CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 455

PARA LA EVALUACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ ENRIQUE SERRANO MARTÍNEZ

Sesión núm. 9

celebrada el miércoles,

7 de marzo de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias en relación con la evaluación y la modernización del Estado autonómico. Por acuerdo de la Comisión para la evaluación y la modernización del Estado autonómico:


- Del señor presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE (Rosell Lastortras). (Número de expediente 219/001059) ... (Página2)


- Del señor presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme (Garmendi Lecanda). (Número de expediente 219/001060) ... (Página2)


- Del señor presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, ATA (Amor Acedo). (Número de expediente 219/001061) ... (Página19)


- Del señor presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF (Borra Izquierdo). (Número de expediente 219/001062) ... (Página19)

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Se abre la sesión a las once y treinta y cinco minutos de la mañana.


COMPARECENCIAS EN RELACIÓN CON LA EVALUACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN PARA LA EVALUACIÓN Y LA MODERNIZACIÓN DEL ESTADO AUTONÓMICO:


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (ROSELL LASTORTRAS). (Número de expediente 219/001059).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (GARMENDI LECANDA). (Número de expediente 219/001060).


El señor PRESIDENTE: Se abre la sesión. Buenos días, señorías.


Iniciamos una jornada razonablemente intensa con la comparecencia solicitada por todos los grupos de don Joan Rosell Lastortras, presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, y de don Antonio Garmendi Lecanda,
presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, con la voluntad de que nos puedan ilustrar sobre lo que han sido y lo que son las relaciones sociolaborales y las relaciones económicas en general durante el periodo
transcurrido desde la aprobación de la Constitución.


Sin más y para ello, conforme al sistema establecido para todas estas sesiones, concedo la palabra, en primer lugar, a don Joan Rosell, presidente de CEOE.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (Rosell Lastortras): Buenos días.


En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión su invitación para venir a hablar del tema que nos ocupa, y especialmente a su presidente, don José Enrique Serrano, a quien conozco desde hace muchísimos años.


¿Quiénes somos nosotros, CEOE, Cepyme, las organizaciones empresariales? Somos organizaciones empresariales independientes. CEOE, junto a Cepyme más las organizaciones sindicales, son lo que en el Título Preliminar de la Constitución,
artículo 7, se denomina agentes sociales. Somos los que hemos estado involucrados durante muchísimo tiempo para que las cosas desde el punto de vista económico y también social hayan salido como han salido en los últimos cuarenta años. Somos una
organización de la que dependen directamente 250 organizaciones y unas 4500 en toda España desde, el punto de vista sectorial y territorial, y representamos, tanto a los autónomos como a las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas; muchas muy
pequeñas, millones de ellas, y muy pocas muy grandes, porque en España muchas veces olvidamos que empresas de más de 250 trabajadores hay poco más de 4500, y esa es una de las asignaturas pendientes en España para que las empresas tengan potencia,
puedan ser exportadoras y puedan no solamente vender en los mercados nacionales, sino también en los internacionales. De alguna manera, junto con los sindicatos, somos quienes negociamos los miles de convenios colectivos que hay en España
-alrededor de 4500 a nivel individual- que solo representan el 15 % del total de trabajadores, y unos 1500 sectoriales, que representan alrededor del 85 % del total de trabajadores. Ahí está nuestra importancia en la negociación, día a día, en
todos y cada uno de los convenios, y a nivel general en los convenios que hemos firmado durante estos últimos cuarenta años de todo tipo, como el AN, el ANC o en el que estamos en plena negociación en este momento. Pertenecemos también a
organizaciones de mayor ámbito: BusinessEurope, que es como CEOE a nivel de toda Europa y donde nosotros ejercemos la vicepresidencia, el Consejo Empresarial Iberoamericano, que hoy precisamente estamos celebrando unas jornadas de mipymes aquí en
Madrid, y otros organismos a nivel internacional, como la Organización Internacional de Empresarios y otras tantas. Nuestro presupuesto, para que se entienda, es básicamente privado; procede de nuestras organizaciones y de nuestras empresas, y
tenemos alguna parte de relación con la Administración a través de nuestra participación en el Consejo Económico y Social y en otras organizaciones, aunque básicamente es privado.


Creo que es bueno hacer una reflexión sobre el balance del Estado de las autonomías durante estos últimos años, porque como precisamente nunca habíamos tenido un Estado de las autonomías y durante tanto tiempo, es bueno ver y analizar qué es
lo que hemos tenido y si ha sido positivo o negativo. Lo que sí está claro es la realidad económica española durante los últimos cuarenta años: es una historia de éxito, se mire por donde se mire y lo analicemos como lo queramos analizar. Desde
el punto de vista de la población en estos cuarenta años la hemos incrementado en 10 millones de personas; población

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extranjera y no nativa también ha incrementado de una manera importante, estamos casi en 5 millones; el número de pensionistas en 1977 era de 3,7 millones y en este momento estamos alrededor de 10; la esperanza de vida en estos cuarenta
años ha subido diez años; el número de universitarios se ha multiplicado de una manera muy importante; y el índice de analfabetismo lo teníamos en el año 1977 en el 9 y en este momento está en el 1,7. Creo que son datos importantes. Otro dato
importante es que el gasto público que teníamos respecto al PIB en el año 1977 no llegaba al 29 y en este momento está alrededor del 42, y eso nos ha hecho posible por tanto la construcción del Estado del bienestar, la gran diferencia que existe con
Europa respecto a otras partes o regiones del mundo; las tres grandes patas de este Estado del bienestar son las pensiones, sanidad y educación y el seguro de desempleo. El otro gran dato importante para las empresas es que el porcentaje de
exportación respecto a PIB que en el año 1977 era de alrededor del 25 %, en este momento estamos casi en el 34 %, y tenemos más de 160 000 empresas españolas que estamos exportando. Nuestra única comparación en cuanto a éxito es Alemania, porque
hemos superado en este porcentaje de exportaciones respecto a PIB a Italia y a Francia. También hay que ver cuánta gente había ocupada en el año 1977 y cuánta hay ahora, especialmente teniendo en cuenta que en las décadas de los setenta y los
ochenta el número de ocupados básicamente no incrementó.


En España durante estos cuarenta años ha habido tres etapas: la primera es que veníamos de donde veníamos y por tanto había que hacer una mejora importante de la macroeconomía, y eso se ha hecho; la segunda fase es una fase donde había que
introducir equidad para la construcción del Estado del bienestar, y que tengamos educación y sanidad para todo el mundo creo que es un elemento clave, básico, importante y definitivo; la tercera fase es la de que en el mundo en que estamos, que es
un mundo absolutamente global, hemos de mantener e incrementar nuestra productividad si queremos tener futuro, si queremos tener futuro desde el punto de vista de las empresas.


La Constitución española de 1978 consagró un modelo territorial que podía haberse hecho de muchas maneras. Había diferentes territorios que tenían diferentes historias, incluso reivindicaciones históricas, y otros que por supuesto tampoco
quisieron ser menos. Se hizo algo que no tenía precedentes en la historia de España y se podía haber hecho de muchas maneras, pero yo creo que después de cuarenta años el balance tiene que ser y es positivo.


Hemos hecho un traspaso de competencias como no se ha hecho en ningún país del mundo, que podemos considerar como espectacular. En todas las legislaturas desde 1979 a 2015 hemos traspasado 1994 competencias, con un incremento importante y
con una intensidad importante en los años ochenta, básicamente entre los años 1982 y 1985, donde cada año había alrededor de 200 transferencias traspasadas. Hubo una relajación después y los últimos años de incremento de intensidad de traspaso de
competencias fueron los años 1995 y 1996. La gran pregunta sería: ¿Qué queda por traspasar? En cuanto a comunidades autónomas Cataluña ha recibido 189 transferencias, Galicia 154, y por el lado inferior podríamos poner La Rioja que ha recibido
76. En cuanto al número de efectivos hoy en día la realidad es que más del 50 % de los empleados públicos están en las autonomías, y básicamente concentrados en los dos grandes servicios que dan las autonomías, que son la sanidad y la educación.


Respecto a la intensidad del traspaso de competencias, en qué momento se hicieron esas competencias y por qué se hicieron en aquellos momentos, el Insalud, por ejemplo, en Cataluña se trasladó en 1981 y el gran traspaso del Insalud fue en el
año 2001, donde hubo 10 autonomías a las que fue traspasado el Insalud. En la educación no universitaria empezó en Cataluña y en el País Vasco en el año 1980, y después el grupo final de seis autonomías lo recibió en el año 1999. Lo mismo en
educación universitaria, donde en Cataluña, Valencia y el País Vasco fue en 1985 y el gran traspaso final fue en el año 1995. Lo mismo se podría decir del Imserso, que fue en el año 1981 a Cataluña y al grueso de autonomías, las últimas autonomías,
les fue trasladado en el año 1995. Y el antiguo INEM, ahora con nombre distinto, Cataluña y Galicia lo tuvieron en 1997, pero otras autonomías lo han tenido posteriormente.


El gran tema como he dicho anteriormente es el traspaso de la educación y la sanidad que representan más de 50 % del gasto autonómico en estos momentos, también con un problema importante de que el incremento de población entre 2002 y 2009
ha sido de alrededor de 5 millones de personas y básicamente de gente no nacida en España, que ha nacido fuera de España, ha venido a España y aquí en España está siendo atendida, por supuesto en educación y en sanidad. Por tanto, como decía antes,
el cambio en la estructura del empleo hacia empleados públicos en las autonomías ha sido total.


Y otra gran pregunta que yo creo que nos debemos hacer es: ¿están bien, están correctamente financiadas las autonomías en función de las competencias recibidas? Y lo mismo podría decirse del Estado central y de los ayuntamientos. Debemos
ser capaces de evaluarlo. ¿Por qué? Porque

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preguntarnos si lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho rigurosamente o qué problemas ha habido, qué dificultades y qué cosas no se han hecho suficientemente bien es bueno y es bueno que nos lo planteemos. ¿Y qué pasa cuando las competencias
han sido trasladadas a las comunidades autónomas y sigue habiendo efectivos en la Administración Central y también edificios no utilizados? ¿Cómo es posible eso? También es un debate sobre qué es lo que ha quedado de las competencias y qué es lo
que no ha quedado, qué es lo que queda y si realmente estas competencias se están utilizando de la mejor manera posible desde el punto de vista económico, no hablo desde el punto de vista político.


Los Estados son instrumentos complejos como las empresas de gestionar y además si no se introducen elementos de gestión, de evaluación, de control y de comparación que ahora tecnológicamente son posibles y que muchas veces no se hace
suficientemente. En las empresas es un debate permanente y la gran pregunta es: ¿por qué no estamos haciendo lo mismo a nivel de todas las administraciones del Estado, que yo creo que es posible? Por tanto acercar el servicio al ciudadano parece
objetivo prioritario. Hemos de caminar sin ninguna duda hacia una Administración única y además hacia una Administración digital, sin ningún tipo de complejos, tanto en la Administración Central como en la autonómica y en la local. Todos son
Estados y muchas veces lo olvidamos, como si estuviéramos en competencia y no en colaboración. El continuo envío de discusiones al Tribunal Constitucional es un ejemplo que no deberíamos tener, sino a la inversa, que no tuviesen que llegar todas
estas disparidades de criterio al Tribunal Constitucional.


Las empresas y los ciudadanos, especialmente en la Unión Europea, estamos siendo cargados de una proliferación legislativa sin límites desde todos los ámbitos y también a nivel autonómico. No por ser las autonomías una Administración nueva
muchas veces tenemos los mismos problemas que con administraciones que vienen de muy lejos. Los organismos internacionales de todo tipo como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional nos siguen diciendo que España es un ejemplo no bueno
en cuanto a la burocracia administrativa. Para dar un dato, entre el año 1970 y 2017 se han aprobado en España alrededor de 42 000 normas. En 2017, 517 nuevas normas a nivel estatal y 253 a nivel autonómico. Y las leyes vigentes en la hora actual
en España están por encima de las 160 000 normas y en el ámbito europeo alrededor de las 21 000, pero serían 100 000 si añadimos en esa cuenta los acuerdos, las directivas y diferente jurisprudencia. Hacemos desde CEOE cada año un estudio sobre
producción normativa y este año nos da con respecto al Boletín Oficial del Estado, incluyendo lo que es publicidad, 223 043 páginas y los boletines de las comunidades autónomas 731 525. Por supuesto podemos decir que parece exagerado a primera
vista y un coste importante para empresas y ciudadanos no solamente en España, porque estos mismos datos los podríamos dar de la Unión Europea, y hace que la Unión Europea sea menos competitiva que nuestra competencia a nivel mundial. Muchas veces
estamos discutiendo décimas que podríamos dedicar más a determinados ámbitos en los que nunca es suficiente el dinero, como pensiones, educación y sanidad, y por otra parte nuestra burocracia administrativa nos hace perder puntos de PIB a principios
de año. Existen estudios. Hay un estudio importante de la Comisión Europea, el Informe Guchini, que dice que los puntos de coste administrativo entre Europa y los Estados Unidos como mínimo nos daría un punto o un punto y medio más de mayor
crecimiento a Europa y nos lo da en cambio de Administración.


La potestad normativa de las comunidades autónomas a menudo conlleva trabas burocráticas y barreras administrativas propias de cada comunidad que obligan a las empresas a cumplir normativas muy distintas según estén en una comunidad o en
otra. El hecho de tener que cumplir una regulación distinta en cada comunidad autónoma supone muchas veces un quebradero de cabeza para cualquier empresa con vocación de operar en todo el territorio nacional, dedicando buena parte de su tiempo a
rellenar legislaciones distintas. Además las disparidades normativas para cada misma actividad que existen en comunidades autónomas no son en muchos de los casos absolutamente necesarias. Es verdad que se han dado algunos pasos en la buena
dirección con la aprobación de la Ley de Garantía de Unidad de Mercado en el año 2013, que precisamente trata de evitar en la medida de lo posible todo lo anteriormente descrito, pero hay que decir que los avances pudieran ser más importantes. De
hecho recientemente el Tribunal Constitucional ha anulado parte de su articulado, concretamente lo relativo al principio de eficacia nacional, según el cual el cumplimiento de un operador de la normativa de origen debe tener efectos en todo el
territorio nacional. El Tribunal Constitucional ha declarado este principio inconstitucional por considerar que supone una quiebra al principio de territorialidad recogido en la Constitución. Podríamos poner muchos ejemplos en cuanto a normativa y
actividad productiva Y un caso importante son las telecomunicaciones, un sector importante, liberalizado a nivel de la Unión Europea, un

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sector con un volumen de actividad por encima de los 30 000 millones de euros en España, que genera empleo para más de 400 000 personas, y que se enfrenta a múltiples frenos de su actividad económica por la multitud de normativa autonómica,
más de 20 normativas diferentes a nivel autonómico, más de 8000 normativas a nivel municipal y multitud de trámites y requerimientos de información duplicados en los distintos niveles de la Administración. Lo mismo podríamos hablar de otros
sectores concretamente, y estaríamos horas hablando, como el turismo y en el caso del transporte todavía más. Un mismo viaje u operación de transporte en vehículo pesado, por poner un ejemplo, de mercancías peligrosas, según pase de una autonomía a
otra se le aplicarán diferentes horarios, circulaciones autorizadas o no según los calendarios, además no coinciden muchas veces los festivos de unas comunidades con otras, y asimismo el transportista también se encuentra con las ordenanzas
municipales. Los ejemplos podrían ser múltiples y diversos, algunos incluso cómicos desgraciadamente, pero que provocan despilfarro, gasto innecesario, que podría revertirse con las legislaciones adecuadas. Las comunidades autónomas pueden
legislar tributariamente, y lo hacen en la actualidad con el número concretamente de 82, con datos de finales del año pasado, pero solo alcanzan por la parte de las necesidades de gasto el 2,2 % del total. El resto les viene de los grandes tributos
nacionales. En definitiva la disparidad normativa y tributaria y la multiplicidad y descoordinación de los impuestos propios da lugar a graves distorsiones de mercado, que dificultan la buena marcha de las empresas que operan en todo el territorio
nacional. Ahí tenemos un camino a recorrer importante, un camino de mejora importante. Sabemos la problemática y yo creo que nos debemos poner todos manos a la obra.


Es indudable que la experiencia del desarrollo del modelo autonómico ha demostrado ser positiva como medio para vertebrar el Estado. Sin embargo se observa un gran desequilibrio entre la aplicación del artículo 150.2 de la Constitución, que
habilita a atribuir competencias sobre las múltiples materias a las comunidades autónomas, y el artículo 150.3, que debería servir precisamente para evitar duplicidades y disparidades legislativas y cuya aplicación es prácticamente nula. Es
necesario, como he dicho, reducir la sobrerregulación. La regulación tiene un coste muy importante. Por tanto es un llamamiento a los legisladores en todos los niveles para que intenten hacer las cosas lo más simples posibles, lo más duraderas
posibles y asegurando una implementación rápida y correcta de la existente. Estas duplicidades producen ineficiencia e ineficacia del gasto público, y desde nuestro punto de vista debería cumplirse la regla de: una competencia un nivel de
Administración, es decir, una Administración única. Esto que estoy diciendo aquí lo dicen también las mismas organizaciones empresariales nuestras a nivel francés, a nivel italiano o alemán. Por tanto estamos ante un problema europeo, y es que
venimos de legislaciones muy antiguas que se tienen que adaptar a la realidad, y esa realidad es mucho más rápida que la legislación que en estos momentos estamos poniendo en marcha.


El Estado autonómico ha producido prosperidad, pero es hora en clave europea de reformarlo y reorganizarlo, entendiendo que las fronteras entre las comunidades autónomas deben desaparecer a largo plazo, así como también, muy importante, las
fronteras en los países pertenecientes a la Unión Europea. Estamos hablando de que desaparezcan las fronteras entre Aragón, Cataluña y Valencia, pero que también desaparezcan entre España y Francia o entre Francia e Italia. Quizá pensando en clave
europea a largo plazo seamos todos capaces de ver el futuro con mayor amplitud de miras y así no dejar de hacer reformas locales, autonómicas y estatales que nos parecen difíciles de hacer en el día a día. Es sin duda una oportunidad de gestión,
una oportunidad de competitividad y de competitividad a nivel europeo, y como nos hemos de creer Europa porque sin Europa no tenemos futuro, yo creo que no es un problema, sino una grandísima oportunidad.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rosell, por su intervención.


Ahora tiene la palabra don Antonio Garmendi Lecanda, presidente de Cepyme.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, CEPYME (Garmendi Lecanda): Buenos días, presidente.


Señorías, en primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento a esta Comisión para la Evaluación y Modernización del Estado Autonómicos por darme la oportunidad de transmitir en representación de Cepyme los análisis y reflexiones sobre
cuestiones fundamentales que afectan a nuestra convivencia diaria y a las relaciones económicas y sociales que se establecen en España. Creo que el presidente de la CEOE ha explicado bien y con muchos datos la situación. Por tanto intentaré dar
menos, porque coincidirían en este caso.

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La Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, Cepyme, que está integrada en CEOE, es una organización empresarial de afiliación voluntaria, independiente, de carácter confederativo intersectorial y de ámbito nacional,
constituida para la defensa, representación y fomento de los intereses de los empresarios y empresarias de España y los propios de la pequeña y mediana empresa y los autónomos. Tal como propugna el artículo 7 de nuestra Constitución Cepyme responde
a principios democráticos en su organización y funcionamiento. Nuestros estatutos además garantizan que todas las actuaciones de Cepyme y las de todos sus miembros se guíen, dentro del respeto a la Constitución, por los principios de independencia,
voluntariedad, igualdad y transparencia, así como por la defensa empresarial, la libre empresa, la economía de mercado y la unidad de mercado de España. Lo mismo podríamos decir de la CEOE.


Como muy bien expresó el presidente del Consejo Económico y Social, don Marcos Peña, en su comparecencia ante esta Comisión, la jerarquía que la Constitución nos confiere a los sindicatos y a las organizaciones empresariales no solo emana de
nuestro ámbito de representación, sino que se entronca con la representación y promoción de intereses sociales y económicos nacionales. En este sentido Cepyme tiene como fines esenciales fomentar y defender el sistema de iniciativa privada, la
economía de mercado, la libre empresa y promover y defender la unidad de mercado en los ámbitos nacional y europeo. Además es para nosotros de máximo interés propiciar el desarrollo económico sostenible en España como medio de lograr una situación
social cada vez más justa, la mejora del medio ambiente, la promoción de la competitividad de las empresas y la defensa de la libre competencia. Desde mi condición de empresario y como presidente de Cepyme puedo asegurar que el orden constitucional
y el posterior desarrollo institucional y legal han propiciado uno de los periodos más prolongados y de mayor profundidad en el desarrollo económico y el bienestar social para el conjunto de los españoles de toda nuestra historia. No es mi
pretensión ni objetivo de esta comparecencia intentar hacer un balance de la economía española desde 1978. Se acaba de hacer hace muy pocos momentos. Seguramente otros comparecientes más expertos en la materia, economistas, lo realizarán o lo
habrán realizado ya en esta Comisión. No obstante sí quiero apuntar que la mejor forma de afrontar ese análisis es hacer un balance relativo y no absoluto, ya que el desempeño económico de España no solo depende de nuestro marco institucional y
regulatorio o de la política económica de nuestros sucesivos Gobiernos, sino que también debe atender a la evolución de la capacidad de crear empresas rentables y generar empleo de nuestros empresarios y empresarias, y de la posibilidad de ahorro
del conjunto de la economía, así como a la evolución económica de otros países con los que estamos integrados y de la del resto del mundo, con el que tenemos crecientes relaciones en un proceso acelerado de globalización en el que nos encontramos.


En el caso español hemos asistido en estos cuarenta años a una transformación general en prácticamente todos los órdenes -el presidente de la CEOE lo comentaba hace muy pocos minutos-: demográfico, social, político y económico, no
equiparable por su celeridad a procesos análogos de transformación en otros países europeos, en los que se han producido en periodos de tiempo mucho más dilatados. El proceso de integración español en la Unión Europea y en la unión monetaria ha
sido decisivo para que España mejore su posición relativa en la economía europea y mundial. Se puede por tanto -así lo afirmamos con rotundidad- decir que la integración de España, primero en la Unión Europea y después en la unión monetaria, han
sido las dos decisiones políticas, a nuestro entender, más importantes y también más acertadas de estos últimos cuarenta años de vigencia de la Constitución española, ya que han servido para mejorar nuestros niveles de renta y de bienestar en
términos absolutos, y además acercarlos a los promedios europeos. El enorme éxito colectivo de los españoles en estos cuarenta años ha sido afrontar y superar con éxito, en un periodo de tiempo relativamente muy corto, dos grandes retos, como
alcanzar una normalización política y social homologable con la de otros países de alta y larga raigambre democrática y conseguir una economía estable, eficiente y abierta.


Quisiera hacer referencia de nuevo al planteamiento que expuso el presidente del Consejo Económico y Social ante esta Comisión a la hora de reforzar los principios de salvaguarda de la unidad del mercado y de la cohesión social que rigen
nuestra Constitución. Me estoy refiriendo concretamente a su mención sobre la concertación y la coordinación, en definitiva a la aportación que hacemos la sociedad civil. La concertación y el diálogo social han sido instrumentos sociopolíticos sin
cuya aportación no se puede entender la normalización democrática, el desarrollo socioeconómico y la modernización de las relaciones laborales en España. El diálogo y la concertación que empresarios y trabajadores, a través de sus representantes,
han mantenido como instrumentos de la sociedad civil que contribuyen a la vertebración social y a la cohesión territorial han sido claves para hablar de trabajo y empresa en todo el periodo y en

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la actualidad. En efecto, la Constitución de 1978 junto a la Ley de Libertad Sindical aprobada el año anterior significaron, básicamente, dos cosas: por un lado, el reconocimiento de la existencia de intereses propios de las empresas y los
trabajadores, intereses que son independientes a lo que el Estado recoge en sus políticas y, además, pueden ser contrapuestos entre sí, lo que entraña el reconocimiento del conflicto colectivo y, por otra parte, el reconocimiento de la capacidad de
los sindicatos y las asociaciones empresariales para representar y defender esos intereses, es decir, como sujetos de la autonomía colectiva con capacidad normativa a través de los convenios colectivos. El presidente de la CEOE hablaba de 4500
mesas abiertas en España que capilarizan nuestro país. El diálogo y la concertación, que de esos dos principios se derivan, afectan de un modo especial no sólo a nuestra convivencia, sino también a nuestra economía. La Constitución española de
1978 ha sido, de hecho, la base de un consenso político general que permitió nuevos impulsos para el diálogo entre todo tipo de instituciones y niveles administrativos y, obviamente, también para el diálogo social.


Como ya he mencionado, la Constitución reconoce la autonomía de las partes, limitando las competencias estatales en el ámbito de las relaciones laborales, al reconocer en el artículo 7 el papel de los sindicatos de trabajadores y las
asociaciones empresariales en la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que le son propios y al garantizar en el artículo 37 el derecho a la negociación colectiva, que encomienda a los agentes sociales la determinación de las
condiciones de trabajo con respecto a unas reglas y propicia que las organizaciones empresariales y sindicales establezcan nuevas formas de negociación. Por tanto, la Constitución reconoce el valor de la negociación colectiva como vía ordenadora de
las relaciones laborales y por naturaleza de los sujetos constitucionales que la desarrollan, es decir, los sindicatos y las organizaciones empresariales; una condición necesaria, aunque no suficiente, para la consecución de la unidad de mercado y
la cohesión social y territorial. De esta forma, cualquier cambio en el ordenamiento constitucional orientado a la modernización del modelo económico debe prever y respetar el valor que para el conjunto de la sociedad genera la acción de los
agentes sociales y, como comentaba antes, debido también a su capilaridad en todo el territorio nacional. Ahora bien, como he querido resaltar, este tipo de interacciones son condiciones necesarias pero no suficientes para la consecución de esos
objetivos de unidad y cohesión. La continuidad del avance económico y social de nuestro Estado depende fundamentalmente de la mejora de la competitividad y del crecimiento de las empresas y, en particular, de las de menor dimensión. En este
sentido, la actividad empresarial está muy condicionada por el entorno institucional y regulatorio en el que opera. En esta línea, desde Cepyme creemos que la generación de un entorno económico estable y previsible contribuye al fomento del
bienestar económico y social. Este entorno estable y previsible debe resultar de un modelo territorial que refuerce los principios de unidad de mercado, unidad de la política económica y libertad de empresa en el marco de la economía de mercado,
garantizados y protegidos por los poderes públicos para que de su ejercicio se derive la libre competencia y la mejora de la productividad. Por el contrario, un modelo territorial o institucional que dificulte la práctica de estos principios
introducirá volatilidad e inseguridad e inducirá a las empresas a elegir peores opciones de inversión y dificultará la consecución de sus fines en términos de generación de actividad y de empleo, al basarse en una información que contendría
elementos sumamente inestables.


Quiero detenerme en los principios de unidad de mercado y de unidad de la política económica, tal y como se afirma en el informe del Consejo Económico y Social sobre Unidad de Mercado y Cohesión Social. Estos principios vienen derivados de
uno único, que es el de la unidad del orden económico, que no es sino la plasmación de la indisoluble unidad de la nación, y me refiero a la nación española; por supuesto, obviamente, basada en la diversidad y en el respeto de las distintas
comunidades autónomas. El primero tiene carácter estructural y sirve para garantizar que la integración que ha alcanzado el mercado español no se vea perturbada por acciones en sentido contrario, incluso aunque pudiera gozar de cobertura
competencial de las entidades territoriales dotadas de autonomía, y tampoco de las propias autoridades estatales. La unidad de mercado tiene un carácter estático; para que exista unidad de mercado deben concurrir elementos estructurales que
permitan que en su espacio, la actividad económica, se desarrolle en condiciones de libertad e igualdad. Los presupuestos que se requieren son la libertad de circulación sin traba por todo el territorio nacional de bienes, capitales, servicios y
mano de obra, que ninguna autoridad podrá obstaculizar directa o indirectamente, y la igualdad de las condiciones básicas del ejercicio de la actividad económica. Por el contrario, el segundo de los principios, el de la unidad de política
económica, tiene un carácter dinámico y sirve de fundamento

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último a aquellas actuaciones que permiten la realización de una política coordinada de las autoridades estatales y las autonómicas.


Cepyme considera necesaria una evaluación y modernización del Estado autonómico a través de una reforma profunda de las administraciones públicas que tenga como fin la mejora de su funcionamiento y su coordinación. Cualquier avance en este
aspecto debe evitar que nuestro entramado institucional se convierta en una carga estructural que reste competitividad a la actividad productiva nacional. Las empresas de menor dimensión siguen enfrentándose a la urgente necesidad de afrontar un
cambio estructural de los mercados, fundamentalmente exteriores, que les aporten nuevas oportunidades de desarrollo y consolidación de negocio. Las perspectivas de crecimiento empresarial, del empleo y de la renta en nuestro país sólo se mantendrán
si perseveramos en una transformación estructural de nuestra economía que se inició en los peores momentos de la crisis pero que no están ni finalizaba ni mucho menos garantizada si no se afrontan nuevas reformas. En estos momentos, el mero
funcionamiento de este entramado administrativo e institucional genera costes evitables a las actividades económicas y, por tanto, resta capacidad de crecimiento y generación de empleo. La actividad productiva española está lastrada por la excesiva
burocracia, la infinidad y superposición de ventanillas, la complejidad procedimental y la ausencia de coordinación que frenan la creación de empleo y la generación de actividad económica, tan necesaria para salir de la crisis. Buen ejemplo eran
las páginas del BOE y de los boletines de las comunidades autónomas. Un mercado cohesionado y competitivo depende fundamentalmente del establecimiento de un conjunto de normas coherentes y efectivas capaces de impedir que surjan y, en su caso,
eliminar aquellos elementos jurídicos que socaven principios básicos para la libertad de empresa y la economía de mercado. Por todo ello, es muy oportuno abordar medidas concretas tendentes a evitar duplicidades entre administraciones públicas y a
limitar la profusión y dispersión legislativas que afectan al normal desarrollo de la actividad empresarial. Es imprescindible identificar aquellos solapamientos entre administraciones para eliminarlos y establecer los medios legales adecuados que
impidan esas duplicidades en el futuro.


Dentro del absoluto respeto a la estructura del Estado que los españoles hemos decidido darnos y al marco competencial que se establezca, es no solo posible, sino muy necesario reformar profundamente el funcionamiento interno y, sobre todo,
la interrelación y coordinación entre los diferentes niveles de la Administración para reducir ese peso muerto que lastra nuestro crecimiento y aspirar a la excelencia, también en el funcionamiento de nuestras administraciones. En este marco,
Cepyme propone las siguientes acciones. Primero, eliminar y evitar las duplicidades legislativas. Para ello los proyectos normativos de todos los niveles de las administraciones públicas deberían cumplir los principios de desbordamiento del ámbito
territorial, de confluencia competencial, de competitividad, de coordinación y de pensar primero a pequeña escala, tal y como se recomienda a nivel europeo, dado que las pymes suponen el 99,8 % del total de las empresas españolas. Segundo, reforzar
también las conferencias sectoriales a nivel de cada ministerio para desarrollar el proceso de racionalización y simplificación administrativa y convergencia de las legislaciones autonómicas y municipales. Tercero, implementar un sistema efectivo
de simplificación y reducción de cargas administrativas desde los niveles de prevención y racionalización; concretamente la Memoria del Análisis de Impacto Normativo debería también adoptarse para las comunidades autónomas y las entidades locales
con población superior a 25 000 habitantes. Cuarto, habilitar una ventanilla electrónica adscrita al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en la que los administrados, en particular los operadores económicos -las organizaciones
empresariales en mi caso-, pudieran señalar casos de incumplimiento de los anteriores principios por parte de cualquier Administración pública para establecer un procedimiento para la gestión de la información recopilada y casos de normas vigentes o
en elaboración en los que existan cargas administrativas, duplicidades o rupturas del mercado interior que, tras el oportuno examen, se hayan de eliminar. Quinto, seguir con el proceso de racionalización y eficiencia de las empresas públicas.
Sexto, crear una base de datos legislativa única en la que todas las administraciones volcarían de forma sistematizada la legislación vigente de cada área, así como una descripción de los procedimientos administrativos aplicables a cada actividad;
y, por último, asociar en todo el proceso y con carácter consultivo, tanto a las organizaciones empresariales como sindicales.


Hasta aquí los análisis, reflexiones y propuestas que en nombre de Cepyme dejo a su consideración. De nuevo, muchas gracias por ofrecerme la oportunidad de comparecer ante esta Comisión y quedo a su total disposición.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garmendi.


De acuerdo con lo previsto, comienza ahora el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios. Como tienen que atender a las dos exposiciones, señorías, tenemos previsto que dispongan por grupo de hasta diez minutos y así no habrá
problemas para preguntar con precisión y detalle cuantas cosas quieran, incluyendo en su caso la intervención de dos portavoces por grupo, como ocurre, me consta, con el Grupo Parlamentario Socialista.


En consecuencia, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor López. Mídase, porque condicionará al señor Cámara.


El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Le pediría al presidente que me mida. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Yo le indicaré.


El señor LÓPEZ ÁLVAREZ: Y cuando lleve los cinco minutos que me lo indique, porque efectivamente mi grupo se va a dividir la intervención, yo me dirigiré al señor Rosell y mi compañero Gregorio Cámara lo hará al señor Garmendi.


En primer lugar, quería agradecerles a ambos su presencia y sus aportaciones a esta Comisión porque en esta panorámica que estamos construyendo para evaluar nuestro modelo territorial, el que hemos desarrollado en nuestro país, era muy
necesario que contáramos con la visión de los agentes sociales que, tal y como reconoce la Constitución en su artículo 7, son los encargados de contribuir a la defensa y a la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios.
Claro, pero esos intereses económicos y sociales que les son propios, son los del propio país, y, por lo tanto, son la base del pacto social que constituye nuestro propio sistema democrático, y en ese sentido, lo ratifico, era y es muy necesario
contar con su participación y su valoración.


Siempre que hablamos de la descentralización de España y del Estado autonómico lo consideramos la historia de un éxito. El propio señor Rosell ha utilizado estos términos al hablar de esta cuestión; incluso ha dado datos de la evolución
positiva de este país en los últimos cuarenta años. Y dentro de ese éxito, hablaba de una cuestión que a los socialistas nos preocupa mucho porque se ha ido debilitando, que es el Estado del bienestar. Efectivamente, las herramientas fundamentales
del Estado del bienestar a día de hoy están gestionados por las comunidades autónomas: la sanidad, la educación, buena parte de las políticas sociales, pero también otras políticas, como las políticas activas de empleo, parte de las
infraestructuras, y usted se preguntaba, creo que como una pregunta retórica: ¿Están bien financiadas esas competencias? Yo lo afirmo: están mal financiadas. Hay un problema de financiación en este país. Hay una infrafinanciación de los
servicios públicos en este país. La pregunta que yo le haría es: ¿Cree usted que tenemos un problema solo de gasto o también lo tenemos de ingresos para el sostenimiento de estas políticas, para el sostenimiento del Estado del bienestar y también
para que las administraciones puedan hacer políticas de ayuda a la economía productiva, a las empresas y a los empresarios de este país? ¿Cómo acercamos el nivel de ingresos al de inversiones necesarias -porque, en la inmensa mayoría, no son
gastos, son inversiones necesarias- para sostener el Estado del bienestar y, como digo, también para ayudar a esa economía?


Por otra parte, también consideramos un éxito de esta descentralización el salto en igualdad que se ha producido entre territorios en estos cuarenta años, pero es evidente que sigue habiendo desigualdades, y una de ellas está en el muy
diferente nivel de industrialización entre unas comunidades y otras. Seguramente, todos hablamos de reindustrializar el país, pero usted, como representante de los empresarios, ¿qué cree que se debe hacer desde la política, desde las instituciones,
desde la propia legislación si hiciera falta, para que los empresarios inviertan y desarrollen empresas e industrias allí donde no las hay? Porque esa sería una forma no solo de crear riqueza y empleo, sino también de combatir uno de los grandes
problemas que tiene nuestro país, que es la desertización, la despoblación, el abandono de zonas enteras por falta de oportunidades. Tener industria, tener empresas, facilitaría fijar la población. ¿Cómo lo hacemos juntos, la política y la
empresa? Una derivada de esto son las infraestructuras, que dependen de las administraciones y que vertebran, articulan el país, el territorio, conectan ciudadanos y ciudadanas y son fundamentales como parte de la logística empresarial para dar
salida a los productos que producimos. ¿Cuáles cree usted que son las necesidades más urgentes que tenemos en este ámbito para construir esa red de infraestructuras que nos permita un acceso más igual a los mercados internacionales y, por lo tanto,
que evite que todo tenga que pasar por un único punto en detrimento de otras zonas que quedarían relegadas a una segunda o tercera división?

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Por último, no hace mucho usted habló de la necesidad de un nuevo pacto territorial. Un pacto que supongo que, desde el punto de vista empresarial, tiene como objetivo dar estabilidad política, buscar tranquilidad social, certidumbre,
seguridad jurídica, porque son bases, valores fundamentales para el propio desarrollo económico. ¿Sobre qué bases cree usted que debiera producirse este pacto? ¿Qué cosas se debieran cambiar? ¿Cuáles otras debieran desaparecer porque no han
funcionado y cuáles se incorporarían? Ya sé que son preguntas muy complicadas, de hecho esta Comisión tiene este objetivo y vamos a estar mucho tiempo para discutirlo, pero me gustaría, de verdad, contar con su opinión para construir después la
nuestra y hacer nuestras propuestas.


Nada más y muchas gracias, porque me está mirando ya el presidente con mala cara. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Con mala cara, no, señor López, era un indicativo de que estaba llegando a los cinco minutos.


Para continuar, el señor Cámara tiene la palabra.


El señor CÁMARA VILLAR: Muchas gracias, señor presidente. Estoy seguro de que usted no solo me va a medir sino que me va a controlar y me va a indicar que me he pasado del tiempo, como es habitual; de todas maneras, procuraré enmendarme.


Me sumo a muchas de las cosas que ha dicho mi compañero el señor López y, por supuesto, a la bienvenida a esta Comisión de los comparecientes. Yo quisiera destacar el extraordinario papel que las organizaciones empresariales han tenido
siempre en nuestro país, incluso antes de la propia norma constitucional. Ahí está, por encima de todo, el papel que objetivamente cumplen en el gran pacto social y democrático que dio curso a la Constitución de 1978 y, en particular, todo lo que
pasó en los momentos precedentes, en los Pactos de la Moncloa, etcétera, hasta llegar a la consagración en el artículo 7 del papel que efectivamente cumplen las organizaciones empresariales. Por eso, ustedes representan un puntal de nuestra
organización democrática y, en este sentido, tiene muchísima coherencia que ustedes estén ahora aquí interviniendo en relación con la evaluación para la modernización del Estado autonómico.


Tengo poco tiempo y, por tanto, me voy a centrar en dos cuestiones que considero esenciales. Una es el mercado único. Ha habido una reflexión no muy intensa, han pasado un poco de puntillas por el tema en cuestión, aunque está en el
corazón de todo el problema que aquí estamos tratando. Efectivamente, el Tribunal Constitucional ha entrado directamente en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado desde el año pasado y ha habido ya cuatro sentencias en relación con este tema
que han declarado la inconstitucionalidad de los elementos centrales sobre los que se organizaba el esquema de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Se ha hecho referencia anteriormente al principio de eficacia tanto por lo que se refiere a
los artículos 19 y 20 como a la propia definición del principio en el artículo 6, etcétera. Esto deja rota -por así decirlo- esa ley en la que tanto se confiaba para garantizar la unidad de mercado. Aquí, por tanto, tengo algunas preguntas que
hacer. Bueno, me gustaría hacerle preguntas al Gobierno, pero no es el caso. Me gustaría preguntarle cuál creen que es la solución que se debería dar a ese vacío actualmente existente en relación con la garantía de mercado. Porque, claro, aquí no
solamente estamos hablando de una ley que habría que recomponer para conseguir esos objetivos, sino pensar también a lo mejor en algunas soluciones alternativas, y creo que ustedes deben haber pensado sobre eso. Por ejemplo, se me ocurre hablar de
la posibilidad de que los poderes públicos utilicen las competencias transversales, que en la Constitución están recogidas fundamentalmente en el artículo 149.1.1.ª y 149.1.13.ª A partir de ahí, haciendo funcionar adecuadamente a las conferencias
sectoriales, se podría conseguir una especie de armonización paccionada -permítaseme esta expresión- para llegar a las reglas y procedimientos necesarios para alcanzar la unidad de mercado. Sé que hablar de armonización en este país suscita mucha
controversia política, pero no me estoy refiriendo a la utilización de este término en el sentido de la Loapa, ni al artículo 153 que usted ha mencionado, sino a conseguir una armonización paccionada con todas las comunidades autónomas a partir de
la cual se pudieran hacer regulaciones sectoriales completas de la actividad económica, de tal manera que se llegara a esa integración a la que antes me he referido. Sobre esto ustedes tendrán su criterio y creo que sería interesante considerarlo.


Por otro lado, si eso operara en el plano de la legislación y de la aplicación de las normas del bloque de constitucionalidad, se me ocurre preguntarles lo siguiente respecto a la propia Constitución: ¿Sería necesario reformar la
Constitución? ¿Se debería llevar el principio de unidad de mercado a la propia Constitución? No está expresamente contemplado -al menos en sus propios términos-, aunque la mayoría de los constitucionalistas -no todos- pensamos que se deduce
clarísimamente de otros

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preceptos de la Constitución, como también ha dicho el Tribunal Constitucional. Pero ¿sería bueno dejarlo claro con una reforma y definir todos estos elementos regulatorios con precisión para que no interfirieran en las competencias propias
de las comunidades autónomas ni tampoco en las potestades que tiene el propio Estado, para adecuar realmente esa integración que ustedes están demandando y que todo el país necesita sobre el respeto y la garantía de la unidad de mercado? Esta sería
la pregunta.


Ya para acabar, me voy a referir a otra cuestión que es la siguiente. Según datos que ustedes conocen perfectamente, hay una vinculación obvia entre el desarrollo de la actividad empresarial y la inversión en I+D+i. Las comunidades
autónomas que más invierten en innovación y desarrollo -País Vasco, Navarra y Madrid- son las que más actividad empresarial de carácter industrial tienen. Si nos centramos en el gasto público en I+D, apreciamos que hay numerosas variaciones. La
Rioja, País Vasco y Navarra son las comunidades autónomas que más dinero por habitante destinaron en sus presupuestos para 2017 a este concepto; no así otros territorios como, por ejemplo, el caso de Madrid.


El señor PRESIDENTE: Señor Cámara, se conoce usted bien y también a mí. (Risas).


El señor CÁMARA VILLAR: Efectivamente. Por eso mismo voy a terminar de inmediato.


Según sus datos, ¿estos niveles diferenciados de inversión pública autonómica influyen en el posterior desarrollo del tejido empresarial de cada autonomía? ¿Cómo? ¿Qué les pedirían ustedes a los poderes públicos en este aspecto y qué
mejoras proponen en relación con estas cuestiones que les estoy trasladando?


Muchas gracias, señor presidente. Espero ir aprendiendo poco a poco. Creo que hoy cualitativamente he avanzado en ese sentido. (Risas).


El señor PRESIDENTE: Es verdad. Tengo que reconocérselo. Muchas gracias, señor Cámara.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Millán.


La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, señor presidente.


Ante todo quería agradecerles que estén ambos en esta Comisión, porque sus acreditadas experiencias en el sector empresarial nos aportan una visión no solo necesaria, sino positiva para el objeto de esta Comisión.


Reformar o no el modelo territorial y de qué forma son cuestiones que están generando no pocos quebraderos de cabeza en esta Comisión. También es objeto de esta Comisión garantizar la libertad y la igualdad de todos los ciudadanos
españoles, independientemente de dónde haya nacido y de dónde residan. En Ciudadanos estamos comprometidos con la eficiencia en la gestión y la reforma de la financiación de las comunidades autónomas con el propósito de simplificar la burocracia
autonómica, como bien se ha comentado hoy aquí, y conseguir una mayor unidad de mercado. De hecho, así lo recogimos en el acuerdo con el Partido Popular para la gestión de los gastos y los ingresos públicos, que debe aspirar a la mayor eficiencia
posible, y eso pasa por eliminar duplicidades administrativas y por contener el gasto superfluo. Para ello, consideramos que también es preciso clarificar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas, pues son una fuente continua de
conflictos en nuestro país. De hecho, una de las causas de la falta de clarificación de las competencias son los trueques políticos que se han venido produciendo tan poco ejemplares y tan poco deseables. Todo esto lo digo por una razón
fundamental. Para garantizar un verdadero mercado único para los españoles y para las empresas que desarrollan su actividad aquí, como bien han comentado, actualmente existen muchas regulaciones y normas en diferentes comunidades autónomas y eso
está provocando que se dificulte la marcha de las empresas que quieren trabajar y desarrollar su actividad en todo el país. Hablamos constantemente de la necesidad de armonizar los criterios y las leyes de los Estados miembros de la Unión Europea,
pero resulta que cuando llegan a España nos dedicamos a desgajarlas y a hacer diferencias y distinciones dentro de nuestro propio territorio. Precisamente, la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de junio de 2017 sobre diversos preceptos de
la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado, pone de manifiesto este mismo problema: la ambigüedad respecto a las competencias. Esto provoca que las posteriores actuaciones judiciales perjudiquen seriamente la
planificación, el ordenamiento y la seguridad jurídica de las empresas -como se ha visto en Cataluña-, que son tan esenciales y necesarias para la economía de nuestro país. Esta también fue una de las exigencias del acuerdo de investidura con el
Partido Popular, reformar la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, para incorporar nuevos mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones, pero siempre desde la base de

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la lealtad institucional, y para avanzar decididamente en la armonización de licencias y permisos en todo el país, eliminando las excepciones y las barreras injustificadas.


Por todo esto, quería hacerles unas preguntas que dirijo a ambos, sobre todo la primera. ¿Creen ustedes que la reciente sentencia del Tribunal Constitucional evidencia la necesidad de clarificar las competencias entre el Estado y las
comunidades autónomas? La segunda pregunta va dirigida más al señor Rosell. ¿Qué medidas plantearía usted para que las empresas puedan desarrollar su actividad en un mercado interior más amplio e integrado y para que se avance, como he dicho,
hacia la armonización de licencias y permisos? La tercera va dirigida a ambos. ¿Qué excepciones y qué barreras regulatorias injustificadas consideran ustedes que sería prioritario reformar o eliminar?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Millán.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, intervendrá, en primer lugar, el señor Baldoví, en nombre de Compromís.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Mis preguntas son para ambos Me tendré que ausentar pero, aunque no esté yo, me gustaría que me las contestaran para leerlas en el Diario de Sesiones. A veces los representantes de los grupos pequeños tenemos que estar en varios sitios y no
tenemos el don de la ubicuidad. (Rumores).


Han hablado ustedes de duplicidades. ¿Consideran que, por ejemplo, existen duplicidades en algunos ministerios? Ahora mismo, las comunidades autónomas tienen asumidas competencias y, por lo tanto, quizá es innecesario que esos ministerios
tengan la envergadura que tienen. Creo que en una empresa normal y corriente esto estaría muy claro. Una pauta en esta Comisión ha sido el tema de las competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. ¿Entienden ustedes que habría que
hacer una aclaración o una especificación de las competencias estatales y autonómicas? La siguiente pregunta tiene que ver con la financiación, y lo digo porque ustedes son expertos en empresas. Si una empresa en el año 1995 tenía una deuda del
6,30 % del PIB -es decir, 2750 millones de euros- y veintiún años después pasara a tener una deuda del 42 % del PIB -es decir, 45 000 millones de euros-, ¿creen ustedes que esa empresa sería viable? Esta empresa es la Comunidad Valenciana. ¿Creen
que eso sería viable o habría que hacer algo urgentemente porque, si no, el barco se hunde? La siguiente pregunta tiene que ver justamente con la financiación. El otro día el conseller de Industria me decía -con envidia sana; quiero que les quede
bien claro a los vascos que puedan estar aquí- que el Gobierno vasco había presentado un plan de ayuda a la industria al que iba a dedicar aproximadamente 1000 millones al año en diferentes modelos de ayudas en el periodo 20172020. Y el conseller
de Industria valenciano me decía: Ya me gustaría a mí poder hacer eso; me gustaría tener solo 1000 millones para cinco años, no 1000 millones al año. Esto viene a cuento de la diferencia de financiación, porque ustedes entienden que la diferente
financiación hace que en unos sitios las industrias puedan recibir más ayudas y, por tanto, puedan ser más competitivas y salir a Europa con mayores ventajas que industrias que están radicadas en otros territorios donde realmente no pueden recibir
estas ayudas.


Voy a poner dos ejemplos. En Euskadi se ha bajado el impuesto a las empresas del 28 al 24 %, y a las pymes del 24 al 20 % porque realmente hay una buena financiación y, por tanto, pueden hacerlo. En Madrid se está produciendo un polo de
atracción porque se bonifica al 100 % el patrimonio y al 99 % las sucesiones y las donaciones. Esto puede distorsionar también la recaudación de las comunidades autónomas y habría que articular de una manera coherente este Estado.


Moltíssimes gràcies. Eskerrik asco.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Baldoví.


En nombre del Unión del Pueblo Navarro, tiene la palabra el señor Alli.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero darle la bienvenida, en nombre de Unión del Pueblo Navarro, a los dos comparecientes en esta Comisión, al señor Joan Rosell, presidente de la CEOE, y, ¡cómo no!, a don Antonio Garmendi, presidente de Cepyme. Espero no agotar mis
cinco minutos, pero quiero aprovechar esta intervención -especialmente por todo lo que ha sucedido tras la crisis económica que algunas corrientes ideológicas han aprovechado para demonizar la figura del empresario- para agradecerles con toda
humildad lo que ustedes representan. Ustedes representan hoy al autónomo, a la pyme y a la empresa en España. Ustedes son el verdadero

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motor de generación de riqueza y de empleo en este país. Ustedes sí que han vertebrado con esfuerzo, arriesgando su patrimonio y a veces hasta su propio prestigio. Por eso, quería aprovechar esta introducción para agradecerles, insisto, su
estancia aquí, su permanencia aquí y sus palabras, especialmente por lo que ustedes representan a través de sus organizaciones empresariales.


Me gustaría aprovechar también para animarles a que, tras todo lo que ha sucedido con la crisis financiera, económica e incluso también de valores, logremos entre todos que la empresa sea más responsable con el medio ambiente y con su
entorno social, y así logremos -palabra que ustedes han citado en sus exposiciones- una mayor cohesión, y entendamos definitivamente que los problemas de la sociedad son los problemas de la empresa y que los problemas de la empresa son también los
problemas de la propia sociedad.


A lo largo de sus exposiciones han hecho un llamamiento a lo que se ha logrado a lo largo de la historia y, cómo no, también con una visión de futuro por el bien común y el valor compartido de todos los españoles que buscamos lo mejor para
nosotros y para las futuras generaciones; un llamamiento a la concertación social, es decir, un llamamiento al diálogo, al acuerdo, a la transigencia, a llegar a acuerdos. Ojalá que ese llamamiento que ustedes han hecho llegue definitivamente a
esta Cámara y logremos acuerdos y, por qué no, también en esta Comisión hagamos una buena evaluación del sistema actual, que nos dimos en el año 1978, del Estado autonómico y proponer también mejoras constitucionales para el futuro si, al fin y al
cabo, es lo que decide la mayoría de esta Comisión.


Quiero hacer dos preguntas. Ustedes han propuesto alternativas concretas, e insisto en que se las agradezco, pero ¿qué ámbitos deben mejorarse en la Constitución española según lo que ustedes representan? ¿Qué ámbitos debemos mejorar? La
segunda pregunta es: ¿Es necesaria realmente una modificación de la Constitución española? Después de escuchar algunas intervenciones de los que me han precedido tengo que comentar la siguiente cuestión. Tenemos un modelo que, tal y como se
recogió por los acuerdos de descentralización en la Constitución española del año 1978, si emergieran realmente, sobre todo desde ámbitos públicos, los principios de lealtad institucional, de lealtad constitucional, de responsabilidad política y
competencial y, por tanto, también administrativa, de todas las personas que están al frente de las comunidades autónomas y, cómo no, también de la Comunidad Foral de Navarra, si se cumpliesen realmente los principios de solidaridad, ¿haría falta
una modificación de la Constitución?


Y le voy hacer una pregunta concreta a don Antonio Garmendi: ¿Cuál es su opinión sobre el encaje del fuero navarro, en este caso, en la propia Constitución española?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alli.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Carlos Floriano.


El señor FLORIANO CORRALES: Buenos días.


En primer lugar, quiero felicitar al presidente por su precisión a la hora de referirse a mí. El Diario de Sesiones es testigo de que en otros momentos no hemos sido tan precisos. (Risas). En segundo lugar, quiero dar las gracias a los
comparecientes por su presencia, por sus reflexiones y también por sus aportaciones que han sido, en algunos de los casos, ciertamente concretas.


Ustedes, los emprendedores, los empresarios, las empresarias, las emprendedoras de nuestro país son los protagonistas de lo que don Joan Rosell definía como una historia de éxito. Efectivamente, estos cuarenta años, a la vista no solo de
los datos macroeconómicos, sino de los datos de construcción del Estado del bienestar, de mejora de nuestros servicios públicos, han sido una historia francamente a subrayar en positivo. Esta reflexión me hacía pensar en la desgraciada demagogia
antipolítica que venimos sufriendo desde hace cuatro o cinco años, en la que parece que todos los políticos lo han hecho todo fatal y, además, todos hemos robado. La demagogia antipolítica tiene principio pero no tiene fin, y estarán de acuerdo
conmigo en que no ha habido un solo compareciente en esta Comisión que no haya hecho una reflexión respecto a cómo en estos cuarenta años las cosas han ido francamente a mejor y que se puede definir como el periodo más largo de prosperidad y de
progreso que ha tenido nuestra historia.


Por eso, cuando todavía se siguen oyendo a algunos demagogos de la antipolítica de todo signo, de derechas y de izquierdas, hablando mal de los partidos -y fíjense ustedes que entre el Partido Socialista y nosotros, nosotros y el Partido
Socialista, no nos decimos precisamente cosas bonitas todas las mañanas-, uno tiene la satisfacción de que, aunque en el año 1978 tenía solo once años, los partidos que han cimentado esta trasformación son partidos que, con sus defectos y con
personas que pueden haber hecho las cosas peores, como puede ser traicionar la confianza de los ciudadanos, razonablemente

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han conseguido que las cosas estén mucho mejor que hace cuarenta años; y que cuando se refieren a los políticos como si ser político fuese casi un insulto -bueno, fuese un insulto-, algo bueno habrán hecho los que nos precedieron en esta
casa y los que, modestamente, en este momento estamos aquí. Por eso, les agradezco esa reflexión. También quiero decirles que de los que hacen esa demonización de los políticos solo una parte la hacen de los empresarios que ustedes representan.
Se produce algo singular y es que solamente se quiere proteger a aquellos empresarios que fracasan, o a los que no les van las cosas bien, pero a los que les van las cosas bien se les demoniza como si fueran explotadores. Que sepan que desde el
Partido Popular siempre se va a apoyar a todos aquellos que quieran emplear a gente, que quieran crear puestos de trabajo y prosperidad para los españoles. Les vamos a apoyar para seguir con esa historia de éxito, sobre todo la más reciente, la de
haber sido capaces de superar la crisis más profunda que recuerda la historia de nuestra democracia; posiblemente tendríamos que mirar muy atrás para ver otra crisis como la que hemos sufrido. Afortunadamente, ustedes han creado dos millones de
puestos de trabajo en los cuatro años que llevamos de recuperación.


Me gustaría aprovechar su presencia para hacerle unas preguntas más concretas. Algunas no sé si exceden al objetivo de esta Comisión pero han hecho algunas reflexiones en las que me gustaría que profundizaran. ¿Qué necesitan las empresas
españolas para incrementar su tamaño y mejorar su productividad? Ese es un camino en el que tenemos que andar. Saben que el Ministerio de Economía ha elaborado un documento, que el Gobierno lo ha hecho público y que va en una dirección, y me
gustaría que, en lo posible, pudieran hacer referencia a ello. Han hecho ambos una mención exhaustiva a algo que me parece importante, a que la burocracia incrementa los costes de todos los empresarios y empresarias y, por tanto, dificulta en una
medida importante su tarea. No sé si sería posible concretar algunos aspectos donde podríamos incidir.


Por otra parte, saben ustedes que la Ley de estabilidad impuso medidas para reducir la morosidad privada. ¿Tendrían ustedes alguna valoración de los empleos que se salvaron por el hecho de haberse resuelto el problema de la morosidad de las
administraciones públicas con las empresas? Y aunque no está muy de moda eso de no gastar más de lo que se ingresa -de lo que soy un profundo defensor porque me parece que es el camino para los equilibrios-, ¿hay algún nivel de las administraciones
públicas donde les preocupa especialmente el hecho de que nuestros gastos vayan por encima de nuestros ingresos y, que por tanto, pueda suponer un problema en el futuro?


Hay una pregunta que le han hecho relativa al eje norte-sur de diferencias de rentas. Yo creo que se está rompiendo en torno a un eje que va aparejado a la despoblación. ¿Cómo creen que pueden ustedes combatir ese problema que, sin duda,
es uno de los grandes problemas que tiene nuestro país en este momento? ¿Qué necesitaríamos para poder localizar empresas en estas regiones? ¿Creen ustedes que los cimientos son sólidos y, por tanto, hace falta mejorar los mecanismos de
cooperación? Han hecho ustedes referencia incluso a mejorar los mecanismos de cooperación legislativa. ¿Aún con eso los cimientos son sólidos o hace falta una profunda reforma de nuestro statu quo, de nuestra Constitución? ¿Saben que existen
voces que proponen implantar en España un sistema federal mediante una reforma de la Constitución? ¿Cómo cree que podía encajar eso en el modelo de regímenes forales vasco y navarro?


Y una última cuestión. El señor Rosell ha hecho una afirmación que me parece que es muy importante: Hay que caminar hacia una administración única y digital. Creo que el señor Garmendi cuando ha hecho ese elenco de propuestas muy
concretas, ha hecho también referencia a la ventanilla única, que nos permitiría evitar duplicidades.


Finalizo como empecé, agradeciéndoles su intervención, agradeciéndoles su protagonismo en estos años de éxito, unos años con dificultades y con problemas que sin duda se han superado. Y desde luego agradezco su posición siempre favorable a
la concertación y al acuerdo con los agentes sociales y con el Gobierno porque creo que, en que este momento más que nunca, la política es aquello en lo que nos podemos poner de acuerdo y no tanto aquello que cada uno de nosotros queremos. Por eso
creo que la concertación de la que ustedes suelen hacer gala es un buen ejemplo como forma de actuar.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Floriano.


Para atender y comentar esta catarata de preguntas y reflexiones, tienen conjuntamente la palabra y ustedes se organizan como puedan y como quieran. (Risas). No tienen límite de tiempo.

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El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, CEOE (Rosell Lastortras): Si les parece, empiezo yo y algunos de los temas los remata él. Ha habido muchas intervenciones, muchos temas y podríamos hablar
largo y tendido sobre cada uno de ellos. Simplemente con la primera intervención podríamos estar una hora hablando del tema y creo que aprenderíamos mucho todos y pondríamos muchos temas encima de la mesa que son absolutamente prioritarios. La
conclusión a la que todos llegamos es que el Estado autonómico ha funcionado razonablemente. ¿Es mejorable? Por supuesto. Por la vía del gasto hemos crecido muchísimo, simplemente hace falta ver los números para ver cuál es el gasto público que
hay en España en este momento y cuál es el que había hace veinte o veinticinco años, ha crecido mucho. Y tenemos un problema con los ingresos, sin duda alguna. Una de las fórmulas más fáciles que nosotros venimos defendiendo siempre que podemos es
que existe en España una economía sumergida importante en muchos puntos. Si fuéramos capaces de aflorar solo 8 puntos de economía sumergida, si nos lo propusiéramos, tendríamos, como mínimo, 3 puntos de ingresos. Este es un dato importante. Los
empresarios somos absolutamente contrarios a la economía sumergida, a la ilegalidad; queremos cumplir las leyes, por supuesto. Y cuando algún empresario está cometiendo ilegalidad en la economía sumergida, nosotros no le representamos -así de
claro-, desde el punto de vista de recaudación del IVA, de recaudación de impuesto de sociedades y de recaudación o no recaudación de cotizaciones sociales. Es un tema en el que nosotros jugamos absolutamente a favor, tengámoslo claro todos. Pero
para eso es importante que tengamos una legislación que sea digerible, que sea fácil, que la podamos entender. En este momento hemos de ver que en España las empresas son más que pequeñas, son muy pequeñitas y cuando tienen que rellenar el impuesto
de sociedades con no sé cuántos cientos de epígrafes, les resulta prácticamente imposible. Creo que ninguno de los que estamos en esta sala somos capaces por nosotros mismos de rellenar el IRPF, con todos los epígrafes que tiene, sin ayuda externa.
Sería bueno que hiciéramos leyes que todos fuéramos capaces de cumplir. Por tanto, en algunos de estos impuestos quizás tenemos que empezar a introducir legislaciones para los muy pequeñitos o para determinadas cantidades y para el resto de las
empresas y de los ciudadanos.


Es muy importante que seamos conscientes de cómo son las empresas en España. En España hay 3 millones de autónomos, hay 1,4 millones que pagan impuesto sobre sociedades, pero hay 1,1 millones que facturan menos de 1 millón de euros, y esa
es nuestra realidad. En España solamente hay 230 empresas que facturan más de 1000 millones de euros, y además estas empresas -también es importante saberlo- prácticamente en su totalidad, el 90%, ya están en beneficios. En cambio, el 60 % de las
que facturan por debajo de 1 millón de euros todavía no está en beneficios, y este es un dato importantísimo. En cuanto al número de trabajadores, en España las empresas que tienen entre 1 y 9 trabajadores, contabilizando solamente las empresas que
tienen trabajadores, representan el 17 % del total del empleo asalariado, pero las empresas de más de 250 trabajadores -en España solo hay 4500- representan el 40 % del total del empleo. Y eso es lo que tenemos. Esta mañana lo estábamos comparando
con los países latinoamericanos, y se ve que ocurre todavía más cuanto más pequeñas. En cambio, en Alemania la estructura empresarial es de mucha más mediana empresa y de mucha más gran empresa, y eso facilita las cosas en muchos temas. Por
ejemplo, en la implantación de la formación profesional o de la formación dual. Es muy fácil hacer formación dual con empresas de 250 trabajadores, pero es muy difícil hacerlo en una empresa de 30, es prácticamente imposible hacerlo. De ahí que
seamos importantes nosotros, vía sectorial, cuando tratamos de organizar todos estos temas.


En cuanto a la clarificación de competencias, hay que hacerlo a todos los niveles. Esto es urgente, lo tendríamos que poner encima de la mesa. Este sería un trabajo que tendríamos que hacer entre todos sobre todas las competencias que
hemos dicho antes, casi dos mil competencias que hemos trasladado. Hagamos un listado, con colores, sobre qué es lo que está trasladado, qué es lo que no está trasladado; por qué en algunas comunidades está hecho y en otras no, y desde cuándo. Yo
con mucho gusto les enviaré el documento sobre transferencia de competencias que hacemos regularmente cada dos años en la CEOE y veremos el estado de situación; estudiémoslo, profundicemos en ello, clarifiquémoslo para ver dónde hay conflicto y por
qué hay conflicto. A lo mejor hay que mejorar la legislación del traspaso de competencias. Veamos dónde existen los encontronazos y por qué; si se pueden solucionar, si no se pueden solucionar. Al final, tenemos que contemplar el Estado de las
autonomías -estas diecisiete comunidades autónomas más dos ciudades autónomas- como una empresa cuando tiene veinte plantas en el mundo: ver dónde hay sinergias, dónde no hay sinergias, qué es lo que puede hacer, qué es lo que

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no puede hacer, y hacer una valoración en positivo y negativo, y a partir de ahí hacer un plan para ver si se tiene que ir hacia adelante, hacia atrás o si hay que ponerse de lado.


Estamos ante un tema económico, ya no es político, porque la decisión de traspasar competencias ya la tomamos en su momento. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es una valoración económica rigurosa, administrativa de qué es lo que se
ha hecho bien, qué se ha hecho mal y cómo se puede solucionar toda esta dinámica. Después, hay un tema muy importante, que es el de las regulaciones transversales sectoriales. Nosotros estamos dispuestos a aportar desde todas nuestras
organizaciones sectoriales, y así lo venimos haciendo a nivel sectorial y a nivel territorial. Hay que legislar con la cabeza bien amplia sectores como el turismo, las telecomunicaciones, el transporte, pero también muchos otros, por ejemplo, el
sector del juego. Por poner un ejemplo, las manivelas de las máquinas tragaperras en algunas autonomías tienen que ser de acero inoxidable, en otras de plástico, en unas tienen que tener 20 centímetros y en otras, 35. Es un poco escalofriante ver
estas cosas. Se puede hacer en estos temas y nuestras organizaciones sectoriales lo tienen muy claro. Intentemos hacerlo en clave europea. ¿Por qué? Porque como en España tenemos miles y miles de regulaciones, por ejemplo, respecto a los vados a
nivel municipal, yo creo que lo podríamos plantear a nivel europeo. Y como esto, muchísimas cosas más. Ya sabemos las competencias que hay en Europa. Si lo miramos todo con la perspectiva de quince o veinte años -porque las cosas no se solucionan
de un día para otro-, cuanto más europeos seamos, cuantas más transferencias legislativas hagamos a Europa, mayores oportunidades tendremos de que estas transferencias legislativas a Europa las hagamos bien. Por ejemplo, tenemos un problema en
Europa -y lo discutimos constantemente en la CEOE europea, en la Business Europe-, que son las juntas generales de accionistas, porque las legislaciones de todos los países se nos han quedado absolutamente desfasadas. Estamos con legislación que
viene de cincuenta años atrás e incluso de antes de la Segunda Guerra Mundial. En este momento, con las empresas que tenemos en Europa, que son básicamente empresas familiares de segunda, tercera, cuarta y quinta generación -en Alemania un par de
generaciones por delante de las nuestras-, nos encontramos con gravísimos problemas. Abordémoslo a nivel europeo. Eso no quiere decir que estemos descafeinando al Estado español ni a las autonomías, pero si tenemos la posibilidad de hacerlo a
nivel europeo, aprovechémoslo, porque al final vamos a tener que vivir dentro de este territorio, de esta región que se llama Europa. Tenemos una grandísima posibilidad si lo hacemos todo en clave europea.


Después, el tema de la financiación autonómica, por supuesto hay que abordarlo, y la gran clave es que pongamos encima de la mesa información, datos, población, ingresos demográficos y territoriales, pero con la máxima transparencia y con la
máxima información. No pasa nada. Si hay unas que están mejor financiadas y otras que están peor, lo vemos. Lo que no podemos hacer es cambiarlo de hoy para mañana, pero podemos marcar una tendencia, con la clave de que sepamos dónde estamos,
hacia dónde tenemos, coger ese camino e intentar arreglarlo con el tiempo.


Hay muchas preguntas puntuales, pero creo que con esto he intentado responder a todos, por lo menos con la mejor intención del mundo. Ahora Antonio, remata.


El señor PRESIDENTE: Señor Garmendi, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPESA, CEPYME (Garmendi Lecanda): A ver, porque hay bastantes preguntas, y voy a hacer unas cuantas reflexiones; en alguna, incluso, el lehendakari me echará una
mano. (Risas). Se ha hablado bastante de si se ingresa menos y se gasta más o cuál es ese problema de financiación, pero hay algunos casos donde creo que esa coordinación -por eso hablábamos de esa coordinación- realmente haría más eficiente al
Estado en su conjunto. Y voy a poner un ejemplo porque a veces los ejemplos se entienden mejor. Por lo que nos informan, las comunidades autónomas han instalado cada una y con la misma empresa idéntico sistema para la gestión de la sanidad, es
decir, que se ha comprado diecisiete veces el mismo sistema, cuando lo lógico sería que a nivel nacional se hubiera comprado una vez, porque ese sistema, además, permite los distintos idiomas. Eso lo haríamos en una empresa, y es algo que creo que
se debería hacer. Lo digo como ejemplo, pero como este ejemplo seguro que hay muchísimos más si profundizamos. Dentro de esa lealtad de la que se ha hablado aquí, de esa coordinación y de esa solidaridad, creo que podemos buscar más espacios para
gestionar mejor. El tema no es gastar menos o más, sino ver cómo lo gestionamos para que ese Estado del bienestar funcione mejor.


Voy a poner otro ejemplo en otro sentido. En la CEOE yo he presidido la Comisión de Energía durante muchos años, y he visto la falta de correlación y de entendimiento entre comunidades autónomas y el

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Estado. Además, aquí ya no es cuestión de partidos, son todos; es decir, no es que lo haya hecho uno u otro. Por ejemplo, los permisos termosolares. No voy a decir la empresa, pero recuerdo ir a una y ver que había dos plantas de menos
de 100 megavatios. Cuando pregunté al ingeniero cuál era el precio y me lo dijo, le comenté que era una barbaridad, ante lo cual su reacción fue decirme que, si en vez de dos de 98, hubiera sido una de 200, el precio se habría reducido en un 30 %.
Y yo le pregunté: ¿Y por qué no habéis hecho una? Y me dijo: Porque las comunidades autónomas solo pueden dar permisos de energía a menos de 100 megavatios. Ese es otro tema que no es comprensible, porque la energía ni es de un territorio ni es
de un país, prácticamente está internacionalizada; en este caso, es europea. Es decir, hay muchos casos concretos en los que merece la pena profundizar por una mejor gestión, y en eso consiste esa coordinación entre las comunidades autónomas y el
Estado. He puesto dos ejemplos para entender un poco a qué nos referíamos.


El señor Cámara nos ha hablado -yo lo agradezco- del gran pacto social, histórico. Es histórico. Yo siempre hago la referencia de que la mejor infraestructura del Estado es la paz social. Nosotros siempre lo comentamos. A comienzos de la
democracia en España se perdían doscientos millones de horas en huelgas, si lo calculáramos a 20 euros la hora, estaríamos hablando de un coste directo de unos 4000 millones de euros, el año pasado han sido 10, que a 20 euros estamos hablando de 200
millones. Esa es la paz social que genera la sociedad civil, sociedad civil en la cual participamos.


Por supuesto, señor Floriano, que agradecemos ese trabajo -que creo que ha quedado patente- de los partidos políticos, de la clase política, porque realmente si estamos aquí es porque igual que la sociedad nos necesita a los empresarios y a
los trabajadores, necesita a la clase política porque si no, volveríamos a tiempos anteriores, que sería un horror. Por tanto ese pacto social es importante y por eso yo lo he querido poner en valor, porque creo que es fundamental que en cualquier
cambio, en cualquier consideración se tenga presente en este caso a la sociedad civil que nosotros representamos, es decir, tanto empresas como empresarios y empresarias, trabajadores y trabajadoras de nuestro país.


¿Unidad de mercado? Sí, lo que hay que ver es cómo se hace transversal, y cómo se coordina lógicamente entre todos. Se ha hablado de inversión en I+D+i y yo diría también que en formación. Creo que en estos momentos hay dos grandes retos
que no es que vayan a llegar sino que están presentes, uno es el de la globalización, nos guste o no está ahí, y el otro es el de la digitalización. Es más, en una revolución en donde habitualmente son las empresas las que van por delante, en este
caso son las personas físicas las que van por delante. Todo el mundo en su casa está preparado para esa digitalización y sin embargo estamos hablando todavía de la industria 4.0, es decir, que tenemos que incorporar a las empresas a esa revolución
que esta siendo una revolución -entre comillas- de las personas. Este es un dato muy importante y, por tanto, una parte fundamental del crecimiento en estos momentos de la economía, de la productividad y de la posible generación de empleo tiene que
ser la digitalización. Además, a nosotros los estudios nos dicen que va a haber una parte importante del empleo que se va a destruir, que hay otra parte importantísima de nuevo empleo que se va a crear, el que decimos que no sabemos cuál es, pero,
en cualquier caso, todos los consultores lo que nos dicen es que el resto de los empleos, que es la mayoría, se van a transformar; eso es lo que tenemos que tener muy presente. Y si tenemos claro que se va a transformar, tenemos que tener claro
que nos tendremos que formar todos, y además en cascada, porque incluso va cambiando día a día de una forma impresionante. Es decir, lo que era ayer una cosa moderna, hoy ya es antigua, mañana ya tenemos una nueva y tenemos que adaptarnos a estos
nuevos procesos.


Respecto a las competencias, voy a contestar al señor Baldoví, que ya ha venido. Efectivamente, creo que la aclaración de competencias hay que hacerla y que dentro de esa conferencia sectorial va a haber que hablar precisamente porque las
duplicidades restan competitividad y eficacia al Estado. Efectivamente, estoy casi seguro de que habrá algunos casos donde las competencias de las comunidades autónomas están sobrepasadas y otros donde el propio Estado se esté pasando, y perdonen
por ser claro. Hay algunos casos también curiosos, como son las competencias de meteorología, donde hay competencias del Estado y competencias de las comunidades autónomas, pero en la aviación las competencias creo que son del Estado porque
realmente sería difícil que las fuéramos cambiando cada vez que el avión fuera pasando de una a otra comunidad autónoma cada cinco minutos. Ese es el trabajo intenso por el que sus señorías van a tener que trabajar muy intensamente.


El tema del déficit. El déficit posiblemente tendrá dos conclusiones, un empresario lo miraría así: es posible que haya una falta de financiación, que hay que hablar, y de hecho creo que todo el mundo está planteándolo en España en estos
momentos, y habrá otra parte que habrá que aceptar, y es que se podría

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hacer una mejora en la competitividad de la propia comunidad autónoma. Creo que hay que empezar a aplicar criterios empresariales de gasto en las comunidades. En el caso de Valencia hemos tenido muchos eventos y muchos temas y quizá habría
que haberlo hecho de otra manera, no lo sé.


Con respecto al tema de la empresa más responsable que nos decía UPN, creo que hemos evolucionado, no solo eso sino que además esta nueva revolución nos está marcando, el mercado nos está marcando a las empresas qué es lo que tenemos que
hacer porque cada día la responsabilidad social corporativa nos está marcando más los temas, y estoy hablando de los temas de igualdad, de temas de conciliación, vida familiar, horarios, mañana mismo tenemos que hablar de políticas de género, medio
ambiente; son temas que están donde están -bueno, mañana no tenemos que hablar, tenemos que hablar todos los días-, pero no solo es que tengamos que hablar, es que somos conscientes de que tenemos que avanzar en esas brechas salariales, en esa
igualdad, en el medio ambiente pero no por nada sino porque los propios clientes lo están exigiendo. Es lo mismo que cuando hablamos de la digitalización, es un tema importante.


En cuanto al fuero navarro me podría referir a él como también se ha hablado del concierto. El concierto es acuerdo, el concierto es pacto, el concierto es diálogo y concierto es encaje. A mí a veces me sorprende que cuando hablamos de la
Constitución todo el mundo apoyamos esa Constitución y al día siguiente nos metemos con cosas que son constitucionales. Algo constitucional es tanto el fuero navarro como todo lo que concierne al País Vasco, y al ser constitucional nosotros
lógicamente pensamos que es lo que es, que está pactado, que está probado y apoyado por todos los españoles. Ustedes son representantes aquí de la soberanía del pueblo español, y mientras que ustedes, que son los representantes de la soberanía del
pueblo español, no decidan lo contrario, nosotros estaremos perfectamente integrados y encantados en ese encaje que se hará de España. Ya he dicho antes que nosotros creemos en la España unida pero he hablado de la diversidad de las comunidades
autónomas; la diversidad de las comunidades autónomas esta ahí. Se me ha preguntado por un Estado federal, yo soy abogado, no soy un experto en derecho político. Creo que hay momentos donde utilizamos muchas palabras diferentes, a los empresarios
ahora nos llaman emprendedores y más cosas. Cuando hablamos del Estado autonómico a mí me da igual que se llame Estado autonómico o federal, lo importante es que tengamos capacidad en España de encajar ese Estado entre todos. Y si lo queremos
llamar de una manera para diferenciarnos y para buscar espacios, nos parece bien, pero lo importante es el fin último que entiendo que es desde la diversidad, desde las distintas lenguas que tenemos en nuestro país, que son las que nos enriquecen, y
lo que tenemos que hacer es tener un país muy fuerte integrado en Europa. Creo que el presidente de la CEOE lo ha dicho también. Para nosotros es clave Europa; de hecho, ustedes bien lo saben, la mayoría de las normas que nos afectan a las
empresas vienen como consecuencia de directivas europeas que tenemos que implementar en España. Estamos hablando de directivas financieras, he hablado de energía, de medio ambiente, de normas de todo tipo que nos vienen de Europa, ustedes lo
conocen bien; cada día estamos y vamos a estar cediendo más soberanía para ser más Europa, ese es el objetivo, es decir, una unidad dentro de esa diversidad enorme que tenemos. Dentro de esa diversidad, como no podía ser de otra manera, no solo
respeto, sino que apoyo profundamente el fuero tanto del País Vasco como de Navarra; además es que soy vasco, por tanto no podría decir otra cosa.


En cuanto al señor Floriano, ya le he comentado el planteamiento desde el punto de vista de lo que nosotros entendemos por la política. A nosotros nos pasa lo mismo, siempre se está valorando lo malo, lo malo de algunos que lo hacen. Creo
que el presidente de la CEOE lo ha dicho francamente bien: nosotros no estamos con la economía sumergida, estamos contra la economía sumergida, porque además es un dumping que se está haciendo a las empresas y a los que realmente hacemos las cosas
bien. No estamos con el empleo precario, y lo he defendido en la ponencia; nosotros estamos por la negociación colectiva, nosotros estamos por el acuerdo, por el pacto con los trabajadores y las trabajadoras y, por tanto, no podemos compartir en
muchos casos criterios o actuaciones que puedan venir de empresas o empresarios a los que sinceramente no queremos representar; que monten su organización porque, desde luego, en la nuestra no están ni les queremos.


Voy a ir muy rápido. ¿Qué cosas se podrían arreglar? ¿Cuáles son los problemas de la pequeña empresa para crecer? Primero, costes. Hay muchos costes. El coste de la energía en España es superior a los costes de la energía en Europa, por
lo que habría que verlo. La realidad es que una parte importante de esos costes están en el ámbito político.

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La financiación hoy en día no es un problema porque hemos sabido desapalancarnos. En España hemos aprendido a tener socios. Antes éramos muy individualistas, pero cada día hay más socios. También hay otros medios de financiación. Están
las SGR, que igualmente funcionan. Y el drama real, a pesar de que sus señorías hayan aprobado la Ley de morosidad, sigue siendo la morosidad. Es el gran drama de la pequeña y mediana empresa española y además cuanto más pequeña peor. El ejemplo
es muy fácil. Si alguien factura cien y tiene un beneficio -es una barbaridad, ¿eh?- de diez y con eso paga, con que un cliente le deje esos cien tiene que facturar diez veces cien para recuperar. Eso significa que esa empresa está abocada a no
poder invertir en I+D+i, a no poder pagar mejor a su gente, a no poder pagar formación; en definitiva, a no crecer. Gran drama español y en muchos casos de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y de las administraciones públicas, que
muchas veces -tengo que decirlo- hemos arreglado gracias al FLA, pero esto no debería darse durante toda la vida, sino que estas cosas al final deberían funcionar mejor.


Quiero insistir, pues, en dos temas fundamentales que han salido bastante durante la mañana: I+D+i y formación. La formación es fundamental y en estos momentos hay que trabajar en la formación dual, en el ámbito de la educación y en el de
la empresa, más cuando en estos momentos, como decía antes, estamos viendo cómo se van a transformar los criterios en las empresas, cómo se va a transformar el empleo. De hecho, señorías, les tengo que decir que muchos de los empleos bien
retribuidos, muchos de los empleos que están en la industria, no se están cubriendo en estos momentos por falta de formación y ese es un drama que entre todos debiéramos arreglar.


Termino. Como no podía ser de otra manera, coincido con el presidente de la CEOE. Efectivamente, tenemos que tener una Administración digital y única, es decir, el administrado no tiene por qué tener un manual de cómo llegar a los sitios.
Otro ejemplo más claro es que si a alguien le gusta pescar en este país -lo digo para acabar con un planteamiento más liviano- necesita diecisiete licencias y eso también tiene bastante poco sentido. Señorías, racionalicemos las cosas porque
tenemos un gran país. La conclusión es el comienzo de nuestras intervenciones: tenemos un gran país. Hemos avanzado muchísimo y creo que vamos a tener capacidad porque lo mejor somos los españoles y las españolas y nos lo merecemos.


Muchísimas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señores Rosell y Garmendi. Como representantes políticos de un gran país, les agradecemos sus intervenciones. Compartimos esa sensación y estamos empeñados en mejorarlo, ustedes y nosotros. Gracias.


Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Era la una y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, ATA (AMOR ACEDO). (Número de expediente 219/001061).


El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión.


Buenas tardes, señorías. Empezamos esta sesión de la tarde con la comparecencia de don Lorenzo Amor Acedo, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, conocida por sus siglas, ATA, al que sin más doy la palabra para que nos
exponga sus reflexiones.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (Amor Acedo): Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a todos los miembros de esta Comisión y a los diferentes grupos parlamentarios que la conforman, en nombre de mi organización y de los autónomos que representamos, que un colectivo como el nuestro haya sido
invitado a comparecer. No solo es importante evaluar y hacer una revisión de cómo ha sido el funcionamiento de nuestro Estado autonómico, por lo que a lo largo de mi intervención, que no será muy extensa, también haré algunas reflexiones sobre lo
que consideramos que, transcurridos prácticamente estos treinta y nueve años, hay que mejorar.


El actual sistema que establece nuestra Constitución, que se desarrolló entre los años 1979 y 1983, ha afectado y sigue afectando, para bien y para mal, a la economía de los territorios, particularmente a la de aquellos en los que
vertebramos muchas actividades, que vertebramos y cohesionamos muchos pueblos y muchos territorios de nuestro país. Afecta muy directamente a las actividades de 3 200 000

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autónomos. Es el ecosistema que se genera en cada territorio de la nación el que condiciona, como decía, para bien o para mal la marcha de nuestros negocios. Que cada vez haya más pequeños negocios que puedan desenvolverse con
tranquilidad, que puedan contratar, que puedan ser rentables, va a depender también de cómo evolucione la gestión, el Gobierno y la normativa de las comunidades autónomas. Los pequeños negocios, regentados en su inmensa mayoría por autónomos, son
los que a su vez hacen que una autonomía crezca, que tenga cada vez más empleo, que se cohesione, que no se despueble y que se vea favorecida por una buena calidad de producto y servicio. No tengo que recordar que los autónomos de este país somos 3
200 000 personas y que generamos más de 1 200 000 puestos de trabajo, con lo cual estamos hablando de una población ocupada de casi 4,5 millones de personas.


A nuestro juicio, el Estado de las autonomías tenía como uno de sus fines la descentralización administrativa, con el objetivo de acercarla al administrado. Se trataba de hacer la vida más fácil a los ciudadanos de un territorio desde el
mejor conocimiento de sus realidades, de sus especificidades, permitiendo la cercanía de sus gobernantes. En definitiva, acercar la Administración al administrado o al ciudadano y no el ciudadano a la Administración. Nuestra organización siempre
ha pensado que merecía la pena crear un Estado organizado en comunidades autónomas porque creemos en el principio del autogobierno, porque consideramos que es más fácil entender los problemas desde la cercanía, conociendo las vicisitudes y las
necesidades de las personas, conociendo de cerca cuáles son sus problemas. Por otro lado, permite la identidad de los distintos pueblos, la cohesión interna y el trabajo conjunto con el fin de alcanzar objetivos compartidos. No obstante, como
decía antes, han pasado treinta y nueve años, por lo que es normal que tengamos que hacer balance y pensar qué cosas han ido bien y cuáles han ido no tan bien, y algunas mal. En 1979 nadie tenía una bola de cristal para evaluar este periodo y
realizar las transformaciones necesarias; por eso felicito la constitución de esta Comisión.


El Estado de las autonomías de los años ochenta no tiene nada que ver ni con la economía ni con la actividad de las personas. El mundo en el que nos desarrollamos y la propia sociedad no tienen nada que ver con el mundo en el que hoy nos
manejamos. Se ha demostrado que algunos principios generales que debían haber funcionado por igual en toda España, como el equilibrio territorial entre comunidades, sobre el que se asienta la financiación autonómica o la igualdad de los servicios
que reciben los ciudadanos o las cargas impositivas o la disparidad de leyes que les afectan, quizá hayan sufrido un importante deterioro, al margen, claro está, de que la gestión en cada territorio y en cada momento haya podido ser más buena o no
tan buena.


Me van a permitir que me centre, una vez mostrado el balance que hacemos, en lo que consideramos que hay que cambiar en el ámbito de las comunidades autónomas, extendido incluso a otras administraciones. Lo primero que detectamos es una
excesiva legislación y complejidad normativa. Más de 700 000 páginas en los boletines oficiales del Estado el pasado año, más de 500 normas en todo el territorio estatal, ya sea por comunidades autónomas o por la Administración central. Como
ustedes comprenderán, el autónomo de este país no tiene tiempo para conocer tanta normativa, tan dispersa, tan variada y con las especificidades que presenta cada uno de los territorios y cada una de las comunidades autónomas de nuestro país. Por
eso, lo primero que demandamos es combatir la dispersión normativa y homogeneizar, dentro de las peculiaridades y competencias que tiene cada comunidad autónoma, las normas por las que tenemos que regirnos todos los ciudadanos de este país,
independientemente de que nuestra residencia esté en un sitio o en otro, porque en muchas ocasiones nuestra actividad económica puede desarrollarse en varias comunidades a la vez.


No voy a dejar de señalar, porque de esto llevamos hablando mucho tiempo, que todavía queda un camino largo por recorrer; no voy a dejar de reconocer que las trabas administrativas se han ido reduciendo en los últimos años, pero hoy en el
ejercicio de la actividad de cientos de miles de autónomos en nuestro país, incluso de muchos ciudadanos que no son autónomos, las trabas administrativas que encontramos son múltiples.


Nosotros llevamos ya varios años haciendo un convenio con el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para detectar cuáles son estas trabas administrativas. En estos años hemos detectado 101 trabas diferentes y con un ahorro de
1700 millones de euros para los autónomos. Pero antes les decía que hay que acercar la Administración al ciudadano y no el ciudadano a la Administración. Creo que esta es una de las tareas que todavía tenemos pendientes.


Nosotros queremos igualdad de trato. Cualquiera de los que estamos aquí hoy en esta sala recibimos una carta de una administración y nos pone un plazo de días -diez, veinte- en el que tenemos que contestar. Las contestaciones de la
Administración al administrado se eternizan. Hoy hay autónomos en

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este país que llevan años esperando un informe de impacto medioambiental; hoy hay autónomos y ciudadanos en este país que mandan diferentes cartas a cualquier administración y obtienen la callada por respuesta. Por eso es fundamental que
en este aspecto marquemos, en todo el ámbito del Estado pero evidentemente en las comunidades autónomas también, un periodo en el que la Administración debe contestar al administrado, de la misma forma que se le exige al administrado contestar a la
Administración.


Tenemos que aprovechar la era digital, aprovechar las TIC para eliminar trabas, para facilitar la vida al autónomo. El 40 % de las actividades que se desarrollan en nuestro país se hacen en municipios de menos de 20 000 habitantes, donde es
muy difícil encontrar una delegación o una administración autonómica. Por eso es importante que aprovechemos el mundo digital, que aprovechemos las TIC para facilitar la vida en cumplimentar cualquier trámite que tiene que hacer un autónomo, pero
también un ciudadano, con las diferentes administraciones. Se han eliminado muchas duplicidades, pero todavía en nuestro país sigue habiendo diferentes administraciones prestando un mismo servicio. Esto no es bueno. Hay veces que cuando vas a
hacer un trámite no sabes a quién dirigirte, pero hay materias donde todavía hay administraciones en un mismo territorio, y podemos encontrar cuatro administraciones prestando el mismo servicio.


En España en el año 2013 se puso en marcha una ley de unidad de mercado. El balance que podemos hacer, si creemos que fue un paso adelante y acertado, es que en España todavía hay dificultades para la unidad de mercado. Y les voy a poner
un ejemplo. En España en estos momentos, con toda esa dispersión normativa, un autónomo que desarrolla actividad en varias comunidades autónomas tiene en muchos casos diferentes licencias, diferentes trabas, diferentes etiquetados cuando se trata
de un producto, diferentes trámites u obligaciones que tiene que hacer y, en muchos casos, incluso diferentes solicitudes que rellenar. Yo creo que ha llegado el momento de que todos intentemos buscar una armonización -insisto en lo que dije antes-
con las peculiaridades que pueda tener cada comunidad autónoma, pero intentemos que realmente tengamos una unidad de mercado. Y cuando digo unidad de mercado digo que tengamos las mismas necesidades y facilitemos la vida a la gente que emprende, a
la gente que se juega su dinero para generar actividad y empleo.


No quiero pasar por alto una queja de muchos autónomos. Las administraciones tienen que estar al servicio del ciudadano, pero nunca pueden ser una competencia para el sector productivo. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a actividades que
desde diferentes administraciones o empresas públicas se prestan en servicios como asesoramiento, formación, etcétera, que hacen una competencia al ámbito privado. Hoy gestores, asesores, graduados sociales, abogados, muchos autónomos que
desarrollan su actividad y encuentran cómo hay administraciones que están ofreciendo estos servicios -muy loable- de una actividad, incluso de forma gratuita, pero que está significando, no lo olvidemos, una competencia desleal a aquellas personas
que tienen que pagar sus impuestos, sus cotizaciones para mantener un despacho. Lo mismo digo de esas administraciones que, a su vez, dan formación; tienen sus propias academias de formación, tienen sus propios centros de formación y hacen una
competencia, desde un punto de vista competencial, hacia otros autónomos u otras empresas que tienen su propia actividad.


Hay tres cuestiones que dejo para el final porque las considero, desde nuestro punto de vista, importantes. En España, en el año 2007, entró en vigor una ley que es la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, una ley que aparte de ser un
catálogo de derechos para los autónomos estableció qué nivel de representación tienen los representantes de los autónomos. Hoy en muchas comunidades autónomas no se escucha a los autónomos y no se escucha a sus representantes, y creo que eso es un
error; es un error porque la cercanía de aquellas personas que emprenden, que inician actividades, la cercanía de las personas que representan a los autónomos es buena al final para no arrepentirnos de tomar medidas que a veces se hacen de espaldas
al colectivo que represento. Yo no estoy hablando de concertación social ni de diálogo social, pero sí estoy hablando de representación institucional. A veces hay que oír más a los autónomos para que la normativa, para que las medidas que se
puedan impulsar y, sobre todo, para las necesarias faciliten la vida a muchos autónomos y a muchos emprendedores.


La semana pasada tuve la oportunidad de compartir en Málaga, con una persona que lleva la cuestión del IVA en la Comisión Europea. Mientras en Europa se está trabajando hacia la armonización fiscal de impuestos en temas de IVA e, incluso,
de impuesto sobre sociedades -es un debate en el seno de la Comisión Europea- en España, en el estado de las autonomías, hablar de armonización fiscal es una entelequia porque, primero, tenemos un problema -que abordaré después- de financiación.
Pero lo que no parece lógico en este Estado de las autonomías de hoy es que tengamos autónomos de primera o de segunda dependiendo del territorio no solamente en el que viva sino en el que desarrolle su actividad.

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Hay comunidades autónomas que tienen dieciocho impuestos diferentes y vamos a vivir momentos donde si no ponemos freno aparecerán impuestos de diseño; yo llamo impuestos de diseño a aquellos que gravan cualquier actividad. Les voy a contar
un detalle. Entre el 23 y 25 de febrero estuve en Barcelona y tuve que hacer noche en un hotel y cuando me marchaba yo, como habitualmente no tengo que pagar nada porque está todo cerrado, tuvo que salir una persona a recogerme porque había que
pagar el impuesto, la tasa, y yo no lo había pagado, algo que es lógico. Pero eso que me pasa a mí, que me muevo de un sitio para otro, les puede pasar a muchos ciudadanos. A veces los ciudadanos desconocemos, dependiendo de hacia donde nos
dirijamos, donde estemos o donde desarrollemos nuestra actividad, cuales son los diferentes impuestos que tenemos que pagar. No voy a hablar de sucesiones, no voy a hablar de donaciones, de actos jurídicos o de impuestos a las bolsas de plástico o
tasas turísticas, que están muy bien, pero tendríamos que buscar entre todos esa armonización para que cualquier ciudadano, cualquier emprendedor, cualquier autónomo, independientemente de donde desarrolle su actividad, esté pagando los mismos
impuestos.


Por último, y con esto concluyo, creo que es necesario revisar la financiación autonómica en este país y hacerlo atendiendo a diferentes parámetros. Es evidente que en función de la población, incluso teniendo en cuenta a la población
flotante, hay que tener en cuenta parámetros como la tasa de paro e incluso la renta de esa comunidad autónoma, al igual que creo que también hay que tener en cuenta, porque hay comunidades que la están sufriendo, la despoblación.


A la vista de los diferentes parámetros que he puesto sobre la mesa, habría que buscar y meter en una coctelera un gran acuerdo para este país para que las administraciones tengan la financiación suficiente y no tengamos que recurrir a
impuestos que son diferentes entre unas comunidades y otras, porque muchas veces ocurre lo que ocurre: que para los ciudadanos significa una traba importante, sobre todo, para aquellos ciudadanos que en muchas ocasiones tenemos que cumplimentar
impuestos con diferentes comunidades autónomas.


Muchas gracias, presidente. Estoy a su disposición para las preguntas y consideraciones que estimen. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Amor.


A continuación, intervendrán los grupos. Empezando por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Sumelzo.


La señora SUMELZO JORDÁN: Muchas gracias, señor presidente, y muchas gracias, señor Amor, por las explicaciones que usted nos ha dado.


Entendemos que desde la posición central que su organización ocupa en el colectivo de autónomos que ustedes representan, y tras haber escuchado con atención su intervención, que ha sido interesante, y haber estudiado con detenimiento el
decálogo de 32 medidas para seguir avanzando en el trabajo autónomo en 2018, me surge una cuestión previa sobre la que me gustaría que reflexionásemos, y es que es un hecho que la regulación de las cuestiones que más preocupan al colectivo que usted
representa no se ve a priori afectada por el modelo territorial en que se organiza nuestro país. Porque tanto en unidad de mercado como en el régimen de cotización o prestaciones a la Seguridad Social o las prestaciones al régimen fiscal son todas
competencia estatal y, por lo tanto, reciben un tratamiento uniforme en todo el territorio nacional. Pero sí podemos encontrar, como usted nos ha señalado, distinciones entre las diferentes comunidades autónomas, sobre todo, en materia de fomento
de la actividad emprendedora. Cada comunidad autónoma, en función de que haya asumido o no esta competencia, puede tener una regulación diferente que entendemos que se debe, usted se refería a ello, a una excesiva legislación, complejidad e incluso
diferencias entre unas y otras.


Hemos escuchado con atención las cuestiones que usted nos ha planteado y nos gustaría conocer, por ejemplo, casos de lo que usted ha denominado como competencia desleal de entes públicos frente a los autónomos. Asimismo, nos gustaría saber
cómo les afecta a los autónomos el modelo territorial configurado hoy por la Constitución española, qué mejorarían del mismo -aunque lo que hemos comentado, es así-, qué consideran ustedes que se debería cambiar y qué esperan los autónomos de los
trabajos de esta subcomisión. En materia de creación de empresas, apreciamos diferentes legislaciones en las distintas comunidades autónomas y también diferencias en el RETA, según los datos que ATA hizo públicos en enero de 2017, porque es el
quinto año consecutivo de crecimiento de número de autónomos. En 2017, nueve comunidades autónomas perdieron trabajadores autónomos, por lo que nos gustaría saber, dado que está usted hoy aquí, a qué se deben esas diferencias y por qué crece, por
ejemplo, el

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empleo autónomo en Madrid y en Andalucía o baja en Castilla-León y Galicia y, asimismo, cómo influye en este dato la despoblación a la que usted también ha hecho referencia y la falta de infraestructuras o de interconexión. Queremos saber
qué medidas propondrían ustedes para favorecer el emprendimiento en el medio rural o cómo influye la inversión en I+D+i en las administraciones públicas, el nivel de las ayudas públicas para la creación de empresas o el fomento de actividad
empresarial que establece cada comunidad autónoma. También querríamos saber cuál de estos factores, o cualquier otro que usted quiera compartir con esta Comisión, considera que influye más y cómo cree que podría resolverse esta disparidad a la que
usted hacía referencia.


Para terminar, quisiera señalar que al estudiar el decálogo, he observado que ustedes citan medidas interesantes, todavía pendientes, en relación con las pensiones de jubilación, con las tarifas planas en cotizaciones de la Seguridad Social
para determinados colectivos -mujeres rurales, autónomos que contraten nuevos trabajadores, los que no alcancen determinados niveles de ingresos, exenciones fiscales-, y de todas estas medidas que proponen -que son interesantes, como le decía-
cuáles creen que se podrían ver afectadas por el modelo de organización territorial del Estado, si es que se va a ver afectada alguna, y en cuáles pondrían el acento, el punto de vista del ámbito del que tiene que ocuparse esta Comisión.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sumelzo.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra la señora Millán.


La señora MILLÁN SALMERÓN: Gracias, señor presidente.


Señor Amor, ante todo quería darle las gracias por estar hoy en esta Comisión, puesto que su acreditada experiencia y su conocimiento del sector que representa, que son los autónomos, nos va a ser de gran utilidad, puesto que es muy valiosa
y además muy necesaria para el objeto que desarrolla esta Comisión; objeto que no es otro que reformar o no el modelo territorial y de qué forma y que, como dije esta mañana, nos está llevando a muchos quebraderos de cabeza. Vuelvo a repetir que
tampoco se nos puede olvidar que el objeto esta Comisión tiene que ser también garantizar la igualdad y la libertad de todos los ciudadanos, independientemente del lugar de donde hayan nacido, independientemente del lugar donde residan o
independientemente del lugar donde desarrollen su actividad. En Ciudadanos estamos comprometidos siempre con las reformas de la eficiencia en la gestión y en la financiación de las comunidades autónomas y, para eso, es necesario simplificar la
burocracia autonómica y conseguir una mayor unidad de mercado, como bien ha comentado usted, y así lo recogemos además en el acuerdo con el Partido Popular. La gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar una mayor eficiencia posible y eso
pasa, y debe pasar, por eliminar duplicidades administrativas y contener el gasto superfluo. Consideramos también que es preciso, como he dicho esta mañana, clarificar las competencias del Estado y de las comunidades autónomas y terminar ya con
este conflicto que se produce en muchas ocasiones en nuestro país. Todo ello es por una razón fundamental: por garantizar un verdadero mercado único, como bien ha comentado, para que los españoles y las empresas puedan desarrollar su actividad en
todo el territorio sin ningún problema.


Hablamos constantemente de la necesidad de armonizar las leyes y los criterios de los Estados miembros de la Unión Europea, pero cuando vienen a España nos dedicamos a hacer diferencias y distinciones dentro nuestro propio territorio.
Precisamente, la sentencia del Tribunal Constitucional, del 22 de junio de 2017, que trata sobre diversos preceptos de la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, recoge y manifiesta plenamente este mismo problema, que la ambigüedad entre las competencias y,
por lo tanto, en las posteriores actuaciones judiciales perjudican la planificación, el ordenamiento y la seguridad jurídica de las empresas, como hemos visto que ocurrido en Cataluña, que es algo tan esencial para España y para la economía. Esa
fue también una de las exigencias de nuestro partido, Ciudadanos, al Partido Popular: reformar la garantía de unidad de mercado, incorporar mecanismos de colaboración entre las diferentes comunidades autónomas que estén basados en la lealtad
institucional y que se avance decididamente para armonizar las licencias y los permisos en todo el país, eliminando las excepciones y las barreras regulatorias injustificadas.


Ante esto, le quería plantear una serie de preguntas, dado su conocimiento y formación en este sector. En primer lugar, ¿consideran que existen desigualdades entre autónomos de una comunidad autónoma y otra? En segundo lugar, ¿qué medidas
plantearía usted para que los autónomos puedan desarrollar su actividad en un mercado interior más amplio e integrado? En tercer lugar, ¿piensa usted que se puede avanzar hacia la armonización de licencias y de permisos en todo el país? ¿Qué
excepciones y barreras

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regulatorias injustificadas eliminaría o reformaría? Por último, esta mañana también se ha hablado de que en España hay muy pocas empresas que tengan más de 250 trabajadores. ¿Qué medidas plantearían para el crecimiento de esas pequeñas y
medianas empresas?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Millán.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, interviene el señor Baldoví, en nombre de Compromís.


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


Debo decirle que me ha parecido una intervención con mucho sentido común y eso en política me gusta. Estoy de acuerdo con dos de las cosas que usted ha dicho: hace falta un nuevo modelo de financiación y también una armonización fiscal.
En ese sentido, le formulo solamente dos preguntas. ¿Cree que una buena financiación o, dicho de otra manera, cree que la mala financiación o la diversa financiación que hay ahora en las comunidades autónomas contribuye a que haya menos
armonización fiscal? En segundo lugar, ¿cree que esta falta de armonización fiscal, muchas veces consecuencia de que hay modelos de financiación deficientes para algunas comunidades autónomas, lastra la competitividad de algunos autónomos y de
algunas empresas de autónomos? La última pregunta dentro de esta es: ¿Cree que las diferentes legislaciones en las distintas comunidades autónomas, que permiten en unos casos bonificaciones o ayudas que en otros casos no se pueden permitir, se
podrían definir en algún caso como dumping fiscal y que afecta a los trabajadores autónomos?


Moltes gràcies.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Baldoví.


En nombre de Unión del Pueblo Navarro, tiene la palabra el señor Alli.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchas gracias, señor presidente. Gracias también a don Lorenzo Amor, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos.


Señor Amor, comparto con el señor Baldoví, mi compañero del Grupo Parlamentario Mixto, lo que ha dicho en relación con la sensatez que usted ha transmitido en su intervención. No sé si al final de esta Comisión va a haber alguna conclusión
o va a haber alguna modificación de la Constitución -lo desconozco, aunque luego le daré mi opinión personal-, pero estoy seguro de que por aquí están pasando comparecientes de gran brillantez intelectual que están transmitiendo muchísima sensatez.
Ya en sí mismo el hecho de que reflexionemos sobre el Estado autonómico y sobre los últimos treinta y nueve años de la historia reciente de España es tremendamente positivo. Además, nos permite conocer la opinión de los autónomos, a los que usted
en este caso representa, con lo que conlleva ser autónomo hoy en nuestro país.


Represento a un partido, Unión del Pueblo Navarro, que ha venido a esta Comisión sin ningún apriorismo y con la humildad de aprender, de aportar en lo posible y también de llegar a consensos por si hiciese falta para una futura reforma de la
Constitución, tras esa evaluación que estamos haciendo en esta primera fase de la Comisión. Nosotros no queremos estar aquí para nada, ni venimos con ningún tipo de prejuicio o apriorismo ni tampoco venimos con la intención en cada intervención de
llevar el debate a dónde nos interesa ideológicamente, a la recentralización, al jacobinismo, etcétera. Nosotros no; mi partido defiende especialmente la descentralización desde la lealtad, la solidaridad y la responsabilidad de los entes
políticos. Hay un error aquí. Es una cura de humildad -y no quiero ofender a ningún miembro de esta Comisión- que venga usted a decirnos algunas cosas, porque parece que aquí algunos diputados justificamos -y me incluyo en ese saco- la actividad
parlamentaria en relación con la cantidad de iniciativas legislativas. Si ese es el indicador para medir nuestro trabajo, nos hemos equivocado, porque el gran sufrimiento -usted lo ha dicho- es que haya 700 000 páginas en el BOE publicadas apenas
el año pasado. Hay que pensar en el problema que eso supone para un autónomo con los recursos que tiene y con el riesgo normativo y regulatorio que puede haber en su sector, para encima tener que estar pendiente de esa hiperinflación que le acabo
de decir. Usted ha listado la falta de reciprocidad Estadoautónomo autónomoEstado, la falta de modernización, de digitalización y, por tanto, de transparencia y de accesibilidad del Estado para facilitar la vida cotidiana de los ciudadanos y,
especialmente, en el trabajo y el esfuerzo del autónomo. Finalizo, porque veo que el señor presidente me mira con ojos... (Risas). Señor Amor, después de ver todo el listado de sus propuestas, la pregunta que

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le hago es: ¿hace falta realmente modificar la Constitución para ello o simplemente hacen falta cambios regulatorios que homogeneicen tanta hiperinflación legislativa, como usted ha dicho?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli. Me salía un cuento de la infancia que decía 'con ojos golositos' y no me parecía que era lo adecuado en este momento. (Risas). Me he quedado más tranquilo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Echániz.


El señor ECHÁNIZ SALGADO: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Amor, por su intervención, que se suma a la de relevantes personas que han pasado por aquí en los últimos meses -padres de la Constitución, exministros, expresidentes de comunidades autónomas, el presidente del Consejo
de Estado o personas que dirigen organizaciones de estudio constitucional, estadísticas, sociológicas, académicas y de todo orden- con el objeto de contribuir con sus reflexiones, como ha hecho usted en la tarde de hoy, al análisis de nuestro Estado
autonómico. No quiero dejar de subrayar que el común denominador de prácticamente todas ellas ha sido la defensa de la España constitucional y la definición de los últimos cuarenta años -precisamente los de la vigencia de nuestra Constitución
española- como un periodo de estabilidad, de crecimiento, de concordia, de progreso, de prosperidad y de bienestar social. Esto está fuertemente sustentado en una historia y unos valores comunes que se proyectan desde el presente hacia el futuro
como un proyecto ilusionante y vital. Es sin duda una historia del éxito colectivo, del éxito de una monarquía constitucional, del éxito de una democracia parlamentaria y del éxito de una sociedad que no ha escatimado esfuerzos. Por tanto,
cualquier reforma en la que se pueda pensar en el futuro debe contar al menos con el mismo grado de consenso modélico -diría yo- que presidió y que configuró el diseño de nuestra actual Carta Magna. En ese marco entiendo yo que se circunscribe
perfectamente su intervención y, en la medida en que esta mañana hemos tenido la oportunidad de escuchar a las organizaciones empresariales -y lo seguiremos haciendo, porque después tenemos al presidente del CSIF y en los próximos días a las
organizaciones sindicales-, tenía todo el sentido del mundo -y mi grupo así lo ha considerado- convocar a esta Comisión a una de las organizaciones más importantes de autónomos de nuestro país y darle la oportunidad de expresar su opinión. No solo
es importante escuchar a las instituciones y a la Administración pública, sino también a las organizaciones de la sociedad civil, especialmente a aquellas que representan casi a 4 millones de personas que desarrollan su actividad a lo largo y ancho
de todo nuestro territorio nacional. Es, sin duda, una especial experiencia porque, como usted ha dicho, junto a los innegables avances de los últimos años, existen todavía problemas en cuanto a trabas administrativas, duplicidades, exceso de
legislación, dispersión normativa, poca agilidad de la Administración en la contestación, competencia desleal o en la Ley de la Unidad de Mercado. Sin duda, la contribución, en términos de producto interior bruto, de los autónomos de este país es
muy importante y, si bien han sufrido de una forma muy relevante las consecuencias de la crisis económica desde el año 2007 o 2008, no es menos cierto que en este momento se están recuperando a un ritmo muy vivo y muy esperanzador; y lo que es más
importante, es un sector emprendedor, creador de empleo e impulsor de oportunidades económicas y sociales.


Quisiera, toda vez que ha hecho este análisis de los elementos que distorsionan la homogeneidad y la unidad de mercado en nuestro país, solicitarle, si es que su organización ha avanzado en esta materia, medidas, cuestiones, soluciones, de
carácter quizá un poco más concreto que pueda hacer llegar a la Comisión para poderlo evaluar con posterioridad, que puedan ser objeto de alguna modificación o de alguna reforma para eliminar barreras o para simplificar esos marcos normativos a los
que ha hecho referencia y que, en definitiva, puedan abordarse en las conclusiones de esta Comisión y también en los ulteriores trabajos que puedan surgir de esas conclusiones en el futuro en el ámbito de nuestro marco territorial.


Finalmente, de nuevo quiero agradecer su presencia y sus aportaciones en la tarde de hoy.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Echániz.


Para contestar a las preguntas que le han formulado, tiene la palabra el señor Amor.


El señor PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS, ATA (Amor Acedo): Muchas gracias, por sus consideraciones.


Yo podría haber estado mucho tiempo hablando y contando muchas cosas, pero he intentado limitarme, primero, a valorar y decir que mi organización evidentemente cree en el modelo constitucional

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que se establece del Estado de las autonomías, que cree en un mayor autogobierno, que cree también en que cada una de las comunidades autónomas tiene que tener en cuenta su idiosincrasia y que tienen que tener esa cercanía con él ciudadano,
el autónomo, el empresario, la empresa, el trabajador, en general con toda la ciudadanía.


Señorías, permítanme que también les diga cuáles son los problemas con los que a diario se enfrenta un autónomo que tiene que tramitar o desarrollar su actividad, su negocio en una comunidad autónoma y con la Administración. Alguno me ha
pedido que ponga un ejemplo. Yo comparecí en el año 2002 en esta casa; había una subcomisión sobre la pyme. Una de las conclusiones de esa subcomisión era que se iba a crear una empresa en veinticuatro horas. De eso ustedes han oído hablar mucho
¿verdad? Han pasado de aquello quince años. Si alguno de ustedes o alguien en este país es capaz de crear una empresa en veinticuatro horas, yo le doy un premio. He intentado ceñirme a cuáles son los problemas con los que se encuentra todos los
días un emprendedor, independientemente de la comunidad autónoma de la que se trate. Hoy ya se puede pedir cita e irse con el carnet de identidad puesto. ¿Por qué no se puede pedir cita y llevarnos la empresa puesta y en marcha en un solo
documento y en un solo acto? ¿Tanto problema supone para el mundo digital poner a las tres o a las cuatro administraciones para que en un solo documento y en un solo acto se pueda constituir esa empresa o esa actividad, independientemente de que
luego se tenga que presentar cualquier otra cosa que esa Administración pueda reclamar?


Tengo que agradecerle a la señora Sumelzo que se haya leído el documento de las treinta y dos medidas. Es un documento para seguir avanzando. Tengo que celebrar que esta Cámara haya aprobado la Ley de autónomos que empieza a dar sus
resultados, aunque hay que seguir trabajando, porque evidentemente ahí hay medidas que nos afectan a los autónomos; muchas de ellas son políticas activas que tiene que ver con las comunidades autónomas. Si no me equivoco, en breve se va a aprobar
en el Parlamento andaluz la ampliación de la tarifa plana a veinticuatro meses para los nuevos emprendedores andaluces. Yo creo que esa es una buena medida y es bueno para todos. Pero claro, el problema es que en Madrid los nuevos emprendedores
disfrutan de esa tarifa plana de veinticuatro meses, en La Rioja, en Murcia para algunas edades, en Castilla y León la van a poner en marcha, en Andalucía el Partido Socialista, Ciudadanos y el Partido Popular han pactado para ponerla en marcha. El
problema es que poner en marcha una actividad o un negocio en una comunidad autónoma tiene un ahorro de casi 3000 euros dependiendo de donde lo pongas. Por eso digo que este tipo de medidas están muy bien como fomento, porque las competencias están
ahí, pero a todos nos tendría que hacer reflexionar que las bondades de la tarifa plana lo que ha hecho es aflorar economías sumergidas y que la gente empiece a cotizar en el sistema mayoritariamente. Otros han hecho un mal uso, pero
mayoritariamente ha hecho eso.


Yo he puesto de manifiesto también el tema de la fiscalidad porque lo voy a ligar a un tema al que usted también se ha referido. ¿Por qué hay nueve comunidades autónomas lideradas por Castilla y León, País Vasco, Galicia, con pérdida de
autónomos? Por la despoblación. Hay mucho negocio en muchas ciudades que cuando no queda gente no vende y se marcha, cierra. Precisamente, si analizamos las comunidades que están perdiendo este volumen de autónomos -y no quiero dejar Aragón, que
también perdió el año pasado 700 autónomos- vemos que tienen mucho que ver con eso. Por eso, cuando he hablado de financiación he dicho que la despoblación tiene que ser uno de los parámetros a tener en cuenta en ese nuevo modelo de financiación
porque creo que aquí hay que seguir apostando por que no desaparezcan pueblos de 1000 personas. Es que cuando se marchan tres o cuatro autónomos de un pueblo de 1000 habitantes, ese pueblo se cierra, se apaga. ¿Qué es lo que estamos pidiendo para
el emprendimiento rural? Les voy a dar un dato. En los últimos cinco años en España cerraron 150 000 actividades por falta de sucesión empresarial o relevo generacional. Con la tasa de paro que tenemos hay gente que de la noche a la mañana cierra
porque su hijo se ha ido a estudiar a la capital, y no tenemos forma de enlazar esa persona que se marcha con ese joven o esa persona que puede emprender. Ahí tenemos una tarea pendiente.


Las mujeres en el ámbito rural juegan un papel fundamental. Por eso, ustedes habrán leído que hemos pedido que haya una tarifa plana de 50 euros, incluso durante cuatro años, para esas mujeres que inician una actividad en el ámbito rural, y
estoy hablando de pequeñas actividades, muchas de ellas artesanales, pero que tengan esa posibilidad de estar dentro del sistema, que tengan posibilidad de cotizar; también cuando cambien de actividad o cuando haya un relevo generacional, una
sucesión empresarial. Es un tema que nos preocupa y creo que muchas políticas activas en determinadas comunidades tienen que focalizarse hacia eso. Por tanto, es verdad que en la pérdida de autónomos que han tenido nueve comunidades ha tenido
mucho que ver en muchas de ellas esta circunstancia. Incluso

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el crecimiento que han tenido otras tiene que ver también con que las políticas activas que se han puesto en marcha han tenido unos resultados más favorables. Yo sí creo en este modelo territorial y, evidentemente, nosotros vamos a seguir
con medidas que faciliten el emprendimiento, que equiparen ese emprendimiento en muchas comunidades autónomas, porque lo lógico es que lo que sea bueno en una se utilice en otras. Esto es lo que pretendemos hacer, pero nos preocupa -y con esto
incido en lo que la señora Millán ha comentado- que sea verdad que haya autónomos de primera o autónomos de segunda dependiendo del territorio en el que realice su actividad. Un ejemplo son no solamente los temas fiscales, sino los temas que tienen
que ver con las políticas activas, también con el fomento de la generación de empleo. La contratación del primer trabajador de forma indefinida por parte de un autónomo hay comunidades autónomas que lo premian hasta con 6000 euros. Es una ayuda
eficaz, porque cuando el autónomo da el primer paso de contratar el primer trabajador, detrás viene el segundo. Es muy difícil que un autónomo que contrata el primer trabajador luego se quede sin él. Cuando tiene el primero, si se va, se van los
dos, pero no se va el trabajador y el autónomo no. Es un paso difícil, pero el que lo da sigue hacia delante.


En el mundo digital, armonizar licencias tiene que ser algo muy simple. Permítanme que les ponga un ejemplo, porque me han pedido ustedes ejemplos. Un amigo -y esto es muy llamativo-, que se dedica a servir comida a los colegios en una
comunidad, en junio hubo unos retrasos en los pagos de esa comunidad autónoma donde tiene la sede fiscal y no podía pagar la Seguridad Social. Trabaja en cinco comunidades autónomas diferentes, con cinco delegaciones diferentes -pongo este ejemplo
para que sepan que esto que voy a contar ocurre también cuando se hace en la actividad de una Administración autonómica- y solicitó cinco aplazamientos diferentes en cinco delegaciones provinciales de la Seguridad Social, el mismo documento para
todas; dos de ellas le concedieron el aplazamiento y tres le contestaron diciendo que no reunía las condiciones necesarias para conceder el aplazamiento. Eso es la armonización, a eso es a lo que me estoy refiriendo. He puesto este ejemplo que
puede servir para cualquier emprendedor que quiere solicitar una licencia en un sitio o en otro, y en muchas ocasiones en una te la dan en el momento y en otra te tardan meses en dártela.


En cuanto al crecimiento empresarial, es verdad que España no es un país de grandes empresas, pero esto es porque España es España y porque nosotros dependemos de la demanda interna, del turismo, del sector servicios y no tenemos grandes
industrias. Tenemos 800 000 comercios en España, y por mucho que queramos que los 800 000 comercios sean un gran almacén, la realidad es que esos comercios se reparten por todo el arco mediterráneo, por todo nuestro ámbito rural y son pequeños
comercios que generan actividades. Podríamos decir lo mismo de la hostelería, de los profesionales, etcétera, pero hay un dato muy importante: crecen más los empleadores que el autoempleo, y eso es bueno porque poco a poco vamos ganando tamaño
empresarial. Hay muchos autónomos que se han autoempleado y que han generado su primer puesto de trabajo. No van a ser empresas de 250 trabajadores, pero cada vez en España tenemos más autónomos que al menos generan un puesto de trabajo. El
crecimiento de autónomos no se debe al autoempleo, se debe a los autónomos que tienen al menos un trabajador a su cargo. Me preguntaba por el crecimiento de los últimos cinco años, y mayoritariamente se debe a eso. Evidentemente, hay barreras, y
las barreras hay que quitarlas.


Señor Baldoví, le agradezco sus palabras. Usted ha estado muy acertado haciendo esa correlación porque, evidentemente, cuando no hay financiación hay que buscar ingresos. Lo he dicho antes, España tiene un problema de financiación en el
ámbito de las comunidades autónomas, y creo que es una de las tareas pendientes que tienen tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, porque en el momento en que hay financiación hay políticas activas, hay cercanía con el ciudadano y
podemos quitar determinados impuestos. Yo lo he dicho, algunos de ustedes me lo han oído: creo que el impuesto sobre sucesiones hay que quitarlo, pero de arriba abajo. Digo que hay que quitarlo porque en estos momentos hay muchos negocios que se
pierden precisamente porque no pueden pagarlo. El impuesto sobre sucesiones no es de ricos. Les invitaría a que fueran a muchas explotaciones agrarias y que hablaran con muchos pequeños autónomos, que no pueden pagarlo. El otro día, sin más
lejos, conocí el caso de un señor que no puede pagar los 55 000 euros del impuesto sobre sucesiones para seguir manteniendo un pequeño hostal herencia de su padre. Y ahora es el momento, porque ahora, que se va a debatir la financiación autonómica,
es el momento para que en este país, como ocurre en otros países de Europa, no esté ese impuesto, por el que tampoco se recauda tanto.


Señor Alli, yo no creo que haga falta modificar la Constitución para solucionarlo. Vuelvo a insistir, creo que el modelo autonómico, como tal, funciona. Hay que dotarlo de autogobierno y mejorar todo aquello

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que tiene capacidad de mejora, pero sobre todo una cosa, el modelo autonómico hay que adaptarlo a la realidad socioeconómica de hoy. Hace treinta y nueve años los autónomos no estábamos organizados. Fíjese si ha cambiado la situación. Hoy
estamos aquí hablando y haciendo propuestas. A lo mejor, como le he dicho antes, es hora de que, igual que ustedes han decidido con la Ley de autónomos que estemos en el Consejo Económico y Social estatal, también estén en los CES autonómicos los
representantes de los autónomos, y digo esto como cualquier otro aspecto cuando tiene que ver con políticas activas, con formación, con prevención, etcétera.


Señor Echániz, claro que hay barreras y trabas. Conozco a muchos autónomos que son agentes comerciales que no tiene sanidad privada y a veces cuando viajan por una comunidad autónoma distinta de la suya, tienen un problema con la tarjeta
sanitaria, y no es lógico que si tenemos un DNI que nos vale en todos los lados, no tengamos una tarjeta sanitaria unificada que nos valga para todos los lados. Es un ejemplo de hacia dónde tenemos que avanzar. En cuanto a las barreras, las
autopistas las pagamos con el móvil, la gasolina se puede pagar con un móvil, la ORA cuando aparcamos el coche se puede pagar con un móvil; el problema es que la digitalización no ha llegado todavía a la Administración. Nos exigen facturas, y
entonces, ¿qué haces? ¿Cuando llegas a casa después de pagar todo con el móvil te diriges a cada una de las compañías suministradoras para que te manden factura? Estas son las cosas sobre las que tendríamos que reflexionar. Lo he dicho antes en
mi intervención: hay que acercar la Administración al ciudadano y no traer al ciudadano a la Administración.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Amor.


Suspendemos la sesión para recibir al siguiente compareciente. (Pausa).


- DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF (BORRA IZQUIERDO). (Número de expediente 219/001062).


El señor PRESIDENTE: Continuamos la sesión con la comparecencia de don Miguel Borra Izquierdo, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, a quien agradecemos su presencia y a quien sin más le doy la palabra
para que nos exponga cuanto tenga que decirnos para nuestro mejor trabajo en relación con una organización como la suya, de representación de intereses fundamentalmente de funcionarios públicos, y el modelo de Estado y cómo se han desarrollado estos
casi cuarenta años. Señor Borra, tiene la palabra.


El señor PRESIDENTE DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF (Borra Izquierdo): Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoras y señores diputados.


Quiero agradecer, en nombre de la organización que represento, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, su invitación a esta Comisión para trasladarles nuestro punto de vista sobre el modelo de Administración que necesita España.
Como muy bien decía el presidente, CSIF es un sindicato que tiene la condición de más representativo en el ámbito de las administraciones públicas -saben que somos tres las organizaciones sindicales que tenemos esa característica- y desde hace unos
cuantos años, aunque dificultosamente, nos estamos abriendo camino en la empresa privada. Tenemos ya más de 4000 delegados en la empresa privada, más de 30 000 afiliados y en las últimas elecciones que se celebraron en Antena 3 Noticias sacamos
trece de trece. Vamos poquito a poco, pero lo vamos intentando. Trece de trece.


En primer lugar, me gustaría señalarles el papel que, desde nuestro punto de vista, otorga la Constitución a los empleados públicos y a las administraciones. Nuestra Constitución otorga a la Administración pública la función de servir a los
intereses generales y de actuar conforme a los principios de eficacia, jerarquía y descentralización y, al mismo tiempo, con coordinación y sometimiento pleno a la ley y al derecho. Los empleados públicos somos el elemento vertebrador y
cohesionador del Estado y las distintas comunidades autónomas. Somos esenciales en el funcionamiento de este nuestro Estado, trabajamos para la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan, y sentimos las administraciones públicas como algo
nuestro, pero no como algo nuestro en sentido posesivo, sino como algo más que nuestro puesto de trabajo. Las administraciones públicas, por su parte, tienen que ser las garantes de nuestro modelo de Estado social, democrático y de derecho y, desde
luego, del Estado del bienestar: nuestros policías, nuestros carteros, nuestros médicos, nuestros bomberos, nuestros jueces, nuestros fiscales. Creemos de verdad, firmemente, en este modelo y trabajamos de manera decidida para

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preservarlo con profesionalidad, independencia e imparcialidad. Así lo hemos demostrado durante estos años de crisis, en los que hemos garantizado la viabilidad y el funcionamiento del Estado en condiciones difíciles. Recientemente, los
empleados públicos lo hemos demostrado durante la crisis institucional que se vive en Cataluña y a la que me referiré en mi intervención.


La crisis económica ha tenido efectos demoledores, sobre todo en los trabajadores. Me van a perdonar que hoy aquí solo hable de los empleados públicos, que es para lo que me han llamado. Desde luego, los empleados públicos hemos sufrido
los problemas de la crisis y esta crisis asimismo ha sacado los problemas fundamentales que tienen las administraciones públicas españolas y que tenemos que resolver. Los trabajadores públicos en los últimos años hemos sufrido campañas de
desprestigio que han sido emprendidas desde distintos sectores, desde el poder económico, político y de opinión. Se ha puesto en cuestión nuestra función, nuestro trabajo, nuestro número, todo para justificar los recortes que hemos tenido de
condiciones laborales, la pérdida de recursos humanos, a la que me referiré también luego, y la privatización de algunos servicios públicos, pero aun con estas condiciones tan duras hemos evitado -creemos- el colapso del Estado y hemos garantizado
nuestro modelo de bienestar, manteniendo a duras penas la sanidad, la educación, la gestión de las prestaciones de desempleo, la Seguridad Social, etcétera. Ustedes están en la calle y visitan los colegios, los centros sanitarios, las oficinas de
la Seguridad Social, las oficinas de empleo -donde damos la cara y, literalmente, a veces nos la han partido- para ver las condiciones en las que tenemos que trabajar los empleados públicos.


Pues bien, en este contexto, durante los últimos años se han evidenciado problemas que afectan a la gestión, a la coordinación, a la equidad y a la sostenibilidad del sistema. En unos casos entendemos que se ha tratado de errores y excesos
que se han agravado por la crisis, mientras que en otros han sido parte de las recetas que se han aplicado con los recortes que todos conocemos y que les paso someramente a referir. Desde 2010 hemos perdido 163 135 puestos de trabajo, según el
boletín estadístico, y si nos vamos a la EPA, superamos los 230 000. Concretamente, en la Administración General del Estado se han perdido catorce empleos al día desde 2010. Esto se traduce en cierres de oficinas por falta de personal, en colas en
las oficinas del SEPE, en colapsos periódicos en las oficinas del DNI, en privatizaciones en el mantenimiento, por ejemplo, del Ministerio de Defensa, en demoras en la DGT, en reducción de los investigadores del CSIC, por no hablar de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y los retrasos en la justicia. Desde CSIF abogamos por que haya el número exacto de empleados públicos, ni uno más ni uno menos. No entendemos por qué cuando se producen explosiones económicas tiene que aumentar el
número de personas que teóricamente son empleados públicos y desde luego no estamos dispuestos a consentir que cuando vengan etapas de crisis se reduzca el número de empleados públicos. Haya o no haya crisis, haya o no haya boom económico, seguirá
haciendo falta el mismo número de médicos, de maestros, de carteros, de policías, etcétera. Los empleados públicos deberíamos estar en el número justo para prestar el servicio que nuestros ciudadanos requieren. Esta pérdida de empleo es uno de los
primeros problemas que han tenido nuestras administraciones y que con la crisis se ha visto agravado.


Otro de los grandes problemas que tienen las administraciones públicas españolas es la politización de las mismas. Se ha abusado en exceso del número de asesores, del número de personal eventual. No entendemos por qué cuando se produce un
cambio de Gobierno se tienen que producir ceses de gerentes de hospitales. El gerente de un hospital será bueno independientemente del color del partido político que en ese momento esté gobernando en la comunidad autónoma. Cuando se producen
cambios en los ayuntamientos, salen y entran muchísimas personas, y ese es uno de los temas que sería necesario mirar, porque las administraciones públicas y los empleados públicos nos debemos al Estado y a los ciudadanos y el Estado es lo que queda
cuando se van o cambian los partidos políticos. Somos la estructura.


También falta transparencia en algunos aspectos, faltan mecanismos de control. Se ha abusado del gasto público, han proliferado empresas, fundaciones, organismos, entes, miles de figuras jurídicas que se han creado muchas veces para escapar
al férreo control que tenemos las administraciones públicas. Si preguntamos a los ciudadanos, todos estaremos de acuerdo en que queremos sanidad pública, justicia, policía, etcétera, pero ¿una comunidad autónoma tiene que tener una empresa pública
que se dedique a extraer sal en minas de cielo abierto? ¿Una comunidad autónoma tiene que tener una empresa pública que se dedique a construir colegios públicos? Como si no hubiera en este país empresas que saben construir colegios públicos,
privados, supermercados o lo que sea. También ha existido falta de coordinación, ausencia de bases de datos y proliferación de programas informáticos incompatibles entre sí. En justicia hay siete programas informáticos más el del ministerio, ocho,
incompatibles entre sí y con

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los programas de la Policía Nacional y de la Guardia Civil y esto no es achacable al funcionario. Ha habido y hay problemas para desarrollar y coordinar el plan de estabilización que se aprobó el año pasado, en 2017, para la oferta pública
de empleo de sanidad y educación. Falta un acuerdo político básico desde nuestro punto de vista.


El tema de las lenguas es otro de los grandes problemas que vemos. Hace dos semanas la Mesa Sectorial de Sanidad de Baleares aprobó un decreto lingüístico con el voto favorable de Comisiones Obreras, UGT, Satse y SAE y con el voto en contra
de Sindicato Médico y de CSIF, por el que se convierte, aunque de manera diferida en dos años, en requisito el conocimiento de la lengua catalana para poder trabajar en la sanidad balear. Hemos visto también cómo en el País Vasco se puntúa con 18
puntos -es verdad que se hace en la fase de méritos y de momento no es requisito- el conocimiento del euskera y con 10 puntos tener el doctorado cum laude. En Baleares, aunque todavía no se ha empezado a aplicar, ya hay consecuencias. Sé que esto
que les voy a decir les va a parecer muy anecdótico, pero empieza a tener su poso. En Ibiza se han marchado ya dos médicos de urgencias, en Menorca se han ido un anestesista y una psiquiatra, matrimonio, y en Mallorca un neurocirujano, un médico de
urgencias, un médico de familia y una enfermera, que eran pareja. El anestesista y la psiquiatra se han ido a Asturias y no van a tener problemas para encontrar trabajo, pero lo que les digo es que se está produciendo y va a continuar produciéndose
una salida de profesionales del sistema por el problema que hay con las lenguas. De todas maneras, ahora en sanidad parece que es cuando se ha despertado la duda, pero en el sistema educativo, en todas las comunidades autónomas que tienen lengua
propia, esta es un requisito para el acceso. Desde CSIF no entendemos por qué para dar matemáticas en Galicia o en el País Vasco tiene que ser un requisito conocer la lengua de esa comunidad autónoma, porque lo que realmente se está produciendo es
una exclusión del sistema del resto de los ciudadanos españoles. Cuando te reúnes con compañeros que son de Burgos, te dicen que las personas que tienen dominio del euskera se pueden presentar a las oposiciones de Castilla y León y a las de su
propia comunidad y al revés, no. Es uno de los problemas que nosotros detectamos y que genera desazón entre los empleados públicos.


En este asunto de las autonomías y del desarrollo y de la crisis hay otra cuestión que me gustaría también señalarles, que es la brecha salarial que se ha producido. Nosotros hace ya bastantes meses iniciamos una campaña 'Igual trabajo,
igual salario'. Nos congratulamos enormemente de que los compañeros de la Policía Nacional y de la Guardia Civil vean cómo se van a incrementar sus salarios hasta equiparse con los cuerpos autonómicos de seguridad, pero también lanzamos aquí que
los trabajadores, los empleados públicos de la Administración General del Estado encuentran sus salarios, comparados con el resto de las administraciones, muy por debajo y no es igual trabajo igual salario. Sé que lo primero que van a pensar
ustedes con lo que voy a decir es: son distintos empleadores, distintas administraciones, no tiene usted por qué decir eso y no tiene ninguna relación. Sin embargo, desde mi sindicato no terminamos de entender por qué un médico de Guadalajara
tiene que cobrar distinto que un médico de Alcalá de Henares y por qué es dificilísimo que un médico del Hospital Príncipe de Asturias se pueda mover al Hospital Universitario de Guadalajara, porque es prácticamente imposible la movilidad. En la
teoría existe, pero no en la práctica. Para que se hagan ustedes una idea, el último concurso de traslados que ha sacado Andalucía se hizo hace cinco años y todavía no se ha resuelto. Hablo del sistema sanitario.


En cuanto a Cataluña, me van a permitir que me extienda un poco. Para nosotros esta crisis institucional que se está dando en Cataluña es uno de los ejemplos elevados a la enésima potencia de los problemas que estábamos señalando. A raíz
de este desafío institucional, CSIF, ha manifestado su apoyo a las decisiones adoptadas para reestablecer el orden constitucional en Cataluña desde el primer momento. Y digo desde el primer momento porque nosotros a finales del año 2015 presentamos
en Barcelona los protocolos para los funcionarios, para que, en el caso de que recibieran órdenes que podían tener un componente de ilegalidad, supieran qué es lo que tenían que hacer para denunciarlas. Fuimos los primeros en sacarlo -lo sacamos
incluso antes que el Ministerio de Hacienda y Función Pública- y desde ese momento hemos seguido manteniendo la misma posición. Hoy estamos preocupados por la situación que se vive en esta comunidad autónoma ante la parálisis política e
institucional. Si la situación política en Cataluña no se soluciona vamos a tener una serie de problemas graves que, sin el intento de ser exhaustivo, me van a permitir que enumere.


En los cuerpos generales y de seguridad tenemos en estos momentos paralización y/o retrasos en relación con las siguientes materias. Se ha retrasado la devolución de la parte pendiente de la paga extra de 2012 -y estamos en 2018- pendiente
de abonar a los trabajadores públicos. Hay retrasos en la

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selección y provisión de los diferentes procesos selectivos pendientes de convocatoria en Cataluña: concursos de mérito y capacidad, promociones internas y oposiciones derivadas de las ofertas públicas de años anteriores. En este sentido,
también me gustaría señalar que la Generalidad de Cataluña ha renunciado expresamente -no este año sino en los años anteriores- a sacar plazas de Justicia. Es decir, han preferido tener personal interino a tener personal propietario y estable en el
empleo. Se ha paralizado la aplicación del acuerdo de transportes para los funcionarios de prisiones y la inversión en material necesario para la prestación del servicio público en el ámbito de bomberos. Convenios sectoriales que debían revisarse
están paralizados por falta de interlocutores que asuman las competencias por parte de la Administración. Hay dilaciones en la autorización y aprobación de partidas económicas necesarias para la prestación de servicios públicos y retrasos
significativos en la aplicación del Plan de estabilización del empleo público. No se abordan los procesos de funcionarización del personal laboral que presta servicio en la Generalidad, tal como se viene exigiendo desde Europa y, por ejemplo, se
tramitan los expedientes de la renta garantizada de ciudadanía, pero aún no se ha abonado a nadie. Desde nuestro punto de vista, los máximos responsables de algunos departamentos no asumen las decisiones que les corresponderían, invocando -sea
cierto o no- las dificultades que genera la aplicación de este 155. Se escudan en ciertos casos en el 155 para crear una atmósfera de parálisis e inacción, pero no utilizan o utilizan tarde los procedimientos que el 155 habilita. No parece que los
máximos responsables de la Administración catalana acepten de buen grado los responsables establecidos por el Gobierno del Estado. No hay absolutamente ningún tipo de negociación, no hay absolutamente ningún avance en las ofertas públicas de
empleo, etcétera. Luego cuesta muchísimo poner todo esto en marcha. Tememos que este tiempo que estamos perdiendo en estos momentos nos acabe pasando factura. Otros asuntos relevantes pendientes de negociación son la devolución de la paga extra
de 2013 y de 2014 -no olvidemos que en Cataluña se quitó la paga extra de estos años-; recuperación del complemento de productividad; fondo de acción social; fondo de pensiones, etcétera.


¿Qué propuestas les traeríamos desde CSIF a los señores y señoras diputados? Reclamaríamos a las diferentes fuerzas políticas valentía y altura de miras para alcanzar un acuerdo básico, un pacto de Estado que permita definir un modelo de
administración estable y eficaz frente a los errores y excesos que se han cometido en el pasado. Indudablemente, apostamos por unas administraciones públicas modernas, eficaces, eficientes y profesionales y que ejerzan de motor para la recuperación
económica y la creación de empleo de calidad. Entendemos que es hora de pasar página a los recortes y establecer un nuevo marco jurídico. Nos gustaría pedir que se establecieran mecanismos de coordinación eficaz a través de la Conferencia de
Presidentes con carácter vinculante y ejecutivo. Nos gustaría que se pudiera definir la estructura básica de cada administración con un plan de recursos humanos: ni un empleado público más de los necesarios ni uno menos de los imprescindibles para
prestar los servicios públicos. Proponemos eliminar la tasa de reposición y crear el empleo necesario para garantizar la prestación de los servicios únicos; establecer un catálogo de servicios públicos que única y exclusivamente deban ser
prestados por los empleados públicos y, por tanto, no se puedan privatizar; blindar la profesionalización de los empleados públicos conforme a nuestra Constitución como garantes de la neutralidad e independencia del Estado y que no se nos ponga
nunca en esas tesituras en las que a veces se nos ha intentado poner.


Estamos a favor y sería necesario desarrollar la evaluación del desempeño, promover la carrera profesional y garantizar la movilidad de nuestros trabajadores. Y cuando hablamos de movilidad, nos referimos a toda la movilidad. No entendemos
por qué un trabajador de una diputación provincial no puede concurrir a otro puesto de trabajo en su Gobierno autonómico; no entendemos por qué hay tantas dificultades para que los trabajadores sanitarios se muevan entre comunidades autónomas. Los
docentes tienen concursos bianuales: un año lo sacan para irse a otras comunidades autónomas y al año siguiente lo sacan entre comunidades autónomas. Eso, más o menos, está funcionando. Creemos también necesario crear un registro de personal
eventual y de asesores para poder saber cuántos son, quiénes son, sobre qué asesoran, cuánto cobran, qué preparación tienen, etcétera. Habría que establecer una hoja de ruta para recuperar las condiciones laborales de los empleados públicos por los
sacrificios que hemos tenido que hacer. Aquí me gustaría señalar -porque cuando es al revés también lo decimos y lo criticamos mucho- que en estos momentos estamos muy satisfechos con la interlocución que tenemos con el Ministerio de Hacienda y
Función Pública, a través de su secretaria de Estado, Elena Collado. Luego se podrá conseguir lo que se pueda conseguir, pero a nivel de interlocución estamos muy satisfechos.

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Concluyo ya mi intervención reiterando el agradecimiento por su invitación. CSIF ha tenido el privilegio como sindicato de intervenir en esta Comisión y para nosotros es muy importante. Para poder impulsar una verdadera regeneración
democrática en el ámbito laboral les pediríamos que hicieran un análisis de la Ley Orgánica de Libertad Sindical para intentar encontrar una forma de mejorar la representación sindical, con una reforma legislativa que abra los sindicatos a la
sociedad española, mucho más plural y mucho más diversa frente al actual bipartidismo sindical. No les quiero aburrir con esta cuestión, solo señalarles que en España una empresa cierra y sus delegados sindicales siguen computando en las oficinas
públicas de registro; más de 80 000 delegados sindicales hay en este momento de empresas que ya no existen y que computan a efectos de representatividad. Mientras a los partidos políticos se les exige el 3 o el 5 % para ser representativos, a los
sindicatos se nos exige el 10 %. En estos momentos hay en España casi siete millones de trabajadores que no tienen elecciones sindicales por determinadas circunstancias, bien porque son pequeñas empresas que no alcanzan el número pero sí les
afectan luego los convenios, bien porque no quieren hacer elecciones sindicales y como solamente se pueden preavisar los dos grandes sindicatos los demás lo tenemos muy difícil.


Muchísimas gracias, señor presidente; muchísimas gracias, señoras y señores diputados. Estoy a su disposición para lo que deseen preguntarme. Le dejo al presidente este documento. Tiene dos años, porque es con el que nos presentamos a
las anteriores elecciones, pero aquí viene sector a sector -educación, correos, empresa privada, sanidad, etcétera- todo lo que nosotros creemos que se podría hacer para mejorar los servicios públicos en España.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Borra, por su intervención y también por este documento, que haremos circular entre los miembros de la Comisión.


En turno de intervenciones de los grupos, comienza el Grupo Socialista por medio de la señora Cancela.


La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, presidente.


Va a ser complicado en tan poco tiempo poder, de alguna manera, responder o plantearle determinadas cuestiones sobre tantos temas que usted ha tocado en su intervención. En todo caso, le agradezco que comparezca ante esta Comisión.
Muchísimas gracias por su tiempo.


Es incuestionable el papel de las organizaciones sindicales más representativas, bien de ámbito territorial o bien de ámbito funcional, y así lo establece el propio marco constitucional. Su papel como vertebradores de la sociedad, de la
evolución de la misma y de la propia consolidación del sistema democrático es indubitado. Mi reconocimiento también por ese papel tan fundamental.


Usted ha planteado una serie de cuestiones y tengo que manifestarle que con unas estamos de acuerdo y con otras discrepamos muy profundamente en el planteamiento, pero creo que precisamente de esto se trata, de que podamos compartir
diferentes posiciones. Me gustaría plantearle una primera cuestión de carácter más genérico y luego bajar un poco más al detalle en otras cuestiones. La cuestión de carácter genérico es que con la última reforma laboral que ha tenido este país
existe una preeminencia de los convenios de empresa frente a los convenios sectoriales y yo quería plantearle, como representante de la organización sindical más representativa en el ámbito funcional, qué opina usted al respecto. Yo considero que
el hecho de que se haya debilitado de alguna manera la negociación colectiva a nivel sectorial, lo que hace es debilitar a las propias organizaciones sindicales más representativas y empresariales porque al final lo que están haciendo es ceder esa
capacidad de autonormación de las relaciones laborales, esa autonomía, que al final es el espacio que les queda, la negociación colectiva y el diálogo social, para, precisamente, autonormar el marco de relaciones laborales existentes en cada momento
en este país. El hecho de que ese ámbito de actuación se ceda y se dé preeminencia al convenio de empresa, creo que va en detrimento de las propias organizaciones empresariales, tal y como recoge nuestro marco constitucional.


Quiero decirle que coincido con usted en el diagnóstico que ha hecho sobre la situación de los funcionarios y funcionarias públicas de este país, y se lo dice una persona que es funcionaria. Compartimos la diagnosis, como también comparto
lo que usted comentaba sobre la politización excesiva que existe en este momento en la Administración pública, sobre todo porque discrepamos profundamente tanto de las externalizaciones como de la privatización de servicios, ya que muchas de esas
prestaciones pueden ser desarrolladas por los funcionarios y funcionarias públicas, que están perfectamente capacitados para hacerlo. Además, los funcionarios y las funcionarias públicas son quienes garantizan que el procedimiento

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administrativo sea efectivo y eficaz e iguale a todos los administrados y administradas frente a la Administración, sea del color político que sea. Eso también es un fundamento del propio marco constitucional. Concuerdo con usted en la
necesidad de más coordinación entre las administraciones del Estado y comunidades autónomas, pero en lo que sí discrepamos profundamente es en el planteamiento que ha hecho respecto de las lenguas. Soy de una tierra, de Galicia, donde el uso del
gallego no es ningún problema para la sociedad; los gallegos y las gallegas nos manifestamos indistintamente en un idioma o en otro, fundamentalmente porque la propia Constitución habla de cooficialidad de las lenguas. Cuando yo me presenté a la
oposición en la Xunta de Galicia, uno de los exámenes que tuve que pasar fue precisamente el del gallego. Yo me pongo en el papel del administrado, que es a quien nos debemos en las administraciones públicas, y creo que cualquier persona que tiene
que acudir a una Administración pública tiene derecho a usar indistintamente una lengua u otra y también tiene derecho a que quien le atienda utilice la lengua en la que esa persona pretenda manifestarse. Se utilizan a veces determinados recursos,
como que la exigencia de ese idioma puede ser un problema para que haya fuga de determinados funcionarios o personas especializadas a otras comunidades autónomas, y me parece que hay que ser cuidadoso con ese tipo de manifestaciones que no
compartimos y que yo no comparto de manera personal.


Para terminar, antes de que el señor presidente me dé un toque, déjeme decirle que plantea usted un tema no menor. Plantea usted la reforma de la Ley orgánica de libertad sindical porque dice que puede haber supuestos en los que, una vez
que desaparezca una empresa, sigan de alguna manera registrados sus representantes sindicales. Déjeme decirle que si usted notifica a la autoridad laboral que lleva el registro que esa empresa ya no existe -yo he tenido la oportunidad de ser
autoridad laboral-, esta lo corregirá de oficio. Por lo tanto, hay un mecanismo que ya está establecido, aunque sea tarde, porque sé que a veces se hace tarde. Lo que quiero decir es que hay un procedimiento administrativo establecido para
hacerlo.


Finalmente, teniendo en cuenta que usted habla de la brecha salarial entre determinadas condiciones laborales de funcionarios de ámbito estatal y funcionarios de ámbito autonómico -que compartimos por supuesto con usted-, me gustaría hablar
de otra brecha salarial y de otras condiciones de trabajo. Ya que estamos precisamente en esta semana y que mañana es un día señalado y un día fantástico para muchas cosas, me llama la atención que ustedes no respalden las reivindicaciones de la
inmensa mayoría de las mujeres de este país y a nivel internacional reclamando mejores condiciones de trabajo y sobre todo que desaparezca la brecha salarial y otro tipo de cuestiones que lo único que hacen es incidir en la desigualdad. Esta es,
evidentemente, la posición de este grupo parlamentario, si bien respeto la posición que tiene su organización sindical.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cancela.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Prendes.


El señor PRENDES PRENDES: Muchas gracias, señor presidente.


Muchas gracias, señor Borra, por su comparecencia y por sus aportaciones. Usted ha hecho un diagnóstico sobre cuál es la situación en términos generales de los empleados públicos en el conjunto de las administraciones públicas y he de
decirle que lo compartimos en buena medida. También quiero decirle que compartimos esa preocupación por los recortes, por las reducciones de empleo, por las modificaciones que ha habido unilateralmente en las condiciones de trabajo de los
funcionarios públicos, que han sido en buena medida los paganos de la crisis de la Administración. En ese sentido, agradezco una frase que usted ha dicho, y es que no quiere ni más ni menos empleos públicos que los que se necesitan para prestar
correctamente el servicio público, lo que viniendo de alguien que representa a esos empleados públicos es digno de destacar, que usted no apueste por la creación de más puestos de trabajo de funcionarios sino por los justos y los necesarios. Esa es
la idea que nosotros defendemos; es el servicio público a los ciudadanos el que tiene que determinar qué número de funcionarios tienen que estar adscritos a ese servicio. Creo que en muchas ocasiones no se ha hecho así, en el pasado más reciente
fundamentalmente, donde han sido criterios puramente economicistas los que han primado por encima de los criterios de servicio público.


Quiero decirle también que estamos absolutamente de acuerdo con su criterio cuando ha hablado de una Función pública más profesionalizada, huyendo de la politización de las administraciones públicas. Creemos que establecer una carrera
profesional con unos techos profesionales claros y desde luego más

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altos de los que hay ahora, sin que se llenen los puestos más altos de la Función pública de puestos de libre designación, reducir la libre designación me parece que tiene que ser un objetivo absoluto si queremos una Función pública moderna,
profesional y al servicio de los ciudadanos.


En su comparecencia ha hecho referencia de forma reiterada a la falta de coordinación entre administraciones públicas, lo que repercute en buena medida en el desempeño del trabajo de los funcionarios. Esto es algo que se ha venido
reiterando a lo largo de las comparecencias que ha habido de personas de distintos sectores, tanto del ámbito académico como del ámbito de las administraciones profesionales, ya que se ha manifestado como una idea de que necesitamos potenciar los
mecanismos de coordinación entre las administraciones públicas, ir a un modelo más cooperativo y menos competitivo entre administraciones, fundamentalmente entre comunidades autónomas y Estado central. Es verdad que es un debate que ahora está
sobre la mesa derivado de las reivindicaciones salariales de policías y guardias civiles, pero no solo afecta a esos cuerpos, sino también a otros que ya están pronunciándose en el ámbito de la sanidad, de la educación, etcétera. Más allá del
diagnóstico, que creo que podemos compartir, el principio de a igual trabajo, igual salario, ¿qué mecanismos entienden ustedes que deberían desarrollarse? El artículo 103 de la Constitución habla de la legislación en materia de Función pública del
Estado y de la legislación básica. ¿El EBEP es suficiente o habría que ir más allá y reformarlo para conseguir una verdadera coordinación y, sobre todo, un trato igual entre funcionarios que desempeñan el mismo trabajo? Usted ha hecho referencia
también a algo que nos preocupa enormemente, lo relativo a la movilidad geográfica, que se comprueba de forma más visible y sangrante con lo que está sucediendo ahora en Baleares, que no es nada más que la suma de un problema latente desde hace
muchísimo tiempo. Ahora se hace visible, pero realmente desde hace mucho tiempo hemos comprobado cómo las lenguas se han convertido en una auténtica barrera. Son las empalizadas y las fronteras que en muchos casos se han levantado para que no haya
una verdadera movilidad en el ámbito de la Función pública, de tal manera que hay comunidades autónomas que por el hecho de disponer de una lengua cooficial propia tienen blindado el acceso a sus puestos de funcionarios para personas que proceden de
otras comunidades autónomas. Esto nos parece absolutamente inadmisible en un siglo XXI moderno y en una sociedad abierta, en la que la movilidad tiene que ser uno de los elementos que debe primar. De hecho, nosotros hemos planteado una iniciativa
legislativa precisamente para que la lengua no sea en ningún caso una barrera para el acceso a la Función pública. No sé si usted considera que eso es necesario.


Ha hablado usted de un pacto básico por el modelo de las administraciones que les dé estabilidad. Yo creo que formaría parte del objeto de esta Comisión, que es precisamente la evaluación y modernización de nuestro modelo territorial. Por
tanto, deberíamos hablar de qué modelo de Administración queremos para que esté al servicio de los ciudadanos. Para nosotros esa es la vocación que debe tener; vocación de ofrecer los servicios públicos a los ciudadanos y no tanto blindar
territorios de poder de los políticos. Debe tener vocación de servicio público y, por tanto, debemos organizar las administraciones para que estén al servicio de los ciudadanos y no de otra manera.


No continúo para no abusar de la paciencia del señor presidente. Le agradezco en todo caso su comparecencia y sus aportaciones, que seguramente nos serán de mucha utilidad.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Prendes.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar, en nombre de Ciu... Compromís, el señor Baldoví.


El señor BALDOVÍ RODA: ¡Por favor!


El señor PRESIDENTE: Tolerancia, señor Baldoví. (Risas).


El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.


No pensaba hacer ninguna pregunta; de hecho, no voy a hacerla, pero he vuelto porque estoy en profundo desacuerdo con muchas de las cosas que se han manifestado aquí. Si usted se ha desahogado, me parece que yo también me puedo desahogar.


Se ha hablado del tema de la lengua. Yo soy valenciano y hablo valenciano porque me lo enseñó la persona que más me quería, mi madre, y no por hacer la puñeta a nadie, y cuando oigo determinadas

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[animaladas] 1, me enervo. Soy padre de tres hijas. Hay algunos que hablan de las barreras lingüísticas y, en cambio, son muy liberales y hablan de la libertad de enseñanza. Mis hijas pudieron hacer la escolarización primaria en
valenciano, porque tenían derecho a ello. En la secundaria fueron al instituto y no llegaron ni a la mitad las asignaturas que tenían en valenciano, a pesar de haberlo elegido. Si uno se puede descargar, otros también pueden hacerlo. No pudieron
elegir; a pesar de que su padre había elegido la lengua propia de la comunidad, no pudieron hacerlo. Y en la universidad el valenciano fue absolutamente insignificante. Por supuesto, matemáticas se pueden explicar en valenciano, en castellano, en
latín o en cualquier idioma, pero si la Constitución consagra que las lenguas son cooficiales, los ciudadanos pueden pedir en cualquier momento que la persona que les atienda, si es funcionario público -yo lo soy-, lo haga en la lengua que ellos
prefieran. Lo digo porque ha hecho referencia a ello y ha puesto algunos ejemplos en la sanidad. Yo pienso en muchas personas mayores de mi pueblo que nunca han necesitado hablar en castellano y que a la hora de contar sus síntomas no encuentran
la equivalencia en castellano. Estoy pensando en un familiar mío.


No se preocupe, ya paro de hablar de este tema para decir que estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho. Estoy muy de acuerdo con usted en que no hacía falta hacer ninguna empresa de construcción de colegios. Ya lo hacía la Administración
muy bien durante toda la vida; los encargos de construcción de colegios se licitaban y se construían. En mi comunidad, por ejemplo, se hizo una empresa para la construcción de colegios.


Por hacer una pregunta: ¿cree que las diferencias de financiación entre comunidades autónomas provocan que también haya diferencias salariales entre funcionarios de las diferentes comunidades autónomas?


Moltes gràcies, y disculpe el descargo.


El señor PRESIDENTE: Señor Baldoví, le agradezco su intervención como siempre, pero le quiero decir dos cosas. ¿Estará usted de acuerdo en que retiremos del Diario de Sesiones la expresión [animaladas] 1 en referencia a las palabras del
compareciente? (El señor Baldoví Roda: Sí). Gracias. En segundo lugar, les recuerdo a todos que, en principio, respetando siempre, como es obvio, la libertad de expresión de todos ustedes e incluso la mía, acordamos no polemizar con el
compareciente -no digo que lo hayan hecho, pero han estado en el borde mismo-, sino exponer su propio criterio sin necesidad de hacer polémica. Lo digo para hoy y para el futuro. Gracias.


En nombre de Unión del Pueblo Navarro, tiene la palabra el señor Alli. Activo de nuevo el reloj.


El señor ALLI MARTÍNEZ: Muchísimas gracias, señor presidente, por su venia y por el tiempo que me va a permitir intervenir.


Agradezco al compareciente, don Miguel Borra, presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, su comparecencia. Señor Borra, usted ha hecho una magnífica intervención, concisa y directa, con la que se podrá estar más o
menos de acuerdo, pero creo que usted ha hablado aquí de manera muy clara, y se lo quiero agradecer.


Quiero aprovechar los cinco minutos que me va a dar el presidente para decir lo siguiente. En primer lugar, quiero romper una lanza a favor de los funcionarios. Últimamente estamos escuchando que los errores políticos se están argumentando
y justificando en errores técnicos y, por tanto, en errores de los funcionarios de la Función pública, especialmente en algunos juzgados. Esto me parece indigno en muchos casos. Quiero romper una lanza, insisto, por la magnífica labor que hacen en
general los funcionarios, porque en este país, tristemente, somos muy dados a clasificar a las personas y, cuando se hace eso, se dogmatiza, y cuando se dogmatiza, duele. Pondré algunos ejemplos. El político es un corrupto. Es falso, pero se
dogmatiza y, por supuesto, duele. Igualmente se dice que una persona con discapacidad es un impedido, que un vasco o un navarro es un privilegiado o que un funcionario es un vago. Desde aquí, desde la función pública que tenemos y desde nuestra
responsabilidad política, tenemos que empezar a romper algunas normas en contra de ello.


Me van a permitir decir algo, porque parece que hay una hipersensibilidad cuando se habla de las lenguas, que yo puedo entender. Pertenezco a un partido, Unión del Pueblo Navarro, en cuyo seno, desde su fundación, tiene muy claro que
nuestras lenguas son parte de la riqueza y de la diversidad cultural de nuestro país; en especial, el euskera que hablan parte de los navarros, porque lo entendemos como parte


1 Palabra retirada del Diario de Sesiones de conformidad con los artículos 103.1 y 104.3 del Reglamento de la Cámara.

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del ser colectivo de los propios navarros. También comparto con la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista lo que ha dicho del derecho a que los funcionarios atiendan a los ciudadanos o usuarios en la lengua que requieran, por supuesto
que sí. Ahora bien, me van a permitir exponer la situación en Navarra. En Navarra existe una zonificación: una zona vascófona, que corresponde prácticamente al norte de Navarra hasta Pamplona; la comarca de Pamplona y aledaños, que es la parte
mixta; y luego la ribera de Navarra, que es una zona no vascófona. Lo que ha sucedido en Navarra es que se ha intentado romper esa zonificación y ha ocurrido lo que usted ha expuesto. A mi entender, usted no ha ido absolutamente en contra de las
lenguas, lo que usted ha venido a denunciar es lo que está pasando también en la Comunidad Foral de Navarra, en la que se está priorizando más la lengua que la propia especialización de aquellos técnicos en lo que tienen que atender. Esto me lleva
a decir lo siguiente, que quizá no tenga que ver mucho con esta comparecencia, pero lo quiero decir. Las lenguas no pertenecen a ningún país, a ninguna región, no nos pertenecen. El euskera es la lengua que se habla en Euskadi y también en
Navarra. Ahora bien, que de ahí se quiera derivar que porque se hable una lengua haya una realidad política institucional única, eso es tergiversar la parte de la historia. Perdón por este pequeño inciso que he hecho, pero, insisto, mi partido por
supuesto que está abierto a las lenguas como parte de la riqueza y la propia diversidad de nuestro país.


Para finalizar, señor Borra, con todas las aportaciones, contribuciones y mejoras que ha puesto sobre la mesa, ¿usted considera realmente que es necesaria la modificación de la Constitución española o haría falta un acuerdo político y, por
lo tanto, unos cambios normativos para llegar a algunas de las propuestas que usted ha hecho?


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alli.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Matarí.


El señor MATARÍ SÁEZ: Muchas gracias, señor presidente. Su acertada intervención de hace escasos minutos me ahorra decir lo que pensaba yo sobre alguna intervención de algún compañero; por tanto, coincido plenamente con su reflexión.


Señor Borra, muchas gracias por su comparecencia, sobre todo por su diagnóstico, por sus valoraciones y por sus aportaciones sobre lo que, a mi juicio, constituye una parte muy importante, la más importante diría yo, de la Administración
pública española, los empleados públicos, que son la piedra angular sobre la que se edifica la eficacia del sector público en España.


Con brevedad, haré alguna reflexión muy rápida y le plantearé alguna cuestión algo más concreta para que pueda completar su ya interesante exposición, señor Borra. Vienen coincidiendo la mayoría de los comparecientes -y ya son algunos los
que hemos tenido el honor de escuchar en esta Comisión- que con sus defectos, con sus fallos, con sus imperfecciones, a las que se ha referido usted en su intervención -a bastantes de ellas, por cierto-, el modelo de organización territorial de
nuestra Constitución, el Estado autonómico, es un modelo de éxito, y estos cuarenta años de vigencia constituyen una historia de éxito para nuestro país; un éxito del que forman parte todos los españoles, diría yo, y que ha sido protagonizado por
mucha gente, sin duda. Yo creo que entre esos protagonistas hay que mencionar, de manera muy destacada, a los empleados públicos, que han sabido adaptarse a la evolución del modelo territorial y que han cumplido una función no siempre reconocida
-como usted ha comentado en su intervención- por la sociedad en general.


Me gustaría aprovechar esta comparecencia del presidente de CSIF, una de las principales organizaciones representativas en el ámbito de las administraciones públicas, para agradecer y reconocer, en nombre del Grupo Popular, el trabajo y el
papel que han jugado los empleados públicos en España durante estos cuarenta años. Han sabido adaptarse a las distintas fases de implantación del modelo territorial, a su evolución con procesos de traspaso, con procesos de transferencias, y más
recientemente, durante el último año, han hecho importantes esfuerzos que han puesto de manifiesto la profesionalidad de la inmensa -por no decir todos- mayoría de los empleados públicos en España. Nosotros, desde el Grupo Popular, lo hacemos
conscientes y convencidos de que estamos reconociendo su importante labor en la prestación de los servicios públicos al conjunto de los ciudadanos en nuestro país.


El modelo de Función pública español está fundamentado sobre la base de que el régimen general del empleo público en nuestro país es el funcionarial, y encuentra su apoyo en el reconocimiento que la misma realiza en nuestra Constitución; en
el artículo 103, en el artículo 23, en el artículo 149.1.18, etcétera. La Constitución aboga por un concreto modelo de estructura administrativa y gestión pública,

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cuya piedra angular -insisto- es el empleado público funcionarial. La Función pública es una institución indispensable, a nuestro juicio, para el funcionamiento del Estado; es decir, un elemento integrado en la arquitectura del propio
orden constitucional, que la norma primera define como ese núcleo esencial de la institución que es indispensable para el legislador ordinario en el desarrollo normativo que le corresponde. Han existido un conjunto de factores y causas que han
determinado y que han llevado a la situación actual, como la fragmentación de la normativa, que establecía el régimen de personal de las administraciones públicas desde la aprobación de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de
la Función Pública, y que hasta la aparición del Estatuto Básico del Empleado Público en 2007 no contó con una normativa común en materia funcionarial para las distintas administraciones públicas.


Señor Borra, en el Estatuto Básico del Empleado Público creo que se cifraban muchas esperanzas de cambio en la Administración española, que habían ido menguando debido a la larga espera. Ese estatuto, aprobado en 2007, tiene su antecedente
en el proyecto de estatuto de Función pública de 1999, que no llegó a aprobarse -creo recordar- por la negativa del Partido Socialista en ese momento a acordar el texto con el Partido Popular. Este hecho ha limitado, sin duda, su alcance. Desde el
punto de vista de la articulación político-territorial, el EBEP insiste en la necesidad de reducir el común denominador normativo en materia de Función pública y cifra su coherencia en la cooperación o en la coordinación, que no se ha producido en
la práctica estos años o que se ha producido muy débilmente, y en el llamado principio de flexibilidad, que ha sido la justificación para reducir o eliminar las previsiones básicas. Nos encontramos, por tanto, ante un estatuto orientativo, donde el
núcleo básico es reducido y que se separa, apenas sin justificación, de la larga tradición del sistema español de Función pública y del modelo de articulación territorial establecido tras la Constitución de 1978.


Por todas estas reflexiones, señor Borra, le planteo algunas cuestiones muy concretas para concluir. En el Estatuto Básico del Empleado Público se habían depositado muchas esperanzas por parte de los empleados públicos. Si se compara con
la normativa de 1984, se observa una disminución de su componente de normativa básica para el conjunto de las administraciones públicas. ¿Qué elementos cree usted que han dificultado su efectiva implementación? ¿Qué efecto ha tenido en la
articulación de las administraciones territoriales? El Estatuto Básico del Empleado Público, en su afán de promover una llamada flexibilización de la opinión pública, debilita las competencias de los órganos centrales de la Función pública del
Estado y establece en su lugar una serie de mecanismos de cooperación que en modo alguno compensan ese debilitamiento. Se puede decir que el EBEP produce más descoordinación en el Estado autonómico, aunque a partir de 2012 -es preciso recordarlo-
se han introducido una serie de mecanismos que se dirigen a corregir las principales disfunciones creadas. ¿Qué valoración realiza usted, desde la perspectiva de coordinación del sistema de Función pública español, del EBEP? ¿Qué medidas, a su
juicio, cree que deben introducirse o que pueden introducirse para que exista un funcionamiento más armónico de la Función pública española?


Por último -porque veo la luz en rojo- le planteo dos últimas cuestiones. El EBEP atribuyó a las comunidades autónomas los sistemas de acceso, carrera, provisión de puestos y agrupación de los funcionarios locales con habilitación nacional,
desarticulando, a nuestro juicio, un colectivo fuertemente profesionalizado y de gran prestigio que había sido gestionado por el Estado desde hacía más de sesenta años. En 2013 se recuperó su consideración nacional mediante la Ley de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. ¿Qué efectos, señor Borra, tuvo el EBEP en los funcionarios locales de habilitación nacional? Por último, usted se ha mostrado muy firme -hoy lo ha vuelto a repetir- ante las presiones
realizadas contra empleados públicos desde el independentismo catalán. ¿Qué medidas cree que se pueden introducir para reforzar la neutralidad y la actuación de los empleados públicos ante posibles injerencias que vayan contra la ley y contra la
Constitución?


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Borra. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Matarí.


Señor Borra, tiene ahora la palabra para contestar lo que entienda conveniente a las observaciones que le han formulado.


El señor PRESIDENTE DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF (Borra Izquierdo): Muchísimas gracias, señor presidente.


Muchísimas gracias a todos los diputados y las diputadas. Voy a intentar contestar a todo lo que sepa y a todo lo que haya podido apuntar. Empezaré por la diputada del Grupo Socialista, la señora Cancela. Nosotros estamos a favor de que
la prevalencia sea de los convenios sectoriales. Entendemos

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que el tema de los convenios de empresa debilita la negociación colectiva y, como organización sindical, lo que queremos -ha sido una de las discusiones que hemos mantenido estos días en la Secretaría de Estado- es recuperar condiciones
laborales, eso lo primero. Si lo recuperamos a través de la negociación colectiva, estupendo, pero primero es recuperar condiciones laborales, porque es lo que influye en todos los compañeros. Esa reforma laboral a la que usted hacía referencia
además tuvo otra incidencia especial en el personal laboral de la Administración pública porque en su adicional segunda por primera vez se establece la posibilidad, aunque luego no se ha llevado a la práctica, de que el personal laboral de las
administraciones públicas pudiera ser despedido, cuando no podemos olvidar que desde el Estatuto Básico del Empleado Público lo que somos es empleados públicos, hay funcionarios, hay estatutarios -como es mi caso porque soy trabajador de la sanidad
madrileña- y está el personal laboral, que también ha superado sus procesos selectivos, etcétera. Nosotros abogamos por la negociación colectiva, como no puede ser de otra manera. Lo que ocurre es que en este país desde 2010 los empleados públicos
hemos visto cómo Gobiernos de uno y otro signo se han cargado con el recorte de 2010 acuerdos que teníamos firmados incluso a muy alto nivel, por ejemplo, un acuerdo firmado con el presidente Zapatero. Y en cuanto a los convenios colectivos que
afectaban al personal laboral, el señor Rajoy demostró que se los podía cargar y ya está. Es lógico que coincidamos en cosas sí y en otras no. Dentro de mi organización también discrepamos, como no puede ser de otra manera. Llevamos la `i´ de
independiente para todo; somos independientes a veces hasta de nosotros mismos. (Risas).


En cuanto a la discrepancia con el tema de las lenguas, además profundamente, nosotros dentro de nuestra organización hemos tenido estos debates. Nosotros tenemos muchísima presencia en Galicia, en Valencia. Hace dos semanas dimos los
premios periodísticos y al único sindicato que invitamos para que nos acompañara fue a los STPS -ahora no recuerdo cómo se llama su líder-, con el que tenemos muy buena relación. Lo que pasa es que para nosotros todo lo que usted ha planteado sobre
que es gallega y que tiene derecho indudablemente a ser atendida en su lengua, visto desde nuestra modesta perspectiva y apreciado desde el punto de vista de los empleados públicos, lo que se producen realmente son barreras de acceso a esa función
pública por parte de las personas que en ese momento de la oposición no conozcan la lengua. El ejemplo que he puesto de Baleares entiendo que es muy anecdótico, pero es que todavía no ha entrado en vigor. Solamente es un acuerdo de mesa sectorial.
No ha entrado en vigor y ya se están produciendo salidas de profesionales. Estamos hablando de un servicio de salud que ha tenido que habilitar camas en los hospitales, que alquila a médicos que van de fuera, porque con el salario que cobran no
pueden pagarse ni siquiera el alquiler de un apartamento y están durmiendo, pagando, en los propios hospitales. Si a esos médicos que ya van con esfuerzo les exigimos ahora como requisito el conocimiento de una lengua, puede ser problemático. En
los osakidetza ha habido una encuesta aproximadamente a un millón de usuarios a quienes se ha preguntado cuántos querrían ser atendidos principalmente en euskera, y ha habido doscientas mil personas que han dicho que sí y ochocientas mil han dicho
que no. Quiero decir con esto que nosotros, por supuesto, reconocemos la Constitución -ni nos atrevemos a cuestionarla-, estamos para cumplir las leyes, y la Constitución marca lo de las lenguas cooficiales, por supuesto, y los estatutos de
autonomía, etcétera, pero también la Constitución dice que los españoles tienen el derecho y el deber de conocer el español.


En cuanto a la reforma de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, efectivamente, si somos capaces de encontrar la empresa que ha cerrado, que no siempre es fácil, y vamos a la autoridad laboral y, dependiendo de la autoridad laboral, da de
baja a los delegados, perfecto, pero esto lo hemos hablado con el Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta y con mayoría simple y no lo hemos conseguido. Y es algo tan sencillo como que la Dirección General de Empleo dé una instrucción
para que, a la vez que una empresa se da de baja en Seguridad Social, se comunique a las oficinas públicas del registro, con lo cual se dan de baja esos delegados. Hay más de ochenta mil delegados de empresas que no existen por las cuales algunas
organizaciones cobran subvenciones y les sirve de representación.


En cuanto a la brecha salarial y las reivindicaciones laborales, le puedo decir que somos el único sindicato que tiene metida a una Administración en el juzgado por brecha salarial a dos mujeres en la Línea de la Concepción. El pacto de
Estado de igualdad lleva diez medidas nuestras que son específicas. Las comisiones y las subcomisiones de la Administración General del Estado llevan decenas y decenas de iniciativas nuestras. Otra cosa es que no estemos de acuerdo con la huelga
por determinados condicionantes que entendemos que no son laborales. Y nosotros como sindicato, igual he dicho que tenemos la máxima de ni un empleado más ni uno menos, también tenemos la máxima de que no nos

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metemos para nada en temas políticos. Solamente estamos en reivindicaciones laborales, y por eso respaldamos las reivindicaciones laborales que se hacen mañana, día 8 de marzo. Mañana nosotros haremos concentraciones delante de nuestras
sedes, pero no respaldamos la huelga.


Al señor Prendes, de Ciudadanos, deseo agradecerle que se haya hecho eco de gran parte de las cosas que nosotros hemos dicho. Ha hablado de la movilidad geográfica, de las lenguas que muchas veces blindan el acceso a plazas, y usted
preguntaba si sería necesario el pacto de Estado y qué modelo de Administración queremos. Efectivamente, en cuanto a la coordinación -creo que con esto contesto a alguna otra pregunta-, la mayor parte de las veces los temas que se coordinan son
técnicos. Dejemos a los técnicos. Estamos en un país en el que no nos ponemos de acuerdo ni siquiera en el calendario de vacunaciones. Dejemos a los funcionarios técnicos que se pongan de acuerdo. Gran parte de los aspectos necesarios para la
coordinación entre administraciones son temas técnicos; dejemos a los técnicos que se pongan de acuerdo en cuál es el mejor modelo y hagámosles caso.


¿Hay que reformar el EBEP para conseguir la coordinación? Lo que habría que hacer con el EBEP por lo menos es desarrollarlo. Igual que en 1999 Comisiones Obreras, UGT y nosotros estábamos apoyando ese estatuto nonato, el Estatuto Básico
del Empleado Público de 2007 también lo apoyamos los tres. ¡Hombre!, nada de lo que se logra es al cien por cien lo que tú habrías hecho. Es lógico porque, si lo consiguiéramos al cien por cien tendríamos que desaparecer al día siguiente. Pero lo
más importante del EBEP probablemente sería conseguir que se empiece a desarrollar. Es decir, en el tema de la ley de Función pública de la Administración General del Estado, nos consta que ha habido muchísimas comunidades autónomas que han estado
esperando un tiempo a ver si la Administración General del Estado daba el primer paso para ver cómo era su ley de Función pública. Como la Administración General del Estado desde hace muchos años no ha dado ese paso -ha habido miles de borradores
pero no dio ese paso-, las comunidades autónomas han tirado hacia delante, por ejemplo, Valencia hace años o Aragón, porque se han visto en la necesidad de tener su ley de Función pública. Por tanto, en cuanto al EBEP, nosotros opinamos que
probablemente lo que mejor podríamos hacer es ponerlo en marcha. Cuando cada equis tiempo algún dirigente de una organización empresarial sale hablando de la productividad de los empleados públicos, etcétera, nosotros siempre decimos lo mismo, si
desde 2007 está firmado el tema de la evaluación del desempeño, la carrera profesional, horizontal, etcétera. Ahora, entenderemos todos que no estamos hablando de empresas del sector industrial, que teóricamente tienen más estructurado cómo se mide
la productividad, y que para medir la productividad de un médico de urgencias, de un policía o un maestro habrá que establecer otros criterios. Pero, claro, los maratones se empiezan dando el primer paso. Han pasado ya diez años y no hemos
encontrado todavía quien se nos ponga a desarrollar el EBEP y la evaluación del desempeño, etcétera, porque lo urgente no está para lo importante. Estamos siempre sacando temas urgentes. Por ejemplo, ahora con la jubilación de la policía, nos
damos cuenta de repente -nosotros no- de que cuando se apliquen los coeficientes reductores de la edad de jubilación nos van a faltar policías. Estamos hablando de que en Madrid se pueden jubilar quinientas personas. Hay que tapar lo urgente, hay
que conseguir una tasa de reposición de 115 %; en fin, que necesitaríamos que, al margen de los ciclos políticos y de los ciclos sindicales, ustedes se pudieran sentar -porque son ustedes los que tienen que hacerlo- y definir entre todos qué modelo
queremos y que el modelo nos dure más de una legislatura, que nos dure tres, cuatro, cinco o seis o las que sea. Nosotros, como empleados públicos, estaremos más de acuerdo o menos de acuerdo, pero haremos lo que nos marquen las leyes, como no
poder ser de otra manera.


En respuesta a la pregunta del señor Baldoví, sí, desde luego, diferencias de financiación provocan diferencias salariales.


Al diputado de UPN deseo agradecerle la lanza que ha roto a favor de los empleados públicos por nuestra labor. Usted ha hablado de los políticos, pero me van a perdonar porque yo siempre les digo a mis hijos que no digan que su padre es
funcionario y sindicalista, porque nos pasa lo mismo. Cuando realizo intervenciones en congresos con mis compañeros siempre digo lo mismo, que en este país, gracias a Dios, hay miles y miles de políticos y miles y miles de sindicalistas que se
levantan a las siete de la mañana, que salen de su casa, que vuelven a las once de la noche y no han tocado nada. Esto es como el programa que hace un par de semanas sacó una televisión de funcionarios de Justicia en la Ciudad de Justicia de
Valencia. Pues que a los cuatro que lo hagan se les aplique el reglamento, pero hay que decir que los compañeros de Justicia de la Comunidad Valenciana en el año 2017 sacaron adelante más casos de los que entraron, con lo cual ahí está el trabajo
que están haciendo.

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En relación con la lengua, para nosotros cuanto más formado esté un empleado público indudablemente mejor. Seguramente en Baleares además de saber hablar catalán tendría que valorarse el alemán, el inglés, etcétera. Nosotros siempre
intentamos que prevalezca -indudablemente respetamos como no puede ser de otra manera la Constitución ¡por favor!- la calidad del servicio público y entonces no llama mucho la atención cuando en determinados aspectos se valora más saber hablar una
lengua cooficial de una comunidad autónoma que tener un máster en no sé dónde o que tienes que tener seis máster para poder competir en igualdad por ejemplo.


¿Es necesaria la modificación de la Constitución? A mí se me escapa; yo realmente no tengo conocimientos técnicos para saber si sería necesaria la modificación de la Constitución. A nivel personal creo que no, creo que probablemente
bastaría con un acuerdo político, es que si ustedes consiguieran un acuerdo político en este tema de las administraciones públicas daríamos todos un paso adelante importantísimo y tremendo.


Señor Matarí, no me ha dado tiempo ni a apuntar las preguntas. El Estatuto Básico del Empleado Público a nosotros nos generó mucha expectación, eso es indudable porque era un tema que llevábamos buscando hace muchísimo tiempo y el hecho de
conseguirlo ahí está. Tengo que decir que a pesar de la expectación que hubo prácticamente al poco tiempo cesaron al ministro que lo había propiciado y nos encontramos un vacío, pero generó mucha expectación que desde luego no se ha visto luego
desarrollada por lo que estamos hablando: que lo urgente ha tapado lo importante, y probablemente lo más necesario sería que pudiéramos sentarnos a desarrollarlo. ¿Que ha debilitado las competencias del Estado? Sí pero nosotros lo tenemos claro,
estamos en el Estado de las autonomías y las cosas pueden llegar hasta donde pueden llegar. Cuando nosotros nos reunimos con nuestros compañeros de otras comunidades autónomas y tratamos por ejemplo de estos procesos de estabilización que estamos
teniendo encima de la mesa -por cierto, tengo que decir que si al final conseguimos llegar a un acuerdo este año 2018 será el primer año en muchísimos años que se va a crear empleo neto en la Administración pública española-, nos piden que por qué
no establecemos desde Madrid los criterios y tenemos que decir que porque no se puede. Madrid no puede, ni debe probablemente, establecer los criterios de acceso, etcétera. Lo que sí podemos intentar es coordinarnos e intentar hallar puntos de
encuentro. Me van a permitir comentar -y perdón por los ejemplos, los de Huesca somos muy de ejemplos- que lo que no es lógico -creemos nosotros- es que en Galicia por ejemplo en las oposiciones de sanidad la fase de oposición la apruebe
prácticamente todo el mundo y en Aragón haya una oposición de celadores y las preguntas que les ponen salgan en los periódicos porque son sobre competencias de la comunidad autónoma en la aplicación del Fondo de Liquidez Autonómico, esto para ser
celador de la Comunidad Autónoma de Aragón. ¡Hombre!, entre no meternos absolutamente en nada y buscar que las comunidades tengan un punto de encuentro creo que ahí puede estar la labor del Estado.


Sobre la pregunta que usted me hacía en cuanto a los habilitados nacionales no le puedo informar en este momento, le contestaré a su grupo parlamentario sobre la influencia que tuvo el EBEP en cuanto a los habilitados nacionales.


Respecto al tema de la coordinación le doy la misma contestación que al diputado de Ciudadanos: dejar a los técnicos, creo que es dejar a los técnicos. En el caso de la Administración local y los habilitados nacionales he tenido la suerte
por ejemplo de trabajar con miembros de la Asociación de secretarios e interventores municipales y tenemos unos secretarios e interventores municipales que son unas personas preparadísimas y tienen un conocimiento extraordinario.


En cuanto a las presiones que hemos recibido en Cataluña y medidas que se pueden introducir ante posibles injerencias, simplemente que se cumpla la ley. Es decir hemos sufrido y seguimos sufriendo injerencias en estos momentos. Yo les
podría decir en privado el nombre de un afiliado nuestro que desde que ha pasado todo esto y desde nuestro posicionamiento no sé cuantas inspecciones ha recibido del inspector de Educación porque él da Historia española en español. Le podría decir
que en nuestra lista de profesores de PDI de la Politécnica de Barcelona estos han pasado de ser profesores normales a ser los peor valorados por los alumnos, y esto tiene influencia en su sueldo.


Creo, señor presidente, que no me he dejado ninguna pregunta. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Borra, por su intervención. Por cierto, la contestación por escrito que ha dicho que hará no se la haga al señor Matarí, hágasela a la Comisión, que todos tenemos necesidad de conocer sus
criterios. (La señora Cancela Rodríguez pide la palabra).


El señor PRESIDENTE: Señora Cancela.

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La señora CANCELA RODRÍGUEZ: Era únicamente para solicitarle al compareciente, ya que está mencionando que va a aportar esa respuesta por escrito, que al terminar su intervención hizo un relatorio de propuestas concretas. Nos gustaría que
también nos lo pudiera pasar por escrito y se lo agradeceríamos.


El señor PRESIDENTE DE LA CENTRAL SINDICAL INDEPENDIENTE Y DE FUNCIONARIOS, CSIF (Borra Izquierdo): Le mando la intervención completa. Se la mando al presidente.


El señor PRESIDENTE: Perfecto. Gracias. Me la manda a mí y yo la reparto con el letrado.


Con esto digo damos por concluidas las comparecencias de hoy. Les agradezco su presencia y, por decirlo así, ya recibirán noticias nuestras sobre la siguiente sesión porque tenemos problemas respecto del propósito que teníamos en relación
con los comparecientes para la semana que viene. Hay problemas que han surgido por su parte, obviamente no por la nuestra, y tendremos que tomar una decisión mañana sobre la marcha que lo haré yo mismo acompañado de algún miembro de la Mesa con los
portavoces. Gracias.


Se levanta la sesión.


Eran las seis y veinte minutos de la tarde.