CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 360

EDUCACIÓN Y DEPORTE

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ

Sesión núm. 37

celebrada el martes,

7 de noviembre de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Proposiciones no de ley:


- Sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la LOMCE (Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa), con el fin de derogarla y de derogar el Real-Decreto 310/2016, por el que se regulan las
evaluaciones finales de ESO y Bachillerato. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/000309) ... (Página2)


- Relativa a la consolidación de los trabajos docentes interinos. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001903) ... (Página6)


- Relativa a la adecuación de las titulaciones a la economía digital. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001970) ... (Página10)


- Sobre la racionalización de títulos universitarios. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002423) ... (Página14)


- Relativa a aumentar las subvenciones económicas a las federaciones deportivas españolas. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002429) ... (Página17)

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Se abre la sesión a las nueve y treinta y cinco minutos de la mañana.


PROPOSICIONES NO DE LEY:


- SOBRE MEDIDAS PARA PARALIZAR LA APLICACIÓN Y DESARROLLO DE LA LOMCE (LEY ORGÁNICA 8/2013, DE 9 DE DICIEMBRE, PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA), CON EL FIN DE DEROGARLA Y DE DEROGAR EL REAL-DECRETO 310/2016, POR EL QUE SE REGULAN LAS
EVALUACIONES FINALES DE ESO Y BACHILLERATO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/000309).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Buen día a todas y a todos. Damos comienzo a la Comisión de Educación y Deporte del día de hoy. Empezamos por la primera PNL, sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la Lomce,
con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan las evaluaciones finales de ESO y bachillerato, del Grupo Parlamentario Mixto. Para la defensa de esta proposición no de ley, tiene la palabra el señor Miquel i
Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Muchas gracias, señor presidente.


Buenos días, señorías. Presentamos esta iniciativa que de hecho es muy sencilla y clara...


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Perdón, señoría. Silencio por favor, está hablando el proponente.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Gracias.


Decía que es una iniciativa muy sencilla y clara tanto en la defensa y presentación de los argumentarios como en los puntos propositivos. Con ella pretendemos que se pare de forma inmediata el calendario de aplicación y desarrollo de la Ley
Orgánica para la mejora de la calidad educativa, por distintos motivos que podríamos resumir de forma muy clara: primero, porque en un momento en el que se está buscando consenso y un gran pacto entre los distintos grupos políticos y entidades
vinculadas al sector educativo del país, consideramos poco oportuno seguir implantando y desarrollando una ley que se elaboró en una situación excepcional de mayoría absoluta del Partido Popular, que impuso su ley y su visión de un modelo educativo
que no se corresponde con la pluralidad ni con la diversidad de los grupos parlamentarios que hoy formamos esta Cámara, ni encaja con la realidad de la pluralidad territorial del Estado. Y no solo eso, sino que además el desarrollo de esta ley
puede tener un impacto clarísimo sobre el trabajo que se está realizando para buscar apoyos y consensos alrededor de ese gran pacto por la educación. En segundo lugar -lo que más nos preocupa-, pensamos que esta ley no solo no genera consenso, sino
que perjudica gravemente a aquellos estudiantes que participan en las evaluaciones de ESO y bachillerato. De ahí que centremos nuestra iniciativa alrededor de esos puntos específicos de desarrollo de la ley, ya que nos parece interesante e
imprescindible abordar de otra forma los procesos de evaluación de los estudiantes. Deberíamos buscar formatos de evaluación que nos acercaran más a modelos europeos, sobre todo nórdicos, que nos facilitan el estudio, análisis y la evaluación
individualizada de cada uno de los alumnos, y no un modelo que a grandes rasgos termina por perjudicar a los alumnos. Por eso presentamos esta iniciativa con esos dos puntos que son resolutivos y claros.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.


A continuación, para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Martín Llaguno, del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el PDeCAT nos trae a esta Comisión una PNL que, con todos los respetos, cuando yo la preparaba no sabía si era una broma, si era un error o era un chiste, porque la proposición que debatimos hoy fue registrada ni más ni menos que
hace un año y, desde entonces hasta ahora, han pasado todas las cosas que la hacen absolutamente innecesaria. Cuando la preparaba esta semana no sabía si estaba ante una obra de teatro del absurdo de Ionesco o ante una PNL, voy a explicarles por
qué. Como se acaba de exponer, en esta PNL se proponen dos cosas: la primera es paralizar la Lomce, algo que se hizo hace más de un año porque Ciudadanos lo negoció con el Grupo Parlamentario Popular. Por tanto, yo no sé si en este tema como
algunos están en una especie de Matrix legislan en diferido, pero yo les pido que

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despierten porque hace un año que esto pasó. Lo segundo que se propone, y esto ya es de la obra Cuidado con las macetas, es derogar el Real Decreto 30/2016, hecho ex profeso para el curso pasado y que, precisamente, es el que permite
paralizar la Lomce, que es lo que se pide en el punto uno de la PNL. Señores del PDeCAT, el Real Decreto 30/2016 es el que el año pasado deja sin efectos el calendario de la Lomce y elimina las reválidas, es decir, lo que ustedes solicitan.
Repito, por favor salgan de su Matrix; despierten, uno, dos, tres.


En fin, todo esto es una especie de despropósito, una PNL caducada en la que proponen derogar un decreto caducado, paralizar una ley que está paralizada y derogar precisamente la parte que la paraliza. Un absurdo parecido a aquel en que nos
sumió la semana pasada el señor ministro, cuando le dije que tenía que promulgar el próximo real decreto de reválidas y me contestó que no hacía falta promulgarlo. Desde aquí animo al señor ministro a que lea el Real Decreto 30/2016 firmado por él
que nos ha traído el PDeCAT, y vea cómo establece que esta norma duraría un año. Así que de nuevo llegamos tarde y de nuevo, pese a que algunas comunidades autónomas ya están dando órdenes e información sobre las pruebas de la EvAU o la EBAU,
estamos ante el caos del año pasado en el que los alumnos de bachillerato no saben cómo van a ser las pruebas de acceso desde el punto de vista legislativo. Como me diría el señor ministro, con un pequeño matiz, pero un matiz importante porque hay
que tener un real decreto que regule todo lo demás. Señores del ministerio que negocian con las comunidades autónomas con poca transparencia -se la pedí el otro día-, por favor también les solicito que, como los señores del PDeCAT, salgan de
Matrix, despierten y nos hagan legar la información.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora Martín Llaguno.


Para la aceptación o no de la enmienda, tiene la palabra el señor Miquel i Valentí.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: Desde Matrix, qué suerte que estemos todos en Matrix menos ustedes.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Solo es para decir si aceptan o no la enmienda.


El señor MIQUEL I VALENTÍ: No aceptamos la enmienda entre otras cosas porque solicita que se suspenda el calendario que nosotros ya incorporamos...


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Ya está, no se ha aceptado.


Es el turno ahora de intervención de los grupos parlamentarios. El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) no está presente. El Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana tampoco está. Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En
Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Belarra Urteaga.


La señora BELARRA URTEAGA: Gracias, señor presidente.


Señorías, ya nos imaginábamos que en la línea de la intervención de la portavoz de Ciudadanos, algunos grupos parlamentarios iban a plantear hoy en esta Cámara que precisamente porque está en marcha una subcomisión para debatir sobre el
pacto de Estado por la educación, ya no se puede hablar de la Lomce. Nosotras pensamos al contrario, es buena idea traer hoy aquí de nuevo a debate por qué nos oponemos a la Lomce y a las pruebas de evaluación final de etapa de la ESO y
bachillerato. Y es que la Lomce no fue una ley educativa más, sino una ley que cambió el modelo y supuso la materialización en términos legislativos de un modelo ideológico muy concreto, un modelo conservador y neoliberal que amenazaba y sigue
amenazando con retrotraer a nuestro alumnado más joven a unas reválidas en blanco y negro que, por ejemplo, mis padres creían que haber enterrado ya en el baúl de los recuerdos para olvidar. Dicha ley tiene como objetivo poner en marcha dos
procesos, profundizar en ellos y terminarlos, y no son otros más que la mercantilización y el progresivo debilitamiento y privatización de nuestro sistema educativo público, que es uno de los mayores tesoros que tenemos en nuestro país. La Lomce
ataca frontalmente dos de los principios fundamentales que deberían inspirar la toma de decisiones en materia educativa en nuestro país, que no son otros que el fomento de la igualdad de oportunidades y de la equidad.


En ese marco en el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea asumimos que para tener un sistema educativo tan progresista y tan prestigioso como el finlandés, tenemos que apostar de manera decidida por un sistema
educativo público innovador que esté bien dotado, para que las clases populares de nuestro país -quiero que se oiga bien aquí- tengan hijos que sean lo que quieran ser y no lo que las elites y ustedes quieren que sean. Creo que es muy importante
que retomemos el debate

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y hagamos un poquito de memoria porque, efectivamente, el señor Méndez de Vigo, que tiene bastante más estilo estratégico y un talante aparentemente más dialogante que su predecesor, el señor Wert -muy dado a los abusos verbales, recordemos
aquello de hay que españolizar a los niños catalanes-, ha llevado a cabo una serie de juegos parlamentarios que yo calificaría prácticamente de trileros, en los que entre que paralizaba el real decreto de reválidas -después de haberlo aprobado
cuando el Gobierno estaba en funciones; estaba en funciones para ser controlado, pero no para aprobar un real decreto que nos retrotraía, como decía antes, a épocas predemocráticas-, tuvimos que ver una vez más cómo la comunidad educativa en pleno,
a través de una huelga general educativa y una huelga de estudiantes, se oponía frontalmente a este real decreto y finalmente se paralizaba en diciembre de 2016. En ese marco y haciendo un poco de memoria es fundamental que ahora nos opongamos a la
Lomce y a las pruebas final de etapa, porque quiero recordar al resto de los grupos parlamentarios que la derogación de la Lomce no es el punto de llegada de la subcomisión del pacto de Estado por la educación; la derogación de la Lomce, que es lo
que nos pidió la comunidad educativa, debe ser el punto de comienzo o de salida ahora que se negocia el índice o informe de esa subcomisión.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que ir finalizando.


La señora BELARRA URTEAGA: Termino, señor presidente.


En mi grupo parlamentario lo tenemos claro, vamos a escuchar lo que nos dijo alto y claro la comunidad educativa: queremos derogar la Lomce y empezar de cero una nueva ley educativa que apueste realmente por un sistema educativo público que
sea innovador, moderno y que esté a la altura de lo que se merece nuestro país.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias.


Recuerdo a todos los grupos parlamentarios que habíamos acordado que los tiempos serían de cinco y tres minutos, porque noto que a alguno le parece corto su tiempo de intervención.


Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Trillo.


El señor DÍAZ TRILLO: Muchas gracias, señor presidente.


Intervendré con muchísima brevedad. En primer lugar, creo que la iniciativa en su fondo no puede tener ningún reproche por nuestra parte, puesto que hace exactamente un año, el 15 de noviembre, aprobamos en el Pleno del Congreso, por 208
votos a favor si no me equivoco, una proposición de ley en términos prácticamente idénticos a los de esta iniciativa. Por lo tanto, no hay nada más que añadir más que nuestro voto favorable. También se hace alusión en la iniciativa a las pruebas
que quedaron suspendidas a través de un real decreto del Gobierno producto precisamente de esta serie de acuerdos y, al mismo tiempo, de la puesta en marcha de esta subcomisión. Yo sí quiero advertir a la portavoz de Ciudadanos, que quizás haya
tenido un despiste con el viaje a planetas imaginarios o a lugares ficticios, pues ustedes no fueron los que hicieron esa propuesta, fue el Partido Socialista Obrero Español en esta proposición de ley. Ustedes votaron a favor y, por cierto, un año
después votaron en contra de una serie de puntos, entre ellos el de derogar las pruebas de evaluación en determinado curso de la educación obligatoria, junto al Partido Popular. Lo digo por hacer honor a la verdad.


En tal sentido no tengo nada más que añadir, me parece que desde el punto de vista del fondo esta PNL tiene nuestro apoyo, y respecto a la forma quiero pensar que al albur de tantas reuniones de la subcomisión, se haya traspapelado y la
traen ustedes un año después. Bienvenida sea porque suscribo también las palabras de la portavoz del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos. Es decir, la Lomce ha tenido un efecto pernicioso y durísimo sobre el sistema educativo español. Y
quizás uno de los efectos más duro y que menos se señala es que invalidó una propuesta de pacto de hace siete años. Por tanto, no solo es una ley retrógrada, sino que desde el punto de vista de los acuerdos políticos nos ha hecho retroceder siete
años. Tiempo perdido cuando los señores del Partido Popular solo tenían que haber dicho sí al acuerdo del ministro, señor Gabilondo, puesto que muchos miembros del Partido Popular, consejeros de autonomías, estaban a favor de aquel gran acuerdo
político y social. Lamento que hayamos perdido siete años, pero nunca es tarde si al final el pacto es bueno.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Díaz Trillo.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora González Guinda.

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La señora GONZÁLEZ GUINDA: Gracias, señor presidente.


Señor Miquel, pensé que esta iniciativa la iba a defender la propia señora Nogueras, que la registró en la fecha que ya se ha mencionado aquí, en septiembre de 2016. Me llama la atención que se traiga a esta Comisión de Educación una PNL
registrada en 2016, por los motivos que ya han explicado los anteriores portavoces. Muchas cosas han pasado a nivel nacional y en esta Comisión en la que yo hubiera dado la bienvenida a la señora Nogueras y a su partido, el PDeCAT, que si bien no
firmó la solicitud de creación dentro de la Comisión de Educación y Deporte de la subcomisión encargada de elaborar el pacto de Estado social y político por la educación, de fecha 25 de noviembre de 2016 -como ve posterior a la presentación de esta
PNL-, que ponía de manifiesto la intención de los partidos firmantes, Partido Popular, PSOE y Ciudadanos, de tratar de llegar a ese pacto, a pesar de ello nos traen esta PNL. Pues bien, puesto que su partido apenas ha asistido a esta subcomisión,
me va a permitir que le recuerde que la actividad ha sido frenética, con más de ochenta ponencias a lo largo de este año, todas ellas de gran importancia y que, sin duda, nos van a ayudar para elaborar el informe que tenemos encomendado.


En la PNL nos plantean derogar de forma inmediata el calendario de aplicación de la Lomce, y no entiendo muy bien si era en esa fecha del 16 de septiembre, si es ahora o para el inicio del próximo curso académico. Los que formamos esta
subcomisión tenemos la esperanza de que para entonces hayamos llegado a un pacto. Recordar lo que hubiera supuesto la paralización en el inicio de curso o actualmente ya lo ha hecho el señor ministro en muchas ocasiones, sin ir más lejos el pasado
miércoles. La paralización del calendario de aplicación y desarrollo de la Lomce dejaría en el limbo jurídico y administrativo a todo el sector de la educación universitaria, que quedaría sin regulación reglamentaria alguna, creando una gran
incertidumbre en toda la comunidad educativa, alumnos, profesores y las comunidades autónomas que ya han organizado todos sus recursos curriculares y humanos. Además, la implantación de la Lomce, como muy bien nos ha recordado en más de una ocasión
el ministro, en concreto la anticipación de la elección y nuevos itinerarios de 3.º y 4.º de la ESO, así como la implantación de la formación profesional básica, han sido objeto de financiación específica por parte del Gobierno que ha incluido estas
actuaciones dentro del Programa Operativo de Empleo, Formación y Educación 2014-2020, cofinanciado con el Fondo Social Europeo de acuerdo con su reglamentación específica. Este fondo en principio se rige por una gestión compartida y, por
consiguiente, corresponde a los Estados miembros ejecutar los programas operativos. La aplicación de las medidas de la Lomce cofinanciadas en España se iniciaron en el curso 2014-2015 y continúan en la actualidad. La Comisión Europea, a consulta
del presidente de la Delegación Socialista en el Parlamento Europeo, don Ramón Jáuregui, contestó que en el caso de que las medidas en cuestión se suspendieran o interrumpieran como resultado de la modificación de la ley, las autoridades nacionales
tendrían derecho a solicitar a la Comisión una modificación del programa a condición de que contribuyera a los objetivos de dicho programa. Sin embargo, como la admisibilidad de las nuevas medidas solo puede empezar a partir del momento en que se
propone la modificación, existía el riesgo de retrasos en la ejecución y de pérdida de fondos europeos debido a la liberación automática de créditos presupuestarios de años anteriores.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Tiene que ir acabando, señora González Guinda.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Dicho esto le recordaré que conocedor de esta situación, conocedor también de la exigencia por parte de la sociedad y de la comunidad educativa, el Gobierno optó por colaborar decididamente en el proceso de
diálogo y con esa intención redactó el Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Lomce, en el que se modificaban todos los aspectos relacionados con las evaluaciones de
educación secundaria y bachillerato. Estas pruebas no tendrán efecto para la obtención de títulos de bachiller y su organización y desarrollo no afectará.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Señora González Guinda, ya ha sobrepasado en un minuto su tiempo.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Solo quiero hacer una pregunta. Ustedes en la PNL me ponen como ejemplo Cataluña, y hay que tener un poquito más de humildad porque las evaluaciones tienen como finalidad la mejora del sistema educativo, y
Cataluña no puede sacar pecho ni en PISA ni tampoco en abandono escolar.

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El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora González, no abuse de la paciencia del presidente.


La señora GONZÁLEZ GUINDA: Solo un segundo, señor presidente.


Respecto a la centralización que tanto se echa en cara, hay que plantearse si a la hora de las pruebas de 2.º de bachillerato es justo que los alumnos, según las comunidades autónomas, tengan distintas oportunidades de cara a la elección de
las carreras, puesto que compromete su futuro.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señora González Guinda. Espero que no se repita sobrepasar el tiempo en tantos segundos.


- RELATIVA A LA CONSOLIDACIÓN DE LOS TRABAJOS DOCENTES INTERINOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001903).


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Pasamos ahora al 2.º punto del orden del día de la Comisión de hoy, que es la proposición no de ley relativa a la consolidación de los trabajos docentes interinos. Para su defensa por parte del
Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Sánchez Serna.


El señor SÁNCHEZ SERNA: Gracias, señor presidente.


Señorías, no descubro nada nuevo si digo que las políticas austericidas aplicadas desde mayo de 2010 han erosionado notablemente la calidad de los servicios públicos, como es el caso de la educación, y ello a pesar del grave perjuicio que
supone para el desarrollo de un país. Los efectos de estas políticas basadas en la consideración de la educación pública como un gasto y no como una inversión son evidentes, y los han sufrido alumnos, alumnas, familias y también los docentes. Han
sido precisamente los docentes los que han tenido que ejercer de apagafuegos ante el desastre que han supuesto estas políticas de recortes y de desmantelamiento de la escuela pública. En efecto, han sido las maestras y los maestros, las profesoras
y los profesores, quienes han hecho malabares para atender a todo el alumnado ante la masificación de las aulas, la escasez de los recursos y los continuos cambios legislativos. Y lo han hecho, además, mientras empeoraban sus condiciones de trabajo
y se congelaba la oferta de empleo público.


Efectivamente, con el Real Decreto-ley 14/2012 que bajaba la tasa de reposición al mínimo, el Gobierno ha creado algo así como dos clases permanentes de docentes: por un lado, los funcionarios de carrera con plaza fija y, por otro, los
docentes interinos que año tras año ocupan plazas estructurales sin posibilidad de consolidar su puesto de trabajo. Realizan el mismo trabajo, tienen las mismas responsabilidades, pero se les trata peor. La realidad, y ustedes lo saben, es que
tenemos unas cifras de interinidad escandalosas, superan el 20 % de las plantillas en prácticamente todas las comunidades autónomas y en algunas llegan al 30 %, lo que imposibilita no solo la estabilidad laboral de los docentes, sino también la
autonomía de los centros al no permitir el desarrollo de proyectos de centro estables. El propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado lo que a todas luces es un fraude de ley. Un fraude de ley, primero, porque estos profesores
ocupan plazas estructurales durante muchísimos años, vulnerando así la funcionalidad de la figura de la interinidad y, segundo, porque esos miles de docentes interinos se encuentran en una situación de desprotección, con menos derechos, sufriendo
discriminación por el mero hecho de la condición de temporalidad de una situación administrativa.


La proposición no de ley que presentamos hoy aquí busca dar una respuesta a los miles de maestras y profesores que llevan muchos años ejerciendo la docencia, y que por las políticas de recortes del Partido Socialista y del Partido Popular no
han podido consolidar su puesto de trabajo. La pregunta es, por tanto, si sus señorías van a dar la espalda a un colectivo que trabaja al servicio de la Administración, que ha pasado innumerables procesos selectivos, que ha demostrado su mérito, su
capacidad y su compromiso curso tras curso, y que ahora puede quedar sin soluciones y sin futuro. En cualquier ámbito, en cualquier empresa, los empleados una vez que han superado determinado horizonte temporal, unos tres años por regla general,
ven convertidos sus contratos en indefinidos estabilizando su situación; en educación no ocurre así. ¿Son acaso los docentes menos que los demás? ¿Su experiencia, formación y dedicación valen menos que las de los demás? ¿Podemos simplemente
echar del sistema a miles de docentes que llevan trabajando ocho, diez o doce años en un aula del sistema de educación público? A nuestro juicio,

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no. Por ello, estamos planteando un proceso extraordinario de consolidación para los docentes interinos que disminuya la tasa de interinidad, a la vez que no abandonamos a miles de maestros y profesores que han sostenido el sistema
educativo en los años más difíciles de la crisis. Es verdad, como hemos podido leer en diversos medios, que el Gobierno ha comenzado los contactos con organizaciones sindicales de cara a las próximas convocatorias de oposiciones para primaria y
secundaria, pero no es menos cierto que lamentablemente todas las organizaciones sindicales han mostrado su descontento por la posición que se mantiene desde el Ministerio de Educación. Su receta de recortes ha generado muchos problemas, entre
otros, el abuso de la figura del interino y unas plantillas docentes inestables, como ya hemos indicado. Ahora sería un sinsentido que sus errores se tradujeran en el despido de miles de interinos e interinas.


Por ello, es imprescindible trazar una hoja de ruta en consonancia con lo que están proponiendo los sindicatos y también las asociaciones de interinos. Todas las organizaciones sindicales están a favor de un sistema transitorio similar al
del año 2007, que tenga como uno de los objetivos fundamentales la consolidación del colectivo docente interino. Dicen que rectificar es de sabios, y hoy tenemos la oportunidad de rectificar el estado de abandono al que se han sometido miles de
maestros y maestras que han aportado lo mejor de sí mismos para mejorar la escuela pública y que merecen una oportunidad. Esperamos que el Gobierno, aunque sea por esta vez, escuche a los sindicatos, escuche a los interinos y se comprometa con este
colectivo, porque sin profesores estables y sin profesores con derechos no hay posibilidad de tener una educación de calidad.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Meijón Couselo): Muchas gracias, señor Sánchez Serna.


Para la defensa de las enmiendas presentadas a esta proposición no de ley, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señor presidente.


Señorías, el Grupo de Unidos Podemos nos presenta una proposición no de ley a nuestro juicio importantísima, sobre un tema nuclear que a nosotros nos preocupa y nos ocupa, pero que nos parece -con todos los respetos- un tanto precipitada y
oportunista. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


Me gustaría comenzar recordando una cuestión previa, que en los pasados Presupuestos Generales del Estado los mismos señores que hoy hablan de interinidad y se rasgan las vestiduras por estos profesores, no se arremangaron para conseguir que
se sacara la oferta pública de empleo, que es el problema original que ha potenciado el caos de la interinidad en España, ya que durante mucho tiempo no se ha sacado oferta pública de empleo suficiente. Tengo que recordar que fuimos nosotros
quienes negociamos en los pasados Presupuestos Generales del Estado, en colaboración con otros agentes, una oferta pública de empleo que suponía más de cuatro mil nuevas plazas y que supusieron el primer crecimiento, la primera oportunidad para
muchos de estos profesores, desde el año 2010. Nuestra convicción y nuestros esfuerzos por reducir la tasa de interinidad han tenido resultados reales y se ha conseguido negociando y trabajando.


Por tanto, no somos sospechosos de no estar volcados con esta cuestión. Estando completamente de acuerdo con el Grupo de Unidos Podemos, con el objetivo de reducir la tasa de interinidad progresivamente hasta el 7 % y habiendo demostrado
clarísimamente los esfuerzos para lograrlo, nosotros consideramos que hoy en día hay numerosísimos problemas en el acceso a la profesión docente y a los concursos de traslados para conseguir las plazas. Por tanto, antes de promover la propuesta que
nos trae el Grupo de Unidos Podemos, se deben solucionar estos problemas para comenzar un proceso de consolidación justo y total.


A continuación voy a exponer algunos de estos problemas. En primer lugar, hay una falta de aplicación de la Directiva 1999/70/CE de la Unión Europea, que establece una equiparación entre los trabajadores fijos y temporales, en cuanto a las
condiciones laborales y que solamente en estos momentos ha sido aplicada, con muchísimos problemas, en Galicia y Extremadura. Hay problemas como la diversidad terrible en los sistemas de baremación para el acceso a las plazas y los concursos de
traslados, que se hacen en función de las comunidades autónomas y que hacen que el peso de la experiencia varíe muchísimo de un sitio a otro. Otro problema importantísimo es el tema del baremo, que permitiría equilibrar el mérito y la capacidad y
contar la experiencia como un mérito. Asimismo, hay problemas con los numerosos portales y boletines, ya que las ofertas públicas de empleo y los concursos de traslado son

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publicados no de una manera centralizada y transparente, sino de una manera totalmente dispersa. Ahora aprovecharé para decir, ya que existe una subcomisión para lograr un pacto que está en proceso de negociaciones, que es ahí donde urge
negociar y determinar con una visión a largo plazo sobre cuál es el sistema de acceso a la profesión docente que deseamos, pero no hacer un proceso paralelo que puede tener consecuencias muy injustas para alguna parte e incluso para algunos
interinos que tengan menos años de experiencia laboral.


Nosotros hemos planteado una enmienda en la que proponemos, entre otras cuestiones, que las notas que se obtengan en los concursos y en las pruebas se puedan mantener al menos para tres oposiciones para que no tengan que estar constantemente
teniendo que presentarse a exámenes, ya que les impida realizar con una garantía de calidad su trabajo en las escuelas.


Por todo ello, esperamos que en esta propuesta integral, negociada y comprometida se tenga en cuenta todas las deficiencias del sistema y no se proponga como un parche para quedar bien con algunos colectivos a modo de tirita. Esperemos que
se apruebe.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín Llaguno.


Para defender la enmienda, por el Grupo Socialista, tiene la palabra la señora Martínez Seijo.


La señora MARTÍNEZ SEIJO: Gracias, señora presidenta.


Señor Sánchez, estamos de acuerdo con el análisis que hace de las tremendas consecuencias que la política de recortes y la limitación de la tasa de reposición del Gobierno han tenido en el incremento de interinos en el sistema, que
repercuten en una más que preocupante y lamentable inestabilidad de la calidad educativa. Sin embargo, no compartimos su propuesta en los términos en que está redactada.


En primer lugar, el acceso a la Función pública se basa en los principios de igualdad, mérito y capacidad recogidos en la Constitución, artículos 23.2 y 103.3; artículos que también dicen que el ingreso en la Función pública se hará según
lo que diga una norma con rango de ley, y actualmente las normas que regulan el ingreso son: el EBEP, el Estatuto Básico del Empleado Público, y la LOE y la Lomce. Estas leyes están desarrolladas en el Real Decreto 276 con dos sistemas de acceso:
el transitorio, recogido en el artículo 18.28 y vigente durante los años de implantación de la LOE, y el ordinario, vigente desde el año 2011. Es decir, actualmente no hay un proceso transitorio y de hacerse se tendría que regular conforme a lo
dispuesto en los apartados 61.1 y 61.3 del EBEP, basados en la libre concurrencia, preceptivas pruebas de capacidad, una puntuación proporcionada que no determinará en ningún caso por sí misma el resultado del proceso selectivo. Esa es la norma
existente y, por tanto, lo que ustedes pretenden está al margen de la ley actual y no respeta los principios constitucionales, así de simple. Nos preocupa, y además nos sorprende, que el sistema que ustedes impulsan no permita ejercer el principio
de igualdad y que signifique una puerta cerrada a jóvenes formados que no tienen experiencia docente con la penosa situación de desempleo que se sufre en este país, ya que con este sistema no tendrían ninguna posibilidad durante ese periodo
transitorio que proponen de poder optar a una plaza. No se trata solo de una cuestión de legalidad, sino también de principios.


También nos sorprende su viraje hacia este modelo, ya que ustedes han apoyado el documento decálogo de Redes por una nueva política educativa, en cuya parte sobre la selección de profesorado contempla seleccionar con mayor rigor a los
candidatos, con pruebas rigurosas, con oposiciones con reconocimiento del tiempo trabajado. Sin embargo, señor Sánchez, este grupo y el conjunto del Partido Socialista somos muy conscientes y defensores de la necesidad de encontrar una solución
práctica, realista y legal. El Grupo Socialista les presenta unas enmiendas que cuentan con el apoyo sindical y con el apoyo de numerosas comunidades autónomas, que al fin y al cabo son las que tienen que convocar, financiar y gestionar el proceso
selectivo. Este grupo parlamentario está hablando desde hace meses con todos ellos, para intentar encontrar y proponer la mejor solución posible y lograr que se reduzca al 8 % la tasa de interinidad, y a la vez, que no se vete el acceso a futuros
profesores.


En primer lugar, pedimos que se suprima la tasa de reposición y que para este proceso se oferte el mayor número de plazas posibles desde la convocatoria desde 2018 hasta 2022; que se favorezca la coordinación de todas las comunidades
autónomas para que coincidan las convocatorias de los distintos cuerpos en todo el Estado; que estas pruebas no incluyan requisitos diferentes a los que ya se estaban exigiendo; y que en las oposiciones de 2018 y 2019 no haya ninguna modificación
en el temario. En cuanto a la fase de oposición pedimos que las pruebas de la fase de oposición no sean eliminatorias; que se amplíe el número de temas a elegir en la prueba escrita; que sea transparente, y para ello es imprescindible la
publicación de los criterios de evaluación y corrección al igual que alguna modificación

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en el baremo. Por último, en cuanto a la fase de concurso consideramos que se tenga especialmente en cuenta la experiencia docente. Somos conscientes de que el colectivo de interinos ha pasado y está pasando por muy malos momentos.


Finalizo, señora presidenta. Nuestra propuesta se basa en plantear cambios que no conculquen los derechos de nadie, propuestas viables y basadas en normas. No convirtamos un problema serio en una venta de humo y no creemos falsas
esperanzas en algo que no es viable en estos momentos, más aún cuando hay tanta necesidad y tantos puestos de trabajo en juego. Por eso, esperamos que el Grupo de Unidos Podemos acepte nuestra enmienda.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez Seijo.


Tiene la palabra el señor Sánchez Serna para aceptar o rechazar las enmiendas, solo para ese tema.


El señor SÁNCHEZ SERNA: No aceptamos la enmienda de Ciudadanos. Vamos a intentar hacer una transacción con el Partido Socialista.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez López.


El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Gobierno escucha a todos y por eso a día de hoy está intentando alcanzar acuerdos en esta materia. Dicen que el papel lo soporta todo, incluso cuando queremos confundir deseo con realidad. Hablar en esa exposición de motivos
de la sumisión de la escuela pública, de erosión, precarización y fraude, etcétera, queda muy bien para una asamblea, pero los datos de organismos internacionales contradicen este brochazo gordo y negro sobre la educación española que no es real.


Además, siempre ha habido problemas con los interinos y les voy a dar un dato. En el curso 2004-2005 en Andalucía de 33 680 profesores de secundaria, 2627 eran interinos, es decir, el 28,58 %. Deberíamos hacernos algunas preguntas. ¿De
verdad el Gobierno de España es responsable de la pésima gestión que se han hecho de las bolsas de interinos en algunas comunidades autónomas? ¿Es responsable el Gobierno de que en Andalucía a día de hoy se hayan abierto cuarenta y una bolsas
extraordinarias porque no hay profesores de matemáticas, física, química, etcétera? ¿Es responsabilidad del Gobierno que las bolsas de empleo no se hubieran actualizado en verano como correspondía? ¿Es responsabilidad del Gobierno que en la
Comunidad Valenciana mientras faltan profesores se hayan despedido a mil docentes por no tener el título de valenciano? ¿Es responsabilidad del Gobierno que en la Comunidad Valenciana no se convoquen oposiciones para el cuerpo de secundaria hasta
2019? Yo creo que con estos datos queda bien claro que hay una gran responsabilidad en algunas comunidades autónomas.


Además, hablan de un real decreto que está superado. Y lo está porque con fecha 31 de marzo se aprobó el Real Decreto 6/2017, donde se aprobaba la oferta pública de empleo. En este decreto se posibilitó una oferta pública de empleo en el
ámbito docente no universitario en un máximo del cien por cien. Asimismo, la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado contemplaba también una oferta pública de empleo adicional que incluía hasta el 90 % de las plazas. Por
consiguiente, señorías, es un decreto superado y todas estas modificaciones posibilitaban que las comunidades autónomas que fueran previsoras pudieran haber adecuado y actualizado sus bolsas de empleo, especialmente en educación secundaria. Nuestro
grupo está de acuerdo en reducir la tasa de interinidad y, por eso, el Gobierno ya está dialogando con los agentes sociales y con los colectivos afectados. Señorías, respecto a la pretensión de que el proceso de consolidación no suponga la pérdida
de puestos de trabajo para el personal docente interino, hay que decir una cosa muy clara: no se puede obviar los principios rectores que para el acceso al empleo público como funcionario de carrera se recoge en el artículo 55 del Estatuto Básico
del Empleado Público, y que de acuerdo con la Constitución son los principios de igualdad, mérito y capacidad. Por eso, el Gobierno tiene que conjugar los intereses de los interinos y los intereses también de los opositores, personas que aspiran a
conseguir una plaza en el sistema educativo. El Gobierno está haciendo las cosas con sentido común, dialogando con todos para alcanzar un acuerdo que no lesione intereses de nadie, pero que sea un acuerdo razonable y que satisfaga a todos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Gracias.

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- RELATIVA A LA ADECUACIÓN DE LAS TITULACIONES A LA ECONOMÍA DIGITAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001970).


La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al 3.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a la educación de las titulaciones a la economía digital. Esta proposición no de ley ha sido presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Alonso Díaz-Guerra.


El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Gracias, presidenta.


Señorías, presentamos esta proposición no de ley ante la necesidad de continuar avanzando en la digitalización de la sociedad española. Hoy nadie cuestiona que vivimos en un mundo digital, un mundo movido por el software, cuyo motor son los
programas informáticos. El mundo digital domina nuestras vidas y también la economía. Estas son afirmaciones que escuchamos decir al catedrático Hermenegildo Salinas en su comparecencia en la subcomisión del pacto educativo el pasado 13 de
septiembre. Estas afirmaciones servían a nuestro compareciente para demandar una mayor presencia de contenidos informáticos en las aulas, una mejor adaptación del diseño curricular a la sociedad actual, a la sociedad digital.


Preparando esta intervención leí un artículo en El País de la profesora Natalia Abuin titulado Los retos de la universidad española frente a la economía digital, del cual me gustaría destacar algunas ideas. En primer lugar, la economía
digital es uno de los motores de crecimiento en Europa y una de las oportunidades para salir definitivamente de la crisis. El avance imparable de la digitalización en todos los sectores de la sociedad está provocando la aparición de nuevos perfiles
profesionales que generarán cientos de miles de empleos cualificados en los próximos meses.


En segundo lugar, destacaba la autora que existe una brecha competencial entre la formación que se oferta y las demandas de las empresas, por lo que es necesario revitalizar las titulaciones en las universidades, adaptándose a los cambios
que requiere la sociedad digital. La transformación digital es un hecho y el uso de Internet está suponiendo cambios en la industria, en la economía, en la comunicación e incluso en nuestra manera de relacionarnos. La sociedad no puede mantenerse
inmóvil mientras el futuro cargado de incertidumbre avanza con innegables cambios. ¿Evolucionar o desaparecer? Esa es la pregunta que debemos responder como sociedad, esta es la pregunta que tienen que responder empresas, emprendedores y
trabajadores. Los trabajos del mañana en poco se parecerán a los de hoy. Al igual que han evolucionado adaptándose a la digitalización sectores como el discográfico, el automóvil, la banca o los medios de comunicación, tendrán que evolucionar el
resto de sectores si no quieren desaparecer. Sin duda la universidad como responsable de la preparación para el ejercicio de la actividad profesional debe evolucionar, asumiendo una actitud activa que logre un liderazgo en el desarrollo tecnológico
de las empresas, así como en la cualificación de los trabajadores. Los empleos y los emprendedores que necesita la economía digital no se improvisan, precisan de programas formativos actualizados con un perfil digital que elimine los desajustes
existentes entre la demanda laboral y la oferta formativa. Esta brecha, sin duda, es una de las causas que ha hecho que España tenga una de las mayores tasas de desempleo juvenil de toda Europa. Una economía que no apueste por la digitalización
quedará anclada en el pasado.


Desde el Gobierno de la nación se tiene el firme convencimiento que el impulso por la economía digital es un aspecto estratégico en la evolución económica y social de España. Por ello, a través de la Agenda digital se determina la hoja de
ruta en materia de tecnologías de la información y la comunicación y Administración electrónica y se incorporan objetivos para el desarrollo de la economía y la sociedad digital en España. Uno de los seis grandes objetivos diseñados por la Agenda
digital para España es promover la inclusión y alfabetización digital, así como la formación de nuevos perfiles profesionales TIC. Dentro de las actuaciones que impulsa esta Agenda digital se ha elaborado el Libro Blanco para el diseño de
titulaciones en el marco del sector de la economía digital que contiene las tendencias del sector y los requisitos formativos para conseguir las competencias necesarias. Este documento, fruto del diálogo entre la industria, las universidades y la
Administración, define cuarenta y un perfiles profesionales vinculados a la demanda de especialistas en el ámbito de la economía digital. Por ello solicitamos al Gobierno, respetando la autonomía y la independencia universitaria y utilizando el
libro blanco como guía, que promueva junto con las universidades la adaptación de los programas formativos e impulse la implicación en la Agenda digital de todos los artífices de la generación de conocimiento en nuestro país.

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Finalizo, señor presidenta, agradeciendo al Grupo Socialista sus aportaciones, puesto que vamos a presentar una transaccional, solicitando el apoyo de sus señorías para que esta proposición no de ley sea aprobada, y recordando unas palabras
de Martínez Chacón que decía que en este mundo como en la naturaleza no sobreviven las empresas o las especies más fuertes o más grandes, sino las que mejor sepan adaptarse.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor García Mira.


El señor GARCÍA MIRA: Gracias, presidenta.


Estamos ante una iniciativa que sugiere una demanda de atención sobre las oportunidades que hoy abren las tecnologías para aumentar el crecimiento económico, para reducir la desigualdad y para promover un desarrollo social y económico
inclusivo. Desde esta perspectiva, y atendiendo a las recomendaciones del Foro Económico Mundial, una lección importante que es la que nos trae aquí esta iniciativa está relacionada con la adecuación de la formación y de las titulaciones que la
vehiculan a la nueva economía digital. Y ello implica hacer una elección entre un mundo más abierto, más inclusivo y más interconectado, o un mundo cerrado, aislado y desigual. La digitalización está ligada a fuerzas sociales económicas que
alimentan precisamente estas visiones del mundo. Es más, las innovaciones digitales de las que hoy estamos siendo testigos pueden, por ejemplo, impulsar objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas y apuntalar los pilares sobre los que se
construyen estos objetivos, como por ejemplo mejorar la calidad de vida, fomentar el crecimiento equitativo y proteger el medio ambiente. Para ello es necesario eliminar los obstáculos estableciendo las reglamentaciones adecuadas. No hay que
olvidar que la transformación digital podría implicar un incremento de 120 000 millones de euros en los sectores analizados hasta el año 2025. Tampoco se puede olvidar que España se sitúa por debajo de la media europea y fuera del top 40 mundial,
mostrando que hay todavía una inmadurez digital manifiesta que es necesario reencauzar.


Hay diferencias sectoriales importantes en estrategia, en medios, en cultura, en información, pero también hay obstáculos como la resistencia al cambio, el coste y una adecuada coordinación entre administraciones, universidades,
organizaciones sectoriales, empresas y organizaciones de la sociedad civil. Hago mención también a las corrientes de la transformación social de la economía como el emprendimiento social, la economía colaborativa, la economía circular, por cuanto
han generado un cuerpo de expertos en economía digital con destacado impacto social porque están contribuyendo a nuevos modelos de networking, a una innovación económica responsable que llama por impulsar una mejora de las competencias digitales,
promocionando una mayor conciencia emprendedora y una cultura digital, en definitiva.


Con la enmienda que presentamos a esta iniciativa queremos apostar por un enfoque de innovación responsable que implique a múltiples actores, a los impulsores de la economía digital, promoviendo modelos de cogeneración de innovación entre
universidades, entre empresas y entre organizaciones de la sociedad civil, incluyendo a todos los movimientos de innovación social, ya que muchos de ellos están hoy a la vanguardia de los modelos de la economía digital. Quizás no sea el modelo de
promover nuevas titulaciones de grado el más acertado -no encontramos un consenso en este sentido en el mundo académico-, y en su lugar, sea necesario promover una mayor transversalidad entre titulaciones y formación en general, tal como expresamos
en nuestra enmienda. Por ejemplo, si atendemos a lo que han hecho universidades que están en primera línea como la Universidad de Harvard y el Massachusetts Institute of Technology o la Universidad de Cambridge en Reino Unido vemos que crean no
solo programas específicos sobre este asunto, sino que están creando centros específicos como el Surrey's Centre for the Digital Economy. En estas universidades se hace hincapié también en que a través de programas específicos se potencia la
investigación con fondos gubernamentales, así como también privados. Son ejemplos que debemos de reflejar y mencionar, así como potenciar aquellas de investigación que pueden potenciar una auténtica y adecuada adaptación de nuestras titulaciones al
mundo de la economía digital como la ecología digital sostenible, el impacto digital en las perspectivas de ganancia de los trabajadores, Internet y mercado, deep learning, democratización en general, o programas específicos de los propios consejos
de investigación de muchos países europeos. En cualquier caso, se requerirá elaborar los contenidos sobre la economía digital que han de formar parte de esta nueva formación.


En general, la iniciativa responde a un reto que España debe asumir y el Gobierno debe establecer las medidas necesarias que pasan por el establecimiento de las ayudas y los recursos necesarios a las

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universidades para impulsar programas de formación y dotarse del personal adecuado. Ahora bien, si la economía digital se plantea como un recurso fundamental, con capacidad de generar empleo, crecimiento económico y desarrollo social por
qué no hacer de ella una plataforma básica que permita un cambio de paradigma también en lo político, en lo social o en lo cultural. Esta es nuestra idea general, el impulso de este cambio de paradigma que no solo se produzca en lo empresarial,
sino también en lo académico, en lo político, en lo social, en lo cultural y estableciendo las narrativas intelectuales más adecuadas que consideran como referencia a los distintos grupos de la sociedad, con la finalidad de que todo este cambio
responda al interés general, social, político y de empleo, tanto actual como futuro. Mejorar la formación digital de nuestros egresados conlleva a desafíos y a innumerables oportunidades. La iniciativa que presenta el Grupo Popular, si me lo
permiten, resulta un poco simplona, general y no es más que una simple declaración de intenciones vagas. Esta es la razón por la que hemos propuesto una enmienda que trata de encauzar y definir los principios que debieran regir esta adaptación a la
economía digital que tanta prosperidad puede producir en el ámbito empresarial, económico, político, cultural y social.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Para pronunciarse sobre la aceptación o no de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Alonso.


El señor ALONSO DÍAZ-GUERRA: Señora presidenta, vamos a presentar una transaccional entre los dos grupos parlamentarios, si llegamos a un acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Antes de darle la palabra a los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios que van a fijar su posición, quiero recordarles que a las diez y media tendrá lugar en la sala Ernest Lluch la presentación de la
campaña de sensibilización para la mejora de las relaciones entre padres, madres y profesores. Todos tenemos la comunicación. Me voy a ausentar un momento para darles la bienvenida y volveré rápidamente. Se lo recuerdo por si algunos de ustedes
quieren acompañarles.


Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.


La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidenta. (El señor vicepresidente, Lorenzo Torres, ocupa la Presidencia).


El director de Oracle Digital Neil Sholay afirmaba en una intervención pública que el 80 % de la oferta laboral de un futuro inmediato se va a basar en trabajos que todavía no existen. De hecho, hace veinticinco años nadie se hubiese
imaginado, por ejemplo, que el sector de los videojuegos podría arrojar unos beneficios superiores a los de la industria del cine, o que existirían trabajos como el de piloto de drones, o diseñador de órganos en 3D.


El problema es que la realidad cambia ya a tanta velocidad que cada vez es más difícil adaptarnos a ella. Antes se tardaba meses e incluso años en sacar un nuevo producto, o una nueva experiencia en el mercado y ahora esos tiempos se han
acortado radicalmente, hablamos de días o de semanas. Si nos preguntamos si estamos preparados para el futuro, la respuesta es evidentemente es que no. Por eso, es esencial diseñar un plan estratégico para modernizar la formación superior y ese
plan a día de hoy en España simplemente no existe. Nuestros modelos educativos tradicionales demuestran una rigidez que es incompatible con el momento de cambio que vivimos. Por ejemplo, la mayor parte de la formación en economía digital en España
está diseñada como un itinerario de especialización transversal para distintas ramas del conocimiento. Es cierto que se han creado títulos como grados en Diseño y Tecnologías Creativas, en Diseño y Creación Digital, en Bioinformática, pero es
necesario un nuevo marco académico para seguir creciendo y hacerlo de mano de la demanda de los mercados. Según la OCDE hay un alarmante desajuste de competencias en el mercado laboral y eso tiene efectos negativos tanto en la productividad como en
los salarios de los graduados. Es lamentable que muchas empresas tengan que buscar expertos fuera de nuestro país, debido a la carencia de profesionales con la formación adecuada.


Voy a mencionar un ejemplo concreto. En el sector de los efectos visuales para el cine, un sector en el que España tiene empresas pioneras, hay cada año un alto porcentaje de vacantes laborales que tienen que cubrirse con profesionales que
vienen de otros países. Estamos hablando de un sector que genera empleo altamente cualificado y muy bien remunerado. Por otro lado, la situación de los centros de formación acaba redundando en las empresas. Más de la mitad de nuestras firmas se
encuentran aún en la primera fase del proceso de digitalización. Solo apostando por la economía digital, se van a poder crear

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nuevos modelos de negocio. La economía digital tiene que dejar de entenderse como un área de especialización reservado a alumnos que deciden ampliar estudios de grado. Otros países ya lo han entendido así y no limitan esos conocimientos a
los estudiantes más avanzados, sino que se integran en los niveles más elementales de la educación universitaria. La tarea es ingente y desafortunadamente ya hemos perdido el paso con respecto a países de nuestro entorno. Si ellos se mueven y
nosotros no, la consecuencia será simplemente que nos quedaremos cada vez más atrás. La oferta formativa tiene que adaptarse para ser el motor de cambio de las empresas. Espero del partido del Gobierno algo más que una modesta proposición no de
ley presentada en Comisión. En la exposición de motivos de esta PNL ustedes mismos reconocen que hace casi un año se aprobó otra proposición no de ley relativa a la Estrategia española para la educación superior que incluía, entre otros objetivos
-leo-: Ubicar a los alumnos en el centro de la estrategia para conseguir una formación de calidad para su desarrollo personal y para que alcancen resultados de aprendizaje que les faciliten el acceso y su mantenimiento en el mercado laboral en las
mejores condiciones, así como intensificar la relación entre las universidades, los organismos públicos de investigación y las empresas para incrementar la competitividad del sector empresarial a través de actividades innovadoras.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Señoría, tiene que ir terminando.


La señora RIVERA DE LA CRUZ: Han pasado once meses desde entonces. ¿Se ha avanzado algo en este sentido? ¿Vamos a presentar otra PNL en Comisión en 2018? Les animo a ir más allá y nos encontrarán de su parte, porque creemos que este
asunto lo merece.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alonso Clusa.


La señora ALONSO CLUSA: Gracias, señor presidente.


Señorías, claro que es importante, dada la digitalización de nuestras sociedades y lo que podríamos predecir en su evolución futura, que la educación vaya incorporando elementos que acerquen a las personas que se están formando a una
característica esencial de la sociedad que van a vivir. Sin embargo, hay varias cuestiones que objetar a lo que se plantea en esta PNL. En primer lugar, que faltan elementos que aseguren que el sistema educativo no sea un mero productor de
trabajadores adaptados al desarrollo del mercado laboral en cada momento. El sistema educativo no puede ser ajeno a las necesidades futuras que se puedan prever en el desarrollo económico, pero tampoco puede ser esclavo del mismo. El sistema
educativo hace mucho más que formar trabajadores, forma personas, forma sociedad y ayuda a formar pueblos. En segundo lugar, que el mismo PP que recorta en I+D+i, que sitúa España a la cola de la Unión Europea en innovación y que provoca que
nuestra economía no se desarrolle precisamente en lo relativo a las actividades digitales, es quien hace esta propuesta meramente declarativa. Para que sea una propuesta realmente útil tiene que acompañarse de compromisos presupuestarios reales que
impulsen la I+D+i, su integración en el sistema productivo y que las actividades relacionadas sean motores que impulsen la economía. Sin medios e inversiones reales no habrá personas cualificadas ni se crearán los puestos de trabajo para
emplearlas. En tercer lugar, creemos que es preciso implementar mecanismos, es decir las becas necesarias que aseguren que todo avance en el sistema educativo en este sentido y que se haga de manera inclusiva. Teniendo en cuenta que el aumento de
las tasas ha expulsado del sistema a demasiados estudiantes, dichas becas evitarán la exclusión del alumnado por motivos de renta o por otros no relacionados directamente con el rendimiento académico.


Parece, en definitiva, que más que aportar a la ciudadanía la formación que elige y necesita, con esta PNL, una vez más, se pretende poner a la universidad claramente al servicio de las necesidades de las empresas, en este caso, de sus
necesidades de contar con personal cualificado en el manejo de las TIC, sin tener en cuenta todos los aspectos esenciales que configuran la formación integral del alumnado, por lo que, lógicamente, estamos en desacuerdo.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Muchas gracias.

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- SOBRE LA RACIONALIZACIÓN DE TÍTULOS UNIVERSITARIOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002423).


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Pasamos al cuarto punto del orden del día, proposición no de ley sobre la racionalización de los títulos universitarios, presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Para su defensa, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Gracias, señor presidente.


Señorías, uno de los problemas de nuestro sistema universitario que desde hace décadas han apuntado expertos y analistas es el de la existencia de una amplia oferta de titulaciones con una demanda muy reducida o poco eficiente en el número
de estudiantes o en el sistema de empleabilidad. Es cierto que este problema de eficiencia, que ha sido reconocido por distintos Gobiernos, se había corregido parcialmente en los últimos años, pero recientemente la CRUE ha presentado su último
informe, La universidad española en cifras, en el que se muestra que dicho problema está repuntando y que en aras de preservar un sistema equitativo y eficaz hay que tratar de corregirlo.


La información disponible para el curso 2015-2016 pone de manifiesto que las titulaciones con menos de veinte alumnos representan todavía en este país el 12,6 % del total. En el año 2008, el porcentaje de titulaciones con menos de cincuenta
y cinco alumnos era del 33 %, cifra que fue bajando hasta el 18 % en 2013. A partir de entonces, ha ido repuntando de nuevo hasta llegar al 27 % en el curso 2015-2016. Es cierto que el número de alumnos no es el único criterio que mide la
eficiencia y que debe ser matizado, pero también lo es que hay que analizar estas cuestiones.


Por lo que se refiere a los títulos de máster, los números muestran también una tendencia similar de crecimiento totalmente desajustado a la demanda. El sistema universitario español en su gran mayoría está financiado por las cuentas
públicas, y todos estos desajustes no hacen sino encarecer aún más el coste por puesto universitario que ya está sufriendo una tendencia al alza por el descenso de población en edad de estudio, poniendo en jaque la sostenibilidad del sistema. La
propia estructura del sistema presenta rigideces, como, por ejemplo, la imposibilidad del traslado de funcionarios de carrera, que impiden un ajuste más rápido entre la demanda de las titulaciones y los recursos disponibles para garantizar la
oferta. No abordar el problema que presentamos hoy aquí no hace sino poner más presión a las arcas públicas, repercutiendo, al final, en los alumnos y en las alumnas.


Advertimos de que si no se actúa ya y el Gobierno y los respectivos Gobiernos autonómicos siguen atendiendo a la situación como meros espectadores de lujo, el sistema se verá abocado a una subida de tasas y a una reducción de becas que
afectarían gravemente a la posibilidad de acceso a una educación superior de todos los ciudadanos españoles. Por el contrario, contribuir a un mejor ajuste podría ayudar a aumentar el número de becas no solo para el pago de matrículas, sino también
de movilidad y manutención que fomenten la independencia de miles de estudiantes.


De acuerdo con la Constitución, corresponde al Estado la competencia relativa a los títulos. Se le atribuye también la competencia en materia de regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos académicos y
profesionales. En ejercicio de dicha competencia el Estado ha aprobado la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y el Decreto del año 2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales. En
este contexto competencial, consideramos que el Estado tiene las facultades adecuadas y suficientes, en colaboración con las comunidades autónomas, para racionalizar las titulaciones y evitar los problemas que hemos apuntado.


El Grupo Popular ha presentado una enmienda que vamos a negociar para poder mejorar la proposición que hemos planteado.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): El Grupo Popular ha presentado una enmienda, para cuya defensa tiene la palabra la señora Moro.


La señora MORO ALMARAZ: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Ciudadanos con esta iniciativa plantea una cuestión, que a nuestro grupo le gustaría deslindar, entre la problemática que subyace y los puntos concretos de cara a una posible aprobación. Habla de un tema que preocupa
desde hace mucho tiempo a todas las instancias universitarias

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y a todas las administraciones. Tenemos que recordar aquí que ahora se cumplen algo más de diez años de la publicación del Real Decreto 1393/2007, de ordenación de las enseñanzas universitarias, que modificó sustancialmente un decreto del
año 2005. Quienes somos universitarios y nos tocó aquella época sabemos la convulsión que supuso para las universidades que habiendo iniciado un proceso de transformación en las titulaciones de cara a Bolonia hubiera que romper el paso y abrir uno
nuevo con ese decreto de 2007.


Muchas han sido las ventajas de esta nueva ordenación de enseñanzas universitarias, pero también ha habido muchas disfunciones y muchas desventajas. Creo que Ciudadanos pone el dedo en la llaga, porque en diez años podemos tener una visión
de conjunto que ayude a mejorar el sistema universitario español, las enseñanzas en el sistema de educación superior. Desde esa perspectiva, estamos de acuerdo en que esta Cámara es competente para decir al Gobierno y a todas las administraciones e
instancias que será bueno que pongamos encima de la mesa los instrumentos con los que contamos para tener una valoración más acertada de por dónde vamos. Como ustedes bien saben, recientemente la Aneca publicó un informe de calidad en la evaluación
de las enseñanzas universitarias, en el que se pone de manifiesto a qué se han tenido que enfrentar la Aneca y las agencias autonómicas a la hora de hacer la evaluación para la acreditación de los títulos, la renovación de la acreditación o la
verificación de los mismos. Cuando hablo de títulos, me refiero a titulaciones, para no romper ese rigor que hay que tener en este tema.


Creemos que en cualquier reflexión que se haga debe ponerse de manifiesto el complejo entramado competencial en esta materia, en la que la autonomía universitaria es crucial, pero también lo son las competencias autonómicas, prácticamente
absolutas, en materia de universidades, salvo aquellas de coordinación que corresponden al Gobierno de España, a través de organismos a los que hacemos referencia en nuestra enmienda, como es la Conferencia general de política universitaria y el
Consejo de Universidades.


Compartimos, por tanto, la filosofía de la iniciativa, pero no aquellos puntos que aparecen en el petitum. ¿Por qué? En primer lugar, porque el modelo de flexibilidad...


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Señoría, tiene que ir terminando.


La señora MORO ALMARAZ: Voy terminando, señor presidente.


El modelo de flexibilidad implantado desde 2005, mucho más desde 2007, ha obligado a mantener durante mucho tiempo un buen número de titulaciones registradas en el RUCT, algunas en extinción, lo que nos ofrece una visión mucho más deformada
de la realidad. En segundo lugar, porque no es malo que las universidades se adapten paulatinamente a la demanda, pero es verdad que deben mantener algunas titulaciones, porque son universidades, y nosotros debemos preservar el sentido histórico,
pero siempre nuevo, de la universidad respecto al conocimiento, a la creación de conocimiento, a la preservación y a la transmisión del mismo. Que una titulación desaparezca -concluyo rápidamente, señor presidente- no es sencillo y hay que tener en
cuenta muchos parámetros esenciales. Por desgracia, no tenemos un lienzo en blanco, por lo que no podemos aceptar algunas de las cuestiones que aparecen en el petitum. De todas formas, creemos que entre todos podemos contribuir al objetivo que nos
es propio, que es mejorar el sistema universitario español en materia de enseñanzas.


Apelamos al resto de los grupos, Ciudadanos ya ha dicho que le parece bien, para llegar a un acuerdo transaccional que redundará, sin duda, en la mejora del sistema universitario, sobre todo ahora que la Universidad de Salamanca -perdonen
que lo diga, pero tengo que hacerlo- cumple 800 años junto con el sistema universitario español.


Muchas gracias. (Aplausos).


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Gracias, señora Moro.


Tiene la palabra la señora Martín Llaguno para aceptar o rechazar la enmienda presentada.


La señora MARTÍN LLAGUNO: Voy a intentar negociar una transaccional.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): En turno de fijación de posiciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, la señora Alba Goveli.

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La señora ALBA GOVELI: Gracias, señor presidente.


Quiero comenzar recordando que fue el ministro Wert quien en el año 2012 fijó el umbral de eficiencia, y lo hizo aludiendo a que en el Estado español había un exceso de oferta universitaria. He querido decir esto porque creo que no es
cierto, y los datos así lo aseguran. En España hay una universidad por cada 500 000 habitantes, muy por debajo de la media europea y muy por debajo, por ejemplo, de la de Estados Unidos, donde hay una universidad por cada 90 000 habitantes. Sería
un error partir de una premisa que no es cierta.


Mi grupo piensa que el criterio de racionalización y eficiencia beneficia finalmente a los intereses y a las modas del mercado laboral, de manera que cada vez hay más carreras profesionalizadoras que tienen muy poco que ver con los campos de
conocimiento. Esto tiene como consecuencia que con el paso del tiempo vayan desapareciendo carreras como las matemáticas o la física y, sobre todo -algo que ya está pasando-, las de humanidades. Decía el anterior presidente de la Conferencia de
Rectores, Segundo Píriz, que ni la oferta ni la demanda están sobredimensionadas en la universidad española, y reflexionaba sobre los riesgos que podía conllevar el hecho de cerrar carreras que, aunque no tengan una excesiva demanda, son esenciales
para el progreso intelectual de un país, como pueden ser, por ejemplo, las humanidades, de las que antes he hablado. Todo esto, sin entrar ya en cuestiones como la movilidad del alumnado y las dificultades añadidas que esto acarrea para los que
tienen menos recursos económicos, porque a pesar de que existe un sistema de becas tienen serias dificultades económicas para trasladarse y residir en una provincia diferente a la suya. Además, está la cuestión de que cada universidad tiene su
propia idiosincrasia y debe tener autonomía para gestionarla y para organizarse.


Creo que lo que refleja el debate que estamos teniendo es lo que pone en el centro de las políticas educativas, y en lo relativo a la universidad, cada fuerza política, y esta PNL pone de manifiesto que la prioridad más absoluta son los
intereses de los mercados y no tanto los del alumnado o el mismo conocimiento. Tenemos clarísimo que hay que apostar por lo segundo y no priorizar lo primero, por lo que no podemos apoyar esta iniciativa.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Lorenzo Torres): Gracias, señora Alba.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urquizu Sancho.


El señor URQUIZU SANCHO: Gracias, señor presidente.


Anticipo que el voto del Grupo Parlamentario Socialista va a ser en contra de esta proposición no de ley, y me gustaría razonar brevemente el porqué. En primer lugar, cuando se habla de la autonomía universitaria, que es un derecho
constitucional, consideramos que hay que ser muy prudentes y aproximarse a todo lo que tenga que ver con decisiones universitarias con muchas cautelas. En este aspecto, creemos que la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Ciudadanos no
cumple con ello. Pensamos que quienes mejor pueden saber, entender, decidir, comprender qué es lo que necesita la universidad, son las universidades. Por tanto, quitarles algo tan importante como decidir sobre sus propias titulaciones para que lo
haga otra agencia o el propio ministerio creemos que puede atentar contra ese derecho constitucional, y por eso estimamos que hay que ser muy prudentes. (La señora presidenta ocupa la Presidencia).


En segundo lugar, porque básicamente lo que subyace en la proposición no de ley es una idea bastante distinta de la que nosotros venimos defendiendo de lo que debería ser la universidad. Es muy probable que leer y entender lo que significa
La Divina Comedia de Dante no sea lo que más se demanda a la hora de pedir un puesto de trabajo; también puede suceder que haber leído, haber entendido el papel que jugó La Eneida de Virgilio durante el mandato del emperador Augusto no sea muy
eficiente a la hora de tener alumnos que piensen más en las salidas profesionales en lugar de tener otros que estén más preocupados por las humanidades. Entendemos que la universidad, además de tener que suministrar futuros trabajadores al mercado
laboral, se dedica a la investigación -por cierto, algo sobre lo que no se dice nada en la proposición no de ley y entendemos que la eficiencia y la investigación tendrán algo que ver también en el mundo universitario, no solo el número de
titulaciones- y a formar ciudadanos. Las universidades tienen otro papel que tiene que ver con los valores y con el modelo de sociedad en el que queremos vivir, donde seguramente la palabra eficiencia -sea lo que esto signifique para el grupo autor
de la proposición no de ley, porque no queda claro qué entendemos por eficiencia- entra en colisión con ese modelo de universidad que algunos venimos defendiendo desde hace muchísimo tiempo.

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Finalmente, y este es el tercer argumento por el que nos oponemos, creemos que las propuestas no solo son vagas y confusas, sino que, además, mezclan cosas que no tienen mucho que ver. En el mundo universitario no hay que elegir entre tener
más o menos titulaciones y tener más o menos becas, porque se pueden tener muchas titulaciones y una gran cantidad de becas; no es incompatible una cosa con la otra. Por tanto, nos parece que es un error mezclar las dos cosas en la propuesta y
seguramente es desafortunado.


Por lo que acabo de explicar ahora mismo, nos vamos a oponer a esta PNL. No compartimos, como he dicho, la idea de universidad que subyace en esta proposición no de ley. Defendemos con todas nuestras fuerzas la autonomía universitaria y
creemos que según este derecho constitucional no es suficientemente prudente esta iniciativa. Finalmente, creemos que es una PNL mal planteada tanto en sus propuestas como en sus reivindicaciones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Urquizu.


- RELATIVA A AUMENTAR LAS SUBVENCIONES ECONÓMICAS A LAS FEDERACIONES DEPORTIVAS ESPAÑOLAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002429).


La señora PRESIDENTA: Una vez terminado el debate del punto cuarto, pasamos al debate de la proposición no de ley relativa a aumentar las subvenciones económicas a las federaciones deportivas españolas, presentada por el Grupo Parlamentario
Socialista.


Para su defensa, tiene la palabra el señor Antón Cacho.


El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señora presidenta.


En estos momentos, cualquiera que se detenga a analizar el palmarés de nuestros deportistas internacionales puede comprobar fácilmente que nos encontramos entre las veinte potencias mundiales; de hecho, si tenemos en cuenta el medallero
olímpico y paralímpico de Río 2016, podríamos afirmar que estamos entre las quince mejores potencias deportivas del mundo. Sin embargo, los éxitos de nuestros deportistas internacionales no pueden ni deben ocultar las dificultades por las que han
pasado las federaciones nacionales en los últimos seis años. Los ajustes económicos han pasado factura, y si no corregimos de manera inmediata los recortes presupuestarios, puede que más pronto que tarde empecemos a notarlo en este palmarés y en
los éxitos que están obteniendo nuestros deportistas.


Como saben, la Ley 10/1990, del Deporte, dice que las federaciones deportivas españolas son entidades privadas a las que se atribuyen por delegación funciones públicas de carácter administrativo, actuando como agentes colaboradores de la
Administración Pública. De hecho, es el propio Consejo Superior de Deportes el que autoriza la constitución de una federación, el que aprueba sus estatutos y sus reglamentos y el que supervisa y pilota los programas deportivos de las mismas.
Además, está en la obligación de concederle las subvenciones económicas que procedan para el cumplimiento de dichos programas. En este sentido, las subvenciones concedidas a las federaciones por el Consejo Superior de Deportes han sufrido un
descenso muy significativo en los últimos años, pasando de los 82 millones de euros que recibían del Gobierno en el año 2009 a los 46 millones de euros que recibieron en el año 2016, prácticamente la misma cifra que han recibido en 2017. Estamos
hablando de que las federaciones están funcionando con 36 millones de euros menos, casi la mitad. La falta de apoyo del Gobierno a las federaciones deportivas ha supuesto que muchas de ellas hayan tenido que aplicar recortes a su plantilla de
trabajadores y trabajadoras, entre ellos, los entrenadores. Han tenido que reducir gastos en los contratos de seguridad, de limpieza, incluso han tenido... (Rumores).


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio. No se oye nada.


El señor ANTÓN CACHO: ... que abandonar su sede por no poder pagar los alquileres de la misma.


Este tipo de recortes y ajustes no ha sido lo que más ha preocupado a las federaciones, lo más grave ha sido que en los últimos años han tenido que priorizar programas deportivos que la Ley del Deporte les encomienda directamente, como son
la preparación y los planes de los deportistas de alto nivel, renunciando a otros, como, por ejemplo, a los programas de tecnificación deportiva, a la captación y formación de talentos deportivos jóvenes o al apoyo del deporte base. Estos han sido
los grandes

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damnificados de los recortes, poniendo en peligro el futuro del deporte español en las competiciones nacionales e internacionales. Si no sembramos ahora, difícilmente vamos a recoger éxitos en el futuro.


Para encontrar una explicación a los éxitos deportivos de estos últimos años, sin caer en el simplismo que escuchamos por parte del Gobierno de hacer más con menos, debemos fijarnos, en primer lugar, en la herencia recibida, en aquellos casi
90 millones de euros que ahora están dando sus resultados. Además, no podemos olvidarnos de los esfuerzos que han tenido que hacer las familias para poder apoyar a sus hijos y a sus familiares para que pudieran participar con las marcas necesarias
en competiciones nacionales e internacionales. De hecho, muchos ayuntamientos, diputaciones, incluso las administraciones autonómicas han tenido que suplir la falta de apoyo del Gobierno central. Si de verdad valoramos nuestro modelo deportivo
como de éxito y lo vendemos y lo ponemos como marca España, debemos apoyar económicamente a las federaciones deportivas. Tenemos que recuperar las cantidades subvencionadas de antes de la crisis. Todo el mundo dice que ha pasado la crisis, pues
empecemos a cambiar las subvenciones. Tenemos que estar a la altura de otros países de nuestro entorno. No es normal que ahora mismo federaciones de Portugal, que tiene muchos menos deportistas que nosotros, estén recibiendo más dinero o casi la
misma cantidad que nosotros. Además, para favorecer la estabilidad y la planificación deportiva debemos plantearnos una línea de subvención plurianual, en la que las direcciones deportivas de las diferentes federaciones puedan programar sus
proyectos de cara a las grandes competiciones y, por supuesto, a los ciclos olímpicos. Hay que garantizar esa seguridad para que los entrenadores sepan si van a estar contratados o no el año siguiente, porque ahora mismo dependen de la subvención
que reciban del Consejo Superior de Deportes.


No sabemos si el borrador de presupuestos para el año 2018 recoge las peticiones que nosotros planteamos en estos momentos, pero estoy convencido de que todavía estamos a tiempo de rectificar. Estas peticiones no las hace el Grupo
Parlamentario Socialista de manera caprichosa, sino que es la reivindicación de la Asociación de Federaciones Deportivas, que está pidiendo un mayor apoyo. En su nombre solicitamos el voto favorable para esta proposición no de ley.


El Grupo Ciudadanos ha presentado una enmienda de sustitución. Estamos negociando una transaccional en la que aceptaríamos los dos primeros puntos y eliminaríamos el tercero. Quedaría así. La enmienda que plantea Ciudadanos pone un poco
en entredicho el funcionamiento actual de las federaciones deportivas. Me gustaría recalcar que para que ahora mismo una federación pueda recibir una ayuda el Consejo Superior de Deportes le exige tres auditorías: una previa, en la que antes de
pedir la subvención tiene que explicar en qué se va a gastar cada euro que va a recibir; una segunda, que es cuando justifica; y una tercera al año que es una auditoría externa en la que se vuelven a auditar los dineros que el Consejo Superior de
Deportes le ofrece. Creo que hay que exigir -ahí vamos a estar de acuerdo- más transparencia y mejor gobernanza de las federaciones, porque todos conocemos casos recientes de lo que está pasando en el mundo federativo, pero no por eso podemos
justificar que las federaciones que están trabajando bien no reciban las cantidades necesarias. También hay que intentar ayudarles a conseguir financiación privada a través de esa Ley de Mecenazgo, aunque esta no va a poder suplir la falta de apoyo
del Estado.


La señora PRESIDENTA: Señor Antón Cacho, tiene que ir terminando.


El señor ANTÓN CACHO: De hecho, tenemos el ejemplo reciente del ADO, que después de casi un año hemos sido incapaces de conseguir firmar ese acuerdo y ayudar a los deportistas olímpicos en el año 2017.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


El Grupo Parlamentario Ciudadanos ha presentado una enmienda. Para su defensa, tiene la palabra el señor Gómez García. Le ruego que se atenga a los tiempos, porque quedamos en cinco y tres minutos y se han convertido en siete y cinco
minutos.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Gracias, señora presidenta.


Intentaré ajustarme al tiempo. Por supuesto, el Grupo Ciudadanos, porque lo conoce, valora el ingente trabajo que hacen las federaciones por el bien de nuestro deporte. Somos conscientes de que si no se aumenta la inversión en el deporte
va a ser imposible seguir manteniendo los éxitos de nuestros deportistas. Tenemos una generación de deportistas muy buena, pero algunos ya están en la cima de su

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carrera y tiene que haber un relevo, pero para que eso se produzca tiene que haber inversión. En eso estamos de acuerdo con el grupo proponente. También lo estamos en que esas subvenciones tendrían que ser plurianuales para que las
federaciones conozcan de qué cantidad van a disponer y puedan hacer sus programas. El ciclo olímpico, en el que se fijan todas las federaciones y con el que hacen su programación, es de cuatro años, por lo que lo bueno sería que esas federaciones
supiesen cuánto van a recibir en ese tiempo para fijar sus objetivos correctamente. Repito que estamos de acuerdo y apoyamos que haya más inversión para las federaciones. Lo que pasa es que el grupo proponente se olvida de intentar buscar otras
vías de financiación, y de ahí nuestras enmiendas. Parece que solo se habla de dinero público, cuando, como ha dicho bien el interviniente, hay entidades privadas, eso sí, de derecho público, pero son entidades privadas que deben intentar buscar
financiación privada. Es verdad que desde las administraciones públicas lo que tenemos que hacer es ponérselo fácil y que tengan las mínimas tramas para encontrar financiación privada. De ahí nuestra enmienda y nuestra propuesta de modificación de
la normativa para que haya una ley de mecenazgo que de verdad funcione. Pero también se pueden buscar otras vías, y ahí tenemos la Ley de Regulación del Juego con esa disposición adicional que permitiría que una parte de la recaudación del juego
online fuese al deporte y que habría que desarrollar. También hay otra vía para financiar a las federaciones y al deporte, que al grupo proponente y al Grupo Parlamentario Popular yo sé que les gustaría menos, que es transferir el dinero que se
recauda de las quinielas a las diputaciones provinciales, esos entes que les encantan al Partido Popular y al Partido Socialista. Hay unos 28 millones de euros que se podrían destinar a las diputaciones provinciales, que no se dedican al deporte,
que nadie fiscaliza, que no se sabe a qué se dedican y que podrían ir perfectamente al deporte, a esas federaciones, para incrementar la inversión.


El otro punto de nuestra enmienda se refiere al control del gasto y del buen gobierno de las federaciones porque está muy bien invertir y darles más fondos, por supuesto, pero también tienen que hacer un buen uso del dinero que reciben.
Podemos recordar aquí los casos de las federaciones de fútbol, de baloncesto, de taekwondo. ¿Es verdad que no son todas las federaciones? Es verdad. ¿Es verdad que hay federaciones que lo hacen bien? Es verdad, pero hay otras que, por desgracia,
no lo han hecho bien. Entonces, lo que debemos hacer es realizar las modificaciones necesarias para que haya un control y un buen gobierno de los fondos, que no se despilfarre y malgaste el dinero de todos los españoles.


La señora PRESIDENTA: Señor Gómez, tiene que ir terminando.


El señor GÓMEZ GARCÍA: Y por supuesto, premiar a aquellas federaciones que hacen bien las cosas, que de verdad obtienen buenos resultados, que de verdad promueven la igualdad entre los deportistas, de modo que se les dé más a aquellas que
lo hacen bien y menos a aquellas que lo hacen mal.


Supongo que esta proposición no de ley -con esto termino, señora presidenta- significa que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar y a negociar los Presupuestos Generales del Estado, porque está muy bien pedir aquí que haya más dinero,
reunirse con la Asociación de Federaciones Deportivas y decirles que va a presentar una PNL, pero cuando pueden actuar que es negociando los presupuestos y exigiendo en esa negociación un incremento, pues no lo hacen y dejan que los presupuestos los
negocien los nacionalistas.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Ahora tiene la palabra el señor Antón Cacho para aceptar o no la enmienda.


El señor ANTÓN CACHO: Estamos negociando una enmienda transaccional, así que la aceptamos.


La señora PRESIDENTA: Por favor, rápida.


En el turno de intervenciones del resto de los grupos parlamentarios, por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Arévalo Caraballo.


La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, señora presidenta.


Es cierto que las subvenciones concedidas a las federaciones por el Consejo Superior de Deportes sufrieron un descenso muy significativo desde 2009, pero también lo es que los recortes comenzaron cuando el Gobierno todavía era del grupo
proponente. De hecho, entre 2009 y 2011 esas subvenciones sufrieron unos recortes de casi siete millones de euros, aunque, sin duda, la medalla de oro de los recortes en esta materia se la lleva, como siempre, el Partido Popular.

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La señora PRESIDENTA: Señora Arévalo, un momento por favor. Ruego a los diputados y diputadas que guarden silencio porque es imposible oír a la diputada que está interviniendo.


La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, señora presidenta.


Efectivamente, estos recortes han obligado a las federaciones a priorizar los planes de preparación de los deportistas. Y digo los porque el porcentaje de estas subvenciones que llegan a las deportistas no es que se haya recortado, es que
sencillamente es miserable. En fin, como decía, los recortes han obligado a las federaciones a desatender la base de la pirámide de nuestro deporte de alto nivel, para poder así cumplir con los objetivos marcados, dejando en muchos casos a la
deriva la captación y formación de los talentos más jóvenes. ¿Qué consecuencias tiene todo esto? Pues que los y las deportistas que supuestamente tienen que ir a los Juegos Olímpicos de 2020 y 2024 no están siendo apoyados de la manera adecuada.
Esto no es baladí porque si no hay relevo generacional, el mantenimiento de resultados será cada vez más complicado. De hecho, hoy nuestro país ocupa la decimosegunda posición en Europa en la relación entre inversión estatal y resultados
deportivos. Está claro que vamos por el mal camino y que los recortes no han ayudado a las federaciones precisamente a gestionar mejor, sino que les han obligado a tener que elegir dejando de lado y en manos del voluntariado la promoción y la
formación de la próxima generación olímpica.


Vamos a apoyar esta iniciativa porque consideramos que verdaderamente es necesaria. De hecho, nos parece un acierto que el Grupo Parlamentario Socialista retirara la iniciativa que había presentado hace tiempo en relación con este mismo
tema, para presentar esta que hoy debatimos y así incluir que las subvenciones sean plurianuales. De esta manera se puede garantizar el éxito de los proyectos de alto rendimiento al poder planificar de manera más eficaz. Sin embargo, queremos
dejar constancia de que no nos parece la forma más adecuada de hacer esto realidad. Todas las que estamos aquí somos conscientes de que esto es una proposición no de ley y que, por tanto, aunque salga adelante dependerá de la voluntad del Gobierno
del Partido Popular. Esto se lo hemos transmitido a la Asociación del Deporte Español. De hecho, para esta asociación que representa a casi todas las federaciones nacionales olímpicas, no olímpicas y de deporte adaptado, esta no es su principal
reivindicación; lo que pretende, y a ello están dedicando todos sus esfuerzos, es reformar la Ley del Deporte. En esta cuestión estamos totalmente de acuerdo con el mundo federativo.


Señorías, no hay forma más noble de fomentar la actividad deportiva que preocuparse por ella y sus efectos regulando y actualizando su desarrollo. Por tanto, debemos legislar para dar forma a una nueva Ley del Deporte que responda a las
necesidades del actual modelo deportivo. El objetivo fundamental de la nueva ley debe ser actualizar el marco jurídico en el que hoy se desenvuelve la práctica deportiva para fomentarla y ordenar su funcionamiento; por supuesto, para actualizar el
modelo federativo, pero también para regular el espectáculo deportivo. Esa nueva Ley del Deporte debe reconocer la educación física como parte fundamental de la educación integral de la persona. Debemos poner esa ley en marcha de una vez por todas
porque necesitamos un modelo eficaz que permita el verdadero desarrollo del deporte base. En definitiva, una nueva ley que sea capaz de tener en cuenta todas las reivindicaciones del sector del deporte español y que lo acerque a la sociedad.


Por nuestra parte nada más. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Arévalo Caraballo.


Finalmente, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Herrero Bono. Les ruego una vez más que guarden silencio porque es imposible escuchar lo que dicen los intervinientes.


El señor HERRERO BONO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el objetivo de esta proposición no de ley es mejorar las partidas económicas destinadas a las federaciones deportivas españolas a través de los planes plurianuales. Entendemos que es necesaria una mayor financiación para seguir
desarrollando nuestro deporte, como estamos convencidos de que también es igual de importante una gestión eficiente, de saneamiento económico, y la profesionalización de sus estructuras. No compartimos la exposición de motivos de esta proposición
no de ley. El Grupo Parlamentario Socialista se refiere al descenso de las subvenciones recibidas y todo el mundo sabe, a fecha de hoy y con nombres y apellidos, cómo y quién nos llevó a la situación de quiebra económica que todos los españoles
sufrimos y, por tanto, a qué se deben las reducciones de las subvenciones que el Estado tuvo que realizar no solo en el deporte, sino en todos los ministerios del Estado español.

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Ustedes hablan de la reducción de las subvenciones a las federaciones como el fin del deporte. Nada más lejos de la realidad, contra esas afirmaciones les daré algunos datos. En el deporte profesional nada mejor que hablar de los últimos
Juegos Olímpicos de Río de 2016, en los que España alcanzó el mismo número de medallas que en los de Londres en 2012, 17 medallas; mejoramos con 55 deportistas finalistas frente a los 43 de Londres; clasificamos a un mayor número de deportistas
españoles, 306 frente a los 279 de Londres 2012, de los cuales 146 fueron deportistas femeninas. Pero es que también en competiciones internacionales, véanse los campeonatos de Europa o del mundo, los deportistas españoles hemos pasado de ganar 556
medallas en 2009 a 635 medallas en 2016. Además, tenemos otros datos que corroboran la buena salud del deporte base, pasamos de tener 3 471 000 licencias de deportistas federados en 2009 a casi 3 600 000 en 2016; de tener 58 342 clubes deportivos
en 2009 a 65 896 en 2016. Por lo tanto, querer poner en entredicho el futuro del deporte español creo que está fuera de lugar.


En estos años más duros de la crisis lo que se ha hecho es trabajar de forma conjunta con el Consejo Superior de Deportes en los planes de viabilidad económica para salvaguardar la existencia de las federaciones deportivas, alguna de ellas
en peligro de desaparición. Mi grupo parlamentario sí pone en valor el enorme esfuerzo y trabajo realizado por las distintas federaciones, que han sabido acompañar las dificultades vividas con un mayor esfuerzo, una mejor contención del gasto
superfluo y la optimización de sus recursos. Nuestro compromiso, el compromiso del Grupo Parlamentario Popular, es seguir trabajando para crear las herramientas que nos ayuden a seguir creando empleo, aumentar el consumo, mejorar la economía
española y así, de este modo, aumentar los ingresos en nuestros presupuestos y, por lo tanto, incrementar las dotaciones presupuestarias. Solo así podremos dotar de una mayor cuantía económica a nuestro deporte. Un deporte que es un referente a
nivel mundial y que nos hace sentirnos muy orgullosos a todos los españoles. No obstante, nosotros vamos a votar a favor de la enmienda transaccional con la que se ha llegado a un acuerdo.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrero.


Una vez terminada la tramitación de las cinco proposiciones no de ley que teníamos en el orden del día de la sesión de hoy, vamos a proceder a las votaciones. Les comunico que la transaccional anunciada con la enmienda del Grupo
Parlamentario Socialista en la PNL número dos, del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, aún no está en la Mesa. Mientras llega dicha enmienda voy a aprovechar para decirles que las señoras y señores diputados que
pertenecen a la subcomisión estamos convocados para comenzar los trabajos. Quisiera saber si va a ser inmediatamente o si alguno de ustedes quiere un nuevo receso.


Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, votaremos la proposición no de ley sobre medidas para paralizar la aplicación y desarrollo de la Lomce, con el fin de derogarla y de derogar el Real Decreto 310/2016, por el que se regulan
las evaluaciones finales de ESO y bachillerato.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Pasamos a la votación de la proposición no de ley relativa a la consolidación de los trabajos docentes interinos. Se ha presentado una transaccional con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista a esta iniciativa del Grupo
Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. El grupo proponente acepta dicha enmienda socialista, de modo que en el punto quinto en el párrafo tercero, donde dice 'Incrementar los cinco puntos actuales que se otorgan en la fase
de concurso por la experiencia docente previa hasta siete puntos', se debe añadir 'de un máximo de diez de la fase de concurso, de los cuales un mínimo de seis no se podrá obtener en otro apartado, el 60 % del concurso, los otros cuatro puntos
restantes, el 40 %, se podrán obtener con formación y otros méritos'. (El señor Meijón Couselo: ¿Añadir o sustituir?.-La señora Martínez Seijo: Es una adición a nuestra enmienda de sustitución). Es añadido, el texto final es la enmienda de
sustitución del Grupo Parlamentario Socialista añadido lo que les he leído.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 14; abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.

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Votamos el punto 3.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la adecuación de las titulaciones a la economía digital, con una transaccional del Grupo Parlamentario Socialista que tienen todos ustedes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 26; en contra, 7; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos la proposición no de ley sobre la racionalización de títulos universitarios del Grupo Parlamentario Ciudadanos, con una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que ha dado pie a una transaccional que tienen todos ustedes.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Votamos el punto 5.º, proposición no de ley relativa a aumentar las subvenciones económicas a las federaciones deportivas españolas, del Grupo Parlamentario Socialista. Se ha presentado una transaccional aceptando los puntos uno y dos de la
enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos.


Efectuada la votación, dijo


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.


Se levanta la sesión.


Eran las once y veinticinco minutos de la mañana.