


Basta ya, señorías, es preciso que la luz entre en las decisiones energéticas, que éstas se tomen como dicen todas las normativas europeas de buena regulación, con participación real social, si no estaremos abocados al fracaso. Pero miren
ustedes el dislate que supone el otro vector fundamental que asoma la patita entre nosotros: la digitalización. Mucho antes de lo que la gente se cree, mucho antes de lo que la gente es capaz de entender incluso, en el mundo las personas
intercambiarán flujos de energía entre ellas; las baterías de nuestros coches y de nuestras casas servirán de soporte a una parte muy significativa del sistema; pequeños productores domésticos o empresariales intercambiarán sus excedentes de
energía desde el teléfono móvil, mucho antes de lo que creemos. Y aquí en España, queriendo ser la punta de lanza del enterramiento de las renovables y la nueva tecnología que va alrededor de ella, nuestro ministro, siempre que tiene la
oportunidad, asegura que la producción de energía no es un ámbito para los ciudadanos. Cuando todo el planeta va en la dirección contraria, algo no estamos haciendo bien.


Por supuesto que no voy a dejar de lado el tema del coste de la energía, el coste de la energía como barrera para la generación social, puesto que realmente es una de las principales, de hecho, seguramente sea la coartada más habitual de los
detractores de la participación ciudadana en las renovables. Se asegura que las renovables han sido muy caras y nos han dejado una deuda terrible, nadie habla de lo que nos ha dejado bueno. Sin embargo no hemos escuchado durante todos estos años a
esas mismas personas, que a lo mejor los costes de transición a la competencia que recibieron un pequeño grupo de empresas en dimensiones de varios billones de las antiguas pesetas, billones con b, hubiesen constituido una gran hipoteca para el país
o que vengamos pagando cantidades por disponibilidad y por interrumpibilidad que no han sido usados durante muchos años, o que nadie haya auditado realmente las cantidades de la moratoria nuclear, o los pagos al carbón, que acaban casi siempre en
manos de muy poquitas personas, o que centrales hidráulicas construidas en tiempos de Franco tengan unos márgenes que hasta causaron sonrojo en la extinta Comisión Nacional de la Energía. Parece que la culpa de los costes del sector eléctrico está
en las renovables, pero curiosamente solo está en las renovables desde que los ciudadanos participan masivamente en las renovables. Muy curioso.


Tenemos que empezar a cuantificar la energía por su valor no por su precio. El concepto valor implica connotaciones sociales, ambientales, económicas e incluso democráticas, que supone la generación social. El precio actual de la energía
pretende evitar las externalidades que provoca, tanto las positivas como las negativas, y eso es un error enorme. Un ejemplo. Las cuencas mineras se van a cerrar en cualquier momento cercano en el tiempo. ¿No hubiera sido adecuado fijar una cuota
de generación de la

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subasta para proyectos renovables, aunque no fuesen fotovoltaicos, señores -soy secretario de los fotovoltaicos, pero aunque no fuesen fotovoltaicos-, que encajasen en esos lugares y ponerlas en manos de entidades socializadas, cooperativas,
de esas comarcas con los supuestamente damnificados, que podría haber salido un precio un poco más alto que si se le hubiesen adjudicado no sé cuantos cientos de megas a un fondo de inversión? Pues sí, seguro, pero el valor que proporcionaría al
país en términos de empleo, en términos de sostenibilidad, en términos de redistribución de la riqueza, sin duda compensaría con creces el gasto, sin duda.


La participación de los ciudadanos en todos los ámbitos de la energía es el único camino para entender un futuro sostenible. ¿Se creen realmente sus señorías que si la comercialización, la distribución y la generación de la energía así, en
manos de cinco empresas, vamos a enfrentarnos verdaderamente con el cambio climático? ¿Verdaderamente piensan que la competencia mejorará, destrozando desde la regulación a todos los pequeños operadores? Porque, señorías, la competencia real en el
mercado no es la que está expulsando a los pequeños operadores, son las normativas que reaccionan contra la aparición de aquellos pequeños operadores. Lo vemos, por ejemplo -también alejándome de la cuestión de los pequeños productores como somos
nosotros-, con las pequeñas comercializadoras, que tienen que dedicar la mayor parte de su esfuerzo y de dinero a resolver pequeñas trampas que la regulación mantiene para que terminen desapareciendo por desesperación; no tiene ningún sentido.


Concluyo, señorías, concluyo por donde empecé. Anpier es una asociación que en muchas ocasiones ha resultado incómoda para muchos, porque hacía ruido en edificios donde a los ciudadanos habitualmente no se les dejaba hablar. Mucho me temo,
mal que le pese a alguno, que en esa misma dirección seguiremos, las personas que estamos ahora o las que vengan después, defendiendo a todos aquellos que han sido arruinados en sus patrimonios y en sus ilusiones por invertir en energías renovables
y fiarse de las leyes de su país, pero también defendiendo a todos aquellos que están convencidos de que las cosas se tienen que hacer de alguna manera diferente.


Muchas gracias a todos.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castro-Gil Amigo.


Intervendrán los grupos de mayor a menor que han pedido las comparecencias. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jiménez Tortosa.


El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, señor presidente. Señor Castro-Gil, gracias por su apasionada e ilustrada comparecencia, que nos ha aclarado muchas dudas. Compartimos gran parte de los conceptos a que ha aludido, como la seguridad
jurídica o democratizar la energía; pensamos que es bueno. Asimismo, como el concepto de valor y precio que nos ha aclarado.


Me encuentro ante una situación un poco contradictoria en el sentido de que vemos que es necesario producir energía y tenemos un modo de producirla de una forma limpia, no contaminante, como es la energía fotovoltaica y sin embargo vemos que
hay muchos problemas para ello. Lo que nos interesa es este tipo de producción energética porque se trata de una fuente inagotable, versátil, permite un gran número de aplicaciones, permite dar energía a zonas aisladas, sin grandes infraestructuras
y sobre todo no emite gases contaminantes, por lo que contribuye eficazmente a la reducción de las emisiones de CO2; son silenciosas, limpias, no producen ningún tipo de contaminación. Por todas estas razones entendemos que debe ser una energía
para el futuro, que merece la pena potenciar y explotar tanto por su calidad como por nuestra geografía estratégica, que permite que nosotros podamos aprovechar muchas horas de sol y de viento para poder producir este tipo de energía, y sobre todo
para ayudar a frenar el cambio climático, lo que nos permitiría conservar mejor nuestro entorno y por consiguiente dejar un futuro más esperanzador a las siguientes generaciones.


La primera pregunta que le hago es por qué, teniendo en cuenta todas estas características, nuestra posición de geografía estratégica, tenemos más horas de sol que cualquier otro país, ¿cómo pueden otros países, como por ejemplo, Alemania,
tener más producción de energía fotovoltaica, teniendo como fuente el sol, más que nosotros, que tenemos más horas de sol y fuimos pioneros en este tipo de producción energética? Por todas estas razones que he comentado anteriormente, entendemos
que se hiciera esta apuesta por que las familias invirtieran en producción de energía fotovoltaica y -usted lo ha comentado- con la propaganda de 'El sol puede ser suyo'. En ese escenario de especulación mobiliaria, donde produce este avance de la
energía, sí, muchísimas familias, más de sesenta mil familias invirtieron en este tipo de producción. Desde un principio el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en esa línea de modernidad y progreso, fomentó este tipo de inversión como
rentable y muy segura y, sobre todo,

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socialmente comprometida, y el propio Ministerio de Industria no dudó en apoyar con subvenciones este tipo de instalaciones. Pero no es algo del Estado español, todos los Estados modernos han apoyado la producción de energías renovables
subvencionando y primando este tipo en todos los países.


En el año 2010, cuando ya se habían realizado grandes inversiones, nuestro Gobierno cambió su política y a través de normas retroactivas lo compensó con una ampliación en el tipo de contrato. En este contexto a partir de 2012 se decide
impedir el establecimiento de nuevas plantas, y a partir de 2013, con el grupo de normas que hemos conocido como reforma eléctrica, se modifica completamente la retribución de las plantas con recortes retributivos, que llegan como usted ha dicho a
más del 40 % en algunos casos. Las imposiciones derivadas de la reforma eléctrica impuesta por el Gobierno del Partido Popular suponen la modificación retroactiva que quiebra a todas estas familias, y sobre todo como ha dicho rompe la seguridad
jurídica y la confianza en el país para invertir en renovables. Pero lo que no entendemos es que siempre que se ha retocado el sistema eléctrico, siempre que se ha modificado esta gestión de la producción eléctrica ha habido un acuerdo, un consenso
con las empresas, con las personas que han invertido en renovables, de forma que lo que se ha buscado es que nunca quedaran desfavorablemente afectados los intereses de estas empresas. Sin embargo en el caso de las fotovoltaicas no se han tenido en
cuenta los legítimos derechos patrimoniales de estas familias, a las que los cambios normativos no consensuados en ningún caso les han dejado en la ruina, dándose casos dramáticos, que yo conozco, en los que familias afectadas lo van a perder todo:
plantas fotovoltaicas, terrenos, viviendas de familiares y propias, pero sí se van a quedar con la deuda, una deuda hacia unos bancos que en muchos casos incluso hemos rescatado con dinero público. Y estas familias como ha dicho no tienen esos
gabinetes de abogados o de personas que puedan trabajar para defender sus intereses, y quedan abandonados principalmente a la ruina. Nosotros decimos que si todos estos recortes se hicieron por la crisis que sufrió nuestro país o que está sufriendo
y que estamos saliendo, y ahora estamos saliendo de ella y se aprecian signos de recuperación económica, con mayor motivo deberíamos mirar a estas familias, las cuales actuaron de buena fe y depositando la confianza en el Estado español; estas
familias realizaron un esfuerzo inversor con el objeto de tener en el futuro un complemento a sus pensiones, como ahora nos recomienda el presidente del Gobierno que hagamos para nuestras pensiones.


Por todo lo anterior el Grupo Socialista presentó una proposición no de ley que se aprobó en esta Comisión, en la que pedíamos dos cosas: una era iniciar una mesa de negociación con la Asociación Nacional de Productores de Energía
Fotovoltaica, y otra redactar un protocolo en el que se adoptaran las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica, que han visto recortada su retribución, no reciban peor trato que los inversores de los países
signatarios de los tratados sobre la Carta de Energía, que ellos sí pueden recurrir este tipo de recortes.


Termino con una pregunta, aparte de decirle que comparto gran parte de todo lo que ha expuesto usted en su comparecencia, que me ha aclarado muchísimas dudas y me ha resultado muy interesante. ¿Qué medidas entendería su asociación que es
necesario tomar para producir un cambio en la senda que permita devolver algo de estabilidad a los pequeños inversores, en apoyo de esa socialización de la producción de energía fotovoltaica, qué medidas cree usted oportunas que se deberían tomar?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Tortosa.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


Buenos días, señor Castro-Gil, bienvenido a esta Comisión. Quiero expresarle en nombre de nuestro grupo nuestra solidaridad con todos los miembros de su asociación, de Anpier, que han sufrido la política energética de este país, que la han
sufrido en sus propias carnes, y el acuerdo general con el planteamiento que usted nos hacía, que creo que el mensaje es muy claro: la ciudadanía tiene que poder participar del proceso de transición energética. A menudo hablamos de la dimensión
tecnológica de ese proceso de transición energética, de energías renovables que sustituyen a energías fósiles o a la energía nuclear, pero tiene una dimensión, que es la dimensión social y democrática de transitar de un modelo energético, dominado
por el oligopolio, por cinco grandes grupos empresariales, a un modelo con diversidad de componentes, donde va a haber grandes empresas, pero también pequeñas y medianas empresas, cooperativas, y sobre todo la participación comunitaria, la
participación directa de la ciudadanía, ya sea agrupada de forma cooperativa o a través de fórmulas como el autoconsumo. Por tanto para nuestro

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grupo esta es una cuestión absolutamente fundamental de la transición energética que estamos defendiendo.


El histórico, desde 2007 hasta aquí, del sector fotovoltaico es como usted nos lo describía absolutamente dramático; nosotros creemos que seguramente hubo un mal diseño, una mala planificación, luego vino la moratoria y luego vinieron los
hachazos a las renovables, cuando han sido también en buena parte estas familias que respondieron a la llamada del Gobierno de ese momento, a El sol puede ser suyo, a lo que establecía el BOE, las que pagaron el crudo aprendizaje de esta tecnología,
una tecnología que ahora de hecho no requiere prácticamente de primas ni requiere de subvenciones porque es absolutamente competitiva. Eso en un país donde no se ha rescatado a esas familias, pero donde se ha rescatado a las nucleares en su
momento, en los años ochenta. Usted nos ha hablado de los costes de la transición a la competencia, pero donde se ha rescatado la banca y donde hay que rescatar las autopistas radiales, y en cambio no ha habido una política en este sentido hacia
las familias fotovoltaicas.


Le quería plantear algunas preguntas concretas. ¿Cuál es ahora mismo la situación de estas más de sesenta mil familias, su situación financiera en estos momentos, cómo han quedado después de estos años? ¿Qué les piden ustedes a los grupos
del Congreso y al Gobierno en relación al futuro más inmediato, cuál es el marco retributivo estable justamente para no generar más inseguridad jurídica, una inseguridad jurídica que, como usted decía, es injusta porque las grandes empresas que
pueden acudir a los laudos internacionales pueden recuperar la inversión, y los pequeños propietarios, inversores nacionales, no pueden hacerlo? ¿Cuál es la perspectiva que ustedes quieren? Me refiero al debate de la rentabilidad razonable, a un
marco regulatorio que se puede revisar parcialmente cada tres años, pero que ahora en 2020 puede ser revisado. De hecho nosotros apoyamos una proposición de ley, la elaboramos conjuntamente con el Grupo de Compromís en este sentido, y que fue
vetado por los grupos del PP y Ciudadanos. Creo que este es un debate sustancial, un debate de futuro importante: cuál es el merco retributivo que ustedes quieren.


Ha hablado también de las subastas, de dos dimensiones de las subastas, el hecho de que no haya cupos como en otros países para ayuntamientos, cooperativas o pequeños inversores, y el hecho de que no se prioricen los territorios que se van a
ver más afectados por la transición energética. Pero hay otros elementos del diseño de las subastas, y me gustaría que usted opinase sobre el diseño que se está haciendo en este país de las subastas y cuáles cree que deberían ser los retos, además
de la participación ciudadana, de la política energética. Nos ha dejado muy claro uno de los retos, que es la participación ciudadana. ¿Qué otros dos o tres retos consideraría como más fundamentales de esta transición energética?


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell Gardeñes.


Por parte del tercer grupo proponente de la comparecencia, el Grupo Ezquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Castro-Gil y bienvenido a esta Comisión. Nuestra intención para la petición de comparecencia no era otra más que intentar que se expresara en sus justos y libres términos su asociación, ya que nos identificamos con sus
postulados, con sus reivindicaciones, con su diagnóstico de la situación. Nos identificamos evidentemente con el drama familiar que en muchos casos se ha producido, por no abundar en argumentos que mis compañeros, proponentes también, han expresado
y con los que también me identifico.


Quisiera centrarme más que en el diagnóstico, que entiendo que compartimos, en el tratamiento. Supongo que compartimos, y quisiera conocer su opinión al respecto, que la derogación del impuesto del 7 % sería una medida que beneficiaría a
todos. También quisiera saber su opinión sobre si sería una buena medida la eliminación arbitraria de la revisión de los periodos regulatorios, que creo que está prevista para diciembre de 2019. Por último quisiera pedirle su opinión sobre si
sería o no inteligente dejar que se produjese una división que nos pusiese, a los que defendemos los mismos criterios, en la quilla, por la vía de la revisión de la Orden Ministerial 1045/2014, obligándonos a distinguir entre plantas pequeñas en
huertas grandes, que daría lugar a una distribución territorial desigual e injusta del resarcimiento de una mala situación.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila i Esteve.


Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.


El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Buenos días, señor Castro-Gil.


Quiero manifestarle mi solidaridad y simpatía con su asociación, con las sesenta y dos mil familias de valientes que en su momento creyeron en el Estado, en la seguridad que daba el Estado, que vieron la posibilidad de invertir parte de sus
ahorros en un sector que tenía el aval y la garantía del Estado, que era un sector de futuro, que contribuía a luchar contra el cambio climático, y esto era algo legítimo para estos pequeños ahorradores que creyeron en el mensaje del camino del sol,
ese bonito eslogan de que el sol podía ser suyo, y que han visto cómo este camino se ha convertido en un camino tortuoso, lleno de socavones y que, como ya han apuntado aquí varios portavoces, solo ha traído la ruina a las familias y una completa
desilusión y una desesperanza total a todos estos pequeños ahorradores. La verdad es que no hay precedentes en un Estado democrático de que se legisle de una manera tan regresiva, por lo menos no en Europa, donde también ha habido primas a las
renovables y las ayudas se han ido reduciendo conforme iba aumentando la curva de aprendizaje.


Me gustaría leer algunas frases de los dos últimos laudos, que nos ha creado un problema, no solo a las sesenta y dos mil familias que creyeron en las renovables, sino a todo el Estado español y a todos los ciudadanos. Uno de los últimos
laudos dice en su exposición que el Real Decreto-ley 9/2013 está fuera del rango aceptable de la legislación y del comportamiento de un regulador, transformando por completo y alterando el entorno empresarial y legal en el que se ha decidido
realizar la inversión. La verdad es que no tienen precedentes en el contexto europeo las medidas tan regresivas y la inseguridad jurídica que ha generado todo el tema de las fotovoltaicas; además nos ha generado un retroceso notable a las
renovables en España, como ya he dicho la ruina de muchísimos inversores que ahora no pueden hacer frente a sus compromisos hipotecarios, sus préstamos, y que ven cómo pende sobre ellos la amenaza de los embargos. Al final todo este proceso, que
tuvo un coste en su momento mediante las primas, tampoco ha dado sus frutos por este retroceso que ha tenido en un momento en que la curva de aprendizaje está mucho mejor y se ha abaratado la tecnología, como también se ha apuntado por aquí. Además
tenemos casi 28 laudos pendientes, con un montante en torno a 7500 millones de euros, que están pendientes sobre el Estado español, y la banca encima tiene un apalancamiento del 80 % del coste de las instalaciones, que está en torno a 30 000
millones en créditos.


Quisiera contestar al compañero de Podemos, porque siempre dicen que Ciudadanos ha vetado y que se ha opuesto a medidas que han entrado en el Parlamento. Lo reitero, y lo hago hasta la saciedad. Existe el artículo 134.6 de la Constitución
que le concede al Gobierno la capacidad de veto sobre cualquier merma o disminución de los ingresos o aumento del gasto en los Presupuestos del Estado, y nosotros hemos sido respetuosos con ese artículo de la Constitución. Podremos estar o no de
acuerdo, se podrá hacer un uso abusivo de ese artículo, pero es un derecho constitucional que tiene el Gobierno, unas prerrogativas que tiene el Gobierno, si no nos gusta, cambiémoslo, pero mientras tanto debemos aceptar la Constitución con sus
cosas buenas y malas, hay que aceptar lo que tenemos, y nosotros hemos sido siempre respetuosos con ese artículo de la Constitución.


Me gustaría hacerle algunas preguntas. Si se plantean medidas de cara a la restauración de la seguridad jurídica, ¿de qué modo se puede abordar la situación de las familias afectadas, de qué manera desde aquí les podemos ayudar? ¿Cómo
valora la sentencia internacional en relación a los laudos sobre los recortes a las renovables? ¿Qué posibilidad ofrece la transición energética a las familias afectadas?


El señor PRESIDENTE: Para cerrar el turno de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero Bono.


El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente. Buenos días, señorías.


Señor secretario de Anpier, don Juan Castro-Gil, gracias por su exposición. La verdad es que estaba escuchando a los distintos portavoces de los diferentes grupos parlamentarios y empiezo a tener dudas de si pudieran tener algún síntoma o
algún episodio de amnesia. Mirándolos y comprobando que no son tan jóvenes, quizá pudiera entender que no hubieran visto lo que ocurrió en los años 2006, 2008, 2010, 2011, pero es que no es solo eso, es que además incluso alguno de ellos ha podido
tener incluso responsabilidades políticas. La verdad es que lo podríamos enfocar desde distintos ámbitos, desde distintos sectores, porque al final la tónica de lo que ha sucedido en este país ha sido siempre la misma: un Gobierno insensato, un
Gobierno incoherente, un Gobierno derrochador y un Gobierno nada previsor hizo que nos llevara a la

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situación que todos conocemos. Como decía la implantación de forma desmesurada de este tipo de energía renovable desde los años 2004 a 2011, la aportación a las primas del 25 % a este tipo de energía, a un tipo de energía de tecnología
inmadura en ese momento, hizo que nuestro sistema eléctrico se desmoronara. ¿Y cuál fue el resultado? Que desde los años 2004 a 2011 la factura eléctrica de todos los usuarios, de todos los consumidores eléctricos se incrementó más de un 70 %.
Bien es cierto que cuando llegamos al Gobierno en el año 2011, y mediante una auditoría, nos encontramos con un déficit tarifario de más de 27 000 millones de euros en el sistema eléctrico español, de los cuales más de 7000 millones de euros
provenían de primas que el anterior Gobierno había aportado a la energía renovable en ese momento, una deuda que cada año se incrementaba a razón de más de 2500 millones de euros en concepto de intereses, y por ello casi en los próximos veinte años
vamos a tener que pagar todos los consumidores españoles a razón de 5000 millones de euros al año. Lamentablemente lo que tuvo que hacer este Gobierno fue tomar medidas difíciles y complicadas para detener esta sangría que se estaba produciendo en
el sistema eléctrico y llevar a cabo la reforma del sector. Ello afectó, como en otros sectores, a la implantación de nuevas y al mantenimiento de plantas fotovoltaicas, y mediante esas medidas adoptadas el Ejecutivo logró cuatro grandes objetivos.
Primero, incrementó la competencia para reducir el coste eléctrico a los consumidores; atacó el déficit de tarifa generado por el Gobierno anterior; redujo la vulnerabilidad energética reforzando las interconexiones eléctricas y mejorando así la
eficiencia, y favoreció el mix energético para tener un sistema estable y sostenible, con todas las tecnologías disponibles en nuestro Estado; se adaptaron las retribuciones reguladas del sistema eléctrico, garantizando una rentabilidad razonable,
entendemos, de ese 7,25 % frente a las que tenía del 25 % que había establecido el anterior Gobierno del Partido Socialista. Todas estas medidas han hecho que se pudiera y se llegara a congelar la parte regulada de la factura de los españoles.
Como decía a raíz de esa auditoría que solicitó este Gobierno por primera vez en el año 2014 más de 400 millones de euros fueron devueltos a las familias españolas por parte de las eléctricas, y además por primera vez un Gobierno ha ido a por los
beneficios caídos del cielo, como son los del canon del agua y de los residuos tóxicos en los que se ingresaron más de 450 millones de euros en el sistema español.


Todas esas reformas que el Gobierno del Partido Popular tuvo que introducir dentro del sistema tuvo que hacerlas garantizando a todos los españoles tres grandes premisas. La primera, la seguridad en el abastecimiento para que ningún
demandante de energía quedara falto de ella durante las veinticuatro horas, los siete días de la semana, los trescientos sesenta y cinco días del año, manteniendo esa competitividad clave para que la industria de nuestro país siguiera y siga
creciendo y desarrollándose al nivel de estos últimos años, y todo ello manteniendo esa sostenibilidad ambiental de la que nadie duda de ir a un futuro de energía limpio de emisiones a la atmósfera. Que nadie olvide que España en el día de hoy se
encuentra con una penetración de renovables del 18 % en la que nos encontramos en la senda del crecimiento y del objetivo marcado para España de ese 20 % en el año 2020; que además somos uno de los grandes impulsores de las medidas a realizar y
somos también el país de los llamados grandes que más energía renovable tiene instalada. No hay que olvidar que España genera más del 41 % de su energía de forma renovable, y que con las dos subastas del año 2017, por cierto sin cargo alguno al
consumidor, España como decía alcanzaría ese objetivo del 20 % para 2020.


Hoy la situación en cuanto a la generación de energía eléctrica mediante la tecnología fotovoltaica es totalmente distinta. El Gobierno del Partido Popular sigue trabajando para mejorar y facilitar la implantación de ese tipo de energía, y
es cierto que después del parón sufrido por esta tecnología después de los años del boom, que llevaron a la desaparición de las primas a esta energía renovable, vuelve a introducirse energía fotovoltaica en España, y lo hace por una sencilla razón:
porque la energía solar fotovoltaica ya es competitiva en España. El coste del precio de generación de ese tipo de tecnología ha caído un 73 %, y según la Agencia Internacional de Renovables va a seguir cayendo su coste todavía más en los dos
próximos años. Y aún es más, de todas las energías renovables la energía fotovoltaica es la que más ha reducido todos sus costes. Prueba de ello es que en la segunda subasta de este año anterior 2017, en la que este Gobierno sacó 5000 megavatios
de energías renovables, 3900 megavatios de ellos fueron adjudicados a tecnología fotovoltaica. Por tanto el cambio de tendencia que ha habido en España es claro en este aspecto. En el año 2015 se instalaron 49 megavatios, en el año 2016 se
instalaron 55 megavatios y en el año 2017 ya son 135 megavatios, y vamos a ver cómo en este año ese crecimiento se va a hacer de forma exponencial.


Ya se es consciente de este nuevo escenario y España vuelve a mirar para invertir en el sector fotovoltaico nacional.

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El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego vaya concluyendo.


El señor HERRERO BONO: Voy acabando.


Otra prueba fehaciente también del cambio de tendencia es que existe una oleada de inversiones por valor de 23 000 millones de euros en nuevos proyectos. Con ello lo que este Gobierno propone es que va a seguir mejorando la competencia del
mercado eléctrico y así de este modo reducir la dependencia eléctrica del mercado exterior. Es cierto que hay una comisión de expertos de la cual pronto vamos a tener unas conclusiones para saber cómo afrontar y tomar las medidas necesarias en esa
transición. No hay que olvidar en ningún caso que las escasas interconexiones con el resto de Europa también hacen que tengamos que plantear algunas medidas particulares que ayuden a mantener el sistema energético más competitivo, más limpio y más
moderno.


Le quería hacer una pregunta. No sé si usted conoce de cerca o es usted propietario de alguna planta fotovoltaica; me gustaría que nos expusiera, si no es mucho pedir, el número de placas que tiene, el año de instalación, cuál es la
retribución que está recibiendo para tener una idea un poco más clara de la situación que a día de hoy podemos tener. El señor secretario de Anpier ya conoce la disposición de este Gobierno a seguir trabajando, a seguir colaborando con la
asociación para seguir afrontando y tratando los temas que ayuden a mejorar el sistema energético español.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para responder a todas las cuestiones planteadas tiene la palabra el compareciente, señor Castro-Gil Amigo.


El señor CASTRO-GIL AMIGO (Secretario de Anpier): Como alguna pregunta me la han hecho varias de sus señorías, la contestaré de forma conjunta.


Por seguir el orden de las intervenciones, el señor Jiménez me preguntaba más o menos qué es lo que había pasado, por qué había sucedido esto, y lo hacía en la primera de sus preguntas de una forma sintética. Básicamente creo que tiene que
ver con algo de lo que he explicado aquí, de la necesidad de la generación social. En aquel momento hasta que apareció la energía solar fotovoltaica, que tiene una característica completamente diferente a cualquier otra, que no tiene ninguna, ni
siquiera las renovables, que es su modularidad, y es que cualquiera de ustedes puede ser productos fotovoltaico y es muy difícil que ustedes sean productores eólicos y es muy difícil que tengan un ciclo combinado de subtitularidad, alguno a lo
mejor, pero es muy difícil, y ya no les cuento en energía nuclear, sin embargo en la fotovoltaica sí. Lo que sucedió es que en muy poquito tiempo mucha gente se metió, claro que lógicamente se fomentó, como se fomentó en el resto de Europa. Yo
recuerdo a un embajador británico que sobre este particular decía: hombre, claro, si no hubiese algún tipo de rentabilidad, no del 25 %, como pasaré a contarles dentro de un momento, nadie se hubiese metido. Es evidente que si no se fomenta de
alguna forma activa ninguno de los países de Europa hubiese podido intentar promover, promocionar la generación fotovoltaica, es evidente. Pues sucede que en ese poquito lapso de tiempo, en tan solo tres o cuatro años, aparecieron sesenta y dos mil
operadores. Fruto de estos sesenta y dos mil operadores aparecieron en la energía otra serie de personajes que hasta ese momento no se conocían; aparecieron pequeñas comercializadoras, aparecieron pequeños representantes de mercado, aparecieron
cooperativas energéticas, aparecieron plataformas, aparecieron nuevas ingenierías, nuevos abogados, muchos nuevos operadores que al calorcito de ese grupo numeroso, de ese nicho de negocio empezaron a participar en el ámbito energético. Y
curiosamente empezaron a hablar de la cuestión energética y empezaron a viralizar mensajes que antes no se conocían. Las puertas giratorias llevan con nosotros mucho tiempo, y hasta que apareció la fotovoltaica no se empezó a hablar verdaderamente
todos los días en los medios de comunicación, ¿por qué? Porque había mucha gente que estaba ahí; nadie conocía lo que eran los costes de transición a la competencia. Aquellos dudosos, vamos a decir, 3400 millones que quedaron en el limbo de pagar
o no pagar, si no fuese por todo lo que pasó con la fotovoltaica, tampoco se hubiesen conocido, ni siquiera la gente conocía lo que era la moratoria nuclear más que los que estaban sentados en comisiones como esta. Y esto es una cosa que se
viralizó. Esta situación convirtió al sector en algo complicado de gestionar, algo complicado de manejar. Esto ya no es que lo digan exministros de este país, que determinadas compañías redactaban las normas, ya no es que lo digan ellos, es que
incluso hasta la propia jurisprudencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha reconocido la especial preeminencia de determinadas compañías, de determinados grupos, en la redacción de las normas, hasta el Tribunal Supremo lo ha manifestado.
Esto, cuando aparece tanta gente nueva, empieza a ser muy

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complicado de gestionar, empieza a ser muy incómodo, y eso había que detenerlo de alguna manera, porque con independencia del coste, que sin ninguna duda esta cuestión se gestionó de forma poco diligente en la contención, sin ninguna duda,
al ciudadano de a pie, al igual que al fondo de Canadá del que hablaba antes, le importa un bledo quién sea el ministro en aquel momento, es el Gobierno de España el que toma las decisiones, es el Estado español el que tiene sus obligaciones. En
aquel momento esa situación se complicó mucho porque era muy difícil de gestionar: aquel nuevo grupo de gente que participaba en algo en lo que habitualmente no se acostumbraba a participar.


En aquel primer ciclo había una frase muy típica que se decía cuando los fotovoltaicos queríamos intentar llegar a acuerdos, porque siempre hemos querido llegar a acuerdos, para intentar resolver cosas. Siempre se decía: es que estos no
son del sector. Era una frase que la oíamos muchísimas veces, ahora ya menos, pero es que estos no son del sector. ¿Qué me estás contando? ¿De qué siglo eres? Esa es una realidad. Y este fue el principal problema del problema, porque el otro se
hubiese resuelto. El otro, habiendo posibilidades de gestionar entre todos el cambio, se hubiese resuelto, pero no se quiso. De hecho, en este último ciclo de la reforma nos hubiese gustado tener participación en la modificación de los cambios,
porque las normas de buena regulación de Europa, y del mundo entero, establecen que cambios de este estilo, que es lo que manifiestan los laudos arbitrales, tienen que ser negociados con un periodo de aclimatación y advertidos con carácter previo,
para que la gente pueda reaccionar de alguna manera, y no puede ser de un día para otro. Esto no se hace ni en Zimbabue.


Me pregunta usted respecto a las medidas que se deben tomar. Sobre este particular, además me han preguntado los señores Vendrell y Capdevila, y de alguna forma el señor Martínez González. Voy a intentar contestarles globalmente para ser
un poco más breve, que seguro que al presidente le gusta. Las decisiones para aliviar la situación de los que peor están precisan una explicación mínima, por lo menos de cuál es el sistema retributivo. El sistema retributivo, que pinta una
rentabilidad inexistente del 7,39 % durante este primer ciclo, se basa en definir lo que debieran haber valido, según la regulación, las plantas fotovoltaicas. Sobre esta circunstancia de qué debiera haber valido, a una señora de Móstoles que le
costó su instalación 400.000 euros, de los cuales le financió el banco 350.000, de poco le sirve si resulta que dicen que debiera haber valido 250.000, y que si pagó 400.000 era porque, si me permiten ustedes la vulgaridad, era una mala burra, que
es básicamente lo que vienen a decir, solo que con terminología de ineficiente y mal gestionada. Esto básicamente es lo que se maneja en la normativa retributiva.


La realidad es que a ese 7,39 % no se llega prácticamente nunca. ¿Quién puede ser que llegue? Puede ser que llegue una gran compañía, un fondo de inversión que ha desarrollado una megaplanta y que efectivamente sí se benefició en su día de
la economía de escala de ser una planta grande. Particulares, que compraron sus instalaciones en plantas grandes o pequeñas no se beneficiaron nada; tanto es así, que les puedo poner un ejemplo de una empresa importante de instalaciones en España,
que vendía en su día instalaciones en plantas grandes y en plantas pequeñitas, plantas de 600/700 kilovatios en porciones, y a lo mejor plantas de 12 megas también en muchas porciones para muchas familias. Cuando las ofrecía, generalmente la gente
compraba planta grande porque le daba la sensación de que iba a tener un poco más de seguridad, porque tenía mucha más vigilancia. Bueno, si está en una planta muy grande ha tenido un recorte del 45 y si está en una planta pequeña ha tenido un
recorte de un 12. ¡Y le costó lo mismo, le costó lo mismo! Esto muestra una realidad: hay 558 modelos diferentes de retribución para plantas, y 3 tipologías de instalaciones en España. Más de la mitad tienen más del 30 % y una quinta parte puede
tener más del 40 %. Y hay un porcentaje mucho más pequeño, pero hay un porcentaje, que tiene menos del 10 y menos del 5, incluso hay algún porcentaje pequeñito de instalaciones que tiene una retribución un poco superior al anterior. Esto es un
disparate, un disparate; esto es absolutamente disparatado, y si tenemos en cuenta que los productores familiares, la producción social, no se pudo beneficiar en ningún caso de la economía de escala, su sangría es mucho mayor. A nosotros nos
resulta un poco sonrojante cuando escuchamos al ministro decir que ahora, como están bajando los tipos impositivos, es normal que haya una modificación que se presume entre el 18 y el 20 % para el año 2020. Los tipos impositivos tienen que ver, los
tipos impositivos que tenemos los productores fotovoltaicos, porque tenemos muchísima gente al 5 y al 6 %, muchísima gente, muchísima. Entonces, ¿qué me estás contando? Esto es una falsedad absoluta.


¿Qué es lo que creemos que en el corto plazo debiera suceder para aliviar de alguna manera esta situación? Porque, no nos engañemos, nosotros somos conscientes de que con todo abrasado ya nada volverá a ser lo de antes; nada volverá a ser
como antes porque aproximadamente la cuarta parte de las plantas fotovoltaicas en manos de familias ya no lo están, o se las ha quedado el banco o se las han

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tenido que vender a un fondo de inversión. Esta es otra realidad. Sabemos que nunca va a volver a ser como antes, pero hay medidas inmediatas para aliviar a estas familias, claro que hay, y son perfectamente admisibles y no suponen un
impacto brutal; tiene que ver, sin ninguna duda, con la desaparición del impuesto del 7 % porque no tiene ningún sentido que haya un impuesto ambiental que paguen los renovables y las fósiles al mismo tiempo -es un disparate, pero mucho me temo,
que esto lo resolverán los tribunales antes que la Administración- y, desde luego, no volver a retocar otro 20 % en recorte a aquellas familias que invirtieron en renovables entonces, porque ya no da más de sí; es más, con los sucesivos recortes
que han tenido, han tenido que refinanciar, poner garantías personales, hacer vinculaciones con nóminas, con seguros, y en esa situación se les pronostica un recorte más. No hay solución, por tanto, con pactar para que no se produzca ese nuevo
recorte en el año 2020, cuanto menos desagregando a los productores familiares, creo que es una cuestión no solamente de justicia sino de igualdad. -Como decía antes, a los iguales hay que tratarlos igual y a los desiguales hay que tratarlos de
forma desigual-.


Señor Vendrell, usted me pregunta por la situación fundamental de las familias, en las primeras preguntas. La puntilla vino aproximadamente en el verano de 2014; desde ese tiempo hasta aquí, como es normal, la gente ha tenido que hacer lo
posible para sobrevivir de alguna manera. Cuando nosotros hablamos de porcentajes, hablamos de los porcentajes de nuestros socios, que como muestra creo que es la más significativa del país porque no hay nadie que tenga 5.000 fotovoltaicos en su
seno como tenemos nosotros, y posiblemente sea extrapolable; el 99,99 % de nuestros socios son familias, pequeñas y medianas empresas, y no hay más. Una parte importante de esas familias han tenido que vender, una parte desgraciadamente muy
importante. De hecho, en esta tesitura nos hemos encontrado nosotros en muchas ocasiones cuando nos preguntaban si podíamos articular algún mecanismo para vendérselas a alguien, a alguien que siempre eran, lógicamente, fondos. Nosotros dijimos que
en esa película no participaríamos, por supuesto ayudaríamos como ayudamos en todo, incluso jurídicamente, para resolver esa situación, pero no directamente con gestionar la salida. Por desgracia, hay mucha gente que ha tenido que vender, porque no
puede sostenerlo, no hay manera de sostenerlo; y a los nuevos adquirentes la banca acostumbra a hacerles quitas, curiosamente. En cualquier caso, esa es una parte. Otra parte muy importante -si lo otro es una cuarta parte, estos dos, la mitad de
las plantas de España- han tenido que ser refinanciadas, ampliando plazos de financiación para ir soportando los pagos mensuales, lo cual provoca un enorme problema en la nueva revisión en el año 2020, un problemón que vamos a tener que afrontar en
ese momento e intentaremos pelear para que no suceda. Otra parte, como en todo colectivo, tendría forma de financiarlo por otro lado, incluso con fondos propios, y ha ido saliendo.


Me pregunta sobre lo que pienso de las subastas. Al margen de la cuestión que he explicado antes de que creo que, como dice la nueva directiva, haya un cupo que tiene que ser para la generación social, estoy encantado de que haya más
energías renovables en España, encantado, pero no de esta manera, esto es un disparate. Cuando se hicieron las subastas, hubo dos megasesiones en el Ministerio de Industria para explicar a los posibles licitadores cómo participar en estas, qué es
lo que había que hacer, porque era la primera vez que pasaba. Yo estuve allí, estuve en esas reuniones. Eran unas reuniones multitudinarias, recuerdo la primera en número -en la segunda me fui antes de que terminasen-, y de 26 preguntas que se
hicieron al terminar la jornada, 22 tenían que ver con cómo vender el activo antes de acabar la ejecución de la obra; antes de que saliese la subasta. Esto indica claramente que lo que se estaba subastando era un activo financiero. Es un
disparate. ¿Cuál es el problema? El problema es que para hacer el recorte de la reforma eléctrica se tuvo que cambiar el mecanismo de fijación de los precios porque si no era muy difícil meter el tajo que se metía. Entonces, ¿qué se hizo? Se
decidió no pagar por lo que se producía, sino por la potencia que tenías. Esto es una burrada sideral porque provoca problemas de eficiencia enormes, porque a ti no te importa producir mucho, lo que te importa es que te salga barata tu planta.
Bueno, pues ese error de diseño inicial de la reforma tuvo -inevitablemente, porque había que ser coherente, con el error inicial- que trasladarse a las subastas, y en las subastas se licitó la potencia al que más barato fuese capaz de construirla;
y encima se fijaba un precio marginal para todos ellos. ¿No será más eficiente subastar a qué precio eres capaz de venderme el kilovatio/hora, como pasa en el resto del mundo? Se diseñó mal y, de hecho, con total seguridad, sin ninguna duda, antes
de 2020 no estarán instalados todos los 8000 y fracción de megas subastados.


Me preguntaba por los retos de la transición energética. Como el presidente me está mirando con cara de que agilice un poco, le voy a dar traslado exclusivamente de otro documento del cual formo parte, como vicepresidente de la Fundación
Renovables que la semana pasada presentamos, en el cual hay un

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montón, un montón de medidas hacia la transición energética vinculándose también a la participación social en la transición energética que seguro, se lo digo a todos, que les va a resultar extraordinariamente interesante.


Me queda una pregunta para contestar al señor Capdevila con respecto a las plantas pequeñas en huertos grandes. No sé si le quedó contestado un poco con lo que explicaba antes. (El señor Capdevila i Esteve pronuncia palabras que no se
perciben).


Respecto al señor Martínez González, de lo que creo que no he hablado hasta ahora es del laudo, de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre el laudo, que creo que es lo único que no ha podido meterse en lo que he
contado hasta ahora. Los que nos dedicamos al Derecho relacionado con la energía, la primera circunstancia que nos sorprendió fue cuando empezaron los arbitrajes contra España, y la Comisión Europea, con el nuevo recién llegado comisario, se
presentó en todos los arbitrajes con una figura jurídica muy particular, que se llama la amicus curiae, que es, digamos, el hombre de buena fe que llega allí a participar en ese litigio arbitral para decantarse de alguna manera -esto es hablando de
la Comisión Europea-, y esto pasó. Ese fue un síntoma que me consta que a los fondos de inversión incomodó, pero bueno, fuera como fuese, el desarrollo de lo que iba a pasar más o menos se preveía, y efectivamente se intentó contingentar todo lo
que se pudo por parte de la Administración. En este caso, se intentó contingentar trayendo, esforzándose en un proceso -como fue la sentencia que se falló el otro día- en que el tribunal dijese que no podía acudirse a un convenio internacional
arbitral entre dos países de la Unión cuando había un derecho comunitario que vinculaba a estos dos países también de la Unión. Respecto a eso tengo muchas dudas, como las tenemos todos en el ámbito jurídico de la energía; tenemos muchas dudas
porque, para empezar, como muchos de ustedes sabrán, la propia Comisión está apostando denodadamente, tanto en el TTIP como en el CETA, por la instauración prácticamente a diario de convenios arbitrales de inversiones. Ahí está la primera
circunstancia particular. Dicho esto, un acuerdo internacional es una ley, la Carta de la Energía es una ley de aplicación directa en el Estado español. Mientras no haya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que diga que ese
acuerdo internacional es ilegal, se tiene que aplicar con total seguridad, sin ninguna duda. Si el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es capaz de decir que un acuerdo entre España y, por ejemplo, Arabia Saudí -que es el más cercano y más
peligroso que viene-, no puede ser aplicado porque el Tribunal de Justicia dice que tiene que ser el derecho europeo, tenemos un problema; tenemos un problema porque en realidad ya nada vale para nada. Mi opinión es que no va a suceder así, y mi
opinión es que lo que está haciendo el Gobierno de España -vamos a decir, legítimamente porque por supuesto tiene derecho a defenderse- es hacer lo posible por detener esa ola todo el tiempo que pueda, pero por desgracia, y digo por desgracia, la
ola viene.


Solo me queda el señor Herrero Bono. Usted ha contestado casi a todos sus compañeros en las preguntas que me hicieron a mí. Yo venía aquí a hablar de las dificultades de las barreras a la generación social que hay en este país, y usted
sobre eso no ha dicho ni una sola palabra. Quizá por eso todo lo que ha pasado. Quiero empezar diciendo algo que estoy seguro de que a muchos de los que me van a escuchar, por vía telemática, les ha hecho llagas. Me gustaría que, cuando pueda,
haga público un informe en el cual supuestamente los fotovoltaicos tenían un 25 % de rentabilidad. Le voy a contar una cosa: en el Tribunal Supremo, cuando se dieron los primeros recortes, siendo ministro el señor Sebastián, la Abogacía del Estado
solicitó un informe pericial judicial -no de parte, sino judicial-, por el cual aleatoriamente debería establecer cinco plantas, -de las 20.000 que recurrieron más o menos- y evaluase la rentabilidad de esas instalaciones. -Esto entre el Tribunal
Supremo, Sala tercera, y la Abogacía del Estado-. Y esa pericial judicial que no presentó ningún productor fotovoltaico, sino la Administración, estableció que la rentabilidad de las instalaciones antes del recorte oscilaban entre el 6 y el 8,5 %,
en las cinco aleatoriamente; quizá porque a lo mejor el IDAE, en los papeles fantásticos de, El sol puede ser suyo, que comentaba antes, también identificaba que los proyectos base se establecían sobre una rentabilidad en torno al 7 %, o igual que
la memoria económica del Real Decreto 661 e incluso del Real Decreto 436, cuyo cumpleaños de elaboración fue la semana pasada. -Fíjese usted, la sociedad que tengo yo, la promoción en la que participo yo, se desarrolló porque me había gustado la
normativa del 436, que era del PP-.


Quiero recordarle que el 25 % que usted dice es falso; es falso, pero no porque lo diga yo; lo puedo decir yo porque no conozco a ningún fotovoltaico, y conozco a muchos, que tenga una rentabilidad del 25 %. Pero es que cuando lo quiso
evaluar el Tribunal Supremo le salió entre el 6 y el 8. Es importante empezar por esto.

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Usted me habla del déficit de tarifa, y sucede que el déficit de tarifa, cualquiera que se informe sabrá que empezó más o menos en el año 2005. Que le quiera achacar a la fotovoltaica el déficit de tarifa que, como usted sabe, apareció de
forma masiva en el año 2008... Hombre, no le voy a poner en cuestión que de alguna manera el incremento de la retribución a las nuevas instalaciones fotovoltaicas incrementara los costes, claro que no. No obstante, echo de menos en usted, y en
alguno más, que de alguna manera identifique que aquella situación también provocó que hoy tengamos tanta producción renovable como usted ha dicho hace un momento. Pero no sé si es interesante que se ponga medallas sobre ese particular cuando la
primera norma energética de su Gobierno fue la moratoria renovable de la Ley 1/2012, y entretanto nos encontramos con prospecciones petrolíferas, profusión del fracking, del gas. Y lo más importante de todo, que intentaba avanzar un poco antes,
pues claro que podría haber habido retoques en la situación para arrimar el hombro, como todos; pero es que nunca nadie quiso que nosotros participásemos en esa negociación, nunca nadie. Claro, que me diga que ustedes intentaron que se acabasen
los beneficios caídos del cielo, los windfall profits, entonces es que usted y yo le damos un significado diferente a lo que significan, porque en realidad, en la teoría energética vienen de la fijación de los precios marginales de la gran
hidráulica, y creo que eso no lo han tocado ustedes.


Quiero decir una cosa. Ayer mismo, el comisario Cañete y el presidente de la Xunta y varios políticos más, de mucho renombre, participaron en mi pueblo, que es Lugo, en la puesta en funcionamiento de una nueva sede de una estupenda empresa
de energía renovable, fundamentalmente eólica, pero también tiene solar. Y fíjese usted, montó una instalación enorme, grandísima, puntera en el mundo, autosuficiente completamente, y se desconectó de la red. Hombre, yo creo que si la normativa
del autoconsumo no fuese como es en España, perfectamente podría suceder que no estuviese descolgada de la red y que pagase también parte de los costes asociados. ¡Claro!, si fuese una regulación prudente.


Termino con su última pregunta. En el año 2006, no había venido todavía ese decreto que dice usted del señor Zapatero, nos juntamos 46 familias gallegas para desarrollar una planta solar, y la hicimos entre todos. Se puso en funcionamiento
en el año 2008 finalmente, hipotecamos nuestros bienes hasta formas que ni siquiera usted se podría imaginar, y mire, por ser explícito, desde el año 2008 hasta hoy, le juro por mis hijos que no hemos recibido ni un céntimo, y gracias a eso todavía
no tenemos que vender la planta. No sé si esto es suficientemente descriptivo para usted.


Presidente, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Castro.


Suspendemos unos momentos para hacer el cambio de compareciente. (Pausa).


- DEL SEÑOR GARCÍA ORTEGA (EXPERTO EN ENERGÍAS RENOVABLES DE GREENPEACE ESPAÑA), PARA INFORMAR SOBRE LAS POSIBLES COMBINACIONES DE SISTEMAS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA BASADOS EN FUENTES RENOVABLES. A PETICIÓN DEL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL
DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 219/001066).


El señor PRESIDENTE: Reanudamos la sesión con la segunda comparecencia de hoy, de don José Luis García Ortega, experto en energías renovables de Greenpeace España para informar sobre las posibles combinaciones de sistemas de generación
eléctricos basados en fuentes renovables.


Sin más dilación, le doy la palabra al señor García Ortega para que haga la exposición que tiene asignada.


Gracias.


El señor GARCÍA ORTEGA (Experto en energías renovables de Greenpeace España): Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días y muchas gracias por su interés. Lo que voy a contarles es de toda actualidad porque acabamos de presentar la semana pasada el informe que les voy a comentar: Único sentido. 2025 sin carbón ni energía nuclear. Con este
informe Greenpeace demuestra que es viable en 2025 cerrar todas las centrales nucleares y térmicas de carbón. Es decir, afrontamos una cuestión que está muy en debate actualmente, y derribamos un mito bastante consolidado hasta ahora, que es que
parece que había que optar por mantener o las energías nucleares o las de carbón, pero que no se podía acometer el cierre simultáneo de ambas. La situación de España requiere que los dos se consideren simultáneamente. No es cierto, como vamos a
ver, que para acometer un cierre nuclear haya que renunciar al cierre del carbón,

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y viceversa: no es cierto que para acometer el cierre del carbón haya que mantener las centrales nucleares. Y vamos a ver los motivos del porqué de estas afirmaciones.


El estudio que les voy a comentar ha sido encargado por Greenpeace al Instituto de Investigación Tecnológica, de la Universidad de Comillas, que, como ustedes sabrán es una de las instituciones de máximo prestigio en España en análisis de
sistemas eléctricos, y que normalmente trabajan con todas las grandes empresas del sector.


El motivo por el cual acometemos este trabajo es porque hay un marco de referencia que no podemos eludir, que es el del cambio climático, es decir, estamos afrontando un cambio climático de gravísimas consecuencias, que podemos ver ya en
España, pero estas no son sino las primeras señales de algo mucho más grave que está por venir si no hacemos nada por evitarlo. Por dar algún dato, el año 2017 fue el más cálido en España, el segundo mayor a nivel mundial, y en España fue el
segundo más seco desde que se tienen registros. Mientras transcurría la comparecencia anterior, estaba leyendo que hoy mismo se ha publicado un informe del Banco Mundial -el Banco Mundial, no ninguna entidad anticapitalista-, del Banco Mundial, que
dice que por el camino que vamos veremos el desplazamiento forzado de 140 millones de personas -repito, 140 millones de personas- que se verán forzadas a desplazarse, a migrar, por culpa del cambio climático en 2050, si no hacemos nada para
evitarlo.


Señores, esta es una crisis humanitaria muy seria la que estamos afrontando, pero no es algo que yo diga, es que los representantes de todos los Gobiernos ya han acordado hacer frente, y firmaron el Acuerdo de París, que establece como
objetivo que las temperaturas medias mundiales tienen que quedarse muy por debajo de 2 grados centígrados, y hacer todo lo posible para que el aumento de temperatura no sobrepase 1,5 grados. Hay consenso generalizado de qué son los sistemas
energéticos y, en especial, los países desarrollados son los que tienen que tomar la iniciativa en esa transición. Estamos ya en una transición hacia sistemas que eviten ese problema del cambio climático para cumplir los objetivos del Acuerdo de
París. Ese es el contexto climático.


Hay otro contexto en el cual presentamos este informe, que es el contexto del debate político, que es consecuencia del anterior. En toda Europa, como pueden ver en el mapa, España es una anomalía y tiene que dejar de serlo. Lo que ven en
ese mapa son los compromisos en vigor respecto al carbón. Los países que están en verde o no utilizan carbón para generación de energía o han puesto ya un plazo para su abandono. Los países que están en azul lo tienen ahora mismo en discusión.
Alemania lo tiene como parte del acuerdo de gobierno que acaban de cerrar. Los países que están en rojo no consideran en abandono del carbón. Como pueden ustedes ver es increíble que España sea el único país de Europa occidental sin compromiso y
ni siquiera debate oficial sobre el abandono del carbón. Somos una anomalía y debemos dejar de serlo. Algo parecido pasa con la energía nuclear. Más de la mitad de los países europeos o no tienen o han decidido abandonar la energía nuclear. Por
tanto, es un debate que está en marcha en toda Europa. En los países cuyo mix energético descansa sobre el carbón el debate está en el carbón, en aquellos cuyo mix energético descansa sobre energía nuclear el debate está en la energía nuclear, y en
aquellos en los que ambas energías tienen un peso significativo, como es el caso de España, el debate ineludible es sobre las dos a la vez. En este marco es en el que surge la iniciativa de la Unión Europea. El paquete de invierno, que es el que
está ahora mismo sometido a discusión entre Comisión, Parlamento y Consejo, establece toda una serie de iniciativas para acelerar esta transición energética, porque toma consciencia de que los objetivos que tiene actualmente en la Unión Europea no
son suficientes para hacer frente al problema del cambio climático y a los compromisos del acuerdo de París, y de ese paquete de invierno se va a derivar la obligación de presentar planes integrados de energía y clima por parte de cada país, en los
que habrá que decir qué vamos a hacer con el carbón, qué vamos a hacer con cada una de las fuentes de energía, qué vamos a hacer con las renovables, etcétera. Además, para completar el marco político, el Gobierno ha anunciado repetidamente la
presentación de una ley de cambio climático y transición energética. Bien, pues ese es el marco en el cual tiene que ubicarse esto de lo que estamos hablando.


¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Parece que ya hay un acuerdo bastante generalizado sobre que en el largo plazo el sistema hacia el que nos encaminamos ha de ser cien por cien renovable. La cuestión es cómo y cuándo lo queremos alcanzar.
Pero llegar aquí no ha sido un camino fácil. Cuando Greenpeace presentó su primer estudio, en 2005, analizando el potencial de las energías renovables y sacó como conclusión que podían producir en España más de 56 veces la demanda de electricidad
proyectada en 2050, muchos se llevaron las manos a la cabeza o nos miraron con asombro. Cuando en 2007 publicamos el siguiente estudio demostrando la viabilidad técnica de suministrar hora a hora la demanda eléctrica al cien por cien con energías
renovables exclusivamente, muchos también se llevaron las manos

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a la cabeza. Hoy incluso los más acérrimos detractores de las renovables dan por hecho que ahí vamos a estar y que es el único sitio donde podemos estar en 2050.


Dimos otro paso más con el estudio Energía 3.0, en el que abordamos el sistema energético en su totalidad, no solamente la electricidad. Esto es muy importante, porque la electricidad es una parte, pero la energía es mucho más que la
electricidad. En ese estudio se concluyó que gracias a la electrificación, a la eficiencia energética y a las tecnologías inteligentes es técnicamente viable y resultaría mucho más favorable desde los puntos de vista técnico, económico y ambiental
un sistema cien por cien renovable para todo el sistema energético.


Una vez establecido el horizonte de largo plazo, empezamos a acometer estudios que nos diesen ciertas claves importantes para la transición. El estudio de la recuperación económica con renovables nos permitió identificar el potencial de esa
transición, en la que se vio que se podían crear más de 3 millones de empleos, gracias a las inversiones en energías renovables, y un ahorro económico para los consumidores de un 34 % en la factura energética en los próximos quince años. Es
curioso, porque luego nos han informado de estudios que están acometiendo empresas del sector que confirman estos datos. Bienvenidos sean. El más reciente que hicimos fue sobre el inevitable cierre nuclear, en el que se identificó, aparte del
enorme agujero que tiene Enresa para acometer no ya el desmantelamiento sino la gestión de los residuos en el larguísimo plazo en el que serán peligrosos, que el desmantelamiento nuclear no es una carga sino que es una oportunidad que generaría cien
mil puestos de trabajo.


Bien, pues con todos esos antecedentes llegamos al estudio que traigo hoy y que les hemos facilitado, que es cómo acometer un programa de cierre de carbón y nuclear. Partimos de que la opinión pública lo quiere. Las encuestas más recientes
muestran que un 62 % de la población apoya el cierre del carbón y un 72 % del cierre de la nuclear. Es decir, la opinión pública lo dice bien claro, pero es que las empresas del sector también lo están diciendo: Señores, en estas circunstancias no
es rentable mantener la operación de estas centrales. Nuestro planteamiento era: Bien, no hay necesidad de que continúen funcionando más allá de 2025, porque las centrales nucleares, si no hacemos nada, se quedan sin licencia de operación en 2024
-la última se queda sin licencia de operación ese año- y darles nuevas licencias supone, como ya están diciendo sus operadores, que hay que cambiarles las condiciones económicas, porque en las actuales no son rentables, y por tanto querrán -y lo
están pidiendo- mejores condiciones económicas. ¿Quiénes pretenden que las paguen? Los consumidores.


Algo parecido pasa con el carbón. Lo están diciendo las operadoras. Hay unos límites obligatorios de emisiones que se aplican a todas las centrales y que entran en vigor en 2020. La mitad de las centrales de carbón ya han dicho: No
queremos continuar porque no nos trae cuenta hacer las inversiones. La otra mitad de centrales de carbón dicen: De momento invertiremos, pero no me pida usted que más allá de 2030, como muchísimo, siga funcionando, porque sé que van a venir,
porque están en el programa europeo, nuevos límites de emisión obligatorios y entonces ya jamás recuperaríamos tal inversión. También dicen otra cosa: si usted me lo paga... Ustedes son los que deciden sobre los ciudadanos, pero son los
ciudadanos, los consumidores los que tenemos que pagar eso. Es inadmisible. Lo ha dicho muy claro el comisario Arias Cañete: No se puede subvencionar el cumplimiento obligatorio de la norma. Por tanto, descartemos esa posibilidad por mucho que
la repitan hasta la saciedad los dueños de las centrales. Ese es el planteamiento de por qué no debemos llegar a ampliar la vida más allá de 2025. No obstante, necesitábamos la validación técnica, porque podría ocurrir que una circunstancia
política o ambiental fuese incompatible con la viabilidad técnica, y eso fue lo que nos llevó a encargar el estudio. Técnicamente, es posible prescindir de las nucleares y del carbón a la vez en 2025 y el estudio además acomete el año 2030, que es
otro de los horizontes que está en el debate.


¿Cómo se hizo el estudio? Se parte de la generación de escenarios. Se generan tres escenarios de demanda eléctrica. No les voy a marear con números, los tienen ustedes ahí delante, pero básicamente son los que todo el mundo está
manejando: una demanda muy moderada, que es quedarse prácticamente en el nivel que estamos, con un 0,2 de aumento; otra con un aumento del 1 % y otra con un aumento del 2 %. Más o menos todos los escenarios que se están manejando están en esta
horquilla de demanda eléctrica. Nosotros manejamos tres, lo cual cubre un amplio espectro de posibilidades.


En cuanto a la generación de energía eléctrica con tecnologías convencionales, también se manejan tres escenarios posibles: el primero, mantener las centrales que no han dicho que van a cerrar, de carbón y nucleares; el segundo, cerrar el
carbón pero mantener, no sé muy bien cómo, las nucleares; y un tercero, en el cual prescindiríamos de ambas, ni carbón ni nuclear, que es la tesis que nosotros proponíamos.

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En cuanto a la generación renovable, se proponen otros tres escenarios que no son especialmente ambiciosos. Uno, el que llamamos bajo, consiste en cumplir estrictamente lo que es obligatorio y está ahora mismo en vigor, que es que un 27 %
de la energía tiene que ser renovable en 2030. Eso es súper conservador, porque ahora mismo la propuesta que ha salido del Parlamento Europeo y de la propia Comisión supone elevar los objetivos y, por tanto, está en discusión. Es un escenario que
no es nada realista, pero está computado. Otro, el que llamamos renovable medio, supone simplemente adelantar ese cumplimiento y en vez de en 2030 llegar a él en 2025. Por último, el que llamamos alto, que tampoco es una cosa exagerada ni mucho
menos, es el que hemos defendido en el ámbito europeo, que supone que en 2030 un 45 % de la energía final proceda de fuentes renovables. Trasladado a demanda eléctrica, supondría un 65 % de generación eléctrica con renovables.


En resumen, tenemos tres escenarios de demanda, tres de generación convencional y tres de renovables. Cuando se cruzan, tres por tres por tres, son 27 escenarios, 27 escenarios para 2025 y otros tantos para 2030. Es mucha información de la
cual extraemos conclusiones. Por supuesto, no les voy a marear con los 27 más 27 casos posibles, pero sí les voy a comentar los datos más destacados.


El planteamiento es que hay que garantizar la seguridad de suministro, es decir, no podemos correr el riesgo de quedarnos sin luz, por decirlo vulgarmente, por conseguir unos objetivos. ¿Cómo garantizamos la seguridad de suministro? Para
ello, en el IIT se ha utilizado un modelo de despacho económico de la generación muy detallado -solamente disponen de esta capacidad de análisis en esta institución y en Red Eléctrica- para poder validar hora a hora el funcionamiento del sistema con
las distintas tecnologías. ¿Cómo se hace esto? Se sitúan -y esto es lo que hacen los técnicos, nosotros aquí no intervenimos- en el peor caso; el peor caso posible es el año más seco y el año de menos viento de la serie histórica. ¿Por qué?
Porque como se trata de ver si haría falta complementar el sistema con algo y hay que hacer inversiones, pues hay que hacerlas para el peor caso posible. Por eso se analiza ese peor extremo como input para los datos. ¿Cómo se hace esto? Primero
se calcula cómo funcionaría el sistema en 2025 en todos esos escenarios -en los que quitamos las nucleares y carbón, en los que no se lo quitamos, etcétera- y luego se calcula dónde aparecería, en qué momento, esa energía no suministrada, es decir,
dónde habría potencialmente déficit. Visto esto, se hace un análisis de sensibilidad basado en la flexibilidad; la clave para que funcione el sistema, sobre todo según van entrando más energías renovables, es que sea muy flexible, mucho más de lo
que es en la actualidad. Entonces se computan distintas soluciones de flexibilidad: la gestión de la demanda, los vehículos eléctricos que hagan carga y descarga inteligente, las interconexiones internacionales, la energía hidráulica -con un nuevo
modo de operación, incrementando el bombeo- y la termosolar. Lo que se ve es que todas mejoran los resultados, pero que las únicas que permiten hacerlos viables completamente son la gestión de la demanda por sí sola y los vehículos eléctricos con
carga inteligente. Se calcula cada uno de ellos, no se calcula uno más uno más uno más, es decir, la suma de todos. Aunque no es sumable, el resultado sería mayor si se utilizasen todas estas soluciones, pero como no había capacidad de calcular
eso, se calcula de forma individual cada uno. Una vez calculado el resultado, con los instrumentos de flexibilidad se ve que efectivamente se hacen viables las soluciones y podríamos estar prescindiendo de carbón y nuclear. No obstante, como hay
que exigir un margen del 10 % en el caso peor posible y como son soluciones en las que todavía no hay mucha experiencia, se decidió hacer una segunda parte de estudio. Se dice: Vale. ¿Y si introducimos inversión adicional en generación de apoyo o
de respaldo? ¿Cómo cambian los resultados? Entonces se ve cómo en esos casos, con más facilidad, se hace viable el sistema, pero lo interesante aquí es que se cuantifica qué tenemos en cada caso.


Les voy a mostrar solamente cuatro casos de comparativas de resultados. En el primero estamos comparando los casos más extremos, es decir, un escenario, el que ven a su izquierda, en el que tenemos la demanda más contenida. Tenemos menor
demanda y mayor penetración de renovables en 2025 y hemos prescindido de carbón y nuclear. Ahí ven el mix resultante. A la derecha tienen el caso más distante de esos 27. En él mantenemos el carbón y la nuclear, la demanda nos ha subido un 2 % y
las renovables las hemos introducido en el menor grado de los previstos. Y lo que nos encontramos es que, siendo esos casos tan diferentes, el coste resultante, es decir, el coste total anualizado, prácticamente es el mismo. La diferencia es de
algo más de 100 frente a 10 000 que viene a costar. Prácticamente cuesta lo mismo. Con lo cual, aquí ya extraemos una primera conclusión: opciones muy distantes me están dando resultados tan parecidos que son casi clavados. La diferencia es el
1,8 %, irrelevante en costes.


Les voy a presentar otra comparativa. En este caso es un escenario en el cual estamos en igualdad de condiciones, porque alguien puede decir: es que en la comparativa anterior me está usted comparando

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cosas diferentes. Vamos a comparar las mismas, misma demanda energética, misma potencia renovable. Aquí sí vemos que hay una diferencia de costes, pero tampoco es una diferencia escandalosa. Como pueden ver ustedes, en la derecha está
marcado el coste total anualizado del escenario en el que mantenemos el carbón y nuclear. Son casi 9000 millones de euros, pero el otro está en 10 000 millones, es decir, estamos hablando de 1000 millones de diferencia, lo cual supone un 10 %. Por
tanto, no estamos concluyendo que prescindir de carbón y nuclear en igualdad de condiciones sea algo que sea gratis -tampoco es gratis lo contrario, claro, esa es la cuestión- sino que estamos acotando y mostrando los resultados en cuanto al impacto
económico por las inversiones que es necesario realizar eventualmente. Por tanto, como pueden ustedes ver, no son las cifras que hemos oído en medios de comunicación -que no están respaldadas por ningún informe público por parte del ministerio- en
cuanto a que cerrar nucleares y carbón sería poco menos que un grave problema económico. No es así, ni mucho menos.


Voy a mostrarles otra comparativa. Manteniéndonos en las mismas circunstancias -misma demanda energética y misma generación de renovables-, en vez de ponernos en un año extremo, que era lo que les mostraba en casos anteriores para ver
cuánta inversión haría falta, nos ponemos en un año normal, el año promedio; este es el que nos da la información de cuál es el impacto en emisiones, es decir, el promedio de los años es lo que nos da el impacto en emisiones. Vemos que las
emisiones se reducen enormemente en todos los casos, pero estamos en lo que ven a la izquierda, ambas en este caso son sin carbón ni nuclear. El de la izquierda es el mismo que les he mostrado antes, es decir, el caso extremo, y el de la derecha es
el caso de un año medio, normal. Como pueden ustedes ver ahí, las emisiones son de 12 millones de toneladas; claro, 12 millones de toneladas frente a las 70 o las 80 que puede tener un año normal en España, dependiendo del año hidráulico, es
realmente un desplome muy significativo. La diferencia que tendríamos respecto al mantenimiento de carbón y nuclear en emisiones es mínima también, es decir, estaríamos en una horquilla de 9 millones de toneladas arriba y abajo, con lo cual lo que
estamos viendo es que, sorprendentemente, lo que nos determina el impacto en emisiones no es lo que hagamos con carbón y nuclear sino cuántas renovables más metamos y cuánta demanda energética tengamos o dejemos que haya. Eso lo vemos un poco mejor
en esta última comparativa que les pongo. En ella vemos casos extremos contradictorios en este año promedio, es decir, cómo quedaría un año promedio si quitásemos la nuclear y el carbón, contuviésemos la demanda y maximizásemos las renovables,
frente al extremo contrario: no contenemos la demanda, aprovechamos lo mínimo las renovables y mantenemos carbón y nuclear. Como vemos, las emisiones resultantes en un caso, un año promedio, que es el que nos informa de las emisiones, en el caso
más desfavorable son 29 millones de toneladas y en el más favorable son 12 millones de toneladas. Es decir, entre opciones muy dispares lo mejor para reducir emisiones es aumentar renovables y reducir demanda, y podemos prescindir perfectamente de
carbón y nuclear sin que eso nos penalice en las emisiones, todo lo contrario, nos favorece. Lo que está en rojo es el coste técnico de operación del sistema, que también va ligado a un año medio, es decir, cuánto funcionaría. Otro detalle en el
que me gustaría que se fijasen, en la gráfica de la izquierda, es el porcentaje de cada tecnología. En este, que no hay ni carbón ni nuclear, tampoco hay gas de respaldo, es decir, no hay tecnología de respaldo. Esto quiere decir que aunque se
hubiese puesto en marcha alguna central para aquellos momentos de los años más desfavorables en que hubiese sido necesario recurrir eventualmente a ella, en un año normal no llega a funcionar nunca; en los casos extremos funcionan pocas horas, pero
en un año normal no llegan a funcionar nunca y, por tanto, su impacto en el coste de funcionamiento, en el coste de las emisiones es nulo.


¿Qué conclusiones extraemos del estudio? La principal es que técnicamente es viable sustituir la potencia nuclear y de carbón en 2025, ambas a la vez, y que, además, existen muchas opciones, que son las que muestra el estudio, con distintos
resultados económicos y de emisiones pero con pequeñas diferencias entre ellas, pequeñas diferencias que no permiten apoyarse en ellas para tomar una decisión política. La decisión política que hay que tomar sobre qué hacer con las nucleares y con
el carbón hay que tomarla conociendo los datos económicos y los datos de emisiones, que son los que les ponemos sobre la mesa con este estudio. Una vez conocidos, tenemos que tomar la decisión, efectivamente, pero esta no viene condicionada por
esos resultados, porque las diferencias son pequeñas. También concluimos que la seguridad de suministro está totalmente garantizada en todos los casos, luego tampoco depende de la decisión que tomemos. Es falso decir que las tenemos que mantener
por seguridad de suministro. No es cierto; podemos hacer que el sistema tenga la misma seguridad de suministro, tanto si dejamos como si no dejamos el carbón y la nuclear.

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¿Claves fundamentales para esta transición y para obtener los mejores resultados? La demanda de electricidad y las renovables. Cuanto menor sea el aumento de la demanda y cuanto mayor sea la instalación de energías renovables, mejores
resultados obtenemos. La retirada de carbón supone, lógicamente, un ahorro de emisiones de CO2 para el sistema y tiene un coste, pero el coste disminuye según los escenarios van teniendo menor demanda energética y mayor penetración de renovables;
de nuevo vemos que a menos demanda y a más renovables menos coste resultante. Pero es que incluso a 40 euros la tonelada de CO2 ya se nos iría completamente el carbón del sistema. Los cálculos que se han hecho han sido muy conservadores. Los
cálculos que he presentado de año extremo están calculados al precio actual del CO2, es decir, a 8 euros la tonelada. Lógicamente, sabemos que eso no va a ser así y las instituciones europeas no quieren que sea así. Respecto a las nucleares, el
cierre ordenado de las nucleares en 2025... Por cierto, hay que ver las vueltas que puede dar la terminología. Hay algunos que están capturando la terminología 'cierre ordenado' como eufemismo de 'ampliación de vida', lo que no deja de ser
increíble. Cuando nosotros hablamos de cierre ordenado nos referimos a que lo gestionamos desde los poderes públicos y lo hacemos en el horizonte 2025. Pues bien, el coste de este cierre ordenado de las nucleares en 2025 nos supone una horquilla
de entre 800 y 1200 millones de euros al año. Es un coste muy pequeño calculado con los costes totales del sistema. Además, no incluye cosas que no es posible incluir, como son todos los costes de la gestión de los residuos a largo plazo, el
agujero que tiene Enresa, todos los costes ambientales que supone el mantenimiento de unas u otras tecnologías, el coste de emisiones; más allá de esos ridículos 8 euros de la tonelada de CO2, el resto de gases de efecto invernadero, el resto de
gases contaminantes no está computado a efectos de coste.


Otra conclusión que se extrae es que, obviamente, en un año medio, es decir, un año en el que la disponibilidad de agua y de viento sea la promedio, los costes absolutos de operación y de emisiones, como les he comentado, se reducen de forma
muy clara, y además aumenta el aprovechamiento de las energías renovables, es decir, lo que nos muestran los números es que si no prescindimos del carbón y de la nuclear, las renovables que se instalen tendrán menor funcionamiento, porque,
lógicamente, no hay horas disponibles para todo el mundo, con lo cual esas inversiones serán de dudosa rentabilidad y, por tanto, es menos probable que se ejecuten.


Había otra cuestión que quería comentar al hilo de los resultados, porque el debate está muy candente ahora mismo. Hemos oído en las noticias que el ministro, una vez ha fracasado su intento de regular por decreto el bloqueo al cierre de
centrales, lo quería traer a esta Cámara como proposición de ley para que se regule por ley. Los motivos por los cuales ese decreto era innecesario e indeseable, como hemos demostrado con este estudio, son los mismos por la vía del decreto, que ya
intentó, que si lo pretende tramitar como ley. No sabemos si llegará ni en qué condiciones llegará, pero nuestra recomendación es que tal pretensión de bloquear o dificultar el cierre de las centrales no sea tramitada o, en su caso, aprobada.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Ortega.


Intervendrá ahora el grupo parlamentario que ha solicitado la comparecencia, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. En primer lugar, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente. Quiero dar las gracias también al interviniente por la presentación de este informe que realmente arroja luz en un debate de absoluta actualidad.


He seguido la presentación de este informe desde sus inicios y me ha llamado la atención que las críticas que se han hecho al mismo más que dirigirse al contenido han tratado de matar al mensajero. En concreto me ha sorprendido escuchar
casi más críticas al IIT que al contenido del informe, lo cual no deja de llamar la atención cuando se trata de un instituto que elabora muchísima documentación, incluso para el Gobierno, para el Ministerio de Industria, y muy alejado desde luego de
planteamientos radicales o ecologistas.


Quiero felicitar a Greenpeace por la elaboración de este informe. El informe Renovables 100 %, presentado en el año 2007, fue duramente criticado en aquel momento, pero ha marcado un cambio de tendencia en lo que se refiere al debate
energético. Entonces nadie se salía de un debate sobre qué composición debería tener el mix con un poquito de lo mismo. Todo el mundo, todas las fuerzas políticas hablaban de un poco de nuclear, un poco de carbón, un poco de gas y un poco de
renovables. Ese

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informe descabalgó totalmente ese debate y hoy, paradójicamente, en esta misma Comisión -no sé si usted lo sabe- nadie cuestiona que vamos a un escenario cien por cien renovables; otra cosa son los ritmos y cómo hacerlo, porque en eso,
desde luego, como comentaré, estamos muy lejos de llegar a acuerdos y lo que percibimos es una profunda falta de voluntad política para avanzar hacia ese escenario que ustedes plantean. Digo esto porque en cada uno de los elementos que es necesario
abordar para la transición energética y que usted ha relatado de manera muy clara nos encontramos con realidades muy diferentes.


En lo relativo al tema nuclear, desgraciadamente, la posición dominante en este momento es el alargamiento de la vida de las centrales; es lo que pretende hacer la industria y lo que cuenta con el apoyo del Ministerio de Industria, del
señor Nadal, que no solamente es favorable a que las centrales nucleares continúen alargando su vida útil, sino que además, como usted ha dicho muy bien, ha anunciado la presentación de una proposición de ley para que ninguna central pueda cerrarse
sin su beneplácito; es decir, se convierte en el rey Sol del futuro de las centrales, o eso es lo que pretende. En esas circunstancias realmente poder avanzar hacia un modelo de transición energética es verdaderamente difícil. En lo que se
refiere a la gestión de la demanda, está completamente ausente de nuestro modelo energético, es decir, no se aplica, porque son otros los criterios que rigen la política energética. En cuanto al carbón, usted lo ha dicho muy bien, el 62 % de la
opinión pública es favorable a una salida del carbón y la Unión Europea ha dejado muy claro -y usted lo ha repetido también- que no se puede subvencionar el cumplimiento de la normativa. Por tanto, no nos queda otra que una salida ordenada del
carbón y de la nuclear, como usted ha planteado.


En el asunto de las renovables es donde verdaderamente la anomalía española llama más la atención, porque así como no tenemos otras fuentes de energía, sí tenemos mucho sol y mucho viento y, sin embargo, la industria y las energías
renovables -como hemos visto gracias al anterior compareciente y como ya sabíamos y se ha discutido en esta Comisión a menudo- sufren toda una serie de obstáculos permanentes que hacen que prácticamente desde hace una década en nuestro país no
puedan levantar cabeza. El último elemento, el más reciente, es la dificultad para el autoconsumo a través del impuesto al sol que nosotros hemos intentado reiteradamente eliminar, cambiar ese decreto, pero desgraciadamente no ha sido posible por
la coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos, que en otras cosas se pelean pero en esto están de acuerdo, en que el impuesto al sol al parecer no debe ir para adelante. No es el único elemento que impide el desarrollo de las energías
renovables, pero es el más visible.


En cuanto a la ley de cambio climático y transición energética, desgraciadamente vamos ya para año y medio desde que la ministra de Medio Ambiente anunció que íbamos a tener una ley de transición energética y cambio climático y a día de hoy
ni esta Comisión ni la Comisión de Cambio Climático de este Congreso de los Diputados han recibido ni siquiera un borrador de propuesta, lo cual es una demostración de que no hay voluntad política por parte de este Gobierno para afrontar el problema
más grave al que nos enfrentamos, que es el problema del cambio climático, ni tampoco para abordar una transición energética. Yo dudo de que el ministro de Industria tenga alguna voluntad, ni siquiera que entienda muy bien lo que significa
transición energética ni a dónde quiere ir, porque realmente a día de hoy no sabemos exactamente a dónde se dirige, más allá de lo que quiere hacer con las centrales térmicas y con las centrales nucleares, que es, básicamente, impedir el cierre de
las mismas. Claro, esta postura de impedir el cierre de cualquier central deja totalmente fuera de juego el futuro de las energías renovables, si no hay hueco no pueden entrar más energías renovables y, de hecho, ya, con la potencia que tenemos en
la actualidad en muchos momentos de alta producción renovable, ese conflicto existe. Es muy interesante la cuestión de los costes que se aborda en su informe porque aquí, en esta misma Comisión, hace solo unas semanas tuvimos la comparecencia del
ministro Nadal que nos dijo a todos, sin citar ninguna fuente, que el cierre del carbón iba a suponer un 15 % de aumento de la factura de la luz, y se quedó tan ancho. Se citaron como respuesta otros informes, no el suyo, que todavía no existía,
pero sí uno de la Universidad Carlos III, en el cual se desmonta esa teoría de que el cierre del carbón podría tener el más mínimo coste sobre la factura y, sin embargo, el ministro lo rechazó con bastante vehemencia.


En definitiva, creo que ustedes lo han dejado muy claro. ¿Es posible cerrar el carbón y las nucleares? Es posible. ¿Con seguridad del suministro? Con seguridad del suministro. ¿Tendría un coste significativo? No, no lo tendría.
¿Aumentarían las emisiones? No, de hecho las emisiones se reducirían. Por tanto, estamos ante una cuestión de pura voluntad política, es decir, no es un problema técnico el hacer esa transición energética, es un problema puramente político. Como
digo -y con esto termino-, desgraciadamente, por la situación ambiental y también por la propia situación de nuestro país, estamos

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perdiendo mucho tiempo porque no se está avanzando, no se está aprovechando una situación además de bajos costes del petróleo en este momento, porque en el momento en que el petróleo suba el impacto que eso va a tener sobre nuestra economía
va a ser brutal, y en vez de aprovechar este espacio para impulsar las energías renovables, para diseñar un plan de cierre ordenado de las nucleares y de las térmicas, lo que se está haciendo simplemente es perder el tiempo e impedir que esta
transición vaya adelante por falta de voluntad política del partido en el Gobierno. Así que no le voy a hacer ninguna pregunta, porque me parece que el informe ha sido muy claro. Le agradezco nuevamente su presentación y espero que este informe
sirva, igual que sirvió el Renovables 100 %, para abrir el debate y para poner en marcha una transición energética que en este momento está completamente paralizada.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.


Vamos a pasar a la intervención del resto de los grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.


La señora LUCIO CARRASCO: Doy la bienvenida al representante de Greenpeace y las gracias por el informe que han encargado ustedes a la Universidad de Comillas para ver cómo se aborda el escenario inmediato de transición energética, con las
premisas que ustedes defienden y que nosotros también compartimos en buena parte.


En primer lugar, quería poner en evidencia la situación en la que estamos ahora mismo a nivel nacional. A nivel internacional la mayor parte de los países están trabajando en el diseño de su transición energética. Las empresas españolas
han presentado en los últimos meses todos sus diseños de transición energética y sus planes estratégicos, las comunidades autónomas están legislando en materia de cambio climático y transición energética, a nivel local se está trabajando más por la
transición energética que a nivel nacional y, sin embargo, nuestro Gobierno está absolutamente paralizado en un tema de un valor estratégico importantísimo para la economía, y no solo para la economía sino que socialmente la transición energética va
a ser un cambio de modelo general. Es decir, estamos en este momento ante una parálisis de un Gobierno que intenta permanentemente legislar sin conocer cuál puede ser el escenario que tenemos por delante, está tratando de hacer unas legislaciones
en las que nadie está de acuerdo y, sin embargo, no está poniendo la suficiente fuerza, el suficiente interés y el suficiente ímpetu en que realmente tengamos un acuerdo de país medianamente consensuado en materia de transición energética.


Ustedes han presentado aquí hoy su informe, pero nosotros tenemos datos sobre otro informe que quería preguntarle si conocen, que es el modelo de simulación de la Universidad Carlos III -que también Juancho ha hecho referencia a él-, ya que
a nosotros nos dan escenarios de incremento del precio de la energía inferiores a los que da su propio informe. Es cierto que no tiene una limitación temporal como la que ustedes han planteado, pero tenemos datos -con ese informe- como, por
ejemplo, que el cierre de las nucleares podría aumentar el precio del pool en un 5 %, suponiendo que las empresas se comporten de forma competitiva, o en un 1,7 % si se supone que se comportan de forma estratégica, e incluso pujando a precios que en
ocasiones son superiores a los costes marginales, porque ese informe se fundamenta en que el precio lo van a marcar los ciclos combinados durante un tiempo, en un periodo de transición, que lógicamente no hará que esa subida sea tan grande.
Teniendo en cuenta, además, que el precio de la factura eléctrica es un 50 %, estamos hablando de unos incrementos en torno a un 2,5 % del precio, es decir, nuestro informe es mucho más optimista que el suyo o simplemente utiliza otros criterios, lo
cual creo que merecería la pena que conocieran y, si ya lo conocen, me gustaría saber su posición al respecto.


Lo que está claro es que el escenario que tenemos por delante, como decían inicialmente, es un escenario de modificación bastante radical de lo que es el modelo energético en el que el consumidor se va a convertir en una parte importante
porque va a haber que hacer gestión de la demanda, porque los consumidores van a poder producir también; estamos en un escenario, además, bastante difícil de fijar según qué cosas porque no sabemos cuál va a ser el precio del CO2 por ejemplo,
porque no sabemos tampoco el desarrollo tecnológico qué va a aportar a toda la transición energética, porque sabemos que va a ser necesaria una nueva fiscalidad, es decir, son muchas las incógnitas que hay, pero es cierto que todos, yo soy una firme
defensora de que tanto los grupos ecologistas como los grupos políticos, como las empresas, tenemos que trabajar conjuntamente para diseñar al menos esa transición de corto plazo, que sea suficientemente flexible para incorporar todas estas
incógnitas que ahora mismo he planteado; hay que ir dando pasos, y este informe que ustedes traen aquí es uno de ellos. Hoy, por ejemplo, también ha

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presentado su informe el Consejo Asesor para la Transición Ecológica de la Economía, del Partido Socialista; digamos que estamos todos presentando nuestros propios informes y simplemente con la duda, con la incógnita y con la tristeza de
ver que la voluntad del Gobierno no es la que tiene toda la sociedad en su conjunto.


Por mi parte nada más. Si me puede aclarar si conoce ese modelo sería interesante.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio Carrasco.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.


El señor TEN OLIVER: Señor García, muchísimas gracias por su exposición, creo que ha sido muy claro. La verdad es que el informe contiene afirmaciones muy interesantes. Todos sabemos que actualmente el parque nuclear español proporciona
aproximadamente el 20 % de la generación del sistema eléctrico, esas 7500 horas de funcionamiento, además tiene esa alta tasa de carga, operación y disponibilidad que representa ese 90 %. Ha hablado además de ese desplazamiento -usted lo comentaba-
forzado de 150 millones de personas por el cambio climático en 2050. Usted nos decía que somos la anomalía, España representa la anomalía en Europa de esa descarbonización y esa desnuclearización. Yo no voy a hacer como el señor López de Uralde,
le voy a hacer preguntas porque me interesa muchísimo su presencia aquí, su informe y lo que usted piensa. Por supuesto no voy a entrar en descalificaciones, solo quería recordarle el artículo 134.6 al señor López de Uralde por el tema del veto
constitucional. Evidentemente, desde luego nosotros no estamos a favor del impuesto al sol, pero voy a entrar directamente, insisto, a realizarle unas preguntas.


Nos ha comentado -y además en las conclusiones se ve- que hay estudios económicos, que se puede generar empleo, que además con esos escenarios sin nucleares, sin carbón, que usted ha contemplado, bajaríamos un porcentaje de la factura.
¿Cuál es el problema, señor García? Es decir, si las empresas energéticas podrían ganar dinero con las energías renovables, si se demuestra que es rentable, si se demuestra que cumplimos criterios medioambientales, el tema del Acuerdo de París, si
se demuestra además que la energía nuclear no es rentable, es decir, que se está proponiendo el cierre de las centrales nucleares, me gustaría saber su opinión personal, ¿cuál es el problema? ¿Suplir la producción de energía eléctrica? ¿Usted cree
que se podría suplir sin una ley de transición energética? Nos ha hablado además de que las inversiones serían muy similares para garantizar ese objetivo. La pregunta es: ¿usted piensa que el coste final de esta inversión lo va a asumir el
consumidor? Si es así, ¿cuánto le implicaría en la factura? No hemos hablado de interconexiones eléctricas y me gustaría saber su opinión en cuanto a si es aconsejable aumentar esas interconexiones eléctricas y si eso va a suponer un aumento del
coste de la factura eléctrica. Hablamos también de que el gran problema de las nucleares es el problema de la gestión del combustible gastado. Usted, en sus conclusiones, nos indica el cierre programado de las centrales nucleares, ¿usted cree que
Enresa está capacitada para el cierre regulado, ese cierre de las centrales nucleares? Y si no es así, ¿qué le faltaría a Enresa? Por otra parte, en la anterior comparecencia, el secretario de Anpier, el señor Castro-Gil, hacía una referencia a la
dramática planificación energética; por supuesto, mi Grupo Parlamentario Ciudadanos también lo piensa así, ni el Partido Socialista ni el Partido Popular lo han realizado. La pregunta es: ¿usted piensa que el Gobierno es capaz de encontrar un
acuerdo en este momento? Llevamos, ni que decir tiene, seis meses de retraso, por ejemplo, de aportaciones de un presupuesto y la verdad es que nosotros en este caso no somos muy positivos. Mi pregunta es: ¿usted cree que el Gobierno tiene
intención realmente de llegar a un acuerdo de planificación energética y resolver este problema? Por otro lado, ¿usted cree que los organismos reguladores han influido negativamente en la toma de decisiones en estos años? ¿Usted cree que los
organismos reguladores, como el Consejo de Seguridad Nuclear o la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia están politizados y eso ha influido negativamente? Para terminar, quiero darle las gracias; nos ha explicado además la complejidad
de esos veintisiete escenarios. Quería decirle que en su informe habla de que en todo caso seguiría siendo necesario invertir en la nueva generación de respaldo en casi todos los escenarios y, por supuesto, sería necesario un estudio detallado para
evaluar bien las consecuencias en esta opción. Yo le pregunto: ¿hay muchos más estudios que afirmen todas esas conclusiones? ¿Había estudios anteriores al IIT de la Universidad Pontificia con estas conclusiones? ¿Se podían haber hecho estos
estudios mucho antes?


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.


Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente. Gracias a don José Luis García Ortega por su exposición. Le anticipo que desde mi grupo parlamentario tenemos la intención de mantener encuentros tanto con usted como con su equipo para
profundizar en el análisis del documento que hoy hemos tenido la oportunidad de conocer de primera mano.


Se está convirtiendo en una invariante matemática que cada vez que aquí se trata un asunto la derivada final siempre es: el PP tiene la culpa de todo. No sé si usted se ha dado cuenta; para usted es la primera ocasión, pero para mí,
imagínese, en todas las comisiones es exactamente igual. Da igual el tema que se trate, da igual cuál sea la exposición, la conclusión siempre es la misma. Me parece que no merece usted que yo dedique mi intervención a formular acusaciones o
réplicas a mis compañeros porque no es el motivo, en absoluto, de su comparecencia.


Quiero decirle que en el Grupo Parlamentario Popular compartimos absolutamente los fundamentos últimos que usted ha expresado y que creo que comparten el resto de grupos parlamentarios. Es decir, cuando el Acuerdo de París y su documento
final se firma en Nueva York, lo hace la vicepresidenta del Gobierno que milita en mi formación política, como usted bien sabe, y este Congreso de los Diputados aprobó la convalidación de ese acuerdo a la mayor celeridad posible. Por tanto, todo lo
relacionado con la reducción de emisiones y la expansión y crecimiento de la energía renovable, así como la eficiencia energética, son compromisos que compartimos unánimemente todos los miembros de esta Cámara. La diferencia, y usted lo aventuraba
en su intervención en el día de hoy, está en la velocidad, y es un asunto en el que, efectivamente, no le oculto que existen importantes discrepancias.


En cuanto al objetivo 2050, es obvio que ese objetivo constituye el cien por cien renovables, muy parecido a la idea que plantea la propia Unión Europea con un 80 % de descarbonización, es decir, el hecho de que vayamos a una economía
hipocarbónica, esto creo que tampoco es discutible. Decía el señor López de Uralde que no se discuten ya algunos planteamientos, tampoco se discute en esta casa, cuando hablamos en el ámbito estricto de la propia ponencia del Consejo de Seguridad
Nuclear, que un cierre inmediato de las centrales nucleares es irrealizable, eso tampoco se discute cuando estamos, insisto, en la ponencia tratando estos temas con técnicos tanto de Red Eléctrica o del Consejo de Seguridad Nuclear en la medida en
la que puede suponer, a nuestro juicio, un problema de garantía de suministro, digo el cierre inmediato como se planteaba también antiguamente.


Decía el señor López de Uralde que estamos perdiendo el tiempo en España. Yo creo que perder el tiempo no, el porcentaje y peso que tiene nuestro país en este momento en la generación renovable es con mucho de los más elevados de toda la
Unión Europea y, por tanto, creo que esta idea de estar continuamente fustigándonos y transmitiendo a la sociedad que no se apuesta por la energía renovable en España no responde a la realidad, ni responde a la realidad pasada ni mucho menos a la
presente, porque usted bien sabe que tanto la celebración de la subasta del año pasado, en la que hay 8000 megavatios nuevos que se van a poder instalar tanto de energía eólica como fotovoltaica, como la reciente noticia de prácticamente 20 000
millones de euros en proyectos fotovoltaicos que están sobre la mesa en el ministerio, habla bien a las claras de que los inversores se fían de este país y de que en este país se puede crecer aun más en desarrollo renovable, incluso además teniendo
la fortuna para el resto de consumidores de que no afectará en ningún caso a la factura eléctrica.


No venía con unas notas preparadas, le he escuchado y he ido tomando anotaciones acerca de lo que iba usted planteando. Dice que la garantía de suministro en los dos escenarios que planteaba es posible a través fundamentalmente de la
gestión de la demanda y del vehículo eléctrico. Usted ha puesto un horizonte de 2025. Con el volumen actual de vehículos eléctricos que tenemos en España, a mí se me alcanza complicado que el vehículo eléctrico tenga esa profundidad, porque
estamos hablando de siete años. Luego hablaba de la gestión de la demanda. Es verdad que hemos conseguido que se profundice en la eficiencia energética -perdón por la nota publicitaria- gracias fundamentalmente al Fondo Nacional de Eficiencia
Energética que constituyó este Gobierno, que con más de 200 millones de euros está permitiendo que esa eficiencia se haga realidad. A mí esos dos factores me parecen insuficientes para poder garantizar veinticuatro horas, siete días a la semana, el
suministro eléctrico a todos los españoles, que es a fin de cuentas, y lo digo muchas veces en esta Comisión, el objetivo último de cualquier gobernante, sea del partido que sea, a la hora de permitir que esa energía eléctrica suponga la palanca de
transformación y crecimiento para nuestro país. Esta es la primera idea que le quería lanzar. Por otro

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lado, ha habido poca referencia al almacenamiento. Creo que esto es importante destacarlo. En el mapa que usted, su equipo y la Universidad que ha avalado el documento, que me merece todo el respeto, ha presentado, no veo muy bien cuál es
la dimensión que usted le va a dar al almacenamiento; me gustaría saber qué piensan, qué volumen va a tener y cómo lo van a configurar.


Ha hecho referencia a los países que utilizan como tecnología de respaldo el carbón y ha excluido a Alemania, cosa que me ha sorprendido teniendo en cuenta que el 40 % de la generación eléctrica en Alemania proviene del carbón. Digo esto
porque nosotros no es que apostemos por una u otra tecnología, y ahora miro al resto de mis compañeros, nunca me ha parecido positivo que ningún miembro de ninguna formación política se atribuya la titularidad de ninguna tecnología, sería bastante
absurdo aunque lo hayamos escuchado en esta Cámara y en los debates políticos en general, lo cierto es que nuestra obligación es garantizar el suministro a un precio que sea razonable y competitivo.


Creo que ha sido el señor López de Uralde el que hablaba del rey Sol. No pretendemos que sea el Gobierno quien tome la decisión última de cierre o no cierre, lo que pretendemos es que el cierre o no cierre de una central, ya sea nuclear o
de carbón, no traiga consigo crecimiento de emisiones, en el caso de cierre de la energía nuclear; no olvidemos que el 20 % de la generación eléctrica en nuestro país depende de la energía nuclear, que no tiene emisiones de CO2, como usted bien
sabe. Por tanto, en qué medida el cierre nuclear supone un incremento de emisiones al necesitar una tecnología de respaldo en paralelo, y de igual forma el cierre nuclear cómo puede afectar al precio de la factura eléctrica de todos los españoles.
Es muy importante que cuando hablemos de política energética no nos olvidemos de los costes, porque cuando los costes se olvidan llegan los déficits y los déficits, como todos ustedes saben, todos los que están en esta casa, los pagamos entre todos
y no viene ningún hada mágica a pagarlos; se paga en la factura y eso trae consigo que la factura eléctrica sea tan cara en nuestro país. Por eso digo que es curioso siempre no oír decir a los que demandan una bajada de la factura cómo se hace y
ni siquiera todavía plantear qué errores cometieron en su política energética que nos llevaron a la situación en la que nos encontramos hoy.


Me han sorprendido -y es la única apelación que hago a otro compañero- las dudas acerca de la capacidad de Enresa que ha planteado el Grupo Ciudadanos. Esto abre un nuevo escenario que me ha dejado inquieto; si ya hay grupos parlamentarios
que dudan de la capacidad de Enresa, vamos a intentar, en la medida de lo posible, mejorar ese tema, porque, claro, si ya tenemos dudas acerca de la capacidad que tiene una de las mejores compañías del mundo, tanto en desmantelamiento como en
gestión del combustible, del trabajo que realiza, creo que ha habido ahí, a mi juicio, un error.


Dice usted que la opinión pública está a favor del cierre de la energía nuclear y de las centrales de carbón. Eso seguro de que también es verdad, pero seguro que también la opinión pública quiere recibir energía eléctrica veinticuatro
horas, siete días a la semana y a un precio que sea razonable. Y esa es la obligación que nos hemos atribuido, y por eso estamos intentando desarrollar las políticas que usted conoce tanto por parte de mi grupo parlamentario como por el Gobierno,
en ningún caso por favorecer una tecnología frente a otra, sino por los principios que he dicho antes: garantía de suministro, precio y emisiones. Y ese puzle entendemos que no tiene una solución tan rápida como la que usted nos ha planteado en el
día de hoy porque, ya digo, me parece que es insuficiente la gestión de la demanda y el vehículo eléctrico o el almacenamiento, que no ha mencionado, para dar respuesta a la garantía del suministro, la tecnología de respaldo que actualmente prestan
gas, carbón y energía nuclear.


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor MARISCAL ANAYA: Concluyo.


Insisto en que tengo mucho interés en que mi grupo parlamentario pueda mantener con su equipo y usted una reunión a la mayor brevedad posible para analizar en profundidad este documento que, sin duda alguna, tiene en los comentarios finales
-los estoy leyendo de nuevo- muchos puntos de acuerdo con mi grupo parlamentario, el problema es de velocidad y de entender que el bienestar y el interés general debe estar por encima de la ideología que podamos tener unos y otros acerca de la
materia que nos ocupa hoy. (Aplausos.-El señor Ten Oliver pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mariscal.


Señor Ten.

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El señor TEN OLIVER: Solo quería aclarar una pregunta que he formulado porque creo que se ha producido un malentendido por parte del portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Simplemente le estaba preguntando al señor García si con el
escenario del cierre ordenado usted veía que Enresa era capaz de poder desmantelar todas las centrales nucleares tal cual usted planteaba ese cierre.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten.


Para responder a todas las preguntas planteadas, tiene la palabra el compareciente, señor García Ortega.


El señor GARCÍA ORTEGA (Experto en energías renovables de Greenpeace España): Voy a intentar responder a todas las preguntas, que han sido bastantes.


En cuanto al estudio de la Universidad Carlos III que me comentaba doña Pilar Lucio, no hay tantas diferencias, es decir, no me sorprende que salgan resultados de incremento de precios menor, porque el estudio que nosotros hemos encargado al
IIT es especialmente duro en las hipótesis y en el marco. Es decir, que una formación ecologista viniese con unas conclusiones más suaves, no sería llamativo para nadie, que Greenpeace venga con un marco tan exigente lo que hace es permitir validar
que, por supuesto, si hay otros estudios que tienen conclusiones más favorables aun, mejor que mejor; no hay discrepancia, porque los rangos en los que nos movemos son muy similares y esta es una cuestión de metodología. Simplemente por aclarar,
nuestro estudio lo que tiene como novedad -tiene varias- es que estamos exigiendo un cierre simultáneo de nuclear y de carbón, no estamos mirando solamente qué pasa con uno ignorando el otro, sino que estamos acometiendo los dos. Efectivamente,
está claro, por los estudios que hay, que solamente cerrar la nuclear trae beneficios o solamente cerrar el carbón trae beneficios. La dificultad era romper el tabú de si se pueden acometer los dos a vez. Nosotros mostramos que aunque tenga un
coste es suficientemente pequeño como para no impedir tomar esa decisión de acometerlo simultáneamente. Por tanto, no veo grandes diferencias en las conclusiones, es cuestión de que cada estudio tiene su distinta metodología. Ya que han hecho
alusión al tema de distintos estudios, estos días se están conociendo muchísimos estudios que han sido publicados en los últimos meses, pero con toda humildad les quería llamar la atención en que nos fijemos en la procedencia de los estudios y en la
solvencia técnica de los mismos. Primero, un estudio en el que no se hagan públicos los datos que se han incorporado, la metodología, sus hipótesis, no merece la misma consideración que uno que sea transparente, como el que yo les he presentado.
Segundo, un estudio de parte, no es sorprendente las conclusiones que traiga; nosotros no somos parte, nosotros no ganamos ni dejamos de ganar un duro ni un euro con que las conclusiones sean unas o sean otras; por supuesto tenemos nuestras
opiniones y nuestras posiciones, y por eso queríamos validarlas con el estudio, pero no es comparable a cuando viene una empresa que casualmente presenta un estudio que le justifica sus intereses económicos. No es comparable.


Comentaba el deseo de que tanto ecologistas como partidos como sociedad trabajemos juntos en diseñar la transición. Yo le agradezco y le tomo la palabra y le recuerdo que, lamentablemente, cuando se ha decidido la creación de una comisión
de expertos por parte del Gobierno se nos ha excluido, no hemos podido participar, a pesar de haber pedido explícitamente ser parte, porque creemos que tenemos solvencia técnica acreditada para participar en ese debate; hemos sido excluidos de esa
participación, así que espero que, como usted plantea, en el horizonte que se abre ahora sí que podamos, ya que hemos hecho público lo que somos capaces de aportar, incorporarnos a los debates que haya lugar en adelante.


Respecto a las preguntas que me hacía el representante de Ciudadanos, la pregunta magro es la pregunta del millón, cuál es el problema si efectivamente los datos nos muestran que acometer la transición es favorable y es mejor hacerlo ahora
que retrasarlo, cuál es el gran problema. Fíjese que la respuesta clásica habría sido y seguramente era cierta hasta hace poco, es que estamos condicionados por los intereses de las grandes empresas, el oligopolio, ha sido cierto hasta hace poco,
pero es que lo que está ocurriendo es que esas grandes empresas, que de hecho han bloqueado y han retrasado la transición energética durante mucho tiempo, ellas mismas han llegado a la conclusión de que seguir ahí es inviable, porque van a la
quiebra, pero no ya las españolas, en toda Europa; las alemanas, que están viviendo dentro de un país que está en una transición energética inmensa en marcha, han acometido en dos años dos reestructuraciones megagigantescas del propio sector porque
ven que no son capaces de hacer frente a esta ola que supone de cambios y a la velocidad a la que va, la velocidad -y también enlazo con lo que comentaba el señor Mariscal- no es una cuestión que la queramos imponer políticamente, no, es que viene,
es que está sucediendo en la transición a alta velocidad, y o somos

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capaces de tomar decisiones al ritmo de lo que está pasando o nos quedamos fuera de juego. El problema clásico era la oposición de los sectores industriales afianzados en el viejo modelo, ese problema no ha desaparecido, pero esos mismos
sectores, sobre todo el eléctrico, se han dado cuenta de que son inviables no ya sus ganancias sino su supervivencia manteniendo el modelo clásico, y por tanto reconocen que hace falta esa transición.


¿Qué pasa? Que cada uno la intenta plantear de acuerdo con sus intereses y sus ritmos, y es ahí donde tenemos que mirar cuál es el interés general de la sociedad. Por tanto, si hasta las grandes compañías han empezado a moverse de
posición, ¿cuál es el problema? Volvemos a la pregunta. El problema es ya de voluntad política, la herramienta, los datos técnicos los tenemos, no tenemos obstáculos técnicos que nos lo impidan, al revés, la tecnología nos favorece, con los costes
sucede lo mismo, la necesidad de hacer frente al cambio climático, es decir, todos los factores se alinean a favor y hasta los sectores industriales que clásicamente se resistían, empiezan a decir no, ya por aquel camino no voy, vamos a
reformularlo. Ahora estamos en una cuestión de voluntad política y por eso la gran conclusión que sacamos de nuestro estudio es que con los datos sobre la mesa, que es fundamental tenerlos, no podemos evitar que estamos ante una decisión política,
qué modelo queremos coger, el modelo al que va toda Europa, por no decir toda la humanidad porque realmente está pasando ahora mismo en India, está pasando en China, todo el mundo va en esa dirección, incluso Estados Unidos, a pesar de la política
contraria de la Casa Blanca, no ha dejado de ir en esta dirección. Es ineludible. Entonces o nos sumamos a ese tren o lo dejamos, es una decisión política, ese es el problema ahora mismo, que tengamos la voluntad política de acometer y tomar las
decisiones valientes que hay que tomar, no dejarlas para más adelante; ya las dejamos hace mucho tiempo diciendo ya vendrá, ya vendrá, pero ya ha llegado. Hay que decidir. ¿Les vamos a dar otra vez licencia para ampliar la vida de las nucleares
poniendo dinero sobre la mesa sacándola del bolsillo de los ciudadanos para que eso ocurra? ¿Con el carbón lo mismo? O decimos, vale ya, si esto no trae cuenta, vamos a tomar la decisión, vamos a dejar señales claras para que los que se juegan su
dinero sepan a qué atenerse; pues mire usted, dígamelo claro, que es lo que quieren oír, dígamelo claro, ¿qué quiere usted? ¿Quiere un país en el cual sepamos cuándo nos quitamos la nuclear, cuándo nos quitamos el carbón y sepamos en qué
invertimos y nos da usted un marco que nos dé certidumbre de que esas inversiones tienen sentido? ¡Díganmelo, por favor! Eso es lo que está pidiendo el mercado y, por supuesto, creo que es lo que la sociedad demanda.


Me hacían preguntas sobre si esto se puede hacer sin una ley de cambio climático y transición energética. Yo no digo que sea condición necesaria, pero al punto que hemos llegado y dada la magnitud que tiene la transición que necesitamos,
todos los países están acometiendo reformas de máximo nivel legal. Nosotros deberíamos hacerlo. En otro tiempo yo habría dicho que con leyes sectoriales podía ser suficiente, pero llegado este momento creo que es preferible un marco legal que nos
dé la máxima certidumbre y, sobre todo, con esas señales políticas de qué queremos como sociedad, veámoslo en una ley. Esperamos que esta ley se presente y que lo recoja. Ahora bien, si lo que nos acaban presentando es una ley de cambio climático
y transición energética que no diga nada, o sea que diga generalidades, para ese viaje no hacen falta alforjas, nos la podemos ahorrar. Por favor, que venga, pero que venga con contenido y con señales y objetivos claros.


Me preguntaba por el coste final al consumidor. El estudio que ya hicimos anteriormente sobre la transición energética ya nos concluía que el ahorro que supondría la transición hacia renovables en 2030 supondría un 34 % de ahorro a los
consumidores. Curiosamente, el otro día, presentando este estudio a una de las grandes empresas del sector, nos decía que los datos que ellos tienen dan el mismo resultado, lo cual demuestra que no hacemos tan mal las cosas. En este estudio
estamos haciendo un análisis de costes y los costes vemos que no hay grandes diferencias entre unos estudios y otros, como le he dicho, ¿cómo afecta eso al consumidor? De nuevo es una decisión política porque los costes los podemos trasladar al
consumidor presente o derivarlos al futuro, como se hizo cuando se inventó la aberración del déficit de tarifa, o incluso peor aún, dejárselo a las generaciones futuras o al resto del planeta cuando no internalizamos lo que nos cuesta contaminar o
lo que nos cuesta seguir generando residuos radiactivos que seguirá siendo peligroso en una escala de tiempo que va mucho más allá de la que existe la humanidad. No ha habido invento de la humanidad más pernicioso y más inmoral que generar algo
dañino y peligroso, que lo va a ser durante mucho más tiempo del que tenemos conciencia de que existimos, ese es el gran problema.


¿Cuánto trasladaremos al consumidor? Lo lógico es que todo se traslade porque al final si nadie lo paga no se va a hacer, esa es la cuestión. Vemos que la horquilla de costes de unas opciones a otras es

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suficientemente acotada y que se reduce cuanta más renovable metamos y cuanta más eficiencia metamos, esa es la señal clara, señores, vamos a intentar meter el máximo de renovables, favorecer claramente el ahorro y la eficiencia, y eso será
lo que nos beneficie a todos, que mantengamos las nucleares o mantengamos el carbón no es lo que nos va a hacer que evitemos coste ninguno; donde nos lo jugamos a nivel de bolsillo es cuántas renovables vamos a tener y cuánta demanda energética
vamos a tener. Actuemos sobre esto.


Me preguntaba sobre las interconexiones. No lo he comentado, pero está también en el estudio. Cuando se hacen los análisis de sensibilidad, una de las opciones que se valora es cómo afectan las interconexiones. Curiosamente, lo que se ve
es que no te dan la respuesta que buscábamos, la respuesta que se buscaba era cómo validar, cómo hacer viables los distintos escenarios con estas herramientas de flexibilidad, y aunque las interconexiones evidentemente ayudan, eso es indiscutible,
pero no es suficiente ni siquiera si se ejecutaran todas las que están planeadas para hacer viable ese tema. ¿Por qué? Sería un poco largo de explicar, pero fundamentalmente porque el acople que hay entre el sistema peninsular y el sistema europeo
a través de Francia no tiene suficiente diferencia como para cuando nosotros tenemos necesidad también al otro lado la tienen, con lo cual no me vale. La interconexión es fundamental, es imprescindible porque forma parte de un sistema integrado,
que es el que nos da la señal de frecuencia para estar perfectamente sincronizado el sistema peninsular y el sistema del resto de Europa. Aumentarlas te ayuda a gestionar el sistema pero no es la clave. Esta conclusión es importante porque una de
las cosas que ha venido diciendo el ministro no solamente en España, sino cuando ha ido a Europa a negociar era: No puedo asumir mayores objetivos de renovables mientras no me garanticen que me aumentan las interconexiones. Con este estudio hemos
demostrado que ese planteamiento es falso, no hay excusa para condicionar compromisos de renovables a tener interconexiones, si las tienes, estupendo, no hay ningún problema, ayudan, pero no me condicionan ni mucho menos el beneficio y por supuesto
la viabilidad de aumentar las renovables.


¿Enresa está capacitada? Técnicamente no discuto su capacidad técnica.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir concluyendo.


El señor GARCÍA ORTEGA (Experto en energías renovables de Greenpeace España): Son muchas las preguntas que me han planteado.


¿Qué le falta? El problema que tenemos, y es un grave problema, es de recursos económicos, es decir, el fondo disponible que se ha ido poniendo ahí para que se acometa el cierre, que es lo de menos, lo importante es la gestión de los
residuos radiactivos a largo plazo, está pensado para cuarenta años de vida, luego cualquiera que pretenda alargar la vida de las centrales nucleares que piense cuánto dinero adicional va a poner, porque el que estaba previsto era para cuarenta
años, y aun así es deficitario, solo tiene cubierto un 30 % más o menos, según el Tribunal de Cuentas, luego el problema es de recursos económicos para acometerlo. Es muy fácil hacer negocios con una tecnología que externaliza costes y dice que los
residuos los pagan ustedes; no, no, si todos los productores tuviesen que incorporar desde ya -y eso sí que es desde ya, debería ser- el coste completo de la gestión de los residuos, tenga usted claro cuál va a ser la respuesta: ahí tiene usted
las centrales, porque no hay quien pague eso y lo va a tener que asumir la sociedad, luego vamos a tener que poner mucho más dinero. Entonces paguemos primero la generación de residuos y luego digamos el dinero que hace falta. Si el Gobierno es
capaz de encontrar un acuerdo y tiene intención, lo tienen que responder ellos, yo no voy a entrar a valorar. Creo que es necesario que exista ese acuerdo, pero ese acuerdo no puede ser un acuerdo de mínimos, tiene que quedar claro el horizonte al
que tenemos que ir de cien por cien renovables.


La pregunta de los organismos reguladores es muy importante, sobre si están politizados, porque efectivamente tenemos un grave problema en este país de falta de independencia, y lo hemos visto en el caso del CSN de forma escandalosa, cómo se
ha llegado a hacer política energética. Claro, no es sorprendente cuando se permite que un señor que un día era secretario de Estado de Energía del Gobierno al día siguiente pase a ser presidente del organismo regulador supuestamente independiente.
A partir de ahí, ¿qué se puede esperar? Lo que está ocurriendo; hay una total falta de independencia y una de las primeras medidas fundamentales que deberíamos ver en la ley sería asegurar la total independencia de los organismos reguladores, esa
es una cuestión básica de democracia en términos de energía, es imprescindible.


Me preguntaban sobre más estudios. Hay muchos estudios, pero, como ya le he comentado, hay que fijarse en quién los encarga, quién está detrás y si es transparente en cuanto a la metodología y a las

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hipótesis que han trabajado. El nuestro lo es y encantado de que lo comparen con cualquiera; en cuanto a si se podía haber hecho antes, claro que se podía haber hecho antes, nos ha costado mucho, porque Greenpeace no tiene el músculo
económico de los otros agentes que encargan estudios, pero estamos donde estamos, claro que cuanto antes mejor.


Por último, las preguntas que me hacía el señor Mariscal. El cálculo que se hace aquí donde se concluye que una de las herramientas de accesibilidad fundamental son los vehículos eléctricos con carga inteligente, la hipótesis es muy
conservadora de vehículos eléctricos, solamente medio millón, medio millón de vehículos eléctricos en 2020, que aumentaría a millón y medio en 2030, hay muchos escenarios que están por ahí que plantean objetivos mucho más ambiciosos, hay quien está
hablando de millones de vehículos eléctricos. Seguramente nos hemos quedado cortos en esa hipótesis, hemos sido conservadores, pero lo importante es que incluso con esa cantidad, y es lo que tenemos que entender, de vehículos eléctricos ya
disponemos de la herramienta para hacer viable la gestión del sistema. Fenomenal, si hay más, pues más fácil todavía. Lo importante de los vehículos eléctricos, y tengámoslo en cuenta cuando saquemos normativas, es que hay que garantizar que la
carga y descarga sea de modo inteligente, como sea a lo bruto solo nos aumentará la demanda y perderemos la oportunidad. Estamos ahora en el momento de hacerlo, cuando todavía apenas hay.


Consideraba que la gestión de la demanda le parece insuficiente para garantizar el suministro. Yo le digo que con los números que nosotros manejamos es que sí, los números que han salido, yo no me los he inventado, es lo que ha salido; la
gestión de la demanda es la otra gran herramienta para garantizar el suministro, si encima lo combinamos con los vehículos eléctricos, mejor que mejor todavía, y con las otras también. Me comentaba también por el papel del almacenamiento. Quizá no
es suficientemente explícito, está en las opciones que se han valorado, la termosolar con almacenamiento está computada; está la gestión hidráulica de bombeo, que es una forma de almacenamiento. Lo que nos decían los técnicos es que el
almacenamiento por ejemplo en baterías, a efecto de cálculos, es el mismo que el de bombeo, con lo cual es que físicamente lo que tenga sean baterías o sean estaciones de bombeo, lo que se ha computado aquí es cuál es la necesidad que tienes y cuál
es el apoyo que te da uno con lo otro. Por tanto, aunque hay por ahí estudios diciendo que ya veremos cuándo esté el almacenamiento, lo cierto es que el almacenamiento ya lo tenemos, otra cosa es que van a venir tecnologías posiblemente más
flexibles y competitivas todavía, mejor que mejor, pero con lo que tenemos, que es lo que aquí se ha computado, salen perfectamente los resultados.


Se refería al caso de Alemania con el carbón. El mapa que les he mostrado, que estaba en azul, Alemania es porque ahora mismo está en discusión. Es decir, el acuerdo de Gobierno del Partido Conservador y Partido Socialista ha sido formamos
Gobierno y nos comprometemos a tener un plan de abandono del carbón, yo no voy a decir lo que ha hecho Alemania dejando el carbón de lado hasta hoy, pero hoy lo tienen como plan de Gobierno y por tanto en un plazo, espero que breve, habrá un plan de
abandono del carbón, con lo cual el mapa entero se volverá verde europeo y a ver qué pasa con España, si dejamos de ser la anomalía.


La pregunta de cómo afecta el cierre nuclear al coste de emisiones justamente es lo que he pretendido tratar con el informe, es decir, de esto es de lo que va el estudio. Ver que cada escenario tiene un resultado de costes y un resultado de
emisiones y que, una vez calculado, vemos que las diferencias son pequeñas o no suficientemente significativas como para condicionar la decisión que ustedes deben tomar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Ortega.


Suspendemos unos segundos la Comisión para despedir al compareciente, y en breves momentos la retomamos para seguir con las proposiciones no de ley. (Pausa).


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE EL SERVICIO DE INTERRUMPIBILIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000250).


El señor PRESIDENTE: Señorías, reanudamos la sesión con la primera de las proposiciones no de ley sobre el servicio de interrumpibilidad, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


Para que nos dé tiempo a estar votando sobre las dos, dos y cinco minutos, el debate de cada proposición no de ley tiene que durar un cuarto de hora. Para que eso cuadre así, tendrán que ser cinco

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minutos para la presentación de la PNL, tres minutos para la defensa de las enmiendas y un minuto para fijar posición. Así iremos prácticamente a votar a las dos y cinco minutos.


Para la defensa de la primera proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidente.


En varias ocasiones hemos debatido este problema, incluso se aprobó ya una iniciativa en el sentido de mejorar el sistema de interrumpibilidad y de regular ayudas similares a las que percibe la industria de otros países europeos, pero el
problema continúa sin solución, el Gobierno persiste en su inmovilidad y la situación cada vez es de mayor riesgo, por lo que nos vemos en la obligación de insistir.


El Grupo Socialista está comprometido con la reducción de emisiones contaminantes al medio ambiente, también estamos comprometidos con un cambio del sistema energético más eficiente y que haga posible un reparto de costes y beneficios
equitativo y estamos plenamente comprometidos con el empleo. Consideramos, por tanto, imprescindible conseguir el equilibrio necesario entre esos tres factores para que ninguno de ellos supedite de forma demasiado perjudicial a los otros dos.


En la exposición de motivos comentamos las dificultades que tienen las empresas electrointensivas por el elevado coste de la energía que las está poniendo en serio riesgo por falta de competitividad, ya que sin necesidad de salir de Europa
las mismas compañías tienen la posibilidad de producir con un coste energético muy inferior. Comentamos también la especial importancia de estas empresas en algunas provincias, Asturias, Huesca, que en la ciudad de Monzón tiene tres, A Coruña y
Lugo. Excepto Coruña, las otras tres provincias tienen también un serio problema demográfico con un alto índice de envejecimiento y el correspondiente abandono del territorio con el coste medioambiental que ello conlleva. También afecta a varias
empresas en el País Vasco.


El principal motivo del abandono del territorio y, por tanto, del envejecimiento en la zona es la falta de posibilidades de conseguir un medio de vida, la falta de actividad económica. En concreto en la provincia de Lugo, el hipotético
cierre de Alcoa sería un gravísimo problema, ya que supondría la pérdida de dos mil empleos en A Mariña. En 2012, el coste en España fue de 46,2 euros megavatio/hora y en Alemania de 42,6, había una diferencia de 4,6 euros; en 2017 en España fue
de 52,2 euros y en Alemania de 34, 18,2 euros de diferencia; en cinco años la diferencia se multiplicó prácticamente por cuatro. Esta información la recogimos de un informe de la Asociación de empresas con gran consumo de energía. La diferencia
se debe, fundamentalmente, a las subvenciones posibles en Alemania para la energía industrial. Las empresas no abordan las obras mínimas de mantenimiento por falta de conocimiento de las condiciones en las que tendrán que hacer la producción por el
tiempo mínimo para que esas inversiones puedan ser amortizadas, y no solo hay un potencial riesgo de deslocalización, hay ya una realidad de pérdidas de oportunidades de inversión, como sucedió recientemente en A Coruña por parte de Ferroatlántica.


El sistema de interrumpibilidad puede contribuir a la seguridad del suministro y a facilitar la integración de renovables, pero está claro que su gestión tiene que ser diferente y más previsible. Pero, aunque se mejore la interrumpibilidad,
no será suficiente. Demandamos del Gobierno que busque las medidas necesarias para que las factorías con alto consumo de energía puedan acceder al mercado en condiciones similares a las de otros países de la Unión Europea, y parte de esas medidas
pueden ser las que presentamos como autoenmienda y que ya figuran en otra iniciativa que tenemos pendiente en la Comisión de Economía. Además, como decía, de mejorar el sistema de interrumpibilidad para contribuir a conseguir los objetivos
establecidos por la Unión Europea en el marco estratégico en materia de clima y energía para el periodo 2020-2030, que son reducir un 20 % las emisiones de gases, incrementar hasta el 20 % el porcentaje de fuentes de energías renovables y mejorar un
20 % la eficiencia energética, demandamos del Gobierno que en el marco de la ley de cambio climático y de transición energética y con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, establezca las siguientes políticas públicas de ayuda a la
industria, al amparo de las directrices de la Comisión Europea sobre ayudas estatales en materia de protección del medio ambiente y energía para 2014-2020. Estas ayudas serían para adaptación anticipada a futuras normas de la Unión Europea y
estudios medioambientales; energía procedente de fuentes renovables; medidas de eficiencia energética, incluida la cogeneración; uso eficiente de los recursos y en especial para la gestión de residuos y promoción de la economía circular;
captura, transporte y almacenamiento de CO2, incluidos elementos individuales de la cadena de captura y almacenamiento, y publicar a la mayor brevedad posible, y una vez presupuestadas, las correspondientes órdenes y convocatorias de ayudas.

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El señor PRESIDENTE: Señoría, debe concluir.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Todo ello debe realizarse con la participación y adaptación de empresas y sus trabajadores hacia un modelo más sostenible. Considero importante destacar que estas ayudas serían con cargo a Presupuestos Generales
del Estado y no a cargo de la propia factura eléctrica, y no solo serían compatibles con las normas de la Unión, sino que podrían considerarse desarrollo de recomendaciones de la propia Unión.


También consideramos conveniente fomentar las interconexiones eléctricas con la Unión Europea y que el Gobierno de España reclame ante la Unión Europea la puesta en marcha de fondos para compensar los costes de las empresas con alto consumo
energético.


Muchas gracias, presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.


A esta proposición no de ley han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para la defensa del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el
señor Martínez González.


El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Está claro que si tuviéramos una ley de cambio climático ahora mismo seguramente no estaríamos discutiendo esta PNL, porque creo que el mercado, nuestras empresas, nuestra industria reclama un marco estable, un marco predecible, coherente,
que sea consensuado y duradero en el tiempo. La interrumpibilidad seguramente tendría un reflejo en esta ley de cambio climático para arropar a nuestra industria y garantizar en este mercado globalizado su competitividad, como tiene un reflejo en
la ley francesa. La ley francesa ha dado un tratamiento especial a su industria en su ley de cambio climático, ha reducido tarifas de redes de transporte y distribución, compensa los costes indirectos de CO2 y tiene una reducción de carga, sobre
todo en lo referente a costes de renovables y cogeneración, y eso seguramente también lo tendría la ley española porque, por lo menos, por parte de este grupo se hubiera propuesto. Evidentemente, hay un debate respecto al servicio de
interrumpibilidad y está bastante cuestionado, no solo cuestionado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sino también por la propia Comisión Europea que considera que pueden ser ayudas encubiertas y la Comisión Nacional del Mercado de
Valores dice que es muy costoso para el uso que ha tenido en los últimos años, cuando apenas se ha utilizado, y aparte porque existe una sobrecapacidad en el mercado, y entonces qué sentido tiene recurrir a la interrumpibilidad si la máxima energía
que vamos a necesitar ya la produce el mercado, porque hay una sobrecapacidad en el mismo.


En este sentido hemos presentado esta propuesta; pensamos que hay que estudiar, lo ideal sería que estuviera en la ley de cambio climático, pero mientras llega la tan anunciada ley del cambio climático hemos presentado esta enmienda en el
sentido de mejorar la propuesta. Si nos es aceptada, la votaremos favorablemente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.


La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.


Efectivamente, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, trajo en sucesivas ocasiones este debate aquí y recientemente fue aprobada una iniciativa por todos los grupos, excepto por el Partido Popular, que
trataba esta cuestión. En este sentido lo que hace el grupo confederal es enmendar la iniciativa con tres propuestas, una primera que incorpora sustancialmente las exigencias o las críticas que la propia comisión nacional formulaba recientemente al
propio sistema de interrumpibilidad. En este sentido, toda vez que han sido aprobadas por esta propia comisión, esperamos que sean aceptadas por la proponente.


¿Qué cuestionamos en el sistema actual de interrumpibilidad? Pues, como dice la propia comisión y coincidimos con ella, estamos ante un sistema que es tremendamente opaco, que es altamente costoso y que además oferta una potencia que es
absolutamente innecesaria. Ofertamos un 200 % más que Italia y siete veces más que Alemania. Para tener algunos datos presentes, Alemania dedica 39 millones de euros a esta cuestión; Francia, 96 millones; Italia, que ya son muchos millones, 297
millones, y España 500 millones, sin saber muy bien para qué; en todo caso es un sistema altamente costoso para las economías

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domésticas. Existe una discrepancia absoluta por parte de este grupo de la gestión que está practicando antes Soria y ahora el señor Nadal.


En definitiva, ¿qué pedimos en nuestras enmiendas? Que se reduzca el volumen de potencia interrumpible, que además se desarrolle por parte del operador del sistema una metodología con las necesidades de cobertura que existan, que cambiemos
el propio sistema. Es decir, este sistema no puede ser un sistema estructural, sino que tiene que ser como el resto de los sistemas europeos complementario. Aquí se está operando sobre el mismo de manera estructural y, además, hay críticas al
propio sistema en las subastas tal y como se provocan, es decir, aún no supimos ni somos capaces de saber, a pesar de que lo pedimos, cuál es el coste de esas subastas y las condiciones en las que se formulan. Hacemos una propuesta, como piden los
actores, y es que la subasta sea por vía telemática y obviamente la razón de fondo es que nos acomodemos al modelo europeo; esto es, que no estemos realmente ante subvenciones, voy a decirlo así, como está operando en el sistema actual, sino que
nos acomodemos a la directiva de líneas de ayudas directas a la industria y además lo hagamos a través de las fuentes de energía renovable, que es justamente lo que pedimos. También pedimos que a la mayor brevedad se publique la orden de la
convocatoria de las ayudas para la compensación por costes adicionales derivados de la financiación de apoyo a la energía eléctrica con cargo a la partida 471 del presupuesto. En el sentido de que, como he dicho, ya ha sido aprobado por esta
Comisión, espero que sean aceptadas.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz Pérez.


Le pregunto al Grupo Parlamentario Socialista, a la señora Pérez Herráiz, su posición sobre las enmiendas del Grupo Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.


La señora PÉREZ HERRÁIZ: Intentaremos acordar una transacción.


El señor PRESIDENTE: Si se llega a una transacción, ruego la trasladen a la Mesa lo antes posible.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


No podemos dejar de expresar una sensación de déjà vu ante las diferentes propuestas que se ponen sobre la mesa y sobre las que ya nuestro grupo ha votado. Solo quiero constatar nuestro pasmo porque justo cuando se empieza a democratizar un
poco el acceso a la interrumpibilidad y no son las inmensas consumidoras las que pueden sino las medianas consumidoras las que pueden acceder a paquetes más accesibles, sea cuando tengamos que reconsiderar todo el sistema de interrumpibilidad.
Estamos de acuerdo en acomodarnos a las directivas europeas al respecto y por tanto estaremos muy atentos a la transacción que se propone.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Capdevila.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero expresar mi voto favorable a esta proposición no de ley del Grupo Socialista porque efectivamente hay una gran amenaza de desorganización de las empresas que se dedican a la fabricación de aluminio como consecuencia de los altos
costes de consumo energético, de energía eléctrica que tienen que asumir y que en comparación con las de sus homólogos europeos no son competitivos. Por tanto, creo que es oportuna la llamada al Gobierno para establecer una fórmula para que estas
industrias de alto consumo de energía puedan acceder al mercado en igualdad de condiciones que sus competidores. Además, a la amenaza de los costes energéticos se suma hoy sobre el aluminio otra gran amenaza, que es el anuncio realizado por el
presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para aplicar aranceles al acero y al aluminio. Eso significa el inicio en Europa de una guerra comercial que puede tener efectos muy negativos sobre el trabajo de miles de personas, sobre comarcas de
población muy importantes que se dedican a la fabricación de acero y aluminio. Creo que es una buena iniciativa y, por tanto, señor presidente, la voy a apoyar.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Oblanca.


Pido disculpas a la señora Sagastizabal porque está detrás del pilar y no la he visto antes. Le doy la palabra ahora en nombre del Grupo Parlamentario Vasco.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente. No pasa nada.


Es verdad que hay un debate acerca de este tema, un tema problemático porque, como han dicho mis compañeros, el ministerio aprobó una orden que introducía varias modificaciones en la gestión de este sistema y que ha sido criticada por la
CNMC por su alto coste; además, decían que debía haberse abordado este tema con antelación. Es un sistema complejo y, como ha dicho mi compañera Yolanda, supone un coste de unos 500 millones anuales para los consumidores españoles. Nosotros
tenemos que decir que tanto las propuestas que parten de nuestro grupo como de otras empresas pasan por aplicar una interrumpibilidad que se ajusta a los procesos de producción existentes, incluso incluyendo la figura del agregador para posibilitar
la participación de un mayor abanico de empresas, así como revisar algunos de los criterios técnicos establecidos en relación con la disponibilidad, potencia verificable, etcétera, sobre todo para posibilitar, como ya han dicho otras personas, que
las pymes puedan participar como ofertantes en el servicio incrementando la competitividad del mismo y en igualdad de condiciones que otros competidores. Estoy de acuerdo también en que no es esta la única amenaza a la industria; como bien ha
dicho mi compañero Martínez Oblanca, hay ahora mismo una amenaza que proviene de Estados Unidos. Creemos que la industria tiene que ser más competitiva y hay que tomar medidas en torno a este sistema. Por eso, en principio, apoyaríamos esta PNL,
pero a expensas de la transacción que se lleve a cabo.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.


Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición, tiene la palabra la señora Reynés Calvache.


La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, presidente.


Es cierto que en España hasta hace poco teníamos un sistema de apoyo a los sectores muy electrointensivos a través únicamente de la interrumpibilidad y que grandes empresas podían acceder, si eran grandes consumidores, a un régimen
específico donde el tema era yo le rebajo a usted el coste de la electricidad a cambio de que si las cosas se ponen relativamente mal en el sistema reducen su consumo para mantener el equilibrio entre generación y demanda, y por ello recibían una
retribución económica; quiero recordar que en 2017 fueron 550 millones de euros. También saben, señorías, que estas industrias vienen recibiendo en los últimos años medidas adicionales de apoyo para garantizar un precio competitivo. En los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 se introdujo una partida de 150 millones de euros para ir precisamente migrando de un sistema que se basaba íntegramente en un apoyo en el precio de la electricidad a estas empresas. El Gobierno está
trabajando en ello, ha habido una serie de ayudas en el marco del Plan nacional de acción de eficiencia energética 2014-2020 y también se ha firmado un convenio mediante el cual Energía transferirá 78 millones de euros de su presupuesto para una
nueva convocatoria. Somos conscientes de que hay que reformar el sistema de forma que se disminuyan sustancialmente los pagos por interrumpibilidad y de que el sistema se debe modificar sustancialmente. Lo estamos hablando continuamente con las
empresas -ellas lo saben- y también con la Comisión Europea. Cada uno sabe cuáles son las reglas del juego, qué ventajas e inconvenientes tiene cada una de las diferentes medidas, y cada una de las empresas está haciendo sus cuentas para ver cómo
se quedan ante las diferentes propuestas. Nuestro objetivo es que estas empresas estén en la parte ganadora de esta guerra comercial internacional que hay en el acero y en el aluminio, y por supuesto lo hacemos como Gobierno de España, pero para
eso es importante que tengamos apoyo político y apoyo presupuestario, porque si no es muy difícil hacerlo. Toda la política energética que está llevando a cabo el Gobierno es precisamente para que la industria esté en las mejores condiciones.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Reynés.

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- SOBRE LA MODIFICACIÓN DE LA POTENCIA ELÉCTRICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001238).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley del Grupo Mixto, sobre la modificación de la potencia eléctrica. Para su defensa, tiene la palabra el diputado de Comprimís, señor Baldoví Roda.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, president.


Esta es una proposición de sentido común y por tanto estoy seguro de que el Partido Popular y Ciudadanos la van a votar a favor, porque no se entendería que nos llenemos la boca de que queremos ser competitivos con nuestras industrias y que
luego les pongamos trabas a las empresas para que sean competitivas. Esta proposición surge básicamente de las empresas agrícolas cooperativas, pequeñas empresas, incluso agricultores que necesitan una potencia de electricidad en una determinada
época del año ligada casi siempre a la recolección, bien sean almazaras de aceite, secadoras de arroz o almacenes de naranja, que durante unos meses necesitan una potencia máxima para poder realizar su cometido pero que durante gran parte del año no
necesitan esa potencia, es decir, no necesitan pagar por esa potencia máxima que solo consumen durante dos, tres o, a lo sumo, cuatro meses. Por tanto, ahí se producen unos costes empresariales absolutamente estériles que lo único que hacen es
engordar los beneficios de las grandes empresas eléctricas. Y aquí hago una salvedad, los beneficios de las empresas eléctricas el año pasado fueron de 5600 millones, de los que solo pagaron un 5,7 % de beneficios. La luz en el Estado español es
de las más caras de Europa y los beneficios de estas empresas duplican en muchos casos los beneficios medios de las grandes empresas suministradoras de electricidad de Europa. No estamos hablando de un sector que esté teniendo pérdidas, que esté
atravesando un mal momento, sino justamente lo contrario.


Esta es una proposición no de ley para ayudar a esas pequeñas almazaras que hay distribuidas por todo el territorio, a esos pequeños almacenes o grandes almacenes de naranjas o a esos agricultores que necesitan una potencia máxima durante un
periodo, insisto, corto de tiempo. Soy de Sueca, donde se produce básicamente arroz y naranjas, y he estado esta mañana justamente preguntando qué es lo que ha pasado y me han dicho que muchos de los agricultores incluso han tenido que comprarse
grupos electrógenos para poder suministrar la potencia, porque les sale más barato comprarse un grupo electrógeno y hacerlo funcionar esos tres meses o esos dos meses que necesitan para secar arroz que pagar la potencia máxima todo el año; o la
misma cooperativa de arroz de Sueca, que ha tenido que instalar gas para poder obtener esa potencia a unos precios mucho más competitivos que pagar la potencia máxima de la actividad.


Lo que pedimos es absolutamente razonable y es simplemente que permitan cambiar la potencia dos veces al año para que las empresas o las cooperativas no tengan unos costes absolutamente estériles que no sirvan para nada. En ese sentido,
aceptaremos las dos enmiendas del Grupo de Podemos porque nos parecen razonables y van justamente al objetivo de esta PNL, que es muy claro, que les dejen cambiar de potencia. Nosotros decíamos cada seis meses, podemos decir cada tres meses,
perfecto, cada tres meses incluso lo encuentro mucho más ajustado porque algunas almazaras son de dos meses. Compartimos tanto las enmiendas de Ciudadanos como las del Partido Socialista pero entendemos que esta PNL queda mucho más clara, queda
mucho más sencilla si realmente nos ceñimos al objetivo que en su momento Comprimís quiso presentar a través de ella. Por tanto, aceptamos las dos enmiendas de Podemos y lo que votaríamos serían esas dos enmiendas de Podemos porque nos parece que
mejoran el texto.


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Baldoví.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Ciudadanos, del Grupo Confederal y del Grupo Socialista. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.


El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Con la última reforma del sector eléctrico, la de 2013, aumenta el peso de la potencia contratada en la factura, con lo que aumentan los costes fijos sobre los variables, es decir, no hay posibilidad de controlar el consumo de energía. Esto
genera un perjuicio para la eficiencia energética porque de alguna manera

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desincentiva el control en el consumo. No obstante, hay que tener en cuenta que la distribución está garantizada por la Ley del Sector Eléctrico y que la tarifa proviene del reparto de costes totales reconocidos por la CNMC entre el
conjunto de los consumidores. Si esto último no se modifica, el posible ahorro que consiguieran los beneficiarios de esta propuesta repercutiría sobre el coste trasladable al resto; la medida no supondría, por tanto, una mejora de eficiencia para
el sistema sino un episodio de traslación de costes que irían posiblemente al consumidor doméstico, la parte más indefensa y que soporta el grueso de la carga económica del sector eléctrico. La solución no pasa por planteamientos parciales y poco o
nada convincentes. Además, cabe destacar que esta PNL no cuantifica el número de potenciales consumidores que podrían acogerse a esa modalidad ni el impacto económico, o sea, el ahorro de la propuesta.


Favorecer la eficiencia energética debe ser una tarea prioritaria para la presente legislatura y un elemento básico para la configuración de un sistema energético más electrificado en el lado de la demanda. Pero estas medidas deben obedecer
siempre a un principio de proporcionalidad e igualdad que no menoscabe el poder adquisitivo de los más débiles. Desde Ciudadanos creemos que se debe apostar por una reforma del sistema que contribuya a discernir qué costes deben de asumirse y por
qué actores del sistema eléctrico. Para ello debe realizarse una auditoría de costes de todo el sistema que incluya la propia factura de los consumidores. En este sentido hemos presentado nuestra enmienda de modificación, que si no se acepta ya
anunciamos que nos abstendremos en la votación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.


La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo ya votó a favor de una propuesta muy parecida que trajo Esquerra Republicana de Catalunya al Pleno el año pasado. Efectivamente, la potencia estacional es un problema que lastra la competitividad de las empresas, sobre todo
del sector agrario, hostelería, industrial y alimentario. Las enmiendas que presentó nuestro grupo eran evidentemente de mejora técnica porque seis meses nos parecía poco en todo lo que sea introducir flexibilidad que permita al consumidor, bien
sea una persona física o una persona jurídica, adaptar las necesidades a su consumo; nos parecía razonable. Creo que tres meses puede aumentar la agilidad de los procesos y reducir los sobrecostes. Tenemos uno de los costes fijos más altos de
Europa en cuanto a la factura eléctrica y bajar la potencia contratada es uno de los primeros pasos para ahorrar en la factura eléctrica, ya que el precio de la electricidad no consigue bajar y no es un factor de competitividad para nuestras
empresas como pueda serlo la potencia para las empresas que así lo requieran. Además, creemos que es uno de los pasos para empezar a establecer un sistema energético orientado al consumidor. Más allá de la regulación del real decreto, creemos que
la tecnología permite a día de hoy hacerlo de una manera más inmediata, más simple, y es en esa línea en la que debemos seguir avanzando.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.


Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.


Señorías, esta misma proposición no de ley ya se debatió en la X Legislatura, poniendo en evidencia la problemática de determinadas empresas agrarias que se caracterizan por tener un actividad económica puramente estacional, de tal manera
que como bien ha dicho el proponente necesitan una gran potencia en energía eléctrica durante la temporada pero que una vez terminada la misma se encuentran sin actividad y su demanda de energía es muy baja. Sin embargo, la Ley del Sector Eléctrico
continúa hoy sin dar respuesta a la singularidad de este y otros sectores con marcado carácter estacional. La última reforma del sector eléctrico aumentó la parte fija de la factura eléctrica frente a la parte variable que supone el consumo, de tal
manera que consumir más o menos energía no tiene un peso importante en el coste final, perjudicando el objetivo de alcanzar la eficiencia energética.


Tal y como indica la proposición planteada, no parece razonable que la potencia contratada solo pueda modificarse una vez a lo largo del año; esta restricción se estableció en 2001, pero han pasado 17 años desde entonces y la tecnología ha
avanzado. Para favorecer el ahorro y la sostenibilidad habría que

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flexibilizar esta restricción en los términos justos. Esta problemática también fue tratada en el Pleno del 21 de febrero de 2017 a iniciativa de otro grupo parlamentario. El Grupo Parlamentario Socialista en ambas ocasiones se ha
pronunciado de manera favorable a dar respuesta a esta situación y hoy lo volveremos hacer. Por ello hemos presentado una enmienda en coherencia con las presentadas anteriormente, que contiene tres puntos. En primer lugar, consideramos que es
importante contribuir de manera solidaria al sostenimiento del sistema eléctrico y hacerlo en sus justos términos. Debemos hacer compatible ser solidarios con no perjudicar al sistema productivo en términos de competitividad y tampoco cargar esas
decisiones sobre el consumidor. Por ello, proponemos adoptar medidas legislativas y reglamentarias para poder flexibilizar y adecuar la potencia contratada a las necesidades reales de la actividad económica y poder modificar dicha potencia
contratada a lo largo del año para favorecer la eficiencia, el ahorro y la sostenibilidad del sistema eléctrico. En segundo lugar, consideramos que los avances tecnológicos y la implantación de los contadores inteligentes deben contribuir a la
mayor eficiencia del sistema, y en consonancia con lo establecido en la directiva del Parlamento Europeo y del Consejo sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad, de diciembre de 2017, proponemos un segundo punto que establece
regular la posibilidad de que los clientes finales que tengan un contador inteligente instalado soliciten la celebración de un contrato de electricidad con tarifas dinámicas de al menos un suministrador. En tercer lugar, pretendemos que se cumpla
con la directiva europea sobre derechos de los consumidores y para ello incorporamos obligar a las comercializadoras a establecer una mayor y mejor información acerca de los conceptos incluidos en la factura eléctrica, de manera que los consumidores
puedan evaluar y comparar estas ofertas con las de otros competidores con información veraz, transparente, completa y sencilla. Es cierto que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha creado el comprador de ofertas de energía, pero
la realidad es que es poco conocido este instrumento y en cualquier caso las comercializadoras deberían estar obligadas a dar toda la información a los consumidores de manera transparente.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.


Señor Baldoví, terminado el debate de las enmiendas, le pregunto si se ratifica o no en lo que nos había anunciado anteriormente.


El señor BALDOVÍ RODA: Estamos transaccionando.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. La Mesa espera la transaccional.


En turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario de Esquerra Republica, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.


No podemos hacer otra cosa que mantenernos en nuestra posición de lo presentado, debatido y votado en Pleno el 21 de febrero, que se ganó por 171 votos a favor y 163 en contra, pero que al cabo de un año el Gobierno no se ha dignado llevar a
cabo porque no es su obligación legal. Le deseamos mucha más suerte, fortuna y cumplimiento a la iniciativa del señor Baldoví, que no podemos más que aplaudir.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.


Para concluir el turno de fijación de posiciones, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Cañal.


El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. La proposición no de ley pretende abaratar el coste a aquellos consumidores de electricidad cuya actividad se centra en un periodo corto del año y donde el resto del
consumo del año es muy bajo. La loable intención, a la que se han sumado varios grupos, menciona en la exposición de motivos que es al sector agrícola y agroalimentario al que se dirige pero no es cierto puesto que no hace ninguna excepción en el
texto refundido, y en el recibo para estas empresas agroalimentarias ya hay una compensación que está establecida desde hace años. Desconocen cuál es el precio de la electricidad, qué es lo que se paga, qué es lo que pagan las familias, las
pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas por la electricidad. Es notorio que lo desconocen y además son contumaces por lo que se ve en la presentación de estas iniciativas. Cuando

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las familias, las pequeñas y medianas empresas y las grandes empresas pagan el recibo lo hacen por dos conceptos, el de tarifa de acceso, la potencia contratada y el consumo real, y en esos conceptos es donde van incluidos los costes fijos
del sistema, es decir, el transporte, la distribución, las renovables -por cierto, 6900 millones de euros-, la deuda anterior -2800 millones-, los sistemas no peninsulares, los pagos por capacidad, etcétera.


La Ley 24/2013, del Sector Eléctrico, para evitar que se produzcan aquellos déficit tarifarios de 27 000 millones que heredamos del Partido Socialista por hacer las cosas mal, dice lo siguiente: Toda medida normativa en relación con el
sistema eléctrico que suponga un incremento de costes...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor GARCÍA CAÑAL: Voy terminando. Soy el único que discrepa, déjenos, por tanto, un pequeño margen. (Risas).


... o una reducción de intereses, deberá incorporar una reducción equivalente en otras partidas de coste o un incremento equivalente de ingresos que asegure el equilibrio del sistema. ¿Qué pretende impedir? Que se produzca déficit, como se
produjo anteriormente. ¿Cuál es la buena intención de la proposición no de ley del señor Baldoví? Rebajar la tarifa al sector agrícola, pero no solo al sector agrícola, usted dice a todos. ¿Pagaría menos este sector? Bien. ¿Y quién pagaría la
reducción de tarifas a estos sectores teniendo en cuenta que el sistema debe ser sostenible y no debe generar déficit? El resto de las familias, las pymes y las empresas. Es decir, las segundas viviendas, hotelería-hostelería y los apartamentos de
alquiler se verían beneficiados a costa del resto que no tiene segundas viviendas, etcétera.


El sistema del coste eléctrico es como el bono bus, resulta que los que menos consumen pagan menos que los que más consumen, que tienen que correr con los gastos fijos. Por estas razones, señor presidente, agradeciendo su benevolencia, el
Grupo Parlamentario Popular va a votar en contra de esta proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Cañal.


- RELATIVA AL PLAN DE IMPULSO DE LAS TECNOLOGÍAS DEL LENGUAJE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002374).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día: proposición no de ley relativa al Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje, del Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.


La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.


En las últimas décadas se ha hecho un esfuerzo importante por digitalizar la información y hoy en día la mayoría de la información ya se produce directamente en formato electrónico, sin embargo, los ordenadores entienden poca parte de esta
información; el resto de información digitalizada, aunque esté en formato electrónico está destinada a ser entendida por humanos. El lenguaje natural se caracteriza por integrar información no estructurada y con más de un significado posible. El
término procesamiento del lenguaje natural define el camino hacia una comprensión automática de la lengua escrita o hablada por los humanos mediante tecnología digital. Su desarrollo es una disciplina que combina inteligencia artificial y semántica
y es ya una realidad en aplicaciones como correctores ortográficos y gramaticales, predictores de texto en teléfonos móviles, asistentes online o reconocimientos de voz, pero a pesar de haber experimentado un gran desarrollo en los últimos años
queda mucho camino por recorrer.


En este contexto, el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital ha puesto en marcha un Plan de impulso de las tecnologías del lenguaje que se articula en cuatro ejes y que tiene como principales fines generar empleo y nuevas
oportunidades económicas para nuestro país, dinamizando la industria que investiga y desarrolla aplicaciones y soluciones tecnológicas vinculadas al procesamiento del lenguaje natural, mejorar la calidad y capacidad de servicio público incorporando
las tecnologías de procesamiento del lenguaje natural y de la traducción automática e incrementar el protagonismo del sector de las tecnologías de la información y comunicación en nuevos mercados, con mayor penetración de la lengua española. Dichos
objetivos se pueden conseguir ya que España cuenta con una industria fuerte y competitiva en este ámbito y con experiencia en la gestión de varias lenguas, puesto que aparte del

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español tenemos la riqueza de las distintas lenguas cooficiales en nuestro país. Ambas fortalezas constituyen una base sólida para que nuestro país sea líder en el procesamiento del lenguaje natural. Tenemos un gran potencial que puede
hacernos ir por delante en todos los mercados, especialmente en los países de habla española. Pero para desarrollar al máximo nuestro potencial y para consolidar nuestra posición de liderazgo es necesario que intensifiquemos el apoyo a la
investigación y a las empresas del sector. El Grupo Parlamentario Popular cree en la importancia de continuar avanzando en este ámbito y por ello hemos presentado esta proposición no de ley, por la que instamos al Gobierno a intensificar el trabajo
en el Plan del impulso y las tecnologías del lenguaje. Para ello pedimos el apoyo del resto de grupos parlamentarios.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hoyo.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Confederal y por parte del Grupo Socialista. Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.


El señor LUIS BAIL: Muchas gracias.


Señoría, yo no le voy a explicar el artículo 2 de la Constitución española ni le voy a hablar del envite que parece que usted -aunque lo pone en la exposición de motivos intentando camuflar la diversidad a través de las lenguas cooficiales-
ignora cuando llega a la parte dispositiva. Tampoco le voy a recordar la falta de sensibilidad que tiene con la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y que realmente todas estas proposiciones no de ley ya vienen reflejadas en los presupuestos
que ustedes todavía no han presentado y que no se traerán aquí, porque realmente de lo que trata esta proposición es de decirnos lo importante que es una de las tecnologías pero no evalúa esos planes que ustedes quieren prorrogar, que seguramente ya
estén prorrogados en los presupuestos. Simplemente quiero decirle que el procesamiento del lenguaje natural es una tecnología inteligente, no tanto el grupo cuando no está intentando acaparar el conocimiento que le estamos dando desde esta
Comisión. Por tanto, nuestro grupo votará en contra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luis Bail.


Para la defensas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora González Peláez.


La señora GONZÁLEZ PELÁEZ: Gracias, señor presidente.


Es cuanto menos curioso que sea precisamente el Partido Popular, el partido que sostiene al Gobierno, el que traiga a esta Comisión una iniciativa que se limita a instar al propio Gobierno a que siga trabajando en el impulso de tecnologías
del lenguaje para profundizar en su conocimiento y desarrollar la industria del procesamiento del lenguaje natural y la traducción automática al castellano y lenguas cooficiales. Es decir, no propone nada nuevo, nada que no esté ya recogido en el
Plan de impulso de la tecnología del lenguaje que el propio Gobierno viene desarrollando en el marco de la Agenda Digital para España con un periodo de vigencia que va de 2016 a 2020, algo a lo que por otra parte ya nos tiene acostumbrados el
Partido Popular, utilizando su cupo de proposiciones no de ley para evitar posiblemente la comparecencia del Gobierno, que seguramente sería más ilustrativa en cuando al avance del plan. Un plan de impulso a la tecnología del lenguaje que nace con
el objetivo de dinamizar la industria que investiga y desarrolla las aplicaciones, las soluciones tecnológicas vinculadas al procesamiento del lenguaje, que ya cuenta con dos años de vigor y del que apenas conocemos su desarrollo, sus logros y sus
avances más allá del propio texto del plan y del recientemente firmado convenio con la Administración de Justicia, desconociendo muy especialmente la coordinación del Gobierno con las comunidades autónomas en lo referente a las lenguas cooficiales.
Una estrategia que si bien se anunció con 90 millones de presupuesto para toda su vigencia sigue la línea a la que nos tiene acostumbrados la Secretaría de la Agenda Digital, mucho discurso y jornada de digitalización, algunos canapés y grupos de
trabajo con expertos pero poco presupuesto y, lo que es peor, nula ejecución presupuestaria, ya que apenas hemos visto reflejada su dotación económica y mucho menos la ejecución de esos presupuestos.


Por todo ello, hemos presentado una enmienda que lo que pretende es contar con una evaluación intermedia del plan que nos permita conocer sus resultados y en su caso reformular objetivos y líneas de trabajo, planteando que dichos resultados
sean presentados ante esta Comisión. Solo así se podrá realmente profundizar y avanzar en la investigación e innovación de esta industria que tiene un enorme

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potencial de crecimiento en la economía digital. Esperábamos que nuestra enmienda fuera aceptada y recogida en el texto de la proposición no de ley, porque resultaría imprescindible para el objetivo que se indica en la misma, pero parece
que no va a ser así, con lo cual el Gobierno y el Partido Popular nos demuestran una vez más que tienen un interés muy impostado por la agenda digital, ya que todos los indicadores reflejan el poco conocimiento del Ejecutivo en los avances de la
tecnología y las telecomunicaciones como principal herramienta del cambio que está sucediendo en la economía mundial, algo que ya viene reflejado en los propios presupuestos del año 2017, que han dotado con 500 millones menos en esta materia de los
que tenía en el último presupuesto aprobado por el Gobierno socialista, lo cual significa un 41,65 % menos de ese presupuesto.


Por todo ello, y como parece ser que nuestra enmienda no va a ser aceptada, nos abstendremos.


El señor PRESIDENTE: Le pregunto a la señora Hoyo Juliá, después de la defensa de las enmiendas, si acepta alguna de ellas.


La señora HOYO JULIÁ: No aceptamos ninguna.


El señor PRESIDENTE: Se votará esta proposición no de ley en sus propios términos.


Para la fijación de posición tiene la palabra, en primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Ten Oliver.


El señor TEN OLIVER: Señorías, desde Ciudadanos apoyamos aquellas acciones encaminadas a incrementar y mejorar el papel de la digitalización en todas las áreas de la actuación de la sociedad, inclusive el papel de las tecnologías del
lenguaje y la comunicación. En esta línea compartimos el sentir de esta PNL aunque resulta llamativo que se plantee este tipo de iniciativas, cuya idoneidad creo que nadie cuestiona, al tiempo que se mantiene una escasa ejecución presupuestaria
sobre el departamento de Agenda Digital, un hecho que además hemos denunciado reiteradamente desde nuestro grupo, no quiero hablar ni entrar en el presupuesto de 2018, que aún no ha llegado al Parlamento.


Hoy se carece de una estrategia digital clara y ambiciosa que nuestro país desde luego debería de ordenar e integrar todas las medidas y orientaciones, y prueba de ello, además, es que nosotros presentamos en registro hace unos días una
proposición no de ley por la cual se establecía una agenda digital desde luego más ambiciosa. Querría entrar en el detalle de esta proposición no de ley para que vean realmente las deficiencias que tenemos en la agenda digital pero nos indica el
presidente que no tenemos mucho tiempo.


Solo querría concluir diciendo que evidentemente apoyamos el contenido de estas propuesta, sin obviar el hecho de que la agenda digital se ha desarrollado de manera escasa, como comentaba al principio de mi intervención, y además con el
compromiso de mi Grupo Parlamentario Ciudadanos frente a toda España de que estamos vigilantes y comunicaremos desde luego en su caso, incluso denunciaremos públicamente, la falta de acción del Gobierno en esta y otras materias relacionadas con la
agenda digital. Pensamos que la transformación digital es necesaria y desde luego mejora la competitividad, el crecimiento, el bienestar y la lucha contra la precariedad y la brecha digital.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ten i Oliver.


Por el Grupo Parlamentario Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Señores del Grupo Popular, deben saber que en Ezquerra estamos muy de acuerdo con el impulso de las tecnologías del lenguaje; de hecho, para nosotros es uno de los elementos esenciales del futuro de nuestra
cultura y de la diversidad lingüística que nos caracteriza como pueblo, por lo que en Cataluña desde hace ya muchos años el sector del multilingüísmo es un sector muy bien posicionado, especialmente por el tema del doblaje de películas y otras
producciones audiovisuales, pero también por la información que se da a la ciudadanía, a los visitantes. Hace años se consideró que era uno de los ámbitos estratégicos donde crecer y de ahí surgieron iniciativas muy interesantes, una de estas
iniciativas es precisamente el clúster de la industria de la lengua, Clusterlingua, que vemos y celebramos que haya colaborado en la redacción del informe sobre el estado de las tecnologías del lenguaje en España dentro de la agenda digital para
España y nos felicitamos por ello, pero dejen que expongamos nuestras dudas cuando viene de ustedes esa pretendida voluntad de impulsar las tecnologías del lenguaje como un plan.

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Cuando ustedes hablan de lenguas cooficiales y nuevas tecnologías seguro que no puede ser nada bueno, porque siempre que se habla de industria de la lengua en esta Cámara todo el mundo sabe qué lengua es la que quieren potenciar. El ejemplo
más claro de su credibilidad en estos temas lo encontramos en la página web del Congreso de los Diputados que lógicamente trabaja con una visión uniteísta de la lengua y solo podemos encontrar la versión en español, y en inglés en algunas páginas.
Quizá debieran empezar por ahí; de hecho, solo un 1,6 % de las lenguas oficiales tienen una versión completa y cuidada en catalán, un déficit que su plan, por lo que parece, no tiene en cuenta. Si ustedes se creen de verdad el multilingüísmo, que
es lo que propone Europa, ustedes deberían garantizar el cumplimiento de la Carta europea de las lenguas regionales y minoritarias, que en su artículo 7.c) dice que los Estados firmantes se comprometen a una acción decidida de fomento de las lenguas
regionales o minoritarias. Y según nuestra opinión este no es el caso del Estado español que, de forma general y mucho menos en lo que se refiere a las TIC, no lo hace.


Le agradezco su benevolencia, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.


La señora SAGASTIZABAL UNZETABERRENETXEA: Se nos vuelve a presentar una PNL donde hay una declaración de intenciones para seguir hablando del impulso de las tecnologías del lenguaje pero verdaderamente no se hace mención a acciones
concretas a desarrollar. Nosotros sí que distinguimos que la industria de la lengua puede estar dividida en enseñanza de idiomas no reglada, traducción e interpretación, desarrollo de contenidos lingüísticos y tecnologías lingüísticas y desde luego
que estas industrias han de realizar una apuesta decidida también por la innovación, porque entendemos que el multilingüísmo potencia la apertura y la tolerancia, abre las puertas a nuevos mercados y oportunidades.


Dicho esto, vamos a ver si se llega a una transacción, porque hay diferentes enmiendas, para luego adecuar nuestro voto.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Respaldo esta iniciativa que tiene como gran objetivo situar a España en posiciones de liderazgo para colocar el idioma castellano, el español, mediante las tecnologías del lenguaje. De hecho, en los presupuestos
generales del pasado año 2017 se consignó una dotación extraordinaria para desarrollar esta industria del lenguaje en nuestro país que abarca también a las lenguas cooficiales.


Es un esfuerzo necesario que hay que renovar para despegar infraestructuras lingüísticas que ya se vienen analizando desde hace más de dos años y que aglutinan el manejo de las palabras que contempla el diccionario de la RAE y también el
vocabulario más especializado, como puede ser el médico o el tecnológico para aprovechar al máximo el conocimiento que ya está plasmado y escrito en nuestro idioma y que debe ser tomado para su aprovechamiento. Con este plan nuestro país se
incorporó a la investigación de las formas de comunicar las máquinas con las personas, mediante el uso de lenguas naturales a través del español y las lenguas cooficiales, y no está de más recordar que hay 472 millones de hablantes nativos de
español, lo que supone un potencial por el que tenemos que luchar frente al potencial de otros idiomas. Es un paso más para favorecer una industria imprescindible, que tiene una derivada pública incuestionable porque la utilización de estas
tecnologías del lenguaje va a proporcionar oportunidades, herramientas y recursos abiertos al servicio de empresas y particulares. Por tanto, creo que merece la pena seguir apostando por este plan.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.


- SOBRE EL FOMENTO DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002527).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley sobre el fomento de la movilidad sostenible, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra el señor
Martínez González.


El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: La industria automovilística representa el 10 % del PIB español y genera 300 000 empleos directos y dos millones indirectos; España es uno de los grandes fabricantes de

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vehículos industriales de Europa y es el mayor fabricante europeo de coches eléctricos y sin embargo el que cuenta con un menor parque activo en circulación de estos vehículos. La electrificación del transporte es una pieza fundamental para
reducir las emisiones de gases contaminantes y cumplir los objetivos europeos de energía y cambio climático.


La Comisión Europea ha presentado los objetivos de reducción de emisiones del parque automovilístico comunitario para la próxima década. El nuevo parque de movilidad sostenible establece que las emisiones de CO2 se reduzcan un 15 % en 2025,
y un 30 % en 2030, siempre según las que se registraron en 2021. Asimismo, se establece una cuota del 5 % en la producción de vehículos eléctricos. La Unión Europea ha conseguido reducir las emisiones de CO2 en un 23 % desde 1990, sin embargo, en
el transporte las emisiones han crecido en torno a un 20 %. Con fecha junio 2015, el Consejo de Ministros aprobó un acuerdo por el que se toma conocimiento de la estrategia de impulso del vehículo con energías alternativas al periodo 2014-2020.
Esta estrategia planteaba como objetivo favorecer el desarrollo de una industria vinculada al desarrollo del sector de automoción de energías alternativas, sin embargo, según Anfac, la mayor parte de las matriculaciones siguen siendo de vehículos
con configuración diesel o gasolina. La estrategia del impulso del vehículo con energías alternativas se fijó como objetivo alcanzar 150 000 coches eléctricos en nuestro país en el año 2020. Esto precisaría que se matriculasen cerca de 50 000
coches eléctricos al año durante los próximos tres años, algo que parece imposible a la vista de las cifras más recientes de matriculación de vehículos eléctricos. En 2015 los vehículos eléctricos representaban tan solo el 0,3 % del total de
matriculaciones en España. Por eso se plantea un marco de actuación que se fije como tres ejes de actuación prioritarios: uno sería el mercado, otro, las infraestructuras y el tercero sería la industria.


Respecto al impulso del mercado de vehículos de energía alternativa, hay que considerar que el precio de adquisición de estos sigue siendo más caro, entre un 30 y un 40 % en caso de los vehículos eléctricos, debido principalmente al coste de
su batería. Hasta la fecha las ayudas estatales a los vehículos con energías alternativas se han caracterizado por la incertidumbre. Los principales instrumentos han sido el Plan PIMA Aire y el programa Movele, ambos fusionados en 2016 en el Plan
Movea, con un presupuesto total de 16,7 millones de euros. El total de ayudas a la adquisición de vehículos con energías alternativas durante los pasados seis años fue de 72 millones de euros; esto es menos de lo que se estimó en el Plan PIVE en
cualquier año puntualmente para incentivar la adquisición de vehículos nuevos. A esto hay que sumar que las ayudas al Plan Movea suelen agotarse rápidamente, de modo que pasan varios meses entre la finalización de una convocatoria y la entrada en
vigor de la siguiente. Además, estas ayudas deben declararse como una ganancia más y por tanto incide en el IRPF del consumidor.


Respecto al fomento de las infraestructuras, es necesario dotar de un marco legal que favorezca el desarrollo de una infraestructura de recarga de vehículos eléctricos. Actualmente, por poner un ejemplo, solo hay nueve empresas registradas
en la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia como gestores de carga en la Comunidad de Madrid; sin embargo, el Real Decreto 1053/2014 obliga a instalar un punto de recarga para coches eléctricos por cada 40 plazas de aparcamiento. Eso
explica que haya 4500 enchufes sin dar de alta en el listado de la CNMC. El resultado es que para poder vender energía eléctrica a terceros es preciso ser gestor de carga, lo cual no es sencillo, mientras que cualquiera puede cederla gratuitamente
si es para recarga de vehículos eléctricos, lo que no parece una manera racional de impulsar una movilidad eléctrica fiable y económicamente sostenible. El ministerio ha comunicado la intención de enviar a la CNMC una propuesta de modificación del
real decreto que regula la figura del gestor de carga con el fin de facilitar amplificar y simplificar sus trámites.


Por último, nuestra industria, que precisa de soluciones logísticas para la mejora de su competitividad; transporte ferroviario que termina a un kilómetro de los muelles es una rémora para la exportación; la optimización de la red
ferroviaria nacional existente para incrementar su papel en esta materia es fundamental. En este sentido hemos presentado esta proposición no de ley y anunciamos que aceptamos como enmienda de adición la enmienda del Partido Popular.


El señor PRESIDENTE: A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de los grupos Confederal y Popular.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Se presenta esta proposición no de ley como una ley de fomento de la movilidad sostenible. Nosotros consideramos que una propuesta de fomento de la movilidad

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sostenible debe ser mucho más ambiciosa que la presentada aquí por el Grupo Ciudadanos y en ese sentido hemos presentado una serie de enmiendas que ya nos ha adelantado el proponente que no van a ser aceptadas, por lo que no votaremos a
favor de esta PNL.


Nosotros entendemos que realmente si queremos hablar de fomentar la movilidad sostenible, en primer lugar, tenemos que hablar de una ley de movilidad sostenible que tenga en consideración cuestiones tan relevantes como el transporte urbano,
puesto que más del 80 % de las personas viven en ciudades. En ese sentido, apostamos por la planificación y el diseño urbanístico; el fomento del transporte colectivo; el cambio en los modelos tarifarios del transporte público; la concertación
social de los retos que implica la movilidad sostenible y segura; creación de consejos de movilidad, etcétera. Entendemos que estos temas tienen que ser abordados en una propuesta de ley de movilidad sostenible.


En lo referido a las inversiones en infraestructuras, creemos que debe abordarse el cese de la construcción de nuevas carreteras de alta capacidad, al menos allí donde existan infraestructuras de calidad homologable y también creemos que
deben dedicarse los fondos públicos preferentemente a la mejora de los servicios de cercanías, a los ferrocarriles regionales, FEVE, carriles bici, carriles Bus-Vao, etcétera. Además en lo que se refiere concretamente al coche eléctrico, nosotros
entendemos que la propuesta presentada por Ciudadanos es poco ambiciosa, creemos que habría que tener objetivos mucho más ambiciosos, como, por ejemplo, alcanzar en el año 2030 una cuota del 30 % del coche eléctrico, con una matriculación de cinco
millones de vehículos. Y también por supuesto, abordar las limitaciones al diesel, que lo hacemos también en nuestras enmiendas que no han sido aceptadas, en el sentido de que deben introducirse restricciones a los vehículos diesel prohibiendo su
circulación en las ciudades en el año 2025.


Todo ello nos lleva, como digo, a considerar que la propuesta presentada por el Grupo Ciudadanos es claramente insuficiente, poco ambiciosa y en ese sentido no podemos votarla a favor.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.


Para la defensa de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.


El señor MARISCAL ANAYA: Nosotros hemos presentado una enmienda solicitando a la Cámara la creación de un grupo de trabajo, de una subcomisión de diputados dentro de la Comisión de Energía, porque creemos que este asunto, más allá del
rifirrafe parlamentario exige profundizar en aquellas medidas que efectivamente garanticen ese tránsito a una movilidad sostenible.


El documento que nos presenta Ciudadanos está cargado de buenas intenciones y efectivamente son todas ellas compartidas, incluso aventura la necesidad de incrementar el gasto presupuestario -lo que yo creo que anticipa que parece que están
en la línea de intentar conseguir que esos Presupuestos Generales del Estado para 2018 se aprueben, cosa que aplaudimos desde mi grupo parlamentario-, pero lo que le falta es concreción. Por ejemplo, habla de modificación de figuras fiscales pero
no las concreta; establece, por ejemplo, un cálculo determinado de vehículos eléctricos que son necesarios en nuestro país pero no explica cómo lo piensan desarrollar; también es una proposición no de ley y no se le puede pedir que tenga tanta
profundidad, pero es verdad que no la tiene.


Desde mi grupo parlamentario y desde el Gobierno que apoyamos -bien lo saben los diputados de esta Cámara- hemos lanzado el plan de apoyo a la movilidad alternativa y eso trajo consigo, evidentemente, ayudas en el año 2017 para la compra de
vehículos con cero emisiones o emisiones bajas, de 20 millones de euros, y además ayudas a la instalación de infraestructuras para recarga del coche eléctrico por valor de 15 millones de euros. Por tanto, digamos que el apoyo de este grupo
parlamentario a ese desarrollo de la movilidad sostenible es claro y evidente y se puede comprobar en los Presupuestos Generales del Estado aprobados en el año 2017. Sin embargo, es verdad también que no podemos ser reduccionistas, es decir, no
podemos plantear un giro total hacia el vehículo eléctrico sin obviar la necesidad que tiene de transformación el sector del transporte, que en España, en el caso del transporte por carretera, es muy importante y cuando actualmente las
infraestructuras y la tecnología en la movilidad sostenible están vinculadas fundamentalmente al uso del gas. También hay que tener en cuenta que la industria del vehículo en nuestro país representa el 10 % del producto interior bruto, que tenemos
17 factorías en nuestro país y que transformaciones disruptivas pueden traer consigo el deterioro de la masa salarial, laboral y por tanto afectar claramente al bienestar de todos los españoles.


Es evidente que el transporte supone un 40 % del gasto energético en nuestro país y lo que más fuertemente contamina. Por tanto, creo que es necesario profundizar y por ese motivo, porque creemos

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que es necesario profundizar pero con rigor, seriedad y conociendo de primera mano las inquietudes del sector y de aquellos que van a verse afectados directamente, nos parece conveniente el trabajo en subcomisión que ha sido el motivo y
objeto de nuestra enmienda.


No hay duda, y lo dije anteriormente cuando comparecía el representante de Greenpeace, de que compartimos objetivos; la Agencia Internacional de la Energía recientemente ya estableció un objetivo de 875 millones de vehículos eléctricos para
el año 2040; es muy ambicioso, evidentemente, en el año 2016 solamente había dos millones, pero es un objetivo tendencial que compartimos. Por eso, insisto, nos parece que la gravedad y la importancia del sector del automóvil en nuestro país exige
aumentar el rigor, el trabajo y el esfuerzo de los parlamentarios y por eso apostamos por la creación de una subcomisión, para que esos objetivos compartidos sean realizables y no se queden solamente en el papel que puede traer consigo la aprobación
o no de una proposición no de ley.


El señor PRESIDENTE: Señor Martínez González, ¿acepta alguna de las enmiendas?


El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Sí, señor presidente, aceptamos la enmienda del Grupo Popular pero hay que decir que no es de modificación sino de adición, sería un punto de adición a nuestra PNL.


El señor PRESIDENTE: Entonces se acepta la del Grupo Popular pero como adición. De acuerdo, así será sometida a votación.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ramos Esteban.


El señor RAMOS ESTEBAN: Intervenir un minuto, que es lo que tenemos, para hablar de una proposición no de ley como dice el Grupo Ciudadanos sobre movilidad sostenible puede ser muy atrevido, por lo que yo simplemente voy a reflejar tres
reflexiones que me parecen importantes para tener en cuenta cuál va a ser la posición del Grupo Socialista sobre la proposición no de ley presentada.


Creemos que Ciudadanos presentando esta proposición no de ley y llamándola de movilidad sostenible demuestra el gran desconocimiento que tiene sobre el tema. Es una proposición no de ley que habla simplemente del coche eléctrico, de los
coches no contaminantes. En ese sentido nos parece razonable, vamos a votar a favor; no creemos que tenga todos los elementos que tiene que tener una iniciativa de este tipo pero los elementos que se plantean no nos parecen malos.


Voy a resumir en tres cómo vemos el tema desde el Grupo Socialista. Para nosotros el PP no cree en el desarrollo sostenible, por lo cual se aprueba aquí una iniciativa con el conjunto de lo que ha presentado Ciudadanos con el PP que
simplemente demuestra una declaración de intenciones y para eso hay que repasar la historia de este país, la historia reciente. El Partido Popular nos ha llevado de ser líderes y referentes en energías renovables a pasar a ocupar los puestos de
cola por las políticas que se han llevado a cabo con los últimos Gobiernos del Partido Popular, por lo que no creemos que aunque se apruebe esta iniciativa se vaya a garantizar que por un Gobierno del Partido Popular se vaya a llevar a cabo una
política que garantice la movilidad sostenible, que garantice la introducción del vehículo eléctrico y que garantice una menor contaminación en nuestro país.


Simplemente voy a terminar pidiendo a Ciudadanos que si quiere que esta iniciativa se lleve a cabo deje de apoyar al Partido Popular, cambiemos de Gobierno, porque será la única forma de que consigamos realizar de verdad movilidad sostenible
y que nuestro desarrollo sea de otro y no como se está haciendo ahora en este país.


El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.


El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Aplaudiendo el giro no copernicano pero importante del Grupo Ciudadanos, que ya se ha demostrado con su posición respecto a la PNL presentada por el señor Baldoví que evoluciona desde su posición ante la
nuestra, no quiero creer que por quien fuese el firmante, de nuevo manifestaré mi sensación de déjà vu porque resulta que mi grupo ya presentó en términos parecidos una proposición de ley que venía de la Generalitat de Catalunya, todavía no
intervenida, que había puesto de acuerdo a grupos tan dispares y distintos como Endesa o Som Energia y pasando por fabricantes de coches.


Nuestro grupo, decía, presentó en términos parecidos una proposición no de ley que fue rechazada por la causa de la afectación presupuestaria, recurso que se suele utilizar cuando ni siquiera se quiere

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discutir. Nuestra posición quería ser en positivo, pero como veo que se rechazan las enmiendas que nos acercaban y se acepta la enmienda Otto von Bismarck -ya saben, cuando quiero hacer una cosa la hago y cuando no creo una subcomisión- que
nos propone el señor Mariscal y que acepta Ciudadanos, nuestro voto tiene que ser desgraciadamente en negativo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: El Grupo Parlamentario Vasco solicita la palabra. Señora Sagastizabal, tiene la palabra.


La señora SAGASTIZABAL UNCETABARRENETXEA: El desarrollo del vehículo eléctrico es verdad que es inferior que en otros países de nuestro entorno y desde luego que hay que facilitar el despliegue de estos vehículos con energías alternativas,
a través del planes como los comentados. Sin embargo nosotros no estamos de acuerdo con el punto que se habla del gestor de cargas, en que se establece la simplificación de los requisitos exigidos, que desde luego abrían más posibilidades en el
sector. También entendemos que empoderará en este sentido al consumidor, pero igualmente entendemos que requerirá de un desarrollo normativo cuyos términos desconocemos de momento y además que tendría también afectación incluso a la liquidación de
impuestos.


Desde Euskadi también hemos realizado un esfuerzo en el impulso de un modelo de infraestructura de recarga para la integración adecuada en las operaciones del sistema eléctrico y en la integración con renovables. Por eso al desconocer cómo
va a afectar en este sentido, entendemos que habría que profundizar en todo este tema porque da la sensación de que se han establecido una serie de propuestas en las que en algunos casos vemos que no hay una suficiente reflexión.


En cuanto al establecimiento de una subcomisión tampoco la vemos necesaria en estos momentos. Finalmente tendré que mirar las enmiendas y veremos si nos abstenemos o votamos en contra.


El señor PRESIDENTE: ¿El Grupo Parlamentario Mixto quiere fijar posición? (Denegación).


- RELATIVA AL CIERRE Y DESMANTELAMIENTO DE LAS CENTRALES NUCLEARES Y POSTERIOR GESTIÓN DE LOS RESIDUOS RADIACTIVOS GENERADOS POR LAS MISMAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número
de expediente 161/003069).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el último. Proposición no de ley relativa al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y posterior gestión de los residuos radiactivos generados por las
mismas, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.


El señor VENDRELL GARDEÑES: El punto de partida de esta PNL es que la energía nuclear es una energía del pasado y que el cierre de las centrales nucleares no solo es deseable sino que es posible, como ha demostrado el informe de Greenpeace
que hemos conocido esta mañana.


El parque nuclear español es un parque envejecido, siete reactores con una vida útil media de treinta y tres años, con los permisos de las licencias de explotación que terminan en 2024, año en el que se alcanzará una vida útil media de
treinta y ocho años. Nuestro objetivo es impulsar la transición a un nuevo modelo descarbonizado, sí, pero también desnuclearizado. Por eso proponemos el cierre progresivo y ordenado, con seguridad, de las centrales nucleares. Pero el cierre de
las centrales no es el fin de la gestión de la energía nuclear, quedan décadas de desmantelamiento y cientos de años de gestión de los residuos, además de la restauración del emplazamiento original de la planta.


Esta tarea, en el caso de España, es responsabilidad de una empresa pública, de Enresa, que básicamente se financia con diferentes tipos de tasas. Resulta que, según distintos informes de la Comisión Europea en 2016, o del Tribunal de
Cuentas, hay un problema de infrafinanciación de esos fondos de Enresa. En comparación, por ejemplo -según el informe de la Comisión Europea-, con otros países no se alcanzaría ni el 30 % de la financiación total necesaria para desmantelar las
centrales, o del Tribunal de Cuentas que en su informe de 2015 de fiscalización de Enresa indicaba que había una infradotación de 1500 millones de euros, que ahora ya se calcula en 3000 millones de euros.


Hay que decir que respecto al alargamiento de la vida útil de las centrales nucleares a veces se dice, bueno, esto lo que va a conseguir es aumentar la recaudación, pero lo que se va a conseguir en realidad es incrementar el gasto. Por
ejemplo, según un estudio, cuarenta y ocho años de vida útil son 769 millones

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más de euros porque hay que gestionar más combustible gastado. En este contexto, el ministro Nadal ha planteado, primero en unas enmiendas a la ley de la sequía, según parece ahora en una proposición de ley del Grupo Popular, la
transferencia de las responsabilidades, del desmantelamiento de funciones a los operadores, a los titulares de las centrales nucleares. ¿Por qué creemos que el ministro hace esa propuesta? La hace porque quiere impedir el cierre del parque nuclear
en un momento en que las operadoras han manifestado que esta energía ya no es tan rentable como lo era, y que su modelo de negocio está cambiando. El ministro no quiere que le suceda lo mismo que le pasó con Garoña, que a pesar de todas las
facilidades que se pusieron para continuar la actividad de Garoña al final sus operadores decidieron cerrarla. No quiere que eso vuelva a pasar, y es evidente que hay una decisión que es la continuidad de las centrales nucleares y de la energía
nuclear en España. Lo que se pretende es cambiar las reglas del juego al final del partido, cuando estamos llegando ya al fin de la vida útil de estas centrales nucleares. Para nosotros esto es un error y no es responsable, porque se perderían las
garantías de la gestión pública, tendríamos un grave riesgo de incentivos perversos, una tentación por parte de las empresas de reducir los costes para incrementar los márgenes de beneficio, y además Enresa dispone del conocimiento y la capacidad
técnica en la gestión del desmantelamiento, como acreditan Vandellós I y José Cabrera, que son centrales nucleares desmanteladas en proceso de desmantelamiento por parte de Enresa. Ningún operador privado, ninguna gran central ha realizado este
tipo de trabajo.


¿Qué hay que hacer ahora? Pues lo que hay que hacer es garantizar de verdad el principio de justicia intergeneracional. Hay que actualizar de una vez el Plan General de Residuos Radiactivos, que data de 2006; hay que garantizar que Enresa
siga siendo la responsable de llevar a cabo, tanto la gestión de los residuos radiactivos como el desmantelamiento y clausura de las centrales nucleares; hay que garantizar una correcta estimación de los costes, tanto de forma previa al
desmantelamiento como de forma periódica durante las periódicas revisiones de este coste, tomando las medidas normativas, legislativas que sean necesarias para ello, y hay que garantizar también una transición justa para los territorios afectados
con los recursos económicos que sean necesarios. Esas tres garantías en el cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares es lo que plantea nuestra PNL para decirle al Gobierno que lo que no tiene que hacer es lo que plantea el ministro
Nadal, que lo que tiene que hacer es que haya primero desmantelamiento y cierre ordenado de las centrales, y que esta sea una responsabilidad pública financiada por las operadoras, por las grandes empresas hidroeléctricas que se han lucrado durante
muchos años de la energía nuclear.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell.


A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por los grupos parlamentarios Ciudadanos y Socialista. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Ten Oliver.


El señor TEN OLIVER: Desde nuestro grupo parlamentario todos conocemos, y lo hemos comentado en la anterior intervención, las cifras del parque nuclear español, que proporciona aproximadamente el 20 % de la generación anual del sistema
eléctrico, que aporta además 7500 horas aproximadamente de funcionamiento, que además tiene un factor de carga de operación muy alto, del 90 %, comparado con otras fuentes energéticas, aparte de que sea una producción firme en el mercado pool
marginalista, otorga un papel clave en la energía nuclear como un contenedor de alza de los precios. Queda pendiente el tema de los residuos de combustible gastado, y evidentemente además se hace necesaria la realización del nuevo Plan General de
Residuos que garantice la financiación necesaria para ese desmantelamiento ordenado. Desde Ciudadanos consideramos que cualquier propuesta de cierre de las instalaciones nucleares de producción eléctrica activa requiere su supeditación al
cumplimiento de los tres objetivos básicos, por un lado, la sostenibilidad medioambiental, la competitividad y la seguridad de suministro.


El señor Vendrell ha planteado aquí una proposición no de ley, y plantear sinceramente el cierre determinado de las centrales nucleares sin exponer en qué medida, de qué modo, cómo lo va a hacer, creo que es sencillamente una actitud
populista irresponsable; creo que se hace realmente un enorme daño a los intereses de los consumidores, incluso del propio planeta, porque puede haber muchísima frustración en la sociedad y desde luego una ruptura del sistema.


Consideramos que no debemos oponernos a una fecha de caducidad anticipada de estas instalaciones, así como tampoco a una prórroga automática, sino que debe considerarse su aportación y

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las posibilidades reales de sustituir esa producción por otras fuentes que no condicionen la competitividad, la sostenibilidad medioambiental o la seguridad a que hacía referencia.


Por todo ello hemos presentado al Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea una enmienda para supeditar esas decisiones de política energética a esa ley de cambio climático y transición energética; actualizar
ese Plan General de Residuos Radiactivos a que hacía referencia, y su financiación; a estudiar las características y necesidades de ese modelo de gestión de residuos, de desmantelamiento de las instalaciones nucleares a través de Enresa, y por
supuesto a planificar la transición económica de esos territorios y esas personas afectadas por el cierre de las nucleares que tarde o temprano se va a hacer, pero debería hacerse de una forma ordenada y siempre teniendo en cuenta una ley de
transición energética y un pacto de Estado por la energía.


Por todo ello, si no tienen en cuenta estas enmiendas, votaríamos en contra.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.


La señora LUCIO CARRASCO: Llevamos años tragando con la afirmación interesada de que la energía nuclear es la más limpia, la más segura, la más barata, es decir, que es una energía imprescindible. Pues bien, no parece, a tenor de los datos
conocidos últimamente, que cumpla con ninguna de estas características. En las últimas semanas se ha producido un hecho insólito en este país relacionado con la energía nuclear, y es que por primera vez el Gobierno reconoce que la energía
considerada históricamente como la energía más barata resulta que no lo es tanto. El ministro ha admitido que las compañías eléctricas no han internalizado los gastos de desmantelamiento de las centrales como venimos denunciando los socialistas
durante años. Resulta que ahora hay un agujero y que el ministro, como siempre, en lugar de abordar los problemas de forma colectiva y cooperativa, decide echar balones fuera y pide que se encarguen otros de lo que debería encargarse la empresa
pública destinada a tal efecto, que es Enresa. Coincidimos con el grupo proponente en que es quien tiene la capacidad para hacerse cargo del desmantelamiento y la gestión de los residuos; coincidimos también en que, independientemente de las
decisiones empresariales, quienes han operado las centrales tienen que hacerse cargo del coste económico que esta actividad ha supuesto, dado que durante mucho tiempo han sido muy beneficiadas económicamente como consecuencia del mercado
marginalista.


Los socialistas, como bien conoce el grupo proponente, apostamos hace ya mucho tiempo por un calendario gradual de cierre de las centrales una vez cumplidos los cuarenta años de vida útil, y por tanto hemos enmendado su propuesta en este
sentido. Nos tememos que su estrategia de no concesión de nuevas licencias, aunque sea por poco periodo de tiempo, tenga costes económicos para las arcas públicas, dado que el diseño y la planificación del parque nuclear se hizo para cuarenta años
de vida útil. Del mismo modo apostamos por procesos de sustitución planificados, ordenados, predecibles en aras de evitar impactos territoriales indeseados.


Hemos incorporado también una enmienda de mejora técnica al punto número 2 para que se elabore a la mayor brevedad posible un nuevo Plan General de Residuos, ajustado con el contexto, tanto técnico como normativo actual, y para la gestión
responsable y segura del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos.


Por último, quería destacar que para los socialistas es prioritario en este momento diseñar y dotar presupuestariamente la transición energética justa. El cambio en las tecnologías no puede ser a costa del sufrimiento de los trabajadores ni
del abandono de las zonas que durante mucho tiempo han servido para abastecer de energía a todo el país. Por eso es imprescindible que, antes de que se tomen las decisiones, se hayan puesto en marcha programas de revitalización de las zonas de
transición energética. Los trabajadores y trabajadoras necesitan dar respuesta a dos preguntas fundamentales: una, cuándo va a terminar su actividad, y dos, dónde van a trabajar después de que termine. Y esas son las preguntas a las que hay que
responder con valentía y sin temor.


Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Le pregunto al señor Vendrell respecto a las enmiendas de Ciudadanos y del Grupo Socialista.

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El señor VENDRELL GARDEÑES: No, no aceptamos las enmiendas, y creo que para facilitar también la votación debería hacerse por puntos.


El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se pasará a votación por puntos esta proposición no de Ley.


En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.


El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Señor presidente, de llevarse a efecto esta iniciativa de Unidos Podemos el precio de la electricidad en España, tanto para los consumidores domésticos como para las empresas e industrias, se dispararía y el
varapalo al sistema eléctrico español sería tan descomunal que la economía del país se resentiría traumáticamente, incluida la pérdida de competitividad y la desaparición de miles de puestos de trabajo. Si al cierre del parque nuclear se suma
además la pérdida de soberanía energética española, como se cuela de la animadversión del grupo del señor Vendrell y de otros grupos a la minería del carbón y a las centrales térmicas, tenemos el cóctel perfecto para arruinar a España en un tiempo
récord.


Señorías, el mix energético es un asunto lo suficientemente importante como para que no se propongan medidas fundamentalistas, que de llevarse a cabo supondrían el desequilibrio absoluto y arrastrar a la economía española a las decisiones y
a los precios fijados por terceros países, a los que habría que comprar los recursos energéticos imprescindibles para que España funcione, los comercios trabajen, las industrias produzcan y las familias puedan encender la luz. Llamo la atención
sobre el alto precio que hoy ya estamos pagando los españoles, pese a tener energía nuclear y carbón, un precio que es de los más altos de Europa, y no me quiero imaginar el precio resultante de un sistema de determinación de tarifas que excluya
unas fuentes energéticas que las tenemos al alcance y que no dependen exclusivamente de las condiciones climáticas. Por favor, antes de presentar estas iniciativas fundamentalistas, mírese lo que hacen otros importantes países europeos para
garantizar la competitividad de sus industrias y abaratar el recibo de la luz. Votaré en contra, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Oblanca.


Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar posición, tiene la palabra el señor Postigo Quintana.


El señor POSTIGO QUINTANA: En España hay cinco centrales nucleares, como se ha dicho, sin contar Santa María de Garoña, de las cuales dos disponen de dos reactores, Almazán y Ascó, por lo que suman siete reactores en activo y agua ligera y
que aportan en torno al 22 % de toda la generación eléctrica a nivel nacional, siendo la tecnología con mayor participación en el suministro eléctrico español.


Respecto a la continuación o no de las centrales actualmente en funcionamiento consideramos que deben valorarse diversos aspectos de su contribución al sistema eléctrico, como son la contribución al abaratamiento del precio de la
electricidad, la contribución a la estabilidad de la red eléctrica, la contribución a la seguridad del suministro, la contribución al cumplimiento de los compromisos medioambientales asumidos por España.


En cuanto al Plan General de Residuos Radiactivos me gustaría señalar que en el contexto actual de la Unión Europea aún no ha quedado definido el paquete de invierno, actualmente en fase de negociación, y se contempla la obligación de los
Estados miembros de remitir una planificación energética para el horizonte 2030-2050.


Respecto a la gestión del combustible nuclear gastado y de los residuos radiactivos existe la necesidad de llevar a cabo las acciones oportunas en este sentido, según se ha puesto de manifiesto en diversas ocasiones en este ámbito
parlamentario. Por otra parte, el proceso de licitación para la obtención de la autorización de construcción, cuyo informe preceptivo ha de emitir el CSN, continúa con toda normalidad.


Pronunciarse por tanto sobre la viabilidad del emplazamiento de la ATC no le corresponde al Gobierno, sino al CSN, organismo que es independiente del Gobierno y es el único competente en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.


En la actualidad Enresa es la empresa pública responsable de llevar a cabo el desmantelamiento y la clausura de las centrales nucleares. Estas actividades son consideradas servicios públicos de interés general. Si bien la gestión del
combustible gastado es una actividad que se extiende por generaciones, y tiene que ser pública, no ocurre lo mismo con el desmantelamiento, que podría ser asumido por los titulares. Es decir, en el sistema vigente los costes del desmantelamiento
les son cobrados por adelantado

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al titular mediante la tasa de Enresa, en base a las previsiones de esta empresa antes de la parada definitiva de la planta, por lo que responsabilizar al titular de la instalación de estas actividades sería la solución más eficiente.


Concluyo, señor presidente. En definitiva la buena gobernanza requiere tomar decisiones más adecuadas para el interés general, las más adecuadas, escuchando a todos los actores sociales y empresas, pero sin hipotecas recíprocas de ningún
tipo, huyendo de los tópicos, de los prejuicios, de las ideologías y de los partidismos.


Gracias.


VOTACIONES:


El señor PRESIDENTE: Vamos a pasar a la votación de las proposiciones no de ley.


En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el servicio de interrumpibilidad, en los términos de la autoenmienda planteada por el propio grupo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 15 votos a favor; 14 votos en contra; 8 abstenciones.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos ahora a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre modificación de la potencia eléctrica, en los términos de la transaccional que conocen sus señorías.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 24 votos a favor; 14 votos en contra.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular relativa al Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje, que se vota en sus propios términos.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 15 votos a favor; 9 votos en contra; 10 abstenciones.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre fomento de la movilidad sostenible, en los términos de la enmienda del Grupo Popular que se incorpora como adición.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos a favor; 1 voto en contra; 18 abstenciones.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.


Pasamos ahora a la última de las proposiciones no de ley, la del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa al cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares y posterior gestión de los residuos
radiactivos generados por las mismas. Se va a votar punto por punto, y tiene siete puntos, señorías.


Pasamos a la votación del punto primero.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 9 votos a favor; 25 votos en contra.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.


Votamos el punto segundo.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; 18 votos en contra.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el punto tercero.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; 15 votos en contra; 3 abstenciones.

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El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos a la votación del punto cuarto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; 15 votos en contra; 3 abstenciones.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Votamos el punto quinto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 18 votos a favor; 18 votos en contra; 1 abstención.


El señor PRESIDENTE: Se ha producido un empate, señorías, por lo que vamos a hacer la ponderación de voto de cada grupo, teniendo en cuenta que el Grupo Mixto vota por separado, y quedando de la siguiente forma: 164 votos a favor, 167
votos en contra y 1 abstención.


Queda rechazado el punto quinto.


Votamos el punto sexto.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 22 votos a favor; 15 votos en contra.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Pasamos al punto séptimo y último de esta proposición no de ley.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: 19 votos a favor; 18 votos en contra.


El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.


Señorías, se levanta la sesión.


Eran las dos y veinticinco minutos de la tarde.