CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 422

ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS

Sesión núm. 21 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

31 de enero de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital (Nadal Belda):


- Para informar sobre las medidas que piensa tomar el Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional que declara nulos e inconstitucionales los artículos 2.2, 4, 5 y 6, así como la disposición adicional primera y la disposición
transitoria del Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, por el cual se permitió cobrar una indemnización de 1350,729 millones de euros a las empresas promotoras del almacén de gas Castor, y para dar cuenta de las actuaciones que ha llevado a cabo
su Gobierno, en particular sobre el reconocimiento de retribuciones por un importe de 96 382,954 euros en el artículo 5 de la Orden ETU/1283/2017, de 22 de diciembre, publicada con posterioridad a la sentencia del Tribunal Constitucional.
Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000738) ... (Página2)


- Para explicar las medidas que va a adoptar el Gobierno tras la sentencia del Tribunal Constitucional que, resolviendo entre otros el recurso presentado por el Grupo Socialista, ha declarado inconstitucionales y nulos los artículos
referidos al pago de una compensación económica a ESCAL UGS, S.L. y a la atribución a Enagás Transporte, S.A.U. de los derechos de cobro del sistema gasista, contemplados en el Real Decreto-ley 13/2014, de 3 de octubre, con el que el Gobierno
acordó la hibernación del almacén 'Castor'. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000746) ... (Página2)

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- Para explicar las medidas que han provocado que el precio de la electricidad haya subido un 4,6 % en las primeras tres semanas de diciembre, así como las que piensa adoptar el Gobierno para afrontar la transición energética y abandonar una
política que empobrece a las familias, castiga la competitividad de las empresas e imposibilita la lucha contra el cambio climático. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000747) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para que informe y valore la situación actual del proceso del proyecto Marismas en el Parque Natural de Doñana, con relación al reciente informe del Instituto Geológico y Minero de España de diciembre de 2017 y al informe del Defensor del
Pueblo correspondiente a noviembre de 2017, así como aquellas otras cuestiones inherentes a la cuestión. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 213/000763) ... href='#(Página2)'>(Página2)


Se abre la sesión a las cinco de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital para sustanciar las comparecencias solicitadas por los grupos parlamentarios Confederal de Unidos-En Comú Podem-En Marea y
Socialista sobre cuestiones relacionadas con el almacén de gas Castor, el almacenamiento en el parque de Doñana y sobre la transición energética. La dinámica que utilizaremos es la que viene siendo habitual en esta Comisión: primero intervendrá el
señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital sobre las cuestiones que le han planteado los grupos parlamentarios y después intervendrán los portavoces de los grupos en uno o varios turnos, según lo hayan solicitado, en orden de mayor a menor,
cerrando el partido que sustenta al Gobierno. En función de las peticiones de los portavoces, valoraremos si se abre un turno de réplica posterior. En primer lugar, le cedo la palabra al señor ministro para que ilustre la comparecencia.


El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señorías.


Intervengo ante esta Comisión porque ustedes han pedido al Gobierno que comparezca para hablar de los tres temas que quedaban pendientes, dos de ellos tratados en la Diputación Permanente y uno en la última Comisión parlamentaria, el primero
sobre la evolución reciente de los precios energéticos en nuestro país y, como bien ha dicho el presidente, el almacén Castor y el proyecto Marismas en el entorno del Parque Nacional de Doñana.


Con respecto a la primera cuestión, la evolución de los precios en los últimos tiempos en el sector energético español, especialmente en el sector eléctrico, lo primero que podemos ver es que enero ha sido un mes con un precio medio
mayorista sustancialmente mejor que el del año pasado, hemos pasado de un 71,5 euros megavatio/hora en el mercado mayorista el año pasado -año en el se dieron unas circunstancias muy especiales que luego relataré- a 50, que es un precio en el
entorno más o menos normal; no es un precio excepcionalmente bueno, los hemos visto mejores, y tampoco excepcionalmente malo. Hay una normalización de la evolución del precio del mercado mayorista en el año 2018 respecto al año 2017. Esto, según
nos cuenta la CNMC, en una factura ordinaria, para un consumidor doméstico, significa pasar de pagar 80,78 euros en el mes de enero del año 2017 a pagar 69,45 en enero de 2018. Es decir, estamos hablando de una rebaja del entorno de un 14 % en
precio final para los consumidores y un 30 % en el precio mayorista. Dado que hay una parte fija de la tarifa y una serie de impuestos, el resultado final es de en un 14 % para el consumidor final. ¿Por qué se produce esta diferencia?
Esencialmente porque, como ya les he dicho en más de una ocasión, hay determinados factores coyunturales que determinan el precio final del mercado mayorista y eso a su vez se va hacia el precio minorista. España es un país que repercute de manera
muy inmediata la evolución del mercado al precio minorista. Esto es precisamente lo que va a ser obligatorio, por cierto, a partir de la aprobación del paquete de invierno, por lo cual ya tenemos en España este sistema. Este sistema tiene que ir
reflejando hora a hora, día a día o mes a mes los costes que va teniendo mercado.


¿Qué ocurrió en enero de 2018 respecto a enero de 2017? Pues que no se dan las circunstancias tan adversas que se dieron entonces. Vemos que el parque nuclear viene a producir más o menos lo mismo los dos meses, ha habido un cierto
incremento de renovables, esto es especialmente verdad por la

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eolicidad; algo más de hidráulica, aunque tenemos todavía unos niveles de producción hidroeléctrica muy bajos en nuestro país, y tenemos una disminución sustancial del peso de las térmicas en el mix en el año 2018 respecto a 2017,
especialmente carbón y ciclos combinados, teniendo en cuenta además que el precio de los ciclos combinados en el año 2017 fue extraordinariamente alto. El año pasado lo que teníamos era una fuerte ola de frío en el hemisferio norte que disparó los
precios del gas, teníamos dieciséis nucleares francesas que no operaban y, por tanto, en lugar de recibir electricidad barata de Francia, en lugar de ser importador el saldo de electricidad con Francia, lo que hacíamos era exportar hacia Francia
nuestra electricidad porque el precio francés se había disparado. Por otro lado, una regasificadora en Argelia no operaba y hacía que la importación de GNL, de gas natural licuado, que es más caro, tuviese que aumentar en mayores proporciones, y
estamos en el comienzo de esa carrera y esa subida de los precios del petróleo. Como resultado, lo que tuvimos fue un año 2017 con precios en España similares a los de los países periféricos de nuestro entorno. Como ustedes ven y ya les he contado
más de una vez, en Europa tenemos tres zonas: los nórdicos, que tienen una enorme disponibilidad de agua y de gas noruego y ruso, que son los más baratos y de mejor calidad, eso hace que su precio esté alrededor de los 30 euros y se mantiene
bastante estable; luego tenemos el centro de Europa formado por Alemania, Austria, Benelux y Francia, que se sitúan en el entorno de los 40 euros, y luego los países periféricos, que no tenemos acceso a esa energía barata del norte de Europa, lo
tenemos limitado por falta de interconexiones y por nuestra propia escasez de lluvias, y el Reino Unido no tiene escasez de lluvias pero no tiene montañas, por lo cual le cuesta también la utilización hidroeléctrica. Esto hace que el Reino Unido,
península ibérica y península itálica, y también podríamos meter a Eslovenia y a Croacia, tengamos los precios mayores. Por eso el Gobierno siempre ha defendido las interconexiones. Cuando pongamos interconexiones con el resto de Europa podremos
tener acceso a energía más barata que existe en el centro y en el norte de Europa.


Si nos vamos a la evolución de los precios a lo largo del año, tuvimos un mes de enero muy malo que luego se fue normalizando con un cierto pico en el invierno que también se está modulando en el mes presente. Este pico es típico del
invierno, los precios suelen ser algo mayores en invierno que en el resto del año, y por otro lado también porque se van acumulando las subidas de precios del petróleo que se fueron generando lo largo del año. Como ven, desde mediados de 2016 el
crecimiento del precio del petróleo ha sido sustancial y esto repercute tanto en el precio del gas -normalmente en los contratos hay una unión entre el gas y el petróleo- como también cualquier energía alternativa al petróleo tiende a contagiarse de
la subida de precios del petróleo. En resumidas cuentas, el año 2017 tiene una subida de precios respecto al año 2016 que ya he comentado porque se mantiene la nuclear, las renovables son similares, hay un descenso casi del 50 % de la
disponibilidad de agua que se tiene que suplir con un incremento sustancial del carbón y ciclos combinados. En 2018 la hidraulicidad no ha mejorado sustancialmente porque todavía tenemos grandes problemas en los embalses, cuyos niveles están más o
menos por la mitad de lo que tenemos como media en los últimos diez años. No se está utilizando la energía hidráulica hasta los niveles que podría utilizarse por falta de recurso, sin embargo, hemos tenido mejor situación de viento y un
estancamiento del precio del petróleo, lo que nos ha permitido que los precios en estos momentos estén operando de una mejor manera.


En definitiva, como les decía, a muy corto plazo el precio del petróleo se mueve por factores coyunturales como la meteorología. Ya sé que arreciaron mucho las críticas al Gobierno el año pasado cuando tuvimos unos precios tan altos de la
electricidad a principio de mes. Ahora mismo no voy a decir que es gracias al Gobierno el que los precios estén en 50, esto es sencillamente por cómo se va moviendo la coyuntura, unas veces va mejor y otras veces va peor, pero lo que sí influye
sobre el precio es la política energética en el medio plazo, asunto del que es interesante que hablemos. Una cosa es que mes a mes, día a día, dependa de determinados factores y otra cuestión es que decisiones de política energética tengan
influencia en todos los elementos que sirven para conformar ese precio final de la electricidad.


Lo primero que tenemos que tener claro es que la parte regulada, que son aquellos costes que sí dependen de las decisiones que se toman aquí, en las Cortes Generales, y por el Gobierno, lleva congelada o bajando cinco años. Eso ayuda mucho
a moderar los precios, cuando evidentemente suben, porque sabemos que no se está añadiendo a un crecimiento de precios que pueden venir por los factores del año pasado, que no se está añadiendo un coste adicional proveniente de la política pública.
Ese es uno de los factores más importantes, con diferencia. Si nosotros en la parte regulada -que es, aproximadamente el 60 % de un recibo doméstico y el 30 % de un recibo industrial- somos prudentes, no incrementamos los costes, tendemos a
reducirlos o ayudamos a bajarlos, eso ayuda siempre en la

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formación de precio. Por otro lado, en cómo se forme el precio en el mercado mayorista en función de las diferentes tecnologías de producción. Aquí es donde creo que tenemos que tener un debate serio en nuestro país. Lo digo porque ya
hemos hablado en más de una ocasión en esta Comisión sobre una tendencia que se marca con la disponibilidad de tecnologías, luego los factores coyunturales hacen que haya cierta disponibilidad de recursos y de otros recursos no. Pero,
evidentemente, la disponibilidad de recursos o qué tecnologías hay disponibles sí depende o debería depender, por lo menos es la opinión del Gobierno, de la política energética; digo que debería depender porque creo -y adelanto esta aseveración-
que no debería ser una mera decisión empresarial, sobre todo porque esta era una manera de pensar que había en los años noventa, pero en el momento en que tenemos que cumplir con determinados objetivos medioambientales, especialmente en la lucha
contra el cambio climático, no vale producir de cualquier manera y, por tanto, las formas de generación no pueden ser solo aquellas que determinen la rentabilidad del mercado. Por esta razón, una vez que introducimos un elemento de intervención en
el mercado hay que ver cuáles son los sistemas más baratos para producir.


¿Cuál debería ser, por tanto, desde el punto de vista del Gobierno, el mix en el que deberíamos ir avanzando o que deberíamos ir generando en nuestro país? España tiene un objetivo para 2020 de un 20 % de energía renovable del conjunto de
energía primaria consumida. En estos momentos estamos en el 17,4 % -es verdad que la cifra es del año 2016, porque todavía no se han cerrado las cifras de 2017- frente, por ejemplo, a un 6 % de Holanda, un 9,3 % de Reino Unido y el 14,8 % de
Alemania o el 16 % de Francia. Todos estos países, salvo Francia, tienen objetivos inferiores al español. Alemania tiene un 16 %, Italia tiene un 17 %, Reino Unido un 15 % y España un 20 %. España es el país, con diferencia, que está más cerca
del cumplimiento del objetivo, y después de las subastas de renovables de 2017 estamos en una previsión del 19,6 o 19,7 % de cumplimiento del objetivo frente al 20. No sé qué es lo que va a ocurrir con los demás países, pero hoy por hoy los demás
países están mucho más lejos que España en su capacidad de cumplimiento del objetivo de renovables de 2020. Tenemos un objetivo para fijar a 2030. Ya saben ustedes que ahora mismo en la Directiva de Renovables, que es la única que ha aprobado el
Parlamento Europeo de los ocho elementos normativos que tiene el paquete de invierno, se ha fijado por parte del Parlamento un 35 %. El Consejo está en un 27. Aquí habrá que decidir cuál será la cifra final, que es una discusión entre
instituciones comunitarias, y a partir de ahí cómo se hace el reparto entre los diferentes Estados miembros.


Lo evidente es que, independientemente de la cifra que se ponga, dado que España para 2020 va a tener un 20 %, va a tener que aumentarse el nivel de renovables para cumplir con los objetivos medioambientales; en mayor o menor medida, va a
tener que aumentarse. Por tanto, la renovable va a seguir siendo el factor de crecimiento de generación dentro del sistema y lo que ocupa el centro del sistema energético -ya lo está ocupando; aproximadamente, el 40 %, según los años, dependiendo
de hidrauilicidad y eolicidad- viene a ser, aproximadamente, el 40 %. No se incluye dentro de las renovables otra energía no emisora que es la nuclear, que es otro 20 %. Y tenemos más o menos de media, un año con otro, un 20 % de carbón y un 20 %
de gas. La primera cuestión es qué hacemos con la energía de base, cómo cubrimos la energía de base del sistema, teniendo en cuenta que no hay ninguna energía renovable que pueda actuar como base del sistema, es decir, que pueda trabajar
veinticuatro horas al día siete días por semana. Ya saben la opinión del Gobierno: ahora mismo las dos tecnologías que pueden dar base, que pueden dar funcionamiento de continuo, son nuclear o gas, las dos que permiten un nivel de producción en
continuo. La nuclear no admite CO2 y es más barata, pero emite residuos nucleares. El gas es mucho más caro y emite CO2. Nosotros opinamos que la nuclear como la base de producción del sistema y su situación en base sigue siendo la mejor opción,
pero me gustaría que también otras fuerzas políticas hablasen sobre esta cuestión porque es un tema fundamental.


Respecto a la punta, es decir, qué ocurre cuando la suma de la base y la renovable no cubre toda la demanda y, por tanto, hay que producir más porque si no, evidentemente, lo que tendríamos sería un apagón. No hay dos tecnologías
disponibles para actuar en punta, es decir, para actuar de forma flexible cuando se necesita producir aquí y ahora y en la cantidad que se necesita, que son carbón y gas, son las térmicas; el fuel creo que ha pasado literalmente a la historia,
salvo en sitios muy puntuales. Se están utilizando las dos. Algunos se están planteando la eliminación del carbón. Según los datos que hemos pedido -que ya los conocen pero los vuelvo a repetir porque creo que tienen interés- al operador del
mercado para que nos dijesen qué efecto tendría la retirada de las centrales de carbón y de las centrales nucleares de la oferta mayorista en el precio final mayorista, según el análisis hecho de los tres últimos años, es decir, se cogen los tres
últimos años, se eliminan esas ofertas y se calcula qué efecto tendría, en

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el caso del carbón estaríamos hablando de un incremento del pool en el escenario más favorable del 14 % del precio y en el escenario más desfavorable del 26 % del precio. En el caso de las nucleares, sería un 18 % de subida en el caso más
favorable y un 25 en el caso más desfavorable; caso favorable y caso desfavorable es si se realiza un cambio estratégico en las ofertas de agua, lo digo por si alguien tiene interés en los elementos diferentes en los cuales se han establecido los
supuestos. Si se retiran simultáneamente ambas tecnologías, el caso más favorable es un incremento de precio del 38 % y el más desfavorable un incremento del 64 % del precio; eso si hubiese ocurrido tal cosa sin estas dos tecnologías en los tres
últimos años, que es lo que se ha mirado. No es ni siquiera una simulación, es directamente una recasación del mercado, es un análisis con datos reales de oferta por parte de las diferentes compañías.


En definitiva, ¿qué es lo que nosotros pensamos? Teniendo en cuenta que el carbón emite el doble que el gas en CO2 y que más o menos tienen un volumen de producción similar y que la nuclear no emite, los niveles de emisión de CO2 serían
idénticos con base de gas y punta de gas, que si tenemos una base de nuclear y una punta con mezcla de nuclear y carbón, pero los precios serían sustancialmente más altos. Son los análisis que hacemos y por eso estamos haciendo la defensa que
estamos haciendo de las tecnologías, insisto, en los elementos en los cuales la renovable hoy por hoy tecnológicamente no puede entrar, que es en la base del sistema produciendo veinticuatro horas al día y en la punta del sistema, porque
evidentemente, si no tienes disponibilidad del recurso, tienes que utilizar térmicas, que es la única manera de conseguir que esa demanda sea satisfecha con un nivel de oferta suficiente.


Esto en cuanto al mercado mayorista. Es decir, qué podemos hacer en la política energética, independientemente de que cuanto más llueva y más viento haga muchísimo mejor para todos nosotros, porque evidentemente los precios mejoran, como se
ha demostrado este año y de que existan coyunturas internacionales y europeas favorables. También se puede hacer otra cosa para la mejora del mercado mayorista a medio plazo que es el aumento de las interconexiones, por la razón que decía
anteriormente: si vemos estos precios sabemos que los precios a lo largo del año y tendencialmente son más baratos cuanto más hacia el norte, cuanto más hacia esa península escandinava nos vamos aproximando. Cuanta más interconexión tengamos con
el resto de Europa, más nos podremos beneficiar de formas de producción más eficientes y más baratas que existen en el resto de Europa y de las que no disponemos en España o que no disponemos con la misma frecuencia en nuestro país. Esto supone el
equivalente a una apertura comercial. Es decir, la producción eléctrica cara española quedaría desplazada por producción más barata de otros países, pero eso es un beneficio al consumidor.


En lo que fue la discusión de la orientación general del paquete de invierno en el pasado Consejo Europeo la delegación española consiguió que en el ámbito europeo se tuviese una gobernanza de interconexiones equivalente a la que se va a
poner para renovables. Es decir, cuando un país no cumpla renovables va a haber una serie de métodos de presión, que son prácticamente idénticos cuando un país no cumpla con sus obligaciones de interconexiones. Por otro lado, saben que ha sido una
negociación complicada, pero la Comisión Europea ha concedido 867 millones de euros para la interconexión con Francia, la que va de País Vasco a Aquitania, la próxima que va a haber, más de 2000 megavatios, lo cual hará que su coste sea de unos 650
millones de euros. La estimación que hemos hecho es que tiene un beneficio para el consumidor de unos 320 millones al año. Es decir, en dos años estaría amortizada la inversión e inmediatamente esto generaría un enorme rendimiento y una mejora
sustancial. Hay un ligero aumento del coste a la parte regulada pero, a cambio de eso, la parte de mercado, como recibe competencia mayor del resto de Europa a través de Francia, va a moderar sus precios. Junto a esto, la entrada en funcionamiento
de 8000 megavatios de renovable a lo largo de este año y del que viene irá incrementando la oferta, una oferta que cuando está disponible entra a muy buenos precios, y ayudará a moderar de media los precios mayoristas en su conjunto. Por ello, con
respecto a estos precios mayoristas que tienen efectos coyunturales pero que podemos hacer muchas cosas a medio plazo para que mejoren, estamos poniendo en marcha más renovables, más interconexiones y al mismo tiempo estamos procurando que el mix
sea el más barato posible, con las menores emisiones de CO2 que nos permitan cumplir los objetivos de CO2 y al mismo tiempo con los objetivos de renovable.


En cuanto a la parte regulada, como ya les he dicho a ustedes, por un lado, llevamos cinco años congelando la parte regulada de precios. Es la intención del Gobierno, y además es un compromiso electoral, que a lo largo de toda la
legislatura se mantenga esa congelación por lo menos de los precios regulados, de los peajes, de aquella parte que pagan los consumidores fija en el recibo. Pero también tenemos una serie de buenas noticias para el futuro, y yo creo que sería bueno
que también se tomasen

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decisiones sobre esta cuestión. En primer lugar, a partir de 2020 se aplicará la modificación del régimen retributivo de las actividades reguladas, tal y como está previsto en la ley. Esto, aplicado al conjunto de actividades reguladas,
supone un ahorro para el consumidor de unos 1500 millones de euros.


Francamente, yo creo que hay que aplicar la ley. Al aplicar la ley se retribuirán estas actividades como está previsto, que es al tipo de interés del bono del Tesoro a diez años más 200 puntos básicos en el caso de actividades de transporte
y distribución y 300 puntos básicos en el caso de las renovables. Son actividades sin riesgo. Hemos de recordar que los costes operativos se descuentan. Es decir, esto es lo que queda limpio de la inversión. Yo conozco muy pocas inversiones que
obtengan Tesoro más dos puntos porcentuales sin riesgo. Lo digo porque creo que la rentabilidad es la que se estableció y se ha definido como rentabilidad razonable. Ya sé que hay alguna propuesta, con la que no estamos de acuerdo, de que se
mantenga esta rentabilidad, pero es una rentabilidad que se fijó cuando había una altísima prima de riesgo en la economía española y el bono del Tesoro estaba muy caro. Que se estén financiando a tipos bajos -porque ahora cualquiera en el mercado
se puede financiar a tipos bajos- y obtengan una retribución muy superior a la que ahora mismo tienen los activos sin riesgo, como son los del Tesoro -ya estamos dando 200 puntos básicos, que eso es mucho en el mercado, y no digamos si son 300-, me
parecería que sería poco entendible por aquellos consumidores que tienen unos costes fijos altos en el sistema que provienen de todo lo que se ha hecho en política energética en nuestro país en el pasado y que va manteniéndose a lo largo del tiempo.


Por otro lado, tampoco me parecen adecuadas propuestas que consistan en que de estos costes regulados de redes que tenemos y de otro tipo de peajes unos consumidores trasladen unas cargas a otros. Ya me han oído hablar en más de una ocasión
sobre esta cuestión. Son juegos de suma cero -unos ganan y otros pierden; yo creo que eso no es suficientemente aceptable- o son juegos de suma negativa incluso -en algunos casos pierde el conjunto de sistemas, pero el que lo quiere poner en
marcha obtiene una ventaja menor que el daño que genera a los demás consumidores-. En todo caso, ya saben que, aparte del pago de las redes con los costes regulados, lo que se está pagando también son las primas de la renovables a 7000 millones de
euros todos los años, las extrapeninsulares -la electricidad que pagan igual los archipiélagos, Ceuta y Melilla que el resto de la Península-, la amortización y la deuda tarifaria. Esta última partida tiene unos quince años de vida, irá
disminuyendo algo partir de 2020. Las primas de renovables tienen veinticinco años de vida y no es esperable que haya más, salvo que se cambie la política que estamos llevando a cabo, puesto que ya las renovables reciben una retribución sin
problema de mercado y entran sin ningún problema a competir con el resto de las energías de producción eléctrica, salvo por el hecho de que tienen el problema de la intermitencia, de que siempre hay que tener sistemas de respaldo para cubrirlas.


Estos serían los elementos básicos de la formación de precios en nuestro país. Lo que les hemos comentado a los grupos parlamentarios en estas últimas semanas es que nos gustaría hacer una serie de ajustes, la gran mayoría de ellos
procedentes de sugerencias o de peticiones que nos han venido de organismos reguladores, en el sistema de retribución en la parte regulada. Voy a hacer una descripción de los mismos porque me gustaría, si los grupos están de acuerdo, poder
adelantar lo que podamos con algún tipo de enmienda en el Senado o, si no, ya les adelanto que, si no estamos de acuerdo con esto porque ustedes saben que las enmiendas en el Senado requieren un amplio consenso político si varían sustancialmente el
contenido de lo que sale del Congreso, lo que me gustaría sería hacer un planteamiento como proposición de ley -ya la tiene mi grupo- con estas enmiendas para que sean tramitadas en el Congreso por todos los grupos que están aquí representados.


Estas enmiendas consistirían en lo siguiente. En primer lugar, para reducir costes en el sistema en el ámbito de transporte y distribución, en ámbitos en los cuales estamos viendo que puede existir un claro caso de sobrerretribución. En
primer lugar, lo que se llama el factor de retardo. Para que entendamos cómo funciona el sistema, una empresa, puede ser una distribuidora eléctrica o red eléctrica de España como transportista, realiza un proyecto que está en la planificación.
Una vez que realiza el proyecto, se tiene que reconocer ese proyecto, se tiene que integrar dentro del sistema y empieza a cobrar más o menos dos años más tarde. Como tarda dos años en cobrar, ahora mismo se le paga esa falta de cobro durante dos
años a un equivalente tipo de interés del 10 %. Un tipo de interés del 10 % para actividades que están financiadas a dos años en los precios de mercado actual es un tipo altísimo. Pagar un 5 % anual por una financiación a dos años yo creo que en
el mercado no lo paga absolutamente nadie para el nivel de riesgo que tiene la economía española y para el nivel de riesgo que tiene esta actividad, que es cero. Lo que pretendemos con esta enmienda es sustituirlo por un índice financiero de
financiación a dos

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años. El impacto de esta medida estaría por encima de los 100 millones de euros. Estamos hablando de un sector que recibe 7000 millones de euros al año. Esto sería unos 100 millones de impacto, pero creemos que es un nivel de
sobrerretribución elevado y que por tanto debería corregirse. Tal y como está la normativa eléctrica española, se tiene que corregir con una norma con rango de ley.


En segundo lugar, para determinados activos, cuando la CNMC calculó su valoración en distribución y en transporte hubo una serie de demandas y quejas por parte de los pequeños distribuidores, pequeñas empresas -hay muchas en Cataluña, en
otras partes de España también- que hacen distribución y que compiten con las grandes empresas distribuidoras. Se quejaron porque se habían valorado incorrectamente sus activos y estaban discriminados a la hora de retribuírseles a ellos. La CNMC
estudió el caso y dijo que tenían razón, pero solo en parte. Están discriminados, pero no como ellos pensaban. Ellos están bien retribuidos, pero hay un exceso de retribución en determinados activos de las grandes empresas distribuidoras. Las
CNMC nos envió ese expediente y nos pidió que iniciásemos un procedimiento de lesividad, es decir, de corrección por parte de la Administración pública, en este caso desde el cálculo que había hecho la CNMC y la orden ministerial del ministerio, que
directamente daba traslado a lo que la CNMC había calculado en su día. Esto está ahora mismo a la espera de sentencia por parte del Tribunal Supremo. Pero ¿qué pedimos al Congreso de los Diputados, al Senado o a las dos Cámaras? Lo que pedimos es
adelantar lo que debería ser el efecto de esta sentencia y aplicar lo que nos ha pedido la CNMC: que hagamos un cambio retributivo en determinados activos que ellos, a resultas de esta demanda, han visto que hay que corregir, y sería bueno hacerlo
cuanto antes porque cada minuto que pasa, cada día que estemos retribuyendo estos activos de esta manera estamos haciendo perder dinero a los consumidores frente a los distribuidores, que el propio regulador independiente ha dicho que está
sobrerretribuido. El impacto de esta medida -lo digo para dejarlo adecuadamente claro- sería de unos 70 millones de euros adicionales. Estamos hablando de 170 millones de euros de unos 7000 millones de euros de ingresos en total.


¿Por qué hacemos esto? Porque en nuestro sistema energético está resultando que cuando las grandes empresas eléctricas miran la regulación y en determinados elementos discutibles van a los tribunales, en algunos casos los tribunales les dan
la razón. El Gobierno siempre defiende la estabilidad regulatoria y que se mantengan las normas tal y como son, porque para eso evidentemente han salido de las Cortes Generales y en su desarrollo reglamentario por parte del Gobierno. Ahora, hay
veces en que los tribunales les dan la razón, y esto está generando un impacto inmediato en el consumidor. Sin embargo cuando la CNMC se encuentra con elementos de sobrerretribución tenemos que recurrir a procedimientos de lesividad, y esto hace
que las correcciones a favor del consumidor sean tremendamente engorrosas. ¿Qué pretendemos con estas normas que estamos poniendo aquí? Que sea mucho más fácil aplicar esa defensa del consumidor cuando, por ejemplo, el regulador independiente así
lo considera conveniente y le pide al ministerio que de un paso, que cambie la normativa para adecuarla a sus estimaciones, a sus previsiones y a las aplicaciones de su propia normativa, que es lo que ellos hacen. En el primer caso, estaríamos
haciendo una retribución menor de un 10 % en dos años, un 5 % anual, a una serie de activos, aunque parece muy excesivo a los tipos de interés actuales. Y, en segundo lugar, lo que hacemos es acoger la petición que nos hizo la CNMC de lesividad,
pero acelerando el proceso de aplicación a través de una norma con rango de ley.


En tercer lugar, Red Eléctrica, en este caso otro operador independiente del sistema, cuando se hizo el real decreto de normativas extrapeninsulares tenía pendiente calcular la verdadera eficiencia de las centrales. No tenía los datos
disponibles entonces porque son datos laboriosos de obtener, pero ahora sí que los tiene disponibles y también nos está pidiendo que corrijamos los parámetros que entonces se calcularon -que eran antiguos- por los nuevos, lo que permitiría un cambio
de retribución, en el caso de la energía extrapeninsular, en unos 15 o 20 millones de euros. Pero nuevamente, tanto en el caso de la CNMC como este del que estamos hablando, dependerá también de los cálculos definitivos que nos pase, tanto la CNMC
como el operador del sistema eléctrico en esta cuestión. Esto es en el sector eléctrico.


La CNMC también nos ha advertido de que en el sector gasístico existe una determinada bolsa de activos, especialmente los activos previos a 2001, en los cuales podría darse una situación de necesidad de corrección. Aquí no ha sido tan
concreto. Así como en el caso de electricidad sí que nos ha traído el expediente completo, y ya iniciamos en su día el procedimiento de lesividad, en este caso no ha sido tan concreto. Pero en previsión de que pueda ocurrir algo similar y para no
tener que volver otra vez a las Cortes Generales para hacer exactamente lo mismo, pedimos al Parlamento que se habilite para el gas, igual que para electricidad, una disposición que permita, en cuanto tenga claras estas cuestiones la

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CNMC, poderlas tramitar a toda velocidad en beneficio de ese conjunto de consumidores que son los que pagan las actividades reguladas. Aquí nuestra estimación es que el impacto puede ser desde cero -es decir, que la CNMC diga: no estamos
viendo ningún elemento de sobrerretribución- hasta en torno a unos 50 millones de euros. Estas son las estimaciones que estamos haciendo nosotros, pero de nuevo depende enormemente de lo que luego vaya a hacer la propia CNMC.


Esto es lo que estamos pidiendo para hacer ajustes en el sistema; el sistema está operando con normalidad, pero de vez en cuanto tenemos, o bien algún caso de una sentencia, o bien algún caso de algún elemento imprevisto que es necesario ir
cambiando. Nosotros pensamos que cuando los reguladores independientes, en este caso la CNMC o el operador del sistema, nos piden correcciones a la retribución, y que además son de los órdenes de magnitud que he dicho, no cambian sustancialmente
los elementos del sistema pero sí ayudan a hacerlo más eficiente y a adaptarlo cada vez más a los análisis de los reguladores independientes o de los que propiamente pueda hacer el ministerio, como el primer caso que les he dicho, es bueno que
tengamos la flexibilidad desde la regulación pública para ir en beneficio del consumidor y no producir una asimetría de que cuando haya algo que beneficie a las grandes empresas energéticas se aplique inmediatamente como consecuencia de una
sentencia, y cuando hay algo que beneficia al consumidor tenemos que pasar por un largo proceso de declaración de lesividad que muchas veces tarda mucho tiempo en producirse, y que sin embargo se podría poner en marcha de una manera más inmediata.


Junto a eso querríamos proponer a las Cortes Generales un cambio normativo en otro aspecto muy importante, que es el tratamiento del desmantelamiento de las centrales nucleares. España es el único país del mundo en el que el
desmantelamiento de una central nuclear -no del resto, el resto sí es responsabilidad de la propia empresa- es responsabilidad de todos, a través de la empresa pública Enresa, que hace dos cosas: el tratamiento de los residuos, que en todos los
países es una operación común y generalmente con un ente público, y por otro lado, el desmantelamiento de la propia central. ¿Qué ocurre? Que cuando se decide el cierre de una central el propietario quiere abandonarla y dejársela a Enresa cuanto
antes, y no acometer una serie de inversiones de predesmantelamiento que están obligados a hacer. Por otro lado, es verdad que el fondo de Enresa depende enormemente de la evolución financiera del mismo. Es decir, en función de qué tipos de
interés se están pagando -llevamos una etapa de bajísimos tipos de interés- el fondo Enresa está teniendo menores ingresos, menores intereses de los que inicialmente se habían previsto. ¿Esto qué significa? Que ahora mismo el cierre de cualquier
central -y estamos en el proceso del cierre de la central de Santa María de Garoña- supone una aportación adicional por parte del sector público.


¿Qué es lo que nosotros pedimos a las Cortes Generales? Lo que estamos pidiendo es que cambiemos el sistema, de forma que cuando se tenga que desmantelar -no para el resto de los gastos, pero sí para el desmantelamiento- esa obligación pase
a los propietarios de la central, entregándose el fondo de Enresa, en su parte correspondiente, a los propietarios de la central, de forma que a partir de entonces, igual que en el resto de las centrales eléctricas del sistema, la responsabilidad de
dejarlas en perfecto estado, desmantelarlas y dejarlas en perfecto cumplimiento de sus obligaciones medioambientales sea de las propias empresas eléctricas dueñas de las centrales.


Por otro lado, tenemos otra serie de enmiendas o de partes de la proposición de ley, en función de lo que se considere por parte de los grupos que es más adecuado para su tramitación -aunque parezca mentira se tienen que hacer por rango de
ley-, que son técnicas, pero que ayudan sustancialmente a determinadas cuestiones. Por ejemplo, para la movilidad eficiente del vehículo eléctrico nos gustaría una desregulación para los postes eléctricos de recarga del gestor de carga, de forma
que esto suponga una liberalización, que cualquiera pueda poner un poste eléctrico. Y otra cuestión es permitir que los buques, aeronaves y otro tipo de vehículos se puedan conectar a la red de los puertos y aeropuertos. Tal y como está ahora
mismo la normativa, para acceder o vender electricidad tienes que ser comercializador eléctrico, con lo cual llega un crucero a un puerto en España y no puede conectarse a la red y que el puerto le venda electricidad, sino que tiene que poner en
marcha el motor diésel para generar esa electricidad. Es mucho más sensato que pueda comprar esa electricidad en el puerto. Aunque parezca mentira, porque la regulación eléctrica es como es, esto requiere rango de ley, y por tanto lo que les estoy
diciendo a sus señorías es que si podemos cambiar esto y cuanto antes mejor creo que será en beneficio de todos. Aunque sea una cuestión que parezca menor esto tiene su importancia en los ámbitos donde está y si lo podemos mejorar creo que nadie
estaría en contra.

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Tenemos otra enmienda para evitar el fraude en la comercialización de hidrocarburos o nuevamente parte de la proposición de ley. Ahora mismo hay empresas piratas que operan y lo que se quiere es poner más garantías para que el que vende
hidrocarburos -gasolina y gasoil- no defraude a la Hacienda pública. Básicamente compran, no pagan el IVA, luego piden un aplazamiento del IVA, desaparecen, se queda la Hacienda pública sin cobrar, han vendido por debajo de coste porque no están
pagando el IVA, y estas empresas desaparecen y se generan fraudes. No les estoy exagerando, pero todas las semanas firmo dos o tres expedientes de estas características, así que calculen. Nuevamente si hacemos un cambio por rango de ley que limite
este tipo de actuaciones creo que sería más que adecuado. En definitiva esta es la evolución de los precios, las razones de los mismos, tanto en 2017 como en 2018; en 2018 vamos muy bien en relación con el año pasado, y espero que esta tendencia
continúe a lo largo de lo que queda de legislatura. Nos gustaría hacer algunos cambios de ajuste normativo, que en su mayoría nos lo han pedido los organismos independientes para ajustar la retribución de determinadas actividades. Nos gustaría
mejorar determinadas cuestiones de movilidad eficiente, que es algo en lo que creo que podemos estar todos de acuerdo, y nos gustaría luchar contra el fraude de hidrocarburos como medidas inmediatas, que sería bueno que se aprobasen cuanto antes,
porque cada día que pasa no estamos ayudando adecuadamente a que el sistema funcione de la manera que debería funcionar. Por otro lado, sí a lo que es el mix a medio y largo plazo -ya saben cuál es la posición del Gobierno-, junto con el hecho de
que pensamos que es muy bueno que siga aumentándose la capacidad de interconexión en España.


Respecto al almacenamiento Castor lo primero que tenemos que tener claro es que este es un proyecto que se inicia atrás en el tiempo, en el año 2006, que termina su construcción en el año 2011 con un coste muy superior al que inicialmente se
había previsto, ya que se habían previsto unos 700 millones de euros y acabó en unos 1200 millones de euros. Todo eso se hace desde el año 2006 hasta el año 2011; en un momento determinado, cuando se va a poner en marcha el funcionamiento en el
año 2013, todos sabemos que se producen una serie de seísmos y parecía bastante obvio que había una correlación entre la inyección de gas en el almacenamiento y los seísmos. El Gobierno lo primero que hizo fue ordenar que se parase la inyección de
gas, y evidentemente no permitir que entrase en funcionamiento el almacén. Por otro lado, se encargó un informe al Instituto Tecnológico de Massachusetts para que estudiase con la mejor tecnología disponible la relación entre la inyección de gas y
los seísmos. Como ustedes saben, porque ya di cuenta de ese informe en esta Cámara, el informe concluye que es casi seguro -nunca se puede dar una probabilidad del cien por cien- que la relación entre los dos esté clara, entre la inyección del gas
y los seísmos. Por tanto la decisión del Gobierno fue decir: Este almacenamiento no se va a volver a utilizar, y en el momento en que haya un estudio técnico que permita la viabilidad del proceso de desmantelamiento, se procederá al mismo.


Mientras tanto se quedaba el problema de una instalación que fue diseñada en legislaturas anteriores a las de este Gobierno, construida en esas mismas legislaturas, aceptados sus costes en esas mismas legislaturas. La constructora cobró la
construcción de esa instalación y se llevó evidentemente el pago de la misma, quedando una empresa gestora con prácticamente nada de capital y una enorme deuda, que en un porcentaje muy elevado era del Banco Europeo de Inversiones. En esas
circunstancias se pidió por parte del Gobierno al Tribunal Supremo un procedimiento de lesividad para que las decisiones que se hubiesen tomado en el pasado, y especialmente el contrato que se firmó con la empresa fuese declarado lesivo por parte
del Tribunal Supremo, y por tanto no pudiese procederse a su incursión dentro del sistema energético gasístico y proceder a su retribución. Esta petición de lesividad no fue aceptada por el Tribunal Supremo, por lo tanto se tuvo que hacer otra
cosa, que era un control de daños; ya que la instalación está ahí y el Tribunal Supremo no permite no incluirla dentro del sistema, se tendrá que hacer algo diferente. ¿Qué se hizo? En primer lugar, renegociar la deuda, lo que se hace en un plazo
muchísimo más largo y a un tipo de interés muchísimo más bajo. En segundo lugar, se decide evidentemente no operar, sino sencillamente dejar la instalación, pero no operarla. Esto permite bajar el coste de Castor de 280 millones de euros al año a
91. Por lo tanto el sector gasista iba a pagar casi la tercera parte del coste que estaba previsto cuando se planificó, se construyó y se aceptó esta instalación. Se renegocia la deuda a más largo plazo, se bajan los tipos de interés en la
retribución de esa deuda, y por otro lado se deja la instalación sin operar, no se le pagan los costes de operación ni de ningún tipo. Esto se hizo por decreto-ley con la idea de que si quebraba la empresa concesionaria evidentemente se iba a
producir un fallido en una deuda del Banco Europeo de Inversiones, y recuerden que estábamos en el año 2013, en la época en que la prima

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de riesgo de la economía española era todavía muy alta, había dudas sobre el euro y había problemas con la deuda soberana española.


Al respecto hicimos este decreto-ley y hubo un recurso de inconstitucionalidad del Grupo Socialista, de la Generalitat de Catalunya y del Parlament de Catalunya, si la memoria no me falla. ¿El Tribunal Constitucional qué ha dicho? El
Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente. Primero, que respecto a las peticiones de inconstitucionalidad que se han formulado sobre varias cuestiones, la hibernación y la asignación a Enagás de la instalación no tiene ningún problema de
constitucionalidad, y que la utilización del instrumento del decreto-ley es perfectamente entendible dadas las circunstancias y la urgencia del momento; de hecho dice que se trata de una medida con la que se pretende -esto es entrecomillado de la
sentencia- conjurar los riesgos que para personas, bienes y especialmente medio ambiente, pudiera generar la existencia de una instalación de almacenamiento de gas bajo las aguas del mar Mediterráneo, en especial si esa instalación quedara
desatendida o se mantuviera a la sola suspensión de actividades administrativamente acordadas. Por lo cual -dice el tribunal- debemos concluir que la adopción de la decisión de hibernación de la instalación de almacenamiento subterráneo Castor ha
sido adoptada respetando la definición constitucional de la figura del decreto-ley. Respecto a la asignación también dice que en este supuesto la norma que se adopte por decreto-ley se justifica en que la extinción de la concesión otorgada era un
requisito necesario para que la administración pudiera acordar la hibernación, por lo que las mismas razones de urgente y extraordinaria necesidad que justifican esta medida justifican también que, en virtud de esta norma, se acuerde la extinción de
la concesión.


Lo que no acepta el Tribunal Constitucional son las razones por las cuales -lo dice aquí- la asignación de pago al sistema gasista ha de llevarse a cabo en unos términos y plazos tan perentorios para excluir del recurso al procedimiento
legislativo ordinario o de urgencia. Es decir, lo que dice es: Si ustedes hubiesen tramitado el decreto-ley como proyecto de ley, nada que objetar, pero en esta parte en concreto, como utilizaron el decreto-ley con convalidación, pero sin
tramitación posterior, queda anulada por inconstitucional la parte que define el proceso financiero, y que no está la urgencia adecuadamente justificada o no justifica la utilización del instrumento de decreto-ley. Evidentemente las sentencias del
Constitucional son para cumplirlas en todo caso, y como el Constitucional ha dicho que esto evidentemente es inconstitucional, tiene sus consecuencias. Las consecuencias son que la sentencia no fue publicada hasta -si no recuerdo mal- el 16 enero,
y cuando se emitió la orden de peajes del gas lo que hizo el Gobierno fue evidentemente incluir el Castor, porque aunque había salido por los medios de comunicación, no había un efecto jurídico de la sentencia. El día 16 enero llega la sentencia y
en veinticuatro horas se remite una carta a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia por parte del ministerio, que remite el secretario de Estado, comunicando que la sentencia ha sido publicada en el BOE, y que teniendo todavía la
competencia en liquidaciones por parte de la CNMC en el sector gasístico, proceda a dar cumplimiento a la sentencia. Ya sabemos que la CNMC ha dado cumplimiento a su sentencia y ha dejado de pagar los costes operativos y el pago de la deuda, que
está en manos de determinados bancos. Es decir, tenemos ahora mismo un efecto que proviene de la sentencia que quiere decir que este gasto del Castor no se puede considerar como parte de los costes regulados del sistema, y no se procede a su
retribución. Nosotros nos limitamos a pedirle a la CNMC que cumpla la sentencia, lo que evidentemente ha tenido estos efectos.


¿Qué puede ocurrir después? Lo previsible es que pueda haber una enorme litigiosidad entre privados, y entre privados y operadores públicos como consecuencia de la misma. Ahora mismo tenemos una inversión que en su día se incluyó como
inversión retribuida, porque el Tribunal Supremo dijo que había que incluirla; ahora el Tribunal Constitucional ha dicho que no, y por tanto la CNMC ha actuado en consecuencia no retribuyendo. Hasta aquí son las consecuencias de lo mismo; ya
veremos en última instancia si hay una modificación del estatus jurídico de esta cuestión, ahora mismo el que hay es el del cumplimiento de la propia sentencia del Tribunal Constitucional.


Por último voy a abordar el tema de Marismas Occidental y del almacén de gas. El almacén de Marismas aquí lo tenemos (Muestra un gráfico en powerpoint) y vemos que los diferentes almacenamientos que en su día se previeron forman esas
estrellitas rojas, y ninguna de ellas está en el Parque Nacional de Doñana, sino en zonas en las cuales hay actividad humana de algún tipo. En todo caso, para abrir y poner en funcionamiento un almacenamiento se requieren una serie de requisitos
previos, esencialmente dos. Uno es una declaración de impacto ambiental, que es competencia de la autoridad autonómica, en este caso de la Junta de Andalucía. El segundo es que, desde los cambios normativos que hicimos con Castor, se encargan al
Instituto Geológico y Minero una serie de análisis

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sobre la sismicidad y la situación geológica de los almacenamientos. Tenemos una serie de elementos diferenciados que forman parte de un conjunto dentro de este proyecto. Como decía ninguno de ellos forma parte del Parque Nacional de
Doñana, sino que están en zonas relativamente aledañas, pero evidentemente no dentro del parque, lo cual sería absolutamente imposible. Eso lo prohíbe toda la normativa medioambiental que existe en nuestro país.


El estado de tramitación es el siguiente. Marisma Oriental. La Junta de Andalucía emitió autorización ambiental unificada desfavorable el 8 de enero de 2016, por lo cual el almacenamiento de Marismas Oriental, mientras tenga esta
declaración de impacto ambiental hecha por la Junta de Andalucía, no puede llevarse a cabo ni se puede tramitar. En segundo lugar, Saladillo. No requiere autorización ambiental unificada, pero está pendiente de lo que diga la Junta de Andalucía.
Si la Junta de Andalucía emite un informe igual que el de Marismas Oriental, no se puede tramitar la licencia de construcción y menos aún la licencia de funcionamiento, porque de entrada no se podría construir. Después tenemos Marismas Occidental.
Tuvo en su día una autorización ambiental unificada favorable de la Junta de Andalucía. Nosotros hemos escuchado en medios de comunicación que la Junta de Andalucía quiere revisar esta decisión. Si piensan así, creo que lo deberían hacer por los
procedimientos administrativos adecuados y no con declaraciones públicas. Cuando existe una declaración hecha a favor de un administrado y se quiere revocar esa declaración, existen procedimientos administrativos; antes hemos hablado de la
declaración de lesividad o cualquier otro que tengan previsto en su legislación o en la legislación administrativa nacional. Creo que la Junta de Andalucía debería hacerlo.


Nosotros por nuestra parte estamos pendientes de que se emitan por parte del Instituto Geológico y Minero los dos informes que les hemos solicitado. El propio ministerio ha solicitado al Instituto Geológico y Minero dos informes, y de hecho
lo hemos realizado con extremada prudencia. No tenemos tanta obligación, pero sabiendo que es un almacenamiento de gas, hemos pedido dos informes. Uno de ellos ha establecido una serie de obligaciones por parte del administrado respecto a
determinados riesgos de inundación. Nosotros hasta que no nos encontremos en una situación de visto bueno al cien por cien de la Junta de Andalucía en su declaración de impacto ambiental, y de visto bueno al cien por cien por parte del Instituto
Geológico y Minero de que se cumple con los requisitos, según los estándares adecuados de seguridad en el ámbito geológico y sísmico, evidentemente no vamos a dar una licencia de funcionamiento. Ahora bien, la Junta de Andalucía, si tiene un
criterio diferente en el ámbito medioambiental, debería empezar a cambiarlo a través del procedimiento adecuado. Para el ministerio es mucho más complicado encontrarse con un documento oficial de la Junta de Andalucía diciendo que tiene una
declaración de impacto ambiental favorable, pero luego se nos pida que deneguemos la autorización de funcionamiento, lo cual sería muy arbitrario por nuestra parte. Por tanto tienen ellos que argumentar por qué tenemos que denegarla. Evidentemente
nosotros por nuestra parte con una declaración de impacto ambiental desfavorable nunca autorizaremos la puesta en funcionamiento. Es más, si se inicia un procedimiento por parte de la Junta de Andalucía, hasta que no termine ese procedimiento con
el resultado que tenga que ser, nunca daremos la licencia de funcionamiento del almacenamiento.


Creo que con esto he dado cuenta de los temas para los que se solicitó la comparecencia del Gobierno en esta Comisión.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por las explicaciones dadas, señor ministro.


A continuación intervendrán los grupos de mayor a menor y cerrará el Grupo Parlamentario Popular. El tiempo es de diez minutos por grupo. Ruego a sus señorías que, a pesar del reparto dentro de los grupos, se atengan al tiempo estipulado.
Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, interviene en primer lugar el señor Rallo Lombarte.


El señor RALLO LOMBARTE: Muchas gracias, presidente.


Sobre el tema Castor, ministro, tengo que decirle sin paliativos que su intervención al respecto ha sido decepcionante, sonrojante y -sin ánimo de molestarle u ofenderle- casi le diría que grosera con esta Comisión, porque ha dedicado de su
hora de intervención cuarenta minutos a otro tema y quince a esta cuestión, pero no para ofrecerle a esta Comisión las explicaciones que merecía, sino para hacer un excurso histórico y del contenido de la sentencia que ya conocíamos todos. Lo que
usted tenía que hacer hoy aquí era dar explicaciones de por qué el Gobierno en su día aprobó un decreto ley que en el plazo de treinta y cinco días obligaba a indemnizar a una empresa con 1350 millones. Eso es lo que el Tribunal Constitucional les
ha dicho a ustedes que es inconstitucional y nulo. Afortunadamente, gracias a los recursos interpuestos en su día por la Generalitat de Catalunya y por el Grupo Parlamentario Socialista,

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se ha revertido y hoy los consumidores no están pagando el canon que se les había impuesto y que se les iba a imponer a lo largo de treinta años. Usted tenía que dar explicaciones de por qué se adoptó aquella decisión exprés, por qué
adoptaron una decisión que exclusivamente beneficiaba a intereses particulares y no perseguía los intereses generales. Además hoy aquí tenía que haber aportado información sobre qué piensa hacer el Gobierno, y no simplemente decirnos que ya veremos
y que se augura una gran litigiosidad entre privados. Usted es ministro de Energía y tendrá que actuar. El Gobierno tiene la obligación de ejercer funciones de dirección y de iniciativa legislativa, y está haciendo una dejación de
responsabilidades extraordinaria. La sentencia abre la puerta a que en el marco legal vigente se reconsidere esa indemnización en los términos en que está planteada, como no se hizo en su día, que se evalúen corresponsabilidades y que se contemple
la posibilidad de una quita que beneficie a los intereses generales. Por último, usted hoy aquí tenía también que dar cuenta de qué piensa hacer el Gobierno para recuperar esos 1350 millones que en treinta y cinco días le regalaron a la empresa
correspondiente. Decepción e irresponsabilidad, ministro; esa es nuestra conclusión oída su comparecencia.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Rallo Lombarte.


Por parte del mismo grupo parlamentario, tiene la palabra la señora González Bayo.


La señora GONZÁLEZ BAYO: Gracias, señor ministro, por acompañarnos.


El proyecto industrial Marismas Occidental, que es el que está en marcha, es un subproyecto dentro de un proyecto mayor que cuenta con tres subproyectos más -como ha comentado usted, Saladillo, Marismas Oriental y Aznalcázar- dentro de la
actividad industrial que Gas Natural pretende llevar a cabo en el espacio protegido de Doñana. Sabe usted, señor ministro, que si realmente se realizara el conjunto completo de este proyecto que Gas Natural pretende llevar a cabo en Doñana sería el
almacenamiento mayor de gas de toda Europa en un espacio singular, en un ecosistema lleno de valores y reconocido internacionalmente, y como usted sabe igual que yo, justo en la periferia de un parque nacional que es reserva de la biosfera,
patrimonio mundial de la Unesco y una seña de identidad para Huelva, para Andalucía, para toda España y para Europa.


La empresa Gas Natural vio que el proyecto era muy amplio e intentó trocearlo en subproyectos. El primero que gestionó fue el de Marismas Occidental, al cual en 2016 el Gobierno de Mariano Rajoy le dio la autorización sustantiva, avalándolo
técnica y medioambientalmente. ¿Qué problemas tenemos? Al no poder evaluar conjuntamente los cuatro proyectos, no podemos saber cuál sería el efecto acumulativo de estos proyectos en Doñana y en su entorno.


El Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno de la Junta de Andalucía, donde gobernamos los socialistas, queremos que se paralice su proyecto Marismas Occidental, y así se lo ha hecho saber en varias ocasiones el consejero de Medio
Ambiente del Gobierno andaluz. Habla usted en su intervención más como si fuera el consejero de Medio Ambiente que como si fuera el ministro de Energía, porque solo nombra lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía pero no dice qué va a hacer
usted con el proyecto Marismas Occidental ni qué pensamiento tiene su ministerio de cara a los tres proyectos que están parados. Por eso, le pediría por favor, señor Nadal, que se remitiese usted a su competencia, que es la de ser ministro de
Energía, y que analizase con delicadeza y con cuidado el proyecto Marismas Occidental, porque a la petición de los socialistas se ha unido también la del Defensor del Pueblo andaluz y la del Defensor del Pueblo español, así como la del Consejo de
Participación de Doñana y, como conoce usted igual que yo, la de la Unión Europea.


Como usted ha manifestado en su intervención, hay un informe emanado del Instituto Geológico y Minero que reconoce que el riesgo de inundaciones que presenta el proyecto Marismas Occidental a día de hoy es mayor que el que propuso la empresa
cuando lo tramitó ante el ministerio. Por eso, señor Nadal, los socialistas le queremos decir que Doñana no es el lugar más idóneo para almacenar gas, que no queremos que Doñana sea un almacén de gas, motivo por el cual le formulo las cuatro
preguntas siguientes. Señor ministro, ¿tiene su ministerio intención de impulsar cuantas acciones legales sean necesarias para que Doñana no se convierta en un almacén de gas? ¿Es usted consciente de la obligación que tenemos todos de cuidar del
patrimonio natural para las generaciones presentes y para las venideras? ¿Considera su ministerio que la empresa Gas Natural, en la documentación presentada en su momento en el trámite de su proyecto Marismas Occidental, rebajó el nivel de riesgo
en cuanto a las inundaciones en la zona afectada? Y por último, ¿plantea el informe, que usted conoce bien, del Instituto Geológico y Minero que las acciones que se están llevando a cabo en el entorno de Doñana por el proyecto Marismas Occidental
son de peligrosidad alta para el entorno? Y si es así, ¿qué piensa hacer usted?

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Para terminar, quiero reiterar que los socialistas no queremos que Doñana sea un almacén de gas y decirle que desde la Consejería de Medio Ambiente se han llevado a cabo acciones legales para paralizar este proyecto.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González Bayo.


Por último, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.


La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.


Señor Nadal, nos alegra mucho a todos saber que las condiciones climatológicas de este último mes hayan permitido que el precio de la luz esté bajando. Afortunadamente ha llovido, aunque no suficientemente como para hacer frente a la
tremenda sequía que tenemos. Ha hecho sol, ha habido viento, pero esperamos no tener que encomendar el precio de la luz siempre a la meteorología.


Usted ha explicado en su intervención que hay medidas de política energética que también han contribuido, pero a mí no me ha quedado claro, porque, que yo sepa, la congelación en la retribución no baja el precio; en todo caso, lo mantiene.
No entiendo qué medida de política energética es la que ha influido realmente en el precio de la luz. Sinceramente, creo que no hay ni una sola medida de política energética que esté contribuyendo a bajar el precio de la luz.


Queremos saber -y por eso pedimos esta comparecencia- cómo se va a corregir la volatilidad de los precios y la tendencia de subida creciente. Le pedimos que avance cuáles son sus planes para abordar este asunto de tal importancia tanto para
la competitividad de las empresas como para el acceso de las familias a este recurso básico. El año pasado, 2017, ha sido un año récord en el precio de la electricidad en España, de manera que un consumidor medio ha pagado un 9,5 % más que el año
anterior, según los datos de la CNMC. Le quiero recordar que, por ejemplo, en países como Portugal, ha bajado un 10,2 %, según Eurostat, y en la media de la Unión Europea ha bajado un 2,1 %. Usted ha tratado de hacer un ejercicio complicado en
estadística, como es comparar el año 2017 con el mes de enero del año 2018. (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda, hace gestos negativos). Yo entiendo que sale bien la cosa, pero no es muy real, porque seguimos
sujetos a esa volatilidad y a esa incertidumbre acerca de los precios de la energía.


Queremos saber si su Gobierno está teniendo en cuenta todos los cambios que se avecinan dentro de nuestro sistema energético, siempre y cuando la política energética española esté alineada con la europea, porque, como usted bien ha defendido
en Europa, parece que lo que está forzando este ministerio es ir en contra de lo que la política europea está defendiendo.


No podemos obviar que tenemos delante uno de los retos globales de mayor magnitud, reto que tenemos que trabajar desde el nivel individual, pero por supuesto también desde la responsabilidad social y empresarial y desde la responsabilidad
política. Usted sabe bien que la lucha contra el cambio climático depende en un 70 % de lo que resulte de la política energética, porque las emisiones de gases de efecto invernadero se derivan en un 70 % del modelo energético. Por tanto, no valen
más excusas; no se pueden departamentar estos dos objetivos.


La ministra de Agricultura ayer mismo volvió a encogerse de hombros cuando le preguntábamos sobre los objetivos en materia energética para alcanzar los compromisos de París, y esto, señor Nadal, no es serio. Si no avanzamos en esa visión
integral de problemas, simplemente no avanzamos. Nos encontramos ante el reto de modificar un sistema energético para adaptarlo a las exigencias a las que nos hemos comprometido a nivel mundial. Países como Francia, Italia, Reino Unido, Portugal y
Suecia ya han puesto en marcha sus propios procesos de transición, y no lo están haciendo de manera aislada, sino en una estrategia de país, en una estrategia para la adaptación de sus economías.


Señor Nadal, en esta lucha encarnizada en la que se encuentra contra la subida del precio de la luz está tomando medidas que no sirven para bajarlo, y la realidad es muy tozuda. No sirven, señor ministro, usted mismo lo ha dicho. Si ha
bajado ha sido por cuestión climatológica. No sirven ahora y no van a servir en el futuro si ustedes no entienden que para abordar este asunto -como la mayor parte de los asuntos en política- hay que hacerlo de manera sistémica. No puede usted
seguir haciendo cálculos -como ha hecho aquí hoy de nuevo- de lo que va a subir o bajar la luz si dejamos de utilizar una tecnología u otra, usando los parámetros actuales para la fijación de precios. No podemos hacer eso. Sabe usted de sobra que
con la expansión de las renovables se va a producir una distorsión en el mercado, tal y como está concebido. El sistema de fijación de precios actual no va a valer para un escenario distinto con una

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economía electrificada y con unos costes de producción mínimos. Por tanto, resultan estériles sus cálculos si no planteamos estos cambios de manera global.


En consecuencia, le digo -y termino, presidente; gracias por su generosidad-, primero, que acepte usted esta realidad inminente que tenemos delante, porque el sector energético no necesita más parches; lo que necesita es una reforma
integral. Quisiera saber si está usted dispuesto a abordar esa reforma integral. Y por último, como usted habla de lo que quiere cuando quiere, como ya le he dicho en otras ocasiones, cuando traigan ustedes ese proyecto de ley, lo debatiremos en
el Congreso de los Diputados.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lucio Carrasco.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, los portavoces también se repartirán el tiempo de las intervenciones. En primer lugar, intervendrá el señor López de Uralde Garmendia.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.


Buenas tardes, señor ministro. Empezaré diciendo que nos ha dado usted una exclusiva que contradice radicalmente lo que dijo ayer en este mismo Congreso de los Diputados la ministra de Medio Ambiente. Usted ha reconocido hoy que España no
va a cumplir con los objetivos 2020. (El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital hace gestos negativos). Sí, usted ha dicho que vamos a llegar al 19,7. (El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital: Yo no he dicho eso). Eso confirma
lo que viene diciendo la propia industria, y es que el sistema de subastas es un sistema que no está siendo adecuado para alcanzar el objetivo de volver a poner en marcha las energías renovables. Hay diversos estudios que lo venían diciendo y ahora
usted mismo lo ha confirmado.


En lo que se refiere al mix, nosotros abogamos por una planificación que introduzca progresivamente y de forma decidida más energías renovables. Este es realmente el objetivo para conseguir también que el precio de la energía baje, porque
está demostrado en los países europeos que han apostado claramente por las renovables que ese es el sistema más eficaz de reducir el coste de la energía.


En cuanto a lo que usted dice sobre prescindir del carbón, hay otras fuentes que dicen lo contrario. Por ejemplo, el Departamento de Economía de la Universidad Carlos III dice que el cierre, el abandono del carbón no tendría prácticamente
ningún impacto sobre el precio, entre otras cosas, porque, puesto que tenemos potencia instalada por encima de nuestras posibilidades, en la mayor parte de las horas el precio del mercado lo marcan las centrales de ciclo combinado, con lo cual
prescindir de las centrales de carbón no tendría un impacto sobre el precio. Y dice todavía más: Si esa potencia fuera sustituida por energías renovables, se produciría una reducción del precio; una reducción pequeña, porque, como usted sabe muy
bien, hay una parte fija, que es lo que hace que el impacto sobre el precio sea difícil de tener.


En lo referido al tema nuclear, el problema de las nucleares -y usted lo ha dicho muy bien al final- es que hay que cerrarlas. Ustedes saben que hay que cerrarlas; por lo tanto, no pueden seguir confiando en las centrales nucleares porque
hay que empezar ya con su cierre progresivo. Usted ha hablado de cómo afrontar el coste del desmantelamiento. Es sin lugar a dudas un problema que pone de manifiesto los costes sociales de la energía nuclear, es decir, una vez que terminan su vida
útil o durante su propia vida, nosotros, los ciudadanos, tenemos que hacernos cargo del coste del tratamiento de esos residuos radiactivos. Desde luego, nosotros miraremos con interés lo que usted propone, aunque desde luego hay un tema
fundamental, que es el de la seguridad, que hay que tener en consideración sí o sí.


En todo caso, nosotros consideramos que lo que necesitamos no son parches a la política energética, sino una reforma en profundidad del modelo energético, porque usted es muy hábil en venir y ofrecernos unos datos, nos ofrece la comparativa
entre enero de 2017 y enero de 2018, pero usted sabe que a lo largo de 2017 el precio de la energía ha aumentado en un 10 %, lo cual supone 80 euros de media para los hogares españoles. Y, como ha mostrado su propio cuadro, España es de los países
de la Unión Europea donde el precio de la energía, de la luz, es más caro. Esta subida de precios continuada lo que hace es imposibilitar cada vez a más familias afrontar el pago de la factura de la luz, y cuando se remiten a las protecciones del
bono social no dicen la verdad, puesto que los criterios de renta restrictivos que en ellos han impuesto ustedes, en contra de lo solicitado por la práctica totalidad de agentes y asociaciones que conocen de primera mano la problemática, están
generando más vulnerabilidad y más pobreza energética, inclusive entre familias que hasta hace años no tenían problema alguno para afrontar el pago de su factura.

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En fin, es necesario impulsar modificaciones legislativas en profundidad para abordar un cambio del mercado energético para ir a un mercado socialmente mucho más justo y ecológicamente mucho más responsable.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.


Por el mismo grupo, tiene la palabra la señora Ballester Muñoz.


La señora BALLESTER MUÑOZ: Gràcies, president.


Señor ministro, buenas tardes. El proyecto Castor, aunque usted quiera hablar del pasado, es un proyecto muy presente y se ha convertido en una pesadilla -la pesadilla Castor- para mucha gente, para la ciudadanía de la zona afectada, para
el medio ambiente, para el turismo, para los consumidores de energía y veo que cada día más para el Partido Popular y para el propio Gobierno. Ha habido irregularidades en el proceso de concesión, aumento de los costes del proyecto, un concurso
hecho a medida de la única empresa que se presentó y toda una serie de prácticas contrarias a la normativa de contratación pública y a las directivas europeas; un proceso lleno de sombras que -también hay que decirlo para no olvidarlo- no afecta
solo al Partido Popular sino también al Partido Socialista.


Aparte de una pesadilla, Castor es ya sinónimo en este país de una forma de gobernar que pone los recursos de todos al servicio de unos pocos, que rescata a las grandes empresas, pagando siempre la ciudadanía. Castor es también una muestra
de un problema de fondo: es un modelo energético insostenible. Este proyecto además fue un fracaso anunciado porque no se tuvieron en cuenta las advertencias de los centros científicos y de la sociedad civil sobre el riesgo sísmico. Vale la pena
recordar esto porque después hablaremos de responsabilidades. Se produjeron en muy poco tiempo más de mil seísmos, que, según la empresa, en aquel momento no tenían nada que ver con el almacén de gas. Hemos visto -usted lo ha dicho- que sí tenían
que ver y aquello paralizó el proyecto.


¿Qué hizo entonces el Gobierno? Aquí viene lo interesante. ¿Pedir responsabilidades a la empresa promotora? ¿Buscar la forma de resarcir a los ciudadanos y ciudadanas y a las poblaciones afectadas? ¿Buscar la forma de revertir el daño
ambiental provocado? No, señor ministro. No solo no se han pedido responsabilidades a la empresa, sino que el exministro Soria decidió indemnizarla con más de 1350 millones de euros. ¿Quién paga esos millones de euros? Ya lo sabemos: los
pagamos entre todos y todas. Los pagan gente que, aparte de tener que comer en platos rotos, aparte de sufrir los terremotos, de tener ese monstruo enfrente de sus casas ahora mismo, tiene que pagar esos platos, mientras que Escal UGS y el señor
Florentino Pérez se van de rositas y encima cobran una indemnización. Pero no acaba aquí la historia y por eso la historia es del presente.


El pasado mes de diciembre el Tribunal Constitucional, como usted ha dicho, declaró nulos e inconstitucionales los artículos por los que se pagó aquella indemnización y no ha dado usted respuesta a qué va a hacer el Gobierno ante esta
sentencia del Tribunal Constitucional. No se han apresurado ustedes a cumplir esa sentencia del Tribunal Constitucional. Decidieron que había que seguir pagando esos 96 millones entre todos y todas. Hoy hemos sabido que la Comisión Nacional de
los Mercados y la Competencia ha suspendido este pago a las entidades financieras por los derechos de cobro derivados de la indemnización. Es la gran pregunta que tenía yo para hacerle: ¿por qué la CNMC cumple la sentencia del Tribunal
Constitucional y el Gobierno no se apresuró a cumplirla con la misma prisa con la que le pagó la indemnización al señor Florentino Pérez?


Tratando este tema de esta forma, me ha recordado usted a Mariano Rajoy esta última semana cuando dijo que no nos metamos en las diferencias salariales entre hombres y mujeres. Parece que usted está echando balones fuera y no está abordando
el tema, pero estamos hablando del interés público, y usted como ministro y su Gobierno tienen responsabilidades y el deber y la obligación de proteger ese interés público. Creo que no lo están haciendo.


Voy a formular las preguntas que tenía preparadas porque, aunque usted cree que las ha respondido, yo creo que no, y le voy a dar otra oportunidad. ¿Va el Gobierno a desmantelar con garantías el almacén de gas y a poner en marcha un plan de
restauración ambiental de la zona, tal y como le ha pedido esta Comisión y la sociedad civil, o va a esperar a que llegue el informe técnico y le va a correr prisa para resolver el problema? ¿Cómo piensa el Gobierno resarcir a las poblaciones del
Baix Maestrat, en Castellón, y de las Terres de l'Ebre, en Tarragona? ¿Cómo va a exigir la devolución de la indemnización a Escal UGS, que es en definitiva por lo que le hemos invitado a venir hoy? ¿Qué pasa con la sentencia del tribunal y cómo
van a exigir responsabilidades y la devolución íntegra de esa indemnización? Nos parece que ha llegado el momento de abordar desde el presente el proyecto Castor y de que usted explique -el

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Gobierno a través de usted- cómo van a hacer para que no siga pagando los platos rotos quien no los ha roto, mientras quien los rompió se sigue enriqueciendo.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ballester Muñoz.


Por último, por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Franco Carmona.


La señora FRANCO CARMONA: Muchas gracias, presidente.


Señor Nadal, nosotros solicitamos su comparecencia porque estamos muy preocupados por las últimas noticias que hemos estado viendo acerca del almacenamiento de gas natural en el entorno de Doñana.


El día 10 de enero eldiario.es sacaba un artículo en el que se hacía eco de un informe del IGME que a día de hoy no se ha hecho público. Este informe fue solicitado por el Ministerio de Energía, del que usted es el máximo responsable, y
declaraba que Gas Natural ha rebajado el nivel de riesgo en cuanto a las inundaciones de la zona afectada, que las asignaciones de peligrosidades y el riesgo que se deriva de su utilización e interpretación son cuando menos cuestionables, que Gas
Natural les atribuye en su informe peligrosidad por inundación baja o media, lo que, a juicio de una revisión oficial, contradice los datos del propio análisis y que toda literatura especializada califica como de alta peligrosidad, que el estudio de
la empresa estableció que el daño potencial de las avenidas sobre las instalaciones sería bajo y que lo lógico parece que sería incluir esta zona, la zona de las actuaciones, como de alta peligrosidad.


También se puso en marcha un nuevo reglamento, el Reglamento del Dominio Público Hidráulico, que establece prohibiciones por motivos de seguridad para las personas y los bienes para la creación de una serie de nuevas instalaciones en zonas
de flujo preferente que almacenen, transformen, generen o viertan productos que pudieran resultar perjudiciales para la salud humana o el entorno, por ejemplo, el gas. El reglamento también limita las nuevas edificaciones y añade que se deben
evitar equipamientos sensibles o infraestructuras esenciales en las zonas consideradas como inundables. Pues bien, además de esto, hay un informe del Defensor del Pueblo que se hace a instancias de Greenpeace -lo pide por su preocupación por el
riesgo sísmico- que declara -además, sabemos que las zonas de las actuaciones se encuentran encima de dos placas tectónicas y, por tanto, es zona de alto riesgo sísmico- que el entorno de Doñana no es el más adecuado para estas instalaciones y que
además debería hacerse una declaración de impacto ambiental unificada que recoja los riesgos acumulativos. Aun así, ustedes le han vuelto a dar 6,3 millones de euros a Gas Natural por estas instalaciones, como hicieron ya el año pasado.


Este proyecto ha sido cuarteado, se ha dividido en cuatro subproyectos con la clara connivencia de sus Gobiernos, el Gobierno del Partido Popular y el del Partido Socialista. El proyecto de Gas Natural se ha cuarteado en Saladillo, Marismas
Oriental, Marismas Occidental y Aznalcázar. Los dos primeros se encuentran dentro del parque natural y Marismas Occidental, como bien dice usted, no está dentro del parque natural, sin embargo, se encuentra en sus fronteras, a dos kilómetros del
parque nacional, a trescientos metros del parque natural y, además, por si fuese poco, en zona LIC Donaña Norte y Oeste. ¿Le gustaría a usted tener un almacenamiento de gas a trescientos metros de su casa? Pues en Doñana tampoco lo quieren.


Dicho esto, y para no extenderme mucho, Doñana lleva secuestrada por las puertas giratorias mucho tiempo. Le voy a dar dos nombres: Narcís Serra y Felipe González. Este secuestro se da por el Partido Popular y por el Partido Socialista,
así para mirarlo con perspectiva. En 2002, Gobierno del Partido Popular; presidente, José María Aznar: se aprueba la planificación energética del Gobierno por la que se pueden transformar los yacimientos agotados en almacenes subterráneos de gas.
Septiembre de 2010, Gobierno del Partido Socialista; presidente, Zapatero: aprobación de la declaración de impacto ambiental de Marismas Occidental. Noviembre de 2010, Gobierno andaluz del Partido Socialista; presidente, Griñán: aprobación de
la autorización ambiental unificada. Noviembre 2011, Gobierno del Partido Socialista; presidente, Zapatero: la Comisión permanente del consejo de Doñana da el visto bueno al proyecto. ¿Quién era el presidente? Felipe González. ¿Dónde estaba
Felipe González en esos momentos? En el consejo de administración de Gas Natural. Prada dijo el otro día que eso era mentira. Pues bien, aquí tienen noticias y actas en las que se dice que sí, que, efectivamente, Felipe González era el
presidente.


Hace muy poco tiempo registramos y debatimos una proposición no de ley para pedir la paralización cautelar y una declaración de impacto ambiental única, así como informes hidrológicos y sísmicos. Hoy no nos quedamos ahí, después del informe
del IGME no nos vamos a quedar ahí. Le vamos a pedir, por favor, que hagan público ese informe del IGME que tienen bien guardado y que, además, de acuerdo a

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dicho informe y a la normativa vigente, hagan la paralización definitiva de Marismas Occidental. Ustedes, señor Nadal, pidieron ese informe al IGME; por tanto, usted conocía ese informe, conocía la peligrosidad alta, conocía que Gas
Natural no decía toda la verdad y, si usted lo sabía, lo conocía también su Gobierno. Háganse responsables y dejen de convertir Doñana en un almacén de gas y dejen vivir a Doñana.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Franco Carmona.


El Grupo Parlamentario Mixto ha pedido, por cuestiones de agenda, adelantar su turno. Si el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el Grupo de Esquerra y el Grupo Nacionalista Vasco no tienen ningún inconveniente, les adelantamos el turno.
(Asentimiento).


Por tanto, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto el señor Bel Accensi.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Agradezco a los grupos dicha cortesía ya que estamos en otras comisiones. Asimismo, agradezco el ministro Nadal su comparecencia. Voy a compartir el tiempo con mi compañera Marta.


Seré muy breve, señor ministro, esencialmente quiero hablar del tema Castor. La verdad es que ya se lo ha dicho algún otro compañero, viene aquí, se pone de perfil, nos pasa una transparencia con algunas frases de la sentencia, nos dice que
esto viene de muy atrás y, haciendo honor al presidente del Gobierno, nos dice: A partir de ahora, va a haber mucha litigiosidad, va a haber mucho lío entre privados y alguien lo aclarará. Pero es que ustedes son el Gobierno y, además de que
alguien lo aclarará, estaría bien que nos dijera cuál va a ser la posición del Gobierno aparte de mirarlo desde La Moncloa o desde el ministerio.


Esta noche, aunque tarde, voy a regresar a las Terres de l'Ebre y ayer me decían: seguro que el ministro nos va a decir qué van a hacer, si van a desmantelar el almacén, cuándo lo van a desmantelar, cómo lo van a desmantelar; seguro que
nos avanzará si piensan reclamar la indemnización pagada; seguro que nos explicará cuáles eran las prisas para pagar en treinta y cinco días 1350 millones declarados inconstitucionales -y esto sí que lo hizo su Gobierno-; seguro que nos dirá qué
solución piensa dar el Gobierno a todas las reclamaciones que estamos haciendo los particulares, los afectados, a través de los diferentes ayuntamientos, si es que piensa dar alguna solución o esto también es mucho lío y alguien lo aclarará. De
hecho, lo único que nos ha contestado como primicia -lo tomó así- es que se tuvo que actuar muy rápido porque la empresa, que estaba en una situación financiera muy delicada, tenía mucha deuda, que el gran tenedor de esta deuda era el BEI y que si
no se pagaba a la empresa y la empresa no pagaba al BEI, quedaba en una mala situación y que, esencialmente, se actuó rápido para no hacer enfadar al BEI y que el señor Florentino y que Escal pudiesen dormir tranquilos y que eso no afectase a las
finanzas de un Estado que estaba en una situación económica y financiera delicada. En eso coincidimos. En todo caso, también nos tendría que explicar, ya que esta sentencia va en contra del procedimiento, por qué se utilizó este procedimiento. Ya
nos hemos acostumbrado. Ahora es una legislatura nueva, no tienen mayoría absoluta, en la anterior sí la tenían, y podrían haber utilizado perfectamente el trámite parlamentario ordinario en el que hubiésemos podido poner cada uno nuestras
enmiendas, hubiese habido un debate público -que se obvió-, pero eso tampoco lo ha respondido. Me gustaría que pudiese respondernos a toda esta serie de preguntas que se están quedando encima de la mesa y que hoy no tienen respuesta.


Ahora me tengo que ausentar, por lo que pido disculpas, pero voy a seguir sus respuestas a través del Diario de Sesiones para analizarlas. Me consta que en estos momentos hay mucha gente en las Terres de l'Ebre y también en el Baix Maestrat
que están siguiendo esta comparecencia en directo, por lo que sería bueno que usted les pudiera dirigir, como máximo responsable, su palabra para decirles: no se preocupen, que el Gobierno va a tomar unas medidas para los afectados o va a ser
riguroso en este aspecto. De los 1350 millones de euros de Escal, sería bueno que alguien supiera qué va a pasar y quién los va a pagar finalmente.


Muchísimas gracias, presidente. Paso la palabra a mi compañera.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Bel Accensi.


Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.


La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcias, senyor president.


Gracias, señor ministro, por la comparecencia. No puedo decir lo mismo por las explicaciones sobre el Castor. Al igual que ha comentado mi compañero Ferran Bel -yo soy del Baix Maestrat-, hoy, aunque

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tarde, volveré a casa. La verdad es que tenía ganas de volver con alguna respuesta, pero en pocos minutos usted se ha pulido la inconstitucionalidad del pago de 1350 millones de euros, como si fueran calderilla. La gente afectada por el
Castor llevamos mucho tiempo preguntándonos por qué se hizo este proyecto así, porque se desarrolló este proyecto así, por qué se hicieron todas estas chapuzas, así que la verdad es que nos gustaría saber cuál va a ser la posición del Gobierno, más
allá de que el Tribunal Constitucional haya dicho que es inconstitucional, pero lo que queremos saber es por qué, por qué se pagó tan rápido, por qué, qué se sacaba de todo esto. Tenemos claro qué sacaba Florentino, pero los sucesivos Gobiernos qué
interés tenían en pagarle tan rápido a Florentino Pérez. Como decía, esto ha sido un chanchullo desde el principio, una autorización que se dio sin prever accidentes graves, en la que se omitió el informe de seguridad, no tenía planes de emergencia
interior, sin estudios de afecciones económicas, sin estudios de impacto arqueológico, sin estudios de repercusiones en el subsuelo. Y además de todo eso, más de trescientos terremotos que dice hoy que parece que tenían que ver. ¡Claro que tenían
que ver, si la plataforma estaba construida encima de una falla! Pero es que eso lo sabíamos hasta los vecinos y vecinas que no tenemos ni idea de geología, sabíamos que allí había una falla y dijimos desde el minuto cero que existía riesgo sísmico.
Y en lugar de intentar evaluar eso para proteger el bienestar de las personas que vivimos y queremos seguir viviendo en los pueblos del Baix Maestrat y de Terres de l'Ebre, lo que se hace es elaborar un pliego de condiciones en el que se asegura la
indemnización incluso en caso de abandono de la concesionaria o de negligencia. Es que es el pastel completo.


En la construcción pasamos de 700 millones de euros a 1200, aquí no pasa nada, y luego viene la indemnización de 1350 millones de euros que pagamos rapidito, rapidito para que Florentino se pueda comprar los langostinos para Navidad. Espero
que al menos fueran de Vinaroz, por lo menos habremos sacado algo. Detrás de todo esto está Gas Natural, que es la que facilita el dinero, con los intereses esto sube a mucho más de 1300 millones de euros; total, un chanchullo detrás de otro y no
entendemos qué es lo que saca el Gobierno de todo esto. Ya le digo, entiendo qué saca Florentino, entiendo qué saca la empresa Escal UGS y ACS, pero no entiendo qué saca el Gobierno, que debería intentar proteger a las personas y legislar para las
personas y no para las grandes empresas.


Nosotros desde aquí vamos a hacer una propuesta porque se ha intentado que se pague directamente en la factura de la luz por las personas que tenemos un contrato con la empresa Gas Natural, pero yo le propongo: ¿por qué no lo paga quien ha
hecho toda esta serie de despropósitos desde el principio? ¿Por qué no depuramos responsabilidades? Veamos quién, tanto con Gobiernos del PSOE como con Gobiernos del PP, tiene responsabilidad en estas decisiones y que sean quienes tomaron las
decisiones y dieron al final una serie de autorizaciones en una plataforma Castor que todo el mundo teníamos claro que era un auténtico despropósito, que sean estas personas las que paguen por su negligencia y por el mal uso de su cargo público.
Así que, por nuestra parte, la propuesta es clara: no queremos que pague la ciudadanía porque la ciudadanía no tiene culpa de lo que hicieron una serie de políticos por favorecer en este caso a una gran empresa.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí Fresquet.


Recuperamos el turno normal y, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.


La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Presidente, señor ministro, compañeros.


En cuanto al tema a debatir sobre el caso Castor, sobre el almacén de gas, hay que decir que estamos hablando de una indemnización, como ya han dicho mis compañeros, de 1350 millones de euros. Hay una cosa que me sonroja porque esto no es
responsabilidad de un único partido pues el proyecto lo hizo un Gobierno de otro color. Hay que compartir esas responsabilidades porque ahora solo apuntamos hacia un partido y creo que si se habla de depurar responsabilidades tendrían que
repartirse también. Lo que está claro es que el Tribunal Constitucional acordó declarar institucionales o nulos los artículos del decreto de indemnización -ya he dicho la cantidad-, y además establecía que no concurría una situación de
extraordinaria y urgente necesidad, con lo cual, no entiendo el porqué de esa celeridad en cuanto al pago de esa indemnización; una indemnización que, como dicen mis compañeros, están pagando los consumidores, ya que el pago público millonario se
ha traducido en una deuda del sistema gasista que supera los 4700 millones de euros una vez sumados los intereses. Con lo cual, al final, quienes están pagando son los ciudadanos. Y lo mismo pasa con la factura de la luz, los distintos parches
políticos, los

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errores de la no planificación y los errores de la improvisación los acaban pagando al final los más vulnerables.


Me gustaría preguntarle al Gobierno, en este caso al ministro, tras un mes desde el conocimiento de dicha sentencia, qué medidas plantea el Gobierno a la vista del resultado de la misma. Y también nos gustaría saber si mantiene, como
declaró el pasado mes de diciembre, que esta sentencia del Tribunal Constitucional no concluye en ningún caso que hubiera habido un pago indebido al titular del almacenamiento sino que considera que hubiera bastado conque la decisión se hubiera
aprobado mediante el procedimiento legislativo que usted ha citado. Nosotros creemos que no, creemos que la sentencia ha dicho directamente que no tenía que existir esa celeridad y que es inconstitucional y nulo el pago de dicha indemnización que,
repito, está recayendo en los ciudadanos.


En el caso del almacén de gas de Doñana, hace seis meses, en una sesión extraordinaria de la Comisión de Medio Ambiente, se trató este tema, que ya se debatió en el Parlamento andaluz y se volvió a traer al Congreso de los Diputados, en
aquel caso disfrazado al inicio como que iba a ser una iniciativa sobre incendios, a tenor de los incendios que se habían producido en aquel momento, y acabamos debatiendo sobre esto que ya se había debatido en el Parlamento andaluz. Se llegó a una
propuesta transaccional común entre los partidos, se votó y salió adelante. ¿El Gobierno ha tenido en cuenta eso que ha salido de las Cortes, eso que ha salió de la Comisión? Porque si no nos encontraremos en un debate circular en el cual
proponemos, no se hace, volvemos a proponer, no se hace y no avanzaremos en ningún caso. Me gustaría saber si existe una coordinación del Gobierno con la Junta de Andalucía y por una vez me alegra que haya dicho usted que tiene distintos estudios;
nos gustaría que nos facilitara esos estudios y que incluyera los criterios medioambientales. Me ha alegrado que haya dicho que hay una zona que no sabe y se ha alertado porque puede haber una incidencia perjudicial para el medio ambiente. No
habíamos escuchado esto de su boca desde hace mucho tiempo.


Vamos al precio de la luz. Usted ha venido exponiendo muchísimos datos, esta vez nos ha traído el mapa con los datos de gas no de electricidad, porque la otra vez lo criticamos. Me refiero el mapa en el cual están dibujados los precios, lo
que habíamos hablado. Nosotros desde el principio hemos hablado de una auditoría, y con usted además lo acordamos en el acuerdo de investidura, una auditoría de costes. Algunos de sus compañeros han traído grandes tochos diciendo que son la
auditoría, pero si no fuese necesaria una auditoría no lo habríamos acordado, entiendo yo; no creo que usted sea fan de acordar cosas que están hechas o que considera que no son necesarias.


Ha hablado todo el tiempo de la dependencia de España y me preocupa enormemente porque creo que en el ministerio sigue sin verse el potencial que puede tener a nivel geoestratégico la posición de España. Solo se habla de interconexiones con
el norte de Europa, hay que hablar también de interconexiones con el norte de África. España podría representar una posición intermedia que utilizara sus relaciones diplomáticas para ser una alternativa hacia el consumo de gas de Rusia, por
ejemplo. Con lo cual, en términos de geoestrategia, podríamos empezar a considerar España como un punto clave en lugar de como una isla, si es que hablamos de interconexiones internacionales. ¿Cree usted que vamos a llegar a los objetivos que
marca la Unión Europea en materia de interconexiones?


Cuando hablamos de los precios y nos enseña todas esas gráficas, no incluimos el precio final de la factura en el cual están todos esos errores políticos (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda: Sí), porque no
solo va el coste de generación, van todos los errores políticos. Por ejemplo, errores como el del caso Castor y esa indemnización millonaria, o también cuando usted nos habla de su modelo y de las bondades del carbón, habría que decir que también
estamos pagando ayudas al carbón en nuestra factura de la luz. (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Nadal Belda: No). Han incurrido en ese déficit de tarifa que seguimos pagando en la factura. Ayer el Partido Popular y
Partido Socialista vetaron una comisión de investigación sobre los fondos destinados a la minería para saber si han sido eficientes, si se han invertido donde debían y si han sido útiles. Nos gustaría saber por qué el Partido Popular y el Partido
Socialista se niegan a que haya transparencia en este tema, sobre todo porque como se ha incluido parte en el déficit de tarifa y lo estamos pagando todos, estaría bien hablar sobre el precio de la luz.


Ha hablado sobre las nucleares y me gustaría hacerle una pregunta porque al final hablamos de residuos: ¿cuánto nos están costando los residuos? ¿Cuánto nos están costando a día de hoy los parches en materia de almacenamiento de residuos
sin tener al final ese ATC? ¿Cuánto nos ha costado hasta el momento esto y cuánto está estimado que nos va a costar? Es decir, los errores que se han cometido, que no se hayan cumplido los plazos y que al final hayamos tenido que construir ATI,
por ejemplo, y hayamos

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tenido que comprar distintos contenedores que no estaban previstos. ¿Cuál es el sobrecoste por los errores políticos y por la falta de planificación a que nos están llevando los residuos nucleares? Me gustaría saberlo porque al final
también se cargará, por supuesto, en la factura de la luz.


Hablaba de extrapeninsulares. Todos sabemos que, en general, en las extrapeninsulares cuesta más caro, incluso llega a costar hasta cuatro veces más. ¿Existe coordinación del ministerio con el Gobierno de Canarias para que Canarias opte a
un modelo energético menos costoso, es decir, que mire hacia las energías renovables? Lo digo porque el Gobierno tiene parte de culpa en cuanto a la legislación, pero el Gobierno de Canarias tiene gran parte de culpa en el bloqueo de todo lo que se
ha hecho sistemáticamente. Me gustaría saber si el ministerio está poniendo especial atención en este tema y si está intercediendo, porque aunque haya un Gobierno que no apueste por una reducción de costes o por un modelo sostenible, el ministerio
sí quiere, ya que como no hablamos de energías renovables sino de reducción de costes, entiendo que es más asumible y más digerible por parte del ministerio y que pondrá mucha más intención. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué medidas se están
tomando para interceder con el Gobierno de Canarias? Hemos hablado de que habrá una subasta, en concreto en Canarias -esperamos que pronto-, ¿pero usted cree que esto va a ser efectivo o va a acabar en los tribunales, como todas las que ha habido
en Canarias?


Hablábamos de criterios medioambientales y también de las distintas trabas que están poniendo algunos Gobiernos autonómicos, en este caso el de Canarias, pero ayer, en la ponencia de la ministra de Medio Ambiente, vimos que su discurso no
tiene nada que ver con el discurso del ministerio. Sus declaraciones sobre la ley de transición energética o sobre los objetivos de cambio climático distan mucho de las declaraciones que usted ha hecho, como, por ejemplo, la de que España no para
pagar un céntimo más que otro país para cumplir objetivos medioambientales o su declaración sobre que las medidas sobre cambio climático solamente llegarán en la medida en que avancen las interconexiones. ¿Quiere decir que si las interconexiones
van a una velocidad A, aunque el planeta y el cambio climático vayan a una velocidad D, España no puede trabajar a la velocidad D y tiene que resignarse a trabajar a la velocidad A? Lo planteo.


También hablamos de las distintas posiciones que existen en el Gobierno. ¿Qué tales son las relaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía? Lo pregunto porque a lo mejor en lo personal son buenas pero es que
los discursos son tan diferentes que nos descolocan. Los que vamos a ambas Comisiones, a la del Cambio Climático y a la de Energía, no sabemos realmente cuál es la posición del Gobierno, no tenemos ni idea, porque en función de quiénes hablen nos
cuentan una historia o nos cuentan otra. ¿Está comprometido el Gobierno de España en la lucha contra el cambio climático, en la reducción del precio de la factura de la luz, en tener un modelo más eficiente? ¿Está comprometido el ministerio, en
este caso el de Energía, en que salga adelante la ley de transición energética? ¿Cuándo va a estar publicado el borrador? Ayer preguntamos también a la ministra cuándo va a estar ese borrador, cuándo se prevé que estará la ley, porque hemos
hablado con las personas designadas para trabajar en el grupo de expertos, no solo con el experto que hemos designado nosotros sino también con los designados por otros partidos, y nos dicen que no se está imponiendo mucha velocidad por la mayoría
de los expertos citados por el Gobierno; es decir, que se lo están tomando con calma. Si creamos la comisión de expertos y un comité interministerial para que esta ley salga ya porque la necesita el país y la necesitamos todos, ¿por qué se va a
distintas velocidades? ¿Hay compromiso o no hay compromiso? Nos gustaría saber por qué no se están poniendo tantos datos sobre la mesa como se tendrían que poner en ese comité de expertos.


Usted hoy aquí nos ha hablado de su mix energético, de cuál es su objetivo, de la importancia que tiene el carbón para usted. Nosotros ya hemos manifestado que ahí vamos a seguir los objetivos europeos. ¿Cree usted que su propuesta de mix
tiene algo que ver con los objetivos medioambientales que establece la Unión Europea? Nosotros creemos que su propuesta dista absolutamente de la de la Unión Europea, que son realidades totalmente paralelas.


Hay una cosa importante. Nosotros en la Comisión del Congreso hemos presentado -lo hemos hablado con anterioridad- medidas en materia de eficiencia, medidas en materia de auditoría de factura de la luz y auditoría del sistema eléctrico,
distintas medidas para fomentar las energías renovables, distintas medidas para reducir los costes de generación del sistema o eliminar de cargas y trabas la factura de la luz. ¿De qué sirve que nosotros trabajemos en la Comisión, que lleguemos a
acuerdos, que hagamos transaccionales, se voten y se aprueben? Le pregunto directamente: ¿sirve para algo el trabajo que estamos haciendo en la Comisión, señor ministro? Lo digo porque lo que votamos aquí no tiene nada

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que ver con lo que hace el Gobierno. No sé si el Gobierno quiere imponer su posición y pasar de la Comisión. Que nos lo diga directamente y nos ahorraremos un montón de debates, a los que damos vueltas todo el día. Díganos si tienen en
cuenta lo que se debate y lo que se aprueba en la Comisión. El comisario europeo Arias Cañete sí lo tiene en cuenta, porque dijo que iba a trabajar con la moción que se había votado entre todos. Si en Europa utilizan lo que aquí se vota y nuestro
Gobierno no lo utiliza, díganos si sirve de algo el trabajo que hacemos cada día. Todos estamos en muchas Comisiones y nos gustaría economizar en tiempo y en recursos. Si no nos va a escuchar, podemos hablar en la prensa, podemos hablar aquí, pero
díganos si sirve de algo nuestro trabajo, señor ministro.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.


Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Buenas tardes. Gracias, presidente.


Por enésima vez, como diputado de la demarcación de Tarragona, vuelvo a incidir sobre el caso Castor y, por enésima vez, nos marchamos con algunas preguntas y ninguna respuesta. Estas plataformas de almacenaje de gas tuvieron que ser
clausuradas a los pocos días de ponerse en marcha porque provocaban terremotos en la comarcas de Terres de l'Ebre, Baix Maestrat y Camp de Tarragona, alguno llegando a una intensidad de 4,6 en la escala Richter, actividad sísmica grave por sí misma
pero agravada por tener cerca una zona donde se encuentran ni más ni menos que tres centrales nucleares.


El Castor es uno de los mayores escándalos técnicos, políticos y económicos de las últimas décadas en el Reino de España, y ha habido unos cuantos. El Castor es una muestra más de los famosos negocios del palco del Bernabéu, ese palco donde
se pueden encontrar en un mismo día de partido, sentado uno al lado de otro, el gran empresario, el que no arriesga nunca nada y siempre gana, Florentino Pérez, el ministro Méndez de Vigo -esto en un día normal-, el ministro de Justicia, Rafael
Catalá, el expresidente Aznar y su hijo, el señor Margallo, José Luis Cebrián y el Grupo Prisa, José Creuheras, presidente del Grupo Planeta, Antonio Asensio, presidente del Grupo Zeta, Luis María Ansón, presidente del diario monárquico ABC, Íñigo
Meirás, director general de Ferrovial, Rodrigo Echenique, presidente de IAG, Ignacio López, consejero de Iberdrola y marido de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Manuel Manrique, presidente de Sacyr, Eduardo Torres-Dulce, ex fiscal
general del Estado, etcétera. El palco del Bernabéu es el palco de negocios hechos a golpe de Boletín Oficial del Estado -no sé si algún día también va a ir usted, si es aficionado al fútbol, claro- (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital, Nadal Belda, hace gestos negativos.-Risas), y de la gran connivencia existente entre el poder político, el poder económico, el poder mediático y el Poder Judicial que se dan en el Reino de España. Me parece que es innegable. El proyecto
Castor es un ejemplo de esa política económica tramposa, de puertas giratorias y de amiguetes, un proyecto impulsado y mantenido por los Gobiernos del Partido Socialista Obrero Español y el Partido Popular y que fue capitaneado por el empresario,
amigo y gran beneficiado Florentino Pérez, el anfitrión de los oligarcas del Bernabéu. Esquerra exige una vez más que se impulsen en sede parlamentaria actuaciones para que esto no se pueda dar, para determinar e investigar las responsabilidades
políticas, técnicas y económicas de aquellos que autorizaron, tramitaron, gestionaron y aprobaron la puesta en marcha del Castor.


La sentencia del Tribunal Constitucional del pasado 22 de diciembre, sobre la que usted ha pasado de puntillas, nos retorna a la situación anterior a la aprobación del Real Decreto-ley 13/2014 y, por tanto, debería anularse la indemnización
de 1350 millones de euros pagada por el Gobierno a las empresas promotoras del Castor y su repercusión en las facturas de los consumidores de gas durante treinta años. Cabe recordar que los consumidores ya están pagando anualmente a Enagás
Transporte 80,7 millones por el crédito de la indemnización y también 15,7 millones por el mantenimiento de la planta hibernada. Se prevé, por tanto, que el coste final del fracasado proyecto Castor supere los 4700 millones de euros. Poca broma.
A lo escandaloso del proyecto en sí, la sentencia del Tribunal Constitucional determina que ni era pertinente ni tampoco necesario pagar la indemnización de 1350 millones de euros una sola vez y en un plazo de treinta y cinco días hábiles. Era
evidente que el real decreto-ley aprobado por el Gobierno del Partido Popular era una medida que solo respondía al interés, la urgencia y las necesidades, una vez más, de Florentino Pérez, un real decreto que suponía un fraude a los ciudadanos,
porque les obligaba a pagar, con una sobrecarga en su recibo de gas, un fracaso provocado por diferentes dirigentes políticos, no por los consumidores, y en connivencia con la empresa privada, a los que nunca se les ha querido exigir ninguna
responsabilidad. Ahora que el Tribunal Constitucional ha declarado nula la indemnización

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-dijimos hace un año y medio que esto era así- y que hoy mismo la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha suspendido el pago de las entidades financieras al Banco de Santander, CaixaBank y Bankia por los derechos de cobro
derivados de la indemnización por el cese de la actividad del almacén de gas proyecto Castor, no podrán o no tendrían que poder cobrar los 1450 millones de euros reconocidos por el Gobierno por la infraestructura inútil de Castor, después de que su
actividad fuera paralizada por la generación de decenas de seísmos en la zona.


Por todo ello, exigimos al Gobierno que devuelva a los consumidores de gas los pagos efectuados con su recibo del gas, y le preguntamos concretamente, a ver si hoy nos responde: ¿qué acciones realiza el Gobierno para defender a los
consumidores y resarcirlos del pago injusto a que han sido sometidos? ¿Qué efectos y consecuencias comportará esta sentencia para el erario público? ¿Quién asumirá las responsabilidades? ¿Puede informar de los costes detallados que se están
repercutiendo sobre la factura de los consumidores de gas y qué informes avalan la ejecución de este pago? ¿Cuándo y cómo piensan devolver el dinero a los consumidores de gas que injustamente están pagando con su recibo la factura del fracasado
Castor? Los consumidores también pagan en su recibo a Enagás Transporte los 15,7 millones del mantenimiento de las instalaciones hibernadas, hecho que exige respuestas por parte de su ministerio que esperemos hoy nos dé. ¿Por qué demora el
Gobierno el sellado de los pozos de gas y Castor y el desmantelamiento de sus instalaciones? ¿Para qué mantiene hibernadas unas instalaciones que nunca más se van a poner en funcionamiento? ¿Tiene el Gobierno un estudio sobre el coste económico
del sellado y desmantelamiento de todas las instalaciones del Castor? ¿Qué calendario de sellado y desmantelamiento de las instalaciones prevé el Gobierno? ¿Cuántos años de mantenimiento de la instalación tiene previsto otorgar el Gobierno
mediante contrato a Enagás Transporte? ¿Durante cuántos años más estarán obligados los consumidores a abonar a Enagás el coste de la hibernación? ¿Tiene algún interés el Gobierno en demorar el sellado de los pozos y desmantelamiento de Castor para
así beneficiar a Enagás?


Señor ministro, ante la sentencia del Tribunal Constitucional, el Gobierno del Partido Popular está obligado a hacer aquello que se negaron a hacer durante la aprobación del real decreto-ley, es decir, tramitar la aprobación de la
indemnización del Castor mediante un proyecto de ley sometiéndolo al debate del Congreso. ¿Van a convocar dicho debate? La opacidad ha sido la principal característica de Castor, un proyecto inacabado, repleto de irregularidades técnicas,
económicas, administrativas y políticas, una obra que no llegó a estar operativa y sobre la que los diferentes Gobiernos del Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español no han querido asumir ninguna responsabilidad ni facilitar los
mecanismos necesarios para su investigación. Desde Esquerra Republicana volvemos a pedir que sean los responsables del fracaso de Castor quienes paguen los costes y no la ciudadanía. Por último, y por tercera vez, exigimos que de una vez por todas
se impulse una comisión de investigación parlamentaria para dirimir responsabilidades. Al fin y al cabo, con 4500 millones de euros me parece que vale la pena investigar. Por mucho menos se han hecho otras comisiones de investigación.


Voy a estar un rato más pero tengo que asistir a otras comisiones y, como somos solo nueve diputados, igual no puedo quedarme, pero seguiré atentamente las respuestas a nuestras preguntas.


Muchas gracias, señor ministro.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.


Le correspondía ahora el turno al Grupo Nacionalista Vasco, el problema es que se ha tenido que ausentar la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea, a pesar de la generosidad de la que ha hecho gala adelantando el turno al Grupo Parlamentario
Mixto.


En último lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Mariscal Anaya.


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, señor presidente.


Está ocurriendo con demasiada asiduidad que en la Comisión de Energía, cuando pedimos una comparecencia, no escuchamos al compareciente y venimos con un texto preparado que leemos o mencionamos exactamente igual haya dicho lo que haya dicho
el compareciente. Creo que eso no es lo correcto.


Voy a empezar con Castor. Me parece que cuando hablamos de Castor hay que empezar a asumir las responsabilidades, no las individuales solamente -no me estoy refiriendo solo al Partido Socialista Obrero Español-, sino las responsabilidades
compartidas, porque en todo el procedimiento del almacenamiento subterráneo Castor el Partido Socialista en esta casa, el Congreso de los Diputados, se encontraba en minoría parlamentaria. Por tanto, hay grupos parlamentarios que hoy han denunciado
al Gobierno

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atribuyéndonos una responsabilidad que en ningún caso -como demostraré- tenemos y participaron, apoyaron, ayudaron o coadyuvaron a ese Gobierno a aprobar las medidas que ahora se denuncian. Aquí hay una responsabilidad compartida, incluso
yo diría negligencia compartida por parte de aquellas formaciones políticas que dicen una cosa aquí pero cuando el Partido Socialista estaba en minoría y el señor Zapatero necesitaba su apoyo no denunciaron esto. Por cierto, el señor Rodríguez
Zapatero, en esta materia, ha asumido su responsabilidad y ha pedido perdón. A ver si aquellos que acompañan con el carnet de partido al señor Rodríguez Zapatero se apuntan a ese brote de sentido común.


El informe de impacto ambiental que se solicitó para el almacén subterráneo de Castor no contó con la necesaria solicitud de un informe del Instituto Geológico y Minero, y nosotros sí lo hemos hecho, porque modificamos en 2013 la Ley de
Evaluación Ambiental y se exige que ahora, en las declaraciones de impacto ambiental, ese informe sea preceptivo. Hubo un decreto de una secretaría de Estado que aprobó la declaración de impacto ambiental sin tener en cuenta esas fallas y esas
problemáticas relacionadas con la sismicidad a la que antes se hacía mención. Con posterioridad tenemos el Real Decreto 855/2008, y hago referencia al artículo 14, que dice que, aunque existiese dolo o negligencia, la compensación del valor
residual hay que pagarla. Ese decreto está firmado por un presidente del Gobierno y por un ministro socialista, con un arco parlamentario en que el Partido Socialista estaba en minoría y contó en diversas oportunidades con el apoyo de Esquerra
Republicana de Catalunya, de Compromís y, en su momento, de Convergència i Unió. (Rumores.-El señor Salvador i Duch se da palmaditas en la cara con la mano). Digo esto porque la responsabilidad es compartida. Se nos critica...


El señor PRESIDENTE: Señorías, guarden silencio, por favor.


El señor MARISCAL ANAYA: Lo que he dicho es un dato, no es una opinión. La opinión todavía no la he dado. (Risas). Ocurre lo siguiente. El Gobierno, cuando se encuentra este artículo, que yo considero que violenta el interés general -y
el Gobierno exactamente igual-, inicia un procedimiento de lesividad y el Supremo dice que no, que hay que pagar. Lo ha dicho muy bien el ministro: ¿no pagamos al Banco Europeo de Inversiones? Yo ruego a sus señorías que recorran sus provincias a
ver en cuántos proyectos de infraestructuras de sus provincias está colaborando de una u otra manera el Banco Europeo de Inversiones y si consideran aún que no era positivo pagarle al Banco Europeo de Inversiones ese aporte dinerario. Por tanto,
lesividad, sentencia del Supremo, y ahora tenemos una sentencia del Tribunal Constitucional que lo que dice es que el mecanismo para aprobar el pago no es el correcto. Por tanto, el sistema gasista a día de hoy no tiene que pagar esta inversión.
Hay que escuchar lo que ha dicho el ministro, que incluso lo ha leído y ha puesto en la pantalla el trozo de la sentencia. El sistema gasista, a día de hoy, no tiene que pagar esta inversión, según lo que dice la sentencia del Tribunal
Constitucional. Creo que eso es importante.


Es importante también recordar que, a pesar de que el Supremo no vio lesividad en este procedimiento, redujimos los intereses del 8 % al 4 % y se trasladó de veinte a treinta años el pago. ¿Eso no es positivo? ¿Eso no es la búsqueda, como
decía anteriormente, de evitar en la medida de lo posible el sobrecoste que podía suponer a los españoles? Por tanto, cuando venimos aquí a buscar votos yo lo entiendo, fenomenal, pero el señor Ximo Puig estaba sentado aquí, en el Congreso de los
Diputados, y no denunció esto. (El señor Rallo Lombarte: Lo recurrió).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, respeten el turno de palabra y dejen que el señor Mariscal Anaya se exprese. Habrá un turno de réplica. (La señora Lucio Carrasco: Pero no de réplica al portavoz del Partido Popular, de réplica
al ministro).


El señor MARISCAL ANAYA: Gracias, presidente, por su apoyo. Estaba sentado en esta casa y también había sentado un representante de Compromís. Tampoco le escuché entonces denunciar una declaración de impacto ambiental que no aludía al
necesario informe de sismicidad ni tampoco un real decreto que es claramente lesivo al interés general, a juicio de este diputado y por supuesto del partido político y del Gobierno al que apoyamos. Por tanto, señores, responsabilidades compartidas,
seriedad, rigor, e intentemos evitar trasladar una responsabilidad a un partido político que lo que ha hecho ha sido cumplir dos sentencias. Me parece que eso es importante.


El representante de Esquerra Republicana ha hecho mención a que no es necesario el pago de hibernación. ¿No es importante mantener la seguridad de la instalación? ¿La dejamos al libre albedrío? Hay otros vehículos, otras formas, otros
debates en los que buscar el apoyo político o el apoyo ciudadano

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para buscar más votos. Yo creo que hay temas de enjundia diferente y no tan grave como el que nos compete en este caso, que está fundamentalmente relacionado con la seguridad.


Con respecto a marismas occidentales, hemos escuchado a la portavoz del Partido Socialista y de la Junta de Andalucía en esta Comisión plantear que la Junta de Andalucía se ha equivocado. (Rumores). Digo que es portavoz de la Junta de
Andalucía porque es el sentido que yo encontraba. Ha planteado que la Junta de Andalucía se ha equivocado con la declaración de impacto ambiental favorable. Pues que la revoque. Lo que ha hecho el ministro, buscando y pretendiendo aumentar el
nivel de seguridad en esta instalación, ha sido pedir dos informes al Instituto Geológico y Minero. ¿También nos parece mal eso? Está paralizado este proceso hasta que conozcamos si medioambientalmente se puede o no desarrollar esa actividad. En
cualquier caso, yo le recomiendo a la portavoz del Grupo Socialista que la autoenmienda tampoco es mala de vez en cuanto. Si quieren hacerlo, nosotros aplaudiremos cualquier tipo de autoenmienda.


El ministro ha venido con una serie de propuestas para la rebaja de la factura eléctrica, sobre las que he escuchado poco interés por parte de los grupos parlamentarios, si me permiten, compañeros de Comisión, poca respuesta a la enorme
lista de propuestas que se han realizado por parte del ministro tanto para la rebaja de la factura eléctrica como de la factura gasista. Creo que es importante que en el turno de réplica digan, insisto, si están de acuerdo o no con las medidas que
ha propuesto el ministro.


Se ha repetido en muchas ocasiones que el 60 % de la factura eléctrica, lo que se denominan peajes, está sobrecargado de erróneas y malas políticas energéticas que -qué vamos a hacerle- no han sido fruto de políticas desarrolladas por el
Partido Popular. Es así. Somos el único país que ha tenido un déficit eléctrico de 25 000 millones de euros. Eso ha sido debido fundamentalmente a errores graves que hacen que año a año tengamos una mochila de 10 000 millones de euros a los que
hay que hacer frente a través de la factura eléctrica. ¿Qué hace el Gobierno? Intentar reducir esa mochila. ¿Cómo? Por ejemplo, solamente entre 2013 y 2017 se han reducido, año a año, los costes regulados relacionados con transporte y
distribución en 4300 millones. Y eso no ha sido fruto de que al Gobierno se le ocurriera una mañana, sino de un trabajo riguroso y exhaustivo por parte de los funcionarios para saber qué infraestructuras estaban recibiendo más de lo que debían. Es
lo que ha planteado hoy, ajustar los costes; no sé cuál es la opinión del resto de grupos parlamentarios.


Cuando pedimos la comparecencia efectivamente el precio de la energía eléctrica ese mes estaba elevado; cuando el ministro viene hoy aquí y nos dice que la factura eléctrica en 2018 es 11 euros más barata que la de enero de 2017, de esto no
es responsable el Gobierno, solo es responsable cuando vienen mal dadas. Cuando vienen bien dadas, a otro tema, hablamos de otras cosas. Claro que el Gobierno no es el único responsable de la rebaja de la factura eléctrica, pero el trabajo que se
ha desarrollado para reducir los costes regulados ayuda, y mucho, a esto: la instauración del mercado ibérico del gas; la subasta de renovables, 8000 megavatios que por primera vez en la historia van a entrar sin ayuda. ¿Eso no nos parece bien?
¿No nos parece bien que la incorporación de energía eléctrica de renovables al sistema vaya a producir una rebaja en la factura? Yo creo que es importante. Decía el señor López de Uralde que está en contra de las subastas. ¿Vamos al sistema
anterior? (El señor López de Uralde Garmendia: Yo no he dicho eso. No me interpretes, no he dicho eso). Bueno, ha dicho que tiene discrepancias con el sistema de subasta actual. ¿Vamos al sistema anterior? ¿Nos parece que un sistema que
proporciona 8000 megavatios en una subasta de libre concurrencia, sin ayudas, está mal? Yo creo que no es así. Por tanto, tanto la reforma como el mercado ibérico del gas como la subasta están consiguiendo la estabilización de precios y una
sostenibilidad del sistema energético a nivel financiero y técnico.


Hay un nuevo escenario, hay nuevas oportunidades. Me parece que el ministro lo ha dicho hoy, también lo dijo ayer la ministra de Medio Ambiente y lo llevamos diciendo por este grupo parlamentario desde hace mucho tiempo, las
interconexiones. Si queremos que exista un mercado competitivo a nivel europeo y una convergencia de precios que permita a nuestra industria competir en igualdad de oportunidades hay que incrementarlas. Hemos conocido esta semana ese apoyo por
parte de la Unión Europea de más de 570 millones de euros a esa interconexión a través del golfo de Vizcaya. Nos van a llevar casi un 5 % de interconexiones muy lejos del objetivo 2020 que era el 10 %. Yo les pido a sus señorías que sus compañeros
en el Parlamento Europeo sigan forzando a las instituciones europeas a colaborar en algo que va a redundar no solamente en una rebaja de precios, sino también en una mayor estabilidad y fundamentalmente en una mayor incorporación de energía
renovable en el sistema eléctrico español. Creo sinceramente que este Gobierno se ha tomado muy en serio, como demuestran estas

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propuestas que se hacen, la rebaja del precio, tanto de la factura del gas como de la factura eléctrica, e intentar combinarlo con una reducción de emisiones que haga que podamos cumplir con esos objetivos de emisiones. Preguntaba cómo
estamos en emisiones. En el año 2016 ha habido una reducción de emisiones del 3,3 % con respecto a 2015. Ese es un buen resultado. En cuanto a financiación climática ha habido 595 millones en 2016. Se están haciendo cosas, lo que hace falta es
colaborar.


Esta Comisión sí tiene sentido, señora Rodríguez; le voy a poner un ejemplo. Y termino ya. Es tal la insistencia, el impulso, la vocación que ha tenido esta Comisión por la rebaja de la factura eléctrica y del gas que el Gobierno ha
presentado una solución; ahora hay que colaborar con el Gobierno si nos interesa o no esa solución. Segundo ejemplo, esta Comisión aprobó mediante una proposición no de ley, a propuesta del Partido Socialista, la creación de un grupo de expertos
para analizar la Estrategia Española de Energía y Clima. Puedo dar ejemplos aquí, pero el presidente me está mirando y no puedo continuar.


Por acabar diré que muchas veces en el debate energético y eléctrico seguimos sin comprender que es un sistema N-1, es decir, hay que garantizar que en todo momento, veinticuatro horas al día, siete días a la semana haya acceso al suministro
eléctrico. Esto obliga a que, más allá de las filias y las fobias tecnológicas que tengamos, tenemos que garantizar una tecnología de respaldo que permita el acceso a ese bien que garantiza la competitividad de nuestra economía y el bienestar de
las familias.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal Anaya.


Para dar respuesta a sus señorías, a quienes anuncio que después tendremos un turno de réplica dadas las cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor ministro.


El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): Gracias, señor presidente.


Creo que ha habido en algunos casos elementos coincidentes. Intentaré resumir, pero ya saben que a mí me gusta responder portavoz por portavoz, porque aparte de la cortesía parlamentaria me permite ordenar el debate.


Respecto a Castor ya lo ha dicho el portavoz del Grupo Popular, incluso algún otro portavoz. Nosotros nos encontramos en el Gobierno en 2011 con el tema ya hecho: con el proyecto iniciado; las declaraciones de impacto ambiental aprobadas;
con un proyecto inicial de 700 millones que luego se permitió que subiese a 1200, que es en lo que al final consistió; con una construcción y pago del mismo. Aquí se ha hablado mucho de la empresa ACS; ACS cobró cuando construyó y se quedó con
una cantidad muy pequeña del capital de la explotadora, pero como constructora -que era el principal negocio de esa compañía- cobró, y cobró en la época de las legislaturas socialistas. El proyecto ahí estaba, y cuando se va a poner en marcha, que
es lo que ya nos tocó a nosotros -el proyecto construido, aprobado, con toda la normativa de entonces puesta en marcha-, dado el enorme coste que suponía para el sector energético -estoy hablando de 280 millones de euros al año para el conjunto de
los consumidores- porque piensen que el conjunto del sistema gasista es unos 3000 millones de euros, por tanto metía casi un 10 % de sobrecoste al sistema, nos encontramos con la situación, y lo primero que hacemos como Gobierno de entonces es
pedirle al Tribunal Supremo que nos deje no pagar esto, que declare la lesividad. Es decir, que la Administración vaya contra sus propios actos, que el Tribunal Supremo diga que las cláusulas que se firmaron en el contrato y alguna cuestión más
eran abusivas, dañaban el interés general, y que por tanto la Administración pudiera autoenmendarse, porque evidentemente la Administración hereda las decisiones políticas de los Gobiernos anteriores. Pedimos la capacidad de autoenmendarnos como
Administración, evidentemente con una dirección política diferente, y no nos lo permitió. A las múltiples preguntas de por qué se hizo esto: porque no tuvimos una sentencia favorable en la lesividad. Eso es lo más importante de todo, no se nos
permitió hacer esto, que es decir: no se incluya este gasto dentro del conjunto de los costes regulados del sistema y que se tenga que repercutir a los consumidores.


Este Gobierno cumple las sentencias; es bueno que todo el mundo piense que es bueno cumplir las sentencias, creo que en esto estamos todos de acuerdo, las sentencias las tenemos que cumplir. A partir de entonces, dado que tenemos que
cumplir una sentencia y este coste tiene que estar dentro del sistema, lo que hicimos fue minimizar el daño, hacer control de daños, hacer que en lugar de 280 millones de euros todos los años pasasen a ser 91 con una negociación financiera. ¿Qué
problema había? Que si no se hacía el pago pronto entraba en fallido, entraba en quiebra la entidad, porque la entidad solo tenía un poquito de capital y un montón de deuda, la mayor parte de ella en manos del Banco Europeo de Inversiones, pero
también de fondos de inversión que al mismo tiempo estaban comprando deuda pública.

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¿Qué querían? ¿Un default? ¿Un default del sistema gasístico español y un default frente al Banco Europeo de Inversiones y grandes fondos que habían financiado la infraestructura, teniendo además que cumplir una sentencia? Es decir, en
plena crisis de la deuda, en plena crisis del euro, España hace un default de 1300 millones de euros en una infraestructura que estaba considerada como segura. Era uno de los cinco proyectos europeos llamados The Project Bonds, un experimento
financiero que en aquel momento hizo el BEI, que luego de otra manera ha venido a ser heredero de esto el Plan Juncker. Todos los ojos de Europa puestos en este proyecto, una sentencia del Tribunal Supremo que no nos permite sacar esto de dentro
del sistema, ¿y qué hace el Gobierno de entonces? ¿Una irresponsabilidad? Pregunto, porque creo que aquí se nos está pidiendo que el Gobierno de entonces hubiese hecho una irresponsabilidad -lo digo con sinceridad-, que es provocar un default,
provocar un fallido de una institución española importante, y generar un problema enorme de reputación de la deuda española. Yo creo que eso es lo que se nos está pidiendo aquí: ¿Y por qué no lo hicimos entonces? ¿Y de dónde viene la celeridad?
¿Y por qué se hizo en treinta y cinco días? Les estoy dando la explicación; les puede no valer, pero es la que había y les digo que esto es rigurosamente cierto así, una enorme preocupación de qué vamos a hacer cuando el Tribunal Supremo no nos ha
dejado hacer otra cosa. Esa es la respuesta por la cual hicimos esto. Creo francamente que los grupos parlamentarios, como ha dicho el portavoz, que en su día apoyaron esa política energética, esa planificación deberían tener más prudencia en
esto; en mi humilde opinión deberían tener más prudencia.


Ustedes me dicen: ustedes han hecho mal el control de daños, pero me gustaría saber de qué otra forma se podría haber hecho ese control de daños. Me gustaría saberlo porque no he escuchado ninguna otra propuesta; ustedes sencillamente
dicen: No tenían que haber hecho eso, es decir, ustedes tenían que haber cometido esa irresponsabilidad, pero no estamos nosotros para cometer irresponsabilidades, se lo digo con toda sinceridad. (Protestas por parte del señor Salvador i Duch). A
partir de ahí me pueden decir que se podría haber dicho de otra manera, no lo sé, yo desde luego no he escuchado ni una sola propuesta sobre cómo hacer ese control de daños de otra manera, no la he escuchado. Sencillamente se nos dice que no
tendríamos que haber hecho esto, sino haber provocado la quiebra de la entidad, el impago al BEI y habría corrido como la pólvora en el rating de toda la deuda española de todas las empresas españolas cuando empezamos a salir un poquito de la crisis
financiera, de la crisis del euro y empezamos a bajar un poquito nuestra prima de riesgo. Esto es lo que ustedes nos dicen que tendría que haber hecho el Gobierno español de entonces, pues yo les digo que el Gobierno español de entonces no hizo eso
e hizo bien en no hacerlo. Y lo digo con sinceridad.


Pasa el tiempo, esto está ya dentro del sistema, no pudimos evitarlo, se paga mucho menos de lo que inicialmente se había previsto, y no se paga el lucro cesante, solamente se paga la deuda y el poco capital que había porque nadie ha ganado
un solo euro con el Castor; una vez que se construyó y se cobró por la construcción, no se ha pagado por nada, los costos operativos son los que son, que son los que tiene Enagás, y la deuda se está pagando como tal. Llega una sentencia del
Constitucional cuyos efectos son los que conocemos: esto no debe formar parte de los costes regulados, que es lo que precisamente nosotros habíamos pedido al Tribunal Supremo en su día, pero el Tribunal Supremo no nos lo dio. Bueno, ahora nos lo
da porque es la decisión que toma el Tribunal Constitucional.


Muchas de las preguntas que me han hecho ustedes no corresponden al Gobierno; el que tiene la gestión de la liquidación del sistema gasístico de este país es un organismo independiente que se llama Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia, y muchas de esas preguntas se las tendrían que haber dirigido al presidente de ese organismo. ¿Qué hicimos nosotros? Algún diputado me ha preguntado que por qué seguimos pagando con la orden ministerial de 2018 del gas, y la respuesta
es que todavía no teníamos los efectos jurídicos de la sentencia, como ya he dicho anteriormente, pero, claro, como muchas veces se lee en lugar de estar atento a lo que dice el compareciente... Lo tengo que decir así, lo hemos explicado. ¡Claro
que vimos a través de los medios de comunicación la sentencia! Pero el Gobierno no puede saltarse las normas a la torera, el Gobierno tiene que cumplir la legislación, y les recuerdo a sus señorías que los costes regulados los deciden ustedes por
ley y están en la regulación gasista, y nosotros no podemos sacar una orden ministerial que contravenga la regulación gasista que emana de las Cortes Generales, por eso les he dicho que teníamos que buscar un cierto grado de flexibilidad para poder
definir determinados costes regulados, especialmente cuando los quiere revisar la CNMC, que es una de las propuestas que les he hecho a ustedes precisamente. Como nosotros no nos podemos saltar la ley evidentemente, y la ley dice que se tiene que
pagar el Castor, hasta que se publicase la sentencia y tuviese efectos jurídicos nosotros teníamos que sacar una orden ministerial que incluyera el Castor, y la

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teníamos que sacar, también por ley, antes del 1 de enero. Por lo tanto a finales de año -no sé si el 30 o el 31 diciembre- sacábamos la orden incluyendo los pagos de Castor, porque evidentemente esta era nuestra obligación legal.


Cuando se publica la sentencia tardamos veinticuatro horas en enviarle una carta al presidente de la CNMC, diciendo que, en función de las atribuciones que tiene la CNMC como gestor del sistema de liquidación del gas, aplique la sentencia, y
es lo que la CNMC ha comunicado en el día de hoy que está haciendo. La consecuencia de esto es que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que por motivos formales considera que este coste no puede formar parte del sistema gasista. A partir
de ahí la CNMC ha cumplido la sentencia del Tribunal Constitucional, ya con la habilitación legal para hacerlo, que modifica de facto la orden ministerial por supuestísimo, porque la sentencia es posterior a la orden ministerial y además tiene
rango, porque es un rango constitucional. Esto es lo que va a ocurrir sencillamente. Se cumple la sentencia por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. ¿Qué más queremos que se haga?


Luego ustedes me preguntan: ¿Qué se va a hacer con el almacenamiento? Ya lo he dicho. El propio informe del MIT dice que hay que tener cuidado, porque si se saca el gas podemos tener efectos similares a cuando se introdujo. ¿Quiere
alguien que eso ocurra? ¿Quiere alguien sacar el gas sin tomar las precauciones, sin hacer los estudios adecuados y sin ver que se haya asentado adecuadamente bien la falla, que es una de las cosas que hay que ir mirando? Esto no se hace en dos
días, no es la voluntad política la que lo determina, son los estudios técnicos los que tienen que determinar que ha pasado el tiempo suficiente para que se vaya asentando el terreno y permita realizar otro tipo de operaciones. A algunos les
gustará más o les gustará menos, pero esto tarda el tiempo que tarda, y tendrá que mirarse con cierta tranquilidad. A nosotros el MIT nos dijo que por lo menos había que estar dos o tres años a la espera, y a algunos les gustaría que se hicieron
las cosas con más prisa, pero yo creo que con bastantes prisas se han hecho ya las cosas con el Castor como para que ahora, deprisa y corriendo, por obtener una ventaja política o para vendernos a los vecinos de la zona, se cometa el error de sacar
el gas demasiado pronto, que es lo primero que hay que hacer. Por supuesto que hay que mantener el sellado, por supuesto que hay que mantener la hibernación y que esa estructura no genere ningún problema adicional, que es en lo que estamos. Cuando
pase un tiempo prudencial para poder ver los análisis que permitan que se ha asentado adecuadamente el terreno, y ver si técnicamente es factible el proceso de desmantelamiento, se empezará a hacer, pero aquí queremos vender muchas veces por encima
de la lógica y la técnica, que es lo que tiene que mandar aquí, el discurso político. Me parece que es irresponsable poner un discurso político, de venta política por delante de la seguridad de los ciudadanos, y lo digo también con la misma
sinceridad con la que lo he dicho antes.


En cuanto a Marismas tengo que decir que el ministerio no es competente en declaraciones de impacto ambiental. (Protestas por parte de la señora Lucio Carrasco). Lo hace el ministerio de Medio Ambiente, pero aquí está compareciendo hoy el
ministro de Energía, y lo que les ruego es que esas preguntas las formulen en la Comisión adecuada. (Protestas por parte de la señora González Bayo). Yo comparezco en función de mis competencias y mis competencias están fijadas por real decreto.


El señor PRESIDENTE: Señorías, un momento. Si entran en diálogo, hay un problema además para la retransmisión y se pierde parte de la comprensión, por lo que es mejor que ordenemos el debate como es normal.


El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): ¿Cuáles son las competencias del ministerio? La regulación energética; si un almacén es útil o no para el sistema energético, si se debe o no utilizar para el sistema
energético. Esto está en una planificación anterior y ya saben ustedes que las planificaciones no se pueden cambiar, pero entrando en responsabilidad patrimonial, sí.


Nosotros hemos dicho -hoy también lo he dicho- que son prioritarios los temas de seguridad y medioambientales. Nosotros no hacemos análisis de impacto ambiental, porque además no sería bueno, ¿no creen? Lo bueno es que los hago otro
organismo diferente a nosotros para que haya objetividad, porque, claro, tu puedes desear algo que puede ser muy útil para el sistema, pero si luego tiene impactos medioambientales no creo que sea bueno que el mismo que quiere la instalación sea el
que evalúe el impacto ambiental. Es un organismo diferente. En este caso es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias, por lo que yo sé. Ustedes me preguntan: ¿Se pueden elevar las competencias u otro tipo de elementos a declaraciones
de impacto ambiental de la Administración General del Estado? Si les

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contesto sinceramente no lo sé, porque no lo sabe nadie en mi ministerio, no nos dedicamos a esto; ustedes también me pueden preguntar sobre la planta judicial y les diría exactamente lo mismo, es decir, no tenemos competencias en otras
materias que las que tiene el Ministerio de Energía, y es precisamente sobre el funcionamiento del sistema. ¿Qué hacemos nosotros? Siempre lo mismo, o esto está impecable desde el punto de vista medioambiental o nosotros no vamos a dar ninguna
licencia.


Hemos visto que de los tres almacenamientos hay uno con impacto desfavorable. Pues aquí ya no hay más que decir; la Junta de Andalucía ha dicho que tiene impacto desfavorable, pues nosotros no vamos a hacer nada más; si no se puede, no se
puede, nos lo ha dicho la autoridad medioambiental, y por tanto no va a haber avance ni en la construcción ni en nada. Otro almacenamiento está pendiente de que diga algo la autoridad medioambiental, y yo no les puedo adelantar lo que va a decir la
Junta de Andalucía en el otro, no puedo hacerlo; y hay otro almacenamiento al que la Junta de Andalucía dijo que sí, que era favorable, y es cuando nosotros hemos pedido los informes al Instituto Geológico Minero. ¿Que quiere cambiar de opinión la
Junta de Andalucía? Nosotros no tenemos nada que decir, si nos dice que ha cambiado de opinión, impide que el almacenamiento se pueda realizar y que se pueda poner en funcionamiento, pero nos lo tiene que decir. No vale una declaración de un
consejero, tiene que ser el procedimiento que a nosotros nos permita una habilitación legal, porque las administraciones no pueden actuar arbitrariamente, artículo 9.3 de nuestra Constitución, que supongo que no hace falta recordar; se prohíbe la
arbitrariedad de los poderes públicos en nuestro Estado de derecho, nosotros no podemos decir porque sí o por capricho o porque no o por capricho, tenemos que basarnos en algo. Cuando una instalación tiene problemas medioambientales evidentemente
se dice que no, pero nos lo tienen que decir, es que no nos lo han dicho, es que eso es lo que está pasando aquí. (Protestas por parte de la señora Franco Carmona). Lo que no puede pretender una autoridad autonómica es: como me va a meter en un
lío revertir la declaración de impacto ambiental que hice en su día, que venga el Ministerio de Medio Ambiente, cometa una irregularidad y le meto presión política para que lo haga. No, haga usted lo que tiene que hacer, que es decirme que la
declaración de impacto ambiental la va a revocar y me va a dar otra. Eso es lo que tiene que hacer la Junta de Andalucía, no meterle presión al ministerio para que incumplamos nuestra normativa y nuestra legislación, porque nosotros no podemos
arbitrariamente denegar un permiso cuando tiene todo en orden. Ustedes dicen que no lo tiene todo en orden, pero eso lo tiene que decir el órgano competente. ¿Tiene que haber otro tipo de declaración de impacto ambiental? No lo sé, eso
pregúntenselo a los que saben de medio ambiente, porque nosotros no nos movemos ni un milímetro hasta que están perfectamente aclarados todos los temas medioambientales y de seguridad. No nos movemos un solo milímetro. (Protestas). Nosotros solo
tenemos una declaración favorable y no quiero entrar en diálogo porque luego nos regaña el presidente. No tenemos eso. Yo estaría encantado de que se hicieran las cosas adecuadamente según el procedimiento, pero esto no es cuestión de
manifestaciones o declaraciones altisonantes en la Cámara; es cuestión de que la Administración competente siga el procedimiento que tiene que hacer para esto. Es muy sencillo. Si nos viene una declaración de impacto ambiental desfavorable de la
junta, esto se ha acabado. El almacenamiento ya no sigue. Para nosotros es condición sine qua non que todo esté perfectamente arreglado desde el punto de vista medioambiental. Lo mismo pasa con los temas de seguridad. O nos dice el Instituto
Geológico y Minero que esto está impecable o nosotros no seguimos. Como les he dicho a día de hoy se les ha puesto una serie de requisitos a los concesionarios, y me tienen que decir que con lo que hacen vale; si no, no sigue hacia delante. Es
muy fácil. Lo que no me pueden reclamar como jefe de departamento es que les diga a mis funcionarios que, como tenemos presión política, les vamos a denegar la autorización aunque tenga todos los informes favorables la empresa. No, tendremos que
denegarla motivadamente, porque se nos obliga a denegar motivadamente. Y motivadamente es con una declaración desfavorable de la Junta de Andalucía o que nos diga el Instituto Geológico y Minero que algo no está en orden. (La señora Franco
Carmona: Ya lo ha dicho). Ya, pero el Instituto Geológico y Minero no ha dicho que es definitivamente contrario. No, ha dicho que tiene que cumplir una serie de requisitos el concesionario. Descuiden, porque nosotros no vamos a cometer el error
que se cometió con Castor. Como no esté todo en condiciones no se abre un almacenamiento subterráneo de gas en este país mientras esté este Gobierno. Tiene que estar todo en condiciones, pero no pueden decirme que opinan que no está en condiciones
cuando el informe que emiten dice que está en condiciones. Eso no se puede hacer y es lo que ahora mismo ocurre con ese almacenamiento.


Respecto al tema de precios en el gráfico se ve cómo han evolucionado los precios en España para los consumidores desde el año 2005. Son datos de la Comisión Europea y esto es para industriales. La

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época de crecimiento espectacular de los precios finales en factura no es la del Partido Popular. ¿Por qué? Porque se subían los peajes muchísimo. ¿Por qué? Porque se aumentaban los costes regulados muchísimo y aún así con las subidas de
peajes no se cubrían los costes regulados y se creaba déficit tarifario. Eso es lo que ocurría entonces. Me dicen que congelar los peajes y congelar los costes regulados no ayuda a bajar los precios, pero subirlos los destroza en un caso y en el
otro. En el caso de consumidores industriales han bajado según los datos de la Comisión Europea; estamos incluso por debajo de la media de la zona euro, y solo Francia está un poco por debajo de nosotros. Cuando se congela la parte regulada y lo
demás va bien se ayuda a reducir el precio, pero es que además hemos congelado y bajado. En 2015 se bajaron un 2,3 % los peajes en este país. Es decir, hemos congelado y hemos bajado. Luego me dirán si ayudamos o no a bajar los precios. Hay una
gran diferencia entre aumentar los costes regulados -muchas veces por caprichos políticos-, subir luego los peajes, destrozar la parte fija del recibo e ir aumentando sustancialmente el precio de la luz, y congelarlos y dar todos los años la batalla
para que no aumenten los costes. Eso nos cuesta mucho y para eso les he pedido ayuda en esta Cámara. El ministerio necesita ahora que muchas de estas cosas tengan rango de ley para poder seguir manteniendo un equilibrio tarifario que permita
seguir congelando e incluso bajando los peajes. Para eso les estoy pidiendo ayuda, porque eso cuesta todos los años muchísimo. No se pueden imaginar la cantidad de gente que quiere aumentar los costes en su beneficio o que los demás paguen y ellos
no. Eso a veces se refleja en muchas de las propuestas políticas que aparecen por esta Comisión. Está claro que a todo el mundo le gustaría pagar menos, sobre todo si se tienen 10 000 u 11 000 millones de sobrecoste en el sistema.


Sobre esos precios regulados luego viene la generación y el mercado mayorista. El mercado mayorista nuevamente a corto plazo depende de la coyuntura. El año pasado ustedes le echaban la culpa al Gobierno de las subidas de precios; se la
echaban y podemos ir al Diario de Sesiones. (La señora Lucio Carrasco: Era por el tiempo). Este ministro tenía la culpa de que estuviese subiendo tanto la luz y además no hacía nada. Eso está en el Diario de Sesiones dicho por un sinfín de
portavoces. Ahora que está bajando, yo voy a ser honrado. Como les decía, eran circunstancias ajenas a la capacidad de la política energética y de la actuación a corto plazo -aunque estábamos tomando algunas medidas- y junto a nosotros estaba el
resto de los países europeos. Pero la cuestión era desgastar al Gobierno con el discurso que fuese. Era cuestión de desgastarlo y decir que la culpa de eso la tenía el Gobierno. De todo tenía la culpa el Gobierno, y por supuesto la tenía que
tener. Como dicen los italianos, piove, porco Governo. Ahora ha bajado. ¿Dónde está el mérito? En aguantar y en saber que si la política energética está bien hecha en cuanto vienen circunstancias más favorables los precios bajan. No nos pusimos
nerviosos ni hicimos demagogia. A mí no se me ha ocurrido decirle a la alcaldesa de Madrid en plena sequía que tiene la culpa de la contaminación. No se me ocurrió hacerlo porque sería muy demagógico por mi parte. (El señor López de Uralde
Garmendia: A su compañera sí). He preguntado al Grupo Popular en el Ayuntamiento y me han dicho que ellos tampoco; otra cosa es si es verdad o no. (La señora Rodríguez Hernández, doña Melisa: Ayer lo dijo Tejerina.-Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor.


El señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): A mí no se me ocurre porque la sequía, la falta de viento, la meteorología tiene unos impactos a corto plazo que no puede controlar un municipio. Lo que sí puede hacer
un municipio es hacer política a medio plazo: ver con qué se calienta la calefacción, qué tipo de autobuses urbanos se utilizan, qué combustible utilizan los taxis, qué medidas de circulación se ponen... Puede plantear medidas de ese estilo de
forma que cuando tengamos períodos mejores y periodos peores la tendencia sea la buena. Eso es lo que podemos hacer en el mercado mayorista, que la tendencia sea la buena. Les he dicho qué elementos estamos aplicando para que la tendencia sea la
buena: en primer lugar, un mix que, cumpliendo los objetivos medioambientales, sea el más barato posible; en segundo lugar, interconexiones; y en tercer lugar, un incremento de energía renovable que haga competencia en el mercado y no que aumente
los costes, que es lo que ocurría antes. Se metía energía renovable y como había que primarla aumentaba los costes. La de ahora los disminuye. Esos son los elementos que estamos haciendo para mejorar los precios. Por otro lado, dentro de la
normativa y de la seguridad jurídica -porque en este país tenemos que actuar según las normas-, cuando nos encontramos con elementos de sobrerretribución hay que actuar inmediatamente para reducirlos, y adelantar así lo antes posible la mejora de
los costes regulados. Esa es una buena parte de las propuestas que les he traído para regular en esta Cámara -o en el Senado, porque estoy viendo el poco éxito que han tenido aquí- y para ponerlas en marcha inmediatamente. Francamente creo que

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son urgentes, pero si no, irán por proposición de ley. No se preocupen porque mi grupo, el grupo que apoya al Gobierno -también es mi grupo, porque soy diputado del mismo- va a plantear esas medidas.


La señora Lucio me habla de Portugal. No mire solo un año, señora Lucio, por una cuestión: Portugal no tiene el PVPC y va con un año de retraso. Cuando suben mucho los precios mayoristas, los pagan al año siguiente. Con la subida de
precios que ha habido en 2017 en el mercado mayorista no sé qué va a ocurrir con el mercado minorista en Portugal. Sin embargo si mira la media de los dos o tres últimos años el mercado portugués tiene un comportamiento similar al nuestro o algo
peor, porque nosotros hemos aplicado más medidas de apoyo al consumidor. En todo caso es una evolución similar, porque evidentemente tenemos el mismo precio mayorista.


También me ha preguntado por la volatilidad. La volatilidad es inherente a la intermitencia que estamos introduciendo en el sistema con los objetivos de cambio climático. Es imposible meter renovable que depende de la cantidad de agua, de
la cantidad de viento y de la cantidad de sol, y no encontrarnos con volatilidad. ¿Quién no tiene volatilidad? Francia con un 75 % de nuclear no tiene prácticamente volatilidad; bastante menos volatilidad que nosotros, aunque también tiene.
Alemania con el lignito. Yo no quiero producir electricidad con lignito. Es un carbón de baja calidad fuertemente emisor y muy contaminante, pero es evidente que tiene menos volatilidad en el precio. Esto es así. Estamos introduciendo renovables
y la volatilidad es inherente. Cualquier análisis de expertos sobre esto habla de esta cuestión. Ese es el gran problema. La más importante discusión que no ha quedado cerrada del todo en el paquete de invierno es qué hacemos con la intermitencia
y cómo pagamos la flexibilidad. La propuesta de mercados de solo energía -lo que llaman energy only- consiste en meter en picos de precio el coste de mantener un sistema flexible, lo cual aumenta sustancialmente la volatilidad. El Consejo tuvo que
luchar muchísimo para que esa no fuese la propuesta final adoptada, que es la que viene a la Comisión. La Comisión Europea quiere un sistema de volatilidad extrema. Nosotros vemos el peligro que esto tiene en todos los sentidos y queremos utilizar
otro tipo de cosas, pero también he visto propuestas de eliminación de los pagos por capacidad. Los pagos por capacidad es el antídoto de la volatilidad, si no hay que pagarlo por precio. Son cuestiones técnicas muy complejas. Escapan del debate
político, es más una solución que se quiera ver, y nadie ha logrado una solución perfecta, salvo que alguien invente un sistema de almacenamiento digno de tal nombre; eso sí, ahí se acabó la volatilidad. Es una solución más técnica que económica.
La volatilidad es inherente a cómo se está generando y, por tanto, si podemos almacenar eliminaremos la volatilidad y si no podemos físicamente almacenar es muy difícil no hacer económica una volatilidad física y no trasladarla. Hubo una época en
España en que se pagaba un seguro de precios carísimo, que suponía un 15 % de sobreprecio en la factura de la luz. Creo que no deberíamos volver a esos tiempos. Eso sí, los que daban ese seguro de precio formaban parte del sistema energético y del
sistema financiero y obtuvieron más que enormes rendimientos; y cuando el Gobierno quitó ese sistema de precio obligatorio y el PVPC lo dejó limpio, sin ningún tipo de seguro obligatorio, empezaron a decir que íbamos a tener todo tipo de problema
político, precisamente los que se beneficiaban de la venta de ese tipo de seguros.


Me ha hablado de la relación entre las propuestas energéticas y climáticas. La ministra de Medio Ambiente y el ministro de Energía nos llevamos muy bien, no solo en lo personal sino en todo lo demás, lo que pasa es que hablamos para
públicos diferentes. Nosotros hablamos para el consumidor, para la competitividad industrial y ella habla para una sociedad preocupada por el medio ambiente. Las acciones son comunes, pero ponemos incidencias y acentos de forma diferente en las
cosas que planteamos. Nunca verán una contradicción en el planteamiento de las medidas que proponemos, entre otras cosas porque tenemos muy claro que las restricciones medioambientales forman parte inherente del sistema. Es decir, yo no puedo
abaratar la electricidad a base de saltarme las restricciones medioambientales, ni ella puede plantear medidas medioambientales más allá de lo que se ha acordado que supongan una pérdida descomunal de competitividad para nuestra industria o
perjudiquen al consumidor. Precisamente, es por el diálogo entre los ministerios por lo que consideramos unos equilibrios. Pero ella tiene una ventaja que no tengo yo, y es que ella tiene aprobada toda la normativa europea. Nosotros hemos
empezado a hablar, hemos hecho posición común, y fue un éxito, en diciembre, en todos los elementos del paquete de invierno en el Consejo. Solo hay aprobada una de las ocho normas en el Parlamento y solo hay trílogos relativamente avanzados en
eficiencia energética y empiezan ahora en renovables, y todavía queda todo lo que viene por detrás. Y por lo que me está contando la gente del Parlamento Europeo, la aprobación de directivas y reglamentos, por un lado, y los trílogos, por otro, van
para largo. No podemos hacer la parte energética de la ley sin conocer la normativa europea. Creo que esto es de sentido común. La parte de

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clima está muy avanzada, además hay una parte que es puramente comunitaria, se traslada al mercado de ETS aquí bien, pero la gestión del propio mercado la va a hacer la Comisión Europea; pero nosotros tenemos que adaptar nuestra legislación
a lo que va a ser el paquete de invierno. ¿Qué va a ser el paquete de invierno? ¿Cuál va a ser el objetivo final de renovables al que van a llegar las instituciones? No lo sabemos. ¿Cuál va a ser el reparto que al final se va a hacer? Todavía
seguimos discutiendo las fórmulas de reparto, lo que llaman el agujero de esfuerzo, el gap de esfuerzo, el hueco. Cuando los países de forma individual propongan sus objetivos nacionales, si falta para llegar al objetivo comunitario, cómo se
reparte de alguna manera obligatoria el gap de esfuerzo. Hay como media docena de propuestas diferentes. Evidentemente, cada país o grupo de países tienen las suyas. Todavía no tenemos esa normativa europea, luego no me pidan hacer otra cosa que
seguir. Fuimos muy constructivos en el Consejo de diciembre, muchísimo, como Gobierno, y logramos un acuerdo -al que muchos pensaban que no se iba a llegar- a veintiocho, entre los distintos Estados miembros, y aquí llegamos. A partir de ahora
ustedes también tienen representantes en el Parlamento Europeo y tendremos que ver qué normas se van aprobando y cómo funcionan los trílogos entre las diferentes instituciones; y cuando tengamos las directivas y los reglamentos, lo podremos
trasladar a la legislación española. Creo que ese es un elemento esencial.


Señor López de Uralde, no es que no vayamos a cumplir, es que con las subastas que hemos hecho, la previsión a día de hoy es que ya tenemos el 19,7 %. Esa es la previsión. (Denegaciones del señor López de Uralde Garmendia). Usted dice:
No es esa la previsión. Bueno, si se cumple en todos los parques, y si no tendrán que pagar las indemnizaciones y las garantías que han puesto, que son muy cuantiosas. Porque una de las cosas que pedimos en las subastas fue que la gente fuese en
serio. Pedimos que la gente fuese en serio, de forma que el que se ha reservado para sí una parte de la subasta y un parque y luego no lo haga va a perder mucho dinero, aunque supongo que cuando han entrado será sabiendo esto. Se aumentaron
muchísimo las garantías respecto a las subastas anteriores, precisamente para que el que fuese lo hiciera en serio. A partir de ahí, con ese volumen de renovables tendríamos un 19,7 %. Nos queda -lo ha dicho la portavoz de Ciudadanos- todo el
desarrollo en Canarias -luego le dedicaré un tiempo- y nos queda la posibilidad de aplicar otras medidas, como en biocombustibles o en otros sitios. En las que se pueden poner más al final, también podemos esperar a ver qué sale en el paquete de
invierno, precisamente para hacer ya el cambio a lo que va a ser la nueva normativa, y, francamente, en relación con otros países España está en una posición de cumplimiento envidiable.


En cuanto al modelo de la Carlos III -aunque no lo ha mencionado, también me lo planteó la otra vez la señora Lucio-, como todo modelo académico se basa en supuestos. Nosotros hemos hecho otro tipo de ejercicio. Hay dos que creo que son
tremendamente influyentes en el resultado del modelo. Uno, es que se aplica solo a 2017, año con muy poca pluviosidad, de forma que el número de episodios en los que el gas marca el precio es muy alto, y el otro es que establece un estándar por
cada tecnología, de forma que considera que todos los ciclos combinados son iguales o establece muy pocas categorías y cada planta es un mundo, cada planta tiene su propio contrato de gas, cada planta tiene su tecnología, es más obsoleta, lo es
menos. Por eso, nosotros preferimos hacer un análisis sobre datos reales, sobre ofertas que realmente existen, no sobre ofertas que teóricamente pueden hacer, sino las que realmente han hecho, en función de sus costes y de sus estrategias de
mercado. Por eso, salen estos resultados discrepantes. Nosotros pensamos que la metodología que hacemos es infinitamente más rigurosa y, sobre todo, realista, toca mucho más la realidad. Evidentemente, cualquier papel académico tiene sus ventajas
y tiene sus inconvenientes y para seminarios académicos está llena la universidad.


Cuando se ha hablado de Castor yo creo que se han hecho muchas más críticas a lo que fue la gestión, construcción, contratación, declaraciones de impacto ambiental y demás. Creo que de esto ya he hablado. Y sobre el porqué hicimos la orden
ministerial como la hicimos, creo que también lo dije en mi primera intervención y lo he dicho en la segunda. También ha preguntado una serie de cuestiones sobre Doñana. Yo no sé el currículum profesional de don Felipe González ni pretendo
saberlo. Lo digo porque también hemos escuchado esto bastante. ¿Y por qué se están pagando esos 6,3 millones? Precisamente por lo que decíamos antes, porque es un coste regulado reconocido por la ley, y el Gobierno no puede saltarse la ley. Se
tendrá que cambiar la ley, y yo encantado. Por eso le estamos pidiendo que a raíz de las peticiones que hagan los organismos reguladores tengamos flexibilidad para que, de forma inmediata, no tengamos cada vez que pedir lesividad o cambiar la norma
con rango legal, y podamos hacer cambios de este estilo que beneficien al consumidor.

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Se ha hablado mucho del palco del Bernabéu, del señor Florentino... Yo de fútbol sé muy poquito, porque no soy un gran aficionado. Creo que los discursos están muy bien. En todo caso, la principal actuación de ACS fue construir y cobrar,
y eso lo hizo en época en la que no gobernaba el Partido Popular. Tanto la portavoz de Ciudadanos como creo que el último interviniente de Esquerra hablan de 4000 y pico millones de euros. Como presumo que ustedes tienen conocimiento de matemática
financiera saben que nunca se puede calcular el valor de un proyecto si no se habla en presente. Sería lo mismo que decir que una casa que vale 200 000 euros vale mucho más porque se han pagado muchos intereses en la hipoteca. Evidentemente, no.
La casa vale 200 000 euros. Como es de puro conocimiento básico de matemática financiera, entiendo que es del discurso y no, evidentemente, de un error de concepto.


Me ha gustado que me hable de las interconexiones con el norte de África. No están saturadas las eléctricas y tenemos capacidad de sobra en gas, sobre todo porque el Medgaz, lo que une Argelia con España, con meter un par de compresores a
ambos lados puede aumentar también su capacidad. Es una negociación delicada porque saben que las relaciones de Marruecos y Argelia son siempre relaciones complejas, y nosotros estamos tratando de mediar y de ayudar. Por tanto, se lo agradezco
porque es un tema del máximo interés.


Sobre el carbón, ya saben que no reciben ayudas y que solo quedan ya 300 mineros en activo. Aquí a veces se confunden las centrales de carbón, que importan carbón de fuera, con las minas de carbón, que es una historia que es bien diferente.
En 2010 se aprobó una decisión europea y esto ha ido gradualmente desapareciendo hasta llegar a la situación actual, en la que es un sector ya tremendamente reducido.


Respecto a los fondos Miner, no tengo ningún inconveniente en que se analice todo lo que se quiera por una sencilla razón. Nosotros tenemos a la Intervención General del Estado y al Instituto de la Minería del Carbón con un montón de
contenciosos con las comunidades autónomas precisamente porque queremos que todo se haga adecuadamente bien. Y los nuevos convenios-marco que estamos firmando son mucho más gruesos que los anteriores, porque ponemos todo tipo de precauciones para
que los proyectos se hagan y se liquiden adecuadamente bien. Ya tenemos dos firmados, uno con Asturias y otro con Castilla y León, y próximamente vamos a firmar otro con Aragón. Y, como sé que Castilla-La Mancha quiere hacerlo, empezaremos las
negociaciones cuando ellos quieran.


Me ha hablado de la coordinación con Canarias, que con el Gobierno es la mejor. Usted y yo sabemos que el mayor de los intereses del Gobierno es que existan las renovables en Canarias, y encima vamos a hacer un proyecto que va a ser muy
atractivo porque tenemos la posibilidad de aplicar fondos comunitarios como en ningún otro sitio por ser esta una región ultraperiférica. Luego estará la realidad de cómo se comportan las autoridades locales y autonómicas, pero ya le digo yo que en
esto la Constitución nos prohíbe entrar. Cada uno, como es lógico y natural, tiene sus propias competencias.


Me preguntó sobre las relaciones entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Energía y sobre si estamos comprometidos con el cambio climático. Señoría, 8000 megavatios de renovables lo hacen evidente. Nosotros cumplimos
nuestros objetivos; nosotros sabemos que tenemos que cumplir y llegar al 20 %, por eso somos muy conscientes de que hay que tener cuidado con lo que hagamos para 2030, porque es muy fácil poner objetivos imposibles para venderlos y que luego te
aplaudan las asociaciones ecologistas, pero nosotros pensamos de otra manera. Nosotros decimos: Vamos a fijar objetivos que podamos cumplir. ¿Qué es lo que ha ocurrido con 2020? Que vamos a cumplir el 20 %, y como vamos a cumplir el 20 %,
hagamos para 2030 un objetivo lo suficientemente ambicioso pero cumplible. La inmensa mayoría de mis colegas en el consejo probablemente piensen de otra manera y digan: Vamos a poner un objetivo que suene muy bonito, total en 2030 no estaré yo.
Pero yo soy otro tipo de ministro, soy un ministro que piensa que tenemos que hacer objetivos que se puedan cumplir porque España se juega su credibilidad, entre otras cosas, siendo un país serio y que cumple los objetivos medioambientales que se
pone.


Me preguntaba usted que para qué trabaja la Comisión. Señoría, cualquier propuesta de la Comisión que ayude a rebajar los costes del sistema, no a algunos usuarios a costa de otros, sino que abarate los costes generales del sistema,
nosotros somos los primeros que la aplaudimos, y les hemos hecho una propuesta a día de hoy.


Al portavoz de Esquerra le he hablado de los sellados, me ha preguntado por las acciones y le he hablado sobre las cuestiones del riesgo del desmantelamiento, por lo que creo que en general le he respondido: Si no es así, le ruego que me lo
diga. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Vamos a abrir un turno de réplica de tres minutos, con una intervención por grupo parlamentario. Pienso ser absolutamente estricto en el uso del tiempo. El portavoz de Esquerra pide adelantar su intervención, que será de un minuto. ¿Se lo
permite el resto de portavoces? (Asentimiento). Adelante, señor Salvador i Duch.


El señor SALVADOR I DUCH: Solo quiero decir dos cosas.


En primer lugar, estoy contento, porque me parece que con las explicaciones que ha dado se va a poder crear una comisión de investigación. Me parece que el tema lo merece. Unas instalaciones que aún no sabemos cómo vamos a sellar o cómo
van a poder cerrarse, etcétera, suponen una cuestión importante.


La otra cosa que quiero señalar -y no voy a decir el nombre del diputado- es que ha habido un error. Nosotros no hemos dado nunca, nunca, soporte al proyecto Castor, y quiero que quede bien claro. Tengo aquí la hemeroteca (Muestra su
teléfono móvil), tengo alegaciones y tengo lo que quiera. Hace once años, el 29 de agosto de 2007, nosotros ya pedimos que este proyecto se paralizara.


Dicho esto, muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Salvador i Duch.


Recuperamos el turno normal. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.


La señora LUCIO CARRASCO: Quiero hacer alguna aclaración.


En primer lugar, sobre el almacenamiento de gas en Doñana, usted ha hablado de los tres proyectos que están parados y nosotros queremos que nos hable del proyecto que está en marcha y que nos diga qué va a hacer el ministerio tras el informe
del Instituto Geológico y Minero, así como pedirle que, si puede ser, nos den cuanto antes ese informe del que nosotros carecemos.


Con respecto al tema Castor, me parece muy bien hacer de nuevo un relato sobre lo que ocurrió, pero si vamos a hacer un relato sobre lo que ocurrió yo quisiera saber por qué el Gobierno en su momento no hizo una negociación con la empresa
sobre el coste real a indemnizar y sobre las responsabilidades de la empresa concesionaria, que entonces ni siquiera tenía la concesión definitiva, porque, como bien sabe, estaba en pruebas. Quisiera saber por qué ocurrió todo de esa manera, porque
la historia se puede contar de muchas formas, pero lo que está claro es que aquí ha habido una indemnización y que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que da la razón al Grupo Socialista y a la Generalitat de Catalunya respecto a que eso
no se hizo bien.


A partir de ahí, señor ministro, usted ha respondido lo que le ha parecido. Yo no le he preguntado sobre la volatilidad -yo sé perfectamente por qué hay volatilidad-, yo le he preguntado qué va a hacer usted para rebajar el precio de la
luz, qué políticas van a poner en marcha, y ha seguido sin responderme. Mantener las retribuciones no es bajar los precios, sino mantenerlos.


Ha hablado usted también de que la ministra de Agricultura tiene que dar cabida a unos ciudadanos preocupados por el medio ambiente, mientras que usted habla con los consumidores. Señor ministro, yo soy consumidora y también soy una
ciudadana preocupada por el medio ambiente, como la mayoría de los ciudadanos que se preocupan por el medio ambiente, por tanto, queremos que se resuelvan las dos cosas a la vez y que haya una respuesta integral por parte del Gobierno de este país,
una respuesta para todo, no solamente para una cosa. No se puede departamentar todo, señor ministro.


Me alegro de que se haya interesado, aunque no lo haya comentado en ningún momento, por el modelo Energea, modelo por el cual nos guiamos nosotros para hacer una serie de pruebas y ver cómo puede quedar el precio de la luz. Quiero destacar
que el Partido Socialista apuesta por que la reforma del sector energético en su conjunto tenga un nuevo sistema de fijación de precios, con un único objetivo realista: abaratar los costes energéticos a las familias y a las empresas, cumpliendo con
los objetivos climáticos.


Las medidas que ustedes están tomando y que nos han propuesto en el día de hoy carecen...


El señor PRESIDENTE: Señoría, concluya, por favor.


La señora LUCIO CARRASCO: ... de la seguridad jurídica necesaria y abaratan por un lado, pero por otro encarecen; y si no, mire usted los movimientos bursátiles de los últimos días.


Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Lucio Carrasco.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias.


Señor ministro, usted dice cosas muy diferentes a las que dice la ministra de Medio Ambiente, y hoy hemos escuchado unas cuantas. Ha reconocido, por ejemplo -y estoy de acuerdo con usted-, que la culpa de la contaminación de Madrid no es de
Carmena, sin embargo, ayer la ministra de Medio Ambiente dijo en la Comisión de Cambio Climático que la culpa de la contaminación era de Podemos. Lo dijo así, y aquí hay testigos.


Otra cuestión sobre la que usted dice cosas diferentes es sobre el cumplimiento del objetivo 20/20. Usted ha dicho que si se instalan los 8000 megavatios de la subasta, estaremos en el 19,7 % (El señor ministro de Energía, Turismo y Agenda
Digital hace gestos negativos), por tanto, no estaremos en el 20/20, y eso con dos condiciones: que se instalen los 8000 megavatios, cosa de la que la propia industria duda, y que no haya crecimiento de la demanda. Por tanto, también en eso tienen
un discurso diferente, porque ya afirma sin contemplaciones que el objetivo se va a cumplir.


En cuanto a los temas Castor y Doñana, los dos son consecuencia de un modelo energético absolutamente sobredimensionado que ustedes han compartido con el Partido Socialista y que consistía en instalar almacenes de gas en distintos puntos de
la península porque consideraban que la demanda iba a subir hasta el infinito, cosa que luego no ha ocurrido.


Se han puesto de manifiesto suficientes cosas muy interesantes como para justificar, como ha dicho el diputado de Esquerra Republicana, una comisión de investigación sobre el caso, cosa que nosotros compartimos y que hemos pedido, porque
efectivamente había distintos actores políticos implicados en que Castor fuera para delante, pero ustedes hicieron algo que el Tribunal Constitucional ha tumbado. Ustedes, deprisa y corriendo, sin pasar por el Congreso de los Diputados, pagaron esa
indemnización mediante un método respecto del que por lo menos me reconocerá que el Tribunal Constitucional ha dicho que no era el correcto. Por tanto, por lo menos eso lo hicieron ustedes mal, lo hicieron incorrectamente, es decir, aprovecharon su
mayoría absoluta para hacerlo deprisa y corriendo. Y, qué casualidad, ustedes siempre van deprisa y corriendo a satisfacer los intereses de los grandes, ya sean los bancos, sea en este caso ACS o sean las autopistas. Siempre corren a resolver los
problemas de las grandes empresas. ¡Qué casualidad! Por eso nosotros creemos que sería importante crear una comisión de investigación para que haya transparencia y publicidad de toda la documentación sobre lo que hay alrededor del Castor. Por
cierto, no solamente es lo que se ha pagado, sino que cada año pagamos 17 millones de euros en su mantenimiento, que con eso sí se podría terminar.


Sobre el tema de Doñana, usted sabe más de medio ambiente de lo que dice que sabe. Usted sabe que Doñana es un proyecto que se ha dividido. Primero, respecto a la diapositiva que usted ha puesto diciendo que no está en Doñana, vamos a ver,
en el subsuelo no están las rayas de lo que es el parque y lo que no lo es. Yo he visto un pozo que está en la misma línea del parque, y en el subsuelo...


El señor PRESIDENTE: Señoría, le ruego concluya.


El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Concluyo muy rápidamente.


El Instituto Geológico y Minero ha dicho claramente que es un proyecto de alta peligrosidad debido al riesgo de inundación. Hagan público ese informe. ¿Por qué no se hace público? En definitiva, el proyecto de gas en Doñana, en primer
lugar, responde a una planificación energética sobredimensionada, y en segundo lugar, está ubicado en un lugar -reconocido por todas las partes- en el que han tenido que romper en cuatro partes el estudio de impacto ambiental para poder poner en
marcha una pequeña parte. Eso es incorrecto, va en contra de la directiva europea, y usted lo sabe. Paralicen el proyecto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.


La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ (doña Melisa): Señor ministro, le solicitamos que en el tema de las Marismas nos envíe esos estudios que ha nombrado, si es posible, uno de los cuales daba unos índices de riesgo de inundaciones.

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En cuanto al caso Castor, usted ha hablado del coste total. Cuando yo voy al banco a pedir una hipoteca no solo miro lo que me cuesta la casa, sino cuánto me va a costar en total la casa, es decir, con los intereses más lo que voy a pedir.
Tampoco nos haga la trampilla.


Me alegra saber que por parte del ministerio no hay ninguna preocupación de que se haga una comisión de investigación sobre los fondos mineros, en qué se han invertido y si se han invertido regularmente. Le pido, por favor, que solicite a
su partido que no nos bloquee la Comisión y así el Partido Socialista se quedará solo ante el temor de que se descubra alguna irregularidad en la inversión de esos fondos. Si no hay nada que ocultar, no pasará nada, entiendo. Le solicito que pida
a su partido que no bloquee esa comisión de investigación.


Le quería hacer una pregunta. ¿Sigue usted apostando por el pacto de Estado por la energía? Lo digo porque usted nos habla de su mix energético, de las previsiones que usted tiene de su mix energético, y como al final los efectos de las
políticas energéticas los vemos a veinticinco o treinta años estaría muy bien llegar a un acuerdo para ver cómo va evolucionando ese mix, sobre todo para que, independientemente de quién gobierne, se dejen de poner parches a todo el sistema
energético, que al final, como ya dije antes, todos estos parches se están pagando en la factura de la luz.


En cuanto a las relaciones de los ministerios, señor ministro, el compañero ha citado las distintas contradicciones en las que caen, y ha dicho que se exponen ante foros diferentes. Los de la Comisión prácticamente somos los mismos, los de
una y los de la otra. (El señor Postigo Quintana: No somos los mismos; yo no estoy en la otra). No es necesario que cambien en eso, pero por lo menos que sean coherentes. Yo no digo que los dos entren en detalle en todo, pero mientras no se
contradigan creo que el mensaje será más coherente. Igualmente le digo que desde la parte del Ministerio de Medio Ambiente nos llega mucha más permeabilidad y mucha más voluntad de hacer esa ley de transición energética y cambio climático que desde
el Ministerio de Energía. Eso es una realidad y también lo dicen públicamente.


Para terminar, usted dijo una frase, que los objetivos los ponemos porque tenemos que cumplirlos. Si nosotros no nos creemos que lo que tenemos que hacer hoy es trabajar para dejar un mundo con unas condiciones climáticas determinadas o por
lo menos con la menor variación posible a las generaciones futuras y solo lo vamos a hacer porque nos van a dar un tirón de orejas desde Europa, créame que entonces no estamos resolviendo el problema. Tiene que entrar en la educación, y lo del
cambio climático va de concienciación, no va de que nos tiren de las orejas para actuar.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Fernández.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Sorlí Fresquet.


La señora SORLÍ FRESQUET: Gràcies, president.


Seguimos sin tener muy claras muchas cuestiones y nos sumamos a esa petición de comisión de investigación. Al final hay varios partidos, y yo en mi intervención lo he remarcado mucho. Vamos a ver quién tiene responsabilidades y que sean
esas personas las que asuman incluso el coste económico del Castor. Espero que el portavoz del Partido Popular se desdiga de algunas de las declaraciones que ha hecho, porque Compromís en 2008 no tenía representación en el Congreso. Es imposible
que nos oyera intervenir en el Congreso porque no teníamos representación. Sí lo hicimos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Vinaròs, donde sí denunciamos que nos parecía que era aberrante lo que se iba a hacer con el Castor y donde sí presentamos
todas las propuestas y todas las alegaciones posibles para que esa planta no se hiciera, igual que lo hicimos en la Diputación de Castellón y en les Corts Valencianes, que era donde teníamos representación. Aquí no la teníamos. A partir de 2012,
cuando sí empezamos a tener representación, también desde aquí denunciamos la chapuza y el chanchullo que se había hecho con Castor, que generó al final, como he dicho antes también, más de trescientos terremotos, y todo porque no se tuvo en cuenta
el riesgo de sismicidad. Posiblemente fue porque no interesaba tenerlo en cuenta, porque los resultados podían hacer que esa plataforma no se construyera donde se construyó. Pero es que parece que solo nos acordamos del Baix Maestrat para líneas
de muy alta tensión, para Castor y para fracking, y ahí hay gente que queremos a nuestra tierra, que queremos a nuestros pueblos y que no queremos que sea un sitio que perforar y que violar constantemente para acabar al final con terremotos o
teniendo nuestra tierra abierta en canal por debajo de nuestros pies.


Por último, ante los que dicen que hubiese sido una irresponsabilidad no pagar esa indemnización, lo que es una irresponsabilidad es que a través de organismos públicos como el BEI o como los ministerios, o incluso con cláusulas firmadas por
el Gobierno -me da igual del Partido Socialista o del Partido Popular-, se blinden los intereses económicos de las grandes empresas para asegurar que, aunque sea

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por dolo de la propia empresa o por abandono de la explotación, se le va a pagar uno tras otro todo el beneficio que esa empresa quería tener. Eso sí que es una irresponsabilidad, y aquí, vuelvo a repetir, pongo a los dos partidos que han
estado implicados en el tema Castor. Eso es la irresponsabilidad y eso es precisamente lo que hemos denunciado desde el minuto cero que se empezó con la tramitación del expediente para la construcción de esta plataforma y seguimos denunciándolo
ahora.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sorlí Fresquet.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.


El señor MARISCAL ANAYA: Intervengo muy brevemente para contestar a las alusiones que se han hecho al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Lo que yo sigo diciendo es que el partido político al que representa en esta Cámara la diputada
que acaba de tomar la palabra está apoyando a un presidente del Grupo Parlamentario Socialista, es vicepresidente de un Gobierno que preside el señor Ximo Puig, que estaba en esta Cámara cuando ese tipo de medidas se tomaron. No hace falta que
venga a Madrid a preguntarlo, puede ir al Palacio de la Generalitat en Valencia y hacer esa pregunta.


Fíjese en la frase que ha dicho al final, es una frase para guardársela de recuerdo: da igual qué partido sea el responsable. Claro, si es el PP, no. Lo que está demostrando esa frase es un nivel -a mi juicio, con todo respeto- de falta
de objetividad relevante... (Rumores).


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guardan silencio.


El señor MARISCAL ANAYA: ... que demuestra unos prejuicios hacia mi formación política insanos. Intentemos en la medida de lo posible atribuir las responsabilidades a aquellos que la tienen en este caso y que en ningún caso son del Partido
Popular.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mariscal.


El señor CAMPOS ARTESEROS: Una cuestión de orden, presidente, simplemente para que conste en el Diario de Sesiones. El entonces diputado Ximo Puig no era diputado en el momento que dice él, porque entra de diputado en 2011 y, por tanto,
esto ya estaba en otro momento procesal. Simplemente lo digo por aclararlo, porque no vale utilizar en vano el nombre del presidente de la Generalitat.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor ministro.


EL señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): He hablado de los tres almacenamientos en la zona de Doñana, también Marismas Occidental, y he dicho lo que he dicho, que es: la Junta ha emitido una DIA favorable. Si
quieren cambiarla, deben hacerlo. (La señora Franco Carmona pronuncia palabras que no se perciben.-Rumores). La Junta, la Junta.


El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, no entren en debate. Ha habido dos turnos por parte de los grupos.


EL señor MINISTRO DE ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL (Nadal Belda): La información que yo tengo es que es la Junta de Andalucía. (La señora Franco Carmona: Autorización ambiental unificada). Pero eso es otro tema. La específica de
almacenamiento es de la Junta. Yo no soy competente en la materia, no tengo ni idea de si tiene que ser unificada o no, no es mi trabajo. Mi trabajo es dar luz verde para su puesta en funcionamiento cuando todo el mundo que tiene que opinar
previamente diga que todo está correcto. Eso es lo que vamos a hacer. Si está todo correcto, el almacenamiento funciona; si no está correcto, no funciona. Por ahora hay escollos tanto en cuestiones medioambientales, y no sé si tiene que ser
unificada o no, si es del Ministerio de Medio Ambiente o es de la Junta. La información que yo tenía es que era la Junta, pero da lo mismo. Yo tengo que tener, como ministerio, todos los informes en orden y si no lo están no habrá puesta en
marcha, es así de claro. Por tanto, está en manos de aquellos que miran otras cuestiones diferentes a las nuestras que esto se abra o no se abra. Si alguien hace un informe que dice que esto no se puede abrir, evidentemente no se puede abrir y no
puede funcionar, es así de claro. No estamos diciendo ni presionando a nadie; no, que nos digan qué es lo que tenemos que

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hacer. ¿Esto afecta al parque? Pues que diga un informe que esto afecta al parque y entonces nos dirá que no puede funcionar y nosotros, dado el informe que recibimos de que afecta al parque y no puede funcionar, no entrará en
funcionamiento. Es así de sencillo.


Me pueden preguntar ustedes, ¿tiene sentido o no, desde el punto de vista energético, el almacenamiento? Alguno ha dicho: esta sobredimensionado. Es verdad, el sistema está sobredimensionado, pero una vez que el sistema se crea, ¿qué
haces con el sobredimensionamiento? Pues, de entrada, limitar las inversiones, que es lo que hemos hecho en la reforma energética para que no haya más incrementos. Porque aquí no se había establecido límite a las inversiones energéticas hasta que
hicimos la reforma, tanto las gasísticas como las de electricidad. El primer Gobierno que ha dicho que cada uno puede poner en transporte y en distribución hasta esto ha sido nuestro Gobierno, porque veíamos como aumentaban y aumentaban las
inversiones; todo esto era coste para el consumidor y muchas veces no estaban suficientemente justificadas. Ahora, lo que viene del pasado genera derechos y genera pleitos y hemos tenido ya bastantes con la reforma energética, con la que hemos
hecho lo que ustedes me están reclamando: mirar hacia atrás y ver qué es lo que sobraba y poder ajustar dentro de lo que jurídicamente es posible en un Estado de derecho. Eso es lo que hemos hecho con sentencias favorables tanto del Tribunal
Supremo como del Tribunal Constitucional, pero por ahí hay algún arbitraje que quiere que esto no sea así. Ustedes luego también se ceban en el Gobierno cuando salen arbitrajes negativos que van en contra directamente del consumidor español.


Me pregunta la portavoz del Grupo Socialista, ¿por qué no negociaron el Castor? Porque ustedes firmaron que no había nada que negociar; porque firmaron que hasta el dolo lo pagaba el sector. Firmaron que si se subía un directivo de Escal
y le prendía fuego a Castor lo pagaba el Gobierno, eso es lo que ustedes firmaron. Y cuando fuimos al Tribunal Supremo a decir declare usted la lesividad de este contrato el Tribunal Supremo no lo hizo. (La señora Lucio Carrasco: Eso no es lo que
dice la sentencia). Entonces, ¿qué negociación teníamos? Era perder todos los pleitos. Seguro. Esto fue lo que ustedes firmaron y nos dejó las manos atadas totalmente como Gobierno. (La señora Lucio Carrasco: Eso no es así). Esto fue así.


Cuando me habla de revisión y cambios del modelo, diga cuál. Porque a ustedes les está pasando con el sistema energético lo que con la financiación autonómica o con el cambio de la Constitución. Hablan mucho de que hay que hacerlo, pero no
ponen una sola propuesta. Usted habla de ajustes y cuando ponemos ajustes del sistema energético en cuestiones de distribución y transporte, resulta que ponemos en peligro la seguridad jurídica. Ese es el argumento de los grandes despachos de
abogados que trabajan para las grandes eléctricas. Pero eso no me parece que sea lo adecuado para un gestor político, lo digo con sinceridad.


Con respecto a 2020, le digo claramente que nosotros tenemos holgura para cumplir porque tenemos medidas de sobra para cumplir. ¿Nuestro objetivo? Vamos a ir cumpliendo lo que ya se ha puesto encima de la mesa, que son las renovables. Ya
le he hablado del sistema sobredimensionado... Sí, estoy de acuerdo. Si pudiese echar hacia atrás las agujas del tiempo, que sería el sueño de casi cualquiera de nosotros, claro que se tendrían que haber hecho las cosas de manera muy diferente.
Ahora, ¿cuándo son las grandes etapas de fuertes inversiones en el sistema gasístico? ¿De cuándo son los dos almacenamientos subterráneos, por ejemplo, de los que estamos hablando? Porque de cuándo son las grandes puestas en marcha de las
regasificadoras. Ya sé que hubo una España megalómana en su día, claro que la hubo. ¿Qué estamos haciendo ahora? Controlando, precisamente lo que he dicho antes; controlamos que el número de inversiones sea el adecuado y tendremos que ir
controlando cada vez más, porque, por ejemplo, en la seguridad del suministro -se lo digo así de claro- el operador del sistema, que es una parte de Red Eléctrica, decide qué inversiones hay, que luego cobra Red Eléctrica. A mí me parece que
tenemos que dar una vuelta a cómo evitar este tipo de conflictos de intereses, se lo digo con sinceridad. De entrada lo que ponemos es un máximo total de inversión, pero todo ese tipo de cosas sería interesante que las debatiésemos. Yo estoy
encantado de hacer modificaciones en este sentido. Otro conflicto de intereses que les he contado es, precisamente, el desmantelamiento de las centrales nucleares: Hay un conflicto de intereses de primer orden y por eso les hago una propuesta para
evitarlo.


No me diga que tenemos prisa por satisfacer los intereses empresariales cuando la prisa la tenemos por incorporar unas enmiendas en el Senado que reduzcan la sobrerretribución a las grandes empresas de distribución y transporte de este país.
Ustedes aquí claramente han dicho que no querían entrar en esa cuestión. Irá por proposición de ley, no se preocupen, pero prisa sí que tenía yo por rebajar del orden

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de 300 millones la retribución y la sobrerretribución de las eléctricas; la prisa que ustedes no han tenido en la sesión de hoy.


Me pregunta por el pacto por la energía. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre, yo encantado, pero si esto son dos o tres cuestiones relativamente sencillas. ¿Queremos la nuclear o no la queremos? Y con un debate objetivo.
¿Queremos que todavía se mantenga el carbón, o lo cerramos por decreto aunque en el mercado sea más barato y logre casar en mayor cantidad que el gas, que es lo que hoy en día está pasando? Eso implicaría un perjuicio para el consumidor, porque
esto se revela en el mercado. Digan los modelos académicos lo que digan, cuando una tecnología entra a casar y desplaza a otra es porque es más barata; eso es pura economía, se estudia en primero de carrera. Por tanto, si el carbón está
desplazando al gas es porque es más barato; si obligamos a cerrar el carbón obligamos a entrar una tecnología más cara. Luego me pueden decir que tiene otras ventajas pero el precio, desde luego, no, esa sí que no la puede tener. Porque además
esto se revela directamente, hora a hora, según se va casando el mercado.


Me dice que el cambio climático es una cuestión de concienciación. Sí, y de reparto de los costes. Porque en Europa todo el mundo va a lo suyo, y es lógico, y por tanto hay un compromiso continental. Y todo el mundo intenta que parte de
esos costes de adaptación al cambio climático no los pague su país y los pague el país de al lado. Y eso también hay que negociarlo y yo creo que, como ministro del Reino de España, tengo la obligación cuando voy al Consejo no solo de que se
cumplan los objetivos europeos y se fijen objetivos europeos, sino de evitar que determinados países le pasen parte de sus costes al nuestro. Y ese discurso tampoco lo oigo en ustedes, porque tenemos, al mismo tiempo, que luchar contra el cambio
climático y defender nuestro interés nacional. Y nuestro interés nacional es que se comparta la carga equitativamente en todos los Estados miembros y no que unos aporten más que otros. Yo creo que esto es muy importante.


Creo que con esto, porque también he hablado sobre Castor lo que quería, respondo a la portavoz de Compromís.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro.


Habiendo celebrado las comparecencias que aprobó la Diputación Permanente de la Cámara, se levanta la sesión de esta Comisión.


Eran las ocho y diez minutos de la noche.