Ruta de navegación
Publicaciones
DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 427, de 14/02/2018
cve: DSCD-12-CO-427
PDF
CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 427
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS
Sesión núm. 22
celebrada el miércoles,
14 de febrero de 2018
ORDEN DEL DÍA:
Preguntas:
De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández, del Grupo Parlamentario Ciudadanos:
- Sobre motivos por los que el Gobierno no se sumó al compromiso internacional para establecer una fecha límite del uso del carbón como fuente de producción energética. (Número de expediente 181/000571) ...
- Sobre inventario de los terrenos o recursos hidrológicos afectados por contaminación radiológica (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/011215). (Número de expediente 181/000649) ...
- Sobre valoración del Gobierno de la Sentencia del Tribunal Constitucional sobre autoconsumo colectivo (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/013418). (Número de expediente 181/000652) ...
- Sobre malversación de fondos del Instituto para la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/013449). (Número de
expediente 181/000654) ... (Página6)
De la diputada doña Melisa Rodríguez Hernández y del diputado don Diego Clemente Giménez, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, sobre documento del Consejo de Seguridad Nuclear sobre descontaminación de Palomares, aprobado en noviembre de
2015: Evaluation of Alternatives for Remediation of Soils of Contamination at the Palomares Accident Site (DoE/NV-1536) (procedente de la pregunta al Gobierno con respuesta escrita 184/009974). (Número de expediente 181/000673) ...
Proposiciones no de ley:
- Sobre el desmantelamiento de la Plataforma Castor. Presentada por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. (Número de expediente 161/001966) ... (Página10)
- Relativa al alquiler de viviendas para su uso turístico. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002323) ... (Página17)
- Relativa a solicitar una mesa de negociación entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y las asociaciones nacionales de productores de energía fotovoltaica. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de
expediente 161/002427) ... (Página22)
- Relativa a evitar denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002460) ...
- Relativa a la propuesta de cierre de la central térmica de Lada (Asturias) y la necesidad de negociar un nuevo Plan de la Minería del Carbón. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002537) ...
- Sobre el desarrollo y retención del talento en la economía digital. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002542) ... (Página37)
- Relativa a la participación del sector público en las empresas de distribución de energía eléctrica. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000798) ...
- Relativa a la colaboración del Gobierno con las entidades locales en materia de fiscalización de pagos de tasas públicas por parte de distribuidoras y comercializadoras eléctricas. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002299) ... (Página45)
Votaciones ... (Página49)
Se abre la sesión a las cinco y cinco minutos de la tarde.
El señor PRESIDENTE: Señorías, iniciamos la sesión de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital para dar respuesta a diversas preguntas, así como al debate y votación de las proposiciones no de ley que aparecen en el orden del día.
Les anuncio a sus señorías que hay una propuesta de trasladar las proposiciones no de ley números 6 y 8 al penúltimo y último lugar, con lo cual la primera proposición no de ley que trataríamos sería la número 7; después, todas
correlativamente, y finalmente trataríamos la 6 y la 8. Es una petición que me han formulado los grupos proponentes. ¿Hay algún inconveniente por parte de los portavoces? (Denegación). Se lo agradezco a sus señorías.
PREGUNTAS:
DE LA DIPUTADA DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS:
- SOBRE MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO SE SUMÓ AL COMPROMISO INTERNACIONAL PARA ESTABLECER UNA FECHA LÍMITE DEL USO DEL CARBÓN COMO FUENTE DE PRODUCCIÓN ENERGÉTICA. (Número de expediente 181/000571).
El señor PRESIDENTE: Comenzamos con las preguntas de la diputada Rodríguez Hernández, para lo cual doy la bienvenida a la Comisión al subsecretario del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, señor García-Manzano Jiménez de
Andrade. El tiempo que dedicaremos, como en el Pleno, será de dos minutos y medio a cada parte en dos turnos para formular la pregunta y responder.
Tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández para la primera de las preguntas: Motivos por los que el Gobierno no se sumó al compromiso internacional para establecer una fecha límite del uso del carbón como fuente de producción
energética.
Señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor subsecretario, gracias por venir. Esta pregunta la realizamos el 20 de noviembre de 2017, es decir, hace tres meses. Nos gustaría que nos respondiera sobre cuál ha sido la posición de
España en relación con el carbón cuando se firmó ese acuerdo del CO23, por qué España no lo ha firmado.
El señor PRESIDENTE: Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Muchas gracias, presidente.
Señora Rodríguez, el Gobierno considera que es necesario un mix energético diversificado, sostenible, que garantice la seguridad del suministro y en el que todas las fuentes de energía estén presentes de una manera equilibrada. El carbón,
como sabe, juega un papel importante en este mix energético ya que incrementa la competencia en el mercado mayorista, diversifica las fuentes de aprovisionamiento y actúa como back up de las energías renovables cuando no sopla el viento o no luce el
sol, supliendo además nuestro grado de interconexión insuficiente con Francia. Por otra parte, el Gobierno está absolutamente comprometido con el cumplimiento de los objetivos ambientales a nivel internacional en materia de renovables y de
reducción de emisiones y en lograrlos, además, de la forma más eficiente posible. En consecuencia, siempre que se garantice el cumplimiento de tales objetivos, todas las energías deben tener cabida en el mix de generación en función de su
competitividad. Esto garantiza que aumente la competencia en el mercado y que el precio que paga el consumidor sea lo más competitivo posible.
Según estimaciones del operador de mercado, el cierre de las centrales térmicas de carbón podría suponer una subida del precio mayorista de electricidad entre un 14 % y un 27 %, lo que supone un impacto en la factura final del consumidor
medio aproximadamente entre un 5 % y un 10 %. En este sentido, puedo recordar, por ejemplo, lo ocurrido en enero de 2017, donde se produjo una situación en la que coincidieron simultáneamente la parada de una parte importante del parque nuclear
francés, una elevada demanda y un mercado de gas natural con los precios fuertemente tensionados. En estas circunstancias, las centrales térmicas de carbón fueron determinantes para asegurar el suministro eléctrico y reducir, además, los precios
para los consumidores.
El Gobierno está alineado con las decisiones de la Unión Europea en cuanto a la descarbonización de la economía, pero debe hacerse mediante una transición ordenada y eficiente. En este sentido, como saben, se está elaborando una ley de
transición energética y cambio climático y se ha creado un grupo de expertos que, en la actualidad, está elaborando un informe sobre diversos aspectos de la transición energética, incluyendo un análisis de los costes y los beneficios asociados a
cada uno de ellos. Asimismo, está también en tramitación un procedimiento que permite regular el cierre de cualquier central de generación eléctrica, independientemente de su tecnología. El Gobierno considera que la decisión empresarial de cerrar
o no una determinada central de generación eléctrica debe ser compatible en todo caso con los objetivos de política energética de España y con el cumplimiento de los internacionales. Esta medida regulatoria permitirá asegurar que las decisiones del
cierre de centrales son coherentes con los instrumentos de planificación energética y con los objetivos en materia de seguridad de suministro, cambio climático y precios competitivos de la energía. En este sentido, tal y como se establece en ese
proyecto de real decreto, podría llegar a denegarse el cierre de una instalación cuando esto suponga un riesgo para la seguridad de suministro eléctrico, cuando ocasione efectos desfavorables del mercado o en el cumplimiento de los objetivos
medioambientales. En estos casos, el titular de la central podrá acudir a un procedimiento de subasta de la central que estará supervisado por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor subsecretario, creo que no me ha respondido del todo. Países como Francia, Portugal, Italia, Reino Unido o Canadá sí que firmaron ese
acuerdo por el que se comprometían a cumplir el Acuerdo de París de 2016. La posición del Ministerio de Energía no tiene nada que ver con la del Ministerio de Medio Ambiente y no sabemos si los compromisos se quedan solo en buenas palabras
o si realmente quieren cumplir los objetivos de cambio climático. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué razón el Gobierno de España no se sumó al compromiso internacional de establecer una fecha límite para el uso del carbón como fuente de producción
energética? A pesar de que no se hubiese sumado a este compromiso, ¿valora el Gobierno establecer una fecha tentativa para el final de este tipo de centrales?
Yo no le he preguntado hasta el momento por el cierre de centrales y usted se adelantó a darnos el dato, pero entendemos que el modelo que propone el Gobierno es un modelo basado en el carbón. Eso está lejos de los objetivos europeos, está
lejos de lo que dice Europa y me gustaría saber qué piensa usted en cuanto a las emisiones.
Nos ha hablado del grupo de expertos de la ley de cambio climático y transición energética, ¿para cuándo estará esa ley, señor subsecretario? Lo que nos ha llegado a nosotros es que los expertos que ha designado el Gobierno están
ralentizando el funcionamiento de dicho grupo. ¿Nos puede decir a qué se debe esto?
Muchas gracias,
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Señor subsecretario, había agotado el tiempo, pero si quiere puede responder brevemente.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Muy brevemente.
Señora Rodríguez, muchas gracias. Como he dicho, en el ánimo del Gobierno no está el cierre de ninguna de las tecnologías por decreto, sino en asegurar un mix energético diversificado y sostenible que tenga en cuenta tres objetivos:
seguridad del suministro, los ambientales y precios competitivos de la energía. En este sentido, siempre que sean compatibles estas tecnologías, el Gobierno está tramitando esa propuesta de real decreto a que me he referido y el proyecto de ley de
cambio climático y transición energética.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- SOBRE INVENTARIO DE LOS TERRENOS O RECURSOS HIDROLÓGICOS AFECTADOS POR CONTAMINACIÓN RADIOLÓGICA (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/011215). (Número de expediente 181/000649).
El señor PRESIDENTE: Para formular la segunda pregunta, sobre inventario de los terrenos o recursos hidrológicos afectados por contaminación radiológica, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Esta pregunta, señor subsecretario, se hizo el 5 de abril de 2017, es decir, hace más de diez meses, lo cual creo que es totalmente para sonrojar al ministerio y por eso estamos aquí hoy. Señor
subsecretario, ¿nos puede decir si existe un inventario sobre los terrenos y recursos hidrológicos afectados por contaminación radiológica en España?
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Hernández.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Muchas gracias, presidente.
Ante todo, quiero ponerle de manifiesto que el Gobierno trabaja no solamente por el mantenimiento de las condiciones de seguridad nuclear en las instalaciones ya existentes en España, sino también para evitar que la contaminación de terrenos
con material radiactivo pueda suponer riesgo alguno para las personas o para el medio ambiente. Como sabe su señoría, en la mayor parte de los terrenos en lo que esto sucede existe contaminación radiactiva, resultado de la existencia de yacimientos
mineros cuya explotación se llevó a cabo hace años en nuestro país y cuya restauración ha sido realizada por Endesa; por la contaminación con materiales radiactivos de origen natural, por ejemplo, la fabricación de
fertilizantes; en otros, como resultado de incidentes ocurridos en actividades industriales en las que se procesan materiales metálicos; y en otros casos es el resultado de accidentes.
Respecto a las preguntas concretamente formuladas, debo decirle que cuando se detecta que un suelo puede tener niveles de contaminación radiactiva, el Consejo de Seguridad Nuclear tiene establecidos niveles de referencia caso por caso con
restricciones de uso asociadas. Además, según la contaminación de que se trate, ha requerido en algún caso planes de restauración y programas de vigilancia. En los emplazamientos de las instalaciones autorizadas por el CSN no procede declarar el
estado de contaminación en tanto no se lleve a cabo su desmantelamiento y posterior liberación del emplazamiento.
Por otro lado, las inspecciones y evaluaciones realizadas por el CSN en las zonas que pueden tener niveles de contaminación son las habituales que realiza en el ejercicio de sus funciones. En alguna de estas zonas se han llevado a cabo
verificaciones por parte de la Comisión Europea, en el marco del Tratado Euratom, y en todo caso es importante destacar que las actuaciones de descontaminación que se han de llevar a cabo en un terreno están en función de los usos que se pretenda
dar al suelo. Serán distintas si el uso es de construcción de viviendas, industrial o si se pretende hacer un parque, un espacio natural, etcétera. Debe contar, por tanto, previamente con el correspondiente informe favorable del CSN para poder ser
aprobado.
Debo también señalar que la Directiva 2013/59/Euratom, de normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes, actualmente se encuentra en proceso de trasposición. Por
último, tanto en el informe del Consejo de Seguridad Nuclear remitido al Congreso de los Diputados y al Senado como en la propia web del CSN se da información sobre los suelos de los que se tiene noticia que están potencialmente contaminados. Así,
en el apartado 4.8.3 de dicho informe se describen las actividades en instalaciones no reguladas por la legislación nuclear, entre las que están las relativas al Centro de Recuperación de Inertes de las Marismas de Mendaña, y en el apartado 5.2.6,
sobre programas de vigilancia específicos, las realizadas de acuerdo con los programas establecidos en el emplazamiento de la antigua planta Lobo G y en la zona de Palomares.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Señora Rodríguez.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): En el Reglamento de instalaciones nucleares y radiactivas se introdujeron, mediante el Real Decreto 35/2008, modificaciones del Real Decreto 1836/1999 y medidas de control para las áreas
contaminadas radiológicamente, pudiendo estar tanto en terrenos como en recursos hidrológicos. En el artículo 81 se menciona que el Consejo de Seguridad Nuclear ha de elaborar un inventario de los mismos, en concreto el texto normativo indica
textualmente: El Consejo de Seguridad Nuclear elaborará un inventario de los terrenos o recursos hidrológicos de los que tenga conocimiento que se hayan visto afectados por la contaminación radiológica, informando de ello a las autoridades
competentes a los efectos oportunos. Usted habla de un informe del CSN. El único informe que ha llegado al Congreso de los Diputados en el que se hablaba de dicho inventario fue el de 2010. Ni en el informe de 2011 ni en el de 2012 ni en el de
2013 ni en el de 2014 ni en el de 2015 ni en el de 2016 que estamos tratando se incluye dicho inventario, por lo que le vuelvo a preguntar: ¿Cuáles son las actuaciones realizadas por el ministerio y el Consejo de Seguridad Nuclear en referencia a
dicho inventario? ¿Cuál es el estado actual de dicho inventario y cuál es el número de terrenos y recursos hidrológicos que forman parte del mismo? Repito, desde 2010 no hay ningún atisbo de ese inventario en el informe que se transmite al
Congreso de los Diputados. ¿Cuáles son las actuaciones o medidas solicitadas por el Consejo de Seguridad Nuclear y el ministerio a los titulares de dichos terrenos para garantizar la protección radiológica de las personas? ¿Cuáles han sido las
inspecciones y evaluaciones realizadas por el CSN en relación con las áreas contaminadas? ¿Qué criterios de protección radiológica tiene establecidos el CSN para dichas áreas? ¿Por qué no se ha informado e identificado dichas áreas de forma
pública ya sea a través de los informes del Congreso o la página web del CSN? Repito, desde 2010 no entra dicho inventario en ningún informe del Consejo de Seguridad Nuclear remitido al Congreso de los Diputados.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Muchas gracias, señor presidente.
Señora Rodríguez, de un lado, debo decir que el Consejo de Seguridad Nuclear es un organismo dotado de independencia que, como tal, no sé si ha sido objeto de preguntas al respecto pero sin duda podrá informar mucho mejor sobre por qué en
esos informes se contienen o no estas actuaciones. En todo caso, respecto de algunas de las preguntas que se reformulan, sí que existe una instrucción del CSN IS-13 sobre criterios radiológicos para la liberación de emplazamiento e instalaciones
nucleares. Sí que existen en su página web determinados criterios radiológicos con los ejemplos para algunas de las zonas que he dicho, y también existe alguna propuesta del CSN valorada en su día, algunas de cuyas medidas requerían norma con rango
de ley, por lo que no era posible incluirlas en los planes del tipo a los que usted se ha referido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario.
- SOBRE VALORACIÓN DEL GOBIERNO DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL SOBRE AUTOCONSUMO COLECTIVO. (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/013418). (Número de expediente 181/000652).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 3, sobre valoración del Gobierno de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre autoconsumo colectivo. Tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Esta pregunta la hemos retirado porque se nos había respondido vía escrito. Se lo hemos comunicado al letrado.
El señor PRESIDENTE: Constaba todavía en el orden del día.
- SOBRE MALVERSACIÓN DE FONDOS DEL INSTITUTO PARA LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS MINERÍAS DEL CARBÓN Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/013449). (Número de
expediente 181/000654).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la pregunta número 4, sobre malversación de fondos del Instituto para la Reestructuración de las Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. Señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor subsecretario, esta pregunta se hizo el 14 de junio de 2017, es decir, hace ocho meses; ocho meses sin respuesta.
El 14 de junio de 2017 se hizo público un nuevo caso de malversación de fondos por parte de dirigentes sindicales del sector minero de las cuencas asturianas: 2,7 millones de euros que procedían de una adjudicación otorgada en 2009 de
manera irregular por el Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señora Rodríguez Hernández.
Señorías, por favor, hay un ruido muy molesto de fondo. Si quieren cuchichear, háganlo, no hablen en voz alta porque, si no, no se oye a la oradora.
Señora Rodríguez Hernández, continúe, por favor.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Gracias, presidente.
La investigación comenzó con las sospechas del presunto delito de blanqueo de capitales después de que un histórico dirigente de UGT regularizara 1,4 millones de euros en la última amnistía fiscal. Estas inversiones deben contribuir a una
transición justa y a que se pueda reconvertir el sector, con lo cual hemos visto que, uno, no han sido eficaces; dos, no se ha invertido donde se tenía que invertir; y tres, nadie nos ha explicado dónde está el dinero y cómo es posible que un
dirigente sindical regularice esa
cantidad de dinero. Pero más allá de eso, le pregunto, señor subsecretario de Estado, si han implementado algún mecanismo de fiscalización para evitar la malversación de fondos que se destina al Instituto para la Reestructuración de las
Minerías del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Hernández.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Gracias, presidente.
Señora Rodríguez, como conoce usted, el Gobierno y en particular el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en el último trimestre de 2017 ha informado favorablemente a las solicitudes formuladas por los grupos, en particular por el
Grupo Parlamentario Ciudadanos, para que la Comisión Mixto de Relaciones con el Tribunal de Cuentas recabe del citado tribunal fiscalizaciones sobre distintas ayudas a la minería del carbón y a las comarcas mineras.
Por lo que se refiere a las cuestiones concretas solicitadas en relación con el Instituto de Reestructuración de Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, el IRMC, quisiera destacar tres aspectos relevantes para
dar respuesta a sus preguntas. En primer lugar, el marco normativo de ayudas al carbón tanto de la Unión Europea como nacional; en segundo lugar, el control ex ante y ex post que se sigue sobre estas ayudas; y en tercer lugar, las actuaciones del
Gobierno para promover la transparencia. En lo que respecta al marco normativo, estas ayudas, como sabe, se han sucedido desde 1990 y están amparadas en la normativa europea aplicable al sector del carbón vigente en cada momento, si bien se
financian con fondos nacionales. En consecuencia, el otorgamiento de estas ayudas y los mecanismos de supervisión y control se ajustan al ordenamiento interno vigente en materia de actividad financiera del sector público, concretamente la Ley
General de Subvenciones y el Reglamento de desarrollo de dicha ley. Respecto al control ex ante y ex post de las ayudas, este marco jurídico vigente controla tanto un ex ante para establecer un procedimiento reglado en el otorgamiento de
subvenciones, como un ex post una vez otorgadas aquellas para el pago efectivo de las ayudas al beneficiario y posteriormente para su supervisión por parte de la autoridad otorgante, en este caso el IRMC, y por actuaciones ya sean de control interno
de la Intervención General de la Administración del Estado o externo del Tribunal de Cuentas.
Los distintos procedimientos de ayudas a la minería del carbón son procedimientos reglados que, con las especialidades correspondientes, se ajustan a lo establecido en la Ley General de Subvenciones, pudiéndose distinguir la concesión en
régimen de concurrencia competitiva o la concesión directa. En el caso de concurrencia competitiva deben aprobarse con carácter previo al otorgamiento de estas subvenciones, por orden ministerial, sus bases reguladoras previo informe jurídico y de
la intervención y deben además ser autorizadas por acuerdo del Consejo de Ministros cuando la cuantía supere los 12 millones de euros. En este procedimiento se establece una valoración de las solicitudes presentadas a fin de establecer una
prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios de valoración previamente fijados en las bases y adjudicar con el límite fijado en la convocatoria dentro del crédito disponible. En el régimen de concesión directa, con carácter excepcional,
al amparo de lo previsto en el artículo 22.c) de la Ley General de Subvenciones y en la forma y con los trámites previstos por el artículo 28.2 de la misma ley, el Gobierno aprueba mediante real decreto a propuesta del Ministerio de Energía, Turismo
y Agenda Digital las normas especiales reguladoras de las subvenciones que deben ajustarse a lo previsto en la ley, si bien en estos casos se ayuda si cumplen los requisitos establecidos. Se trata, por tanto, de procedimientos especiales de
carácter reglado pero con una normativa específica en relación con la definición del objeto de la ayuda, el régimen jurídico aplicable, etcétera. En las dos modalidades, concurrencia competitiva y concesión directa, durante la instrucción del
procedimiento se recaban en su caso los informes necesarios y, previo informe del órgano colegiado que realiza la evaluación, se formula una propuesta de resolución provisional que se somete a trámite de audiencia de los interesados y posteriormente
a la resolución definitiva; asimismo, se concede audiencia previa al interesado en dicha resolución provisional y, una vez valoradas sus alegaciones, se hace la propuesta de resolución definitiva. Esta propuesta, previa comprobación de existencia
de crédito adecuado y suficiente y fiscalización por parte de la intervención delegada, se eleva al presidente del IRMC, finalizando con ello el procedimiento de ayuda.
En cuanto al control ex post en el pago de las ayudas a las actuaciones de control financiero, debo decir que los beneficiarios de las ayudas tienen que cumplir en todo caso con las condiciones impuestas
y los objetivos previstos en el acto de concesión de la subvención, siendo obligada la acreditación del cumplimiento de dichos requisitos conforme al artículo 30 de la Ley General de Subvenciones; además, los pagos se someten al control de
la intervención delegada en el instituto y no se pueden realizar en tanto el beneficiario no se halle al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
Por último, puesto que el presidente creo que me pide terminar, en cuanto a las actuaciones del Gobierno que decía para promover la transparencia, como saben, en este contexto regulatorio de doble supervisión europea y nacional hay un fuerte
compromiso de rendición de cuentas y transparencia por parte del Gobierno.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor subsecretario.
Señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): ¿En cuanto estima el Gobierno el importe total de estas ayudas concedidas? Usted ha hablado de que hay una normativa que cumplir, pero entonces la justicia no tendría que hacer ningún tipo de
investigación sobre un presunto delito de blanqueo de capitales ni tampoco habría dirigentes sindicales que están en el punto de mira porque no han llegado esas ayudas a la minería, que es adonde tendrían que llegar para reconvertir el sector.
Aparte de toda la retahíla de cosas que nos ha recitado, la realidad es que la justicia está haciendo un trabajo paralelo, con lo cual algo no está funcionando.
Como conclusión de que sí hay voluntad por parte del Gobierno de ver hacia dónde va el dinero, le pregunto por qué han bloqueado la comisión de investigación sobre los fondos destinados a la reconversión del sector de la minería, junto con
el Partido Socialista.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Rodríguez Hernández.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Muchas gracias, presidente.
La retahíla es el marco normativo de control de las subvenciones en el derecho español. En cuanto al importe de las subvenciones, es muy difícil que yo ahora le avance una cifra, puesto que, como he dicho, se vienen concediendo desde el año
1990 y hay al menos cinco tipos de ayudas -las empresas mineras de tres tipos; de reactivación de las comarcas mineras de dos tipos- y varían según los ejercicios, con lo cual en este punto es difícil avanzar la cifra de unas ayudas que vienen
dándose desde hace más de veinte años. Por último, existe el absoluto compromiso del Gobierno de procurar la máxima colaboración, como no puede ser menos, con los órganos fiscalizadores y judiciales en los supuestos a los que usted ha aludido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
- DE LA DIPUTADA DOÑA MELISA RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ Y DEL DIPUTADO DON DIEGO CLEMENTE GIMÉNEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS, SOBRE DOCUMENTO DEL CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR SOBRE DESCONTAMINACIÓN DE PALOMARES, APROBADO EN NOVIEMBRE DE
2015: EVALUATION OF ALTERNATIVES FOR REMEDIATION OF SOILS OF CONTAMINATION AT THE PALOMARES ACCIDENT SITE (DOE/NV-1536) (PROCEDENTE DE LA PREGUNTA AL GOBIERNO CON RESPUESTA ESCRITA 184/009974). (Número de expediente 181/000673).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la última de las preguntas, la número 5, relativa al documento del Consejo de Seguridad Nuclear sobre descontaminación de Palomares, aprobado en noviembre de 2015. Para formularla, tiene la palabra el señor
Clemente Giménez.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Muchísimas gracias.
Señor subsecretario, la pregunta para la que le solicitamos respuesta oral la realizamos mi compañera Melisa y yo con fecha 8 de marzo de 2017. El origen de esta pregunta es una actividad parlamentaria que
inicia este diputado, que es de la circunscripción de Almería -no me voy a extender en una exposición de motivos-, y versa sobre el accidente de la caída de cuatro bombas termonucleares el 17 de enero de 1966. Este diputado realizó una
serie de preguntas por escrito al Gobierno -debo decir que las respuestas no me parecieron nada concisas- y movidos por una labor de informar de mi grupo parlamentario puesto que represento a los votantes de mi circunscripción -no somos el único
grupo parlamentario que lo hace y que de hecho ha publicado respuestas-, fruto de ese seguimiento, preguntamos exactamente sobre un documento, en concreto el del Consejo de Seguridad Nuclear sobre descontaminación de Palomares en noviembre de 2015,
titulado Evaluation of alternatives for remediation of soils of contamination at the Palomares accident site -en adelante, DOE-, y el artículo 11 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creación de ese Consejo de Seguridad Nuclear, que estipula que
cualquier solicitud se haga a través de la comisión establecida, y eso es lo que realizamos mi compañera y yo.
El origen de esta pregunta es porque detectamos un cambio de criterio radiológico. Intenté de todas las maneras como diputado de esta Cámara acceder a esa información. Accedí a un acta del Consejo de Seguridad Nuclear y pedí un anexo para
ver cuál era ese cambio en los criterios radiológicos, puesto que en este acuerdo bilateral o tercer copia y pega del último acuerdo de Kerry y Margallo, el Plan de Restauración de Palomares, el PRP, está claro que los valores han sufrido un
decrecimiento, con lo cual no estamos de acuerdo, y genera un gran movimiento social de rechazo. Las preguntas las tiene usted por escrito desde hace casi un año y no hemos tenido respuesta alguna. Esta falta de transparencia y esta información
sesgada en ese PRP de 2010, así como las negociaciones bilaterales y las respuestas que les dan a otro grupo, parece que nos retrotraen a otra época. La única razón técnica para justificar esa deflación de los niveles a descontaminar es que fuese
una propuesta preliminar. Esos niveles consignados en el acuerdo Kerry-Margallo no resuelven la situación radiológica de la zona, puesto que hablaba de 1 becquerelio gramo y 5 para otra zona, niveles cien veces superiores a los que los propios
estadounidenses consideran en su propia zona. Estamos hablando de americio. Son cosas técnicas.
No tengo ningún problema en volver a pasar las preguntas por escrito al señor letrado para que se las haga llegar porque se me agota el tiempo ya que me quedan unos diez segundos. Lo que quiero decirle es que, por favor, respondan, en aras
de la transparencia, y que con Estados Unidos o sin él Palomares no puede esperar. Es preciso que el Gobierno de España asuma un papel de fuerza en esta negociación con Estados Unidos. Por favor, sean transparentes con los miembros de esta Cámara.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente Giménez.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Muchas gracias, presidente.
Señor Giménez, ante todo debo ponerle de manifiesto que el Gobierno trabaja no solo por el mantenimiento -ya lo he dicho antes- de las más estrictas condiciones de seguridad nuclear en las instalaciones existentes en España, sino también
para evitar que la contaminación de terrenos con material radiactivo pueda suponer riesgo para las personas o para el medio ambiente. Los terrenos en los que existe contaminación radiactiva, como sabe perfectamente, es el resultados de un accidente
que ha mencionado, como en el caso de Palomares, hace más de cincuenta años. El objetivo principal de España en este asunto es garantizar la seguridad de la población y recuperar los usos originales de los terrenos de Palomares. Sobre la situación
de estos terrenos también me gustaría recordarle que, de acuerdo con la solicitud del comité asesor para la información y actuación pública del CSN de elaborar una publicación monográfica divulgativa sobre las consecuencias del accidente de
Palomares, editó una publicación de título Palomares 1966-2013: En el camino de la normalización radiológica, que se puede localizar en la página web de ese organismo y en la que se incluye información del plan de rehabilitación de estos terrenos.
Por otra parte, España ha venido trabajando intensamente con Estados Unidos para la resolución del problema de radiactividad remanente en esa zona producida por el accidente del 17 de enero de 1966. Tras décadas de estancamiento de este
problema, la búsqueda de una solución cobró un nuevo impulso a partir de mayo de 2010 con la visita oficial del entonces vicepresidente de Estados Unidos, el señor Biden, y todo este proceso culminó el 19 de octubre de 2015 con la declaración de
intenciones para la rehabilitación del entorno de Palomares entre el ministro de Asuntos Exteriores y el secretario estadounidense John Kerry. Se llegó a un acuerdo político sobre el principio de que el material contaminado
se trasladaría y almacenaría definitivamente en Estados Unidos. Se trata de un documento en el que por primera vez desde el año 1966 Estados Unidos acepta disponer definitivamente los residuos restantes en su territorio. Esta declaración
de intenciones está en vigor y establece los parámetros y objetivos para una futura operación conjunta entre ambos países. Dicha declaración de intenciones es un logro muy importante para nuestros intereses y reclamaciones ante Estados Unidos para
dar una solución al problema de Palomares. El Gobierno de España mantiene la posición de que el destino final del material contaminado ha de ser su depósito seguro fuera de España.
En relación con los criterios radiológicos que también mencionaba el señor Giménez, he de decirle que siguen siendo los mismos que los establecidos en aquella declaración de intenciones; es decir, los niveles de descontaminación de americio
para la rehabilitación de 1 becquerelio gramo para las zonas 2, 2 bis, 3 y los puntos adyacentes a dicha zona, y de 4 becquerelios gramo para la zona 6.
Por último, en referencia al documento que ha mencionado en su pregunta, debo decirle que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital no tiene constancia del mismo ni de su contenido, por lo que le remito al Consejo de Seguridad
Nuclear para resolver esta cuestión. Como sabe -ya lo he dicho antes-, es un organismo independiente y el ministerio respeta totalmente la ejecución de las competencias que le son propias tanto en lo relativo a este informe como en cualquier otra
decisión.
Muchas gracias. (El señor Clemente Giménez pide la palabra).
El señor PRESIDENTE: Había agotado el tiempo atribuido. Esta Presidencia siempre es generosa en el uso del tiempo. Le ruego que sea breve en su intervención.
Señor Clemente Giménez, tiene la palabra.
El señor CLEMENTE GIMÉNEZ: Simplemente quiero decirle que no me he quedado conforme con la pregunta. Este diputado tiene pruebas de que esos criterios radiológicos cambiaron y para eso, si hace falta, acudiré al Consejo de Europa y pediré
una comisión de verificación de ese PRP y de esos criterios en función del artículo 35 de la Euratom, que para eso está el Consejo de Europa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Clemente Giménez.
Señor subsecretario.
El señor SUBSECRETARIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (García-Manzano Jiménez de Andrade): Muchas gracias, presidente.
Señor Clemente, lo que digo es la última información que consta en el departamento, que es la que le trasladado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor subsecretario.
Suspendemos unos instantes la Comisión para despedir al señor García-Manzano Jiménez de Andrade y en seguida retomamos la Comisión. (Pausa).
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE EL DESMANTELAMIENTO DE LA PLATAFORMA CASTOR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO DE ESQUERRA REPUBLICANA. (Número de expediente 161/001966).
El señor PRESIDENTE: Se reanuda la sesión con el debate y votación posterior de las proposiciones no de ley que figuran en el orden del día. En primer lugar vamos a debatir la que figura con el número siete, sobre desmantelamiento de la
plataforma Castor, del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana. Voy a dar siete minutos para la defensa de cada proposición no de ley, cinco minutos para la defensa de las enmiendas y tres minutos para fijar posición. Si nos atenemos a esos
tiempos, aproximadamente acabaremos la Comisión pasadas las ocho de la tarde. Ruego a sus señorías que se atengan a los tiempos.
Para la defensa de esta proposición no de ley sobre el desmantelamiento de la plataforma Castor, tiene la palabra señor Salvador i Duch.
El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Empezaré por recordar muy brevemente y una vez más que la construcción del almacén de gas submarino y demás instalaciones marítimas terrestres del Castor, impulsada por los Gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, es uno de
los mayores escándalos técnicos, políticos y económicos de las últimas décadas. Que quede claro que desde todas las instituciones -lo digo por la última comparecencia- donde tenemos representación Esquerra Republicana de Catalunya siempre ha
impulsado desde el primer día iniciativas de oposición o rechazo al Castor -en ayuntamientos, el Parlament de Catalunya, Cortes Españolas y el Parlamento Europeo-. No encontrarán ninguna votación de apoyo a este proyecto. A finales de agosto de
2007, cuando se publicó el BOE, siendo ministro Joan Clos, fuimos el único partido político que presentó alegaciones al almacén submarino de gas y pidió la paralización de la tramitación administrativa del proyecto. Desde Esquerra Republicana de
Catalunya, una vez más, les recordamos la necesidad de impulsar en sede parlamentaria actuaciones para determinar e investigar las responsabilidades políticas -tanto del PSOE como del Partido Popular-, técnicas y económicas de aquellos que
autorizaron, tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor.
Vayamos al punto concreto de hoy, que es la proposición no de ley por la cual decimos que el ministerio, a raíz de un informe del Massachusetts Institute of Technology, partir de ahora MIT, nos anunció que el almacén de gas debería
desmantelarse cuando fuera seguro -es decir, que el ministro mismo nos indica implícitamente y reconoce que no lo es, aumentando el escándalo de esta chapuza del llamado Castor- y que debería, según el ministro, continuar en estado de hibernación,
pero no se han explicado los argumentos técnicos que justifican su seguridad o no. Por si fuera poco, el pasado 31 de enero, hace unos días, el ministro Nadal, a nuestra pregunta de qué se va a hacer con el almacenamiento Castor, nos deja aún más
alarmados, pues dice -lo pueden consultar sus señorías en la página 27 del Diario de Sesiones: 'El propio informe del MIT dice que hay que tener cuidado, porque si se saca el gas podemos tener efectos similares a cuando se introdujo.' -Es decir,
terremotos-. Y nos dice: '...¿Quiere alguien sacar el gas sin tomar las precauciones, sin hacer los estudios adecuados y sin ver que se haya asentado adecuadamente bien la falla, que es una de las cosas que hay que ir mirando? (...) A nosotros el
MIT nos dijo que por lo menos había que estar dos o tres años a la espera,...' Y continúa: '...Cuando pase un tiempo prudencial para poder ver los análisis que permitan que se ha asentado adecuadamente el terreno, y ver si técnicamente es factible
el proceso de desmantelamiento, se empezará a hacer,...'
La magnitud de la tragedia, de la chapuza del Castor, continúa ampliándose. De las palabras del ministro sacamos conclusiones aún más pesimistas, pues nos dice con claridad: uno, que el Castor fue peligroso antes y lo continúa siendo
después, pues está colocado en una falla que hoy por hoy no sabemos cómo va a evolucionar a causa del traumatismo provocado por el almacén de gas Castor. -Impresionante-. Dos, el coste del Castor puede ser muchísimo más alto del que ya es, pues
aún faltan estudios, y es imposible saber cuánto tiempo el Castor deberá estar en hibernación y en espera, a un coste de casi 16 millones anuales, más los que se tendrán que gastar en forma de más estudios, etcétera. Las previsiones más optimistas,
que eran de 2008, hablaban de 143 millones de euros. Es decir, desconocemos si el Gobierno, después de haber recibido el diagnóstico terrible del MIT sobre las causas y situación actual del Castor, ha realizado o impulsado algún estudio que vaya
más allá sobre la peligrosidad del desmantelamiento a la que aludió el ministerio. A fecha de hoy no hemos recibido ningún informe o explicación concreta sobre la peligrosidad de dicho desmantelamiento ni en qué condiciones debe hacerse. Tampoco
se ha informado de si se ha contrastado la información del MIT con otros estudios y si se han elaborado estudios que expliquen cómo y cuándo se puede producir el desmantelamiento.
Mientras, la sociedad civil de la zona donde yo vivo, las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona, sí se ha preocupado, y sabemos que científicos de reputado prestigio afirman que sí se pueden sellar los pozos y desmantelar el Castor, que es
una cuestión exclusivamente política y no técnica. Según han certificado expertos del mundo petrolero y científicos de gran experiencia, como el geólogo y profesor del Departamento de Geoquímica, Petrología y Prospección Geológica de la Universidad
de Barcelona, Josep Giner, sellar y desmantelar las instalaciones del Castor no supone ningún riesgo ni peligrosidad. Cada día se sellan centenares de pozos en todo el mundo, algunos en condiciones mucho más complicadas que las del Castor, y no
pasa absolutamente nada. O el Gobierno tiene otros informes o esconde información, y si los tiene en esta proposición no de ley se los pedimos. Le exigimos que exponga claramente sus argumentos técnicos y que permita un debate al respecto de la
hibernación de las instalaciones, su desmantelamiento y el sellado de los pozos de Castor, un proyecto, el Castor, cuya viabilidad está más que cuestionada en el informe confidencial de 17 de febrero de 2012, que el programa Salvados hizo
público. Necesitamos esta comisión de investigación, no queremos más informes confidenciales ni más opacidad. Lo exigimos por enésima vez. También exigimos la realización de una auditoría o informe técnico completo. Queremos saber qué
nos va a costar su desmantelamiento de verdad. La única previsión económica de la que disponemos, del año 2008, como decíamos, estimaba el coste de dicha actuación en 143 millones de euros, pero de momento lo único cierto que tenemos es que la
hibernación del Castor tiene un coste anual de 157,7 millones de euros que se cargan en la factura de gas que pagan los consumidores.
Es bueno recordar que la Unión Europea en 2012 exige la retirada de cualquier instalación abandonada o que se haya dejado de utilizar para velar por la seguridad de la navegación, teniendo en cuenta otros usos legítimos del mar como la pesca
y la protección del medio marino.
Ante esta situación, la actuación más razonable económicamente es la que Esquerra expone en esta proposición no de ley, en la que pedimos el sellado y desmantelamiento inmediato de las instalaciones del Castor, que se lleve a cabo con la
máxima transparencia y comunicando qué estudios se están haciendo, qué consecuencias se derivan y cuánto cuesta. Queremos un calendario público de las actuaciones a realizar y la creación de una comisión informativa de seguimiento de la que
formarán parte los ayuntamientos y Gobiernos autonómicos directamente afectados por los terremotos provocados por el Castor. Además es conveniente elaborar un informe sobre la estabilidad y riesgo sísmico que presenta actualmente la zona que sufrió
los seísmos -recuerdo que es una zona que está cerca de cuatro centrales nucleares-, al igual que es necesario que se revierta a los propietarios afectados por las instalaciones de las servidumbres forzosas impuestas en su día por el gaseoducto la
retirada del gaseoducto que pasa por sus fincas, la restitución ambiental y paisajística y los espacios afectados por el proyecto y el estudio de resarcimiento para afectaciones tanto del proyecto como de los terremotos, incluso en los casos de
lucro cesante de fincas y empresas de los propietarios.
Antes de acabar mi intervención quiero apuntar el clamoroso silencio y gran pasividad del Tribunal de Cuentas ante la trama del Castor, hecho que contrasta con el esmero y los recursos que ha movilizado este tribunal para investigar a
organizaciones independentistas y multar con sanciones millonarias injustas a diversos cargos por el proceso participativo del 9 de noviembre; un Tribunal de Cuentas impasible ante un proyecto, el Castor, que tenía un coste inicial de construcción
de 418 millones de euros, pero que al final acabó costando 1273 millones de euros, es decir, tres veces más.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador i Duch.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos parlamentarios; por riguroso orden de entrada, el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Confederal de
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra, en primer lugar, el señor Cantó García del Moral.
El señor CANTÓ GARCÍA DEL MORAL: Muchas gracias, señor presidente.
Yo creo que casi es innecesario, pero me gustaría recordarlo, que estamos ante un proyecto faraónico y, según muchísima gente, innecesario, que algunos incluso calificaron como un regalo que le hacía el Gobierno socialista del señor Zapatero
y su ministro Sebastián a don Florentino Pérez. Un proyecto que, además, ya entonces se decía que utilizaba técnicas que estaban obsoletas y un proyecto que fue absolutamente frustrado, entre otras cosas porque no se acompañó de un estudio serio de
cuáles iban a ser las consecuencias medioambientales del trabajo que allí se estaba realizando. Luego me extenderé sobre lo que para mí es lo más grave del asunto y es que vuelve a ser un reflejo más de esa España del capitalismo de amiguetes en la
que tanto el Partido Socialista como el Partido Popular sobre todo, y algunos partidos nacionalistas, nos han castigado durante demasiado tiempo.
El depósito hubiera sido el quinto, el más grande de nuestro país, utilizado para almacenar gas cuando no tuviéramos importaciones, cuando hubiera escasez. Fue aprobado, como he dicho, en 2008; comenzaron las operaciones en 2012 y se tuvo
que parar porque se vio que estaba provocando seísmos que estaban creando importante alarma social en las provincias de Castellón y Tarragona. Se acaba con el proyecto, la empresa recibe -con una velocidad absolutamente récord, que también nos
parece remarcable- una indemnización, y el pasado mes de diciembre de 2017 se dio a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional relativa a la indemnización establecida por el Gobierno para las empresas, una cuantía que al final ascendió a más
de 1350 millones de euros.
Desde Ciudadanos compartimos con algún que otro grupo lo fundamental, el rechazo a un proyecto como este, habida cuenta de los numerosos informes técnicos que ya advertían de los riesgos medioambientales a los que nos íbamos a enfrentar con
este tipo de proyecto. Creemos además que es un ejemplo más de opacidad e intereses creados en el marco de una operación económica que se justificaba bajo una necesidad real -estaban hablando de la dependencia energética de nuestro país-, cuando en
realidad los partidos tradicionales volvieron a emplear esa necesidad de la ciudadanía española para posibilitar el rédito de unos pocos, de sus acólitos y de sus afines. Creemos que el actual Gobierno debe posibilitar la búsqueda de
responsabilidades, en este caso, en aras de dar cumplimiento también a un acuerdo de investidura que firmamos en el que pedíamos que a partir de ahora, y sobre todo con casos tan importantes como estos, las infraestructuras sean evaluadas para que
dejemos de ver de una vez por todas aeropuertos sin aviones, los Ave sin pasajeros, infraestructuras como esta que ya se advertía que estaban obsoletas, que eran innecesarias y que además podían provocar problemas medioambientales graves, etcétera.
Ya está bien de trabajar y de crear proyectos partidistas para ganar elecciones en determinados lugares y de no fijarse, exclusivamente, en lo que debe ser todo aquello por lo que nos preocupemos los políticos que es el bien común y el bienestar de
los ciudadanos.
Compartimos la necesidad de establecer un diagnóstico certero como una solución consensuada que cuente con una evaluación constante y plazos precisos, y hemos apoyado iniciativas en esta dirección, tanto en esta Cámara como en las asambleas
autonómicas concernidas. Agradecemos que se haya aprobado la enmienda que hemos presentado que más que nada lo que pretendía era no volver a caer en errores que nos llevaron hasta aquí. Lo único que pedimos es que eso que pide hoy Esquerra
Republicana se haga también bajo un estricto y serio estudio medioambiental para que no volvamos a vernos en dificultades.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cantó García del Moral.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gràcies, senyor president.
No explico nada nuevo si digo que con el Gobierno del Partido Popular muchos tenemos la sensación de que todo aquello que tratamos en las Comisiones nos recuerda a debates anteriores. Y es que mucho de lo que debatimos vuelve una y otra vez
a la Comisión, sin que lo que acordamos se lleve a cabo, como les pasa a los hámsters que dan vueltas y vueltas a la rueda dentro de su jaula sin moverse del mismo lugar. Eso sucede con esta iniciativa. De hecho, ayer, repasando papeles, encontré
una intervención mía sobre el almacén de gas Castor con fecha ya cercana a los cuatro años, y cuyos argumentos en buena parte se pueden utilizar hoy igual. Quiero remarcar dos cosas que me han llamado la atención al releer esta intervención de hace
cuatro años y recordarla. La primera, que la iniciativa de entonces solicitaba al Gobierno, del Partido Popular, datos sobre los informes que este ya tenía, pero que no facilitaba. Y sobre todo, pedía al Gobierno que a partir de esa información,
que repito, ya tenía -estamos hablando de mayo de 2014- tomara las medidas necesarias para tranquilizar a los ciudadanos del sur de la provincia de Tarragona -conocido como las Terres de l'Ebre- y el norte de la de Castellón que habían soportado,
pocos meses antes y en pocas semanas, cerca de 600 seísmos, muchos de ellos perceptibles, algunos de magnitud 3 en la escala de Richter y uno de magnitud 4,2. Les recuerdo que hablamos de un territorio densamente poblado, con tres centrales
nucleares en funcionamiento, una central de ciclo combinado y con zonas de gran riqueza ecológica como el Delta del Ebro. La segunda cosa que me llamó la atención fue el resultado de la votación -hace cuatro años- que fue de 20 votos a favor de la
iniciativa, 1 abstención y 23 en contra, es decir, fue rechazada. Adivinen de quién eran los 23 votos contrarios. Les voy a dar un par de pista. Una, que por entonces el Gobierno del PP tenía mayoría absoluta y, otra, que el Grupo Socialista votó
a favor. No diré nada más.
No obstante, si hablamos de la iniciativa de hoy, el Grupo Socialista está de acuerdo con el contenido de la proposición no de ley. Queremos votarla favorablemente, y nos gustaría ver reflejada en la votación de hoy dos compromisos por el
partido que apoya al Gobierno. Uno, el de tranquilizar a los ciudadanos que tuvieron que sufrir las consecuencias de una decisión que se empezó a tomar en 2002 -repito, 2002- cuando el almacén aparece, el 13 de septiembre de ese año, en un
documento que lleva por nombre: Planificación de los sectores de la electricidad y gas. Desarrollo de la red de transporte 2002-2011. -El tiempo ha demostrado
que esta decisión fue un error-. Y ver también reflejado en la votación otro compromiso que el Partido Popular tiene, como no puede ser de otra manera, de acatar todas las sentencias del Tribunal Constitucional. Lo esperamos, aunque el
ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital no cesa de darnos motivos de desconfianza -ya se ha dicho aquí- como hizo el 31 de enero en la sesión de la Comisión para tratar sobre lo que pensaba hacer el Gobierno ante la sentencia del
Constitucional sobre el almacén de gas, generada como consecuencia de los recursos interpuestos en su día por la Generalitat de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Socialista del Congreso. Fue tal la intervención del ministro que mi compañero de
grupo, Artemi Rallo, tuvo que decirle que había sido decepcionante, sonrojante y, sin ánimo de molestarle u ofenderle, casi que grosera con esta Comisión, ya que había dedicado unos momentos, en más de una hora de intervención, a hacer unas
disquisiciones, como de pasada, sobre la sentencia del Constitucional en lugar de explicarnos por qué el Gobierno aprobó en su día un decreto-ley que obligaba, con solo 35 días de plazo, a indemnizar a la empresa que gestionaba la plataforma,
exactamente con más de 1350 millones de euros, y que fuesen asumidos, además, por los consumidores en sus facturas durante treinta años. Eso y no otra cosa es lo que el Tribunal Constitucional ha sentenciado como inconstitucional y nulo. Por
cierto, el ministro ni siquiera concretó cómo pensaba recuperar la cantidad ya retribuida.
Es por todo lo dicho que hemos presentado una enmienda de adición que tan solo pide al Gobierno que cumpla la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el recurso presentado -repito- por el Govern de la Generalitat y -repito- por el Grupo
Parlamentario Socialista en el Congreso, declarando nulos por ser inconstitucionales los artículos 4, 5 y 6 del real decreto de 3 de octubre de 2014.
Gràcies per la seva atenció.
El señor PRESIDENTE: Gràcies, señor Ruiz i Carbonell.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Ballester Muñoz.
La señora BALLESTER MUÑOZ: Gràcies, president.
Señorías, volvemos con el proyecto Castor que, por mucho que se empeñe el Gobierno, no forma parte del pasado ni están depuradas las responsabilidades ni está el Partido Popular exento de estas responsabilidades. De hecho, están pendientes
de investigar las posibles responsabilidades políticas derivadas de las irregularidades del proceso de adjudicación, financiación, construcción e indemnización de este almacén de gas. Castor es sinónimo hoy de una forma de gobernar y de una forma
de gestionar los recursos públicos basadas en poner los recursos de todos al servicio de unos pocos amiguetes; en hacer pagar a los ciudadanos y ciudadanas, a las pequeñas y medianas empresas a través de sus impuestos, de las facturas del gas o con
recortes en servicios públicos, el rescate de las grandes empresas, sean bancos, autopistas o, en este caso que nos ocupa, constructoras de infraestructuras energéticas faraónicas. El proyecto Castor, asumámoslo, nunca debió existir y la
responsabilidad de su existencia y de todo lo que vino después está repartida. Es del Partido Socialista porque su Gobierno adjudicó y puso en marcha este proyecto, que no era ni viable ni necesario; del Partido Popular por su gestión posterior
del proyecto, que acabó en una indemnización millonaria para la empresa constructora que ha sido recientemente considerada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y, por último, evidentemente, de la empresa adjudicataria de la obra.
Hay responsables y hay todavía muchas sombras sobre este proyecto que tendremos que esclarecer. Hubo y hay consecuencias, más de 1000 terremotos, un almacén fantasma ahora mismo frente a las costas de Vinaròs y un impacto ambiental y
económico todavía por determinar. También hay, por supuesto, víctimas: el medio ambiente, el turismo de la zona, la planificación energética de este país, el interés general por el que debían haber velado tanto los Gobiernos socialistas como
populares, las poblaciones de las comarcas del Baix Maestrat en Castelló y de les Terres de l'Ebre en Tarragona que sufrieron los terremotos y siguen sufriendo las instalaciones marítimas y terrestres hoy en día, y los consumidores de energía
nuevamente -la ciudadanía, los autónomos, las pequeñas y medianas empresas- que están pagando el desastre Castor en sus facturas del gas.
Y bien, ¿ahora qué? ahora el Gobierno actual debe asumir sus responsabilidades, debe exigir responsabilidades y debe dar respuestas. A eso le instó esta Comisión ya hace meses y a eso le instamos de nuevo hoy: a preparar el sellado y
desmantelamiento de las instalaciones marítimas y terrestres con todas las garantías de seguridad y ambientales, a peritar y cuantificar los daños materiales y morales sufridos por las poblaciones de Tarragona y Castellón, a iniciar un plan de
restauración ambiental y paisajístico de la zona, a reclamar responsabilidades a la empresa promotora de los defectos constructivos
que dieron lugar a los terremotos, a impulsar medidas que hagan posible la devolución a los consumidores de las cantidades indebidamente abonadas, a publicar ya de una vez toda la documentación del proyecto Castor para acabar con la opacidad
que ha rodeado a todo este proceso.
Recientemente, el secretario de Estado de Energía ha dicho que al actual Gobierno solo le queda aprender de los errores de este proyecto. Aprendan de los errores pero para corregirlos; apliquen la transparencia que ha estado ausente en
todo el proceso del proyecto Castor; asuman las responsabilidades que todavía no han asumido; exijan responsabilidades a la empresa en vez de aprobar una indemnización millonaria; aseguren el desmantelamiento de las instalaciones con todas las
garantías, todas las garantías que no se tuvieron en su construcción y, sobre todo, hagan algo que no han hecho todavía, enfoquen este tema con una prioridad hasta ahora ausente: el interés general y el bienestar de la ciudadanía.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Ballester Muñoz.
Antes de pasar a la fijación de posiciones le pregunto al señor Salvador i Duch si va a aceptar alguna de las enmiendas.
El señor SALVADOR I DUCH: Sí, hemos hecho una transaccional con el Grupo Ciudadanos, la primera, que no se ha presentado. Luego, aceptamos la de adición del Partido Socialista y cuatro de Podemos que son las números 5, 6, 8 y 9. Los
portavoces ya tienen conocimiento de ellas.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que va a ser una transaccional con parte de varias enmiendas.
El señor SALVADOR I DUCH: No, hay una transaccional de una sola y luego acepto todas las suyas de adición.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que nos lo haga llegar a la Mesa para tengamos claro el tenor literal que vamos a someter a votación.
El señor SALVADOR I DUCH: Ahora se lo llevo.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En el turno de fijación de posición tiene la palabra, por el Grupo Mixto, el señor Bel Accensi.
El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.
Voy a compartir mi turno con mi compañera Marta Sorlí, por lo que vamos a ser muy breves.
Obviamente, manifiesto nuestro acuerdo con el contenido de la proposición no de ley de Esquerra Republicana y haré solo algunas reflexiones. No les voy a decir de quién es culpa o no, pues unos lo planificaron y ejecutaron y otros lo
acabaron de ejecutar e indemnizaron de forma exprés a la empresa, que actuó como actuó. En todo caso, nos parece que ahora es el momento de la restitución y, en este momento, creemos que es básico, primero, hacerlo con las máximas garantías -obvio-
y, segundo, que quede claro quién paga. Para ver quién va a pagar esta restitución es imprescindible que se determine quién fue el responsable de este verdadero desaguisado y, por ello, nos parecen razonables los acuerdos que se plantean.
Si me permiten, voy a dedicar una parte de mi tiempo a una reflexión en torno al Tribunal Constitucional. Aquí se solicita que el Tribunal Constitucional fiscalice todo el procedimiento económico y administrativo, y nosotros lo que pedimos
es que lo fiscalice con la misma dedicación, con la misma rapidez y con el mismo interés que emplea en otras encomiendas que se le hacen desde esta Casa. Recientemente recibió la encomienda de fiscalizar una parte de la acción exterior del Govern
de la Generalitat, y ya lo está haciendo. Es incomprensible que en estos momentos el Tribunal Constitucional no haya actuado sobre el proyecto Castor.
De todas formas, ya les avanzo que vamos a insistir en esta línea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel Accensi.
Por el mismo grupo tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.
El señor SORLÍ FRESQUET: Gracias, senyor president.
Los ciudadanos que vivimos en el Maestrat estem farts -como diríamos en valenciano- estamos hartos, muy hartos de hablar del Castor y más hartos aún de pagar las facturas de la mala gestión y de los amiguismos, primero del PSOE y después del
Partido Popular. Por eso nos parece estupenda esta proposición no de ley para que empecemos ya a restituir el daño que se hizo con todo el proyecto Castor, como la plataforma en el mar que tenemos que ver todos los días en medio de nuestras costas
sin ninguna función más que seguir sacando el dinero de los contribuyentes. Porque la hibernación de esta plataforma sigue costando casi 16 millones de euros. Si a esto le sumamos el dinero de la construcción y los 1350 millones de la
indemnización que se pagó rapidito, rapidito, estamos aumentando la factura de un despropósito absoluto que las personas, tanto de Terres de l'Ebre como del Maestrat, queremos que acabe ya. Nos parece inaceptable que se esté cargando todo este
dinero a la factura de la luz y nos parece inaceptable que se esté manteniendo en hibernación una plataforma que, en un principio, nos dijeron que no tenía ningún riesgo sísmico, pero de hecho no hicieron ni estudios. Nos mintieron durante su
construcción al decirnos que podíamos tener la máxima tranquilidad, que lo que iba a hacer es proporcionarnos gas, cuando lo que nos ha proporcionado son terremotos, miedo y ganas de acabar con esta pesadilla.
Por eso sí, estamos al lado de que se desmantele la plataforma, al lado de que se hagan todas las investigaciones pertinentes, al lado de acabar con esta mentira, con esta chapuza y este engaño y que acabemos con el pago por la ciudadanía y
con los amiguismos de los grandes partidos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí Fresquet.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
Nuevamente el Gobierno del Partido Popular tiene que hacer frente a un proyecto energético diseñado y gestionado por el anterior Gobierno del Partido Socialista y que resultó ser un proyecto nulo y nefasto para la sociedad española. Señor
portavoz del Grupo Socialista, este es un proyecto cuya adjudicación, proceso de concesión y todas las decisiones sobre él pertenecieron a la gestión del Gobierno del señor Rodríguez Zapatero. De hecho, los máximos responsables de aquel Gobierno ya
han manifestado que el proceso de adjudicación y concesión fue un error y, como tal, han asumido y pedido las disculpas públicas. Ante ello, este Gobierno trabaja y toma decisiones para que en el futuro no se vuelvan a repetir este tipo de
decisiones tan perjudiciales para los españoles consumidores de gas. Este es un ejemplo más de las implicaciones que tiene realizar una política energética que obvia consideraciones de prudencia y sostenibilidad financiera.
Como he dicho anteriormente, el Gobierno ha adoptado todas las medidas posibles utilizando todos los instrumentos legales durante los últimos años para evitar que esta situación tuviera consecuencias indeseables para el consumidor. Lo
primero que hizo este Gobierno fue intentar declarar la nulidad de la cláusula que obligaba a la restitución de las inversiones a los promotores.
En el real decreto se había firmado una concesión y unos términos que nuestro Gobierno no comparte, pero una vez firmado es obligación de todo Gobierno cumplirlo. Vista esta situación, el Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 13/214, que
resultó claramente necesario para mantener las condiciones de seguridad. Su finalidad es que las operaciones se mantuvieran en las condiciones adecuadas de seguridad para las personas al menor coste posible y con las mínimas implicaciones
financieras para el consumidor. Este real decreto establecía un mecanismo de financiación que el Gobierno entendía en aquel contexto que estaba justificado. El Constitucional no cuestiona el mecanismo en sí, cuestiona la formalidad del
procedimiento por el que se aprobó. En aquel momento, el Gobierno entendía que aquel contexto de la urgencia de la situación fiscal y económica sí ameritaba la vida del real decreto-ley de urgencia pero, en todo caso, lo que propuso es que el coste
del Castor habría supuesto 215 millones de euros anuales si no se hubiese tomado ninguna medida y con ello se redujo al entorno de 96 millones de euros. Este real decreto-ley puso fin de inmediato a la concesión y procedió a su hibernación; de
hecho, el Constitucional ratifica que era necesario, dadas las circunstancias en las que se encontraba. Para ello, se atribuyó a Enagas Transporte Sociedad Anónima Unipersonal la gestión del mismo, porque esta infraestructura no podía quedar
desatendida y necesitaba una operación adecuada para asegurar sobre todo la seguridad de las personas.
Hoy, el almacenamiento se encuentra hibernado, estable y en condiciones de seguridad para las personas y para el medio ambiente. Además, en ese real decreto-ley también se atribuye a Enagas
Transporte Sociedad Anónima Unipersonal la realización de los estudios necesarios sobre la seguridad en la operación de la instalación y el incidente sísmico producido; un estudio que se encargó al Massachusetts Institute of Technology y a
expertos de la Universidad de Harvard, referentes mundiales en investigación, ingeniería y tecnología, y que fue enviado al Ministerio de Energía, Industria y Tecnología el pasado día 3 de mayo. Según el estudio, la localización de los sismos
coincide con la zona de la falla de Amposta y concluye que dichas fallas fueron sometidas a estrés como consecuencia de la inyección de gas. Asimismo, queda reflejado en dicho estudio que operar con Castor podría desencadenar nuevos episodios
sísmicos, como también expone que de no haberse producido la inyección de gas, tampoco hubiéramos conocido las conclusiones de este informe.
Por todo ello, el Gobierno ha decidido que la instalación del almacén de gas Castor no iniciará su operación y continuará en su estado actual de hibernación, lo que garantiza su estabilidad. Por lo tanto, lo más previsible es el
desmantelamiento, pero antes de ello es necesario analizar técnica y económicamente sus alternativas para asegurar que el desmantelamiento se realiza de forma segura para las personas y el medio ambiente y de forma eficiente. Por lo tanto, en este
momento, y hasta que no se concluyan los estudios técnicos y económicos, no es factible y resulta aventurado tomar actuaciones como se plantea en esta proposición no de ley. Por ello, estamos a la espera de conocer la transaccional y en función de
ello, tomaremos una decisión.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Herrero Bono.
- RELATIVA AL ALQUILER DE VIVIENDAS PARA SU USO TURÍSTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002323).
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de esta proposición no de ley, pasamos al siguiente punto del orden del día, el número 9.º, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, relativa al alquiler de viviendas de
uso turístico. Para su defensa, tiene la palabra el señor Franquis Vera.
El señor FRANQUIS VERA: Muchas gracias, señor presidente.
España es uno de los destinos predilectos para millones de personas. La idea del turismo masivo está afectando a los modelos de ciudades y a la convivencia de los ciudadanos, no solo en España sino también en el resto del mundo. El
crecimiento de la oferta de alojamiento destinado al uso turístico, junto con la proliferación de plataformas web p2p, ha tenido como consecuencia más directa el aumento desproporcionado de turistas. La posibilidad para un privado de alquilar su
vivienda a los turistas siempre ha existido, pero Internet ha cambiado su modalidad de contratación y ha propiciado el nacimiento de un nuevo modelo de negocio. Este nuevo modelo de negocio coloca en una situación de enorme complejidad las bases y
eficacia de parte de las normas que hoy rigen el modelo turístico español. Por ello, el crecimiento de esa oferta de alojamiento residencial en alquiler supone un extraordinario desafío para muchos destinos turísticos españoles que, incluso
pudiendo contar con alguna regulación parcial al respecto, no pueden evitar los impactos desfavorables de este fenómeno para el desarrollo de su modelo turístico y de convivencia ciudadana.
Desde hace varias décadas, los servicios de alojamiento turístico en viviendas de alquiler han tenido una elevada presencia como fórmula de alojamiento en el disfrute de las vacaciones en España, tanto de turistas extranjeros como, sobre
todo, de turistas españoles. Desde que se dispone de estadísticas turísticas las cifras así lo señalan; hace diez años uno de cada cinco turistas y más de una de cada cuatro pernoctaciones de los españoles o extranjeros que pagaron alojamiento
turístico en España ya utilizaban una vivienda de alquiler. Esta realidad suponía 13,6 millones de turistas y 157,7 millones de pernoctaciones, según las estadísticas elaboradas por Turespaña, lo que representaba en aquel momento el 19,4 % del
mercado de alojamiento turístico de pago en España en términos de turistas y el 28,3 en términos de pernoctaciones.
Es necesario recordar que la explotación de las plataformas que ponen en contacto a propietarios que quieren rentar su casa con posibles inquilinos se produjo como consecuencia de la aprobación por el Gobierno del Partido Popular de la Ley
de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, que modificó el artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, excluyendo de esta el alquiler de la vivienda para uso turístico, trasladando dicha responsabilidad sobre
su regulación a las comunidades autónomas. A partir de ese momento, las comunidades autónomas han comenzado a regular esta actividad de alquiler. Cada comunidad tiene su particular regulación y no todas cuentan con
una regulación específica; así, en algunas autonomías está prohibido el alquiler de pisos pero no de casas y en otras se puede rentar en zonas determinadas; unas se refieren a la duración mínima de días y otras a la prohibición de alquiler
por habitación. Debemos ser conscientes de que no solo se trata de regular un fenómeno alojativo, sino que debemos definir qué modelo turístico queremos y en qué condiciones pretendemos que se desarrolle y evolucione para el futuro.
Las consecuencias de esta actividad van mucho más allá del simple hecho de alojar personas, afectan al modelo de ciudades, a la convivencia de los ciudadanos y a la evolución del precio de la vivienda en determinadas ciudades. Se debería
afrontar con visión global y dar una respuesta coordinada con las comunidades autónomas y con las corporaciones locales involucradas. Se trataría de dotarnos de una normativa lo más equilibrada posible a nivel de país que garantice un marco de
competencia en igualdad de condiciones entre los diversos operadores de servicios de alojamientos turísticos que asegure los mismos derechos para los consumidores, limite los posibles elementos externos negativos que están incidiendo
fundamentalmente en las ciudades y contribuya fiscal e igualitariamente al mantenimiento de los servicios públicos. En definitiva, es necesario que este nuevo escenario, a la luz de las tendencias legislativas internacionales y de la complejidad
que este fenómeno tiene, incorpore aspectos orientados, entre otros, a garantizar la adecuada seguridad, la responsabilidad civil de las partes involucradas, los estándares de calidad en el alojamiento, la zonificación de la oferta, sistemas de
inspección y sanción, la responsabilidad de los intermediarios, etcétera, para defender mejor el escenario de convivencia y a todos los ciudadanos afectados por este fenómeno, así como la sostenibilidad turística en cada uno de los casos que esté en
juego.
Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista plantea esta proposición no de ley en una doble dirección: utilizando los mecanismos e instrumentos que tiene el Gobierno de España y situando y planteando una estrategia global a nivel nacional.
No planteamos aquí, ni muchísimo menos, recuperar el debate de las competencias, porque todos sabemos y compartimos que corresponden a las comunidades autónomas, que están siendo eficaces en materia turística. Pero creo que hay espacio político
suficiente para trazar una estrategia común en el resto del Estado, de acuerdo, lógicamente, con las comunidades autónomas y con los ayuntamientos implicados. Por eso, planteamos al Gobierno, primero, que convoque de forma urgente y extraordinaria
la Conferencia política de turismo para consensuar esa estrategia global y dar respuesta coordinada y sostenida al desafío del espectacular crecimiento de la vivienda de alquiler para uso turístico. Segundo, convocar de forma extraordinaria y
urgente a la Comisión Interministerial de Turismo para coordinar una política de actuación común, en consonancia con el carácter estratégico del sector turístico de nuestro país, en una doble dirección: primero, liderar una unidad de acción ante la
Comisión Europea y, segundo, incrementar la vigilancia e inspección no solo del cumplimiento de la normativa turística, sino también de la legislación en materia de propiedad horizontal, seguridad nacional, protección de datos, en definitiva,
obligaciones tributarias, por parte de los organismos competentes en cada una de estas materias. Planteamos que el Gobierno se ponga a trabajar en ello, que deje de mirar hacia otro lado, que asuma su responsabilidad y no se escude en que es un
asunto que corresponde a otras administraciones. Creo, insisto, que hay espacio político y es una exigencia del sector, que nos está indicando que sería bueno que el Gobierno de España liderara una estrategia común, lógicamente, de acuerdo y
pactada con el conjunto de las comunidades autónomas y ayuntamientos implicados.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Franquis Vera.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
El alquiler de vivienda vacacional es una modalidad que en sí misma no tiene por qué ser negativa para la población. Tiene aspectos muy interesantes, como es la democratización de los beneficios del turismo, y esto es una necesidad
imperiosa, máxime en territorios como Canarias, donde vemos que fluyen los turistas por millones, que aumentan las pernoctaciones por millones y para la población local solo queda paro, precariedad y 900 000 personas en riesgo de exclusión y
pobreza. Pero, desgraciadamente, cuando el alquiler vacacional se realiza sin estudios previos, sin planificación y sin control de ningún tipo tiene efectos perversos para la población que lo sufre, y el más importante, sin duda, es el ataque
frontal que supone contra el derecho a la vivienda en estos territorios turísticos. Hay
zonas con una masificación brutal de este tipo de viviendas que han generado problemas de alza de precios hasta el punto de hacer los alquileres insostenibles para salarios bajos y también para salarios medios. Se está produciendo un efecto
de expulsión de las familias con arraigo en los barrios, pero no solo por la subida disparatada de precios que ya nombré, sino también por los problemas obvios que genera la convivencia con estos turistas, con estas personas que están de paso.
Por eso, para nosotras es fundamental -y la enmienda que elaboramos incidía en eso- que la regulación sea firme y que impida taxativamente la subida de los precios del alquiler, que es lo que está expulsando a las familias de los barrios.
Tampoco podemos obviar en esa regulación -y para eso iba la segunda enmienda- las diferencias que hay entre el objetivo de país, el modelo turístico global de país y las realidades específicas de cada zona. Evidentemente, no es lo mismo cómo afecta
esto a una isla como El Hierro o como afecta a Lanzarote o cómo puede afectar en Barcelona y Madrid, las grandes capitales. Creemos que hay que tener en cuenta esas especificidades.
La gestión del turismo es un reto que tenemos que afrontar, lo hemos dicho en multitud de ocasiones en esta Comisión. Nos preocupa y queremos que la actividad turística esté dinamizada y que se fije por unas reglas seguras que promuevan
estabilidad y que den, además, seguridad en todos los ámbitos, incluido el jurídico. Pero nos preocupa en mayor medida que se respete el derecho a la vivienda de los vecinos de la zona, que se respete la convivencia de los barrios, que se respete
el arraigo al territorio, que es muy importante, y por supuesto que se analice la calidad y el alcance de los servicios públicos que sufren esta masificación. En definitiva, que ser una potencia turística mundial sea una bendición, sea una buena
noticia para todos y que no se convierta en una condena, como se está convirtiendo, desgraciadamente, para amplios sectores de la población en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Rodríguez.
Señor Franquis Vera, tiene la palabra para pronunciarse sobre las enmiendas.
El señor FRANQUIS VERA: La segunda la hemos aceptado al completo. Nos hemos puesto de acuerdo en modificar la primera y la pasaremos a la Mesa también.
El señor PRESIDENTE: Entiendo, entonces, que pasarán finalmente una transaccional. De acuerdo.
Pasamos ahora a la fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Creo que es indiscutible que vivimos uno de los mejores momentos del turismo en España: el pasado año hemos tenido la visita de 82 millones de turistas y ha generado al Estado ingresos por más de 87 000 millones de euros. Esto no surge de
un día para otro, que lleguen a España 82 millones de turistas no es algo gratuito, es algo que este país ha trabajado y de una manera intensiva a partir de los años sesenta. Esto tiene un modelo, seguimos un modelo que nos lleva a la cima del
éxito, a ser el primer destino vacacional del mundo, el primer destino por competitividad y el segundo por número de visitantes, y creo que este año si seguimos con estos índices de crecimiento, con el incremento del 10 % anual, podemos superar
incluso a Francia, que está en el número uno.
Como digo, esto responde a un modelo turístico que está basado en la calidad, en la excelencia y en la sostenibilidad, porque este país tiene un sistema reglado, un sistema seguro de hoteles, de apartamentos, de camping, de alojamientos
rurales que no se presta a sorpresa. Un turista cuando viene a España sabe a qué viene y sabe qué se va encontrar, salvo excepciones extrañas, que puede haber alguna. Porque se ha hecho política con el turismo y además de manera aceptada. Todas
las administraciones -la local, la autonómica y la nacional- han apostado fuertemente, y con grandes inversiones en el sector turístico, por su modernización y por su competitividad y eso nos hace ser uno de los más competitivos del mundo. Hay un
notable esfuerzo en este país de las empresas, de los trabajadores y del conjunto de la sociedad, que han visto en el turismo una manera de progreso y de prosperidad para los pueblos y para las comunidades. Evidentemente, estamos bendecidos por
nuestra situación geográfica y por nuestra forma de vivir, por la forma de convivir en nuestros barrios y en nuestras ciudades. Todo esto, estos 82 millones de turistas y estos 87 000 millones de ingresos han generado en este país un boom de
alquileres turísticos, porque las moscas siempre acuden a la miel, algunas veces de manera legítima y otras no tanto. Esto genera distorsión en nuestro modelo turístico y deberíamos preguntarnos si se podría poner en riesgo nuestro modelo que tanto
éxito nos da, que genera el 11 % del
PIB y el 16 % del empleo de este país. Con este boom de alquileres turísticos hay alta concentración de inmuebles del alquiler vacacional en nuestros principales destinos turísticos y esto pone en peligro la disponibilidad de viviendas a
precio asequible. Además, está generando distorsiones, está generando gentrificación, aunque yo la definiría como 4.0, porque para mí en los centros de las ciudades más que gentrificación se está produciendo una turistificación. Tenemos modelos en
casi todos los destinos turísticos importantes de este país. Tenemos el ejemplo de La Magdalena en Zaragoza, El Cabanyal en Valencia, el Raval en Barcelona, Chueca, Malasaña y Lavapiés en Madrid y Cabo de Gata y la Costa del Sol, y podríamos
extendernos.
Hay un modelo que quiero poner como ejemplo porque es especialmente sangrante y que demuestra la locura a la que hemos llegado con los alquileres turísticos, que es Ibiza. El año pasado recibió 2,5 millones de turistas en una extensión de
apenas 572 kilómetros cuadrados, donde se llega a pagar por un balcón 500 euros de alquiler y por una habitación 700, y hay anuncios en prensa y en portales digitales donde se cambia habitaciones por sexo. Esto es algo real que está en las redes.
Encima, hemos provocado en esta isla una nueva clase, que es la de los trabajadores sin techo -como han apuntado por ahí algunos compañeros portavoces-. Y qué pasa con las personas que tienen rentas mínimas o los jubilados, ¿podrán pagarse un
balcón? Esta es una de las preguntas que me hago. Desde luego, este modelo no lo quiero para mi país. También provoca la sustitución del comercio tradicional, expulsando y convirtiendo los centros de ciudades en parques temáticos, turistificando
el centro de las ciudades, aparte de las molestias para vecinos y la saturación.
Esto no es exclusivo de España, esto está ocurriendo en los principales destinos turísticos de Europa, en las capitales, y ellos también están tomando medidas e interés por este asunto. Berlín ha prohibido -acabo enseguida, presidente, un
minuto- los alojamientos turísticos, Londres los limita a noventa días, París a cuatro meses, San Francisco y Nueva York también han puesto límites y la Comisión Europea nos ha puesto en aviso. Estuvimos este verano diferentes portavoces de esta
Comisión en la conferencia de Tony Blair sobre turismo, en la que hizo especial hincapié en que hay que establecer regulación sobre este fenómeno, sobre su fiscalidad, sobre los fraudes en línea y la supervisión de las normas para prestar servicios.
Este es un problema que no podemos tomarnos a la ligera. El éxito también hay que gestionarlo -coincido con el compañero del Partido Socialista-, y el Gobierno, respetando la autonomía de las diferentes administraciones, tiene que ponerse manos a
la obra.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez González.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila i Esteve.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Bona tarda, señor presidente.
Que se convoquen comisiones a nosotros nunca nos puede parecer mal. En Barcelona hemos participado en la regulación a partir de un plan especial urbanístico de alojamientos turísticos para limitar el número a partir de la densidad máxima,
según las tres zonas que se hicieron delimitar. Hace falta una regulación más precisa para que el otorgamiento de la licencia no se haga a través del régimen del enterado. Albert Castellanos es el actual secretario general de Economía y trabajó
con intensidad el tema del home sharing en Cataluña, donde tenemos competencias para regular y no tenemos que renunciar a ellas. Concepciones centralistas jacobinas que hablan de un modelo turístico como si fuese un modelo único nos hacen tener un
cierto recelo. Creo que se entenderá si digo que no es lo mismo Cataluña que Cuenca, obviamente, del mismo modo que no es lo mismo Lloret que Barcelona. Condicionaremos nuestro voto a la aceptación de las enmiendas de Podemos. Por tanto, según me
acabo de enterar, seguiremos atentos a la transacción que se propone.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gràcies, señor Capdevila i Esteve.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta iniciativa parlamentaria del Grupo Socialista toca un asunto que, en efecto, está creciendo de forma espectacular con unas derivadas poco deseables en algunos casos que parece oportuno acotar. De hecho, el arrendamiento vacacional ya
está ofreciendo más plazas que los hoteles y se aprovecha del limbo legal y del crecimiento basado en plataformas digitales que actúan con una agilidad muy superior a
las reacciones administrativas frente a un fenómeno como es el de las viviendas para uso turístico, también denominadas viviendas de alquiler vacacional.
Expreso algunas dudas sobre la efectividad real de instar al Gobierno en un asunto como este porque estamos en el Congreso de los Diputados y, por el debido respeto al marco competencial que tenemos en España, hay que ser conscientes de la
existencia de unos grandes límites de intervención por parte del Gobierno. Hablamos sobre competencias que las comunidades autónomas tienen transferidas y, de hecho, existe una variopinta y heterogénea regulación aplicable específicamente
dependiendo de la comunidad donde se ubica el piso para uso turístico. Supongo que ese es un motivo principal por el que esta proposición de ley no abunda más allá de instar a las respectivas convocatorias de la Conferencia Sectorial de Turismo y
de la Comisión Interministerial de Turismo para abordar este asunto. Parece, por lo que explicó el señor Franquis Vera, que se trata de definir el modelo y de orientar este singular y creciente fenómeno.
Ya se ha dicho que una mayoría de nuestras comunidades autónomas dispone ya de regulación para las viviendas de uso vacacional; incluso hay un surtido de cuadros sancionatorios que, como era de suponer, es también muy desigual, pues hay un
abanico de multas por incumplimiento de las normativas que va desde los 30 000 euros en Cantabria hasta los 600 000 euros en Cataluña, lo que confirma la disparidad de la normativa en función del lugar donde se aplique. No obstante -y creo que no
se ha dicho-, a finales del pasado año, hace mes y medio, el Consejo de Ministros aprobó un real decreto por el que aplica nuevas obligaciones de información para las plataformas digitales que intermedian en el arrendamiento de viviendas con fines
turísticos. Entre ellas, destacan las relativas al control fiscal para evitar, entre otros aspectos, los flujos de dinero negro. También se aplican medidas para que las fuerzas de seguridad del Estado puedan disponer de los datos de quienes se
alojan en dichas viviendas alquiladas. Estas medidas fiscales y policiales han chocado con un rechazo en el sector, al menos en una parte del sector, basado en las limitaciones que suponen para el desarrollo de la competencia y también para el
desarrollo de la economía colaborativa y digital.
En definitiva -y con ello voy concluyendo, señor presidente-, hay un amplio campo de debate para atacar los desafíos administrativos y de todo tipo, incluso de carácter social, que supone esta novedosa industria de la vivienda para uso
turístico, sobre la que parece conveniente recabar el criterio de todas las administraciones públicas, buscar coordinación y tratar de buscar también elementos comunes para dar el mayor carácter homogéneo posible a las diferentes y dispares
normativas que rigen en nuestro país. Aún desconozco los términos finales del texto transaccional que se va a someter a votación, una vez incorporadas algunas de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea, y una vez leído, me pronunciaré a la hora de votar, si bien inicialmente me inclino por la abstención.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Oblanca.
Para fijar posición por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro Cruz.
La señora NAVARRO CRUZ: Muchas gracias, señor presidente.
Tengo que compartir con mi antecesor en el uso de la palabra lo que se ha hablado sobre el turismo en España. Está claro que estamos hablando de uno de los motores de la economía de nuestro país, un sector creador de empleo y generador de
riqueza, sin duda ninguna. Efectivamente, el año pasado ha habido 82 millones de personas que han decidido venir a nuestro país. Pero este boom no puede hacernos perder de vista la realidad.
El sector turístico se está viendo afectado en los últimos tiempos por una de las tendencias globales que ha cambiado el modo de viajar: el turismo colaborativo. Esta tendencia se ha visto favorecida por el desarrollo de las tecnologías de
la información y la aparición de plataformas y aplicaciones específicas para establecer relaciones económicas entre particulares, dando lugar al nacimiento de nuevos modelos de prestación de servicios que cada vez de forma más fácil ponen en
contacto a los dueños de las viviendas con los potenciales viajeros. Estas tecnologías de la información también han creado un nuevo patrón de consumo del usuario basado en la confianza y en la reputación, pero que en algunos momentos puede estar
generando tensiones competitivas.
El Gobierno es consciente de las ventajas de la economía colaborativa para el empleo y para la generación de riqueza, pero también de la necesidad de garantizar el marco de competencia justo y adecuado para todos los actores implicados.
Para igualdad de producto, la regulación debe ser también
la misma. Por lo tanto, la economía colaborativa para el arrendamiento vacacional no puede ser abordada únicamente desde la perspectiva turística, ya que se ve afectada también por la delimitación de la responsabilidad de las plataformas,
la fiscalidad que comporta esta actividad, los efectos que pudiera tener sobre la seguridad ciudadana y la regulación de los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico. Se trata, en definitiva, de una nueva actividad que
está aún en un proceso de evolución sobre el que el Gobierno hace tiempo que ya viene trabajando.
A tenor de lo contemplado en el artículo 5 de la Ley de Arrendamientos Urbanos y la sentencia 200/2009, del Tribunal Constitucional, la competencia de la ordenación en materia turística corresponde, como ya han dicho todos los portavoces
anteriores, en exclusiva a las comunidades autónomas. A nivel estatal se regulan aspectos fiscales de seguridad nacional y de protección de los consumidores. Las viviendas turísticas deberán garantizar los mismos derechos y seguridad al consumidor
y deberán asumir la misma fiscalidad que el resto de empresas del sector. Pero como en el ámbito turístico son las comunidades autónomas las que tienen la competencia para regular el alquiler vacacional o el alquiler de viviendas con fines
turísticos, el Gobierno no puede acometer ninguna estrategia global ni coordinar la política de adaptación común para todo el país.
Sí que se puede regular en el ámbito de sus competencias. De hecho, respecto al punto número 2 de la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, debo señalar -como ha dicho también el señor Martínez Oblanca- que el pasado día
30 de diciembre de 2017 se publicó en el BOE un real decreto por el se modifica el reglamento general de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria, y en el que se establece una obligación de informar específicamente a
las personas o entidades y en particular a las denominadas plataformas colaborativas que intervienen en la cesión de viviendas con fines turísticos. Y, además, esta información debe ser presentada periódicamente. En ella se debe incluir:
identificación del titular de la vivienda, identificación del inmueble con especificación del número de referencia catastral, identificación de las personas o entidades que lo ceden, importe percibido por el titular o, en su caso, indicar si es
gratuita la cesión. Por lo que respecta al punto número 2.b), nosotros consideramos que es una medida que está en marcha y, por lo tanto, que se debe mantener.
Por otro lado, tampoco debemos olvidar que somos miembros de la Unión Europea -lo ha dicho el señor Franquis- y que, a raíz de la importancia que ha ido adquiriendo el turismo en los últimos años, las diferentes instituciones comunitarias
han comenzado a presentar iniciativas en un intento de establecer una política legislativa común. Podemos decir que la posición de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo, en su resolución de 2015 sobre nuevos desafíos y
estrategias para promover el turismo en Europa, es analizar los efectos resultantes de la economía colaborativa y recomienda que se considere el establecimiento de un marco regulador adecuado. Además, se plantea una iniciativa específica dirigida a
armonizar progresivamente los sistemas de clasificación de las infraestructuras de alojamiento mediante una definición de criterios comunes.
En definitiva, señorías, estamos totalmente de acuerdo en que no se puede permitir la deshumanización de los centros de las ciudades y en que la regularización es necesaria e imprescindible, y mi grupo está dispuesto a trabajar en ello en el
marco de las competencias de cada institución. Por lo que, constatado que el Gobierno está actuando en materia fiscal, en materia de seguridad nacional y en la protección de los consumidores, salvo que ocurra cualquier otra cosa -yo también quiero
esperar a ver en qué queda la transacción-, le adelanto que lo más probable es que nosotros también nos abstengamos en esta PNL, ya que son las comunidades autónomas las responsables de esta materia.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Navarro Cruz.
- RELATIVA A SOLICITAR UNA MESA DE NEGOCIACIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL Y LAS ASOCIACIONES NACIONALES DE PRODUCTORES DE ENERGÍA FOTOVOLTAICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de
expediente 161/002427).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que figura con el número 10.º, la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista relativa a solicitar una mesa de negociación entre el Ministerio de Energía,
Turismo y Agenda Digital y las asociaciones nacionales de productores de energía fotovoltaica.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Jiménez Tortosa.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, señor presidente.
En la defensa de esta proposición no de ley quiero partir del concepto de energía fotovoltaica, es decir, la conversión directa de la luz solar en electricidad mediante un dispositivo eléctrico, denominado célula solar, y por un fenómeno
físico conocido como efecto fotovoltaico. Nos interesa considerablemente este fenómeno físico por varias características. Entre ellas, que se trata de una energía renovable, inagotable y versátil que permite un gran número de aplicaciones, no
emite gases contaminantes por lo que contribuye eficazmente a la reducción de CO2, goza de elevada calidad energética y es silenciosa y limpia, por lo que no produce contaminación ambiental ni acústica. Entendemos por estas razones que se trata de
una energía con futuro, la cual merece la pena potenciar y explotar, tanto por su calidad como por nuestra geografía estratégica que permite un gran aprovechamiento de la misma y, sustancialmente, porque ayuda a frenar el cambio climático, a
conservar mejor nuestro entorno y, por consiguiente, a dejar un futuro más esperanzador para las siguientes generaciones. Estos son algunos de los muchos motivos por los que vemos conveniente un cambio en el modelo de producción energética, en el
que debemos pasar de quemar carbón, gas y petróleo a dirigirnos a la utilización del sol y el viento, entre otros.
Atendiendo a esta necesidad, nuestro Estado animó a las familias españolas, a través de reales decretos, y por medio de la campaña publicitaria 'El sol puede ser suyo' a destinar sus ahorros al desarrollo y producción de energía solar
fotovoltaica. En un escenario de especulación inmobiliaria y bursátil, 2004-2007, 62 000 familias españolas optaron por destinar sus ahorros familiares a un fin ético. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en su línea de modernidad y
progreso, fomentó este tipo de inversión como rentable, muy segura y socialmente comprometida. El propio Ministerio de Industria no dudó en recomendar que se asumieran financiaciones del 80 % del coste de las instalaciones. El fomento primado de
las tecnologías renovables no ha sido una singularidad española. Se ha realizado en todos los países desarrollados. Es cierto que desde que comenzó la crisis las ayudas fueron disminuyendo, pero solo en España se ha detenido abruptamente la
implantación de renovables.
La seguridad jurídica es un principio universalmente reconocido, y el Estado tiene la obligación de garantizarlas en todas las áreas en que se ejercen los tres poderes -Ejecutivo, Legislativo y Judicial- como garantía dada al individuo de
que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados en ningún caso, y si tal cosa llegara a producirse, se le dispensará por la Administración la debida reparación de los daños causados. En 2010, cuando ya se habían realizado grandes
inversiones, nuestro Gobierno cambió la política a través de dos normas retroactivas, lo que compensó con una ampliación del tiempo de contrato. En este contexto, a partir de 2012, se decide impedir el establecimiento de nuevas plantas; y a partir
del año 2013, con el grupo de normas que hemos conocido como la reforma eléctrica se modifica completamente la retribución de las plantas con recortes retributivos que, en algunos casos, alcanzan el 50 %.
Las imposiciones derivadas de la reforma eléctrica impuesta por el Gobierno del Partido Popular supone una modificación retroactiva que quiebra a 62 000 familias y con ella la seguridad jurídica del sector. El Defensor del Pueblo ya se
manifestó al respecto de esta injusticia. Esta institución considera que, por un principio de igualdad material, no debería hacerse a los ciudadanos españoles de peor condición que a los inversores de terceros países, y solicitaba adoptar las
medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica no reciban peor trato que los inversores de países signatarios del Tratado de la Carta de la Energía.
Siempre que se ha retocado el sistema eléctrico, dada la complejidad del mismo, se ha buscado un acuerdo con el objetivo de garantizar que el valor de las inversiones no quedara desfavorablemente afectado. Sin embargo, en el caso de las
fotovoltaicas no se ha tenido en cuenta los legítimos derechos patrimoniales de las más de 62 000 familias, a las que los cambios normativos no consensuados les han dejado en la ruina, dándose casos dramáticos en los que las familias afectadas lo
van a perder todo: plantas, terrenos, casas, casas de familiares, de padres, de hermanos, pero sí se van a quedar con la deuda; una deuda hacia unos bancos que se han rescatado con dinero público. Si todos estos recortes se hicieron
justificándose en la crisis que hemos sufrido o estamos pasando, si ahora estamos saliendo de ella y se aprecian signos de recuperación económica, con mayor motivo debemos mirar hacia estas familias, las cuales actuaron de buena fe depositando su
confianza en el Estado español. Estas familias realizaron un esfuerzo inversor con el objetivo de tener en el futuro un complemento económico a su jubilación, como ahora nos recomienda el presidente del Gobierno.
Por todo lo anterior, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente proposición no de ley por la que pedimos el apoyo del resto de grupos parlamentarios. El Congreso de los Diputados insta al
Gobierno a que adopte las siguientes medidas: Iniciar una mesa de negociación con la Asociación Nacional de Productores de Energía Fotovoltaica y redactar un protocolo en el que se adopten las medidas necesarias para que los inversores
españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su retribución no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Jiménez Tortosa.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas, por lo que vamos directamente al turno de fijación de posición. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el
señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Llama la atención que, a pesar de ser el país del sol y el viento, en el año 2017 hemos vuelto a batir el récord de importación de petróleo, que ha aumentado un 2,6 % con respecto a 2016. El déficit energético en nuestro país creció en un
31,1 % en el último año, y asciende a 19 269 millones de euros, y eso en un escenario de tener el petróleo muy barato. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver esto con la fotovoltaica; pues tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver, porque a
partir del año 2008 se lanzó, desde think tanks neoliberales, una fuerte campaña en contra de las energías renovables y, en especial, de la energía solar fotovoltaica, una campaña de desprestigio que prácticamente hacía que las energías renovables
y, en concreto, la energía solar fotovoltaica fuera una especie de diablo en el que se concentraban todos los problemas de la energía en nuestro país. Esta fue una campaña profundamente política y tuvo consecuencias devastadoras para nuestro país;
consecuencias para los inversores que ahora tratamos de mitigar con esta propuesta; consecuencias para el empleo -luego hablaré de ello- y también para el modelo energético.
Desgraciadamente, el propio Partido Socialista fue el que comenzó el desmantelamiento de la energía solar fotovoltaica con las medidas que tomó el ministro Sebastián en el año 2010 y, posteriormente, el Partido Popular soltó la guillotina y
terminó con ella. Voy a hacer algunas reflexiones sobre lo que ha supuesto el desmantelamiento de la energía solar fotovoltaica en nuestro país. En primer lugar, España ha perdido el liderazgo en el mercado mundial desde que en 2008 se produjo un
44 % de la potencia generada en el mundo y, sin embargo, hemos pasado en la actualidad a ser solo el 0,1 % del total de la solar fotovoltaica que se produce en la actualidad. La fotovoltaica se ha convertido en la tecnología que más rápidamente ha
crecido en el mundo y de la que más potencias se instala anualmente. En 2017 se han instalado 100 gigavatios; es decir, 40 veces más que la producida en 2007. Sin embargo, en España estamos prácticamente estancados.
Voy a leer unas declaraciones del director ejecutivo de Solar Power Europe, James Watson, sobre el caso de España. Decía: El caso de España sigue causando estupor. ¿Cómo puede un país, que ha sido líder mundial, pasar del todo a la nada
en tan poco tiempo? ¿Cómo puede tirar por tierra su ventaja tecnológica y su gran potencial? ¿Cómo se puede destruir así una de las industrias del futuro cuando tanta falta hace generar empleo? El Gobierno español ha matado la energía solar,
decía Watson en 2005. Otros países también tuvieron su boom y pagaron los excesos. Pero en ningún otro lugar se han tomado medidas regulatorias tan drásticas y desproporcionadas. España juega ahora en la liga antisolar e intenta influir
negativamente en la Unión Europea.
Déjenme que les muestre cómo ha evolucionado el empleo de puestos de trabajo directos en España desde el año 2008 hasta ahora. Hemos pasado de 40 000 empleos de energía solar fotovoltaica a unos 5000 empleos. Es decir, se han perdido 40
000 empleos. España ha pasado de ser líder en Europa a estar en el puesto número 18 y bajando; pero yo no diría bajando, diría más bien que España se ha despeñado en materia de energía solar debido a decisiones políticas que podría calificar de
erróneas, pero no son erróneas, son malintencionadas; es decir, detrás del descalabro provocado de la energía solar fotovoltaica lo que había era una intención de beneficiar a otras fuentes de energía que no nos benefician desde el punto de vista
estratégico ni desde el punto de vista medioambiental. El acoso de la energía solar sigue y ahora estamos con el impuesto al sol, con el tema de tratar de bloquear el autoconsumo con ese peaje que se intenta imponer y que no se corrige. En
definitiva, estamos ante un gran error que ha tenido consecuencias ambientales, consecuencias económicas, consecuencias energéticas y terribles consecuencias sociales para esas 60 000 familias que invirtieron en esta energía, animados por la
corriente y por el propio Gobierno, y que ahora se encuentran en una situación muy difícil.
En ese sentido, lógicamente, nosotros votaremos a favor de esta propuesta porque entendemos que, efectivamente, hay que buscar soluciones, pero conviene mirar con sentido crítico a qué es lo que ha llevado a esta situación.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Martínez González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
En los años 2007 y 2008 -y creo que hasta en 2009- el entonces Ministerio de Industria, Turismo y Comercio sacó una campaña con un eslogan muy bonito por cierto: 'El sol puede ser suyo', en la que animaba a los inversores a invertir en
fotovoltaicas como manera de ayudar a reducir la contaminación en el planeta y a contribuir a los acuerdos de Kioto. Planteaba una rentabilidad de un 9 %, estupenda para la época, líneas de crédito oficial que llegaban hasta el 80 % del coste de
las instalaciones e incluso llegaba a ofrecer un año de carencia, y todo con la garantía del Estado. La verdad es que no se podía pedir más, era una ocasión única para que pequeños inversores, ahorradores, jubilados y familias apostaran por el
futuro con la seguridad del Estado.
Por este motivo, me sorprende que diez años después uno de los partidos que fue causante del problema traiga ahora a la Cámara esta PNL para intentar resarcir el quebranto que produjo a todos estos pequeños inversores, ahorradores,
pensionistas y jubilados que creyeron en la confianza y la seguridad que daba el Estado en el anuncio del BOE con eslóganes como 'El sol puede ser suyo' y que apostaron en su momento por las renovables. Pues bien, nunca es tarde si la dicha es
buena, y nos parece bien que, aunque el PSOE sea parte del problema y causara la ruina de parte de esta gente, traiga ahora esta PNL, que ya adelantamos que vamos a apoyar.
La otra parte es el PP, que, como ha dicho el compañero portavoz de Podemos, terminó de rematar esta estafa monumental perpetrada desde el BOE. Lo que el BOE daba, las condiciones y las garantías, mediante el BOE se les quitó a todos estos
pequeños ahorradores. Este asunto castigó a determinadas zonas del país como, por ejemplo, a Murcia, donde los agricultores entraron mucho en este tipo de inversiones con la rentabilidad y la seguridad que se prometía por parte del Estado; también
a Navarra, a Cataluña, etcétera, y toda esta burbuja fotovoltaica que se generó -también vinieron fondos de inversión extranjeros- estalló en un momento dado yo creo que en parte por no limitar la potencia fotovoltaica que tenía derecho a prima. Y,
como digo, mediante el BOE se empezaron a aplicar recortes al sector, lo cual nos ha llevado a uno de los mayores retrocesos que ha sufrido este país en renovables, hasta el punto de que un país como Alemania tiene más potencia fotovoltaica
instalada ahora mismo que España, así como a la ruina de casi 62 000 inversores, que tienen sus casas hipotecadas y sus terrenos avalados por la familia, lo cual ha creado una situación de incertidumbre en esta gente a la que no hay derecho; no se
puede hacer esto con los ciudadanos.
En consecuencia, nos parece interesante que se cree esta mesa, a pesar de que llega diez años tarde, y en la que es importante que esté el Gobierno. Un Estado que es capaz de rescatar autopistas y bancos también tiene que dar una respuesta
a estos ciudadanos que se sienten desamparados y abandonados por el Gobierno, por lo que quizás este sea el camino para resarcirles de alguna manera por todo lo que se hizo mal y de manera injusta con ellos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez González.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ruano García.
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías.
Con relación a la primera parte de la proposición no de ley, en la que se solicita la constitución de una mesa de negociación entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y la Asociación Nacional de Productores de Energía
Fotovoltaica, entendemos que no es necesario fundamentalmente por tres motivos. En primer lugar, no parece que sea prudente la constitución de esta mesa cuando hay recursos interpuestos por los productores ante los tribunales internacionales de
arbitraje. Una mesa de negociación en estas circunstancias introduciría tensión en el sistema eléctrico. En segundo lugar, entendemos que dado que la ley de cambio climático y transición energética se está elaborando en estos momentos, no parece
conveniente tampoco mezclarla en este momento con el régimen legal anterior de apoyo a las
energías renovables. Y en tercer lugar, otros sectores de energías renovables, además del fotovoltaico -por ejemplo, el eólico-, también se vieron afectados por el cambio regulatorio y no son objeto de dicha mesa, lo cual significaría una
diferencia.
En relación con la segunda parte de la proposición no de ley, en la que se solicita redactar un protocolo en el que se adopten las medidas necesarias para que los inversores españoles en energía fotovoltaica que han visto recortada su
retribución no reciban peor trato que los inversores de los países signatarios del Tratado sobre la Carta de la Energía, me gustaría recordar la situación de partida del año 2012. Señor Jiménez Tortosa, usted comentaba que Rodríguez Zapatero, en su
línea de modernidad y progreso, tomó esta serie de medidas, pero yo diría que el señor Rodríguez Zapatero, en su línea de modernidad y progreso, lo que casi consigue es la quiebra del sistema eléctrico. Quiero recordarles que las decisiones de
política energética del pasado tomadas durante la época socialista provocaron un elevado desequilibrio entre ingresos y costes en el sistema, motivados fundamentalmente por un crecimiento excesivo de determinadas partidas de costes. Es cierto que
el coste de producción de la electricidad en España era similar al del resto de la Unión Europea, pero los costes regulados se incrementaron hasta tal punto que eran un 40 % superiores a los de los países de nuestro entorno. Por tanto, podemos
decir que no son situaciones comparables.
Para corregir esta situación de desequilibrio y acabar con el déficit de tarifa, se llevó a cabo una reforma en profundidad del sector eléctrico planteada desde el interés general de todos los consumidores y encaminada a garantizar el
suministro al menor coste posible y a asegurar la sostenibilidad del sistema. En particular, la reforma en materia de energías renovables llevada a cabo garantizaba una rentabilidad razonable para las instalaciones renovables y el ajuste de la
retribución de todas y cada una de las actividades del sistema eléctrico, garantizando una rentabilidad razonable a las instalaciones renovables para una empresa eficiente y bien gestionada. En esta rentabilidad razonable se hace referencia al tipo
de interés del bono del Tesoro a diez años, más 300 puntos básicos. Teniendo en cuenta, además, que se descuentan los costes operativos, creo que todos estaremos de acuerdo en que es una rentabilidad muy razonable, como dice el término.
La reforma ha establecido un marco regulatorio transparente y estable y con reglas claras de revisión de los parámetros retributivos que introducen certidumbre en el sector y proporcionan confianza para todas las tecnologías y todos los
inversores, ya sean nacionales o extranjeros.
Yo supongo que esta proposición no de ley se hizo con anterioridad a las sentencias del Tribunal Supremo, pero la realidad es que la última sentencia del Tribunal Supremo, de 14 de septiembre de 2017, que yo me he tomado la molestia de leer
con detenimiento, afirma que ha considerado en cinco ocasiones que el contenido de los laudos a los que se hace referencia en esta proposición no de ley no son de aplicación en estos procedimientos. Además, hay otra serie de laudos internacionales
que sí han estado a favor de España. En definitiva, el Tribunal Supremo vuelve a avalar la reforma eléctrica del Gobierno del Partido Popular. El Tribunal Supremo considera que el cambio regulatorio no vulneró los principios constitucionales de
retroactividad ni de seguridad jurídica, como se ha mencionado aquí anteriormente; confiemos en nuestros tribunales. Además, hasta ahora el Tribunal Supremo ha avalado la reforma del Partido Popular al menos en seis sentencias, como también lo ha
hecho el Tribunal Constitucional, que en 2015 determinó que los ajustes eran efecto de las difíciles circunstancias del sector en su conjunto y de la necesidad de asegurar el equilibrio económico.
Por todo ello, y sin entrar en el detalle de los argumentos jurídicos -por falta de tiempo no reproduciré aquí la sentencia del Tribunal Supremo sobre la retroactividad y la seguridad jurídica, porque creo que se confunde el riesgo
regulatorio y el principio de seguridad jurídica-, el Partido Popular votará en contra de esta proposición no de ley. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano García.
- RELATIVA A EVITAR DENUNCIAS FALSAS DE INTOXICACIONES ALIMENTARIAS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS ESPAÑOLES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002460).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, proposición no de ley que figura con el número 11, relativa a evitar denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles, del Grupo
Parlamentario Popular, y para su defensa tiene la palabra la señora Reynés Calvache.
La señora REYNÉS CALVACHE: Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señorías.
El motivo por el que el Grupo Popular presenta esta proposición no de ley es que en los últimos tiempos, y en particular desde la temporada del verano 2016, se ha producido un inusual incremento en las reclamaciones de turistas británicos
que viajaban a España en el régimen de todo incluido. Este aumento se ha debido a la agresiva actuación de compañías británicas de abogados que fomentaban la presentación de denuncias falsas por intoxicaciones alimentarias a través de las redes
sociales. También actuaban a través de captadores de clientes en los diferentes destinos turísticos. Estos despachos informaban al cliente de que ni siquiera tenía que adelantar dinero para interponer la reclamación, sino que estos bufetes de
abogados se encargaban de todo y cobraban su parte una vez que se conseguía la indemnización. Los clientes denunciaban supuestas intoxicaciones a su retorno, incluso pasados varios meses o años, dado que la legislación británica les permite hacerlo
dentro del plazo de tres años y para los menores de edad hasta tres años después de cumplir su mayoría de edad.
Se ha tratado de un tema que ha generado un notable perjuicio económico a un número importante de hoteles en las principales zonas turísticas de España y que se ha cuantificado aproximadamente entre 50 y 60 millones de euros. Los
turoperadores británicos prestaban en las liquidaciones a los hoteles las cantidades abonadas en las reclamaciones de manera casi automática sin que el empresario español pudiera defenderse. En muchos casos estas falsas denuncias, amparadas por un
derecho británico muy garantista para el consumidor, estaban provocadas por desaprensivos que se situaban en zonas próximas a los alojamientos turísticos para incitar a los turistas británicos a presentar estas denuncias falsas.
El Gobierno español ha actuado desde el momento en que se detectó el incremento sustancial de las reclamaciones de turistas británicos por intoxicaciones alimentarias en los hoteles españoles, ya que estas falsas demandas por intoxicación
dañan la imagen de España ante nuestro primer cliente turístico, que es el Reino Unido. El Gobierno expresó su preocupación ante las autoridades del Reino Unido a través de la Embajada de España, y la Secretaría de Estado de Turismo ha trabajado
estrechamente con la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos y con las asociaciones de empresarios hoteleros de Benidorm, Canarias, Costa del Sol y, cómo no, de mi comunidad, Baleares, donde el turismo es el motor fundamental de
nuestra economía.
Las gestiones realizadas por el Gobierno de España desde la Secretaría de Estado de Turismo, movilizando también a la Oficina de Turismo de España en Londres, ya provocó que el Ministerio de Asuntos Exteriores británico emitiera una
declaración en la que reconocía -muy importante- que España es un destino seguro y advirtiera a sus ciudadanos que denunciar en falso es un delito. El Gobierno ha contado también con el apoyo del Gobierno británico, la asociación británica de
agentes de viajes y los principales turoperadores británicos para frenar las reclamaciones fraudulentas de turistas británicos que estaban afectando tanto a los ingresos del sector hotelero como a la imagen de nuestro país, España.
El Foreign Office atendió una de las principales reivindicaciones de los hoteleros españoles: que se informara a los turistas británicos del posible delito que supondría realizar reclamaciones fraudulentas en España. El 15 de noviembre de
2016 el Gobierno británico publicó en su página web un aviso de alerta en este sentido que ha sido recogido por los principales medios británicos. El colegio de abogados británico advirtió también a sus asociados a finales del mes de agosto de 2017
del fraude y el regulador de gestión de reclamaciones británico ha privado de su licencia a la empresa Allsure, con sede en Preston, por gestionar reclamaciones falsas y animar a los viajeros a inventarse enfermedades gástricas para obtener una
indemnización.
A principios del mes de septiembre de 2017 se produjo la detención de siete personas de nacionalidad británica que contaban con varios locales y una red de agentes comerciales en relación con las denuncias por falsas intoxicaciones
alimentarias. La Guardia Civil ha dado por desarticulada la banda que venía operando desde 2014. La Policía Nacional también ha identificado a varios centenares de enfermos imaginarios de nacionalidad británica que habían denunciado falsas
intoxicaciones alimentarias. Fruto de la colaboración entre las administraciones de España y de Reino Unido, un juez de Liverpool ha condenado a pena de cárcel a una pareja de ciudadanos británicos por simular una intoxicación alimentaria en un
hotel de Mallorca y denunciarlo para obtener una compensación económica. Además, el Gobierno británico prevé medidas para subsanar el vacío legal que permite este tipo de denuncias falsas.
El resultado de todas estas actuaciones ha supuesto la retirada de decenas de denuncias por intoxicaciones alimentarias. Por lo tanto, y aunque prácticamente ya se ha desmantelado el entramado
criminal gracias, como ya he comentado, a la colaboración entre las autoridades españolas y británicas, en defensa del sector turístico español y de la imagen de España creemos que es necesario seguir impulsando las actuaciones emprendidas
para evitar que estos delitos puedan producirse nuevamente. Por eso, presenta hoy nuestro grupo esta PNL. Trabajemos todos juntos, unidos frente a una práctica injusta y fraudulenta, y sigamos impulsando acciones que combatan las situaciones de
abusos que se están produciendo por parte de los turistas británicos para detectar, corregir y evitar que denuncias de falsas intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles se sigan produciendo y pongamos fin de una manera
definitiva a esta sinrazón que tantos perjuicios está causando a la industria turística española.
Varios partidos han presentado enmiendas. Intentaremos llegar a un acuerdo y presentar una transaccional.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Reynés Calvache.
Se han presentado enmiendas por dos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez
González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.
Nos trae el Partido Popular una PNL sobre la que nuestro grupo y el orador que les habla presentaron iniciativas en esta Comisión que se vieron el año pasado y, de hecho, la señora Asían, secretaria de Estado de Turismo, compareció para dar
respuesta a las preguntas que le hicimos al respecto. No sé si la PNL está ya un poco desfasada o no han cursado todo lo que nos dijo la señora Asían y, por tanto, no ha tenido mucho efecto; yo creo que sí, que algo se está avanzando, y nos parece
bien que se sigan tomando iniciativas para garantizar la seguridad y detectar y evitar este tipo de fraudes que nos trajeron titulares bastante chuscos el año pasado del estilo de 'España da diarrea a los ingleses' o bromas que hacía un ministro
inglés cuando decía que los ingleses tenían el estómago bastante delicado, refiriéndose a los mismos que se alojaban en hoteles, junto con otros turistas, pero ellos eran los únicos que sufrían alteraciones gástricas.
Hubo un momento en que el tema fue bastante preocupante, como ya ha apuntado la portavoz del Grupo Popular. Es una estafa organizada que ha movido un montante, según se calcula, de unos 60 millones de euros. Se dio el caso en que llegó a
haber tiqueteros, como se les llamaba en las islas, que era gente que se ponía a las puertas de los hoteles con furgonetas para captar posibles clientes porque además los beneficios que se les proponían eran bastante suculentos: podían llegar a
ganar 18 000 euros, lo que suponía tener gratis las vacaciones, y el éxito del pleito, atendiendo a la Ley Jackson, que quitó del sistema de arbitrio inglés las denuncias presentadas en el extranjero, estaba casi asegurado, en un 98 %. Bien hay que
decir que, aunque se calcula que hay unas ochocientas denuncias falsas, no es un volumen grande para el principal emisor de turistas, que es el Reino Unido, del que el año pasado recibimos dieciocho millones de visitantes.
Bienvenida sea la PNL. Yo esperaba que hubiera sido más efectiva nuestra iniciativa del año pasado. Debemos seguir incidiendo en esta cuestión y, por tanto, me parece bien que se hagan iniciativas en defensa de nuestra profesionalidad y
contra todo lo que pueda poner en cuestión y merme nuestro liderazgo turístico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez González.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campos Arteseros.
El señor CAMPOS ARTESEROS: Gracias, presidente.
Hoy estamos debatiendo esta iniciativa del Grupo Popular a la que nosotros hemos presentado una enmienda porque consideramos que no solamente hay que seguir impulsando acciones. Cabe decir que ciertamente, una vez preguntado el sector, nos
contesta que el Gobierno de España, a través de su embajada y de la oficina de Turespaña, ayudó al sector en las gestiones que estuvieron haciendo, pero creemos que hay que ir más allá y hacer un esfuerzo, hacer lo que haría cualquier destino cuando
detecta que puede haber un impacto negativo en la imagen del destino. ¿Qué habría que hacer? Estudiar -esto
está en los libros de marketing de cualquier sitio- cuál ha sido el efecto de este factor negativo que se ha planteado en el entorno, ver que en el mercado emisor no tiene efectos negativos sobre la demanda. Esto es lo que uno lee en los
libros cuando está estudiando y, por tanto, pedimos que se haga eso, que se detecte si en nuestro principal mercado, el Reino Unido -y dentro del Reino Unido en sus diferentes mercados emisores-, hay algún efecto negativo. Además, pedimos que en el
territorio nacional la fiscalía y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado puedan actuar, perseguir, porque, como decía la portavoz del Grupo Popular, había furgonetas haciendo estas denuncias falsas.
No decimos que se haga una campaña de marketing, sino que primero se haga el estudio y, una vez detectado el efecto y si fuera necesario, hacer una campaña específica. ¿Por qué la tiene que hacer Turespaña? Porque lo que daría un efecto
negativo -la campaña la haríamos porque hiciera falta- es que, por ejemplo, mi territorio, Benidorm, o la Costa Blanca, hiciera una campaña y no la hiciera Canarias, Baleares u otro territorio. Con esto se daría la impresión de que nosotros sí
garantizamos la seguridad alimentaria u otro tipo de seguridad en nuestra oferta del todo incluido o cualquier otra y los otros destinos locales o territoriales de España no lo garantizan. Por tanto, debe ser Turespaña, porque el que se ha visto
afectado ha sido el conjunto, porque precisamente ha sido en los principales destinos de nuestro principal mercado, Reino Unido, donde se han visto esas denuncias falsas, como reconocía la portavoz.
Es verdad que la portavoz me dice que están estudiando la propuesta en la parte que se refiere al estudio y a la posible campaña de marketing en función de ese estudio y que sí acepta la parte referente a actuar sobre el territorio español
y, por tanto, vamos a votar a favor. Pero creo que cabe recordar -porque estamos en una Cámara donde se proponen cosas al Gobierno pero también hay que analizar cuál es el punto de partida- que el Partido Popular -la portavoz tiene un buen tono,
pero el Partido Popular al final es el que gobierna en España, y yo quiero decir claramente una cosa-, ayuda bien poco y a veces entorpece al sector turístico. Pongo ejemplos: aumento del IVA turístico, recorte del 50 % de la inversión en la
promoción turística, reducción del 30 % de las plazas del Imserso, además de mala gestión del programa y de mantener unas bajas ayudas por cada usuario de este programa; paralización o no renovación de los convenios con las empresas, con las
asociaciones de sectores o bien con las comunidades autónomas; aumento de los peajes de autopista; paralización de las inversiones de infraestructuras en los principales destinos turísticos; restructuración de las oficinas de Turespaña
internacionales, que en algunos casos han metido en los sótanos. Es decir, no ayudan a mantener cuotas de mercado ni a buscar nuevos mercados. Esto lo hace sobre todo el propio sector, no el Gobierno de España. A día de hoy -creo; si me
equivoco, pido disculpas por adelantado- no existe un marco estratégico global, porque en su día se metió en el cajón el Plan Estratégico Horizonte 2020 -de repente el secretario de Estado lo menciona de vez en cuando, pero lo metió en el cajón-, se
inventaron un plan integral que, por cierto, está acabado y no existe una estrategia integral ni un plan de marketing estratégico, como debería ser, sujeto a esa estrategia. Es decir, ¿dónde queremos ir? ¿Cómo puede ayudar el Gobierno de España a
los destinos regionales y locales y, en última instancia, a las diferentes empresas y al sector en su conjunto, a desarrollar su negocio? No existe. ¿Programas de modernización de destino? Se han metido en el cajón, ya no hay créditos. En
definitiva, lamentamos que el Gobierno de España se suba a la tabla de surf de cualquier playa de nuestros destinos en el tema turístico y se deje llevar por las olas. Creo que necesitamos Gobiernos que acompañen al sector y no solamente se suban a
las olas y a las tablas de surf. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Campos Arteseros.
Pregunto a la señora Reynés Calvache si han llegado a una transaccional y si la puede hacer llegar a la Mesa.
La señora REYNÉS CALVACHE: Estamos intentando redactarla.
El señor PRESIDENTE: Le ruego que la haga llegar a la Mesa lo antes posible.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.
El señor LUIS BAIL: Muchas gracias, presidente
Nuestra posición en cuanto a este tema, como ha dicho el propio portavoz de Ciudadanos, al que agradezco las cifras y el trabajo que han hecho, es seguir actuando. Se han comentado las detenciones que el Cuerpo Nacional de Policía ha
realizado en la persecución del fraude en este caso. En cuanto a
la iniciativa como tal, nos parece que hay una falta de concreción que la convierte más que en una proposición no de ley, en una no proposición ni de ley. Esta iniciativa en principio no se cuantificaba y al final la ponente la ha
cuantificado en 60 millones de euros. Entenderemos que, de acuerdo con la enmienda que presenta Ciudadanos, esa partida de 60 millones de euros para que las empresas españolas puedan resarcirse de los daños causados por estos fraudes estará en los
próximos presupuestos generales. Nos parecen adecuadas también las enmiendas que presenta el Grupo Socialista. En cuanto al vacío legal que la propia ponente ha recalcado, nuestro grupo tenía una duda. Ha hablado de fraude, que es un delito que
está perseguido -de ahí vienen las detenciones-, y ha hablado también de vacío legal. Es una iniciativa, más que cuantitativa, cualitativa. Por tanto, entendemos que el Partido Popular presentará una iniciativa en cuanto a cómo se rellena ese
vacío legal, si es que realmente existe, o, si no, que es lo que entiende mi grupo, se trata de un fraude que se está persiguiendo. Al final estamos hablando de un 0,004 % del turismo que viene de parte de las islas británicas a nuestro país y que
se sigue persiguiendo. Hay colaboración con la justicia británica y no habrá más problemas y no habrá ese vacío legal. En caso de que lo hubiera, insisto, esperamos que se ejecute mediante una proposición de ley o un proyecto de ley por parte del
Gobierno. Esa es la posición de nuestro grupo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luis Bail.
Por último, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Esta es una buena iniciativa que trata de persistir en la lucha contra el negocio fraudulento producto del denominado timo de la indigestión o también timo de la diarrea, un fraude con el que cada vez más británicos, utilizando -cuando no
estimulados por ellos- bufetes de leguleyos sin escrúpulos, que no abogados, trataban de pagar sus vacaciones en España y obtener compensaciones económicas aprovechando resquicios legales en el Reino Unido sobre los que se crearon bandas de
estafadores para perpetrar falsas demandas interpuestas contra hoteles españoles, turoperadores y compañías aseguradoras, al no exigir la legislación británica prueba alguna ante una denuncia por intoxicación alimentaria. Además de los perjuicios
directos a las organizaciones y empresas afectadas, la estafa arrastraba hacia cierto descrédito del sector turístico español, un sector clave en la economía nacional y en la creación de empleo. Es conveniente recordar que el turismo es una
industria sobre la que gira una parte muy sustancial de nuestro producto interior bruto y que actualmente está viviendo momentos históricos tras superar el año pasado, 2017, el récord de visitantes internacionales en nuestro país, con la llegada de
82 millones de turistas, muchos de ellos británicos, lo que supone un incremento del 8,9 % respecto a 2016. Sinceramente, con estos datos creo que no se sostiene razonablemente el argumento que acaba de esgrimir el portavoz del Grupo Socialista,
que decía que el Gobierno está entorpeciendo el sector turístico. Resulta muy osado decir estas cosas cuando, repito, se ha superado el récord y se ha incrementado casi un 9 % respecto al año 2016.
En todo caso, refiriéndonos a las falsas intoxicaciones alimentarias, si bien los tribunales británicos ya están resolviendo, incluso con penas de cárcel, los intentos de estafa, creo que es muy oportuno instar al Gobierno español para dar
continuidad a las acciones contra las situaciones de abusos que se puedan producir. Es necesario mostrar rotundidad y decisión para combatir con firmeza a los claim farmers o recolectores de reclamaciones. De ahí mi voto favorable a esta
iniciativa parlamentaria que ha defendido la señora Reynés Calvache, que entiendo que es un mandato no solamente al Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, sino a todos los resortes del Gobierno al servicio del Estado para prevenir la
comisión del fraude, perseguir a los estafadores y, en definitiva, complicar la existencia a quienes traten de burlar nuestras leyes.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Martínez Oblanca.
Concluido este punto y antes de pasar al siguiente, comento a sus señorías que votaremos probablemente a las ocho y media de la tarde, y en todo caso no antes de las ocho y media de la tarde. Ruego a todos los miembros de los grupos
organicen o preparen la votación para esa hora.
- RELATIVA A LA PROPUESTA DE CIERRE DE LA CENTRAL TÉRMICA DE LADA (ASTURIAS) Y LA NECESIDAD DE NEGOCIAR UN NUEVO PLAN DE LA MINERÍA DEL CARBÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002537).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es el que figura con el número 12. Es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto relativa a la propuesta de cierre de la central térmica de Lada, en
Asturias, y la necesidad de negociar un plan para la minería del carbón.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Martínez Oblanca.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor presidente.
La genuina defensa del carbón y de las comarcas mineras consiste en decir en Asturias lo mismo que en Madrid y que en Bruselas, como acostumbra hacer Foro. He presentado esta iniciativa parlamentaria para dar cumplimiento a los compromisos
que históricamente, sin titubeos, hemos asumido para defender y mantener la minería y reactivar las comarcas mineras, compromisos expresos además del programa electoral con el Partido Popular, con el que comparecimos en coalición, frente a quienes
prefieren que España pierda soberanía energética, con la renuncia a la explotación del carbón, y se cierren las centrales térmicas, al mismo tiempo que se olvidan de reclamar los fondos mineros que nos corresponden y que están pendientes. A la
actual situación crítica del carbón y de las centrales térmicas, que se alimentan con el único combustible fósil autóctono que tenemos abundantemente en España, se ha llegado porque en 2010 el PSOE, de la mano del comisario Almunia y del presidente
Zapatero, perpetró la regulación del carbón subvencionado por razones -argumentaron- de competencia desleal, lo que arrastró posteriormente al cese de la obligatoriedad de su compra por las centrales térmicas eléctricas. Todo ello supuso el final
de la minería subvencionada, pese a que la quema del carbón autóctono solo representa el 7 % del total que se utiliza en España.
Una vez más, ante esta Comisión de Energía, quiero resaltar la importancia de nuestro mineral, tanto para la economía de las comarcas mineras como para el conjunto de la economía nacional. Desechar nuestro carbón aumentará más todavía la
factura que los españoles pagamos para disponer de energía eléctrica y nos arrastrará a una mayor dependencia energética externa que nos obligará a comprar recursos a otros países y a los precios que ellos nos fijen. Todo ello supondrá el
encarecimiento del recibo de la luz tanto para el consumidor doméstico como para los comercios e industrias, obligando a un mayor gasto, al crecimiento de los costes de producción, singularmente en las industrias de alto consumo electrointensivo, de
los que dependen centenares de miles de puestos de trabajo tanto directos como indirectos. La menor competitividad estimulará las deslocalizaciones y la pérdida de puestos de trabajo porque, tal y como afirmó apenas hace unas horas el mayor
responsable de una de nuestras grandes empresas siderúrgicas, la presión sobre la reducción de costes como factor de competitividad va a persistir. De ahí la relevancia de defender nuestra soberanía energética con el carbón nacional, al igual que
hacen otros países de Europa y del mundo. No resulta fácil. El episodio más reciente de arremetida contra el carbón y las centrales que producen electricidad tuvo lugar aquí, en el Congreso, a finales de octubre, con la aprobación de una moción
consecuencia de interpelación del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, que también fue secundada, entre otros, por el Grupo Socialista y por el de Ciudadanos. La aprobación de esta iniciativa puso en evidencia, una vez más, la práctica del doble
discurso: en Asturias y en las comarcas mineras dicen defender el carbón, pero en Madrid votan lo contrario. Tal circunstancia fue aprovechada por la empresa eléctrica Iberdrola para anunciar el paulatino cierre de todas sus plantas térmicas,
comenzando por las de Lada, en Langreo, en Asturias, y Velilla, en Palencia, Castilla y León. La justificada alarma por las secuelas de estos cierres ha llevado a representantes sindicales, como es el caso de UGT, a visitar estos días pasados a los
respectivos Gobiernos autonómicos para reclamar, frente a los bandazos del PSOE, unidad política y firmeza contra el cierre de las térmicas, emplazándoles junto con el Gobierno de España, a la continuidad de las centrales sin cuya actividad no
solamente se estaría enviando al paro a sus trabajadores, sino que conllevaría más desempleo y más desertización industrial.
Desde Foro queremos recalcar -porque creemos en ello y lo destacamos en un programa conjunto con el PP, respaldado mayoritariamente por los electores asturianos y asumido expresamente por el presidente Rajoy en su debate de investidura- la
necesidad de aprovechar las ayudas para acometer las inversiones necesarias en la adaptación de las centrales a la nueva normativa europea de emisiones industriales y evitar la clausura de instalaciones, que condenaría a comarcas enteras
empujándolas hacia un futuro de enorme incertidumbre. La protección de una fuente energética como el carbón es una prioridad para los países de la Unión Europea que lo tienen incorporado en su mix energético. Aspiramos
exactamente a lo mismo, de ahí que reclamemos una vez más que España no sea una excepción porque estaríamos cerrando minas, cerrando centrales térmicas, enviando a centenares de familias al paro, desertizando industrialmente grandes áreas de
población, penalizando los costes de producción de nuestras industrias y disparando el recibo doméstico de la luz de los consumidores. En definitiva, estaríamos cercenando una parte importante de nuestro futuro si colocamos a España en una
situación de desventaja ante un mundo global y de creciente competitividad.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez Oblanca.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, del Grupo Socialista, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Ciudadanos, en primer lugar, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Muchas gracias.
Nosotros lo hemos dicho muchísimas veces; lo decimos aquí, lo decimos en cualquier otra parte del país, lo decimos en Europa y lo decimos en Marte si es necesario, nosotros creemos en un modelo energético que mire hacia el futuro, que
piense en las energías renovables y que siga también los dictámenes o las indicaciones que nos va dando Europa. En este contexto, el papel que el carbón va a ir desempeñando en nuestro mix va a ir reduciéndose y eso es lo que nos está diciendo
Europa de manera progresiva.
En cuanto a la proposición que nos presenta el compañero de Foro Asturias y el discurso que ha hecho hasta el momento, no estamos del todo de acuerdo porque no sé de qué partido habla en concreto cuando habla de discursos diferentes, pero
tampoco sé de qué modelo energético habla, porque es muy diferente hacer política energética mirando solamente a una comunidad autónoma a cuando uno intenta pensar en un país. Nosotros, por lo menos desde mi formación, pensamos en el futuro de este
país, llegar a un pacto de Estado por la energía; un pacto de Estado que nos permita un modelo energético que dé no solo garantías y seguridad jurídica sino que, además, dé tiempo a que se pueda implementar y a tener cierta planificación. Es
cierto que se presentó una moción en el Pleno del Congreso, una moción sobre la que el señor Arias Cañete dijo que era con lo que iba a negociar a nivel europeo. Entiendo que no le haya gustado al señor proponente. Cualquier agente del sector que
quiera seguir operando debe cumplir con la legislación comunitaria en materia de emisiones. Eso es lo que dice Europa.
Las cuencas mineras además, desgraciadamente -y digo desgraciadamente-, han padecido la corrupción y la falsedad de distintos dirigentes políticos durante décadas. (Rumores). ¿Por qué digo esto y por qué ahora mis compañeros están hablando
mucho para que no se me escuche? Aquí hemos pedido que se cree una comisión de investigación para saber qué ha pasado con todo ese dinero que se ha destinado a reconvertir, precisamente, todas esas zonas, para que todas las personas que trabajan en
esas cuencas mineras pudiesen tener una alternativa laboral y revitalizar esas zonas a la par que reindustrializarlas. Queremos saber qué ha pasado con ese dinero; por ejemplo, con ese Plan Miner, con esos fondos FITE, cuyos efectos no se aprecian
para nada, que se han despilfarrado porque no se sabe dónde están, porque a los mineros, ya les digo, no les ha llegado y aquí, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista bloquean la comisión porque no quieren investigar. ¿Por qué no
quieren investigar qué ha pasado con ese dinero? Es más fácil ir a una comunidad autónoma y decirles: nosotros sí que vamos a defender su sector, sin hablar de lo que dice Europa, y sin decirles dónde está todo el dinero que ha venido aquí, porque
nadie ha llevado un control exhaustivo sobre lo que se ha aplicado. Nosotros lo decimos claramente, todo ese dinero que no se sabe dónde está ha ido a la factura de la luz, ha ido a que todos los ciudadanos lo estén pagando. Por eso, queremos
saber qué ha pasado porque los primeros perjudicados son los que trabajan en las cuencas mineras, son esos mineros que no entienden qué ha pasado con su sector porque, en lugar de tener una visión de futuro, se sigue teniendo una visión
cortoplacista y que da la espalda a cómo camina el mundo. Nosotros apostamos por una alternativa en esas zonas -lo hemos dicho muchísimas veces-, con planes definidos, con planes evaluables de reindustrialización, pero, lo siento, nosotros no
podemos seguir apostando por lo que dice esta moción, que lo único que propone son más parches para el sistema energético, dejar de mirar hacia el futuro y, sobre todo, desoír lo que dice Europa. Tenemos al señor Arias Cañete que va con un discurso
a nivel europeo y, sin embargo, el mismo partido aquí hace exactamente lo contrario.
Seguimos apostando por ese pacto de Estado por la energía en el que tenemos que estar todos centrados, tiene que haber un compromiso de hacia dónde queremos ir. Nosotros lo tenemos claro, sabemos el déficit de tarifa y todas las cargas que
tenemos; sabemos que hoy nuestros ciudadanos están pagando todas las irresponsabilidades políticas en materia energética que se han hecho durante todos estos años. Aquí no hay responsabilidad solo de un partido, aquí hay corresponsabilidad;
parece que cuando uno no gobierna, de repente, ya no es responsable de las políticas que ha hecho mientras ha gobernado, pero son corresponsables. Vamos a auditar nuestro sistema, vamos a saber lo que nos cuestan las cosas de verdad, vamos a saber
dónde se ha ido ese dinero, vamos a contabilizarlo. Antes el subsecretario de Estado decía algo que nos parecía asombroso; ante la pregunta que le hacíamos de cuánto dinero se ha invertido nos decía que no lo pueden cuantificar porque viene desde
1990. ¡Vaya por Dios! Entonces, ¿qué quiere decir?, ¿que en este país el dinero se va invirtiendo, se va metiendo en agujeros sin contabilizar, sin ver si ha sido efectivo o no, y encima no lo podemos cuantificar? Me ha parecido bastante
reseñable y hay que tenerlo en cuenta. Nosotros hemos presentado enmiendas en las que planteamos la creación de esta comisión para decirle a todo el sector qué ha pasado con el dinero que iba para su reconversión. Nosotros seguimos mostrando
nuestro compromiso por revitalizar esas zonas, por no dejar a todas esas personas en la estacada, pero lo que está claro es que si queremos hablar de país no podemos seguir con parches de carácter ideológico. Señorías, nuestro sistema necesita
planificación, transparencia, reutilización, revitalización y reconversión. Lo que no necesita son más parches que, al final, nos cuesten más a todos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias.
El Grupo Socialista considera que deberíamos llegar al cese de emisiones de CO2 en el año 2050 y que habría que llegar a un parque de generación cien por cien renovable para esa fecha, pero queremos que esa transición se haga de forma justa,
que garantice empleo a todos los trabajadores de todos los sectores productivos, que cumpla con la seguridad de suministro y reduzca la dependencia energética. También consideramos que hay que apoyar a los habitantes de las zonas de transición
energética, es decir, las zonas mineras y de centrales nucleares. El Gobierno está aplicando una política energética errática que favorece la importación de carbón en lugar de promover el uso de carbón nacional, incumpliendo el hueco térmico del
marco de actuación acordado, y tampoco aplicó con eficacia los fondos públicos destinados a la reindustrialización de estas comarcas, que incluían la investigación y el desarrollo de tecnologías de combustión de carbón limpio, de captura y secuestro
de CO2 y de impulso al uso energético de la biomasa forestal de estas comarcas. El Grupo Socialista considera que el carbón autóctono puede y debe tener un papel como fuente de respaldo en el proceso de transición energética del país.
Como ve, señor Martínez Oblanca, compartimos que se mantenga la actividad en las cuencas mineras, que se disminuya la dependencia energética que tiene España y que se apueste por el carbón nacional, pero consideramos que esta iniciativa
puede ser más global y afectar a todas las centrales que estén en circunstancias similares. Creemos que se debe exigir a las empresas que, antes de cerrar, hayan elaborado un plan de transición justo, acordado entre las tres administraciones
concernidas, los representantes sociales y las empresas, y que en él incluyan un plan económico, social y laboral previo a la autorización de cierre para evitar los efectos traumáticos en territorios especialmente vulnerables. En él se deben
incluir las siguientes cuestiones: apoyo al empleo y formación, recuperación y promoción de actividades empresariales, regeneración de los territorios afectados, reemplazo de la potencia instalada por fuentes de energía renovables y restauración
medioambiental y uso alternativo del emplazamiento.
Compartimos que hay que negociar un nuevo plan de la minería del carbón que recoja el tratamiento singular para la minería y el uso del carbón autóctono como fuente de respaldo en el proceso de transición energética del país, pero también
creemos que es necesario cumplir en sus términos el Plan de Minería del Carbón 2013-2018, cuya vulneración por parte del Gobierno ha sido reiteradamente denunciada por los firmantes del mismo. Nos parece muy bien que Iberdrola diga que apuesta por
energías limpias, pero también tiene que asumir sus responsabilidades respecto del entorno en el que ha trabajado, especialmente con las personas pero también con el medio ambiente. Es necesario elaborar planes para
las zonas de transición energética, entre las que se incluyen las zonas mineras y las de afección de centrales nucleares. Es necesaria una transición justa y equilibrada, especialmente para aquellas personas que contribuyeron a que las
grandes empresas obtuvieran beneficios durante mucho tiempo, pero también hay algo con lo que no estamos de acuerdo: no creemos que la liquidación del sector -como usted dice- sea culpa también de sindicatos y empresas mineras. Creemos que fue el
incumplimiento por parte del Gobierno del pacto firmado el desencadenante del cierre masivo y anticipado de minas. Tampoco compartimos que sea culpable la moción debatida y aprobada en octubre de 2017, ya que en aquella fecha ya se habían cerrado
todas las explotaciones. Como dije al principio, compartimos que hay que disminuir la dependencia energética, que hay que conseguir alternativas de actividad para los trabajadores de las minas y centrales térmicas y que es imprescindible reducir
emisiones lo antes posible y en la mayor proporción posible.
No entendemos su intención al querer dejar al Partido Socialista al margen de la posible transaccional, está claro por el texto que usted presenta y el de nuestra enmienda que tenemos intenciones similares respecto al cierre -más bien al no
cierre- de la térmica de Lada. Únicamente nosotros ampliamos la propuesta a las centrales que estén en circunstancias similares y con su transacción también se amplía el acuerdo a una en concreto. Nosotros también solicitamos que se cumpla el Plan
de Minería del Carbón 2013-2018. El Partido Socialista siempre ha defendido la minería autóctona y tenemos una alternativa para una transición energética justa en Asturias y el resto de España. No damos bandazos, señor Martínez Oblanca; nos
hubiera gustado que, por lo menos, nos escuchara.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor González García.
El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Nuestro grupo parlamentario ya manifestó nuestra preocupación por la situación de los 200 empleos entre directos e indirectos relacionados con la central de Lada tras el anuncio de su cierre por parte de Iberdrola. Nos reunimos con el
comité de empresa y manifestamos nuestro rechazo al cierre desordenado de la central. Ahora bien, nos parece de un cinismo mayúsculo que una filial del Partido Popular, como es Foro Asturias, que sostiene al Gobierno del Partido Popular, nos traiga
aquí una proposición no de ley en defensa de Lada transaccionada con el grupo del Gobierno. Una filial del Partido Popular, Foro, que junto a su matriz pactaron el cierre de la minería en 2018 y, posteriormente, incumplieron esos acuerdos. Una
matriz que es corresponsable, junto al Partido Socialista, de que la minería pasara de 50 000 a 3000 trabajadores en el conjunto del sector, que administraron miles de millones de euros destinados a la reconversión sin conseguir más que en las
cuencas haya un paro y una despoblación que dobla la media de Asturias. Los que cerraron todos los pozos, menos el de la corrupción, nos vienen ahora a decir que hay que poner en marcha otro plan de la minería. ¿Otro plan de la minería para qué?
¿Para volver a incumplirlo? Una filial del Partido Popular, Foro Asturias, que sostiene unos Presupuestos Generales del Estado en los que se reducen más de un 32 % los fondos destinados al desarrollo alternativo de las comarcas mineras, un 6,8 %
los destinados al Instituto de la Minería y un 3,5 % los destinados a la explotación minera. Aún hay más, una filial del Gobierno que sustenta a un Gobierno que debe 213 millones de euros en fondos mineros a las comarcas mineras asturianas, un
Gobierno que permite que el 80 % del carbón que se quema en las térmicas asturianas sea carbón importando. Foro es la filial del partido que privatizó las empresas públicas del sector eléctrico a precio de saldo mientras colocaba a exministros en
los consejos de administración. ¿Quieren que Iberdrola no cierre Lada? Pues muy sencillo, llamen por teléfono al señor Acebes, exministro del PP, que está en el consejo de administración de esta empresa. De paso, llamen a Aznar y pregúntenle por
qué Endesa tuvo el año pasado a la minera Astur Leonesa al borde de la quiebra por no comprar carbón, pese a que se lo ofrecían a precio del importando. Por cierto, los trabajadores de la empresa Astur Leonesa se van a poner en huelga la semana que
viene por impago de salarios por parte de la administración concursal.
Después de todo esto, vienen aquí Foro y PP ha presentarse como paladines de la minería. No sé cómo no les da vergüenza. ¿Piensan que la gente de la cuenca es tonta y no tiene memoria? Su hipocresía y cinismo no tiene límites e incluso
vienen aquí a inventarse posverdades al más puro estilo de Trump con respecto a no sé qué moción presentada en el Congreso. Nosotros no vamos a apoyar el cierre de ninguna industria hasta que no haya alternativas económicas y de empleos reales para
las comarcas, pero
tampoco vamos a quedarnos mirándonos al ombligo y haciendo el paripé, como hace el ministro Nadal, mientras llegan los cierres y nos vuelve a pasar la marea de la reconversión por encima, como ya pasó en los años ochenta. Lo que hacen el
Partido Popular y Foro, igual que el Gobierno de Javier Fernández en Asturias, es mirarse el ombligo. Mientras llega una ola que les va a pasar por encima que terminará de convertir a Asturias en un desierto industrial, ellos siguen mirando hacia
otro lado y echando los trastos sobre la gente que está a su alrededor. ¿Saben por qué? Porque a Foro y al PP no les importa desmantelar las comarcas mineras porque allí son totalmente irrelevantes y lo único que hacen es extender cortinas de humo
sin buscar alternativas reales. Los cierres de centrales no los pueden decidir las empresas unilateralmente, en eso estamos de acuerdo, pero la solución no es seguir aumentando los subsidios a empresas eléctricas que no realizan las inversiones
correspondientes, pese a que tienen beneficios millonarios, muchos de ellos caídos del cielo, y, encima, ofrecen una de las facturas de la luz más alta de Europa. Ya sabemos que a Foro y al PP eso no les importa, como demuestran en esa PNL, porque
a ellos no les preocupan ni los mineros ni los trabajadores ni las comarcas. A ellos lo que les preocupa es el oligopolio de las eléctricas, mucho más que los ciudadanos.
Les hemos presentado una enmienda de sustitución de su texto para quitarle unos cuantos kilos de hipocresía a la iniciativa que han presentado, en la que, además de plantear el rechazo al cierre de la central de Lada hasta que no se
desarrollen alternativas, se insta al Gobierno a que se ponga manos a la obra para el desarrollo de esta alternativa, de este plan de reactivación económica en las comarcas mineras, que consideramos que se tiene que poner en marcha cuanto antes y
que tiene que pasar por la base de aportar dos puestos de empleo nuevos por cada uno de los que se vean potencialmente afectados. Asimismo, que se plantee inmediatamente la devolución de la deuda de fondos mineros que tiene el Gobierno central con
Asturias. Además, planteamos la modificación del impuesto especial sobre el carbón para gravar el transporte del carbón importado que se acumula en el puerto de El Musel y de esa manera incrementar la participación del carbón autóctono en el mix
mientras se reduce la aportación del total de las centrales térmicas al mix. Creemos que esa es la única solución para mantener la minería a partir del año 2018. Por cierto, también fueron el PP y Foro los que con sus recortes y sus trabas
destruyeron más de 50 000 puestos de trabajo en renovables hasta 2009, porque el único empleo en el que creen ellos es el del turismo y el del ladrillo. Nosotros apostamos por una transición energética justa que apueste por energías renovables,
como están haciendo los países más desarrollados de Europa, pero que sea compatible con el mantenimiento del empleo en las comarcas mineras. No apoyamos el desmantelamiento de ninguna industria que genere puestos de trabajo hasta que no se creen
alternativas, pero consideramos que hay que afrontar decididamente estas alternativas para crear puestos de trabajo de calidad y sostenibles medioambientalmente. Esta es la única garantía para que a partir de 2018 exista una alternativa; todo lo
demás es querer engañarse y querer engañar a la gente aunque, afortunadamente, a ustedes, señores del PP y de Foro, en les cuenques ya nun les cree nadie.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González García.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Fernández García.
El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer al diputado Martínez Oblanca la oportunidad que su iniciativa nos brinda a todos para debatir las consecuencias prácticas del eventual cierre de térmicas que con tanta displicencia se ha despachado en esta Cámara con alguna
moción previa. Moción previa que, a pesar de la vehemencia atropellada del portavoz de Podemos, las cuencas y los trabajadores de las centrales térmicas saben muy bien que iba directamente contra la posibilidad de que siguieran perviviendo en el
plazo que estaba previsto. La PNL de Foro pone de relieve la incoherencia de estos grupos, que tienen ahora que afrontar las implicaciones de una apuesta genérica, que es la que vimos en aquella moción, contra el mantenimiento de las térmicas al
buscar acabar con los pagos por capacidad o con los marcos temporales estables hasta el año 2050 porque todo les parece poco y todo hay que adelantarlo. Yo creo que no les importa ni la competitividad ni el empleo en las zonas, en las cuencas y en
las térmicas, que es lo que a los demás nos preocupa.
Nosotros, señor Martínez Oblanca, presentamos una enmienda que persigue alguna precisión técnico-jurídica en función del marco normativo comunitario que usted ha hecho muy bien en recordar aquí porque algunos están aquejados de una
desmemoria muy selectiva, que se debe a un acuerdo del Gobierno socialista con el ministro Sebastián a la cabeza en septiembre del año 2010 con el comisario
Almunia y que fue trasladado en su versión definitiva por la Comisión al ministro Moratinos que, que yo sepa, no es del Partido Popular, y que incide notablemente en lo que podamos hacer a partir del año 2018. Bienvenido el Partido
Socialista a la defensa de que más allá de 2018 se puede. Yo recuerdo las palabras de Almunia cuando decía que estábamos viviendo los minutos de la prórroga y con esos minutos de la prórroga vendían que habían conseguido, nada menos, que alargarlo
de 2014 a 2018. Aquí estamos, bienvenidos ahora, y espero que nos podamos poner de acuerdo al respecto. Yo ya le indico al proponente nuestra disposición para alcanzar alguna transaccional sobre la base de su PNL, con la que estamos de acuerdo en
lo fundamental, pero no con otras enmiendas. A mi grupo le preocupa mucho Lada, pero también le preocupa mucho las centrales bercianas, la palentina, así como la de Andorra o cualquier otra central cuyo futuro se pueda ver comprometido por los
cambios de estrategia empresarial aliada con un marco legal excesivamente permisivo a sus demandas y que nosotros consideramos que habría que cambiar. Les pido que me permitan que recuerde expresamente la central de Velilla y los deseos de la
población de Guardo de que tengamos también presentes sus expectativas para que Iberdrola cambie la previsión de su cierre, al igual que el de Lada. Estoy seguro de que podemos incluirlo en una transaccional.
Los grupos que están llevados de un arrebato anticarbón y que prefieren siempre acortar la vida útil de las térmicas, deben asumir sus consecuencias porque las mociones lo aguantan todo, ese papel de la moción que aquí se aprobó lo aguanta
todo, pero el cierre de un modo de vida en las cuencas no lo aguanta todo porque las consecuencias son lacerantes, son personales, son familiares, duran mucho tiempo, no tienen marcha atrás. En Anllares, algunos de los que estamos aquí, con nuestro
presidente a la cabeza y la portavoz del Grupo Socialista, tuvimos la ocasión de visitar una central térmica el año pasado. Ya no tiene remedio, ya no tiene marcha atrás, el reloj está contando; no perdamos más tiempo con estas cosas. Esa central
ya no se podrá recuperar ni siquiera cambiando un eventual decreto que se pudiera aplicar con carácter retroactivo y, como a esa, no vamos a esperar que le suceda a Lada, que le suceda a Velilla o que le suceda a otras muchas. Viendo las enmiendas
de otros grupos, creo que no están por la defensa del mantenimiento de las térmicas, sino que prefieren ya ponerse en ver cómo se palían algunas de las consecuencias negativas de su desmantelamiento. A mí eso me parece un pésimo mensaje a las
eléctricas. ¡Luego dicen que nosotros no defendemos a las eléctricas! Aquí algunos están planteando que las eléctricas puedan hacer lo que les da la gana y cerrar cuando quieran, pero nosotros no lo vamos a permitir en la medida en que podamos.
Quiero destacar el papel del ministro Nadal priorizando el esfuerzo por evitar los cierres, que es lo que se quiere en los territorios. Es lo que se quiere a la vista de lo que han votado muchos -incluidos los socialistas- en mi tierra, que
no se tengan en cuenta únicamente los criterios de desabastecimiento del mercado eléctrico -ya hemos visto lo que ha informado la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- sino que se tengan en cuenta otros criterios. Hay demasiada
potencia instalada y sobre la base de eso no vamos a poder impedir el cierre de ninguna. Como ya no le pilla a Anllares, espero que podamos arreglarlo para Lada, para Velilla y para todas las demás. ¿Por qué? Porque hay intereses estratégicos de
una parte autóctona del mix que tienen que respetarse y, en segundo lugar, me parece que es un tema muy importante que Ciudadanos olvida muchas veces, y es que afecta no solo a los que viven en las cuencas o trabajan en las cuencas o en las
centrales, sino que afecta a todos, a los que pagan la luz y no quieren ver que como la energía de base no lo aguanta, las energías de respaldo, más caras, ocupan el espacio del carbón. Lo hemos visto en las subidas de precios del mes de diciembre.
No ha sido posible un decreto-ley. Yo estoy esperando todavía que, cumpliendo lo que se ha pedido en muchos sitios, como en las Cortes de Castilla y León, en la Diputación de León, en la Diputación de Palencia o en Asturias, se pueda
todavía llegar a algún acuerdo. No vamos a apoyar una transaccional con otros grupos; con Ciudadanos, desde luego, no. Para Ciudadanos, ni carbón ni térmicas ni pequeños municipios ni nada. Claro, no me extraña que luego no saquen diputados en
la provincia de León. A ver si se les va a ocurrir cambiar la Ley electoral para quitarnos los diputados de León y ponerlos en algún sitio, donde igual sí sacan diputados, ya que no son capaces de defender los intereses de la tierra con ese
liberalismo irrestricto que ustedes gastan y que les hace defender únicamente la posición de las empresas. (Aplausos).
Aquí todos sabíamos ya lo que pasaba con los fondos Miner. Solo aquellos que han nacido ayer y creen que los demás también han nacido para la política vienen aquí ignorando lo que todos llevamos muchos años sabiendo y criticando. A
nosotros no nos han gustado algunas de las obras de los planes Miner, al PSOE no le han gustado otras, a Izquierda Unida no les han gustado otras, pero sabemos en qué
se gastó porque están fiscalizadas y más que fiscalizadas por las intervenciones y por los juzgados; sabemos lo que no nos gusta. Yo vivo en un sitio donde todavía hay algunas empresas con mucha población que se han puesto en marcha
gracias a los fondos Miner. No lo desprecien ustedes con esa displicencia que ustedes gastan. Luego entramos en el debate que usted quiera. Veo que está la luz roja y el señor presidente me va a reñir y no quiero que me riña precisamente a mí.
Al Grupo Socialista le aceptaríamos lo de rechazar los cierres, pero, ¿con qué base legal? Insisto, el tiempo ya está corriendo, y si ustedes no nos ayudan a tener un marco jurídico que detenga esos cierres, difícilmente lo vamos a poder hacer.
(La señora Lucio Carrasco: ¡La CNMV!). ¿Qué es lo que les pasa? Como sus compañeros de Asturias, de León, de Palencia y de Teruel están muy enfadados con ustedes, tienen que venir aquí con un subterfugio para tratar de arreglarlo. Me parece muy
bien que podamos hablar de cara al futuro pero se van a tener que comer ustedes todo lo que dijeron entonces. A la portavoz del Grupo Socialista le digo solo una cosa; hoy hay un titular de prensa que dice: Un PSOE bipolar pega nuevos bandazos
con el fin del carbón. Hombre, ordénese, y mire si se van a ordenar que pueda ser con lo que hayan decidido los socialistas (La señora Lucio Carrasco: ¡Cañete y Rajoy!) por lo menos de Asturias y de León y lo que han votado en estos sitios. Si
ustedes piden anticipar literalmente respuestas laborales para evitar los conflictos traumáticos, cuánto eufemismo; eso es la entrega, eso es el cierre y, desde luego, los que estamos en este grupo -yo le agradezco al señor Martínez Oblanca la
oportunidad de ponerlo de manifiesto-, no lo vamos a hacer. (La señora Lucio Carrasco: ¡Ad eternum!).
En cuanto a Podemos, más impuestos, que es lo que se les ocurre a ustedes siempre, pero yo le pregunto: ¿A usted le parece una transición justa adelantar los tiempos? Porque, ya está bien, son los tiempos que tenemos hasta 2050. No los
adelante, nadie lo quiere. Respecto del apoyo que tenemos y de que no nos creen, recuerde usted cuántos votos tienen ustedes y cuántos votos tenemos nosotros.
El señor PRESIDENTE: Señoría, no me gusta regañar a nadie, pero se ha extralimitado bastante.
El señor FERNÁNDEZ GARCÍA: Muchas gracias por su benevolencia, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Fernández García.
Le pregunto al señor Martínez Oblanca si acepta alguna de las enmiendas o, como me ha parecido entender, hay una transaccional.
El señor MARTÍNEZ OBLANCA: Sí, señor presidente. Dejando a un lado la evanescencia literaria de algunas enmiendas, hemos incorporado una parte de la enmienda del Grupo Popular al texto original de Foro y producto de ello es una enmienda
transaccional que haré llegar a la Mesa para su votación al final de la sesión.
El señor PRESIDENTE: Le ruego nos la haga llegar lo antes posible para trasladarle el texto al conjunto de grupos para que sepan lo que se va a someter a votación.
- SOBRE EL DESARROLLO Y RETENCIÓN DEL TALENTO EN LA ECONOMÍA DIGITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002542).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, el señalado con el número 13: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos sobre el desarrollo y retención del talento en la economía digital. Para su defensa,
tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Muchas gracias, presidente.
Ha comenzado una nueva era de la conectividad en la que los productos transmiten inteligencia a nuestra vida cotidiana, lo que comúnmente se llama Internet de las cosas, de los bienes a los servicios, de los transportes al sector energético,
de la administración electrónica a la sanidad electrónica. The World Economic Forum advierte que las economías que más han apostado por la economía digital son aquellas que más han prosperado, que más han aumentado el PIB y el descenso del paro.
Los países más avanzados en Asia -Corea del Sur, Japón o Singapur- y Estados Unidos van muy por delante de los europeos. Es por ello que más que nunca se precisa esa visión liberal y progresista de la política en la Unión Europea en el área
digital. Así lo dijo el vicepresidente y comisario europeo de Mercado Único Digital, Andrus Ansip -con esa visión liberal-progresista ya que pertenece al grupo ALDE-, que plantea
una estrategia de mercado único digital, un referente mundial de las TIC, homogeneizando las normativas nacionales, ciberseguridad, la brecha digital y otras muchas innovaciones. La Comisión Europea, además, estima que en 2020 puede haber
una demanda de perfiles digitales de más de 750 000 puestos de trabajo. Además, según el Índice de Economía y Sociedad Digital, España ocupa el puesto número 14 de los 28; estamos en la mitad de la tabla.
Si queremos que España sea una España 4.0, si queremos que haya un cambio de modelo productivo y dejar ese modelo al que nos tiene acostumbrados la vieja política durante más de tres décadas -donde se ha superado en tres ocasiones el 20 % de
desempleo-, el referente tiene que ser nuestra transformación digital, desplegar de manera consistente esta estrategia de desarrollo y retención del talento. En ese sentido, Ciudadanos hizo una apuesta importante por la Red Cervera de tecnología,
pusimos casi 500 millones de euros en los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Además, le recuerdo el Partido Popular que tenemos un acuerdo que cumplir. Nosotros cumplimos dando el apoyo de investidura y ustedes tienen que cumplir con esas
150 medidas para mejorar España. ¿Cuáles? En el punto 27 se propone impulsar la economía digital; en el 40, adaptar nuestro mercado de trabajo a la cuarta revolución industrial; en el 82, el programa de gratuidad de libros de texto con un
proceso de digitalización en la enseñanza, impulsar políticas activas de empleo, etcétera.
La demanda talento digital será creciente y es imparable esta revolución. Con esta iniciativa, nuestro grupo reconoce el gran trabajo que han realizado algunas empresas, algunas asociaciones de empresas de electrónica, de tecnologías de la
información, de telecomunicaciones, de contenidos digitales. Tenemos que poner en valor el trabajo que ha hecho Ametic, el trabajo que ha hecho Digital.es y sindicatos como UGT y Comisiones Obreras, que han elaborado un manifiesto conjunto para el
liderazgo de esta transformación digital de la economía. La proposición no de ley consta de varios apartados, el primero es el marco del pacto nacional de educación, potenciando vocaciones STEM; es decir, personas que estudien ciencias,
tecnología, ingeniería, matemáticas... Necesitamos que los niños aprendan esas materias para poder desenvolverse, promover el equipamiento y el uso de tecnología, formar al personal docente, velar por la oferta de profesionales. En segundo lugar,
promover la Agenda Digital en el marco de la universidad, definir esas competencias transversales para las titulaciones de grado como máster, desarrollar y actualizar mapas de empleabilidad, celebrar procesos de puesta en marcha en másteres,
promover los MOOC -la formación masiva online- o mejorar la colaboración entre universidades y empresas. En tercer lugar, crear un organismo independiente, el instituto estatal para el talento del empleo, para evaluar -desde Ciudadanos siempre
hacemos hincapié en evaluar de forma continua las políticas activas porque si no, evidentemente, no sirve para nada- y potenciar las políticas activas de empleo, conformar el plan de formación y capacitación de las TIC para desempleados y seguir
formando a los ciudadanos al término de su vida laboral.
Termino, señor presidente. Quisiera agradecer la aportación que ha realizado el Grupo Socialista al texto en relación con la colaboración de las comunidades autónomas y expresar nuestro convencimiento de que, sí o sí, señorías, debemos ser
unánimes en la adopción y el impulso de medidas que promuevan la digitalización de nuestra economía y la retención del talento. Señorías, piensen que el empleo de hoy, el empleo presente y el futuro dependen de la digitalización de la economía y el
cambio de modelo productivo porque, lamentablemente, tanto el Partido Socialista como el Partido Popular durante estas últimas décadas nos han acostumbrado al ladrillo, a las comisiones y a tantos procesos judiciales que hoy les salpican en la
política y en la vía judicial.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.
A esta proposición no de ley se ha presentado una única enmienda del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Galeano Gracia.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, de la exposición de motivos de esta iniciativa me queda claro, además de una cierta exhibición del carácter liberal progresista de Ciudadanos, no sé si presunción, que, como ha sucedido en otras iniciativa presentadas relacionadas
con economía digital en cuanto incentivos, por ejemplo, o como esta de talento digital, tanto el Partido Popular como Ciudadanos practican una legítima opción, que es la de copiar y pegar propuestas de determinados grupos de interés: asociaciones
empresariales e incluso en este caso también sé que organizaciones sindicales. Ya lo advertí en una reciente iniciativa en la Comisión de Economía, el Grupo Socialista cuenta con asesores en la materia y cuenta con ideas propias
que están plasmadas en diferentes PNL registradas en esta casa que nos permiten proyectar un programa de actuación recogido en el último Congreso Federal del Partido Socialista, que muestra nuestro compromiso con la sociedad en esta materia
si, llegado el momento, la ciudadanía nos brinda la oportunidad de liderar el camino de este país para convertirlo en un referente europeo en esta materia.
Señorías, lo ha comentado el portavoz del Grupo Ciudadanos, España ocupa un mediocre puesto en Europa en la clasificación de los Estados miembros según el índice DESI de 2017 y creo que también ha mencionado el informe del Foro Económico
Mundial sobre el avance de la digitalización en las principales economías del mundo; España ocupa el puesto trigésimo quinto, detrás de países -con todos el respeto hacia ellos- como por ejemplo Malta, Letonia o Portugal. Pero si nos fijamos en
los subíndices o indicadores estudiados, encontramos datos aún más desalentadores, como es el hecho de que España ocupa el puesto 104 en la formación y capacitación en habilidades digitales que ofrecen las empresas a sus trabajadores; un auténtico
problema. Podemos concluir que todos los estudios y análisis constatan que una de las principales barreras para el avance de esta digitalización de la que hablaba el portavoz del Grupo Ciudadanos es, sin lugar a dudas, la carencia del suficiente
talento digital para cubrir la demanda creciente de empleos con competencias digitales avanzadas y la insuficiente formación y capacitación de nuestra ciudadanía. Para revertir esta situación, como punto de partida, es muy importante que toda la
ciudadanía tenga, como mínimo, competencias digitales básicas para el avance de nuestra sociedad en igualdad de oportunidades. Además, es fundamental la innovación, actualización y adaptación continua -como dice la PNL presentada- de los planes de
estudio en todos los niveles de formación, dados los cambios que se producen y que se conocen actualmente y los que aún no conocemos del futuro cercano en la economía digital. Es necesario un impulso decidido -como decimos en nuestra enmienda-
desde las diferentes administraciones públicas y también, por supuesto, por parte de los agentes económicos y sociales. Es imprescindible y urgente definir e implementar las medidas y actuaciones necesarias para incrementar el número de
especialistas en tecnologías digitales, pero del mismo modo -así lo reseñaba el señor Ten- desde el Grupo Socialista queremos incidir -de ahí nuestra enmienda- en la importancia que consideramos debe tener fomentar determinadas habilidades sociales,
las llamadas competencias o habilidades blandas, principalmente habilidades comunicativas y de trabajo en equipo. Seamos o no liberales progresistas, señor Ten -ya nos hemos enterado-, en lo que no podemos convertirnos sin lugar a dudas es en meros
replicantes, por así decirlo, haciendo referencia a esa magnífica película de Blade Runner, la primera más bien. Evitemos así que la empatía, que la moral o la política queden perdidas en este tiempo de la era digital; perdidas como esas lágrimas
en la lluvia. Por tanto, agradeciendo que se haya recogido la enmienda que hemos presentado, tal y como ha dicho el portavoz de Ciudadanos, votaremos a favor de esta importante iniciativa para España.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Galeano Gracia.
Le pregunto al señor Ten Oliver si acepta la enmienda.
El señor TEN OLIVER: Sí, aceptamos la enmienda.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Entonces se someterá a votación el acuerdo con la enmienda.
Pasamos al turno de fijación de posiciones y por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez Rodríguez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Nuestro grupo votará a favor de esta proposición no de ley por respeto al trabajo y al debate que hay detrás de este manifiesto, pero nuestra crítica es rotunda a que se trasponga textualmente, descontextualizado, en una proposición no de
ley que resulta ser un cajón de sastre en el que se toca economía, se toca educación, se toca universidad; con una exposición de motivos totalmente naif que no va al fondo ni señala los retos a los que debe enfrentarse la economía digital. Mi
pregunta es cuál es la propuesta política de Ciudadanos para la transformación digital de la economía española, que es lo que debería haber detrás de las propuestas de un partido político: menos generalidades y mucha más concreción. Está claro que
la economía digital, la industria 4.0, va a cambiar nuestras vidas, nuestra manera de trabajar o de relacionarnos, pero no hay ni un único camino ni un único modo de afrontar este reto y eso en política hay que definirlo. De la misma manera que en
la descarbonización sí está habiendo un debate sobre cómo hacerla, la segunda gran palanca de cambio económico y social, que es la
digitalización, no lo está teniendo y lo merecería no solo en términos de competencias y habilidades, sino también de economía circular, de materiales para la fabricación de dispositivos, derechos digitales, tecnología propietaria o
colaborativa, el papel de la financiación pública, las brechas digitales o, si queremos, una adaptación individual o colectiva. Todo esto es lo que condiciona la formación: qué digitalización queremos y para qué, dónde queremos estar y cómo nos
vamos a adaptar. Porque cuando hablamos de formación lo primero que hay que hacer es un diagnóstico de necesidades formativas; es decir, identificar primero las tendencias tecnológicas y luego identificar los empleos de futuro. ¿Qué queremos,
utilizar tecnología o generarla? ¿Adaptarla a nuestros negocios o transformar los negocios con la tecnología? ¿Liderar o prestar servicios? Por poner un ejemplo, ¿Qué queremos, digitalizar para que España sea la India de Europa? Porque lo que se
está produciendo ahora mismo es un abaratamiento de los perfiles tecnológicos cualificados, y si queremos retener talento lo que habrá que hacer en primer lugar es mejorar las condiciones de trabajo, subir los salarios y eliminar la precariedad
porque es la mejor manera de que no se vaya el talento que hemos formado. Es para celebrar que Ciudadanos apoye una propuesta de los sindicatos y les animamos a que hagan lo mismo cuando hablan de mercado laboral, que apoyen la derogación de las
reformas laborales y que se olviden de la 'mochila austríaca'.
Es importante el tema de las brechas, no solo de género, sobre la que me extenderé un poquito más, sino de edad, socioeconómicas o ámbito geográfico rural o urbano no solo en el acceso en el empleo sino también para personas usuarias y
consumidoras porque va a determinar la manera en que accedemos a los servicios y a la información. La economía digital tiene que ser inclusiva y no puede quedarse nadie atrás.
Permítanme que hable de la brecha digital de género. Aquí voy a dar un tirón de orejas a las entidades que han hecho el manifiesto porque en su informe lo indican como preocupante, pero la única propuesta es promover las vocaciones en niñas
y adolescentes. Es verdad que no esperábamos medidas más ambiciosas en términos de igualdad de Ciudadanos, pero, sinceramente, ¿podemos esperar las mujeres treinta años para romper la brecha de género digital? ¿No contemplan ni una sola medida
para que las mujeres que ya nos hemos educado en el sesgo educativo de las materias de ciencia, tecnología y matemática nos incorporemos a la economía digital? ¿No cabe la posibilidad de que la economía digital ahonde las diferencias de género y
las desigualdades? Si la estrategia de digitalización y por supuesto la de formación no contemplan una perspectiva de género más allá de las generalidades, serán palabras huecas y supondrá dejar fuera de esta revolución a la mitad de la población.
En resumen, queremos afear de nuevo la posición de Ciudadanos de copiar las propuestas en un manifiesto y descontextualizadas en una exposición de motivos que no compartimos en el fondo. Por favor, dejen de sacar pecho con la Red Cervera de
innovación y los 500 millones, que son préstamos financieros de los que no se ha ejecutado ni uno solo en este año. Reiteramos nuestro voto a favor de la PNL porque entendemos que las medidas sí apuntan en la línea de hacia dónde hay que ir, pero
no hay contenidos. Ofrecer formación digital sin tener claro qué formación ofrecemos y para qué no sirve más que para parecer que hacemos algo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez Rodríguez.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor González Terol.
El señor GONZÁLEZ TEROL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, quiero comenzar destacando el hecho de que esta propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos pone de manifiesto una vez más que estamos compartiendo el criterio de que la economía digital va a mejorar el crecimiento económico, la
competitividad de empresas y pymes -se ha hablado aquí de algunos países, sobre todo de Oriente Próximo y Oriente lejano, donde esta economía ha ayudado a su desarrollo cercano- y en un instrumento imprescindible para el desarrollo social. Dicho
esto, aunque podemos estar de acuerdo en parte con el fondo de la proposición no de ley, la consideramos innecesaria. Innecesaria porque muchas de las medidas aquí propuestas se llevan ejecutando desde hace años y otras se sabe que se van a poner
en marcha y están pendientes de los Presupuestos Generales del Estado, así que aprovecho una vez más desde mi grupo parlamentario para reclamar a los grupos aquí presentes que apuesten decididamente por unos nuevos Presupuestos Generales del Estado
donde la Agenda Digital tenga más fondos para poder poner en marcha, entre otras cosas, los acuerdos firmados con el Grupo Ciudadanos.
Quiero recordarles, entrando en el punto que nos ocupa, que en febrero de 2013 el Gobierno de España, a través del Consejo de Ministros, aprobó la Estrategia de Agenda Digital, donde se incluían dos puntos que eran el Plan de inclusión
digital y empleabilidad y el Plan de impulso de la economía digital, que fueron puestos en marcha en junio de 2013 y que incluyen muchas de las medidas en cuanto a la formación de los trabajadores en competencias digitales, la promoción de la
digitalización de las empresas y un larguísimo etcétera de medidas incluidas en la proposición no de ley que ha traído aquí Ciudadanos. Por tanto, lo primero que quiero pedirle al Grupo Ciudadanos es que no venda como novedades aquello que ya se
está implementando nada más y nada menos que desde hace cinco años.
Por entrar en el detalle de algunas de las medidas propuestas, voy a recordarles que, desde el año 2013, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte impulsa iniciativas en relación con el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y
Formación del Profesorado -todas ellas circulan en su proposición no de ley-, tales como la formación abierta y en línea en las competencias STEM o el proyecto europeo Mentep para la mejora de la enseñanza y el aprendizaje apoyados en tecnologías;
ha puesto en marcha el marco de competencia digital docente; ha integrado dentro de los programas de formación docente técnicas y apartados para fomentar el emprendimiento en las aulas y se está desarrollando el proyecto Code EducaLAB para
introducir la programación, la robótica y el pensamiento computacional en la educación, algo que en comunidades como por ejemplo la de Madrid ya se ha incluido en el currículo nada más y nada menos que desde el año 2015. En segundo lugar, si
hablamos de formación profesional -he visto que hablan bastante de formación profesional dual- quiero recordarles que es algo que se puso ya en marcha por parte del Gobierno de la nación nada más y nada menos que en 2012 y lo traen ustedes como una
novedad en una PNL en 2018. A través de ello, entre otras cosas, se quiere mejorar el manejo de las matemáticas, las ciencias y el lenguaje tecnológico, así como el conocimiento y la competencia en el uso de las tecnologías de la información, a la
que tanto aluden dentro de su proposición no de ley. Otro ministerio que ha trabajado ampliamente estas materias ha sido el Ministerio de Empleo, con planes de formación que pretenden aumentar las competencias digitales de los trabajadores
españoles; el servicio público de empleo, el SEPE, también va a convocar una serie de subvenciones para la mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital. Y un larguísimo etcétera de
medidas que el Gobierno de la nación, a través del Consejo de Ministros, ya ha puesto en marcha, todas ellas incluidas en su proposición no de ley que no es más que una copia que nosotros consideramos innecesaria y, por ello, votaremos en contra.
En cualquier caso, quiero agradecer la postura de fondo, el reconocimiento del Grupo Ciudadanos a todas las medidas puestas en marcha ya por el Gobierno de la nación y les pido una vez más que apoyen unos presupuestos que permitan terminar
de cumplir los compromisos de este Gobierno que ha firmado con el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor González Terol.
- RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO EN LAS EMPRESAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000798).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto que figura en el orden del día con el número 6, que es la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la participación del sector
público en las empresas de distribución de energía eléctrica.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Como conocen, esta iniciativa tiene un total de cuatro puntos y plantea quizá una de las cuestiones de mayor relevancia en materia energética junto con el transporte de la misma. Comenzaré formulando una pregunta y es por qué debe ser menos
estratégica la distribución de la energía de lo que lo es el transporte de la energía. Esta es la primera pregunta que nos deberíamos formular. Nosotras, en nuestro grupo, entendemos que es exactamente igual de estratégica la distribución de la
energía que el transporte de la misma. ¿Por qué razón? Porque nuestras sociedades han cambiado; estamos en el mundo digital, en el que las nuevas tecnologías y la transformación digital tienen una relevancia extraordinaria, pero también tiene que
ver con el almacenamiento local. Tiene que ver, lo que para nosotras es de enorme importancia, con la incorporación de las energías renovables sobre todo a las administraciones locales, y parece que,
al igual que hacemos con la red de transporte en la energía, parece imprescindible que también esté bajo el control de lo público.
Nos parece que es lo sensato. No entendemos muy bien cuáles son las razones para discernir entre un factor y el otro. Es más, nos preguntamos, o afirmamos, que es exactamente igual de estratégica esta decisión como cuando el Partido
Socialista, en su día, crea Red Eléctrica Española o cuando, en su día, con acierto, esta misma organización dice que debe existir el control público respecto del transporte. Por tanto, insisto, es de sentido común y, desde luego, muy relevante,
sobre todo porque, como bien sabemos, las empresas tienen intereses, cuando menos, contradictorios. El primero de ellos es que son generadores de energía, y después, obviamente, no están en disposición de facilitar la gestión de la propia demanda.
Hemos de formularnos también otra pregunta más: ¿Por qué dejamos una propuesta, que es estratégica para el país, en manos de fondos especulativos y, por ejemplo, de gobiernos extranjeros, como puede ser el caso de ENEL? ¿Por qué lo
hacemos? De verdad, es que es una pregunta que nos debemos formular. Sería posible que un país como Italia pudiera estrangularnos en materia industrial o, incluso, frente a los intereses de nuestro país. Algunos grupos aducen, en las enmiendas
formuladas, inseguridad jurídica. La pregunta que nos hacemos en nuestro grupo es, ¿de qué inseguridad jurídica se está hablando, cuando esta es la doctrina del Tribunal de Justicia Europeo? ¿De qué estamos hablando, de lo que está haciendo, por
ejemplo, Holanda, pero en niveles muy superiores a lo que estamos pidiendo, de lo que hacen muchos países europeos? Nosotros creemos que esto es absolutamente imprescindible.
En este sentido, lo que proponemos es, en primer lugar, trasladar a la legislación existente la participación real que hoy en día tiene ya lo público en Red Eléctrica de España. Sabemos que el porcentaje que establece la ley es de un mínimo
del 10 %, pero en la actualidad es del 20 %, y lo que pedimos exactamente es trasladar esta realidad a la legislación actual. En segundo lugar, lo que pedimos es este mismo modelo, pero aplicado exactamente a la distribución de la energía por las
razones que hemos expuesto. Como conocen la propuesta, entendemos que para formalizar esta realidad hay que ceder las infraestructuras afectadas a la misma y, finalmente, debemos modificar los contratos bilaterales que están afectando a los
consumidores y usuarios para eliminar esa excepcionalidad de que tengan que salir al mercado, con los enormes perjuicios que ello contiene.
A diferencia de lo que entendemos que defienden otros grupos, nosotros creemos que esta es una decisión absolutamente estratégica que, insisto, están haciendo muchos otros países de nuestro entorno y que, obviamente, no solo no antepone los
intereses de las eléctricas fundamentalmente por encima de los intereses del país, cuando estamos hablando de elementos de una enorme relevancia. Esta es la razón por la que traemos el debate aquí y por la que le pedimos el voto favorable.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz Pérez.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo Parlamentario Socialista y una enmienda de adición de un punto 4 del propio Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, que ha
sido defendida.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Presidente, compañeros, mejorar la regulación en este sentido es una necesidad, y en eso estamos de acuerdo con el partido que la propone, pero no estamos de acuerdo ni con la nacionalización ni con la
expropiación. Creemos, además, que la experiencia de los actores de este sector en concreto es necesario tenerla en cuenta, porque no podemos seguir aguantando mayores improvisaciones. Repito, sí que creemos que tiene que haber una regulación y
una mejora de dicha regulación, pero creemos que la nacionalización y la expropiación no es el camino.
Entendemos que el medio o el fin para el grupo proponente es esta nacionalización; para nosotros el fin tienen que ser los consumidores y, sobre todo, no seguir aportando más improvisaciones a todo nuestro sistema. Se trata, como ya se ha
dicho, de un sector delicado con muchísimas cuestiones técnicas; con lo cual, no se trata de un sector para que cualquier persona entienda desde el minuto cero, sino que se necesita una profundización y, además, estamos hablando de un sector que no
está liberalizado del todo. Para aquellos que lo digan, no lo es, puesto que es el Estado el que fija la rentabilidad del propio sector, así que no se puede hablar de un sector liberalizado tampoco.
Para nosotros -lo hemos dicho ya en otras ocasiones-, la regulación de cara a los consumidores tiene que tener en cuenta, además, cualquier recomendación que haga un regulador independiente. En este sentido, hemos enmendado presuponiendo
que la CNMC es un órgano regulador independiente -
queremos que se convierta en eso- y hemos presentado distintas iniciativas no solamente en la enmienda incluso en el acuerdo de investidura con el Partido Popular, para reformular la CNMC y garantizar la independencia de ese órgano
regulador. Cuando se habla de reguladores independientes, a muchos les puede dar un cierto tono de alergia, porque lo que quieren es controlar. Repito, la posición de nuestro partido es que estamos de acuerdo con que tiene que haber una mejora de
la regulación en ese sector, que no es un sector que esté liberalizado del todo, ya que el Estado -como ya dije- fija los precios de la rentabilidad de dicho sector, y la nacionalización y la expropiación no es el camino por el que Ciudadanos
entiende que se tiene que hacer política energética.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Para la defensa de las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.
Señorías, el sector eléctrico español inició su proceso de liberalización hace ahora veinte años. Fue regulado por la Ley 54/1997, de 27 de noviembre. En esa ley se decía que el suministro de energía eléctrica al consumidor está conformado
por distintas actividades, ya sea la generación, el transporte, la distribución y la comercialización. Esa ley estableció, como todos sabemos, que tanto la distribución como el transporte serían actividades reguladas. Efectivamente, ambas
actividades son actividades estratégicas dentro del sector eléctrico.
Señorías, el Grupo de Unidos Podemos trae aquí una iniciativa que pretende una pseudonacionalización de una actividad de sector eléctrico que está regulada; insisto, está regulada. ¿Qué significa eso? Pues significa que,
independientemente del régimen de propiedad de las distribuidoras, están controladas permanentemente por el regulador, en este caso, por la CNMC. Son sociedades reguladas, de objeto social exclusivo y sometidas a un régimen legal muy incisivo que
incluye la separación de actividades, ingresos solo regulados y el fin exclusivo al que pueden dedicarse. Es decir, están exentas de un riesgo que el grupo proponente creo que trata de evidenciar en su iniciativa. Y digo bien porque no está muy
claro qué es lo que pretenden conseguir.
Supongo que su propio grupo, el Grupo de Unidos Podemos, ha valorado que la venta forzosa de una empresa debe justificarse muy bien, conforme a lo que explicita el artículo 33 de la Constitución Española. Es decir, hay que encontrar la
justificación de la utilidad pública o del interés social; y lo que es peor, hay que indemnizar por ese 20 % -o no sé exactamente cuánto- que el Estado, a través de la SEPI, debe comprar a las empresas.
Yo quisiera saber si el grupo proponente ha calculado cuál es el coste económico de la compra de un 20 % del capital social de las distribuidoras por parte de la SEPI; si tienen ese cálculo; si han cuantificado el desembolso de recursos
públicos que supondría; si han valorado también que, además de las cinco grandes empresas verticalmente integradas, hay trescientas pequeñas distribuidoras repartidas por todo el territorio y que, en muchos casos, son empresas familiares. Quería
preguntarle si quieren ustedes también entrar ahí, y entrar a qué; o en realidad lo que quieren es una nacionalización completa. Yo creo que convendría explicarlo, porque su iniciativa resulta un pequeño dislate. La propiedad pública, parcial y
minoritaria no aporta nada relevante para la garantía del interés general en realidad, pero sí aportaría un elemento más de inseguridad jurídica en un sistema ya suficientemente inseguro, gracias a las grandes medidas implementadas o simplemente
anunciadas de política energética por parte del Partido Popular.
En lo que sí está de acuerdo el Partido Socialista es en hacer un cálculo afinado de los incrementos de rentabilidad económica de las distribuidoras, para revisar la tasa de retribución financiera de la distribución y ajustarla al coste de
los recursos propios y ajenos para el próximo período regulatorio, en aras de esa seguridad jurídica imprescindible. Consideramos también necesario mejorar la transparencia y la competencia efectiva entre operadores que intervienen en el sector
para evitar incrementar el control público sobre las distintas actividades. Igualmente, y en el marco de las negociaciones del paquete de invierno, proponemos desplazar el centro de gravedad de las grandes empresas suministradoras hacia los
consumidores, para que asuman un papel más activo tanto en la gestión de su consumo como en la generación de su energía.
El Grupo Socialista considera que la iniciativa que presenta Podemos no aporta nada al mejor funcionamiento del sector eléctrico, y entiendo que si no han considerado nuestra enmienda es porque ellos también piensan que no les aporta nada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio Carrasco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Postigo Quintana.
El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente. Señorías, buenas noches ya.
Quisiera, en primer lugar, decir que nadie de los aquí presentes podemos afirmar que ninguno de los mercados eléctricos europeos, ni siquiera el MIE, el Mercado Interior de Electricidad de la Unión Europea, haya alcanzado una estabilidad tal
que permita realizar una descripción precisa y con vocación de permanencia. -Creo que en eso estamos y estaremos todos de acuerdo.- De igual manera, podríamos estar de acuerdo en que el control o regulación de las redes de distribución son claves
para cualquier proceso de transición energética, aunque si me lo permiten yo le diría a la portavoz de Podemos que, siendo claves -como ustedes dicen en su exposición de motivos-, eso no quiere decir que no se pueda hacer nada sobre ellas, sino más
bien todo lo contrario.
En su exposición de motivos hablan mucho -o quizá todo- de quién tiene o debe tener la propiedad en las redes de distribución o de transporte -tienen una cierta obsesión por las propiedades- y de lo conveniente que sería seguir el modelo
holandés para aumentar la participación del Estado en las redes de distribución. Creo que el subconsciente les pierde una vez más y solo piensan en nacionalizar -pensemos en otros países de otras latitudes que ustedes utilizan como modelo-, pero me
sorprende mucho más que no hablen del coste que supondría llevar a cabo las medidas que proponen tanto para el Estado como para el contribuyente, y no saber qué incidencia tendría sobre los Presupuestos Generales del Estado o sobre el bolsillo o la
cartera de todos los españoles. En definitiva, me parece que les preocupa más de quién sea o no la propiedad de las redes y no los beneficios o perjuicios sobre los usuarios.
Evidentemente, vamos a votar en contra de sus propuestas, porque entendemos que la participación del sector público, es decir, del Estado, en las empresas de distribución de energía eléctrica, supondría no solo un coste económico enorme que
ni ustedes mismos se imaginan, sino que generaría además una gran inestabilidad, inseguridad y unas enormes incertidumbres tanto jurídicas como económicas. A los proponentes de esta PNL les pediría por favor que analizasen de verdad lo que proponen
e hiciesen un estudio riguroso y serio de su propuesta con al menos tres conclusiones: cuánto costaría al Estado en términos económicos lo que ustedes proponen, cómo se pagaría lo que ustedes proponen y quién pagaría lo que ustedes proponen.
Tráiganlo y les digo que lo analizaremos con todo cariño. En cualquier caso, y mientras tanto -al hilo de lo que les comentaba al principio de mi exposición, referido a que ninguno de los mercados eléctricos europeos son perfectos-, les rogaría a
ustedes y por supuesto al resto de grupos políticos de esta Cámara, a tenor de sus enmiendas, que lean por favor en el Diario de Sesiones la intervención del ministro de Energía durante su última comparecencia en esta Comisión del pasado día 31 de
enero. En su intervención, el ministro manifestó la intención del Grupo Popular y del Gobierno de llevar a cabo una serie de ajustes y medidas a través de una proposición de ley, la mayoría de ellos procedentes de organismos reguladores en el
sistema de retribución de la parte regulada. Quizás el ministro dio tanta información ese día que no hemos sido capaces de asimilarla, pero ya les digo que algunas de sus dudas -tanto de las suyas como de las enmiendas de Ciudadanos y del PSOE-
tienen su respuesta.
No me gustaría acabar, señor presidente, mi intervención en esta Comisión de Energía sin hablarles de un tema que me preocupa. Como bien saben todos los que estamos aquí, en esta Comisión, en la Unión Europea hay un listado de proyectos de
interés común sujetos a subvenciones del Programa Conectando Europa. En este listado está el proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por el golfo de Vizcaya, y a mí me ha sorprendido profundamente -sorprende a nuestro grupo- cómo
distintos eurodiputados de Podemos, Ciudadanos, Izquierda Unida y Equo quieren someter a votación una iniciativa que busca anular este listado. Repito, quieren en definitiva anular este proyecto de interconexión eléctrica entre España y Francia por
el golfo de Vizcaya.
Estamos hablando de un proyecto de 1750 millones de euros, que cuenta con una subvención 578 millones de euros, y que estos eurodiputados en Bruselas quieren cargarse de este listado con su voto. (El señor García Egea: Qué barbaridad). Yo
les pediría a los miembros de estos grupos en esta Cámara y en esta Comisión que hablasen con sus compañeros eurodiputados y les recordasen quiénes les han votado, de qué país...
El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego que concluya; ha sobrepasado el tiempo disponible.
El señor POSTIGO QUINTANA: Termino ya.
Les pediría que les recuerden por qué país y qué procedencia representan en Bruselas y que, por favor, no se les pegue el síndrome de Bruselas, porque algunos ya estamos cansados de este síndrome en la España querida que hoy representamos.
(Rumores.-La señora Rodríguez Hernández: Como Cañete.-Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Postigo Quintana.
Le pregunto a la señora Díaz Pérez si acepta o no las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y el Grupo Socialista.
La señora DÍAZ PÉREZ: Señor presidente, las de Ciudadanos no y las del PSOE se las aceptaríamos como adición a nuestra propuesta.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Luego nos informan sobre si aceptan o no y en qué sentido se vota. En todo caso, entiendo que se añade el punto cuarto de la autoenmienda del grupo proponente.
- RELATIVA A LA COLABORACIÓN DEL GOBIERNO CON LAS ENTIDADES LOCALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN DE PAGOS DE TASAS PÚBLICAS POR PARTE DE DISTRIBUIDORAS Y COMERCIALIZADORAS ELÉCTRICAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE
UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002299).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al último punto del orden del día, que originalmente estaba numerado como octavo: proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la colaboración
del Gobierno con las entidades locales en materia de fiscalización de pagos de tasas públicas por parte de distribuidoras y comercializadoras eléctricas. Para su defensa, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
Les presentamos otra PNL de redes de distribución eléctrica, y para ello tenemos que partir de la constatación de que en España tenemos una situación en este sentido de cuasi monopolio: el 90 % de las redes de distribución están en manos de
las cinco grandes empresas. No tenemos una situación real de libre mercado, que es lo que parece que defienden el Partido Popular y el Partido Socialista. Paradójicamente, con la propuesta que se ha defendido anteriormente, como ocurre en países
como Holanda, tendríamos un mercado que funcionaría mucho mejor que el actual, con empresas realmente integradas verticalmente y que controlan la generación, la distribución y la comercialización, y les cuento un caso práctico.
El informe de análisis económico de estas grandes distribuidoras elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha demostrado que su rentabilidad económica va en aumento. Nunca dejará de sorprendernos el grado de
codicia de estas grandes empresas, que aparte de su poca o nula sensibilidad social ante fenómenos como la pobreza energética no invierten lo suficiente en actualizar y modernizar estas redes de distribución.
Tenemos el caso de Cataluña, donde vivimos una situación de monopolio con estas redes de distribución prácticamente controladas por Endesa. En este sentido, el Ayuntamiento de Barcelona abrió una auditoría en 2016 con el fin de auditar los
pagos de las facturas y de las tasas de distribución eléctrica. ¿Qué se encontró? Se encontró que había un impago de más de 800 000 euros en facturas que no constaban, derivadas de las redes instaladas en el espacio público municipal, y que había
1 800 000 euros que no habrían sido declarados por la propia distribuidora, derivados de la facturación de Endesa en la ciudad, es decir, el 1,5 % de lo que se factura en la ciudad y que la normativa establece que deben pagar a los ayuntamientos las
empresas distribuidoras. En el primer concepto la empresa reconoció el error y ha satisfecho la deuda correspondiente; en el segundo caso, comportó una sanción, una multa de 300 000 euros a la empresa. La empresa mantiene, defiende su posición de
que no debe pagar ese tributo, esa tasa, a pesar de que la jurisprudencia y el propio Tribunal Supremo dan la razón al argumento del Ayuntamiento de Barcelona sobre que las cuotas a pagar no es que las distribuidoras las paguen a cuenta de terceros,
sino que forman parte, están integradas dentro de su facturación.
Nos encontramos también el caso de Madrid. El Ayuntamiento de Madrid decidió hace más de un año reforzar el cuerpo de inspección del área de Hacienda. El motivo fue comprobar incidencias que indicaban que podía haber liquidaciones de los
comercializadores y distribuidores eléctricos que no casaban. -Por tanto, parece que nos podríamos encontrar con una práctica habitual-. Estamos hablando de dos ayuntamientos que tienen los recursos y la capacidad técnica de realizar estas
auditorías y estas inspecciones. No es el caso de otros municipios. Tampoco es un asunto nuevo. En otro ámbito tenemos el caso del expediente que abrió la Junta de Andalucía y que obligó en 2015 a Endesa a devolver a la ciudadanía de Andalucía
una cifra cercana a 20 millones de euros facturados indebidamente en concepto de término de potencia. Es un caso distinto, pero nos encontramos también con una facturación en este caso indebida.
Con independencia del caso concreto que les contaba de Barcelona, queda claro que es muy compleja la fiscalización por parte de los ayuntamientos sin disponer de los recursos técnicos, de los datos, de la información para cotejar la
facturación correspondiente. Por eso, ante esta evidencia que para nosotros es muy clara, consideramos que el Gobierno debe impulsar todos los mecanismos a su alcance para garantizar que se puedan realizar estas auditorías, como la que ha realizado
el Ayuntamiento de Barcelona, para analizar estos pagos y facturaciones realizadas por las empresas distribuidoras y comercializadoras si se ajustan a la normativa vigente, porque es evidente que existe una colisión entre la ausencia de control de
la actividad privada y los intereses públicos.
Esta PNL plantea es que se analicen todos los datos disponibles de las distintas distribuidoras y comercializadoras que proveen a los entes públicos, no solo dotando de recursos a los ayuntamientos, sino facilitando los datos e importes que
pudieran corroborar sobre los descuadres de los pagos, que se garantice el cumplimiento de las obligaciones tributarias y que el erario público no sufra desfalcos que afectan la ulterior prestación de servicios sociales, porque en definitiva todo
esto afecta a las arcas municipales.
Proponemos que den a apoyo a una proposición no de ley de carácter municipalista que pretende dotar de los recursos necesarios, que el Gobierno colabore con los municipios, que les dé los recursos necesarios para que las empresas, que son
las que tienen realmente la información, ya que este tipo de tasas funcionan por un sistema de autoliquidación, y para que esto no vuelva a suceder ni en Madrid ni en Barcelona ni en ningún otro municipio.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñes.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Ciudadanos y también por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de las del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Esta PNL que nos trae el señor Vendrell nos habla de empresas prácticamente integradas, que tienen una posición dominante en su zona de instrucción eléctrica. Nos ha hablado del mercado de comercialización libre y competitivo y de estas
auditorías; la verdad es que estamos de acuerdo con la exposición de motivos del señor Vendrell. Él hacía hincapié sobre todo en estos recursos públicos, sobre todo de las arcas municipales, que había que obtener para estos casos fundamentales.
Yo iría mucho más allá. Nosotros hemos presentado una enmienda en la cual le solicitamos impulsar una auditoría de todos los costes del sistema energético, incluida la factura eléctrica, incluidos esos costes del sistema junto a esa elevada
imposición tributaria que tiene la energía eléctrica. Deberíamos hacerla porque son recursos fundamentales para esos gastos públicos: sanidad, educación y servicios sociales.
Me gustaría poner el foco, sobre todo, en un problema que subyace aquí, que es la pobreza energética, el corte de suministro eléctrico. El borrador del Real Decreto 7/2016, que trajo el Gobierno, hablaba solo de quién paga el bono social,
durante cuánto tiempo, del reparto, del régimen sancionador, pero nosotros, cuando participamos en las negociaciones de este real decreto creíamos que había que poner énfasis en que hay cuatro claves fundamentales. Insisto, como son recursos
públicos para todo esto, es fundamental que una tarifa de la luz sea progresiva en función de las distintas categorías de los consumidores vulnerables, y estas categorías por supuesto responderán a criterios de renta -cosa que no hacían antes-,
atenuados en atención a esas circunstancias personales y familiares. Además, aumenta de dos a cuatro meses el plazo para suspender el suministro en caso de impago a los consumidores vulnerables y, lo más importante, los consumidores vulnerables
severos quedan incluidos en la lista de suministros de
energía eléctrica que tienen carácter de esenciales y, por tanto, está prohibido cortarles el suministro. Por último, se desarrollan mejoras en los procedimientos de suspensión del suministro de energía eléctrica, estableciendo
comunicaciones adicionales para proceder a la misma.
Voy terminando. Insisto, respecto a las irregularidades detectadas por la auditoría del Ayuntamiento de Barcelona, algunas en fase de recursos -como se ha comentado-, y otras reconocidas por la empresa como errores propios, desde Ciudadanos
creemos en la necesidad de esa auditoría integral del sector que contribuiría a arrojar luz sobre los problemas detallados, en este caso, por ejemplo, de Barcelona. Debemos poner números al sistema de manera transparente y que dote de credibilidad
a un sector sumamente denostado. Como hemos dicho, creemos en una reforma del sistema como la que puede desencadenar la Ley de cambio climático y transición energética. Necesita de un diagnóstico certero y riguroso, de ahí nuestro interés en
facilitar medidas como esa auditoría de costes. Insisto, me gustaría que aceptara esa enmienda el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos para dar ese trasvase y saber cuáles son los costes de la energía en nuestro país.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torres Tejada.
La señora TORRES TEJADA: Muchas gracias, presidente.
Para entrar a debatir la PNL que presenta el Grupo Podemos, primero quisiera hacer hincapié en que de los cuatro puntos solo uno es competencia de esta Comisión, ya que los otros deberían tratarse en la Comisión de Hacienda porque son temas,
como bien ha dicho y ha explicado, municipalistas y, por tanto, deberían tratarse allí.
Respecto al punto que corresponde a esta Comisión, que es impulsar una auditoría que certifique la inversión necesaria en las redes de distribución para garantizar la calidad y la seguridad del suministro, ya se está llevando a cabo.
Presentar una PNL para promover iniciativas que ya se están llevando a cabo carece de sentido. Estaría muy bien conocer mejor cómo funciona el sistema de las redes eléctricas y de las empresas distribuidoras y comercializadoras para presentar
proposiciones e iniciativas con las que podamos trabajar y mejorar el servicio. Me consta que la intención es buena, la propuesta tiene buen sentido, pero todo lo que se plantea ya se está llevando a cabo o ya está garantizado. La prueba de que ya
se están realizando incentivos positivos y negativos en relación con la calidad del suministro eléctrico y que está previsto el control de los planes de inversión de las empresas, es que la calidad del suministro eléctrico en España es una de las
mejores, comparada con la de nuestros socios europeos, y no lo decimos nosotros, lo dice el CES, que España está por encima de la media. Respecto al resto de puntos que, como digo, son materia tributaria o de la Ley de haciendas de régimen local.
En algunos momentos parece que intentan que el Gobierno haga el trabajo de los ayuntamientos. No creo que sea su intención quitar competencias a los municipios en cuanto a la gestión de sus recursos. Todos estos mecanismos que se proponen ya están
previstos. Existe la posibilidad de que las entidades locales establezcan sus propias tasas, aquellas por la ocupación del vuelo, del suelo o incluso del subsuelo por las redes eléctricas del suministro, tanto por la utilización privativa como por
el aprovechamiento especial de dominio público. Está claro que todo esto está contemplado en la Ley de haciendas locales con todos los mecanismos que establece en cuanto a administraciones públicas, no solo en materia de agencias tributarias, sino
en cuanto a la colaboración que tiene que haber entre la Agencia Tributaria y el resto de administraciones como ocurre en el caso de las entidades locales. Se prestará recíprocamente la asistencia que interese a los efectos de los datos y los
antecedentes que se reclamen. Se comunicarán inmediatamente los hechos con trascendencia para los tributos y demás recursos de derecho público que se pongan de manifiesto y se podrán elaborar y preparar planes de inspección conjunta o coordinada
sobre los objetivos, sectores y procedimientos selectivos.
De ahí nuestra enmienda, para intentar darle un giro y potenciar los mecanismos de colaboración que existen entre las distintas administraciones tributarias y de las administraciones tributarias con respecto a las entidades locales. Por
parte del Gobierno ya se está trabajando en cuanto a medidas de protección de las familias que se encuentran en peor situación, como es el bono social, para evitar el corte indiscriminado por las comercializadoras. Se garantiza que durante cuatro
meses será imposible cortar el suministro desde el segundo aviso. Seguiremos trabajando y estamos dispuestos a llevar a cabo cualquier tipo de iniciativa que permita mejorar o hacer innovaciones. En cualquier caso, hay temas que ya se están
llevando a cabo y mecanismos que ya están dispuestos. Yo soy concejal en un ayuntamiento, e igual que controlamos si una caja de tornillos ha entrado en el ayuntamiento, se contabiliza, firmamos la factura y damos el visto bueno, en el
mismo sentido se debe controlar el resto de gastos o ingresos que perciba un ayuntamiento o las facturas que se perciban por parte de las comercializadoras, así como las facturas que no se hayan percibido o los pagos que no se han realizado. Son
instrumentos de los que disponen los ayuntamientos y existen mecanismos para que las agencias tributarias faciliten la información que requieran los municipios y de esta manera poder ejercer su función.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Torres Tejada.
Al señor Vendrell Gardeñes le pregunto qué hace con las enmiendas del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Popular.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Aceptamos la enmienda de Ciudadanos y rechazamos la del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Así será votada.
Por último, para la fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias, presidente.
El Grupo Socialista va a dar su apoyo a esta iniciativa. La posición de prevalencia de las compañías eléctricas sobre los consumidores, es decir, sobre la ciudadanía, vecinos y vecinas, se ha evidenciado de forma patente a lo largo de esta
crisis. Datos contrastados indican que el precio de la electricidad subió en España el doble que en la Unión Europea durante la crisis y es el cuarto país europeo con la luz más cara. Ha sido la intervención de los poderes públicos, por no decir
únicamente de los ayuntamientos, la que ha estado haciendo frente al pago de los consumos energéticos de muchos vecinos y vecinas, evitando así el agravamiento de la pobreza energética. Se da la circunstancia, tal y como hemos tenido conocimiento
recientemente, de que la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia ha incoado una docena de expedientes contra las grandes comercializadoras por abuso respecto de los consumidores. Pues bien, si es un hecho contrastado la posición
prevalente de la que se han servido las compañías energéticas sobre los consumidores finales, también lo es la que han ejercido sobre las administraciones públicas, y me refiero evidentemente a las locales.
En el caso de los ayuntamientos -recuerdo que estos son el último recurso al que puede acudir la ciudadanía en caso de situaciones de debilidad- han resultado doblemente gravados por estas compañías. En primer lugar, es de todos conocida la
batalla legal emprendida por las compañías eléctricas contra los ayuntamientos que aprobaron la tasa por la utilización del dominio público de sus instalaciones, batalla que condujo a una sentencia reciente que las declara ajustadas a derecho y por
tanto siendo estas merecedoras de percibir esta tasa. Pero hay que recordar que ello exigió que los ayuntamientos se vieran envueltos en demandas judiciales, con lo que acarreó en concepto de perjuicios económicos, así como de incertidumbre, ya que
en muchos de estos ayuntamientos el importe de esta tasa supone un peso considerable de sus presupuestos. En segundo lugar, decíamos que se verían agravados también por cuanto, a raíz de la denuncia presentada por Barcelona y que recoge esta
iniciativa, resulta que las energéticas no están actuando correctamente cuando proceden a la liquidación de la tasa, no declarando los ingresos percibidos de lo que no tributan de forma ajustada. Ello exige que los ayuntamientos tengan que redoblar
esfuerzos en su financiación a fin de hacer aflorar estas incorrecciones que generan menos ingresos tributarios, a fin de ser eficientes y eficaces.
Aquí les tengo que decir que la cuestión que subyace de fondo en esta iniciativa, que efectivamente puede tener que ver mucho con la financiación local, está poniendo de manifiesto -discrepamos de la portavoz del Partido Popular- la
incapacidad que tienen los ayuntamientos de poder hacer frente a estas auditorías. Aquí podemos tener una normativa que nos ampara; sí, ¡solo faltaría! Yo he sido concejal de Hacienda, como la portavoz del Partido Popular, y sabemos lo que supone
de coste una auditoría para controlar a las eléctricas, ya no solo para su liquidación. Si encima ahora se pone de manifiesto que hay incorrecciones en la misma, la situación realmente empeora. La financiación local, decíamos, no está cumpliendo
las necesidades de la ciudadanía ni de los ayuntamientos. Los objetivos de déficit de la interpretación -estoy acabando, presidente- sumamente restrictiva de la regla de gasto ponen en
evidencia las restricciones de los ayuntamientos. Queremos ponernos en el lugar de los pequeños ayuntamientos y las ciudades medianas, a los que el ingreso percibido por las tasas de este tipo les puede suponer un 10 % de sus ingresos,
según indican algunos organismos. El quebranto y perjuicio que se les puede causar por su incumplimiento puede ser considerable.
De ahí que apoyemos esta iniciativa. Consideramos que se queda corta, ya que deberíamos instar a que estas auditorías que se puedan practicar sean a cargo de las energéticas, ya que son ellas las causantes del perjuicio, y que en todo caso
lo que tiene que hacer el Gobierno del Estado, preservando el principio de autonomía local -por supuesto, ¡solo faltaría!-, es dotar de recursos materiales y personales a los ayuntamientos, a fin de que se permita aflorar estos recursos públicos que
en su momento las energéticas no están declarando. Por todo ello, reitero que damos el apoyo a esta iniciativa, si bien consideramos que debemos dar un paso más allá dentro del ámbito de la financiación local.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perea i Conillas.
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Terminado el debate de todas las proposiciones no de ley que hemos visto hoy, vamos a pasar, si no hay ningún problema, a votación directamente de todas ellas.
En primer lugar, vamos a votar la proposición no de ley originalmente numerada como número 6.º, relativa a la participación del sector público en las empresas de distribución de energía eléctrica, del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota con la enmienda del mismo grupo, que le añade un nuevo punto número cuatro.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 8; en contra, 28.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos ahora la proposición no de ley sobre el desmantelamiento de la plataforma Castor, del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana. Se vota la transaccional que conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos ahora a la votación de la proposición no de ley relativa a la colaboración del Gobierno con las entidades locales en materia de fiscalización de pagos de tasas públicas por parte de distribuidoras y comercializadoras eléctricas. Se
vota con la enmienda aceptada del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa al alquiler de viviendas para uso turístico, del Grupo Parlamentario Socialista, en los términos de la transaccional que conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 12; abstenciones, 25.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos ahora a la votación de la proposición no de ley relativa a solicitar una mesa de negociación entre el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital y las asociaciones nacionales de productores de energía fotovoltaica, del Grupo
Parlamentario Socialista. Se somete a votación en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a evitar denuncias falsas de intoxicaciones alimentarias en establecimientos hoteleros españoles, del Grupo Parlamentario Popular, en los términos de la transaccional que conocen sus
señorías.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos).
Pasamos a votar la proposición no de ley relativa a la propuesta de cierre de la central térmica de Lada, en Asturias, y la necesidad de negociar un nuevo plan de la minería del carbón, del Grupo Parlamentario Mixto, en los términos de la
transaccional que conocen ustedes.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 11; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos ahora a la votación de la última proposición no de ley sobre el desarrollo y retención del talento en la economía digital, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que se vota en los términos de la proposición más la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Agotados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las ocho y cuarenta y cinco minutos de la noche.