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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 458, de 13/03/2018
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 458
PARA LAS POLÍTICAS INTEGRALES DE LA DISCAPACIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JORDI XUCLÀ I COSTA
Sesión núm. 19
celebrada el martes,
13 de marzo de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la promoción de la lengua de signos en el sistema educativo. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002956) ... (Página2)
- Relativa a actualizar el listado de enfermedades del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u
otra enfermedad grave. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002770) ... (Página3)
- Sobre la revisión de los supuestos de jubilación anticipada comprendidos en el Real Decreto 1851/2009. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001939) ...
- Relativa al cumplimiento de la accesibilidad universal en la Biblioteca Nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002477) ...
- Relativa a la mejora de la accesibilidad a los centros y servicios sanitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002624) ... (Página12)
- Sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002674) ... (Página15)
- Relativa al fomento del uso de la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002715) ...
- Relativa a reformar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002854) ... (Página21)
- Por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002918) ...
Votaciones ... (Página29)
Se abre la sesión a las diez y cinco minutos de la mañana.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Buenos días a todas y a todos. Comenzamos esta sesión de la Comisión para las Políticas Integrales de la Discapacidad. En primer lugar, quiero pedir disculpas de parte del presidente de la
Comisión, que está de camino y no puede llegar a tiempo, se incorporará en breve. En segundo lugar, me ha llegado la petición de un grupo parlamentario para modificar el orden del día que tienen ustedes. El Grupo Parlamentario Popular me solicita
debatir en primer lugar la iniciativa número seis, del Grupo Parlamentario Socialista, para actualizar el listado de enfermedades del Real Decreto 1148/2011. Ustedes me dirán si están los portavoces que van a intervenir en ese punto 6.º del orden
del día y, por tanto, se puede modificar. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que presenta la iniciativa, no hay ningún problema. En caso de admitirse, la iniciativa número uno, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana y que
presentará la señora Jordà, se tramitará en segundo lugar. Le he preguntado su opinión y no tiene inconveniente. Por tanto, pregunto al resto de los grupos si los portavoces que iban a intervenir en esta primera iniciativa, pueden esperar a que se
tramite en segundo lugar. En definitiva, son dos preguntas: ¿Podemos debatir en primer lugar la iniciativa número seis? (Asentimiento). ¿Podemos debatir la iniciativa número uno en segundo lugar? (Asentimiento). De acuerdo.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA PROMOCIÓN DE LA LENGUA DE SIGNOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002956).
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Bien, seguiremos ese orden. (El señor Clemente Giménez pide la palabra).
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: ¿La iniciativa número nueve se ha retirado?
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Lo iba a decir después, pero como se ha comunicado a la Mesa y al señor secretario lo podemos anunciar ya: la iniciativa número nueve del Grupo Parlamentario Popular, relativa a la promoción de
la lengua de signos en el sistema educativo, ha sido retirada. Tenemos una iniciativa menos.
Si me dan un minuto, voy a ceder la Presidencia al vicepresidente segundo para pasar al otro lado de la Mesa y defender la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. (El señor vicepresidente, Aguiar Rodríguez, ocupa la Presidencia).
- RELATIVA A ACTUALIZAR EL LISTADO DE ENFERMEDADES DEL REAL DECRETO 1148/2011, DE 29 DE JULIO, PARA LA APLICACIÓN Y DESARROLLO, EN EL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DE LA PRESTACIÓN ECONÓMICA POR CUIDADO DE MENORES AFECTADOS POR CÁNCER U
OTRA ENFERMEDAD GRAVE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002770).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Buenos días, señorías. Como ha dicho con anterioridad la señora presidenta, tras el cambio en el orden del día que han aceptado todos, vamos a comenzar por la iniciativa número seis, relativa a
actualizar el listado de enfermedades del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave.
Es una iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, por tiempo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Pérez.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista trae una vez más a esta Comisión, al Parlamento, en este caso al Congreso, la situación que se produce con la aplicación de un real decreto que fue pensado para ayudar a los padres y
a las madres de los niños y niñas con cáncer u otras enfermedades graves, cuando están trabajando y tienen que abandonar su trabajo para el cuidado de sus hijos. Un asunto que se regula en 2011 y que ha dado una serie de problemas -hay que
reconocerlo- a la hora de su aplicación, que ha llevado a muchas familias con el derecho a recibir esta prestación a los tribunales, generando graves daños sobre todo cuando nos encontramos en unos casos ante enfermedades no diagnosticadas y en
otros ante enfermedades graves. Una situación tan compleja no se puede abordar anunciando a bombo y platillo, como hizo el secretario de Estado de la Seguridad Social el pasado 15 de febrero, que se va a modificar esta prestación y que, por fin, se
podrán recibir cuidados en casa. En primer lugar, porque eso ya está sucediendo y ya se contempla en el actual real decreto o reglamentación y, en segundo lugar, porque hay sentencias posteriores que no solamente reconocen la prestación en el
domicilio, como se recoge en el real decreto, sino que, en concreto, hay una sentencia de 2016 del tribunal superior que reconoce incluso esa prestación cuando estos niños o niñas se pueden incorporar al sistema educativo, como ustedes imaginarán,
en unas condiciones tremendas, dadas sus graves enfermedades. Tenemos un caso en Galicia, el de Julia; tenemos un caso por cada comunidad autónoma que vayamos buscando. Hoy ha salido una nueva sentencia.
Señorías, pese a la voluntad del legislador o de quien elaboró la norma en ese momento, nos encontramos con un listado que recoge, además del cáncer, solamente un número determinado de enfermedades graves. No obstante, ese listado en cada
uno de los apartados incluye la expresión 'otras enfermedades', pero esta cláusula abierta no es suficiente por los problemas que estas familias están teniendo, fundamentalmente por parte de las mutuas, cuando se judicializa este asunto. Si el
problema es grave por las más de 6000 o 7000 -incluso dicen que hasta 9000- enfermedades raras que puede haber en el mundo, ¿se imaginan ustedes el listado que tendríamos que hacer? El vademécum sería inmenso. Como la situación es difícil para
incorporar en ese listado enfermedad tras enfermedad, nosotros agradecemos mucho al secretario de Estado que, además de anunciar que iba a hacer una cosa que ya se está haciendo porque así lo recoge el propio real decreto, dijera que va a incorporar
a ese listado una enfermedad y dos síndromes, algo que fue aprobado en el Senado y en el Congreso a iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista. Incluso se han firmado convenios con los servicios de pediatría para hacer los estudios
correspondientes. Le agradecemos mucho que lo tenga en cuenta, pero ¿tenemos que esperar a que venga el Grupo Parlamentario Socialista o cualquier otro grupo de esta Cámara con el listado de las 6000 enfermedades raras, mientras esos niños y niñas
y esas familias están padeciendo?
Por eso el Grupo Parlamentario Socialista presenta hoy esta iniciativa, para que no sucedan los casos tan graves que se están dando; Julia no controla los esfínteres, Julia no puede hablar, Julia tiene una enfermedad grave y una
discapacidad reconocida superior al 78 %; y como ella, muchos otros niños y niñas en este país. Julia está sin diagnóstico. Ustedes conocen que dentro de Feder, Federación Española de Enfermedades Raras, existe una asociación llamada Objetivo
Diagnóstico, cuyo presidente precisamente debe estar ahora mismo en un acto que se celebra en Madrid, presidido por la reina, sobre este asunto de la investigación en enfermedades raras. Y sucede que lo que ya es un agravio para familias y críos
que teniendo un diagnóstico no están en ese listado porque es imposible recoger todas las enfermedades, se convierte en una doble o triple discriminación para aquellas familias y aquellos niños o
niñas que no tienen diagnóstico, que son muchos. ¿Saben ustedes que la media para obtener una diagnóstico pueden ser diez años de espera? Diez años en los que se priva de atención a los niños o de prestación a las familias.
Reconociendo todo esto, hoy de nuevo ha habido una sentencia en la que se señala que es verdad que tienen el derecho, pero que no se lo pueden reconocer porque no existe Y esto porque no existe en el real decreto la posibilidad de cláusula
abierta. De ahí que el Grupo Parlamentario Socialista -por Sofía, que después de diez años acaba de ser diagnosticada, por Julia y por tantos otros niños y niñas- considere imprescindible, porque ha trabajado en ello con las asociaciones,
establecer una cláusula residual general dentro del real decreto que pudiera determinar la inclusión de enfermedades graves e invalidantes, incuestionables a la vista de los informes pediátricos, evitando la posible interpretación de la lista como
un numerus clausus. Esto es absolutamente posible, con todo el rigor que quieran, con todos los criterios que necesitemos aplicar, con toda la información disponible...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Señora Pérez, por favor, vaya concluyendo cuando pueda.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Es absolutamente imprescindible que dejemos una cláusula abierta para todos aquellos niños y niñas y todas aquellas familias que no disponen de un diagnóstico y sí pueden demostrar, como se ha demostrado en los
tribunales, que sus hijos o hijas padecen una enfermedad grave que necesita cuidados intensivos. Tienen derecho a esta prestación y hay sentencias que así lo corroboran, como esta que les comentaba de 2016. Por favor, nuestra iniciativa solicita
nada más que valoren el establecimiento de la cláusula. Háganlo, por favor, porque acordar que se incluyan otras enfermedades ya lo hemos aprobado varias veces; pero no solo las tres enfermedades que nosotros propusimos; por favor, ¿con qué
criterio han decidido que sean tres y no trescientas? Tenemos muchas más enfermedades en la cartera y no solo las tres que ha decidido el secretario de Estado. Les pido que, además, mientras tanto se dicten las instrucciones oportunas para que
estas personas puedan ser atendidas porque el real decreto original así lo permite.
Muchas gracias, señor presidente, señorías.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias. Señora Álvarez, se ha pasado usted dos minutos en el tiempo, pero la he dejado continuar.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Si ha sido la señora Álvarez no hay problema, porque como yo soy la señora Pérez... (Risas).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Perdón, señora Pérez. Por lo tanto, tendré que ser igual de generoso con el tiempo de los otros intervinientes. Se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la
palabra la señora Hernández Bento.
La señora HERNÁNDEZ BENTO: Gracias, señor presidente.
Señorías, creo que todos los que estamos aquí somos muy conscientes de lo que supone para una familia, para unos padres, conocer el diagnóstico de cáncer o una enfermedad grave de cualquiera de sus hijos, no tiene nada que ver con el grupo
político al que uno pertenece. No es un tema menor, y esta es la razón de que a lo largo de la legislatura ya se hayan debatido tres iniciativas no en esta Comisión, pero sí, por ejemplo, en la Comisión de Sanidad en relación con los menores que
sufren un cáncer o una enfermedad grave. En la Comisión de Sanidad, en aras de conseguir la equidad y la justicia, se acordó por unanimidad, por ejemplo, el reconocimiento de un grado de discapacidad del 33 % para todos los menores durante su
enfermedad, desde que se diagnostica hasta que finalizan su tratamiento. Gracias a Dios y a los avances médicos fundamentalmente en más del 80 % de los casos se curan.
Pero hoy estamos aquí para debatir la ampliación del listado de enfermedades que se recoge en el anexo del Real Decreto 1148/2011, que establece una protección social a través de una prestación económica, que permite a los progenitores
reducir la jornada laboral para el cuidado de sus hijos afectados por cáncer u otra enfermedad grave. Es cierto que, como se expresa en el punto primero de su iniciativa, ustedes solicitan acordar mediante orden ministerial la incorporación al
listado de nuevas enfermedades, cuando usted ha reconocido ahora que, efectivamente, se ha actualizado este listado, tal y como reconoce el real decreto a través de orden ministerial y, además, como también ha reconocido, en este momento se está
impulsando una orden ministerial para incorporar tres nuevas
enfermedades graves: la epidermólisis bullosa y dos síndromes, Behçet y Smith-Magenis. La inclusión de estas enfermedades no es porque haya sido una iniciativa de un grupo político, sino que se hace, como usted sabe, en base a estudios
científicos y técnicos, que tienen que ser revisados por los representantes del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Así se ha hecho y ahora mismo se encuentra en fase de consulta pública. Por lo tanto, si se considerase, este procedimiento
se podría llevar a cabo con alguna otra enfermedad. Este es el primer punto de su iniciativa y nosotros estamos de acuerdo. Precisamente porque tienen que existir estudios e informes sobre las enfermedades susceptibles de ser incluidas en el
anexo, nos parece importante elaborar en colaboración con la Federación Española de Enfermedades Raras, Feder, un estudio serio sobre la situación e incidencia de las enfermedades raras en los menores de edad, cuando por su carácter grave requieran
de cuidado continuo y permanente, y en función de este estudio realizar las modificaciones legales pertinentes. Nosotros no estamos cerrados a que se puedan producir modificaciones legales. De hecho, mi grupo ha tenido contactos y ha mantenido
reuniones en distintas ocasiones -y estamos abiertos a seguir haciéndolo- con esta federación. Y le puedo garantizar que vamos a seguir trabajando, y nos consta que la federación también lo hace, con el Ministerio de Sanidad. Ustedes proponen
incluir una cláusula residual y evitar que la lista sea interpretada, pero nosotros creemos que esto no sería suficiente porque el propio real decreto lo impide. Por eso hemos presentado esta enmienda.
Por último, para fijar posición le diré que también nos parece adecuado el punto tres porque, repito, si fuera necesario, no estamos cerrados a que se produzca ningún tipo de modificación legal en base a los estudios que queremos realizar de
la mano de la Federación Española de Enfermedades Raras y, por tanto, nos parece correcto. De hecho, se está haciendo y la Administración de la Seguridad Social continúa dictando estas instrucciones para salvar cualquier problema interpretativo.
Para finalizar, porque estoy viendo al presidente mover la cabeza, me gustaría reiterar el compromiso de mi grupo para, desde la responsabilidad, seguir trabajando para encontrar soluciones, que alivien la situación a la que se enfrentan los padres
cuando a sus hijos se les diagnostica cáncer o una enfermedad grave.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora Hernández.
Señora Pérez -ahora sí-, ¿acepta usted la enmienda del Grupo Parlamentario Popular?
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Señor presidente, no acepto la enmienda ni tampoco acepto que se me deje por mentirosa.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Señora Pérez, su intervención es solo para decir si acepta o no la enmienda.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Sí, claro, entonces le pido un segundo para que me deje explicar que la señora diputada ha dicho algo que no es cierto y me ha dejado por mentirosa.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Yo creo que no procede.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Sí procede...
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Señora Pérez, no tiene la palabra.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Sí procede porque en la consulta pública el Gobierno dice claramente que estas tres enfermedades se incluyen porque han sido aprobadas las tres PNL en el Parlamento.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Señora Pérez, por favor, le he dicho que no tiene la palabra.
A continuación, para fijar posición por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En principio y para fijar posición diré que nuestro voto será afirmativo. Como ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, esto no solo no es un tema menor, sino que cualquier asunto relacionado con el cáncer o enfermedades raras
es un tema capital y, sobre todo, si es infantil. También se ha dicho aquí que se ha tratado de manera parcial en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales y, por ejemplo, en enero se presentó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Socialista, que no voy a leer
porque ustedes la recuerdan perfectamente, en la que se reconocía un grado de discapacidad del 33 %. Asimismo, en marzo de este mismo año, se presentó una proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana sobre el
reconocimiento del grado de discapacidad del 33 % a los niños con cáncer, que también fue aprobada. Parece que el Gobierno, por lo menos hasta la fecha, se ha desentendido un poco de estas proposiciones no de ley. Cuando un menor padece un proceso
oncológico, las necesidades de cuidados y atención sanitaria desbordan la realidad de permisos y ayudas existentes a día de hoy. No son pocas las veces que los padres y madres de estos menores deben trasladarse durante meses a otra comunidad
autónoma, para recibir el correcto tratamiento que exige la tipología de cáncer que sus hijos padecen, con las consecuencias directas e indirectas que ello conlleva sobre sus carreras profesionales y ahorros. Todos conocemos casos en que los padres
y madres han tenido que dejar sus trabajos para poder atender a su hijo hospitalizado en otra comunidad autónoma, o casos en los que la larga estancia del menor en el centro hospitalario hace preciso que los progenitores tengan que alquilar un piso
para poder atender sus necesidades y acompañar al menor en todo el proceso. Ese acompañamiento del menor en los procesos complejos, como son las enfermedades oncológicas, es una situación que debemos apoyar desde las instituciones. El interés
superior del menor debe prevalecer en todo momento. Por todo ello votaremos a favor de esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señor Clemente.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba.
La señora ALBA GOVELI: Muchas gracias, señor presidente.
Ya lo han dicho varios portavoces y creo que hay que insistir en ello, no estamos hablando de una cuestión menor; se trata de un asunto francamente importante. Fíjense, durante el año 2017 un total de 2642 padres o madres trabajadoras
solicitaron la prestación tras reducir su jornada laboral, un 26 % más que el año anterior y con una duración media de 381 días, porque estamos hablando de procesos no solo muy duros, sino en muchos casos muy largos. Calculen, entonces, cuántas
familias se estarán quedando fuera a causa de la falta de diagnóstico. Nos parece importante y compartimos la propuesta de esta iniciativa; creemos que hay que valorar la incorporación de esta cláusula porque no basta con que se sumen tres
enfermedades a una lista de 110. Hay que tomarse este tema muchísimo más en serio porque, al fin y al cabo, a lo que se están enfrentando estas personas cuidadoras -por cierto, hay que resaltar que en su gran mayoría son mujeres, son las madres las
que asumen esta carga- no es ya solo a un infierno burocrático-administrativo, sino que en muchos casos se acaba convirtiendo en un infierno judicial. Y el nivel de desprotección que muchas familias están sufriendo, precisamente en un momento tan
terrible y tan duro de sus vidas, es algo que desde esta institución debemos combatir. Espero que la voluntad trasladada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular sea sincera y de verdad veamos hechos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora Alba.
No sé si la portavoz de Esquerra Republicana desea intervenir. (Denegación). Bien, por tanto, damos por finalizado este primer punto del orden del día.
- SOBRE LA REVISIÓN DE LOS SUPUESTOS DE JUBILACIÓN ANTICIPADA COMPRENDIDOS EN EL REAL DECRETO 1851/2009. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001939).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Como habíamos acordado, continuamos con el debate de la segunda proposición no de ley, que es la que figura como punto 1.º en el orden del día, sobre la revisión de los supuestos de jubilación
anticipada comprendidos en el Real Decreto 1851/2009. El autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Tiene la palabra su portavoz.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señor presidente.
Molt bon dia a totes y a tots. Defiendo en nombre de Esquerra Republicana esta proposición no de ley que tiene como objetivo ampliar los supuestos de jubilación anticipada. Como habrán podido leer en su exposición de motivos, se habla
principalmente de la artogriposis múltiple congénita, pero existen muchas
otras enfermedades, algunas de tipo degenerativo también como, por ejemplo, el párkinson. Estamos hablando de enfermedades que repercuten gravemente en la calidad de vida de las personas que las padecen, causándoles grados de discapacidad y
afectando negativamente a la vida laboral de aquellas personas que trabajan, pese a padecer estas enfermedades. Actualmente en el Estado español el Real Decreto 1851/2009 regula los criterios para acceder a la jubilación anticipada de aquellas
personas afectadas con un grado de discapacidad igual o superior al 45 %. En su artículo 2 dicho real decreto enumera las diferentes discapacidades que pueden dar lugar a la anticipación de la edad de jubilación, pero no figuran la artogriposis
múltiple congénita ni el párkinson, como tampoco figuran en el Real Decreto 1539/2003, por el que se establecen coeficientes reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de minusvalía. Esto
penaliza doblemente a los afectados por este tipo de enfermedades, ya tengan una minusvalía igual o superior al 45 % o igual o superior al 65 %, ya que los aboca a la iniciación de incapacidades temporales y a continuar con un procedimiento para la
obtención de la incapacidad permanente, pese a que existe una limitación evidente para realizar actividad laboral por motivo de su enfermedad, en este caso degenerativa. Esta es la razón por la que presentamos esta iniciativa, con el objetivo de
iniciar un proceso de revisión de los supuestos de jubilación anticipada por motivo de enfermedades neurodegenerativas y/o minoritarias que actualmente, por desgracia, aún no se encuentran comprendidas en el artículo 2 del Real Decreto 1851/2009.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora Jordà.
Se han presentado enmiendas a esta iniciativa. Por parte del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señor presidente. Buenos días a todos.
El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda, una mejora técnica al texto original de esta iniciativa, cuyo contenido compartimos. En efecto, creemos que es pertinente un evaluación y revisión de esos supuestos de jubilación
anticipada por motivo de enfermedades neurodegenerativas o minoritarias contempladas en el Real Decreto 1851/2009. Se trata de un listado que tiene casi una década, y, en investigación científica y biomédica, una década, especialmente esta última,
es todo un mundo. Se hace necesario valorar como causa de jubilación anticipada la incorporación de nuevas patologías que la evidencia científica ha demostrado que son incapacitantes, para evitar la exclusión social de las personas que la sufren,
una exclusión agravada por los procedimientos de incapacidad temporal a los que se ven abocadas antes de alcanzar la permanente. El contenido de nuestra enmienda viene a solicitar que la comisión de expertos encargada de esa revisión quede viva
tras la finalización de los trabajos y se haga un seguimiento regular o periódico de los supuestos, para que el listado de patologías no quede cerrado durante otra década y dé lugar a que tengamos que presentar iniciativas como esta.
Votaremos, por tanto, a favor de la PNL. Además, mi grupo considera que cumple con lo dispuesto en la recomendación número 18 del Pacto de Toledo, sobre discapacidad, que en su vigente redacción establece -y cito-: 'El sistema de la
Seguridad Social constituye un instrumento de política social que debe contribuir en mayor medida a la plena inclusión de las personas con discapacidad. A tal fin se han de intensificar los niveles de protección de las necesidades insuficientemente
cubiertas de las personas con discapacidad'.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señor Gómez.
También se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista. Para su defensa, tiene la palabra la señora Tundidor.
La señora TUNDIDOR MORENO: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días.
Han pasado demasiados años desde la aprobación del real decreto que establecía el baremo para la determinación del grado de discapacidad, demasiado tiempo y, aunque fue un decreto hecho por nosotras, las socialistas, reconocemos que ha
quedado obsoleto. Este baremo no resulta lo bastante sensible como para valorar discapacidades asociadas a enfermedades raras o poco frecuentes, enfermedades congénitas crónicas, progresivas, neurodegenerativas, enfermedades reumáticas y, en
general, cualquier enfermedad que pueda ser incapacitante, como es el caso de la artrogriposis múltiple congénita, la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, la encefalomiolitis miálgica, el síndrome de intolerancia al
ejercicio, el síndrome químico múltiple, la electohipersensibilidad, el párkinson, el síndrome de pospoliomielitis y otras muchas más, incluso algunas que todavía no están diagnosticadas y otras que probablemente aún no conozcamos, y es que
el reconocimiento de la discapacidad en estas enfermedades se produce demasiado tarde, cuando la persona ya ha alcanzado un nivel de deterioro físico y, junto a su familia, comienza un duro camino.
Es necesario adaptar las nuevas necesidades, cambiando la aplicación del baremo. Por eso, consideramos importante proponer a la Comisión estatal de coordinación y seguimiento de la valoración del grado de discapacidad -que les recuerdo que
es una comisión viva- que se inicie un proceso de revisión para determinar la conveniencia de incluir nuevas discapacidades en el listado del artículo 2 del Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 161 bis de la Ley
General de la Seguridad Social, en cuanto a la anticipación de la jubilación de los trabajadores con discapacidad en grado igual o superior al 45 %. En esa línea va nuestra enmienda. En mayo de 2011 la Comisión de Sanidad, Política Social y
Consumo del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una proposición no de ley para que el Gobierno tuviera en cuenta todas las características específicas de estas enfermedades en los procesos de revisión y actualización de los baremos.
Pero el Gobierno ha mirado hacia otro lado y no ha puesto nada en marcha. Señorías, un acceso temprano a servicios y recursos especializados es fundamental para prevenir o paliar los efectos de la enfermedad y proteger a las personas afectadas y a
sus familias. El reconocimiento de este tipo de enfermedades en el momento adecuado supondría un gran avance para la mejora de la calidad de vida de estas personas, lo que les permitiría el acceso inmediato a prestaciones, recursos y servicios de
especialidades. Cada vez hay más afectados y menos recursos, y, como pueden ustedes imaginar, el desarrollo está vinculado a la comunidad autónoma donde se viva. Por eso es necesario dotarla de los medios humanos y materiales necesarios. Y no
puedo pasar por alto y dejar de recordarles que, aunque discapacidad no es lo mismo que dependencia, este tipo de enfermedades hace que quienes las sufren dependan de otras personas para vivir, de modo que tienen un gran impacto en el ámbito
familiar, por lo que es de vital importancia seguir apostando por políticas sociales dirigidas a las personas y el desarrollo de normas como la Ley de dependencia.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias.
Señora Jordà, ¿acepta las enmiendas?
La señora JORDÀ I ROURA: Vamos a aceptar la enmienda de modificación del Grupo Socialista, porque entendemos que mejora nuestra proposición no de ley.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, señor presidente.
La proposición no de ley que nos trae hoy Ezquerra Republicana nos parece acertada y votaremos a favor. No obstante, hay algunas cuestiones que nos preocupan y nos gustaría comentar.
En primer lugar, consideramos que en todo lo que tiene que ver con políticas públicas siempre hay que actuar de forma integral y transversal, y, por lo tanto, eso quiere decir que no deberíamos legislar solamente para un tipo concreto de
enfermedad, sino revisar, en general, cómo ha funcionado hasta ahora este real decreto y, por tanto, revisar, en general, para todas las enfermedades raras cuáles han sido los efectos. En segundo lugar -y esto tiene que ver con la cuestión
transversal que también comentaba la portavoz del Grupo Socialista, y no me parece menor-, esta no es la única condición que necesitamos cambiar para mejorar la vida de estos pacientes. Es evidente que tenemos muchísimos problemas: el primero de
ellos -y parece que va a empeorar en el próximo año- es que día de hoy la jubilación anticipada no es garantía de una vida digna; en segundo lugar, la atención del Sistema Nacional de Salud, no por sus profesionales sino porque las políticas
públicas del Partido Popular tienen bastantes problemas; y, en tercer lugar -y esto es lo más importante, por supuesto-, la situación actual de la Ley de dependencia, porque en este momento un paciente que en España necesita ayuda para tener
autonomía en su vida diaria o, en general, para poder vivir con la diversidad funcional que padece no solamente no
va a tener una prestación digna, sino que probablemente no va a tener ningún tipo de ayuda, ni siquiera acceso al catálogo de prótesis o lo que en ese caso sea necesario, como una terapia ocupacional.
Por tanto, aunque creemos que esta enfermedad debe constar en el catálogo de enfermedades contemplado en este real decreto, nos parece una medida que especifica demasiado, en una cuestión que debería ser revisada en el fondo. Y, por
supuesto, con relación a las pensiones, creemos que de poco vale actualizar el catálogo de enfermedades si no somos capaces de revalorizarlas e indexarlas con respecto al IPC. Para eso están las leyes que ya hemos registrado, que en este momento
están vetadas por el Gobierno del Partido Popular. Es realmente vergonzoso que haya dinero para rescatar autopistas y el Castor de Florentino Pérez y, sin embargo, no haya más que para actualizar el 0,25 % de las pensiones. Ya sé que siempre que
digo estas cosas les molesta un montón, pero es que resulta bastante lamentable tener que estar discutiendo sobre estas cuestiones y que sepamos perfectamente que no va a haber dinero, efectivamente, para las pensiones de estas personas, que tanto
lo necesitan, que son los pacientes. Así que nosotras votaremos favorablemente, por supuesto, pero esperamos que el Partido Popular reflexione sobre su actitud.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora Rodríguez.
Por el Grupo Popular, para fijar su posición tiene la palabra el señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
En primer lugar, quisiera felicitar al grupo proponente por el debate de esta iniciativa, que tanto formaba parte del orden del día como desaparecía, al tiempo que manifestar mi compromiso y el del grupo al que represento con las personas
con discapacidad o enfermedades raras y, por supuesto, con sus familias. También quisiera reconocer la buena intención que los miembros del Grupo Parlamentario de Esquerra han tenido al presentar esta iniciativa en favor de las personas con
artrogriposis múltiple congénita en nuestro país. Pero, señorías, no solo de buenas intenciones se vive, porque, a pesar de imaginar que se trata de una propuesta que no persigue otra cosa que beneficiar a estas personas en el acceso a la
jubilación anticipada, como no puede ser de otra manera, sin embargo, la formulación de la proposición no de ley no es del todo exacta. De hecho, tras su lectura se detectan una serie de lagunas relacionadas con los instrumentos legislativos
existentes para facilitar la jubilación anticipada en caso de grave discapacidad. Se limitan a citar tan solo una de las herramientas disponibles, obviando otras fórmulas existentes, porque ustedes están acostumbrados a ver solo lo que quieren ver
y a manipular la realidad para presentar a los demás una visión sesgada de la misma. Y digo todo esto porque en la exposición de motivos tan solo se refieren al Real Decreto 1851/2009, de 4 de diciembre, y parecen olvidar que existen otros
instrumentos, como el Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, que también persigue mejorar los supuestos de jubilación anticipada a favor de los trabajadores con discapacidad. Es más, dicha norma establece una serie de coeficientes reductores de
la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acrediten un grado importante de discapacidad, y, a diferencia del real decreto que citan, no incluye en su articulado ninguna lista de enfermedades que pueden originar dicho beneficio. En
consecuencia, a través de esta disposición legal, aquellos trabajadores, con independencia de la enfermedad que padezcan, que acrediten sufrir discapacidad, así como el grado correspondiente, pueden acceder a la reducción de la edad de jubilación.
Por otro lado, tenemos la norma a la que ustedes hacen referencia, en la que sí aparece una lista de las discapacidades que pueden dar lugar a la jubilación anticipada, pero lo que no dicen en su exposición de motivos es que las patologías
recogidas en ese listado tienen una incidencia negativa en la esperanza de vida de las personas que la padecen. Además, no debemos olvidar que ese listado no lo elaboró ningún Gobierno, sino que fueron los especialistas médicos los encargados de
ello. Por tanto, las personas con artrogriposis múltiple congénita no están desamparadas en los supuestos de acceso a la jubilación anticipada, como ustedes creen o nos quieren hacer creer a los demás, sino que es el camino para acceder a este
beneficio diferente al que ustedes apuntan. Por eso, compartiendo su preocupación por las personas con enfermedades como la señalada en la mañana de hoy, lamento no poder coincidir con las premisas recogidas en la iniciativa que ustedes presentan.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señor Candón.
- RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL EN LA BIBLIOTECA NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002477).
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Continuamos con el orden del día. Vamos a debatir la proposición no de ley que figura en segundo lugar, relativa al cumplimiento de la accesibilidad universal en la Biblioteca Nacional. Esta
iniciativa ha sido presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, por cinco minutos, tiene la palabra la señora Arévalo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Nosotras presentamos esta iniciativa con el objetivo de instar al Gobierno del Partido Popular a que, cumpliendo con el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobó el texto
refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social, y con la Ley 1/2015, de 24 de marzo, reguladora de la Biblioteca Nacional de España, aborde de manera urgente que las instalaciones y los servicios
prestados por la Biblioteca Nacional sean accesibles para todas las personas con diversidad funcional.
Para exponer los motivos de esta proposición no de ley voy a utilizar el texto de la propia web de la Biblioteca Nacional, algo que cualquier persona con diversidad funcional que pretendiera visitar o utilizar los servicios de la biblioteca
haría para conocer cuáles son las condiciones de accesibilidad garantizadas. Cito textualmente: Facilidades a usuarios discapacitados -sí, esto es lo que dice la web de la Biblioteca Nacional de España, y, como el debate sobre terminología lo
vamos a tener después, no me voy a detener en ese aspecto más allá de señalar que, efectivamente, la Biblioteca Nacional todavía hoy no habla de personas con discapacidad, y pueden ustedes comprobarlo, sino de discapacitados-, y podemos ver que la
biblioteca dispone de cuatro plazas de aparcamiento para discapacitados. Pero, en realidad, esto no es así, porque si ustedes siguen leyendo, verán que esas cuatro plazas reservadas a personas con movilidad reducida o vehículo adaptado solo están
garantizadas por la tarde, ya que por la mañana tres de ellas son ocupadas por personal de la biblioteca, que -cito textualmente- tienen una discapacidad. Con relación al acceso, se informa de que las personas que no pueden subir escalones deberán
ser acompañadas de un empleado o empleada, y más adelante se añade que la biblioteca solo dispone de dos sillas de ruedas y que solo se pueden utilizar en itinerarios sin escalones, una vez más con el acompañamiento de un empleado o empleado. Por
supuesto, estos empleados no han sido formados para acompañar ni atender a personas con diversidad funcional. Además, en esta web se informa de que las personas ciegas o sordociegas solo podrán consultar los libros de catálogo que estén en braille,
esto es, las personas investigadoras ciegas o sordociegas no tienen garantizado el acceso a todo el catálogo de la biblioteca.
Señorías, probablemente la Biblioteca Nacional es uno de los más importantes referentes documentales en nuestro país. Por tanto, no es admisible que a día de hoy no se garanticen las condiciones de accesibilidad. Además de consultar su
web, pueden ustedes visitar este edificio y comprobar de manera fehaciente cómo una persona con diversidad funcional depende sí o sí de un tercero, en primer lugar, para acceder, pero, sobre todo, para poder investigar, en igualdad de condiciones
que el resto de investigadores o investigadoras. La Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad de Naciones Unidas reconoce la importancia que para este colectivo tiene que se garantice su autonomía e independencia individual,
esto es, que puedan llevar de manera adecuada y digna una vida independiente, y para eso la garantía de las condiciones de accesibilidad es fundamental, porque sin ella el resto de palabras son eso, solo palabras. Por todo ello, instamos al
Gobierno del Partido Popular a que de manera urgente aborde las actuaciones necesarias para que todas las instalaciones y servicios prestados por la biblioteca cumplan con las condiciones de accesibilidad y no discriminación.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señora Arévalo.
No se han presentado enmiendas a esta iniciativa.
Para fijar posición, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Gracias, señor presidente.
Nosotros no hemos presentado enmienda alguna, puesto que estamos a favor del texto de la iniciativa, y voy a ser muy breve -así comprenso los excesos que ha habido y me da un poquito más de margen para la siguiente-.
Ciudadanos está plenamente comprometido con lo que se refiere a accesibilidad universal. Hay que poner en valor el derecho de las personas con discapacidad al acceso a la cultura, para lo que es necesario que la accesibilidad no sea solo
física, sino también cognitiva. Y voy a hacer una pequeña reflexión, aunque, evidentemente, vamos a votar a favor. Al igual que el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea utiliza el caso de la Biblioteca Nacional
como referente para el acceso a la investigación -estamos total y absolutamente de acuerdo-, aquí, en nuestra casa -parece cierto el dicho de que en casa de herrero, cuchillo de palo-, precisamente no acertamos en cuanto a diseño universal, porque
este edificio tiene todavía muchísimas barreras arquitectónicas, y podríamos considerarlo como ejemplo.
Por terminar, un sí rotundo a esta iniciativa.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias, señor Clemente.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Torres.
El señor TORRES MORA: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros vamos a votar a favor de esta proposición no de ley. Además de la función tan importante que tiene para la cultura y el conocimiento, la Biblioteca Nacional es un símbolo de la cultura en nuestro país. Por tanto, también debería
ser un símbolo con referencia a la accesibilidad universal a sus servicios y dependencias. Sin embargo, si hoy entra alguien en la Biblioteca Nacional en una silla de ruedas, obviamente, no lo podrá hacer por la escalinata; tendrá que ir a la
planta 0, desde donde alguien tendrá que acompañarle a la planta 2, a unas dependencias que no son públicas pero desde las que se puede acceder al Salón Italiano, desde donde se puede llegar con más facilidad, aunque aún con dificultades, a algunas
otras dependencias. Indudablemente, en todo ese proceso, sin ayuda de los que ahora se llaman chaquetas azules -antes eran chaquetas rojas-, sin la ayuda del personal, que pueda echar una mano, no se puede acceder en tales condiciones.
Por tanto, creemos que es necesaria esa modificación, creemos que es necesaria esta iniciativa. Además, efectivamente, cuando aprobamos la Ley de la Biblioteca Nacional, en su disposición adicional segunda decíamos que tenía que ser un
ejemplo de accesibilidad universal en todos los sentidos. Posteriormente, el Grupo Socialista, con fecha 20 de diciembre, registró una proposición de ley para intentar dar solución a este problema no solo para la Biblioteca Nacional sino de forma
transversal y general, pero hace unos días, el 7 de marzo, recibimos el veto del Gobierno, y hoy mi compañero Joan Ruiz va a presentar una proposición no de ley en el mismo sentido. Por eso, en coherencia con nuestra trayectoria, con nuestra
posición y la utilidad de la proposición no de ley del Grupo de Unidos Podemos, vamos a votar favorablemente.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Aguiar Rodríguez): Muchas gracias.
Para finalizar este debate, por el Grupo Popular el señor Tremiño tiene la palabra.
El señor TREMIÑO GÓMEZ: Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías.
Vaya por delante que el voto del Grupo Popular va a ser favorable, como no podía ser de otra manera, a esta proposición no de ley que presenta el Grupo de Podemos, pero no sin antes recordar todo aquello que desde la Biblioteca Nacional se
ha llevado a cabo en materia de accesibilidad. Y para hacerla accesible, ya en el año 2015 se solicitó informe técnico al Ceapat, Centro Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas, que estableció una serie de medidas que ya se han puesto en
marcha, como, por ejemplo, adaptar -ya se ha dicho aquí- tanto el ascensor del ala sur como el del ala norte, hacer las obras de adaptación de todos los baños para personas con discapacidad en todas las plantas de acceso al público tanto en la zona
sur como en la zona norte, incluidas las zonas de museo y cafetería, y adaptar el pavimento de los accesos exteriores norte y sur. Asimismo, se han realizado actuaciones similares en la sede de Alcalá de Henares y se han instalado bucles magnéticos
en todas las zonas de atención al público, como también había sido solicitado en dicho informe. Además, a partir de 2015, siempre que se lleven a cabo mejoras en las estructuras se tendrá en cuenta un presupuesto para la necesaria eliminación de
barreras. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia). Finalmente, me gustaría añadir que hay un servicio personalizado de atención a personas con discapacidad que lo soliciten -sea el tipo de discapacidad que sea-, al objeto
de que su visita a la Biblioteca Nacional pueda
ser realizada en las mejores condiciones. Toda persona con discapacidad que solicite este servicio será acompañada y recibirá todo tipo de ayudas que requiera durante su estancia en la biblioteca. Es un servicio pionero y valorado muy
positivamente por organizaciones de personas con discapacidad. Y, como dice mi compañero del Grupo Socialista, ratifico que es perfectamente accesible en silla de ruedas, porque he hecho esa visita.
Por tanto, vamos a votar a favor de esta iniciativa, para continuar con la eliminación de barreras. Pero que quede claro el trabajo que hasta ahora se ha venido haciendo desde la Biblioteca Nacional en materia de eliminación de barreras.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Tremiño.
- RELATIVA A LA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD A LOS CENTROS Y SERVICIOS SANITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002624).
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Pasamos a la siguiente iniciativa del orden del día, relativa a la mejora de la accesibilidad a los centros y servicios sanitarios. Es una iniciativa del Grupo Popular en el Congreso. Para su
defensa, tiene la palabra doña Teresa Angulo.
La señora ANGULO ROMERO: Gracias, señora presidenta.
El compromiso del Partido Popular con las personas con discapacidad es indiscutible y se ha manifestado en las medidas adoptadas en estos últimos años, que han tenido como denominador común dos objetivos: la protección del ejercicio de sus
derechos básicos y su inserción y desarrollo laboral. Con ese espíritu se aprobó en 2013 la Ley general de derechos de personas con discapacidad, en la que por primera vez se incorpora su protección en todos los ámbitos. Además, el Gobierno aprobó
el plan de acción 2014-2020 sobre estrategia de discapacidad, dotado con 3093 millones de euros, para la adopción de medidas articuladas en torno a la igualdad, el empleo, la educación, la dinamización de la economía y la accesibilidad. Son muchas
las medidas puestas en marcha, pero me referiré solo algunas de ellas, a la vista de lo que hoy se ha dicho en esta Comisión. En cuanto al fomento del empleo, entre 2012 y 2016 el empleo de personas con discapacidad aumentó un 64 %; asimismo, se
ha incrementado el cupo de personas con discapacidad en las ofertas de empleo público; ha habido una reforma fiscal que beneficia a las familias que entre sus miembros tienen personas con discapacidad; se ha garantizado una protección especial en
materia de desahucios, alquiler de viviendas, justicia, formación profesional, menores, transporte, brecha digital, lengua de signos; recientemente, con la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público, el importante impulso que en materia
de empleo va a suponer para las entidades del tercer sector, y además, el Gobierno trabaja ya en el segundo plan nacional de accesibilidad, que verá pronto la luz.
Sin embargo, es necesario seguir avanzando y poner el foco en cuestiones que a veces no son tan visibles pero sí igual de importantes, como acabamos de escuchar en el debate de la anterior PNL, sobre la Biblioteca Nacional, y hoy nosotros
con esta iniciativa ponemos el acento en la accesibilidad de los servicios de salud, a fin de que todos los usuarios del sistema con alguna discapacidad o limitación tengan acceso al mismo en condiciones de igualdad. Y no hablamos solo de lo
referido a la cartera de servicios del conjunto del sistema, a la que todos los españoles tenemos derecho, ni solo por lo que se refiere al diseño arquitectónico, del que somos conscientes de que se ha avanzado mucho, sino de su abordaje de una
manera integral: movilidad, comunicación, información, comprensión. Esta es una propuesta frente a la que mi grupo ha sido sensible, a su vez escuchando las propuestas de las personas con discapacidad. Y confieso que estudiando el tema me han
sido de gran utilidad diversos informes a los que he tenido acceso, como el Diagnóstico de accesibilidad en los hospitales del País Vasco, elaborado por el Ararteko, en el que, sin dejar de defender el magnífico sistema de salud del que disfrutamos,
analiza y aporta elementos que mejoran el sistema desde el ámbito específico de la accesibilidad, entendida en ese amplio concepto. Y no hablamos solo de personas con una merma de sus capacidades provocada por una discapacidad física, psíquica,
intelectual o sensorial, sino también por factores como la edad o problemas de movilidad temporal provocados por alguna enfermedad. Por eso, creemos que hay que seguir trabajando desde las distintas competencias de las comunidades autónomas en el
abordaje de toda la cadena de accesibilidad. Y expondré algunos casos con los que puede encontrarse una persona con capacidades limitadas que, aunque parezcan nimios, hacen más difícil su vida: por ejemplo, insuficiencia
de servicios de información en sistema braille y altorrelieve con franjas guía de señalización que permitan identificar rótulos, direcciones o itinerarios a seguir, falta de avisos luminosos para personas sordas, puertas pesadas, mostradores
altos o llenos de obstáculos, falta de timbres de aviso o alarmas, alturas o lugares inaccesibles, falta de vestuarios adaptados en consultas que así lo requieren o incluso en las propias cabinas para la realización de determinadas pruebas,
dificultades específicas por falta de adaptación de las consultas en algunos servicios de ginecología para las mujeres con diversidad funcional, lo que en muchas ocasiones hace que tengan que recurrir al apoyo de terceras personas y lo que en
cualquier caso supone una falta del derecho a su intimidad, y una vez más quiero reconocer el impagable esfuerzo del personal sanitario y no sanitario para conseguir salvar estos obstáculos y atender a todas estas personas en las mejores
condiciones.
Por eso, el Ingesa tiene ya establecidos en sus centros de competencia los planes de actuación necesarios para mejorar la accesibilidad a los centros sanitarios, conforme a la Ley 1/2013, y, aun reconociendo que seguramente los servicios de
salud de las comunidades autónomas trabajan también en ello, entendemos conveniente que, en el marco del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se realice un diagnóstico de la situación, evaluándose la accesibilidad en todos los
ámbitos: formación, comunicación, sensibilización, comprensión, con la participación de los profesionales y asociaciones de personas con discapacidad, y elaborar así, de manera homogénea y armonizada, un plan de accesibilidad que sirva de modelo o
protocolo a seguir, con la flexibilidad necesaria, a cada centro de cada comunidad autónoma, estableciéndose un calendario que las propias comunidades determinen en el consejo interterritorial, pues somos conscientes de las dificultades que ello
puede entrañar. Como digo, cada comunidad autónoma tiene un número de centros y un modelo de centros distinto, y será de su competencia ir aplicando ese plan, por lo que hemos propuesto una enmienda transaccional al Grupo Socialista, porque
entendemos que lo más importante es tener ese plan de accesibilidad homogéneo, respecto del que se aborden todas esas cuestiones en el consejo interterritorial por parte las comunidades autónomas. Señorías, debemos poner todo nuestro empeño en
conseguir la igualdad de oportunidades y la plena inclusión social, en la que el Partido Popular cree y defiende firmemente, como hemos expresado en la anterior iniciativa referida a la Biblioteca Nacional, por lo que no entenderíamos que ahora, en
referencia a los centros sanitarios, no se hiciera lo mismo.
Gracias, señora presidenta.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora Angulo. Se ha pasado usted un poquito, pero, después del precedente que esta diputada ha sentado en el debate de la primera iniciativa, por lo que doy las gracias al señor
presidente y le pido disculpas, no hay ningún problema. Y lo siento de verdad.
Para defender las enmiendas que han sido presentadas a la iniciativa, en primer lugar tiene la palabra la señora Jordà, en nombre del Grupo de Esquerra.
La señora JORDÀ I ROURA: Gracias, señora presidenta. Yo voy a recuperar el tiempo que las dos diputadas han empleado de más porque voy a ser muy breve.
Nos parece fantástica la propuesta de esta iniciativa del Grupo Popular, pero, como siempre, pensamos que todo acaba siendo un brindis al sol si no va acompañado de un presupuesto. Por eso, hemos presentado una enmienda de adición, porque
lo único que se pretende es que se elabore un plan de accesibilidad por parte de los centros sanitarios, que nos parece perfecto, pero ha de tener una dotación presupuestaria y que esta sea territorializada en los próximos Presupuestos Generales del
Estado.
Gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora Jordá.
Por el Grupo Parlamentario Socialista y para defender la enmienda tiene la palabra doña Guadalupe Martín.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Muchas gracias, presidenta.
Nos trae el Grupo Popular una proposición no de ley sobre accesibilidad de centros y servicios sanitarios. Opinamos que más que una propuesta oportuna es oportunista. La cuenta atrás de la accesibilidad ya empezó hace quince años en 2003 y
en los seis para siete años de Gobierno del Partido
Popular la verdad es que han hecho muy poco. Su compromiso con la accesibilidad está en el papel, pero luego en los hechos brilla por su ausencia.
En el mes de diciembre de 2017 tuve la oportunidad de hacer una pregunta a la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y le decía que no solamente no han cumplido la ley, sino que siguen mirando para otra parte, porque no han hecho
el más mínimo esfuerzo económico desde 2012 a 2017. Yo le iba a preguntar qué esfuerzo van a hacer en 2018, pero de la conversación que hemos tenido deduzco que no habrá tampoco esfuerzo económico ninguno en los Presupuestos Generales del Estado.
No han hecho el Plan Nacional de Accesibilidad. Ahora nos dicen que lo están preparando, pero ya llegan tarde. Sobre todo tampoco han hecho esas fases trienales que era el compromiso, hacer el plan y las diferentes fases trienales para su
desarrollo, pero tampoco han elaborado ningún tipo de reglamento y hasta se ven ustedes en el atolladero de que el Cermi ha presentado un recurso Contencioso-Administrativo contra el Gobierno. Somos todos conscientes de que no son accesibles ni
servicios ni edificios de la Administración General del Estado y siguen sin hacer nada. Hoy traen una proposición sobre accesibilidad en centros y servicios sanitarios con una propuesta de elaborar un Plan de accesibilidad de centros y servicios
sanitarios. Nos dejan más que sorprendidos. Si ustedes creen que con esto han encontrado un filón para presentar otras proposiciones no de ley. Empiecen a escribir, porque van a tener que hacer un Plan de accesibilidad de centros educativos, un
Plan de accesibilidad de centros culturales, un plan de accesibilidad de centros de servicios sociales, otro plan de accesibilidad de servicios en sedes judiciales.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Señora Martín, vaya concluyendo que se ha terminado su tiempo.
La señora MARTÍN GONZÁLEZ: Termino. Creo que en lo que tienen que trabajar es en la elaboración del Plan nacional de accesibilidad, sean ustedes un poco más serios y si quieren llevar propuestas parciales llévenlo a cada uno de los
consejos interterritoriales, al de salud o al que sea pertinente, pero desde luego las decisiones las deben tomar con las comunidades autónomas y sean serios de verdad, traigan cada una de las propuestas con financiación garantizada en los
Presupuestos Generales del Estado. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Señora Angulo, va a tener en consideración alguna de las enmiendas presentadas.
La señora ANGULO ROMERO: Estamos trabajando en una posible enmienda transaccional.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias.
A continuación para fijar la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra su portavoz don Diego Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchísimas gracias, señora presidenta.
Me gustaría empezar diciendo -creo que ya lo han afirmado otros compañeros- que es verdad que esta propuesta parece un parche en el compromiso de la política respecto a las personas con discapacidad y, sobre todo, en cuanto a accesibilidad.
No dudo de que la filosofía que persigue sea buena y por eso anunciamos nuestra posición a favor. Tampoco voy a decir -como afirmó el compañero Tremiño de que no podía ser de otra manera- que no puede ser de otra manera, porque siempre la hay. En
este Real Decreto-legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprobaba el texto refundido de la Ley general de derechos de personas con discapacidad y de su inclusión social, de diciembre de 2013, disposición adicional tercera, se
establecen las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para personas con discapacidad que las administraciones debíamos garantizar, con una fecha concreta para alcanzar estos objetivos: 4 de diciembre de 2017. Esta disposición
adicional ya regula una fecha concreta de obligación legal para conseguir lo que aquí se solicita, diciembre de 2017, una fecha que el Gobierno del Partido Popular ha rebasado con incumplimiento en esta materia. Como decía al principio de mi
intervención, la accesibilidad universal no está entre sus prioridades políticas.
Por otro lado, el Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2014-2020, objetivo operativo número cuatro, cita textualmente: garantizar la consideración específica, las necesidades de las personas con discapacidad en el
ejercicio de su derecho a la protección a la salud para ofrecerle una atención de la máxima calidad en igualdad de condiciones respecto al resto de los ciudadanos. Para ello establece que será preciso realizar programas de sensibilización y
capacitación con profesionales de la
sanidad y de los servicios sociales para que puedan satisfacer la necesidad específica de las personas con discapacidad. En materia de accesibilidad universal, y en el ámbito sanitario, no parece nada mal esta estrategia, por lo que está
claro que reconocen que existe una debilidad, por lo cual en condición general bienvenida esta iniciativa y, como dije, votaremos a favor. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Clemente.
A continuación para fijar posición tiene la palabra, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, doña Amparo Botejara.
La señora BOTEJARA SANZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El primer punto es difícil que pase por el Consejo Interterritorial ya que la ministra de Sanidad del Grupo Popular no cumple sus funciones, con lo que en el consejo interterritorial se reunió solo en dos ocasiones en el 2017. El segundo
punto, el problema no está cuantificado en esta PNL. El tercer punto, en la misma línea que ha comentado Ciudadanos, se solicita un Plan de accesibilidad universal. Este plan lo tenemos aquí 2014-2020, firmado por el Consejo de Ministros en
septiembre de 2014, donde está recogido en el capítulo 4, objetivo operativo 3.73 está contemplado el marco donde nosotros podemos desarrollar lo que aquí se solicita.
Para finalizar comentar que esta PNL la registraron ustedes el 14 de noviembre de 2017 y en febrero de este año nos han vetado nuestra ley de fondo público para crear la accesibilidad universal, que solucionaba el problema que aquí nos
ocupa. Estos comportamientos tan contradictorios del Partido Popular una vez más denota como esa dinámica de PNL y enmiendas de estas tienen poca utilidad o ninguna para resolver los problemas de la población. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora Botejara.
- SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES BÁSICAS DE ACCESIBILIDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002674).
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Pasamos al siguiente punto del orden del día sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y
para defensa de la misma tiene la palabra su portavoz don Joan Ruiz.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señora presidenta.
No es la primera vez que hablamos de accesibilidad universal en esta Comisión, que significa no solo hacer posible entrar en una estación con una silla de ruedas en un vagón de tren, sino el conjunto de condiciones para que un lugar, un
bien, un producto, un servicio, un objeto, un instrumento y una herramienta lo puedan entender y utilizar cualquier persona de la forma más natural que sea posible. Un repaso rápido. Solo en el año y medio efectivo de esta legislatura, en esta
Comisión hemos recibido aquí a varios comparecientes que nos han hablado de accesibilidad y hemos aprobado ocho proposiciones no de ley en las que la palabra accesibilidad figuraba en su enunciado, las que por cierto les recordaré el resultado y la
postura del Grupo Popular, porque me parece importante. Una sobre videos de comunicación audiovisuales, el 22 de octubre de 2016, con los votos del grupo que apoya al Gobierno. Dos, en la misma fecha sobre transporte ferroviario, una con los votos
del Grupo Popular; otra sobre las situaciones del tren con la abstención también del Grupo Popular, una, el 14 de marzo de 2017, sobre un fondo para alcanzar la accesibilidad universal, en la que se abstuvo y también se abstuvo en otra sobre
estaciones ferroviarias el 29 de mayo de 2017. Ese día aprobamos una más sobre acceso a la formación, aquí con el voto en contra. Y otra por unanimidad el 20 de septiembre sobre accesibilidad del servicio 112. Sin contar las que se refieren
también a accesibilidad sin que la palabra aparezca en su enunciado, como las que todos votamos favorablemente, sobre el derecho que tienen las personas con discapacidad al transporte aéreo. Así que si volvemos a traer a debate la accesibilidad
universal es porque no estamos hablando de una recomendación, estamos hablando de leyes vigentes que afectan a derechos de ciudadanos y ciudadanas y la actitud de un Gobierno que está haciendo que no los puedan ejercer. Por cierto, un Gobierno al
que se le llena la boca de la exigencia de cumplir las leyes, ¿no es así? También porque hay una diferencia desde la última vez que hablamos. Hasta ahora decíamos y recordábamos que se acercaba el 4 de diciembre de 2017, y ahora hemos de decir y
recordar que el 4 de diciembre ya pasó y visto lo que ha
votado el Partido Popular en la Comisión no entiendo por qué se da esta diferencia. Porque esa es una buena diferencia pasado el día 4. Porque más allá de alguna noticia en un diario local que hable de alguna reforma en alguna estación es
difícil encontrar nada en la acción del Gobierno, en los medios de comunicación, en las respuestas del Gobierno ante las preguntas que todos hacemos, como lo que contestó la ministra en Pleno este 13 de diciembre a preguntas de nuestra compañera
Guadalupe Martín o la respuesta a las entidades del mundo de la discapacidad que han llevado al Cermi a presentar una demanda ante el Supremo por incumplimiento de la Ley general de los derechos de las personas con discapacidad, de 2013, que
ordenaba al Ejecutivo a aprobar su desarrollo reglamentario antes de diciembre de 2015. Así que como desgraciadamente y excepto puntualmente casi todo sigue igual nos hemos visto obligados en la primera ocasión que debatimos iniciativas, tras el 4
de diciembre, a presentar esta para recordarle al Gobierno del señor Rajoy que tiene que cumplir los compromisos que tenemos todos con una parte considerable de nuestra sociedad, haciendo posible que los espacios públicos, los edificios, los medios
de transporte, las oficinas de la administración, todo esté adaptado como nos exige nuestra legislación y haber ratificado la Convención de las Naciones Unidas. Naturalmente haciendo el esfuerzo económico necesario. Por cierto, no nos den ese
argumento que nos repiten siempre y que utilizó la ministra en la comparecencia el día 6 de noviembre, cuando para responder a los grupos nos dijo y nos repitió que la accesibilidad universal era cosa de todas las administraciones y, por tanto,
también de las autonómicas y de las locales. Cosa que ya sabemos todos. Aquí de lo que hablamos es de lo que es responsabilidad de la Administración General del Estado. Supongo que hoy no oiremos por parte de grupos que puedan apoyar al Gobierno,
ante un problema como este que lo utilicen como en un patio de colegio. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Esperemos que si la ministra comparece ante esta Comisión, como lo hemos solicitado, lo hicimos en enero, para que explique porqué
no ha cumplido con la ley tampoco lo utilice. Lo que proponemos es sencillo que el Gobierno elabore y presente en esta Comisión un calendario para convertir los espacios, productos y servicios de la Administración General del Estado en accesibles.
Recordar al Gobierno que en los presupuestos existen las partidas necesarias para hacerlo posible. Crear un fondo estatal de accesibilidad con 1 % del presupuesto ejecutado en obra pública, en infraestructuras y sociedad de la información. Ya
pueden ver que es muy sencillo y muy claro. Se trata también de hacer lo posible para que esa recuperación económica de la que el Gobierno tanto nos habla llegue también a las personas con discapacidad que son de las que más han pagado la crisis
con los recortes. A ellos también les tiene que llegar. Gràcies per la seva atenció. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz.
En turno de fijación de posiciones, en nombre del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero anunciar que nuestro voto será favorable. No hemos presentado enmienda alguna porque vemos el texto perfectamente asumible y razonable. Sobre todo el apartado de gastar un 1 % en accesibilidad física y tecnológica
para las administraciones públicas. Me gustaría poner de nuevo en entre dicho, como se ha dicho tanto por el ponente como otros compañeros anteriormente, ese supuesto compromiso del Gobierno con la accesibilidad universal. Ha llegado el momento de
la política de los hechos y no de las palabras. En cuanto a la solicitud de un calendario concreto de actuaciones, totalmente de acuerdo, señalar que el Plan de acción de la estrategia española sobre discapacidad 2014-2020 no contiene ningún tipo
de fecha ni actuaciones concretas para conseguir cada objetivo general. Ese propio informe del Consejo Nacional de Discapacidad dice textualmente que se han encontrado dificultades para identificar fuentes, para contrastar el cumplimiento de
determinadas medidas que resultan difíciles de concretar dada su redacción poco precisa o bien porque corresponden a ámbitos competenciales de muchas administraciones. Este informe de evaluación de la primera fase del Plan de acción encontramos un
desarrollo mejorable. El Consejo Nacional de Discapacidad indica en relación con las medidas de fomento de accesibilidad universal una serie de objetivos operativos, anteriormente he nombrado en mi anterior intervención el objetivo operativo número
4. No es cuestión de detallarlo aquí. Todas sus señorías lo pueden consultar. En el que ese informe habla de que no tenemos indicadores ni medidas o de incumplimiento flagrante. Esta evaluación del Plan de acción de la estrategia española sobre
discapacidad 2014-2020 demuestra que hace falta un mayor esfuerzo del Gobierno en materia de accesibilidad universal, tanto a nivel político, y coincido cómo no, como a nivel
presupuestario. Es por ello que votaremos a favor y enhorabuena al Grupo Socialista por traer esta iniciativa que la redacción me parece correcta. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clemente.
En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Arévalo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: En primer lugar, quiero señalar que desde Unidas Podemos vamos a apoyar esta iniciativa. Mi grupo considera que tanto la ausencia como las graves deficiencias de accesibilidad que siguen existiendo no permiten
ni avanzar ni profundizar en la igualdad de oportunidades de las personas con diversidad funcional y, por tanto, de esta manera se le sigue negando sus derechos a la información, a la comunicación y a la interpretación. Esto, señorías, supone un
fracaso colectivo como sociedad. Pero este fracaso es imputable, sobre todo, al Gobierno del Partido Popular que también en esto ha evidenciado su incapacidad para ocuparse de la gente. ¿Por qué digo que es un fracaso imputable al Gobierno de M.
Rajoy? Porque es el Gobierno del Partido Popular el que está incumpliendo la ley. Sí, señorías del Partido Popular, están ustedes incumpliendo la ley, porque no han hecho los deberes en materia de accesibilidad. Están incumpliendo la ley desde el
4 de diciembre de 2017, porque ese día finalizó el plazo para que todos los productos, servicios y entornos fueran accesibles en nuestro país. Por eso, nosotras decidimos tomar la iniciativa y el 5 de diciembre registramos una proposición de ley
para crear un fondo estatal de naturaleza pública que garantizara de manera efectiva y real la accesibilidad universal. La creación de este fondo era una medida de nuestro programa electoral, pero sobre todo una demanda del propio movimiento social
de la diversidad funcional que considera que solo habilitando recursos y financiación se pueden cumplir con las condiciones de accesibilidad y garantizar así una vida independiente para el colectivo. Pero el Gobierno del Partido Popular no solo no
cumple la ley, sino que impide que otras ayuden a que se cumpla. ¿Por qué digo esto? Porque hace unos días el Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos, vetó nuestra ley. También parece que vetó la ley gemela que el Grupo Socialista registró un
mes después que mi grupo. ¿Por qué el Partido Popular y Ciudadanos vetaron la ley de Unidos Podemos? Porque consideran que este fondo supone un gasto que no se puede asumir, por tanto, el Partido Popular, pero también Ciudadanos, sí señorías de
Ciudadanos, apoyar iniciativas no vinculantes está muy bien, pero sin ustedes los vetos no podrían darse. Prefieren seguir gastando el dinero público en rescatar autopistas y bancos de amigotes que invertir en un fondo que garantice derechos para
todos.
Señorías, con esto termino. Más allá de la posición que tomen hoy, tanto el Partido Popular como Ciudadanos, todos los que estamos aquí sabemos que esta iniciativa no es vinculante y que solo es posible garantizar la accesibilidad, que es
una cuestión de derechos humanos dotándola de recursos y financiación a través de una ley. Frente a esto, Partido Popular y Ciudadanos han preferido vetarla y seguir empujando a más de 4 millones de personas con diversidad funcional al abismo de la
discriminación.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Arévalo.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Marcos.
La señora MARCOS MOYANO: Gracias, señor presidente; buenos días, señorías.
El Grupo Parlamentario Popular cree firmemente que la accesibilidad y la no discriminación son pilares fundamentales para asegurar una auténtica justicia social. Por ese motivo agradecemos que el Grupo Socialista vuelva a poner sobre la
mesa este asunto. Porque, señorías, la accesibilidad universal es un tema que nos debe preocupar y ocupar a todos. Sin embargo, si bien es cierto que todos los presentes entendemos que siempre es bueno que hablemos de la accesibilidad también lo
es que me brinde la oportunidad en poco tiempo de informarles que garantizar una plena inclusión a través de mejoras en la flexibilidad es un compromiso firme de este Gobierno, pero no es una competencia exclusiva del mismo, sino que el resto de
administraciones de nuestro país deben de estar implicadas en esta garantía.
En este sentido, siendo conscientes de que todavía queda mucho camino por recorrer es necesario reconocer que son muchos los avances que se han producido en este ámbito. Actuaciones y políticas como las que cité ante esta Comisión hace un
año, entre las que cabe destacar la aprobación del Plan de acción sobre la estrategia de discapacidad dotado con 3093 millones de euros, compuesto de 96 medidas y que avanza entre otras materias en la accesibilidad o la Ley general de derechos de
las personas con discapacidad y de su inclusión social. Además la accesibilidad ha estado presente en la reforma de la
legislación del sistema de protección a la infancia que obliga a que todos los recursos dirigidos a la infancia reúnan condiciones de accesibilidad universal o la mejora de las instalaciones ferroviarias, portuarias y aeroportuarias.
Señoría, como también dije el mes de marzo pasado, el compromiso se demuestra con hechos y no con promesas. Les recuerdo que en 2004, gobernando el Partido Popular, se aprobó el Plan Nacional de Accesibilidad. Sin embargo, ustedes traen una
iniciativa que, primero, proponen un calendario de aplicación; segundo, exigen una dotación económica vía Presupuestos Generales del Estado; tercero, reclaman la creación de un fondo específico. Les hago las siguientes reflexiones. El calendario
no depende del Gobierno, sino de otras administraciones. Una dotación a través de los Presupuestos Generales del Estado, son ustedes los que tienen que actuar. Esperamos que el proyecto de ley llegue en breve a esta Cámara para su aprobación.
Aprueben los presupuestos, porque también les recuerdo y les informo que su grupo ya ha anunciado sin verlo siquiera que votará no. Le pido que para este tema, tan importante como para otro, no caigan en el no, porque el no es no. Perdonen, pero
también me pregunto por qué no impulsaron este fondo cuando estaban gobernando. Si es una de las reivindicaciones históricas del Cermi. Ustedes piden un fondo cuya finalidad está siendo abordado a través de un Plan nacional conforme se exige en la
ley general sobre cuya ejecución se realiza además un seguimiento y control preciso.
Concluyo, señorías. Hoy mi grupo vuelve a reiterar su compromiso con la discapacidad y, por supuesto, con la flexibilidad, pero no compartimos ni su análisis ni su solución. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Marcos. Con su intervención terminamos el punto número 4.º del orden del día. Antes de pasar al número 5.º quiero trasladar a los grupos la previsión de votación no antes de las doce y treinta
minutos.
- RELATIVA AL FOMENTO DEL USO DE LA TERMINOLOGÍA ADECUADA PARA REFERIRSE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002715).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto número 5.º del orden del día relativo al fomento del uso de la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad. El grupo autor de la iniciativa es el Grupo Parlamentario Popular en
el Congreso y para la defensa de la misma tiene la palabra la diputada María Dolores Alba.
La señora ALBA MULLOR: Gracias, señor presidente.
Señorías, no debería resultar necesario traer esta proposición no de ley para instar al cumplimiento de la ley precisamente. La convención internacional de las personas con discapacidad que citamos todos, pero que deberíamos citar en su
totalidad, no solo en aquello que nos guste, opera como marco legal mundial de los derechos de estas personas. Por ese motivo España fue uno de los primeros países en suscribirlo y dictar instrumentos normativos para trasladarlo a su ámbito
interno. Instrumentos normativos como la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, que en su disposición adicional octava, referida a la terminología, establece que a partir de la
entrada en vigor de la misma, las administraciones públicas deberán usar el término persona o personas con discapacidad para referirse a un individuo o al colectivo. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia). Pero más allá
de lo que es un imperativo legal, lo cierto es que el movimiento social organizado de la discapacidad a escala global, mundial, europea, nacional o territorial defiende el uso de la exclusiva denominación de persona o personas con discapacidad. El
uso de la denominación persona con diversidad funcional resulta ambiguo y puede referirse tanto a una persona con discapacidad o a una persona zurda o simplemente al colectivo de la tercera edad. Así resulta de algunas definiciones de la misma que
la identifican con un fenómeno, hecho o característica presente en la sociedad que por definición afecte a todos sus individuos por igual. Es cierto que todos ellos precisan herramientas que garanticen su plena inclusión, pero no se puede equiparar
la realidad de la discapacidad, puesto que con ello se estaría invisibilizando un colectivo, diluyéndolo en otro más amplio, generando confusión, e incluso rebajando la protección social que el colectivo de las personas con discapacidad todavía
precisa. Cermi como la más importante entidad social de representación colectiva del movimiento social de la discapacidad en España interpreta y expresa el parecer mayoritario de la discapacidad en todos los ámbitos y este la denominación del
colectivo no está excluido. Ya con ocasión del pacto de Estado contra la violencia de género Cermi manifestó su oposición frontal a que en el mismo se usara en
la terminología en el texto diversidad funcional. Más allá de lo que resulta un imperativo legal, se debería respetar lo que la discapacidad organizada defiende, puesto que la autoridad y legitimidad para la autodenominación reside en ella
y esta entidad en España es Cermi. Seguir empecinándose en una denominación en contra de la inmensa mayoría del colectivo de personas con discapacidad representado en el Cermi incurre en un paternalismo que carece de justificación alguna ignorando
la voluntad y decisión del colectivo. Parece ser que hay quien se cree en mejor posición que los propios interesados para decirles cómo se llaman como si estos no tuvieran opinión o como si esta resultara irrelevante. No querría acabar sin hacer
una referencia al lema de campaña lanzado por Cermi Canarias hace unos meses con el fin de reflexionar sobre la terminología relacionada con las personas con discapacidad y que rezaba: No nos cambies el nombre, ayúdanos a cambiar la realidad. Este
es el sentido último de esta proposición no de ley, la discapacidad está en un entorno y hemos entre todos de cambiar el entorno. Cambiar el nombre en contra de la voluntad de los propios interesados no nos va a ayudar a conseguirlo. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, doña Dolores.
A continuación para fijación de posiciones, tiene la palabra en primer lugar por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, ¿la señora Jordá quiere intervenir?
La señora JORDÀ I ROURA: No.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo comparte muchas de las razones que se recogen en la exposición de motivos de esta iniciativa. No desde luego ese primer párrafo que dice que el Estado de bienestar se ha consolidado en la última década, cuando precisamente en
esta década se ha desmantelado el Estado del bienestar. Solo hay que ver el Estado en que se encuentra nuestra dependencia. Por eso mi grupo va exigiendo dotaciones para políticas sociales en las negociaciones de los Presupuestos Generales del
Estado en aras de tratar de recuperar ese Estado de bienestar. Sí podemos estar de acuerdo en prácticamente todo lo demás. Vamos avanzando en el impulso de los derechos de las personas con discapacidad y como sociedad en el respeto a su dignidad
personal, también coincidimos, por supuesto, en que la terminología más adecuada para referirnos al colectivo que nos ocupa en esta Comisión es el de persona o personas con discapacidad. Lo que no nos gusta de esta iniciativa es el sustrato de
imposición o de obligación que contiene el que con una iniciativa aparentemente buenista se pretende imponer a los grupos políticos cómo tienen que hacer política. Porque el lenguaje es una forma de hacer política. Este grupo va a defender siempre
la libertad de expresión, siempre que no atente contra las libertades y la dignidad de las personas. Creemos que el término diversidad funcional puede ser poco aceptado por las razones expuestas, pero no es en absoluto ofensivo ni atenta contra la
dignidad. Por tanto, nos tenemos que poner del lado del derecho a usarlo voluntaria y conscientemente en el ejercicio de la acción política. ¿Por que qué sería lo próximo, señoría? Una PNL fomentando el correcto uso de la lengua y prohibiendo el
desdoblamiento del lenguaje. Seamos serios. Nosotros creemos que este tema está resuelto legalmente con bastante claridad. Por tanto, hay que distinguir el lenguaje legal, lo que ponemos en negro sobre blanco en el BOE que sí tiene que ajustarse
a la terminología legal, del lenguaje político que cada grupo es muy libre de utilizar. Lo que tenemos que hacer es prescindir de este tipo de iniciativas y ponernos a trabajar para solucionar los problemas de las personas con discapacidad que es
lo que se espera de esta Comisión. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchísimas gracias, señor diputado.
A continuación para fijar posiciones, el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Arévalo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias.
El Partido Popular trae a debate y votación esta iniciativa para fomentar el uso de la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad y lo hace así sin ponerse colorado ni nada. El Grupo Popular, el Gobierno del
Partido Popular que aún no ha tenido tiempo de adaptar la legislación a la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, nos trae hoy esta PNL para que nos entretengamos debatiendo sobre terminología. El Partido
Popular que sigue restringiendo el
derecho a voto a 100 000 personas con diversidad funcional. El Partido Popular que todavía no ha prohibido las esterilizaciones forzosas que sufren las mujeres con discapacidad en nuestro país. El Partido Popular que incumple la ley en
relación con la accesibilidad universal y que veta las leyes que pueden hacerla realidad. El Partido Popular que no hace nada contra la elevada prevalencia machista contra las mujeres con diversidad funcional. ¿En serio? De verdad consideran
prioritario debatir cuestiones terminológicas. De verdad cuando todavía en nuestro país el cumplimiento de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad es una asignatura pendiente, es su asignatura pendiente,
¿consideran que lo que toca es hablar de términos? No hombre, no. Dejen de reírse de la gente. Pónganse a gobernar, pónganse a trabajar y garanticen los derechos de las personas con diversidad funcional en nuestro país y cuando hayan hecho los
deberes hablamos de cuál es la manera adecuada de referirnos al colectivo. Pero mientras tanto, mientras sigan empujando a las personas con diversidad funcional al abismo de la discriminación muestren algo de respeto por las personas con diversidad
funcional y no traigan estas cuestiones al debate legislativo porque solo consiguen enfadar todavía más a la gente. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Por supuesto, desde Unidas Podemos no vamos a apoyar esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Arévalo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en turno de fijación de posición, tiene la palabra el señor Jiménez Tortosa.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, señor presidente.
Señorías, nos encontramos ante un tema importante que es el fomento del uso adecuado de una terminología para personas con discapacidad o diversidad funcional. Nuestro lenguaje está condicionado por nuestro pensamiento, pero también nuestro
pensamiento se va estructurando en función de nuestro lenguaje. Sin duda con el paso de los años se ha ido evolucionando en los términos que hemos utilizado. En los años ochenta fue un gran avance la Ley de Integración Social del Minusválido, fue
un gran avance la Lismi, pero hoy ese término queda totalmente rechazado y desterrado en su uso. Estoy seguro de que esta evolución no ha terminado y seguirá produciéndose, de tal forma que tendremos otras terminologías para referirnos a estos
temas. ¿Qué aporta este debate ahora a las personas con discapacidad o diversidad funcional? Lo primordial creo que debe ser no utilizar términos con connotaciones negativas y centrarse más bien en las barreras a las que se enfrentan las personas
con discapacidad o con diversidad funcional, así como a su positiva contribución a la sociedad, una vez eliminada esta barrera.
En la actualidad 'personas con discapacidad' es el término que está reconocido, consensuado y establecido legalmente dentro de la Convención internacional de personas con discapacidad de Naciones Unidas, ratificado por nuestro país en 2007 y
en vigor desde 2008. Además, ese es el único término que tiene validez jurídica real por la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia. El cambio de este término
podría suponer un desajuste normativo en la regulación de la atención, la valoración de la situación de dependencia y la concesión de ayudas y prestaciones, lo que se traduciría en un menoscabo a nuestro ordenamiento jurídico y, por tanto, a los
derechos de esta persona. El término discapacidad ya forma parte del sentir común de la mayoría de la sociedad, está normalizado, lo que contribuye a que las necesidades de apoyo que demandan estas personas no sean vistas como algo peyorativo, sino
como un derecho al que hay que dar respuesta para garantizar la igualdad de oportunidades, la inclusión de todas las personas en nuestra sociedad del bienestar.
Este apoyo -la igualdad de oportunidades y la inclusión- donde más se puede facilitar es a través del sistema educativo y, por supuesto, también a través de la Ley 39/2006 de la Dependencia, anteriormente citada. Precisamente ahí es donde
el Gobierno del Partido Popular ha dejado abandonadas a estas personas con discapacidad o con diversidad funcional. En 2011 se invertía en educación especial 13,5 millones de euros; a partir de 2013 esta partida ha desaparecido de los Presupuestos
Generales del Estado, cero euros para educación especial. En 2011 en la educación compensatoria se invertían 70 millones de euros; en 2016 solo 5 millones de euros. En cuanto a la Ley 39/2006 de Dependencia en los presupuestos de 2012, 2013,
2014, 2015 y 2017 ha sufrido grandes recortes con la eliminación del nivel concertado y de la disminución del nivel mínimo, superando los 2000 millones de euros, si lo comparamos con la dotación que se daba en 2011.
Si las personas con discapacidad o diversidad funcional necesitan de estos servicios y apoyos de la educación especial y de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción y autonomía personal de
atención a las personas con situación de dependencia, pero desde el Gobierno se les resta y se les anula, como ellos mismo dicen: no me cambien el nombren, cámbienme la realidad para poder incorporarme a ella. Si realmente al Partido
Popular, partido que sustenta al Gobierno, le preocupan estas personas, lo primero que debe hacer es dotar de presupuesto las medidas que van a facilitar eliminar las barreras que la sociedad les pone para su desarrollo.
Por todo ello mi grupo se va abstener, porque hubiéramos preferido encontrarnos con otro tipo de proposición no de ley, una en la que se buscara mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad o diversidad funcional.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Jiménez Tortosa.
- RELATIVA A REFORMAR LA LEY 49/1960, DE 21 DE JULIO, SOBRE PROPIEDAD HORIZONTAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002854).
El señor PRESIDENTE: Habiendo terminado el turno de portavoces, y habiéndose discutido al inicio de esta sesión el punto 6.º del orden del día, pasamos a debatir el 7.º punto: proposición no de ley relativa a reformar la Ley 49/1960, de 21
de julio, sobre Propiedad Horizontal, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el diputado y arquitecto -lo digo por lo de la propiedad intelectual- señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente. Al haber sido mis anteriores intervenciones cortas, me gustaría que el señor presidente fuera generoso con mi tiempo, ya que este tema es bastante importante y me gustaría
explicar bien la exposición de motivos.
En primer lugar, quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas a esta iniciativa, ya que son acogidas de buen grado. Así pues, he presentado a la Mesa una transaccional que ha intentado recoger la
sensibilidad de los demás grupos.
La accesibilidad para las personas con discapacidad a diferentes ámbitos cotidianos es, a día de hoy, una asignatura pendiente, tal y como hemos ido viendo en las distintas iniciativas a lo largo de toda la mañana. El Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social establecía el 4 de diciembre del año 2017 -fecha repetida a menudo esta mañana-
como la fecha límite para exigir las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para las personas con discapacidad en diferentes ámbitos (acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones, acceso y utilización
de medios de transporte, bienes y servicios de titularidad privada que no concierten o suministren las administraciones pública...) y su plena inclusión social.
Este plazo ha expirado sin que el Gobierno de Mariano Rajoy haya apostado decididamente por las personas con discapacidad y su derecho a la accesibilidad, plena inclusión social y no discriminación. Sin embargo, la accesibilidad para
personas con discapacidad no tiene que ver solo con el ámbito público. La accesibilidad universal es una obligación consagrada en el ordenamiento jurídico español y en la Convención internacional de los derechos de las personas con discapacidad,
que fue aprobada por Naciones Unidas y es de obligado cumplimiento para los países que la ratificaron, como es el caso de España.
En esta situación, sin una accesibilidad entendida en el sentido de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, firmada y ratificada por España, y plenamente vigente en nuestro país, el derecho a una
vivienda digna para estas personas es una utopía. La normativa nacional ha ido incorporando progresivamente modificaciones, a fin de mejorar las exigencias de las construcciones públicas y privadas en cuanto a la accesibilidad universal. La Ley
49/1960, de 21 de julio, sobre Propiedad Horizontal ha sufrido diferentes modificaciones en las últimas décadas, con el objetivo de mejorar la accesibilidad para las personas con discapacidad. En el año 2003 se produjo un avance normativo relevante
en esta materia, al obligar la ley a las comunidades de propietarios a hacerse cargo, hasta un límite determinado, de las obras y actuaciones de accesibilidad.
Posteriormente, en los años 2011 y 2013, esa misma ley ha experimentado modificaciones parciales en este aspecto de la accesibilidad, que siendo positivas, siguen sin solventar la cuestión de fondo, ya que el régimen legal de propiedad
horizontal no es equitativo ni garantiza plenamente el acceso, ni el
mantenimiento en condiciones de dignidad y adecuación de las personas con discapacidad y personas mayores a una vivienda. Parte de estas limitaciones se debe a las restricciones presupuestarias que la norma establece a la hora de acometer
reformas relativas a la accesibilidad, así como el límite de 'carga desproporcionada' que establece la norma, que debe ser un concepto a evaluar dadas las limitaciones que ha supuesto para este objetivo.
Por eso, cinco años después de la última modificación de esta norma, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos consideramos que es esencial que las administraciones públicas, especialmente el Gobierno, se comprometan con la accesibilidad de
las personas con discapacidad, especialmente en lo relativo a un bien tan importante como es la vivienda, a fin de que este colectivo pueda tener una vida plena e independiente en la mayor medida posible y su completa inclusión social. Espero que
el texto transaccional sea apoyado por los distintos grupos parlamentarios.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Clemente.
Como muy bien ha anunciado el señor Clemente ya nos ha llegado a la Mesa una enmienda transaccional, pero tenemos que dar la palabra a los portavoces de los tres grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En nombre del Grupo
Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la diputada Teresa Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Moltes gràcies, president.
Voy a ser muy breve. Me he leído con muchísima atención el texto transaccional, pero en ningún de los dos puntos se incluye ni se hace referencia a lo que pretendía nuestra enmienda de adición. Nuestra enmienda pedía simplemente, al igual
que ha pasado con la otra proposición no de ley, que todo lo que estamos intentando que tenga luz verde en esta Comisión vaya acompañado también de una dotación presupuestaria, es decir, que en este caso se acompañaran estas medidas con la creación
de un fondo estatal de acceso a la propiedad horizontal con cargo a los próximos Presupuestos Generales del Estado. Nosotros nos reafirmamos en nuestra enmienda. En cualquier caso, no vamos a apoyar la transaccional, a no ser que aparezca un nuevo
punto o se incluya este fondo estatal.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señora Jordà.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender la enmienda presentada por el mismo, tiene la palabra la diputada señora Rominguera.
La señora ROMINGUERA SALAZAR: Gracias, señor presidente.
Poder acceder y disfrutar de una vivienda digna y adecuada es un derecho fundamental, y así lo contempla la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 25.1 y el artículo 11 del Pacto internacional de derechos económicos,
sociales y culturales. Asimismo, nuestra Constitución también recoge ese derecho, si bien no como fundamental sino como un principio rector de la política social y económica y es algo que los socialistas nos solemos cuestionar, considerando que ya
es momento de que nuestra Carta Magna reconozca el carácter de la vivienda como derecho fundamental, pero ese es otro debate y hoy no tenemos tiempo para ello.
En cualquier caso cuando alguien se ve privado de este derecho, también se ve privado de un modo transversal de otros muchos derechos, incluso el derecho a ser libre, porque la libertad se ve conculcada cuando una persona no puede disfrutar
de su vivienda como un espacio de privacidad, como un espacio vital, adaptado precisamente a quien lo habita. Las viviendas deben ser consideradas para ser usadas por todas las personas, con y sin discapacidad, por jóvenes, por mayores, por
familias con niños pequeños, por personas que viven solas; deben ser espacios que permitan la realización plena de todas las actividades que convierten a una vivienda precisamente en un hogar. Por obvio que esto pudiera parecer a veces la vivienda
se entiende como una prisión para quienes la habitan, de manera que son muchas las personas que cada año tienen que cambiar de vivienda, porque la misma no dispone de los requisitos mínimos de accesibilidad necesarios para poder acoger en ella un
cambio de las circunstancias de las personas, bien sea por edad, por discapacidad o incluso por limitaciones temporales en la autonomía provocadas por un accidente o algo similar.
Tal y como manifiesta el estudio elaborado por el Observatorio para la Accesibilidad de la Vivienda, la vivienda al ser el lugar fundamental en la vida de cualquier persona también es donde con alta prioridad
se deberían instalar y cumplir el principio de accesibilidad universal, porque garantiza la autonomía, la seguridad y la dignidad de las personas que en ella habitan. De manera que una vivienda si no es usable, señorías, se convierte en una
barrera. Los datos están ahí y así lo recoge este estudio al que hacía referencia. En más del 52,5 % de los hogares en los que reside alguna persona con discapacidad existe alguna barrera de acceso a la vivienda, pero dentro de la vivienda también
se desenvuelven con dificultad, sobre todo, en el baño, en la cocina, o en las escaleras. Estos espacios requieren modificaciones, de este modo más de 305 000 personas han tenido que cambiar alguna vez su domicilio por motivo de discapacidad, la
mitad para poder cuidar a sus familiares y la cuarta parte porque encontraban barreras de accesibilidad. Todos estos datos son lo suficientemente relevantes como para que desde aquí exijamos al Gobierno un compromiso real, contundente y eficaz para
poner fin a esta discriminación, porque aun habiendo habido avances normativos al respecto estos son insuficientes.
Sinceramente, señorías del grupo proponente, la propuesta que nos traen no es nada contundente, ni eficaz, ni mucho menos inmediata. Han transcurrido más de diez años desde la aprobación de la Convención de la ONU, con lo cual ya no es
necesario seguir dando al Gobierno un año más para evaluar. Las organizaciones de la discapacidad ya tienen más que evaluadas las limitaciones de la Ley de la Propiedad Horizontal. Por eso no podemos aceptar ese primer apartado de la proposición
no de ley que nos presentan. Con respecto del segundo apartado, entendemos que requiere ser corregido, ya que la labor legislativa corresponde a las Cortes, sin perjuicio de que el Gobierno pueda remitir un proyecto de ley. Ese es el sentido de
nuestra enmienda. Además, no tenemos muchas esperanzas de que el Gobierno remita a las Cortes un proyecto de ley. Por eso anunciamos que nuestro grupo ya tiene registrada una proposición de ley, en el caso de que el Gobierno no remita ese proyecto
de ley. Por todo ello, por todos estos términos de la propuesta que hoy nos traen, no la podemos aceptar.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rominguera.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, para defender la enmienda, tiene la palabra el diputado señor Marí.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, queda mucho por hacer en el ámbito de las políticas integrales de discapacidad; queda mucho por debatir, por acordar en el ámbito de esta Comisión, y queda mucho por seguir haciendo en el ámbito de los poderes públicos y en
concreto también en materia de accesibilidad. El hecho de que quede mucho nos permite al mismo tiempo señalar que se han venido dando pasos para mejorar la accesibilidad, y específicamente en materia de vivienda, a las personas con discapacidad.
Es evidente que la modificación introducida en la Ley de Propiedad Horizontal por el Partido Popular en el año 2003 supuso un avance importante en materia de accesibilidad de las personas con discapacidad e igualmente las modificaciones introducidas
en 2011 y 2013 que han incidido en dicha cuestión.
Por otro lado, la actuación número 80 del Plan de Acción 2014-2016 de la Estrategia Española de Discapacidad incluye promover el derecho a la vida independiente en el ámbito de la vivienda, a través de la puesta a disposición de las personas
con discapacidad y sus familias de ayudas e incentivos, así como también del análisis de la efectividad de las reformas introducidas, entre otras, en la Ley de Propiedad Horizontal y en la Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas.
Lamentablemente, el año 2015 no era el mejor momento, cuando se aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo y Rehabilitación, para introducir esa mejora que perseguimos en materia de accesibilidad a las viviendas, por cuanto que ustedes saben que
un texto refundido impide modificar las leyes que refunden.
Por aquello que señalaba la señora Jordà, quiero recordarles los compromisos presupuestarios aprobados recientemente por el Gobierno del Partido Popular, no más lejos el pasado 9 de marzo, en Consejo de Ministros. En el Plan de Vivienda se
mejoraban las dotaciones presupuestarias en el programa número 6, de fomento a la conservación, mejora de la seguridad, de utilización y accesibilidad en viviendas y en el programa número 9, de fomento de viviendas para personas mayores y personas
con discapacidad. Quiero decir con ello, señorías, que estamos dando pasos.
Estamos de acuerdo con el grupo proponente en que hay que analizar las medidas a adoptar y las formas en que debemos modificar la Ley de Propiedad Horizontal. Por eso apoyaremos esta proposición no de ley con las enmiendas incorporadas. Y
lo haremos porque nos interesa mucho más adoptar medidas efectivas, acertar en las medidas que adoptamos, dotar correctamente desde el punto de vista presupuestario esas medidas, que la contundencia o no de la proposición no de ley a la que se
refería la
representante del Grupo Socialista. A veces la contundencia tiene poco sentido, si de lo que se trata es de resolver los problemas. Si con esta proposición no de ley resolvemos los problemas, indicamos que hay que hacer un informe en
materia de accesibilidad e instamos al Gobierno a que adopte las modificaciones oportunas en la Ley de Propiedad Horizontal derivadas de ese informe, creo que estamos actuando con eficacia. A lo mejor al Grupo Socialista le parece poco contundente,
pero estoy seguro de que así arreglaremos más problemas, que no simplemente quejándonos de la contundencia o no de las proposiciones no de ley que se presentan.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí.
Antes de dar la palabra a la señora Salud, en turno de portavoces, quiero manifestar que la hora prevista de votación eran las doce y media, pero podemos hacer una aproximación más optimista y fijarla alrededor de las doce y cuarto. Lo digo
para la organización de los grupos a efectos de preparar la votación.
Ahora sí, en turno de portavoces, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Salud.
La señora SALUD ARESTE: Gracias, presidente.
Desde nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos vamos a aprobar esta iniciativa sobre propiedad horizontal. Ya la Ley 51/2003, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad dio
un impulso reformador modificando la Ley de Propiedad Horizontal del año 1960 para la eliminación de barreras. Trató de garantizar la realización de los ajustes razonables, como bien indica la convención en materia de accesibilidad con sus obras
correspondientes, estableciendo incluso un plazo que finalizaba el año 2015. Se trata de un nuevo plazo, señoras y señores del Partido Popular, incumplido y a partir del cual podía ser exigido legalmente tanto para los edificios como para los
espacios urbanizados existentes.
Después vendría la Ley 8/2013 que volvió a modificar la Ley sobre Propiedad Horizontal y que supuso un nuevo avance. Sin embargo, y a pesar de estos avances, la ley actual sobre propiedad horizontal mantiene una serie de limitaciones que
han hecho que los efectos buscados por el legislador hayan tenido un impacto ciertamente limitado. Así que desde nuestro Grupo Confederal de Unidos Podemos apoyaremos esta iniciativa, en aras de conseguir una mejoría notable en la accesibilidad de
las personas con diversidad funcional a sus viviendas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Salud.
A continuación, por el Grupo Ciudadanos, señor Clemente.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Solo quiero decir que he preparado transaccional, pero que aceptaba la enmienda del Grupo Popular y básicamente la del Grupo Socialista, porque todos sabemos que vamos a debatir este asunto en un proyecto de ley.
Espero contar con su voto.
El señor PRESIDENTE: Ya avanzo que cuenta con mi voto. Ruego que la transaccional se distribuya a los distintos grupos para que tengan conocimiento. Muchas gracias.
Como al pasar al siguiente punto del orden del día, yo tengo que defender la iniciativa, paso la Presidencia a la señora vicepresidenta. (La señora vicepresidenta, Pérez Domínguez, ocupa la Presidencia).
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A ADOPTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA PROHIBIR LA ESTERILIZACIÓN FORZOSA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002918).
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Vamos a finalizar el orden del día con el 8.º punto: proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prohibir la esterilización forzosa de personas con
discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. Para su defensa, tiene la palabra el señor Xuclà.
El señor XUCLÀ I COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
No quiero esconder que esta es una iniciativa profundamente inspirada en una propuesta de la Fundación Cermi, que creo que los distintos grupos parlamentarios conocen. Como decía, la Fundación Cermi ha denunciado y exigido reiteradamente, y
especialmente en una campaña que está llevando a cabo en estos días, que se ponga fin a una práctica que lamentablemente todavía es actual y se realiza legalmente en España: esterilizar de manera forzosa a personas con discapacidad. La
esterilización forzosa de las personas, mayoritariamente mujeres, es un acto de violencia, un ataque a los plenos derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y niñas con discapacidad, una práctica que se ejerce sobre personas que ni han sido
informadas, ni han dado su consentimiento para ello. En caso de discapacidad mental o intelectual, cuando no física, la esterilización resulta un procedimiento legal, consentido por la legislación penal vigente en estos momentos en España y en
muchos otros países, a excepción de Suecia, y se lleva a cabo después de sufrir violaciones, incestos y abusos sexuales, además de ser requisito previo a la entrada en centros de institucionalización. De modo que la esterilización forzada se
ejerce, casi de oficio, después del primer alumbramiento de mujeres y niñas con discapacidad.
Esta práctica incide en el desarrollo fisiológico de la mujer en términos de menstruación, crecimiento y deseo sexual. Supone un daño en la identidad personal, niega su derecho a la maternidad y facilita la explotación sexual, aunque sus
defensores aseguren lo contrario. La tolerancia de los códigos penales con la esterilización se traduce en una mutilación de los derechos de las mujeres, especialmente después de los procesos de incapacitación legal. La excusa suele ser lograr un
bien superior para las niñas que sin embargo se traduce, como se ha señalado, en una mayor vulnerabilidad al abuso sexual. Las mujeres afectadas se sienten encadenadas de por vida, traicionadas por sus propias familias y sin voz propia. Y, además,
consideran que quedan al margen de cualquier atención sanitaria y de los programas asistenciales que tengan que ver con su sexualidad. Señora presidenta, la esterilización forzosa vulnera, asimismo, múltiples artículos de los tratados de las
Naciones Unidas, ya que se considera que entra dentro del concepto de tortura y subvierte muchos derechos civiles y concretamente diversos de los artículos de la Convención Internacional de la Discapacidad.
Por otra parte, el Consejo de Europa -organismo del cual me honro en formar parte de su asamblea parlamentaria desde los últimos diez años- ha trabajado activamente también en este sentido e insiste en acabar con la práctica de privar a las
mujeres de su posibilidad de ser madres y de tener una sexualidad plena por motivos de incapacidad, considerando como una forma de violencia cualquier procedimiento que se oponga a esos derechos. Y lo hace, entre otros, tipificándolo en el artículo
39 de su Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica -conocido como el Convenio de Estambul y es bueno recordar que España fue uno de los primeros países firmantes de este importante convenio-,
que define como un acto delictivo las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural, sin su consentimiento previo e informado. La esterilización tiene además claramente un
sesgo de género, que se evidencia en el hecho de que la mayor parte de personas afectadas son mujeres. Las mujeres deben luchar contra la doble discriminación que sufren como personas con discapacidad y por la vulneración de sus derechos sexuales.
En definitiva, la esterilización forzosa socava derechos fundamentales de las personas y no puede sostenerse bajo principios erróneos que asocian carácter hereditario a la discapacidad, falsas creencias sobre las posibilidades que estas
personas puedan ser madres y padres y con la excusa de un bien superior inexistente. Deben garantizarse plenos derechos para las personas con discapacidad, incluidos los sexuales y reproductivos. Las personas con discapacidad que desean ser padres
y madres tienen el mismo derecho que las personas sin discapacidad. No parece justo, por tanto, que a las primeras se les exijan unos credenciales de perfección para acceder a la paternidad y a la maternidad, que no se exigen a las segundas.
Señora presidenta, a esta proposición no de ley formulada por el Grupo Mixto, concretamente por el Partit Demòcrata, se ha presentado una enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. He trasladado al Grupo Parlamentario Popular
mi opinión, ya que creo que la redacción inicial del texto mandata más al Gobierno, que la enmienda que propone el Grupo Popular, pero también es cierto que pienso que el Grupo Popular está reformulando la posibilidad de hacer una enmienda inclusiva
que enriquece el texto inicial. Por tanto, a la espera de los planteamientos del grupo enmendante, les doy a todos las gracias por haberme escuchado y atendido en esta iniciativa.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Xuclà. Ya no tengo que preguntarle entonces a continuación si va a aceptar o no la enmienda.
Para defender la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Dueñas.
La señora DUEÑAS MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha formulado una enmienda a esta proposición no de ley, presentada por el Grupo Mixto. Nuestra enmienda, como se puede comprobar y con carácter general, va en la línea de lo solicitado por la
iniciativa formulada. Señorías, como bien saben en la reforma del Código Penal de 2015 ya se tuvo muy presente la Convención de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad y, además, se tuvieron en cuenta elementos
importantes como la necesidad y la proporcionalidad. De hecho en lo que se refiere al tema que hoy abordamos en la exposición de motivos de la citada reforma se recoge que se da un mejor tratamiento a la esterilización acordada por órgano judicial,
ya que se circunscribe a supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos. Asimismo, la disposición adicional primera prevé el procedimiento para acordar la esterilización a la que se refiere el punto
segundo del artículo 156. Señorías, se trata de un procedimiento que tiene -quiero recordarlo- todas las garantías para que no se cometan arbitrariedades, ya que para pedir la esterilización de una persona, ya sea mujer u hombre, debe haber
previamente una sentencia de incapacitación firme que determine ausencia total de la capacidad de autonomía y de iniciativa propia. Se trata de un procedimiento en el que participan tanto representantes legales, padres o tutores, como el ministerio
fiscal -que tiene una importante intervención a estos efectos-, que emite el dictamen, que puede coincidir o no con la solicitud formulada.
En consecuencia, señorías, sobre lo recogido en el punto 2 de la iniciativa, habida cuenta de lo delicado del supuesto que abordamos, porque estaríamos hablando de volver a operar una reforma del Código Penal, y siendo muy conscientes de la
necesidad de continuar avanzando, impulsando la adaptación de la legislación española a la Convención sobre los Derechos de las personas con discapacidad y, como reseñaba el portavoz del PDeCAT, señor Xuclá, del resto de normativa en la materia,
consideramos necesario seguir trabajando a fin de evitar diferencias de trato por razón de discapacidad en supuestos como la esterilización de personas con discapacidad sin su consentimiento. En este sentido, consideramos, y así se lo he trasladado
al portavoz del grupo proponente de la iniciativa, que lo más adecuado para dar este impulso normativo sería hacer un estudio que fuera unido a esta adaptación de la norma sobre la cuestión que hoy se plantea, que es la modificación del artículo 156
del Código Penal. Compartimos absolutamente la necesidad de tener mayor transparencia, así como más datos, y mejor desagregados, que tengan en cuenta las perspectivas de género, de edad y que consideren también el tipo de discapacidad.
Hemos planteado una posible transaccional que estamos esperando cerrar.
Nada más. Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora Dueñas.
Para fijar la posición del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez Balsera.
El señor GÓMEZ BALSERA: Gracias, señora presidenta.
Esta es una de esas iniciativas que no deberíamos estar debatiendo y cuyo contenido tendría que haberse impulsado de oficio por el Gobierno en cumplimiento de la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. Las
prácticas de esterilización forzosa son contrarias a la convención, que ya en su primer artículo dice que su propósito es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades
fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto a su dignidad inherente. Hay que recordar que España podía haber recogido este tratado internacional formulando reservas y no lo hizo, lo abrazamos tal cual. Por tanto,
esta cuestión no admite debate doctrinal ni ético ni ideológico, es un imperativo legal de obligado cumplimiento.
Ni siquiera voy a entrar a debatir las razones de supuesta protección que motivan la interposición de procedimientos judiciales para utilizar esta práctica, ya que este grupo considera que las prácticas de esterilización son injustificables
desde la perspectiva de los derechos humanos e inadmisibles bajo el paraguas de la convención y de las recomendaciones del Consejo de Europa, que las considera una forma de violencia contra la mujer.
Esta Comisión ya ha dado algunos pasos importantes para terminar con discriminaciones que suponían mayores exigencias para las personas con discapacidad, como la imposibilidad de participar como jurado en un tribunal o el dictamen médico que
se les iba a exigir para contraer matrimonio. También debemos felicitarnos porque hoy ha dejado de prorrogarse el plazo de enmiendas a la reforma de la Loreg, por lo que creo que pronto -así lo espera este grupo- quedará garantizado el derecho de
sufragio de todas las personas con discapacidad. También deberíamos felicitarnos si aprobáramos esta iniciativa y damos la gracias al grupo proponente por la especial sensibilidad que han demostrado al traerla a esta Comisión.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señor Gómez Balsera.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora García Puig.
La señora GARCÍA PUIG: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Confederal apoya, por supuesto, la iniciativa y agradecemos al grupo proponente que la haya traído a esta Cámara. Sin duda, la esterilización forzosa nos parece una de las más graves manifestaciones de violencia machista y, como
comentaba el portavoz de Ciudadanos, no entendemos cómo puede seguir practicándose en nuestro país, cuando, además, hemos ratificado convenios que la prohíben expresamente.
La esterilización forzosa afecta sobre todo a niñas y mujeres. Lo que persigue esta práctica es privarlas de una función que consideramos que es esencial, corporal, y niega la posibilidad de reproducirse sin que ellas hayan podido tomar la
decisión por sí mismas. Creemos que en la esfera penal debe suprimirse de forma completa la esterilización forzosa. Como apunta la PNL, también nos parece muy importante no solo prohibir esta práctica, sino, además, indemnizar a todas las víctimas
que hayan sufrido la esterilización forzosa, como han hecho otros países, por ejemplo, Suiza. Este compromiso forma parte de numerosos tratados internacionales ratificados por España, como el Convenio de Estambul, la Convención de Derechos de la
Infancia... (Rumores).
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Perdone un momento, señora García.
Ruego a quienes estén negociando que bajen un poco el tono, porque no se escucha a la interviniente. Gracias.
La señora GARCÍA PUIG: Gracias, señora presidenta.
... y el Convenio internacional de los derechos de las personas con discapacidad. Estamos hablando de defender los derechos humanos. El Grupo Confederal ha realizado preguntas al Gobierno en este sentido para conocer los datos exactos
sobre esta práctica en nuestro país, ya que tenemos que tener una absoluta transparencia para poder cambiarla.
Las niñas y mujeres con discapacidad, como todas las mujeres en nuestro país, tienen derecho a tomar sus propias decisiones en todas las esferas de la vida, incluidos los derechos reproductivos, así como el derecho a la capacidad jurídica.
Debemos garantizar su igualdad plena y total en la sociedad. Como decía, para nosotros, así como para todos los convenios internacionales citados, esa práctica representa una manifestación en grado extremo de la violencia machista que vulnera los
derechos reproductivos.
Por estas razones, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora García Puig.
Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cuello.
La señora CUELLO PÉREZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, queremos mostrar nuestro apoyo a esta iniciativa que trae hoy el PDeCAT sobre prohibición de esterilización forzosa de personas con discapacidad. Señorías, en la intervención me voy a ceñir al informe Poner fin a la
esterilización forzosa de las mujeres y niñas con discapacidad, de la Fundación Cermi Mujeres y del Foro Europeo de la Discapacidad. La esterilización sin tener el
consentimiento pleno e informado de la persona constituye una violación de varios instrumentos internacionales de derechos humanos. El Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer ha declarado que la esterilización
forzosa constituye una violencia contra la mujer, afirmando que la esterilización y el aborto obligatorio influyen adversamente en la salud física y mental de la mujer y violan su derecho a decidir el número y espaciamiento de sus hijos. El mismo
comité, en su recomendación 24, recuerda a los Estados parte que no deben permitir formas de coerción tales como la esterilización sin consentimiento que violan el derecho de la mujer a la dignidad y que estas deben dar su consentimiento con
conocimiento de causa.
El Comité de los Derechos del Niño ha establecido que la esterilización forzosa de las niñas menores de dieciocho años con discapacidad constituye una forma de violencia. Este comité ha instado a los Estados a prohibir por ley la
esterilización forzosa de las niñas y niños discapacitados, así como a ofrecerles información adecuada sobre las relaciones y la salud sexual y reproductiva, asesoramiento y orientación.
Seguimos. El Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales también ha señalado que la esterilización forzosa de las niñas y mujeres con discapacidad supone una violación del artículo 10 del Pacto internacional de los derechos
económicos, sociales y culturales. Según este comité, las mujeres con discapacidad tienen derecho a la protección y al apoyo en relación con la maternidad y el embarazo. Tanto la esterilización de una mujer con discapacidad como la práctica del
aborto sin su consentimiento previo informado son violaciones graves del artículo 10 del pacto.
El informe del año 2013 del relator especial sobre torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes señala que un problema cada vez más generalizado es la esterilización involuntaria de mujeres de minorías étnicas y raciales,
mujeres de comunidades marginadas y mujeres con discapacidad, a causa de la noción discriminatoria según la cual no son aptas para tener hijos. La esterilización forzosa es un acto de violencia, una forma de control social y una violación del
derecho a no ser sometidos a torturas y a otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. De hecho, este comité ha alentado a los Estados a adoptar medidas urgentes para investigar de forma inmediata, imparcial, exhaustiva y eficaz todas las
denuncias de esterilización involuntaria de mujeres, a enjuiciar y sancionar a los autores y a proporcionar a las víctimas una indemnización equitativa y adecuada. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas declara que la violencia contra
las mujeres con discapacidad puede ser estructural y consecuencia de legislación discriminatoria.
Hace unos meses, la vicepresidenta del Cermi, Ana Peláez, relataba en la subcomisión de violencia de género que una mujer, una niña que haya sido esterilizada está expuesta a sufrir mayores situaciones de abuso sexual en su propio entorno,
entre los familiares, en la escuela, en las instituciones en las que residen personas con discapacidad, porque todo el mundo sabe que estas niñas, estas mujeres, estas adolescentes no van a tener un embarazo y, además, porque no se da crédito a una
niña que no sabe expresarse bien, que no sabe interpretar lo que le está pasando, que en muchos casos no tiene medios para comunicarse directamente o no puede denunciar y no se le cree. Entendemos que esto debe llevarse a cabo mediante un
procedimiento consentido e informado, y para ello hay que trabajar con la mujer para educarla y que desarrolle su plena sexualidad.
Creo que estas razones que vienen en el informe son más que suficientes para que apoyemos esta iniciativa.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Muchas gracias, señora Cuello.
Finalizado el debate de la iniciativa, pregunto al proponente, señor Xuclá, si tienen ya la transaccional.
El señor XUCLÁ COSTA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, de forma telegráfica, quiero dar las gracias a todos los grupos que han expresado su apoyo a esta iniciativa. Agradezco a la diputada del grupo de la mayoría, señora Dueñas, los ingentes esfuerzos que ha realizado para
intentar llegar a un acuerdo transaccional, pero tengo que decirle que al final someteré a votación el texto original que he propuesto.
Señora Dueñas, en público y para el Diario de Sesiones, digo que creo que es mejor para el respeto a los parlamentarios que seamos nosotros los que al final transaccionemos las cosas y no un oscuro vocal asesor de algún ministerio. Perdone,
esto no es para usted, es para el Diario de Sesiones. No se acepta la enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Pérez Domínguez): Señor Xuclá, el turno era para fijar su aceptación o rechazo.
Vamos a interrumpir cinco minutos la sesión para ordenar las votaciones y dar tiempo a que lleguen a la Mesa las transaccionales. (El señor presidente ocupa la Presidencia.-Pausa).
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Creo que ya estamos en disposición de proceder a la votación. Tengo que decir que hemos cumplido muy bien los tiempos, porque hemos reajustado la hora de la votación a las 12:15 y ahora son las 12:17.
Vamos a votar las proposiciones según figuran en el orden del día, a pesar de que hemos alterado el orden de debate de las mismas. En dos de los puntos, los números 3 y 7, existe una enmienda transaccional -lo digo a efectos de conocimiento
de los portavoces-, y en el punto 1, el grupo proponente, Esquerra Republicana, ha aceptado la enmienda de sustitución del Grupo Socialista.
Votamos la proposición no de ley sobre la revisión de los supuestos de jubilación anticipada comprendidos en el Real Decreto 1851/2009, con la enmienda de sustitución del Grupo Socialista, aceptada por el grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición relativa al cumplimiento de la accesibilidad universal en la Biblioteca Nacional. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición relativa a la mejora de la accesibilidad a los centros y servicios sanitarios. Se vota con la transaccional presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Se vota ahora el punto cuarto, proposición no de ley sobre cumplimiento de las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley relativa al fomento del uso de la terminología adecuada para referirse a las personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 7; abstenciones, 13.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto sexto, relativo a actualizar el listado de enfermedades del Real Decreto 1148/2011, de 29 de julio, para la aplicación y desarrollo, en el sistema de la Seguridad Social, de la prestación económica por cuidado de menores
afectados por cáncer u otra enfermedad grave, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto séptimo, proposición no de ley relativa a reformar la Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal. Se vota en los términos de la transaccional distribuida a los grupos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para prohibir la esterilización forzosa de personas con discapacidad, presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, Partit Demòcrata, PDeCAT.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Eran las doce y veinte minutos del mediodía.