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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 407, de 13/12/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 407
ECONOMÍA, INDUSTRIA Y COMPETITIVIDAD
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. ARTURO GARCÍA-TIZÓN LÓPEZ
Sesión núm. 19
celebrada el miércoles,
13 de diciembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la paralización de la venta de armas y la revisión de la aplicación de la Ley 53/2007. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/002339) ... (Página2)
- Relativa a la reforma del sistema de interrumpibilidad y ayudas a la industria. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002278) ...
- Sobre la regulación de la venta a pérdida. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000311) ... (Página8)
- Sobre la separación de las funciones de regulación y defensa de la competencia actualmente atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos nuevas entidades independientes. Presentada por el Grupo
Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/000927) ... (Página12)
- Sobre la aprobación de medidas de impulso a la industria del transporte sostenible. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001515) ... (Página17)
- Relativa al desarrollo de una estrategia de internacionalización para las microempresas y pequeñas empresas a través del fomento del comercio electrónico. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de
expediente 161/002149) ... (Página23)
- Sobre la adopción de medidas destinadas a la mejora del transporte publico y la movilidad en la conurbación de Barcelona, al objeto de mejorar la calidad del aire. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente
161/002212) ... (Página28)
- Relativa a incluir a las fundaciones científicas del sector público y cualquier otro agente del sistema de ciencia, tecnología e innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley de la
Ciencia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002347) ... (Página33)
- Por la que se insta al Gobierno a la promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y pymes y el establecimiento de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación. Presentada por el Grupo Parlamentario
Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002631) ... (Página39)
- Relativa a la excepción en la intervención previa en los organismos públicos de investigación. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002635) ...
Solicitud de creación de subcomisión para el análisis del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 158/000036) ... (Página47)
Votaciones ... (Página48)
Se abre la sesión a las tres y cinco minutos de la tarde.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA PARALIZACIÓN DE LA VENTA DE ARMAS Y LA REVISIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY 53/2007. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/002339).
El señor PRESIDENTE: Señorías, buenas tardes.
Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión convocada para el día de hoy, de acuerdo con el orden del día que todos ustedes han recibido. Voy a decir algunas palabras previas. Habida cuenta del número de iniciativas que tenemos, voy a
pedir un esfuerzo especial a todos los portavoces para que sean estrictos con los tiempos: siete minutos para la presentación de la PNL, cinco minutos para las enmiendas y tres minutos para la fijación de posiciones. Esta es la única manera de
terminar a tiempo esta sesión.
También quiero advertirles de que se ha procedido a la retirada de la proposición no de ley número 7.º, del Grupo Mixto. El orden de intervenciones será el usual en este tipo de iniciativas: en primer lugar, la presentación de la
iniciativa por el grupo proponente; a continuación, las enmiendas que se hayan producido y, finalmente, un turno de fijación de posiciones. Al final de la sesión, procederemos a la votación de todas las iniciativas. También se ha solicitado a la
Mesa la alteración del orden del día para que la iniciativa que figura con el número 6.º sea discutida en primer lugar. Por tanto, la primera proposición no de ley pasaría a ser la segunda. ¿Hay alguna oposición o alguna observación a que este
cambio del orden del día se produzca y que la iniciativa número 6.º pase a ser debatida en primer lugar? (Pausa). Pues si no hay ninguna oposición al respecto, así se procederá.
- RELATIVA A LA REFORMA DEL SISTEMA DE INTERRUMPIBILIDAD Y AYUDAS A LA INDUSTRIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002278).
El señor PRESIDENTE: Sin más, volviéndoles a insistir en el tiempo -que, como bien dice el vicepresidente segundo, no hay que agotar necesariamente-, empezamos con la proposición no de ley relativa a la reforma del sistema de
interrumpibilidad y ayudas a la industria, presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea. Para su presentación, tiene la palabra doña Yolanda Díaz.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Traemos, una vez más desde el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos PodemosEn Comú PodemEn Marea, una iniciativa que tiene que ver con un elemento de centralidad en la industria española, que es atender la demanda de energía relativa a
las industrias electrointensivas. Para comenzar, la gestión del ministro Soria fue nefasta en esta materia, pero la verdad es que hay absoluto continuismo por parte del señor Nadal y del señor De Guindos en el tema que nos ocupa. Podríamos resumir
la iniciativa señalando que peor no se puede hacer. Y digo que peor no se puede hacer porque es conocido el informe que acaba de publicar la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que enmienda en su totalidad al Gobierno del
Partido Popular, muy particularmente a los ministros del ramo en esta materia, señalando que el sistema de interrumpibilidad, tal como está concebido en nuestro país, es profundamente opaco, altamente costoso y se está ofertando una cantidad de
potencia interrumpible innecesaria.
Como ven ustedes, en la iniciativa que formulamos hemos hecho una comparativa con la interrumpibilidad en tres países próximos al nuestro -Italia, Francia y Alemania- y hay datos que llaman poderosamente la atención. Datos como que lo que
nosotros adjudicamos a interrumpibilidad es un 200% superior a Italia y casi siete veces más que Alemania. Como ven ustedes, en Alemania son 39 millones los que se adjudican para la interrumpibilidad; en Francia, 96 millones; en Italia, 297, pero
-como saben ustedes- nosotros superamos los 500 millones de euros, lo que llama poderosamente la atención. Como señala la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia e indicamos en nuestra iniciativa, estamos ante un sistema que reporta un
coste elevadísimo, que tiene un volumen de potencia absolutamente innecesario -insisto, no lo decimos nosotros, sino el propio informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia- y, además, estamos ante un sistema de subastas que causa
perplejidad. Hicimos la comparativa con los países que he citado porque, como ustedes saben, en nuestro país se exige que la subasta de interrumpibilidad sea de manera presencial y es tan opaco el sistema que no somos capaces de conocer cuál es su
coste real y, como está indicando el organismo regulador, como indican los colegios de ingenieros y como indica humildemente nuestro grupo, parece evidente que debe ser modificado. El problema que tiene nuestro sistema es que, a diferencia de otros
países, está siendo utilizado de forma estructural por industria y por energía. En el resto de los países comparados es un sistema auténticamente complementario para dar seguridad a los sistemas energético y eléctrico, pero nunca como sistema
único. La salida que ha dado el Partido Popular en nuestro país a las industrias electrointensivas ha sido solamente esta subasta que, como saben, es altamente cuestionada. La última orden que ha publicado el ministerio modificando los términos de
la subasta y acortándolos a tan solo cinco meses no hace más que empeorar esta situación. El resumen es que no se puede hacer peor y que este sistema ha de ser mejorado necesariamente. Es cierto que el señor Nadal en su comparecencia el otro día
nos decía que la vocación es que sean los cinco meses de subasta para caminar hacia una transición en orden al mandato de la directiva europea, pero, como ustedes conocen perfectamente, la directiva ya fue publicada en el año 2016 y estamos casi en
2018. Por tanto, va siendo hora de que el Partido Popular haga sus deberes.
En definitiva, pedimos dos medidas. En primer lugar, que se modifique la regulación del servicio de gestión de la demanda de interrumpibilidad y los parámetros que incorporamos son prácticamente las recomendaciones que hace la Comisión
Nacional en su informe. En segundo lugar, seamos francos, abordemos la problemática que tiene la industria española como se hace en la Unión Europea; es decir, atendámosla a través de las vías de subvenciones que hay para esta cuestión y siendo
conscientes de que hay que incorporar el elemento de las renovables en la industria española. Pero hagámoslo bien, porque el propio ministerio ha respondido a esta diputada por escrito, lo que ha causado mucha alarma en la industria afectada,
señalando, quizá de manera demasiado abierta, que en realidad estamos ante una subvención en esta materia. La afirmación es muy grave por las consecuencias que puede tener y sería conveniente que de una vez por todas hiciéramos las cosas bien. Lo
que pide mi grupo es que abordemos esta problemática de una vez por todas y pedimos el voto favorable a la iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.
En turno de defensa de las enmiendas presentadas, por un tiempo de cinco minutos, tiene la palabra doña Patricia Blanquer, en representación del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, tengo que reconocer mi sorpresa al leer la iniciativa que hoy presenta el Grupo Confederal de Unidos Podemos, pues al presentarla en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad suponíamos que lo que pretendía era defender a
la industria electrointensiva, una industria con arraigo en territorios de España como Galicia, Asturias, País Vasco, etcétera, que ejerce un importante efecto tractor en la economía. De hecho, según información de la Asociación de Empresas con
gran Consumo de Energía, que integra en la actualidad a las veintisiete principales compañías industriales, estas empresas suman más de 186 000 empleos y cuentan con ochenta y seis plantas productivas, en las que se consume el 11% de la demanda
eléctrica peninsular. Por tanto, como bien se ha dicho, son muy sensibles a las fluctuaciones de los precios de la electricidad porque los precios industriales son fijados por un mercado global, mientras que los precios de los costes de
electricidad son fijados en términos nacionales, con lo que en un país como el nuestro, con gran volatilidad de los precios, la pérdida de competitividad está asegurada y el riesgo de deslocalización, garantizado; una situación que a los
socialistas nos preocupa. Sin embargo, la iniciativa no defiende a la industria y a sus trabajadores, sino todo lo contrario. Su exposición de motivos lo que hace es dejar a España y, como consecuencia, a la industria electrointensiva, a los pies
de los caballos; a la industria, a sus trabajadores y a España.
La exposición de motivos hace una crítica feroz del sistema de interrumpibilidad en un momento crítico en el que la Comisión Europea mira con lupa y está investigando nuestro mecanismo de sistema de interrumpibilidad como posible ayuda de
Estado, contraria a la normativa europea de competencia, y su iniciativa desde luego no ayuda a desmentirlo. Parece imprudente, pues, la forma que ha elegido para plantear la resolución de un problema que estamos de acuerdo que hay que resolver.
Está claro que el sistema hay que revisarlo de manera completa y acorde a un marco energético estable que hoy no tenemos y el mecanismo de interrumpibilidad no es más que una parte del problema que ha funcionado como parche durante un tiempo para
solucionar los efectos de un problema que reside en el sistema eléctrico y que por eso no es eficiente. Por tanto, consideramos que primero habría que solucionar el problema de origen. Como usted sabe, en el primer semestre del año el Gobierno
deberá presentar una estrategia de energía y clima. Hay un grupo de expertos trabajando en ello y tienen el reto de presentar distintos escenarios para conseguir un sistema eléctrico más predecible, menos volátil y con precios asequibles, una
estrategia a largo plazo. Dentro de esta estrategia deberíamos conseguir una regulación permanente que dé estabilidad también a las industrias. Para aportar mayor estabilidad y permanencia al marco regulatorio actual y reducir el elevado coste
para el consumidor doméstico hay que modificar el mecanismo de interrumpibilidad. En este sentido, nos parece adecuada la intención de la propuesta de acuerdo que nos propone, aunque parece que sería más razonable haberla presentado en la Comisión
de Energía, todo sea dicho.
Hemos presentado dos enmiendas de mejora que espero que acepte la diputada proponente. Una de ellas de modificación, en la que consideramos imprescindible que el operador del sistema desarrolle una metodología de necesidades de cobertura,
con el objeto de que el procedimiento de subasta se desarrolle de manera eficiente, responda a las necesidades derivadas de la seguridad del sistema eléctrico y contribuya a la defensa de la competencia efectiva. Para ello, estamos de acuerdo en
que se aumente la presión competitiva en la subasta y consideramos que se debe garantizar la retribución máxima y los volúmenes de potencia interrumpible por un periodo razonable para favorecer la seguridad jurídica. También nos parece interesante
que los procesos relacionados con la adjudicación sean telemáticos, pero además añadimos que aumente la transparencia a través de la publicación de información sobre la asignación y uso efectivo del servicio de interrumpibilidad para conocer y poder
poner en valor la utilidad del servicio de forma equivalente a la proporcionada sobre servicios de ajuste del sistema.
Por otra parte, creemos que no tiene por qué vincularse única y exclusivamente a este sector industrial. Creemos que es importante apoyar a la industria, sobre todo a la industria que se renueva, que se desarrolla de una manera sostenible y
que puede y debe jugar un papel trascendental en el proceso de transición energética. Por ello, les hemos añadido un punto donde planteamos que, a la mayor brevedad posible, se publiquen la orden y la convocatoria de ayudas a las que hacía
referencia la iniciativa y que cuentan con consignación en los Presupuestos Generales del Estado de 2017.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer.
Para el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, interviene el Grupo Mixto. (Pausa). Por el Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
El servicio de interrumpibilidad es el seguro del sistema eléctrico, pero es verdad que en las industrias electrointensivas el consumo de electricidad llega a suponer el 50% de sus costes de producción, lo que las hace muy sensibles al coste
eléctrico. Son industrias que operan en mercados globales frente a competidores europeos que gozan de precios eléctricos considerablemente más bajos, lo que las coloca en clara desventaja y merma su competitividad. El objetivo debería ser
conseguir que el coste del suministro eléctrico estuviera armonizado con el resto de países europeos con los que compiten estas industrias electrointensivas, ya que mientras que los precios de los productos industriales se fijan en los mercados
internaciones, los precios de la energía se fijan a nivel estatal. Así, estas empresas afrontan sobrecostes eléctricos que, por ejemplo, con respecto a Alemania, pueden llegar hasta el 30%. Además, hay que entender que la industria básica ejerce
un efecto tractor sobre la economía, por lo que su viabilidad presente y futura potenciará la recuperación económica.
Es verdad que la CNMC, como ya ha dicho Yolanda, reprocha ahora en su informe el elevado coste que supone este sistema que retribuye esta disposición al apagón de las industrias, tanto si acaban teniendo que desconectarse de la red como si
no. El pago se elevó desde el año 2015 de los aproximadamente 508 millones a 525. Además, si tenemos en cuenta que la potencia demandada cuando tuvo el récord absoluto se elevó a 45 450 megavatios y la punta de demanda en 2016 fue de 40 489, un
10,9 inferior al anterior, considerando la potencia disponible en no más de 60 000 megavatios, al final hay que pagar unos cuantos millones por derecho del sistema a interrumpir hipotéticamente. La CNMC dice que el sistema de subastas es complejo y
costoso y critica que la subastas de 90 megavatios favorezcan a las grandes industrias; son susceptibles de plantear poca presión competitiva por el escaso número de empresas que participa en ellas. Así que la propuesta que hace es desagregar ese
volumen o permitir agregaciones en las ofertas de los bloques de 5 megavatios.
Entendemos que hay que modificar este sistema de interrumpibilidad, que además es objeto de investigación en la Comisión Europea. Como hay diferentes enmiendas, veremos cómo queda finalmente y, entonces, fijaremos posición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Nosotros, en cambio, agradecemos a Unidos Podemos que planteen en esta Comisión aspectos que corresponderían, en teoría, a la Comisión de Energía, porque hacerlo aquí pone en evidencia la importancia que tiene la energía y el desastroso, no
solo por costosísimo, sistema energético español para los costes empresariales, además de los costes -cabe recordarlo- que tienen a nivel familiar. Esperemos que ayude a que el ministro Nadal sea consciente de que tiene que avanzar en el diseño de
otra política energética.
No obstante, la propuesta incorpora planteamientos que no van exactamente al quid de la cuestión. El punto de partida es una rémora histórica proveniente de finales del siglo pasado. El sistema de interrumpibilidad es fruto de unas
necesidades empresariales del sistema energético y de una tecnología hoy obsoleta. ¿Cómo funcionaba entonces? Simplemente, alguien de la empresa electrointensiva llamaba a la empresa proveedora cuando tenía necesidad de un pico energético y esta
hacía posible la conexión. Un sistema para unos tiempos en los que, además, se intentaba ayudar a las empresas de todas las formas posibles, incluso bonificándoles el recibo de la luz con este tipo de acciones. Un modelo que ya no sirve en el
siglo XXI. Europa se mueve en otra dirección y además deja claro que las empresas que en su momento se acogieron a este sistema tenían ventajas competitivas que van en contra de un marco libre de competencia como el regulador, y repetidamente aquí
se ha dicho.
Era un club muy exclusivo y cuando, seguramente en un descuido, se amplió la puerta, los que quisieron entrar quedaron escaldados; el caso de Inovyn, en Martorell, es paradigmático. El mecanismo se quedó, pero el contexto ha seguido
evolucionando; lo que justificaba técnicamente este acuerdo, ya no tiene sentido, pero sigue la subvención oculta y no se podía mantener este servicio de electricidad porque estas empresas salían del precio. Todo ha evolucionado en el contexto
actual, los mecanismos de demanda de participación en el sistema eléctrico tienen que ser redefinidos de acuerdo con las directivas europeas que pretenden evitar que se escondan subsidios ocultos. Los servicios de interrumpibilidad tienen los días
contados si no estamos mal informados y, mientras tanto, hay 500 millones que alguien
tiene que asumir. Si es en la línea de apoyo a la industria, que se recojan en los presupuestos de política industrial.
Si miramos hacia el futuro, vemos que la tendencia a nivel europeo son los mecanismos de capacidad, que deben permitir puntas de demanda para los consumos pico. Cuando haya situación de demanda extrema debe existir la capacidad de actuar,
poniendo centrales en marcha desde el punto de vista de la oferta, pero también dejando de producir, si es necesario. Esto desde el punto de vista de la demanda. ¿Quién puede participar desde este punto de vista? Aquí debería abrirse a que
cualquier consumidor de demanda agregada pueda participar en este mercado, aumentando la competencia. Por ejemplo, ¿por qué una cadena de supermercados no podría agregar su demanda en momentos pico? Actualmente no se puede; la figura del
agregador de demanda, figura que ya se ha planteado repetidamente en la Comisión de Energía por parte de este grupo parlamentario, podría optar a ese mercado de servicios de capacidad haciéndolo aún más competitivo. La interrumpibilidad actualmente
está limitada a consumidores de alta tensión y eso facilitaría la competitividad del mercado.
Si entramos en aspectos más técnicos, ahora se están ofreciendo paquetes de 5 y de 90 megavatios, y los de 90 doblan el precio por falta de competencia. ¿Por qué? Porque solo hay seis ofertantes, aquel club al que me refería,
convirtiéndose en una ayuda encubierta a esas industrias. De ahí el punto dos de la PNL que aplaudimos especialmente. De todas formas, la subasta próxima, los días 19 y 20, incorporará una novedad importante. Se pueden utilizar mecanismos de
interrumpibilidad por motivos económicos, es decir, cuando sea más barato desconectar consumo que entrar nuevas centrales en generación. Puede ser un paso positivo, pero cuando se cuantifique tememos que se vea que no es suficiente.
Resumiendo, estamos hablando de un mecanismo con fecha de caducidad porque se redefine a nivel europeo dentro de los mecanismos de capacidad, pero es un claro ejemplo y síntoma del estado real de todo el sistema eléctrico -el energético
español-, con infraestructuras de tecnología claramente obsoletas, pensado como un negocio para el oligopolio eléctrico, concediendo a hurtadillas ayudas a empresas amigas y haciendo lo posible para que el mercado no evolucione, no avance, no innove
en la dirección que Europa está imponiendo con la eficiencia energética y las tecnologías renovables como bandera. Por ello, lógicamente, daremos apoyo a la PNL presentada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Como ya señalaba la proponente y han señalado algunos de los intervinientes anteriores, el sistema de interrumpibilidad ha sido puesto en cuestión por la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y por la Comisión Europea -está ahora
mismo siendo puesto en cuestión- y, por lo tanto -¡cómo no!-, estamos a favor de que se modifique y de que se lleve a cabo una reforma completa de este sistema. Por eso, Ciudadanos presentó una iniciativa similar en la Comisión de Energía
encaminada a mejorar la competencia en el sistema de interrumpibilidad ya que al aumentar la competencia bajan los precios de la energía. Si bajamos el precio de la energía sería bueno para la industria electrointensiva que compite con el resto de
industrias europeas y que tiene el hándicap de un coste de la energía bastante más alto que en el resto de países europeos; si consiguiéramos disminuirlo podríamos hacerla más competitiva. Con esta propuesta apostamos por incluir un bloque
intermedio de potencia entre el primer lote de 5 megavatios y el segundo de 90 megavatios para contribuir a la competencia en el sistema.
Estamos de acuerdo, como se plantea en la iniciativa, en considerar la posibilidad de incrementar las partidas, siempre que sean compatibles con la normativa comunitaria, para beneficiar a nuestra industria española y que así sea más
competitiva. Ya se produjo un incremento en los Presupuestos Generales de 2017 que apoyó Ciudadanos y esperamos que este sea el camino en los siguientes presupuestos generales. Apostamos, por supuesto, por revisar todos aquellos mecanismos y
cargos que supongan una losa para los consumidores del sistema eléctrico, así como revisar y potenciar aquellas líneas de actuación que sean más eficientes y eficaces para el crecimiento de la industria, sin menoscabo de apostar por políticas de
oferta que incrementen la capacidad de innovación de nuestras actividades económicas. Como decía anteriormente, estamos de acuerdo con la modificación del sistema de interrumpibilidad, sin embargo, hay una incoherencia por parte del grupo
proponente y es que no se apueste de la misma manera por las interconexiones eléctricas con el resto de los países europeos. Al Grupo de Unidos Podemos parece que cuando se le hace una propuesta de aumentar estas interconexiones vota en contra
de ellas porque quiere facilitar así sus votos locales, pero aumentando la interconexión de nuestro sistema con el resto de Europa sería una manera de bajar los precios. En cuanto al sentido de nuestro voto, esperaremos a ver cómo queda
definitivamente la proposición para decidirlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Herrero.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente.
Señorías, el Grupo de Unidos Podemos presenta hoy una proposición no de ley sobre la reforma del sistema de interrumpibilidad y ayuda a la industria. A pesar de lo que han expuesto, el Gobierno del Partido Popular lleva muchísimo tiempo
trabajando en la mejora del sistema energético español para que cuente con garantía y calidad en el suministro y con el precio más competitivo posible. Esto ha sido posible gracias a la reforma en el año 2013 del sector eléctrico mediante la ley
24/2013. Una ley que garantiza el equilibrio de ingresos y costes del sistema, un sistema eléctrico que habría que recordar que, con el anterior Gobierno del señor Rodríguez Zapatero, estaba totalmente quebrado, con un déficit de 27 000 millones de
euros y que cada año aumentaba a razón de 5000 millones de euros. De no haber acometido ninguna reforma el Gobierno del Partido Popular, hoy la situación de las empresas electrointensivas ya no sería difícil, sino que simplemente ya no existirían.
No existirían como las más de 177 000 empresas que tuvieron que cerrar durante los años de Gobierno socialista.
Hoy quiero poner en valor esa reforma del sector eléctrico, una reforma que ha permitido reducir, por un lado, la parte regulada del recibo de la electricidad y, por otro, la bonificación del 85% del impuesto de electricidad a las grandes
empresas electrointensivas. Mediante la reciente puesta en marcha de la orden ETU/1113/2017, de 21 de noviembre, se ha reforzado la activación del servicio de interrumpibilidad aumentando así el número de horas en las que podrá darse una orden de
reducción de potencia si resulta más económico para el consumidor. El actual sistema de subastas para el servicio de interrumpibilidad establece un mecanismo competitivo al cual pueden presentarse todas las empresas electrointensivas. Esto permite
una efectiva prestación del servicio y a un coste mucho menor. Pero es que, además, la actual regulación del mecanismo competitivo de asignación de este servicio, el rango de cantidades a adjudicar, el precio de salida, las reglas de subasta o el
periodo de entrega de potencia interrumpible hoy se formulan de acuerdo con las necesidades del sistema eléctrico español porque, como ustedes sabrán, señorías, el sistema eléctrico español tiene una enorme peculiaridad. La escasa interconexión con
el resto de Europa le hace un sistema vulnerable, de ahí que las condiciones y los costes del sistema sean totalmente diferentes y no comparables con los países expuestos en su proposición no de ley. El coste del servicio para estos últimos años ha
sido de 500 millones de euros/año y no han sido utilizados, por lo que será necesario ajustar lo máximo posible la potencia a adjudicar a las necesidades reales del sistema y de este modo no incurrir en costes innecesarios. Asimismo, el Gobierno va
a seguir trabajando en mejorar la competitividad de la industria electrointensiva porque de ello depende gran parte del empleo que generan estas empresas, principalmente del norte de España. Prueba de ello fue la aprobación de los Presupuestos
Generales del Estado de 2017, en los que introdujo una partida de 150 millones de euros para el apoyo de esta industria, que por cierto no contó con el voto favorable de Unidos Podemos ni del Partido Socialista. Ello nos ha permitido, mediante un
acuerdo con la Comisión Europea, disponer de dos años para ir diseñando medidas que cumplan con la normativa europea y favorezcan en cierta medida la competitividad de nuestra industria electrointensiva. Por tanto, a la vista de estas propuestas,
para nosotros inadecuadas y fuera de lugar, que incluye esta proposición no de ley, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de la misma.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrero.
Finalmente, pregunto al grupo proponente de esta iniciativa si acepta o rechaza la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
La señora DÍAZ PÉREZ: Señor presidente, hemos llegado a una transaccional que le ha hecho llegar a la letrada nuestro portavoz y que hemos trasladado al resto de grupos. También quiero dar las gracias al Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz. En esos términos queda la enmienda.
- SOBRE LA REGULACIÓN DE LA VENTA A PÉRDIDA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000311).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al segundo punto, que es, tras la modificación realizada al principio de la sesión, el primero que aparece en el orden del día, sobre la regulación de la venta a pérdida, del Grupo Parlamentario
Socialista. Para su defensa y presentación, tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidente.
La ley de Competencia Desleal establece que se reputará como desleal cuando la venta realizada bajo coste o bajo precio de adquisición tiene por efecto inducir a error a los consumidores acerca del nivel de precios de otros productos, lo que
llamamos productos reclamo, y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista establece la prohibición de la venta con pérdida cuando el precio aplicado a un producto sea inferior al de adquisición según factura. Es decir, la Ley de Competencia Desleal
considera ilegal la venta a perdida en tres casos y la Ley de Ordenación del Comercio Minorista de 1996 establece la prohibición general de la venta con pérdida. La ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria de 2013 tiene, entre
otros objetivos, conseguir mayor equilibrio y transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores y fortalecer al sector productor. A pesar de que se observan prácticas comerciales que incumplen los dos principios legales
mencionados y que colocan a los productores en situación de gran debilidad, con la obligación para muchos de ellos de abandonar la actividad, la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia dijo en 2015 que no se opone a la venta a pérdida
de productos alimentarios porque mejora la competitividad. El problema es que esa competitividad no es resultado de que las grandes superficies hagan ofertas, asumiendo una pérdida en unos productos para conseguir beneficios con otros, que también
tendría el problema de inducir a error respecto al valor real del producto rebajado, sino que, en la práctica, la oferta la hacen los productores porque las distribuidoras les derivan a ellos la baja.
Los productos más utilizados como producto reclamo son leche, aceite y pollo. Respecto a la leche, a título de ejemplo, en Galicia, que es donde se concentra la mayor producción de leche de España, en 2016 los ganaderos perdieron más de 50
millones de euros -la diferencia entre los 28 céntimos que de media percibieron por cada litro de leche que entregaron a la industria y los 30 que se calcula que les costó producirlo-, mientras que las cinco empresas más representativas que operan
en Galicia cerraron sus cuentas anuales con beneficios conjuntos superiores a los 40 millones de euros. No parece justa esa concentración de pérdidas en el primer eslabón de la cadena y creemos que tampoco es conveniente porque nos podría llevar a
una dependencia excesiva de productos de otros países; además, el cierre de la actividad agrícola y ganadera conlleva un abandono del territorio, con graves consecuencias como, por ejemplo, los incendios.
Volviendo a Galicia y a la leche, en septiembre había en Galicia 8163 productores de leche y en septiembre de 2015 había 9236. En dos años se perdieron 1073 explotaciones. Somos conscientes de que la Comisión Nacional de los Mercados y de
la Competencia no se opone a la venta a pérdidas porque dice que mejora la competitividad y beneficia al consumidor, en la misma línea que acaba de fallar el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declara que la prohibición general de la
venta a pérdidas que contiene el artículo 14 de la Ley de Comercio Minorista es contraria al derecho comunitario, pero es evidente que hay un problema que necesita solución. Quizá esa solución está en modificar la Ley de la Cadena Alimentaria para
que pueda cumplir su objetivo de mantener el equilibrio entre los diferentes eslabones y para fortalecer al productor, objetivo que de momento no se está consiguiendo. También parece claro el incumplimiento de la prohibición de competencia desleal
porque los precios bajos inducen a error respecto a sus costes de producción.
En anteriores debates, el Grupo Popular dijo que considera que la solución no está en las normas sino en la aplicación de las mismas y que, como es difícil hacer cumplir las normas, hay que profundizar en la concienciación de las partes. A
nosotros nos parece difícil concienciar a quien puede ganar más de que tiene que ganar menos. Nosotros consideramos que las normas tienen que ser aplicables y justas. También dicen que hay que hacer seguimientos rigurosos y exhaustivos para que se
cumplan las normas. ¿Por qué no tuvieron ese rigor el año pasado para evitar casos como el que comenté del sector lácteo gallego, donde unos ganan todo a costa de que otros pierdan todo? Si la clave está en mejorar los controles, ¿qué hacen
entonces que no consiguen que funcionen adecuadamente? Nuestra interpretación, ya ven, es más benévola con el Gobierno y consideramos que hay que dotarlo de las herramientas más
adecuadas, y si con las que en este momento están vigentes no se consiguen resultados, habrá que tener otras.
Termino. No especificamos qué norma tienen que modificar ni en qué términos exactos, pero es evidente que los objetivos tan alabados de la Ley de la Cadena Alimentaria de conseguir más equilibrio en la cadena y fortalecimiento del productor
no se está consiguiendo. No pueden repetirse ejemplos como el que les dije de los beneficios del sector lácteo en el año 2016.
Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, tiene la palabra la portavoz del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Franco.
La señora FRANCO CARMONA: Gracias, presidente.
Ustedes saben que los mercados son imperfectos, que una cosa es lo que dicen los manuales sobre el funcionamiento del mercado y sobre la ley de la oferta y la demanda y otra cosa es la realidad, y la realidad es que en muchas ocasiones los
poderes públicos tienen que intervenir para corregir esos fallos. Fallos que no son cualquier cosa, que no son algo volátil o que tenga poca importancia sino que, en gran parte de los casos, son provocados por el ser humano, por las personas, por
un afán de acumulación económica. Son fallos que destrozan el principal sostén de la economía de muchos territorios; fallos que destrozan la vida de muchas familias, sobre todo de pequeños agricultores y agricultoras, que les impiden vivir y
mantener una vida normal y con dignidad de su trabajo y que además les llenan de deudas. Estamos hablando de actores que ocupan una posición de dominio en el mercado y que abusan de su poder en perjuicio de pequeños agricultores y agricultoras que
son obligados a aceptar precios que están por debajo de los costes de producción. Como dijo García Azcárate, consejero de Mercados Agrarios de la Comisión Europea durante bastantes años, comprar leche por debajo de 45 céntimos el litro es beber
sangre de ganadero. La Ley de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria 12/2013 es un buen punto de partida pero no es suficiente, y así se está demostrando. La venta a pérdidas es una de las prácticas más destructivas que existen en el
sector de la distribución y de las cadenas de comercio minorista, es un ejercicio deleznable de dumping social. Por todo ello, hemos presentado una enmienda para apoyar esta iniciativa que va en dos sentidos; uno, reforzar la prohibición, puesto
que no se está cumpliendo del todo esa prohibición que hace la Ley de la Cadena Alimentaria; y dos, endurecer el régimen sancionador para que se ajuste a la realidad.
Hace justo un año se presentó una proposición no de ley similar en la Comisión de Agricultura y el Partido Socialista dijo que votaría a favor; sin embargo, terminó votando en contra. Para nosotros, aquello fue un ejercicio de cinismo y
nos alegramos de que con esta proposición no de ley esté rectificando, lo cual celebramos. Nosotros aportamos una serie de enmiendas para que esta proposición pueda salir adelante.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Franco.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Popular, tiene la palabra su portavoz, señora Carreño.
La señora CARREÑO FERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
Señorías, es innegable que existen desequilibrios que perjudican en especial a los productores agrarios, agrícolas o ganaderos como primer eslabón de la cadena alimentaria. Pero también es evidente que tales problemas han sido detectados
desde hace tiempo y que se han acometido las modificaciones precisas para paliarlas en el marco normativo europeo y nacional. Uno de los principales retos del Gobierno en estos últimos años ha sido la mejora del funcionamiento y la sostenibilidad
de la cadena alimentaria, junto con el logro de un mayor equilibrio y equidad en las relaciones comerciales que realizan los operadores que intervienen en dicha cadena. La Ley de la Cadena Alimentaria constituye un hito histórico para el sector
agroalimentario español y por ende para la economía nacional, ya que por primera vez en España se ha procedido a regular las relaciones comerciales entre las empresas que forman parte de la cadena alimentaria. Con esta ley se ha llegado lo más
lejos posible, estableciendo simultáneamente un sistema de autorresponsabilidad de los operadores junto con un sistema público de control que canaliza a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Tenemos una ley que protege de
forma
especial a los operadores más débiles y refuerza la garantía y seguridad jurídica del conjunto de los operadores. Dicha garantía se basa en la obligación de formalizar por escrito los contratos. Por tanto, este marco regula ya
convenientemente la venta a pérdidas, permitiéndolo solo en ciertos supuestos y tipificándolo como práctica infractora susceptible de sanción.
Acabamos de dotarnos de una nueva normativa europea y nacional, señorías, que incide en el ámbito alimentario y que preocupa al Grupo Socialista, una normativa que ha modificado la anterior para mejorar el funcionamiento de esos mercados y
procurar un mayor equilibrio entre los participantes de las cadenas de forma que se respete e impulse la competencia. El Gobierno ha apostado por aprovechar distintos instrumentos e impulsado lo preciso para ponerlos en marcha puesto que el sistema
agroalimentario tiene una importancia estratégica en nuestro país, así como una gran capacidad de crecimiento. Quiero destacar algunos de los instrumentos que se están impulsando, por ejemplo, la Ley de fomento de la integración de cooperativas y
otras entidades asociativas con carácter agroalimentario o la Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, el Código de buenas prácticas mercantiles en la contratación alimentaria o el Observatorio de la Cadena Alimentaria
creado con el fin de contribuir a una mayor transparencia.
Respecto de la Ley de Competencia Desleal de 1991, señorías, la venta a pérdidas ya está prohibida por la Ley de 1996 de Ordenación del Comercio Minorista, en su capítulo 3, de precios, artículo 14, relativo a la prohibición de la venta con
pérdida, siendo las comunidades autónomas las competentes para investigar y sancionar esa mala práctica. No se produce solapamiento entre la regulación que de la venta a pérdidas se hace en el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio
Minorista y en el artículo 17 de la Ley de Competencia Desleal ya que se regula esta modalidad de venta en ámbitos jurídicos distintos.
Para finalizar, quiero añadir que se está trabajando sobre una posible revisión de los términos en los que el artículo 14 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista regula la actividad de venta con pérdida para dar cumplimiento al fallo
de la sentencia. Por tanto, señorías, tenemos un marco legislativo cuya aplicación se está impulsando y sobre todo está contribuyendo a mejorar la trazabilidad y la transparencia, al igual que está permitiendo conocer la evolución del mercado y
avanzar en la identificación de problemas y la búsqueda de soluciones. En definitiva, por todo lo expuesto, opinamos que la proposición no de ley del Grupo Socialista no está justificada y no resulta preciso ni oportuno impulsar nuevas reformas
legislativas pues las recientemente materializadas ofrecen instrumentos adecuados y suficientes para afrontar cuestiones como la venta a pérdidas. Existe la normativa adecuada y es por lo que el Grupo Popular ha presentado una enmienda de
modificación instando al Gobierno a dar cumplimiento de las normativas existentes por las distintas administraciones competentes.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En turno de fijación de posición, tiene la palabra, por el Grupo Vasco, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
La Ley de Competencia Desleal establecía los supuestos en los que la venta a pérdida no podía utilizarse. Posteriormente se recogió en la Ley del Comercio Minorista, que establece sanciones por su uso, la prohíbe y establece los supuestos
en los que se puede recurrir a ella, pero eso no ha impedido el uso de este mecanismo, y ahora ha sido el Tribunal de Justicia Europeo el que concluye que la prohibición generaliza de la venta a pérdida vigente en España es incompatible con la
normativa comunitaria. Entendemos que este fallo obligará a España a reformar la Ley de 1996 para adaptarla a esta normativa europea y abrirá las puertas a las grandes cadenas de distribución en la venta a pérdidas, que solo se podrá castigar
cuando se demuestre que responde a una estrategia de competencia desleal, es decir, cuando induzca a error a los consumidores, cuando suponga desacreditar la imagen de un producto o establecimiento ajeno o cuando se encamine a eliminar a un
competidor del mercado. Por tanto, habrá que tener en cuenta este fallo para regular la venta a pérdida ya que esta práctica comercial supone una menor rentabilidad, sobre todo para los productores.
A resultas de esta sentencia, la ley deberá ser modificada por cuanto no se puede prohibir con carácter general la venta a pérdida y habrá de redactarse en consonancia con la directiva y, asimismo, tendrá que modificarse para invertir la
carga de la prueba. Entendemos que se pasará de una prohibición general a una autorización general de la venta a pérdida, debiendo valorarse si en un concreto supuesto se está realizando una venta a pérdida de forma desleal. Entendemos que habrá
que adaptar la normativa a la mencionada sentencia, por lo que, en principio, apoyaremos esta proposición no de ley.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Señores del PSOE, bienvenidos a la realidad de un modelo de comercio que se ha ido defendiendo o perfilando por ustedes y por el Partido Popular durante las últimas décadas, en las que las grandes cadenas de comercialización, su
distribución, han estado jugando en casa, en el Bernabéu, como si dijésemos, haciendo y deshaciendo a su aire, lo que ha acabado siendo un modelo económico pensado para que el comercio minorista vaya desapareciendo poco a poco de las ciudades. En
Cataluña hemos vivido durante años la persecución de un modelo que prioriza el comercio de proximidad, un modelo de comercio urbano que vertebra y cohesiona socialmente nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, que los hace más seguros,
integradores y sostenibles, minimizando el resto de actividades económicas y cívicas del municipio; un modelo que garantiza la pervivencia de una amplia oferta de pequeño comercio independiente y eficiente que resiste a las tendencias de
integración vertical de los sectores; un modelo comercial basado en el equilibrio de formatos, que pretende consolidar el criterio de la localización preferentemente dentro de las tramas urbanas consolidadas como elemento fundamental de una
actividad comercial sostenible competitiva y ordenada. La actuación pública de los últimos años del Govern de la Generalitat estaba encaminada a garantizar el equilibrio de formatos comerciales dentro de las tramas urbanas y una oferta sin
situaciones de dominio, siempre en beneficio de los consumidores y consumidoras. Se trata de conseguir empresas eficientes y competitivas que adecuen la oferta a los nuevos hábitos de consumo y den respuesta a las nuevas necesidades de los
clientes, y no empresas que sencillamente hagan trampas, que actúen con toda impunidad en contra de los intereses de los consumidores, de los ciudadanos en general, utilizando técnicas como el dumping o las ofertas conjuntas, los obsequios o las
ventas al público con pérdidas. Como saben, la gestión y la sanción del comercio interior es una competencia de las comunidades autónomas, y algunas comunidades queremos ejercerlas de forma plena, a pesar de que el Gobierno del PP, con la
colaboración de su Tribunal Constitucional particular, se empeñe en intentar frenar nuestra capacidad de acción en beneficio del modelo comercial que les indicaba al principio. Nos referimos a las leyes tumbadas por el TC en el ámbito del comercio,
como el decreto-ley de horarios comerciales, el código de consumo de Cataluña, la reforma de la ley del comercio de Cataluña, la ley de prohibición de grandes superficies fuera de las ciudades; en definitiva, la imposición de un modelo comercial
contrario a los intereses del comercio urbano de proximidad. Por todo ello, nos abstendremos en la votación de esta proposición, esperando ver la posición del grupo proponente respecto a las enmiendas de Unidos Podemos, que nos decantarían hacia el
sí, o las del Partido Popular, que nos decantarían, obviamente, hacia el no.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Garaulet.
El señor GARAULET RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias a mis compañeros de grupo por permitirme defender esta proposición no de ley que habitualmente se suele tratar en la Comisión de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que es bastante interesante
que se trate aquí. Vamos a hablar de lo que es la venta a pérdidas. Quiero dar las gracias a la compañera Margarita Pérez, a la compañera Franco, a mi compañera y paisana Carreño, al señor Capdevila, así como a la señora Sagastizabal, por explicar
de forma clara lo que es la venta a pérdidas y dejarlo nítidamente definido. Pero vamos a ir un poquito más allá, vamos a poner un par de ejemplos que creo que son concluyentes de lo que es la venta a pérdidas. Ustedes saben que cuando las grandes
distribuidoras compran productos fuera de temporada en España, como puede ser el cítrico -lo compran a Sudáfrica- o los melones -los compran a Brasil-, el final de su temporada suele coincidir durante dos o cuatro semanas con el inicio de la
nuestra, con lo cual hay un incremento de la oferta, y si hay un incremento de la oferta -muchos de ustedes son economistas- bajan los precios. Entonces, para poder sacar los stocks, tienen que bajar el precio del producto, lo que efectivamente
afecta al comercio minorista, y sobre todo a los productores, que es la línea más sensible de la cadena alimentaria. Como bien ha dicho la compañera y diputada señora Carreño es un hito histórico la Ley de la Cadena Alimentaria, hecha para poder
desarrollar y defender toda la cadena alimentaria del sector, tanto el sector productivo como la distribución y la industria. Pero, ¿qué pasa en estos casos? Que a las
cooperativas de cítricos o de melones, es decir, los mayoristas están apretados por parte de las distribuidoras para que compren a un precio más bajo. Imagínense -y vamos a cambiar un poco de ejemplo- las lechugas, que son seis meses, pero
durante dos o cuatro semanas los mayoristas aprietan a las cooperativas para que vendan a bajo precio, porque si no, no pueden sacar el stock que tienen en sus almacenes. Señorías, es solamente a pérdidas. ¿Qué hacen los productores? Establecen
la recogida de la lechuga y el transporte, y la producción no la cobran, y venden a pérdidas.
Otro caso más peligroso es cuando estamos hablando de la venta de género a resultas, es decir, que el productor da una cantidad, una producción para venderla a resultas del precio, y como toquen esas dos o cuatro semanas el precio es menor.
Esto también suele pasar en el tema de los lácteos. Es decir, tenemos un gran problema, y es que la ley de la cadena alimentaria que se creó para que los principios de equilibrio, justa reciprocidad entre las partes, libertad de pacto, buena fe,
interés mutuo y equitativo, distribución de riesgos, responsabilidad, cooperación, transparencia y respeto a la libre competencia se llevaran a cabo, no se cumple, y no se cumple porque las relaciones reguladas en esta ley están sometidas a las
normas de defensa de la competencia, que es lo que nos estamos saltando, y es lo que Europa ha dicho que estamos haciendo mal. Por tanto el Gobierno debe de cumplir con sus obligaciones y realizar una labor mucho más decidida y exhaustiva de
control para evitar que este tipo de prácticas se lleven a cabo, ¿controlando a quién? Al eslabón más fuerte de la cadena alimentaria, que es la distribución; hay que controlar a la distribución. ¿Para qué? Para que no se den este tipo de
acciones que perjudican sobre todo a los más débiles, que son los productores. Por este motivo desde Ciudadanos defendemos firmemente no solo la defensa de la competencia, que por ello en esta Comisión se ha presentado una PNL sobre este aspecto,
sino que esa mejora de la competencia redunda en el bienestar del consumidor, y también en el sector agroalimentario.
En el acuerdo con el Partido Popular recogimos expresamente el compromiso de la defensa de la competencia, y por eso vamos a apoyar esta iniciativa, y vamos a dejar clara una cosa: esta muy bien la ley sobre la cadena alimentaria, fuimos
por delante de Europa, pero si no controlamos todos los eslabones de la cadena alimentaria nunca cumpliremos el objetivo por el cual esa ley se creó. Y como va a ser la última vez que hable con ustedes, les deseo unas felices fiestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Garaulet. Pregunto al grupo parlamentario proponente, señora Pérez Herráiz, si acepta o rechaza algunas de las enmiendas que se han presentado.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: La del Partido Popular no la acepto, y con el grupo confederal acordamos una transacción que espero pasarla en breve al resto de los grupos y a la Mesa.
- SOBRE LA SEPARACIÓN DE LAS FUNCIONES DE REGULACIÓN Y DEFENSA DE LA COMPETENCIA ACTUALMENTE ATRIBUIDAS A LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA (CNMC) EN DOS NUEVAS ENTIDADES INDEPENDIENTES. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/000927).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, sobre la separación de las funciones de regulación y defensa de la competencia, actualmente atribuidas a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, propuesta por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos.
Para su presentación y defensa tiene la palabra el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente.
Traemos hoy una iniciativa que yo creo que es fundamental y ha sido uno de los ejes de defensa de nuestro grupo parlamentario en el tiempo que llevamos en el Congreso, y así ha sido reflejada en los acuerdos de gobierno que hemos hecho,
tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista, para dividir ese frankenstein que es la CNMC en dos, para que haya por un lado un regulador de sectores y por otro un regulador de la competencia que sean realmente autónomos, que sean
realmente independientes, que sean realmente meritocráticos, y que por tanto no sean capturables por el Gobierno.
Yo creo que hay una diferencia fundamental entre los partidos conservadores y los que nos consideramos más liberales, que es lo que podríamos llamar ser pro business o ser pro mercado; normalmente los partidos conservadores son partidarios
de defender el establishment, defender las relaciones de poder existentes; los que creemos que el mercado tiene que garantizar la competencia y tiene que garantizar la libre entrada de empresas para que haya innovación, para que haya regeneración
en los mercados, para que los precios bajen y los ciudadanos puedan beneficiarse es una posición claramente distinta. En España hemos tenido durante muchos años una defensa acérrima de los intereses de los insiders, de los que estaban ya en
el mercado, y se ha bloqueado mucho la entrada a la libre competencia, y se ha hecho a través de la politización de los reguladores, de estos de los que tratamos hoy y también de otros. Nosotros como digo somos partidarios de que haya competencia
en los mercados, estamos a favor del mercado competitivo porque beneficia a los ciudadanos, y no de defender los privilegios establecidos por algunas grandes empresas o campeones nacionales. En España como digo durante años han sido -y hay
numerosos estudios que lo demuestran- las empresas que estaban más cercanas al poder las que han recibido mayor inversión pública, y nunca han sido las que se llevaban los contratos las más competitivas, sino las que tenían una relación más cercana
con el poder.
En resumen la propuesta que traemos está acordada con el Partido Popular; se trata simplemente de entender y preguntar y plantear por qué no se lleva a cabo. Es evidente que no se ha conseguido ninguno de los objetivos planteados cuando en
2013 se cambió la regulación para unificar los diferentes reguladores, que podían funcionar mejor o peor, pero desde luego ahora ni se ha conseguido una mejora de eficiencia, como se planteaba en los recursos utilizados para esto, ni se ha
conseguido tampoco ganar autonomía -el nivel de sanciones y de independencia sigue siendo muy bajo-, y mezclar cuestiones que no tienen nada que ver en un mismo regulador, como son sectores diferentes como las comunicaciones, etcétera, con la
competencia es un error que en muchísimos países hace tiempo que se ha corregido. Nosotros pedimos que se hagan dos reguladores para garantizar mayor independencia y mayor eficiencia en la regulación. Nosotros, además de lo que traemos hoy a la
Cámara, también hemos negociado -y también estaba en sendos acuerdos con PP y con PSOE y por tanto espero que lo apoyen- un acuerdo para hacer que los nombramientos de estos reguladores sean también meritocráticos y no sean nombramientos a dedo,
como se ha venido haciendo durante muchos años, y que sean realmente los que mejor conocen y los que más experiencia tienen, y no un alcalde o cualquier persona cercana -con todo el respeto por los alcaldes- que no conozca absolutamente nada del
mercado en cuestión, y que por tanto sea muchísimo más capturable por el sector privado. Como digo hemos traído a esta Cámara también una ley de nombramientos en esta misma línea, que espero que apoyen los demás grupos, y también una agencia de
protección de los consumidores financieros para que realmente tengan la información necesaria cuando funcionan en el mercado financiero, que es un mercado complejo.
Y con esto voy a analizar, que todavía no he tenido tiempo, las enmiendas que han planteado, y en todo caso después ya comentaremos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán. Para la defensa de las enmiendas presentadas, en primer lugar, por el Grupo Mixto no interviene su portavoz. Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, presidente. Señorías, esta PNL de Ciudadanos es un tema importante en el orden del día, pero en cuanto se lee, alguien con una mínima información o que haya seguido por los medios el inmenso culebrón en
que se ha convertido la gestión de la CNMC desde su creación por el Gobierno de Rajoy quedará estupefacto por la ligereza del enfoque de Ciudadanos, y por su despliegue como blanqueador de la acción del Gobierno: una alarmante simplicidad para el
problema al que nos enfrentamos, y una arrogancia política estéril si lo que se pretende es un acuerdo, y no digamos ya un consenso. Parece que lo de las lentejas se lo han tomado muy en serio, señorías de PP y de Ciudadanos, muy en serio ambos,
porque pretenden llevarnos a todos los grupos de esta Comisión a mesa puesta y a menú servido; o quizá quieren irse a comer el turrón con la conciencia aliviada de haber movido ficha. La exposición de motivos se justifica -lo ha dicho el
proponente- en el marco del acuerdo de investidura entre PP y Ciudadanos, un acuerdo de dos cuyo socio principal, que es el Gobierno, ha incumplido. ¿Qué clase de acuerdos firma Ciudadanos con el PP que para ponerlos en marcha tiene que hacerlo vía
PNL en una comisión? Y nos lo traen todo cerrado, con funciones, con nombres incluidos. Pues más bien parece una medicina.
Señorías de la Comisión de Economía del Congreso, venimos de uno de los mayores descalabros institucionales de la historia reciente de la Administración General del Estado, propiciado por el actual Gobierno. El fracaso de la CNMC y el
destrozo institucional, reputacional y de las funciones reguladoras y supervisoras encomendadas para garantizar la competencia en España han producido un atraso de más de una década, y ocasionado perjuicios a la sociedad y a la economía españolas
que deberán evaluarse.
Hubo precipitación e imprevisión en la reforma que condujo a la CNMC con la llegada del PP al Gobierno en 2011; hubo manifiesta voluntad de priorizar el interés partidista en detrimento del interés general; hubo revancha consumada por la
vicepresidenta Sáenz de Santamaría y el ministro de Economía De Guindos sobre la base de un oscuro porvenir para los organismos reguladores sectoriales y de la competencia, que ya había sentenciado el diputado portavoz Montoro en sede parlamentaria
antes de las generales de 2011. Ha habido sentencias judiciales del Tribunal de Justicia Europeo y del Tribunal Supremo que tumban al Gobierno de Rajoy dos reales decretos de su Consejo de Ministros por ser contrarios a derecho. En lenguaje llano,
una ilegalidad.
Más de cuatro años después todavía no se ha culminado la reforma, y la CNMC no funciona todavía con normalidad. Ha habido transitoriedad y ha habido inseguridad. Y está habiendo injerencia y absorción de competencias por el Ejecutivo que
la Unión Europea, clara y rotundamente, encomienda a los reguladores, por lo que ya ha apercibido formalmente a España. ¿Y todo este historial pretende Ciudadanos amnistiarlo en una palabra, o en dieciséis líneas, como ha durado el acuerdo de esta
PNL?
Miren, señorías, coincidimos en la necesidad del cambio, pero no con estas formas ni con esta precipitación ni con un diagnóstico incompleto, sesgado y poco riguroso, y menos con este utilitarismo partidista de Ciudadanos que se quiere
postular ahora como el adalid de la defensa de la competencia, cuando en realidad es la contraparte de un socio que no ha mostrado ni dolor de los pecados ni propósito de enmienda.
Señorías de Ciudadanos, ni siquiera conocen bien el proceso de la CNMC. No se fusionaron seis organismos, como afirman en la exposición de motivos; y no es un error numérico, es que se confunden con los organismos. Se integraron siete y
se extinguió uno, pero solo cuatro tenían actividad, como acredita el informe del Tribunal de Cuentas. Hacen tal ostentación del término 'capitalismo de amiguetes' en su exposición de motivos que genera la duda razonable de si es apología o
renuncia, porque Ciudadanos es muy dado al postureo que esta PNL ejemplifica: denuncian al Gobierno por incumplir el acuerdo de investidura, pero justifican su propuesta de reforma de la CNMC en base al mismo, y sin romperlo acaban haciéndose una
PNL a sí mismos. Este no es el camino para solucionar los problemas actuales de arquitectura institucional, de gobernanza y de relaciones entre el Ejecutivo y la CNMC, que se agravan a día de hoy yendo en la dirección contraria de lo que marca la
normativa europea. Lo pone de manifiesto la carta de emplazamiento contra el Reino de España de la Comisión Europea, de febrero de 2015 -y es una cosa muy seria-, en relación con la trasposición de las directivas de electricidad y de gas de 2009;
lo empeora el último bocado a las competencias de la CNMC aprobado en Consejo de Ministros de 13 de octubre de 2017; lo demuestra el estrangulamiento de medios materiales y personales de la actividad de la CNMC por parte del Ejecutivo, sentenciado
por el informe del Tribunal de Cuentas. En definitiva lo que señalan Bruselas y los hechos consumados es que tenemos al lobo cuidando de las gallinas, que con el pretexto de evitar la captura de los reguladores por el mercado, por las empresas
reguladas, la reforma del PP ha ido en la dirección que quizá él siempre ha perseguido: favorecer la captura del regulador por el Ejecutivo.
Lo que queremos en el Grupo Parlamentario Socialista es lo que procede: debatir un proyecto de ley del Gobierno, no una PNL en Comisión del socio del Gobierno, sea vía blanqueada o no. Nuestra enmienda es absolutamente constructiva, como
ha sido y va a ser toda nuestra tarea parlamentaria en este ámbito, pero con la máxima exigencia al Gobierno en la hoja de ruta a emprender en este ámbito.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Botella. Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de la enmienda presentada tiene la palabra el señor Blasco.
El señor BLASCO MÁRQUEZ: Buenas tardes, presidente. En la última sesión del año le diría al señor Roldán, porque ha hecho una referencia a que a los órganos reguladores a veces aspiran los alcaldes, yo le voy a hablar de eso porque yo he
sido alcalde, pero no aspiro, porque no me creo capacitado para ello, a ir a ningún órgano regulador. Pero en cualquier caso tenía que defender aquí a los que cuando estamos en el Pleno se dice que son los mejores gestores de España, porque son los
que han saneado sus administraciones, cosa que no hubieran podido hacer sin el apoyo del Gobierno de España en la legislatura anterior, cosa obvia, con los múltiples planes. Pero eso no es lo que nos ocupa aquí. Si yo estuviera en mi anterior
ayuntamiento diría que el mundo se divide entre los que tiran del carro, los que se suben al carro, y alguien me añade 'y los que ponen palos en las ruedas del carro'. Pero como estamos en la Comisión de Economía diré que desde el inicio de los
tiempos la iniciativa privada, en nuestra opinión, es lo que ha
movido el mundo. Hoy al Partido Popular -señor Roldán, esto que no se me olvide- no le interesan los grandes grupos empresariales. Si somos un partido conservador, que también nos llamamos liberales, si somos un partido conservador lo
primero que nos interesa es conservar el apoyo de la mayoría de los ciudadanos españoles, en eso sí que somos conservadores. Pero en esta PNL creo que tenemos muchísimo más de acuerdo que en contra, que discrepancias. Ambas, la iniciativa privada
y la libre empresa, están en el ADN de este partido, y creemos que también en el de la población española; pero los ciudadanos también nos piden a la vez que las administraciones públicas establezcan ciertos límites y controles a esa actividad
privada, con el fin de garantizar la defensa de los intereses de los consumidores, que somos todos, porque nosotros ahora somos diputados, pero antes no lo hemos sido y volveremos a no serlo. Obviamente defendemos que mayor competencia beneficia a
los ciudadanos, mayor supervisión y vigilancia para evitar posibles abusos y posibles acuerdos entre grupos empresariales nos beneficia a todos, y por tanto también estamos de acuerdo.
De la PNL del Grupo Ciudadanos estamos de acuerdo en casi todo, pero no compartimos, como decía la señora Botella, lo del capitalismo de amiguetes; no creemos que este sea el pasado de España en los últimos treinta años. Hemos ido muy a
mejor, y no es una economía la española, que es una economía muy abierta y muy competitiva, una economía de capitalismo de amiguetes. Pero sí que estamos de acuerdo totalmente con el señor Roldán en que para que el mercado funcione es necesario
dejar el máximo espacio posible a la iniciativa privada, pero dentro de unas reglas de juego claramente impuestas e imparcialmente ejecutadas, ha sido una frase, se lo reconozco, que me ha gustado. Es decir, estamos completamente de acuerdo. En
nuestra opinión, la CNMC ha cumplido -ahí también discrepamos algo- razonablemente su función. Y la CNMC ha gozado de amplia independencia de funcionamiento. De hecho muchas veces discrepa del Gobierno (Risas), y cuando un organismo regulador
independiente discrepa del Gobierno es porque goza de independencia, igual que aquí hemos visto al presidente de la AIREF también discrepar del Gobierno. Bueno, cada uno hace su análisis y cada uno hace su trabajo. El Gobierno y la CNMC no siempre
están de acuerdo, pero tiene que cumplir cada uno con su papel.
Como le he dicho al presidente antes que no era necesario agotar los tiempos, voy a intentar terminar cuanto antes. Desde el Grupo Popular vamos a defender nuestros compromisos. Y el compromiso que sirvió para que el presidente Rajoy
gobierne está basado en 150 puntos. En dos de esos compromisos el punto 12 dice 'garantizar la independencia de los organismos reguladores', y el Partido Popular hoy en esta proposición no de ley se compromete a lo acordado en el pacto, y lo
reiteramos hoy; y el punto 13 dice 'separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en dos entidades independientes, la AIReM, Autoridad Independiente de Regulación de los Mercados, y la AIDeCo, Autoridad Independiente de Defensa de
la Competencia. Cada una con su cometido.
Termino diciéndole, señor Roldán, y a la señora Botella también, que el Gobierno está comprometido con la tarea de fortalecer la eficacia y la eficiencia del sistema de supervisión de los mercados regulados y de defensa y promoción de la
competencia, así como con su independencia y gobernanza. Y prueba de ello es que ya en marzo de 2017, en marzo de este mismo año, se lanzó una consulta pública previa sobre una eventual reforma de dicho sistema. Uno de sus puntos puede ser, es
obviamente la escisión de la CNMC en dos puntos. Por tanto hemos presentado una enmienda que suaviza un poco la PNL presentada por Ciudadanos para quitar lo de los amiguetes, lo del capitalismo de amiguetes; espero que lleguemos a un acuerdo, y si
es así votaríamos a favor, porque el Partido Popular se caracteriza por cumplir sus compromisos. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Blasco. Para fijar posición en primer lugar tiene la palabra la representante del Grupo Parlamentario Vasco, la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
Hay que decir que el ministro ya anunció en enero la aprobación de una escisión de la CNMC. Además, como han dicho ustedes, es un acuerdo entre Ciudadanos y el Gobierno. Y la verdad es que tampoco entendemos muy bien por qué nos traen hoy
aquí esta proposición no de ley para instar al Gobierno a que haga algo que ya tienen acordado, y que por tanto con él deberían hablar para exigirle su cumplimiento, o por lo menos para que haga llegar a la Cámara una proposición de ley al respecto.
A no ser que a lo mejor lo que quieren es tener un feedback o una opinión de lo que esta Comisión tiene que decir al respecto.
Dicho esto, parece que se presenta una oportunidad de impulsar estos organismos con una competencia sectorial que está delimitada, organismos al parecer especializados y además con recursos
para su actividad, que entendemos que servirán para tener una estructura que responda a las necesidades de la economía, por lo que nosotros no seremos los que no vayamos a apoyarla si esto redunda, como he dicho, en el buen funcionamiento de
la economía. Pero esperaremos para ver si hay alguna transaccional y para fijar nuestra posición.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo de Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente. Comparto el estupor de la compañera del PNV. Esta PNL de Ciudadanos sobre la separación de las funciones de regulación y defensa de la competencia actualmente atribuidas a la
CNMC en dos nuevas entidades independientes empieza, en su exposición de motivos, con un canto al modelo liberal que ha imperado en Europa en las últimas décadas, un modelo económico que -los resultados cantan- está absolutamente dominado por las
grandes corporaciones que viven de las contrataciones públicas en servicios básicos, en grandes infraestructuras financiadas con fondos públicos. Todo el modelo por lo tanto es falso, es de cartón piedra. Llaman economía liberal al negocio formado
a partir, no de la competitividad empresarial real basada en servicios y productos eficientes y de calidad, sino en los contactos que los mal llamados empresarios se aseguran a partir de vaya usted a saber qué, y que obligan a modificar las leyes a
su antojo con el visto bueno de los políticos de turno.
El último caso lo conocen bien ustedes, con el decreto Fainé, para saltarse la propiedad real de la empresa, que corresponde a los accionistas, beneficiando a los directivos del IBEX, reventando la democracia corporativa. Pero podríamos
seguir por la selva regulatoria que domina el sector eléctrico a antojo de los bufetes del oligopolio eléctrico. O seguir con las empresas del sector de las telecomunicaciones, que pagan muy bien en campaña electoral a ciertos partidos los favores
recibidos durante todo el año. O las empresas del sector aeroportuario y ferroviario, sectores en los que el control sigue siendo del Estado sin liberalizar realmente el mismo. En resumen, un sistema montado a lo largo de los años para usufructo
de unos cuantos, y que venimos padeciendo el resto y la economía en general; un sistema que ha sido calificado como de los menos transparentes, como indica el índice de percepción de la corrupción 2016 de transparencia internacional, por debajo de
repúblicas como las de Bután, Botsuana o Brunéi, por quedarnos en la B de Bárcenas. Y Ciudadanos lo sabe perfectamente, porque quien les financia ha vivido de ese cuento durante años.
A pesar de todo la propuesta de Ciudadanos en cuanto a la separación de las funciones regulatoria y de defensa no nos parece mal en principio. No nos fiamos en quién y cómo debe desarrollarla, especialmente en cuanto a la garantía de
independencia y profesionalidad de las personas que deberían ser las responsables del mismo. Pero es necesario entrar en el debate de cómo debería ser este sistema regulatorio o supervisor, y añadiendo la necesaria mirada respecto a los derechos de
los ciudadanos consumidores. Como siempre nos encontramos con la mirada de vuelo gallináceo de Ciudadanos sobre la unidad de mercado, sin pensar que el mercado actual es el europeo en primer término y el global en segundo término. La lógica
prevención sobre la voluntad recentralizadora de acometer una reforma de este tipo pensando en recortar las competencias de las comunidades autónomas hace que nuestro voto en principio esté en la abstención, a expensas de cómo sean contempladas
algunas de las enmiendas presentadas, concretamente las de Unidos Podemos y PSOE.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila. Señor Roldán, le pregunto si acepta las enmiendas.
El señor ROLDÁN MONÉS: Presidente, agradezco los comentarios constructivos de los diversos grupos, y solicitaría un poco más de tiempo para analizar las enmiendas, si es posible. Gracias. (La señora Martínez Rodríguez: ¿No hay turno en
contra, señor presidente?).
El señor PRESIDENTE: Disculpe, señoría. Tiene usted la palabra.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La fusión de la Asociación Nacional de la Competencia y los organismos reguladores sectoriales la verdad es que contó en su momento con una gran oposición política e igualmente entre los expertos. Pero
la verdad es que el debate sobre si debe haber una sola autoridad que agrupe competencia y regulación, o si deben ser organismos separados, competencia, y abramos también el debate sobre si un solo organismo regulador u organismos
sectoriales, creemos que se ha hecho de una manera que solo ha creado agitación e incertidumbre, tanto en el ámbito institucional como en el ámbito del mercado, y lo vemos simplemente como un capricho de Ciudadanos que no da para nada respuesta a
los actuales problemas de funcionamiento de la CNMC. Nuestro grupo es mucho más partidario de hacer las reformas necesarias en el corto plazo para que la CNMC pueda cumplir plenamente los objetivos para los que fue creada, es decir, velar por la
correcta competencia de los mercados y la supervisión de los mercados regulados.
Hay tres cuestiones que nos parecen fundamentales. La primera es dotar al regulador de todas las competencias reconocidas en el marco jurídico europeo sobre agencias reguladoras, especialmente lo relativo a las Directivas 2009/72 y 2009/73,
que como bien saben ya existe un dictamen motivado por Bruselas a cuenta de a quién corresponde la responsabilidad de fijar los peajes de red, y el real decreto de reestructuración del Ministerio de Energía, que vacía de facto las competencias al
regulador de energía. El segundo punto sería dotar a la CNMC de los recursos y medios necesarios, tanto económicos como humanos, no solo en cantidad, sino también en calidad. Es importante atraer talento y perfiles especializados para los mercados
complejos y nuevos sobre los que trabajan. Eso requiere autonomía, requiere flexibilidad, pero por supuesto con los debidos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Y finalmente independencia en los nombramientos de los consejeros, independencia política. Aquí desde luego la fórmula que Ciudadanos propone en su proyecto de ley no nos parece adecuada. Creemos que minimizar el control del Congreso no
incrementa esa independencia política, pero creo que es el camino, es una de las cuestiones que hay que resolver.
En definitiva, el debate sobre las formas tapa el gran debate de fondo, que es para qué queremos un regulador y cuál queremos que sea efectivamente su función. Nos gustaría que fuera un debate de fondo, sosegado, que implique a las personas
trabajadoras, que implique a la CNMC, a expertos en regulación y derecho de la competencia, a partidos, a la Asociación de consumidores, a empresas, y que seamos capaces de adoptar un modelo de regulación y de competencia que responda a los retos y
a la realidad de la sociedad y de la economía española. Eso implica llegar a un diagnóstico común de los problemas, para lo cual hay que bajar al detalle, estudiar la arquitectura institucional, cómo conseguir la independencia, cuáles son los
conflictos, dónde están los cuellos de botella, qué recodos hay, cuál es el marco europeo, los nuevos mercados; es decir, cuáles son los problemas y cómo les damos solución. Esto es algo que faltó en la Ley de 2013. No se hizo un análisis previo
y, por tanto, la ley nació sin cumplir un objetivo claro. No caigamos en el mismo error y, desde luego, como hemos dicho antes, separar competencia y regulación, si no tomamos medidas adicionales que den respuesta a los problemas, no soluciona la
situación actual de la CNMC.
Independencia política, recursos y competencia. Sin eso la proposición de Ciudadanos son puros fuegos de artificio para disfrazar un acuerdo de investidura vacío. Lo importante de un gato no es que sea blanco o negro, sino que cace
ratones; y lo importante de la autoridad de la competencia y de los organismos reguladores no es que estén juntos o separados, sino que cumplan su misión y que tengan los medios necesarios para conseguirlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
- SOBRE LA APROBACIÓN DE MEDIDAS DE IMPULSO A LA INDUSTRIA DEL TRANSPORTE SOSTENIBLE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001515).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día, proposición no de ley sobre la aprobación de medidas de impulso a la industria del transporte sostenible, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su
defensa, tiene la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
En los próximos cinco o diez años se va a producir una revolución total en la industria del automóvil, una revolución que va a cambiar el automóvil tal y como lo conocemos, vamos a pasar a un automóvil
conectado, a un automóvil autónomo y a un automóvil eléctrico. El sector del automóvil es el primer sector industrial de este país, supone alrededor del 10% del PIB, más o menos el 17,7% de las exportaciones, genera 300 000 empleos directos
y unos 2 millones de empleos indirectos, es decir, es un sector clave para la economía española, un sector que no se puede dejar caer, que no se puede olvidar. Teniendo en cuenta la revolución que va a experimentar este sector tenemos que pensar
dónde se van a fabricar esos coches que vienen, si esos coches que vienen se van a fabricar en España o se van a fabricar en otros países. Nosotros creemos que sería bueno que esos coches se siguiesen fabricando en las factorías que hay en España,
que las grandes empresas automovilísticas apostasen por fabricar sus nuevos modelos en las factorías que hay prácticamente en todas las comunidades autónomas, porque es un sector que afecta geográficamente a todas las comunidades autónomas. Esa es
la clave, decidir si queremos o no queremos que el coche que está a la vuelta de la esquina se fabrique en España. Y, si queremos que se fabrique -y creo que en eso estaremos todos de acuerdo-, tenemos que apostar por medidas que de verdad fomenten
la fabricación de esos coches en España, lo cual pasa por que haya un mercado interior potente. Si no hay un mercado que absorba más o menos el 30% de esos coches nuevos que se fabrican, las empresas nunca van a apostar por fabricar aquí. Esa es
la clave.
En esta iniciativa lo que proponemos son medidas en ese sentido, medidas que ya están tomando otros países de nuestro entorno: Noruega ya se ha puesto como objetivo que en 2025 no se produzcan ventas de coches de diesel y de gasolina y
Francia también se ha puesto un objetivo ambicioso, que en 2040 se ponga fin a la venta de estos vehículos de combustión. En España, sin embargo, estamos lejísimos de estas cifras, hecho que no favorece la decisión de fabricar aquí los coches. Las
ventas de coches en 2016 fueron de 1 100 000, o algo más, sin embargo, solo se vendieron poco más de 47000 coches eléctricos. Por lo tanto, hay que tomar medidas a favor de este tipo de vehículos como las que proponemos. Por supuesto, que haya un
plan plurianual de ayudas a la compra de este tipo de vehículos porque ahora mismo el precio de este tipo de vehículos es un hándicap considerable, tiene que haber un plan plurianual para que el consumidor tenga claro que se van a producir ayudas de
este tipo, que no van a ser flor de un día, sino que año tras año se van a conceder. Por supuesto, las cuantías de las ayudas han de ser mucho mayores; actualmente el Plan PIVE está dotado con una cantidad mayor que el Plan Movea, que tiene
asignadas unas cantidades ridículas, tanto que en menos de 24 horas se ha agotado el Plan Movea y así es imposible que alcancemos los 150 000 coches eléctricos que se puso como objetivo España en 2020. También tenemos que favorecer las
infraestructuras de recarga, porque si no hay infraestructuras de recarga, tanto privadas como públicas, para que un supermercado o un hotel pueda ofertar a sus clientes puntos de recarga, así es difícil que se vendan este tipo de vehículos.
También tenemos que desarrollar la conexión intermodal entre los transportes de mercancías para que no tengamos que estar dependiendo del transporte por carretera. Si queremos un transporte de cero emisiones también tendremos que apostar por el
transporte por ferrocarril y que luego haya una conexión con los puertos. Lo que no puede ser es que el ferrocarril no tenga conexión con el puerto y haya que trasladar los coches por carretera uno o dos kilómetros. Así es imposible que se
desarrolle, tiene que haber una conexión intermodal entre todos los medios de transporte.
En definitiva, proponemos una serie de medidas que creemos que son positivas para favorecer el sector industrial del automóvil eléctrico y alternativo en España. Y por supuesto, aunque aquí, como estamos en la Comisión de Industria,
Economía y Competitividad, hemos puesto el foco en lo que es la industria del automóvil, no nos tenemos que olvidar tampoco de la cuestión medioambiental. Aquí en Madrid, aunque solo vivamos unos días a la semana, sabemos bien lo que pasa con la
contaminación. Es un reto del que no nos podemos olvidar y el coche eléctrico y alternativo favorecería en ese sentido.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez.
En defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
La industria vinculada al transporte sostenible tiene claramente dos áreas de trabajo y de promoción: una es la automoción, la fabricación de los propios vehículos, y la otra es la electrificación, toda la infraestructura necesaria para la
recarga de estos vehículos. Como bien ha dicho el compañero, la industria del vehículo de automoción, tanto de fabricantes de automóviles como de componentes, representa casi 300 000 empleos en España. El sector de la movilidad y del transporte
está en plena
transición hacia la descarbonización, que ha empezado mucho más tarde que el sector energético y que tendrá que hacerla mucho más rápidamente si realmente queremos cumplir los acuerdos de París y si nos estamos tomando en serio en este país
la lucha contra el cambio climático. Es responsabilidad de las instituciones poner las condiciones para que esta transición, en primer lugar, sea justa para las personas trabajadoras del sector, para los territorios, ciudades, pueblos, comarcas que
dependen en un porcentaje muy alto de esta industria. Tiene que ser inteligente, es decir, dar seguridad a las inversiones y que esas inversiones se hagan en tecnologías e infraestructuras de futuro, es decir, no invertir en algo que en diez o
quince años se va a quedar obsoleto o que no nos sirve para conseguir nuestro objetivo final. Y en tercer lugar, como decía, que se haga a tiempo. Es muy importante que esa transición acompañe a la industria pero que no lleguemos demasiado tarde.
Porque, fíjense, en julio se publicó la agenda sectorial de la industria de la automoción, firmada por el ministro de Economía, y les reto a que en ella encuentren las palabras descarbonización, vehículo eléctrico o cambio climático. Es
como si la industria de automoción en España mirase para otro lado y no tuviese en cuenta estas grandes cuestiones dentro de su estrategia, dentro de los grandes retos a los que se enfrenta. España tiene uno de los porcentajes más bajos de
vehículos eléctricos, tanto en ventas como en utilización, y si no creamos en España un mercado de vehículos eléctricos, los fabricantes fabricarán los vehículos en países donde se están comprando, principalmente China e India. ¿Y qué le quedará a
España y a Europa en general? Importarlos; vamos a pasar de ser exportadores de vehículos a importadores. Claro, si queremos fomentar el vehículo eléctrico, ¿qué es antes, el huevo o la gallina?, ¿qué es antes, el vehículo eléctrico o los puntos
de carga? Y cuando hablamos de puntos de carga, ahí sí que las instituciones tienen un papel determinante en la promoción, en la regulación y en la facilitación de la instalación de estos puntos de carga, que ha de hacerse de una manera cómoda y
atractiva para que los consumidores puedan acceder y no conciban el vehículo eléctrico como un impedimento.
¿Cómo ha de ser esta transición? Creo que tiene que ser directa, y tiene que ser de los combustibles fósiles directamente a la electricidad cien por cien renovable. Esto implica que el Plan Movea no prevea ayudas para vehículos a gas ni
para vehículos de combustibles tradicionales que sean más eficientes. El gas no es una fuente de energía de transición, solo consolida la dependencia energética de nuestro país, de multinacionales y de países inestables, que además, por lo general,
tienen una trayectoria de violación de derechos humanos, y la vida útil, la trayectoria, la producción de gas muchas veces tiene una huella de carbono mucho mayor que la gasolina y tiene un impacto mayor en el cambio climático por la liberación de
metano que hay en la extracción del gas. Si tenemos que apostar por el gas en vehículos de transporte de mercancías, por ejemplo, que sea el gas renovable que deriva de la quema de residuos, por ejemplo. Los biocombustibles tampoco son una opción,
consumen demasiada tierra y demasiada agua y su huella ecológica sigue siendo demasiado alta. Tiene que ser también una transición eficiente, esto es: el planeta no tiene ni la energía ni las materias primas necesarias para hacer una sustitución
total del actual parque de vehículos de combustibles fósiles por vehículos eléctricos. Por lo tanto, hay que favorecer la intermovilidad, hay que favorecer el transporte público y, sobre todo, repensar las ciudades y el espacio.
Con estas premisas hemos presentado una serie de enmiendas para que la transición sea directamente al vehículo de cero emisiones, que no se contemple el gas u otros derivados del petróleo en esta transición; para que se añadan medidas que
hagan más atractivo el vehículo eléctrico, y sobre todo para que se contemple una fiscalidad mucho más detallada, porque la fiscalidad tiene que ser clave no solo en la transición hacia otra movilidad sino, en general, en la transición ecológica y
en la lucha contra el cambio climático.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Mira para la defensa de las enmiendas presentadas.
El señor GARCÍA MIRA: Muchas gracias, señor presidente.
Celebramos la presentación de esta iniciativa de impulso a la industria del transporte sostenible, y la celebramos porque desde el Grupo Socialista estamos convencidos de que la evolución natural del sistema de transporte por carretera tiene
que ser hacia modelos más seguros, más eficientes y más sostenibles.
Es muy difícil, y por tanto aventurado, predecir el futuro, y mucho más en sectores donde la tecnología juega un papel esencial. Lo que tenemos claro es que los coches en España y en la mayor parte del
mundo muy pronto serán eléctricos, como se ha dicho aquí, estarán conectados y serán autónomos. Nuestro deber como representantes políticos de los ciudadanos es trabajar por el interés general. Y en este sentido el futuro de la automoción,
el futuro de la movilidad, tal como lo vemos en el Partido Socialista, tiene que ofrecer vehículos más seguros, más eficientes y menos contaminantes. Por su parte la Comisión Europea ha advertido en numerosas ocasiones a España sobre los elevados
niveles de contaminación del aire por dióxido de nitrógeno, instándonos a la reducción inmediata de emisiones contaminantes, así como a acelerar el proceso de transición hacia una economía menos dependiente del carbono.
Por otro lado, según un estudio de la Escuela Nacional de Sanidad, la contaminación por partículas en el aire ha provocado la muerte prematura de más de 26 000 personas en España a lo largo de la última década. Teniendo en cuenta que el 75%
de las partículas en una ciudad es resultado de las actividades humanas, fundamentalmente del tráfico, es imprescindible y urgente tomar medidas a corto y a medio plazo para reducir la contaminación del aire que respiramos. Es un problema de salud
pública que no podemos obviar, por lo que debería ser prioridad del Gobierno alcanzar, como mínimo, las normas de calidad del aire que fija la Unión Europea. Para conseguirlo es fundamental el impulso del transporte sostenible, el impulso del uso
del vehículo menos contaminante.
Nuestro compromiso, por tanto, en esta transición ecológica de la economía pasa necesariamente por impulsar medidas en todos los ámbitos que ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Y en el futuro de la automoción no
podemos ser neutrales con la tecnología. Es necesario favorecer la investigación, el desarrollo, la innovación y el uso del vehículo eléctrico. Es imprescindible que un sector tan decisivo para España como es el automóvil evolucione hacia la
fabricación de nuevos modelos más sostenibles y más eficientes y seguros, acordes con las nuevas demandas de la economía digital.
El Gobierno del Partido Popular parece que no comparte esta idea. En el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte estiman razonable que en el año 2020 se llegue a 150 000 vehículos eléctricos matriculados, cuando a
finales de 2016 no llegábamos ni a 20 000. Parece un objetivo muy difícil, a tenor de la tibieza de las últimas medidas anunciadas por el Gobierno. No solo consideramos que los planes del Gobierno del Partido Popular de ayuda a la demanda de
vehículos de energías alternativas han sido muy limitados en su dotación presupuestaria, sino que además la gestión de las ayudas ha sido muy deficiente. Y no solo lo lleva denunciando el Grupo Socialista. Recientemente, la Comisión Europea ha
denunciado que los planes del Gobierno español de incentivos a la compra de estos vehículos han sido muy limitados en el tiempo y en el presupuesto, con unos objetivos poco ambiciosos o difíciles de cumplir en las medidas fijadas. También ha
amonestado a España por no incluir en su estrategia de impulso del vehículo propulsado por energías alternativas el número de puntos de recarga objetivo para 2020, tal y como requería la Directiva 94/2014/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
22 de octubre de 2014, relativa a la implantación de infraestructuras para los combustibles alternativos.
Es necesaria e imprescindible una apuesta decidida por el vehículo eléctrico. Así lo han entendido otros países de nuestro entorno. Por citar algunos ejemplos, Alemania se ha propuesto como objetivo llegar a un millón de vehículos
eléctricos en 2020, impulsando un sistema de ayudas de 1200 millones de euros. El plan incluye la financiación de instalación de nuevas estaciones de carga rápida para vehículos eléctricos en todo el país, 300 millones de euros para cuatro años. Y
la electricidad que usen debe proceder solo de fuentes renovables. También hay 100 millones de euros de ayudas para la compra de vehículos eléctricos públicos. Por su parte, el Reino Unido lanzó en 2014 un plan de 850 millones de euros para
impulsar un vehículo eléctrico, con medidas para apoyar la investigación, el desarrollo y la innovación de la industria para puntos de recarga ultrarrápidos para autoridades locales y para la compra de vehículos eléctricos para taxis y autobuses
urbanos. Los países nórdicos van en direcciones similares.
Desde el Grupo Parlamentario Socialista, por tanto, hemos presentado diferentes iniciativas en el Parlamento reclamando al Gobierno una serie de medidas para impulsar la industria y el uso de este tipo de vehículos, medidas que van desde
incorporar en el Marco de Acción Nacional de Energías Alternativas en el Transporte la fijación de objetivos a conseguir a corto, medio y largo plazo, así como el cronograma y planificación de las medidas a implantar: hacer más eficientes y
efectivos los programas públicos que fomenten e incentiven la demanda, el uso y la compra de vehículos eléctricos mediante un aumento progresivo de la dotación presupuestaria de los programas anuales de ayudas públicas, incluyendo criterios de renta
para acceder a las ayudas; garantizar una gestión ágil de estas y pago en cortos plazos, realizando una evaluación anual objetiva de los resultados y de la gestión de estos planes a la demanda para mejorar las siguientes convocatorias; una apuesta
decidida por la investigación y la innovación y la
industrialización asociada a este tipo de vehículos; asegurar a medio plazo una infraestructura de recarga accesible y suficientemente distribuida en todo el territorio.
Ya para terminar, hemos enmendado esta iniciativa que valoramos como oportuna pero que tenemos la voluntad de apoyar incorporando algunas modificaciones que refuercen el sentido de lo que acabo de comentar y proponiendo la adición de dos
puntos en relación con la colaboración desde la Federación Española de Municipios y Provincias y en relación con la propuesta de creación de un observatorio del vehículo eléctrico como un foro de diálogo permanente que permita reforzar la
coordinación entre las distintas administraciones y la participación de los distintos organismos y actores sociales y económicos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Mira.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Popular, tiene la palabra la señora Moraleja.
La señora MORALEJA GÓMEZ: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero expresar mi mayor repulsa al asesinato ocurrido en Zaragoza de una persona de 55 años. Creo que ha sido un acto horrible que en esta sociedad no se debería consentir. Por tanto, por mi parte y por parte de mi grupo,
condenamos este asesinato.
En cuanto a la PNL que nos trae esta tarde el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tengo que decir varias cosas. Es una iniciativa de la que se ha hablado bastantes veces en esta Cámara, ya sea en Comisión o en Pleno. Y hablamos de articular un
plan plurianual de ayudas directas para la adquisición de vehículos eléctricos, del plan de impulso a la movilidad de vehículos de energías alternativas, del Plan Movea, con la finalidad de garantizar la estabilidad y continuidad temporal de las
mismas.
Desde el Partido Popular creemos que en cuestiones relacionadas con movilidad eficiente y energéticamente sostenibles es importantísima la coordinación de los distintos departamentos ministeriales implicados, tanto el Ministerio de Economía
e Industria, en la parte que afecta a industria, como el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, en materia de transición energética, ahorro y eficiencia, el Ministerio de Hacienda y Función Pública, en lo que a cuestiones de fiscalidad de
refiere, el Ministerio de Fomento, para cuestiones relacionadas con el transporte, o el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para cuestiones relacionadas con objetivos de cambio climático y calidad. Por tanto, señorías,
sí podemos estar de acuerdo en que es necesario un plan que acoja y que aúne todas estas sensibilidades. Sería importante que fuese un plan que se llevase a cabo por los distintos ministerios y que aglutinase a todos ello en un único epígrafe, con
una única marca. Tendría que ser fuera de cualquiera de los ministerios, puede ser, como se hacía antiguamente con el Plan PIVE, por el IDAE, que sigue aportando dinero, porque veo que en esta PNL se habla del Movea pero se han olvidado del Movalt.
Solo quiero resaltar que no solo son los 16,6 millones que establece el diputado de Ciudadanos, sino que también estamos hablando de 50 millones que el IDAE pone, a través del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para actuaciones
dirigidas a fomentar una movilidad alternativa y eficiente energéticamente incentivando 20 millones de euros para la adquisición de vehículos y otros 15 millones de euros para la instalación de infraestructuras de recarga, tema del que
posteriormente hablaré. Por tanto, el Partido Popular apoya todo lo relacionado con la automoción y con vehículos de energías alternativas, no solo del vehículo eléctrico, como hacen algunos diputados, en concreto del Grupo de Podemos. Nosotros
impulsaríamos la adquisición de vehículos propulsados por autogás, gas natural, fuel, gasolina, gas, los eléctricos, así como los de pila de combustible.
En cuanto al punto 1, estaríamos de acuerdo en articular ese plan. Creemos que tiene que ser un plan más ambicioso, es verdad que estamos de acuerdo en eso, pero habría que hacerlo desde distintos puntos de vista, y no solo desde la parte
del Ministerio de Economía e Industria con un único plan como es el Movea, sino que habría que aunar tanto el Movalt como el PIMA, también desde el Magrama, y otros programas que existen para incentivar este tipo de vehículos.
En cuanto a la propuesta del punto 2, que propone aumentar significativamente la dotación económica, evidentemente habría que hacerlo, lo que pasa es que aquí solo habla de 16,6 millones y yo quiero poner encima de la mesa 80 millones de
euros, los 50 que tiene el IDAE, los 16,6 que propone el Ministerio de Economía e Industria, más otros 16,6 millones que se van a proponer más adelante con el Movalt, para apoyar iniciativas de I+D+i. Por tanto, si ustedes suman, da una cifra
bastante diferente de los 16,6 millones de euros de los que habla el diputado del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Tampoco pensamos que tengamos que alcanzar 150 000 coches eléctricos en España en 2020, sino que creemos que su
fijación debería tender, en todo caso a la evolución que se vaya produciendo en el mercado. En cuanto a la revisión de la fiscalidad aplicable sobre vehículos con la finalidad de vincular su gravamen en función de su nivel de emisiones,
hemos de decir que ya se han hecho cosas en esta legislatura y en legislaturas anteriores, ya se ha ido revisando la fiscalidad. Evidentemente, siempre se puede volver a revisar y se pueden proponer nuevas figuras dentro de la fiscalización, pero
todo eso habría que estudiarlo. De todas maneras, aquí estamos hablando de un impuesto especial sobre determinados medios de transporte y en la disposición adicional octava ya se hablaba de la reestructuración de este impuesto y se tenían en cuenta
aspectos medioambientales y se concretaba en los tipos impositivos aplicables a los vehículos a través del establecimiento de distintos epígrafes en función de las emisiones de CO2, si superaban o no determinado número de gramos por kilómetro,
etcétera. La actual configuración de este impuesto especial responde no solo a la capacidad económica puesta de manifiesto en la matriculación de un medio de transporte, sino que también atiende a consideraciones medioambientales. En este sentido,
establece tipos impositivos en función de las emisiones de CO2.
El señor PRESIDENTE: Señora Moraleja, tiene que ir terminando.
La señora MORALEJA GÓMEZ: De acuerdo.
Nosotros hemos propuesto una enmienda al punto número 6. Esperamos que el Grupo Ciudadanos pueda aceptarla y así podremos votar por puntos su propuesta.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Moraleja.
En el turno de fijación de posiciones, en primer lugar, por el Grupo Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, presidente.
El sector de transporte se ha convertido en un gran consumidor de energía, un sector en el que prácticamente toda la energía que se demanda proviene del petróleo, especialmente en el transporte por carretera. Esto hace que sea un consumo
muy generador de emisiones de CO2 y contaminación acústica también, dependiente además de unas reservas de petróleo limitadas y concentradas en unos pocos países. Por eso entendemos que es necesario desarrollar una estrategia global para impulsar
la introducción o el desarrollo del vehículo eléctrico, ya que su eficiencia energética es mayor.
En Europa se están implementando ya políticas para apoyar el vehículo eléctrico, sobre todo para mejorar la eficiencia energética. Los motivos para desplegar este tipo de vehículos son obvios: disminuyen la contaminación, ayudan a mejorar
el aire de nuestras ciudades, disminuye la dependencia del petróleo, la emisión de gases de efecto invernadero y, por tanto, ayuda también al cambio climático. Y es que la movilidad eléctrica es clave para la descarbonización del transporte. Por
ello, es necesario eliminar las barreras que impiden o afectan el desarrollo de la movilidad eléctrica.
Sobre la aprobación anual de un programa de ayudas nos gustaría hacer alguna matización, porque a veces pueden hacer que las ventas se produzcan de forma intermitente, solo cuando hay ayudas, y puede conseguir un efecto desincentivador
también en los potenciales compradores, que muchas veces toman la decisión en función de si hay una ayuda o no, y también en las marcas de automoción, porque a veces les genera un funcionamiento distinto en los canales de venta y en las campañas de
marketing en función de si las ayudas están abiertas o no. Por lo que, a lo mejor, sería necesario revisar la fiscalidad, por ejemplo, en el IVA a la adquisición de este tipo de vehículos.
Por otro lado, vemos muy necesario el apoyo al desarrollo de las infraestructuras de recarga, que tiene que ser muy efectiva, ya que sin ella difícilmente se puede incentivar el aumento de este tipo de vehículos. En esto además tengo que
decir que en Euskadi ya tenemos unas iniciativas de colaboración tecnológica entre diferentes empresas y el cluster de energía para el desarrollo de soluciones de recarga rápida, que además se han validado con la instalación de varios prototipos.
Todo esto, además, ayuda al posicionamiento de la industria en el ámbito del vehículo eléctrico y en las infraestructuras de recarga.
Entendiendo, por tanto, que esta proposición no de ley es positiva, nosotros la votaremos a favor.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
Por el Grupo Esquerra Republicana de Catalunya tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Queremos mostrar nuestro escepticismo con esta propuesta. Esta vez -y espero no influir en la carrera política del proponente- no por la razón de que venga de Ciudadanos, sino por la voluntad del Gobierno del PP de llevar a cabo una
propuesta de tales características. Tenemos que recordar que justo hace un año desde el Grupo Mixto del Congreso y desde el Grupo de Esquerra en el Senado se presentó una iniciativa generada por el Institut Català d'Energia y por una cincuentena de
agentes públicos y privados para impulsar la movilidad eléctrica. Para que lo entiendan gráficamente, en Cataluña se habían puesto de acuerdo desde Endesa hasta Som Energia, que representan modelos energéticos absolutamente antitéticos, para elevar
una propuesta simple, una ley de ayudas para el fomento de la electrificación del transporte por carretera, una ley -no una PNL- que pretendía eliminar barreras legales, técnicas, económicas y administrativas para facilitar tanto el incremento del
parque de vehículos eléctricos como el desarrollo de las infraestructuras de recarga. El redactado, del que traigo una copia -después de tanto discurso buenista oído en los últimos minutos quizá alguien se sienta reflejado-, suponía la modificación
de siete normas básicas enmarcadas dentro del Plan estratégico para el desarrollo de infraestructuras de recarga para el vehículo eléctrico en Cataluña entre 2016 y 2019, liderado por el ICAEN mencionado y fruto de la cooperación entre empresas
energéticas, empresas de la automoción, fabricantes de equipos tecnológicos de recarga, empresas TIC y centros tecnológicos y de investigación referentes de nuevas tecnologías energéticas, entre otros. Supongo que ya conocen el final: el Gobierno
del Partido Popular se negó a llevarlo a cabo con la conocida argumentación presupuestaria, según decía. Por ello seguimos temiendo: uno, que no van a realizar lo que dicen. Ya conocen la tradición del Gobierno de darle a cualquier PNL de esta
Comisión o de la de Energía, en la que también me honro en representar a Esquerra, el fin del sueño de los justos. Dos, que además, en caso de que algo prospere, lo aprovechen para apropiarse de competencias de comunidades autónomas. Tres, que al
final se consolide un plan que no ayude realmente a la modernización de la estructura industrial, a las pymes y a los centros tecnológicos. No obstante -y espero que para eso sirva- tomaremos nota del resultado de esta votación, porque será un
argumento más que fundamentado para que la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital -el señor Nadal- vea que ustedes, la Comisión de Economía, están de acuerdo en destinar recursos al desarrollo de la movilidad eléctrica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
A los efectos de manifestar si acepta o rechaza alguna de las enmiendas presentadas, señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Sí, señor presidente. Estamos estudiando a ver si conseguimos una transaccional. Si no, se votará en sus términos, pero votando por puntos.
- RELATIVA AL DESARROLLO DE UNA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN PARA LAS MICROEMPRESAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS A TRAVÉS DEL FOMENTO DEL COMERCIO ELECTRÓNICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de
expediente 161/002149).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día, la proposición no de ley relativa al desarrollo de una estrategia de internacionalización para las microempresas y pequeñas empresas a través del fomento del comercio
electrónico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la iniciativa tiene la palabra la señora Cotelo.
La señora COTELO BALMASEDA: Gracias, presidente.
Hoy el Grupo Popular presenta aquí una PNL que lo que hace es adicionar a la propia estrategia de internacionalización que hace pocas semanas nos presentaba la secretaria de Estado. Y es que, como decía mi compañero el señor Píriz en su
cinéfila comparecencia con la secretaria de Estado, en esta vida se pueden adoptar diversas actitudes: ser conformista e ir tirando, justificarse y echar la culpa a otros de la situación con la que nos encontramos, o llevar la iniciativa,
arriesgarse, ponerse metas a medio y largo plazo y adquirir compromisos económicos que cumplir. En nuestro caso el Grupo Popular decidió apostar por la responsabilidad una vez más, y siguiendo la estela cinéfila que dejó mi compañero aludiendo a
Pretty Woman, el Grupo Popular lo quiere todo. Y por eso pedimos más y más concreto a esta estrategia de internacionalización.
Y como decía, no queremos ser conformistas. Con esta PNL queremos sumar a la estrategia. Se trata de ser proactivos, de exigir y de anticiparse, de entre todos completar aquello que el Gobierno y la Secretaría de Estado de Comercio
consideran que va a ser necesario para nuestras empresas, pequeñas, medianas y grandes, para nuestros emprendedores, para exportar más y mejor en los próximos años. Y guste o no guste a otros partidos, y como recordaba nuestra secretaria de Estado,
afortunadamente, pero sobre todo gracias al esfuerzo y el trabajo de todos, Administración y empresas, la situación ha cambiado mucho. En treinta años hemos pasado de no tener multinacionales a que hoy en día haya muchas, y además muchas de ellas
en sectores muy relevantes, muy punteros.
Pero siempre nos vamos a encontrar con quienes critican cuándo exportamos, cuánto exportamos e incluso qué exportamos. Hablamos de una economía que mantiene su cuota de exportaciones con un incremento de un 1,7% a 1,8% y subiendo dos
puestos, hasta el número 16 en el ranking mundial de exportadores, frente al número 21 que ocupábamos en el año 2012. Por lo tanto, es innegable que se ha producido una absoluta transformación en el escenario internacional. En consecuencia, por
medio de este itinerario, de esta estrategia en continua adaptación, podremos estar preparados para afrontar tales transformaciones de cara al futuro, a través de los planes bianuales, en concreto del Plan de acción bienal 2017-2018. A través de
estos planes seremos capaces de poder revisar, actualizar y así reconducir cuando se produzcan grandes fallos o imprevistos en el escenario.
Por todo ello, el Gobierno de España, con la responsabilidad que tiene sobre las políticas comerciales e internacionales, plantea toda una estrategia, porque apuesta por una política de Estado; una política de Estado que debería aprobarse
por consenso, porque si todos estamos de acuerdo en que actualmente uno de cada cuatro empleos depende de la internacionalización, si compartimos las ventajas que la internacionalización aporta a nuestras empresas y a nuestra economía, debería ser
un labor de todos los que estamos aquí independientemente de quién gobierne. Y aquí es donde queremos llegar.
Centrándonos en la PNL que hoy trae aquí el Grupo Popular, nos gustaría que todos los partidos se sumaran, ya que no estamos apoyando al Partido Popular sino que estamos apoyando a nuestras empresas, a nuestros empresarios, porque les
recuerdo que son las empresas y los empresarios los que generan el empleo, son ellos los que generan la riqueza, y yo no conozco todavía a ningún empresario que quiera cerrar su empresa. Es donde nos gustaría poner el foco de su atención, en la
importancia que tiene la incorporación de la innovación, la tecnología y la digitalización en la internacionalización. Pero como no disponemos de tiempo suficiente me voy a centrar en las propuestas más específicas sobre comercio electrónico, que
entendemos que son necesarias para contribuir intensamente a la transformación digital de las empresas españolas, porque durante los próximos años ningún sector podrá quedar al margen de la transformación digital, que modificará la forma de hacer
negocios, modificará los productos, los servicios disponibles, los canales de venta y los mecanismos o la relación con el consumidor.
En este sentido, les voy a dar solo uno cuantos datos de la importancia que tiene el sector del comercio electrónico. El comercio electrónico sigue en expansión y alcanza en 2016 los 25 354 millones de euros, un 22,2% más que en el año
2015; las tarjetas de crédito y de débito continúan siendo la forma de pago preferida por un 67%; los productos que siguen liderando la vena online, a partir de un 40%, son los alojamientos, los paquetes turísticos, los billetes de transporte, la
ropa, los complementos, los artículos deportivos y las entradas a espectáculos. El 71,6% de los internautas compradores han adquirido algún producto físico que requiere un envío. Las razones para realizar compras online son principalmente el
precio, las promociones y las ofertas. Y en cuanto a reclamaciones, solo un 16,9% de los compradores han tenido algún problema.
Por todo ello, le exponemos al Gobierno la necesidad de acompañar a las empresas en el proceso de transformación digital de su modelo de negocio a través de varias propuestas: incluyendo programas concretos de fomento del comercio
electrónico adaptados a las necesidades reales de gimes y microempresas; facilitando a las empresas el acceso a asesoramiento, a instrumentos que les puedan ayudar a integrar las nuevas tecnologías en sus canales de comercialización -herramientas
de marketing y procesos internos- así como a desarrollar nuevos productos, de forma que puedan aprovechar las oportunidades que en el nuevo entorno digital ofrecen tecnologías facilitadoras -estoy hablando de smart cita, bis data, chive seguridad-;
y facilitando a las empresas el acceso a los mercados electrónicos a través de la nueva plataforma eMarket Services. En sintonía con todo lo enumerado y para cerrar el círculo, proponemos que se impulsen acuerdos comerciales con la Unión Europea
que faciliten el desarrollo del negocio digital y del comercio electrónico, para que la empresa española pueda aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la transformación digital. Del mismo modo, con esta PNL también
reivindicamos de forma especial el impulso del capital humano, dad la necesidad del desarrollo de habilidades profesionales para estos empleos de las empresas más innovadoras y más conectadas, empresas que muchas de ellas se incorporarán al
futuro de la industria 4.0 y requerirán empleados cualificados.
En resumen, se trata de apostar por que todos los actores e interlocutores en la internacionalización, y muy especialmente el 95% del tejido empresarial que son micros y pymes, contribuyan en la medida de sus posibilidades a que nuestro
sector exterior siga incrementando su peso, como lo ha incrementado ya en un 53% en los últimos años.
Acabo, señorías. Estamos convencidas de que la estrategia de internacionalización es el instrumento que necesitan nuestras empresas, nuestros empresarios, grandes, pequeños y medianos, nuestros emprendedores, todo nuestro tejido empresarial
para seguir mejorando nuestra posición internacional. Pero todavía estamos más convencidos de que esta estrategia es una estrategia coordinada, porque se ha armonizado con las comunidades autónomas y con el sector privado, contando con las
aportaciones de todos, con las mejoras de todos nosotros, y con las que hoy hacemos de una manera concreta y puntual se verá optimizada. Y no será un éxito del Partido Popular, será un éxito compartido de los empresarios y trabajadores de nuestro
país, que nos van a volver a demostrar una vez más cómo nuestras empresas y trabajadores pueden afrontar sin complejos los mercados.
El señor PRESIDENTE: Señora Cotelo, tiene que terminar.
La señora COTELO BALMASEDA: Termino ya.
En cuanto a la enmienda, agradecemos a Ciudadanos la aportación que nos ha hecho. La aceptamos. Excede el objeto de la PNL, pero estamos convencidos de que sus aportaciones y las de todos nos permitirán mejorar la adaptación de esta
estrategia y de todos los planes para conseguir que la aportación del sector exterior al crecimiento y a la creación de empleo de este país cada día sea mayor.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Cotelo.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez. Le ha sido aceptada la enmienda ya.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Entonces no hace falta defenderla ya. Ha sido convincente mi exposición, veo. Muchas gracias, señor presidente.
Fuera ya de bromas, el Grupo Parlamentario Popular nos presenta una proposición no de ley que es curiosa, porque en la exposición que ha hecho ahora la proponente ha señalado una serie de medidas, todas positivas, para la
internacionalización del comercio electrónico, pero en la proposición solo se dice que se insta al Gobierno a incluir en la futura estrategia de internacionalización de la economía española acciones de apoyo a la internacionalización. Claro, la
proposición no de ley es del 12 de julio de 2017 y resulta que la estrategia en la que queremos instar que se incluya ya está aprobada, y está aprobada por el Gobierno del mismo partido que presenta la proposición no de ley. Es un poco curioso, no
sé si será por la diferencia entre el Legislativo y el Ejecutivo. Está bien que haya esa separación de poderes y que el Grupo Popular inste a su Gobierno fuertemente a hacer cosas. Nos sumamos, a ver si de verdad hay esa diferencia entre el
Legislativo y el Ejecutivo, pero es curioso.
Yendo a la cuestión, estamos de acuerdo en que se tiene que aumentar la venta electrónica transfronteriza, que es uno de los problemas que tienen nuestra pymes. Nuestras pymes venden a través del comercio electrónico más que la media
europea, pero cuando se trata de vender a otros países online estamos en el puesto 20 de 28, estamos por debajo de la media europea; la media europea es del 7,5% y nosotros nos situamos en el 5,9%, y esto no está mejorando en los últimos años sino
empeorando.
Por supuesto, aparte de todas las medidas que se pueden hacer, hay una medida clave, y es el incremento del tamaño de nuestro tejido empresarial. Sin un tejido empresarial más grande es muy difícil que nuestras empresas se puedan dedicar a
internacionalizarse o a invertir en I+D+i, porque básicamente con empresas tan pequeñas -más del 42% de nuestra empresas, millón y medio de empresas, tienen entre 1 y 9 trabajadores- es muy difícil estar pensando en vender al extranjero o en
invertir en I+D+i; más bien tienen una economía de guerra y lo que tienen que hacer es ver cómo llegan a fin de mes y poco más. Por eso, lo que tenemos que intentar es aumentar el tamaño de nuestras empresas, y para eso lo
que hace falta es hacer un estudio de todas las barreras legislativas que hay al crecimiento empresarial y eliminar todo ese tipo de barreras. También es necesario que haya de verdad una unidad de mercado en España, que no sea tan
complicado establecerse en diferentes comunidades autónomas, que para abrir una empresa en otra comunidad autónoma no te las veas y te las desees. Esa será la manera de aumentar la productividad de nuestras empresas y de que de verdad sea posible
que exporten. Porque nuestras grandes empresas son igual de productivas que nuestras pequeñas empresas y microempresas. Por eso, para nosotros, como digo, es fundamental que crezcan.
Las enmiendas que hemos presentado son relativas al acuerdo de investidura que había entre el Partido Popular y Ciudadanos. Y hay un tema que me parece fundamental, sobre todo viniendo de donde vengo, de Aragón, que es el de las
infraestructuras de las redes, porque aquí podemos hablar de fomentar el comercio electrónico y todas esas cosas, pero cuando te vas por muchos sitios, hay una gran superficie de nuestro país donde no tienes ni cobertura de teléfono y es difícil
estar planteándote el comercio electrónico si no tenemos conexión a Internet ni banda ancha ni nada. Por ahí tendremos que empezar para que de verdad podamos fomentar el comercio electrónico.
Y con esto ya termino. Votaremos a favor porque nos han aceptado la enmienda. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Gómez. Por el Grupo Vasco, la señora Sagastizabal tiene la palabra.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Presidente, no voy a intervenir. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra el señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
Con el debido respeto, resulta difícil dar un mínimo de credibilidad a las PNL del Partido Popular en esta Comisión, en esta y en otras, no solo en esta PNL y en esta Comisión. Pecan de estar vacías de contenido y además no van acompañadas
de una experiencia previa que pueda verificar su voluntad de avanzar en el sentido de las mismas.
En la que ahora nos concierne, piden al Gobierno, es decir, a sí mismos, que incluya en la futura estrategia de internacionalización de la economía española acciones en apoyo de la internacionalización de las microempresas y pequeñas
empresas, esta vez a través del fomento del comercio electrónico. Primero, porque lo dice un partido que se ha caracterizado por bandear a las pymes de todas sus políticas de desarrollo empresarial, al contrario, es gracias al PP que las grandes
corporaciones han seguido creciendo e incluso a costa de ganar espacio a las pymes. Su política favoreciendo la morosidad de las grandes corporaciones sobre las pymes la vamos a constatar también en la próxima discusión en la Comisión.
Precisamente en la pasada comparecencia de la secretaria de Estado para presentar esta estrategia de internacionalización de la economía ya le indicamos, por ejemplo, la necesidad de reforzar los aspectos ligados a asegurar que las pymes tengan
acceso a los contratos de servicio en el exterior.
Del tema tecnológico, tres cuartos de lo mismo, todos sabemos cuál es la realidad de la inversión en I+D+i del Estado español, y no vemos horizontes de cambio en todo ello. Celebramos al menos que Ciudadanos -vuelvo a pedir perdón- haya
tenido la delicadeza de intentar enmendarles la plana con un poco de literatura simulando un plan para rellenar, para impulsar su PNL con medidas concretas con las que podríamos empezar a discutir. Como siempre, les pedimos compromiso,
presupuestario a poder ser, cosa que no vemos en casi ninguna de las propuestas en esta Comisión.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidente.
Voy a ser muy breve, porque una PNL para instar al Gobierno a hacer algo que ya está haciendo es bastante sorprendente. Y si insta a hacer algo que el grupo de trabajo que se llama interministerial de apoyo a la internacionalización de la
empresa española no está haciendo, que es pensar en cómo utilizar el comercio electrónico para la internacionalización de la empresa española, es que deberían cerrar el grupo de trabajo por incapaces. De manera que si a estas alturas del siglo XXI
es necesario presentar
una PNL para que el Gobierno haga lo que está haciendo o para que el grupo de trabajo piense en lo que debería estar pensando, esto no nos lleva muy lejos en la argumentación.
De manera que, más allá de pensar en el comercio electrónico, lo que hay que hacer es mirar qué es lo que demandan las pymes cuando declaran cuáles son sus necesidades, y sus principales necesidades son básicamente dos: uno, la falta de
ventas, que parcialmente se puede cubrir con el comercio electrónico en el exterior, pero en la que no hay que olvidar la demanda interna y la repercusión que la crisis y las políticas aplicadas durante el Gobierno del Partido Popular han tenido
sobre la demanda interna; y dos, el acceso al crédito y la repercusión que eso tiene en términos de acceso a mejores condiciones de financiación.
Así que, por la originalidad de la propuesta, nos abstendremos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero. Ha quedado clara la posición del grupo.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el señor Palacín.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, presidente.
Ya lo han dicho los anteriores portavoces: estamos debatiendo una iniciativa del Partido Popular en la que instamos al Gobierno a incluir en una futura estrategia de internacionalización de la economía española acciones de apoyo a las
microempresas. La futura estrategia es la que se publicó el pasado 27 de septiembre, en la que prácticamente no se incluía nada que tuviera que ver con comercio electrónico y microempresas o pequeñas empresas. La cuestión es si lo han hecho adrede
para poder traer hoy esta PNL aquí o realmente nos hemos olvidado del comercio electrónico y las pymes dentro de esta estrategia de internacionalización. Sí es verdad que aparece dentro de la estrategia el portal Red.es como una entidad impulsora
de la transformación digital, pero invitaría a todos los miembros de la Comisión a acceder a él para que vean la posibilidad de traer otra iniciativa aquí para mejorar el portal, porque realmente tiene muchísimos fallos o se ha vuelto a olvidar
también en este caso a las pequeñas y medianas empresas.
En la parte expositiva hablan de que el tejido productivo de nuestro país ha sufrido una especie de revolución en la que ha ganado peso el comercio exterior, pero no nos olvidemos de que esto no ha sido fruto de una estrategia del Gobierno,
sino de la propia supervivencia de las empresas, que a raíz de una reducción de la demanda interna sustentada por una rebaja del gasto público y una devaluación salarial, para mantener las cifras de ventas o crecer, tenían que buscar otros mercados.
Y esto es positivo, que se abran otros mercados y se incrementen las cifras de exportación. Pero también hemos basado los incrementos de productividad de nuestra economía únicamente en la devaluación salarial, que limitará el crecimiento futuro de
nuestras empresas, porque para una gran parte de ellas su mercado principal, cómo no, es el nuestro. Por lo tanto, si queremos mejorar el modelo, si queremos un crecimiento sostenible y a largo plazo que sea además inclusivo tenemos que dejar de
competir haciendo las cosas más barato y empezar a hacer las cosas mejor. Por eso nos alegramos también de que en la parte expositiva de esta iniciativa hablen de mejorar la innovación en pequeñas y medianas empresas. El problema es que resultan
muy poco creíbles, porque recientemente fueron publicados los datos de I+D+i sobre el total del PIB de nuestro país y, cómo no, volvieron a arrojar otro recorte más, seis años consecutivos de recortes en la cifra que nuestro país dedica a la
investigación, al desarrollo y a la innovación. Al final, si no nos desviamos del camino que están siguiendo otras economías avanzadas de nuestro entorno será más fácil lograr que nuestras pymes puedan seguir vendiendo y abriendo mercados en el
exterior.
A modo de resumen, por las razones expuestas y por la falta de ambición que vemos en esta iniciativa, aun habiendo incorporado la enmienda de Ciudadanos, mi grupo no podrá votar a favor de ella. Nos vamos a abstener, y esperemos que si es
aprobada se ponga en marcha y, realmente, el compromiso se refuerce con partidas presupuestarias, que es como desde nuestro grupo entendemos que se tienen que tomar y se tienen que poner en marcha las medidas: no solo anuncio de medidas, sino
también su contraprestación presupuestaria.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín. Pregunto a la señora Cotelo si confirma que se acepta la enmienda presentada por el Grupo Ciudadanos. (Asentimiento). Queda incorporada a efectos de la votación.
- SOBRE LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DESTINADAS A LA MEJORA DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y LA MOVILIDAD EN LA CONURBACIÓN DE BARCELONA, AL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DEL AIRE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente
161/002212).
El señor PRESIDENTE: Entramos en el siguiente punto del orden del día, sobre la adopción de medidas destinadas a la mejora del transporte público y la movilidad en la conurbación de Barcelona, al objeto de mejorar la calidad del aire,
presentada por el Grupo Mixto. Para su defensa tiene la palabra la señora Nogueras.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Gracias, presidente.
La contaminación atmosférica del área de Barcelona supera los límites fijados por las directivas y por lo tanto podría ser motivo de sanción por la Comisión Europea. Dado que procede fundamentalmente del uso masivo de vehículos privados,
deben tomarse medidas que combinen la restricción del tráfico con la ampliación de la oferta del transporte público. Este es uno de los motivos por los cuales nosotros presentamos esta PNL, y no voy a alargarme más en lo que ustedes ya deben haber
leído en dicha PNL.
La Generalitat de Catalunya tiene competencias exclusivas en la regulación medioambiental, pero las medidas relativas al tráfico, básicas para controlar los niveles de contaminación, son competencia estatal. Así pues el conseller Josep Rull
ha intentado desde hace mucho tiempo contactar tanto con el ministro de Fomento como con el de Hacienda y el de Interior, solicitando colaboración del Gobierno para coordinar y desarrollar esta agenda para la descontaminación del aire. La respuesta
ha sido que no hay respuesta. Esto lo leemos como que el interés de este Gobierno por el progreso en Cataluña es cero.
Agotadas las vías para intentar establecer este diálogo y visto que es inexistente, utilizamos esta Comisión para exigir una cosa que a nosotros nos parece bien sencilla, que es que el Gobierno trabaje, que dedique menos tiempo a hacer
vídeos ridículos, que distorsionan la realidad, porque estamos muy hartos ya de mentiras y de manipulaciones. Porque la realidad en Cataluña es la siguiente: que el Estado español no cumple con Cataluña. Punto. Y les voy a dar un ejemplo. Antes
escuchaba a un diputado del Partido Popular decir que el Partido Popular cumple. En materia ferroviaria la Generalitat de Catalunya ha ejecutado el 87% de sus compromisos y el Estado español solo el 27%. Esto, en mi casa es no cumplir. Les pido
también a aquellos que creen que quizás somos necios que frenen, que paren y que solo cumplan, que es lo que tienen que hacer. La Generalitat de Catalunya cumple, el Estado español no cumple.
El sistema integrado del transporte público del área de Barcelona se nutre de la Generalitat de Catalunya, del Ayuntamiento de Barcelona, de los usuarios y también de la Administración central. Aquí tengo un gráfico que nos muestra que las
aportaciones de la Generalitat de Catalunya se han incrementado en los últimos años, las aportaciones del Ayuntamiento de Barcelona se han incrementado en los últimos años, los usuarios han aumentado; lo único que no ha aumentado, sino que se ha
reducido, es precisamente la aportación de la Administración central, es decir, ustedes. Y el dinero que ustedes no invierten en Cataluña se ha producido en Cataluña. Así que lo queremos invertido en Cataluña. Si una sociedad no tiene el Estado a
favor, esta sociedad empobrece, quedándose sin poder desplegar todo su potencial. No tener a un Estado al lado, como es el caso, es no tener corredor mediterráneo o no tener puertos conectados, y esto es en definitiva perder competitividad.
Y estamos ahora negociando una transaccional que les haremos llegar tan pronto como la tengamos terminada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Nogueras.
En defensa de las enmiendas presentadas por sus respectivos grupos, en primer lugar tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Ciudadanos el señor Roldán.
El señor ROLDÁN MONÉS: Gracias, presidente, celebro que haya dicho bien mi nombre esta vez.
Simplemente un par de comentarios respecto a esta iniciativa. Nosotros hemos traído hoy una proposición no de ley precisamente relacionada con esta cuestión. Celebro también que el Partit Demòcrata hable de políticas públicas y traiga
propuestas más concretas. Cuando se habla de cosas concretas como la movilidad, como políticas públicas, es mucho más fácil ponerse de acuerdo que cuando se habla de sentimientos e identidades.
Hemos presentado algunas enmiendas. Yo creo que es un asunto clave. Ahora acabamos de tener el One Planet Summit, dode precisamente la contaminación en las ciudades ha sido uno de los temas centrales y es una urgencia, entre otras cosas
por razones sanitarias directamente, que empecemos a hacer cosas mejor en este sentido. Dentro de las propuestas, aparte de los problemas evidentes de financiación, a los que invito al PDeCAT a que se sumen al presupuesto, porque algunas de las
financiaciones que reivindican están en ese presupuesto, dos o tres comentarios sobre las enmiendas que hemos presentado. Yo creo que para ordenar la financiación que abordan en el punto segundo y para que no sucedan los problemas de financiación
en la movilidad urbana, probablemente necesitemos una ley de financiación para la movilidad urbana nacional y de esta manera no estaremos reivindicando lo mismo cada año.
Después, sobre la cuestión de las cercanías, yo creo que podrían aplicarse el cuento en la parte que les corresponde en cuanto a la gestión. Es un drama la cuestión de las cercanías, de las rodalies, en Barcelona. Una parte de la gestión
corresponde al Estado y es verdad que ha sido un desastre y otra parte de la gestión corresponde a la Generalitat y también ha sido otro desastre.
Después, sobre el corredor mediterráneo -nosotros trajimos, y hoy se ha votado, una moción- creemos que no solo es prioritario por razones económicas, que es evidente que lo es, tienes básicamente el 50% del PIB en el litoral, en toda la
costa que cubriría el corredor, también el 70% de la actividad portuaria, el 50% de las exportaciones; pero es que además, por razones medioambientales es importantísimo, se podría ahorrar cerca de un millón de toneladas de CO2 porque ahora toda la
exportación de hortalizas que vienen de las regiones del sur, de Murcia, de Almería y demás va por camión, y con el corredor, que evidentemente también beneficiaría a Cataluña, podríamos tener un ahorro muy significativo en cuestiones de
contaminación. Por tanto, estamos a favor de eso.
Hemos presentado algunas enmiendas. Hemos visto que hay una transaccional propuesta y no estamos de acuerdo en todo pero lo discutiremos después con la ponente para ver si se puede hacer algún arreglo más.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra la señora Perea.
La señora PEREA I CONILLAS: Gracias. Buenas tardes.
Desde nuestro grupo apoyamos la iniciativa propuesta por el PDeCAT. Ciertamente lo decía el señor Roldán, y creo que estamos todos de acuerdo: la contaminación del aire es un problema a nivel global del planeta amenazado por el cambio
climático y evidentemente las grandes aglomeraciones urbanas donde se concentra la mayor parte de la población del planeta contribuyen de forma decisiva a este problema. Asimismo las propias ciudades se ven amenazadas por un medio ambiente insano y
sus habitantes son los principales perjudicados; hablamos, evidentemente, de enfermedades cardiorrespiratorias, hablamos de menores de edad, hablamos de personas de mayor edad.
Como reconoce la proposición, la Comisión Europea envió al Gobierno recientemente un ultimátum para que adoptara medidas que mejoraran los niveles de dióxido de nitrógeno en las áreas metropolitanas, tanto de Barcelona como de Madrid, y
también se incumplen los niveles máximos autorizados de partículas en suspensión. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de España ante esta situación? Pues con franqueza, prácticamente nada. Una política energética orientada completamente hacia los
combustibles fósiles y a las grandes empresas productoras y distribuidoras, abandonando a su suerte los avances que se habían logrado con Gobiernos anteriores en materia de energías renovables, como es de todos conocido, con ayudas escasas y
erráticas a la renovación de vehículos antiguos por vehículos más eficientes, sobre todo eléctricos, un abandono en toda regla de las ciudades a su suerte en materia de control y mejora de la calidad del aire, esperando que sea el viento el que
mejore los recurrentes episodios de contaminación.
¿Y qué ha hecho, por su parte, el Gobierno de la Generalitat? Pues entre poco y nada, a pesar de que la Generalitat de Catalunya tiene la competencia en materia de calidad del aire. Y lo poco que se ha hecho ha sido a remolque de las
iniciativas planteadas por ayuntamientos y por la propia área metropolitana de Barcelona, como así ha reconocido, en buena parte liderada por el Partido Socialista. Los responsables de la Generalitat hasta ahora han dado la impresión de apuntarse a
la idea de otros sin una iniciativa en la gestión del contenido real.
En esta iniciativa, por tanto, se insta al Gobierno a que se ocupe medioambientalmente por primera vez de los puertos, y en este caso del de Barcelona, uno de los primeros puertos crucerísticos del mundo y por lo tanto uno de aquellos en los
que esta actividad repercute notablemente en las emisiones de NOx
y partículas, que son las emisiones más preocupantes. Durante el tiempo que un crucero está atracado en el puerto continúa consumiendo toneladas de gasoil para generar la electricidad que necesita, la misma que se consume en un municipio de
5000 o 6000 habitantes, equivalente a cerca de 25 megavatios. Los cruceros en el puerto de Barcelona baten récords año tras año y ahora ya se está proyectando una nueva terminal. En ocasiones hay hasta seis de forma simultánea, contribuyendo así a
la carga, ya de por sí elevada, de las emisiones que se generan a través del tráfico de la ciudad y del propio puerto, sobre 20 000 camiones diarios más otros vehículos y maquinaria pesada.
Algunos puertos europeos y americanos ya han electrificado sus muelles para que esos buques puedan conectarse. Sabemos lo costoso que es eso, pero España no puede tener su principal puerto de cruceros sin una infraestructura adecuada. Está
en juego la salud de muchas personas. Por tanto, actuar en medio ambiente y en energía en los puertos españoles significa, por otra parte, ponernos en primera línea de la actividad tecnológica y de investigación, algo que hay que tener en cuenta.
Y en ese sentido va la enmienda propuesta por el Grupo Socialista.
Entrando en los puntos de la moción, estamos básicamente de acuerdo en todos ellos: los descuentos eco y VAO para vehículos de alta ocupación en todo caso deberían aplicarse a los peajes de acceso al área metropolitana, independientemente
de quién sea el titular, por tanto ha de formar parte de un plan estratégico global que beneficie a todos los peajes. Por otra parte, la bonificación en los peajes no es una política efectiva, no implica ninguna mejora de la calidad del aire, por
lo que no es disuasoria a corto plazo, ya que los vehículos contaminantes pagan lo mismo. Si el objetivo es disminuir emisiones, quizás sea más efectivo bonificar vehículos con bajas emisiones o libres de emisiones.
En cuanto al hecho de incrementar la dotación presupuestaria del transporte público en Barcelona, evidentemente estamos a favor. Pero también es cierto que el Parlamento de Cataluña aprobó en el año 2015 la Ley de Financiación del
Transporte Público que aún no ha sido desplegada con su correspondiente reglamento y que en la práctica no se ha aplicado. Hubiéramos instado, como hemos hecho reiteradamente el Grupo Socialista en el Parlamento de Cataluña, a que se llevara a cabo
ese desarrollo, básicamente a los efectos de beneficiar a las grandes conurbaciones, prácticamente el área metropolitana de Barcelona.
Respecto a la inversión en habilitar carriles bus, B-23 o traspasar la infraestructura a la Generalitat, evidentemente tenemos que estar de acuerdo; solo que diremos que el hecho de que no se haya llevado a cabo es como consecuencia de la
falta de diálogo por parte de las dos administraciones. Y aquí el Grupo Socialista les insta a las dos administraciones o a los futuros partidos políticos que acaben gestionando estas instituciones, porque son precisamente estas disfunciones que se
están produciendo con mayor o menor calado las que los socialistas queremos discutir y debatir en la Comisión Territorial en sede del Congreso de los Diputados. Entendemos que el diálogo social, la cooperación, la colaboración desde la lealtad de
las instituciones es vital para resolver cuestiones que parecen menores pero que afectan a la ciudadanía de una forma directa como es su salud.
Voy acabando. Estamos de acuerdo, y es imprescindible, con la B-23 para favorecer el transporte público de viajeros que se desplazan diariamente desde las áreas -y voy acabando, presidente- y es positiva en este sentido. Pero nos gustaría
que no ocurriera como con la C-58, que después de ser una gran obra de coste elevadísimo, aparte de ser para transporte público, se haya destinado a otros usos que inicialmente no consiguen el objetivo previsto.
En cuanto al elemento de cercanías, cómo no, como ciudadana de L'Hospitalet y barcelonesa y del Vall Llobregat, esperamos que la Generalitat y el Partido Popular lleven a cabo ya en este 2018, tal y como se comprometieron, la licitación, y
la doten en el presupuesto de 2018 para el soterramiento de L'Hospitalet, de Sant Feliu de Llobregat y de Montcada, porque ello supone una mejora para la ciudadanía, pero no solo en el aspecto de movilidad sino en el aspecto de la apuesta económica
de gran calado para el área metropolitana y evidentemente para el país.
Y acabo. Miren, podemos estar de acuerdo con esta moción porque evidentemente es en positivo, pero tenemos que afear al grupo que la plantea, por los siguientes motivos. En primer lugar, el plan de calidad del aire de la Generalitat no
pasó el visto bueno de la Comisión Europea porque no se comprometía a nada y el PSC lo denunció. En segundo lugar, estamos hablando de índices de NOx y de partículas que afectan no solo al área metropolitana sino también a El Vallés, a Osona, de
forma muy importante. Y por último, si ustedes quieren ser ejemplo de políticas como la que están planteando hoy, no es de recibo que en la renovación de los vehículos sustituidos por la Generalitat en este último periodo de un total de 964 solo 3
sean eléctricos y ninguno híbrido.
En cualquier caso entendemos muy positiva la iniciativa y, si nos admiten la transaccional, evidentemente votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Perea.
Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor Roca.
El señor ROCA MAS: Muchas gracias, señor presidente.
Debatimos una proposición sobre transporte público del Partido Demócrata de Cataluña, y la misión de los grupos de la oposición normalmente suele ser presentar proposiciones no de ley irrealizables y cartas a los reyes, y como estamos no
solo en periodo navideño sino también antes de unas elecciones, la verdad es que esta lo borda y hace una petición bastante extensa de un montón de infraestructuras. Pero embriagados de ese espíritu navideño vamos a decir que estamos de acuerdo con
la mayor parte de las cosas que se dicen, y lo voy a concretar.
Porque el transporte urbano para nosotros es un pilar fundamental de la sociedad del bienestar, como lo es la calidad del aire, porque debemos proteger nuestro planeta y aplicarnos en mejorar la calidad del aire, que influye de manera tan
acentuada en nuestra salud. No en vano esta semana el Gobierno de España ha participado en la iniciativa One Planet organizada por Naciones Unidas, que se enfoca precisamente sobre eso, en cuidar el medio ambiente y el aire y la calidad del aire de
nuestras ciudades. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Perdón; les ruego por favor que guarden silencio, porque si no a los oradores les resulta imposible intervenir.
El señor ROCA MAS: Es que no me oigo a mí mismo, presidente. (Un señor diputado: ¡Qué suerte!-Risas). Hay alguien al que le duele lo que digo... (Una señora diputada: ¡Muy bueno!-Risas).
El señor PRESIDENTE: Por favor, les ruego silencio a los miembros de la Comisión. Continúe con la defensa de la enmienda.
El señor ROCA MAS: Gracias, señor presidente.
Menos le va a gustar lo que va a oír ahora. Concretemos: respecto a rebajar los vehículos de alta ocupación, estamos nosotros de acuerdo en estudiar, en colaboración entre las dos administraciones, la autonómica y la nacional, el modelo
concesional. Cabría recordar que aunque el Gobierno de España solo tiene 1 de cada 5 kilómetros de peaje en Cataluña destina 1 de cada 2 euros de bonificaciones de peaje a Cataluña, porque todos los españoles somos solidarios con los españoles que
transitamos por las autopistas catalanas. Respecto a los vehículos de alta ocupación, el Gobierno de la Generalitat del Tripartito anunció cuatro carriles BUS-VAO de alta ocupación que tenían que ser fundamentales. Solo ejecutaron uno por 81
millones, un carril ampliamente criticado por Convergencia, que lo tildó de fracaso y despilfarro, como también criticó los límites a la velocidad de 80, prometió que los quitaría, luego no los quitó, luego los medio quitó... Yo creo que en estas
cuestiones de vehículos de alta ocupación sería bueno que los que han gobernado la Generalitat los últimos cuarenta años encontraran un espacio de coherencia para que se pudiera empezar a dialogar como administraciones públicas normales.
En cuanto a la red de cercanías de trenes apoyamos lo que dice la proposición, porque es lo que está haciendo el Gobierno de España. No en vano en una legislatura profundamente difícil se han invertido 500 millones de euros y ahora hay un
programa 2017-2025 en el que se van a invertir 4000 millones de euros más. Si eso no es apostar por la red de cercanías, que alguien nos lo diga. Porque pidieron competencias en cercanías diciendo que si gestionaban ellos eso iba a ser un nirvana,
y resulta que nunca ha habido tantos retrasos. Aunque también es cierto que no sería justo culpar a la Generalitat porque ha habido que cambiar normativas de seguridad y es un proyecto complejo en el que hay que trabajar en colaboración entre los
operadores y las administraciones públicas.
También habla del corredor del Mediterráneo en esta generosa proposición -estamos en tiempos navideños y la carta a los reyes se amplía-, pero es que el corredor ya lo estamos haciendo, hemos invertido 14 000 millones de euros en un proyecto
de 21 000 que unirá Francia con Algeciras, en 2020 llegará a Murcia y en 2023 llegará a Algeciras. A modo de resumen, entre los 14 000 que ya hemos invertido en el corredor del Mediterráneo y los 4000 millones de euros que vamos a invertir en
rodalies, nos acercamos a los 18 000 millones de euros, que es el sobrecoste que la Generalitat se ha gastado en una línea de metro, en la línea 9; sería bueno que alguna vez la Generalitat rindiera cuentas.
Ya por último tengo que hacer alguna pequeña reflexión antes de despedirme, porque el corredor del Mediterráneo es una infraestructura vital que une la Unión Europea, que une, que cose la Unión Europea, el proyecto más grande de paz y
convivencia de la historia de la humanidad. Algunos han pasado en un fin de semana de la hispanofobia a la eurofobia. Sería bueno que no nos trajeran la eurofobia a Cataluña porque con la eurofobia nadie va a ganar y todos vamos a perder.
En definitiva, apoyamos gran parte de esta proposición; no podemos votar a favor porque pide algunas cosas que corresponden más a una negociación de Presupuestos Generales del Estado. Y aquí acabo deseando a todos un bon Nadal, feliz
Navidad y felices fiestas. (Un señor diputado: ¡Muy bien!).
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roca.
Les ruego a sus señorías un poquito de orden. Entiendo también los efectos de la copa de Navidad última, pero vamos a continuar la sesión con el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra el
señor Capdevila.
El señor CAPDEVILA I ESTEVE: Muchas gracias, señor presidente.
En cumplimiento de nuestro pacto privado y como primer y último regalo a esta Comisión, sumándome también al espíritu navideño, yo a cambio no les haré campaña en nombre de mi formación política, que también concurre a la misma que el
anterior orador.
Suscribo punto por punto la argumentación de la diputada Nogueras, del PDeCAT, por ser absolutamente cierta, justa y necesaria en cada punto. Por tanto solo estamos alarmados y leeremos con mucha atención la transacción que se ha hecho
porque el original nos gustaba mucho.
Y en segundo lugar, si me permiten la alusión personal, por ser también quien les habla y su familia afectos a la problemática gravísima que la PNL pretende combatir; me excuso por ausentarme, les dejo en las inmejorables manos de la
diputada Capella; nos vemos pasadas las navidades. En el caso de los diputados y diputadas de Esquerra Republicana van a ser una navidades distintas porque tenemos amigos en la cárcel. No obstante ello, yo les deseo a todos ustedes una muy feliz
Navidad, buenas pascuas en compañía de sus familias.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Capdevila. Igual les deseo por parte de esta Presidencia.
Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra su portavoz el señor Vendrell.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
La PNL que plantea el PDeCAT, en la que estamos de acuerdo y que vamos a votar favorablemente, se refiere a un problema muy grave que afecta a la conurbación de Barcelona, al área metropolitana de Barcelona, pero que también afecta a otras
grandes ciudades de todo el Estado y del conjunto de Europa, que es el problema de la contaminación atmosférica. Solo un dato: en el área metropolitana de Barcelona se producen 3500 muertes anuales relacionadas directamente con la contaminación
atmosférica. Solo este dato, por pura responsabilidad y para garantizar el mínimo derecho a la salud pública, debería mover al conjunto de las administraciones públicas a realizar actuaciones y medidas para afrontar un problema que está
directamente relacionado con el tráfico rodado, con el vehículo privado que utiliza combustibles fósiles con un grado de emisiones contaminantes muy grande, y que se suma también al problema del cambio climático. No se puede combatir, no se puede
luchar contra el cambio climático si no se realizan actuaciones en las políticas urbanas de reducción del tráfico privado. Y la única forma es fomentar el transporte público, no hay otra forma, hay que limitar el uso del vehículo que utiliza
combustibles fósiles y fomentar el uso del transporte público.
De hecho, hoy mismo le he preguntado al ministro de Fomento sobre la financiación de la Autoridad del Transporte Metropolitano y la falta de inversión que realiza el Estado. Hay un punto de esta PNL que se refiere a esta cuestión y los
datos son muy claros. En relación con la crisis económica, la única Administración que continúa con una inversión reducida después de una caída de financiación del 50%, 100 millones de euros menos, mientras las otras administraciones, la
Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona y el área metropolitana han incrementado la financiación, es la Administración General del Estado, que solo en 2017 ha puesto de financiación unos insuficientes 10 millones de euros más, muy
alejados de la cantidad necesaria para mantener la sostenibilidad del sistema del transporte metropolitano. Porque para fomentar el transporte público es necesario que como tal funcione, que las infraestructuras sean eficientes y que además
sea accesible para la ciudadanía. Gracias a la intervención del Ayuntamiento de Barcelona en los tres últimos años la tarifa, lo que pagan los usuarios, se ha congelado, pero se había incrementado un 71% en los diez años anteriores. Hoy el
ministro ha dicho que no tenía competencias, que era una cuestión de la Administración autonómica y de las administraciones locales, cuando evidentemente el Gobierno del Estado es competente en las infraestructuras viarias y en la red ferroviaria;
ya nos gustaría a nosotros en Cataluña poder gestionar directamente, no solo operar, no solo ser la autoridad ferroviaria en relación con Renfe, sino operar directamente la red ferroviaria. Pero no es el caso, es una responsabilidad del Gobierno
del Estado. Y la política, en este caso hacia Cataluña pero también hacia otros territorios del Estado, como por ejemplo Extremadura, en lo que se refiere a la red ferroviaria, ha sido absolutamente desastrosa. Hace falta una financiación mucho
más amplia, mucho más cara para que no sean los ciudadanos los que tengan que asumir los costes a través de la tarifa de lo que tendría que ser un derecho, el derecho a la movilidad, el derecho a un transporte público accesible y eficiente.
Ya hay países que han tomado decisiones muy avanzadas en este sentido. En Noruega, creo que se ha dicho antes, se va a prohibir el uso del vehículo de combustible fósil en 2025, y la ciudad de París también ha tomado una decisión de este
tipo. Y aquí, la verdad es que estamos muy retrasados en esta cuestión. No hay otro camino, se lo decía, que incrementar la financiación del transporte público. Y no sabemos en estos momentos cuál va a ser esa financiación del transporte público
de Barcelona en 2018. El área metropolitana, la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona enviaron una carta al ministro Montoro el pasado mes de septiembre exigiendo y proponiendo un incremento de esa financiación a partes iguales entre las tres
administraciones, para que el sistema de transporte metropolitano fuera más sostenible y no recayera la financiación en la tarifa que pagan las personas usuarias. La respuesta ha sido nada, no ha habido ninguna respuesta por parte del ministro
Montoro ante esta propuesta.
Por todas estas razones nuestro grupo está comprometido en realizar las actuaciones necesarias para mejorar esa financiación, para mejorar las infraestructuras viarias en el área metropolitana de Barcelona y también en el conjunto del Estado
como un elemento fundamental del derecho de la ciudadanía a la movilidad, como un instrumento para garantizar ciudades saludables y de lucha contra el cambio climático.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell.
Pregunto a la portavoz si al final va a presentar una enmienda transaccional.
La señora NOGUERAS I CAMERO: Hemos presentado una enmienda transaccional y aún estamos mirando.
El señor PRESIDENTE: De aquí al momento de la votación me confirma si lo que se va a someter a votación es la transaccional que ha dejado a la Mesa o hay alguna otra variación.
Muchísimas gracias, señora Nogueras.
- RELATIVA A INCLUIR LAS FUNDACIONES CIENTÍFICAS DEL SECTOR PÚBLICO Y CUALQUIER OTRO AGENTE DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN ENTRE LAS EXCEPCIONES A LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL INVESTIGADOR QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE
CIENCIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002347).
El señor PRESIDENTE: Entramos en la iniciativa octava, toda vez que la séptima ha sido retirada del orden del día, y es la relativa a incluir las fundaciones científicas del sector público y cualquier otro agente del sistema de ciencia,
tecnología e innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley de la Ciencia, presentada por el Grupo Socialista. Para su presentación y defensa tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Creo que es una buena noticia que hoy el Parlamento español hable de ciencia, a pesar de que lo hagamos por las malas noticias que tiene la ciencia. Hoy hablamos aquí de ciencia y el Grupo Socialista trae esta proposición no de ley porque
lo que ha sucedido, lo que se ha provocado en el sistema científico es indigno para un país como el nuestro y porque, en definitiva, con la excusa de la crisis el Partido
Popular está literalmente desmontando el sistema. Estos días hablaba con distintos científicos por distintos medios y muchos de ellos me recordaban por e-mail que echaban de menos los tiempos de Rubalcaba y de Solana, aquellos tiempos en
los que la ciencia era de verdad una cuestión de Estado. El Partido Popular está disolviendo el sistema como un azucarillo y a veces me pregunto si lo hacen a propósito mal o si lo hacen por desconocimiento, que no sé si sería incluso peor. Ya no
solo sufrimos los recortes, la falta de liderazgo, sino que sus propias medidas, además de evitar que se pueda contratar y promocionar talento en este país, incluso han llegado a provocar el despido de investigadores en nuestro país.
Hoy debatimos esta proposición no de ley de los socialistas por la nula palabra del Gobierno del Partido Popular también en materia de ciencia. Cuando conocimos los efectos de la modificación con la Ley de Presupuestos de 2017, que señalaba
a los gerentes y complicaba la posibilidad de concatenar contratos en fundaciones y organismos públicos de investigación, el Grupo Socialista tuvo una respuesta inmediata para intentar evitar el despido de cientos de personas en centros
absolutamente relevantes de este país. Por eso registramos esta proposición no de ley el 28 de septiembre, cuyo propósito se supone -se supone- que el Gobierno resuelve en un real decreto el 6 de octubre. Y por esto digo que el valor de la palabra
del Gobierno en materia de ciencia es nulo, porque después de este real decreto, a los pocos días oímos a María Blasco, la directora del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, CNIO, decir que estamos en una situación desesperada. Leemos a
Vicente Andrés, el director científico del Centro Nacional de Investigación Cardiovascular, que se vive un calvario. Es decir, el real decreto no ha resuelto el problema de los despidos del personal, no solo investigador sino también de centros tan
relevantes como un centro Severo Ochoa, como es CNIO o el CNIC. Por eso hoy, por desgracia, tenemos que traer esta proposición no de ley al Congreso, y por eso seguimos trabajando también en el Senado en esta dirección.
Y a mí me gustaría, señores del Partido Popular, no solo que apoyaran esta proposición no de ley, sino que cuando hablen en esta Cámara lo hagan con rigurosidad. Porque he escuchado la comparecencia del lunes de María Blasco en la Comisión
de Sanidad, y la diputada del Partido Popular dice -y está en el Diario de Sesiones- que no hay un problema al respecto en este país. Con lo cual invito a los diputados del Partido Popular, no solo a presionar a su Gobierno para cumplir la palabra
y evitar despidos en el sistema de ciencia, sino a saber lo que pasa en este país.
Lo que nosotros queremos, lo que los socialistas queremos es dar soluciones a esta situación. Y por eso hoy les propongo apoyar una autoenmienda que mejora la proposición no de ley de septiembre y que habla precisamente de la estabilización
del empleo para resolver el problema de raíz e incluso poder facilitar así la labor de los centros investigadores. Proponemos establecer un procedimiento extraordinario para estabilizar el empleo temporal de los investigadores que lo soliciten,
facilitando que a la mayor brevedad se puedan reconvertir en contratos indefinidos los contratos temporales vigentes de investigadores que lleven más de tres años. Y proponemos establecer la posibilidad de contratación indefinida vinculada a
proyectos de investigación financiados por el plan de investigación o por programas europeos en organismos públicos de investigación, consorcios y fundaciones de investigación en el sector público.
Yo les pido encarecidamente que aprueben esta proposición no de ley. Porque estamos hablando de ciencia, y la ciencia es una inversión imprescindible para el presente y el futuro de este país, pero porque estamos hablando de los recursos
humanos, de la mayor inversión que hemos hecho durante muchos años y del talento que hoy la realidad nos dice que podemos perder en este país, en España. Y además no lo digo solo por el drama humano que supone, sino porque estamos hablando de
investigación en el cáncer, porque estamos hablando de investigación en enfermedades cardiovasculares, la principal causa de muerte en este país y porque, además, creo que en qué cabeza cabe lo que está haciendo el Gobierno del Partido Popular, lo
que está haciendo Mariano Rajoy -que lo permite- con la ciencia en este país.
Desde 2012 no se pueden hacer contratos indefinidos, es decir, no se puede promocionar a los mejores, no se puede retener talento. Desde la Ley de Presupuestos de 2017, además, está el problema de los despidos. Lo que pretendo decir es que
ya no es solo un problema de inversión, no es solo un problema de recortes, no es solo un problema de ejecución, que también, es un problema de burocracia, es un problema de fiscalización previa, es un problema casi de perseguir a los científicos y
a la ciencia en lugar de favorecer la llegada del talento. Hablamos en concreto de más de ochenta personas en el CNIO, y aproximadamente de treinta que perderían su empleo: jefes de grupo, jefes de unidad, grupos de investigación completos, jefes
de grupos de investigación que dejarían al personal a su cargo totalmente desamparado en un centro de excelencia como el CNIO, en un centro tan importante como el CNIC.
Por eso creo que hoy tenemos que poner nuestro granito de arena desde el Congreso de los Diputados para darle solución, y por eso les quiero pedir que, si se aprueba esta proposición no de ley, el Gobierno la cumpla. Y lo digo porque la
última vez que hablamos de ciencia en esta Comisión, que fue en junio, aprobamos una proposición no de ley para cumplir la Ley de la Ciencia que tenía que ponerse en marcha en tres meses y a día de hoy no se ha puesto. Y lo digo porque eso es
también respetar la soberanía de los ciudadanos cuando nos eligen como sus representantes públicos.
Y termino con una alegría y con una alabanza. La alabanza es a los investigadores, que creo que están tratando este problema con muchísima responsabilidad, poniendo por delante sus investigaciones y la reputación de sus centros al problemón
que tienen en sus propias carnes y que tiene este país como consecuencia, y saludo a muchos de los que hoy nos acompañan en el Congreso de los Diputados para seguir esta proposición no de ley, y una alegría, que es que esta tarde, exactamente a las
cuatro de la tarde, ha recibido todo el CNIO un email de Juan Arroyo, su gerente, la persona que tiene que firmar esos contratos, asegurando que se va a resolver la situación; todavía no concreta cómo, me preocupa que sigamos con palabras pero me
alegra que la labor que hacemos los diputados, los grupos parlamentarios de la oposición tenga su repercusión y hoy puedan tener mayor tranquilidad los investigadores, las investigaciones, y este país, que necesita a su ciencia y a su talento.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González. No hay enmiendas a esta proposición no de ley. Por tanto, corresponde el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Vasco tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Nosotros votaremos a favor de esta proposición no de ley. Es verdad, por la polémica además surgida a raíz de la disposición adicional treinta y cuatro de los Presupuestos Generales del Estado de
2017, que hace responsables a los gerentes de las fundaciones y consorcios por la irregularidad que pueda derivarse del contrato de personal en caso de contratos de más de tres años, que sí permite la Ley de la Ciencia. El problema, además, lo ha
trasladado la secretaria de Estado a los diferentes grupos políticos, y por tanto también entendemos que es un problema que quieren resolver. Por todo ello, y entendiendo que es necesario dar una solución al problema de recursos humanos y eliminar,
por tanto, la incertidumbre de las personas trabajadoras, votaremos a favor de la PNL.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal. Por el Grupo de Esquerra Republicana tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ. Gracias, presidente.
Iniciamos una PNL, en este caso del Partido Socialista Obrero Español, que es un conjunto de PNL que se van sucediendo desde los distintos grupos parlamentarios que van en la misma línea. Si se me permite, señor presidente, me extenderé, y
va en relación con el resto de proposiciones no de ley en las que intervendré pero seguramente con mayor brevedad, en el sentido de que nosotros, cuando por parte también del Partido Popular se presentó una proposición no de ley al Pleno de la
semana pasada en relación al centro de supercomputación de Barcelona, presentamos una enmienda similar, diría que era idéntica porque iba relacionada con lo que se plantea en la proposición no de ley del Partido Socialista Obrero Español.
Vamos a apoyar esta proposición no de ley, pero me permitirán que me extienda en una cuestión de la que también han hablado los anteriores portavoces pues no puedo dejar de entrar en el debate real: las urgencias que en este momento tiene
el Ministerio de Economía en relación con el sistema de I+D español. Nos consta que la propia Secretaría de Estado de Economía, y en este caso la Secretaría de Estado de Ciencia, están intentando preparar un nuevo real decreto con algunas medidas
de mejora del sistema en relación con la contratación, y por tanto la flexibilización, la no pérdida de capital humano y de conocimiento, pero hemos pasado de lo que tenía que ser un pacto de Estado para la ciencia a intentar ahora que sea un pacto
parlamentario y vamos a acabar con un real decreto. Ya sabemos que el Partido Popular nos tiene acostumbrados, en esta legislatura sobre todo, a gobernar y por tanto a legislar a base de real decreto ley. No pasa nada. Por tanto, veremos también
si realmente hay voluntad política o no de solucionar esta cuestión que por activa y por pasiva no nos hemos cansado de plantear.
Pero quiero hablar de las estadísticas de I+D correspondientes al año 2016, y en este caso la marca España volvió a hacerse evidente: el peso relativo del I+D desciende del 1,22% del PIB al 1,19%, muy por debajo de la media europea, que
está instalada en el 2%. Hablan de crecimiento, hablan de economía del conocimiento, hablan de internacionalización, pero el peso de la realidad les cae encima de una forma apabullante. El crecimiento económico del PIB lo es en actividades poco
intensivas y sobre todo no tecnológicas. Y hemos vuelto diez años atrás, a indicadores del año 2006, mientras todo el entorno económico europeo va adelantando a la economía española. Los últimos países que han adelantado a la economía española en
este sentido son Hungría, Estonia, Irlanda y la República Checa. Así, mientras tanto, el Estado español en su conjunto sale de la crisis con una reducción del 12,6% de inversión pública en I+D. Alemania lo ha aumentado un 35% desde el año 2009. Lo
digo, no sé, por si esto les da una idea de por dónde debería irse para mejorar la situación. En España el 52,5% de la inversión total en I+D la ejecutan las empresas. Una proporción, por tanto, anormalmente baja, la media europea está instalada
en el 65%, y en países de referencia como es Japón en el 75%. Eso no significa que el sector público no haga un esfuerzo proporcional superior al de otros países, lo que parecía positivo a primera vista, atribuyendo el peso del déficit innovador a
la baja inversión empresarial. Este es un mal diagnóstico.
Recordemos también que el informe de la Fundación Cotec para la innovación en relación con el año 2017 anticipaba estos últimos datos estadísticos y encabezaba sus conclusiones con el título -yo creo que el título les va a gustar- 'Lejos de
Europa y de las economías avanzadas'. Sabemos que lo suyo es más invertir en submarinos que no flotan o en tanques que después sirven para amenazar a los ciudadanos conducidos por no se sabe quién, en lugar de invertir en I+D o en sectores de alta
tecnología como es el de la salud, entre otras cosas. Y ya no entremos en indicadores como el de patentes, que ya hemos visto que a muchos de aquí les da alergia cuando hablamos de la demanda de potenciar la patente única europea. O el indicador
de personas investigadoras por millón de habitantes, del cual hablaremos indirectamente en el resto de proposiciones no de ley de esta tarde. De hecho, en este punto ya hemos hablado en enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado de 2017 que
Esquerra Republicana hizo en este sentido o, como decía con anterioridad, en las enmiendas planteadas en el Pleno cuando tratamos del centro de supercomputación de Barcelona, y todo queda siempre a expensas... Porque, claro, aquí proposiciones no
de ley aprobamos muchísimas, pero siempre quedamos 'a expensas' de la voluntad del Partido Popular de entender las necesidades de recursos humanos de los centros de investigación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor De la Torre.
El señor DE LA TORRE DÍAZ: Muchas gracias, señor presidente. Seré breve.
Nosotros compartimos tanto la proposición no de ley original del Partido Socialista como la autoenmienda que se ha presentado. Nos parece fundamental apoyar la ciencia y la innovación porque es el futuro. Y nosotros ya nos hemos preocupado
por esta problemática. Cuando el 29 de septiembre pasado saltó la noticia de que había un problema legal grave que podía originar el despido, o mejor dicho la extinción de contratos de investigadores, le estuvimos preguntando por esta cuestión al
Gobierno, y a nosotros nos parece necesario tanto la proposición no de ley original de delimitar claramente qué se entiende por el ámbito científico, y deben incluirse aquí efectivamente las fundaciones, para que puedan acogerse a la flexibilidad
necesaria para las excepciones de contratación del personal investigador, como también es muy importante dar estabilidad y atraer talento respecto de aquellos investigadores que han demostrado rendimiento y competencias, y por lo tanto deben tener
un contrato fijo.
En este sentido estamos plenamente de acuerdo. Instamos desde luego al partido en el Gobierno, no solamente a que lo apoye, sino a que lo lleve a la práctica, y simplemente deseo felices fiestas, feliz Navidad y un mejor 2018 a todos los
diputados de esta Comisión.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor De la Torre. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Todo nuestro apoyo a la proposición no de ley que trae el Partido Socialista, que lo que está pidiendo es una medida urgente, inmediata, que ponga solución a las casi noventa personas que se van a quedar
en la calle entre CNIO y CNIC. La situación es muy clara: no pueden contratar ni de manera indefinida ni de manera temporal a personas que han sido formadas, que han sido cualificadas, que están integradas en proyectos del CNIO, y no poder
renovarles o asegurarles su continuidad tendría un grave perjuicio. Son centros de referencia, de excelencia, para salvar vidas, que no pueden permitirse por la normativa vigente la consolidación del talento, porque no encajan en la legislación
actual. El mensaje que ha recibido hoy el CNIO es una promesa. Estaremos vigilantes, y lo que queremos recordar es que está en juego más que la imagen del Gobierno, porque el Gobierno no puede permitirse que tanto el CNIO como el CNIC pierdan el
15% de su plantilla, no puede permitirse desmantelar proyectos que salvan vidas. Y esto va a pasar por la dejadez, por la cerrazón de modificar una normativa, por la incomprensión y la indiferencia que el Gobierno demuestra una y otra vez con la
ciencia.
Nos preocupa que desde la publicación del real decreto del 6 de octubre, que supuestamente solucionaba el problema, tres de las personas que no han podido ser renovadas han sido contratadas a través de una subcontrata. ¿Es realmente la
externalización el modelo que propone el Gobierno para eliminar la precariedad? Es decir, ¿en vez de la consolidación vamos a solucionar el problema de la concatenación de contratos con más precariedad en la ciencia? Porque ese es el reto; aquí
estamos hablando de una solución coyuntural, pero el objetivo del Gobierno no son medidas excepcionales, tienen que ser medidas estructurales para reducir la precariedad y aumentar la estabilidad de nuestro personal científico, técnico y
administrativo, que las personas que son formadas, que son cualificadas, que conocen los centros, que desarrollan los proyectos no tengan que emigrar. Y para eso hay que asegurar la financiación, y estos puestos que se promete que van a ser
consolidados necesitan una financiación indefinida y estable. Y ahí entran en juego los presupuestos de I+D+i, y entra en juego ese incremento que venimos reclamando tanto en porcentaje del PIB como en inversión real, y ahí necesitamos voluntad
política, y necesitamos una voluntad política desde el Gobierno, que la ciencia sea por fin una prioridad en las políticas científicas y en los presupuestos. Y cuando hablamos de presupuestos no se necesita ningún acuerdo político porque los
presupuestos son competencia exclusiva del Gobierno, y así lo recuerda una y otra vez cada vez que veta una proposición de ley de la oposición.
Por tanto, instamos al Gobierno, no solo a modificar las leyes para que las personas que hacen ciencia se dediquen solo a hacer ciencia, sino que puedan tener los recursos necesarios para ello. Sin ciencia no hay futuro; pero sin personas
que hacen ciencia no hay ni una cosa ni la otra. Así que, por favor, cuidemos nuestro capital humano.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias, presidente.
Tengo que hacer una referencia a lo dicho anteriormente: todo lo que hace el Partido Popular está mal. ¡Qué pasará en este país, que crece al doble que el resto de países de la Unión Europea, cuando el Partido Popular se equivoque y haga
las cosas bien! No sé cómo irá este país ni cómo recuperaremos, en vez de 600 000 puestos de trabajo, imagino, 1 200 000. Pero aceptamos la crítica, prometemos mejorar.
Si uno se acerca a la PNL, que ahora explicaré por qué se ha desmontado todo lo que hoy se esperaba hacer en torno a ella, les diré: ustedes mismos recogen que la Ley de la Ciencia no contempló entre estas excepciones a otros agentes del
sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es cierto, pero esa ley la aprobó el Partido Socialista; se le olvidó al Partido Socialista. No solamente eso, sino que aquí tienen que contó con el apoyo del Partido Popular. O sea, que nos
critiquen, lo aceptamos, pero un poquito de decoro, un poquito solo.
Decíamos que los Presupuestos Generales del Estado del año 2017 establecían una limitación. Claro, en ese sentido no podemos opinar lo mismo, y quizá para los que no lo conozcan, esa disposición decía: Los órganos competentes en materia de
personal en cada una de las administraciones públicas y de las entidades que conforman el sector público instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa. No sé si es que ustedes entienden que si no se dice que tienen que
cumplir, los gerentes pueden hacer lo que quieran; lo que viene a decir es lo que ya dice una ley, que es cumplir la norma y cumplir la ley. Porque en España todo el mundo tiene que cumplir una norma y una ley. Y lo que dice después es: y las
actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades. Es que todos los funcionarios tenemos responsabilidades cuando hacemos nuestro trabajo. ¿O es que ustedes conocen a algún
funcionario que no tenga responsabilidades? Y añade: de acuerdo con la normativa de cada una de las administraciones públicas. ¿Qué dice esta disposición que no haga falta no decir? O sea, lo único que hace es reafirmar irregularidades
que se habían producido para matizar y para evitar que se vuelva a producir que entre gente por la puerta de atrás en la Administración. Pero no ha añadido nada nuevo que cualquier funcionario, cualquier miembro de la Administración o de una
fundación pública no supiese de manera anticipada. Con lo cual yo creo que la Ley de Presupuestos no es ningún problema. Nos critican mucho, pero resulta que el Real Decreto-ley 14/2007, como bien han reconocido, vino a introducir una modificación
en la Ley de la Ciencia que nos permitía que esto se cumpliese. Entonces, si el 7 de octubre, sábado, se publicó, yo creo que una parte del trabajo la habríamos hecho.
Si me voy a la opinión del representante del PSOE en el Senado, dice que esto viene con temporalidad de diez años; que yo sepa el Partido Popular, por desgracia para España, sola ha gobernado cinco, si hubiera gobernado diez a lo mejor
estaríamos en otra circunstancia, con lo cual algo de responsabilidad tendrían. Reconoce lo del real decreto, pero espérese, dice que habla de un parche en materia de personal y de que necesitamos un plan estratégico para el personal. Totalmente
de acuerdo; totalmente de acuerdo. ¿Qué les parece si hablamos del pacto por la ciencia? ¿Qué les parece si todo eso que ustedes han recogido, con lo cual nosotros estamos de acuerdo, lo metemos dentro de un pacto por la ciencia? ¿No sería lo
adecuado? ¿Por qué en vez de preocuparnos del 2% o del 3%, cuando ya hemos repetido hasta la saciedad que ustedes, y yo les he reconocido el mérito del Partido Socialista que en el año 2008 invirtió el 1,52% y les he reconocido que han sido los que
más han invertido, no les parece suficiente un 2%? Si la Unión Europea está en una media de un 2%, ¿no les parece bien acogernos a la media del 2%?
Y una vez que hagamos eso, ¿qué les parece si trabajamos la consolidación de los estructurales, qué les parece si trabajamos los indefinidos vinculados a proyectos, como ustedes plantean? ¿Qué les parece si hablamos de los investigadores
principales, de las formas de financiación y de, como establecía nuestra compañera diputada, la financiación del sector privado? Oiga, ¿y por qué no hacemos eso?, ¿no les parece más importante que poner un veto del 2% al 3% que va a impedir que
lleguemos a un pacto por la ciencia? ¿No creen que de verdad nuestros investigadores lo agradecerían? Yo creo sinceramente que sí.
Voy a hacer la parte positiva, voy a reproducir palabras del ministro, no mías evidentemente: plan general de presupuestos para el año 2018, que si Dios quiere y ustedes nos apoyan, porque después de lo que he oído estoy convencido de que
nos van a apoyar tanto Podemos como el PSOE, 90% de consolidación, similar a lo establecido en educación y en sanidad. ¿Les parece suficiente o les parece poco? Nosotros creemos que seguro que se podría mejorar, pero un 90% nos parece una cantidad
interesante.
Hablamos de supuestos: oiga, mire, la oferta de empleo público del Partido Popular, que maltrata, que es indiferente, que tiene dejadez con la ciencia, dejó fuera de la congelación las plazas de los funcionarios vinculados a la
investigación, pero es que desde 2015 a hoy ha sacado 480 plazas, y en este año 2017, 335 más 295 de promoción interna. ¿Les parece que está bien? Se puede mejorar. Es malo porque lo ha hecho el Partido Popular; seguro que si lo hubieran hecho
otros partidos les parecería mucho mejor.
Se ha mejorado el sistema de deducciones en el impuesto sobre sociedades y bonificaciones de la Seguridad Social; conversión de becas en contratos, antes se daban dos años de beca, dos años de contrato, ¿les parece mal cuatro años de
contrato con cotización? A nosotros nos parece mejor, no sé si a ustedes les parece mal.
Una pregunta, lealtad: ¿se han reunido con ustedes desde la Secretaría de Estado de manera continuada para contarles cómo estaba esta situación? ¿Les han dado esa información al PSOE, a Podemos, a Ciudadanos y a todos los partidos? ¿Les
han negociado la posibilidad de abrir un real decreto si no se aprobaban los presupuestos? ¿Ha sido leal la secretaria de Estado con ustedes? Porque yo creo que sí, y a ustedes no les he oído decir nada de eso.
Visitas al centro: miren, cuando ustedes hagan visitas a los centros hay que intentar hacer una política pero sin abusar, no colgando en Facebook dentro del CNIO, abusando de las instalaciones, y es verdad que retirándolo a los tres días,
por eso no lo podrán ver, pero para que tengan alguna duda, aquí tienen (muestra un documento) Facebook del señor que fue a hacer política en vez de a preocuparse por los investigadores.
Por último, yo soy optimista; anticipé todas las veces que he estado que yo también estuve allí y llegué a las nueve y media de la mañana y me fui a las ocho de la tarde, o sea, ustedes no son los únicos, los demás también comemos en
bandejas y comemos con ellos y nos encanta, porque nos enseñan todos los
días muchísimas cosas; siento que su rueda de prensa de esta tarde, que tienen cerrada con PSOE y Podemos, se les haya caído un poco; nosotros nos alegramos de verdad de este correo de Juan Arroyo que dice: Durante estos días hemos estado
haciendo todas las gestiones necesarias con el fin de reducir el número de bajas por concatenación, que, como conocéis, se cifraba inicialmente y hasta el 31 de diciembre en cuarenta y seis. Lo dice Juan Arroyo, yo he oído ochenta, aquí hablan de
cuarenta y seis, pero con que hubiese una sería suficiente para estar preocupados.
Las conversaciones con el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Costes de Personal y con la Seidi, esos que pasan de todo, que tienen dejadez, que tienen indiferencia, resulta que se reunían y que se preocupaban por
esto. Y bien, no tenemos un documento que nos permita tener por escrito lo que todos deseábamos. Sí tenemos la promesa -¡hombre!, yo creo que la promesa de un secretario de Estado tiene suficiente peso- de que en la próxima Ley de Presupuestos,
esa que ustedes van a apoyar, se aprobarán las estabilizaciones de contratos para aquellos que a 31 de diciembre de 2017 tengan más de tres años con contrato temporal en el centro y la admisión de una interpretación laxa en cuanto a las
concatenaciones, lo que reduciría los casos de baja a no más de cinco contratos. Pero para esos cinco contratos, que son muy importantes, a través de la Seidi haremos una consulta al Ministerio de Hacienda de la que creemos que podremos obtener una
respuesta positiva, e incluso lograr que ese número de cinco se reduzca aún más.
Por ello, y para finalizar, presidente, agradezco a las personas que realmente se lo merecen, que son los investigadores del CNIO y del CNIC, porque a pesar de tener una situación difícil, de desconocimiento, de no conocer lo que iba a pasar
con sus puestos de trabajo, han actuado con lealtad, han sido educados, respetuosos, y en todo momento han estado atendiendo cualquier petición que les hacíamos por parte del Grupo Parlamentario Popular. Por ello, de nuevo, el agradecimiento desde
el Partido Popular a esos investigadores y les animamos a que sigan en la misma línea.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo. A esta proposición no de ley no hay más que la autoenmienda del grupo proponente; la confirman y la someteremos a votación en sus términos.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA PROMOCIÓN DE FUENTES ALTERNATIVAS DE FINANCIACIÓN PARA LAS EMPRESAS Y PYMES Y EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS DE APOYO A LA INNOVACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO
POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002631).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente punto del orden del día, que es la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a la promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y pymes y el establecimiento de
nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa y presentación tiene la palabra el señor Paniagua.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Gracias, presidente. Buenas tardes.
Nuestro grupo presenta esta proposición que ya nos ha detallado el presidente, todo ello además en colaboración con las comunidades autónomas y las administraciones locales. Sin entrar en el contenido, les quiero transmitir las
justificaciones para su apoyo a esta iniciativa.
En primer lugar, después de la aprobación en esta Comisión de la PNL por la que se insta al Gobierno a establecer un compromiso estable y prioritario con la inversión en actividades de I+D+i como eje de transformación económica, creación de
empleo y superación de la crisis, y la PLN de medidas para la profundización y mayor desarrollo del ecosistema de startups de Internet en España, queremos presentar esta proposición que creemos que apoya y profundiza en el objetivo marcado por esta
Comisión, que ve en la innovación uno de los pilares de la economía española del futuro. En segundo lugar, la idoneidad del momento en su presentación: en este punto del ciclo económico en el que es necesario consolidar el crecimiento, y una vez
que salgamos del procedimiento de déficit excesivo, se revisarán las prioridades de gasto y reasignación de fondos. Queremos que las restricciones presupuestarias que sean necesarias en el camino de la consolidación no afecten en áreas tan
importantes para la competitividad como son la I+D+i y el desarrollo de la sociedad digital, en especial en las pymes.
Y ahora quiero convencerles por el contenido de la proposición. Para dinamizar la economía española en general y la investigación y desarrollo en particular se debe trabajar en mantener y mejorar un marco
estable de deducciones fiscales e incentivos, en especial para las inversiones efectuadas en estas actividades. Debemos destacar el esfuerzo y la actividad que se viene desarrollando desde el Gobierno en el apoyo a todas estas áreas, y más
concretamente a través de los instrumentos del CDTI y los programas de la Secretaría General de la Industria y de la Pyme en materia de emprendimiento e innovación empresarial. Por ello solicitamos que el Gobierno garantice el marco actual de
incentivos fiscales que estimulen a las empresas a realizar actividades de innovación reduciendo su coste como instrumento positivamente reconocido por la Comisión Europea como elemento transparente y predecible que puede influir en los patrones de
inversión privada en I+D+i y que se consideran un elemento importante para favorecer la competitividad y el crecimiento de las empresas. Para conseguir los resultados esperados, se procurará que los incentivos se mantengan a lo largo del tiempo.
Queremos que se promuevan incentivos fiscales para las grandes empresas que realicen actividades demostradas de transferencia de conocimiento y tecnología a pymes y en su salida a mercados de exportación como socios o proveedores de referencia en
proyectos internacionales, con el objetivo de mejorar el acceso de estas últimas a fuentes de conocimiento y de mejorar su capacidad de desarrollo, así como la atracción de incentivos fiscales hacia los centros tecnológicos, adicional al plan
Cervera, que contribuyen a integrar el sistema y reforzar la transferencia del conocimiento. Y en especial, que se apoye a pymes innovadoras y startups a través de la compra pública innovadora.
Pedimos un plan plurianual de demanda pública temprana que establezca los proyectos innovadores de suministros susceptibles de ser adquiridos por este procedimiento, de forma que tanto compradores como suministradores puedan planificar los
servicios y la innovación a desarrollar. Y que se preste especial atención a asegurar mecanismos legales que incentiven a las comunidades autónomas a crear también sus planes plurianuales de proyectos susceptibles de ser adquiridos a través de
dicha demanda pública temprana. Incluso tener un objetivo que implique la obligación de la Administración General del Estado de identificar al menos un 3% del capítulo 6 y del artículo 23 del capítulo 2 de los Presupuestos Generales del Estado a
ser incluidos bajo la rúbrica presupuestaria de tipo k, proyecto de inversión CPI. Para la ejecución de dichos proyectos de inversión se deberá al menos realizar una consulta previa al mercado para identificar soluciones innovadoras y emplear el
procedimiento de asociación para la innovación en su ejecución. Se habilitará la Secretaría General de Ciencia e Innovación para el seguimiento del compromiso anual.
También solicitamos que el Gobierno introduzca nuevos mecanismos financieros en el entorno del emprendimiento y del contexto digital, apoyando la actividad de los business angels, capital riesgo, microcréditos, préstamos participativos,
garantías, etcétera, en diferentes sectores y tipos de empresas, aumentando las posibilidades de obtención de financiación y facilitando la adopción por parte de las pymes de retos como crecimiento, concentración, diversificación, digitalización e
internacionalización, especialmente para aquellas soluciones de marcado carácter comercial que les permitan competir con su entorno en las mejores condiciones. También un mecanismo específico de cofinanciación pública y privada para impulsar el
establecimiento de inversiones productivas con carácter de liderazgo mundial en sectores estratégicos y cuyo impacto en el desarrollo socioeconómico, en la generación de empleo local, autonómico y nacional, en el grado de innovación o de tendencias
emergentes o en otro aspecto destacado de la evolución territorial sea especialmente relevante. Es necesario disponer de mecanismos de financiación de la innovación con carácter flexible adaptados a las necesidades de las empresas. Se pondrán en
marcha mecanismos para evitar la falta de medios económicos derivados de la estacionalidad de las convocatorias de ayudas y subvenciones públicas.
Por tanto, en continuidad con los objetivos de esta Comisión, por el momento económico y presupuestario, y por las medidas que proponemos, solicitamos su apoyo a esa proposición no de ley. Anunciamos ya la aceptación de las enmiendas
planteadas por el Grupo Ciudadanos y estamos cerrando con el PDeCAT también una transaccional para la enmienda que nos ha planteado.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Paniagua.
En defensa de las enmiendas presentadas por los respectivos grupos, en primer lugar, tiene la palabra el señor Roldán, por el Grupo Ciudadanos.
El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente.
Celebramos que el Partido Popular traiga una iniciativa sobre innovación y que se inste a sí mismo a hacer más actuaciones en este ámbito; un ámbito clave en el mundo competitivo global. España se está
quedando atrás en la carrera del conocimiento y en la carrera de la innovación. A este respecto hemos traído muchas propuestas a esta Comisión. Hemos hablado del crecimiento empresarial -en España tenemos un problema de trabas al
crecimiento de las pymes importantísimo-, hemos traído iniciativas específicas para mejorar el entorno del ecosistema de las startups y, además, hemos acordado con el Gobierno del Partido Popular un acuerdo de gobierno que incluía medidas concretas
a este respecto y después las hemos negociado en el presupuesto. Por tanto, entiendo que está bien que marquen postura en este sentido; a mí me gustaría que hicieran lo que se han comprometido a hacer. Y entre lo que se han comprometido a hacer
incluye una parte de cosas que están en marcha, que es la implementación de la Red Cervera de Transferencia Tecnológica, básicamente para que el conocimiento se transmita al entorno empresarial y viceversa. También hemos acordado un fondo
importante de match funding, de 480 millones, que creemos que es imprescindible; y lo es por una razón muy sencilla, porque cuando hay cooperación con el sector privado es el sector privado el que hace la auditoría de las inversiones que son
sensatas, que conoce lo que está haciendo; en todo caso, después, el sector público lo apoya para disminuir el riesgo de la inversión en unas actividades que son altamente arriesgadas, como saben, en términos de inversión, porque alrededor de uno
de cada diez proyectos acaba siendo rentable en el mundo de las startups.
Además, tenemos un compromiso para aumentar la inversión en I+D que creemos que es esencial, han sido bestiales los recortes en los últimos años en I+D practicados por el Gobierno del Partido Popular. Insisto, a mí me gustaría que España
fuera un referente global en términos de innovación, que se mandara una señal al mundo de que este país está abierto a la innovación y que se mandara una señal a nuestros ciudadanos de que el Gobierno tiene un compromiso serio para apoyar la
iniciativa, que es donde está el futuro y donde está la creación de empleo y de riqueza.
Por ello, hemos presentado unas enmiendas, esperamos que las apoyen -de hecho, ya lo hicieron en la negociación que yo mismo tuve con ellos para el presupuesto y para el acuerdo de gobierno-, y si las admiten, como parece que van a hacer,
votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Roldán.
Por el Grupo de Esquerra Republicana, tiene la palabra la señora Capella.
La señora CAPELLA I FARRÉ: Gracias, presidente.
Como he dicho anteriormente en mi intervención, estas proposiciones no de ley van seguidas y tienen un contenido, un hilo conductor que las entrelaza, por lo que hubiese estado bien que las hubiésemos debatido conjuntamente por aquello de la
economía procesal.
Antes hablábamos de las fundaciones científicas del sector público y ahora complementamos la visión. Hablamos de un sistema de I+D+i y esto es la suma de la interrelación de un conjunto largo de actores públicos y privados, y de la
capacidad de activar las sinergias entre ellos, la capacidad de relacionarse entre ellos. Ya hemos dicho con anterioridad que el sector público tiene mucho trabajo pendiente. Y ahora, en este segundo punto, en esta segunda proposición no de ley la
visión es distinta, y es qué puede hacer el sector público para que el sector privado invierta en I+D+i.
Es interesante el análisis, por ejemplo, del profesor Xavier Ferràs en referencia al esfuerzo público en I+D+i, que en cualquier caso está muy por debajo -así lo dice en algunos de sus artículos- de lo necesario. Pero sobre todo llega a la
conclusión de que este es ineficiente, incapaz de movilizar recursos públicos en proyectos de interés empresarial. No existe, por tanto, efecto multiplicador porque no existen fondos de acoplamiento para proyectos público-privados de alto riesgo
tecnológico. Es de destacar que acumulamos recortes en ciencia y tecnología desde antes de la crisis que se acercan al 50%. Por lo tanto, los escasos recursos públicos se vierten en organismos públicos, quedándose cautivos en el subsistema público
de innovación. Mientras tanto, las empresas, especialmente las pymes, siguen invirtiendo -en este caso son las que más invierten- en I+D+i, pero invierten en su núcleo de negocio sin incentivos suficientes para abordar retos de mayor ambición
investigadora. Con ello se mantiene el endémico fallo de mercado, el mercado invierte de forma subóptima en I+D, pues percibe que estas actividades tienen un retorno incierto.
El drama real ha sido siempre el mismo: la no colaboración público-privada y la no generación de relaciones de igualdad para favorecer el crecimiento cuando hay desconfianza del Estado hacia los sectores que generan actividad económica.
Esto es una realidad y, por tanto, no sorprende esta voluntad de intervención permanente por aquellos que se definen como liberales. Y, además, cabría analizar el
sistema de compra pública -me parece que el señor Paniagua se ha referido a ello en un momento de su intervención-. Hay países que sí lo hacen, que es la base de la palanca para formalizar este I+D empresarial. Solo falta analizar, por
ejemplo, la compra pública que reciben las empresas de Silicon Valley para situarlas en la frontera de la tecnología. Basta analizar los presupuestos en innovación de países como Austria, Finlandia o Israel. Por lo tanto, la pregunta que debería
formularse el Estado español sería a quién se quieren parecer.
Es imprescindible poner en marcha programas públicos de apoyo financiero a la investigación industrial. Vemos lógico impulsar la investigación pública y luego intentar transferir la tecnología a las empresas. Y, ¡por qué no!, apoyar además
directamente la I+D industrial capaz de generar empleo de valor. Por ejemplo, en este sentido hay buenos iniciativas para potenciar. Es necesario y urgente adoptar iniciativas del tipo de establecer programas de apoyo a la transformación digital,
con especial atención, por ejemplo, a la adquisición de competencias en inteligencia artificial, apoyar las startups surgidas de entornos científicos mediante circuitos financieros rápidos y a veces de alto riesgo y de autorriesgo; impulsar el
cambio estratégico y tecnológico de nuestros clusters y desarrollar nuevos clusters empresariales alrededor de centros de investigación. Esto en Cataluña lo hemos hecho.
Acelerar el crecimiento de los campeones ocultos, empresas familiares, exportadoras y con tecnología propia. Este sería -alguien lo ha apuntado con anterioridad- el caso de la proposición no de ley de hoy del Partido Popular, por la que se
insta a sí mismo -es decir, el Partido Popular insta al Gobierno del Partido Popular- a la promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y pymes, y al establecimiento de nuevos instrumentos financieros de apoyo a la innovación.
Bien, parole, parole y parole. Veremos si esto se traduce en partidas presupuestarias.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Capella.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Montero.
El señor MONTERO SOLER: Muchas gracias, presidente.
Efectivamente, las pymes españolas tienen un problema de financiación. Según el último informe de Cesgar, el 22% de las pymes había declarado tener problemas de financiación en los últimos seis meses; el 31,6% de esos problemas de
financiación estaban vinculados a las pymes exportadoras, y el 37% a las pymes que estaban innovando y que tenían problemas de financiación. Es decir, la exportación y la financiación necesitan financiación especial y las pequeñas y medianas
empresas tienen dificultades para acceder a ella.
Los instrumentos que plantea el Partido Popular en su PNL están bien; no se puede decir que no. El problema es dónde están las partidas presupuestarias y los fondos públicos que le dan contenido a un instrumento financiero, porque un
instrumento financiero sin partida presupuestaria detrás no tiene demasiado sentido, más allá del nominal. Eso significa potenciar básicamente el papel del sector público para financiar la actividad en innovación y desarrollo tecnológico, y para
hacer eso hay que hacer dos cosas fundamentalmente: una, ampliar las líneas de financiación del ICO ampliando la oferta, ampliando los plazos de amortización, modificando las garantías y avales que son exigidos, etcétera; y otra, a nuestro modo de
ver, apostar por una banca pública. Por cierto, hace un rato me enteraba de que del 7% del capital de Bankia que se ha vendido al sector privado, el 3,7% ha sido adquirido por el fondo soberano de Noruega; es decir, que el sector público noruego
sí que apuesta por una institución de la que nosotros nos estamos desprendiendo, una cosa muy curiosa de analizar.
Y la otra cuestión es mantener y mejorar un marco estable de deducciones fiscales y de incentivos para actividades de I+D+i. ¿Problema esencial? Pues que está comprobado que ese tipo de deducciones fiscales no tiene efecto ni repercusión
sobre los incentivos a la innovación y al desarrollo tecnológico, porque se ha venido produciendo también una caída en la inversión dentro del sector privado. Entonces, la propuesta está bien, los instrumentos son correctos, pero, a falta de fondos
públicos, es básicamente, aprovechando las fechas, una carta a los Reyes Magos o a Papá Noel, como ustedes prefieran.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Montero.
Señor Paniagua, a efectos de determinar si acepta o rechaza alguna de las enmiendas.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Están aceptadas las enmiendas de Ciudadanos, como he dicho antes; estamos negociando con PDeCAT para cerrar una transaccional, una modificación de su enmienda a través de una transaccional, y en cuanto esté se la
haremos llegar.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Galeano, por el Grupo Socialista.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Con esta PNL, presentada por el Partido Popular, repetimos aquí un debate, en líneas generales, que ya ha tenido lugar con motivo de otras propuestas que ya se han presentado en esta Comisión. Recuerdo, por ejemplo, una PNL que se presentó
hace unos meses por parte de Ciudadanos sobre el tema de la innovación, hablando de las startups y que recogió un acuerdo mayoritario de los presentes aquí, en esta Comisión, incluido el grupo proponente, el grupo que apoya al Gobierno, que, entre
otras cosas, no ha sido precisamente tomado en cuenta por este, lo cual, desgraciadamente, no es una excepción en esta legislatura. Creo, señorías, que por respeto a la ciudadanía y al trabajo parlamentario deberíamos evitar repetir una serie de
debates que ya se han realizado y que instan al Gobierno a hacer esa función que, según el diccionario, es ejercer la administración, la dirección de un Estado, y no requerir a los demás que volvamos a abrir debates, a presentar enmiendas y llevar a
cabo un trabajo que creo que es tarea del Gobierno.
Los socialistas no tenemos duda de la fragilidad del proyecto del Gobierno de Mariano Rajoy en materia de investigación y de innovación; consideramos que estas materias no están ni mucho menos en la agenda prioritaria del Gobierno de este
país. Esta PNL, señorías, se basa en un documento de las multinacionales de marca España, un documento que presenta una serie de propuestas que pueden marcar la hoja de ruta de este Gobierno, pero cuando menos, es desilusionante este asunto. En
estos últimos años el Gobierno de Rajoy ha erosionado los frágiles cimientos de los que dispone el edificio de la innovación en nuestro país. Para referencia, y sumado a lo que se ha comentado en la anterior PNL, unos datos: El señor Rajoy es el
principal responsable de que en este país haya retrocedido la inversión en ciencia a niveles de 2010, ocupando un mediocre decimoctavo puesto en esta materia en el conjunto de la Unión Europea; me evito decir los países, por respeto a ellos, que
tenemos por delante. En los últimos ocho años en nuestro país ha caído un 10% la inversión en I+D mientras la media europea ha aumentado en un 25%; y la inversión por habitante en esta materia de I+D en España es de solo 286 euros, menos de la
mitad también de la media europea. Fíjense en los gastos por habitante de Francia, con 730 euros, o Alemania, con 1125.
Al hilo de esa referencia que decía del documento de la marca España, con todos los respetos a la labor de estas empresas de la marca España, cuyas propuestas, por cierto, compartimos en líneas generales, mi referencia en este caso es la del
programa del PSOE, del Partido Socialista, para las últimas elecciones, y también de las últimas resoluciones de nuestro congreso federal, y por supuesto también de las intervenciones que ha llevado a cabo aquí mi compañera y portavoz María González
Veracruz, habitual y firme defensora, como se ha visto anteriormente, de la ciencia y de la innovación.
En este caso, señorías, hablamos los socialistas de remover obstáculos fiscales y no castigar, por ejemplo, el fracaso de los emprendedores, hablamos de un papel protagonista del ICO, hablamos de un impulso al papel del CDTI de potenciar el
programa Innvierte, hablamos de asegurar que estos incentivos fiscales puedan también extenderse a los inversores privados, sean personas físicas o jurídicas, hablamos de que el Gobierno ponga en práctica aquello que ya se aprueba en esta casa hace
unos meses. En definitiva, señor presidente, los socialistas queremos que se hable menos de Portugal como referente y como sorpresa positiva en el contexto innovador internacional y se hable más de nuestro país, se hable más de España, en este caso
de la marca España.
Gracias, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
- RELATIVA A LA EXCEPCIÓN EN LA INTERVENCIÓN PREVIA EN LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ MODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002635).
El señor PRESIDENTE: Manifestada ya la opinión del Grupo Popular sobre las enmiendas que acepta o no acepta, pasamos al punto número 10.º del orden del día, proposición no de ley, presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, relativa a la excepción en la intervención previa en los organismos públicos de investigación. Para su presentación y defensa, tiene la palabra la señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Decía antes mi compañero Juan Bravo que había crecimiento, que había recuperación. Pero, ¿qué pasa? Que la ciencia no está notando la recuperación, sigue bajando la inversión en ciencia respecto al PIB; es decir, crecemos económicamente
más de lo que estamos invirtiendo en ciencia. ¿Y qué quiere decir esto? Que los recortes en ciencia son ya estructurales y desde 2009 tenemos un déficit acumulado de 20 000 millones de euros; es decir, la mitad del rescate bancario lo ha pagado
el sistema de I+D+i en España. Pero tiempo tendremos de profundizar en este debate en los Presupuestos Generales del Estado.
Vayamos al segundo gran problema de los centros de investigación, que es el problema de personal, que hemos debatido en una proposición anterior. Creemos que urge eliminar la tasa de reposición y que toca estabilidad personal: luchar
contra la precariedad y la falta de expectativas es más que una normativa y está ligado con la financiación. Pero más allá de los recursos, el tercer gran problema de la ciencia en España es lo que denominamos la burocracia vacía; esto es,
procedimientos administrativos que no aportan nada a la I+D+i, que no cumplen los objetivos de control o de reducción de gasto y que en realidad lo que hacen es complicar terriblemente la gestión diaria de los centros públicos de investigación.
¿Por qué? Porque son procedimientos que no están pensados ni adecuados para la ciencia, porque estos procedimientos se le aplican, como a cualquier otro sector u organismo público, sin tener en cuenta las particularidades de I+D. Insisto, tenemos
un Gobierno insensible a la ciencia que se niega a tomar medidas de coste cero -repito, coste cero- para simplificar la gestión y hacer más competitiva nuestra I+D.
Antes hemos debatido, por ejemplo, el caso de las concentraciones; hablemos ahora de la intervención previa. En 2014 se implanta de nuevo la intervención previa en los organismos públicos de investigación que habían sido eximidos en 1999.
¿Qué pasa desde 1999 hasta 2014, este periodo en el que están sujetos al control financiero permanente? Durante este periodo no se produjeron desvíos ni mal uso de fondos públicos y los OPI consiguieron adaptar su estructura, su personal a este
modo de funcionar, permitiéndoles destinar recursos a I+D.
¿Qué ha supuesto recuperar la intervención previa? En primer lugar, no ha ayudado a un mejor control ni más exhaustivo. Ha supuesto un consumo adicional de recursos que en un momento de recortes tiene un gran impacto en la gestión y en el
funcionamiento de los OPI, pero sobre todo ha dificultado la gestión de proyectos financiados con convocatorias competitivas, ya que estas convocatorias, estos proyectos tienen tiempo, reglas de gastos y compromisos legales que no entienden de
burocracia, y además no son compatibles con los tiempos de la Administración General del Estado. Igualmente, las relaciones con empresas, las actividades de alto componente de desarrollo tecnológico se ven dificultadas. Cuanto mejor es un centro
consiguiendo financiación externa, cuanto más trabaja con empresas, cuanto más desarrollo tecnológico hace, más sufre la intervención previa y más inconvenientes le genera. Es decir, aquello que le pedimos a nuestro I+D se lo dificultamos hasta
extremos absurdos con una norma que no está pensada con la ciencia.
Pongamos como ejemplo el Ciemat, el centro de investigaciones energéticas, un centro que deberíamos estar mirando con especial atención en un momento en el que estamos en plena transición energética, no solo por la propia transición, sino
porque es un momento de absoluta disrupción tecnológica en el sector. El 35-40% de su financiación es a través de fondos que provienen de convenios, contratos y proyectos. Es referencia internacional, gestiona proyectos grandes, complejos, de alto
componente tecnológico y algunos departamentos están mucho más cerca del sector productivo que de la Administración General del Estado. Pues, señorías, este centro está al borde del colapso administrativo. Ha salido en prensa hace poco la
Plataforma Solar de Almería, referencia internacional, también afectada por la normativa de contrataciones científicas, que no puede seguir su actividad por la intervención previa; científicos que tienen que esperar meses para comprar una lámpara
que cuesta 50 euros para continuar con sus experimentos. ¿Esto es hacer competitiva nuestra ciencia? ¿Es mostrar realmente una preocupación por nuestro I+D? La intervención previa solo aporta carga adicional de trabajo, retrasos y consume
recursos que deberían invertirse en investigar y desarrollar tecnologías y no en alimentar la rueda burocrática.
Señorías, le pedimos al Gobierno sensibilidad para entender las particularidades de la ciencia, para cuidarla, no solo con los recursos sino también con leyes y normativas. Porque no entender esto es despreciar e ignorar el trabajo de
nuestros científicos y nuestras científicas, que con los pocos medios de que disponen en la actualidad por culpa de los recortes, consiguen mantener a la ciencia española en lo más alto. Cuando personas y agentes del sistema de I+D+i vienen a
vernos a todos los partidos políticos, lo primero que nos piden es unidad y que nos pongamos de acuerdo en lo realmente importante, en poner la ciencia en el centro de la agenda política y en tomar decisiones comunes.
Hoy mi grupo trae una cuestión de sentido común que no tiene ideología y que no tiene coste alguno. Por tanto, pido a todos los grupos, especialmente al Grupo Popular que apoya al Gobierno, que se sumen a la petición de eliminar las trabas
administrativas, en este caso la intervención previa a los organismos públicos de investigación, para que nuestros científicos y nuestras científicas puedan dedicar su tiempo y sus recursos a lo mejor que saben hacer, que es investigar, y que lo
hagan además en las mejores condiciones.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Martínez.
En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora González Veracruz.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Quiero anunciar que vamos a apoyar la proposición no de ley de Podemos, incluso aunque no aceptaran la enmienda, que creo que la van a aceptar, simplemente porque dice lo mismo, es una mejora técnica, y porque la propia proposición no de ley
que el Grupo Socialista registró en abril de este mismo año 2017 comparte absolutamente los objetivos, incluso el discurso que ahora acaba de exponer la diputada de Podemos.
Yo preguntaría, por supuesto a la diputada del Partido Popular, pero casi la lanzo al Gobierno, a quien quiera escuchar, qué le han hecho los investigadores a este Gobierno. Yo reconozco, como la mayoría del sistema científico, que tenemos
una secretaría de Estado con mucha voluntad, pero para mí es un problema capital la falta de liderazgo político, porque si no consigues los objetivos que persigues, tienes un problema en tu Gobierno. Por eso echo tanto de menos una persona sentada
en el Consejo de Ministros que pueda tomar decisiones, y por eso no me vale lo de que manda Hacienda. Porque Hacienda hará su papel, pero es un Gobierno del Partido Popular con un presidente del Gobierno que se llama Mariano Rajoy el que tiene que
tomar cartas en el asunto, porque son seis años de destrucción, de adelgazamiento, de recortes y también de piedras muy gordas en el camino de fiscalización previa y de intervención. Por eso pregunto qué le han hecho los investigadores al Gobierno
del Partido Popular. Como sigamos por este camino, vamos a ver el cierre de laboratorios, como ya se ha dicho, el envejecimiento de plantillas y una falta importante de competitividad en centros de excelencia y en centros como los organismos
públicos de investigación, que han tenido una trayectoria exponencial en los éxitos científicos. Por eso, creemos que este sistema de fiscalización extrema de la ciencia tiene que terminar; por eso, creemos que la fiscalización previa en los
organismos públicos de investigación tiene que terminar, porque son limitaciones en su gestión que afectan directamente a su competitividad.
La diputada de Podemos ha explicado con más detalle -además, tiene más tiempo- cuál es la situación específica de los centros, cómo los investigadores tienen que dedicar su tiempo a justificar, como si fueran casi delincuentes, facturas y
demás, cuando lo que se tendría que estar promoviendo desde todo el Gobierno, desde luego desde la secretaría de Estado pero también desde Hacienda, es cómo favorecer esa competitividad.
Por eso, nosotros sí que creemos en un pacto por la ciencia y vamos a estar siempre a favor de conseguirlo. Pero un pacto por la ciencia tiene que asegurar que todas aquellas trabas que ha puesto el Gobierno del PP en los últimos años, que
van mucho más allá de los recortes y una de ellas es, desde luego, la fiscalización previa y la alta burocracia que hay en toda la investigación, no solo en los organismos públicos de investigación, empiecen a formar parte del pasado. Si
conseguimos recuperar todo lo que se ha perdido en más de una década, entonces podremos volver a empezar a hablar de un pacto por la ciencia, porque ya no se trata solo de la inversión y de los recortes -los últimos datos del INE nos dan la razón-,
no se trata de tener el objetivo del 2 o del 3%, se trata de invertir y no consolidar los recortes para dejar de bajar en porcentaje de inversión, tal y como dicen los datos del INE. En definitiva, nos parece absolutamente acertada la proposición
no de ley y aportamos solo esta mejora técnica. Esperamos que hoy sea un día de éxito para la ciencia, no solo porque aprobemos la estabilidad en los empleos
temporales de la proposición no de ley anterior, sino esta para terminar con la intervención previa de los OPI y que finalmente hoy podamos decir que ha sido un día de ciencia en el Congreso de los Diputados.
Muchas gracias, señorías.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González. En turno de fijación de posiciones, tiene en primer lugar la palabra el señor Gómez.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Simple y brevemente, por supuesto, para Ciudadanos la ciencia es una prioridad, la innovación, porque sin innovación no hay crecimiento, no se mejora la productividad, por lo tanto no se mejora el empleo, y al final la riqueza del país va
para abajo. Y por eso para Ciudadanos siempre ha sido una prioridad, así lo hicimos en la negociación de los presupuestos, en el acuerdo de investidura. En los presupuestos ya se negociaron 500 millones para la Red Cervera, que esperemos que se
ponga en funcionamiento en breve y ya está ahí lista. En los próximos presupuestos generales para 2018 se incrementan las partidas para la ciencia y, por supuesto, cómo no, apoyaremos una medida que lo que pretende es eliminar cargas burocráticas
que no aportan nada. Lo único que hace esta intervención previa es que los investigadores no se dediquen a lo que se tienen que dedicar, que es investigar, que es de verdad hacer mejorar, hacer crecer, y se tengan que dedicar a hacer papeleo y
hacer gestiones simplemente para el ministerio, por eso apoyaremos esta propuesta, como no podía ser de otra manera.
También hemos pedido, en la subcomisión en que se debate la creación, precisamente llevamos un punto de una enmienda de adición para que en esa subcomisión uno de los puntos a tratar sea el tema de la burocracia en la ciencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra el señor García Cañal.
El señor GARCÍA CAÑAL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente, señora Martínez, desde el año 1999 hasta el 30 de abril de 2014 a los organismos públicos de investigación, los llamados OPI, con naturaleza de organismos autónomos, les fue de aplicación como sistema de control el
llamado control financiero permanente. Y este sistema se modificó en diciembre de 2013 tras propuesta de la Intervención General de la Administración del Estado, la IGAE, al detectar algunos problemas de control presupuestario en los organismos
autónomos, fueran o no de investigación, aprobando el Consejo de Ministros el acuerdo sobre el régimen de control económico-financiero aplicable por la IGAE a determinados organismos públicos, entre ellos los OPI con naturaleza de organismos
autónomos, pasando a exigirse desde su publicación en 2014 la función interventora y el control financiero permanente, que implica asegurar mediante la revisión ex ante el ajuste a la normativa de los actos que supongan el reconocimiento de derechos
o la realización de gastos, así como los ingresos y pagos derivados de aquellos.
Este sistema es más estricto que el anterior, pero también habilita procedimientos especiales que eficazmente empleados dan respuesta a la gran mayoría de las situaciones excepcionales que se pueden producir en los OPI, como por ejemplo que
los plazos para la realización de la función de intervención previa son mínimos, son cinco días para la mayoría de los supuestos y un máximo de diez días en el peor de los casos, sin tener en cuenta que hay procedimientos especiales que pueden ser
utilizados en determinadas circunstancias.
Señora Martínez, no sea tan catastrofista porque lo de comprar una lámpara y tardar meses en cualquier organismo autónomo, eso no pasa en la administración, salvo que haya otro problema diferente, pero no es por la intervención previa.
El Gobierno de todas maneras sigue trabajando en ello. Con posterioridad a la aprobación de esta norma se han realizado trabajos de coordinación con las distintas intervenciones delegadas de los OPI con el fin de conocer las posibles
singularidades que pudieran plantearse y resolver las dudas o cuestiones en el ejercicio del citado control.
Se han aprobado circulares específicas como la 3/2016, de 6 de septiembre, sobre el régimen de fiscalización previa aplicable a propuestas de pago extrapresupuestarias a favor de socios de las OPI en proyectos europeos objeto de subvenciones
comunitarias, que se pueden aplicar. Cierto que la intervención previa presenta procesos administrativos más complejos que en el sistema anterior, por ejemplo los
ingresos externos en las inversiones en investigación con convenios y contratos de carácter científico y tecnológico con empresas nacionales o internacionales, o en el pago de las cuotas a organismos nacionales e internacionales en el ámbito
de la investigación que exigen autorización del Consejo de Ministros. Además de las medidas que se adoptaron por la IGAE y que les refería con anterioridad, precisamente la próxima semana, el día 19 tendrá lugar una reunión de los directores de los
OPI con la Intervención General del Estado y la Secretaría de Estado de Investigación para tratar de buscar mecanismos más ágiles que resuelvan los problemas y faciliten el máximo aprovechamiento de los ingresos presupuestarios y
extrapresupuestarios de los fondos de I+D+i.
Ya la secretaria de Estado, doña Carmen Vela, ha planteado la necesidad de modificar este sistema de intervención y facilitar mecanismos que haga más ágil la gestión de estos organismos públicos de investigación con naturaleza de organismo
autónomo, que puedan resolver actividades de I+D+i que tienen unas particularidades más concretas. Pero no se debe olvidar que, aunque su vocación es la investigación, los OPI son organismos autónomos de la administración y buena parte de su
gestión ordinaria debe seguir los mismos criterios de intervención que el resto de organismos autónomos del Estado, por lo que la proposición no de ley o la enmienda, de admitirse, supondría excluir los OPI de la particular situación de los OPI en
el que está trabajando el Gobierno, y por eso estamos a favor en el fondo, pero no podemos estar a favor en la forma. Por lo que se presenta esta proposición no de ley.
Por tanto, en espera de una solución más realista, que sin duda se adoptará tras la reunión de la próxima semana, nosotros nos abstendremos en la votación, aunque entendemos las razones, y por eso el Gobierno sigue trabajando para tratar de
resolver este problema, que lo conocemos todo porque desde miembros de este grupo parlamentario, incluso el portavoz al que usted hacía mención en Almería, ha estado allí el portavoz del Grupo Parlamentario Popular para conocer in situ el problema y
tratar de resolverlo. Y eso, no tenga usted la menor duda de que el Gobierno de España lo va a resolver.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cañal. Doy la palabra a la señora Martínez para confirmar que efectivamente acepta la enmienda del Partido Socialista.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Sí, sí, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muy bien, muchas gracias.
SOLICITUD DE CREACIÓN DE SUBCOMISIÓN PARA EL ANÁLISIS DEL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA (Número de expediente 158/000036).
El señor PRESIDENTE: Entramos ahora en el punto número 11, último punto, que es debate y votación de la solicitud de creación de una subcomisión sobre el análisis del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. Por un tiempo de un minuto, con la benevolencia de la Presidencia, tiene la palabra para su presentación, señora González.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Gracias, señor presidente.
Empiezo agradeciendo a todos los grupos el apoyo a una subcomisión que para el Grupo Socialista es fundamental, siendo conscientes de que hay ya muchas subcomisiones en el Congreso y que además tendremos que trabajar por que llene al Pleno y
sea una realidad. En el mismo nivel de importancia está la necesidad que nosotros valoramos de tener un espacio en el que se pueda analizar en profundidad toda la problemática del sistema de ciencia, tecnología e innovación en la actualidad.
Tenemos que ser conscientes de que pasamos de tener un Ministerio de Ciencia e Innovación y, por lo tanto, una Comisión de Ciencia e Innovación en el Congreso, a formar parte de una Comisión de Economía, Industria, Competitividad en la que
hay muchísimos temas relevantes y donde es muy difícil poder avanzar en la resolución de tanta problemática. Y sobre todo con un objetivo, que es que si queremos incluso soñar algún día con un pacto por la ciencia necesario en este país, pues
tenemos que tejer los espacios parlamentarios suficientes como para conseguirlo.
Como hemos dicho un minuto, no me voy a extender más en la propia petición de subcomisión. Está registrada toda la argumentación y la necesidad de avanzar en el desarrollo de la Ley de la Ciencia, así que termino agradeciendo al resto de
portavoces y de grupos parlamentarios el apoyo y esperando que
este Parlamento la ponga en marcha cuanto antes, y por supuesto felicitando las fiestas y el próximo año nuevo a todos los parlamentarios y parlamentarias. Mucha felicidad para todos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora González. A continuación tiene la palabra el Grupo Ciudadanos, que ha presentado una enmienda.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidente.
Para ser breves no me voy a extender en la importancia que la ciencia, la innovación y la tecnología tienen para nuestro país y en el nivel en el que estamos, muy lejos del resto de países de nuestro entorno, de todo el trabajo que se debe
hacer para alcanzar al resto de países.
Nuestra enmienda al objeto de la Comisión son tres puntos de adición, porque queríamos que quedasen claros tres aspectos que para nosotros son fundamentales y básicos en el análisis de la ciencia, y es el de la carrera profesional de los
investigadores (investigadores universitarios y no universitarios), el problema de la burocracia, que ya hemos visto a lo largo de la Comisión todos los problemas que presenta la burocracia para la ciencia. Creemos que hay que estudiarlo,
analizarlo y ver cómo podemos mejorar y evitar todos esos problemas que se generan. Y el tema de la transferencia, para convertir esa ciencia básica en innovación para nuestras empresas y progreso económico.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Por el Grupo Vasco, señora Sagastizabal, ¿quiere intervenir? Por el Grupo de Esquerra Republicana, no quiere intervención. Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Martínez.
La señora MARTÍNEZ RODRÍGUEZ: Muy brevemente, señor presidente. Sí, nos sumamos a la necesidad de abrir un diálogo, un espacio de diálogo político para abordar los problemas y los retos a los que se enfrenta nuestros sistema de I+D+i, que
no tiene tiempo en el día a día de esta Comisión. Tanto la situación financiera como la situación normativa, dar una respuesta a la precariedad del personal científico e investigador, y sobre todo crear un nuevo sistema que afronte los retos a los
que la sociedad y la economía española se enfrentan en el siglo XXI. Por eso aplaudimos la iniciativa, nos sumamos y esperamos a que pueda ser aprobada en Pleno y encontremos un espacio donde además involucrar a todos los agentes del sistema.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Martínez. Por el Grupo Popular, señor Bravo.
El señor BRAVO BAENA: Muchas gracias.
Igualmente nos sumamos a la propuesta que hace la compañera del PSOE que, a pesar de las diferencias, creo que la parte de I+D+i tiene una representación excelente en el resto de partidos políticos, con lo cual creo que será fácil, que es un
punto, y quizás quedarnos con una serie de retos, como se ha hablado, la consolidación, la transferencia del conocimiento, el trato que hay que dar a los investigadores, cómo mejorar la inversión privada, etcétera.
Pero cierro con dos frases: 'soñar un pacto por la ciencia', de mi compañera del PSOE; y 'abrir espacio de diálogo político en materia de I+D+i', de los compañeros de Podemos. Estamos seguros de que vamos a conseguirlo y de que vamos a
conseguirlo a través de esta Subcomisión aprobar el deseado pacto por la ciencia.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bravo. Pregunto a la portavoz del Grupo Socialista que si acepta la enmienda de Ciudadanos.
La señora GONZÁLEZ VERACRUZ: Sí, sí, la aceptamos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
En un minuto votaremos. (Pausa).
VOTACIONES:
El señor PRESIDENTE: Podemos empezar las votaciones. Lo que sí voy a pedir a los miembros de la Comisión, para no equivocarnos, lo cual es raro en mí, lo que voy a pedir es que mantengan el brazo levantado hasta saber bien el sentido de
voto de cada grupo.
Vamos a hacer la votación por el orden en que aparecen en el orden del día, no en la forma en que las hemos debatido, sino por el orden del orden del día.
Empezamos con la primera iniciativa sobre la regulación de la venta a pérdida. Aquí se vota en los términos de la enmienda transaccional, que ha sido repartida y conocida por todos los miembros de la Comisión.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; ninguno en contra; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Segunda iniciativa. Antes de someterla a votación le doy la palabra al señor Roldán para que manifestase lo que nos había indicado que haría respecto de las enmiendas.
El señor ROLDÁN MONÉS: Muchas gracias, presidente. Simplemente, para reconocer la generosidad del Grupo Parlamentario Socialista en nuestra enmienda, nuestra iniciativa, vamos a meter la enmienda del punto cuarto que hemos acordado y
aceptarla, sobre nombramientos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Punto cuarto. Luego entiendo que se vota con los propios términos con la introducción del punto cuarto de la enmienda del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; ninguno, en contra; abstenciones, 18.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Iniciativa tercera, la aprobación de medidas de impulso a la industria del transporte sostenible, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Se procede a la votación en los términos de la enmienda transaccional acordada.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Se aprueba por unanimidad.
Pasamos a la votación de la iniciativa número 4 del Grupo Parlamentario Popular, relativa al desarrollo de una estrategia de internacionalización para las microempresas y pequeñas empresas a través del fomento del comercio electrónico. Se
somete a votación con la enmienda transaccional de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; ninguno en contra; abstenciones, 17.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la iniciativa número 5 sobre la adopción de medidas destinadas a la mejora del transporte público y la movilidad en la conurbación de Barcelona, al objeto de mejorar la calidad del aire, presentada por el Grupo
Mixto. Se vota en los términos de la enmienda transaccional acordada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la iniciativa número 6, relativa a la reforma del Sistema de interrumpibilidad y ayudas a la industria, presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con la enmienda transaccional acordada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 14; abstenciones, ninguna.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la iniciativa número 8 presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, relativa a incluir a las fundaciones científicas del sector público y cualquier otro agente del sistema de ciencia, tecnología e
innovación entre las excepciones a la contratación del personal investigador que se establecen en la Ley de la Ciencia, con la autoenmienda que ha presentado el propio grupo proponente.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; ninguno en contra; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la iniciativa número 9, del Grupo Parlamentario Popular, por la que se insta al Gobierno a la promoción de fuentes alternativas de financiación para las empresas y pymes y el establecimiento de nuevos instrumentos
financieros de apoyo a la innovación.
Antes de pasar a la votación doy la palabra al portavoz del Grupo Popular, señor Paniagua, para que se manifieste, que dejó pendiente, la aceptación o rechazo de la enmienda.
El señor PANIAGUA NÚÑEZ: Sí, gracias, presidente. Como ya comenté antes, vamos a aceptar la enmienda de Ciudadanos. Queríamos transaccionar una enmienda con PDeCAT, pero se han tenido que ir y no hemos podido al final hacerlo, o sea que
se queda exclusivamente con la enmienda de Ciudadanos.
El señor PRESIDENTE: Entiendo que se somete a votación la iniciativa con la enmienda de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; ninguno en contra; abstenciones, 8.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Votamos a continuación la iniciativa número 10 relativa a la excepción en la intervención previa en los organismos públicos de investigación, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, con la
enmienda aceptada del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; ninguno en contra; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación sometemos a votación la creación de la subcomisión para el análisis del sistema español de ciencia, tecnología e innovación, con la incorporación de la enmienda del Grupo de Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 33; ninguna en contra; abstenciones, 2.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Señorías, antes de marcharse permítanle a este presidente desearles unas felices fiestas en unión de sus familias y lo mejor para el próximo año.
Se levanta la sesión.
Eran las siete y treinta y cinco de la tarde.