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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 400, de 12/12/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 400
DE DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª MARÍA DEL MAR GARCÍA PUIG
Sesión núm. 9
celebrada el martes,
12 de diciembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a realizar un estudio sobre el impacto en los menores de la custodia compartida impuesta. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002132) ... (Página2)
- Relativa al reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002575) ... (Página2)
- Sobre un plan de protección para los menores de seis años cuya guarda o tutela haya sido asumida por la Administración. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001338) ...
- Por la que se insta al Gobierno a convertir la vigente prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo en una verdadera prestación económica para la crianza de los hijos. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de
expediente 161/001960) ... (Página9)
- Sobre la detección temprana de los trastornos de alimentación en los menores de edad. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002166) ... (Página13)
- Sobre la revisión del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002385) ... (Página16)
- Relativa a tener en cuenta las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002391) ... (Página19)
- Relativa a la adopción de medidas para la localización de los 'bebés robados' (recién nacidos, menores de edad ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos) que permitan la reagrupación familiar. Presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002636) ... (Página23)
Votaciones ... (Página26)
Se abre la sesión a las diez y diez minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A REALIZAR UN ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO EN LOS MENORES DE LA CUSTODIA COMPARTIDA IMPUESTA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002132).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Buenos días. En primer lugar, doy la palabra a la señora Ferrer.
La señora FERRER TESORO: Mi grupo va a retirar la proposición no de ley que figura en el 3.º punto del orden del día, relativa a realizar un estudio sobre el impacto de los menores de la custodia compartida impuesta. Gracias.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias, queda retirada.
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA FIGURA DEL PEDIATRA DE ATENCIÓN PRIMARIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002575).
La señora PRESIDENTA: En segundo lugar, ha llegado una petición de un cambio de orden. El Grupo Popular propone pasar a debatir en primer lugar la proposición no de ley que figura en el 7.º punto del orden del día, relativa al
reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria. Si no hay inconveniente, realizamos el cambio del orden del día. ¿Hay algún inconveniente? (Denegaciones).
Pues entonces comenzamos con el debate del punto 7.º del orden del día: proposición no de ley relativa al reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria. Para su defensa, tiene la palabra la señora González.
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Gracias, presidenta.
Muchísimas gracias, tanto a la Mesa como a los grupos, por haberme permitido hacer este cambio en el orden del día.
Esta iniciativa que el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy en esta Comisión se enmarca dentro de las actuaciones que se están realizando, a instancias de las conversaciones mantenidas por mi grupo y la Asociación Española de Pediatras
de Atención Primara, y que incluyen diversas iniciativas parlamentarias, tanto en la Comisión de Infancia como en la Comisión de Sanidad. Desde aquí quería agradecer, en primer lugar, públicamente a la presidenta de la asociación, la doctora
Sánchez Pino, y a su vicepresidenta, la doctora Narcisa Palomino, por la información que nos han aportado y la colaboración prestada para la presentación de esta proposición.
La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria lleva años pidiendo un mayor reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria, por entender que su labor es excepcionalmente importante como puerta de entrada al sistema
sanitario. Ese menor reconocimiento de esta especialidad es el que aboca a que los especialistas formados, que han aumentado mucho en la década pasada, prefieran los hospitales y las urgencias hospitalarias a la atención primaria, menos atractiva,
en principio, para comenzar una carrera profesional. Resulta especialmente difícil cubrir plazas que son necesarias, sobre todo en entornos rurales o con horarios de tarde, por la difícil conciliación de los horarios escolares de los pequeños con
la jornada laboral de sus progenitores.
Por ello en muchas ocasiones estas plazas son ocupadas por especialistas en medicina familiar y comunitaria, bien formados, evidentemente, como todos los profesionales de nuestro Sistema Nacional de Salud, pero no en pediatría.
Con nuestra mayor sensibilización sobre la violencia en el entorno de la infancia y su alcance se hace imprescindible, como esta Comisión ya ha manifestado, un posicionamiento social de rechazo rotundo y contundente y una ley, como se ha
aprobado por unanimidad en esta Comisión, que aúne todo tipo de medidas de prevención, de formación y de intervención para la erradicación de la violencia contra la infancia. Y es en la prevención donde la labor de los pediatras de atención
primaria es fundamental, es a ellos a los que se les manifiestan las primeras señales que deben alertar de la existencia de ese maltrato, como son la falta de aseo, la falta de alimentación, la falta de cuidados, la dejadez en la atención familiar.
Son ellos, los pediatras de atención primaria, los que suelen conocer al menor desde su nacimiento, lo acompañan a lo largo de su crecimiento y pueden detectar con mayor facilidad cualquier cambio o síntoma que suscite sospechas. El maltrato
familiar más habitual son las negligencias, falta de alimentación o de aseo, desatención, seguidos del maltrato psicológico, el físico y finalmente el abuso sexual. En palabras de la doctora Sánchez Pina el daño de estas formas de maltrato en la
infancia tiene consecuencias a largo plazo en la salud de los menores, en los peores casos con daños irreparables porque la muerte de un niño a consecuencia del maltrato supone un fracaso para la sociedad en su conjunto.
Hoy precisamente se ve en esta misma Comisión la revisión del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Los pediatras reconocen y valoran la existencia de este protocolo, consideran apropiada su
mejora, pero demandan también mayor formación para la detección de esos primeros signos que permitirían una rápida intervención y desencadenarían las actuaciones previstas en el protocolo. Para ello, es necesario que las plazas de pediatría de
atención primaria se cubran con pediatras, por tanto, especialistas formados y que puedan recibir formación específica en detección temprana del maltrato.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Popular presenta hoy esta iniciativa para que se otorgue un mayor reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria y el papel esencial en la detección del maltrato infantil que realizan, en
este momento, además, en que el Gobierno ha sido encargado por esta Cámara de manera unánime para la elaboración de la Ley contra el maltrato infantil para que el colectivo de los pediatras sea uno de los pilares de ese texto; para que ese
reconocimiento se traslade ya a los propios trabajos de elaboración del documento con la participación de las asociaciones representativas del colectivo o del Observatorio de la Infancia, y para que todo ello, suponga un acicate importante para la
presencia de pediatras de atención primaria en todos los centros de salud.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora González.
A continuación intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Millán.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, la iniciativa que propone el Grupo Popular es una iniciativa vacía de contenido, ya que todos somos conscientes de la figura del pediatra en atención primaria y la labor que este realiza. Pero cuando desde las administraciones que
ellos gobiernan, y desde otras que regenta el Partido Socialista, existe un constante desprecio y desdén hacia el personal sanitario, nos planteamos hasta qué punto estas iniciativas solo se presentan para rellenan el cupo correspondiente.
A continuación se expone parte del comunicado que hace unos meses el Foro de Médicos de Atención Primaria publicó, a fin de manifestar su preocupación por la falta de médicos especialistas en pediatría para los centros de salud en nuestro
país: 'Desde hace años la cobertura de algunas plazas de pediatría en atención primaria es un problema para la Administración sanitaria -como ha dicho la compañera del
Partido Popular, no es un problema nuevo-. Esta circunstancia, además, se ha agravado con la crisis económica y con los contratos precarios que esta ha conllevado. Resulta especialmente difícil cubrir las plazas rurales e incluso existen
múltiples casos de especialistas en pediatría que han emigrado de unas comunidades autónomas a otras en busca de mejores condiciones laborales para hacerlo compatible con su familia (...). Las gerencias de atención primaria utilizan la palabra
'pediatría' para designar para designar la edad del usuario atendido, en función del paciente, y no de la titulación del personal contratado. Por tanto, no cabe duda de que el médico no especialista en Pediatría que asume esa consulta, hace un
esfuerzo extraordinario (...). La Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria lleva más de diez años denunciando la situación de falta de médicos especialistas en Pediatría para cubrir el total de plazas ofertadas en los centros de salud
y demandando que aumente el número anual de plazas de Pediatría que se ofertan para formación por la vía MIR. Hasta ahora, sin respuesta...'.
Las administraciones públicas no reconocen de hecho a estos profesionales y hacer una declaración institucional apoyándoles, alabándoles, no sirve para nada, ni tampoco para que estos profesionales se sientan valorados. Señorías, estos
profesionales viven en un sistema laboral altamente precarizado. Sus condiciones laborales son manifiestamente mejorables y no se les reconoce salarialmente la carrera profesional a la que tienen derecho por ley. Con estos agravios directos que
sufren los pediatras, así como otros facultativos y profesionales sanitarios, reconocer su figura sin los efectos reales sobre su actividad diaria parece una tomadura de pelo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Millán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Ferrer.
La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.
La salud de los hijos es una de las mayores preocupaciones de todos los padres y, desde luego, es una cuestión primordial a la hora de asegurar el bienestar del niño. Hace más de treinta años que existe la presencia de pediatras en atención
primaria, que dirigen su atención a la prevención y a la promoción de educación de una vida saludable de la salud infantil, además de la atención directa y continuada a los niños con cualquier tipo de enfermedad. Los países con una atención
primaria de calidad presentan mejores índices de salud, son más eficientes y reparten de forma más equitativa los recursos sanitarios entre la población. Creemos que los pediatras están plenamente reconocidos en nuestro Sistema Nacional de Salud.
Los profesionales sanitarios, entre ellos los pediatras, son los principales garantes de la salud infantil y los consideramos como un eslabón fundamental dentro de la cadena de protección a la infancia.
En la actualidad en nuestro país el pediatra es el primer contacto con los niños y adolescentes, la puerta de entrada que antes comentaban, en el sistema sanitario. Además, es un especialista altamente resolutivo que soluciona más del 90 %
de la demanda de salud de esta población, supervisa su crecimiento y desarrollo y participa en todas las actividades de prevención, promoción y educación para la salud dentro de los equipos de atención primaria junto a enfermeras y médicos de
familia.
La figura del pediatra está definida ya en el Real Decreto 137/1984, sobre Estructuras Básicas de Salud y en la Ley 14/1986 General de Sanidad. En estas normas se define la incorporación del médico especialista en pediatría como la puerta
de entrada al sistema público de salud para la población infantil hasta los catorce años. Ahora bien, desde hace años la cobertura de algunas plazas de pediatría de atención primaria suponen un verdadero problema para las administraciones
sanitarias, no hay suficientes plazas de pediatría para ocupar. Esta circunstancia se ha agravado con la crisis y con los contratos precarios. Hay falta de pediatras para dar respuesta a la demanda y resulta especialmente difícil cubrir las plazas
en zonas rurales y en las grandes ciudades, especialmente en los turnos fijos en horario de tarde.
Ante esta problemática el Grupo Parlamentario Socialista ya ha registrado una iniciativa para solicitar más plazas de MIR en pediatría. Quiero recordar a la representante de Ciudadanos la división de competencias que hay. Es el Estado, el
Gobierno, el que tiene que dotar más plazas para los pediatras, creo que se ha confundido con la Administración autonómica. Ustedes, que siempre quieren conocer de quién son las competencias, algunas veces las confunden. No sabemos si por
equivocación o por querer enredar un poco más. Entendemos que los pediatras están consolidados plenamente en atención primaria y que la solución pasa precisamente para aumentar las plazas de MIR. En ese sentido, va la enmienda que nosotros
presentamos.
Además, en cuanto al primer punto de su iniciativa, como recogen en la exposición de motivos, una vez detectada las situaciones de maltrato se pone en marcha un dispositivo de intervención coordinado,
en el que trabajan juntos no solamente los profesionales del ámbito sociosanitario como pediatras, médicos de atención primaria, enfermeras generalistas, enfermeras especialistas en pediatría, técnicos en cuidados de enfermería pediátrica y
trabajadores sociales, sino también especialistas de otras áreas como la escolar, la policial y la judicial. Por tanto, consideramos que además de la figura del pediatra de atención primaria -que es fundamental- para detectar posibles casos de
maltrato infantil, también hay que influir en los distintos profesionales como enfermeros o técnicos en cuidados de enfermería pediátrica y, en ese sentido, va nuestra enmienda.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Denegación).
Entonces tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Vila.
El señor VILA GÓMEZ: Gracias, presidenta.
En primer lugar, he de decir que mi grupo votará afirmativamente a esta proposición no de ley, porque es complicado votar en contra de reconocer la figura del pediatra de atención primaria como una herramienta clave para detectar el maltrato
infantil y porque también está de acuerdo con el principio de consolidar y aumentar la presencia de pediatras en los centros de atención primaria.
No obstante, quiero decir, como han dicho otros portavoces, que esta proposición no de ley nos parece vacía de contenido, un poco para rellenar cupo, sobre todo teniendo en cuenta que contrasta mucho con la acción que está llevando a cabo el
Gobierno para atajar el maltrato infantil y para garantizar el bienestar de la población infantil. Hay que tener en cuenta que el maltrato infantil se da por muy diversas circunstancias, entre ellas está la exclusión social y la pobreza por la
falta de acceso a los bienes de primera necesidad. Somos el tercer país de la Unión Europea en cuanto a pobreza infantil y el segundo que menos destina a prestación por hijo a cargo. Hay que recordar que el Gobierno del Partido Popular tiene
vetada la ley para el aumento de la prestación por hijo a cargo, pese a que somos el segundo país que menos dinero da para prestación por hijo a cargo.
También contrasta el hecho de que el Gobierno, desde el Consejo de Ministros del viernes pasado, como denuncia Save the Children, haya despreciado o no haya incluido este tema en el plan anual normativo que anuncia las iniciativas
legislativas que pretende aprobar en 2018. Ahí no se encuentra esa ley, que ya este Parlamento instó unánimemente al Gobierno a elaborar en el plazo de doce meses. Esto pone de manifiesto que la infancia no es una de las prioridades del Gobierno,
pese a que este Parlamento se lo ha dicho muchas veces -una vez fue de forma unánime- y las organizaciones de la sociedad civil llevan denunciándolo y demandándolo bastante tiempo. También hay que recordar que es parte del acuerdo del Gobierno con
Ciudadanos, pero que no han cumplido.
Asimismo, echamos en falta en esta proposición no de ley algunas cuestiones que la propia Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria demanda. Ellos mismos dicen que son capaces de reconocer entre un 10 % y un 15 % de casos de
maltrato infantil, precisamente porque les falta formación. Echamos en falta en esta proposición no de ley que se inste al Gobierno para que realice un plan de formación para los especialistas en pediatría, para que puedan tener más herramientas
para poder detectar más casos de maltrato y poder abordarlos mejor. Asimismo, ellos reclaman un acceso al registro que tiene el Ministerio del Interior de posibles víctimas de maltrato infantil, algo que se podría hacer en esta ley, que el
Parlamento ha instado al Gobierno a hacer en doce meses, pero que el Gobierno parece que ha decidido no hacer en 2018.
Dicho todo esto, votaremos a favor porque es imposible estar en contra de reconocer la figura del pediatra como una herramienta clave en la detección del maltrato, pero echamos en falta una verdadera acción del Gobierno para atajar el
maltrato infantil, que va mucho más allá de declaraciones de intenciones y de PNL bien intencionadas.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
¿Acepta la señora González las enmiendas presentadas?
La señora GONZÁLEZ VÁZQUEZ: Estamos valorando la posibilidad de llegar a un acuerdo.
La señora PRESIDENTA: Muy bien. Gracias.
- SOBRE UN PLAN DE PROTECCIÓN PARA LOS MENORES DE SEIS AÑOS CUYA GUARDA O TUTELA HAYA SIDO ASUMIDA POR LA ADMINISTRACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001338).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate del 1.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre un plan de protección para los menores de seis años, cuya guarda o tutela haya sido asumida por la Administración. En primer lugar,
interviene para defenderla la señora Ferrer, por Grupo Parlamentario Socialista.
La señora FERRER TESORO: Gracias, presidenta.
Traemos aquí una proposición no de ley para la protección de menores de seis años cuya guardia y custodia haya sido asumida por la Administración. En primer lugar, quería reconocer la labor que hacen todas aquellas familias acogedoras.
Desde el Grupo Socialista nos parece que es un gesto de solidaridad y de generosidad, con todos aquellos niños que necesitan acogimiento y una familia, porque aunque resulte una obviedad donde mejor puede vivir un niño es entre una familia; una
familia entendida ampliamente en las distintas clases de familias que hay, monoparentales o tradicionales -si me permiten la expresión-. La familia es el principal soporte emocional, educativo y social. Si no se puede, existe la figura de
acogimiento en España desde hace ya un tiempo y viene regulada por la Ley 26/2015 y por la Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia, donde se introducen cambios que desarrollan y refuerzan el
derecho al menor, a que su interés sea prioritario. Además, en la Ley de Protección Jurídica del Menor también se señala que se dará prioridad a las medidas familiares frente a las residenciales, a las estables frente a las temporales y a las
consensuadas frente a las impuestas. Dentro de esa misma ley, su articulado nos insta a que con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de acogimiento familiar sobre la de acogimiento
residencial para cualquier menor, especialmente para los menores de seis años, a quienes va dirigida nuestra iniciativa de hoy. Dice así: No se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos de imposibilidad,
debidamente acreditada, de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convengan al interés superior del menor. Esta limitación para acordar el acogimiento residencial se aplicará también a los menores de seis
años en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres meses.
¿Qué pretendemos con esta proposición no de ley? Que se cumpla la ley, una ley que está desde 2015, porque el Gobierno no ha hecho nada para implementar esas políticas públicas de acogimiento familiar, especialmente entre los niños menores
de seis años. Esto es lo que dice la ley. Nosotros instamos a que, en coordinación con las comunidades autónomas, se haga un plan de protección para los menores de seis años cuya guardia o tutela haya sido asumida por la Administración. Pero ese
plan no estaría completo si no tuviera una dotación presupuestaria a cargo de la Administración General del Estado y no se incluyeran medidas concretas de fomento del acogimiento familiar, como dice la ley. Como digo, esta proposición solo viene a
instar a que se cumpla la ley, es decir, a que en un plazo máximo de seis meses no se acuerde el acogimiento residencial para menores de seis años, salvo en algunos casos debidamente acreditados, o cuando esta medida no convenga al interés superior
del menor.
Por tanto, lo que queremos con esta proposición, como digo, es instar al Gobierno -puede parecer un poco extraño- a que ponga todos los medios para que se desarrolle la ley en el apartado del acogimiento para menores de seis años.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Interviene, en primer lugar, el grupo que ha presentado enmienda. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Valmaña.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Popular presenta una enmienda fundamentalmente de carácter técnico, porque creo que todos los grupos parlamentarios estamos de acuerdo en lo esencial, en que es imprescindible favorecer y fomentar el acogimiento familiar
por la defensa que tanto la ley como la lógica nos proponen como el mayor interés del menor, que es el de criarse, educarse y vivir en una familia. Es una enmienda de carácter técnico que lo que pretende no es otra cosa más que evitar los errores o
desconocimientos que subyacen en la proposición original. Esto es así porque de la lectura de la proposición podría parecer que se produce una invasión sistemática, normativa, ejecutiva y económica de las competencias
exclusivas que cada estatuto de autonomía de las comunidades autónomas y de las ciudades autónomas tiene sobre esta materia, que es la de protección de la infancia, de los niños y de las niñas. Mientras que las leyes a las que hacía
referencia la proponente son legislación básica del Estado, el desarrollo y cumplimiento de esas leyes se hace en las de cada comunidad autónoma, que, incluso en algunas ocasiones, antes de la propia ley de 2015, ya reconocían la necesidad de
garantizar la convivencia familiar de los niños, especialmente de los más pequeños.
Como no tenemos tiempo en los escasos minutos de los que por razones lógicas disponemos, no podemos detallar cuáles son todos esos errores e incumplimientos que se podrían derivar de una proposición tan amplia. Pero no es tampoco el objeto
de la intervención, porque lo importante es que compartimos el espíritu de la proposición no de ley, que nos parece oportuno para recabar la unidad y la complicidad de todas las administraciones para lograr una efectiva protección de la infancia;
ese espíritu que emana de la Ley 8/2015, que es la primera que reconoce y formula de una manera clara cuál es ese interés superior del menor, y en cuya letra c), además, se refiere de manera explícita al acogimiento familiar como una forma de
concretar ese interés superior del menor; es decir, la prioridad del acogimiento familiar frente al residencial como un elemento de plasmación de ese interés superior del menor.
¿Qué cosas se están haciendo en esta materia? Hace muy poco, los días 28, 29 y 30 de noviembre, en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad se ha celebrado el III Congreso de Acogimiento Familiar, en el que no solo han estado
representadas las entidades públicas de protección, sino también algunos otros colaboradores y asociaciones de padres. Se ha hecho con la colaboración, repito, del propio ministerio. También hay acciones de acogimiento familiar que encontramos en
el Plan de Formación de la Dirección General de Familia e Infancia, dos ediciones de un curso online sobre acogimiento familiar de menores. Quiero destacar, porque no solamente es una labor del Gobierno central, sino también de todas las
comunidades autónomas y de las ciudades autónomas, las acciones que se derivan del auténtico protagonista, que es la Comisión Interautonómica de directores generales de Infancia y de Familia. Precisamente el día 22 de junio de 2017 se ha acordado
una comisión técnica para tratar la aplicación de la disposición adicional tercera de la Ley 26/2015. Esta comisión ya se reunió el día 18 de octubre de este mismo año y de ella han derivado tres grupos de trabajo, uno de los cuales se dedica
expresamente a elaborar una propuesta inicial de criterios comunes y mínimos estándares de cobertura, calidad y accesibilidad en acogimiento familiar, que está integrado por seis comunidades autónomas con Gobiernos de diferente signo político.
La señora PRESIDENTA: Señora Valmaña, tendría que ir acabando.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Termino ya presidenta.
Por tanto, quiero manifestar mi reconocimiento al trabajo que esa comisión interautonómica está realizando.
Nuestra enmienda va dirigida, fundamentalmente, a lograr esa corrección para circunscribirlo al ámbito que le es propio al ministerio, al ámbito exclusivo sin invasión de competencias, aunque con la visión de que la colaboración es
absolutamente imprescindible. Estas son las acciones que están en marcha. Salvo que el propósito real, y no el que nosotros presumimos en esta proposición no de ley, sea la modificación del sistema de financiación autonómico, en cuyo caso yo le
recomendaría que lo llevaran a otra Comisión y no a esta...
La señora PRESIDENTA: Señora Valmaña, tiene que acabar.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: ... creo que la enmienda es perfectamente asumible, que completa, que corrige y que centra realmente la intervención del Ministerio de Sanidad en aquellos límites en los que debe ser establecida por los propios
estatutos de autonomía.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Mixto tiene la palabra el señor Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias, presidenta. Solo quiero hacer constar que vamos a apoyar esta iniciativa. Consideramos que es interesante la redacción de dicho informe, pero siempre con el debido respeto a las competencias
transferidas a las comunidades autónomas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Ciudadanos tiene la palabra el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Muchas gracias, presidenta.
Buenos días a todos. Creo que hay cuestiones y propuestas que en su filosofía, en su planteamiento, no se pueden discutir, y pensamos que esta es una de ellas. Vaya por delante nuestra absoluta coincidencia y nuestro inequívoco apoyo a la
iniciativa presentada por el Grupo Socialista.
Hay que hacer todo lo humanamente necesario, y también todo lo presupuestariamente necesario, para acometer con eficacia el problema de estos menores de seis años, por justicia, por responsabilidad y para cumplir con la Ley 26/2015, que
modifica el artículo 21 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, cuyo apartado 3 establece que con el fin de favorecer que la vida del menor se desarrolle en un entorno familiar, prevalecerá la medida de
acogimiento familiar sobre la de acogimiento residencial para cualquier menor, especialmente para los menores de seis años. Este apartado nos señala que no se acordará el acogimiento residencial para menores de tres años salvo en supuestos
debidamente acreditados de imposibilidad de adoptar en ese momento la medida de acogimiento familiar o cuando esta medida no convenga al interés superior del menor. El mismo apartado 3 nos obliga a cumplir con una limitación para acordar el
acogimiento residencial que se aplicará también a los menores de seis años, que es en el plazo más breve posible. En todo caso, y con carácter general, el acogimiento residencial de estos menores no tendrá una duración superior a tres meses.
A mí no se me ocurre mayor responsabilidad para las administraciones públicas, para los trescientos cincuenta diputados que nos sentamos en este Congreso, para los diputados de los parlamentos autonómicos, para cada concejal de cada
ayuntamiento, que la protección a la infancia. Y si hablamos de niños y de niñas que en su ámbito familiar han podido sufrir agresiones, que tienen adicciones, una o varias, sobre los que se ha ejercido violencia filio-parental, que pueden tener
algún problema de salud mental, necesidades especiales de aprendizaje, algún tipo de discapacidad, o incluso haber sido víctimas de abusos sexuales o ser parte de una red de explotación sexual o de trata, nuestro empeño debe ser aún más contumaz.
En Ciudadanos consideramos que las políticas de protección de la infancia en todo momento deben buscar el interés superior del menor, y consideramos necesario que se cumpla la ley, sencillamente que se cumpla la ley, y que todo menor de seis
años, siempre que sea posible, sea acogido por una familia antes que en un centro residencial. Creemos que el acogimiento familiar puede, en gran medida, responder a este interés y a las necesidades específicas de estos menores de mejor manera que
el acogimiento residencial. Las necesidades de atención afectivas, educativas y económicas que precisa un menor de edad varían en función de su infancia, si bien todas ellas hasta el momento han podido ser satisfechas de manera mucho más específica
desde el acogimiento familiar que desde el acogimiento residencial o institucional, especialmente cuanto menor sea la edad de estos niños y niñas. Para ello, el acogimiento familiar, desde nuestro punto de vista, siempre debe tener en cuenta una
serie de características mínimas. Primero, preferimos un acogimiento familiar estable frente a acogimientos temporales; segundo, que las medidas se tomen en consenso con el menor, siempre teniendo en cuenta su opinión; evitar la imposición de
medidas siempre que sea posible y buscando en todo momento el interés superior del menor; y tercero, el trabajo proactivo de las administraciones profesionales y de los cuidadores para garantizar la continuidad de los vínculos con su anterior
familia a lo largo de todo el proceso de acogimiento.
Por supuesto, votaremos a favor de esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Confederal tiene la palabra la señora De la Concha.
La señora DE LA CONCHA GARCÍA-MAURIÑO: Buenos días.
Evidentemente, vamos a votar a favor de esta PNL en la que se pide que no haya menores de seis años en los centros residenciales. Eso ya estaba dicho en leyes del año 2015, y tres años para los niños es una vida, sobre todo cuando son
recién nacidos. Los bebés que nacieron cuando se aprobó esta ley pronto tendrán tres años, y en ciertos aspectos para algunos de ellos ya será demasiado tarde. No entendemos esta lentitud. Ahora traemos una PNL para decir que se cumpla lo que ya
está escrito en una ley, y que se desarrolle un plan de protección para los menores de seis años con puntos que ya están contemplados en esa ley.
El Grupo Confederal cree que un país que no cuida su territorio y su infancia está destinado a la muerte, directamente. Por eso este año, en el Día Internacional de la Infancia quisimos poner el foco en
las niñas, en los niños, en los adolescentes que se encuentran bajo la guarda o tutela de la Administración; es decir, se supone que la Administración retira la tutela a unas familias para darles una vida mejor. Estamos haciendo una serie
de preguntas a las comunidades autónomas que ofrecen una información muy diversa, incompleta en muchos casos, porque este tema debería tratarse en profundidad y resolverse de una vez por todas, que no venga recurrentemente en diferentes PNL. Por
ejemplo, queremos saber qué porcentaje de menores de edad con algún tipo de discapacidad están acogidos en familias o bien en centros residenciales; también cuántos hermanos y cuántas hermanas están separados en las medidas de acogida; cuantas
chicas tuteladas han sido madres y si siguen con sus bebes o no, y por qué motivos.
Este tema da para mucho, tiene muchas ramificaciones y no se puede andar tocando con PNL distintas sobre cada uno de los puntos. Este es un mismo tema. Para cada bebé que nace la primera opción debería ser siempre vivir con su familia,
obviamente; la segunda, su familia extensa; la tercera, las familias de acogida. Pero claro, las familias deberían ser un espacio libre de toda violencia y, además, deberían tener recursos suficientes y adecuados. Pero, curiosamente, el Gobierno
nos veta una ley de prestación por hijo a cargo, que ayudaría a que las familias tuvieran estos recursos suficientes. También sabemos que el Gobierno ya no va a incluir la Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y adolescencia
en su Plan anual para 2018. Sin embargo, esa ley era parte del acuerdo del Gobierno del PP con Ciudadanos, y además se votó en el pleno del Congreso, lo votamos todos los grupos parlamentarios, incluido el propio PP. Creo que es casi imposible
explicar a la ciudadanía este ping-pong continuo de normas y normas para que se lleven a cabo las normas, y leyes para que se lleven a cabo las leyes. Realmente creo que damos una sensación de ineficacia tremenda, sobre todo cuando los temas atañen
a la infancia, en la que un año es muchísimo tiempo.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Les pido un segundo, porque estamos viendo cómo encajar el debate, ya que hay personas que están también en la Comisión de Igualdad y no pueden estar aquí.
Perdone, señora Ferrer, ¿acepta las enmiendas?
La señora FERRER TESORO: Se lo digo en un rato.
La señora PRESIDENTA: Suspendemos la sesión un minuto. (La señora vicepresidenta, Pascales Martínez, ocupa la Presidencia.-Pausa).
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A CONVERTIR LA VIGENTE PRESTACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR HIJO A CARGO EN UNA VERDADERA PRESTACIÓN ECONÓMICA PARA LA CRIANZA DE LOS HIJOS, PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de
expediente 161/001960).
La señora VICEPRESIDENTA (Pascales Martínez): Vamos a debatir la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a convertir la vigente prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo en una verdadera prestación económica para la
crianza de los hijos.
En primer lugar, para la defensa de su iniciativa, tiene la palabra, por un tiempo de cinco minutos, el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señor Miquel.
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muchas gracias, presidenta.
Nuestro grupo tiene ya una larga trayectoria en esta Cámara en la defensa de un modelo de prestación por hijo a cargo que ofrezca soluciones reales a las familias más necesitadas, especialmente a aquellas que tienen hijo a cargo, con la
voluntad última de proteger al menor y de garantizarle una vida más digna y con más oportunidades.
De informes de organizaciones internacionales, como Unicef, se desprende que la pobreza infantil tiene una gran incidencia en el desarrollo de la vida adulta del niño y un impacto claro que le condiciona por el resto de su vida. Por ello, y
porque se prevé una tendencia al alza del índice de riesgo de pobreza infantil en el Estado español, creemos que es más importante que nunca que se aplique un modelo como el de países que han tenido éxito en la lucha contra la pobreza infantil.
Nosotros definimos la pobreza infantil en función de tres ejes principales. El primero, un sistema de prestaciones que funcione, que sea realmente eficiente; el segundo, un servicio de apoyo a las familias con hijos que ofrezca facilidades a
aquellas familias que no pueden hacerse cargo de sus hijos; el tercero, una política de fomento del empleo que además facilite la conciliación de la vida laboral y familiar. Creemos que en función de esos tres ejes
se puede construir un modelo social y familiar que dé más garantías a los niños y niñas de este país, que, en definitiva, serán los que tendrán que trabajar el día de mañana para levantar la situación política y económica del país.
Creemos que, sin duda, es insuficiente la prestación actual de 24,25 euros por hijo a cargo que se ofrece a las familias más necesitadas. Por eso pedimos -y no es la primera vez que lo hacemos, pero esperemos que sea la última- dos cosas.
En primer lugar, incrementar dicha prestación de 24,25 a 100 euros al mes para aquellas familias que tengan un hijo menor a cargo. En segundo lugar, que el límite de ingresos, que ahora está establecido en 11 576 euros se incremente hasta los 22
000 euros. Pensamos que estas medidas son urgentes, son absolutamente necesarias y no pueden esperar ni un minuto más, porque lo que estamos poniendo en riesgo es, en definitiva, la calidad de vida de los niños y niñas de este país, pero también la
cohesión y un modelo de país muy concreto.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pascales Martínez): A continuación, intervienen, por un tiempo de tres minutos, los portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado enmiendas.
En primer lugar, tiene la palabra la señora Millán, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias señora presidenta.
Señorías, en España se calcula que hay cerca de 1,4 millones de niños que están en situación de pobreza severa. Generalmente, estas familias están formadas por miembros que tienen unos ingresos de menos de 930 euros al mes; apenas llegan
al 33,6 los niños en situación de pobreza cuyos padres tienen acceso a la prestación por hijo a cargo. En España existen prestaciones relacionadas con la crianza de los hijos, pero su cuantía anual es escasa y no supone una ayuda real efectiva para
este fin.
Ciudadanos ha compartido siempre la necesidad de que esta prestación aumente para garantizar la correcta crianza de los menores. De hecho, en los diferentes presupuestos en los que hemos participado hemos luchado para que el Ministerio de
Hacienda comprendiese la importancia que tiene invertir en infancia. En los presupuestos de 2017 negociamos mejoras para políticas de protección social, mejoras educativas y contra el desempleo, y concretamente en pobreza infantil, un aumento de
los fondos para la protección de la familia y atención a la pobreza infantil con una dotación de 342 millones; también para revertir recortes en atención a la dependencia, con un aumento del 10 % de la financiación del Estado para la atención a la
dependencia; un plan contra el fracaso escolar que aumentó los fondos para la programación del refuerzo del profesorado, con una dotación de 30 millones; y un plan de gratuidad en los libros de texto, con una dotación de 50 millones; un
complemento salarial joven para la prestación económica complementaria del salario para menores de 30 años que están inscritos en el Sistema de Garantía Juvenil, para que accedan a un empleo, con una dotación de 500 millones. Negociamos políticas
como orientación profesional para parados de larga duración, una ampliación de la cobertura de los programas para la activación del empleo, con una dotación de 258 millones, y en cuanto a la formación para el empleo se asignaron 1200 millones para
políticas de formación y para el desarrollo de un nuevo sistema de cheques de formación.
Con respecto a las negociaciones previas a este parón de los presupuestos de 2018, también conseguimos negociar más de 8000 millones de euros en reformas naranjas para dar un alivio a la clase media trabajadora, bajar los impuestos a la
clase media trabajadora después de años de subida por parte del Partido Popular y del Partido Socialista, y no que se bajaran -como siempre se ha hecho- en años electorales; que las familias reciban una ayuda de 1000 euros al año para llevar a sus
hijos de cero a tres años a las escuelas infantiles; también conseguimos negociar permisos de paternidad de cuatro a cinco semanas.
Por otro lado, somos contrarios a que la gestión de estas prestaciones sea transferida a las comunidades autónomas, ya que consideramos que la mayor eficacia para estas ayudas es que se designen desde las entidades protectoras de la
infancia, que sean transferidas directamente a las familias y que estas lo gestionen. En Ciudadanos trabajaremos para que nuestras políticas sean útiles a la ciudadanía, que ayuden a los más necesitados a obtener unos niveles de bienestar
aceptables y que todos ellos tengan las mismas oportunidades para labrarse un futuro mejor.
Muchas gracias
La señora VICEPRESIDENTA (Pascales Martínez): Es el turno de la señora Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, no es la primera vez que se ve, en esta y en otras comisiones, incluso en el Pleno del Congreso, la preocupación que hay en este Parlamento y en los distintos grupos parlamentarios por la situación de pobreza que atraviesa
nuestro país, especialmente la infancia en nuestro país. Los niños no son pobres, son pobres sus familias. Pero es muy importante esa prestación que hoy nos trae en su iniciativa el PDeCat, del Grupo Mixto, sobre la pobreza infantil. Tan
importante es para otros grupos como para el mío, que en la primera sesión de esta recién creada Comisión de Infancia en la que se debatieron PNL se aprobó una iniciativa de mi grupo sobre pobreza infantil, en la que se hablaba precisamente, entre
otras muchas cuestiones, de elevar la prestación por hijo a cargo. No es cuestión de ponernos aquí a debatir sobre los datos concretos, que se aportan en la exposición de motivos y que van cambiando, aunque no mucho, de un mes a otro, pero sí de la
necesidad de hacerlo. Me sorprende que en Ciudadanos estén tan contentos de la política que hacen y que pactan con el Grupo Popular, porque la última semana que tuvimos sesión de control -fíjese si será de interés para mi grupo este tema- esta
diputada preguntó a la ministra responsable de esta área qué sucedía con el plan de 1000 millones que habían acordado ustedes para el año 2017, porque para 2018, son 1500, para 2019, otros 1500 y para 2020, ¿sabe usted cuántos? Se han gastado 60
millones en pobreza infantil, y no lo supimos cuando se aprobaron los presupuestos, ni en las comparecencias presupuestarias, sino que lo hemos sabido cuando en dos pagos diferenciados el ministerio ha aclarado cuánto había para el Plan de Infancia
y Familia del dinero que había allí: 6o millones en total para todas las comunidades autónomas. Mire usted, ni tres euros y medio por niño en situación de pobreza en este país. No es bueno que se presuma tanto cuando la situación sigue siendo muy
grave en nuestro país.
Seguimos trabajando. Incluso en los Presupuestos Generales del Estado, siguiendo el trabajo que ustedes mismos, el Gobierno y el resto de los grupos habíamos realizado con algunas organizaciones como, en concreto, Save de Children, pedíamos
-no propusimos ninguna barbaridad, porque estaba por debajo de los 1000 millones que ustedes solicitaban- ese aumento de la prestación por hijo a cargo, que es absolutamente fundamental. Tampoco fue escuchado. Estamos debatiendo en la Cámara ahora
mismo una iniciativa legislativa popular de los sindicatos en la que mi grupo ha vuelto a introducir la prestación por hijo a cargo como una enmienda. Por eso, no podemos más que estar de acuerdo con la propuesta que hoy se nos hace, aunque es a la
baja con respecto a la que nosotros proponíamos, pero no importa, siempre es mejor que hagamos algo, pero que lo hagamos de verdad, no que simplemente pongamos una firma en un acuerdo que luego después no llega a nada. Por eso espero que el grupo
proponente acepte nuestra enmienda.
Ya se están gestionando por parte de las comunidades autónomas prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, como las pensiones no contributivas, que se hacen a través del Imserso. La caja no se rompe, es caja única y las negocian
las comunidades autónomas. Se está trabajando en el Pacto de Toledo sobre la modificación del sistema de pensiones y la diversificación de fuentes. La enmienda que mi grupo presenta es que ese segundo punto se lleve a la comisión correspondiente,
que es la Comisión del Pacto de Toledo, donde nuestros compañeros y compañeras están trabajando sobre este tema, y que sean ellos los que puedan decidir tanto sobre la gestión o la transferencia de esta gestión a las comunidades autónomas como en el
medio plazo, que estoy segura de que es algo que todos nosotros deseamos, sobre una prestación universal como la que tienen otros países más avanzados de nuestro entorno.
Nosotros apoyaremos la iniciativa si el grupo proponente acepta nuestra enmienda.
La señora VICEPRESIDENTA (Pascales Martínez): Seguidamente, hacen uso de la palabra los portavoces de los grupos parlamentarios que no han presentado enmiendas, por tiempo de tres minutos y por orden de menor a mayor. Tiene la palabra la
señora García, del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
La señora GARCÍA PUIG: Muchas gracias.
En el Grupo Confederal estamos de acuerdo con la propuesta de PDeCat y, por supuesto, votaremos a favor. De hecho, el Grupo Confederal registró una proposición de ley donde se recogían las medidas que propone esta PNL. Sin embargo, el
Gobierno la vetó, impidiendo así la labor legislativa de esta Cámara en beneficio de un colectivo tan vulnerable como la infancia.
Los datos de pobreza infantil de nuestro país hacen urgente una medida de este tipo. La tasa de pobreza infantil es intolerablemente alta, asciende a un 29,6 % de los menores, según los últimos datos
disponibles de la encuesta de condiciones de vida del INE. Es una tasa muy superior a la del conjunto de la población y ha crecido cinco puntos desde el inicio de la crisis, cuando ya era de por sí muy elevada. No solo hay más niños
pobres, sino que los niños pobres lo son cada vez más. Los que viven en situación de pobreza severa han pasado de suponer el 12 % en 2008 al 16,7 %, según los últimos datos. Ello se explica en buena parte por el bajísimo volumen de gasto que
nuestro Estado dedica a las prestaciones para la infancia. En el contexto de la Unión Europea, España, con la segunda tasa de pobreza infantil más alta, solo superada por Rumanía, dedica el porcentaje de gasto social en prestaciones para la
infancia más bajo, según Eurostat: un 0,6 % del PIB, frente a una media del 1,7 % en toda la Unión Europea.
Es fundamental, por tanto, invertir en la lucha contra la pobreza infantil y esta medida nos parece imprescindible para seguir avanzando. De todas formas, para este grupo, una medida del tipo que propone la PNL que nos ocupa, como la que
planteamos en la iniciativa que, como ya digo, fue registrada por el Grupo Confederal, sería solo un paso inicial en el despliegue de la necesaria política de protección de la infancia en España, que debería culminar en la aprobación de una
prestación universal por hijo a cargo similar a la existente ya en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Muchas gracias.
La señora VICEPRESIDENTA (Pascales Martínez): Es el turno de la señora Romero, del Grupo Parlamentario Popular.
La señora ROMERO RODRÍGUEZ: Gracias, señora presidenta.
En esta proposición no de ley que presenta el Grupo Mixto se mezclan varios temas, y aquí voy a coincidir con el Grupo Socialista.
La prestación por hijo a cargo está regulada por el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, por lo que la primera apreciación que tenemos que hacer sobre esta iniciativa es que se tiene que realizar el estudio y el análisis
en la Comisión del Pacto de Toledo, y, segundo, con negociaciones de los agentes sociales en la mesa de diálogo social. Así se regula la prestación por hijo a cargo en nuestra legislación, en el artículo 351 y siguientes de la Ley de Seguridad
Social. Otra cosa es que quieran quitar una prestación universal como la que tenemos por hijo a cargo y transformarla en una renta social. Entonces, ya tendrían que mirar si lo que quieren es una renta social, si esa renta social incluye
prestación por hijo a cargo, si es una renta social aparte de la que quieren crear por pobreza o si iría aparte.
También se ha hablado de otros países europeos avanzados, como Francia. Pero hay que ver el conjunto de prestaciones que da el país a una familia en situación de exclusión. Tenga usted en cuenta que en Francia el 70 % de la población tiene
seguros complementarios en sanidad y pagan el 30 % de las prestaciones sanitarias.
Otro de los temas que ha traído el portavoz del Grupo Mixto es el límite de ingresos, que propone que se suba hasta 22 000 euros. Tiene que conocer que la prestación por hijo a cargo se da a familias con menos de 12 000 euros, porque este
Gobierno ya ha regulado deducciones fiscales para complementar por hijo a cargo en el IRPF. Hay deducciones fiscales tanto a nivel nacional como autonómico, porque muchas veces en el nivel autonómico hay deducciones complementarias por hijo a
cargo. Por eso se pone un límite de 12 000 euros, porque a partir de esa cantidad que no tributa en el IRPF, una medida que se ha hecho para familias con mayor riesgo de pobreza, se puede deducir por tener hijos a cargo en los impuestos, tanto por
deducciones estatales en la base liquidable del IRPF, como autonómicas.
También se ha dicho que en los presupuestos generales no se ha destinado dinero a este fin. Señorías, por primera vez desde el año 2014, el Gobierno ha destinado 167 millones de euros a las comunidades autónomas para luchar contra la
pobreza infantil. Se estima que más de 96 000 familias y 260 000 personas han tenido acceso a estas ayudas en el año 2016. Si algunos no encuentran el dinero, puede ser como cuando tampoco encuentran el dinero para las políticas activas de empleo
que se les envía, y, como no lo gastan, lo tienen que devolver, como ocurre en el Gobierno socialista en Andalucía. Pero el dinero llega a las comunidades autónomas, que también tienen competencias de gestión. Además, en los Presupuestos Generales
del Estado para 2017 se han destinado 100 millones de euros para reforzar las prestaciones básicas de servicios sociales que gestionan los ayuntamientos, porque también estos tienen competencia en la materia.
Por supuesto, nosotros estamos al habla con las organizaciones sociales, como Save the Children y Unicef. Pero tendremos que ponernos todos de acuerdo dentro del Pacto de Toledo, dentro de la normativa, para hacer una prestación no
contributiva con cargo a la Seguridad Social adecuada, y, por supuesto, con acuerdo. También se requiere el consenso y el apoyo de otros grupos para incrementar las
cuantías y los destinos en los Presupuestos Generales del Estado, por lo que también necesitamos que el Grupo Socialista apruebe el presupuesto, porque con Ciudadanos ya llegamos a una negociación en torno a su subida.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora VICEPRESIDENTA (Pascales Martínez): Señor Miquel, ¿acepta las enmiendas presentadas?
El señor MIQUEL I VALENTÍ: Sí, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).
- SOBRE LA DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS MENORES DE EDAD. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002166).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora al debate de la proposición no de ley sobre la detección temprana de los trastornos de alimentación en los menores de edad. En primer lugar, para la defensa de su iniciativa, interviene la portavoz del
Grupo Parlamentario Popular, la señora Cascales.
La señora CASCALES MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Hoy el Grupo Parlamentario Popular trae a debate una proposición no de ley cuyo contenido estoy convencida de que es de gran trascendencia para muchas personas en nuestro país. El Grupo Parlamentario Popular pone hoy encima de la mesa un
tema muy concreto: minimizar el número de casos de trastornos alimentarios entre nuestros menores trabajando en su entorno educativo y, para ello, ser capaces entre todos de desarrollar medidas para poder detectar a tiempo los trastornos de la
conducta alimentaria en las propias aulas de colegios e institutos, además de sensibilizar y concienciar para prevenir los graves problemas que pueden llegar a producir dichos trastornos en nuestros jóvenes. Espero que para todos y cada uno de los
políticos que hoy ocupan un sillón en esta sala también esta sea una prioridad y sean ustedes conscientes de que el contenido de esta proposición no de ley es muy concreto.
Desgraciadamente, todos en nuestras vidas hemos tenido cerca o hemos conocido casos a nuestro alrededor sobre la cruda realidad de las devastadoras consecuencias que pueden provocar los trastornos alimentarios en nuestros jóvenes. Los
trastornos de este tipo de conductas alimentarias, como todos ustedes saben, se caracterizan principalmente por periodos o hábitos incontrolados e impulsivos de ingesta de alimentos más allá de unos límites razonables. No solo la presión ejercida
por la sociedad y la idealización mediática de cuerpos estilizados, sino también problemas psicológicos, de estrés, ansiedad e, incluso, algunos factores genéticos pueden llegar a producir daños irreversibles. Estos trastornos suelen generar
gravísimos problemas tanto físicos como psicológicos y además ya saben ustedes que suponen un verdadero calvario no solamente para el paciente, sino también para la familia que lo cuida, puesto que estas enfermedades parten de condiciones muy
complejas.
En este sentido, es cierto que en la vigente Estrategia en Salud Mental del Gobierno este tipo de trastornos es uno de los que se consideran de especial seguimiento tanto en su detección como en su tratamiento, al tiempo que se contemplan
intervenciones específicas de apoyo a los familiares. También es cierto que existe la Estrategia de promoción de la salud y prevención en el Sistema Nacional de Salud, que trabaja en profundidad sobre el desarrollo de una alimentación sana. Pero,
definitivamente, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que no podemos conformarnos, que debemos seguir esforzándonos por buscar soluciones, y precisamente una de ellas es hacerlo desde el lugar en el que se encuentran nuestros hijos e
hijas, en las aulas. Eso es precisamente lo que mi grupo busca a través de esta iniciativa, instar al Gobierno de España, en colaboración con las comunidades autónomas ya que tienen derivadas las competencias y en el marco de la Conferencia
Sectorial de Educación y del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a que se diseñen y se ejecuten protocolos de actuación y detección de los trastornos de alimentación en las aulas. También proponemos algo tan esencial como la
prevención, la sensibilización y la concienciación social, porque todo ello unido ineludiblemente conllevará una reducción del número de casos.
Señorías, no cabe la menor duda de que este es un problema muy importante y un problema de todos. Ya saben, como he dicho anteriormente, que las competencias sobre esta materia están derivadas a las comunidades autónomas, y, por tanto, que
este no es un problema única y exclusivamente del Gobierno de España ni del Partido Popular, sino de todos y cada uno de los Gobiernos autonómicos y de todas las
fuerzas políticas. Cuando sus señorías tomen la palabra después de mi intervención para hablar sobre este tema, recuerden que ustedes también forman parte de algún Gobierno autonómico en este país y, por lo tanto, también son responsables
de estos temas. Me gustaría que por una vez centrásemos nuestro debate no en buscar culpables, sino en buscar una solución para este grave problema, porque si no lo hiciéramos así estaríamos siendo irresponsables e irrespetuosos con los jóvenes que
padecen estos trastornos y también con sus familias. No centren su debate en la política de destrucción por el mero hecho de destruir, sino en la política de construcción para la búsqueda de soluciones reales a los problemas.
Esta proposición no de ley supone un punto de partida, una búsqueda de estrategias conjuntas y unificadas para luchar juntos contra los trastornos alimentarios en las aulas de nuestros hijos y nuestras hijas. Es una iniciativa que pretende
buscar soluciones a través del diálogo y del consenso entre las administraciones públicas, porque eso es lo que realmente nos piden nuestros ciudadanos. Los niños, las niñas y los jóvenes que padecen este calvario no entienden de confrontaciones
políticas y no entienden de competencias, entienden el sufrimiento que padecen y es nuestra obligación evitar que estas situaciones se produzcan. Nuestra responsabilidad es buscar soluciones, y la mejor solución, definitivamente, es poner los
medios para que nunca lo padezcan. De ahí que la prevención, detección y concienciación en las aulas deben ser las bases de nuestro trabajo. Señorías, espero que sus intervenciones se ajusten a lo que les acabo de pedir, responsabilidad, porque
ustedes también gobiernan en comunidades autónomas, y altura política para con nuestros jóvenes, sobre todo con los jóvenes a los que podemos ayudar y evitar que sufran en cualquier momento de su vida alguno de estos trastornos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Intervienen ahora los portavoces de los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Ciudadanos, el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.
Nosotros hemos presentado una enmienda con siete puntos a esta proposición no de ley, que, aunque evidentemente no creo que haya nadie que pueda votar en contra, es, como siempre las del Partido Popular, muy etérea, muy poco concreta.
Hay una parte que nos choca, porque dice que hay que promover las campañas de prevención, sensibilización y concienciación social, pero si a la vez que esas campañas de sensibilización permitimos haya campañas de publicidad mucho más
potentes, mucho más fuertes, páginas web que promuevan la anorexia o la bulimia, por ejemplo, no vamos a llegar a ningún lado. Por eso, nosotros creemos pertinente que dentro de estas campañas de prevención ataquemos algo que consideramos
fundamental, porque estas publicidades hacen muchísimo daño, y es esa búsqueda de la belleza femenina que roza la delgadez extrema, la búsqueda de la juventud perpetua que hace que muchas niñas caigan en estos trastornos de la conducta alimentaria.
Por eso, creemos pertinente -por supuesto, como dice el Grupo Popular, en colaboración con las comunidades autónomas y dentro de la Conferencia Sectorial de Educación y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud-, complementar esta
proposición no de ley con esas medidas, que realmente sí chocan frontalmente contra este problema.
Tenemos ejemplos en Europa como Francia, donde las fotografías comerciales de modelos alteradas por software, por procesamiento de imágenes, tienen que poner en una parte bien visible que es una fotografía retocada, y no cumplir este
precepto puede suponer multas de hasta 37 500 euros, al tiempo que las agencias que utilicen modelos con índice de masa corporal inferior a lo establecido a través de un certificado médico pueden sufrir sanciones de hasta 75 000 euros de multa; o
como Italia, donde las páginas web que fomentan la anorexia y la bulimia pueden conllevar penas de cárcel de hasta dos años y multas entre 10 000 y 100 000 euros. Es decir, nos parece muy bien que en el colegio los profesores estén muy atentos a
detectar este tipo de trastornos de la conducta alimentaria, pero si esto no lo complementamos atacando donde creemos que radica una de las principales causas que empujan a nuestros niños y niñas a tener estas conductas por seguir estos cánones de
belleza social, que realmente acaban en grandes tragedias no solo para los niños sino también para las familias, nuevamente nos encontraremos frente a un canto de sirenas, haciendo una bonita canción pero con una melodía que al final nadie va a
acabar aprendiendo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Es el turno de la señora Rodríguez, del Grupo Confederal de Unidos Podemos.
La señora RODRÍGUEZ MARTÍNEZ: Gracias, señora presidenta.
Compartimos la lectura que se ha hecho de esta proposición no de ley, en la medida en que, como viene siendo habitual por parte del grupo proponente, no profundiza en la cuestión que nos ocupa. Pero me parece preocupante que cuando se hace
este tipo de proposiciones no de ley que hemos calificado de papel mojado, brindis al sol, simulacros -lo que queráis- aun se diga que no podemos hacer política de ellas, porque entonces no entiendo para qué estamos en el Congreso de los Diputados.
El tema que nos ocupa es muy importante, y me sorprende enormemente que esta iniciativa no siga una perspectiva de género, cuando precisamente si una se para a mirar los datos sobre menores que padecen trastornos en alimentación observa que
nueve de cada diez son niñas, no niños. Por eso, nuestra enmienda va en este sentido, por una parte, dirigida a introducir en cualquier tipo de actividad, plan de acción o medida que se quiera poner en marcha una perspectiva de género, porque
consideramos que es necesario, y, en segundo lugar, a impulsar que todas las autoridades audiovisuales tengan en cuenta tanto estas iniciativas como esa perspectiva de género, porque, desde luego, los roles y estereotipos de género y los cánones de
belleza que sobre las mujeres se trasladan en los medios de comunicación creo que a día de hoy son una de las causas fundamentales por las que siguen existiendo estos trastornos en alimentación, que afectan sobremanera a las mujeres.
Creo que este es un debate en el que no podemos simplemente posicionarnos, y no es que esté mal o bien votar a favor o en contra. Muchas veces estos cánones de belleza y estos estereotipos se trasmiten porque existen ideologías machistas
detrás de las decisiones políticas, institucionales, comunicativas, etcétera. Por eso, me parece fundamental que sí hablemos de política, que llamemos a las cosas por su nombre y que pongamos todas las medidas en marcha para que esto se cumpla.
Por cierto, que son cosas que ya dicen nuestras leyes. En realidad, no estamos diciendo nada nuevo. La Ley de igualdad da margen de sobra para entender que en los medios de comunicación no se pueden permitir ciertos anuncios si favorecen ciertos
estereotipos y ciertos roles de género.
Así que, por supuesto, esperamos que sean aceptadas nuestras enmiendas, y ello condicionará nuestro voto, pero porque creemos que en una Comisión como esta tenemos que hacer política, y política, en realidad, es pensar y acordar cuáles son
las mejores soluciones para los problemas que tiene la gente de nuestro país. Por tanto, esperamos que sean aceptadas.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Es el turno del señor Meijón, del Grupo Socialista.
El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, señora presidenta.
En términos generales, resulta imposible votar en contra de esta iniciativa, que sitúa el problema en dos grandes ámbitos, el de la educación y el de salud, desde donde se pretende afrontar con las mayores tasas de éxito los trastornos de
conducta alimentaria. Además, implica también a las comunidades autónomas a través de la Conferencia Sectorial y el Consejo Interterritorial, y estamos de acuerdo en ambas cuestiones. Si acaso, reseñamos su referencia a que es necesario continuar
-así lo dicen en su iniciativa- con el trabajo parlamentario emprendido en el Congreso durante la X Legislatura porque lo que está visibilizando es la escasa acción del Gobierno al respecto. No hacen alusión a ninguna iniciativa en marcha,
simplemente instan al Gobierno a que empiece a actuar en esta dirección. Por cierto, sería injusto decir que las comunidades autónomas no han tomado medidas en este sentido, porque muchas sí han iniciado trabajos en ese tema, tanto en formación de
profesorado como en otro tipo de acciones. Por tanto, esta propuesta no viene mal, porque todo lo que suponga intensificar el trabajo en esta cuestión nos parece perfecto, y que sea el Gobierno quien lo promueva, en colaboración con las comunidades
autónomas, nos parece muy positivo. Pero, es una realidad palpable que los grandes recortes efectuados por este Gobierno en sanidad y educación se han traducido, efectivamente, en esta inacción, por lo menos hasta el momento presente.
Por lo tanto, votaremos a favor de esta iniciativa, incluso si no aceptan nuestra enmienda -ya lo anuncio así-, que aborda el papel de las redes en el incremento de estos trastornos, unas redes al alcance de muchos de nuestros adolescentes
que contribuyen muy en serio al peligro al que nos enfrentamos. Desde 2010 a 2016 se incrementaron en un 50 % los casos de trastornos de conducta
alimentaria entre la población de seis a doce años. Además, estos trastornos sitúan en tercer lugar a esta enfermedad crónica entre adolescentes y preadolescentes. La sufren el 6 % de los niños y niñas entre ocho y dieciocho años, al
tiempo que el 11 % está en riesgo de poder padecer este tipo de trastornos, y no olvidemos que la anorexia es la enfermedad psiquiátrica con la tasa más alta de mortalidad. Si ustedes buscan, por ejemplo, 'dietas para adelgazar sin que se enteren
mis padres', obtendrán 160 000 referencias; si buscan 'vomitar para adelgazar', encontrarán 137 000 referencias, y, aunque es cierto que algunas están hechas a propósito para que quienes entren vean los peligros que hay, en muchas de ellas no es
así. Les puedo hablar de otra que se titula 'cómo ser anoréxica sin que se den cuenta', que dice: en este blog se dan consejos para aprender a hacer una anorexia saludable.
Es cierto que es un problema de difícil solución, que se cierra una página y aparecen otras y que se trata de un problema difícilmente resoluble a nivel de un solo país. Las plataformas de afectados reclaman una ley, como mínimo, en el
marco europeo, pero creo que el Gobierno también puede actuar e impulsar en ese marco europeo una legislación con este motivo, y, por supuesto, como antes decían algunos intervinientes, se pueden hacer leyes propias para sancionar adecuadamente y
lograr cerrar estas páginas.
Reiteramos nuestro apoyo a esta iniciativa y nos gustaría que se aceptara nuestra enmienda.
Moitas grazas. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Cascales, ¿acepta las enmiendas presentadas?
La señora CASCALES MARTÍNEZ: A pesar de que ninguna trata el tema concreto que hemos presentado en nuestra proposición no de ley, estamos intentando integrar todas aquellas que creemos van a enriquecer el texto final.
- SOBRE LA REVISIÓN DEL PROTOCOLO BÁSICO DE INTERVENCIÓN CONTRA EL MALTRATO INFANTIL EN EL ÁMBITO FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002385).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al debate de la proposición no de ley sobre la revisión del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, interviene la
portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos, la señora Millán.
La señora MILLÁN SALMERÓN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en el año 2014 el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad publicó un protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Este protocolo tiene como objetivo la promoción de la
coordinación interinstitucional para mejorar la atención de los menores de edad víctimas de maltrato familiar y establece una serie de medidas generales al respecto. Sin embargo, tres años después de su aprobación consideramos que es precisa su
revisión, porque creemos que diferentes casos han puesto de manifiesto las deficiencias que tiene, incluso han conllevado a desenlaces fatales para los menores. Un claro ejemplo es el ocurrido en el pasado mes de agosto en Valladolid, donde una
menor de cuatro años falleció a causa de parada cardiorrespiratoria por maltrato. Los acontecimientos se iniciaron a principios del mes de julio, el día 11. Según la fiscalía, la menor acude acompañada de su madre al hospital con presencia de
contusiones. La madre señaló ser víctima de malos tratos por el progenitor de la menor, su expareja, señalando que las lesiones de la niña podrían ser causadas por este, quien, a su vez, alegó que se debió a los juegos de la pequeña con su hermana.
Recibida la asistencia médica, la policía judicial presenta un atestado ante el juzgado de violencia sobre la mujer -un posible caso de violencia de género-, al tiempo que es trasladado el caso a Fiscalía de Menores y la menor es devuelta a su
madre. Nos encontramos en el 21 de julio, cuando la Junta de Castilla y León recibe la notificación de la fiscalía para que se investigue este caso, por lo que se inicia el protocolo correspondiente, no siendo hasta el día 26 de julio cuando los
técnicos de los servicios sociales tienen un encuentro con la madre de la niña y su hermana para valorar este caso. Este encuentro finaliza con una segunda reunión para el día 28 de julio, que fue suspendida por la madre por motivos laborales,
trasladándose al 1 de agosto, pero cuando los técnicos acudieron a la vivienda encontraron que no había nadie en el domicilio. Al día siguiente, el día 2 de agosto, la menor ingresa con parada cardiorrespiratoria en el Hospital Clínico de
Valladolid, falleciendo el día 3 de agosto. Creemos que esta cronología muestra cómo los actuales protocolos de protección a los menores por causa de violencia son claramente insuficientes. Que los
menores tengan que estar expuestos a los ambientes donde se pueden producir agresiones durante semanas sin que las autoridades competentes intervengan para valorar la situación y ejecutar las medidas para protegerlo es una situación que no
podemos tolerar.
Por todo ello, desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos hemos presentado la siguiente proposición no de ley, sobre la base de las experiencias y deficiencias detectadas en el tiempo que lleva esta norma en vigor, especialmente en lo relativo
a mejorar la agilización de los tiempos en atención a menores víctima de agresión, ya sea leve o grave, por parte de todos los profesionales, a introducir las medidas oportunas que limiten la exposición de estos menores, con la pronta valoración por
parte de todos los profesionales, y, en tercer lugar, a incluir las medidas relativas al ámbito sanitario y que no se produzca el alta hospitalaria del menor tanto en los casos leves como graves de violencia hasta que se produzca la valoración del
riesgo por parte de los servicios sociales, una valoración forense, comunicación a la fiscalía o, en su caso, remisión del atestado al juzgado de guardia si fuera el caso.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Intervienen ahora las portavoces de los grupos parlamentarios que han presentado las enmiendas. En primer lugar, la señora Pérez, del Grupo Socialista.
La señora PÉREZ DOMÍNGUEZ: Gracias, señora presidenta.
Nuestro más profundo dolor y rabia frente a este caso concreto que da origen a la iniciativa que presentó ya en su momento en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, pero también ante todos los casos
que día tras día afectan a niños y a niñas en nuestro país.
Nos encontramos hoy con una iniciativa que ya fue debatida en esta Cámara y aprobada por unanimidad, con una enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, por mi grupo, y también por el Grupo Parlamentario Popular. Hoy, el
grupo proponente, el Grupo Popular y el grupo al que yo represento, el Grupo Socialista, los tres, hemos enmendado la iniciativa, con aquella decisión que fue tomada en su momento por unanimidad en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Por
lo tanto, estamos hablando de una iniciativa distinta a la que se presenta en su momento, entre otras cosas porque no se puede pretender que los servicios de pediatría ni los servicios hospitalarios retengan a un menor o a una menor por esperar a
ver qué sucede. Son otros los servicios que deben actuar. Por eso se modificó la iniciativa y se pide la implicación de los servicios sociales, judiciales, etcétera, porque la solución no puede ser tener a una menor o a un menor ingresado en un
hospital a la espera de ver qué pasa, si hay malos tratos o no los hay. Por tanto, me felicito de que sea así, me felicito de que hoy vayamos a aprobar todos -espero que por unanimidad, como se aprobó en la Comisión de Sanidad- el texto modificado,
que es el texto que fue aprobado. Dice el refrán que lo que abunda no daña si no es malicia ni cizaña. Por lo tanto, vamos a abundar en este propósito y en que de una vez se haga el protocolo.
No obstante, quiero manifestar aquí mi preocupación por el escaso resultado, por no decir que ninguno, que tienen las iniciativas de los grupos parlamentarios ante el Gobierno. Esta Cámara aprobó en el mes de septiembre -otros portavoces lo
han repetido en el debate de otras PNL- una iniciativa para que sea eficaz, para que se ponga encima de la mesa en un plazo no superior a doce meses -por lo tanto, en 2018- una ley contra la violencia de género, sobre lo que estamos todos de
acuerdo, señorías. Yo participé en la legislatura anterior a la anterior en el informe sobre violencia de género contra los niños que hizo una subcomisión. Ya hubo allí un compromiso con todas las asociaciones de la infancia, un compromiso que
hemos alcanzado todos los grupos parlamentarios en esta Cámara.
Vamos a votar que sí, cómo no, si ya lo hemos aprobado. Venga, no importa, a la tercera a lo mejor va la vencida. Pero señorías, yo les pediría -no lo ha querido hacer mi grupo como enmienda y no hemos presentado ninguna al texto- que
hiciéramos una iniciativa todos juntos para instar al Gobierno de España a cumplir lo que ya aprobó este Parlamento en sesión plenaria: que modifiquen, que corrijan. También le diría a la vicepresidenta que en ese plan normativo que nos
presentaron para 2018 se incluya una ley que no solamente es necesaria, sino que es justa. No podemos permitir que muera ni un niño ni una niña por anorexia, no podemos permitir ni un niño ni una niña que muera de pobreza, no podemos permitir que
mueran por violencia, y eso, señorías, está pasando en este país mientras nosotros seguimos reclamándole al Gobierno que ponga en marcha la ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Marcos.
La señora MARCOS MOYANO: Gracias, presidenta.
Señorías del Grupo Ciudadanos, no solamente se repiten diciendo que el Grupo Popular presenta iniciativas vacías de contenido, sino que ustedes presentan las mismas varias veces. Su intervención me ha parecido un dejà vu de la Comisión de
Sanidad y Servicios Sociales. En todo caso, mi grupo vuelve a valorar positivamente esta iniciativa, y digo vuelve porque ya se debatió no hace ni un mes en dicha Comisión de Sanidad y Servicios Sociales. Y no solo se debatió sino que se aprobó
por unanimidad un texto transaccional que ustedes vuelven a presentar como autoenmienda, no sé si es por falta de coordinación entre sus portavoces o porque la infancia les preocupa por duplicado. En todo caso me parece bien.
En cualquier caso, nunca es suficiente el trabajo en defensa y por el bienestar de los niños y niñas, para eso estamos aquí y en ello estamos trabajando. Como dijo mi compañera y portavoz en la Comisión, Silvia Heredia, el pasado 14 de
noviembre, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ya está trabajando con las diferentes administraciones, los agentes especializados y los profesionales de las instituciones para someter todas las medidas y protocolos de nuestro
ordenamiento a permanentes revisiones. Esta labor la está desarrollando codo con codo con las entidades del tercer sector, de acción social, porque ellas, al trabajar sobre el terreno, son las que mejor conocen las necesidades de la infancia y la
adolescencia de nuestro país.
Además, señorías, no solo desde el Gobierno, sino también desde el Congreso, se está trabajando esencialmente en la atención especial a los menores más vulnerables, como lo son los menores con discapacidad, los extranjeros y las víctimas de
abusos. También se están dando pasos en la lucha contra la violencia sobre la infancia. Prueba de ello son la aprobación en Pleno de una proposición no de ley para regular la lucha contra la violencia sobre los menores de edad, impulsada y
respaldada por una amplia mayoría de la Cámara, y la proposición no de ley que estamos debatiendo hoy por segunda vez, ya aprobada en noviembre. Además, nos consta que el Gobierno ha tomado buena nota y está trabajando en la elaboración de un
proyecto de ley para erradicar la violencia contra la infancia, y que en estos seis años ha puesto en marcha cientos de medidas para garantizar los derechos de los niños y las niñas de nuestro país. Todo ello en colaboración con las comunidades
autónomas y los ayuntamientos.
Voy terminando, señorías. Mi grupo, como no puede ser de otra manera, apoya esta iniciativa, pero siendo coherentes hemos presentado como enmienda el texto transaccional alcanzado entre todos el pasado 14 de noviembre, porque supongo que la
postura de todos los que nos encontramos aquí no puede cambiar en veintiocho días. Por ese motivo, esperamos que la enmienda sea aceptada.
Sabemos que queda mucho camino por recorrer, pero cada paso que se da, aunque sea doblemente, nos acerca cada vez más al objetivo de erradicar la violencia contra la infancia.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea es el turno de la señora Alonso.
La señora ALONSO CLUSA: Gracias, presidenta. Es indudable que una de nuestras principales tareas y responsabilidades, en especial en esta Comisión, es cumplir con el mandato de la Convención de los Derechos del Niño, en concreto, con el
artículo 19, que habla de la protección contra toda forma de violencia, y en el que se expresa que estamos obligadas a tomar todas las medidas necesarias, sobre todo en este espacio, para proteger y garantizar la seguridad de nuestros niños, niñas y
adolescentes. Creemos que en este sentido es muy importante avanzar a nivel legislativo para llevar adelante medidas que garanticen este ámbito. Ahora nos encontramos -lo repito una vez más, aunque se ha mencionado hoy, porque es imprescindible,
ya que la situación es sangrante- con que el Gobierno no aprobará el próximo año la Ley para la erradicación de la violencia contra la infancia y la adolescencia. Esto nos hace ver la importancia que el Gobierno da a la infancia, a la adolescencia
y a la necesidad de erradicar cualquier tipo de violencia y garantizar la seguridad de nuestros menores. Nosotras creemos que es necesario, lógicamente, ir dando pasos para optimizar las medidas que ya están puestas en marcha y, por su puesto, para
desarrollar iniciativas y ampliar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, a nivel general, pero también en las situaciones de mayor vulnerabilidad. La violencia es la forma extrema de vulneración de los derechos de los niños, de las niñas
y de los adolescentes, y especialmente en el ámbito familiar, cuando esa vulneración se tiende a invisibilizar, y cuando además es el espacio en el que los niños y niñas depositan siempre su mayor confianza por una cuestión básica de supervivencia.
No podemos permitir, por tanto, una doble victimización, cuando se es víctima por malos tratos y, por otra parte, cuando no se cuenta con las estructuras, las vías, las instituciones que acompañen y faciliten los procesos de denuncia. Está
en nuestras manos que eso sea así. Estamos de acuerdo con una revisión del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar, como propone Ciudadanos, pero no solamente a través de medidas concretas, en este caso
centradas únicamente en la sanidad cuando ya está ejercida la violencia, aunque sea muy relevante ese punto, sino que creemos que es necesario un enfoque más amplio que tenga un abordaje integral, que no se limite a medidas sueltas, porque es
necesario trabajar en la dirección del buen trato, que permita una visión integral y que se aleje de la victimización. Por tanto, para intervenir en los casos de violencia desde un enfoque de derechos, se deberían poner en práctica medidas
referidas a diferentes áreas: asegurar el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes en entornos seguros; potenciar que se dé la prevención en todos los niveles, desde el familiar al comunitario, en campañas de educación, formación, etcétera;
asegurar que en caso de agresión se dé una respuesta, con el agresor, tomando las medidas pertinentes de arresto, alejamiento, etcétera, y con las víctimas, tomando medidas de protección y acompañamiento, facilitando la restitución.
Votaremos afirmativamente esta PNL, no sin antes remarcar la importancia de implementar un modelo de bienestar que se centre en lo relativo al buen trato de la infancia. Vemos necesario adoptar un enfoque de derechos para garantizar el
bienestar infantil, centrado en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, reconociendo la posibilidad de maltrato institucional y social, y adoptando una perspectiva preventiva, lo que resulta, además, perfectamente compatible con el modelo
centrado en el ámbito jurídico legal y normativo.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Millán, ¿acepta las enmiendas?
La señora MILLÁN SALMERÓN: Estoy viéndolas. Creo que solo tengo las enmiendas del Partido Popular y del Partido Socialista. No sé si hay alguna más. Bueno, lógicamente la nuestra. En principio, creo que sí.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
- RELATIVA A TENER EN CUENTA LAS DEMANDAS CONTENIDAS EN EL MANIFIESTO DE SANTANDER, ACORDADO EN EL IV ENCUENTRO ESTATAL DE CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN INFANTIL Y ADOLESCENTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS
PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002391).
La señora PRESIDENTA: Pasamos entonces al debate de la proposición no de ley relativa a tener en cuenta las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander, acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señora Belarra.
La señora BELARRA URTEAGA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, el pasado 25 de enero de 2017 se celebraba por primera vez aquí en el Congreso una jornada parlamentaria de participación infantil y juvenil, y en ella varios representantes de los consejos municipales nos trasladaron las
conclusiones de su IV Encuentro Estatal de Consejos que se concretaba en el Manifiesto de Santander. Esta fue una jornada histórica porque los niños y niñas de nuestro país tomaban por primera vez la palabra de manera formal en este Congreso, sede
de la soberanía popular, y casa, por tanto, de todos y de todas, también la suya. Después de la jornada, los niños y niñas que habían participado me escribieron una carta y en ella me recordaban que me había comprometido públicamente a trasladar
las conclusiones de su manifiesto a esta Comisión. Así lo hago hoy presentando esta iniciativa y otras similares en otras comisiones, y lo hago en mi nombre y en el de mi grupo parlamentario, porque en Podemos nos gusta cumplir con lo que decimos,
puesto que el compromiso con la ciudadanía es, sin duda, nuestra razón de ser. Por eso me comprometí a ello en la pasada jornada del 25 de enero, porque la forma en que se trata desde las instituciones todo lo que tiene que ver con la infancia y la
juventud no deja de tener, desde nuestro punto de vista, un regusto paternalista. Parece que a todas y a todos nos gusta salir en la foto cuando se trata de niños y niñas, pero cuando se trata de que sus opiniones sean
tenidas en cuenta y los temas que plantean sean parte central del debate que tenemos aquí, hay mucha menos implicación.
Para mi grupo, la participación infantil no es algo accesorio, sino que es un derecho, como recoge la Convención de derechos de los niños y las niñas, y para nosotros defender el derecho de los niños y las niñas a ser protagonistas y a
participar de manera efectiva en los asuntos que les atañen, así como en todos los temas socialmente relevantes, es una parte central, fundamental de nuestro trabajo que nos parece que fortalece la democracia y nos hace avanzar como país. La
participación infantil permite, además, poner en marcha procesos radicalmente transformadores que nos hacen construir un país mejor. Además, la participación infantil permite que los niños y las niñas se conviertan en ciudadanos y ciudadanas
conscientes, críticos, competentes, socialmente responsables, que saben quiénes son, lo que quieren y hacia dónde van. La participación efectiva refuerza la iniciativa, la autonomía, la creatividad, también la libertad y la autonomía de los niños y
las niñas. Les permite, a fin de cuentas, ser protagonistas en la defensa y ejercicio de sus propios derechos. Esos son los niños y niñas que queremos para España, niños y niñas que no se dejen engañar.
Mi grupo trabaja para que la participación infantil se convierta, de una vez por todas, en protagonismo infantil, y para eso necesitamos fundamentalmente dos cosas: por un lado, estructuras adaptadas y estables para que esa participación
infantil se pueda producir en el nivel escolar, comunitario, municipal, autonómico, estatal e internacional; que esas estructuras, por su puesto, estén dotadas de los recursos suficientes para que puedan funcionar adecuadamente; por otro lado,
defendemos que se creen sistemas de rendición de cuentas para que los representantes públicos y otros agentes podamos rendir cuentas ante los niños y niñas, atender a sus demandas y a los temas que ellos quieren debatir.
Respecto al contenido de las conclusiones de este Manifiesto de Santander que nos trasladaron los niños y niñas el pasado 25 de enero, quiero mostrar, también en nombre de mi grupo, toda mi admiración y mi reconocimiento, porque creo,
sinceramente, que demuestran, en general, mucho más sentido común, ético, democrático y humano del que muchas veces escuchamos en esta Cámara. Y quiero destacar especialmente el compromiso de estos niños con la defensa de los derechos sociales de
toda la ciudadanía de nuestro país, pero también de la de otros países. Y tomamos buena nota de diversas cuestiones que son coherentes con lo que hemos defendido en Podemos como quitar las reválidas injustas, mejorar la formación de los profesores
y profesoras que les dan clase, esforzarnos para que las metodologías en clase sean más participativas y más prácticas, asegurar que los niños y niñas con menos recursos tienen becas para poder estudiar, asegurar que vamos a trabajar para que la
salud sea gratuita y de calidad a nivel mundial, y asegurar también que va a haber mayor y mejor atención sanitaria en los pueblos. Personalmente, me comprometo también a dejarme la piel para que haya menos fronteras y para que acojamos a las
personas refugiadas a las que les hemos cerrado las puertas, como ellos mismos piden en el Manifiesto de Santander.
Esperamos, sinceramente, que los niños y las niñas de los consejos de participación cuenten no solo con el compromiso de mi grupo, sino de todos los grupos, en el ejercicio efectivo del derecho a la participación, y confiamos en que esta
iniciativa se apruebe por unanimidad, igual que estamos impulsando la jornada de participación de este año.
Gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
A continuación, para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Cabezas.
La señora CABEZAS REGAÑO: Gracias, presidenta.
Hemos presentado una enmienda más bien técnica, que no sabemos si será aceptada por el Grupo Parlamentario Podemos. Entendemos que muchas de las demandas que se hacen en esta iniciativa no competen directamente al Gobierno central. El
Grupo Parlamentario Popular agradece ese gran trabajo que han hecho nuestros niños, nuestras niñas y todo el profesorado que han estado en el Congreso en estas jornadas tan importantes que se han celebrado hace muy poco en esta casa. Estoy de
acuerdo el Grupo Parlamentario de Podemos en que cada vez que vienen lo hacen a su casa. Mi grupo ha demostrado siempre el compromiso que tiene con la infancia, con nuestros niños, con nuestras niñas y con nuestra adolescencia, y, por supuesto,
deseamos siempre un futuro mejor para ellos. Queremos trabajar por ellos y para ellos, como no puede ser de otra manera, para construir un mundo mejor entre todos.
Me gustaría que el Grupo Parlamentario de Podemos que presenta hoy esta iniciativa, que es precisamente el gran trabajo que han hecho nuestros niños, niñas y profesores -también hay que agradecer la labor y el trabajo que los profesores han
hecho con ellos-, la tomara en cuenta allá donde gobiernan y donde sostienen Gobiernos, porque hay un artículo en la Ley Orgánica 1/1996, de Protección Jurídica del Menor, modificado en la Ley 26/2015, de 28 de julio, que precisamente reconoce el
derecho de los menores a participar plenamente en la vida social, cultural, artística y recreativa en su entorno. Dicho artículo establece que los poderes públicos promoverán la constitución de órganos de participación de los menores y de las
organizaciones sociales de infancia y adolescencia. Y precisamente en mi provincia, donde sostienen al Gobierno, Podemos no hace nada. Por tanto, está muy bien predicar, está muy bien traer iniciativas, pero cuando tienen la oportunidad de estar
gobernando o sosteniendo al Gobierno, no hacen nada de eso.
Nosotros no vamos a votar a favor. Nos gustaría que se tomara en cuenta la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Popular, que no es ni más ni menos que una mejora técnica, puesto que los niños, sobre muchas de las peticiones que
hacen, lógicamente, no tienen por qué saber lo que compete a cada comunidad y a cada ministerio, y hay muchas políticas de sanidad, de educación que, como todos sabemos en esta Cámara, están transferidas a las comunidades autónomas. Y está muy bien
que el Grupo Parlamentario de Podemos pida sanidad pública a nivel mundial, pero creo que tenemos bastante con solucionar lo que ocurre en nuestro país y no tenemos nada que ver con otros países en los que se hace de distinta forma.
Agradecería que se tomara en cuenta esta enmienda, que es simplemente una mejora técnica que hacemos para que sean más creíbles las peticiones que hace Podemos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Es el turno del Grupo Ciudadanos. Tiene la palabra el señor Álvarez.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.
El derecho de los menores a ser oídos y escuchados, a ser tenidos en cuenta y a tomar en la consideración debida sus inquietudes y sus propuestas, evidentemente, contará siempre con nuestro apoyo, tal y como dicen numerosas normas y
organismos de los que España forma parte. Creemos que hay que garantizar y atender de forma efectiva estas reclamaciones de nuestros jóvenes. Yo tengo una hija de 13 años y la escucho, la oigo y encima la tomo en cuenta, y ella participa cuando
llegamos a acuerdos, faltaría más. Creo que no tener en cuenta a los niños o tenerlos en cuenta pero de una forma estética y no efectiva, al final nos lleva a un callejón sin salida donde los mayores hacemos lo que nos da la gana y no conseguimos
avanzar. Aquella famosa frase de 'estamos trabajando en ello' parece que se está instalando demasiado en este Congreso.
Este derecho se encuentra reconocido en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil, de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y en la Convención de los Derechos del Niño. Y si
es cierto que a nivel judicial parece que se están dando pasos y se está escuchando y atendiendo a los niños en aquellas cuestiones que les afectan de manera directa, también lo es que a nivel político nos queda mucho camino por recorrer, y este
grupo parlamentario cree que este tránsito está siendo demasiado lento.
El pasado 25 de enero se celebró aquí, en el Congreso de los Diputados, un acto organizado por la Plataforma de la Infancia, con bastantes organizaciones relacionadas con este ámbito, que tenía como objetivo reunir a los niños y a las niñas
de diferentes puntos de nuestro país con cargos de la sociedad civil y con los grupos parlamentarios de la Cámara. En ese acto se trataron las decisiones acordadas por ellos en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y
Adolescente, que se celebró en Santander, ciudad que conozco prácticamente al dedillo, casi como si hubiera nacido allí. Creemos que debemos seguir abundando en el fomento de la participación de los menores en la toma de decisiones en lo relativo a
los problemas que a ellos les afectan.
Creemos que esta iniciativa supone un adelanto significativo en cuanto a la participación directa de los niños y de las niñas en la toma de decisiones, y nuestro grupo considera que no debe quedar solo en un acto puntual, sino que debemos
tener cerca, muy cerca, a los más pequeños a la hora de tomar las decisiones sobre sus vidas. Es nuestra obligación pinchar la burbuja en la que a veces parecemos vivir, alejados de la realidad, de lo que ocurre ahí fuera, donde la vida no da
tregua, es necesario y vital para garantizar sus derechos y su bienestar.
Hace unos días, todos los grupos de la Cámara presentamos una iniciativa conjunta para que ese tipo de actos se institucionalizara anualmente y supusiera un canal de comunicación y trabajo entre los menores y los diputados. Esperamos que
este foro, que se retomará en el próximo mes de enero, sea el inicio de una estrecha red de colaboración entre los menores y los representantes de la ciudadanía, y que hagan de nuestro sistema político, jurídico y social un entorno más justo, más
equitativo y que responda mucho mejor a las necesidades de nuestro menores.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el señor Meijón, en representación del Grupo Socialista.
El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidenta. Efectivamente, en noviembre de 2016 se celebraba el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente, y de ahí salió el llamado Manifiesto de Santander, que se
trae a colación en esta iniciativa.
El Grupo Socialista, nuestra portavoz Sonia Ferrer, también compartió en enero con los adolescentes y con los niños y niñas el acto celebrado aquí en el Congreso, y apreciamos en lo que vale la participación de nuestros niños y niñas y de
nuestros adolescentes. Del manifiesto, además, podemos deducir que, afortunadamente, disponemos de una población infantil y adolescente nutrida de grandes valores: son solidarios, amantes de la justicia, de la igualdad, de la libertad, de la paz,
del respeto y de la diversidad como riqueza. Los docentes somos conscientes de ello todos los días, lo hemos puesto en práctica muchas veces, con distintas formas y en distintos ámbitos, cómo te gustaría que fuera tu ciudad, el país en el que
vives, el mundo, nuestro planeta, y también muchos concejales en muchos ayuntamientos han ejercido de dinamizadores de la participación con plenos en los que estaban los colegiales. Las percepciones de sus deseos, de sus inquietudes, no pueden ser
más positivas, y este manifiesto es una buena prueba.
Votaremos a favor de esta iniciativa desde la consideración de reconocimiento a nuestros niños y niñas, a nuestros adolescentes y, especialmente, a sus propuestas. Ahora bien, es verdad que si nos atuviéramos a la literalidad de su
iniciativa tendríamos algún problema para poder votar. Por poner un ejemplo, en ella se habla de apertura de nuevos colegios. Dicho así, como se indica en el manifiesto, daríamos una gran alegría al Gobierno si le mandamos que lo ponga en
práctica, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, si le pidiéramos que promoviera la construcción de centros privados, o que cediera un suelo público. En fin, no creo que haga falta que siga. También dicen no a las reválidas injustas. ¿Es que
existen reválidas justas? Seguramente el término sería no a ninguna reválida, ¿no?
Esta cuestión y otras que podríamos comentar, ¿significa alguna tacha al Manifiesto de Santander? Por supuesto que no, evidentemente no. Ellos han formulado sus deseos: que haya suficientes escuelas, que no haya reválidas injustas, que no
haya ninguna prueba que corte la educación de los niños y de las niñas. Es a nosotros a quienes nos toca traducir y dar forma a sus deseos promoviendo los necesarios cambios legales, de ser precisos, o realizando las actuaciones que se necesiten,
por ejemplo incrementando fondos para la construcción de centros. Tenemos un ejemplo, cuando piden la sanidad universal, seguramente no nos están diciendo que nosotros vayamos a montar esto en todo el mundo, sino que aumentemos los fondos a la
cooperación internacional para que esto pueda ser posible. A nosotros nos toca afinar más, porque así nos corresponde. No basta con decir apertura de centros públicos, nosotros seguramente querremos decir incrementar la red pública de forma que
todo alumno o alumna disponga de una plaza pública donde pueda recibir una educación universal pública y gratuita.
Por cierto, manifiestan ustedes lo siguiente: Instar al Gobierno a que curse las modificaciones legislativas pertinentes. Señorías, nosotros somos el Poder Legislativo, a nosotros nos toca aprobar o no las leyes, y a nosotros nos toca
también proponerlas. De hecho, estamos trabajando en muchas de las iniciativas que se indican en el Manifiesto de Santander, muy malo sería que así no fuera, por ejemplo, para eliminar las reválidas de la Lomce. Por eso, lo pertinente será, si
queremos que esta participación sea real, integrar en las iniciativas de los grupos parlamentarios aquellas conclusiones derivadas de este Manifiesto de Santander, y que el Gobierno también asuma en sus líneas de actuación públicas estas propuestas
del Manifiesto de Santander. Debemos hacerlo así si queremos que esto sea real.
Finalmente, les diré que vamos a aprobar, como he dicho antes, esta iniciativa porque entendemos que este es el espíritu, aunque creamos que la redacción no es la más afortunada.
Finalizo repitiendo nuestro reconocimiento y nuestra satisfacción por una infancia y una adolescencia que con sus valores nos dan lecciones a diario a los adultos. A nosotros nos toca ahora corresponderles.
Nada más. Moitas grazas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señora Belarra, ¿acepta las enmiendas?
La señora ALONSO CLUSA: Solo había una enmienda y no la aceptamos.
La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
- RELATIVA A LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS 'BEBÉS ROBADOS' (RECIÉN NACIDOS, MENORES DE EDAD YA SEAN ADOPTADOS ILEGALES O FALSOS BIOLÓGICOS INSCRITOS) QUE PERMITAN LA REAGRUPACIÓN FAMILIAR. PRESENTADA POR EL GRUPO
PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002636).
La señora PRESIDENTA: Pasamos ahora a debatir la proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para la localización de los 'bebés robados', recién nacidos, menores de edad ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos,
que permitan la reagrupación familiar.
En primer lugar, para su defensa, tiene la palabra el señor Carracedo, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor CARRACEDO VERDE: Gracias, presidenta.
Venimos de nuevo hoy a tratar un tema que está siendo debatido en varios parlamentos y en varios lugares y sobre el que se han aprobado PNL y medidas. Voy a seguir la estela que fijó Inés Madrigal en la comparecencia que tuvo el pasado 16
de noviembre, donde citó algunos casos que, por sí mismos, hablan de lo que nos ocupa. Ruth Huertas, en Bilbao, pidió que se exhumara el cadáver, el juez le hizo caso, pero en la tumba no había nada. Tras varias investigaciones, el juez acabó
pidiéndole perdón en el propio auto por ser incapaz de encontrar a su hijo, que había sido dado por muerto, pero que no estaba enterrado en ningún lugar. No había presupuesto para seguir investigando. Madrigal citó también el caso de Laura
Perales, de Almería, que tras la exhumación, lo único que consiguió fue encontrar dentro del féretro el brazo de un adulto, y no es el único caso, pero no había ningún cadáver de bebé. El caso fue archivado y en el auto mismo se plantea como
argumento que no hay dinero para investigar, lo cual, ante un crimen o una violación de derechos, es asombroso. Laura, además, estuvo con el bebé dos días hasta que le fue retirado, hay testigos, hay fotos, existió y estuvo con ella, aunque luego
fue dado por muerto. Está el caso de Paloma Pérez, que descubrió siendo adulta que no era hija de sus padres, aunque estaba inscrita como biológica. Su denuncia también está archivada. La prueba aquí reside en que ella está viva, ella sabe que
sus padres no son sus padres, pero alguien dijo que eran sus padres biológicos, algún médico tuvo que firmar eso. No se toma declaración y se archiva la denuncia. El caso de Clara Alfonsa Reinosa, en Barcelona, en 1987. Le dijeron que había
tenido un niño y que había muerto. Años después se encuentra con que una mujer, era una niña, la encuentra a ella; la asistente social que la asistió y que le dijo que el bebé había muerto fue la persona que intercedió en la mediación para la
nueva adopción. El caso se archiva, el juez no imputa a nadie, se plantea simplemente que hay una adopción irregular, cuando aquí tenemos flagrantemente que esa persona no estaba muerta, y además sabemos quiénes son sus padres, quién fue el
asistente y quién fue el médico que firmó la defunción.
Nos encontramos ante un montón de casos en los cuales a muchas de estas madres y padres se los ha tomado por locos, como decía Inés Madrigal, ya que realmente no vieron a sus hijos nacer, no los tuvieron en brazos, no estuvieron con ellos
durante un tiempo, porque el parte médico dice que murieron por una complicación en el parto, que se enrolló el cordón umbilical, etcétera. Algunas de estas personas - otras han muerto- han estado pensando y creyendo que estaban locas hasta que
este caso empezó a salir a la luz en el año 2009. Desde ese momento, hemos fallado como instituciones, como Estado, desde la judicatura, al Ejecutivo y al Legislativo, porque no se ha sido capaz de poner soluciones para encontrar a todos estos
bebés perdidos y de dimensionar la altura del caso.
Está habiendo unas exhumaciones en Cádiz, porque hay personas que sospechan que a lo mejor les robaron el bebé y lo que quieren antes de morirse, ya que tienen ochenta y tantos años, es una constatación, tienen la esperanza de que en esa
exhumación se encuentre el cadáver de su bebé y comprueben el ADN
para poderse morir en paz sabiendo que no se lo robaron. No lo hacen con ánimo de venganza ni de señalar culpables, sino con el ánimo de encontrarlos. Se puede perdonar, pero no se puede olvidar.
Creo que lo que nos atañe aquí es un problema que tiene que ver con la impunidad como una forma sobre la cual no se puede construir ningún modelo de sociedad futuro. No puede haber impunidad en un caso, como puede ser la violación de
derechos de infancia, la sustracción, la compra-venta de seres humanos, la desaparición forzosa, ambos capítulos contenidos en convenios internacionales que ha firmado España y que son considerados por la ONU crímenes de lesa humanidad. Sobre
crímenes de lesa humanidad, de los que todo el mundo habla, todos los exponemos y todos los conocemos, pero no hacemos nada, no se puede construir nada. Desde nuestro grupo planteamos -lo digo de todo corazón, sinceramente- que para construir una
sociedad futura hemos de actuar más allá de la impunidad. Podemos perdonar, podemos entender; las víctimas no quieren venganza, las víctimas quieren saber dónde están los niños, si murieron o no, quién sabe de dónde son. Hay niños que están
buscando a sus padres, quieren saber quiénes son -es un derecho supernatural, lo más normal del mundo- y esta construcción tiene que ser a partir de las medidas que estamos proponiendo.
En esta PNL estamos solicitando que se ejecuten cuatro medidas que ya fueron anunciadas por Ana Vázquez, la diputada del PP, en la comparecencia de Inés Madrigal. No dijo que se fueran a ejecutar, pero que estaban estudiándose, que esa era
la fórmula. Son medidas que ya estaban contenidas en la iniciativa que se aprobó en la Comisión de Justicia de este Congreso hace año y medio. Por eso las traemos aquí y por eso ponemos un plazo de dos meses para que el Gobierno empiece a
ejecutarlas. Son medidas que ya fueron contempladas por el relator de la ONU para el caso de España por desapariciones forzadas y están contempladas en la declaración del Parlamento Europeo tras la visita que este realizó a España, que fue aprobada
el pasado 22 de noviembre. Y todo el mundo lo sabe ya, la Audiencia Nacional, la Fiscalía General, los ayuntamientos; la mayoría de los parlamentos autonómicos han hecho ya una PNL. Todo el mundo lo sabe, no podemos mirar hacia otro lado. Desde
luego, en nuestro grupo no vamos a cejar hasta que este asunto se centre y se adopten las primeras medidas para que se resuelva, como la posibilidad de cruzar el ADN de las víctimas, que haya una unidad policial que investigue y una fiscalía que
actúe de oficio, porque, como digo, hoy la mayoría de las denuncias se archivan sin tomar declaración ni siquiera a los denunciantes.
La señora PRESIDENTA: Señor Carrecedo, tiene que acabar.
El señor CARRACEDO VERDE: Con esto ya he acabado. Espero que se apruebe esta PNL. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Antes de seguir con el debate, para que sus señorías se puedan organizar, les anuncio que estamos haciendo gestiones para poder suspender la sesión de Igualdad cuando sean las votaciones en esta Comisión, que serán a las doce y veinte.
A continuación, por tiempo de tres minutos, interviene el portavoz del grupo parlamentario que ha presentado enmienda, el señor Clavell.
El señor CLAVELL LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Bien sabe el señor ponente de esta PNL que hemos estudiado, y con mucho detenimiento, la propuesta que nos hace llegar a esta Comisión de Infancia. Estudiándola, conforme digo, detenidamente, quisiera hacer hincapié -y la intervención en
este extremo servirá tanto para el primer punto como para el segundo de esta PNL de igual manera- en que, efectivamente, quedan muchas cosas por hacer sobre este asunto, por supuesto, y hay que reconocerlo. Pero tampoco es justo no reconocer que ya
se han hecho cosas, y una de ellas -y por eso incido en estos dos puntos de la PNL presentada por Unidos Podemos- es que los mecanismos de coordinación con la fiscalía existentes en estos momentos funcionan de forma adecuada, y a estos efectos el
Ministerio de Justicia cuenta con la colaboración de varios miembros de la carrera fiscal, que realizan labores de asesoramiento y apoyo en esta materia. La Fiscalía General del Estado cuenta con representación, en el marco del convenio de
colaboración suscrito a fecha 26 de febrero de 2013 -es muy importante tener en mente las fechas- por el Ministerio de Justicia, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la citada Fiscalía General, y los
indicados representantes rinden cuentas de la actividad realizada en el ámbito que les es propio, es decir, no solamente se reúnen y trabajan, sino que además están obligados a rendir cuentas de dicho trabajo.
Sobre el tercer punto de la PNL, la petición planteada ya ha sido abordada en aquellos supuestos en los que se ha procedido a la judicialización del procedimiento y en el marco del mismo se ha solicitado por la autoridad judicial o fiscal.
De otro lado, los afectados que han realizado las pruebas de ADN en laboratorios privados pueden incorporar los mismos de forma gratuita, y pasan a formar parte de la base de datos única de ADN del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias
Forenses. Por tanto, en dicha base de datos se recopilan los perfiles que han sido judicializados, como estos aportados a los efectos y realizados en laboratorios privados, produciéndose cruces de información de todos ellos.
Por último, sobre el cuarto punto de la PNL, efectivamente, no hay ningún problema, porque así lo expresó la Asamblea General de Naciones Unidas, y, por tanto, nada que objetar.
Ante este asunto, que nos parece muy grave y al que se debe dar solución definitiva y real ya, de manera inmediata, hemos presentado una enmienda, una enmienda que no se ha inventado el Grupo Parlamentario Popular, no se la ha inventado este
diputado que está hablando, sino una transaccional que se aprobó por unanimidad de todos los grupos ante una PNL que se presentó en abril del año pasado. Por eso, habiendo pasado ya año y medio desde la aprobación de aquella enmienda transaccional
-insisto, aprobada por unanimidad por todos los grupos presentes en la Comisión de Justicia-, siendo los mismos puntos que ahora traemos a esta Comisión de Infancia, esperamos que sea aprobada, porque -insisto-, si no se aprueba por unanimidad este
punto, podemos decir -y finalizo, señora presidenta- que todos los grupos representados en esta Comisión y en esta Cámara habremos fracasado ante lo que nos exigen todas las asociaciones de afectados, que es unanimidad, y sin distinción de ningún
color político.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Es el turno del señor Álvarez, del Grupo Ciudadanos.
El señor ÁLVAREZ PALLEIRO: Gracias, señora presidenta.
Ya que estamos ante esta Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia, no quisiera dejar pasar la ocasión de recordar que ayer se celebraron treinta años del abyecto, del terrible atentado de la banda asesina ETA en la casa cuartel de
la Guardia Civil de Zaragoza, donde un coche con 250 kilos de amonal se llevó la vida de once personas, seis de ellas menores, y cinco niñas. Vayan estas palabras en homenaje a todas las víctimas de la barbarie etarra, y el abrazo y el calor a
todos sus familiares y amigos.
Señor Carracero, esta semana, preparando estas intervenciones, he leído su PNL varias veces; y cuando digo esto es que han sido varias veces. Y cuanto más la leía, más me bloqueaba. He repasado la comparecencia que tuvo aquí la señora
Inés Madrigal y he escuchado entrevistas y reportajes, y más me bloqueaba. Y como político me he sentido inútil, como hombre me he sentido vacío, como padre me he sentido arrasado, porque -repito lo que he dicho en mi anterior intervención-
seguimos trabajando en ello.
Pero hay cosas que no tienen ya espera, hay cosas que uno no entiende por qué no avanzan y no se llevan a cabo. Tengo que decir, con mucho dolor, que desde la X Legislatura hasta ahora no he visto necesidad por parte del Gobierno de abordar
este tema con la urgencia que merece, y lo digo con absoluta tristeza. Podríamos hablar de que se ha creado una Oficina de atención a las víctimas de bebés robados, ubicada en la calle de la Bolsa, en Madrid, donde hay muy poco personal y donde los
afectados dicen que siguen teniendo muchísimos problemas para poder acceder a las historias clínicas y hacerse los análisis de ADN. Podría recordar el documento de noviembre de la Comisión, las peticiones del Parlamento Europeo y el informe anual
del primer semestre del Defensor del Pueblo. Podemos seguir abundando en todo lo que se dice que se ha hecho y en todas las iniciativas acordadas por unanimidad. Y podríamos seguir dando vueltas a la farola, como dice aquel chiste, pero sin llegar
a ningún sitio. Podemos recordar la Constitución española y podemos seguir recordando muchísimas otras cosas. Pero uno no entiende las razones para que esto no avance, en busca de justicia y de reparación, y, claro, le invade la perplejidad; o sí
lo entiende, y entonces le invade el horror.
Creo que tendríamos que haber presentado una enmienda a esta PNL. Dicen ustedes que antes de dos meses se nombre un fiscal, se cree una unidad policial, se facilite a las víctimas, se llegue al acuerdo de que se declare el 30 de agosto como
día nacional de memoria y homenaje a estas víctimas. Tendríamos que haber hecho una enmienda pidiendo que, en vez de en dos meses, se hiciera en uno. Votaremos que sí, evidentemente, a esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Es el turno de la señora Ferrer, del Grupo Socialista.
La señora FERRER TESORO: Gracias, señora presidenta.
Como no puede ser de otra manera, el Grupo Socialista va a votar a favor de adoptar medidas que solucionen lo que consideramos una injusticia. Desde 2011, es decir, llevamos ya seis años, en esta Cámara hemos podido escuchar testimonios de
asociaciones, testimonios desgarradores de afectados, hemos podido oír -o leer en el caso que no estuviéramos presentes- cómo algunos bebés eran arrancados de sus madres, que hoy día hay personas adultas que desconocen quiénes son sus padres. Hubo
bebés que fueron raptados y se los utilizó como burdos objetos de compra-venta, bajo la apariencia legal de una adopción. Estamos hablando de hace ya seis años, de 2011, y es verdad que es un tema complejo, que lleva su dificultad, porque han
pasado años, algunas veces bastantes, aunque otros son casos de nuestra historia más reciente, pero de esa parte de la historia negra de este país que no queda tan lejos.
Desde luego, de los presentes ninguno estábamos allí en aquel momento, pero tenemos la obligación de reparar el daño que se causó. Es verdad, como han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra, que se han hecho cosas, algo
se ha hecho. Hay que recordar que durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero se creó un programa específico con el Instituto Nacional de Toxicología para las pruebas de ADN y se dio instrucciones a los registros civiles para
agilizar la búsqueda de esa documentación. Pero no es suficiente, hay que reconocerlo. En el año 2014 en esta misma casa se aprobó una iniciativa por unanimidad de todos los grupos en la que se aportaban distintas soluciones a la problemática de
los bebés robados y desde el Grupo Socialista creemos que ese es el camino, la actuación conjunta de todos los grupos de esta Cámara, porque lo que pide el grupo proponente es perfectamente factible. Podemos discrepar en alguna cuestión que no deja
de ser menor, en si falta o sobra algo, si debe ser en esta Comisión o en otra, si el día nacional es el 30 de agosto o el 27 de enero, como dicen algunas asociaciones, porque fue cuando se puso la primera demanda conjunta, pero en lo fundamental
estamos de acuerdo, y yo creo que ese debe ser el espíritu que nos debe unir en este caso, la actuación de consenso de todos los grupos. Ya digo, estamos hablando de 2011, de hace seis años, tiempo en el que creo que se han hecho cosas positivas,
pero aún queda mucho por hacer.
Por lo tanto, al igual que antes mi compañera pedía consenso sobre un asunto que también es completamente de justicia, como elaborar una ley contra la violencia sobre los menores, algo que se aprobó también en el Pleno de esta Cámara por
parte de todos pero sobre lo que el otro día oíamos a la vicepresidenta del Gobierno, la número dos del Gobierno, decir que no estaba entre las prioridades de 2018, también debemos tener consenso todos los grupos políticos para poner de nuestra
parte, para encontrar la solución en este tema de los bebés robados. Sabemos que es un tema complicado, que buscar pruebas cuando han pasado ya muchos años dificulta la solución, pero no por eso debemos dejar de hacer todo lo que podamos. Como
digo, aunque no estuviéramos allí, es una obligación que tenemos como legisladores. Efectivamente, se han hecho cosas desde 2011 pero se tienen que tomar decisiones. Hace dos semanas tuvimos la oportunidad de escuchar a una asociación de bebés
robados, en concreto de la Región de Murcia, que nos daba a conocer su experiencia. Es verdad que han pasado años, pero esa experiencia que han adquirido las asociaciones también nos debe servir para tomar decisiones.
Por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa, nos parece de justicia. Y vuelvo a pedir el consenso de todos los grupos políticos, para que no se quede en buenas intenciones, sino que, de la mejor manera, a través de iniciativas, jornadas o
como mejor consideremos, sigamos avanzando. Se han hecho cosas, pero la problemática de los bebés robados ha de tener justicia en este país, y nosotros, porque es nuestra obligación, debemos colaborar en ello. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Señor Carracedo, ¿aceptan la enmienda?
El señor CARRACEDO VERDE: Lamentablemente, no.
La señora PRESIDENTA: Suspendemos la sesión unos minutos, para votar a las doce y veinte. (Pausa).
VOTACIONES:
La señora PRESIDENTA: Continuamos la sesión y procedemos a las votaciones.
En primer lugar, se vota la proposición no de ley sobre un plan de protección para los menores de seis años cuya guarda o tutela haya sido asumida por la Administración. Se vota de acuerdo con la enmienda transaccional presentada por el
Grupo Popular y el Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a convertir la vigente prestación de la Seguridad Social por hijo a cargo en una verdadera prestación económica para la crianza de los hijos. Se vota con la enmienda
del Grupo Socialista.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley sobre la detección temprana de los trastornos de alimentación en los menores de edad. Se vota de acuerdo con la enmienda transaccional del Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 27; abstenciones, 7.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la proposición no de ley sobre la revisión del protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el ámbito familiar. Se vota con las enmiendas del Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos, que son
idénticas.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley relativa a tener en cuenta las demandas contenidas en el Manifiesto de Santander acordado en el IV Encuentro Estatal de Consejos de Participación Infantil y Adolescente. Se vota en sus propios términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Votamos la proposición no de ley relativa al reconocimiento de la figura del pediatra de atención primaria. Se vota según la enmienda transaccional del Grupo Popular, el Grupo Socialista y el Grupo Ciudadanos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Proposición no de ley relativa a la adopción de medidas para la localización de los 'bebés robados', recién nacidos, menores de edad ya sean adoptados ilegales o falsos biológicos inscritos, que permitan la reagrupación familiar. Se vota en
sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se levanta la sesión.
Eran las doce y treinta minutos del mediodía.