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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 429, de 14/02/2018
cve: DSCD-12-CO-429
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 429
HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES
Sesión núm. 15
celebrada el miércoles,
14 de febrero de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa al impuesto sobre las transacciones financieras. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000232) ... (Página2)
- Sobre medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001057) ...
(Página8)
- Sobre la utilización de las viviendas de titularidad estatal, la regulación de los espacios y medios públicos y la supresión de privilegios. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001725)
... (Página15)
- Sobre el tratamiento del impuesto sobre el valor añadido (IVA) en las subvenciones públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002711) ...
- Sobre el establecimiento de una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
(Número de expediente 161/002820) ... (Página24)
- Relativa a incluir el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas en la evaluación encargada a la AIReF sobre el análisis en profundidad del gasto ('spending review') con el objetivo de evaluar la calidad de las
políticas públicas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002838) ... (Página29)
- Sobre la necesidad de modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que contempla privilegios fiscales para las concesionarias. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002842) ... (Página33)
Votaciones ... (Página37)
Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA AL IMPUESTO SOBRE LAS TRANSACCIONES FINANCIERAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000232).
El señor PRESIDENTE: Buenas tardes. Si les parece a sus señorías, empezamos la sesión, porque coincide, como casi siempre, con otras Comisiones y otras reuniones de subcomisiones y tenemos que intentar darle agilidad a esto, porque nos ha
pedido por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea a ver si podíamos adelantar al primer punto el cuarto en el orden del día, no va a poder ser porque falta alguno de los ponentes. Vamos a intentar ir adelantándola. Al
segundo punto tampoco podría ser porque la que lleva el segundo de uno de los grupos también tiene una intervención, por lo que es bastante complicado. Iré preguntando si están los ponentes cada vez que avancemos en un punto y a ver si así hay
manera de acceder a la petición del Grupo Confederal.
Hoy tenemos una sesión dedicada íntegramente a proposiciones no de ley sobre la base de la distribución y al acuerdo que la Mesa estableció en su día tenemos siete proposiciones no de ley y vamos a empezar con el orden del día con el punto
número 1, la proposición no de ley relativa al impuesto sobre transacciones financieras, que es una proposición del Grupo Socialista. Recuerdo las intervenciones de defensa de la enmienda tendrán unos siete minutos y unos cinco minutos para la
fijación de posición. Tiene la palabra el señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.
Este asunto, el del impuesto sobre las transacciones financieras, es un asunto recurrente. Se debatió una PNL hace más de un año, el 25 de octubre del año 2016, y se aprobó. De nuevo traemos a debate este tema para seguir empujando al
Gobierno a adoptar medidas de acuerdo con las propuestas aprobadas por este Parlamento. La inacción, desidia e incapacidad de este Gobierno ya es marca de la casa y achacable a su presidente. El menosprecio a los acuerdos de esta Cámara también.
La iniciativa de hoy reincide en un debate que sigue abierto. La fijación de una tasa a las transacciones financieras con el fin de gravar tanto la compraventa de bonos y acciones como las operaciones en los mercados derivados. Se trata de
garantizar que el sector financiero, cuyas operaciones están exentas de IVA, contribuye más a los ingresos públicos y para limitar y desincentivar los movimientos especulativos, sabiendo que especulación va a haber siempre. Pero hagámosla más
costosa, facilitemos esa arena en el engranaje de la especulación financiera que decía Tobin hace ya muchos años y con la recaudación obtenida apliquémosla a la lucha contra la pobreza, al cambio climático, a la cooperación o a la mejora de las
pensiones. No es una propuesta novedosa, se ha hablado ya muchas veces de la famosa tasa Tobin. Un concepto que se ha ido modificando y modulando con el paso del tiempo y con el que una amplia mayoría de países de la comunidad internacional están
de acuerdo más allá de las dificultades para implementarlo y optimizar su eficacia recaudatoria. Pero tenemos experiencias en Europa. Algunas fracasaron como la sueca, pero otras están obteniendo resultados razonables como la de Francia que ha
pasado de un tipo del 0,1 al 0,2 y desde el año pasado al 0,3 sin un hundimiento de las bolsas ni la fuga de sus entidades financieras. Le pediría a Ciudadanos que se deje de mensajes etéreos y de utilizar argumentos con un supuesto contenido
técnico que esconde su falta de compromiso y salga de la abstención y apoye esta iniciativa. (El señor Ten Oliver: No he hablado).
Le pediría al Partido Popular que haga algo, más allá de obstaculizar con su inacción o tirando por elevación y diciendo que hasta que no haya un impuesto en toda Europa o en el marco de una cooperación reforzada, no se puede hacer nada.
Saben que no es verdad. Tenemos la experiencia francesa
mencionada y tenemos experiencias de impuestos a la Banca en países como Reino Unido, que llevan años en vigor, que han sido defendidas por ministros de hacienda conservadores como George Osborne del Gobierno de Cameron y cuyo objetivo era
pedir a los bancos que contribuyeran al rescate social de los ciudadanos, de las personas afectadas por la crisis. Si el conjunto de la sociedad ha de asumir con sus impuestos el rescate de los bancos cuando a estos les va mal. Que se produzca una
reciprocidad, parece justo, ¿no? En el Reino Unido, centro de la City, del principal mercado financiero de Europa los bancos ahí siguen no se han marchado. No les gusta pagar impuestos y han intentado no hacerlo como aquí, pero los están pagando y
ahí siguen.
Aquí en España el Partido Socialista ha planteado un nuevo impuesto a los beneficios de la Banca, en este caso para ayudar a financiar el agujero que ustedes, el Partido Popular, ha creado en las cuentas de la Seguridad Social y para ayudar
a pagar las pensiones públicas. Ustedes también se oponen. No sé, señorías del Partido Popular y Ciudadanos, les parece mal implantar ahora en España un impuesto a las transacciones financieras. Les parece mal un impuesto a la Banca. Pero están
de acuerdo en bajar los impuestos, en continuar con los recortes en los servicios públicos de nuestro Estado del bienestar y en premiar aquellos que más tienen. Ahora con la nueva propuesta de liberar los planes de pensiones a los diez años par la
jubilación o para cualquier otra cosa. Eso sí, los mismos que acaban con los recursos de la Seguridad Social, que ponen en riesgo las pensiones Públicas, que bajan los gastos en sanidad o en educación. Han instaurado un modelo laboral en España
que genera trabajadores pobres y precarios, que con sus políticas aumentan la desigualdad. Esos mismos animan a los españoles a que ahorren para pagar sus pensiones y su educación. Defiendan su ideología, porque es ideología política y es
ideología neoliberal y de derechas, pero socialmente resulta indignante.
Como saben los tiempos parlamentarios no se corresponden siempre con la celeridad de los cambios de la actual política y económica y por eso el Grupo Socialista ha presentado una autoenmienda de modificación en los siguientes términos. El
Congreso de los Diputados insta al Gobierno a, en primer lugar, defender y exigir ante la Unión Europea la aplicación inmediata del impuesto de transacciones financieras, ITF, y en particular en el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros,
Ecofin. En segundo lugar, en tanto no se apruebe en la Unión Europea, remitir de manera urgente a las Cortes Generales un proyecto de ley de creación del impuesto sobre las transacciones financieras, con el fin de gravar tanto la compraventa de
acciones y las operaciones con derivados. En tercer lugar, establecer, en línea con los trabajos realizados en el marco de la OCDE, una tributación efectiva sobre los beneficios reales obtenidos en nuestro país por las empresas multinacionales por
su actividad económica, evitando que desvíen sus beneficios a otros países de menor presión fiscal con el objetivo de acabar con el dumping social. Este tercer apartado es nueva consideración de orden tributario que creemos que procede debatir y
confiamos que aprobar en este momento en esta Cámara.
El propio acuerdo de coalición firmado en Alemania entre la CDU y el SPD lo recoge en los siguientes términos: 'Estamos a favor de que las grandes empresas tecnológicas como Google, Apple, Facebook y Amazon, paguen los impuestos que les
corresponden. Estas empresas no pueden aprovechar la confianza fiscal entre países, hay que acabar con el dumping fiscal.' El Grupo Socialista está de acuerdo con ese contenido.
Se han presentado enmiendas también por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Ciudadanos y Grupo Popular. En relación con la del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que propone instar al
Gobierno a realizar estudios para la puesta en marcha del ITF, creemos que ya no estamos en el tiempo de los estudios, sino en la implementación del impuesto que es lo que pide nuestra iniciativa, les pedimos el apoyo a la misma. Ciudadanos plantea
mantener de hecho la actual situación de parálisis de implantación del impuesto dejando el asunto en manos del Ecofin y el Grupo Popular plantea algunas cuestiones con las que podemos estar de acuerdo, como una fiscalidad armonizada y la lucha
contra el fraude a nivel europeo. Estamos de acuerdo. Pero en lo referente a la implantación en España del impuesto sobre transacciones financieras siguen dando largas al asunto, incluso dejándolo condicionado a una futura unión fiscal, largo me
lo fiáis. El Grupo Socialista pide al resto de grupos y también al presidente, que apoyemos en este Parlamento reformas fiscales. Igual que están haciendo otros países líderes en la Unión Europea como Alemania, Francia, el Reino Unido o Portugal.
Demos el visto bueno a la creación en España del impuesto sobre transacciones financieras y a exigir a las empresas multinacionales, que paguen lo que les corresponde en nuestro país y les pedimos que apoyen la enmienda presentada en ese sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Efectivamente se han presentado cuatro enmiendas, la autoenmienda y tres más. Entiendo por la intervención del señor Lasarte que se va a votar después en los propios términos de la autoenmienda del Grupo Socialista.
En nombre del Grupo de Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
En primer lugar, decirle al portavoz del Grupo Socialista que entiendo que se traigan el discurso preparado, pero antes de que yo haya dicho nada o hayamos valorado la propuesta ponernos una posición de voto. Hemos presentado una enmienda y
nos gustaría que la valorara. Vamos a ver si esta enmienda que nos propone si la podemos valorar. Lo digo porque nos parece una cuestión de suma importancia. Hemos sufrido una crisis financiera gravísima en nuestro país. La hemos sufrido como un
anexo más de una crisis financiera global. Es verdad que los mercados financieros tienen una tendencia a autodestruirse. Hablaba Akerlof, otro premio Nobel como Tobin, de los espíritus animales, de la tendencia a generar burbujas especulativas en
los mercados financieros y, por tanto, tenemos que buscar fórmulas para que los mercados financieros internalicen los costes que generan a la sociedad. En eso estamos todos de acuerdo. Lo que ocurre es que cuando se proponen políticas públicas hay
que valorar los efectos que tienen. Dicen los americanos que el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Me parece que si implementamos una tasa como la FTT, como la tasa de transacciones financieras, solamente en España, lo más
probable es que su objetivo, que entiendo que es el objetivo en las intenciones del Grupo Socialista, es recaudar más, reducir la volatilidad en el sector financiero, reducir las burbujas especulativas, puede ser que consiga exactamente lo
contrario, que a través de un mercado con dificultades a través de implementar una tasa de este tipo acabe expulsando del mercado parte de esas transacciones. Además es sobre las transacciones, no es sobre la emisión en origen de algunos de estos
productos financieros que podría ser otra cuestión a debatir, pero en el tipo de propuesta que hacen pienso que convertir a España en una isla financiera en el euro y la Unión Europea probablemente no sea muy buena idea, por eso precisamente este
tipo de propuestas se están debatiendo en el marco europeo y en el marco del G-20, porque le recuerdo que hay otros análisis, llevamos mucho tiempo, desde que empezó la crisis, estudiando estos temas, que hablan de otro tipo de impuestos al sector
financiero en el pasivo bancario. Hay varias modalidades, en el pasivo bancario el FMI tiene un estudio reciente en el marco del G-20 en el que aborda otras posibilidades de conseguir recursos del mercado financiero para, como digo, que
internalicen los costes sociales que generan.
Por tanto, me parece un poco irresponsable plantear una propuesta que probablemente no consiga los objetivos que pretende alcanzar y que además convierta a España en una isla financiera en Europa. Entiendo que ustedes, veo que van
cambiando, porque hace unos días proponían, el señor Sánchez decía que quería arreglar el problema de las pensiones con una tasa de este tipo y luego con una tasa sobre los beneficios, pero que sea solo en España. Lo que pueden llegar a conseguir
es que acaben los consumidores pagando más dinero a través de las FIS que paguen al sacar dinero o que se acabe traduciendo en mayores costes para un sector financiero, como digo, todavía con enormes fragilidades y que además recaude menos, con lo
cual probablemente lo que deberían de hacer ustedes es estudiar un poquito más las propuestas que están sobre la mesa y plantear propuestas un poquito más elaboradas. No es baladí que esto no haya salido y que haya costado tanto conseguir un
consenso. Nosotros apoyamos, como he explicado, medidas lo más transnacionales posibles, lo más globales posibles, para que sean efectivas, no porque nos gusten que sean globales, sino porque nos gusta que las medidas, particularmente los impuestos
sean efectivos. Entiendo que el Grupo Socialista a todos los problemas, sean las pensiones o lo que le parezca, quiera poner impuestos a todo el mundo todo el tiempo. Hay veces que es mejor estudiar un poquito mejor las propuestas para no
conseguir los resultados opuestos a los que pensaban conseguir.
Dicho esto, valoraremos la enmienda que propone el Grupo Socialista a la autoenmienda y entonces fijaremos nuestra posición. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULÍAN: Muchas gracias, presidente.
Nosotros precisamente hemos presentado una enmienda en el sentido que hablaba antes el compañero y la autoenmienda entiendo que también va en la misma dirección, con lo cual la autoenmienda nos parece que avanza en el mismo sentido y vamos a
apoyarla. La idea parece que una vez escuchando al portavoz de Ciudadanos parece que estuviéramos hablando aquí de ciencia ficción en lo que proponemos. Si nos remontamos un poco atrás en el tiempo, en el 2011, fue la propia Comisión Europea la
que puso encima de la mesa la posibilidad de este impuesto de transacciones financieras, por una parte con un tipo mínimo armonizado del 0,1 para sucesiones financieras y derivados financieros hablaba del 0,01 en el que pagaban todos los
participantes. Es cierto que a mitad del 2012 los Estados miembros confirmaban la imposibilidad de encontrar un acuerdo, pero once Estados miembros, entre ellos España, expresaron su voluntad para continuar en el proceso legislativo europeo a
través de un proceso de cooperación reforzada. Incluso en diciembre de ese mismo año el Parlamento Europeo da su consentimiento y se empieza en enero de 2013 dicho procedimiento de cooperación reforzada. Este procedimiento de cooperación reforzada
que incluía la voluntad de estos once Estados miembros de continuar con la implementación del impuesto de transacciones financieras está basado en esta propuesta inicial que hablaba antes de la Comisión Europea. Además adaptándola a la realidad de
los Estados miembros participantes, obviamente. Decía que tampoco era ciencia ficción, porque hay Estados miembros que lo han implementado, lo decía antes el portavoz del Grupo Socialista. En Francia, en el 2012, se ha introducido el impuesto de
transacciones financieras como una herramienta tanto nacional pero también como palanca para las discusiones europeas. En Italia en el 2013, con un espíritu similar, también se introduce este impuesto de transacciones financieras. En España, ¿qué
es lo que ocurre? En España lamentablemente no se ha avanzado en esta dirección y el 24 de octubre del 2016 se presentó una proposición no de ley precisamente a esta Comisión de Hacienda por nuestro grupo, por el Grupo Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea, en la que se pedía exactamente eso, que el Gobierno avanzara en esta dirección y fue una PNL que se aprobó además con modificaciones del Grupo Socialista y de Ciudadanos. Por supuesto, nosotros estamos de acuerdo con
la propuesta que trae aquí el Grupo Socialista que como digo va en la misma dirección, es muy similar a la que presentamos en su momento, en el 2016, y que se aprobó por esta Cámara. Nos parece que además hay que ir más allá. No solamente instar a
que España impulse, dentro de este espacio de cooperación, el avance a este impuesto de transferencias financieras, sino que nos parece que hay que implementarlo dentro del Estado español, porque es coherente implementar dentro del Estado lo que
pretendemos hacer en el ámbito europeo, porque también nos parece que puede servir para reducir ciertas transacciones financieras, concretamente las más especulativas, porque además puede contribuir a incrementar la contribución. Solamente en
Francia en el 2015 se recaudaron casi 1000 millones en concepto de este impuesto. También puede servir para impulsar las negociaciones a nivel europeo. Presentábamos una enmienda en el sentido de avanzar no solo en el ámbito europeo, sino en el
ámbito del derecho interno y felicitamos que la autoenmienda del PSOE vaya por ese camino, por lo que también la apoyaríamos. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Madrazo.
La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Desde el Grupo Parlamentario Popular nos parece muy sorprendente la autoenmienda que ha presentado el propio Grupo Socialista, porque esta autoenmienda pone de manifiesto y deja en evidencia al propio Grupo Socialista. Se les ve demasiado
el plumero, señor Lasarte. Porque intentan ustedes pescar votos en el caladero de Podemos y es tan evidente que han pasado de instar a la Unión Europea a impulsar la implantación del impuesto de transacciones financieras a implantar en España este
impuesto de manera unilateral, como ya por cierto había propuesto Podemos a esta misma Comisión. Por tanto, señor Lasarte, hacer algo sí, pero vamos a hacerlo bien no a base de chapuzas, de ocurrencias, de enmiendas y de autoenmiendas. Porque
también quiero recordarle al señor Lasarte, ya que ha criticado el tema de los planes de pensiones que quien inventó e impulsó los planes de pensiones y animó a todos los españoles a hacerse un plan fue el señor Solbes, no sé si sabe usted quien era
el señor Solbes. Últimamente plantean ustedes continuamente modificaciones de nuestro sistema tributario y pienso que la cuestión de nuestro sistema tributario es una cuestión demasiado seria, que exige mucha responsabilidad, porque nuestro sistema
tributario mantiene también nuestro estado del bienestar y lo que es evidente es que ahora, señor Lasarte, crece con el Partido Popular la actividad económica, el empleo
y la recaudación y con ustedes se desplomaba la recaudación. Se ha mencionado aquí, el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, propuso la creación de nuevos impuestos para sostener el sistema público de pensiones y qué recibió, pues un
aluvión de críticas por parte de todos los expertos. Porque, señor Lasarte, las pensiones están garantizadas por el crecimiento económico y la creación de empleo, según pensamos desde el Grupo Parlamentario Popular. Esa propuesta, como le decía, y
la de hoy también, está cargada de demagogia, porque resulta ineficaz y además es contraproducente. Estos impuestos recaerían al final en el bolsillo de los contribuyentes y esa mayor carga fiscal daña el crecimiento y la creación de empleo. En el
Partido Popular, desde luego, no estamos en esa línea de aumentar los impuestos a los españoles.
Entrando ya en la cuestión que nos ocupa, saben perfectamente -y se ha dicho aquí- que la Comisión Europea propuso ya en el año 2011 una directiva para la implantación armonizada de este impuesto de transacciones financieras, pero en 2012,
por falta de un acuerdo, se llegó a la conclusión que no era realista intentar alcanzar ese acuerdo, por lo que Alemania y Francia propusieron a otros Estados miembros, entre ellos a España, unirse a la solicitud del inicio de un procedimiento de
cooperación reforzada para adoptar una directiva aplicable a los Estados participantes y la Comisión aprobó una segunda propuesta de directiva en el año 2013, si bien no ha contado con el respaldo unánime. Señorías, tras sucesivas reuniones de
ministros de finanzas durante los últimos años se han realizado avances muy importantes para la implantación de este impuesto. Sí que es cierto que quedan cuestiones importantes por determinar, como el tipo de gravamen o el sistema de recaudación,
pero en estas circunstancias, al no haber concluido el procedimiento de cooperación reforzada, cuyo resultado será una directiva armonizada para establecer un impuesto de transacciones financieras, no resulta conveniente la iniciativa legislativa
para la implantación en España del impuesto de transacciones financieras de forma inmediata, como proponen ustedes, y de forma no armonizada. Me interesa dejar muy clara la posición española en este asunto, que es también la posición del Gobierno y
del Grupo Parlamentario Popular. Medidas como el impuesto de transacciones financieras a nuestro entender no pueden adoptarse de forma unilateral, sino que deben ser objeto de implantación armonizada. Se recuerda además que es una medida que
afecta a la libertad reconocida por el derecho comunitario que es la libre circulación de capitales. Por tanto, les pregunto, ¿queremos ser europeos o no? Porque esa es la cuestión y el origen de todo. ¿Queremos pertenecer a ese club selecto de
la Unión Europea o no? ¿Ese es el objetivo del PSOE o simplemente persiguen competir con Podemos a ver quién lleva más votos a base de demagogia? Porque esos son los tintes que tiene esta propuesta. En caso de adaptarse de forma unilateral, como
proponen, conllevaría importantes riesgos para el funcionamiento normal de nuestros mercados y entre otros efectos no deseados provocaría deslocalización y podría incluso lastrar la competitividad de nuestras pymes dificultando el acceso a las
fuentes de financiación, un tema muy importante para nuestro desarrollo económico. En conclusión, en el ámbito de la Unión Europea España ha participado muy activamente, sigue perteneciendo al grupo de los diez que impulsan ese procedimiento de
cooperación reforzada para la implantación de un impuesto de transacciones financieras armonizado, señorías. Luego instar al Gobierno a hacer lo que ya está haciendo de manera muy activa, creemos que es solamente una declaración de intenciones,
como dije, con tintes electorales. En segundo lugar, ustedes proponen implantarle ya de manera unilateral, con los daños colaterales que ya hemos explicado y que esto tendría un efecto negativo sobre nuestro crecimiento económico y nuestra creación
de empleo. Supongo además que son conscientes de que el dinero en el siglo XXI no tiene fronteras y los mercados financieros menos, con darle a una tecla se trasladan millones de euros de unos mercados a otros. Por tanto, España apoya la
implantación del impuesto, pero de manera armonizada y minimizando los riesgos de deslocalización.
Por último, quiero proponer dos apuntes. Plantean ustedes cuál va a ser el destino de esos fondos recaudados con el impuesto de transacciones financieras, porque ustedes dicen una cosa, pero es que la Comisión Europea dice otra. Los fondos
se van a destinar al presupuesto de la Unión Europea que con la salida del Reino Unido sufren una merma importante. En segundo lugar, no podemos olvidar la situación del Reino Unido y del brexit, nos jugamos mucho ante la oportunidad de atraer a
España parte de la City londinense, Madrid está apostando por ello, porque eso supone 450 000 puestos de trabajo que para nosotros son muy importantes, no van a venir todos a España, lo sabemos, pero no vamos a perder esa oportunidad de oro para
España. Por todo ello, señorías, nos vamos a abstener, porque como he dicho participamos activamente en la implantación de este impuesto de manera armonizada, pero les proponemos una enmienda que apuesta por eso por la armonización fiscal en el
seno de la Unión Europea, tanto para la lucha contra el fraude fiscal internacional como para estudiar estas fórmulas para la creación
de un impuesto de transacciones financieras avanzando, efectivamente, porque es nuestro objetivo hacia la futura unión fiscal. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que esta Comisión ha empezado con cierta expectativa cuando oigo al portavoz socialista leyendo y dando conformidad a uno de los puntos del acuerdo de la gran coalición alemana. Veo que su compañera, portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, no le ha cogido la insinuación. (Rumores). En todo caso, ahí queda eso, igual hay futuro por aquí, deberían examinarlo.
Dicho esto, quiero hacer una reflexión -en esta tentación hemos caído todos, seguramente también mi grupo- porque cuando hablamos de reforma del sistema fiscal deberíamos hacerlo en un marco mucho más global. Es normal que apelemos a las
PNL para crear nuevos impuestos o para suprimirlos, pero entiendo que este tipo de propuestas se deberían hacer en otro seno. A lo largo de los últimos años se está hablando mucho de la necesidad de una profunda reforma del sistema fiscal español,
igual deberíamos abrir un foro de reflexión en este casa. (Un señor diputado: ¿Vais a ir?). Sí, nosotros siempre que nos invitan casi siempre vamos. (Varios señores diputados: ¡Casi, casi!). Espero que no me compute el tiempo, señor
presidente. (Risas). He visto que he levantado mucho interés entre algunos de mis compañeros de Comisión, cosa que me congratula.
En todo caso, dado que la reflexión no ha tenido mucho éxito, voy a seguir ahondando estrictamente en la proposición no de ley. Nosotros estamos de acuerdo con el planteamiento inicial. Es verdad que este impuesto sobre las transacciones
financieras tiene sus orígenes en los años setenta con la tasa Tobin, pero también es cierto que adquiere mucha más potencialidad cuando en el marco de la Unión Europea la propia Comisión hace una propuesta, que en estos momentos seguramente avanza
de una forma más lenta de lo que todos quisiéramos. Como ha dicho algún portavoz, es verdad que en estos momentos hay un procedimiento de cooperación reforzada en el que está España, que ha mostrado como país su voluntad de implementar este
impuesto, aunque esto suponga crear más impuestos. Yo estoy en contra de crear impuestos por crear impuestos, pero podemos coincidir en crearlos con algún sentido. También es cierto que mi grupo considera que debería hacerse de la forma más
armonizada posible y sin generar distorsión. Nos gustaba más la primera propuesta que la autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista, pero también deja abierto todo un procedimiento de regulación de este impuesto, incluso en cuanto a los tipos
impositivos, que no deberían ser ni los mínimos que se establecían en el marco de la Unión Europea, para empezar podrían ser menores de los que allí se marcaban. En todo caso, eso ya lo discutiríamos. Por tanto, no nos vamos a oponer a esta
propuesta porque está planteada en un sentido positivo y, si se hace bien y se regula este impuesto, aunque sea de forma singular en el conjunto del Estado español, tampoco estos efectos de distorsión tendrían que preocuparnos mucho.
Muchísimas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Cierra este punto la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo también llevaba muchos años apostando porque las instituciones comunitarias aprobaran definitivamente, también de forma coordinada, este impuesto sobre las transacciones financieras. Ya en el año 2002 el Parlamentó vasco
solicitó al Gobierno de España que impulsara esta medida. Es verdad que tras cuatro años de negociaciones, en diciembre de 2015 se alcanzó un pacto político, excepto Estonia, en el que se determinan las líneas generales del impuesto sobre las
transacciones financieras. También es cierto que desde ese momento las previsiones para alcanzar un acuerdo definitivo no llegan. Para nosotros este impuesto es una herramienta que desde luego debe ayudar a prevenir y evitar las operaciones
simplemente especulativas, que no generan empleo y solo enriquecen a quienes las practican; actividades que, por cierto, no dinamizan la economía, sino todo lo contrario. Además, la complicada situación generada por la crisis financiera en el año
2008 manifiesta la necesidad de que el sector financiero internalice también el costo social que han tenido algunos comportamientos excesivos o especulativos, sobre todo si se tienen en cuenta los importantes fondos públicos invertidos en los
rescates financieros. Por tanto, a nuestro entender, el objetivo de este impuesto
es generar equilibrio y desincentivar los comportamientos especulativos de mayor riesgo que provocaron la crisis y, además, garantizar que el sector financiero contribuya de forma equitativa y sustancial a las finanzas públicas y a la
cobertura de la crisis, generando ingresos públicos que favorezcan el desarrollo humano, la superación de las desigualdades, creando también mecanismos que restrinjan los movimientos especulativos y que devuelvan al sistema financiero su papel
instrumental al servicio de la economía real.
Por otra parte, hay que decir que este impuesto no va a perjudicar a los usuarios de servicios bancarios, ya que está destinado a gravar la compraventa a mediana y gran escala de activos financieros, una operación no cotidiana para la
mayoría de usuarios. Hemos escuchado aquí que si se adopta de esta manera nos convertiremos en una isla. Hay que decir que Francia, con su nuevo presidente, ya ha manifestado en diciembre que va a movilizarse para que el impuesto se convierta en
europeo. Francia lo tiene y precisamente no creo que sea una isla. Nosotros abogamos por este impuesto de una forma más armonizada, y también no gustaba más la primera opción del Grupo Parlamentario Socialista, pero no nos vamos a oponer porque,
como se ha dicho, esos efectos nocivos que pudiera haber, no creo que se den por no estar armonizado. En este sentido tenemos también el ejemplo de Francia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE MEDIDAS PARA REFORZAR LA INDEPENDENCIA E IMPARCIALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001057).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 2.º punto del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local
con habilitación de carácter nacional. En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a tratar de explicar la situación normativa, relatar un poco los problemas, y al final entraré en esa parte expositiva de nuestra proposición no de ley como una solución consensuada a todos los problemas que se plantean. La Ley 27/2013,
de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, contemplaba entre sus modificaciones de la Ley de Bases del Régimen Local la devolución al Estado de las competencias de formación, selección, habilitación y potestad sancionadora por
infracciones muy graves sobre dichos funcionarios, así como la previsión de que, con carácter general, los puestos de trabajo reservados a dichos funcionarios con habilitación de carácter nacional serían provistos mediante el procedimiento de
concurso de méritos. Hasta aquí perfecto, sin embargo, esta última cláusula contemplaba una excepción admitiendo el sistema de libre designación en los municipios incluidos en los artículos 111 y 135 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
es decir, aquellos municipios capitales de provincia o de comunidades autónomas, o con más de 75 000 habitantes. Esta excepción supone reservar un amplio margen de discrecionalidad para los ejecutivos de las entidades locales señaladas que, por
otra parte, son aquellas que poseen un mayor ámbito de actuación por su volumen de población y recursos gestionados, comprometiendo con ello la independencia e imparcialidad de los funcionarios con habilitación nacional. Bien, esa pérdida de
confianza evidentemente causa fundamentalmente dos efectos perversos. Primero, en la situación actual el alcalde decide parte del sueldo, decide las condiciones de trabajo y los medios de los que dispone la persona que fiscaliza. Y segundo, frente
a eso, los funcionarios apenas tienen medios de defensa, según denuncia el Consejo General de los Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local, Cosital. Las actas de reparo que presentan los interventores
cuando observan alguna irregularidad en el contrato público no son vinculantes, a excepción, evidentemente, de las suspensivas que han de debatirse en pleno. Cuando son desestimadas, en el mejor de los casos quedan como un aviso entre miles para la
posterior revisión del Tribunal de Cuentas. Los funcionarios denuncian esto y se sienten víctimas de una situación irracional. Es decir, no puede ser que los mismos a los que fiscalizamos sean los que nos tienen que pagar, no pueden ser nuestros
superiores jerárquicos; no puede ser que la persona que está fiscalizando esté sujeta a aquella persona que está siendo fiscalizada.
La naturaleza reservada y exclusivamente técnica de estas funciones que desempeñan los funcionarios de Administración local, así como la objetividad, independencia e imparcialidad que resultan necesarias en el ejercicio de las mismas,
justifican plenamente que el régimen de provisión sea exclusivamente el concurso de méritos. La pasada semana, en un informe de fecha 5 de febrero de 2018 el Tribunal de Cuentas nos trasladaba que, a 31 de diciembre, ya había recibido 35 000
resoluciones y acuerdos contrarios a reparos formulados por los órganos de intervención local correspondientes al año 2014, que superaban ya la cifra de 1300 millones de euros; pero es que en 2015 fueron 42 529 resoluciones o acuerdos y estamos
hablando aproximadamente de 1900 millones de euros.
Teniendo presente todo lo expuesto, nuestro grupo parlamentario ya presentó una proposición de ley integral -una ley ómnibus- de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, en cuya disposición final novena se recogían todos
estos aspectos, pero ante la pasividad del procedimiento legislativo del Gobierno y, además, viendo la posición del Grupo Parlamentario Socialista en estos temas de regeneración y lucha contra la corrupción, a través de esta proposición no de ley
vamos a instar al Gobierno a cumplir con el objetivo que pretendíamos inicialmente. Es decir, primero, intentar eliminar cualquier excepción que permita la utilización del sistema de libre designación, habría que intentar que casi todos los puestos
se cubrieran exclusivamente por el procedimiento de concurso de méritos. Segundo, establecer que la incoación, instrucción y aplicación del régimen sancionador para estos funcionarios sean siempre competencias de la Administración de ámbito
superior. Tercero, permitir que las corporaciones locales puedan reconocer o asignar a los funcionarios de Administración local con habilitación nacional funciones complementarias. Y cuarto, prever que las retribuciones complementarias de los
funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional se atendrán a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de los funcionarios públicos.
Señor presidente, estamos preparando un enmienda transaccional con los Grupos Parlamentarios Popular y Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea para incorporar un punto cinco, que facilitaré al resto de los grupos parlamentarios.
Con esta enmienda se enriquece el texto al instar al Gobierno a realizar también una modificación reglamentaria, con el fin de reforzar las garantías para utilizar ese procedimiento de concurso de méritos y limitar el sistema de libre designación a
aquellos casos excepcionales en los que no haya más remedio que acudir a este procedimiento.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Cuando tengan esa enmienda transaccional, la facilitan a la Mesa para proceder a la votación en sus términos.
A esta proposición no de ley se han presentado cinco enmiendas: tres del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, una del Grupo Parlamentario Socialista y otra del Grupo Parlamentario Popular. En nombre del
Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Honorato.
La señora HONORATO CHULIÁN: Muchas gracias, señor presidente.
Hoy debatimos aquí una proposición no de ley sobre medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. Antes de entrar en el fondo de la proposición no
de ley, querría llamar la atención sobre una cuestión previa. Es cierto que la Ley 27/2013 establece un nuevo régimen relativo a los funcionarios y funcionarias de la Administración local con habilitación de carácter nacional, y entre estas
modificaciones introdujo un nuevo artículo 92 bis, en cuyo apartado cuatro mandataba al Gobierno un desarrollo reglamentario que a fecha de hoy no se ha producido. Desde entonces, desde 2013, está pendiente la elaboración de este reglamento, y es
cierto que existen cuestiones urgentes tanto para el cuerpo de funcionarios habilitados con carácter nacional como para los propios ayuntamientos, ya que se producen colapsos preocupantes. Por tanto, antes de hablar del fondo de la PNL, nos parecía
importante señalar la necesidad de este desarrollo reglamentario y hemos presentado una enmienda al respecto.
Centrándonos ya en las cuestiones de las que trae causa esta proposición no de ley, se plantea la necesidad de modificar la legislación en cuatro aspectos. Primero, respecto al nombramiento, la posibilidad o no de provisión de puestos por
el procedimiento de libre designación; segundo, procedimiento sancionador; tercero, la posibilidad de atribución de otras funciones; y por último, el sistema de retribuciones complementarias. Consideramos que esta proposición no de ley plantea
un problema y unos objetivos de forma muy parcial. El asunto de los funcionarios de habilitación nacional necesita un análisis más específico, no centrado tanto en el colectivo, sino sobre todo y muy especialmente en la función que
desempeñan de control interno de legalidad y eficiencia en la escala de la Administración local. Sin duda, estos cuerpos son la primera trinchera de defensa de la legalidad y de prevención de la corrupción, y hay que realizar un trabajo
serio, concienzudo, realista, para ver cómo se mejoran estas funciones y contar con administraciones públicas que efectivamente velen por la ciudadanía, con actuaciones más transparentes, más eficientes y más eficaces. Habría que pensar en
soluciones más holísticas que trabajen desde una perspectiva más global. Por ejemplo, algún autor ha puesto encima de la mesa la posibilidad de federalización de la rendición de cuentas, que podría ser una línea de trabajo de concepción de la
función en su conjunto. Por consiguiente, pensamos que las cuestiones que se plantean son parciales y, por lo tanto, las soluciones solo podrían ser parciales.
De todas maneras, abundando en las propuestas que se ponen encima de la mesa, nosotros estamos de acuerdo con la necesidad de reducir la posibilidad de nombramientos por libre designación no solo para la Administración local, sino para todas
las administraciones públicas. Creemos que es un problema no solo de la Administración local, ya que muchas administraciones de índole autonómica tienen unos porcentajes de nombramientos por libre designación abusivos respecto al porcentaje de
provisión por concurso de méritos, por lo que nos parece necesario avanzar en una dirección que vaya eliminando la provisión de puestos por libre designación. También nos parece importante revisar el sistema de sanciones en vigor para los
funcionarios habilitados con carácter nacional, con el fin de garantizar que el desarrollo de sus funciones se realice con la máxima independencia. Sin embargo, consideramos que la fórmula que se pone encima de la mesa no es la más efectiva.
Habría que transitar hacia determinadas fórmulas que protejan de una forma más efectiva que la que se plantea en la proposición no de ley. Por ejemplo, podemos intentar actualizar el artículo 105 del Reglamento de Funcionarios de la Administración
Local, de modo que las sanciones que se puedan dictar por parte de las corporaciones no sean efectivas durante un plazo de tres meses cuando se advierta una expresa ilegalidad de algún acto o acuerdo. No digo que sea esta la solución, sino que
habría que transitar por otras fórmulas porque el hecho de que sea una Administración de carácter superior la que instruya y resuelva los procedimientos sancionadores, desgraciadamente, en muchos casos no garantiza esta independencia. Por tanto,
nos parece necesario trabajar en otras líneas. En cuanto al tercer punto sobre atribución de funciones, en tanto que es una potestad para los entes locales nos parece que no vulnera la autonomía local, pero es cierto que no es deseable confundir en
una misma persona las funciones de dirección y de control, son dos funciones que deberían estar separadas. Respecto al punto cuarto, es cierto que estamos de acuerdo en la necesidad de encontrar mecanismos que desvinculen las retribuciones de las
personas controladoras de las entidades que controlan, pero también nos parece que hay que respetar, por una parte, la autonomía local y, por otra, evitar individualizaciones injustificadas de funcionarios habilitados de carácter nacional.
En resumen, no nos sirve pasar de puntillas sobre este asunto, es necesario trabajar en una reforma integral que permita garantizar la independencia de la función, la autonomía local y mejorar el funcionamiento de las administraciones
públicas. Además, se debe trabajar no solo por parte del Gobierno, sino también con los protagonistas de esta temática, como son las asociaciones de funcionarios y habilitados de carácter nacional y también la Federación Española de Municipios y
Provincias. Este es el sentido de nuestras enmiendas. Estudiaremos la enmienda transaccional y ya les diremos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Serrano.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la iniciativa que trae aquí Ciudadanos no deja de ser una muestra más del desconocimiento de la autonomía local y, sobre todo, un nuevo ejemplo de la falta de confianza en los empleados públicos, verdaderos servidores públicos y
garantes del cumplimiento de la ley. Es verdaderamente sorprendente la obsesión por sembrar dudas sobre los empleados públicos y, en este caso, sobre los funcionarios habilitados de carácter nacional. Señorías, hay que luchar contra la corrupción
con todas nuestras fuerzas, por supuesto, y adoptar medidas de transparencia para evitar cualquier resquicio de corrupción, pero convendrán conmigo que impidiendo la capacidad de designación de provisión de puestos de trabajo no se resuelve esta
problemática. Se les olvida que en el artículo 78 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público se indica que la provisión de puestos de trabajo en las administraciones públicas se realizará mediante procedimientos basados
en los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, y contempla dos procedimientos: el concurso y la libre designación con convocatoria pública.
Por tanto, la libre designación es uno de los procedimientos de provisión de puestos de trabajo previstos en el Estatuto Básico del Empleado Público, que cumple con los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, por lo que no
parece justificado que se prive a los ayuntamientos, a una Administración Pública, en este caso local, de la posibilidad de acudir a ese procedimiento.
Señorías del Grupo Parlamentario Ciudadanos, ¿han pensado por un momento, en vez de hacer demagogia, en centrarse en las necesidades de los empleados públicos en general y de los empleados públicos de la Administración local en particular?
No copien del Grupo Parlamentario Popular esa arrogancia con la que siempre miran a los ayuntamientos como meros prestadores de servicios públicos. ¿Han pensado en la necesidad de una financiación local adecuada para poder atender las necesidades
de los vecinos; en demandar la eliminación de la tasa de reposición para que los ayuntamientos puedan tener unas plantillas de empleados públicos acordes con los servicios públicos que tienen que prestar? ¿Han pensado en solicitar la
flexibilización de la regla de gasto? ¿Han pensado en pedir que se pueda invertir el superávit o los remanentes de Tesorería en aquellos servicios o programas que el alcalde o alcaldesa entienda que son necesarios para su municipio, para las
personas o vecinos que viven en su pueblo, y no en aquellos programas que les tutela, supervisa o autoriza la Administración General del Estado? ¿Han pensado en solicitar planes de saneamiento para aquellos ayuntamientos que se encuentran en una
situación crítica desde el punto de vista financiero, que vayan más allá de esos préstamos abusivos que les ofrece el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a los que algunos ayuntamientos ni siquiera se pueden acoger? A juicio de nuestro grupo,
todo esto sí son medidas necesarias para poder implementar transparencia, eficacia y eficiencia en la Administración local, y para prestar buenos servicios públicos que redunden en beneficio de la ciudadanía. Señorías, se lo tenemos que decir una
vez más: ustedes no creen en la Administración local, no creen en el municipalismo. Y decimos esto porque no conocen el municipalismo y, lo que es más grave, no se preocupan por saber cómo se organiza el trabajo en los ayuntamientos. Por ello
aprovechan cualquier oportunidad para presentar iniciativas que no tienen ningún sentido ni solucionan ninguna de las problemáticas que tienen los vecinos. Ahora han traído esta proposición no de ley, pero, como usted ha dicho anteriormente, todo
esto ya se ha planteado en la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes. No es nueva su intención.
Ante esta pretendida reforma de la Ley 7/1985, de 6 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, el Grupo Parlamentario Socialista no puede estar de acuerdo, de ahí que hayamos presentado una enmienda solicitando la supresión de los
puntos uno, dos y cuatro. Intentaré argumentárselo. Como hemos dicho, actualmente está en trámite en el Congreso el debate de la proposición de ley integral de lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, en cuya disposición final
novena recogen lo que hoy nos proponen en esta proposición no de ley. En el punto primero se suprime la posibilidad de que los municipios capitales de provincia o de comunidad autónoma, los de más de 75 000 habitantes, las diputaciones
provinciales, áreas metropolitanas, cabildos y consejos insulares y las ciudades con estatuto de autonomía como Ceuta y Melilla, acudan al sistema de libre designación para la provisión de puestos de trabajo reservados a los funcionarios de la
Administración local con habilitación de carácter nacional. La posibilidad de acudir al sistema de libre designación para cubrir los citados puestos de trabajo se viene aplicando desde el año 1992 y se mantuvo en la Ley 7/2007, de 12 abril, del
Estatuto Básico del Empleado Público. Es más, se mantuvo hasta en la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, ley con la que el Partido Popular en el Gobierno y el señor Montoro querían
cargarse la autonomía local y todo lo relacionado con el municipalismo. Antes he aludido al artículo 78 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobada por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, que
permite ese tipo de procedimiento para la provisión de puestos de trabajo. En conclusión, no parece justificado que se prive a las administraciones locales de la posibilidad de acudir a este procedimiento, perfectamente compatible con el respeto a
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Es más, me parece lamentable que el hecho de que la libre designación sea un procedimiento de provisión de puestos de trabajo implique una sombra de duda sobre el trabajo de un funcionario
que tiene habilitación de carácter nacional. Los empleados públicos y los habilitados nacionales son funcionarios, servidores públicos, y cumplen con su obligación legal de prestar servicios públicos y ser impecables en su gestión.
Tampoco nos parece justificada la propuesta contenida en el punto dos, que pretende sustraer a las entidades locales la competencia para incoar expedientes sancionadores en favor de las comunidades autónomas o del Estado, según los casos.
Además de los problemas competenciales que pudiese plantear
esta normativa, no cabe duda de que la autonomía local, ya bastante cercenada con la regulación actual, queda prácticamente reducida a la nada en este aspecto concreto de la gestión de su personal, dejando a las administraciones locales sin
posibilidad de reacción ante posibles infracciones, siquiera leves, que pudieran cometer los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional a su servicio.
El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señoría.
La señora SERRANO JIMÉNEZ: Termino enseguida, señor presidente.
En el punto tres no tenemos inconveniente. Consideramos adecuado asignar a estos funcionarios funciones complementarias y distintas a las expresamente reservadas a su escala, pues no parece que en este punto la propuesta cercene la
autonomía de las entidades locales. Por último, la modificación que se propone en el punto cuatro es poco respetuosa con la garantía institucional de la autonomía local que establecen los artículos 137 y 140 de la Constitución. En definitiva, el
Grupo Parlamentario Socialista, de consolidada vocación municipalista, no puede compartir el espíritu de esta proposición no de ley que parte de una consideración negativa y menor de la Administración local. Es muy antiguo eso de considerar a los
alcaldes y alcaldesas como burdos manipuladores de los empleados públicos. Señorías, a los ayuntamientos no se les ayuda recortando su campo de maniobra, se les ayuda devolviéndoles lo que el Partido Popular les ha arrebatado y empoderándolos como
prestadores de servicios públicos de primera categoría.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Serrano.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor De Arriba.
El señor DE ARRIBA SÁNCHEZ: Señor presidente, señorías, como bien se ha dicho aquí esta tarde, con carácter previo queremos hacer constar que en la Comisión Constitucional del Congreso se está sustanciando una proposición de ley integral de
lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, en la que se han recogido las cuatro propuestas que se incluyen en esta PNL. No se acierta muy bien a entender que se inste al Gobierno a
presentar una ley de reforma cuando esa ley de reforma ya se está tramitando y sustanciando en el Congreso a instancias del propio grupo parlamentario. También debemos reseñar que el Grupo Parlamentario Popular ha presentado diferentes enmiendas
que afectan al contenido de las propuestas presentadas en la PNL que, como se ha señalado, ya se incluyen en la proposición de ley desarrollándose en congruencia con el contenido de las enmiendas citadas.
La libre designación es un sistema de provisión de puestos de trabajo que está regulado en el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, que en su artículo 78 establece que la provisión de puestos de trabajo en cada
Administración Pública se llevará a cabo por los procedimientos de concurso y de libre designación con convocatoria pública. Asimismo, de acuerdo con el apartado uno del mismo artículo 78, la provisión mediante libre designación, al igual que por
concurso, está dotada de garantías y requisitos objetivos y mínimos que han de cumplir los candidatos y, por lo tanto, sometida a los mismos principios, imbuida de los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad. Siendo cierto que cabría
establecer un sistema de concurso para estos puestos, la posibilidad de que con carácter excepcional -y reitero: excepcional- se establezca en sistema de libre designación para la cobertura de puestos reservados a funcionarios de la Administración
local con habilitación de carácter nacional en municipios de determinadas características, de más de 75 000 habitantes, en diputaciones provinciales, áreas metropolitanas, cabildos, consejos insulares, capitales de comunidad autónoma y ciudades con
estatuto de autonomía, Ceuta y Melilla, se considera acorde con la normativa básica establecida en el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y con respeto a los principios de autonomía local y a la propia autoorganización de las
entidades locales. Aunque podría ser de objeto de revisión -insisto- en qué supuesto se admitiría la libre designación.
Hay que tener en cuenta que los puestos reservados a estos funcionarios en las entidades locales, que excepcionalmente pueden cubrirse por libre designación, tienen su razón de ser en la especial responsabilidad y carácter directivo que
tienen atribuidos los funcionarios que detentan dichos puestos y que en los municipios de gran población, tanto el secretario general del pleno y el interventor general municipal, como en su caso el órgano de gestión tributaria, son considerados
órganos directivos. Esta
consideración, así como la atribución a estos funcionarios -como pide su iniciativa- de funciones complementarias y distintas a las expresamente reservadas a esta escala, las funciones directivas, parece que estarían en consonancia con la
posibilidad de permitir la libre designación en determinados supuestos, ya que la utilización del concurso con carácter exclusivo, dada su rigidez y méritos totalmente tasados, podría dificultar la posibilidad de atribuir otras funciones a estos
funcionarios que no sean las propias de la escala a las que está reservada el puesto.
Por tanto, aun compartiendo el objetivo perseguido con esta medida planteada de garantizar mayor independencia a los secretarios e interventores, se considera que más que prohibir o eliminar la libre designación de forma total se debería
mantener el sistema de libre designación con carácter excepcional y proponemos que sea con las garantías suficientes y con el desarrollo reglamentario previsto para que no se produzcan situaciones que puedan afectar a esa independencia e
imparcialidad de los funcionarios. Es más, cuando se trate de puestos de trabajo que tengan asignadas funciones de control y de fiscalización interna de la gestión económico financiera, presupuestaria, contabilidad, tesorería y recaudación, la
modificación del sistema de provisión de puestos de libre designación requiere, por una parte, la autorización expresa del departamento ministerial correspondiente, e igualmente, su informe para el cese de funcionarios que tengan asignadas dichas
funciones y que hubieran sido nombrados por libre designación.
El futuro reglamento por el que se regulará el régimen jurídico de estos funcionarios pendiente de desarrollo puede incluir las siguientes previsiones: requisitos excepcionales y estrictos que justifiquen la adopción del sistema de libre
designación, entre otros, por ejemplo, la imposibilidad de cubrir la vacante; selección del aspirante teniendo en cuenta la trayectoria profesional y méritos acreditados; supuestos tasados en los que cabe el cese del funcionario nombrado en un
puesto por el sistema de libre designación; y acuerdo motivado del cese en el desempeño profesional de este funcionario e incluso otras garantías al funcionario cesado por libre designación.
En cuanto al régimen sancionador las faltas muy graves están establecidas taxativamente en el Real Decreto Legislativo 5/2015, del Estatuto Básico del Empleado Público, mientras que el catálogo de faltas graves y leves, en el ámbito local,
se fija por las comunidades autónomas. Por eso, el Estado no podría asumirlas y habría que estudiar esta propuesta. El reglamento, por el que se regule el régimen jurídico de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter
nacional, debe regular las especialidades del ejercicio de la potestad disciplinaria sobre este colectivo de funcionarios. En este sentido entendemos que se debería prever la regulación de un procedimiento que coordine las competencias de las
administraciones públicas respecto a la tramitación de estos expedientes disciplinarios que se incoan a estos funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional para garantizar que la potestad disciplinaria se ejerza de
acuerdo a los principios de legalidad y presunción de inocencia, entre otros, así como para evitar la prescripción de las faltas en el caso de que existiera discrepancia respecto al órgano competente para acordar la incoación. Igualmente para
reforzar el ejercicio de la competencia sancionadora del Estado se ha creado en el Real Decreto 769/2017, en el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Hacienda y Función Pública, una unidad especializada para la
instrucción de este tipo de expedientes.
Señorías, en la actualidad la Ley de Bases de Régimen Local establece que las retribuciones básicas de los funcionarios locales tendrán la misma estructura e idéntica cuantía que las establecidas con carácter general para toda la Función
pública y que las retribuciones complementarias, cuando hablamos de complementos de destino, específico, productividad o gratificaciones, se atendrá asimismo a la estructura y criterios de valoración objetiva de las del resto de funcionarios
públicos. Su cuantía global, y no su asignación individualizada, será fijada por el pleno de la corporación dentro de los límites máximos y mínimos que se señalen por el Estado, como así establece el Real Decreto 861/1986. Este futuro reglamento
que regule el régimen jurídico de estos funcionarios puede regular como ley especial criterios para homologar las condiciones retributivas, teniendo en cuenta criterios generales y no particulares para unos determinados y concretos funcionarios, en
su caso el establecimiento de una tabla salarial común para este colectivo que debería recogerse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Finalizo, señorías. Gracias al proceso de racionalización y transformación de las administraciones públicas el Gobierno del Partido Popular ha conseguido dotarlas de racionalidad, de sostenibilidad y eficacia propias de una Administración
de nuestro siglo, moderna, cercana, flexible y transparente. Por todo lo expuesto, esperamos que sean permeables al texto alternativo presentado por nuestro grupo parlamentario y con el que estamos trabajando en estos momentos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De Arriba.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Ya les avanzo que no compartimos para nada ni el texto ni el espíritu de esta proposición no de ley. Sin que sirva de precedente, o sirviendo de precedente, tampoco viene al caso, coincido prácticamente al cien por cien con la intervención
de la portavoz del Grupo Socialista. De hecho yo le recomendaría que se leyeran y estudiasen los artículos 3 y 4 de la Carta europea de autonomía local porque, más allá de que no tienen prácticamente responsabilidad de gobierno en la Administración
local, así verían cuál es el planteamiento de lo que debe ser la Administración local en el marco del conjunto de Europa. Esto es un desconocimiento, o una desconfianza, o bien que ustedes entienden que los ayuntamientos y las diputaciones -es
decir, la Administración local- tienen que ser una pequeña descentralización dependiente absolutamente de un Gobierno o de una Administración central y tiene que ser tutelada. Por tanto, no sé qué me enseñará, pero si después me lo da, yo me lo
estudiaré con cariño y le transmitiré mi parecer.
Poner en esta proposición no de ley el argumentario de que ha habido no sé cuántos reparos, que si estos reparos suben a no sé cuántos millones de euros, es intentar manchar la gestión del día a día de la Administración local. Si se
producen circunstancias que no deseamos, lo que no puede ser es que eliminemos la capacidad de los ayuntamientos o las corporaciones locales de decidir por ellos mismos. La Administración local -tenemos que coincidir- forma parte del Estado, pero
no como un hermano mayor sino como un elemento fundamental y tiene capacidad de gestionarse y de decidir por ella misma. Cuando ustedes dicen que al final es el alcalde quien acaba decidiendo, debo decirle que el alcalde acabará decidiendo lo que
crea que tiene que decidir y quien lo controla es el pleno municipal, al igual que estas Cortes van a controlar al Gobierno. El presidente del Gobierno y sus socios deciden lo que tengan que decidir, y después se someten al control de estas
Cámaras. Por tanto, detrás de esta proposición no de ley entiendo que se encuentra un concepto de lo que debe ser el municipalismo en el conjunto del Estado español que nosotros no compartimos. (El señor Ten Oliver: Por eso estamos donde
estamos). Por eso están donde están, gobernando la mayoría de ayuntamientos de España. Yo les quiero recordar que mi fuerza política está gobernando en la mayoría de los ayuntamientos de Cataluña, las cuatro diputaciones provinciales y la mayoría
de consejos comarcales. Por tanto, no nos menosprecien tanto porque al fin y al cabo quien decide siempre son los ciudadanos, no decidimos nosotros desde nuestros cómodos sillones o escaños del Congreso.
En definitiva, esta propuesta no va a contar con nuestro apoyo. Veo difícil que cualquier transacción en torno a una proposición de estas características la podamos apoyar. En todo caso cuando nos la pasen, nos pronunciaremos
definitivamente. Les repito: confíen más en la Administración local. Entiendan que la Administración local es tan adulta como la Administración General del Estado o como las comunidades autónomas y que no debe ser excesivamente tutelada ni
controlada por nadie. Eso no quiere decir que no se les exija responsabilidad, eso no quiere decir que no se tengan que mejorar determinados procedimientos y hábitos, pero no porque los deba controlar una Administración superior.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bel.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros tampoco vamos a apoyar esta proposición no de ley porque creemos que cuando menos ustedes desconocen en general la autonomía y la autoorganización local, y concretamente en nuestro caso la reserva foral de la disposición adicional
segunda de la Ley de Régimen de Bases Locales, en donde se dice que en el ámbito de la comunidad autónoma del País Vasco la normativa reguladora de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional prevista en el
artículo 92 bis y concordantes de esta ley se aplicará de conformidad con la disposición adicional primera de la Constitución, con el artículo 149.1.18.ª de la misma y con la Ley Orgánica 3/1979, por la que se aprueba el Estatuto de Autonomía para
el País Vasco. Además, hay que tener en cuenta que todas facultades previstas a dicho personal serán ostentadas por las instituciones competentes en los términos que establezca la normativa autonómica, incluyendo la facultad de convocar
exclusivamente para su territorio
los concursos para las plazas vacantes en el mismo, así como la facultad de nombramiento a los funcionarios en dichos concursos.
Por todo ello, nosotros no vamos a apoyar esta propuesta. Además, estoy de acuerdo con el señor Bel, cuando decía que detrás de esto parece que se esconde un municipalismo centralizador y fiscalizador, donde parece que el eje es el Estado.
Por tanto, no vamos a apoyar esta proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE LA UTILIZACIÓN DE LAS VIVIENDAS DE TITULARIDAD ESTATAL, LA REGULACIÓN DE LOS ESPACIOS Y MEDIOS PÚBLICOS Y LA SUPRESIÓN DE PRIVILEGIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente
161/001725).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al 3.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la utilización de las viviendas de titularidad estatal, la regulación de los espacios y medios públicos y la supresión de privilegios, presentada por
el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana.
En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Jordà.
La señora JORDÀ I ROURA: Muchas gracias, señor presidente.
Bona tarda. Seré breve porque es una propuesta muy concreta, hoy vamos a hablar de privilegios. De hecho más concretamente esta proposición no de ley habla de la utilización de las viviendas de titularidad estatal, la regulación de los
espacios y los medios públicos y la supresión de los privilegios. A nadie le sorprende -aunque de hecho cada vez que uno coge el periódico hay algo que siempre le sorprende-, o sorprende poco porque pasa periódicamente, que los medios de
comunicación se hagan eco de noticias del uso privilegiado de medios e instalaciones de titularidad pública por parte de cargos y de funcionarios públicos. El último ejemplo de ello, porque hay más de uno, lo tenemos en una información que difundió
un programa con mucha audiencia, El Objetivo de La Sexta, donde se daba cuenta de la adjudicación por parte del Ministerio del Interior a una vivienda en Madrid al director general de Tráfico, recuerdo su nombre, don Gregorio Serrano, en este caso,
sin tener derecho a ello. Asimismo, el programa también informaba de todas las obras de acondicionamiento de la vivienda, por si no fuera poco, por un valor superior a los 50 000 euros.
Hay muchísimos otros casos, algunos más polémicos que otros. Por ejemplo, también está la utilización por parte de la entonces -esto toca al sistema de turnos del Estado español, al PSOE y también al Partido Popular- ministra de Sanidad,
Leire Pajín, de un complejo en la pequeña isla menorquina de Llatzeret, destinado al uso exclusivo del personal de Ministerio de Sanidad, a un precio evidentemente privilegiado. O el uso de una residencia militar en Pollença de uso exclusivo de
miembros, en este caso, del Ejército del Aire por parte de Telma Ortiz, la hermana de la actual reina consorte, cuando esta era princesa de Asturias.
Más allá del uso ilegítimo de estas instalaciones por parte de personas que no tenían derecho a ello, estos casos -todos ellos- han puesto de relieve que existen espacios públicos reservados exclusivamente para funcionarios de las
administraciones públicas estatales, especialmente, cabe decirlo también, por parte del Ministerio de Defensa.
Por otro lado, también hace unos años fue objeto de polémica el uso que hizo el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, del avión militar Falcon 900 en los años 2000 y 2011 para acudir a actos electorales de su
partido. En este sentido, el propio Tribunal de Cuentas reclamó la regulación específica.
La cuestión es que, si se fijan ustedes, situándonos solo diez años atrás vemos infinidad de casos donde nosotros entendemos que hay una utilización no solo de las viviendas de titularidad estatal sino también de espacios o medios públicos
que nosotros consideramos que son privilegios, porque no dejan de ser ventajas del todo innecesarias y superfluas utilizadas por una determinada gente. Por tanto, esta proposición no de ley insta, en primer lugar, a enviar al Congreso de los
Diputados en el plazo máximo de seis meses un informe con la relación de todas las viviendas y residencias de titularidad estatal, las personas que hacen uso y la finalidad del mismo, con el coste de mantenimiento desglosado, incluyendo también
reparaciones y acondicionamientos. Y en segundo lugar, presentar un proyecto de ley para la
reglamentación de los espacios y medios públicos en que se eliminen las posibles prebendas y privilegios de los funcionarios y cargos públicos.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Jordà.
A esta proposición se ha presentado una sola enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ten.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
De sobra es conocido nuestra posición. Ciudadanos está a favor de ese uso racional y solidario de los recursos públicos y evidentemente no va a estar nunca de acuerdo con los privilegios. En los Presupuestos Generales del Estado de 2017 se
destinó, por ejemplo, una partida de arrendamientos y cánones por importe de 242 millones de euros. De esta cantidad solo una fracción iría destinado a alquiler de viviendas de funcionarios y altos cargos. No obstante, aunque la cantidad no es
exactamente muy relevante merece la pena dar mayor grado de desglose y transparencia. Sin embargo, la redacción de la proposición no de ley es tan amplia que podría abarcar a las viviendas de titularidad públicas destinadas a alquiler social, por
ejemplo, y creemos que eso es un error en el desarrollo de la proposición no de ley. Por eso pensamos que la necesidad de rendir cuentas y transparencia debe centrarse en las viviendas a disposición de funcionarios y altos cargos.
La Administración central debería predicar con el ejemplo en materia de transparencia en este asunto, aunque esta misma falta de transparencia se produce también en las comunidades autónomas. A veces no tenemos certeza del destino del FLA
hacia ciertos fines ilícitos -no lo decimos nosotros, sino un juez y un fiscal-. Le puedo poner muchos más ejemplos. En Andalucía, en contestación a la pregunta del Grupo de Ciudadanos, la Junta detalló que pagaban 600 000 euros anuales para pagar
el alquiler de vivienda hasta de cincuenta y seis altos cargos. Mientras tanto la Junta de Andalucía reconocía que aún no había abonado esas 29 000 ayudas solicitadas para el alquiler a familias necesitadas correspondientes a 2015.
Les pongo el ejemplo de estos 600 000 euros para pagar directamente a estos altos cargos, pero también podemos poner el ejemplo de Cataluña porque no facilitan ninguna información. De hecho quieren hacer presidente de su comunidad a una
persona que está huida de la justicia en Bélgica, que ahora dispone de una casa. Le están financiando una casa, pero, por cierto, no sabemos realmente quién está pagando esa casa, si se la está pagando un empresario. No me imagino si a esta
señoría alguien -un empresario- le pagara la casa de la que dispone aquí en Madrid cuando viene de Valencia a trabajar.
Ciudadanos está a favor de la transparencia como principal herramienta para terminar con las corruptelas, los abusos de poder y los privilegios. No se pueden pedir sacrificios a los ciudadanos en tiempos de crisis, cuando realmente la clase
política no está dando ejemplo y se hace además de forma opaca. En este sentido, Ciudadanos entre sus primeras iniciativas presentó en el Congreso una reforma del Reglamento, donde se mostraba partidario de que los diputados tuviesen dedicación
exclusiva, se suprimiesen los coches oficiales, así como las ayudas a viviendas.
Por todo ello hemos presentado una enmienda de modificación que plantea, en primer lugar, delimitar el concepto, por eso hace hincapié en que sean aquellas viviendas destinadas a uso residencial de funcionarios y cargos públicos, y en
segundo lugar, presentar un proyecto de ley para la reglamentación de estos espacios y medios públicos que garanticen esa transparencia y gestión eficiente y que eliminen las situaciones de arbitrariedad y privilegios. Desde nuestro grupo
parlamentario, si se acepta esta enmienda de modificación, votaremos a favor de la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.
El señor BEL ACCENSI: De hecho no tenía la intención de intervenir, más allá que para posicionarme a favor y decir que íbamos a votar favorablemente la propuesta porque nos parecía razonable. Pero, claro, uno escucha la intervención del
portavoz de Ciudadanos, que no deja de aprovechar ninguna ocasión para generar dudas y decir que todo es culpa del procés y que en Cataluña se gastan el FLA de forma incierta, y tengo que intervenir. Oiga, quienes gobiernan son sus socios. (Los
señores Ten Oliver y De la Torre Díaz hacen gestos negativos). Sí, sí, que son socios. ¿No son socios? Vamos a ver, hagamos
memoria. ¿Quién invistió al presidente Rajoy? ¡Ah! Fue con los votos favorables de Ciudadanos. Vale, vale, pero no son socios. ¿Quién aprobó el presupuesto? ¡Ah! Se aprobó con los votos favorables de Ciudadanos, pero no son socios.
Hombre, gesticulan mucho, se hacen los enfadados, que si no me tienes en cuenta, que si sois muy malos, que vosotros lleváis muchos años, que nosotros somos jóvenes, nuevos y perfectamente preparados... Pero, claro, ustedes tienen esa
responsabilidad. Si ustedes tienen dudan de cómo se ha gestionado el FLA -les recuerdo que el FLA no es una transferencia, no es capítulo 4 ni es capítulo 7 a fondo perdido, sino un préstamo-, si tienen dudas de si el FLA se ha destinado a
objetivos perversos, inconfensables y piensan que al señor Montoro se la han dado con queso, hablen con el señor Montoro. Sí, hablen con el Montoro, pero no vayan sembrando dudas constantemente de todos. (Rumores).
Ya que ustedes han hablado del FLA, yo voy aprovechar para hablar de este tema. El FLA no es ningún favor; la sensación que tenemos los catalanes es que con nuestros impuestos, que no retornan como debían retornar, se nos presta dinero
para que lo paguemos con intereses a posteriori. Por tanto, no es ningún favor. No sé si conocen cómo está instrumentado el FLA, o si sus socios que gobiernan se lo han explicado o no. El FLA es un procedimiento por el cual el Estado paga
directamente al proveedor aquella factura que ha sido anteriormente intervenida, validada y con consignación presupuestaria por parte de la Intervención General de la Generalitat o de cada uno de los ministerios. Además, es absolutamente después
verificada o controlada por parte de la Administración del Estado. Por tanto, ninguna duda al respecto.
La propuesta de Esquerra Republicana nos parece muy bien, la vamos a apoyar y esperamos que se apruebe. Cuando quieran discutir o tener una PNL sobre el FLA, la traen, la discutimos y la validamos, pero no dejen ninguna duda respecto a la
utilización de estos fondos que -repito- son un préstamo que se retorna con los correspondientes intereses.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Nosotros estamos también a favor de un uso racional tanto de las viviendas como de este tipo de espacios. Para nosotros esta proposición no de ley estaba muy ligada al concepto de transparencia, un valor instrumental vinculado al buen
gobierno, ya que mejora el escrutinio público y promueve la rendición de cuentas, incrementando la legitimidad y desde luego ayuda a restaurar la confianza. Privilegios como los descritos en la proposición no de ley no favorecen este buen gobierno
y creemos que redundan en detrimento de la transparencia. Por eso la vamos a apoyar, en aras de que puedan existir normas, procedimientos para asegurar esa rendición de cuentas y la integridad de todos los actos políticos que trabajan para un
Gobierno y se eviten situaciones privilegiadas. También me gustaría decir que en esa línea ya Jeremy Bentham, el filósofo economista o pensador inglés, decía en sus estudios sobre el control social que la transparencia permitía evitar conductas
dañinas a la sociedad. 'Cuanto más te observo, mejor te comportas', escribía en una serie de libros. Y es que las democracias con más controles y balances de poder, las transparentes y las que respetan la imparcialidad de la Administración, son
también las más eficientes, seguras y equitativas. Por todo ello votaremos a favor de esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Ramos.
La señora RAMOS JORDÁN: Buenas tardes.
Nosotros vamos a apoyar también la proposición no de ley de Esquerra Republicana. Nos parece realmente grave que se produzcan estos usos abusivos de viviendas de titularidad estatal, ya que estas instalaciones pertenecen a la ciudadanía y
su uso debe estar regulado. Además, consideramos que los casos citados en la exposición de motivos por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana son aún más graves, ya que no solo se trata de un uso privilegiado por parte de cargos y
funcionarios públicos, sino que además no se ha seguido el procedimiento adecuado por la legislación vigente. Por ejemplo, en el caso de la adjudicación del ministro del Interior de la vivienda de Madrid se ha incumplido la Orden de 19 de mayo de
2005, adjudicando dicha vivienda a dedo a alguien que ni siquiera formaba parte del cuerpo. Por tanto, urge evitar que en el futuro se vuelvan a producir estos abusos. Por ello estamos a favor de que
dicho uso se regule y se eliminen los privilegios y disfrutes de los mismos por parte de cargos públicos y funcionarios y funcionarias. Además, creemos que también es necesario que se establezca un control a posteriori de los procedimientos
que se han seguido para el uso de dichas instalaciones, respondiendo a criterios de transparencia y de código ético, así como que se establezcan las acciones correspondientes en caso de incumplimiento. Por eso, votaremos a favor de la proposición
no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ramos.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Hurtado.
El señor HURTADO ZURERA: Gracias, presidente.
Cuando leí la exposición de motivos de esta proposición no de ley, que me la asignó mi compañera Patricia, miré quién la firmaba y comprobé que la firmaba el señor Rufián. Entonces me acordé de una canción de Rosendo Mercado que decía:
Estoy aquí loco por incordiar. (Risas). Después seguí leyendo, porque la exposición de motivos es eso, un incordio total. Habla de infinitos casos, pero se refiere solo a cuatro casos, y no sé si los cuatros son cuestionables. Independientemente
de eso, seguí leyendo la proposición no de ley. Sin embargo, al leer la propuesta me dije que había que aprobarla, porque permite avanzar en transparencia, y nosotros la vamos a apoyar. Yo no estoy con edad de incordiar, pero el avance en
transparencia sí que lo aplaudo. En este tema de las prebendas y privilegios hay mucha demagogia y poca verdad.
Le voy a decir algo. Lo que es evidente es que la utilización del dinero o del patrimonio público es legítimamente cuestionable, porque yo le puedo dar una finalidad distinta a la que le pueda dar usted; siempre es legítimamente
cuestionable, porque es dinero de todos y patrimonio de todos. En ese sentido, cabe la crítica legítima. Yo aplaudo que los medios de comunicación digan: Este señor ha utilizado esto y creemos que no debería hacerlo. Es legítimamente criticable,
pero otra cuestión es si es legal o no. Creo que aquí estamos mezclando lo que es legítimamente criticable, porque yo haría un uso distinto del patrimonio del Estado y del dinero público, con lo que es ilegal. Repito, estamos haciendo una mezcla
para que todo lo criticable sea ilegal y, evidentemente, todo lo ilegal sea criticable. Ni una cosa ni otra. Lo criticable es legítimo, pero lo ilegal es denunciable ante el juzgado de guardia y no solo criticable. Si realmente considero que algo
es ilegal no me quedo en la mera crítica, sino que me voy al juzgado de guardia y digo: Esto es una ilegalidad y se tiene que reparar.
Seamos razonables y no hagamos de la demagogia el debate político, porque entonces estamos perdiendo el respeto a esta institución. Le voy a poner un caso de demagogia. Estoy harto de escuchar -ya ni lo critico- que como diputado tengo una
pensión vitalicia. Me dicen: Eres un privilegiado porque tienes una pensión vitalicia. Yo digo: Dios mío, ojalá tuviera una pensión vitalicia, pero yo tengo que cotizar mis años, igual que cualquier otro trabajador. Eso que es criticable, la
utilización del dinero público, porque lo mismo creen que ganamos mucho, no se puede plantear como una ilegalidad, que es como ustedes lo están planteando.
El fondo del asunto: el avance en la transparencia. Ustedes hablan de una relación de bienes, y estamos totalmente de acuerdo. Por cierto, nosotros la tenemos solicitada. No hace falta poner un plazo de seis meses porque el Grupo
Parlamentario Socialista tiene solicitada una relación de bienes por ministerio y organismo en la que estén las viviendas y residencias, así como el uso que se hace de ellas. Espero que la elaboren antes de los seis meses que se solicitan en esta
PNL. Pero lo que también se establece en esta proposición que se presente un proyecto de ley, como si esto se estuviese asignando sin orden ni concierto. Creo que deberían preparárselo, argumentarlo y saber lo que actualmente está regulado al
respecto. Hay una Ley del año 1996, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, en cuyo artículo 106 se especifica el establecimiento de la gestión y la utilización de las viviendas pertenecientes al Estado y donde se habla de que los
cargos públicos y funcionarios que puedan hacer uso de las mismas tienen que tenerlo suficientemente justificado, cubrir los gastos de mantenimiento correspondientes e incluso algunas obras de adaptación, y donde se establece, por otra parte, la
necesidad de reglamentar con posterioridad, porque se encomienda a cada uno de los ministerios...
El señor PRESIDENTE: Señor Hurtado, debe terminar.
El señor HURTADO ZURERA: Voy concluyendo.
...la gestión y la responsabilidad sobre el uso de esas viviendas y de esos espacios públicos.
Nosotros, repito, hemos pedido la reglamentación, pero no la hemos conseguido. Creo que no está reglamentado. Pienso que lo que hace falta es seguir avanzando, pero no nos vamos a negar a que sea un proyecto de ley, porque nos parece que
significa avanzar en transparencia. Aplaudimos las propuestas, pero no el incordio, porque es innecesario, y, desde luego, personalmente denuncio vuestra demagogia.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Marí.
El señor MARÍ BOSÓ: Gracias, señor presidente.
La verdad es que a fuer de ser tildado de bipartidista y quemado en la hoguera de la vieja política, necesariamente tengo que referirme de forma inmediata a la intervención del señor Hurtado y convenir con muchas de las cuestiones que él ha
planteado. Mientras escuchaba al señor Hurtado pensaba: menos mal que alguien pone algo de sentido común en este debate que plantea Esquerra Republicana con esta proposición no de ley. El Grupo Popular está a favor de eliminar prebendas,
privilegios, todo lo que signifique un uso indebido de recursos, de fondos y de medios públicos. Esto es así. Pero también he oído decir al señor Bel que no iba a intervenir en este tema y luego ha saltado como un resorte cuando el portavoz de
Ciudadanos ha sembrado dudas... (Pausa). Veo que no está el señor Bel.
El señor PRESIDENTE: Puede hablar tranquilamente.
El señor MARÍ BOSÓ:...en cuestiones que afectan al señor Bel, a su partido y al lío que tienen que montado. Pero es que la realidad de la proposición no de ley son las dudas. Este es el meollo de la cuestión. Basta venir aquí y decir que
hay prebendas, hay privilegios, como la señora Jordà que dice que hay infinidad, y luego solo ha citado, como bien decía el señor Hurtado, dos o tres. (La señora Jordà i Roura: No voy a estar toda la tarde enumerando). Ya sé que el tiempo es
corto, y basta con que usted diga etcétera. Lo que creo que hay que hacer es debatir la cuestión en profundidad.
El Grupo Popular no va a apoyar esta proposición no de ley presentada, porque lo que se solicita, que es una ley que reglamente la utilización de espacios y medios públicos, ya tiene regulación legal, y lo indicaba el señor Hurtado -vamos a
salir de aquí con el bipartidismo en volandas-. El artículo 106 de la Ley 13/1996 atribuye al Gobierno delimitar los supuestos en los cuales los empleados públicos pueden acceder al disfrute de una vivienda en razón de trabajo o cargo desempeñado.
Es de destacar, señorías, que hablamos de una regulación legal aprobada por el Partido Popular en 1996. Es verdad que en ese año -lo digo con sumo respeto hacia el trabajo realizado por los medios de comunicación- no existía el programa del que nos
ha hablado la señora Jordà ni tampoco existían los partidos de la nueva política, pero ya existía el Partido Popular preocupándose por todo lo que se refiere a una mayor transparencia en la utilización de los espacios y recursos públicos. No es
necesaria una ley de reglamentación de espacios públicos en el sentido en el que se solicita en la proposición no de ley, porque la regulación legal está en el artículo 106, que atribuye la acción al Gobierno. Lo necesario es hacer desarrollos
reglamentarios, algunos de los cuales se han producido.
Además de lo anterior, nos interesaría destacar algunas cuestiones. Primero, el esfuerzo de transparencia y racionalización en materia de bienes públicos del Estado, que ha sido ingente durante estos seis años de Gobierno del Partido
Popular. Con el Gobierno del Partido Popular, por primera vez hay un portal de transparencia, se ha elaborado la Ley 19/2013, de transparencia y acceso a la información pública, así como también se han establecido mayores controles mediante la Ley
3/2015, reguladora del ejercicio del cargo público. ¿Hay que dar más pasos? Sí, hay que darlos. Pero hoy nos interesa informar a los proponentes de las leyes que están vigentes.
Segundo, toda la información relativa a la totalidad de inmuebles de titularidad del sector público estatal, toda, señorías, se recoge en la aplicación CIBI, donde puede consultarse la categoría de los bienes, sus adscripciones y diversas
cuestiones al respecto.
Tercero, puede conocerse el uso al que se destinan los diferentes inmuebles en los distintos departamentos ministeriales y organismos -que es lo que el señor Hurtado ha solicitado por escrito-, ya que previa petición es de acceso público.
Cuarto, en el Ministerio de Defensa tenemos larga tradición de regulación de toda esta cuestión a través del Instituto de Vivienda, Infraestructuras y Equipamiento para la Defensa. Lo último es el Real Decreto 1080/2017, que regula todas
las cuestiones relativas a quién tiene posibilidad de acceso, quién no, cómo se hace, etcétera.
Señorías, es claro el permanente esfuerzo de transparencia que está haciendo el Partido Popular en esta materia. Es un gran esfuerzo que, por supuesto, debe continuar, y así lo vamos a seguir haciendo, pero sin demagogias y sin necesidad de
una regulación legal que ya existe.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Marí.
Señora Jordà, entiendo que la proposición se votará en sus propios términos. (Asentimiento). Muchas gracias.
- SOBRE EL TRATAMIENTO DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO (IVA) EN LAS SUBVENCIONES PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002711).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto cuarto del orden del día, proposición no de ley sobre el tratamiento del impuesto sobre el valor añadido en las subvenciones públicas, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Tiene la palabra el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente.
Si en la anterior PNL la respuesta era bipartidista, vamos a tratar de que ahora sea lo más multipartidista posible, con el ánimo positivo y constructivo de solucionar el problema que traemos a esta Comisión. Desde hace un tiempo, la
Agencia Tributaria viene reclamando el pago del IVA por las subvenciones y aportaciones públicas que reciben tanto centros o equipamientos culturales como organismos que gestionan transporte público, televisiones públicas o centros de investigación
científica. Esto históricamente no era así, no se tributaba por el IVA de estas subvenciones y aportaciones y se podía deducir el IVA soportado sin ningún problema. Este cambio de doctrina tuvo su origen en una interpretación de dos sentencias del
Tribunal de Justicia de la Unión Europea del año 2014, según las cuales las empresas subvencionadas tributaban el IVA si la subvención afectaba al precio del servicio y si se entendía que vulneraba la competencia. Fue un criterio que se trasladó a
la Ley del IVA del año 2015.
Esa interpretación, porque, en definitiva, hablamos de interpretaciones, generó una gran alarma en los gestores de estos organismos culturales, televisiones autonómicas, centros de gestión de transporte público que, evidentemente, en sus
presupuestos no habían previsto el pago de este IVA. Con el fin de garantizar la seguridad jurídica, de solventar este problema interpretativo, de común acuerdo entre los grupos parlamentarios y el Gobierno, en el proyecto de ley de contratos del
sector público se introdujo una disposición que modificaba la Ley del IVA, en la que se aclaró la interpretación del concepto de subvención vinculada a precio y se excluyeron de esa consideración las aportaciones de las administraciones públicas que
se realizan para financiar servicios u organismos, entendiendo que este tipo de aportaciones o subvenciones no distorsionaban la competencia. Quiero señalar que fue un trabajo en equipo, a partir de las enmiendas presentadas por diferentes grupos,
y que hubo un diálogo entre el Gobierno del Estado y el Gobierno de la Generalitat -estamos hablando de julio el año pasado-. Esta es la prueba de que, cuando se quiere, el diálogo es posible y de que la voluntad política puede resolver problemas
concretos, en este caso de este tipo de entidades y organismos.
La Ley entró en vigor el 10 de noviembre del año pasado, pero desgraciadamente el problema ha continuado porque la Agencia Tributaria viene requiriendo el pago de ese IVA del periodo anterior, del que no ha prescrito, de los cuatro años
anteriores. Evidentemente, tengo que poner ejemplos catalanes, como el Festival Temporada Alta, el Teatre Lliure, el Macba, El Mercat de les Flors, las televisiones autonómicas de toda España y también los centros culturales de toda España, porque
este no es un problema que afecte solo a Cataluña, sino al conjunto de España; la peculiaridad catalana aquí es el tipo de consorcios, la composición público-privada de estos organismos. Esto ha generado una gran alarma, ya que el pago de esas
cantidades de los periodos anteriores en muchos casos supera el millón de euros, lo que puede suponer la quiebra, la desaparición de este tipo de organismos, así como que ayuntamientos y comunidades autónomas tengan que aportar esos recursos. La
propia alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se reunió con estas entidades y organismos e hizo llegar una carta al ministro Montoro para encontrar una solución a esta cuestión que, como les decía, pone en grave riesgo a entes culturales, centros
científicos, televisiones autonómicas de todo el Estado y organismos de transporte.
¿Qué pretendemos con esta proposición no de ley? Abrir una vía de solución entre los diferentes grupos y también con el propio Gobierno para solucionar los problemas interpretativos. No decimos exactamente la fórmula, porque puede ser una
declaración interpretativa, puede ser un cambio de ley, que seguramente sería lo que daría una mayor seguridad jurídica -esto lo podemos discutir entre los diferentes grupos parlamentarios-, para que se precise que lo que se aprobó en la Ley de
Contratos del Sector Público también se aplica a los periodos impositivos no prescritos anteriores a la entrada en vigor de dicha ley. No se trata de una cuestión -seguramente me adelanto al debate- retroactiva, sino de aplicar la jurisprudencia
comunitaria por la que la interpretación del concepto de subvención vinculada a precio debe ser la misma en toda la Unión Europea, ya que no puede haber interpretaciones particulares en cada país. En este sentido, la jurisprudencia europea también
es clara.
En la propia exposición de motivos de la Ley de Contratos se dice que el objetivo de la modificación de la Ley del IVA es aclarar la no sujeción del impuesto al impuesto de determinadas operaciones realizadas por entes públicos, así como
clarificar el concepto de subvención vinculada a precio. Por tanto, no es una cuestión de retroactividad, sino de primacía jerárquica de normas, en este caso del derecho comunitario.
Con la tramitación de la Ley de Contratos tenemos una nueva oportunidad, porque también han presentado enmiendas distintos grupos. Tenemos la posibilidad de reproducir entre todos el mismo clima de diálogo que logramos alcanzar en el mes de
julio, así como de solventar una cuestión que es compleja, porque, como he dicho, afecta a las subvenciones, pero también a la deducción del IVA, especialmente en televisiones autonómicas y centros científicos. Podemos buscar una solución que dé
tranquilidad y que no provoque más inseguridad jurídica. Si en el mes de julio fuimos capaces de hacerlo, ahora también tendríamos que serlo. Lo que pretende esta proposición no de ley es contribuir a ese clima, señalar que existe un problema que
desgraciadamente no se resolvió en el mes de julio -sí se resolvió a partir de noviembre, pero no para los años anteriores- y que si no lo resolvemos puede conllevar un grave perjuicio para actividades culturales, científicas, de radiotelevisiones y
de organismos de transporte de toda España.
Invito a los grupos parlamentarios a aprobar esta PNL como muestra de voluntad de diálogo, teniendo claro que la oportunidad para resolver esto definitivamente está en la tramitación de la Ley de Contratos del Sector Público.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Galeano.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, consideramos bienintencionada esta PNL de Unidos Podemos sobre el tema del IVA y de las subvenciones, y positiva su finalidad para resolver el conflicto, que también ha expuesto el señor Vendrell, aparecido en torno a esas
actuaciones que Hacienda, a través de la Agencia Tributaria, está realizando con diversas reclamaciones y levantamiento de actas, y que incluso encuentran escasa simpatía en otros departamentos ministeriales del propio Gobierno Popular.
Señorías, rebajando un poco el tono de acritud de la anterior PNL, quiero decir que hay determinadas campañas publicitarias de supermercados o de grandes almacenes que tienen como eslogan lo de 'El día sin IVA'. Parece que el señor Montoro,
en su legítima intención de copar protagonismo mediático, nos encierra en su peculiar campaña de 'el día con IVA', o mejor de 'no dejen de hablar del IVA', porque ciertamente hoy en esta Comisión, y sobre todo en la ponencia que debate la Ley de
Contratos, lo está consiguiendo, porque últimamente no hay día en el que no hablemos del IVA.
Señorías, esta exposición de motivos habla de la cultura, de esa cultura, por cierto, que parece que últimamente cohabita más con la palabra IVA que con los escenarios y los guiones, esas siglas que atentan tantas veces contra su estabilidad
emocional, más que el propio silencio del público ante un escenario. Menciona también esta PNL, como ha expuesto el señor Vendrell, el transporte público, sacudido de alguna manera por esta tormenta. En esta enmienda del Grupo Socialista se habla
de los centros de investigación, de los servicios de radiodifusión pública, en definitiva, de servicios públicos.
Les confieso que en una cosa sí estamos de acuerdo con el portavoz, incluso con el señor Montoro, y es en que este no es un problema exclusivo de Cataluña. También estamos de acuerdo con el ministro en que durante la tramitación en ponencia
de la Ley de Contratos antes referida había interés por solucionar
este -entre comillas- embrollo -palabras textuales del ministro- por coincidencia y por convivencia. Sucede que en aquella ponencia -ya se ha explicado- se redactó un texto en el que se detalló especialmente que nunca estarán vinculadas al
precio, ni por ello formarán parte de la base imponible, las aportaciones dinerarias que realicen las administraciones públicas para financiar la gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura cuando no haya una distorsión significativa de
la competencia y las actividades de interés general, cuando no se pueda identificar a sus destinatarios y no satisfaga ninguna contraprestación. Eso manifestaba, señorías, una voluntad inequívoca de querer resolver ese problema; una voluntad
amparada, además, en sentencias de jurisprudencia europea, jurisprudencia nacional. En último término, y quizá el más valioso, señorías, se manifestaba la voluntad de llegar a un acuerdo político. Era una ponencia en la que, como en esa habitación
de -no sé si conocen ustedes la película- El ángel exterminador, de Buñuel, esa joya del surrealismo de un genial calandino, nadie abandonaba la sala condicionado a un espíritu de consenso y pacto que, como decía el anterior portavoz, así fue luego
refrendado. En esta película, no se asusten, no tiene demasiado que ver el título con el contenido de la misma. No hay ningún ángel despiadado ni aparecen rayos cual el peor Zeus, aunque no quiero pensar que fuera de esa ponencia tengamos a
nuestro particular ángel exterminador que interpreta el consenso allí logrado de manera torticera, que pretende utilizar una determinada aclaración, que no sustitución de ninguna normativa, para ese juego de chantaje político al que últimamente nos
tiene acostumbrados al conjunto del Parlamento, al conjunto de las comunidades autónomas, a los entes locales, en definitiva, al conjunto de lo que configura el Estado.
No obstante, señor Montoro, perdón, señor Vendrell... (Risas). Me remito a los dos, ninguno es excluyente. Hablábamos antes de la gran coalición y en esta ponencia todos sabemos que ha habido algo más que una gran coalición. Como decía,
señor Vendrell, vamos a contribuir al consenso apoyando esta PNL para propiciar que de esa otra sala de la que hablo, y a la que nos remitía el señor Vendrell, salga un acuerdo positivo para la cultura, para el transporte público, para las
televisiones, que haya certidumbre para estas entidades y que se recoja el sentir europeo también en este caso y no solo cuando le interesa al señor Montoro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.
Seré muy breve, porque creo que el portavoz de Unidos Podemos ha hecho una exposición muy clara del problema. Es verdad que durante mucho tiempo las subvenciones con las que las administraciones públicas ayudaban a las instituciones
culturales o a otras se han entendido sin IVA, y a pesar de que se justificaban las mismas, porque se justificaban, ninguna administración alegó nada en este sentido. Sin embargo, a partir de una sentencia europea, creo que sobre una residencia en
Francia, se produjo un cambio que supuso pagar ese IVA, porque se consideró que repercutía en la bajada del precio del servicio. A raíz de esto, la Agencia Tributaria empezó a levantar una serie de actas en sectores como las televisiones públicas,
los centros de investigación, transporte público urbano e instituciones culturales que recibían subvenciones para cubrir el déficit. Normalmente estas subvenciones suelen ser para el déficit de explotación, es decir, para que puedan abrir las
puertas, y no suelen tener incidencia en el precio, ya que sin subvenciones estas instituciones verían mermada su viabilidad.
Es cierto que en la Ley de Contratos del Sector Público, como se ha venido diciendo, se ha clarificado este tema, pero también lo es que el articulado no menciona esa retroactividad de la que hemos estado hablando. Sería bueno atajar el
problema de las reclamaciones producidas, tal como plantea la PNL, ya que, como he dicho, se está poniendo en riesgo la supervivencia y la viabilidad de numerosas entidades culturales. También es verdad, como se ha dicho, que hay una ponencia que
podría dar cabida a la solución de esta problemática.
Nosotros apoyaremos esta PNL y, en su caso, lo que informe la ponencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros creemos que la proposición no de ley que ha presentado Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es correcta ya que, efectivamente, la interpretación de la Agencia Tributaria, en nuestra opinión, no tiene mucho sentido. Cuando el
impuesto sobre el valor añadido se exige sobre las subvenciones es porque están directamente vinculadas a precio y, por tanto, se altera la competencia porque aquellos agentes del mercado que reciben esta subvención pueden bajar el precio de sus
productos. Para compensar la recaudación del IVA sobre esta diferencia se exige sobre la misma el impuesto sobre el valor añadido. En algunos casos no se puede entender que esto se pueda exigir, y el caso paradigmático es el de una televisión que
recibe subvenciones; es una televisión que todos podemos ver gratis, aunque a lo mejor en parte se financia con publicidad, pero esa es otra historia, porque respecto a esto el Estado tendría que establecer en su normativa una regla de prorrata,
que ahora no está vigente. Con independencia de esa parte, lo que está claro es que no afecta al precio de una televisión, sencillamente porque no se sabe cuánta gente hay viéndola en determinado momento -se estima con unos medidores- y, sobre
todo, lo más importante, porque no se cobra un precio directamente al consumidor. Por tanto, no estamos en las circunstancias que exige la normativa del IVA. Esto se aclaró por unanimidad de los grupos parlamentarios en la Ley de Contratos, y se
estableció el carácter aclaratorio de acuerdo con una interpretación auténtica recogida en la exposición de motivos.
En consecuencia, con independencia de que no conozcamos, obviamente, por cuestiones de secreto tributario, las razones por las que en cada uno de los casos hay actas relativas al impuesto sobre el valor añadido de determinados entes
públicos, lo que nos parece claro es que se debe aplicar la normativa en los términos en los que se aprobó en esta Cámara. Por consiguiente, creemos que estas entidades deben tributar de acuerdo con la normativa que hemos establecido aquí.
Por otra parte, me parece también muy relevante que instemos a la Agencia Tributaria -me duele decir esto, porque hasta hace dos años era inspector en activo de la Agencia Tributaria- a centrarse en los nidos de fraude y no en una cuestión
que es meramente circular. Es decir, se exige este impuesto sobre el valor añadido a una serie de entidades públicas para después financiar a las mismas entidades públicas. Evidentemente esto se puede hacer, la normativa hay que cumplirla, pero es
obvio que tiene que ser la normativa que se aprueba en esta casa. En cualquier caso, los esfuerzos en la lucha contra el fraude deberían ir contra la economía sumergida de aquellas entidades que se deducen facturas falsas y no a una mera
redistribución de la recaudación del IVA que, en nuestra opinión, no tiene ningún sentido.
En consecuencia, igual que apoyamos hace unos meses, en julio, el cambio de normativa en la Ley de Contratos, apoyaremos esta proposición no de ley porque entendemos que es positivo, necesario y conveniente que las leyes fiscales se apliquen
en los términos que establece el Legislativo. Cuando definimos entre todos los grupos, por unanimidad, que esto tenía carácter aclaratorio y que está en línea, desde nuestro punto de vista, como ha dicho el señor Vendrell, con la jurisprudencia de
los tribunales comunitarios, deberían entenderlo así los organismos que tienen que aplicar la legislación fiscal del Estado, sustancialmente la Agencia Tributaria.
Por todas estas razones, apoyaremos la proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, traemos a debate la PNL de Grupo de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, y, como bien ha explicado su portavoz, es una diferencia de interpretación de la disposición final décima de la Ley 9/2017 la que genera el problema: si
estamos hablando de un criterio interpretativo o de un cambio normativo. Si hablamos de un cambio normativo, nos tenemos que ir al artículo 10.2 de la Ley General Tributaria, que dice que, salvo que se disponga lo contrario, las normas tributarias
no tendrán efecto retroactivo y se aplicarán a los tributos sin periodo impositivo devengado. En segundo lugar, ¿cuál es la verdadera intención del legislador? Si bien es cierto el texto referido por el señor Vendrell, no es menos cierto -y
posiblemente es lo que está generando las dudas y las distorsiones con la Agencia Tributaria- que también se dice en la misma que, por otra parte, se hace necesario excluir desde la entrada en vigor de esta modificación normativa, y quizás es ahí
donde se genera la duda acerca de si hablamos de un criterio interpretativo o de una modificación normativa.
Entendemos perfectamente y alabamos el fin de la PNL. Lo dicen ustedes muy claramente, es reducir la conflictividad, garantizar la seguridad jurídica de los distintos operadores y poner fin a los conflictos interpretativos, que es lo que
consideramos ahora mismo. Por nuestra parte, igual que proponía el portavoz, estamos de acuerdo en que el mejor sitio para poder debatir sobre esto es en la ponencia de la Ley de contratos de sectores excluidos, recordando dos cuestiones: por un
lado, la Directiva IVA, es decir, la consideración es que el legislador y las administraciones nacionales no disponen en el IVA de las facultades plenas de legislación y aplicación del impuesto, lo que quiere decir que, estando de acuerdo en el fin
que tenemos que conseguir, debemos adecuar los medios para que la forma nos permita la seguridad, reducir la conflictividad, pero también no chocar con la Comisión, que en un momento dado nos pueda expresar recelo. En esta línea, solo quiero
apuntar un par de detalles: la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Asunto 520/14, y, quizás y más delicado, el 263/15, que incluso llega a prevenir sobre montajes artificiales que no refieran la realidad económica y cuya
finalidad pueda obtener una ventaja fiscal. Entendiendo entonces el análisis en conjunto que hemos hecho, tenemos que ser capaces de dar una respuesta para conseguir esa seguridad pero también en referencia al criterio interpretativo de la
Comisión.
Miren si para nosotros es importante y positiva la PNL que desde el propio Podemos han hecho referencia al diálogo, diálogo entre el Gobierno de España y la Generalitat de Catalunya, y para un partido que en el diálogo está su referente
fundamental para hacer política entendemos que debemos conseguir de nuevo en esta ponencia retomar el diálogo y buscar las soluciones. Es por ello que el sentido de nuestro voto será la abstención, sobre la base de que entendemos el fin que se
persigue con la PNL pero que en el fondo de la misma posiblemente no se responde a una interpretación correcta, y tenemos que buscar cómo solucionar esa cuestión, ya sea mediante una modificación legislativa o un acuerdo con el Ministerio de
Hacienda. Por ello, hemos propuesto la opción, igual que ustedes, de remitirlo a la ponencia que se está debatiendo en estos momentos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo.
Señor Vendrell, hay una enmienda del Grupo Socialista. ¿Se acepta o se va a votar en los términos en que se ha presentado inicialmente?
El señor VENDRELL GARDEÑES: Se votará en los términos en que se ha presentado.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE EL ESTABLECIMIENTO DE UNA CLÁUSULA PARA LA CANCELACIÓN DE LAS OPERACIONES DE PRÉSTAMO FORMALIZADAS POR LAS ENTIDADES LOCALES CON EL FONDO PARA LA FINANCIACIÓN DE LOS PAGOS A PROVEEDORES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO.
(Número de expediente 161/002820).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 5.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto sobre el establecimiento de una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las
entidades locales con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores.
En nombre del Grupo Mixto, tiene la palabra el señor Candela.
El señor CANDELA SERNA: Gràcies, senyor president.
Antes que nada voy a partir de una reflexión. Ahora que hay una crisis territorial, en el fondo si alguien quiere aprender a solucionar los conflictos que mire a Valencia, y va a ver una sociedad cohesionada, una sociedad en la que está
bajando la pobreza, lo que fundamentalmente se explica porque el único patriotismo que hay es el de la gente. Y esto tiene mucha relación con lo que venimos hoy a plantear, porque lo que venimos a exponer es la situación de un agravio comparativo
que nos impide seguir avanzando socialmente, y a muchas ciudades estamos convencidos de que también, y estamos hablando en concreto de la ciudad de Alicante y de su plan de ajuste.
En la PNL que planteamos citamos la Ley 18/2014, de 15 de octubre, en cuyo artículo 3 se establecía una cláusula con una serie de requisitos por los que los ayuntamientos que los cumpliesen podrían salir del plan de ajuste, y también en esas
ley se precisaba que esa cláusula solo estaría en vigor durante el
año 2014. La primera pregunta que nos hicimos fue quién se benefició de aquella cláusula, qué ciudades. Y, casualmente, fueron tres: A Coruña, que gobernaba el Partido Popular; Marbella, que gobernaba el Partido Popular, y Madrid -de Ana
Botella, de toda la corrupción que ya sabemos-, también gobernada por el Partido Popular. Y la segunda pregunta que nos hicimos fue por qué esa cláusula no estuvo vigente en los años posteriores y no está vigente en la actualidad, porque, de facto,
la ausencia de esa cláusula lo que está provocando es un agravio comparativo, en este caso a la ciudad de Alicante, que cumple todos los requisitos de aquel artículo, pero no puede aplicarse porque, efectivamente, ahora no está en la ley, y por eso
lo vamos a proponer.
Y no nos gustaría pensar que aquel artículo fue creado ad hoc para pagar según que favores según a qué Partido Popular de Madrid, A Coruña o a saber de dónde. Y no nos gustaría pensar que hoy, teniendo la oportunidad de declarar la voluntad
de todos los partidos de que haya un trato justo para todas las ciudades, no se haga efectivo, no se vote por unanimidad. Y tampoco nos gustaría pensar que fue una manera deliberada y muy sutil de intervenir de facto, como realmente se está
haciendo, a los ayuntamientos del cambio político a partir de 2015. Como ya he dicho, los que hoy se autodefinen como patriotas y constitucionalistas tienen la oportunidad de establecer un mismo trato justo para todas las ciudades.
Termino. Como ciudadano que viene de la provincia de Alicante me habría gustado ver hoy aquí a los diputados y diputadas de Alicante del Partido Popular y Ciudadanos, porque siempre pasa lo mismo. Allá, cuando hacemos política -digamos, en
el territorio-, dicen y prometen de todo, pero cuando llegan aquí, a Madrid, a la hora de la verdad nunca están. (Rumores). Y esperemos que Ciudadanos, que se abstuvo en esta misma PNL en la ciudad de Alicante, hoy pueda rectificar y pueda
apoyarla, porque estaríamos...
Señor presidente, pediría un poco de silencio, porque es imposible hablar con el runrún.
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden silencio. Es verdad que no se puede concentrar el orador.
El señor CANDELA SERNA: Y termino. Lo que venimos a plantear hoy simplemente es un mecanismo para poder salir del plan de ajuste que tiene Alicante, lo que se fundamenta en un trato justo para todas las ciudades por igual, como lo tuvo el
Ayuntamiento de Ana Botella de Madrid en 2014.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Candela.
Se han presentado tres enmiendas: una por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y dos por parte del Grupo Socialista. Por tanto, tiene la palabra en primer lugar en nombre de Unidos Podemos la
señora Valido.
La señora VALIDO PÉREZ: Gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Como bien ha dicho el señor presidente, hemos presentado una enmienda que afecta a los puntos 1, 4, 5 y 6 de la PNL presentada por Compromís en el sentido de que lo que solicita no se aplique solamente a un año, a un ejercicio, sino a lo
largo de toda la duración de los planes de ajuste, siempre y cuando, claro está, se cumpla con los requisitos exigidos por la norma. No tiene sentido limitar temporalmente, a un ejercicio, la posibilidad de que las entidades locales concierten
nuevas operaciones de endeudamiento para cancelar parcial o totalmente su deuda pendiente con el Fondo para la financiación de los pagos a proveedores, sino que el plazo debería durar todo lo que dure el plan de ajuste, para dar a los entes locales
más margen de maniobra financiera a la hora de saldar sus cuentas con el Estado y con los proveedores. Por tanto, vamos a votar a favor de esta PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Campos.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dejar clara la posición del Grupo Socialista, y es que pedimos al Gobierno que libere a los ayuntamientos de estos planes de ajuste cuando así lo soliciten y además están saneados, y de forma concreta lo pedimos para
el Ayuntamiento de Alicante. Estamos debatiendo hoy la proposición no de ley de Compromís, que es una buena oportunidad para trasladar la situación que sufre este ayuntamiento.
Hemos presentado una enmienda para mejorar el texto en tanto que consideramos que no se debe esperar a que haya unos Presupuestos Generales del Estado para 2018 o 2019, sino que se puede hacer de forma inmediata a través, por ejemplo, de un
real decreto-ley o cualquier otra tramitación de ley en la que se pudiera introducir esta modificación. Y queremos denunciar que el Gobierno de España está practicando medidas centralistas, incluso con Gobiernos que, efectivamente, están cumpliendo
adecuadamente con los criterios de ejecución presupuestaria, y es que, en el fondo, al Gobierno de España del Partido Popular le gusta ejercer ese centralismo tanto con las administraciones autonómicas como con las administraciones locales; y
denunciar la arbitrariedad en la gestión de este tipo de medidas que hace del Gobierno, siendo un claro ejemplo de deslealtad entre administraciones. Y es que fueron muy lentos en aplicar controles a los Gobiernos despilfarradores del Partido
Popular, ya fueran autonómicos o locales, y ahora que Gobiernos progresistas están cumpliendo con esas mismas medidas de ajuste que se solicitaban -a veces, en muchas ocasiones injustas-, simplemente no responden a las peticiones para liberarlos de
esas limitaciones a su autonomía. No se entiende además, es curioso que el Gobierno establezca planes de ajuste, medidas, pero no determine que una vez que los ayuntamientos estén saneados puedan salir de esos planes de ajuste. Parece ser que no
esperaba que salieran de esa situación, pero el objetivo lo han cumplido, y, especialmente, los Gobiernos progresistas.
Entrando en la materia, en primer lugar, cabe recordar cómo se llegó al rescate -al rescate, sí- del Ayuntamiento de Alicante. Hablamos de marzo de 2012 con un Gobierno del Partido Popular con mayoría absoluta totalmente sumido en denuncias
de corrupción y despilfarro que seguía negando la mayor, y es que ese despilfarro y esa corrupción había llevado a la quiebra del ayuntamiento, no -como dice el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alicante- que se debía a la crisis.
La crisis la sufrieron todos los ayuntamientos de España, pero son bien pocos los que fueron rescatados; precisamente, como también ha recordado el portavoz de Compromís, la mayoría, por no decir todos ellos, del Partido Popular. ¿Y a día de hoy
qué está pasando? Tenemos un Partido Popular que ni ha pedido perdón ni ha pagado un euro y, además, no asume ninguna responsabilidad política. Valga como ejemplo que cuatro concejales que estaban cuando se aprobó aquel plan de rescate y son
cómplices del despilfarro y la corrupción siguen siendo parte del grupo municipal del Partido Popular.
En segundo lugar, quiero destacar cuál es la situación actual, por qué podemos plantear lo que está planteando Compromís y la enmienda del Grupo Socialista, y es que hay un Gobierno del cambio que ha saneado las cuentas, pero además lo ha
hecho impulsando un desarrollo de la ciudad justo y sostenible. Los Gobiernos locales fueron presididos por el socialista Gabriel Echávarri -primero un Gobierno de coalición con PSOE, Guanyar y Compromís y ahora un Gobierno del Partido Socialista-,
quien ha conseguido liderar equipos que gastan menos y lo hacen mejor, y todo ello con un desarrollo sostenible y justo de la ciudad, saneando sus cuentas, como bien demuestran los números, que son públicos y notorios. Y es que el presupuesto del
Ayuntamiento de Alicante prevé un superávit de 1,9 millones de euros, el presupuesto consolidado tiene un superávit de financiación de 22,9 millones de euros y el nivel de endeudamiento se sitúa por debajo del límite del 75 %, concretamente en un 39
%. Por tanto, es injusto establecer limitaciones a que se puedan bajar las tasas, a que pueda haber inversión, a que se puedan cubrir las vacantes de funcionarios, que están prestando un servicio público, y a la tramitación incluso del propio
presupuesto, ya que este plan de ajuste retrasa muchísimo su aprobación.
En tercer lugar, cabe reseñar que esta iniciativa ya ha contado con un amplio respaldo del Pleno del Ayuntamiento de Alicante -de todos menos del Partido Popular de Alicante, que, curiosamente, fue el que provocó esta situación-. En este
sentido, cabe recordar que la iniciativa fue presentada por PSOE, Guanyar y Compromís a raíz de una reunión con la concejala de Hacienda, Sofía Morales, que precisamente planteó que esta era una solución para salir del plan de ajuste una vez que
ellos habían cumplido los deberes.
En cuarto lugar, quiero pedir al Partido Popular de la Comunidad Valenciana -y en este caso al Partido Popular- que no continúe sin asumir ninguna responsabilidad, que no siga sin pedir perdón y que, por supuesto, permita a los Gobiernos
saneados desarrollar las políticas de cambio apoyando medidas como la que proponemos. Y es que no pueden intentar conseguir con el Ministerio de Hacienda lo que no consiguieron ni en las urnas ni en el Pleno, que es limitar las agendas de cambio de
Gobiernos progresistas que tuvieron un amplio apoyo social. Y solicitamos al Gobierno de España que sea leal, que sea leal con las diferentes administraciones que cumplen y que no sea arbitrario en la toma de decisiones. Como vemos, lo sufrimos en
el Ayuntamiento de Alicante y lo sufrimos también en la Generalitat Valenciana. Cabe otra vez reseñar y recordar que es surrealista que estemos en esta situación por un
Partido Popular que no asume responsabilidades políticas y, sobre todo, no ha devuelto ni un euro de ese despilfarro y esa corrupción. Y entendemos que aquellos que se autoproclaman como nuevo PP no son tal mientras que no hagan todo esto
que hemos dicho.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias. Intervendré muy brevemente.
Nosotros nos vamos a abstener en este punto porque no participamos en este tipo de fondos. No hemos entrado nunca en estos fondos porque supondría para nosotros una pérdida de autonomía financiera y un mayor control económico, además de que
resultaría incompatible con el régimen de concierto económico. Por eso y al no participar en estos fondos, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre de Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Como este es el Congreso y soy el portavoz de Ciudadanos en la Comisión de Hacienda, respondo a la proposición no de ley, que no pensaba que se refiriese exclusivamente a Alicante. (Varios señores diputados: No, no solo). Lo decía por lo
que expresaba el portavoz de Compromís, que esperaba aquí a los diputados de Alicante.
Nos parece una medida positiva y correcta. Efectivamente, es razonable que los ayuntamientos, si pueden financiarse más barato en el mercado de lo que pueden hacerlo con la financiación del Fondo de pago a proveedores, lo hagan, siempre y
cuando cumplan el resto de requisitos de los planes de ajuste cuando existan. Entonces, nos parece que tiene sentido y, por tanto, la vamos a apoyar. (El señor vicepresidente, Matarí Sáez, ocupa la Presidencia).
Con todo -si me permiten, señorías-, parece que ahora es más complicado esto que en 2014. ¿Por qué? Porque el Fondo de financiación de pagos a proveedores actualmente, en el último tramo, está cobrando un 1,31 % y es difícil que ahora
mismo se encuentre en el mercado una financiación más barata por la que se sustituya y haya menores cargas financieras. Pero, si se encuentra, teniendo en cuenta la solvencia que tiene la mayor parte de los ayuntamientos en estos momentos, nos
parece razonable que se opte por esa financiación, que, cumpliendo el resto de requisitos, el Ayuntamiento de Alicante o cualquier otra entidad municipal salga de los planes de ajuste y, por tanto, tenga una mayor autonomía, pero garantizando al
mismo tiempo los servicios públicos y la solvencia a medio y a largo plazo del propio ayuntamiento.
Solamente, un inciso. Se dice que en los presupuesto de 2018 o, en su defecto, en los de 2019. Creo que sería muy importante para todos los grupos que apoyan esta proposición no de ley que estudiasen seriamente acordar unos presupuestos
donde se pudiese materializar, porque tendría ventajas para los ciudadanos, porque si persiste la actual situación de bloqueo supondrá perjuicios tanto para los ciudadanos como para los ayuntamientos.
En cualquier caso, esta proposición no de ley nos parece bien intencionada, nos parece correcta y, por consiguiente, la apoyaremos.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Matarí Sáez): Muchas gracias, señor De la Torre.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fole Díaz.
El señor FOLE DÍAZ: Gracias, señor presidente.
¡Lo que hay que escuchar de algunos partidos políticos! Pero me gustaría aclarar el porqué de esta sorpresa por algunas declaraciones de algunos compañeros de la Comisión.
Solicita esta proposición no de ley el establecimiento de una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamos formalizados por las entidades locales con el Fondo de financiación de pago a proveedores, y en ella nos sorprenden
dos cosas, sobre todo viniendo de Compromís: primero, que consideren que esta medida podría beneficiar al Ayuntamiento de Alicante -parece que ad hoc, como decía el señor Candela-, del que abandonaron el Gobierno. Muy contentos no deben estar -y
me remito al señor portavoz del Grupo Socialista- cuando el proponente de esta
proposición no de ley se marcha del Gobierno que tan bien lo está haciendo en el Ayuntamiento de Alicante. Nos sorprende porque parece que buscan un interés general, no partidista. Salen del Gobierno, pero no se trata de presentar o
maquillar su salida del Gobierno, sino, puramente, un interés general. Y nos sorprende también porque instan al Gobierno a incluir una disposición adicional en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2018. ¿Tienen pensado apoyarlos,
señores de Compromís? No estaría mal. Sería lógico que si plantean una propuesta de adición a los presupuestos los apoyaran.
Pero me gustaría hacer un poco de historia sobre este asunto. El Fondo de pago a proveedores, horizonte 2012-2022, se plantea como medida excepcional ante el estado de quiebra económica de muchas entidades locales, que accedían a los
diferentes planes independientemente de su situación económica, a diferencia de lo que ocurrió con los planes E del Partido Socialista, que posiblemente no consiguieron más que endeudar más a todas las entidades locales, y se planteó con dos
objetivos claros: pagar las facturas y sanear las cuentas de las entidades locales. ¿Sabe qué hicieron muchas de sus formaciones -la primera, del Partido Socialista- en la mayoría de los ayuntamientos que solicitaban estas medidas? No apoyarlas.
Y le pongo como ejemplo el propio ayuntamiento que me honré en presidir en aquel momento, donde ninguno de los representantes de los grupos que están aquí apoyó la medida de pago a proveedores. ¿Sabe qué dijo la portavoz del Partido Socialista,
querido compañero? Que estábamos obsesionados por pagar las facturas. Esa era su posición ante el beneficio económico para las entidades locales. Ahora sí, después hay que hacerlo bien y hay que apoyarlo, pero de aquella manera.
La propuesta de la que habla la proposición no de ley en su exposición fue en 2014. ¿Por qué se pudo hacer en aquel momento? Porque las entidades locales con remanente de tesorería negativo en 2012 gracias al Plan de pago a proveedores
pudieron presentar ya casi de forma inmediata, en 2013, 2014, remanentes de tesorería positivos. La cuenta general de 2013 se liquida en el año 2014 y en el momento en que se quiera acudir a una entidad de financiación para solicitar un nuevo
préstamo se pide a la entidad la cuenta general; por tanto, hasta 2014 no se puede hacer. En aquel momento, efectivamente, había unas condiciones financieras por las que se podía acudir a la refinanciación y producir un ahorro significativo y
evidente. Hoy en la legislación aplicable para el endeudamiento de las entidades locales se ha definido el principio de prudencia financiera: Resolución 4 de julio de 2017, de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, que define
capacidad como prudencia financiera de las administraciones públicas para financiar sus compromisos de gastos presentes y futuros dentro de los límites de déficit, deuda pública y morosidad de deuda comercial, de lo cual no aparece nada en esta PNL.
La prudencia financiera, evidentemente, no está en el vocabulario económico de Compromís a estos efectos. El criterio actual es que toda renovación o reestructuración de una operación de endeudamiento debe realizarse al tipo de interés máximo que
permita la Secretaría General del Tesoro, según su Resolución 4 de julio de 2017, que en su anexo 1 en los tipos de interés fijo y diferencial del coste de financiación del Estado marca respectivamente. Tampoco dice de esto nada la proposición no
de ley que hoy debatimos. El contexto actual, de tipos de interés de mínimos históricos, dificulta, como decía el portavoz de Ciudadanos, o hace casi imposible este proceso de reestructuración. Desde 2015 los tipos de interés se han unificado para
todas las operaciones financieras y están en el 1,311. (El señor presidente ocupa la Presidencia). Además de esto, de lo que tampoco dice nada la PNL, en los supuestos de que las entidades no cumpliesen los requisitos exigidos, pueden acceder al
Fondo de ordenación y al Fondo de impulso económico, de acuerdo con el procedimiento previo en el Real Decreto-ley 17/2014, de medidas de sostenibilidad financiera de comunidades autónomas y entidades locales. Leo, literalmente: Ámbito y objetivo.
Atender los vencimientos correspondientes a las operaciones de préstamo formalizadas en el marco del Mecanismo de financiación de los pagos a proveedores. Por tanto, hay alternativas, sin tener que adoptar ad hoc alguna medida de disposición
adicional para el Ayuntamiento de Alicante.
Conclusión. ¿Quiere hacer usted específicamente, señor Candela, una propuesta para el Ayuntamiento de Alicante? Si usted está intentando no discriminar a los ayuntamientos, me parece muy negativo. Como le decía antes, actualmente hay
alternativas para poder acceder a lo que plantea la proposición no de ley, a no ser que -y voy a expresar algún matiz sobre la gestión del Ayuntamiento de Alicante-, con una ingeniería financiera, como hace su alcalde, fraccione o trocee los
contratos en su Concejalía de Comercio...
El señor PRESIDENTE: Tiene que acabar, señoría.
El señor FOLE DÍAZ: Acabo ya, señor presidente.
... por lo que, señor portavoz del Grupo socialista, creo que está imputado el alcalde. ¿O nos quiere poner como ejemplo de gestión el señor Candela al alcalde de Alicante, que está imputado por fraccionamiento de contratos? Parece que no
le importa el interés general en este momento o que eso le importa más. Y le hago una pregunta como reflexión. Si fuese el alcalde de Alicante del Partido Popular, ¿estaríamos presentando esta PNL o una pidiendo la dimisión del mismo?
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Como decía antes, se han presentado enmiendas por parte de dos grupos. Señor Candela, ¿se acepta alguna de las enmiendas?
El señor CANDELA SERNA: Estamos negociando una transaccional y se la haremos llegar en breve.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A INCLUIR EL PRESUPUESTO DE BENEFICIOS FISCALES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN LA EVALUACIÓN ENCARGADA A LA AIREF SOBRE EL ANÁLISIS EN PROFUNDIDAD DEL GASTO ('SPENDING REVIEW') CON EL OBJETIVO DE EVALUAR LA CALIDAD DE LAS
POLÍTICAS PÚBLICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002838).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto 6.º del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a incluir el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas en la evaluación
encargada por la AIReF sobre el análisis en profundidad del gasto con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas.
Tiene la palabra la señora Blanquer.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta para su consideración a esta Comisión de Hacienda y Función Pública una iniciativa con la que pretendemos que el Gobierno incluya el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones
públicas en la evaluación encargada a la AIReF sobre el análisis de profundidad de gasto con el objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas. Con esta iniciativa lo que pretende el Grupo Socialista es focalizar la atención en la
evaluación y en el control de la disminución de ingresos que suponen los beneficios fiscales y que se contemplan como una alternativa a la política de gasto. España tiene unos ingresos públicos que suponen un 38 % del PIB, un porcentaje muy alejado
de la media de los países más avanzados de la Unión Europea, cuyas cifras se sitúan alrededor del 45 % del PIB, y con unos niveles tan bajos de ingresos España ve limitada la financiación del sistema de servicios públicos del Estado del bienestar
del que nos hemos dotado. El Gobierno del Partido Popular ha focalizado todos sus esfuerzos no en el aumento de ingresos, sino en la reducción de gastos vía recortes a lo largo de estos años, sin que con ello haya conseguido eliminar el déficit
público, como era su intención. Es cierto que ha reducido el déficit, pero no lo ha eliminado, y lo peor es que ha conseguido debilitar el Estado del bienestar. No se han cubierto adecuadamente los servicios públicos, se ha reducido el personal de
la Administración pública de manera indiscriminada y se ha hecho un uso electoralista de las políticas fiscales bajando impuestos e incrementando los beneficios fiscales ante procesos electorales.
Los socialistas consideramos que este no es un buen camino. Debemos fortalecer el Estado del bienestar de una manera sostenible, y no recortando de manera indiscriminada. Para ello debemos hacer más eficientes las políticas públicas,
planificar y definir políticas de gastos e ingresos más eficaces. Consideramos un avance y, al mismo tiempo, una rectificación del Gobierno que en el Consejo de Ministros se haya encargado una evaluación profunda del gasto. Lo consideramos una
rectificación, porque hasta ahora el Gobierno había despreciado la actividad de evaluación de políticas públicas impulsada por el Gobierno socialista a través de la Agencia de Evaluación, un desprecio que ha desembocado en el cierre de la misma.
Los beneficios fiscales son ayudas o incentivos que se pueden interpretar como gasto de carácter relevante y, por tanto, en un análisis en profundidad del gasto también deberían incluirse en dicho análisis. De hecho, hasta 2001 en los Presupuestos
Generales del Estado se
utilizó el término de gastos fiscales junto al de beneficios fiscales, que figura en la Constitución española en su artículo 134.2. De acuerdo con los Presupuestos Generales del Estado de 2017, el presupuesto de beneficios fiscales alcanza
nada más y nada menos que la cifra de 31 867 millones de euros, que representa un 9,17 % del gasto total del presupuesto, casi un 3 % del PIB y casi un 30 % del potencial recaudatorio de los impuestos, una cifra importante que supone un impacto
considerable en la reducción de ingresos desde el punto de vista cuantitativo. Es una cifra importante que supone un impacto considerable en la reducción de ingresos desde el punto de vista cuantitativo, pero ¿qué impacto tiene desde un punto de
vista cualitativo? Los beneficios fiscales han sido objeto de numerosos estudios por parte de distintas instituciones y organismos internacionales, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, etcétera, y en todos se destaca que su mayor utilización
puede erosionar las bases recaudatorias y la equidad del sistema impositivo. Así como incorporar complejidad al sistema. Una amplia gama de incentivos de todo tipo complica innecesariamente las normas, provoca problemas interpretativos y de
aplicación y aumenta la litigiosidad. También perjudica la transparencia del sistema fiscal. El tipo nominal del impuesto sobre sociedades es del 25 % incluso para algunas empresas el 30 %, de los más altos de Europa. Pero los tipos efectivos
finales para determinados contribuyentes, especialmente grandes empresas, son mucho más reducidos debido a todo tipo de incentivos y regímenes especiales. Ayer precisamente en la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas se
presentó un informe de fiscalización de las actuaciones de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en relación con los beneficios fiscales en el ejercicio 2015, al que también hacía referencia en mi exposición de motivos de la proposición
no de ley que ahora debatimos. Un muy buen informe de fiscalización que deja al descubierto las deficiencias en la definición, en el seguimiento, en el control, en la comprobación y en la evaluación de los beneficios fiscales y un informe que
corrobora que la información que facilita el Gobierno con respecto a los beneficios fiscales se refiere a los datos incorporados en los presupuestos pero que después no se analizan ni las desviaciones respecto a lo presupuestado, ni el grado de
cumplimiento de unos objetivos previamente establecidos que también se desconocen. Dejó también en evidencia la necesidad de hacer una evaluación exhaustiva de los beneficios fiscales. Una evaluación que con esta proposición no de ley instamos al
Gobierno a encargar para conocer si con los beneficios fiscales se están consiguiendo los fines de política económica y social para los que se aprueban. ¿Cuál es el impacto económico y social de cada uno de los beneficios fiscales aprobados y la
definición de indicadores de seguimiento homogeneizados para su evaluación? Queremos conocer si con la reducción de ingresos estamos consiguiendo incentivar determinadas políticas, obteniendo resultados satisfactorios o, por el contrario, solo
estamos consiguiendo que los beneficiarios contribuyan menos a la Hacienda pública. Tengo un ejemplo. (La señora Blanquer Alcaraz muestra un gráfico). Las deducciones por investigación, desarrollo e innovación en el que la estimación de los
beneficios fiscales por este concepto llama la atención si vemos el gráfico, vemos como especialmente se incrementan en el año electoral, 2015 y 2016, y luego en el 2017 vuelven a reducirse. ¿Qué ha ocurrido con la evolución de las actividades de
investigación, desarrollo e innovación por parte de las empresas? La verdad es que desconocemos por ahora la ejecución final de los beneficios fiscales a los que se hayan podido acoger las empresas durante estos últimos años, pero lo que sí que
podemos ver es que hasta ahora la evolución de los gastos en I+D por parte de las empresas en términos de producto interior bruto, no ha tenido una tendencia positiva, sino todo lo contrario. Según el Instituto Nacional de Estadística, en el 2012,
representaba un 0,68 % en el 2015 y en el 2016 representa un 0,64 %. Es posible que muchas de las empresas que se acogen a estos incentivos ya están obligadas a invertir importes significativos en investigación y desarrollo si no quieren quedar
excluidas del mercado como pueden ser empresas de sectores con un fuerte nivel tecnológico. Por tanto, ¿realmente con los beneficios fiscales estamos incentivando a nuevas empresas, en concreto a pymes, a que inviertan en I+D+i o la mayoría de las
empresas que se acogen a estos incentivos harían la misma inversión, aunque no existiera la deducción? Esa es la cuestión. Se debe de evaluar también para adoptar políticas eficientes que consigan incrementar la inversión de este país en
investigación y desarrollo. No puedo obviar -llevo siete minutos-...
El señor PRESIDENTE: Siete minutos y veinte segundos.
La señora BLANQUER ALCARAZ:... que España está -y termino ya- en el puesto 18 del ranking de inversión total en I+D en relación al PIB de los Estados miembros de la Unión Europea. La media europea está en 2,03 y está muy alejada del caso
español. Por tanto, para concluir, creo que es necesario que se haga este tipo de evaluaciones para adoptar las políticas más pertinentes. Para finalizar queremos
conocer qué incentivos son eficientes establecidos de manera indefinida y cuáles deben tener una duración limitada. Queremos conocer si hay beneficios fiscales, que es una puerta abierta a la evasión fiscal. En definitiva, con esta
iniciativa queremos que se evalúe y se verifique si los beneficios fiscales son la mejor alternativa a las políticas de gasto para conseguir los fines en materia económico y social por los que se aprueban.
Se han presentado enmiendas y si acaso luego lo comento. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
Efectivamente se han presentado tres enmiendas, una de Ciudadanos, otra de Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y otra del Grupo Popular. En nombre del Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
Bienvenida esta iniciativa del Grupo Socialista, me alegro que además mencionen el spending review, el punto dos que acordamos con el Partido Popular en el acuerdo de investidura, que es la obligación de repasar y de revisar de manera
profunda la cantidad gigante de gastos superfluos de duplicidades administrativas, etcétera, que se han creado durante las últimas décadas en España por el bipartidismo. En este caso para ampliar las funciones de la AIReF y también revisar otro
problema muy importante de España. En España tenemos un evidente problema de ingresos fiscales, tenemos unos tipos nominales de la mayoría de impuestos por encima de la media europea, pero luego recaudamos significativamente menos porque los tipos
efectivos finales son mucho más bajos. Eso sucede básicamente porque nuestro sistema es un poco como un queso gruyère, está lleno de agujeros y estos agujeros provienen de deducciones, provienen de beneficios fiscales que, como bien ha mencionado
la portavoz socialista, muchas veces se han hecho por razones más bien electoralistas para favorecer a determinados sectores. No solamente por el Partido Popular también por el Partido Socialista durante años y sin ningún criterio de eficiencia
económica, sin ninguna evaluación de la efectividad de la política pública específica y, por tanto, tirando a la basura el dinero de los ciudadanos sin hacer políticas públicas modernas que es lo que necesita esta país, utilizando bien y de forma
efectiva el dinero de los ciudadanos. Lo que dicen todos los expertos en fiscalidad es que lo importante es recaudar bien impuestos y después, una vez has recaudado bien, si quieres redistribuir, decidir cómo quieres redistribuir. Hacer estos
beneficios fiscales específicos muchas veces es una mala idea. De hecho en 2015 se perdieron cerca de un 25 %, no sabemos exactamente cuál es la cuantía, según informa el Tribunal de Cuentas, pero es muchísimo dinero. Estamos hablando de 40 000
millones. Podríamos hacer muchísimas cosas en este país si hiciéramos una reforma fiscal integral que nos permitiera tener estos ingresos y que los tipos nominales se acercaran un poquito más a los tipos efectivos.
Nosotros hemos presentado una enmienda. Espero que la valore el Grupo Socialista. En todo caso insisto en que nos parece una buena iniciativa y que la vamos a apoyar.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Muchas gracias.
En nombre del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Coincidimos en los fines perseguidos por la iniciativa presentada por el Grupo Socialista. En nuestra opinión muchos de los beneficios fiscales existentes en nuestro sistema tributario son, por un lado, ineficaces y, por otro lado,
regresivos. En primer lugar, los beneficios fiscales son en general ineficaces porque los indicios que tenemos sobre la base del informe del Tribunal de Cuentas y la intuición propia es que la mayoría de las deducciones y bonificaciones existentes
en nuestro sistema lejos de conseguir los objetivos para los que fueron puestos en marcha, sirven para agujerear el sistema fiscal, definir el sistema fiscal como el queso gruyere, que es una de las metáforas que solemos mencionar aquí en la
Comisión de Hacienda. Estos incentivos fiscales suponen una pérdida de ingresos para el sistema fiscal, pero no está claro que los efectos se consiguen o que los que se diseña tengan una repercusión sobre las políticas que se intentan fomentar.
Así por ejemplo, se destinan 1 800 millones de euros al año para bonificaciones para el fomento del empleo que lo único que hacen es vaciar la caja de la Seguridad Social. Mientras la tasa de desempleo continúa situada como la segunda más alta de
la Unión Europea.
En segundo lugar, consideramos que los beneficios fiscales pueden considerarse regresivos. Es cierto que alguna de las exenciones existentes está orientada a reducir la carga tributaria de algunos grupos sociales desfavorecidos. Sin
embargo, muchos de estos incentivos se aplican de manera indiscriminada, sin tener en cuenta las distintas capacidades de pago de unos y otros contribuyentes. Vaciando de esta manera de contenido el principio de progresividad definido en el
artículo 31.1 de la constitución. De hecho muchos de los beneficios fiscales han beneficiado en mayor proporción a los contribuyentes que disponen de mayores recursos. Para muestra un botón, el impuesto de sociedades que hace que las grandes
empresas que puedan consolidar, que son grupos consolidados, paguen un tipo efectivo de un 7,3 %. Mientras que las pymes o autónomos y trabajadores terminan pagando más del doble o del triple de este tipo. El segundo supuesto en el que pensamos
que son regresivos los beneficios fiscales es en referencia al agujero que hacen en nuestra hacienda. Los ingresos públicos en nuestro país, como también solemos comentar aquí en la Comisión de Hacienda, equivalen al 37 % del PIB lo que es 8,4
puntos por debajo de la media europea. Esta insuficiencia de ingresos explica que el gasto social per cápita en nuestro país representa el 55 % de la media europea, es decir, los beneficios fiscales agujerean el sistema tributario convirtiéndolos
en un mecanismo de elusión fiscal de aquellos contribuyentes con más capacidad para aprovecharse de ellos. Nos encontramos después sin recursos para financiar la protección social a los estándares europeos, por no hablar ya de una política
industrial que puede llevar al cambio de modelo productivo en nuestro país. La recaudación de los más de 40 000 millones de euros de los que llevan algunos años el beneficio fiscal del presupuesto de beneficios fiscales, reducen prácticamente a la
mitad la brecha fiscal que nos separa de la eurozona. Por todo ello, consideramos necesario y urgente que se evalúe la eficacia de estos beneficios fiscales, que se determine cuáles de ellos cumplen una utilidad y cuáles no y cuáles son los
beneficiarios fiscales y cuáles son los costes reales de estos beneficios para de esta manera acabar con esta distorsión de nuestro sistema impositivo que permita liberar recursos públicos para financiar el Estado del bienestar.
Coincidimos con el sentido general de la proposición no de ley, como comentaba, pero hemos presentado una serie de enmiendas basadas en el informe de fiscalización del Tribunal de Cuentas que si tienen a bien incorporar el Grupo Socialista,
y si no votaremos a favor igualmente ya que estamos de acuerdo en la orientación de esta proposición no de ley. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: En nombre del Grupo Popular, tiene la palabra la señora Romero.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
En relación con el objeto de la proposición no de ley no está previsto, de conformidad con el plan de acción en el que la AIReF basa los primeros trabajos de revisión del gasto, la revisión del presupuesto de beneficios fiscales de las
administraciones públicas que en todo caso se incluirían en los planes de revisión de trabajo de revisión de ingresos, no de gasto. Sin perjuicio de que más adelante, en el marco de los diferentes proyectos de evaluación que se acometan sí se
incluya. Por ello, hemos planteado una enmienda para estudiar la progresiva incorporación del presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas territoriales en el análisis de la profundidad de las medidas que está llevando a cabo
la AIReF.
Señoría, hemos de ser conscientes de que el proceso de revisión del gasto público comprenderá varios años y se llevará a cabo por áreas específicas de gasto. La primera área que será objeto de revisión es la de subvenciones públicas. Así
se acordó en el pasado Consejo de Ministros de 2 de junio. La AIReF presentó un plan de acción en el que basaría sus trabajos de revisión del gasto, el cual ha sido aprobado el 26 de enero por acuerdo del Consejo de Ministros. Quiero recordar que
el Gobierno ha asumido firmemente el compromiso de llevar a cabo una revisión del gasto público y así lo ha recogido expresamente en el programa de estabilidad 2017-2020 enviado el pasado mes de abril a la Comisión Europea. Se trata de un proceso
que va en línea con otro proceso de revisión del gasto que se está realizando en otros Estados miembros de la Unión Europea y cuya finalidad será llevar a cabo una revisión integral del gasto del conjunto de administraciones públicas que permita
detectar posibles ineficiencias y solapamientos entre administraciones. El Gobierno actúa, sí, es transparente, sí, y actúa incluso más allá del gasto. Porque las políticas aplicadas por el Gobierno ya son objeto de evaluación a través de
diferentes instrumentos integrados en la gestión de lo público. Existe ya la obligación de evaluar periódicamente la aplicación de las normas en vigor, con el objeto de comprobar si han cumplido los objetivos perseguidos y si el coste de la carga
derivada de ella estaba justificado y adecuadamente valorado y las normas tributarias, por supuesto, no escapan a ello.
El resultado de la evaluación se plasma en un informe anual público aprobado en el Consejo de Ministros en el que se refleja el grado de cumplimiento del Plan anual normativo del año anterior. Es una propuesta que podría incluirse, pero lo
que no admitimos es que con la misma se pretenda dar la imagen de falta de voluntad del Gobierno en la transparencia de las cuentas públicas y en la gestión del Gobierno.
Señorías del Grupo Socialista, la señora Montero, consejera de Hacienda de mi tierra, de la Junta de Andalucía, decía, y leo literalmente el Diario de Sesiones de la Comisión de Hacienda en la Cámara andaluza, el 7 de septiembre de 2017: No
hay en el mundo ninguna administración que haga liquidación de beneficios fiscales. Hemos consultado a la totalidad, incluido Reino Unido, Estados Unidos, porque insisto más allá de la necesidad o el gusto de intentar responder a la cuestión, la
Dirección General de Tributos viene trabajando en esta materia e intentando afinar con esta metodología y no existe ninguna administración que lo haga. ¿Qué le quiero decir con esto? Que no es una tarea fácil. No quiera ver usted en eso que
ninguna administración deliberadamente está ocultando nada. Ni esto significa que haya descontrol. No. Aquí termina la lectura literal. Para mí esto no es de extrañar, porque esto último, tampoco lo digo yo, sino la Cámara de Cuentas de
Andalucía, que en su informe de fiscalización de ingresos manifiesta en el último que no se incluyen todas las figuras tributarias que de acuerdo con su normativa tienen reconocida bonificaciones fiscales y que no se ha facilitado el seguimiento del
impacto recaudatorio sobre tributos propios. Lo que es imposible para un Gobierno, creo que debe de ser imposible para todos los demás, aunque estén muy convencidos de la eficacia de nuestro Gobierno, del Gobierno del Partido Popular.
Señorías, colaboremos, acordemos, avancemos, reconociendo que no es fácil ni se pretende ocultar y se puede realizar, pero requiere planificación, tiempo y compromiso de todas las administraciones que han de incluir y liquidar por ley
también dichos beneficios fiscales. Por eso hemos propuesto la enmienda y en caso de no admitirla para añadir el tiempo que precisa este estudio lo que haríamos sería abstenernos. Coincidimos en el fondo, pero no en los plazos. Con lo que no
coincido es con lo manifestado por otros grupos como Ciudadanos en que el beneficio fiscal ha de ser con rentabilidad económica. Para nosotros el beneficio fiscal tiene un carácter social. Las deducciones por ejemplo, por IRPF para reducir las
cargas familiares y las cargas tributarias en autónomos, mejoran la economía familiar y redundan en la economía en general, al mejorar y elevar la renta de los ciudadanos. Para nosotros la reducción de impuestos genera mayor economía y creemos que
a los españoles se les puede elevar la renta y tienen su capacidad de discernir en hacer los actos y no tutelarnos en todo. Nosotros preferimos bajar impuestos y que haya crecimiento económico. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Mixto, señor Bel. (Pausa). Pasamos al Grupo Vasco, señora Sagastizabal. (Pausa). Esto agiliza bastante el punto.
Se han presentado tres enmiendas en este punto. Señora Blanquer, cuando las sometamos a votación vamos a tener en cuenta alguna de esas enmiendas o lo hacemos en sus términos.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Lo haremos en sus términos. Pero quiero aprovechar la palabra para dar las gracias a todos los grupos que han presentado propuestas, porque las propuestas vienen recogidas perfectamente en la proposición no de
ley y espero que podamos conseguir la unanimidad. Porque desde luego no pone plazo en la proposición no de ley y si el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo en avanzar en transferencia no tendrá ningún problema en aprobar esta proposición no
de ley. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA LEY 8/1972, DE 10 DE MAYO, DE CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE AUTOPISTAS EN RÉGIMEN DE CONCESIÓN, QUE CONTEMPLA PRIVILEGIOS FISCALES PARA LAS CONCESIONARIAS. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002842).
El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al punto 7 del orden del día, que es una proposición no de ley del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea sobre la necesidad de modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de
construcción, conservación y explotación de autopistas en
régimen de concesión que contempla privilegios fiscales para las concesionarias. En nombre del grupo proponente tiene la palabra la señora Fernández.
La señora FERNÁNDEZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
Desde Marea hemos hecho una ardua labor en torno a la AP-9, la autopista gallega que funciona como columna vertebral en la ordenación del territorio de nuestro país. Hemos insistido en la petición de transferencia, pero esta vez queremos
abordar otro aspecto, el tributario. La Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión establece una exención a empresas concesionarias del 95 % del IBI. Estos privilegios y beneficios a una empresa
privada son un escándalo heredado del franquismo que no entendemos cómo puede seguir vigente en casos, por ejemplo, como el de Audasa, donde la empresa concesionaria de la AP-9 solo tributa hoy un 5 % del IBI. Cabe destacar que las autopistas
creadas a partir de 1989 no se benefician de este beneficio fiscal ya que en diciembre de 1989 se eliminaron dichas bonificaciones, pero sin embargo se mantuvieron para aquellas concedidas previamente, lo que agrava más la situación de estas, pues
las que tienen mayor tiempo de concesión son las que soportan este privilegio fiscal. Aquí es donde vuelvo a la AP-9, porque supone el caso más grave, pues es la que tiene el mayor plazo de concesión. Se adjudicó en el año 1973 y pasados 28 años,
en el 2001, cuando ya estaba más que amortizada, Aznar prolongó la concesión hasta el 2048 y sus privilegios fiscales hasta el 2003. Por tanto, heredamos una concesión del franquismo con los privilegios fiscales del franquismo. También hay otros
casos como la AP-2, Zaragoza-Mediterráneo, y la AP-7, autopista del Mediterráneo, que ya finalizaron dichos privilegios fiscales en el 2016, pero que no se están materializando. Todo esto además encuadrado en un contexto en el que los ayuntamientos
están siendo ahogados por la imposición del objetivo de déficit y donde el IBI tiene un papel relevante a la hora de paliar sus políticas de recortes y prestar mejores servicios públicos. Este privilegio, como digo, tiene un gran coste para
Galicia. La AP-9 pasa por veintidós municipios en A Coruña y doce en Pontevedra. Abegondo es uno de los ayuntamientos afectados por los privilegios fiscales de Audasa, calculan desde el consistorio que tendrían que ingresar casi 600 000 euros
anuales. Sin embargo, están percibiendo 30 000. En total los municipios coruñeses tendrían que estar ingresando 5 millones de euros anuales y los de Pontevedra unos 4 millones. En el caso de Vigo la bonificación permite a Audasa ahorrarse 173 000
euros anuales por los nueve kilómetros que la atraviesa. Por esto, ayuntamientos como Abegondo o Betanzos han llevado esta demanda a la Unión Europea para que requiera al Estado español a adecuar su actuación a la normativa comunitaria y de negarse
a corregir su conducta, a tomar las medidas legales oportunas e interponer el correspondiente recurso por incumplimiento y por incompatibilidad de la normativa interna con el derecho de la Unión Europea. A este respecto es preciso recordar que el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea consideró la exención del IBI al astillero Navantia en Ferrol como una ayuda pública ilegal. Por lo mismo, basándonos en el artículo 107 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea esta puede
considerar que se está vulnerando la normativa comunitaria. Si es así, saben que dará un plazo al Ejecutivo español para modificar la ley de 1972 y preguntamos: ¿Por qué no ahorrarnos tal proceso y proceder ya a cambiar o derogar una ley
franquista que premia a las concesionarias y castiga a los ayuntamientos? En el Parlamento de Galicia ya hemos dado pasos y a instancias de Marea el pasado enero ha sido aprobada esta misma proposición no de ley. Por tanto, esta es una petición
unánime allí que nos gustaría que tuviera el mismo eco en esta Cámara. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Aquí también se han presentado tres enmiendas. Una por el Grupo de Ciudadanos, otra por el Grupo Socialista y otra por el Grupo Popular.
En nombre del Grupo de Ciudadanos, tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente toda esta situación es un tanto extraña y problemática. En primer término, recordemos todos que la titularidad propiamente de una autopista, que siempre es una concesión, y estamos hablando de bienes de dominio público, con lo
cual es difícil que estas entidades tributen como tales en el impuesto sobre bienes inmuebles. Ya hay un problema teórico. En segundo término, el principal problema es que efectivamente todo esto viene del franquismo y de una ley que dio una serie
de beneficios o un incentivo a las empresas para que asumiesen concesiones, pero el problema es que una vez esto se incorpora al contenido de los contratos tenemos un principio de equilibrio patrimonial. Esto significa que si se suben estos
impuestos habrá que compensar a la concesionaria. En consecuencia, este dinero vendrá o bien por
aumento de peajes, o bien a cargo del Estado para que el ayuntamiento cobre. Nos parece que toda la gestión de autopistas que se ha llevado en todos estos años es particularmente criticable y el régimen fiscal debería de ser similar en
todas las concesiones, pero hay que tener en cuenta que si es la Unión Europea la que considera que esto es una ayuda de Estado incompatible y de nuevo volvemos otra vez a la misma cuestión: no es sencillo porque viene de una normativa española muy
anterior a que España se incorporase a la Unión Europea. En ese caso, se procedería a exigir a la concesionaria, pero nos encontraríamos como nos estamos encontrando en otro tipo de supuestos, como por ejemplo casos muchísimo más graves y
escandalosos como el caso del rescate de las radiales con que tenemos que hacer frente todos los ciudadanos, todos los contribuyentes, al pago de no sé si de una serie de privilegios o mala gestión anterior. En consecuencia, nosotros hemos
propuesto la enmienda de que habría que revisar en el marco de la reforma de la financiación local la Ley 8/1972 de construcción, conservación y explotación de las autopistas en régimen de concesión y que los nuevos concursos no se les diesen
privilegios fiscales sino que se estableciese un régimen fiscal y, en su caso, unas compensaciones adecuadas a los ayuntamientos que tienen que soportar el tráfico de una autopista. Pero también pensemos que la capacidad de pago que en su caso
puede tener una autopista no es la misma que si estuviésemos hablando de un edificio de viviendas, que sería el supuesto prototípico del pago del IBI. En consecuencia, ya nos ha comunicado el grupo proponente, el Grupo En Marea, que hay una
transaccional al respecto, que efectivamente recoge la idea de nuestra propuesta, pero propone inmediatamente recortar el 95 % de bonificación fiscal en el IBI actualmente establecido que en nuestra opinión acabaremos teniendo que pagar o bien los
usuarios de la AP-9 o alternativamente los contribuyentes que no nos parece que se pueda hacer de forma directa y sin llegar a un acuerdo previo con la concesionaria porque nos veremos obligados tarde o pronto a indemnizar por el principio de
equilibrio patrimonial. Aunque compartimos los fines de la proposición no de ley nosotros consideramos prioritario más que respecto de las finanzas de los ayuntamientos que en buena medida actualmente están saneadas el tema de que los usuarios
paguen menos y los contribuyentes no tengan que pagar esta factura. Por todas las razones anteriores a esta proposición no de ley, en los términos de la transacción, nos vamos a abstener.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.
En nombre del Grupo Socialista tiene la palabra el señor Meijón.
El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidente.
Por supuesto que el Grupo Socialista está a favor de esta iniciativa. Entre otras cuestiones por lo que la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ya ha indicado y no lo voy a repetir, lo haremos por simple
coherencia. Ya el 19 de diciembre del año 2017 aprobamos en una iniciativa presentada en el Parlamento de Galicia por el Bloque Nacionalista Gallego un punto, el quinto, que recogía prácticamente de forma literal lo que se está pidiendo en esta
iniciativa. Punto que por cierto fue aprobado por unanimidad. Posteriormente, también el 9 de febrero de 2018 votamos a favor de una nueva iniciativa presentada por En Marea, que prácticamente volvía a decir lo mismo que lo aprobado en diciembre,
un punto además que se transaccionó para que fuera lo más parecido posible a la votación anterior y que fue también aprobado por unanimidad. En estas iniciativas obviamente se hacía referencia al caso más flagrante de autopista con concesionaria
que tenemos en España que es la autopista AP-9 en Galicia. Ahora obviamente tratamos de que esto pueda extenderse a todas aquellas autopistas que estén en la misma situación. Por cierto, no estaría mal recordar que el Grupo Parlamentario
Socialista estaría a favor de que el señor Rajoy levantara el veto a debatir la transferencia de esta autopista y dijera lo mismo que el señor Feijóo, cuando afirma que en una nueva redacción no habría ningún problema en que esto al menos pudiera
ser debatido.
Presentamos una enmienda en la que mencionamos básicamente tres cuestiones: en primer lugar, no hablamos únicamente de modificar el real decreto mencionado en la proposición, sino que entendemos que debiera hacerse referencia a todas
aquellas modificaciones de las disposiciones que pudieran afectar al objeto de esta iniciativa, que es precisamente que las autopistas tengan que pagar el IBI en aquellos concellos por los que discurren. Además, asemejamos la redacción a la que en
su momento fue aprobada por unanimidad en Galicia, con el fin de facilitar que todos los grupos de esta Cámara puedan votar favorablemente esta proposición no de ley. Como segundo punto nos parece oportuno introducir algo que también se apuntó en
Galicia, y es el apoyo a los ayuntamientos que se han presentado ante Europa para decir que hay que hacer efectivo ese pago y, por lo tanto, eliminar la exención del 95 % del IBI. Creemos
que el Gobierno del Estado puede y debe apoyar esta petición, debe asesorar a los ayuntamientos que han iniciado este proceso y a todos aquellos que lo puedan iniciar con posterioridad. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Por favor, señorías, guarden un poco de silencio.
El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, señor presidente, yo también lo agradezco.
Por otra parte, hay que recordar que el IBI supone el 30 % de la recaudación, por lo tanto, no estamos hablando de cantidades pequeñas, sino de cantidades importantes para el buen hacer de estos ayuntamientos. Con el tercer punto de nuestra
enmienda pretendemos mejorar la redacción del segundo punto de la proposición, ya que no se trata solo de pedir al Gobierno que modifique la ley -porque podría hacerlo a peor y ejemplos tenemos-, sino de decirle en qué dirección debe modificar esta
ley. Consideramos que debe hacerlo especialmente en lo que respecta a aquellas disposiciones que afectan al interés general. Este es el sentido de nuestras enmiendas y agradeceríamos al partido proponente que tenga a bien aceptarlas.
Moitas grazas, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Meijón.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Píriz.
El señor PÍRIZ MAYA: Muchas gracias, señor presidente.
Me acaba de llegar una enmienda transaccional, y yo agradezco a los grupos firmantes que no nos la hayan pasado previamente ni la hayan intentado negociar con nosotros. (Aplausos). El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha iniciado
su intervención con palabras como 'por supuesto, que estamos a favor' o 'por simple coherencia'; supercoherente, me parece todo absolutamente coherente. He consultado los Presupuestos Generales del Estado de 2006, gobernaba en España José Luis
Rodríguez Zapatero. La enmienda 914 de Esquerra Republicana ya planteaba esto; la enmienda 1490 de CiU ya planteaba esto; voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista. (Aplausos). Presupuestos Generales del Estado del año 2010, la enmienda
2961 de CiU planteaba esto; voto en contra del Grupo Parlamentario Socialista, simple coherencia. Presupuestos Generales del Estado de 2011, enmienda del BNG, la última vez que se lo han solicitado con Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; el
Grupo Parlamentario Socialista dijo no, simple coherencia. (Aplausos).
Leo en la proposición no de ley y en sus enmiendas que la norma se considera obsoleta y caduca simplemente porque es muy antigua, de la época franquista han dicho varias veces en sus intervenciones. Yo solo les quiero recordar una cosa
antes de entrar en materia, en el ordenamiento jurídico español una de cada cuatro leyes proviene de lo que algunos llaman época franquista, una de cada cuatro, casi trescientas; hay tres de Alfonso XIII, hay una de la reina María Cristina y otra
de Isabel II. (Aplausos). Lo digo por si seguimos trayendo normas antiguas, la de Isabel II, la Ley del Notariado, empieza con el preámbulo 'Por la gracia de Dios y la Constitución Reina de las Españas'. Por tanto, solo les digo que todavía hay
alguna más antigua que esta.
El impuesto sobre bienes inmuebles se regula en los artículos 60 a 77 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. La normativa actual de los tributos
locales no recoge una bonificación en el impuesto sobre bienes inmuebles a favor de las empresas concesionarias de autopistas. No obstante, se mantiene un régimen transitorio en virtud de lo establecido en la disposición transitoria primera. Este
régimen fue introducido por la disposición adicional novena de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, que estableció que a partir del 31 de diciembre de 1989 quedaban suprimidos cuantos beneficios fiscales
estuvieran establecidos. El artículo 12a) de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, estableció una reducción de hasta el 95 % de la base imponible de la contribución
territorial urbana que recaiga sobre el aprovechamiento de los terrenos destinados a autopistas de peaje. Esta reducción afectaba a los terrenos y construcciones que constituyan la autopista o estén directamente destinados a su servicio, y no
resultaba de aplicación a los edificios ocupados por oficinas de la entidad concesionaria ni a los constituidos en las áreas de servicio. En el artículo 11.3 de la misma ley se estableció que en los decretos de adjudicación se fijaría el plazo de
duración de los beneficios tributarios a favor de la entidad adjudicataria, sin que este pudiera ser en ningún caso superior al período concesional. En consecuencia, las entidades que a fecha 1 de enero de 1990 estuviesen disfrutando de la
bonificación en la contribución territorial urbana prevista por esta ley,
continuarían disfrutando de ella hasta la fecha prevista de extinción del beneficio fiscal en el decreto de adjudicación correspondiente. Por tanto, no cabe la aplicación de este beneficio fiscal en los reales decretos de adjudicación de
autopistas posteriores a la entrada en vigor de la Ley 39/1988. La concesión de la AP-9 sigue manteniendo el beneficio tributario relativo a la bonificación en el IBI, siendo un derecho adquirido cuya derogación supondría una compensación a la
sociedad concesionaria de la autopista AP-9 al verse alterado su equilibrio económico por causas ajenas a la misma. Hemos propuesto un texto alternativo a este primer punto.
En el segundo punto se propone la modificación global de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, argumentando que se trata de una normativa caduca y obsoleta. Si bien
es cierto que, como toda norma, es susceptible de adecuación, debe reseñarse que dicha ley ha sido y sigue siendo fundamental para el desarrollo del sector concesional en las autopistas de peaje y lo sigue siendo, considerándose una norma básica
sectorial reguladora de aspectos técnicos y económicos, y cuyo texto legal ha sido modificado en una parte muy importante de su articulado y es perfectamente complementario con la actual legislación contractual aplicable a las concesiones de obra
pública. En cualquier caso, dado el tiempo transcurrido y la conveniencia de modificar algunos aspectos de la misma, se propone hacer un análisis de qué aspectos sería necesario abordar desde los distintos ámbitos para, posteriormente, promover las
modificaciones que sean necesarias de dicha ley. Por todo ello hemos propuesto un texto alternativo y anunciamos que, de no aceptarse, rechazaremos la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Píriz.
En nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.
Nosotros en este punto nos vamos a abstener porque estamos hablando del IBI, un tributo concertado en normativa autónomica, por lo que tenemos competencia exclusiva.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
En esta iniciativa nos han presentado una enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Por tanto, se votará en los términos de dicha enmienda transaccional.
Si les parece, ponemos las enmiendas en orden durante un par de minutos y procedemos a la votación. (Pausa).
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Señorías, votamos el primer punto del orden del día: proposición no de ley relativa al impuesto sobre las transacciones financieras, en los términos de la autoenmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 14; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el 2.º punto del orden del día: Proposición no de ley sobre medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, en los términos de la enmienda
transaccionada entre los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 12; abstenciones, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 3.º punto del orden del día: Proposición no de ley sobre la utilización de las viviendas de titularidad estatal, la regulación de los espacios y medios públicos y la supresión de privilegios, en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el 4.º punto del orden del día: Proposición no de ley sobre el tratamiento del impuesto sobre el valor añadido en las subvenciones públicas, en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 22; en contra, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 5.º del orden del día: Proposición no de ley sobre el establecimiento de una cláusula para la cancelación de las operaciones de préstamo formalizadas por las entidades locales con el Fondo para la Financiación de los Pagos
a Proveedores. Está transaccionada por los Grupos Parlamentarios Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, Mixto y Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos el punto 6.º del orden del día: Proposición no de ley relativa a incluir el presupuesto de beneficios fiscales de las administraciones públicas en la evaluación encargada a la AIReF sobre el análisis en profundidad del gasto, con el
objetivo de evaluar la calidad de las políticas públicas. Se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el último punto: Proposición no de ley sobre la necesidad de modificar la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, que contempla privilegios fiscales para
las concesionarias. Se vota con la enmienda transaccional de los Grupos Parlamentarios Socialista y Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 14; abstenciones, 4.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Muchísimas gracias, señorías. Se levanta la sesión.
Eran las siete y veinte minutos de la tarde.