CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2018 XII LEGISLATURA Núm. 421

HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA

PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ANTONIO PRADAS TORRES

Sesión núm. 14 (extraordinaria)

celebrada el miércoles,

31 de enero de 2018

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencia del señor ministro de Hacienda y Función Pública (Montoro Romero):


- Para explicar las actuaciones realizadas hasta el momento para impulsar el proceso de revisión y reforma del actual sistema de financiación autonómica. A petición propia. (Número de expediente 214/000059) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Para explicar las razones del incumplimiento del compromiso del Gobierno para plantear una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica antes de la finalización del año 2017 y para informar de sus planes al respecto durante
el inicio de 2018. A petición del Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 213/000741) ... (Página2)

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Se abre la sesión a las cuatro y treinta minutos de la tarde.


El señor PRESIDENTE: Buenas tardes, señorías.


Vamos a dar comienzo a esta sesión de la Comisión de Hacienda y Función Pública. Creo que no hay mejor forma de empezar este nuevo curso político -aunque comienza la semana que viene, nos adelantamos unos días- que hablando del tema de
financiación. Lo hacemos a petición del propio Gobierno y del Grupo Socialista, acumulando, como siempre, los dos puntos del orden del día. Decía que no hay mejor forma de comenzar con los trabajos de nuestra Comisión porque ahora mismo hay una
expectación a nivel nacional con este asunto.


Como siempre, iniciará su intervención el ministro y tendrá el tiempo que él considere conveniente, después habrá un turno de menor a mayor de cada uno de los grupos; aunque el grupo que ha hecho la petición es el Grupo Socialista, como en
primer lugar se sitúa la petición del Gobierno, seguimos el orden tradicional de menor a mayor. Daré un tiempo de ocho minutos a los señores y las señoras portavoces para que hagan su intervención, luego el ministro tendrá una segunda intervención
para despejar las dudas que le hayan planteado y habrá una réplica de un par de minutos, que será más estricta, como es habitual, y por último cerrará el señor ministro. Así pues, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Muchas gracias, presidente.


Señorías, comparezco hoy en la Comisión de Hacienda y Función Pública en el Congreso de los Diputados, como recordaba el presidente, a petición propia, a petición del Gobierno, pero también a petición del Grupo Socialista, para explicar las
actuaciones realizadas para impulsar el proceso de revisión y reforma del actual sistema de financiación autonómica. Pretendo explicar en ese sentido que el Gobierno está actuando desde hace más de un año para aprovechar este momento, si me
permiten la expresión, para utilizar la circunstancia económica y política que sin duda alguna puedo decir en la tarde de hoy que es la más adecuada para reformar el sistema de financiación autonómica. Lo es, en primer lugar, por la situación
económica de nuestro país, de España, pero también lo es por la propia situación presupuestaria y financiera de las comunidades autónomas, donde, como ahora explicaré, se está produciendo una evidente mejora de los ingresos, por lo cual es mejor
acometer una reforma de la financiación autonómica, porque lo que tenemos es una mejora de la situación presupuestaria y, en concreto, un avance de los propios ingresos. Lo es también, como en su presentación decía el presidente de la Comisión,
porque es una demanda unánime de los propios Gobiernos autonómicos, cuyos presidentes, junto al presidente del Gobierno de España, decidieron hace un año, en el marco de la Conferencia de Presidentes, que se diera un impulso a los trabajos que ya se
habían iniciado.


Debo aclarar que la reforma no se ha emprendido con ningún retraso porque, de hecho, no existe ningún mandato legal que obligue a realizarla en un momento determinado. La Ley 22/2009, sobre el sistema de financiación de las comunidades
autónomas, sigue vigente, y lo que establece en su disposición adicional séptima es la revisión -no la reforma o el cambio- por parte del Comité técnico permanente del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de valorar -es una expresión
textual de la ley- los distintos aspectos estructurales -y cito también textualmente- del sistema de financiación para informar sobre las posibles modificaciones que se puedan someter a la consideración del Consejo de Política Fiscal y Financiera en
aras de una mejor coordinación financiera, garantizando la autonomía y suficiencia de las comunidades y el equilibrio y sostenibilidad del sistema. Cierro la cita de la disposición adicional. Por tanto, no estamos ante un precepto legal que
establezca que es obligatoria esa reforma. La reforma, en contra de lo que se dice y se escribe tanto, no ha prescrito. La Ley de Financiación de las Comunidades Autónomas -no esta última, la de 2009, sino ya la anterior, la de 2002- estableció
que no tenía caducidad. Ya recordé en la Comisión de Presupuestos en esta misma sala la semana pasada que eso no ocurría con la Ley del cupo vasco, que sí tiene una caducidad que ya había cumplido, o a su vez con los establecimientos de la
aportación navarra, que también tiene una caducidad de cinco años y que ya se había cumplido. Por tanto, cuando se dicen estas cosas y se escribe tanto de ello conviene ser preciso. El legislador no estableció prescripción en la actualización de
la reforma de la financiación autonómica, y bien lo sabe quien inspiró la reforma de 2002; y luego, la de 2009 no cambió esa caducidad. Por tanto, no estamos ante una obligación legal, sino ante una demanda social y política, que, por cierto, me
parece que puede ser tan relevante como la otra. Si lo que nos está pidiendo tanto la sociedad como todos los Gobiernos autonómicos por unanimidad es que reformemos el sistema, estamos obligados a hacerlo, y tenemos también la mejor oportunidad
para llevar esto adelante.

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Ahora hablamos de hacer una valoración del funcionamiento del sistema, que, de hecho, llevamos mucho tiempo realizando, a la espera de que se dieran las circunstancias para reformarlo. Les anuncio ya que en esta comparecencia no voy a
limitarme a dar explicaciones sobre lo que hemos hecho y lo que tenemos intención de hacer; también pretendo que mi presencia sirva sobre todo para impulsar el diálogo con los grupos parlamentarios, de la misma manera que hemos impulsado el diálogo
con las comunidades autónomas a raíz de la Conferencia de Presidentes hace un año. Quiero transmitir a esta Comisión que el Gobierno apuesta sin ningún tipo de duda por reformar el sistema de financiación en el plazo más breve que sea posible. En
este sentido, el Gobierno asume en esta cuestión la responsabilidad que le corresponde, pero también pido a la oposición que asuma igualmente la suya, porque sin el concurso, sin el consenso de los grupos parlamentarios aquí presentes, y
fundamentalmente de los grupos parlamentarios de los partidos políticos que tienen responsabilidades de Gobierno en las comunidades autónomas, es imposible que llevemos adelante una reforma, una actualización del sistema de financiación. Las
comunidades autónomas están volcadas en conseguirlo y nosotros estamos obligados a actuar con responsabilidad porque es el momento de distribuir entre las administraciones, entre los servicios públicos y entre los ciudadanos los frutos de la
recuperación económica que estamos viviendo. Por tanto, no es el momento de disputas entre nosotros. Ya hay bastantes motivos de disputa, son sobrados, pero este no es ni el asunto ni el momento porque de lo que hablamos es de dar estabilidad,
fortaleza a una parte muy importante del Estado de bienestar. Eso es lo que estamos tratando, abordando cuando hablamos de la reforma de la financiación autonómica: cómo damos garantía de financiación a la educación, a la sanidad y a las
prestaciones sociales. Eso es lo que estamos abordando cuando hablamos de actualizar, de reformar esa financiación.


Así pues, les invito al diálogo y tienen toda la voluntad del Gobierno para llegar a un acuerdo, toda la voluntad de la que seamos capaces -confío en que la tengamos por parte de todos- para dotar a las comunidades autónomas de un sistema de
financiación estable, un sistema que se fundamente, como se estableció en la Conferencia de Presidentes, en los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de acceso de los ciudadanos a los
servicios públicos que prestan las comunidades autónomas en función del coste efectivo de esos servicios públicos. Es muy importante que el sistema de financiación garantice en todas las comunidades autónomas un mismo nivel de servicios públicos,
sobre todo teniendo en cuenta que sigue habiendo una gran distancia en el nivel de riqueza de nuestras comunidades autónomas, en el nivel de PIB per cápita de las comunidades autónomas. Hay comunidades autónomas más ricas que disponen de mayores
recursos y hay otras que no tienen ese nivel de riqueza y que, por tanto, no pueden generar el mismo grado de recursos. De eso es de lo que estamos hablando, de establecer el equilibrio, la ponderación, para que todos los ciudadanos, con
independencia del lugar donde residan, accedan en igualdad de oportunidades a servicios públicos fundamentales.


Reducir la brecha del desarrollo económico entre comunidades autónomas, entre regiones de España es una asignatura pendiente de nuestra economía. Eso no lo hemos conseguido en cuarenta años. Es así y hay que reconocerlo. Pero no hay que
confundir esa tarea pendiente con el establecimiento y la financiación de lo que llamamos el Estado de las autonomías, porque esa confusión nos lleva a identificar o a caracterizar objetivos que no son iguales, no estamos hablando de lo mismo. Por
tanto, lo que debemos -insisto- es garantizar que todas las personas tienen acceso a los mismos servicios públicos fundamentales, que no es lo mismo que tener el mismo nivel de renta y de renta per cápita que existe en los diferentes territorios que
configuran España. Insisto en la idea fundamental que es la que debe auspiciarlo. Por cierto, idea, proyecto que está presente en los grupos políticos que concurrieron a las últimas elecciones generales celebradas en junio de 2016; esos grupos, y
en concreto el Grupo Popular, tenían ese objetivo muy claramente definido al igual que otros grupos presentes en esta Cámara. Por tanto, esa coincidencia en los objetivos políticos me parece que es absolutamente fundamental a la hora de buscar
desde la responsabilidad de Gobierno, que supera un programa político concreto, pero también desde los grupos políticos presentes en esta Cámara, cumplir con mandatos electorales.


Tampoco podemos olvidar que este sistema de financiación tiene que estar fundamentado en principios constitucionales tan importantes como la estabilidad presupuestaria, que es el principio que hemos adoptado en Europa y que exige cumplir con
determinadas reglas fiscales, como hemos hecho en España a partir de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012 que desarrolla el artículo 135 de la Constitución española, que traslada a su vez el Tratado
de Funcionamiento de la Unión Europea y también la gobernanza en materia de ejercicio de equilibrio

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presupuestario, pero cómo se consigue, cómo se llega a esa estabilidad presupuestaria. Esos son los principios que, por cierto, han permitido que hoy España esté creciendo; crecemos porque hemos sido consecuentes con los principios, con la
búsqueda de la estabilidad presupuestaria y no al revés. Cuando hay más déficit público y ese déficit lo que engendra son unos niveles excesivos de deuda, la economía encalla, se destruyen empresas y empleo y falla la financiación de nuestros
servicios públicos porque cae la recaudación. Ahora no es así, la economía está creciendo, como todos saben, por encima del 3 % el año pasado, durante tres ejercicios consecutivos; la economía ya creció en el 1,4 % en 2014 y la economía empezó a
crecer en España -todavía sin notarlo, para entendernos, pero empezó a crecer- en la segunda mitad del año 2013, como vaticinó el Gobierno de España que empezaba a crecer entonces, a partir de la segunda mitad del año 2013, por cierto, venciendo a
todos los pronósticos, creciendo contra pronóstico, ganándole a todos los pronósticos dentro y fuera de España. Hoy tenemos ese crecimiento asentado -insisto- porque estamos haciendo una política presupuestaria determinada en el conjunto de las
administraciones públicas. Sin eso no se estaría creando empleo, sin eso no tendríamos 611 000 afiliados más en el año 2017. Es decir, es la política de estabilidad presupuestaria la que asienta el crecimiento económico y la creación de empleo en
nuestro país, en todos los ámbitos, en todos los órdenes de administraciones públicas. Por tanto, cuando hablamos de introducir medidas para la financiación de esos servicios públicos lo que no podemos hacer es poner en riesgo el ciclo económico y
no podemos dar lugar a arbitrariedades políticas como ocurrió al comienzo de la crisis, de manera que sea flexible para adaptarse a la realidad económica general de España, que es la que, a fin de cuentas, condiciona la actividad y la viabilidad de
todas las administraciones públicas del país.


Señorías, está en la mente de todos -y creo que es obligado mencionarlo en esta comparecencia- que el Estado de las autonomías ha atravesado la crisis fiscal más grave de su historia y que esa crisis ha coincidido en su totalidad con la
vigencia del actual sistema de financiación. A lo largo de los últimos años, el Gobierno ha tenido que ir actuando para que las consecuencias de esa crisis fiscal tan grave afectara lo menos posible a la prestación de los servicios públicos
fundamentales, que también son los que gestionan nuestras administraciones autonómicas junto a las corporaciones locales, de manera que los ciudadanos tuvieran garantizado el acceso a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales a pesar de
la profunda caída de recursos tributarios que sufrimos durante esa crisis fiscal. Ahora, que ya hemos conseguido la recuperación y que tenemos abierto un horizonte de crecimiento de la economía y casi garantizado -con disculpa, ahora hablaremos de
ello- y en la mano el crecimiento económico y la recuperación de los ingresos de nuestras administraciones públicas para los años venideros, es el momento de acometer, de reformar, de actualizar el sistema de financiación para que situaciones como
las pasadas no vuelvan a ocurrir.


No es mi intención en esta ocasión detallar las actuaciones que hemos tenido que llevar adelante, porque eso ya lo hemos hecho en reiteradas comparecencias en esta Cámara y en el Senado de España para explicar las acciones de este Gobierno,
pero sí destacar que solo en una situación como esta -insisto- es posible una revisión del funcionamiento del sistema. Por tanto, es la recuperación económica que España está viviendo en los últimos años, y particularmente en estos últimos meses,
lo que nos permite garantizar la viabilidad del Estado autonómico, que se puso en entredicho en los primeros años de la crisis. Fue en aquellos años cuando un Gobierno socialista reformó el sistema de financiación autonómica, a partir de abril de
2009, con el mismo planteamiento que afrontó la mayoría de sus decisiones de entonces, incrementando los recursos financieros sin cuestionarse la viabilidad de los mismos pese a que la crisis aconsejaba austeridad y prudencia en el gasto. Se hizo
lo contrario, se facilitó a las comunidades autónomas, en el primer año, 2009, más de 9000 millones de euros cuando realmente la recaudación tributaria se había hundido hasta unas profundidades que, sencillamente, no hemos conocido nunca antes en la
historia de la Hacienda pública española.


Como saben sus señorías, y me parece también oportuno recordarlo, fue el Partido Popular y yo mismo, sentado en esos escaños, los que fuimos muy críticos con el sistema de financiación que se aprobó en el año 2009. Lo curioso es que ahora
son críticos todos, pero así es la vida (Risas), no voy ahora a descubrir nada; ahora los críticos son los mismos que estaban en aquel momento entusiásticamente defendiendo la viabilidad de ese sistema. No me refiero solo al Gobierno socialista
sino a otros grupos políticos presentes en esta Cámara. (El señor Bel Accensi pronuncia palabras que no se perciben). No, no, a ustedes no, los otros, los que quedan a su derecha; sus predecesores eran los que estuvieron en esta Cámara, en esta
misma sala, defendiendo enfáticamente el modelo de financiación de 2009. ¿O no se acuerda que Esquerra Republicana estaba sentada en esta Cámara? Con su portavoz, a la

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salida de la Comisión, tuve la ocasión de decirle que aquello que había anunciado de 3000 millones más para Cataluña se iba a quedar en nada, absolutamente en nada, como desgraciadamente así resultó, a partir de ese sistema de financiación
aprobado en 2009. Por eso decía que lo curioso es que los críticos ahora parece que son todos y que ninguna de las comunidades autónomas apoyó en aquel momento este sistema que ahora dicen que hay que reformar tanto.Por eso decía que, una vez más,
hagamos de la necesidad virtud en política. Ya que estamos todos de acuerdo con que hay que reformarlo, pues vamos a reformarlo, pero no seamos tan infieles con una memoria que no es tan lejana respecto de que hubo cantidad de apoyos y entusiasmo.
Realmente, algo nos debe hacer pensar, en términos de acierto o desacierto, sobre las decisiones políticas que se tomaron en aquel momento. Decía que ahora no es el momento de poner el modelo de unos o de otros; no, el modelo vigente no es de
nadie, así que vamos a reformarlo, a modernizarlo, a hacerlo bueno porque no ha servido para garantizar la financiación de nuestras comunidades autónomas -eso está claro- y sí que sirvió en su momento para profundizar en la recesión económica y
destruir millones de puestos de trabajo. De esa manera, evidentemente, no se puede garantizar ningún Estado del bienestar, ni en España ni en ningún lugar del mundo.


Como he dicho, frente a la falta de ingresos por la crisis económica y, sin duda alguna, por errores de diseño del modelo, el Gobierno del Partido Popular ha actuado durante estos años poniendo en marcha los instrumentos financieros
necesarios para que las personas no se vieran perjudicadas en el acceso a los servicios públicos fundamentales. El Estado ha ofrecido liquidez y financiación adicional a las comunidades autónomas para que pudiesen seguir manteniendo abiertos los
hospitales y los colegios, para que los servicios públicos no desaparecieran en nuestro país y no desaparecieran rentas básicas para millones de españoles y, en definitiva, para que las comunidades autónomas y los ayuntamientos pudieran pagar a sus
proveedores. Entre los años 2012 y 2017 hemos facilitado a las administraciones territoriales, fundamentalmente a las comunidades autónomas, ayuda financiera a través de distintos mecanismos por un importe superior a los 251 000 millones de euros,
de los que casi 95 000 millones han servido para pagar facturas a proveedores. Tengo que decirles en la tarde de hoy que para este primer trimestre del año 2018 la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos aprobó la semana pasada la
distribución de 12 151,8 millones de euros para seguir colaborando y prestando a las comunidades autónomas que así lo hayan solicitado a través del Fondo de Liquidez Autonómica y del Fondo de Facilidad Financiera. Aprobamos, por tanto, su
aplicación para el primer trimestre de este año. Insisto en la cifra, 12 151,8 millones de euros. La comunidad que más lo utiliza es Cataluña, que accederá a 3477 millones de euros en el primer trimestre de 2018; seguida de Andalucía con 2512,3;
la Comunidad Valenciana con 2307,1; Galicia con 690,5 y Castilla y León con 618,3. Estas tres últimas son a través de Facilidad Financiera. El Estado sigue así cumpliendo su papel de garantizar los servicios públicos fundamentales para todos los
ciudadanos, con independencia del lugar en el que residan y al margen, por supuesto, de otro tipo de condicionantes políticos -no hace falta que me refiera otra vez a la situación de Cataluña, no tiene nada que ver lo que allí se está desarrollando
y las acciones que está tomando el Gobierno para financiar con garantías los servicios públicos de Cataluña- o cualquier otro error de gestión que puedan cometer sus autoridades, porque nunca el ciudadano debe pagar por las actuaciones de sus
políticos en una materia tan relevante como es el acceso a los servicios básicos del Estado del bienestar.


En estos años la recuperación económica ha aportado mayores ingresos al sistema de financiación para sostener esos servicios públicos y reducir el déficit, de manera que el importe de los instrumentos de liquidez se ha ido reduciendo y
tendrá que reducirse más, hasta desaparecer, cuando aprobemos un sistema de financiación. Si aprobamos un nuevo sistema de financiación, debemos poner un plazo para el vencimiento de esos sistemas especiales, extraordinarios de financiación. Esto
sería, en definitiva, la vuelta a los mercados de las comunidades autónomas que hoy están acogidas a estos mecanismos especiales. Es bueno que vuelvan -ya lo están haciendo gradualmente-, pero no deben volver para pagar primas excesivas en relación
con la financiación del Tesoro. Las consecuencias positivas de la recuperación económica las hemos comprobado, particularmente desde el año 2016. Ese año los ingresos de las comunidades autónomas a través del sistema de financiación aumentaron en
más de 8000 millones de euros y en el año 2017 la cifra estuvo muy cercana a los 6600 millones de euros. Esto, unido al control del gasto que exige la Ley de Estabilidad, ha permitido una reducción drástica del déficit público de nuestras
comunidades autónomas, que ha pasado del menos 1,7 % en 2015 al menos 0,83 % en 2016 y en este último ejercicio 2017 puedo decirles esta tarde que claramente va a estar por debajo del objetivo de déficit del menos 0,6 %. Todavía es muy pronto pero
es casi seguro que las comunidades autónomas,

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a partir de la situación que acabamos de publicar que tuvieron a finales del mes de noviembre, van a cumplir con creces el objetivo de estar por debajo del menos 0,6 % de déficit público. Por ello, todo aquello que durante los años duros de
la crisis se decía respecto a que las comunidades autónomas no hacían ningún esfuerzo por reducir el déficit público, que el Estado de las autonomías no era gobernable, no es verdad, como ahora estamos viendo. Cuando han tenido más recursos, los
han dedicado principalmente a reducir el déficit y por ello están aportando mucho a la reducción del déficit. Esto es lo que en la tarde de hoy quiero reconocerles públicamente porque están haciendo una gran aportación a la reducción del déficit
público en nuestro país. Esa es una forma, insisto, de garantizar no solo el crecimiento económico actual, sino que ese crecimiento se extienda y, a partir de ello, tengamos no ya al actual Estado del bienestar, sino que podamos seguir mejorándolo.


Según los últimos datos disponibles, en noviembre 2016 estaban en un déficit de 4805 millones de euros y en noviembre de 2017 lo bajaron hasta 1274 millones de euros. Por tanto, es la Ley de Estabilidad, es la regla de gasto funcionando.
Ya hablaremos de eso también un segundo. (Risas). Tanto esperar que esa Ley de Estabilidad se modifique, seguro que ahora saldrá en el debate. Ya me contarán cómo se hace esto, cómo en uno de los países más descentralizados del mundo, con
haciendas forales, con regímenes económicos fiscales, articulando la Hacienda pública de esta manera tan vertebrada y compleja, con miles de administraciones públicas, se consigue esta reducción del déficit público. Insisto, esa reducción debe ser
objetivo compartido, ya que viene a buscar el interés general de los españoles. Insisto, gracias a la recuperación económica que vive España este año, el sistema de financiación puede distribuir a cada comunidad autónoma, a través de unos nuevos
presupuestos, alrededor de 4000 millones de euros más que el año pasado. Me refiero a 2018, por eso hacen falta nuevos presupuestos. A ver si es verdad y nos ponemos a ello ya. (Risas). Es decir, vamos a dejar de poner excusas y vamos a ponernos
a ello porque realmente todos estamos en esa obligación, en ese objetivo y no en otro tipo de entretenimientos, sino en cumplir con las obligaciones y las oportunidades que nos da esta situación económica que hoy tenemos.


Eso fue lo que el Gobierno transmitió el pasado mes de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuando confiábamos en que unas semanas después tendríamos comprometida una mayoría parlamentaria suficiente para tramitar con éxito
el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado, y vamos a tenerlo, pero también tengo que decir que sus señorías se animen a tener tal mayoría porque hacen falta esos Presupuestos Generales del Estado. Como ya dije la semana pasada, seamos
coherentes por lo menos con la mayoría que votó los objetivos de déficit, el llamado techo de gasto, en el mes de julio. De todas formas, también debo decir -y es lo que anunciaba ayer públicamente el presidente del Gobierno- que si no tenemos
presupuestos porque no se dan las condiciones políticas, el Gobierno traerá a la Cámara un decreto-ley relativo a la actualización de esa financiación, pero tenemos que tener ley, porque lo suyo es tener presupuestos primero; si traemos un
decreto-ley, estaremos mostrando que no vamos a tener presupuestos y yo prefiero que tengamos presupuestos. Si no tenemos otra oportunidad, traeremos los decretos-leyes correspondientes, pero no lo hagamos al revés; vamos a vestir el muñeco por
orden, porque si no, el muñeco se nos va a desordenar en su vestimenta. (Risas). Vamos a pretender tener presupuestos y después traeremos, si no, en su defecto, aquellas correcciones. Pero seguramente los traeremos.


Esos 4000 millones de euros más supondrá alcanzar la cifra más alta que jamás ha tenido la financiación de las comunidades autónomas, alrededor de 104 000 millones de euros; cifra casi igual a la del año 2009, cuando el Gobierno socialista,
sin tener los ingresos, dio 9000 millones de euros. Bien, ahora vamos a repetir prácticamente la misma cifra teniendo los ingresos y reduciendo el déficit público. Por tanto, esa es una gran diferencia cualitativa respecto de lo que vivimos en
aquel 2009. Ahora, que estamos superando la crisis económica -aunque todavía nos queda, sobre todo en términos de creación de empleo-, evidentemente, no es lo mismo elevar la financiación hasta los 104 000 millones de euros para acabar el año con
un déficit público del 11 %, como ocurrió en el año 2009, que hacerlo en un año como el 2018, con 104 000 millones de euros para las comunidades autónomas, con un déficit previsto del 2,2. Por tanto, hay una diferencia enorme en cantidad y
contenido, teniendo en cuenta, además, que casi la mitad de ese 2,2 realmente correspondería a la Seguridad Social -que está mejorando, como decía la ministra de esta materia esta mañana en esta Cámara-, pero que aun así tendrá un déficit. Por
tanto, el resto somos las administraciones y de eso estamos hablando cuando hablamos de la financiación de nuestras administraciones en esa distribución de un déficit que, como ven, ya está muy moderado para el año 2018 si conseguimos ese 2,2 para
el conjunto de las administraciones.

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Todo esto hace factible la financiación de las comunidades autónomas en este año 2018, esa cifra de 104.000 millones de euros. Es una cifra que también la voy a comparar con la del año 2011. En el año 2011 la cifra de 104 000 millones de
euros eran 20 000 millones de euros menos para las comunidades autónomas. Por tanto, no hubo cambio del sistema de financiación porque se acababa de aprobar en el año 2009, lo que ha habido es un incremento de la financiación para las comunidades
autónomas de 20 000 millones de euros. Es la recuperación económica. Con este denostado sistema de financiación -insisto, con este-, son 20 000 millones de euros más que los que había en el año 2011. Por tanto, de esto es de lo que tenemos que
hablar, lo que tenemos que abordar, pero pongamos las cifras sobre la mesa porque si no, va a parecer que todo esto es una insuficiencia constante y que no hay dinero para nada, y sí ha habido dinero, sí, el que viene, insisto, del pago de los
impuestos y que, por tanto, va destinado a nuestros diferentes niveles de administración.


Incluso dejando al margen los instrumentos excepcionales de financiación y de liquidez que tanto han ayudado a las comunidades autónomas en los años de crisis, los 84 000 millones de euros de financiación del año 2012 han sido superados
todos los años desde que estamos en el Gobierno, excepto en una ocasión, y eso a pesar de que todos y cada uno de esos ejercicios han estado lastrados por liquidaciones pendientes negativas. Porque esta es otra, al Estado se le deben por parte de
las comunidades autónomas los anticipos a cuenta de los años 2008 y 2009, porque se les dio unos anticipos muy inflados que, obviamente, siguen pendientes. Lo primero que hicimos cuando llegamos al Gobierno en el año 2012 fue aplazar esa
devolución, pero todo eso está pendiente, están pendientes las liquidaciones. Por tanto, de todo esto es de lo que tenemos que hablar, porque, insisto, eso no es responsabilidad el Gobierno del Partido Popular porque no éramos gobierno cuando se
produjo esa situación, ni cuando se produjo la motivación de todas esas liquidaciones negativas tan abultadas, la mayor de la historia de nuestro Estado de las autonomías. Esos 20 000 millones más para las comunidades autónomas siete años después
de abandonar las recetas que sacudieron nuestra economía, nos indican que no debemos volver a las fracasadas políticas del pasado y que, por el contrario, debemos seguir profundizando en las políticas económicas y presupuestarias que nos han traído
aquí y que nos ofrecen un horizonte sostenido de crecimiento y de creación de empleo para los próximos años.


Señorías, los ingresos han sido el gran problema de las comunidades autónomas desde que llegó la crisis. Ahora está dejando de serlo porque el incremento de financiación, fruto de la mejora del ciclo económico, les permite cubrir sus
gastos. Dense cuenta de que estamos hablando de una economía que el año pasado nos dio un incremento de recaudación tributaria, la caja de la Agencia Tributaria del Estado, del 6,3%, como ya dijimos la semana pasada, y que tiene, por tanto,
perspectivas de incrementos sucesivos en los años siguientes, 2018, 2019 y 2020, consolidando ese crecimiento. Esa es la recaudación que hay que repartir entre nuestras administraciones y por eso, insisto, el momento actual es el adecuado para
reformar la financiación autonómica. Porque los recursos propios de las comunidades autónomas -entendiendo por tales tanto los tributos estatales totalmente cedidos como los tributos autonómicos propios-, cuando los recursos de la Agencia
Tributaria ya están creciendo a un 6,3 % -que, recuerden, eran prácticamente 12 000 millones de euros-, han crecido en su conjunto en torno al 6,7 %. Por tanto, los recursos están creciendo y eso, insisto, es muy positivo y nos da capacidad de
abordar esa financiación cuando lo que tenemos que hacer es distribuir, aplicar recursos que en sí mismos están creciendo.


El Gobierno, por tanto, viene a mostrar su disposición; estamos escuchando a las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, a través del Comité Técnico Permanente de Evaluación, que constituye la presencia
de nuestras administraciones y estamos escuchando sus problemas, sus prioridades, sus ideas sobre cómo mejorar la financiación de nuestros servicios. Es muy importante escucharlas, porque después de la valoración que ya ha hecho el informe de los
expertos, tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito local, es muy importante que sean las propias administraciones las que, cada una con sus diferencias, atiendan a sus problemas y prioridades y a su realidad, que también es distinta en los
diferentes territorios y en los diferentes municipios de España. También estamos escuchando a la Federación Española de Municipios y Provincias, porque la financiación local tiene que ir en paralelo a la financiación autonómica e insisto en que
tiene que avanzar en correspondencia con lo que seamos capaces de avanzar en términos de financiación autonómica.


Desde que hace un año la Conferencia de Presidentes propuso la creación de dos comisiones de expertos para la elaboración de sendos informes para la reforma de la financiación autonómica y de la financiación local, la hoja de ruta marcada se
ha ido cumpliendo de una forma rigurosa e intensa. El Gobierno de España dio impulso inmediatamente a ese acuerdo, al mes siguiente de la conferencia,

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con la constitución y puesta en marcha de esas comisiones de expertos. En ellas han participado por primera vez -no se había hecho nunca así- los expertos nombrados por la Administración General del Estado junto con los designados por todas
y cada una de las comunidades autónomas. Bueno, hubo una que decidió no ir. Fue un error, pero decidió no ir y, por tanto, hay que aceptarlo. Fue un error, pero no podemos pensar en un Estado de las autonomías y establecer un nuevo modelo de
financiación autonómica sin Cataluña. Eso no se le ocurre absolutamente a nadie, ni al Gobierno de España ni a nadie que tenga responsabilidad de gobierno en alguna comunidad autónoma. Insisto en que no podemos pensar en ello, pero fue decisión
del Gobierno de Cataluña entonces no enviar a un experto. Todas las demás lo hicieron, incluyendo las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. En el caso de la financiación local se ha contado con la participación de las entidades locales a través
de los expertos designados por la Federación Española de Municipios y Provincias.


En cuanto a la financiación autonómica, que es el objeto de esta comparecencia, el pasado 26 de julio, apenas cinco meses después de que iniciara sus trabajos, la comisión de expertos nos hizo entrega de su informe final. En sus
conclusiones podemos ver un trabajo exhaustivo, que incluye un análisis del funcionamiento del actual sistema, que es fundamental para identificar sus carencias y también para destacar los aspectos positivos del mismo, así como distintas medidas que
a juicio de los expertos deberán adoptarse para contar con un modelo que sea justo y equitativo. El informe de la comisión de expertos se presentó a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y fue elevado al Consejo de
Ministros. A partir de ahí se constituyó el Comité Técnico Permanente de Evaluación, con representantes de la Administración General del Estado, de la Airef y de las comunidades autónomas. En sus reuniones, como antes avanzaba, se han ido
analizando, primero, el informe de los expertos y, a continuación, las propuestas de las diferentes comunidades, para debatir sobre los elementos configuradores del sistema y elaborar un documento para que sea valorado por el Consejo de Política
Fiscal y Financiera. En las últimas semanas el Gobierno viene convocando al citado comité técnico con el fin de identificar y debatir las cuestiones fundamentales del sistema y tratar de hallar puntos de encuentro no solo entre las comunidades
autónomas y el Gobierno, sino también entre las comunidades autónomas y entre las comunidades autónomas y la Administración General del Estado. Les aseguro que todas las instituciones implicadas en estos trabajos están aprovechando el tiempo,
aunque la complejidad de lo que estamos tratando ha hecho que sea imposible tener ya una propuesta cerrada. En cualquier caso, el Gobierno está satisfecho por cómo hemos avanzado, lo que nos permite tener un conocimiento muy directo de la posición
de los Gobiernos autonómicos en cuestiones fundamentales para mejorar el funcionamiento del sistema. Por eso, somos razonablemente optimistas de que podamos tener un balance muy pronto con resultados concretos.


Hasta el momento el comité ha celebrado cuatro reuniones y la próxima cita es mañana, o sea, el comité sigue trabajando y mañana jueves vuelve a reunirse. Conforme se han ido tratando asuntos en estas reuniones, también se han ido creando
grupos de trabajo y se ha ido implicando a distintos organismos del Estado en la elaboración de informes y análisis. Como he dicho al comienzo de mi intervención, lo fundamental es configurar un sistema que garantice el acceso de todos los
ciudadanos a los servicios fundamentales que prestan las comunidades autónomas, concretamente a la sanidad, la educación y los servicios sociales. Ponernos de acuerdo no es fácil, pero al fin y al cabo es un principio que está recogido en el
acuerdo de la Conferencia de Presidentes y, desde luego, como antes también recordaba, en los propios programas electorales con los que los grupos políticos concurrimos a las elecciones generales.


Después tenemos que asegurarnos de que el nuevo sistema esté blindado frente a las coyunturas económicas, de manera que no se ponga en riesgo, por las hipotéticas crisis que podamos vivir en el futuro o por exceso de gastos en época de
expansión, la oferta de los servicios públicos fundamentales: educación, sanidad y prestaciones sociales. Ya tenemos algunos elementos externos al sistema que nos lo van a facilitar, por ejemplo, el principio de estabilidad presupuestaria y la
regla de gasto, que podrá modificarse -de hecho, se está planteando en España y en el resto de la Unión Europea-, pero que con unos criterios o con otros va a permanecer. La regla de gasto va a existir para proteger precisamente la viabilidad de
los servicios públicos en el futuro.


Tenemos que decidir también sobre otras cuestiones que son muy importantes para la estabilidad del sistema, es decir, para que sea viable no solo a partir de los ingresos futuros, sino a pesar de los problemas financieros presentes y
futuros. En este sentido, tenemos que ver qué hacemos respecto a la deuda de las comunidades autónomas y, particularmente, qué hacemos con la deuda que las comunidades

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autónomas tienen contraída con el Estado. Tenemos que ver, por ejemplo, qué parte de esa deuda corresponde a insuficiencias del sistema de financiación actual. Todo esto es lo que tenemos que analizar, porque realmente no hay ningún
interés por parte del Estado de financiarse sobre esa deuda, que es una deuda entre administraciones, más bien al contrario; lo que hay que hacer es disponer de esta relación de deuda entre Estado y comunidades autónomas para facilitar la
financiación de nuestras comunidades autónomas. También debemos plantearnos qué hacer con los fondos que actualmente tiene el sistema y analizar si son útiles, si son demasiados, si solucionan problemas o si, por el contrario, crean dificultades.
En este sentido, creo que todos estamos de acuerdo en que hay que simplificar el sistema, porque todo este elenco de fondos no tiene ningún sentido. Hacen al sistema opaco y confuso. No se entiende nada y es imposible traducirlo y llevarlo a los
ciudadanos, de manera que lo que tenemos que hacer es simplificar este sistema y dotarlo de un auténtico fondo de garantía de financiación de servicios públicos fundamentales; un fondo que no cree agravios comparativos entre territorios; un fondo
que esté financiado por el pago de los impuestos de los contribuyentes con independencia de donde se realice el pago de esos impuestos. Por tanto, en vez de tener un sistema de fondos que lo que hace es crear agravios comparativos continuos entre
comunidades autónomas, tenemos que ser capaces de simplificarlo en torno a un fondo que sea transparente respecto al origen del dinero. Da igual dónde se paguen los impuestos, lo importante de ese fondo será lo que está financiando en términos de
prestación de servicios públicos. Digo que da igual, porque es lógico que la recaudación sea mayor en los territorios más desarrollados del país. Ya hemos dicho que la diferencia de renta per cápita no la hemos conseguido reducir en nuestro país
entre los diferentes territorios y no es función propia del sistema de financiación autonómica hacerlo. No está creado para eso; está creado para la garantía de la prestación de servicios públicos fundamentales. Además, tiene que ser un sistema
que deje en manos del Estado las políticas de convergencia reales para centrarse -insisto- en lo que debe ser la prioridad de las comunidades autónomas. Por tanto, debe ser un sistema que determine el coste efectivo de los servicios públicos
fundamentales y que tenga como objetivo la seguridad financiera para que en ningún momento del ciclo económico la prestación de esos servicios públicos se resienta. No hace falta que sea una financiación condicionada, a la vieja usanza; se pueden
buscar fórmulas que actualicen esa condicionalidad en términos de financiación. Tiene que ser un sistema que a partir de garantizar esos servicios ofrezca posibilidades de corresponsabilidad fiscal para que cada administración pueda dotarse de
otros servicios adicionales. Por tanto, se trata de garantizar la prestación de esos servicios y de que otras administraciones, con sus propios recursos, puedan tener servicios adicionales de acuerdo con las prioridades que demanden los ciudadanos
en cada territorio. De todo eso y de otras cosas estamos hablando desde hace más de un año con las comunidades autónomas, especialmente después del mandato de la Conferencia de Presidentes; por ejemplo, también de la estabilidad presupuestaria,
que, insisto, ha sido y es tan importante para seguir creciendo, creando empleo y recuperando, por tanto, los niveles de ingresos públicos.


Nos falta hablar -ya lo he dicho- con Cataluña, porque sus representantes políticos no han querido, pero espero que pronto estén ya en condiciones de participar activamente en los contenidos de este tipo de planteamiento que tanto interesa a
los catalanes, de la misma forma que interesa al conjunto de los españoles. Estamos convencidos de que llegará un momento en el que sus representantes políticos verán que hay que sentarse a defender los intereses de sus ciudadanos, como hacen los
demás dirigentes políticos en las comunidades autónomas, atendiendo en definitiva los principios y los mandatos de la Constitución.


Concluyo, pues, diciendo que la reforma del sistema de financiación es sin duda una oportunidad para fortalecer la estabilidad económica y presupuestaria de España y para fortalecer nuestro Estado del bienestar. Nosotros seguimos abiertos
al acuerdo -lo estuvimos ya desde el primer día-, lo saben todos los Gobiernos autonómicos y todos los presidentes autonómicos, que son también los más interesados en alcanzar un pacto. Solo espero que los partidos que se sientan en este Parlamento
estén también a la altura del desafío, que es uno de los más urgentes y necesarios que tenemos delante de nosotros, porque la recuperación económica nos está dejando más recursos para avanzar en la nivelación de los servicios públicos en condiciones
de igualdad para todos los ciudadanos. Por eso, señor presidente, reitero mi invitación a que juntos, como estamos haciendo con las comunidades autónomas, podamos realizar en esta Cámara la evaluación del modelo y negociar su futuro para superar
definitivamente las consecuencias que ha tenido la crisis sobre el Estado de las autonomías.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).

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El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL ACCENSI: Muchas gracias, presidente.


Voy a compartir mi turno de intervención con mi compañero Ignasi Candela, por tanto, estos veinte minutos que usted nos ha concedido a cada uno de los portavoces los dividiremos: diez cada uno... (Risas).


El señor PRESIDENTE: Ocho minutos.


El señor BEL ACCENSI: Entiendo perfectamente, presidente, muchas gracias; intentaré ser breve.


Por otra parte, quiero excusarme por tener que ausentarme después para intervenir en la Comisión de Energía. Por tanto, señor ministro, no lo entienda como una descortesía.


Señor ministro, gracias por comparecer aquí, y gracias también por el tono, sobre todo con relación al de la semana pasada -se lo tengo que decir-. Al menos no ha empezado a repartir -aunque después ha terminado repartiendo para todos- las
culpas entre todos los que estamos aquí por que no haya sistema de financiación autonómica.


Comparto los antecedentes. Ustedes dijeron en 2009 que este no era un buen sistema de financiación. No fueron los únicos, nosotros también lo dijimos, pero le recuerdo que llevan prácticamente seis años en el Gobierno y no lo han
modificado a pesar de estar a tiempo de hacerlo. Por tanto, cada uno tenemos las responsabilidades que tenemos en cada uno de nuestros momentos.


Dice que pide consenso a los grupos parlamentarios y que invita al diálogo. No sé si esta vez estamos excluidos o no los grupos independentistas. Si no nos excluye, como siempre hemos hecho, dialogaremos. Si nos mantiene excluidos, como
la semana pasada, quedaremos tan amigos como siempre y tendrán que pactar ustedes con el resto de grupos.


Hay una parte de su intervención que sí me ha gustado. Ha dicho: Cuando sobre algo existe una demanda social y política, cuando la sociedad demanda algo, estamos obligados a hacerlo. Lo suscribo al cien por cien, señor ministro. Eso es
aplicable al sistema de financiación y a muchos otros órdenes de la vida, como usted puede entender. (Risas). Por tanto, me quedo con aquello de que cuando existe una demanda social y política, cuando la sociedad lo pide, estamos obligados a
hacerlo (Un señor diputado: Dentro de la ley).


No voy a entrar en el tema de presupuestos, en el que ha entrado usted tangencialmente, haciendo otra invitación a todos los grupos. No ha amenazado, pero ha dicho que si no se apoyan los presupuestos traerán un real decreto. En este
sentido, ha hecho una reflexión de esas que van a quedar para la historia. Ha dicho que vamos a vestir el muñeco por orden. Pues sí, vamos a vestir el muñeco por orden, y para que exista una ley, cuando la iniciativa es del Gobierno, es necesario
es que exista un proyecto de ley. Si no existe proyecto de ley, difícilmente va a haber ley, y quien tiene la responsabilidad clarísima de presentar una propuesta en materia de presupuestos, así como en la que nos ocupa hoy, es el Gobierno.


Respecto a si hay necesidad o no, usted sabe que coincidimos en el hecho de que existe una necesidad, y no de ahora. Usted sabe que desde el principio de la anterior legislatura -no, de la anterior no; de la anterior a la anterior-, en
aquel momento en el Senado, yo mismo le dije que era imprescindible abordar dos retos: la reforma del sistema de financiación autonómica y la reforma del sistema de financiación local. Han pasado prácticamente seis años y todavía lo tenemos
pendiente. Yo no le voy a decir que sea culpa exclusivamente suya, pero obviamente el Gobierno tiene una responsabilidad importante en este sentido. Traigan los proyectos. Si hay proyectos y quieren dialogar, nosotros siempre estaremos dispuestos
a hacerlo.


Creo que el tema de las relaciones institucionales con otros Gobiernos no debería tratarlo aquí, sino con los otros Gobiernos. El informe de los expertos es un punto de partida, pero si lo analiza uno, de un primer vistazo se da cuenta de
que prácticamente el 42 % del informe son votos particulares, algunos de los cuales compartimos al cien por cien. Entiendo que estos votos particulares también deberán tenerse en cuenta a la hora de configurar el futuro sistema de financiación
autonómica.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Tiene la palabra el portavoz de Compromís.


El señor CANDELA SERNA: Moltes gràcies. Señor ministro, buenas tardes.

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Me gustaría, antes de hacer una valoración sobre lo que usted ha dicho, preguntarle acerca de cuáles son los criterios del Gobierno respecto al nuevo sistema de financiación. Obviamente, hay un problema de suficiencia, pero también hay un
problema de distribución de los propios recursos. Si atendemos al modelo de financiación aplicado en 2009, se observa claramente cómo lo que desvirtúa el modelo en términos de recursos homogéneos o per cápita es el Fondo de Suficiencia Global y
fundamentalmente el statu quo. Esto ya lo ha dicho la comisión de expertos. Me gustaría saber su opinión acerca de si hay que eliminarlo, de si hay que corregirlo con más recursos o qué es lo que ustedes tienen pensado hacer.


Una cuestión también fundamental -creo que usted ya lo ha dicho en alguna comparecencia pública- es la deuda histórica. Sabe que nosotros exigimos que la deuda histórica esté contemplada vía compensación. Otro tema que usted ha afirmado y
en el que estamos totalmente de acuerdo es el de la corresponsabilidad; incluso de la coordinación y de la lealtad institucional. Lo que no entendemos es cómo en su ministerio, en vez de ser leales y cooperativos, se dedican a mandar cartitas
amenazando con intervenir las cuentas de la Generalitat valenciana por incumplir la regla de gasto y por la desviación del 1,1 % que se había producido. Y fundamentalmente no lo podíamos ni lo podemos hacer por un problema de suficiencia de
ingresos. Esa es la cuestión. Al final la responsabilidad realmente es suya.


Hay una cosa que me ha hecho muchísima gracia, y con esto voy a terminar. Normalmente, usted acusa a los representantes de Compromís de llorar. Ese es uno de los grandes mantras que usted siempre nos dice, pero hoy comparece, en relación
con los Presupuestos Generales del Estado, para llorar ante el resto de los grupos políticos a ver si se los aprueban y acto seguido dice que, mediante un real decreto-ley, podría actualizar el sistema de financiación autonómica con la liquidación
de casi 1600 millones que debe a la Generalitat o con las entregas a cuenta, que han bajado 353 millones. Lo que están haciendo con la no actualización del sistema de financiación autonómica es utilizar el dinero que va destinado a los servicios
sociales básicos para presionar al resto de los grupos políticos con el fin de que les aprueben los presupuestos, cuando, como usted ha dicho, tienen un mecanismo, que es el real decreto-ley, para evitar precisamente esa cuestión. Lo que les digo
desde Compromís -hablando en términos sentimentales de llorar o no llorar- es que dejen de llorar y traigan ese real decreto.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.


La señora CAPELLA I FARRÉ: Gràcies, president. Molt bona tarda, senyores i senyors diputats. Bona tarda, senyor ministre.


Es verdad que usted ha venido hoy con un tono distinto al que empleó la semana pasada para explicar que no tenía presupuestos, repartiendo estopa a todos los grupos parlamentarios. No responsabilizó al Gobierno del Reino de España, con
usted a la cabeza, de haber sido incapaz de dialogar con los grupos parlamentarios -hoy nos decía que están abiertos al diálogo, así que bienvenido sea-, pero nos culpaba a los demás de que si no existían presupuestos era porque no hacíamos lo que
tocaba. En todo caso, es a usted a quien le corresponde gobernar y seducirnos a nosotros para que le demos apoyo a unos presupuestos que puedan satisfacer las pretensiones que cada grupo parlamentario tiene y que le permitan beneficiar a quien
representa. Apúnteselo, ministro: hoy ha venido con otro tono y le felicito por ello. Es verdad que luego usted es incorregible. No puede tener siempre la espada de Damocles colgada de la cabeza de todo el mundo vía real decreto, vía
intervención de las cuentas, vía los medios que tiene el Estado para reprimir en toda su magnitud y con toda su fuerza. Esto ya lo hemos probado los catalanes. Eso no quiere decir que dejemos de persistir en aquello que nosotros defendemos. En
todo caso, quiero decirle que es verdad que hoy ha venido con otro tono y eso es de agradecer, aunque debería ser su obligación y la regla general de un ministro que está gobernando en minoría.


La reforma del modelo de financiación, autonómica en este caso, es la gran promesa del Partido Popular. Veremos si es la crónica de una muerte anunciada, de un gran fracaso o si se trata de maquillar las cosas para hacer ver que cambian sin
cambiarlas. Veremos lo que pasa. Usted decía: El sistema de financiación autonómica tiene unos responsables y respecto a Cataluña tiene como responsable a Esquerra Republicana. Sí; nos volvieron a engañar, mire por dónde. ¡Nos volvieron a
engañar! Por eso ya no nos fiamos de ustedes. Este es un Estado que incumple sistemáticamente la ley y, sin embargo, nos señala a nosotros como incumplidores. Ustedes la incumplen y, si no, la retuercen. Si quiere le explico la larga historia de
retorcimiento de la ley, con la aplicación del 155, ministro, o con la aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria para poder intervenir las cuentas de la Generalitat. Retorcieron la ley. Veremos qué pasa en los tribunales. Tampoco confío
demasiado en ellos, porque ya hemos visto cómo actúa el

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Gobierno del Reino de España y cómo actúan determinados tribunales. Aun así, persistiremos, porque siempre nos quedarán los tribunales europeos, mire por dónde.


Al final, en este nuevo sistema de financiación que hoy nos venía a explicar los catalanes y las catalanas terminaremos perdiendo, estemos o no estemos sentados en la mesa de negociación, estemos o no estemos sentados en este nuevo reparto
del sistema de financiación, porque ya hubo una oportunidad de pactar un sistema de financiación, de reformarlo, y ustedes al señor Mas, en aquellos momentos presidente de la Generalitat de Catalunya, le dijeron que no.


Ustedes son buenos con el marketing -se lo reconozco- cuando hablan de que son el modelo de Estado -y se lo acaban creyendo- más descentralizado. No es verdad, ministro, no es verdad. El Estado siempre tiene la capacidad de desmontar, de
vaciar el contenido de las competencias; lo han hecho ustedes durante todas estas legislaturas: la X, la corta y esta, que ya hace un tiempo que va funcionando. Lo han hecho siempre. Sí, ministro, no ponga esa cara porque ha sido así y le hemos
explicado hasta la saciedad de qué manera el Estado vacía las competencias de las comunidades autónomas, de qué manera el Estado no cree en la descentralización, de qué manera el Estado no cree en la desconcentración, de qué manera tampoco cree en
las administraciones locales. ¿Por qué no se tiene un sistema de financiación adecuado para las administraciones locales? No se lo creen y, por tanto, nosotros continuamos sin fiarnos de un Estado que siempre ha ido en nuestra contra. Lo decía
antes: No han tenido suficiente con intervenir las cuentas de la Generalitat en una situación económica favorable, ministro -y esto lo tiene que reconocer-, en un momento de crecimiento económico en Cataluña. Esto lo tiene que reconocer, ministro,
porque lo ha reconocido ante los medios de comunicación, así que supongo que en una comisión parlamentaria no va a dejar de reconocerlo.


Hoy ha dicho que, gracias a las comunidades autónomas, el Estado también se ha financiado. Se ha financiado, se ha autofinanciado y, además, le ha servido para exprimir al máximo a las comunidades autónomas más productivas. Esto lo hemos
padecido en Cataluña y luego le contaré cómo; también usted hace poco lo ha explicado, escasamente hace una semana. Esto ha servido para que el Estado continúe gastando a mansalva, sin tener competencias en muchísimas cosas. Y le recordaré lo que
siempre le recordamos, porque es una evidencia: los 60 000 millones de euros del rescate bancario, la deuda militar, la deuda eléctrica, el rescate de las autopistas, Castor... No lo puede negar, ministro, es una evidencia, no lo dice Esquerra
Republicana. (El señor ministro de Hacienda y Función Pública, Montoro Romero, hace gestos negativos). Ah, no; Castor, no, y el rescate de las autopistas, tampoco. Esto es una falacia de los independentistas. Esta es la deuda multimillonaria
del Estado español: más de un millón de euros de deuda.


Recordemos que usted mismo, ministro, que ahora ejerce de conseller in pectore de Economía y Hacienda -o conseller en el exilio, lo que le guste más- de la Generalitat intervenida, reconoció las últimas estimaciones del déficit fiscal de
Cataluña. Esto no es decir que España nos roba, estamos hablando del déficit fiscal, de lo que aporta Cataluña y de lo que no recibe Cataluña, y esto lo ha dicho usted hace nada. Se trata de más de 16 000 millones de euros, un 8,4 % del PIB,
muchísimo más que en 2010, 2011, 2012, 2013 ó 2014. Sí, ministro, lo han dicho y publicado ustedes. Lo ha dicho también el señor Ángel de la Fuente. Dicen que la verdad solo tiene un camino; pues, entre otras cosas, el déficit fiscal de Cataluña
existe a pesar de que ustedes lo hayan negado durante mucho tiempo. Sin embargo, con la intervención ha acabado usted diciendo lo mismo que decimos los independentistas.


Hay otro elemento a tener en cuenta. El otro día usted también nos zumbaba y se las daba de valiente con este tema diciendo que esto lo provoca la situación de prórroga presupuestaria, no la congelación de 4230 millones de euros de entregas
a cuenta procedentes del sistema de financiación autonómica que corresponden a las comunidades autónomas. ¿Esto qué quiere decir? Significa que esto incapacita, limita, determina el presupuesto, la existencia o no de presupuesto en las propias
comunidades autónomas. Va en contra de la planificación, afecta al gasto social, a los servicios básicos y esenciales de la ciudadanía. El recorte significativo afecta a aquellos de los que no les gusta oír hablar, a los països catalans:
Catalunya, el País Valencià y les Illes. (La señora Villalobos Talero: Y a Andalucía). Sí, ministro, afecta. (Un señor diputado: Engañas). Llámenle arco mediterráneo si le gusta más a la señora Villalobos, a mí me da lo mismo; pero existir,
existen. (Un señor diputado: A Asturias). Es el arco mediterráneo. (La señora Villalobos Talero: Y a Cantabria).


El señor PRESIDENTE: Por favor, guarden silencio; no establezcan un diálogo, por favor.

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La señora CAPELLA I FARRÉ: Le pediría que le dijese a la señora diputada que no se ponga nerviosa. (La señora Villalobos Talero: Yo no me pongo nerviosa, estoy harta). Solo hago uso de mi turno de palabra y evidencio una realidad. El
arco mediterráneo, si lo prefieren; sustancialmente afecta al arco mediterráneo, als països de l' arc mediterrani, País Valencià, les Illes i Catalunya.


Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Capella.


Tiene la palabra en nombre del Grupo Ciudadanos, el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, señor Montoro, bienvenido de nuevo en siete días al Congreso de los Diputados, en este caso a la Comisión de Hacienda. La semana pasada señaló en la Comisión de Presupuestos que dos de las tres ventajas fundamentales que derivaban
de tener un presupuesto eran, por un lado, el incremento del sueldo de los funcionarios y, en segundo término, la cuestión de los 4000 millones de euros adicionales que recibirían de financiación las comunidades autónomas y, de momento, lo primero
que hemos visto es que el señor presidente, el señor Rajoy, ha dicho que esto se puede hacer por decreto-ley. Por tanto, no se entiende muy bien para qué creen ustedes que harían falta unos presupuestos. Se lo voy a decir yo: para cumplir sus
compromisos; por ejemplo, la rebaja de impuestos de más de 2000 millones de euros para los contribuyentes con menor renta o en situaciones familiares especiales o también para equiparar los salarios de la Policía y la Guardia Civil. En este
sentido, le pido a usted y al Partido Popular en general un poco de coherencia en esta cuestión, aunque sea para mantener la coherencia una semana. Si no hay presupuestos es bastante complicado que podamos ir a un nuevo modelo de financiación
autonómica. El hecho es que usted ha dicho que había errores de diseño en el modelo y, después de cuatro años de mayoría absoluta, ustedes no le han tocado una coma. Esto me sorprende. En cambio, sí me alegra que haya cambiado el criterio
respecto a noviembre cuando usted decía en la Comisión de Presupuestos, literalmente, que los territorios no eran solidarios entre sí. Ciudadanos considera que un factor fundamental de la igualdad de oportunidades entre todos los españoles es que
todos tengan derecho al acceso a los servicios fundamentales de educación, sanidad y servicios sociales en condiciones de igualdad. A lo mejor es que nos creemos la Constitución, que dice en su artículo 138 que el Estado garantiza la realización
efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español y que, en cualquier caso, las
diferencias entre estatutos de las diversas comunidades autónomas no podrán implicar en ningún caso privilegios económicos y/o sociales. La realidad es que hasta ahora mismo no ocurre. (Muestra un documento). Le voy a enseñar aunque usted los
habrá visto los últimos datos oficiales sobre financiación regional, año 2013, datos oficiales del Ministerio de Hacienda, en los que se ve que a competencias homogéneas e igualdad de esfuerzo fiscal las comunidades forales tenían 3965 euros, el
País Vasco en concreto 4170 en 2013 -y el sistema no ha cambiado, no lo han querido cambiar-, la Comunidad Valenciana tenía 1824 y la media del régimen común era de 2030 euros. Por tanto, unas diferencias absolutamente brutales, por lo que usted me
dirá cuál es la justificación que tienen entre las diversas comunidades autónomas, es decir, entre las administraciones que tienen que proporcionar unos servicios básicos y fundamentales para el Estado del bienestar.


Usted ha contado qué es lo que quieren hacer, pero se ha olvidado de lo que han hecho hasta hora. En primer término, ha dicho que no era un compromiso la cuestión de la reforma del sistema de financiación autonómica, aunque hubiese un
compromiso de reforma. Es evidente, el mandato legal era que si el sistema mostraba insuficiencias habría que proceder a su estudio. Obviamente, el sistema mostró esas insuficiencias desde el mismo momento que usted ha reconocido no ya que tenía
errores de diseño y que se opusieron, sino que tuvieron que emitir 231 000 millones de euros de deuda para financiar a las comunidades autónomas. Esto significaba que las comunidades autónomas, salvó lógicamente las de régimen foral debido a las
diferencias de financiación, no podían acceder a los mercados. Por tanto, teníamos un elemento obvio de que el sistema fallaba. Había otro -que quizás no le guste mucho que lo recuerde- que es el acuerdo de investidura que tenemos, que dice en el
punto 123 que ustedes se comprometían a reformar la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas para corregir las insuficiencias del sistema y garantizar los principios de autonomía, coordinación, solidaridad e igualdad recogidos en la
Constitución y definidos por el Tribunal Constitucional. A todo esto, ¿qué es lo que hicieron en noviembre, en la primera reforma de la financiación territorial? Traerse el cuponazo vasco. Sorprendentemente, aquí no están los representantes del
PNV, partido independentista, ni del otro partido regionalista que defiende los intereses

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de una sola comunidad autónoma como es el caso de Unión del Pueblo Navarro. ¿Qué hicieron ustedes? Reformar dando más dinero a la comunidad autónoma mejor financiada. Actualizaron esto en el sentido exactamente contrario a lo que pidieron
los expertos que ustedes nombraron, que decían -no le voy a leer todas las citas, que seguro que las conoce, del comité de expertos- que había que incorporar las comunidades a la financiación del esquema de solidaridad interterritorial respecto al
Fondo de Garantías de Servicios Públicos Fundamentales, con independencia de que le llamemos de esta forma o de otra. ¿Por qué usted y el Partido Popular se han opuesto a que no participen Navarra ni el País Vasco? ¿Usted considera razonable
dentro de un sistema global que una comunidad que tiene un presupuesto, como es el caso del País Vasco, de más de 10 000 millones de euros su contribución a la solidaridad haya sido de 26 millones el año pasado al Fondo de Compensación
Interterritorial, la segunda comunidad autónoma en renta per cápita? Todo esto lo trajeron ustedes aquí y solamente se podía votar sí o no porque se trajo en lectura única. Otra cuestión que también merecería la pena plantear y que también dicen
los expertos que debería haberse modificado es el ajuste de impuestos al consumo, el ajuste del IVA. Usted dijo en el Pleno del Congreso de los Diputados que este ajuste salía unas veces a favor del País Vasco y otras veces a favor del Estado, pero
es que en toda la historia nunca ha salido a favor del Estado, siempre ha salido a favor del País Vasco. Todos los expertos dicen que esto debería cambiarse. Este importe es superior al cupo, con lo cual en la parte del cupo sale negativo. Estos
son los cambios que ustedes han realizado. Por lo menos el cuponazo se trajo a las Cortes, en el caso de la modificación de la aportación navarra he pedido los acuerdos y no me han llegado, sorprendentemente, y, además, no viene a las Cortes
Generales. Como usted bien sabe, en el caso de los ajustes al consumo de estos impuestos, la mitad del dinero es dinero de las comunidades autónomas. Estamos hablando de unos 2500 millones de euros aproximadamente que se devuelven a estas
comunidades. Como le decía, la opacidad absoluta no es precisamente una garantía democrática, sino un mal sistema y una garantía de impunidad.


En cualquier caso, nosotros creemos que hay que modificar el sistema, pero no solamente para los habitantes de las comunidades autónomas con la mejor financiación, sino también para todos los demás y que debía haberse precedido de un cambio
en el sistema general. Usted se queja de que el PSOE quizás no le apoye, quizás sería un caso de parálisis bipartidista. El Partido Socialista ha pedido un incremento de las partidas en sanidad, educación y servicios sociales de 30 000 millones de
euros, cuestión que hace difícil que ustedes puedan acceder a negociar. En cualquier caso, sí que creemos que como Gobierno deberían haber hecho las cosas al revés, deberían haber impulsado antes la reforma del sistema...


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Concluyo, señor presidente.


En cualquier caso, es un punto primordial que queda pendiente dentro de la mejora económica y social de España y una cuestión fundamental para los que creemos en la igualdad de oportunidades entre todos los españoles.


Esperando la explicación a algunas de las cuestiones que le he planteado, le agradezco desde luego que haya venido dos veces en siete días al Congreso de los Diputados para explicar estas cuestiones.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea se ha distribuido el tiempo entre dos de sus señorías.


En primer lugar, tiene la palabra el señor González.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Gracias, señor presidente.


Hola de nuevo, señor Montoro. Viene usted hoy aquí para hablar de financiación autonómica, una reforma que debería haber traído a esta Cámara en el año 2014, cuando estamos en el año 2018. Fíjese, 2014, cuántas cosas han cambiado desde
entonces, lo que no ha cambiado mucho es su cinismo. El otro día vino a esta sala para reprochar al resto de grupos parlamentarios que no apoyáramos unas cuentas que aún no conocíamos y hoy viene aquí, al Congreso, a la Comisión, a decir que no
estaba usted obligado para nada a traer la reforma de la financiación autonómica. Son todo excusas. La incapacidad del Gobierno del Partido Popular para llegar a acuerdos está paralizando al país -como ya le decíamos el otro día-, y no hay mayor
muestra del agotamiento del proyecto político de su partido

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que la incapacidad para abordar la reforma de la financiación autonómica y la segunda prórroga de los Presupuestos Generales del Estado. Deben estar todo el día vistiendo y desvistiendo al muñeco, pero al final lo que es trabajar, poco;
legislar, poco; lo que hacen es confiar exclusivamente en la inercia de un crecimiento económico que viene impulsado, como ya transmitimos en varias ocasiones, por unos vientos de cola que no van a durar indefinidamente, y el momento de arreglar el
tejado es cuando hace sol; si esperamos a que deje de hacer sol para arreglar el tejado y hacer las reformas que hay que hacer, vamos a empezar a tener las goteras, y ahí no valdrá entonces que usted venga aquí a echarnos la culpa al resto de
partidos. La única herramienta que conoce su Gobierno para acordar leyes estratégicas es el chantaje, como ya han puesto en marcha para presionar a las comunidades autónomas con esa retención de los 4230 millones de euros de entregas a cuenta
pertenecientes a las comunidades autónomas, cambiándoles además las reglas a mitad de la partida, en el momento en que estaban haciendo los presupuestos; un gesto de auténtica deslealtad e irresponsabilidad institucional.


Entrando en materia, creemos que necesitamos solucionar definitivamente la infrafinanciación de las comunidades autónomas para evitar precisamente que queden a merced de los designios de Gobiernos como el suyo. Es clara la insuficiencia de
los recursos de las comunidades autónomas, un dato por ejemplo: el gasto en servicios públicos fundamentales de las comunidades autónomas en España ha sido un 23 % inferior al nivel de gasto de otras administraciones territorializadas en otros
países europeos. Esta sostenibilidad del sistema de financiación autonómica solo puede conseguirse si se acompaña de una reforma del sistema fiscal del conjunto que garantice un suelo de ingresos frente al techo de gasto que tanto le gusta a usted.
De esta manera, podemos introducir mayor progresividad al sistema. Sin resolver este problema de la suficiencia de recursos cualquier reforma de la financiación autonómica será un fracaso. Hasta ahora no se ha sabido o no se ha querido garantizar
la suficiencia del sistema. Los fondos que la componen no han sido realmente utilizados o son contradictorios entre ellos, anulando el posible efecto positivo que pueden tener, es decir -como también manifestó usted y no estamos de acuerdo-, se
trata de un sistema caótico y poco transparente. No puede ser que el Gobierno utilice las entregas a cuenta para presionar políticamente a las comunidades autónomas -como comentamos anteriormente-; la ausencia de normas de control ha facilitado la
deslealtad institucional entre comunidades en materia tributaria, destacando el papel que ha jugado la Comunidad de Madrid. Además, su Gobierno carga año tras año sobre las instituciones territoriales inferiores la mayor carga del ajuste para ganar
mayor margen en la ejecución presupuestaria desde la Administración central, lo que hace con ayuntamientos, con la regla de gasto, y con las comunidades autónomas a través del sistema de financiación autonómica. De esa manera, entendemos que usted
está encantado con que se cumplan los objetivos de déficit en las comunidades autónomas porque eso le da a usted más margen a nivel de Administración central.


El Grupo Parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea considera que los principios necesarios e imprescindibles para la reforma del actual sistema pasan por una suficiencia de recursos que garantice la provisión de servicios
públicos fundamentales y la convergencia con Europa por la necesidad de llegar a una progresiva confluencia tanto a nivel de suficiencia financiera y de ingresos dentro de las comunidades como también entre las diferentes comunidades, reduciendo esa
brecha territorial. Creemos que hay que blindar los servicios públicos fundamentales por encima de todo, para lo cual consideramos imprescindible incluir dotaciones para partidas como la de dependencia, y por ello hay que reforzar el Fondo de
garantía de financiación, garantizando que todas las comunidades autónomas obtengan la financiación necesaria para cubrir los servicios públicos fundamentales de acuerdo con sus necesidades de gasto. También hay que incrementar la dotación y
mejorar los criterios del Fondo de Compensación Interterritorial, así como dotar la inversión de los Presupuestos Generales del Estado de unos criterios claros que permitan desterritorializarlos atendiendo las necesidades de inversión productiva de
las distintas comunidades. Asimismo, hay que prever un sueldo mínimo de tributación de algunos impuestos, en particular aquellos de carácter patrimonial para evitar el dumping fiscal que practican comunidades como la de Madrid.


El señor PRESIDENTE: Señor González, ha agotado cinco de los ocho minutos, lo digo por su compañero.


El señor GONZÁLEZ GARCÍA: Ya finalizo.


Estos aspectos que planteamos de garantizar un modelo de Hacienda pública integrada y de corte federal con las haciendas autonómicas no son contradictorios, y creemos que es el deber de cualquier sistema de financiación autonómica. Sin más,
le cedo el turno a mi compañero. Muchas gracias.

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El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Señor Vendrell, tiene la palabra.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


Buenas tardes, ministro. No termino de entender exactamente cuál es el objetivo que tiene usted hoy en esta comparecencia más allá de una especie de acto publicitario en el que nos ha relatado lo bien que según usted lo ha hecho, pero no
terminamos de saber cuál es la opinión o la posición del Gobierno en cuanto a elementos nucleares y concretos de la reforma del modelo de financiación autonómica.


En primer lugar, creo que ustedes deberían reconocer su responsabilidad en el retraso de la reforma del modelo que efectivamente tendría que haberse producido en 2014, porque las comunidades autónomas no es que lo pidan ahora, es que llevan
años pidiéndoselo, y justamente viendo las consecuencias que tenía la crisis económica y su propia política, la política que ustedes han aplicado en su financiación. Usted decía que no se podía aprobar la revisión del modelo de financiación sin la
participación de Cataluña, del Gobierno de la Generalitat entiendo. Nosotros creemos que fue un error que el Govern de la Generalitat se autoexcluyera de la participación de la comisión de expertos y del Consejo de Política Fiscal y Financiera,
pero lo que le quiero preguntar exactamente es si ustedes van a esperar al Govern de la Generalitat o no. Nosotros deseamos que se constituya, que tengamos Govern lo más pronto posible, pero ustedes nos han dicho que el comité técnico está ya
trabajando, que están dialogando con las comunidades autónomas, que hay grupos de trabajo, que se han realizado cuatro reuniones más una mañana, ¿el nuevo Govern de la Generalitat se lo va a encontrar todo hecho o realmente quieren dialogar, sincera
y honestamente, con el nuevo Govern que esperamos que tengamos en Cataluña? Porque en Cataluña la Generalitat siempre ha tenido un papel de liderazgo en los diferentes modelos de financiación, siempre ha habido un diálogo bilateral no solo con
Cataluña sino también con las otras comunidades autónomas, y multilateral para aprobar nuevos modelos de financiación. Cataluña además siempre ha votado a favor, tanto en 2002 -un modelo mucho peor, por cierto, que el de 2009- como en 2009.


También le quería preguntar exactamente por el tema de la financiación municipal, la financiación de los ayuntamientos. En ningún caso el proceso de elaboración de un modelo de financiación local, que es urgente, debe estar supeditado o
postergado a la financiación autonómica sino que debe abordarse de forma conjunta. Son las únicas administraciones que han generado superávit, un 0,6 %, y que no lo pueden dedicar, como se debería, a inversiones ni a gasto social, porque ustedes
con su política, apretando las clavijas a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, reducen el déficit para quedar bien con Bruselas pero la carga se la han llevado mayoritariamente las comunidades autónomas y los ayuntamientos.


Volviendo al tema de Cataluña, en Cataluña existe una mayoría muy amplia y transversal que ha expresado una voluntad clara de autogobierno que tiene que verse reflejada, a nuestro parecer, también en el modelo de financiación. La mejora del
sistema de financiación no es la solución a la cuestión catalana, que es un elemento político, pero debería formar parte del plan de Estado que el Gobierno y los grupos que le apoyan no tienen en relación con Cataluña, un plan para resolver el
encaje de Cataluña en el Estado, que no sea simplemente tratar la cuestión catalana como un problema de orden público, como un problema que se trata de forma autoritaria, sino como un problema político que debe afrontarse democráticamente.


El señor PRESIDENTE: Tiene que ir terminando, señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Termino.


España es una realidad plurinacional, un país de países, y eso debe tener su reflejo en la articulación jurídico-constitucional del Estado y también en su modelo de financiación, y creemos que esa es la cuestión clave, y los retos -termino-
serían no solo mejorar la suficiencia sino también la autonomía financiera. No es cierto lo que dicen ustedes siempre de que somos el Estado más descentralizado del mundo. Los tributos que son gestionados directamente por los Gobiernos autónomos,
sobre los que tienen plena capacidad, solo suponen el 13,2 % de sus ingresos, eso no es autonomía financiera real. Creemos que suficiencia, autonomía y solidaridad son perfectamente compatibles y que esos deberían ser los retos.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.


Tiene la palabra la señora Blanquer, del Grupo Socialista.

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La señora BLANQUER ALCARAZ: Buenas tardes, señor ministro, muchísimas gracias por su predisposición a venir a esta Comisión, como no podía ser de otra manera.


Hoy nos ha hablado de búsqueda de consensos, de buenas oportunidades. Nos gustaría creerle, pero los hechos que anteceden a sus palabras hacen que dudemos de las mismas. Permítame algunas matizaciones. En primer lugar, hoy comparece ante
esta Comisión a petición de nuestro grupo, el Grupo Parlamentario Socialista. Estamos convencidos de que si no lo hubiéramos pedido previamente usted no estaría hablando aquí en sede parlamentaria de financiación autonómica a petición propia.
Estamos convencidos de ello porque, a lo largo de los últimos años, ha demostrado que la revisión del modelo de financiación autonómica no ha sido ni es un tema prioritario ni para usted ni para su Gobierno, algo que no nos sorprende, porque las
comunidades autónomas son quienes sustentan la mayor parte de nuestro Estado del bienestar y usted ha estado más pendiente de debilitarlo que de fortalecer su sostenimiento, como evidencia también su plan presupuestario remitido a Bruselas, donde
comprobamos nuevamente que la previsión del gasto social en España se va reduciendo en términos del PIB de manera considerable. Su previsión es una reducción de más de 3 puntos porcentuales en 2020 respecto a 2013. Si hay las previsiones de
crecimiento económico, el origen de la reducción en las políticas de carácter social es puramente ideológico.


Las comunidades autónomas son las instituciones encargadas de prestar la sanidad, la educación, los servicios sociales -usted nos lo ha recordado-, también el sistema de dependencia, y garantizar de manera estable que estas políticas
dispongan de suficientes recursos desde luego no ha estado ni está entre sus prioridades. Esta es la verdadera razón por la cual no ha revisado y ha actualizado el modelo de financiación autonómica, a pesar de su obligación legal -ahora le
explicaré que sí lo es- y a pesar de los compromisos públicos adquiridos por parte de su Gobierno. En primer lugar, es una obligación legal -usted ha hecho mención a ella-, de acuerdo con la Ley 22/2009, de financiación autonómica de las
comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, que en su disposición adicional séptima recoge la revisión quinquenal del modelo. Es una revisión que debería haberse planteado en 2014 y que no se hizo y, por tanto, no
se cumplió con la obligación legal. Cuatro años es un retraso más que considerable, que está generando tensiones entre las instituciones que además no son nada deseables. No deja de ser curioso -voy a utilizar la misma expresión que usted- que no
apoyaran la reforma de 2009, que continuamente nos digan que no les gusta y que cuando legalmente les tocaba revisarla no lo hicieran. Recordemos que en el año 2014 su Gobierno contaba con el apoyo de la mayoría absoluta de esta Cámara y gobernaba
en la mayoría de las comunidades autónomas; que, a pesar de ello, no hicieron esta revisión, y no hablo de aprobación, hablo de revisión. No era una cuestión de clima político, como dijeron entonces, era simplemente por falta de voluntad política.
Si entonces, que podían, no quisieron, ahora nos cuesta creer que estén dispuestos a hacerlo. Han focalizado todos los esfuerzos en poner contra las cuerdas a la Administración autonómica y, especialmente, a las administraciones locales, sin
propiciar el diálogo necesario y con la intención de recuperar competencias. Esa también puede ser la causa de que no revisaran el modelo de financiación, debilitarlo al máximo con la intención de poner al propio modelo en jaque; de hecho, hemos
visto que las diferencias entre las comunidades se han agrandado en este periodo de tiempo. Es cierto que se han comprometido en público a modificar el sistema, compromisos que han llegado tarde y que tampoco cumplen. Es cierto que un comité de
expertos ha realizado un informe, pero poco más, al igual que con la financiación local. La realidad es que a fecha de hoy no han presentado una propuesta en firme a los órganos correspondientes y tampoco ha cumplido con su compromiso de
incrementar la cuantía de financiación correspondiente a las comunidades autónomas para 2018, que anunció a mitad de 2017, algo que precisamente hoy ha rectificado. Creo que el titular de esta comparecencia es que el ministro rectifica y da la
razón al Grupo Parlamentario Socialista en que el Gobierno puede perfectamente cumplir con el compromiso adquirido con las comunidades autónomas en el mes de julio y hacer la transferencia que les corresponde, y desde luego que no era necesario que
existiera el presupuesto. Son decisiones que han estado debilitando la autonomía de actuación de las comunidades autónomas y que, por tanto, también debilitan al Estado de bienestar.


El modelo de financiación de 2009 -también lo ha dicho usted- no es más que una extensión del modelo de 2002 y con virtudes y/o con defectos debiera haberse revisado, debiera haberse medido el impacto positivo o negativo de las actuaciones
legislativas del Estado y de las comunidades autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera hace mucho tiempo. En su conjunto, el modelo no estaba preparado para hacer frente a una crisis fiscal, como usted ha dicho. Pues si
había constatado esa insuficiencia en 2014, debería haber sido revisado, y, sin embargo, no se hizo. La consecuencia de la no

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revisión es hoy la insuficiencia generalizada de las comunidades autónomas para financiar los servicios públicos y un crecimiento importante del endeudamiento de las comunidades autónomas que dificulta el cumplimiento de sus objetivos de
deuda. Y ahora, sí o sí, deben adaptarse medidas correctoras ante esta situación. En este sentido, el Gobierno no puede eludir su responsabilidad. Es responsable de esta insuficiencia al no haber revisado el modelo cuando debería haberlo hecho.
El coste del retraso lo están asumiendo solo las comunidades autónomas, y no es justo; no es justo para los ciudadanos, que son los que sienten las consecuencias. Los socialistas no compartimos ni la inacción del Gobierno hasta ahora respecto a la
no revisión ni tampoco su acción en lo que se refiere a su trato con las comunidades autónomas, ni mucho menos su trato con las administraciones locales. Su actitud les ha delatado. La situación de Cataluña puede dificultar la aprobación, pero no
la presentación de posiciones políticas, de propuestas en el seno de los consejos o comisiones constituidas a tal efecto. El resto de las comunidades autónomas están cumpliendo y su ministerio solo se dedica a dejar pasar el tiempo, como si los
problemas se resolvieran por sí solos. Tiene que comprender que el Estado somos todos y que no puede tratar a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos como alumnos a los que hay que examinar, a los que solo pregunta. Acordar y consensuar es
dialogar, y usted las trata como si estuvieran en un estado inferior.


Para finalizar, quisiera decir que nos preocupa la manifiesta deslealtad institucional que ha mostrado su Gobierno, que está generando tensiones territoriales. A los hechos me remito. En primer lugar, ha preferido mantener en el tiempo un
sistema de préstamos condicionados a las comunidades autónomas sin abordar la verdadera problemática de fondo, que era conseguir que el modelo de financiación tuviera financiación con garantías para poder financiar las competencias que tienen
encomendadas las comunidades autónomas, y lo han preferido para poder recortar la autonomía de las comunidades a cambio de darles liquidez. Las soluciones provisionales que ustedes plantearon, como usted ha dicho, deberían haber sido provisionales;
son extraordinarias, y usted las está convirtiendo en definitivas. En segundo lugar, a lo largo de estos años la acción del Gobierno desde el ministerio ha permitido calificar irresponsablemente a las comunidades como cumplidoras y como no
cumplidoras, sin tener en cuenta su situación financiera de partida, castigándolas con intereses que no hacen más que agrandar su endeudamiento y estableciendo objetivos de estabilidad presupuestaria y una distribución de déficit inalcanzable para
algunas de ellas. La propia Airef ha reiterado en varias ocasiones que esta fijación y distribución no ha atendido a criterios razonables de factibilidad y equidad, una distribución que su Gobierno ha impuesto unilateralmente, que no ha acordado y
que tampoco ha justificado. En tercer lugar, con la excusa de la crisis económica recortaron el Estado del bienestar, adelgazaron el sector público, recortaron políticas públicas y, ante una mínima recuperación y de manera electoralista,
prefirieron bajar los impuestos, aunque los más beneficiados fueran los que más tienen; y hace semanas, el presidente del Gobierno anunciaba su predisposición a bajar de nuevo impuestos ante las perspectivas de crecimiento. Prefieren bajar
impuestos sin tener en cuenta las repercusiones que esa pérdida de recaudación tiene sobre las comunidades autónomas. Son decisiones que también incumben a las comunidades y que de manera unilateral ustedes no pueden adoptar. Por último -sé que se
que me acaba el tiempo, señor presidente, pero tenga en cuenta que somos el grupo que hemos pedido la comparecencia-, quisiera finalizar con el cuarto punto por el cual digo que los hechos demuestran que ha habido una deslealtad institucional por
parte del Gobierno, porque el tema de la cuantía de financiación autonómica que les corresponde a las comunidades autónomas ha sido una cuestión que lo ha evidenciado claramente. Han modificado esta cuantía de financiación sin haber convocado un
Consejo de Política Fiscal y Financiera para dar cuenta de los cambios que pudieran haberse producido, cambios que planteaba de manera unilateral y que desde luego la totalidad de las comunidades no comparten; de hecho, presidentes de comunidades
gobernadas también por su Gobierno así lo han manifestado. Si el Gobierno no les transfiere las entregas a cuenta estimadas y comunicadas en el mes de julio es porque el Gobierno no ha tenido voluntad política de hacerlo y ha utilizado esta
situación como un arma de presión que nos parece intolerable.


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar, señora Blanquer.


La señora BLANQUER ALCARAZ: Podría haber buscado la fórmula para cumplir su compromiso con las comunidades autónomas. De hecho -ya lo ha dicho-, puede sacar un decreto y, por tanto, lo podría haber hecho perfectamente en diciembre de 2017.
Tenga en cuenta que cuando el Gobierno castiga a las comunidades no está castigando a sus Gobiernos. En realidad, está castigando a los estudiantes, a los

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enfermos o a los dependientes. Nos parece inadmisible su intento de ahogar y presionar cada vez más a las comunidades autónomas.


Para finalizar, señor presidente ahora sí, de verdad, esta forma de proceder no hace más que contribuir a generar la idea, cada vez más arraigada entre las comunidades autónomas, de la discrecionalidad de la Administración General del Estado
a la hora de tomar sus decisiones en materia de financiación. Eso, señor ministro, no es bueno para garantizar una buena convivencia, no es bueno para España, no es bueno para los españoles. No es bueno que no se cumplan sus compromisos. Por
tanto, si su intención es aprovechar la previsión de incremento de recaudación como una oportunidad para actualizar los modelos de financiación, lo que tiene que hacer es presentar su propuesta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y
acordarlo cuanto antes con las comunidades autónomas. Estamos convencidos...


El señor PRESIDENTE: Tiene que terminar.


La señora BLANQUER ALCARAZ: ...de que si hay buena actitud y buena predisposición es posible llegar al acuerdo. De momento, por su parte la buena actitud no la hemos visto. Hoy, sin embargo, el ministro ha rectificado. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Suelo ser flexible con todos los grupos. He sido especialmente flexible con el grupo proponente en este caso, pero creo que por norma deberíamos seguir las instrucciones de la Presidencia.


Termina el turno de intervenciones la señora Madrazo, por parte del Grupo Popular.


La señora MADRAZO DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente.


En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, quiero decir al señor ministro que es un placer tenerle de nuevo en esa Comisión, en la que ya comparece por sexta vez durante esta legislatura. Es evidente que el ministro ha
tendido la mano para la reforma de ese sistema de financiación y ha lanzado un guante a los demás grupos políticos, pero por las intervenciones que he escuchado aquí no parecen muy dispuestos. Para empezar, quisiera decir al representante de
Podemos que ya llevan suficiente tiempo en esta Cámara como para haber aprendido algo de cortesía parlamentaria, y la verdad es que sus palabras relativas al cinismo del ministro me parece que son absolutamente rechazables. (Aplausos). Entendemos
desde el Grupo Popular que empezamos mal, porque venimos aquí a hablar de nuestro sistema de financiación, y de ese sistema de financiación dependen gran parte de los servicios fundamentales que se prestan a los ciudadanos, como ya se ha dicho aquí.
Hoy podría ser un gran día para nuestras comunidades autónomas y para nuestros ciudadanos, podríamos sentar las bases para un gran acuerdo para su financiación en el futuro, porque es el futuro, les recuerdo, de muchas personas, de muchas familias y
de muchas empresas que viven en distintos territorios.


Permítanme que haga también una referencia a las intervenciones de los representantes de Esquerra Republicana y del PDeCat, porque estamos asistiendo estos días al mayor desafío a nuestro Estado de derecho y a nuestra Constitución. Hoy es
un gran día también para España, porque el viaje a ninguna parte que ustedes han emprendido ha terminado, se les ha caído al fin la careta que enmascaraba esa gran mentira de su proceso independentista. (Aplausos). Yo creo que eso tenemos que
celebrarlo hoy en esta Comisión. La firmeza del Estado de derecho y de nuestra democracia, nuestras instituciones y la actuación decidida del Gobierno de España con nuestro presidente Mariano Rajoy, con su perseverancia y su valentía, han sabido
defender la dignidad de nuestras instituciones, y yo quiero desde el Grupo Parlamentario Popular felicitar al Gobierno por esa actuación.


Centrándonos ya en el debate, porque en ocasiones creo que los árboles no nos dejan ver el bosque, el primer principio necesario para impulsar un nuevo sistema de financiación, a nuestro entender, es la lealtad institucional de las
comunidades autónomas hacia el Gobierno central y del Estado central hacia las comunidades autónomas, y también entre las diferentes comunidades autónomas. Alguna vez un Premio Nobel dijo que la economía está al servicio del bien común. Por tanto,
estamos hablando de personas, de mejorar los servicios que se prestan en las comunidades autónomas, pero sin perder de vista el principio consagrado en nuestra Constitución de que todos los ciudadanos deben disfrutar de iguales derechos y
obligaciones en cualquier parte del territorio. Por tanto, como ha manifestado el señor ministro y también manifestó en su momento el secretario de Estado de Hacienda, que compareció en esta misma Comisión el pasado 13 de noviembre, la voluntad del
Gobierno es avanzar en la consecución

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de esos acuerdos y también en la consecución de acuerdos con los diferentes partidos políticos, a la mayor brevedad, para configurar un nuevo modelo de financiación. Sin embargo, para conseguir ese fin no es suficiente, es evidente, la
voluntad de un Gobierno en minoría parlamentaria. Es preciso que exista voluntad de llegar a acuerdo por parte de todos. No podemos hacer esa reforma sin el consenso de las comunidades autónomas, como ha dicho ya el ministro en repetidas
ocasiones. Muchas de esas comunidades autónomas están gobernadas por el Partido Socialista. Sería un pasaporte hacia el fracaso total hacer una reforma del sistema de financiación sin el acuerdo de esas comunidades.


Como saben, el vigente sistema de financiación autonómica ha sido muy cuestionado desde el primer momento. La verdad es que se vienen escuchando voces contrarias a ese sistema de financiación prácticamente desde el principio, muy
probablemente como consecuencia de la grave crisis económica que hemos atravesado y que ha hecho que cayera la recaudación de una manera muy importante en los años 2010 y 2011. Por tanto, había menos recursos para todas las administraciones
públicas. Desde el primer momento ha sido un sistema que no ha convencido a nadie, y al Partido Popular el primero al que no nos ha convencido ya desde el inicio, y lo ha dicho también el señor Montoro, porque les recuerdo que el Partido Popular no
votó a favor de ese sistema de financiación que propuso y aprobó el Gobierno del señor Zapatero.


El Gobierno no ha permanecido impasible ante esa necesidad de reforma de nuestro sistema de financiación y convocó ya, al poco tiempo de tomar posesión, una conferencia de presidentes para abordar esa cuestión. En esa conferencia se
acordaron ya las bases fundamentales sobre las que se asentaría ese nuevo sistema de financiación; una financiación suficiente, de acuerdo a los principios de solidaridad, suficiencia, equidad, transparencia, corresponsabilidad fiscal y garantía de
acceso de todos los ciudadanos, en términos de igualdad, a los servicios públicos fundamentales. En ese acuerdo de la Conferencia de Presidentes quedó patente la preocupación compartida por el Estado y las comunidades autónomas por acometer esa
reforma urgente del modelo, una reforma que sea justa, equilibrada y consensuada. Por eso se comprometió el Gobierno a avanzar en el proceso en el momento en que la coyuntura económica permitiera plantearlo, y ese momento ha llegado, pero el
Gobierno, como he dicho ya, no lo puede hacer solo, por pura aritmética parlamentaria. Porque, además, el sistema de financiación autonómica se regula por una ley orgánica y, por tanto, requiere mayoría absoluta de los miembros de pleno derecho que
conforman esta Cámara; necesita 176 votos a favor. Por tanto, apelo al sentido de la responsabilidad, apelo a esa necesidad de trasladar esa recuperación económica a nuestras administraciones territoriales a todos los grupos políticos
representados en esta Cámara, pero fundamentalmente al Partido Socialista, que es el primer partido de la oposición. Solo puede haber una reforma del modelo de financiación si se respalda por una mayoría absoluta. Por tanto, la voluntad del
Gobierno existe. Existen unas comunidades autónomas que constatan la necesidad de reformar el sistema de financiación. Tenemos el estudio de los expertos. Tenemos un comité técnico permanente de evaluación donde participan todas y cada una de las
comunidades autónomas, salvo Cataluña, que a pesar de manifestar aquí que tiene mucha voluntad de diálogo, no ha querido participar en ese foro donde tiene que poner encima de la mesa sus propuestas.


Pero vuelvo al principio. Es imprescindible actuar en ese tema con lealtad, porque actuar con sentido de Estado y por el bien común de los ciudadanos es para lo que estamos aquí, olvidando nuestros intereses partidistas, porque con una
mejor financiación ganamos todos y gana el conjunto de los españoles, que al fin y al cabo es el objetivo que compartimos -espero- todos los que estamos aquí sentados. Ahora que nuestra economía se recupera, llevamos cuatro años de crecimiento
-ayer conocíamos el dato del Instituto Nacional de Estadística, los datos de la EPA-, que hemos creado en cuatro años más de dos millones de empleos, que estamos camino de dejar atrás la peor crisis de nuestra historia, que hemos reducido nuestro
déficit público al 3,1 % desde más del 9 %, que hemos saneado las cuentas públicas de todas las administraciones, las territoriales incluidas, y que hemos preservado además nuestro Estado del bienestar, porque es evidente, ahora podemos decir que la
recuperación está llegando a las familias, a las empresas, y eso se traduce en un incremento de recaudación tributaria, como muy bien ha dicho el ministro, de más de 12 000 millones de euros en relación con el año 2016. Eso nos permite trasladar
esa mejora en la recaudación para prestar mejores servicios a los españoles.


Me gustaría también aportar algunos datos importantes que demuestran que el Gobierno ha sido muy consciente desde el principio de las dificultades de nuestras administraciones territoriales y por eso nunca las ha dejado solas. La prioridad
era que las comunidades autónomas pudiesen seguir prestando esos servicios fundamentales y por eso se han adoptado entre 2012 y 2017 medidas extraordinarias de liquidez

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-el FLA, el pago a proveedores, créditos del ICO y otras medidas de liquidez- que han permitido a las comunidades autónomas disponer de más de 240 000 millones de euros. Además, como bien ha resaltado el ministro, ha aumentado la
financiación ordinaria, la que va vía sistema de financiación autonómica, un 19 %, pasando de 84 000 millones en 2011 a más de 104 000 que alcanzaremos en el año 2018. Al mismo tiempo, hemos adoptado medidas para garantizar la sostenibilidad de las
comunidades autónomas y de las entidades locales, incluyendo unos objetivos de estabilidad que han sido realistas y creíbles, y a la vista está que las comunidades autónomas van a cumplir en 2017 con esos objetivos de estabilidad y también los
ayuntamientos.


El señor PRESIDENTE: Señora Madrazo, tiene que ir terminando.


La señora MADRAZO DÍAZ: Sí, voy terminando ya.


Señorías, termino como empecé. Creo que hoy puede ser un gran día para los españoles si actuamos con esa lealtad, si existe ese ánimo de diálogo y ese ánimo de alcanzar pactos para llegar a un acuerdo que permita aprobar un nuevo modelo de
financiación. El Gobierno del Partido Popular está totalmente comprometido, convencidos como estamos también en el Grupo Parlamentario Popular de que los políticos trabajamos única y exclusivamente para mejorar la vida de las personas. De eso
estamos hablando.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


Para contestar a todas las cuestiones que han planteado ustedes y a lo que él estime conveniente, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda y Función Pública.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


Efectivamente, el motivo de la comparecencia era explicar por parte del Gobierno si ha habido, en primer lugar, un retraso o no en esta legislatura en relación con el compromiso de la reforma de la financiación autonómica. He tratado de
insistir a lo largo de mi primera intervención en que esto es un compromiso político, un compromiso contraído también por las formaciones políticas que hemos concurrido a las elecciones y, por tanto, es un compromiso del Gobierno pero fundamentado
en un compromiso político. El Gobierno del Partido Popular se presenta a unas elecciones y en esas elecciones tiene un apartado en relación con la actualización de la financiación autonómica y local, con el principio de que todos los ciudadanos,
con independencia del lugar de residencia, tienen derecho a acceder a servicios públicos básicos que hoy son prestados por nuestras comunidades autónomas y, en muchas ocasiones, a través de convenios, por las corporaciones locales. Por tanto,
tratamos de aplicar, de desarrollar ese principio.


Decía que en eso hemos coincidido con programas políticos de otras formaciones en cuanto a llevar adelante ese programa político. Eso no figuraba en el programa político para las elecciones de 2011, para entendernos. Entonces no estábamos
en esto, estábamos enfrentando una crisis de unas proporciones extraordinarias, hasta el punto que algunas de las más importantes comunidades autónomas -me refiero por tamaño, todas son importantes- no podían financiarse en los mercados. Eso ya
ocurría a finales de 2011 o comienzos de 2012. Por tanto, en eso no hay ninguna responsabilidad por parte de los que conformamos aquel Gobierno y de los que asumimos la tarea de Gobierno en el área de Hacienda. Que Cataluña no se podía financiar
-para entendernos-, eso ya ocurría cuando llegamos al Gobierno. ¿Verdad, señora Capella, que ocurría? Que la Comunidad Valenciana no se podía financiar ya ocurría cuando llegamos al Gobierno. Que Baleares no podía financiarse en los mercados ya
ocurría. Que Murcia no podía financiarse o que había grandes dificultades en Andalucía, eso ya ocurría. De eso no se puede responsabilizar al actual Gobierno, de una situación a la que tiene que hacer frente; eso es lo que ya estaba sucediendo y,
por tanto, lo que yo he llamado en la intervención de la tarde de hoy la crisis fiscal del Estado de las autonomías más grave de la historia de la Hacienda pública. No hay crisis más grave que no poder financiar, no que generes un déficit sino que
no puedas financiarlo porque nadie te presta recursos para financiar ese déficit. Cuando eso ocurre, estamos en una situación práctica de quiebra y eso es a lo que habíamos llegado en España, gracias al modelo anterior también, ¿o no? ¿O resultará
que el modelo anterior dio muchos recursos solo que llevó a esas comunidades -no, al Estado porque la vida es así-, grandes receptoras de esos recursos, a no poder financiar los déficits y a no pagar a

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proveedores? Esas comunidades, al no financiar su déficit en el mercado lo que hacían era aplazar el pago a proveedores. Entonces las facturas de los hospitales no se pagaban, los fármacos de los hospitales no se pagaban. Es una forma de
financiarse, hasta que el proveedor diga que hasta aquí ha llegado y retire, no la oferta económica, sino el fármaco o la prestación técnica que está realizando en ese servicio público. Esa es la situación en la que estábamos, y ya teníamos un
modelo que había dado unos recursos a nuestras comunidades autónomas. Por tanto, de lo que estamos hablando no es de la historia de 2011, estamos hablando del comienzo de 2018, cuando el Gobierno plantea a la Cámara una propuesta de acuerdo
político en relación con la actualización de la financiación autonómica y de la local, pero hoy hablamos de la autonómica.


En ese sentido, tengo que agradecer la intervención de la señora Madrazo porque ella ha comenzado así. A tenor de lo que hemos escuchado de los grupos, la verdad es que no he encontrado mucho eco, pero yo persistiré en ello, señor
presidente, porque la verdad es que las intervenciones no han sido precisamente muy constructivas. (Risas). No lo digo por nada, pero no he escuchado ningún argumento en relación con lo que debe ser el futuro modelo; no he escuchado nada,
absolutamente nada. (El señor Campos Arteseros: Para gustos están los colores). Yo me ofrezco a seguir debatiendo. Es verdad que el Grupo Socialista había pedido mi comparecencia y la portavoz ha hecho una intervención de reproche total. Usted
quería que viniera el Gobierno para hacerle un reproche total. Bueno, es una forma, (El señor Campos Arteseros: Tú eres el Gobierno; nosotros la oposición), pero cuando estamos hablando de esta materia supongo que el Grupo Socialista tiene ideas,
porque yo no he escuchado ninguna. (El señor Campos Arteseros: ¿Y el Gobierno tiene?) Yo sí he hablado de si tenemos que reducir el número de fondos, de qué tenemos que hacer con la deuda que se ha generado y todo eso, pero el Grupo Socialista no
ha dicho nada más que hemos incumplido. Ya tendremos ocasión, pero por lo pronto hoy ha venido a reprochar. Es una forma, insisto.


Todos los grupos, incluyendo a Ciudadanos, han preguntado otra vez por qué no hemos hecho las entregas a cuenta. ¡Pero si eso ya lo expliqué la semana pasada suficientemente! Vamos a ver, ¿en qué consisten los Presupuestos Generales del
Estado? ¿No tienen una sección 32 de financiación territorial? Entonces lo natural, lo evidente en nuestra técnica presupuestaria es que primero se aprueba en las Cortes lo que se llama el techo de gasto, que realmente son los objetivos de
déficit, pero también se somete a la consideración y al debate el techo de gasto del Estado, aunque no se vota. Ahí es donde se establece una primera previsión de los ingresos, en función de la cual se facilita el desglose a las comunidades
autónomas. Pero, ¿qué ocurre si no hay presupuesto? Que no hay ley para materializar esas entregas a cuenta. Es así, esa es la Ley de Estabilidad. (La señora Blanquer Alcaraz hace signos negativos). Dice la portavoz socialista que eso no es
así, pero, señora Blanquer, sí es así, es así. Está bien que se lo explique a la Cámara pero, como miembro del Gobierno de España, he tenido el honor de inspirar esta Ley de Estabilidad, como también en 2002 para el 2003, con la Ley de Estabilidad
y el techo de gasto, que posteriormente se estableció como un sistema que después los Gobiernos socialistas y la mayoría socialista de esta Cámara no cambiaron. La Ley de Estabilidad de 2012 lo que hizo fue trasladar a España toda la gobernanza
europea. Pero insisto en que si no tenemos vía legal, el Gobierno no tiene potestad para llevar adelante esas entregas a cuenta.


Si con un Gobierno en minoría sus señorías no están dispuestos a apoyarle los presupuestos, tendremos que traer un decreto, pero no al revés. Es decir, si traigo el decreto quiere decir que ya no traigo presupuesto. ¿Es una forma de
entenderlo o no? Si yo traigo aquí un decreto de oferta pública de empleo, de subida de retribuciones a los funcionarios, si traigo un decreto relativo a las entregas a cuenta, evidentemente, ¿para qué voy a traer presupuesto? (Risas). Sí, vale,
para otras cosas, pero los elementos sustanciales de lo que es un presupuesto ya no están y lo que hay es un reconocimiento de que no va a haber presupuesto y el resto lo dejas prorrogado, que es una especie de actualización. Yo insisto en lo
contrario diciendo: Oiga, vamos a traer el presupuesto y vamos a introducir estos elementos, pero no diga en qué condición. ¡Pero cómo no va a ver condiciones si es la ley! Es que es la ley la que condiciona, es que la ley es así y ustedes, como
grupos, son los competentes para modificar esas leyes, para eso están aquí sentados. Modifiquen la ley, pero no digan que el Gobierno no la aplique. Me dicen que hay otros procedimientos. Hombre, claro, pero entonces estoy haciendo los
Presupuestos Generales del Estado. ¿Lo entendemos todos, sí o no? Para eso están los presupuestos, eso es la Hacienda pública española, una Hacienda vertebrada, eso es lo que tenemos, y una sección importantísima de los presupuestos del Estado de
cada año es la financiación territorial, la financiación de nuestras administraciones autonómicas y de nuestras administraciones locales. Ese es uno de los grandes capítulos que viene cada año aquí. Por

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tanto, si sus señorías dicen que no le dan su apoyo a un Gobierno en minoría para traer el presupuesto, de acuerdo, pero es que algunos grupos han dicho: Yo ya le digo, antes de que haya negociado siquiera con usted, que no le voy a apoyar.
¿Eso es una posición política? Claro que sí, pero no conoce el proyecto. Por tanto, tendrá que explicar que al no apoyar el presupuesto, no está apoyando la actualización de la financiación autonómica, que es el contenido del presupuesto; no, no
es el contenido, no, es la sección. (El señor Campos Arteseros: El catastrazo se está aplicando ya. El catastro sube en enero. Subes lo que te da la gana y ya está.-La señora Blanquer hace signos negativos). No lo es, dice su portavoz (Risas),
entonces no, es la sección relativa a la financiación territorial. ¡Pero ese es el presupuesto! Ustedes dicen: Da igual, como es el presupuesto del Gobierno del Partido Popular no lo voy a apoyar de ninguna manera. Muy bien, pero, ¿por qué?
Porque saben que va a haber una mayoría de esta Cámara que va a aprobar que haya una actualización a esa financiación territorial. Esa es la postura, eso es así, y es como funcionan las mayorías o no mayorías. En este caso, aunque ya lo debatimos
la semana pasada, no me importa repetirlo. ¿Por qué el Gobierno no ha traído el proyecto de presupuestos? Porque no tiene apoyos. ¿Me dan los apoyos en la tarde de hoy? (La señora Capella i Farré: ¿Y por qué no los tiene?). No. Entonces no me
reprochen las dos cosas al mismo tiempo.


La propuesta de los grupos mayoritarios en esta Cámara es decir: Tráigame el real decreto de actualización de la financiación autonómica. De acuerdo, pero si hacemos eso, estamos haciendo el presupuesto. ¿No sería mejor que tuviésemos un
presupuesto general del Estado? Pues si no lo tenemos porque sus señorías no van a conformar esa mayoría, lo que haremos será traer los correspondientes reales decretos. Ya lo hicimos el año pasado. ¿Se acuerda de que actualizamos la oferta
pública de empleo parcialmente? A lo que, por cierto, votaron todos los grupos a favor. (Risas). Eso sí, eso sí. ¿Se acuerdan de que votaron todos los grupos a favor, incluido Podemos? ¿O no votó a favor? Subió a la tribuna, echó una bronca
parlamentaria formidable y votó a favor porque la vida es así. ¡Cómo se va a oponer a que se actualice la oferta pública de empleo! No estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, pero votó a favor, al igual que hicieron todos los grupos esta Cámara,
todos. ¿Qué hacemos con el presupuesto? La voluntad del Gobierno es traerlo, pero si no somos capaces, lo que haremos será una actualización parcial de ese presupuesto y ya veremos si a partir de ahí conseguimos acuerdos, pero no nos reprochen las
dos cosas, que no actualicemos la financiación autonómica y al mismo tiempo digan que les da igual lo que traigamos como presupuesto porque no lo van a apoyar.


Decía el señor González, de Podemos, que el país está paralizado. No, el país está creciendo y creando empleo. ¿Le parece poco? Este era el gran objetivo del Gobierno. El gran objetivo del Gobierno es que en 2020 tengamos el mismo nivel
de ocupación que teníamos antes de la crisis, con más riqueza nacional y que, por tanto, podamos distribuir equitativamente esa creación de riqueza y, a partir de entonces, podamos tener la oportunidad de que España sea uno de los países más
desarrollados de Europa. Ese es el proyecto del Gobierno, y lo que dicen algunos de ustedes no es un proyecto, evidentemente, porque si eso ocurre, si se va avanzando así, ¿dónde va quedar el proyecto político? Usted dice que estamos paralizados.
No es así, se están adoptando las medidas suficientes para que haya ese crecimiento económico y esa creación de empleo. ¿Lo hay o no lo hay? ¿Hay crecimiento económico y creación de empleo? ¿Es verdad que estamos creciendo con superávit por
cuenta corriente? Porque hemos conocido también el último dato de más de 17 000 millones de euros. ¿Es así o no es así? Esto ocurre por primera vez en nuestra historia, y ustedes dicen: por la inercia. (Risas). Pero yo, que les he respondido
tantas veces desde la tribuna, les voy a cambiar la palabra inercia por la expresión 'por la inercia de que gobierne el Partido Popular'. (Risas.- Aplausos). Cada vez que ocurre esto en España, se produce un crecimiento económico no solo creador
de empleo sino el más equilibrado de la historia, como es el que ofrece un superávit por cuenta corriente. Eso es así. Usted lo llama inercia, otro lo llama suerte. En fin, el refranero español, que tiene este compendio tan grande, dice que al
saber le llaman suerte. (Risas). Esto, realmente, resume lo que dicen respecto de la inercia y que se acabará; bien, pero, por lo pronto, ahí está ese crecimiento económico y esa creación de empleo. Vamos a ver quién lo estropea, porque ni
siquiera lo que está ocurriendo en Cataluña ha sido capaz de estropearlo lo suficiente, ni siquiera (Risas), y no será porque no han puesto voluntad. (Risas). Le han puesto voluntad y aun así no han sido capaces, porque lo que está ocurriendo en
esta sociedad tiene tal fuerza porque lo están haciendo los españoles demostrando una vez más que cuando tienen oportunidad lo hacen. Eso no lo hace un Gobierno, esa creación de empleo, esos 611 000 afiliados más lo están haciendo los españoles en
cada uno de los puntos de nuestro territorio, lo están haciendo ya en cada uno de los municipios de

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nuestra geografía política, lo están haciendo ahí, y lo están haciendo sobre las bases de una política de estabilidad presupuestaria.


No se ha creado ese empleo cuando lo que había era mucho más gasto publico y se generaba déficit; entonces se destruían los puestos de trabajo, ahora se crea empleo. Es lo que está ocurriendo en nuestro país y, por tanto, es una
constatación de ello y nadie negará que esto es así, porque son hechos cuantificados; pero detrás de esos hechos cuantificados están las personas que están trabajando. Hace cinco años ocurría exactamente lo contrario, porque entonces eran personas
que habían perdido su puesto de trabajo y que hoy están entrando otra vez a desarrollar su proyecto de vida gracias a ese trabajo y a esa capacidad de emprender, con unas bases mucho más sanas, como nunca las hemos tenido en nuestro país. Por
tanto, el Gobierno, en este comienzo de legislatura porque estamos al comienzo de la legislatura, ha utilizado el año 2017 como he explicado: cumpliendo con el mandato de la Conferencia de Presidentes; convocando al comité de expertos, tanto en
financiación autonómica como local; y convocando en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a este comité técnico de evaluación de las administraciones. Estamos en ello y estamos trabajando a un buen ritmo. Ahora -insisto- tenemos la
oportunidad de distribuir los recursos del crecimiento económico, pero para ello hace falta la disposición, porque no vamos a hacer un modelo de financiación autonómica contra las comunidades autónomas o contra parte de las comunidades autónomas.
Eso no lo vamos a hacer ni lo vamos a proponer y por eso es tan importante escuchar a las comunidades autónomas. No vamos a hacer eso. Por muchos defectos que tenga el sistema actual, eso no lo vamos a hacer nunca. Tampoco lo hicimos en el
pasado, cuando éramos un Gobierno con mayoría absoluta y venció el quinquenio de la Ley de financiación autonómica. Entonces llegamos a un acuerdo, porque no se nos ocurriría nunca utilizar la mayoría absoluta para eso. Tampoco a los diputados
aquí presentes del Grupo Parlamentario Popular que vienen de los diferentes territorios de España se les hubiera ocurrido votar contra el criterio de sus Gobiernos en sus territorios. Eso sería impropio y absolutamente inadecuado. Por eso tenemos
que dialogar con las administraciones, pero tenemos que dialogar al mismo tiempo con los grupos políticos y buscar esa disposición. Por eso me refería en primer lugar a la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, porque la disposición la ha
expresado al final en una frase, cuando casi no le daba tiempo. Tenía que haber empezado al revés. Si el Gobierno viene y hace una oferta, no me haga usted eso. Usted está en su derecho de hacer lo que quiera, ¡no faltaba más!, pero no lo haga al
revés. No me diga que el Gobierno ha recentralizado. Eso lo dicen los grupos nacionalistas y el Grupo Podemos. ¿Me quieren ustedes citar ahora, en su turno, una competencia que hayamos recentralizado? Les invito a que lo hagan. Una sola me
bastaría para decir que realmente ha cambiado la gestión del dominio en relación con el ejercicio de las competencias. Hemos hecho uso de una regulación básica en un momento de crisis y ahora estamos ofreciendo ir modificando eso una vez que ya
estamos asentados en la recuperación económica. Este es el cambio que estamos ofreciendo, porque vivimos una situación económica completamente diferente. Por tanto, tenemos la mejor disposición para irlo haciendo. ¿Por qué ahora? Porque estamos
en condiciones de hacerlo.


En relación con la distribución del déficit, que está en el fondo del recorrido, en el año 2017 vamos a bajar de un déficit de un 4,3 o un 4,5 % -contando ayuda financiera- sobre el PIB del año 2016 al 3,1 %. ¿Eso qué significa? ¿El Estado
cuánto va a bajar para llegar al 3,1 %? Si las comunidades autónomas cumplen su objetivo de déficit -y ya he dicho que lo van a cumplir con creces-, bajarán del 0,8 al 0,6 %. Las corporaciones locales repiten. La Seguridad Social tiene una décima
menos en el conjunto del sistema y estará entre el 1,5 y el 1,6 % de déficit. Entonces ¿quién baja el déficit en el año 2017? El Estado. ¿Cuánto baja el Estado en términos de su propio déficit? Entre un 35 y un 40 %. Esas son las cifras. ¿Por
qué me hacen el discurso de que aquí todo el mundo baja menos la Administración General del Estado? No es verdad. Las cifras son esas. Estamos bajando. ¿O no es así? Cojan las cifras, pidan a sus asesores que repasen las cifras de noviembre que
acabamos de publicar ayer mismo, las cifras de la Administración General del Estado, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, y verán quién está bajando. Pero no pasa nada. No es que el Estado esté haciendo un esfuerzo
especial, es que nos corresponde en función de la distribución de recursos. No era verdad que las comunidades autónomas no estuvieran en disposición de bajar, sino que no tenían recursos suficientes. Cuando los han tenido, los han dedicado al
déficit, aplicando la Ley de estabilidad, y eso es lo que estamos viendo en nuestro país. Igual ocurre con las corporaciones locales, que han hecho un trabajo excelente. En este momento hay casi 3000 ayuntamientos en España y dos diputaciones
provinciales que tienen superávit y no tienen deuda. ¡Qué situación! Esta no es la de 2012. Es una situación muy positiva. ¿Vamos a atender a esa situación? Sí, la vamos a atender. La tenemos que atender porque ya estamos en esa situación.

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¡Fíjense dónde estábamos en 2012! En 2012 se nos pedía que cerráramos 4000 ayuntamientos. ¿Recuerdan aquello? A España le sobraban 4000 ayuntamientos, pero hoy no le sobra ninguno y tenemos 3000 ayuntamientos con superávit y sin deuda.
Realmente es una situación muy positiva y eso quiere decir que nuestra Ley de estabilidad está funcionando bien y que gracias a ella podemos hoy afrontar una mejora en la financiación autonómica y una mejora en la financiación local.


Quiero también insistir en que esa mejora la hagamos buscando la cohesión social, la cohesión territorial y la cohesión política y no el agravio entre españoles. No nos pongamos a reinventar el Estado de las autonomías a estas alturas,
porque nos vamos a equivocar. Nos vamos a equivocar y el error sería bastante profundo si entendiéramos -como ya ha ocurrido en un determinado territorio- que hay españoles que se quedan con el dinero de otros. Es un gran error decir eso y no
aceptar que el Estado de las autonomías en España tiene haciendas forales y regímenes económicofiscales que hoy se están planteando en esta Cámara, como el régimen económicofiscal canario. ¿Un grupo político como Ciudadanos se va a oponer a que en
el régimen económicofiscal canario se exprese que los recursos del REF no sean en financiación autonómica? ¿Se va a oponer a eso? Es otra singularidad. ¿Va a ir en contra de ello? Es otra singularidad. Todo eso se está debatiendo en este
momento en esta Cámara y, por tanto, tenemos que aceptar esa diversidad. Pero no porque seamos una plurinación, como dice el señor Vendrell. Eso lo dirá él. No somos una plurinación. Somos una nación que es un Estado de las autonomías,
construido en cuarenta años y con imperfecciones. ¡Claro que tiene imperfecciones! Precisamente de eso venimos a hablar esta tarde, de cómo arreglamos en esas imperfecciones, pero desde luego no lo vamos hacer creando más agravios. Para eso no
cuenten con este Gobierno. Eso que lo haga aquel al que le interese políticamente, pero este Gobierno no viene a ofrecer ningún sistema nuevo que cree agravios entre españoles, porque todos somos españoles; igual que el Gobierno que les habla es
de todos los españoles, también de los vascos, de los navarros, de los canarios, de los extremeños y de los andaluces. Insisto, somos todos. Por tanto, nadie está quitando nada a nadie, sino que tenemos que perfeccionar nuestro sistema de
financiación. Sobra este lenguaje de: hemos descubierto que hay unos que están mucho mejor que otros y que están mejor en renta per cápita. No confundamos. No confundamos la financiación autonómica con la renta per cápita. Ojalá tuviéramos un
país en el que no hubiera diferencias en renta per cápita, pero eso no lo hemos conseguido. Ya he dicho al comienzo de mi intervención que eso no lo hemos conseguido. Sí hemos conseguido mejorar mucho el nivel de renta y de riqueza del país
gracias a la democracia, pero no hemos conseguido acortar esas diferencias. Pero no confundamos la financiación autonómica -ni siquiera la Hacienda foral- con la solidaridad entre ciudadanos o el nivel de riqueza y de renta de esos ciudadanos. No
confundamos los términos, porque, si no, vamos a crear agravios donde no los hay y donde no los debe haber. Debe haber entendimiento, porque para eso es para lo que sirven un sistema de financiación autonómica y un sistema de financiación local.


Por cierto, otra premisa de ese sistema de financiación nuevo debe ser hacer la reforma de los que hoy son tributos cedidos e incluso de los tributos propios. Por ejemplo, hay que hacer una reforma en relación con los tributos
medioambientales, cuestión que está ahí, en el ámbito de nuestras administraciones territoriales. Me parece que eso es muy urgente, porque tenemos también el requisito dentro de la Unión Europea de mejorar nuestro medio ambiente, y para ello no hay
que mirar solo determinados impuestos estatales, como se hace de una manera simple, no; hay que mirar a las llamadas tasas medioambientales, hay que mirar cómo se está gravando la utilización de determinados medios de transporte, hay que mirar todo
eso, y eso está residenciado tributariamente en nuestras administraciones territoriales. Por tanto, eso es lo que tenemos que abordar en la reforma de la financiación.


Acabo, señor presidente, insistiendo en que, por supuesto, Cataluña es importante. El Gobierno confía en que haya un Gobierno en Cataluña, un Gobierno que puede ser de ideología independentista, porque eso no es lo relevante; lo relevante
es que no sea un Gobierno que no acate las leyes, que no acate la Constitución. Y con ese Gobierno, con el que salga del actual Parlamento autonómico de Cataluña, como representación legítima de los catalanes, vamos a poder entendernos y vamos a
poder negociar. La definición del nuevo modelo es una cuestión muy importante y, por tanto, no la debemos llevar a cabo sin la representación legal, formal de la ciudadanía catalana. He escuchado críticas de dirigentes del ámbito autonómico que
decían que Cataluña es una excusa para no renovar el modelo. Me parece un error decir esto, porque si no lo hacemos con la presencia de la nueva representación del Gobierno de Cataluña vamos a tener siempre la crítica de que se hizo sin ellos, y
eso no conviene a nadie. En cualquier caso, como ese proceso ya está en marcha como consecuencia de las elecciones del 21 de diciembre, tendremos un Gobierno autonómico en Cataluña y, por tanto, estaremos en condiciones de que participe en la
elaboración de este nuevo modelo de financiación, que debe ser un modelo en el que todos

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tengamos ventajas. Es decir, ahí no hay ganadores ni perdedores, no tiene por qué haberlos; eso sí, tenemos que tener todos la altura de miras de identificar si en el sistema actual ha habido una menor financiación comparada de
determinados territorios para atenderla en relación con otros.


Como ya he dicho en la primera intervención, la deuda con el Estado ha sido un procedimiento extraordinario, pero no ha habido ninguna voluntad del Estado de gravar con intereses, como he oído decir. Con intereses, no; con los intereses
del Tesoro. Lo que han hecho los mecanismos ha sido transformar los vencimientos de deuda de las comunidades acogidas a esos mecanismos especiales y pasarlos de deuda emitida a tipos de mercado a tipos de Tesoro. Eso es lo que hemos hecho con
estos mecanismos y, por tanto, es una gran ventaja. Ya les hemos dado una financiación, ¿o, no? ¿O era mejor tenerla frente a terceros, mucho más cara, que tenerla frente al Estado, a tipo Tesoro? Por tanto, ya les hemos dado un avance de esa
financiación; ya está ahí, está en su presupuesto, está en el capítulo 3, está en los ahorros de intereses, porque ahora los tienen con el Estado y, por tanto, están ahorrando mucho en relación con la situación anterior. Ahora también estamos
poniendo encima de la mesa cómo definir esa relación de deuda con el Estado de cara al futuro, porque no tenemos ninguna concepción por la que en un futuro próximo el Estado se financie a través de una corriente de intereses que venga de otras
administraciones. Este ha sido un mecanismo extraordinario, pero no tiene por qué ser así, y podemos y debemos poner este asunto encima de la mesa para poder atenderlo todos mejor. Por tanto, tenemos la capacidad de aportar nuevos recursos de una
manera cuantiosa, importante, para financiar correctamente -eso sí- servicios públicos fundamentales, no otras cosas. Si no, vendrá otra crisis y dirán que no hay bastante para esos servicios públicos fundamentales. Eso es lo que hemos aprendido
de esta crisis, esta es la lección que tenemos que aprender de la crisis, es decir, garantizar que la sanidad, la educación y la protección social no se resientan en la próxima crisis. Esto es algo que también debemos introducir en forma de fondo
de financiación correcta en relación con la prestación de esos servicios. Insisto, creo que estamos en un excelente momento para hacerlo y vuelvo a repetir que el Gobierno espera la cooperación, la colaboración positiva en relación con otros
planteamientos, que son los que se están llevando a cabo en el comité técnico del Consejo de Política Fiscal y Financiera para cuanto antes poder tener un nuevo modelo de financiación territorial en España.


Gracias, señor presidente. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor ministro.


Voy a dar un turno de no más de un par de minutos a los grupos para que puedan hacer alguna precisión, turno que no es obligatorio, es voluntario. (Risas). En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Candela.


El señor CANDELA SERNA: Gracias, señor presidente.


Quiero hacer una matización. Usted dice que este es un ámbito para presentar propuestas, y yo le digo que no; esta es una comparecencia del señor ministro, que debiera estar obligado a responder a las preguntas que le hacen los grupos.
Esa es la cuestión. Si usted quiere una jornada de trabajo, plantéela y nosotros acudiremos sin ningún tipo de problema.


Le voy a dar la razón -y estoy de acuerdo- en una afirmación que usted ha hecho, y es que la Comunidad Valenciana cuando ustedes entraron a gobernar en el Estado no podía financiarse en los mercados. Es una obviedad. Solo los necios
discuten los hechos. La cuestión sería preguntar a Mariano Rajoy por el amiguito Camps, ese que estaba al lado, detrás y no sé dónde más.


Me gustaría volver a repetirle la pregunta sobre cuáles son sus criterios, fundamentalmente por algo que ha dicho y con lo que estoy totalmente de acuerdo, y es que el sistema de financiación no puede ser utilizado para fomentar los
agravios; y para agraviados, nosotros. La cuestión fundamental es cuál es su opinión sobre el statu quo, que es uno de los principales problemas por los cuales hay agravios en el sistema de financiación. La segunda cuestión es que no hay que
crear agravios -de acuerdo-, pero ustedes los han creado con la cuantía del cupo vasco, que hace que en este caso Euskadi sea una comunidad receptora en términos netos. Eso es así; esos son los números publicados incluso por su ministerio. Y
termino, porque no quiero extenderme más. Usted tiene la oportunidad de que en España no aumenten los agravios en 2018. Presente el real decreto-ley y los agravios no crecerán. Está en su mano.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.


En nombre del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.

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La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias presidente.


Ministro, veo que esta semana a los independentistas ya se nos han caído la cola y los cuernos; vamos un poco mejor, ya no somos prácticamente el demonio y usted ya admite la posibilidad de que nos sentemos a negociar, seguramente porque
usted responde y acepta también la demanda social que hay hoy en Cataluña, la cual le traduzco de una forma clara: más de 2 millones de votos y 70 diputados independentistas que están ahí. Efectivamente, hemos dejado de ser el demonio para
entender que hay una demanda social en Cataluña que no se parece en nada a la que a ustedes les gustaría que hubiera. En todo caso, la realidad es contumaz y se nos presenta, nos guste o no nos guste, de la manera en que se nos presenta.


Quiero mencionar otra cuestión. A mí me molesta muchísimo cuando ustedes insisten y persisten en la idea de acatar. ¿Qué quiere decir acatar? La Constitución no obliga a que hagas profesión de fe de lo que dice. En todo caso,
trabajaremos para ser una mayoría suficiente y que un día podamos dejar de acatar una constitución en la que no nos sentimos cómodos. Así se lo digo ministro; yo le hablo claro y de una forma muy franca. Nunca le he engañado. Siempre he llamado
a las cosas por su nombre.


Insistiré en un tema. A usted le puede gustar más o menos, pero yo insistiré en él. La única manera de defender los intereses de las catalanas y de los catalanes no es tener un sistema de financiación, porque ya le he dicho que siempre nos
han engañado, y no únicamente ustedes, también el Partido Socialista Obrero Español, que nos engañó en el último que pactamos con ellos, que no ha sido un buen sistema de financiación. Es más, ustedes, que deberían haberlo aplicado a rajatabla,
tampoco lo han hecho de la forma que se pactó. Ha sido así. Por tanto, el mejor sistema de financiación es disponer de los recursos públicos, administrarlos y tener un Estado que legisle y haga las cosas a favor de los intereses de este colectivo
que nosotros llamamos -y deseamos que sea así- Estado independiente.


Le pido, presidente, que, aunque tenga dos o tres minutos y no hayamos sido peticionarios de la comparecencia del ministro, me dé un margen de maniobra de al menos un minuto para terminar con mi intervención. Eso espero, presidente; si no,
me corta.


Yo continuaré quejándome de una cuestión: de los anticipos a cuenta y del cálculo que hace el Ministerio de Hacienda en relación con estos adelantos, porque nunca sabemos cómo se calculan. Usted ha dicho que algunos años salen a beneficio
del Estado porque el cálculo se hace teniendo en cuenta unos ingresos que luego no resultan ser los previstos. Pero, claro, la responsabilidad no debe ser de las comunidades autónomas; en todo caso, será del Gobierno del Reino de España, que hizo
mal el cálculo. En segundo lugar, a nosotros nos gustaría que de una vez por todas se terminase con la opacidad a la hora de hacer los cálculos de los anticipos, porque la mayor parte de las veces -y estos últimos años ha sido así- siempre han ido
a favor del Estado y en perjuicio de las comunidades autónomas. Es decir, el propio Estado -usted también lo ha reconocido en su primera intervención- se financió a costa de las comunidades autónomas.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Como ve, he sido flexible con ese minuto y veinticinco segundos.


Tiene la palabra, en nombre del Grupo Ciudadanos, el señor De la Torre.


El señor DE LA TORRE DÍAZ: Señor Montoro, cuando usted comparece, se le pregunta sobre cuestiones de los expertos que usted mismo nombra, que dicen que el cálculo del cupo es magia, que el ajuste a consumo está mal hecho, que han hecho todo
el ajuste del sistema de financiación de las comunidades autónomas al revés, primando y mejorando primero a las más beneficiadas. Sin embargo, usted contesta preguntando en primer término si vamos a apoyar o no la reforma del Régimen Económico y
Fiscal de Canarias. Lo que le tengo que contestar en nombre de Ciudadanos es que nosotros, a diferencia de ustedes, somos plenamente leales a la Constitución y al acuerdo de investidura que suscribimos. La Constitución señala que el sistema de
financiación atenderá en particular a las circunstancias del hecho insular. En concreto, en cuanto a la cuestión del Régimen Económico y Fiscal de Canarias, pactamos que se defenderá y se potenciará el Régimen Económico y Fiscal de Canarias, el
REF, derecho ya reconocido por la Constitución y por el Tratado de la Unión Europea, de tal forma que se igualen las condiciones de partida con las del resto de los ciudadanos del territorio nacional. Nosotros sí creemos en la igualdad de
oportunidades y, evidentemente, cuando se está a 2000 kilómetros y todo sale más caro esto hay que compensarlo. Por tanto, nosotros sí creemos en la Constitución y, como así nos comprometimos en el acuerdo de investidura, votamos a favor de ustedes
y les apoyamos cuando

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cumplieron el acuerdo de presupuestos. Por supuesto, votaremos a favor del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y seguiremos reclamando transparencia en el cálculo del cupo vasco, porque los mismos que ustedes nombran, a los que luego no
les hacen ni caso, los grandes expertos, dicen que es pura magia; es decir, ustedes aplican ese sistema de tal forma que generan discriminación y privilegios.


Para concluir, usted nos acusa sistemáticamente de que confundimos renta per cápita con financiación autonómica. No es así. La comunidad autónoma con más renta per cápita en España es Madrid y recibe 1875 euros a competencias homogéneas
del sistema; la segunda, que es el País Vasco, recibe 4170, y la media de comunidades forales -la segunda y la tercera- está en 3965. Estos son datos oficiales de su ministerio y esta es la financiación de los servicios públicos. Si hay agravios,
los han creado ustedes con su forma de gobernar, cediendo sistemáticamente ante los nacionalistas, y el último se hizo con la propuesta de su compañero, el ministro Guindos, al mejorar singularmente la financiación a Cataluña como premio a la
Generalitat por dar un golpe a la democracia.


Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre.


En nombre de Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell.


El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.


Me referiré a algunas cuestiones concretas relacionadas con lo que ha comentado el ministro. Usted hablaba, en primer lugar, de que su proyecto político suponía crecimiento y distribución de la riqueza, si no le hemos entendido mal.
Supongo que ha visto lo que dice el propio Foro de Davos, que no es ninguna reunión de izquierdistas. Dice: España ocupa el vigésimo sexto lugar entre veintinueve economías a la hora de convertir su crecimiento económico en una reducción de la
desigualdad. Habrá visto lo que dice el informe de Intermon Oxfam, donde se observa que, efectivamente, en España crece el PIB, pero también es uno de los países donde más crecen las desigualdades en toda Europa. Esto siempre sucede cuando ustedes
gobiernan, siempre crecen las desigualdades sociales cuando ustedes gobiernan.


Nos retaba a plantear qué han recentralizado ustedes. Ustedes han aprovechado bien la crisis para recentralizar y debilitar el Estado del bienestar, porque ese es su proyecto político. Ustedes querrían ver privatizado este Estado del
bienestar. ¿Cómo? Han recentralizando con la regla de gasto, han recentralizado congelando las entregas a cuenta, han congelado el déficit repartiéndolo injustamente entre administraciones públicas, con un FLA que es una herramienta de presión y
no de solidaridad. Son elementos de recentralización. Ustedes han dejado cada vez menos espacio a comunidades autónomas y a ayuntamientos porque querrían ver convertidas a estas últimas en una especie de grandes diputaciones provinciales y a los
ayuntamientos en entes estrictamente administrativos. Hablando de ayuntamientos, tres mil municipios que no soportan ningún tipo de deuda tienen congelados sus recursos y no pueden dedicarlos a inversiones o a gastos sociales, a crear empleo, a
dinamizar la economía por una regulación de una ley orgánica presupuestaria absurda e irracional.


Usted ha dicho que no hay que reinventar el Estado de las autonomías. Es evidente su aversión a las reformas: contrarreformas fiscales, contrarreformas laborales. Derechos y libertades, sí, pero reformas en el Estado de las autonomías,
no. No sé qué hacen ustedes en esa Comisión de estudio del Estado autonómico, la verdad.


Usted ha dicho que somos una nación, y yo creo que ese es uno de los problemas fundamentales, no reconocer la realidad, el carácter de nación de naciones del Estado español y su realidad plurinacional, porque en definitiva ustedes no dejan
de ser un partido nacionalista también.


Habla usted de agravios. ¡Pero si ustedes son los campeones de los agravios! ¡Si nadie ha generado más independentismo en Cataluña que ustedes! ¿No se acuerda de lo que hicieron durante el proceso del estatut? ¿Ya no se acuerda de cómo
gestionaron el 1 de octubre? ¿Ustedes hablan de agravios? Ustedes han gestionado con una enorme torpeza la cuestión catalana. No nos pueden dar lecciones en ese sentido, porque ustedes no son una solución sino un grave problema que tiene en
España el Estado autonómico.


Gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.


En nombre del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer.

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La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchísimas gracias.


Señor ministro, en primer lugar, de momento lo que oímos son solo palabras y no vemos hechos. Usted es Gobierno, debe dar respuestas y estas respuestas de momento no las ha dado.


En segundo lugar, la financiación no puede ser arbitraria, sino estable, transparente y no sujeta a vaivenes políticos. La financiación debe garantizar el acceso en igualdad de condiciones por parte de todos los ciudadanos a los servicios
públicos con independencia de donde vivan y, por tanto, no puede pasar ni un día más sin que usted cumpla con su obligación y presente ya su propuesta de revisión de modelo de financiación autonómica.


En tercer lugar, deje de utilizar la financiación como un arma política. La mayoría de la cuantía de financiación, como usted muy bien sabe, es extrapresupuestaria; lo comunicó a las comunidades autónomas en el mes de julio y estas
hicieron sus presupuestos sobre la base de esas previsiones. Por tanto, ahora usted no puede cambiar de opinión.


En cuarto lugar, es difícil fiarnos de usted cuando el plan presupuestario que ha enviado a Bruselas recorta el Estado del bienestar.


Y en quinto y último lugar, deje de presumir de lo que carece, porque de momento desde luego diálogo y actitud no ha tenido.


Muchísimas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Ha compensado con creces lo que se pasó antes.


Tiene la palabra, en nombre del Grupo Popular, la señora Madrazo.


La señora MADRAZO DÍAZ: Gracias, señor presidente.


Insisto en las mismas ideas, a ver cuando aprendemos a hacer política con mayúsculas, que es lo que demandan los españoles, porque sin acuerdo desde luego no va a haber un nuevo sistema de financiación. Insisto en que para llegar a dicho
acuerdo hay que actuar con mucha lealtad, lealtad entre instituciones pero, sobre todo, lealtad a España, porque de ello depende el bienestar de muchísimos ciudadanos. Por tanto, sin lealtad no vamos a seguir avanzando en nuestro Estado autonómico.


Respecto a Cataluña, señora Capella, ¿usted realmente cree en el Estado autonómico o no? Porque el sistema de financiación autonómico es para financiar en condiciones de equilibrio, igualdad y solidaridad a todas las comunidades autónomas
que existen en el Estado español. Si usted no cree en ese Estado autonómico, difícilmente puede tener una actitud dialogante en este asunto. Insisto, por último, en el compromiso del Gobierno porque así lo ha manifestado el propio ministro de
trasladar esos beneficios de la recuperación económica y de la creación de empleo, ese incremento de recaudación, conseguidos gracias a la política económica de los Gobiernos del Partido Popular, a las comunidades autónomas, ni más ni menos, para
que presten los servicios públicos fundamentales -educación, sanidad y servicios sociales- en las mejores condiciones y en igualdad para todos los españoles.


Gracias. (Aplausos).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Madrazo.


Tiene la palabra el señor ministro para cerrar esta sesión.


El señor MINISTRO DE HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA (Montoro Romero): Gracias, señor presidente.


En primer lugar, quiero agradecer a la señora Madrazo sus dos intervenciones al resaltar una actitud que se resume en la lealtad entre instituciones, entre Gobiernos y entre formaciones políticas cuando se trata de conseguir un objetivo
común. Insisto en que el continuo reproche de que debe ser el Gobierno el primero que... Yo he venido a hablar de planteamientos sobre los que no he recibido ningún tipo de valoración. ¿Estamos de acuerdo en reducir el número de fondos hasta el
punto de dejarlos en uno, que sería un fondo de suficiencia que garantizase esa equiparación de servicios básicos? He venido a hablar de esto hoy. He venido a hablar de que estamos dispuestos a reestructurar esa deuda autonómica que se ha generado
como consecuencia de lo que ha sido una buena experiencia, es decir, los mecanismos excepcionales de liquidez, que, en definitiva, han derivado como antes he resumido en una aportación presupuestaria, no en términos de liquidez. Hemos venido a
hablar de estas cosas pero no he escuchado nada sobre ello. No pasa nada tampoco, volveremos a hablar cuántas veces sea pertinente (Rumores), pero reconozcamos que los grupos no han hablado para nada de esto. Han venido a decir que el Gobierno no
trae y que cuando trae un planteamiento sigue sin traer... Un Gobierno en minoría no puede traer nada

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que no esté negociado. Eso es el catón del funcionamiento del Gobierno cuando hemos estado en mayoría y cuando hemos estado en minoría. Es que se hace así. El Partido Popular ha estado durante dos periodos en el Gobierno de España. En el
primero en minoría y ¿con quién se entendía ese Gobierno? Con los antecesores -no con estos-, con Convergència i Unió con el PNV y con Coalición Canaria. Es lo que hacíamos. ¿O no? ¿No hacíamos eso? Hacíamos esto, que fue un acuerdo de
investidura en aquel momento que dio lugar a un Gobierno del Partido Popular donde todo lo negociábamos. Por supuesto que los Presupuestos Generales del Estado venían negociados a esta Cámara. No hace falta que me lo digan, yo era parte de ese
Gobierno como secretario de Estado de Economía, y claro que negociábamos, negociábamos cada elemento que se pueda mover en términos de iniciativa legislativa. Un Gobierno en minoría siempre negocia antes de traerlo, eso es el catón. Después,
siendo mayoría, en el segundo periodo de la Presidencia del Gobierno de José María Aznar, un Gobierno del Partido Popular en mayoría trajo -porque tocaba hacerlo, entonces sí que caducó la Ley de financiación autonómica, como cada cinco años- una
financiación autonómica con el acuerdo de todas las comunidades autónomas de España. También las que gobernaba Convergència i Unió, en las que era conseller en cap Artur Mas, que quedó encantado con ese modelo (Rumores), lo dijo públicamente. Yo
estaba allí también, estaba en Barcelona con él, ¿o no era yo el que estaba en Barcelona con él? (Risas). Y cuando decía el señor Pujol que jamás Cataluña había tenido una financiación semejante, ¿no era yo el que estaba allí? Les aseguro que era
yo (Risas), el ministro de Hacienda de España el que estaba allí en Barcelona con ellos cuando hacían esas declaraciones públicas tras la comisión de transferencia en la que estaban presentes los grupos políticos que tenían representación en el
Parlamento de Cataluña de entonces. La gran preocupación de aquel Gobierno, todavía en mayoría absoluta en Cataluña, era el avance de Esquerra. De eso también me acuerdo. (Risas). Siempre ha sido lo mismo. (Risas). Siempre ha sido lo mismo.
Por eso decía antes que la historia cambia pero no crean que es muy diferente. (Risas). El caso es que llegamos a acuerdos, con todos, ¿o no llegamos con los Gobiernos socialistas? Con la Presidencia de Don Felipe González, ¿no llegaron a
acuerdos con Gobiernos socialistas en Extremadura, en Andalucía y en Castilla-La Mancha? Sistemáticamente esos Gobiernos se opusieron a los modelos de financiación autonómica que promovía el Gobierno con mayoría absoluta del socialismo de España.
¿Eso es así, o no ocurrió así? ¿Tampoco es verdad? Eso es lo que ocurrió. El primer acuerdo que se alcanza por unanimidad fue el acuerdo de 2002. Un Gobierno con mayoría absoluta hizo la nueva Ley del concierto vasco, porque también venció. Por
cierto, señor De la Torre, ¿es que el concierto vasco y el convenio navarro no están en la Constitución? (Rumores). Pues eso, es que me ha parecido entender que su gran argumento es que el REF está en la Constitución. Ese no es el gran argumento.
La foralidad está en la Constitución y en la historia de España. Ciudadanos no viene a reescribir la historia de España, no (Risas.-Aplausos), tiene que adecuarse a la historia y a la historia política de España. Por eso, vamos a trabajar juntos
en todo ello, ya se lo digo, pero es que a usted el debate que ahora parece que políticamente le conviene es el del cupo, y ya tuvo lugar aquí un debate en la Cámara sobre esto. Ahora estamos en financiación autonómica del régimen común, eso es en
lo que estamos. Por cierto, estamos en el nuevo Régimen Económico y Fiscal canario, que por eso he preguntado que si estaba de acuerdo Ciudadanos en que se hiciera una reserva para Canarias de manera que, por primera vez, los recursos del REF no
computaran en la financiación autonómica de Canarias. Eso es lo que le he dicho. Es otra singularidad. Ya le digo que seguro que va a votar que sí a esta otra singularidad. (Risas). Esto es España, singularidades, no creen agravios en torno a
ello.


Por supuesto, el discurso del señor Vendrell es el del agravio del Gobierno del Partido Popular; sobre eso qué le voy a contar, qué harían ustedes si no hubiera un Gobierno del Partido Popular. (Rumores). ¿Dónde están sus propuestas en
relación con ello? Las acaban de hacer hace poco: subir impuestos a todo el que pasa por ahí. Debe haber una cantidad de ricos en España que da para que haya 20 000 millones más de recaudación. Es así. ¡Qué suerte tienen ustedes!, si me los
identifican no se preocupe que van a pagar más impuestos. Realmente, ustedes están en la fantasía numérica y esa fantasía numérica no es la recaudación, no es el sistema tributario que estimula el crecimiento y la inversión. Ustedes están en otro
modelo de vida y con todo derecho, pero con ustedes sí que se desestabilizan las economías. (Rumores). Fíjense, con los independentistas ya se han ido más de 3000 empresas de Cataluña, imagínese lo que nos podría ocurrir con otros, pero es así,
con su famoso modelo que llaman de igualdad, solo que la igualdad es una equiparación por abajo en términos de distribuir la falta de desarrollo. Ese es el argumento, pero eso no son agravios.

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También debo insistir a la diputada de Esquerra, señora Capella, en el acatamiento a la Constitución, que es lo que justifica que esté usted aquí y que yo esté aquí, ¡solo faltaba! Porque hay una Constitución, que es el marco de nuestras
libertades, usted está aquí. No le gustará, pero está aquí ejerciendo; y si no le gusta, promueva el cambio de la Constitución, pero no promueva saltarse la Constitución, esa es la diferencia, y su señoría entiende perfectamente esa diferencia, se
entiende perfectamente. Por tanto, usted pensará de una manera o de otra, pero las leyes se cumplen en tanto que son leyes y la Ley de estabilidad es una ley económica muy importante; ha sido una de las grandes reformas que nos ha permitido un
ordenamiento de nuestras administraciones públicas que ha traducido el compromiso de estabilidad presupuestaria que ya hicimos con el Gobierno del Partido Socialista a través del artículo 135 de la Constitución -ese que tanto le gusta a Podemos-,
que realmente es lo que está dando base para que podamos tener unas administraciones tan sanas, teniendo a su vez miles de administraciones en España, y siendo, efectivamente, uno de los países más descentralizados del mundo.


Ahora, esto que dice también la señora Capella de que el Estado se financió a costa de las comunidades autónomas, no sé cómo, ¿cuándo? (La señora Capella i Farré: Lo ha dicho). La diferencia es que cuando llegamos al Gobierno, como
ustedes identificaban y decía también el señor Candela, la Comunidad Valenciana y otras, Cataluña, no se podían financiar en los mercados, pero el Estado sí podía; claro, con una prima de riesgo muy alta. Hoy la prima de riesgo está en una décima
parte, pero sí podía entonces, esa es la diferencia que hemos aprendido. Y utilizó los mecanismos financieros existentes, que es la capacidad del Estado para financiarse no a sí mismo, a las comunidades autónomas, no al revés. ¿Cómo que se
financió a costa de las comunidades autónomas? Me ha parecido una afirmación que no puedo llegar siquiera a entender.


También Compromís, que está en el Gobierno de la Comunidad Valenciana, tendrá que reconocer que esos mecanismos han beneficiado a los valencianos, porque sin esos mecanismos extraordinarios de liquidez, de financiación, no se podrían estar
financiando los servicios públicos de los valencianos y no se podría haber reducido el coste de las emisiones de deuda de la Comunidad Valenciana como se ha reducido. ¿Eso no lo reconoce Compromís? ¿No reconoce tampoco que estamos colaborando en
esos términos? Esto no es crear agravios, esto es utilizar la capacidad del Estado en momentos de crisis, y yo he venido esta tarde a decir aquí que a esos mecanismos habrá que ponerles término, porque no tiene sentido que estemos abordando un
sistema de financiación nuevo y no hablemos del final de unos mecanismos excepcionales de financiación que se crearon a ese efecto. Por tanto, me parece una gran cuestión -no para ahora, sino para que la planteemos y la llevemos adelante-, qué
vamos a hacer con las deudas que se han engendrado en esos mecanismos. Me parece una gran cuestión, ciertamente importante, porque nos va a dar también un margen de maniobra pero pensando que el Estado somos todas esas administraciones. Pero no
creemos agravios en el sentido de que unos están más beneficiados que otros. Esa sería la consecuencia de un sistema de financiación, que es lo que se trata de corregir ahora, pero no vamos a corregir mirando y diciendo: el otro tal, el otro menos
que tú, porque si no, no vamos a ser capaces de llegar a un acuerdo en el que no haya, insisto, ni vencedores ni perdedores. Un acuerdo es eso. Un acuerdo son también las leyes pactadas con la Hacienda foral navarra, con las diputaciones forales y
con el Gobierno vasco; son acuerdos paccionados entre el Estado y esas singularidades de haciendas. Por tanto, no hablemos más ya en este país de agravios porque ya tenemos algunos, que han dado lugar a estos discursos separatistas. Ahora vamos a
ver si los podemos superar y asegurar el crecimiento económico y la financiación correcta de esos servicios básicos en todo el territorio nacional. Creo que estamos ante una oportunidad, insisto, y en ese sentido la propia minoría en la que está el
Gobierno es algo que influye, porque el Gobierno podrá tener ideas propias, las tiene, pero nunca van a ser suficientes si no están contrastadas con los grupos políticos, porque al estar en minoría el resultado será siempre el resultado de un
acuerdo con las comunidades autónomas, con las corporaciones locales, pero desde luego también, como no puede ser de otra manera, con los grupos políticos presentes en esta Cámara.


Gracias, señor presidente. (Aplausos.-Un señor diputado: Muy bien).


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor ministro, por su comparecencia. Muchas gracias a todas sus señorías por ayudarme a llevar la sesión en condiciones.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y treinta minutos de la tarde.