CORTES GENERALES


DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS


COMISIONES

Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 339

JUSTICIA

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª ISABEL RODRÍGUEZ GARCÍA

Sesión núm. 28

celebrada el lunes,

9 de octubre de 2017

ORDEN DEL DÍA:


Comparecencias. Por acuerdo de la Comisión de Justicia:


- Del señor Lama Peaguda, presidente del sector de justicia del CSIF, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 219/000841) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Del señor Fernández Alaya, vicesecretario general del STAJ, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 219/000842) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- De la señora López Ramón, coordinadora general del sector de la Administración de Justicia de CCOO, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente
219/000843) ... (Página2)


- De la señora Carrero Díaz, responsable federal del sindicato de Justicia de la FESP-UGT, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de expediente 219/000844) ... href='#(Página2)'>(Página2)


- Del señor Segovia Losa, coordinador de la Fundación Abogacía Española, en representación de la coordinadora de ONGD, para informar sobre temas relacionados con el estudio y definición de una Estrategia Nacional de Justicia. (Número de
expediente 219/000845) ... (Página30)

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Se abre la sesión a las cuatro y diez minutos de la tarde.


COMPARECENCIAS. POR ACUERDO DE LA COMISIÓN DE JUSTICIA:


- DEL SEÑOR LAMA PEAGUDA, PRESIDENTE DEL SECTOR DE JUSTICIA DEL CSIF, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000841).


- DEL SEÑOR FERNÁNDEZ ALAYA, VICESECRETARIO GENERAL DEL STAJ, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000842).


- DE LA SEÑORA LÓPEZ RAMÓN, COORDINADORA GENERAL DEL SECTOR DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA DE CCOO, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente
219/000843).


- DE LA SEÑORA CARRERO DÍAZ, RESPONSABLE FEDERAL DEL SINDICATO DE JUSTICIA DE LA FESP-UGT, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de expediente 219/000844).


La señora PRESIDENTA: Buenas tardes, se abre la sesión. Continuamos con las comparecencias enmarcadas dentro de los trabajos de la subcomisión para la definición de una estrategia nacional de justicia. En este caso tenemos una mesa con la
representación sindical en el ámbito de la justicia. El formato que vamos a adoptar para estas comparecencias es el que se ha venido utilizando dentro de los trabajos de la subcomisión en las comparecencias formales institucionales o de colectivos.
Nos acompañan en la mesa los representantes de los cuatros sindicatos mayoritarios, que tomarán la palabra en función de su representatividad por orden de mayor a menor durante un tiempo de quince minutos. Al finalizar las intervenciones de los
representantes sindicales, los grupos parlamentarios dispondrán de diez minutos para manifestar sus dudas o exponer sus prioridades en relación con estas comparecencias. Finalmente, los comparecientes podrán tener de nuevo un turno de cinco minutos
cada uno para aquellas cuestiones que hayan quedado pendientes. Por último, les quiero decir que estaba prevista la comparecencia del secretario general del sector de Administración de Justicia de CCOO, señor don Luis Calero González, que ha
disculpado su ausencia por el fallecimiento de su madre, le trasladamos el pésame desde esta Comisión. Y damos la bienvenida a su compañera, doña Felicidad López Ramón, que le va a sustituir en esta mesa y hará la labor de representación del
sindicato Comisiones Obreras.


Para comenzar con estas comparecencias, en primer lugar, tiene la palabra el señor don José Francisco Lama Peaguda, presidente del sector de justicia del CSIF.


El señor LAMA PEAGUDA (Presidente del sector de justicia del CSIF): Muchas gracias.


Buenas tardes, señora presidenta, señores diputados, señorías, en nombre de CSIF quiero dar las gracias por brindarnos la oportunidad de plantear a esta subcomisión las propuestas que desde nuestra organización consideramos necesario dar a
conocer a todos ustedes, a buen seguro coincidirán en la mayoría de ellas. CSIF es el sindicato mayoritario de la Administración de Justicia, con el 33 % de representatividad en la mesa sectorial de negociación. Asimismo, CSIF cuenta con una
representación en todas las mesas sectoriales de ámbito autonómico. Somos una organización sindical profesional de carácter transversal, que cuenta con afiliados y delegados de personal de todos los cuerpos y que presenta candidatos en todas las
circunscripciones electorales, habiendo obtenido representación en cada una de ellas. Defendemos intereses generales de todos los funcionarios de justicia representados en la mesa de negociación, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada uno de
ellos. No es cierto, pues, como alguna asociación de letrados ha mencionado en esta misma subcomisión, que haya algún empleado público que no tenga un ámbito de negociación colectiva. Ese ámbito existe y está fijado conforme a lo establecido en la
Constitución, la Ley Orgánica de Libertad Sindical y su normativa de desarrollo. No es cierto tampoco que se excluya voluntariamente del censo a los letrados de la Administración de Justicia y que se les prohíba participar en las elecciones. El
problema es bien distinto, son las propias asociaciones las que pretenden boicotear los procesos electorales no presentando listas

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en las unidades electorales fijadas conforme a la normativa vigente, y las que solicitan la exclusión de los letrados de ese censo electoral. En definitiva, confunden el deseo con la realidad o la legalidad y, lo que es peor, pretenden
confundir a los demás, lamentablemente amparados en este caso por el Ministerio de Justicia y más concretamente por la propia Secretaría General que, alejándose de su responsabilidad para con toda la Administración de Justicia, se comporta como
abogado de parte. De todos modos, en CSIF nunca hemos querido avivar este debate, siempre hemos tendido la mano y nos hemos ofrecido a dialogar para construir una comunicación fluida con las asociaciones en aras de lo más importante: la defensa de
los intereses de los letrados de la Administración de Justicia.


Dicho lo anterior y con carácter previo a entrar en los puntos que CSIF quiere compartir con todos ustedes, nuestra organización les exhorta a que hoy mismo, sin esperar a mañana, adopten medidas para que nuestra Administración de Justicia
sea capaz de dar un servicio a los ciudadanos con mayor agilidad, calidad y eficacia, porque la legislatura se acaba y la Administración de Justicia sigue anclada en el siglo XX. Dos son los problemas que, a nuestro juicio, siempre se destacan en
relación con la Administración de Justicia: su falta de independencia y su lentitud. En cuanto al primero, señorías, ustedes saben más que nosotros sobre ello, la independencia judicial es una cualidad que debe acompañar a jueces y magistrados
cuando firman todas y cada una de las resoluciones, pero que solo se pone en discusión cuando está implicado algún político; es decir, en el 1 % de los asuntos que se tramitan en los órganos judiciales españoles. A modo de ejemplo, desde el año
1981 son varias las ocasiones en las que se ha modificado el dichoso artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el que se establece la composición del Consejo General del Poder Judicial, sin que hasta la fecha, según parece, hayan sido
capaces de encontrar una solución pacífica, eficiente y eficaz sobre quién debe elegir a los vocales y cómo se elige a su presidente, que sustraiga al consejo del debate político y mediático continuo y que permita su renovación dentro de los plazos
legalmente previstos. Han pasado treinta y seis años y seguimos a vueltas. La triste paradoja es que no siendo Poder Judicial, la polémica del nombramiento de los vocales del consejo contamina la imagen de la justicia como poder independiente.


En cuanto a la lentitud debemos convenir que la situación de la Administración de Justicia es manifiestamente mejorable, pero que la justicia se imparte en España de una manera razonable, entre otras cosas, gracias al esfuerzo, trabajo y
dedicación de los casi 50 000 funcionarios de los cuerpos a los que representamos, que son quienes hacen posible la tramitación de los expedientes judiciales y a los que apenas llega al reconocimiento laboral y retributivo que se merecen. Señorías,
como ya he dicho antes, ningún proceso de reforma de la justicia tendrá éxito sin la participación real de estos trabajadores y la implicación en su diseño e implantación. Por otro lado, la llamada lentitud de la justicia debe tener en cuenta tres
elementos esenciales: que la tarea de juzgar y decidir en todas las fases del procedimiento exige un tiempo de reflexión mínimo para asegurar una respuesta de calidad; es decir, la justicia inmediata no existe. En este sentido conviene hacer un
poco de pedagogía y explicar bien esta cuestión a los ciudadanos. Otro elemento a tener en cuenta es que el debate de la velocidad de la justicia está también relacionado con el nivel de garantías con el que queremos dotar a nuestro sistema
judicial, que impone una serie de requisitos y trámites que tienen como consecuencia colateral la interrupción de la tramitación en los procedimientos. Vaya un breve ejemplo por delante, hace unos pocos años se introdujo el trámite de contestación
a la demanda en los procedimientos verbales que, hasta esa fecha, hacían honor a su nombre y cuyo señalamiento era casi inmediato. A lo anterior y como tercer elemento hay que sumar que en estos últimos tiempos se ha difundido la idea de que la
culpa de la lentitud de la justicia la tiene el ciudadano, que va a juicio con demasiada facilidad. La solución que se ha dado o se pretende dar ha sido doble: por un lado, obstaculizar el acceso a la justicia mediante la implantación de tasas o
endureciendo el régimen de imposición de costas en el orden contencioso-administrativo, algo que sufrimos precisamente los funcionarios cuando tenemos que pelear por nuestros derechos laborales en ese orden jurisdiccional. Por otro lado, parece que
se pretende potenciar la mediación sobre la base de derivar determinados asuntos que se estiman de menor orden vetándoles el acceso a la justicia. No se trata de algo nuevo. En primer lugar, la ordenación de los asuntos personales de cada
ciudadano como de menor o mayor orden puede afectar al derecho universal de acceso a la justicia. ¿Por qué la Administración debe fijar lo que es o no es importante para el ciudadano? En segundo lugar, en realidad se está produciendo una
externalización de un servicio público, pues esta mediación se va a implementar a través de profesionales privados. En este punto hay que recordar que, hasta hace tres décadas aproximadamente, la conciliación era obligatoria en el orden civil y que
se abandonó porque, según se decía, no tenía efectividad, no se tomaba en serio. Para CSIF llama la atención que ahora se pretenda obligar al ciudadano a pasar por un

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trámite que hace unos años se abandonó por escaso interés en llegar a acuerdos antes del juicio. Para nuestra organización si se decide seguir adelante en potenciar la mediación existe alternativa; hay que aprovechar el potencial de los
funcionarios de justicia, letrados y gestores fundamentalmente, para encomendarles la función de mediación dentro de la propia Administración de Justicia, introduciendo medidas que incentiven el uso de esta vía y manteniéndola en consecuencia como
un servicio público y de carácter obligatorio antes de utilizar la vía contenciosa. Este es el sentido del acuerdo firmado por CSIF con el Ministerio de Justicia en el año 2014, que establece entre otras cuestiones la función de mediación para
estos cuerpos.


Nuestra organización por orden de prioridad quiere hacer hincapié en los seis puntos que consideramos básicos para que la Administración de Justicia acabe de adaptarse al siglo XXI y se produzca ese cambio en la percepción que hoy en día
tiene el ciudadano. Puntos que señalo a continuación para posteriormente desarrollar cada uno de ellos: la falta de inversión, la pluralidad competencial, la organización y demarcación judicial, la justicia digital, el actual modelo de Oficina
Judicial y la transparencia y participación de los ciudadanos. En lo que respecta a la falta de inversión, una justicia sin medios no puede cumplir con su función. Para CSIF la justicia es un servicio público esencial y, en consecuencia, debería
ser una prioridad para cualquier Gobierno. No se trata de anunciar incrementos de inversión respecto de años anteriores, cosa que han hecho todos los Gobiernos, sino de asegurar una inversión suficiente y estable que permita garantizar la
prestación óptima de este servicio en el medio y largo plazo. Es necesario que los Gobiernos inviertan en medios materiales y personales. La Administración de Justicia necesita unas sedes adecuadas a su estructura organizativa, que le permitan
cumplir con su función en condiciones de seguridad tanto para los empleados públicos como para los ciudadanos. Recuerdo que en el Libro Blanco de la Justicia se hablaba de edificios inteligentes, lo que ha llevado en no pocas ocasiones a plantear
proyectos de ciudades de la justicia mastodónticos y carísimos que nunca se han puesto en marcha. En realidad bastaría con que los edificios fueran funcionales. El escenario actual es mejorable, existen grandes diferencias en el desarrollo de la
construcción de sedes judiciales entre comunidades autónomas y de unos ámbitos competenciales a otros. La dispersión de sedes judiciales, la falta de condiciones mínimas de higiene en algunos casos o de accesibilidad no son una anécdota, sino,
lamentablemente, un mal generalizado. Por otro lado, se precisan equipos informáticos adecuados cuya renovación periódica debe quedar garantizada. De todos modos, sobre este tema hablaré más adelante. Toda reforma procesal debería ir acompañada
de los medios personales y materiales necesarios para llevarla a buen puerto; mecanismos que permitan dotar de medios ante la aparición de puntas de trabajo sin merma de los derechos laborales de los funcionarios. Está muy bien crear nuevos tipos
de juzgados, pero si luego no se prevé la inversión necesaria en medios personales, estos juzgados acabarán por colapsarse. Desde este punto de vista, es cierto que hay mucho terreno que explorar dentro del ámbito de la organización, pero no es
menos cierto -y la implantación de la nueva o vieja Oficina Judicial lo ha demostrado- que existe un déficit estructural en las plantillas que, incluso, obstaculiza el buen funcionamiento de esta nueva forma de organización de la justicia a la que
luego me referiré en un apartado propio. En los últimos siete años no se ha creado ni un solo órgano judicial. En el año 2010 quedaron pendientes cerca de cien unidades judiciales, y este año parece que está prevista la puesta en marcha de 89
nuevos órganos judiciales, aunque todavía no nos han precisado cuándo.


Por lo que respecta al segundo punto sobre la pluralidad competencial, como ustedes bien saben, el Poder Judicial es único por definición constitucional y, por lo tanto, es de sentido común que la Administración que le presta servicios sea
como mínimo uniforme. En el actual marco competencial existen competencias repartidas entre dos administraciones, estatal y autonómica, y cuatro centros de decisión, Ministerio de Justicia, comunidades autónomas, Consejo General del Poder Judicial
y Fiscalía General del Estado. En realidad, el actual sistema podría funcionar si existiera una verdadera coordinación y colaboración entre administraciones y centros de decisión en torno a las comisiones mixtas y conferencias sectoriales, pero la
realidad es que esa coordinación y colaboración es muy difícil y crea más de un problema a la Administración de Justicia. A modo de ejemplo, los problemas en la puesta en marcha de los juzgados especializados en cláusulas suelo donde cada
Administración o entidad ha hecho lo que ha querido. Por otro lado, desde el punto de vista laboral, no es de recibo que los funcionarios de los cuerpos nacionales por realizar el mismo trabajo, en función del ámbito territorial donde presten sus
servicios perciban retribuciones distintas, hasta el punto de que en algunos casos exista una diferencia retributiva superior al 15 % sobre la totalidad del salario.

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Llegado a este punto, si me lo permiten, quiero referirme a un asunto de especial gravedad que está íntimamente relacionado con estos problemas de coordinación. Me refiero a la crisis institucional creada por el proceso independentista
iniciado por las autoridades de la Generalitat. Cataluña es la comunidad que cuenta con los índices más altos de temporalidad de toda España, por encima del 20 %. Pues bien, la Generalitat renunció el año pasado a convocar 509 plazas para
estabilizar funcionarios de la Administración de Justicia, y tenemos ya indicios de que este año tampoco optará a más plazas. Es decir, la Generalitat prefiere tener empleados en precario bajo su gestión que funcionarios de los cuerpos nacionales
con plaza fija. Por otra parte, funcionarios de justicia en Cataluña nos han trasladado su preocupación ante los últimos acontecimientos y la virtual declaración de independencia. Ante una posible desconexión con el Estado español, nos han
solicitado que exijamos al Ministerio de Justicia que abra un periodo extraordinario en sus concursos de traslado pendientes de resolver, dado que muchos se plantearían abandonar la comunidad autónoma en un futuro inmediato. Ante esta situación,
CSIF reitera su posición en defensa del ordenamiento jurídico vigente, la Constitución y el estatuto de autonomía. Desde aquí queremos lanzar un mensaje de tranquilidad porque velaremos por garantizar su seguridad jurídica, y tenemos garantías por
parte del Gobierno de que recibirán protección todas aquellas empleadas y empleados públicos que reciban órdenes ilegales por parte de la Generalitat. Desde CSIF venimos defendiendo desde hace años que una solución sería que toda la Administración
de Justicia, tanto la propiamente dicha como la administración de la Administración de Justicia en palabras del Tribunal Constitucional, dependiera en su integridad de un mismo organismo administrativo- judicial, con un presupuesto propio para
asegurar su independencia y su funcionamiento homogéneo en todo el territorio nacional, asegurando así una prestación del servicio uniforme y garantizando la igualdad en el acceso a la justicia.


En cuanto al tercer punto sobre organización y demarcación judicial, mucho se está hablando de la creación de instancias colegiadas de decisión y de la concentración de órganos judiciales a través de la figura de los tribunales de instancia.
Nadie hasta la fecha ha demostrado que las decisiones colegiadas se tomen más rápido que las de un órgano jurisdiccional unipersonal, ni tampoco ha aportado datos sobre por qué una decisión colegiada es más justa que una unipersonal. Sí que cabe
pensar que una decisión colegiada puede dar lugar a más conflictos y abre la puerta a la crítica. De todos modos, CSIF defiende un modelo de justicia próxima al ciudadano como garantía del derecho de todos los ciudadanos a acceder a la justicia en
condiciones de igualdad. Además, en un país como el nuestro, segundo o tercero por tamaño de la Unión Europea y con una natalidad muy baja, la solución para evitar la despoblación y asegurar el mantenimiento del territorio y su sostenibilidad no
puede ser quitar servicios de las zonas rurales. Por otro lado, siempre nos ha chocado que para resolver problemas que se producen en una localidad determinada entre vecinos, entre trabajadores y su empresa radicada en un pueblo o entre los vecinos
y su ayuntamiento, haya que trasladarse a la capital de la provincia. En este sentido, incluso con la introducción de la decisión colegiada existen modelos para mantener sedes judiciales más allá de las capitales de provincia a través, por ejemplo,
de los tribunales de base.


Por lo que respecta a la justicia digital, creo que no hace falta, señorías, que les diga que su implantación está siendo más que complicada. Siempre hemos mantenido que las aplicaciones de gestión procesal son la cara B de las leyes
procesales y si éstas, como es lógico, quedaron bajo la esfera competencial del Estado; aquéllas deberían haber seguido su mismo destino. No fue así y ahora tenemos un conjunto de aplicaciones distintas de desarrollo propio que, o no se entienden
entre sí, o lo hacen con muchas dificultades. No obstante, esta diversidad no es del todo negativa ya que, gracias a eso, podemos comparar lo que existe y ver si vale algo de lo que ya está funcionando. A esto se une el empecinamiento en seguir
gastando dinero en unas aplicaciones que no sirven, que son obsoletas y que no responden a criterios de funcionalidad modernos. El futuro de la justicia digital no es ni el correo electrónico ni tampoco un conjunto de programas distintos a los que
se aplican diferentes parches para que puedan interoperar entre ellos. De hecho, en tres comunidades autónomas, Cantabria, Canarias y Navarra, existe un programa único de gestión procesal que integra todas las utilidades que se precisan en la
tramitación de los procedimientos judiciales, tanto en los órganos judiciales como en la Fiscalía o en los institutos de medicina legal; por lo tanto, existe alternativa. La solución ideal sería una nueva aplicación procesal común, pero eso
implicaría la renuncia de todos a seguir desarrollando sus propias plataformas, y en estos momentos consideramos que es harto difícil. En primer lugar, porque exige un pacto político entre todas las comunidades autónomas con traspasos y el
Ministerio de Justicia. En segundo lugar, y más importante, porque ese nuevo programa no existe ni en su versión beta, por lo que resulta muy complicado pedir a una comunidad autónoma que tiene un sistema procesal que funciona, que renuncie a él
por la

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promesa de un programa mejor. Por esta razón no es tan importante tener un programa de gestión procesal único, sino que exista la opción de retomar el test de compatibilidad y hacer que se cumpla, empezando por el Ministerio de Justicia.
Es decir, un desarrollo propio de programas de gestión procesal compatibles. La implantación de una reforma de esta envergadura no puede sostenerse solo en el cumplimiento de unos plazos más o menos ambiciosos, sino en tener previstos todos los
elementos necesarios para ponerla en marcha sin perjudicar la prestación del servicio. Es cierto que un proyecto de esta envergadura puede verse afectado por imprevistos, pero lo que no se puede aceptar es que se vea afectado por incidentes,
circunstancias o hechos que se puedan prever.


Por lo que se refiere al punto quinto, que es el actual modelo de Oficina Judicial, como ustedes bien saben, señorías, llevamos más de treinta años hablando de la nueva Oficina Judicial, tantos años que hasta casi da vergüenza llamarla
nueva. Para CSIF en la implantación de la Oficina Judicial se cometieron muchos errores. Uno de ellos fue implantar el modelo en su conjunto cuando es evidente que frente a dos servicios comunes como el general y el de ejecución que tenían su
cauce natural, existía otro, el de ordenación del procedimiento, sobre el que existen muchas dudas. El principio por el cual el juez sólo debe juzgar y hacer ejecutar lo juzgado debe contemplar el hecho de que muchas de las decisiones judiciales
vienen determinadas por cómo se ha tramitado un procedimiento. En el orden penal, en la instrucción, las dudas se convierten en certeza, ya que es el juez el que impulsa con sus decisiones el procedimiento. Por otra parte, la Administración de
Justicia arrastra un déficit de personal importante y la Oficina Judicial no supone la subsanación de esta falta. Con la Oficina Judicial hace falta más personal, todas las oficinas judiciales planteadas han precisado refuerzos que se han
perpetuado en el tiempo, y que ahora están en trámite de consolidación tras un acuerdo firmado con el Ministerio de Justicia. En tercer lugar, por los diferentes Gobiernos se sigue obviando lo esencial. La nueva Oficina Judicial como las nuevas
tecnologías han cambiado la forma de trabajar en la Administración de Justicia. El catálogo de tareas y funciones que se recogen en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en la normativa de desarrollo de la nueva Oficina Judicial han quedado
obsoletas y urge un replanteamiento sobre la base de estudio y cambio de los perfiles profesionales, de las pruebas de acceso, la formación continua y el reconocimiento laboral y retributivo. Muchos de los cuellos de botella que lastran la
tramitación procesal podrían evitarse si se repartieran las funciones en vez de sacralizadas como parte intrínseca de determinados cuerpos. Es absurdo que muchas de las diligencias de trámite que se realizan materialmente por funcionarios del
Cuerpo de Gestión y de Tramitación Procesal deban esperar apiladas o en la bandeja de entrada del letrado para que este las firme. Como también hay resoluciones judiciales que podrían quedar residenciadas en un Cuerpo de Letrados que debe ser el
cuerpo superior peor aprovechado de toda la Administración Pública por la calidad de sus funciones.


Para finalizar, el último punto que nosotros queremos trasladarles aquí es la transparencia, invertir en los empleados públicos y participación. Hace dos años CSIF participó en un seminario organizado por la Confederación Europea de
Sindicatos Independientes sobre reestructuración de los servicios públicos. Se presentaron allí varias iniciativas como ejemplos de buenas prácticas en procesos de reestructuración de servicios públicos en varios países europeos como Bélgica,
Irlanda, Reino Unido y España. En todos ellos, sin excepción, se había conseguido reformar los servicios públicos mejorando su prestación, convirtiéndolos en más eficientes y eficaces, sin pérdidas de derechos laborales, incluso mejorando al final
del proceso. Los tres conceptos que definían el éxito son los que encabezan este apartado. Hasta la fecha nunca se ha aplicado este modelo en la Administración de Justicia. Y ahí tienen, señorías, ese reto como también lo tiene el partido que en
cada momento dirija el Gobierno. Prueben a cambiar el oscurantismo por la transparencia, la rigidez de los intereses corporativos por la confianza en el potencial del capital humano, y el falso liderazgo basado en la imposición por el verdadero que
radica en conseguir la implicación de los protagonistas del cambio. Hoy en día y sirva como ejemplo, las organizaciones sindicales no hemos conseguido que se nos dé traslado de un documento público, el informe Gartner, sobre el estado de la
justicia digital en España y las diferentes aplicaciones de gestión procesal, sobre el que el Ministerio basa su decisión de un programa único, y que ha sido rebatido contundentemente por algunas comunidades autónomas.


Para acabar y fuera de estos puntos hay que decir que CSIF defiende una justicia como servicio público esencial, cercana al ciudadano, independiente en su integridad y que disponga de los medios necesarios para un funcionamiento adecuado.
Una justicia que apueste por sus funcionarios, por su potencial, su formación y su experiencia; que mantenga los juzgados de paz actuales servidos por personal de justicia y el Registro Civil gestionado por estos funcionarios de justicia,
convirtiéndolo en el

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órgano especializado en materia de identidad, estado civil y demás circunstancias de las personas y recuperando la tramitación de las nacionalidades. Podría estar hablando horas desarrollando cada uno de los puntos a los que he hecho
referencia. En CSIF creemos en los empleados públicos, en su capacidad de adaptación para asumir los retos que la modernidad nos impone, solo hace falta que les dejen demostrarlo. CSIF es un sindicato que antepone el diálogo como eje de su acción
sindical. Estamos abiertos a hablar con todos y cada uno de ustedes sobre la Administración de Justicia y su futuro, porque el primer interés de cualquier empleado público es la prestación óptima del servicio que presta.


Muchas gracias y a su disposición.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra don José Luis Fernández Alaya, vicesecretario general de STAJ.


El señor FERNÁNDEZ ALAYA (Vicesecretario general del STAJ): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar quiero agradecer la oportunidad que se brinda a las organizaciones sindicales para poder comparecer ante ustedes y trasladarles nuestras inquietudes en relación con los puntos que constituyen el eje de los trabajos
de esta subcomisión para definir una estrategia nacional de justicia.


Comparto en su integridad las afirmaciones que ha realizado el compareciente que me ha precedido en el uso de la palabra, mi compañero de la organización CSIF. Nuestra organización, el Sindicato de Trabajadores de la Administración de
Justicia, también entiende que es necesario el diálogo con las organizaciones sindicales y que es preciso que ustedes, como máximos representantes de la soberanía popular, nos escuchen, porque creemos que como representantes de los trabajadores
podemos aportar más soluciones que problemas, siempre y cuando se tenga en cuenta lo que podemos decirles en relación con la Administración de Justicia.


Eran cuatro los puntos sobre los que se nos pedía opinión en la documentación que se nos remitió el pasado viernes. Voy a intentar seguir el mismo orden, y lo haré, como no podía ser de otra forma, desde la perspectiva de los trabajadores,
de la defensa de la mejora de las condiciones de trabajo y de los derechos de los funcionarios a los que representamos, pero siempre dentro del marco de la defensa de un servicio público gratuito y de calidad, esencial en un Estado democrático de
derecho.


El primer de los puntos versaba sobre la modernización, la agilización y la organización de la justicia. Apostamos decididamente por esa modernización. La modernización debe propiciar la agilización de la justicia, pero siempre sin
menoscabo de los derechos de los justiciables y de las garantías procesales. La modernización lo es en muchos aspectos, uno de ellos es precisamente la de las sedes judiciales. Si alguien se da una vuelta por los juzgados y tribunales españoles
verá que muchas sedes judiciales han quedado obsoletas o son tan desastrosas que incluso podría decirse que son tercermundistas. Es cierto también que se está avanzando en este sentido en las diferentes administraciones con competencias en la
materia, nos consta que se están haciendo esfuerzos, pero tenemos que tenemos que denunciar que son muy lentos y se tarda mucho en renovar la planta de los edificios judiciales españoles.


Otro de los aspectos de la modernización es precisamente la tecnológica. Ya ha denunciado mi compañero que en el ámbito de la Administración de Justicia existen muchos sistemas de gestión procesal diferentes. Cuando se iniciaron las
transferencias, parece que las comunidades autónomas comenzaron una carrera a ver quién era la que hacía la aplicación informática de gestión procesal más novedosa, más buena, más fantástica, y el resultado de todo esto ha sido que hay tantos
sistemas de gestión informática procesal como comunidades y ámbitos competenciales de la Administración de Justicia. Nos consta que se está intentando llegar a soluciones en este aspecto, que resulta difícil por ese motivo que he citado, es decir,
porque cada comunidad autónoma, cada ámbito tiene su propio sistema de gestión procesal. Por tanto, hay que llegar una compatibilidad entre todos los sistemas para lograr esa interoperabilidad que exige el Consejo General del Poder Judicial.


Es preciso llegar a la plena digitalización de la Administración de Justicia. También se está trabajando en esto, pero tenemos que denunciar que no siempre se están haciendo las cosas con la corrección que nosotros creemos necesaria. Hay
que invertir -esto es lo primero- en infraestructuras y equipos informáticos modernos y adecuados. Para lograr la justicia digital, lo que se denomina el papel cero, es preciso que todos los que intervenimos en la tramitación procesal dispongamos
de equipos informáticos potentes y adecuados. Pondré un ejemplo. Es necesario tener dobles pantallas, porque los funcionarios, desde el juez hasta el funcionario de tramitación procesal y administrativa, tienen que visualizar varios documentos al
mismo tiempo. Si no dispone de doble pantalla, es imposible que se realice esa

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visualización simultánea de los documentos. Nos consta que en algunos territorios se está implantando esto, pero en la mayoría no, y la excusa siempre es que cuesta mucho dinero. Además, reclamamos que se implanten aplicaciones
informáticas que sean eficaces y que en el diseño de las mismas se cuente con la opinión de los funcionarios que, en definitiva, somos quienes las utilizamos día a día. Creemos que los trabajadores de la Administración de Justicia somos los últimos
usuarios de estas aplicaciones y, por tanto, quienes podemos dar las pautas de lo que debe tener un programa informático de este tipo, ya que somos los mejores conocedores del tema. Sin embargo, nunca, o prácticamente nunca, se escucha nuestra
opinión, solo la de los jueces y la de los letrados al servicio de la Administración de Justicia, que es importantísima, y creemos que debe oírse, insisto, a los funcionarios, que somos los últimos que utilizamos esa aplicación. Por el contrario,
vemos cómo con bastante frecuencia se nos ponen nuevas utilidades informáticas que consisten en la introducción de datos que no se automatizan nunca, que son tareas tediosas, repetitivas y que lo que hacen es ralentizar la tramitación procesal.


En cuanto al papel cero, una vez que se hayan facilitado los medios, debe ser real, efectivo y obligatorio, de manera que hay que huir de ciertas prácticas contradictorias en las que se obliga a los funcionarios a imprimir documentos que han
ingresado en el juzgado de manera electrónica para que el juez, el secretario o el letrado de la Administración de Justicia puedan visualizarlos físicamente. Esta es una contradicción con la que habría que acabar para que cuando un expediente
judicial sea electrónico lo sea con todas sus consecuencias.


No puedo dejar de poner de manifiesto los innumerables problemas que las aplicaciones informáticas generan todos los días. Son continuas las caídas de los servidores, la lentitud de las aplicaciones informáticas que logran sacar de quicio a
los funcionarios que las utilizamos todos los días. Se ralentiza el trabajo de una manera inaceptable. El culmen de todo esto ha sido cuando este verano, como todos saben, se ha llegado a producir un inaceptable fallo de seguridad que ha puesto en
riesgo todo el sistema informático judicial. Lo peor de esto es que siendo cierto -todo el mundo lo reconoce- que han existido esos problemas, nadie asume responsabilidades.


La modernización tecnológica es una de las premisas para lograr la agilización de la justicia que tanto deseamos todos, pero desde luego no es la única. Frecuentemente, y esto es algo muy importante, se producen modificaciones procesales
que buscan esa agilización en los trámites de los procedimientos judiciales o se adoptan medidas excepcionales de reparto entre determinadas situaciones. Señorías, eso no es suficiente. Está ocurriendo, por ejemplo, con las nuevas competencias que
han asumido los juzgados de violencia sobre la mujer o, más recientemente, la especialización de juzgados para hacer frente a las demandas por cláusulas suelo mediante medidas que ha adoptado el Consejo General del Poder Judicial, aunque son medidas
que no compartimos. Sin perjuicio de ello, lo que no es de recibo es que para hacer frente a esto ni siquiera se haya dotado de medios humanos a los juzgados que se van a encargar de la tramitación de esos procedimientos. Por tanto, hablar aquí de
agilización de la justicia es sencillamente ciencia ficción. También en relación con la agilización de la justicia, se habla mucho de medidas de solución extraprocesal de conflictos, como es, por ejemplo, la mediación. No estamos en contra de la
mediación, pero sí de que suponga una privatización encubierta de la Administración de Justicia. Por ello, vemos con buenos ojos que se establezcan mecanismos de mediación intrajudicial, incardinados dentro de los servicios comunes procesales. En
este sentido, los funcionarios de justicia hemos de desempeñar un importante papel, no en vano la Ley Orgánica del Poder Judicial atribuye funciones de este tipo a los funcionarios de los cuerpos de gestión y tramitación procesal. Esta función fue
introducida en la ley fruto de los acuerdos suscritos por el ministerio con las organizaciones sindicales.


Por lo que respecta a la reorganización de la justicia, sobre lo que también se nos pedía opinión, entendemos que hay que hacer referencia a dos aspectos. En primer lugar, la denominada nueva Oficina Judicial, como ha señalado mi compañero,
ya no es tan nueva, porque llevamos más de treinta años hablando de ella y está en la ley desde el año 2003. La nueva Oficina Judicial está todavía en proceso de implantación después de catorce años. Esta implantación está siendo más rápida en
unos sitios que en otros, es decir, la velocidad es desigual según los ámbitos. Es cierto que en el ámbito gestionado por el Ministerio de Justicia quizá sea donde la implantación esté más avanzada. Precisamente desde los años 2010 o 2011, se está
trabajando con arreglo a este nuevo modelo organizativo en muchas sedes judiciales gestionadas directamente por el Ministerio de Justicia. He de decir que la solución que se pretendía dar con este nuevo modelo organizativo, que era agilizar la
justicia, si no en todos, prácticamente en la mayoría de los casos no está sirviendo para ese cometido que se suponía que era su última utilidad. Creo que ya ha pasado suficiente tiempo para que veamos dónde están los fallos. Particularmente
parece

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que dónde más disfunciones se están produciendo es en los servicios comunes de ordenación del procedimiento. Hay que estudiar dónde están esos fallos, sentarnos con serenidad y proponer soluciones para que de verdad la agilización de la
justicia se logre a través de esta nueva organización de la Oficina Judicial.


También referido a la Oficina Judicial queremos dejar claro que su implantación debe ser un incentivo para los trabajadores, una mejora real de sus condiciones de trabajo y no un retroceso en las mismas, como está sucediendo con bastante
frecuencia. No se nos puede tratar como meras piezas en una cadena de montaje, somos personas, trabajadores con derechos. Por eso reclamamos una revisión del sistema organizativo y de provisión de puestos de trabajo que potencie la voluntariedad
de los funcionarios a la hora de elegir dónde quieren trabajar y promover e incentivar la especialización en el desempeño de los puestos de trabajo.


Por otra parte, como decía antes, cuando se habla de reorganización de la justicia, un segundo aspecto hace referencia a la reorganización del mapa judicial. En este sentido, de lo que se suele hablar es de una supresión o reducción del
número de partidos judiciales, caminando hacia una provincialización de la justicia, incluso hablando de la desaparición de los juzgados de paz. Quede clara desde este momento nuestra absoluta oposición a ello. La organización de la justicia en
partidos judiciales nos parece la más adecuada y suprimirlos o reducirlos no haría más, a nuestro juicio, que alejar la justicia del ciudadano. Además, expresamos nuestra profunda preocupación por lo que podría suponer para los funcionarios y
funcionarias que trabajan en las distintas sedes judiciales, por lo que en esto siempre nos encontrarán enfrente.


Señorías, no nos engañemos, la agilización de la justicia no se consigue solo con medidas de reorganización, de modificaciones legislativas o con modernización tecnológica, sino incrementando los medios humanos a su servicio. Son necesarios
más jueces y más funcionarios. Las memorias del Consejo General del Poder Judicial y de los tribunales superiores de justicia resaltan reiteradamente, año tras año, el exceso de trabajo y la necesidad de crear más órganos judiciales, ya que esta
creación en los últimos años ha sido totalmente nula. La prueba evidente de las necesidades de personal está en que con bastante frecuencia se acude al nombramiento de personal de refuerzo, que responde no a necesidades coyunturales, que podría
entenderse, sino a necesidades permanentes y estables. Por ello, es preciso que la plantilla se revise al alza.


Otro de los puntos sobre los que se nos pedía opinión era el fortalecimiento de la independencia judicial y de la autonomía del ministerio fiscal. Por lo que respecta al primero, la independencia judicial, es evidente que se trata de una
cuestión que preocupa a todos los sectores. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia no es ajeno a esta preocupación y, por tanto, aplaudiremos cualquier medida que suponga una auténtica independencia del Poder Judicial, tanto
en sus órganos de gobierno como en la base que, por la posición que tenemos como funcionarios, quizá es lo que más nos preocupa. Para lograr una verdadera independencia judicial es preciso que todos los que trabajamos en la Administración de
Justicia, jueces, letrados, gestores, tramitadores, auxilio judicial, forenses, etcétera, seamos independientes, pero esa independencia tiene que facilitarse desde los poderes públicos. Para que esa independencia sea posible, es necesario también
tener independencia económica. Por eso es preciso activar medidas que incentiven la total independencia económica de todos los trabajadores que intervenimos en la Administración de Justicia, que también se consigue potenciando la especificidad
propia de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, lo que obliga a que nuestro estatuto jurídico esté diferenciado del que rige para el resto de la función público, así como el mantenimiento del carácter nacional de
los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia; todo ello, sin perjuicio de que la gestión de los medios personales pueda corresponder a las comunidades autónomas que hayan asumido la competencia, pero siempre respetando y conservando un
estatuto jurídico común a todo el territorio nacional y el carácter nacional de los cuerpos. Para nosotros es ineludible preservar el carácter nacional de los cuerpos, porque es una garantía de la imparcialidad y de la independencia de la
Administración de Justicia, enmarcada dentro de la independencia judicial. Esto requiere, además, la potenciación y plena autonomía e independencia de la mesa sectorial de justicia como único ámbito para la negociación de las condiciones de trabajo
de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia; esto es, letrados de la Administración de Justicia, que sí tienen su representación, como antes señalaba mi compañero, en esta mesa sectorial, cuerpos generales de gestión,
tramitación y auxilio judicial, cuerpos especiales de médicos forenses y del Instituto Nacional de

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Toxicología y Ciencias Forenses. Esta mesa debe existir en todas las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de gestión de personal.


Por lo que respecta al fortalecimiento de la autonomía del ministerio fiscal, no podemos estar más de acuerdo, sobre todo si, como parece, se pretende atribuir a esta institución la instrucción de los procedimientos penales. Como todos
sabemos, esa autonomía no existe actualmente. Por tanto, previamente a otorgar esa competencia en materia de instrucción penal es necesario lograr la plena autonomía del ministerio fiscal. Al hilo de esta cuestión, quería poner de manifiesto que
de llevarse a cabo la reforma del proceso penal, de manera que se atribuya esa instrucción al ministerio fiscal, supondrá profundos cambios organizativos. Esto debe ser negociado con las organizaciones sindicales, porque afectará de manera directa
a nuestras condiciones de trabajo, especialmente en materia de provisión de puestos, movilidad, etcétera. Cualquier cambio debe ser negociado y, en todo caso, respetar derechos y retribuciones de los funcionarios que puedan resultar afectadas. En
definitiva, señorías, para lograr la independencia hay que dejar que los jueces hagan su trabajo y dotarles de medios para ello. Entre esos medios están, cómo no, los medios humanos.


Es un problema común a la justicia española, pero no quiero dejar de resaltar que en materia de procedimientos judiciales contra la corrupción la falta de medios con los que cuentan que los jueces es abrumadora. Baste citar como ejemplo la
Audiencia Nacional, que está desbordada de señalamientos y ejecuciones con macrocausas que, como todos sabemos, son complejísimas e interminables. Hay que dar una solución urgente a este tribunal y a otros si de verdad se quiere luchar contra la
corrupción, que es una de las lacras más graves que padece este país.


El tercer punto sobre el que se nos pedía opinión era el relativo a la profesionalización y la justicia de calidad. En su comparecencia ante la Comisión de Justicia, en diciembre del año pasado, el ministro de Justicia se refirió a la
dignificación, estímulo y reconocimiento del trabajo que realizan los que trabajan en la Administración de Justicia. Señorías, esto está muy bien, pero no es suficiente. Esas palabras deben convertirse en hechos. Es preciso reconocer las
importantes funciones y responsabilidades que ejercemos todos los que trabajamos en la Administración de Justicia, que creemos que requieren un reconocimiento retributivo que nunca llega. Es preciso también ahondar en la formación continua de los
funcionarios. Las administraciones públicas son las competentes en materia de formación y debe hacerse sin intermediarios. Señorías, nuestro trabajo debe dignificarse, pero no se reconocen nuestros derechos, nuestros conocimientos ni nuestra
experiencia. Son constantes los atropellos que padecemos en materia de promoción interna, que cada vez es más difícil, llegando en algunos casos a hacerse casi imposible. En este sentido, el Ministerio de Justicia ha incumplido acuerdos a los que
llegó con las organizaciones sindicales para potenciar la promoción interna. También existe una elevada tasa de interinidad, que no es más que fruto de la dejación que se ha hecho en materia de oferta de empleo público. Desde hace muchos años no
se ha convocado el número de plazas necesarias en la Administración de Justicia.


Por último -sé que me he pasado un poco del tiempo-, se pedía nuestra opinión sobre justicia ordenada a las personas y la justicia como servicio público. Como sindicato de trabajadores de la Administración de Justicia, queremos transmitir a
sus señorías nuestra concepción de la justicia como un verdadero servicio público. Deben establecerse mecanismos que potencien, en la medida de lo posible, la gratuidad de la justicia y su carácter de servicio público. Estamos en contra de
cualquier medida que suponga, directa o indirectamente, una privatización de servicios o de trámites procesales, que entendemos que deben ser siempre ejecutados por funcionarios, como únicos garantes de la legalidad y la imparcialidad. La justicia
ordenada a las personas requiere, como antes dije, el mantenimiento de los partidos judiciales y de los juzgados de paz. Quizá estos haya que redefinirlos y darles nuevas funciones con mayores competencias de los funcionarios que prestamos allí
nuestros servicios.


Finalmente, quería referirme a la desjudicialización del Registro Civil, porque creemos que entra en este punto. La desjudicialización no puede suponer extraer del ámbito de la Administración de Justicia este importante servicio público.
Su modernización es inexcusable, pero ello no puede suponer una privatización del servicio o la pérdida de su gratuidad, sino que debe permanecer como un servicio integrado dentro de la Administración de Justicia, enteramente gestionado por
funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, con la misma demarcación y funciones actuales. De ahí nuestro rechazo a medidas que en la práctica están suponiendo vaciar de competencias las oficinas del Registro Civil atribuyendo
funciones a profesionales que son ajenos a la Administración.


Nada más. Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra doña Felicidad López Ramón, coordinadora general del sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras en Madrid.


La señora LÓPEZ RAMÓN (Coordinadora general del sector de la Administración de Justicia de CCOO): Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, señoras diputadas y señores diputados. Quiero agradecer a todos ustedes la oportunidad que nos dan para comparecer ante esta Comisión, que esperamos que sea de gran ayuda para ustedes, para el conjunto de la ciudadanía y,
sobre todo, para el personal de la Administración de Justicia, a quienes representamos, y que lamentablemente no están acostumbrados a que sus voces se oigan en estos foros. Reitero el agradecimiento en nombre de los 50 000 trabajadores de la
Administración de Justicia a los que representamos.


Antes de ceñirnos al guión de los cuatro temas que constituyen el eje de trabajo de esta subcomisión, desde Comisiones Obreras nos gustaría hacer una descripción de lo que nosotros entendemos que es la disparatada realidad de la
Administración de Justicia que provoca tremendas desigualdades, que son, a nuestro juicio, las que causan la gran decepción que tiene la ciudadanía con el funcionamiento de la Administración de Justicia, siendo un servicio público de los peor
valorados por el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas. Quiero reseñar que en España existen 431 partidos judiciales, un total de 3982 órganos judiciales, de los cuales, 318 son órganos colegiados y 364 unipersonales, es decir, servidos por
jueces o magistrados. En 64 partidos judiciales, su órganos soportan una carga de trabajo muy por encima de la media nacional, por lo que, a nuestro juicio, es preciso crear al menos 306 nuevos juzgados, y más adelante describiremos cómo.


La jurisdicción civil y penal está separada o no de forma muy caprichosa en todos los partidos judiciales. Hay 85 juzgados que tienen atribuido en exclusiva el conocimiento de determinadas materias, bien sea familia, incapacidades,
ejecuciones penales, etcétera, sin que exista ningún criterio objetivo para establecerlo. En algunas localidades se encuentra la jurisdicción separada, en otras no, sin atribuir ni siquiera criterios sobre materias para que se realicen la
separación de las jurisdicciones. A modo de ejemplo señalaré los juzgados especializados en cláusulas suelo, que entendemos que ha sido una medida publicitaria del Gobierno de la nación, que está provocando serios problemas en muchos de ellos,
porque están totalmente colapsados y no pueden responder a aquellos objetivos para los que a priori parece que habían sido creados. De todas las comunidades autónomas, doce tienen transferidas las competencias, otras cinco no, más Ceuta y Melilla.
Por comunidades, las que más carga de trabajo soportan sus órganos judiciales son: Andalucía, con diferencia, Comunidad Valenciana, Murcia, Madrid, Castilla-La Mancha y Canarias. En todas, salvo en Cantabria, La Rioja, Ceuta y Melilla, es
imprescindible y urgente la creación de órganos judiciales, como más adelante reseñaremos.


La nueva Oficina Judicial, que se introdujo en la reforma de la ley orgánica del año 2003, es decir, hace ahora catorce años, está implantada de forma absolutamente desigual en las comunidades autónomas. De hecho, en algunas de ellas, como
en la Comunidad de Madrid, que es precisamente la capital del Estado, no se ha implantado, tampoco en Asturias, en Galicia, La Rioja, Navarra, Aragón y Cantabria, y apenas se ha hecho de manera simbólica en una comunidad autónoma tan grande como la
andaluza. Lo de ser implantada tampoco responde a una estructura uniforme y objetiva, parece que obedece más a los caprichos y a los intereses que se plantean desde diversas estructuras judiciales de los órganos de gobierno de las comunidades
autónomas, lo que está creando serios desequilibrios de funcionamiento de los órganos judiciales frente a las oficinas judiciales, en este caso, de unas comunidades autónomas con las otras; incluso dentro de las propias comunidades autónomas, entre
oficinas judiciales de provincias de la misma comunidad autónoma.


La implantación de las nuevas tecnologías también se está llevando a cabo de forma muy irregular, muy desigual, sin tener en cuenta que es precisa una inversión previa y un desarrollo negociado de toda la implantación tecnológica y de las
reformas estructurales que se lleven a cabo. Este desarrollo tecnológico actualmente está provocando serias dificultades en el funcionamiento de la Administración de Justicia. Hay distintas aplicaciones de gestión informática que se colapsan
continuamente y que en la mayoría de los órganos judiciales provocan que a media mañana prácticamente se esté sin trabajar, atendiendo solamente a cuestiones de carácter técnico-informático. También hay que señalar el funcionamiento absolutamente
negligente de la aplicación Lexnet, como lamentablemente se puso en evidencia este verano. Señorías, no existe el expediente judicial electrónico, es mera propaganda. En este

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sentido, existe una confirmación por parte de los tribunales superiores de justicia de que las audiencias provinciales no admiten que se remitan expedientes de recursos de apelaciones con expediente judicial electrónico, porque no existe y
están reclamando que los órganos judiciales vuelvan a fotocopiar todos los expediente, es decir, a duplicar el papel, para remitirlo a los órganos superiores, porque estos admiten que no existe este expediente.


Señorías, ninguna de estas realidades se evalúan para determinar el buen o el mal funcionamiento de los órganos judiciales. Tampoco se evalúan esas precipitadas reformas procesales que se implantan prácticamente a golpe de martillo cada vez
que hay un cambio de Gobierno, que, evidentemente, solo responden, insistimos, a una mera propaganda electoral o a compromisos electorales, sin haber evaluado previamente si servirán para ayudar al funcionamiento de la Administración de Justicia y,
sobre todo, para asegurar que la ciudadanía tenga una justicia ágil y eficaz, que es la única que deben tener. Nos referimos precisamente a reformas como la que se operó hace poco más de un año, que redujo los tiempos de investigación de los
procedimientos a seis meses, que ha generado enormes atascos en los juzgados, que han tenido que dejar la tramitación ordinaria de los asuntos para revisar todos los procedimientos, que no ha servido para que se pueda reducir esa instrucción, porque
prácticamente todas las causas se están declarando complejas para poder tramitarlas. Está comprobado, señorías, que hay una relación muy directa y es lo que determina que se dé una respuesta de calidad y en tiempo razonable a los ciudadanos, y es
que, efectivamente, esa vinculación solo se produce donde existe una carga de trabajo razonable, es decir, una relación entre el número de asuntos ingresados y el número de jueces y órganos judiciales que han de atenderlos. En esas circunstancias
es cuando los ciudadanos y las ciudadanas obtienen una respuesta ágil y eficaz de la Administración de Justicia. Pero el resultado de esta dispar e -insistimos- disparatada realidad es que hemos detectado más de 400 órganos judiciales, y estamos
hablando de casi un 11 % del total de órganos judiciales, con importantes retrasos en el despacho de asuntos, más del 125 %, por encima de la media nacional, de los cuales nada más y nada menos que 150 están absolutamente colapsados o al borde del
colapso. Por poner un ejemplo, el juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Ayamonte quintuplica la media de asuntos pendientes de todo el territorio nacional, el número 29 de este lamentable ranking triplica dicha media y el número 42
la duplica.


En cuanto al personal de la Administración de Justicia -antes de pasar a los cuatro puntos sobre los que se nos pide opinión-, tenemos que reseñar que la situación es de absoluta desmotivación por la sobrecarga de trabajo, por la eliminación
encubierta de puestos de trabajo, ya que en las distintas administraciones públicas hay cientos de plazas que no se cubren desde el año 2002, precisamente desde que se adoptaron las importantes medidas de recorte y por la falta de interlocución que
desde estas administraciones y el propio Ministerio de Justicia hay con los representantes de los trabajadores para abordar cualquier reforma de la Administración de Justicia, que, evidentemente, siempre sitúa a los trabajadores y a las trabajadores
de esta en el último escalón de la negociación y el diálogo. También hay una absoluta falta de motivación por la destrucción de cualquier expectativa profesional que haya llevado a cabo el Ministerio de Justicia. No existe carrera administrativa
horizontal, inadmisiblemente se ha recortado la promoción interna de un 50 a un 30 %; se trabaja en edificios inadecuados, en muchos casos con graves deficiencias, y, en general, hay importantes problemas de salud. No se han democratizado las
relaciones laborales en la Administración de Justicia, y, a juicio de Comisiones Obreras, son preocupantes, muy preocupantes las elevadísimas bajas por acoso, mobbing en el trabajo, estrés, es decir, estamos en una Administración de Justicia
absolutamente jerarquizada, en la que no ha entrado la democracia para establecer y ordenar las relaciones laborales. Además, se da la paradoja de que los cuerpos de los grupos A son los que tienen un mayor reconocimiento en cuanto a su
productividad en los órganos judiciales, pese a que efectivamente el funcionamiento de los órganos judiciales es el resultado de la colaboración y del trabajo que realizan todas y todos los trabajadores. Asimismo, desde el año 2012 las distintas
comunidades autónomas vienen adoptando decisiones arbitrarias sobre la cobertura de plazas. Como he dicho antes, es una amortización encubierta de puestos de trabajo, que afecta muy gravemente al funcionamiento de los órganos judiciales pero
también a las condiciones de sus trabajadores y trabajadoras. La situación se agrava entre el personal laboral, para los no se cubre ninguna vacante, tienen peores condiciones de trabajo que el personal funcionario y están viviendo procesos de
privatización un día sí y otro también.


Con relación a los temas que nos proponían a debate o a opinión, me voy a ceñir a ellos de la manera más somera posible.

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En cuanto a la modernización, agilización y reordenación de la justicia, desde Comisiones Obreras debemos plantear que para hacer planes sobre ello antes resulta absolutamente imprescindible realizar el diagnóstico de la situación de la
Administración de Justicia. De ahí que hayamos hecho mención de esta situación, que entendemos desquiciante. Sin ese análisis, y además análisis pormenorizado y por comunidades autónomas, es imposible que se pueda realizar una modernización que
efectivamente acabe con los problemas estructurales que hay y que, lamentablemente, abarcan a todo el Estado. Hay que añadir que es imposible, como viene sucediendo, que haya una modernización y agilización en la Administración de Justicia sin las
inversiones necesarias. Sabemos que las dotaciones presupuestarias se han incrementado con carácter general en los últimos dos años, pero la cantidad es tan simbólica que, efectivamente, apenas llega para poder abordar al menos la modernización
tecnológica que estamos esperando.


Desde Comisiones Obreras estamos decididamente a favor de la modernización, de la implantación de las nuevas tecnológicas, pero no desde la estrategia que ha planteado el actual equipo del Ministerio de Justicia, que, lamentablemente, se ha
demostrado fallida. Hoy los juzgados tienen muchísimo más papel que antes de la implantación en el año 2016 de este mal llamado expediente digital. Y, lamentablemente, no solo eso, porque lo que va a suponer esa fallida implantación será un
sobrecoste a los ciudadanos y a las ciudadanas por esa mala planificación, un sobrecoste sin haber valorado cuáles han sido las causas de los fallos del Lexnet, por qué ha fallado y si la empresa que ha llevado a cabo ese programa tiene alguna
responsabilidad. Según nos ha anunciado el Gobierno, lo que va a suceder es que, efectivamente, la ciudadanía tendrá que abordar el gasto de 62 millones de euros más sobre el gasto total inicial para corregir esas deficiencias, que han sido
clamorosas a lo largo de todo el verano en el sistema Lexnet. Sí, a juicio de Comisiones Obreras, se está haciendo muy mal la implantación tecnológica en la Administración de Justicia, más pendientes de la propaganda política que de la eficacia y
el cumplimiento de los objetivos previamente diseñados.


En este punto proponemos, en primer lugar, parar la estrategia de la implantación, efectuar experiencias piloto, empezando por aquellos órganos judiciales que funcionan bien y que tienen cargas de trabajo razonables, para poder hacer una
evaluación del funcionamiento de esas nuevas tecnologías, sin que afecte a derechos de los ciudadanos, como hemos visto en el caso de Lexnet, ni a los derechos de privacidad de los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia.
También es preciso que se establezca con absoluto compromiso general la coordinación territorial de los tiempos de implantación en todas las comunidades autónomas, así como, por supuesto, la participación activa del personal usuario de los medios
tecnológicos que son los trabajadores y las trabajadoras de la Administración de Justicia. Es indudable que la modificación tecnológica también abunda en una modificación muy muy profunda de las condiciones de trabajo de estos funcionarios,
condiciones de trabajo que, aunque parezca increíble, determinan que se asuman funciones de cuerpos superiores, que, evidentemente, no están descritas en ningún catálogo de trabajo que sea reconocible. Por tanto, entendemos que cualquier
negociación sobre la implantación tecnológica debe pasar también por la preceptiva negociación con los representantes de los trabajadores sobre cuáles son esas modificaciones sustanciales que se producen en sus condiciones laborales y cómo
abordarlas.


Nos preocupa también de manera relevante las reformas organizativas que entendemos que es necesario llevar a cabo. Pero previamente es preciso analizar los resultados de las reformas que ya están en marcha. Más concretamente, hablábamos
antes de la reforma de la Oficina Judicial, que, evidentemente, no está en la mayoría de las comunidades autónomas, que prácticamente representan el 75 % del volumen de asuntos de todo el Estado, y ni se la ve ni se la espera. Nuestra opinión es
que ahí donde se ha implantado no ha mejorado la calidad, la eficacia ni los tiempos de respuesta de la Administración de Justicia, en absoluto. Por eso, entendemos que debe reconsiderarse y establecerse criterios uniformes organizativos, que
obedezcan a las cargas de trabajo y a la mayor proximidad de la justicia a los ciudadanos. Y aquí se debe insistir también en lo que hemos planteado a los distintos grupos parlamentarios, y es que Comisiones Obreras no comparte la implantación de
los tribunales de instancia provinciales, un modelo que reúne los servicios públicos de la Administración de Justicia en los grandes centros urbanos, para impedir o dificultar el acceso de cientos de miles de ciudadanos, lo que afecta también, a
nuestro entender, a la cohesión territorial de todo el Estado. Planteamos aquí nuestra apuesta por mantener los partidos judiciales, aunque haya que hacer una revisión, cómo no, ya que estamos hablando de una división judicial que tiene más de un
siglo. Pero una cosa es la revisión y otra que nosotros mantenemos que, efectivamente, la apuesta por los partidos judiciales es la mejor para atender

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a todos los ciudadanos españoles, es decir, para no alejar la justicia de la ciudadanía. Los partidos judiciales nos parecen el modelo para evitarlo.


En cualquier medida organizativa deben garantizarse -insistimos- las condiciones laborales y retributivas del personal de la Administración de Justicia. Debemos implementar los medios personales y es urgente el restablecimiento de las
medidas de refuerzo para eliminar los retrasos y colapsos actualmente existentes en toda la Administración de Justicia. A nuestro juicio, también es fundamental reforzar la justicia de paz, un reforzamiento cuya extensión llegue hasta todos los
territorios rurales y urbanos. Jueces electos y legos con funciones de mediación que nosotros entendemos que se deben ampliar al personal de la Administración de Justicia, como reconoce la propia Ley Orgánica del Poder Judicial. Además, apostamos
claramente por el fortalecimiento de la independencia judicial. Y el establecimiento de la autonomía del Ministerio Fiscal nos parecería también absolutamente fundamental con carácter previo a acordar ningún tipo de reforma sobre la investigación
de los procedimientos. Consideramos que el objetivo está desenfocado. El Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, sino órgano de gobierno de los jueces. A nuestro juicio, el problema real está en el sistema de nombramientos de las
altas escalas profesionales de la magistratura. La libre designación es uno de los problemas muy serios que genera la justicia; genera clientelismo, resta independencia y da preponderancia al poder político sobre el Poder Judicial. En nuestra
opinión, la solución pasa por cubrir todas las plazas de magistrados por un sistema público de concurso de méritos objetivo, valorando exclusivamente méritos profesionales, y público. Asimismo, proponemos mayor medida por la jerarquización para el
Ministerio Fiscal.


Desde Comisiones afirmamos que los jueces que obtienen su puesto de trabajo por méritos objetivos son independientes, sin perjuicio de que de forma esporádica aparezcan sentencias y resoluciones judiciales altamente ideologizadas. Si la
justicia emana del pueblo, el Poder Judicial debería ser un reflejo de la sociedad; no lo es, el sistema lo impide. Aunque ha mejorado la situación, la composición social de la judicatura está vinculada a las clases sociales altas o medias altas
en el mejor de los casos. Para ser juez o fiscal por oposición hay que pagar a preparadores que normalmente suponen un gasto medio de 250 euros al mes, y no hay posibilidad de acceso a potenciar buenos candidatos de escaso poder económico. La
propuesta de Comisiones en este sentido es que se vincule a estudios de posgrado a través del centro de estudios judiciales o algún otro centro público similar de grado y con un sistema de becas que posibilite la igualdad. Planteamos lo mismo para
acceso de letrados a la Administración de Justicia, médicos forenses, gestores y personal de los cuerpos de auxilio judicial, al estilo en cierta medida del modelo francés.


Desde Comisiones apostamos por la profesionalización de la Administración de Justicia y proponemos que se implante de manera urgente la carrera profesional, algo a lo que también se ha comprometido el señor ministro de Justicia pero que
incumple reiteradamente, como el resto de los acuerdos que firma en la mesa sectorial con los representantes de los trabajadores. Es absolutamente imprescindible reponer el 50 % de las plazas vacantes para la promoción interna, que se recortó al 30
% de forma inexcusable. El personal está altamente cualificado. Un dato: el 53 % del personal de la Administración de Justicia tiene estudios superiores, pero, curiosamente, los tiene en Derecho, es decir, son licenciados en Derecho o tienen
grados en esta materia. Hay miles de plazas vacantes pero se cierra la posibilidad de promocionar. Por eso, Comisiones reclama una oferta extraordinaria de promoción interna y que anualmente se convoque al menos el 50 % de las plazas vacantes.


La formación profesional es insuficiente, ha sido recortada, está mal planificada y sin objetivos. Especial mención queremos hacer de los juzgados de violencia contra la mujer porque nos sorprende que no se forme al personal, tal y como
además está acordado en las directivas europeas. Y, pese a que es un requerimiento de estas, solo funcionan como juzgados especializados de lunes a viernes y de 9:00 a 14:00 horas -en el mejor de los casos, hasta las 15:00-, salvo en aquellas
ciudades o provincias en las que existen juzgados de guardia. Por eso, desde Comisiones Obreras llamamos a mejorar de manera drástica la formación del personal de los juzgados de violencia contra la mujer a fin de que, efectivamente, funcionen como
juzgados especializados.


Finalmente, muy importante, sobre el Registro Civil, que olvidé mencionar al hablar de los partidos judiciales, además de que la posición de Comisiones Obras ha sido la de la defensa a ultranza del Registro Civil como servicio público
gratuito servido por personal de la Administración de Justicia, nos parece inasumible e inexplicable que el Gobierno continúe dando largas y no elabore y apruebe de una vez el proyecto de ley para garantizar aquello que sí ha comprometido, es decir,
que efectivamente el Registro

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Civil permanecerá como servicio profesional de la Administración de Justicia público, gratuito y con todas las oficinas que actualmente existen.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, tiene la palabra doña María Victoria Carrero Díaz, responsable federal del sindicato de justicia de UGT.


La señora CARRERO DÍAZ (Responsable federal del sindicato de justicia de la FESP-UGT): Buenas tardes. Antes de nada, quiero agradecer la invitación a la señora presidenta y a sus señorías.


Este sindicato y las demás organizaciones que me acompañan esta tarde representamos al colectivo mayoritario en esta administración, que asciende a un total de 63 339 efectivos, según los últimos datos publicados por el Boletín estadístico
de personal al servicio de las administraciones públicas, de los que 24 424 pertenecemos a lo que coloquialmente se denomina territorio ministerio y 38 915 pertenecen al denominado comunidades autónomas transferidas. Desde UGT queremos decir a esta
Comisión que de los cuerpos generales de la Administración de Justicia, que dentro de este efectivo total que he señalado somos la mayoría, realizamos los trámites necesarios para que jueces y magistrados puedan cumplir su mandato constitucional de
juzgar y ejecutar lo juzgado, y además somos la cara y la atención directa tanto a la ciudadanía de este país como a los profesionales de la Administración de Justicia. Por eso, desde UGT queremos decir y denunciar que en muchas ocasiones os
olvidáis de nosotros, un colectivo que no queremos ningún protagonismo, solo queremos aportar porque creemos en esta administración y en la importancia de este servicio público. Queremos aportar lo que la experiencia nos va dando, y, como el propio
Ministerio de Justicia ha podido comprobar en la implementación del expediente de justicia digital, que al principio no contaba con nosotros, se ha dado cuenta de que lo que le aportamos y le estamos transmitiendo está siendo de gran ayuda para
todos. Estamos aquí para intentar establecer entre todos los operadores jurídicos y los grupos parlamentarios una estrategia nacional para la justicia, muy necesaria, pues está claro que la situación siempre ha sido mala pero últimamente es caótica
y requiere de medidas inmediatas, que deben estar por encima de los distintos Gobiernos e ideologías, ya que se ha producido un importante deterioro del sistema desde hace años por recortes y mermas de derechos fundamentales para los ciudadanos.
Por ello, apelamos a un consenso entre las partes, para sacar adelante entre todos este futuro pacto, que mejore este servicio público.


Y para UGT un pilar fundamental para el que trabajar en este pacto, en esta estrategia es la organización de la Administración de Justicia. Para nosotros es un caos el reparto de competencias entre las tres instituciones que actualmente
toman decisiones: por un lado, el Consejo General del Poder Judicial en cuanto a las competencias de jueces y magistrados; el Ministerio de Justicia, con competencias sobre letrados de la Administración de Justicia y una parte de los funcionarios
correspondientes a estas cinco comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla, y las doce comunidades autónomas con transferencia en la gestión de personal y medios materiales a raíz de la sentencia 56/1990, del Tribunal Constitucional, que, lejos de
ser algo positivo para este servicio, ha resultado ser bastante contraproducente, afectando muy directamente a la organización del trabajo y a la implementación de las nuevas tecnologías, entre otras cosas. Esta claro que esta situación, la
derivada de la sentencia 56/1990 es ya irreversible, pero creemos que debemos trabajar a través de esta estrategia nacional para la justicia en intentar que estas tres instituciones trabajen codo con codo y consensúen con la máxima uniformidad el
mayor número posible de medidas en la implementación de los acuerdos, también sobre medios económicos y tiempos de respuesta, por el bien de todos y por que haya una igualdad judicial para la ciudadanía, que no tiene por qué sufrir una justicia de
primera velocidad y otra de segunda, como estamos viendo que en muchas comunidades autónomas viene sucediendo con referencia a la educación y la sanidad.


Desde la visión de UGT, este punto lo podemos asociar con la necesidad imperiosa de acometer con urgencia un modelo organizativo de trabajo, lo que se viene denominando nueva Oficina Judicial, si es que se la puede seguir llamando nueva, y
ya todos mis compañeros han comentado el recorrido de este modelo. Si hacemos un histórico por las distintas reformas legislativas, nos podemos remontar a la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985, pasando por la repercusión que tuvo la ya
mencionada sentencia 56/1990, del Tribunal Constitucional, el Libro Blanco de la Justicia y el Pacto de Estado por la Justicia de 2001, que desembocó en una reforma de la Ley Orgánica de 2003, que dio origen a esta nueva propuesta, esta nueva
Oficina Judicial, que suponía un cambio en el modelo de la organización de la Administración de Justicia. Y decimos bien al hablar de propuesta porque, haciendo un diagnóstico de la

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situación, no podemos afirmar que realmente se haya implementado en toda la Administración de Justicia de este país y que realmente sea el modelo que la lidere. Podemos decir que hay unas pocas ciudades dentro del territorio ministerio
donde se estableció como experiencia piloto, experiencia piloto que a día de hoy sigue siendo eso, experiencia piloto. Que sepamos, ni siquiera por lo menos con las organizaciones sindicales, que hubiera sido lo oportuno, se ha creado un grupo de
trabajo sobre evaluación y seguimiento de ese nuevo modelo, que sería lo más lógico que habría que hacer con respecto a la implementación de algo nuevo, con un diagnóstico, usando indicadores que señalen si está funcionando o no. Pero ni siquiera a
día de hoy en territorio ministerio se ha llegado a definir cuál es el modelo adecuado, si con SCOP o sin él, y la situación en muchas de las ciudades es bastante caótica. Por ejemplo, yo visito muchos palacios de justicia del territorio
ministerio, entre ellos los de mi tierra, Cáceres y Mérida, y los funcionarios me comentan sobre uno de los problemas que siempre hemos denunciado los cuerpos generales a la hora de desarrollar nuestro trabajo, que es el relativo a saber separar
bien las funciones de los distintos cuerpos, a pesar de estar establecidas en la ley orgánica aunque de manera muy ambigua, que a día de hoy, cuando parecía que la Oficina Judicial iba a ser la solución con las RPT que se constituyeron para su
implementación, ni siquiera hemos sido capaces de solventar esta situación. Por tanto, desde UGT tenemos que denunciar que la nueva Oficina Judicial es un fracaso. No obedece al espíritu con el que nació de concentración, racionalización y
proximidad a los ciudadanos, pues, como comento, muchos años después de su puesta en marcha, seguimos con las experiencias piloto. El resto del territorio ministerio, sus capitales de provincia y sus municipios, sigue con la antigua organización de
justicia, lo que venimos a denominar órganos unipersonales, que siguen funcionando como pequeños reinos de taifas; y, dentro de cada juzgado, cada funcionario también funciona así, porque es a lo que empuja el modelo y es la única manera de sacar
adelante el trabajo. Por eso, desde UGT solicitamos a esta Comisión la creación de un grupo de trabajo para la evaluación y el seguimiento de las experiencias piloto a fin de establecer el modelo más adecuado que suponga poder llegar a tener una
justicia del siglo XXI y dejar atrás ya esta decimonónica.


Otro punto fundamental en esta estrategia sería la implantación real de las nuevas tecnologías para alcanzar de verdad una justicia digital. Cuando los funcionarios de justicia entramos en salas de otras administraciones, como la Seguridad
Social o la Agencia Tributaria, se nos saltan las lágrimas de ver que estos funcionarios no tienen detrás de ellos un armario con procedimientos, también por el suelo, por todas partes. Desde finales del siglo pasado hasta el día de hoy, es decir,
desde hace casi veinte años, estamos inmersos en un proceso de implementación de aplicaciones y sistemas informáticos que parece no tener fin. Este proceso es reflejo que devuelve el espejo en el que se mira la organización de la Administración de
Justicia en este país, es decir, desorden absoluto, caos. La confluencia de hasta nueve sistemas de gestión procesal diferentes no es más que el trasunto de lo que ocurre a nivel organizativo en la gestión de los recursos humanos y materiales en
esta administración. No es que desde UGT no apostemos por las nuevas tecnologías; todo lo contrario, estamos deseando que de verdad lleguen a nuestra administración, porque van a facilitar muchísimo el trabajo y se van a acelerar los trámites. Lo
que reclamamos son medios materiales y económicos suficientes para una implementación con garantía y calidad y que pueda haber un desarrollo adecuado de todas las aplicaciones necesarias. No podemos pasar por alto que desde enero de 2016, cuando
comenzó la implementación de estas nuevas tecnologías en nuestra administración, la situación de los órganos judiciales ha empeorado gravemente, ya que carecemos de estas herramientas informáticas con capacidad necesaria para el desarrollo del
trabajo. Además, se están implementando sin formación adecuada para los funcionarios de esta administración, funcionarios que en su día accedimos a ella con un perfil muy diferente al que ahora se nos está exigiendo para las nuevas TIC. Ello ha
generado una situación caótica, que está teniendo graves consecuencias para la salud de los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia -esto lo denuncio de todo el territorio nacional-, con un incremento de los riesgos psicosociales
elevadísimos. Diariamente tenemos que soportar como tanto la aplicación de gestión procesal, como puede ser la del Lexnet en territorio ministerio o en Galicia o como las comunicaciones telemáticas se caen un día sí y otro también y cuando son
reparadas marchan durante dos o tres días con muchísima lentitud lo que genera que la carga de trabajo se vaya acumulando y la desesperación de nuestros compañeros que tardan mucho más en sacar el trabajo que hace dos o tres años.


Además desde UGT también queremos denunciar el coste por haberse apresurado en implementar estas nuevas tecnologías sin estar preparados para ello y sin el presupuesto necesario que para la Administración y la ciudadanía está teniendo esta
implementación, pues como falla tanto y hay mucha

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inseguridad y miedo a perder toda la documentación, nuestros superiores la AF y magistrados ordenan que se imprima todo. Impresión que antes recaía sobre los profesionales y ahora recae sobre la ciudadanía que tienen que soportar ese coste.
Como decía esta situación está provocando crispación, frustración y desmotivación en todos los funcionarios de la Administración de Justicia, como no la habíamos visto anteriormente. Máxime cuando se han abordado muchos de estos cambios en la forma
de trabajar y en nuestro perfil profesional sin contar sobre todo inicialmente con nuestro colectivo que lo único que queríamos era aportar soluciones y nuestra experiencia.


Otro punto para este plan estratégico sería un servicio público independiente, sostenible y eficiente. La Administración de Justicia quedó desenganchada del proceso modernizador y renovador del Estado y permanecía hasta hace poco tiempo
prácticamente anclada en el siglo XIX. Ello ha generado un nivel de insatisfacción en la sociedad que, como ponen de manifiesto los estudios de opinión al respecto, han hecho de la reforma de la justicia un tema capital e ineludible para las
instituciones españolas. Por ello, la modernización de la justicia que la sociedad demanda constituye un ambicioso objetivo que con el concurso de todas las instituciones y personas con su funcionamiento debe propiciar, el último y fundamentalmente
término la mejor salvaguarda de los derechos y libertades de la ciudadanía. Claramente el servicio de la Administración de Justicia tiene una mala o muy mala imagen ante la ciudadanía y además en lugar de ir mejorando con el paso de los años va
empeorando. Así las últimas estadísticas del barómetro externo del Consejo General de la Abogacía del 2015 lo pone de manifiesto, pues considera la justicia una institución organizativamente desfasada y funcionalmente poco eficiente. Tenemos una
justicia lenta que por falta de medios personales y materiales está vulnerando además el derecho a la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, por ejemplo, sin ir más allá y el ejemplo más cercano que tenemos es la situación de los juzgados
cláusula-suelo, que sin ir más lejos, en Madrid capital, ha ingresado en los cuatro meses desde su funcionamiento unas 13 000 demandas. Creo que a nadie de esta Comisión se le puede escapar que esta carga de trabajo es inviable para un solo órgano
judicial. La media que hay en Madrid para los órganos, por ejemplo, que conocen civil, es unas 1500 demandas al año. ¿Cómo puede asumir un órgano judicial solo en cuatro meses, porque además va a haber el efecto llamada con las demandas que se han
ganado en el mes de julio que son del noventa y tantos por ciento, a poder dar una respuesta a los ciudadanos que acuden aquí a defender sus derechos que les fueron sustraídos y estafados por entidades bancarias? La verdad sorprende, y bastante.
Este acuerdo del Consejo General del Poder Judicial perjudica gravemente a los ciudadanos y también, no nos equivoquemos, la visión que la ciudadanía tiene de la Administración de Justicia.


Tampoco podemos pasar por alto las demoras en los señalamientos en juicios en determinados órdenes, como por ejemplo puede ser el orden jurisdiccional social, que muchas capitales de provincia -y a raíz de la crisis económica- están llegando
a señalar juicios con dos años de distancia. Por ello, desde esta Comisión debemos trabajar todos los operadores jurídicos directamente implicados en esta Administración para abordar cuáles son las medidas necesarias para asegurar una respuesta en
tiempos razonables manteniendo los niveles de excelencia que los ciudadanos de este país merecen. Con ello se conseguirá evitar la mala imagen también que la ciudadanía tiene, yo diría más del Consejo General del Poder Judicial, del nombramiento de
sus vocales que están politizados, más que de los jueces que están en primera línea que la gente sí tiene confianza en sus resoluciones y en su independencia. Tenemos que evitar por tanto la actual dilación en la respuesta judicial que tiene
también que ver mucho con la insuficiencia de recursos y con la ineficiente organización judicial. En este punto, dentro del servicio público, para UGT consideramos prioritario, en cuanto al ministerio fiscal, antes de abordarse la reforma de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal encomendarles a ellos la instrucción que se elimine la jerarquización de este órgano y la dependencia con el Gobierno de turno.


También quiero por último comentar sobre la situación del personal al servicio de la Administración de Justicia y nuestras condiciones profesionales. Realmente lo podemos resumir como que somos víctimas del desastre organizativo. Los
funcionarios de justicia llevamos sufriendo las consecuencias de la inexistencia de un plan o acuerdo político que defina una estructura administrativa de forma definitiva para el conjunto de territorio. Esto se traduce fundamentalmente en
inseguridad jurídica para nosotros en el desempeño de nuestro trabajo, porque no solo nos han afectado las continuas dudas y movimientos pendulares que han dado los Gobiernos de turno en relación con los asuntos mencionados, sino que además en los
últimos años hemos visto cómo se ha pretendido integrarnos cada vez más dentro de la función pública estatal en el caso de los pertenecientes al territorio ministerio y en el caso de nuestros compañeros de las comunidades transferidas dentro de lo
que es la función autonómica, haciendo caso

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omiso del mandato establecido en la Constitución española al obviarse que si el constituyente nos incluyó en el título VI del Poder Judicial en su artículo 122 y no en el título IV del Gobierno, parece que esa consideración ha quedado en
exclusiva para los letrados de la Administración de Justicia que incompresiblemente son los únicos que siguen sin transferirse dependiente del ministerio y produciéndose en muchas comunidades autónomas incluso dentro de la Oficina Judicial
situaciones de discriminación entre los derechos que tienen unos y los derechos que tienen otros.


Desde aquí -ya tengo que terminar, porque me están diciendo que me he pasado de tiempo- también queremos denunciar los últimos años, desde que Gallardón llegó al Gobierno, los privilegios y mayor competencia que se está dando a los letrados
de la Administración de Justicia frente a los demás cuerpos que finalmente tenemos que hacer todas las competencias que a ellos se les van incrementando por delegación, pero ellos perciben una productividad por no hacerlas y nosotros las hacemos sin
cobrar nada. Esto quiero decir que quede muy claro aquí que está generando muchísimas fricciones y un ambiente de conflictividad bastante grande en los juzgados que antes o temprano acabará estallando si el ministerio no escucha lo que los
sindicatos estamos denunciando y lo que pedimos en este sentido. Al igual que estaba ocurriendo con los puestos ocupados por los letrados de la Administración Judicial de libre designación que se dedican a hacer protocolos e instrucciones cada uno
el que se le ocurre en ese momento cuando siempre decimos que debe ser el secretario general quien desde el ministerio marque esos protocolos e instrucciones estableciendo una uniformidad para todo el país, porque todos somos Administración de
Justicia, y además se inmiscuyen en protocolos e instrucciones que atentan contra las condiciones laborales de los trabajadores sin posibilidad de recurso ni negociación ante ello.


Por último, me quedan algunas cosas, pero quiero hacer una breve mención a uno de los grandes olvidados en este ministerio que es el personal laboral al servicio de la Administración de Justicia, que lo recoge la Ley Orgánica del Poder
Judicial como un personal de auxilio al Poder Judicial, valga la redundancia. Tenemos a gente que ejerce unas actividades de muchísima responsabilidad como son los equipos técnicos y lo hemos visto con el último caso de Granada, la que secuestró a
las niñas, no me acuerdo del nombre, Juana Rivas, los peritos que están interviniendo en la Gürtel teniendo que hacer unos informes económicos complicadísimos para lo que en muchas ocasiones su acceso a la Administración de Justicia no tenía esta
formación y los traductores e intérpretes. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, a todos los comparecientes. Es cierto que nos hemos ido un poco del tiempo previsto, sobre todo porque tenemos después otro compareciente esperando, pero entiendo que es una oportunidad única que
ustedes se puedan expresar en el Congreso de los Diputados. Ahora confío en la agilidad de los portavoces de los grupos parlamentarios que sabrán medir sus intervenciones para ir acomodándonos de nuevo a los tiempos para pasar a la siguiente
comparecencia.


Tiene, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Gómez Balsera.


El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, presidenta.


Muchas gracias a todos los comparecientes, vaya por delante la felicitación de mi grupo por contar con ustedes hoy. De algún modo hacemos realidad su aspiración o su voluntad y anhelo de participar en esta estrategia y de poder trasladarnos
de viva voz sus preocupaciones, sus propuestas y sus sugerencias que en buena parte compartimos. Por citar alguna, se han referido ustedes, por ejemplo, a la falta de independencia de la Justicia. Respecto a esta cuestión, mi grupo ha presentado
importantes iniciativas para reforzar precisamente la independencia del Poder Judicial. Se han referido también a una necesaria inversión suficiente y estable, respecto a lo cual debo de poner en valor el acuerdo de mi grupo con el Gobierno para
incrementar en 500 millones de euros la inversión en modernización de la justicia para esta legislatura. Por supuesto, compartimos también las preocupaciones que han expresado acerca del colapso de los juzgados con competencia en materia de
cláusula suelo. Me gustaría detenerme en lo que nos ha trasladado el portavoz del CSIF respecto a la situación de los funcionarios en Cataluña. Me gustaría que todos ustedes les trasladaran a sus respectivos afiliados la solidaridad y el
reconocimiento de mi grupo a todos los funcionarios de Justicia de Cataluña, así como el deseo, y no solo el deseo, sino también el convencimiento de que estamos seguros de que esta situación revertirá pronto y las aguas volverán a su cauce. No
obstante, las preocupaciones que ustedes nos han expresado hoy básicamente siguen siendo las mismas que nos expresaban en esas reuniones que manteníamos al comienzo de la legislatura a nivel de grupo parlamentario. Mal síntoma, significa que poco
hemos avanzado en este tiempo. Supongo que es el precio que hay que pagar por intentar alcanzar un consenso lo más grande posible en el seno de esta estrategia. Se han referido ustedes, por ejemplo, al Registro Civil, cuestión que

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les preocupaba entonces y que sigue sin resolverse. Iba a preguntarles si tenían ustedes conocimiento de algún avance en la materia, pero ya me ha quedado claro a lo largo de sus intervenciones y no me voy a detener aquí más. Cuestiones
como la elevada tasa de interinidad y el efecto que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea estaba teniendo al respecto en los funcionarios de Justicia.


En otra de esta reuniones, concretamente en una que mantuvimos con Comisiones Obreras hace un año, el 17 de octubre de 2016, ustedes nos contaron que tenían un acuerdo con el Gobierno para devolver los permisos quitados y también para
consolidar los refuerzos de más de tres años de antigüedad. Les quería preguntar si finalmente esto ha llegado a buen puerto, si finalmente el Gobierno lo ha puesto en marcha o lo va a poner en marcha. Porque el viernes el Grupo Popular presentó
una iniciativa en la que -lo digo con las debidas cautelas, porque no la he podido leer con detenimiento y me llegó la noticia al respecto- se proponer devolver los permisos, pero circunscritos a jueces y magistrados. Nosotros lógicamente
celebramos esa iniciativa, la apoyaremos, por cuanto busca recuperar derechos perdidos durante la crisis, pero nos gustaría que se hiciera extensiva lógicamente a recuperar los derechos perdidos de todos los funcionarios de la Administración de
Justicia.


Finalmente, para terminar, simplemente compartir una reflexión en cuanto a la reforma de la planta judicial a la que más o menos todos ustedes se han referido. No son partidarios de superar la organización de los actuales partidos
judiciales y hemos oído sus preocupaciones al respecto, por cuanto esto supondría un alejamiento de la justicia del ciudadano. Una preocupación que consideramos lógica, que consideramos razonable, pero la cuestión que querría trasladarle sería cómo
conjugar esa necesaria cercanía de la justicia al ciudadano con una asignación efectiva de los recursos disponibles. Creo que todos convenimos en que no es posible que haya un juzgado mercantil, un juzgado de menores, un juzgado de violencia en
todos y cada uno de los partidos judiciales de nuestro país. Ni siquiera un punto de encuentro familiar o un servicio de asistencia a las víctimas de delitos violentos. La pregunta sería: ¿Cómo conjugar esa necesidad de cercanía con el derecho,
que también tienen los ciudadanos, a una justicia de calidad, a una justicia especializada, con independencia del lugar de residencia? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Pita Cárdenes.


La señora PITA CÁRDENES: Muchas gracias, presidenta.


Buenas tardes a todos. Muchas gracias a todas y a todos los representantes sindicales. Agradecemos de verdad un trabajo que ustedes en el núcleo de esta Administración tienen muchísimo que decir y que aportar a esta Comisión. Desde luego,
quien no lo vea así no solo es que está ciego, sino que además es realmente estúpido. Ustedes tienen, como así lo hemos podido escuchar a través de las intervenciones, propuestas muy claras. No solo nos han expuesto los problemas que tiene la
Administración de Justicia, sino que han aportado muchas vías de solución para ellos. Se supone que estamos en un estado social, democrático y de derecho y que la Justicia es uno de los pilares de nuestro Estado. Dentro de esa tesis, nosotros
defendemos que debe ser un servicio público, absolutamente público, y servido por funcionarios. Estamos en contra totalmente de las privatizaciones, de la ley de la oferta y la demanda, que no deja de ser otra cosa el tema de las empresas privadas
y la emprendeduría. La Administración de Justicia es efectivamente la administración peor valorada, pero qué le vamos a decir nosotros si tenemos al frente a un ministro que ha sido reprobado y sigue al frente. Eso indica mucho de quienes nos
gobiernan. Se me ocurre preguntarles sobre ese estado cochambroso que han dicho de la Justicia y que se visualiza. Esos juzgados que se quemaron en Valencia, esas imágenes de las piezas por los suelos, todo eso que se transmite, que es visual, del
estado de dejación absoluta que vive esta Administración, de la indignidad de muchas de sus sedes. ¿Ustedes creen que es casual y fortuito que se hagan las cosas tan mal? ¿Ustedes creen que se trabaje en esas condiciones es algo consustancial con
la justicia? Que la lentitud de la justicia es consustancial con la justicia. O creen ustedes que al responsable político sea el Ejecutivo y, en su caso, el Legislativo, no le interesa un aparato de justicia que sea eficiente y eficaz en el siglo
XXI con todos los medios tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. La segunda pregunta que le hago es el Lexnet, ¿Se pueden hacer las cosas tan mal? ¿Es fortuito que se hagan las cosas tan mal? Ustedes han citado el tema de los 60 millones más
que ahora van a presupuestar de más para el tema de las nuevas tecnologías. ¿Ustedes creen que eso va a solucionar el problema grave que estamos sufriendo? Otra pregunta: ¿Creen que era imposible que aunque haya transferencias, siguiendo lo que
la Constitución establece en su título VIII, a territorios, no pudiera haberse hecho un solo sistema y no tengamos diecisiete

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sistemas distintos o catorce o quince o los que tengamos? Es decir, y siempre me tengo que preguntar lo mismo: ¿Se pueden hacer las cosas tan mal si no son adrede?


Me gustaría que valoraran, creo que lo citó la representante de Comisiones Obreras, el artículo 324, lo que se ha dado en llamar la Ley de punto final. Realmente cuando el Legislador o el Ejecutivo proponen esa ley y se aprueba. ¿Qué
pensaron ustedes cuando dijeron, no esto es para que los procedimientos de corrupción salgan rápido? Me gustaría saber en voz alta qué pensaron ustedes desde ahí, desde ese núcleo de la Administración de Justicia, ya les he oído decir lo que es,
pero qué pensarían ustedes en ese momento. De verdad que podría estar toda la tarde preguntando, porque han estado muy elocuentes en cuáles son los puntos negros de esta Administración de Justicia, que todos confluyen a un mismo sitio: la carencia
evidente de medios humanos y materiales, la no independencia del Poder Judicial y, por tanto, la solución tiene que venir por aquí, por esta parte de aquí de la mesa y lo que es el Legislativo y el Ejecutivo e incidir en que un Gobierno ponga por
fin los presupuestos adecuados durante el tiempo que haga falta, una legislatura o dos legislaturas, para que la Administración de Justicia esté en medios tecnológicos y en medios humanos a la altura de los tiempos.


Me parece una idea bastante coherente que se cree una mesa de operadores jurídicos, donde puedan estar procuradores, letrados, personal al servicio de la Administración de Justicia, jueces y fiscales, todos juntos que puedan empezar a
valorar y ser de apoyo para tomar las medidas necesarias si realmente se quiere. Siempre hemos hablado de los pactos de justicia, pero de esa palabra no salimos, porque luego para llevarlo a la práctica ya vemos que no es posible. Quiero
agradecerles una vez más la comparecencia de todos y de todas y decirles que son una parte importante de la solución de la Administración de Justicia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Campo Moreno.


El señor CAMPO MORENO: Gracias, presidenta.


Gracias que hago extensiva a las cuatro centrales sindicales, porque efectivamente han arrojado muchos de los datos, de los perfiles, de las causas, de por qué coincidimos, al menos una gran mayoría, en que la Administración de Justicia
cuando menos se la puede calificar de maltrecha. Es cierto que la dificultad del tratamiento conjunto de las cuatro centrales sindicales no nos permite entrar, por los problemas siempre del tiempo, en análisis de las distintas propuestas que se
realizan desde cada una de las centrales sindicales que creo que podríamos hablar de un núcleo común, compartido, donde existe esa gran percepción del desastre, como forma simple, donde los cuatro han reclamado los tres bloques de reformas
normativas, organizativas y tecnológicas. Voy a intentar exprimirles, permítanme la expresión, un poco más, sobre todo para su última intervención en orden a conocer los detalles. Porque es verdad que donde están las dificultades es ahí. Soy
consciente porque lo viví en primera persona que las cuatro centrales sindicales participaron activamente en lo que se desarrolló por el último Gobierno socialista como Plan estratégico de la Administración de Justicia y por eso conozco mucho de sus
pareceres y mi grupo también los conoce. Hay algunos detalles en los que me gustaría entrar. Partiendo además que esto mientras no haya un consenso real, porque el consenso no es la suma de voluntades para arreglar algo, es quererlo. Porque a lo
mejor esta reforma que hablaba el compañero de Ciudadanos, efectivamente trae la propuesta de modificación de la ley orgánica del artículo 503 que afecta también a los cuerpos de la Administración de Justicia. ¿Qué pasa? ¿Qué no es necesario el
consenso? Cuando nos creemos la reforma bálsamo nos metemos nosotros rápidamente, para todo lo demás, para todo lo que sea de dificultad, esperamos. Evidentemente denota mucho las voluntades con que se afrontan. En la medida en que mi grupo cree
que hay que arrimar el hombro, porque la Administración de Justicia lo merece y lo reclama. Sí me gustaría conocer algunos detalles más. Por ejemplo, conozco la situación de las cuatro centrales sindicales en orden a la reforma necesaria de lo que
es la planta judicial, un poco la superación del partido. Es verdad que podemos estar casi todos de acuerdo en que la supresión sería un error, pero me preocupa cuando se oyen voces que están realmente impidiendo eso. No recuerdo manifestaciones
en contra sobre lo que es hoy una realidad desde el año 1978 en orden al desarrollo de la marca judicial, es decir, la provincialización. Estamos hablando de los juzgados de lo penal, juzgados de los menores, juzgados de lo social, juzgados de lo
contencioso, mercantiles, ahora de la cláusula suelo, cuidado que esto en teoría es un parche, muy mal puesto, pero un parche. No es un desarrollo de planta como tal. Eso lo conocen perfectamente. Ante esa realidad, que parece que es evidente que
el partido judicial no puede ser la unidad vertebradora rígida que conocimos antes de 1978, sino la que hemos conocido después. En eso creo que hemos participado todos. Por ejemplo, me choca con lo que es la potenciación de la justicia

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de paz. No estoy hablando de su desaparición o no. No es ese el debate. Pero sí me gustaría ver cómo logramos articular eso, porque realmente si apostamos por la justicia de paz y darle mayores competencias, estamos yendo al infrapartido
judicial, no nos engañemos. Me gustaría saber por qué es difícil de articular eso. Igualmente, ahí hay un mix entre lo que son las nuevas tecnologías, desarrollo de una oficina judicial. Estoy bastante en desacuerdo con algo, intuyo que son las
prisas y los tiempos que aprietan, pero el desarrollo de la nueva Oficina Judicial, por lo menos es la percepción de mi grupo parlamentario, en absoluto está condicionada por las malas experiencias piloto, sino que está ubicada exclusivamente por la
inexistencia de voluntad de inversión. Porque evidentemente la nueva oficina judicial no es cambiarle el nombre. Cuando se ha hablado de la de Mérida, se puede hablar de la de Burgos, Valladolid o Murcia. Estos fueron desarrollos de la nueva
Oficina Judicial, pero no en plan piloto. Sería absurdo no aprender de los errores y de las dificultades de su puesta en marcha. Pero realmente no ofrece ninguna duda. Plantearse hoy si el SCOP tiene que formar parte o no de ese desarrollo de la
nueva Oficina Judicial, lo que tendremos que ver es cuáles son los problemas que tiene el SCOP que no tienen las otras unidades. Está claro que no hablaríamos de nueva Oficina Judicial si no estamos hablando de un Servicio Común de Ordenación del
Proceso. Sería absurdo. Eso genera una nueva dimensión de la percepción de la Administración de Justicia.


Me gustaría, por ejemplo, al hilo de esto, porque vamos a tenernos que meternos en eso y esperemos que nos metamos, saber qué hacer con la movilidad de la plantilla. No soy ajeno a la necesidad de tener asegurado el puesto de trabajo,
etcétera. Eso está claro. Por ejemplo, sí que me gustaría conocer la opinión de los sindicatos, porque creo que es muy importante. Cuidado, todos somos conscientes y no vale hacerse trampas al solitario, porque no es nuestra política y me estoy
refiriendo a cada una de las centrales sindicales que he trabajado mucho con todos ustedes y sabéis que el respecto que le merecen a mi personalmente y a mi grupo, por supuesto, en orden a la mejora de la Administración de Justicia. Es cierto que
hay veces que hace falta poner negro sobre blanco. Por ejemplo, estamos hablando de la necesidad de asegurar el puesto de trabajo y nadie lo puede dudar, pero sin embargo todos somos conscientes de que algo tendremos que hacer porque se producen
reformas legislativas que provocan situaciones que antes no estaban y la carga de trabajo -y lo sabemos- en determinados órganos judiciales, y por los asentimientos de algunas de sus cabezas veo que comparten mi opinión, ha disminuido. Estoy
pensando a lo mejor en instancias civiles, secciones de audiencias con competencias exclusivamente civil donde las reformas procesales han permitido que realmente no hay ni prácticamente el registro de los asuntos, llegan las tramitaciones y se
devuelven, no hay ejecución y prácticamente la excepcionalidad de la prueba en segunda instancia ha hecho que muchos compañeros no estén lo superagobiados que estaban antes. He estado veintinueve años en órganos colegiados y durante muchos años en
órganos mixtos y aquello era un desbordado por todo el mundo. Lo cierto es que las coyunturas han cambiado y eso sin embargo no se ha visto recompensado con una cierta movilidad, ofreciendo con mejoras económicas o por lo menos manteniéndola,
porque ese es otro de los caballos de batalla y sé que me lo vais a decir, porque no es lo mismo -no se me vaya a ir la hora y me llame la atención la presidenta y no estaría bien-, pero es un tema que me preocupa. Porque creo que garantizando esas
fórmulas podríamos fomentar, sin que haya ninguna merma en calidad retributiva, por ejemplo, no olvidemos que todos trabajamos por dinero. Pero podemos permitir una mayor flexibilidad en lo que es la plantilla y poder atender a esos determinados
órganos. Esta es la opinión de mi grupo. Eso llegado a un buen concierto con las centrales sindicales podría articularse a través de los decretos reguladores, de la nueva Oficina Judicial, etcétera.


Voy acabando, señora presidenta. Entiendo los problemas que ha expuesto sobre la articulación de las distintas administraciones, no es nada nuevo y creo que todos lo compartimos. Estamos hablando de una esquizofrenia de gestión, pero con
buena voluntad podríamos llegar a acuerdos.


No termino de captar el problema de la mayor independencia judicial. La independencia judicial se predica del juez, no del consejo porque no tiene nada que ver. No me preocupa el consejo porque tiene sus problemáticas propias. Aquí
estamos hablando del ámbito de funcionamiento de un juzgado. No entiendo el rechazo a un órgano colegiado. Un órgano colegiado no quiere decir que cada decisión vaya a ser colegiada, sino que la función del colegio de jueces es colegial. Después
cada uno, con las normas predeterminadas por la ley, llevará su asunto. Por tanto, no veo qué problema puede haber. En cuanto a la mayor independencia de los funcionarios de la Administración de Justicia, en qué se traduce. Los secretarios
funcionan con la misma estructura de la fiscalía a partir de la última reforma: unidad de acción

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y dependencia jerárquica. ¿Cómo articulamos eso? Porque en el fondo no deja de ser un colectivo humano donde cada uno en su ámbito, no tanto de jerarquía pero sí de competencia, tiene unos cometidos.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moro Almaraz.


La señora MORO ALMARAZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Buenas tardes, a los representantes de los cuatro sindicatos mayoritarios. Aunque nos hemos visto con anterioridad a esta comparecencia, o bien con sus compañeros, esta era sin duda imprescindible. Desde la subcomisión para una estrategia
nacional de justicia queríamos que quedara constancia de las opiniones, que ya conocemos, en el Diario de Sesiones con el fin de que nosotros podamos llegar a un dictamen realista -que es lo que se nos pide y es el objetivo de esta subcomisión- con
las prioridades y actuaciones que deben realizarse de la manera más inmediata posible. Indudablemente han sido muchos los temas tratados y tenemos poco tiempo, algunas de ellos se han reiterado desde distintas perspectivas y en otros hay
diferencias.


Me van a permitir que señale, después de oírles con toda atención a todos ustedes esta tarde, que si en lugar de ser nosotros quienes están aquí fueran otras personas que acabaran de llegar de visita y entraran en la Comisión hubieran tenido
una imagen de la justicia, tal como han explicado, tremenda en el conjunto, una imagen de caos y desastre total, aunque yo sé que ustedes no la comparten. Sabemos que las cosas no están bien porque si las cosas estuvieran bien no estaríamos
planteándonos una estrategia. No hablo de un pacto, sino una estrategia, es decir, de algo que va más allá a la hora de establecer una serie de medidas, después criterios, seguimientos, evaluación y reconsideración. Algo que no se ha hecho en
otros pactos con la justicia.


Conocemos la Administración de Justicia, seguramente no tan bien como cada uno de ustedes en su ámbito. Por eso les escuchamos con mucha atención, porque cada uno desde sus propias funciones y competencias nos traslada cuáles son las
quejas, además de las reivindicaciones como representantes sociales y los malos funcionamientos. Todo ello, las quejas, los malos funcionamientos y las reivindicaciones hay que entenderlos. Fíjense en lo que voy a decirles, les aseguro que no es
retórica. Mi grupo parlamentario está convencido, sin duda, de que la Administración de Justicia funciona y funciona mucho mejor -yo quiero ir a lo positivo- por los profesionales, por todos ustedes, indudablemente y que muchas de las cosas que no
funcionan les complican la vida y, por tanto, tenemos que cambiarlas o corregirlas. En consecuencia, no se autoflagelen porque si lo hacen solo trasladamos una peor imagen para la confianza de los ciudadanos. Sean reivindicativos, claro que sí,
faltaría más, es la función de los sindicatos, pero las cosas no funcionan tan mal.


Entre aquellas cuestiones que son evidentes que tenemos que tratar ustedes han mezclado algunas frases que se han ido materializando en el tiempo y que son consignas que ya no responden -no sé si han respondido alguna vez- a la realidad como
son los temores de privatización. No sigamos diciéndolo, porque si en un momento hay alguna actuación que pueda suponer una privatización entiendo que la abordemos, que la critiquemos y que veamos por qué. Sin embargo, no sigamos con cuestiones
como el Registro Civil, o como otras tantas, porque ha quedado meridianamente claro cuál es el objetivo del Gobierno y de este grupo que sostiene al Gobierno. Desde luego, eso ocurre con el Registro Civil, pero no solo en ese caso.


De la misma manera sabemos que muchas de las cuestiones han empeorado la situación, debido a un empeoramiento general del Estado. Después de una situación de emergencia nacional han empeorado todos los cuerpos de la Administración del
Estado. Les está hablando una funcionaria; por tanto, no voy a ser yo, debido a mi trayectoria profesional, quien vaya a ir en contra de los servidores públicos y de los funcionarios, en absoluto. Por tanto, algunas de las críticas tienen que
traerse a que no ha habido ninguna intención de recortar derechos fundamentales por capricho, o por concepción, sino que en un momento determinado de difícil gestión económica indudablemente han resultado afectados muchos sectores, y también en el
ámbito de la justicia. Por esa razón vamos recuperando, y no con cantidades pequeñas sino con las cantidades más adecuadas, teniendo en cuenta la dificultad para sacar presupuestos en esta legislatura y que hay que implementar en el tiempo
correspondiente. Por tanto, de nada serviría darnos el gustazo de consignar cantidades que no se pueden aplicar ni en tres ni en seis meses, pero sí que puede hacerse una mejor planificación.

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Desde luego, hay unos objetivos claros de incremento de recursos humanos, de estabilización de las plantillas -algo que es muy importante-, de profesionalización, de especialización, dependiendo de cada uno de los cuerpos. Por esa razón, y
dentro de esos objetivos, me gustaría que me dijeran un poco más al respecto desde la representación sindical, ya que acogieron favorablemente el acuerdo de 18 de diciembre de 2015 que tenía distintos aspectos. Es verdad que se han cumplido algunos
y que otros no se han podido cumplir, pero no por falta de voluntad sino porque se estuvo trabajando para la mejora de empleo público. Además, ese acuerdo de 29 de marzo de 2017 -si me permiten la expresión- se metió por medio y condicionó algunas
cuestiones. Si esto no hubiera ocurrido, esas especialidades propias de la Administración de Justicia estarían ahí. Eso es lo que ha llevado entre otras cosas -la voluntad del ministro era clara e inequívoca y lo anunció ya en el mes de julio- a
que este grupo parlamentario utilice la fórmula de la proposición de ley. Este grupo parlamentario en absoluto está en contra del consenso, ni quiere eludir a nadie, si no que trata de no retrasar más algo que es de justicia, valga la expresión.
La proposición se registró el viernes y afecta a todo el ámbito de profesionales -ustedes también- de la Administración de Justicia regulados por la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por tanto, me gustaría saber su opinión sobre cómo ven algunas
cuestiones de este acuerdo, tanto de aquellas que ya se han cumplido como de aquellas que no se han cumplido, pero que tienen una voluntad y unas pautas concretas para su cumplimiento.


También me gustaría que me dijeran qué opinan de esa clara vocación de estabilización. Entre 2015 y 2017, una vez superada la situación de emergencia a la que antes me refería, en torno a una 7900 plazas para una plantilla de unos 45 000
empleados públicos se pusieron al servicio de la estabilización. ¿Estas cifras corrigen en gran medida ya esas graves situaciones de interinidad o todavía no son suficientes? Si no son suficientes, en qué medida no lo son. Me gustaría dejar
constancia aquí de lo que decían otros comparecientes. Por ejemplo, el magistrado economista Francisco Gutiérrez López decía hace dos semanas en su comparecencia que uno de los problemas del número de funcionarios en el ámbito de la Administración
de Justicia española es que precisamente los índices de jueces y magistrados estaban por debajo de la media europea, pero los índices de funcionarios de la Administración de Justicia estaban por encima. Él nos enseñaba unos gráficos sobre este
asunto.


Asimismo, quisiera dejar constancia de otra cuestión y es que son muchos quienes han puesto de manifiesto que los males de la justicia española no se resuelven solo con una inyección no planificada de medios y de plazas. Por tanto, es
necesaria la planificación, es necesaria la renovación y la modernización de la planta, en el sentido que planteaba Juan Carlos Campo. Por un lado, estoy convencida de que ustedes quieren resolver las cosas, pero por otro, parece que ponen encima
de la mesa un cierto inmovilismo, es decir, la planta está bien con algún retoque; la idea de la distribución de partidos judiciales más o menos está bien; la justicia de cercanía hoy ya va hacia otro tipo de justicia. Nosotros no rechazamos en
absoluto los juzgados de paz, pero es verdad que no podemos seguir en la foto fija porque si seguimos en la foto fija nos olvidamos de los nuevos retos de la sociedad y de qué es lo que sucede. Muchas veces esa organización, esa planta y la rigidez
absoluta en la determinación de las reglas para saber cuál es el juez o tribunal que debe conocer de un asunto bloquean situaciones que son masivas en los ciudadanos. Por tanto, no queremos privarles en absoluto del acceso a la Administración de
Justicia. Esto me llamaba un poco la atención.


Asimismo, quiero referirme a algo importante porque no podemos seguir confundiendo en este ámbito, hay que ser muy rigurosos. La jerarquización del ministerio fiscal nada tiene que ver con la politización. De alguna manera, Juan Carlos
Campo ha señalado este tema respecto a los letrados de la Administración de Justicia, al hablar del principio de unidad y jerarquía del ministerio fiscal. ¿Que hay que mejorar la transparencia en el nombramiento del órgano, así como clarificar el
funcionamiento de los órganos transversales? Sí, estamos dispuestos a ello. Pero, cuidado, no cambiemos, no innovemos en aquello que precisamente lo hace funcionar habitualmente y sí mejoremos extraordinariamente el funcionamiento del ministerio
fiscal en aquello que sea necesario.


En penúltimo lugar, respecto a las nuevas tecnologías estoy convencida -la representante de UGT lo ha dicho con mucha claridad- de que todos ustedes ansían, como nosotros, tener algo similar a la Administración Tributaria y la Seguridad
Social. Los seres humanos nos olvidamos muy rápido de las épocas malas y toda transformación tiene épocas malas. ¿Que hay cosas que se podrían haber hecho mejor? Pues vamos a rectificarlas, pero indudablemente un vuelco de modelo no solo son
medios -que también-, no solo es mejorar los sistemas de gestión procesal -que estoy de acuerdo con ustedes-, sino que tenemos que ir convenciendo a todo el mundo de que es imposible no ir a un sistema de gestión

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procesal único. Sin embargo, en informática, en el ámbito de las nuevas tecnologías, lo que hoy sale nuevo y es útil, mañana es viejo e inadecuado. Esto rompe mucho con ese funcionamiento tradicional de la Administración de Justicia y con
los procedimientos. Por tanto, no es raro que haya, además de algunos errores y responsabilidades que cada uno tendrá que asumir, algunas cuestiones que dificulten más su implantación que en la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Me imagino
que no les gustará que lo paremos indefinidamente y sigamos teniendo el sistema actual. Por miedo, por desconfianza o por inseguridad todos lo hacemos. Yo sigo imprimiendo a veces el billete de avión o de tren, aunque sé que no debería de
imprimirlo porque lo llevo en el móvil. Por tanto, cómo no voy a comprender esas dudas cuando a uno le afecta un plazo. Sin embargo, eso terminará por convertirse en pasado. Me gustaría saber su opinión y si podemos ayudar en algo a mejorar este
asunto desde aquí.


Por último, se ha hablado del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Lecrim, como tantas otras cuestiones. Este fin de semana algunos de los portavoces pudimos escuchar una magnífica intervención de Manuel Marchena, presidente
de la Sala segunda del Tribunal Supremo sobre este artículo. Les aseguro a ustedes que lo que él nos trasladó no era lo que se dice habitualmente. ¿Que hay alguna cuestión que hubiera sido bueno incluir para obviar las dificultades que tienen de
distintos criterios y de funcionamiento del precepto? Sí. ¿Que se han mezclado dos cuestiones y que a lo mejor tenía que haberse hecho de otra manera -se lo está reconociendo el grupo que apoya al Gobierno-? Sí. Pero el artículo 324 no es nada
malo, no es lo que se está diciendo; desde luego no es la ley de punto final, en absoluto. No lo digo yo, lo decía una persona que conoce mucho mejor que yo el derecho procesal penal y los procesos de corrupción. En cualquier caso, han aportado
muchísimas cosas sobre las que tenemos que reflexionar y estoy segura de que en sus contestaciones habrá más. Es un honor poder escucharles en el Congreso porque es aquí donde tendremos que hacer una planificación para tratar de mejorar aquello en
lo que podamos.


Muchas gracias. (Aplausos).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, a todos los portavoces.


De nuevo voy a dar la palabra a los comparecientes en el mismo orden que en la primera intervención, puesto que las preguntas que han planteado los diferentes grupos han sido genéricas, no se han planteado cuestiones a un representante
concreto. En este caso, sí que les pido que seamos capaces de ajustarnos más al tiempo por respeto al siguiente compareciente. En cualquier caso, si quedara algo pendiente y pudieran aportar más información a esta subcomisión, la secretaría de la
Comisión está abierta a recibir toda la documentación que sea necesaria o reflexiones que crean que pueden ayudar al debate o a las cuestiones que les acaban de plantear en este momentos los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios.


En primer lugar, tiene la palabra el señor Lama Peaguda.


El señor LAMA PEAGUDA (Presidente del sector de justicia del CSIF): Muchas gracias.


Intentaré ser lo más breve posible, aunque seguramente me quedará alguna pregunta por contestar. En cualquier caso, haré un esfuerzo. Voy a empezar por las cuestiones que ha planteado la portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nosotros
venimos aquí con la mejor de las intenciones a trasladarles a ustedes cuál es la realidad de los órganos judiciales, desde nuestra perspectiva. Es cierto que la Administración de Justicia -y lo he dicho en mi intervención- funciona y funciona bien.
Todo aquel ciudadano que ha acudido a la Administración de Justicia, y así se recogía en aquel informe para la elaboración del libro blanco tenía una mejor percepción de su funcionamiento que los que no lo hacían. En cualquier caso, comprenderá que
efectivamente los órganos judiciales de este país pueden funcionar bastante mejor de lo que hasta la fecha lo están haciendo. Por ello, planteábamos todas esas cuestiones.


En cuanto a las nuevas tecnologías, efectivamente nosotros apostamos por una digitalización de la justicia, no queremos quedarnos anclados en el pasado. Pero no me negará que la implantación del Ethernet hasta la fecha no ha alcanzado en
realidad el objetivo que se perseguía. En cualquier caso, nosotros somos partidarios del expediente judicial, que más pronto que tarde tendrá que implantarse en la Administración de Justicia.


Hay un dato que me resulta curioso. Comentaba que un magistrado economista planteaba el otro día aquí en la subcomisión que en este país hay menos jueces, pero más funcionarios que en el resto de otros países de Europa. Me gustaría saber,
si los índices de litigiosidad en España son más bajos o más altos que esos países a los que hacía mención. Simplemente quiero saberlo para tener datos objetivos.

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Por lo que respecta al tema de la temporalidad es cierto, y así lo ha manifestado, que el pasado 29 de marzo se firmó un acuerdo de reducción de temporalidad, que ha sido el más importante en este país. Por lo que afecta a la Administración
de Justicia nosotros siempre hemos defendido que hay que dar estabilidad a las plantillas. Por eso, nosotros fuimos firmantes de ese acuerdo en la mesa general de la Función pública y no podemos más que trasladarle nuestra satisfacción por haber
dado ese paso.


Con respecto al acuerdo de 18 de diciembre de 2015, a nuestra organización poco le preocupa que la recuperación de esos días sean por proposición de ley o por proyecto de ley. Nosotros queremos recuperarlos ya, porque llevamos esperando
desde el 18 de diciembre de 2015, fecha en que se firmó ese acuerdo, fruto de mucho trabajo y del esfuerzo de todos los que participamos en esa negociación. Eso es lo que los trabajadores están demandando. Por tanto, queremos que esa proposición
de ley se tramite cuanto antes y que los compañeros puedan disfrutar de esos días, incluidos sus señorías, por supuesto, faltaría más, así como el reconocimiento al derecho a la paternidad. Por supuesto, estamos de acuerdo con ello.


Respecto a los comentarios del portavoz del Grupo Socialista, sabe que nosotros no firmamos el acuerdo de implantación de la nueva Oficina Judicial porque no estábamos de acuerdo ni en el modelo ni con la reducción de destinos. Actualmente,
donde hay Oficina Judicial hay dos destinos: los servicios comunes y las UPAD. Precisamente esa implantación de Oficina Judicial permite la movilidad de los trabajadores de la Administración de Justicia.


Por lo que respecta a la implantación de los tribunales de instancia, nuestra organización no está de acuerdo en la implantación de los tribunales de instancia provinciales porque defendemos una justicia cercana al ciudadano, ya buscaremos
otras fórmulas e incluso antes he hablado de los tribunales de base. Apostamos por una mediación que sea suscrita mediante un acuerdo con el Ministerio de Justicia donde los gestores que forman parte de los cuerpos generales pueden pasar a prestar
ese servicio. Además, apuntaba que la implantación de la nueva Oficina Judicial buscaba superar esa organización que ya debería haber pasado a la historia. La implantación de la nueva Oficina Judicial nos ha demostrado, y creo que mis compañeros
coincidirán conmigo, en que se ha implantado únicamente por maquillar la realidad de lo que era la Administración de Justicia en ese partido judicial. Para implantar la Oficina Judicial había que haber dispuesto o incrementado el número de recursos
humanos. De hecho, coincidirá conmigo en que efectivamente donde se han implantado las primeras fases de Oficina Judicial ha sido necesario nombrar un número determinado de refuerzos, que a día de la fecha por fin ya se van a consolidar como plazas
estructurales.


Respecto a las manifestaciones de la portavoz del Grupo Podemos sobre el estado cochambroso de los juzgados, creo que hay muchos juzgados que necesitan realmente obras y acondicionamiento e incluso nuevas sedes judiciales. Como decía antes
la compañera de UGT tenemos la oportunidad de visitar muchos órganos judiciales distribuidos por todo el territorio nacional. Es verdad que necesitan mejoras y es verdad que algunos no se adaptan a los planes de prevención y hay que invertir en
edificios judiciales, pero creo que el ciudadano cuando acude a los órganos judiciales actuales tampoco se va con esa sensación de que son centros cochambrosos.


En cuanto a los comentarios del portavoz de Ciudadanos sobre los temas de los tres días, efectivamente ha sido fruto -así lo queremos pensar- de un acuerdo que hemos alcanzado entre los representantes de los trabajadores con el Ministerio de
Justicia. Respecto a la interinidad me reitero en lo que he dicho anteriormente. El 29 de marzo se firmó un acuerdo donde cerca de 250 000 plazas aproximadamente de todos los ámbitos sectoriales, que ahora mismo están cubiertas por personal
interino, pasarán a formar parte de plazas en RPT de cada distinto ámbito. Por tanto, en lo que respecta al ámbito de la Administración de Justicia estamos satisfechos porque por fin dará satisfacción a todas las demandas de que queremos un empleo
estable, en beneficio de una mejor Administración de Justicia. Además, quería trasladarles que estamos en fase de consolidación con respecto a los puntos del acuerdo de cerca de 265 plazas que se han abordado en tres fases en la negociación: la
primera fase, la nueva Oficina Judicial; la segunda fase, sedes donde no hay implantada Oficina Judicial, y queda pendiente de negociar la tercera fase referida a órganos centrales. Según nos ha informado el ministerio, la primera fase está
pendiente de publicación en la RPT porque ya se ha emitido el informe favorable por el Consejo General del Poder Judicial, y la segunda fase, están en ello.


En cuanto a los puntos del acuerdo, sí hay algún punto del acuerdo que queda pendiente de cumplir. Realmente deberían de tomarse muy en serio las cotizaciones a la Seguridad Social porque afecta a un número importante de trabajadores. Como
bien saben, hasta el año 1990 mediante un real decreto no se

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le dio salida a aquel personal interino que trabajaba en la Administración de Justicia, que únicamente tenían derecho a la sanidad, pero nada más. A día de hoy se están jubilando muchos de esos compañeros y se ven afectado por ello. En
realidad esto pasa por un acuerdo político porque los tribunales ya se han pronunciado y obligan a la Seguridad Social a que reconozcan esos periodos trabajados pero no cotizados. Lo que ocurre es que la Seguridad Social sistemáticamente se niega a
reconocer esos periodos de tiempo. Les pido un esfuerzo para que intenten dar una solución a cientos y cientos de compañeros que están a las puertas de la jubilación y no ven reconocidos esos periodos trabajados, pero no cotizados, por un vacío
legal que en su momento no les amparó.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación tiene la palabra el señor Fernández Alaya.


El señor FERNÁNDEZ ALAYA (Vicesecretario general del STAJ): Muchas gracias, presidenta.


Voy a intentar dar respuesta a todas las cuestiones que pueda, aquellas que he logrado anotar. La representante del Grupo Popular hacía mención a que la justicia funciona gracias a sus profesionales. Por supuesto, no podemos estar más de
acuerdo. Tradicionalmente los medios con los que ha contado la Administración de Justicia han sido muy escasos y, por eso, precisamente por la dedicación de todos los profesionales que trabajamos en ella, ha podido la justicia tirar para adelante.
Si no hubiera sido así la justicia no solo estaría colapsada como ahora, sino que sería un auténtico desastre. No lo es tanto, precisamente por todos los profesionales: jueces, letrados, gestores, tramitadores, auxiliares, etcétera.


Decía que había que despejar las dudas sobre la privatización en cuanto al Registro Civil. Es cierto que proyectos de ley que estuvieron sobre la mesa hace algunos años se pararon, pero también es verdad que algunas de las medidas o
resoluciones que se están adoptando en relación con el Registro Civil vacían de competencias las oficinas registrales y se otorgan esas competencias a otros sectores, a profesionales liberales. Nosotros entendemos que eso es en cierto modo
privatizar el Registro Civil, al menos en una parte. Además, que no se privatice no soluciona el problema fundamental que es dónde vamos a residenciar el Registro Civil. Nosotros seguimos opinando que debe seguir como un servicio más dentro de la
propia Administración de Justicia. Esto debe quedar claro, no se deben aportar soluciones transitorias que es lo que propuso el ministerio hace algunos meses.


En cuanto a la recuperación de derechos celebramos que por fin, después de hace un año que se alcanzaron esos acuerdos, se incluya. Hace casi dos años que se alcanzaron los acuerdos, aunque es cierto que ha habido un año casi en blanco
porque hemos pasado una legislatura sin Gobierno. Pero ya es hora y celebramos que, por fin, se incluya esta recuperación de derechos. No entendemos por qué se hizo este recorte. Si difícil era entender el recorte en los salarios, sobre todo en
los cuerpos donde los trabajadores menos salario reciben, es absolutamente incomprensible, en la Administración de Justicia al menos, que se recorten derechos como son la supresión de permisos porque todos los que están aquí saben que los
funcionarios de la Administración de Justicia cuando nos vamos de permiso o de vacaciones nadie hace nuestro trabajo y cuando volvemos de esos permisos o vacaciones tenemos que hacer todo lo que no hicimos porque estábamos de permiso de vacaciones.
No entendemos por qué se ha hecho este recorte, que la mayoría de los compañeros ha considerado como un ataque a nuestra profesionalidad.


Se ha hecho mención también a la estabilización de empleo público. Llevamos reclamando este tema desde las organizaciones sindicales, la mía en concreto, en la mesa sectorial de la Administración de Justicia desde hace años. Desde hace
años no se cubren las necesidades de cobertura de puestos de trabajo en la Administración de Justicia mediante una oferta de empleo público, que responda de verdad a las necesidades de cobertura de puestos. Eso ha generado que haya muchísimas
vacantes y mucho empleo interino; en definitiva, mucho empleo precario que responde o se utiliza para necesidades que son permanentes y estables pero no coyunturales, que es para lo que está pensado el interino. Lo que lamentamos es que esta
medida se tome ahora. Quizás se haga porque la justicia europea está diciendo que eso no se puede mantener por más tiempo y está diciendo al Estado mediante sentencias que el empleo interino solo puede utilizarse para necesidades coyunturales, y no
como se está haciendo para necesidades permanentes y estables. Digamos que se está viendo la oreja al lobo, y por eso se ha actuado ya. Hace tiempo que se tenía que haber actuado, o al menos no se tenía que haber llegado a esta situación.


Se dice también que hay pocos jueces, pero muchos funcionarios. Yo no sé de dónde sale exactamente este dato, quizás se refiera a que hay muchos funcionarios en general, pero no de la Administración de

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Justicia. Si se refiere a eso, yo creo que no es así. En cualquier caso, cuando hablaba antes de este asunto me he remitido a los informes del Consejo General del Poder Judicial y a las memorias de los tribunales superiores de justicia,
que siempre señalan -entre otras cosas, por supuesto, no solo esto- la necesidad de crear más órganos judiciales. Y un órgano judicial tiene un juez, un letrado de la Administración de Justicia y una plantilla de funcionarios de los cuerpos
generales. Por tanto, es evidente que hacen falta más jueces, pero también más funcionarios. Prueba de ello es, como mencionaba antes, que existe mucho personal de refuerzo que no forma parte de la plantilla orgánica. Esto sucede porque se ha
constatado que es necesario más personal, por eso hay refuerzos, si no fueran necesarias no habría más personas.


Respecto a la modernización de la justicia ya dije que nosotros estamos de acuerdo, pero queremos que se haga bien y se solucionen los problemas con la máxima celeridad. La nueva Oficina Judicial se desarrolla en una ley y fue fruto de un
acuerdo que traía causa del Pacto de Estado por la Justicia del que hace ya, si no recuerdo mal, casi veinte años. Es cierto que en el desarrollo de la Oficina Judicial se han producido muchas disfunciones, eso no podemos negarlo. Yo no digo que
no se siga adelante con la Oficina Judicial, sino que nos paremos a ver dónde están los fallos que se han producido y, como se ha apuntado antes, hace falta más personal. ¿Por qué hace falta más personal si se suponía que la organización de la
Oficina Judicial iba a permitir precisamente optimizar recursos humanos? La prueba de que no ha sido así es el nombramiento de personal de refuerzo.


El Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea hacía referencia a las sedes judiciales. Desde luego hay muchas que están penosas, ha citado algunas y es algo evidente, está en la prensa y todos los ciudadanos cuando
acuden a los juzgados lo ven. Creo necesario invertir en infraestructuras judiciales y eso conlleva sedes judiciales en condiciones y equipos informáticos buenos que no queden obsoletos a la primera de cambio. Creemos que los poderes públicos
deben apostar por ello decididamente. El portavoz de Ciudadanos y otros grupos parlamentarios hacían referencia al sistema de partidos judiciales. Nosotros no es que queramos desprovincializar determinado tipo de juzgados, si se ha entendido eso,
no era nuestra intención. Los juzgados que son provinciales está bien que lo sigan siendo porque son materias que tampoco es necesario que estén en todos los partidos judiciales en municipios de más o menos dimensiones, pero lo que son los primeros
escalones de la justicia, juzgados de primera instancia, juzgados de instrucción, sí que deben permanecer en los partidos judiciales actuales porque son el día el día, lo más cotidiano de los ciudadanos. Por eso alejarlos mediante su traslación a
órganos uniprovinciales creemos que no es lo más adecuado. También consideramos que hay que potenciar la justicia de paz, habrá que estudiar cómo y hasta qué punto. Y desde luego, potenciar las funciones que desempeñamos los funcionarios dentro de
estos órganos como primer escalón de la Administración de Justicia.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


A continuación, tiene la palabra la señora López Ramón.


La señora LÓPEZ RAMÓN (Coordinadora general del sector de la Administración de Justicia de CCOO): Muchas gracias, señora presidenta.


Voy a tratar de resumir porque algunas cuestiones se han contestado por los compañeros que me han precedido en el uso de la palabra y, como coincido con ellos, no las voy a reiterar. Empezaré contestando a la representante del Grupo
Parlamentario Popular y haré alusión al mismo tiempo a la intervención del Grupo Parlamentario Socialista, que particularmente me ha sorprendido, diciendo dos cosas. En primer lugar, en las reformas, tanto procesales como tecnológicas o de carácter
sustantivo, debe tenerse en cuenta fundamentalmente el garantizar el mayor y mejor acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia. En Comisiones Obreras entendemos que ese es el objetivo, y no el criterio economicista, con el que se debe
hacer cualquier tipo de reforma. Lamentablemente no ha sido así en ninguna de ellas, tanto en la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que estableció la Oficina Judicial como en las sucesivas, y más en concreto en las últimas reformas que
están causando un auténtico caos en la Administración de Justicia. Particularmente me ha sorprendido una afirmación del representante del Grupo Parlamentario Socialista que viene a decir que ha disminuido el trabajo en algunos órganos judiciales o
en algunas jurisdicciones. Ciertamente hay que analizar por qué ha disminuido el trabajo. ¿Acaso no se han llevado a cabo reformas legislativas que están impidiendo el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia, señorías? ¿No podemos
analizar que esa ha sido la causa? ¿Por qué se tiene tanto miedo a

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analizar estas cuestiones? ¿Por qué no se puede entender y, además, comparar dato a dato que en las audiencias provinciales o en los tribunales superiores se ha reducido drásticamente la litigiosidad o la entrada de asuntos, precisamente
porque hay determinadas reformas como la Ley de tasas que grava gravísimamente -valga la redundancia- el acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia? ¿Por qué no pensamos eso? ¿Acaso no son los profesionales, con todo el reconocimiento
a su labor, los que están pagando de su bolsillo cada recurso con los cientos de euros que se exige a cada ciudadano por recurrir? ¿Por qué no analizamos que lo que se está haciendo es precisamente adoptar una reforma de la Administración de
Justicia desde el punto de vista economicista y no desde el punto de vista de garantizar el mayor y mejor acceso de la ciudadanía a la Administración de Justicia? Por eso me ha sorprendido la mención del portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
al descenso de la litigiosidad. Nosotros tenemos datos y se los podemos facilitar, pero lo que queremos trasladar aquí a todos los grupos parlamentarios es la posibilidad, no de no hacer estas comparecencias que nos parecen muy bien y agradecemos,
sino de hacer en estas cuatro materias que son objeto de la subcomisión algún tipo de monográfico o un monográfico por cada una de ellas y, además, que no hagamos -con todo el respeto- comparecencias sesgadas, seguramente por falta de tiempo, porque
entendemos que los cuatro representantes de los sindicatos más representativos estaríamos en condiciones de debatir -y a ustedes seguramente les arrojaría más luz- si al mismo tiempo estuvieran con nosotros tanto los representantes de los letrados
como de la Fiscalía y de la magistratura, y no separadamente porque así es el funcionamiento de la Administración de Justicia. Seguramente arrojaríamos más luz si esas intervenciones fueran al mismo tiempo y no, insisto, de forma separada.
Entendemos que es por falta de tiempo, pero seguramente se buscarán mecanismos para que esas intervenciones se produzcan en un plano de igualdad porque, si no, nos da la impresión de que eso faltará en la Administración de Justicia.


Mencionaré algunas cuestiones que comentaba la representante del Grupo Parlamentario Popular en base a nuestras apelaciones con miedo por el tema de las privatizaciones. Lo cierto y verdad es que el ministro de Justicia ha reiterado su
compromiso de que el Registro Civil siga siendo público, gratuito y se mantengan todas las oficinas judiciales, pero como los compañeros han dicho antes, hay un montón de actuaciones del Registro Civil que se han vaciado, entre ellas prácticamente
todas las referidas a la nacionalidad, para dar trabajo -con todo el respeto, señorías- a altos funcionarios de la Administración del Estado, véase registradores de la propiedad o notarios. Esa es una realidad y con mucho gusto Comisiones Obreras
les trasladará cuáles son esas actuaciones, que son muchas y se han vaciado del Registro Civil yendo a parar a los registradores de la propiedad y a los notarios, que ciertamente cobrarán por arancel, pero cobran, y no cómo se venía haciendo en el
Registro Civil hasta que esto se produjo. Por otra parte, respecto a la pregunta de si las cosas pueden empeorar, yo he aludido ahora a las tasas judiciales, a Lexnet y a la reforma de la reducción de los plazos de la instrucción penal. Señorías,
les invito a que pasen una jornada o una semana por los órganos judiciales, y verán cuánto ha supuesto de trabajo todas estas medidas para los órganos judiciales y cuánto ha supuesto de mejora para la ciudadanía. Actualmente nada, ni Lexnet ha
supuesto una mayor agilización en los trámites de la Administración de Justicia ni tampoco el recorte del plazo de la instrucción penal a seis meses porque, insisto, la mayoría de las causas penales se están declarando complejas porque, si no, sería
imposible investigarlas en ese plazo. Les invito a que hagan ese esfuerzo de pasarse por los juzgados y verlo.


Por otro lado, valoramos positivamente el Acuerdo de estabilización para el empleo que se ha adoptado en la Mesa General de Negociación de Empleados Públicos, pero en el ámbito de la Administración de Justicia tenemos que decir dos cosas;
por más que estamos suplicando al ministro de Justicia, porque creemos que tenemos derecho a ello, que nos dé los datos sobre cuál es el empleo interino en la Administración de Justicia, además separadamente vacantes y refuerzos, lo cierto es que
estamos esperando. Aquí tenemos que trabajar con documentación y absoluta transparencia. Una cosa es la confianza y otra la fe, y se trata de saber si efectivamente son equis plazas porque el ministro y usted nos acaban de decir que son 7900, pero
es que en los datos de Comisiones Obreras no figuran 7900 plazas, sino 12 400. Entonces, vamos a ver con los datos encima de la mesa cuáles son las plazas reales porque en esto, como en todo, no tenemos datos y nos piden simplemente que hagamos una
cuestión de fe. Señorías, en serio, para confiar es mejor que tengamos los datos encima de la mesa. Respecto al acuerdo del 18 de diciembre de 2015, desde Comisiones Obreras saludamos que el Grupo Parlamentario Popular haya presentado una
proposición de ley para que se cumpla una parte del acuerdo; y decimos una parte del acuerdo porque los compañeros se referían a las cotizaciones a la Seguridad Social, a los refuerzos, etcétera, que son asuntos que aún están pendientes. No
obstante, en cuanto a la proposición

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de ley, que saludamos, sí tenemos que hacer un reproche al señor ministro porque después de dos años ha sido incapaz de cumplir el acuerdo. Y nos duele porque aquí se ha vulnerado la negociación colectiva, ya que los sindicatos hemos
llegado a un acuerdo con el ministro de Justicia, no con el Partido Popular. No digo que no quisiéramos llegar a acuerdos con el Partido Popular, que no se malentienda, pero hemos llegado a acuerdos con el señor ministro de Justicia y creemos que
es responsabilidad del Gobierno ejecutar esos acuerdos. Insisto, agradecemos la proposición de ley, pero es responsabilidad del señor ministro de Justicia y de su Gobierno presentar el correspondiente proyecto de reforma de la ley orgánica para
cumplir aquello que ha pactado porque, efectivamente, se lo ha saltado y quien lo está cumpliendo es el Partido Popular, pero no el señor ministro de Justicia.


Por último, volvemos a reiterar nuestra propuesta de hacer monográficos. Y por alusiones, respecto a su idea de que parece que los cuatro sindicatos representativos estamos en el inmovilismo, hay que saber también para qué se mueve uno. Se
dice que estamos en el inmovilismo en cuanto a la actual estructura territorial de la Administración de Justicia. Desde Comisiones Obreras hemos dicho que estamos de acuerdo, porque además es necesario, en que no podemos mantener una estructura de
partidos judiciales que es de hace 120 años, pero sí mantenemos exactamente la filosofía de los partidos judiciales por entender que es la mejor fórmula para garantizar que la ciudadanía perciba que la justicia existe. En este país se ha empezado a
pensar que hay que hacer grandes ciudades de la justicia como la ciudad financiera del Banco Santander o la industrial de Telefónica. No, estamos hablando de servicios públicos y estos tienen que ser servicios que la gente vea y tenga lo más
cercanos posible. Ciertamente, hay cuestiones que son de carácter civil, es decir, aquellas que afectan directamente a los ciudadanos, reclamaciones y pleitos o conflictos que tienen entre sí, que no se pueden llevar a las capitales de provincia.
No podemos desestructurar el territorio en absoluto, por eso desde Comisiones Obreras tenemos propuestas reales -que no son de cinco ni de diez minutos porque queremos con toda la voluntad que sea así- y seguimos emplazando para discutirlas a través
de monográficos. Creo que es la única posibilidad de que podamos llegar a acuerdos.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


Para cerrar este turno, tiene la palabra la señora Carrero Díaz.


La señora CARRERO DÍAZ (Responsable federal del sindicato de justicia FESP-UGT): Gracias.


No voy a seguir el orden de las intervenciones de los grupos, iré mezclando un poco para concluir más rápido. El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista preguntaba qué hacer con la movilidad de la plantilla. Yo tengo mi destino actual
en la Ciudad Autónoma de Ceuta con nueva Oficina Judicial desde hace unos años. Ya se cambió y la filosofía de las funcionarias y funcionarios que estamos allí destinados es saber que los que estamos en la UPAP, el destino es la UPAP y poco a poco
va cambiando la cultura. O sea, ese no es el problema por el que criticamos el modelo de organización. Es verdad que tengo que reconocer que hay sitios en que está funcionando mejor que en otros, pero habría que hacer un debate como el que se está
planteando aquí. Son temas para abrir grupos de trabajo, hacer propuestas y debatir y consensuar medidas.


En cuanto a la supresión del partido judicial, como han dicho los compañeros, creemos que hay que reformar el modelo, pero también hay que estudiarlo en determinados tipos de servicio público. No sé si la reforma se plantea por hacer la
Administración de Justicia más llevadera económicamente y ahorrar costes o por qué, pero un servicio público no tiene que dar un rendimiento económico. Mi compañera ha hablado de determinados delitos civiles y yo considero que hay determinados
delitos penales, como puede ser el caso de las víctimas de violencia de género que son atendidas en esos primeros juzgados, en los que hacerles trasladarse a una capital de provincia, con niños menores, etcétera, no tiene sentido porque ya sufren
bastante como para hacerles pasar por ese trago. Por tanto, creo que es un debate largo y habrá que dar muchas vueltas a cómo se puede solucionar este asunto.


En cuanto a los edificios judiciales, no los podemos definir todos con esta casa es una ruina, pero yo sí he visto, sobre todo en partidos judiciales pequeños de Castilla-La Mancha, Castilla y León y Extremadura, sedes donde el edificio deja
mucho que desear. Es verdad que se están reformando o construyendo nuevos edificios en muchos sitios, pero otro de los problemas que denunciamos y que a veces sucede con los edificios judiciales -y además, da pena porque es dinero público-, es que
se hace un proyecto de palacio de justicia y cuando se quiere acabar de construir y se entrega la obra, ya ha quedado desfasado en cuanto al número de plantillas que trabajarán allí. Nos hemos quejado de ello

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porque esto supone una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en la Administración de Justicia por el hacinamiento que sufren nuestros compañeros. Otro problema es que los arquitectos que tiene el ministerio no se dónde
tienen la cabeza porque, por ejemplo, el suelo del palacio de justicia de Cáceres es de pizarra irregular, y luego la última idea genial fue pulirlo para darle brillo, con lo cual además de que los auxiliares judiciales se van cayendo con los carros
continuamente por la irregularidad del suelo, los demás que entramos nos vamos resbalando. Por tanto, es un peligro no ya solo para los empleados de esta Administración, sino para la ciudadanía en general. Muchas veces las críticas a la situación
de los palacios de justicia vienen por todas estas cosas que se van sumando.


En cuanto al acuerdo de 2015, todas las organizaciones sindicales trabajamos con mucha ilusión. Además, se firmó en un día muy crítico, dos días antes de las elecciones generales y no sabíamos qué podía ocurrir, si se iba a cumplir o no. Y
nos quejamos porque se está tardando muchísimo en desarrollar todos los puntos que contiene este acuerdo, muchos de ellos son muy importantes para nosotros, como puede ser los refuerzos en los órganos centrales. En los concursos de traslado, como
ha pasado en el de 2017 que está ahora en tramitación, prácticamente no han salido plazas para los cuerpos de auxilio, tramitación y gestión. Hay plazas de refuerzo en las que la misma persona lleva quince y veinte años. Esto denota claramente que
hay una necesidad coyuntural, si esas plazas se convirtieran en plantilla nuestros compañeros que están fuera de su casa y quieren volver, por ejemplo, fuera de Madrid, podrían optar a ellas. ¿Por qué se les vulnera ese derecho? ¿Por qué han
pasado dos años sin implementar esa cláusula del acuerdo? O sea, en algunas ocasiones tenemos motivos para quejarnos. Mi organización sindical firmó el acuerdo de 29 de marzo de 2017, y estoy a favor porque creo que es bueno para las
administraciones, especialmente para las que fueron declaradas sector estratégico en cuanto a su alta temporalidad como es la Administración de Justicia. En noviembre o diciembre empezaremos a negociar con el ministerio la implementación en dos o
tres años de este acuerdo.


En cuanto a Lexnet y las nuevas tecnologías, ¿qué se puede mejorar? Una cosa que llevamos muchísimo tiempo pidiendo es la formación pero presencial. Tenemos algunos compañeros con más de sesenta años que no han tenido inquietud por las
nuevas tecnologías, y cuando les he visitado me han dicho que no sabían manejar un correo electrónico; cómo van a ser capaces, los pobres, de manejarse ahora aquí. No se ha apostado por una cultura del cambio, por saber vender bien lo positivo que
iba a ser esto. Entonces, si te falta formación y no se ha apostado por esa cultura del cambio, es lógico que se genere rechazo, sobre todo porque cuesta mucho hacer un trabajo que antes se hacía muy fácilmente, por ejemplo, un auto de
sobreseimiento provisional que se hacía en un minuto ahora te puede llevar tres horas. Entonces, es necesaria la formación. Y hay una cosa que se debería investigar y que UGT lleva un par de años denunciando. Detrás del llamado CAU hay una
empresa a la que pagamos todos los españoles, que nos tiene que resolver todas las incidencias que se producen en los órganos judiciales, desde los magistrados hasta el Cuerpo de Auxilio Judicial. Los puedes llamar quinientas veces, te toman las
incidencias, cada vez te dan un número, y tú tienes un procedimiento que se te queda parado porque no puedes sacar la resolución que sea y tardan tres o cuatro meses y no lo han resuelto. Y encima para colmo tenemos que llamar desde el teléfono de
los órganos judiciales a un 902. Entonces, sí hay cosas que se pueden resolver.


Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a los cuatro comparecientes. Ahora hacemos un receso de treinta segundos para despedir a la mesa de los sindicatos y dar la bienvenida al nuevo compareciente. (Pausa).


- DEL SEÑOR SEGOVIA LOSA, COORDINADOR DE LA FUNDACIÓN ABOGACÍA ESPAÑOLA, EN REPRESENTACIÓN DE LA COORDINADORA DE ONGD, PARA INFORMAR SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON EL ESTUDIO Y DEFINICIÓN DE UNA ESTRATEGIA NACIONAL DE JUSTICIA. (Número de
expediente 219/000845).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con las comparecencias de la tarde. Vamos a dejar que se acomode nuestro compareciente. Intentaremos, vamos a ver si lo conseguimos, ser rigurosos con los tiempos. El siguiente compareciente representa a
la Coordinadora de ONGD de España y es coordinador de la Fundación Abogacía Española. Su nombre es don Francisco Segovia Losa. Como sabe, tiene quince minutos para una primera exposición, después los grupos parlamentarios dispondrán de cinco
minutos para hacer preguntas o manifestar sus prioridades y, por último, una segunda vuelta para darles respuesta,

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sin que ello impida que además pueda remitirnos la información que considere necesaria para los trabajos de esta subcomisión.


Así que, sin más preámbulos, tiene la palabra el señor Segovia.


El señor SEGOVIA LOSA (Coordinador de la Fundación Abogacía Española, en representación de la Coordinadora de ONGD): Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, en primer lugar, quiero transmitirles el agradecimiento de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo y de la Fundación Abogacía Española por darnos voz en esta sesión. Quizá esta intervención no vaya a
sonar tan técnica como otras que han escuchado en esta subcomisión en sesiones previas. En cierto modo no puede serlo porque la coordinadora no es un actor del sistema de justicia de este país que pueda orientarles a ustedes en el diseño de su
estrategia para que el funcionamiento diario del sistema de justicia sea más eficaz, más transparente, más ágil, más eficiente, tal como se han fijado entre sus propósitos. No obstante, aunque es verdad que las organizaciones que forman la
coordinadora o la propia Fundación Abogacía Española no hacemos ese trabajo diario de hacer funcionar la maquinaria de la Administración de Justicia, sí que desarrollamos proyectos del sector justicia en otros países y también en España, y
procuramos estar informados del funcionamiento de la justicia para al mismo tiempo intentar incidir como sociedad civil en su mejora. Por tanto, obviamente nos ha parecido muy acertado que nos hayan invitado y les queremos transmitir nuestro
agradecimiento. Vamos a ver cómo podemos aprovechar los conocimientos y la experiencia que tenemos las organizaciones en la labor de la subcomisión para intentar serles de utilidad. Procuraremos ser lo más técnicos y concretos que seamos capaces
al transmitirles nuestros mensajes.


Vamos a señalar a esta subcomisión algunas coordenadas que se refieren, desde nuestro punto de vista, a la relación entre el sistema de justicia y el respeto y la protección de los derechos humanos. Esta expresión, derechos humanos, no
aparece en el objeto de trabajo de esta subcomisión, pero es evidente que al querer dotar a la estrategia, tal como está indicado, de una dimensión social orientada a los ciudadanos y cuidadosa con los colectivos más vulnerables, y al querer dotarla
de una dimensión de seguridad jurídica, se está invocando el respeto y la protección de los derechos humanos. Estamos convencidos de que la cooperación al desarrollo y la fidelidad al espíritu de los derechos humanos son enormemente trascendentes
en la estrategia nacional de un país democrático, que pertenece a la Unión Europea y que, indudablemente, tiene un peso importante en el mundo como es España. La justicia en España debe ser cumplidora con los derechos humanos, Y así creemos que
debe ser reflejado en su documento estratégico.


Permítannos que mencionemos de manera introductoria la interdependencia que existe entre los sistemas de justicia nacionales de los Estados y el estado de la justicia a nivel global. Aunque no será el objeto principal de esta intervención,
queremos que esto quede reflejado de manera contextualizada. El mundo globalizado ha aflorado con formas de terrorismo poco comunes antes del año 2001, con grandes flujos migratorios por causas desastrosas, pobreza y conflictos armados, y con una
rápida erosión del medio ambiente, en definitiva, con amenazas de diferente índole para el bienestar; un mundo globalizado que, por otra parte, es innegable que también ha comportado grandes beneficios y potencialidades de progreso a la humanidad
pero que, en cualquier caso, nos obliga a adaptar nuestros recursos y nuestras políticas nacionales a sus circunstancias, ya que todos estamos influenciados por él. Todos debemos ser un poco más conscientes de que la pobreza, las injusticias o la
violencia en cualquier lugar del mundo afectan globalmente, y asimismo de que la situación global de nuestro planeta nos afecta localmente de manera acuciante con un efecto de ciclo retroalimentado. Transitar hacia un mundo menos injusto es un reto
pendiente de la comunidad internacional en el objetivo de proteger los derechos de todos y también los de los ciudadanos de los países que tienen la fortuna de vivir coyunturas de paz y prosperidad.


Vivimos en un país de la Unión Europea, un territorio que desde hace décadas, y seguramente por muchas más todavía, ha tenido y tendrá una fuerte presión migratoria. La justicia española y las instituciones europeas necesitan destinar cada
vez más recursos a la correcta protección de los derechos de los extranjeros, especialmente de los más vulnerables que llegan a nuestro territorio como consecuencia de los conflictos y el empobrecimiento de otros países del mundo, y lo hace en
cumplimiento del derecho, tal como desarrollaremos más adelante. El impacto que la situación mundial o fenómenos que ocurren incluso lejos de nuestras fronteras tienen sobre nuestros sistemas nacionales, por ejemplo, con el sistema de justicia para
el que ustedes están diseñando sus pilares estratégicos, queda ejemplificado de una

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manera muy clara en la política de gestión de los flujos migratorios y en los datos sobre nuestras obligaciones legales de garantizar el acceso a la justicia de los inmigrantes en España o de los refugiados.


En este punto, queremos recordar también, con enfoque de contextualización, el compromiso de España con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, con la Agenda de Naciones Unidas de 2030. Desearíamos que España tuviera un alto
grado de implicación en el trabajo de la ONU con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo que concierne al trabajo de esta subcomisión, queremos indicar que el acceso a la justicia es un derecho llave y un elemento fundamental del desarrollo
y la paz social, que se encuentra recogido en el objetivo 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, dirigido a promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas, señalando que acceso a la justicia adecuado de los colectivos más vulnerables es
imprescindible para la igualdad y la cohesión social.


Expresadas estas notas de contextualización sobre la interdependencia que existe entre el contexto internacional y la política nacional de los países, que nos parecía necesario poner de relieve, nos referimos a nuestro mensaje principal, que
es el de invocar que nuestra justicia esté orientada desde el origen como una justicia cumplidora con los compromisos internacionales en materia de derechos humanos, lógicamente, desde el reconocimiento, en primer lugar, de que España, como
corresponde a un país de la Unión Europea, está a la vanguardia mundial de la promoción de los derechos humanos y es firmante de numerosos tratados, convenios y protocolos internacionales de derechos humanos que le obligan, sometiéndose España a su
vigilancia y supervisión a través de los órganos internacionales correspondientes. Dicho esto, también es necesario indicar que en todos los países existen una serie de puntos críticos de fricción entre el sistema de justicia y los preceptos
básicos de la protección de los derechos humanos, los cuales vamos a intentar señalar en esta intervención. Acercar la justicia al ciudadano implica hacer un esfuerzo más grande con los que la tienen más lejos, que son los colectivos más
desfavorecidos. Creemos que esta idea debe ser especialmente tenida en cuenta por esta subcomisión para poder orientar a la previsión de los recursos necesarios y adecuados la estrategia de justicia para que sea cumplidora con los derechos humanos.


En primer lugar, entre esos puntos críticos de fricción, nos referiremos a los derechos de los extranjeros, particularmente de los más vulnerables. La normativa internacional de los derechos humanos excluyó la clásica distinción
nacional-extranjero y proclamó la existencia de un conjunto de derechos cuya titularidad se predica de todo ser humano. La estrategia de justicia de un país debe garantizar, tanto desde un punto de vista regulatorio como administrativo, el
ejercicio de todos los derechos fundamentales para los extranjeros. Quiero aludir, solo de pasada, a decisiones administrativas referidas al derecho a la salud de los extranjeros que han puesto en riesgo esa superación de la distinción
nacional-extranjero en nuestro país en alguna ocasión de manera puntual. En relación con el ejercicio de derechos fundamentales de los extranjeros en España, queremos manifestar con preocupación que nos estamos encontrando con que se dan muchas
dificultades en la detección por parte de nuestro sistema de solicitantes de asilo víctimas de trata y menores extranjeros no acompañados y, por tanto, en el acceso a la justicia de estos grupos especialmente vulnerables.


Otro punto conflictivo en materia de protección por la justicia de los derechos fundamentales de los extranjeros, está dicho por activa y por pasiva, es la situación en los centros de internamiento de extranjeros. Demasiadas denuncias,
demasiada opacidad y demasiado enfoque policial para unos centros que tienen por objeto resolver la expulsión de personas que se encuentran simplemente en situación administrativa irregular en nuestro país. Continuando con puntos críticos en
materia de extranjería, concretamente en relación con el acceso a la justicia de los refugiados, también se encuentra esta dificultada, que en gran medida se debe al escaso esfuerzo de nuestro sistema para informar adecuadamente a los refugiados de
sus derechos y de sus diferentes opciones para acceder al procedimiento. En este momento se encuentra en proceso de reforma todo el sistema de asilo europeo, por lo que sugerimos que la estrategia de justicia incorpore la visión de los principales
criterios que se encuentran en reforma actualmente en el sistema de protección de asilo en el seno de la Unión Europea. En todo caso, debe quedar constancia de que el enfoque que se debe aplicar, insisto, en cumplimiento del derecho, debe estar
basado en la protección de los derechos humanos por encima de un enfoque centrado en la seguridad militar y policial en relación con la emigración forzosa.


Otro fenómeno grave en relación con la protección de los derechos fundamentales de los extranjeros está vinculado con la trata y la explotación laboral o sexual en nuestro país. Aplaudimos la muy reciente adhesión de España al Protocolo de
la Organización Internacional del Trabajo para acabar con la explotación laboral, pero aún queda mucho por recorrer en este ámbito, así como en el de las víctimas de

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trata con fines de explotación sexual, que no encuentran, en absoluto, en el periodo de restablecimiento y reflexión previsto en la Ley extranjería, la protección de la justicia española debería extenderles. Por todo ello, hacemos una
fuerte recomendación sobre que el sistema de justicia español prevea más recursos especializados, mayores dotaciones económicas y más formación específica para jueces, fiscales y abogados para una protección adecuada de los derechos de los migrantes
en situación especialmente vulnerables. En particular, nos parece muy importante insistir en que se destinen más recursos a los mecanismos de información a migrantes sobre cuáles son sus derechos y sobre cómo acceder a la justicia.


Otro de los puntos críticos que tiene España en materia de protección de derechos humanos se encuentra en el ámbito de las personas con discapacidad, en el que nos consta un compromiso muy firme por parte de las instituciones españolas tras
la firma de la Convención internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, pero en el que todavía hay un trabajo importante pendiente en el ámbito del acceso a la justicia, más en concreto en la adecuación de procedimientos
judiciales a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual. Un estudio del año 2014 de la Organización Plena Inclusión revelaba que el 65 % de las personas con discapacidad intelectual que se hallaban en centros penitenciarios no
habían sido detectados como personas con discapacidad intelectual durante el procedimiento judicial. Esto impidió la oportuna valoración por parte de la justicia de la aplicación de medidas sancionatorias alternativas a las medidas penitenciarias
ordinarias para esas personas con discapacidad intelectual, incluso aunque supusieran privación de libertad, pero de acuerdo con recursos especializados. Creemos que nuestro sistema de justicia debe aumentar sus recursos para la atención, conforme
a las obligaciones internacionales de derechos humanos, a las personas con discapacidad intelectual que han cometido un delito.


Cambiando de tema, otro punto que debe ser atendido de manera particular en esta estrategia, debe ser la prevención de los malos tratos y la tortura. La tortura es un termómetro de las fricciones existentes en cualquier país del mundo entre
los criterios de seguridad y la protección de los derechos humanos. Las prevenciones deben ser máximas en este ámbito, y si bien no se puede afirmar que en términos relativos España tenga un problema importante con los malos tratos y la tortura, no
debemos ponernos una venda en los ojos y tenemos que reconocer que España ha sido condenada nueve veces en los últimos años por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no investigar denuncias de torturas, tal como se hace constar en un reciente
informe de la Fundación Abogacía Española. Queremos recomendar, y nos parece adecuado, que se considere por esta subcomisión que se contemplen prevenciones particulares en el ámbito judicial para proteger a las personas que denuncian torturas y
malos tratos inhumanos o degradantes, e incorporar de manera sistemática medidas de investigación y de acceso a pruebas, como el Protocolo de Estambul, o periciales médico-forenses puntuales para poder valorar los hechos denunciados a través de
elementos, más allá de la declaración de los funcionarios que han sido denunciados y que, obviamente, niegan los hechos. Cuando hablamos del ámbito de malos tratos y tortura no nos referimos exclusivamente al ámbito penitenciario, sino que debe
extenderse su vigilancia a los centros donde los extranjeros pueden estar privados de libertad por razones no penales, como ocurre en los centros de internamiento de extranjeros.


En nuestra opinión, también nos encontramos con fricciones con obligaciones internacionales de derechos humanos en la llamada Ley mordaza y en la protección de espacios cívicos. La Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la
Seguridad Ciudadana, que entró en vigor el 1 de julio de 2015, junto con la reforma del Código Penal, conocidas popularmente como leyes mordaza, han sido objeto de críticas por parte de diversas organizaciones de jueces, catedráticos de Derecho
Penal, numerosas organizaciones de la sociedad civil y el relator especial de Naciones Unidas sobre la libertad de reunión. La Ley de Seguridad Ciudadana supone un endurecimiento del Código Penal para los delitos en el límite de la libertad de
expresión y del activismo social y, por tanto, en el ámbito de la protección de los derechos humanos a los que España se obliga a través de sus compromisos internacionales.


Otro aspecto crítico que nos parece muy destacable para esta estrategia de justicia es la correcta interpretación del binomio empresas y derechos humanos, sobre la cual acaba de aprobar el Gobierno el pasado mes de julio un plan nacional.
Lograr que nuestras empresas sean justas en sus actividades en otros países y considerar las responsabilidades legales y sanciones en las que pueden incurrir respecto a nuestro propio marco jurídico nacional, para lo que, por cierto, no es
suficiente el mencionado plan de empresas y derechos humanos aprobado por el Gobierno en julio, nos parece una cuestión de importancia que debe ser considerada también por esta subcomisión. En este sentido, cabe mencionar también la

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necesidad de apoyar a los defensores de derechos humanos en España y globalmente, uno de los compromisos, por cierto, de la candidatura española al Consejo de Derechos Humanos para el periodo 2018-2020.


Creemos que para la justicia española es clave no mantener abiertos incumplimientos de compromisos internacionales. No me refiero únicamente al alineamiento perfecto que debe seguir nuestra justicia con el Convenio Europeo de Derechos
Humanos y con el cumplimiento de las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino al cumplimiento de las obligaciones y de los compromisos internacionales reflejados en los tratados y convenios de los que España es parte y a la
ejecución de sus dictámenes. Pondremos algunos ejemplos de incumplimientos. El Comité de Naciones Unidas para la eliminación de la discriminación contra la mujer condenó en el año 2014 a España por no proteger a Ángela González y a su hija Andrea,
de siete años, a la que el marido de Ángela asesinó en 2003 en una de las visitas pautadas en el régimen de separación. Las disposiciones de esta condena del Comité Cedaw a España han sido desoídas por la justicia española. El Comité de los
Derechos del Niño de Naciones Unidas solicitó al Gobierno español a finales de julio de este año la adopción de medidas provisionales en el caso de cuatro presuntos menores nacidos en la República de Guinea que estaban siendo tratados como adultos.
Las autoridades españolas han desoído también a este comité y no adoptaron dichas medidas provisionales. Actualmente, se desconoce el paradero de estos presuntos menores. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
ha condenado a España, también en julio, por no garantizar vivienda alternativa a una familia desahuciada de un piso en Madrid en cumplimiento de obligaciones de protección del derecho a la vivienda. El grupo de trabajo de Naciones Unidas sobre
desapariciones forzadas publicó el mes pasado un informe en que da a España un plazo de noventa días para presentar un cronograma con las medidas que debe implementar para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación para las
víctimas de desaparición forzada de la Guerra Civil y del franquismo.


España ha incorporado a su ordenamiento el formato de ejecución de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a través de la figura del recurso de revisión. Esperamos que sea un formato adecuado y que los plazos a los que se ve
sujeta esta figura favorezcan la ejecución de la sentencia de una forma justa, sobre todo pensando en la víctima. Pero también quisiéramos recomendar a esta subcomisión valorar que nuestro sistema de justicia adopte un formato concreto para la
ejecución de las decisiones de Naciones Unidas, como las incumplidas que he mencionado anteriormente.


Por último, refiriéndonos a decisiones nacionales con trascendencia internacional, queremos recordar al Legislativo las reformas legales que han hecho a la Ley Orgánica del Poder Judicial con la finalidad de eliminar la competencia de la
justicia española para juzgar algunos de los actos criminales más graves contra la humanidad, como podía hacerse antes de estas reformas. Estas reformas se han producido en el escenario de una corte penal internacional que aún es demasiado joven y
que adolece de una complejidad importante en sus procedimientos de investigación y persecución. Por tanto, la llamada jurisdicción universal de los Estados para determinado tipo de crímenes gravísimos es, en nuestra opinión, todavía imprescindible
para el funcionamiento de la justicia penal internacional. Su eliminación de nuestro ordenamiento jurídico ha tenido como consecuencia, aparte de un gran valor simbólico negativo, eliminar un instrumento de lucha contra la impunidad por crímenes
atroces. Esperamos que la estrategia de justicia en la que trabaja esta Comisión pueda, al menos, incorporar algunos elementos de apoyo a la justicia penal internacional, ejemplificada en los tribunales internacionales, particularmente en la Corte
Penal Internacional.


En definitiva, señalados algunos puntos importantes de fricción con derechos humanos, queremos recordar que la puesta en práctica real de la protección de los derechos humanos requiere necesariamente elevar el listón de las prevenciones
normativas y el listón del comportamiento de las autoridades, especialmente de los responsables de justicia y seguridad, pero también de otros funcionarios, en un concepto que no creemos que deba ser restrictivo en la estrategia sobre la que va a
informar esta subcomisión. Pensamos que esta estrategia que debería valorar cómo incorporar una serie de marcadores de los elementos de protección que deberían elevarse claramente por encima de lo mínimamente exigible en aquellos puntos críticos de
fricción con los mandatos de protección de los derechos humanos que obligan a nuestros poderes públicos; es decir, mantener elevados niveles de protección de elementos referidos a la imparcialidad de los jueces, a los mecanismos de acceso a la
justicia, incluyendo los mecanismos de asistencia jurídica para la población con pocos recursos o para los colectivos más vulnerables, o las garantías para el derecho de defensa de los ciudadanos.

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Creemos que en esta estrategia sería recomendable buscar y analizar, incluso hacer un estudio específico, para el que nos ponemos a disposición de sus señorías, los puntos en los que el funcionamiento de nuestro sistema de justicia está
comprometido por determinadas obligaciones internacionales que afectan a la protección de los derechos humanos, con la intención de paliar en origen las posibilidades de incumplimiento y de cruces de líneas rojas que perjudican la imagen de nuestro
sistema de justicia y que claramente tienen su punto álgido cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o los correspondientes comités de Naciones Unidas emiten sentencias o dictámenes censurando a España.


Para evitar estas situaciones de incumplimiento en el ámbito específico de la justicia, queremos apuntar algunas otras ideas o recomendaciones. Por ejemplo, llevar a cabo estudios de buenas prácticas de nuestros órganos judiciales e
impulsar mecanismos para lanzar su aplicación generalizada a nivel nacional. Estos estudios de buenas prácticas también podrían ser útiles tomando como referencia los órganos judiciales de otros países de la Unión Europea que están trabajando bien
en cuestiones como la lucha contra la trata de seres humanos, la protección de las minorías o la formación de los funcionarios en la prevención de la tortura.


Otro punto de mejora importante podría ser el impulso y el desarrollo de aplicaciones y herramientas web o basadas en las redes sociales que contribuyan a mejorar el acceso a la justicia. Tampoco creemos que sería en balde crear un grupo de
trabajo específico para el diseño de la estrategia que tiene que elaborar la Comisión de Justicia sobre la posible incorporación de herramientas informáticas para la mejora del acceso a la justicia de colectivos vulnerables, algo que hacen otras
instituciones europeas. También es muy importante que se mantenga y se incremente, en la medida de lo posible, la inversión en la formación de funcionarios en aspectos clave relacionados con la protección de los derechos humanos. En este sentido,
también hay programas europeos, como el Programa HELP del Consejo de Europa, que pueden ser muy beneficiosos.


Quisiéramos señalar la importancia de aprovechar al máximo desde la justicia el magnífico conocimiento que en materia de derechos humanos tiene la institución del Defensor del Pueblo y aplicar prioritariamente sus recomendaciones, por
ejemplo, en materia de protección de los derechos de las personas migrantes, por citar alguno de los trabajos que se vienen realizando particularmente bien desde ciertas áreas del Defensor del Pueblo.


Por último, nos parece necesario recordar que la universalización del acceso a la justicia es la garantía más íntegra de que los beneficios del progreso económico puedan aliviar también el sufrimiento de los que se ven más desfavorecidos en
la sociedad. La asistencia jurídica gratuita para las personas sin recursos suficientes es, además de una obligación moral y legal, un presupuesto indispensable del desarrollo sostenible. España tiene un sistema de asistencia jurídica gratuita,
del que podemos sentirnos orgullosos, que mantiene niveles de acceso a la justicia muy aceptables que favorecen la cohesión y la paz social en nuestro país. Por tanto, nos parece necesario marcar claramente en la estrategia nacional de justicia el
mantenimiento del sistema de asistencia jurídica gratuita como elemento imprescindible.


Tras estas recomendaciones de carácter general, queremos aprovechar la oportunidad para mencionar de modo un tanto singular otra recomendación, que sería la relativa a la incorporación de una perspectiva de género en la justicia. La
estrategia de justicia debería incorporar, en nuestra opinión, un plan específico de igualdad que busque combatir y eliminar estereotipos y roles en la justicia que dañan tanto a hombres como a mujeres que desempeñan su labor en este sector y que,
además, en ocasiones, está generando la aplicación de una justicia que reproduce -insisto, en ocasiones- en sus decisiones esos estereotipos que vuelven a fijar modelos de relación de desigualdad entre hombres y mujeres.


Para terminar, simplemente quiero reiterar que acercar la justicia al ciudadano, como he dicho antes, implica hacer un esfuerzo más grande con los que la tienen más lejos, que son los colectivos más desfavorecidos. Proteger los derechos
humanos puede parecer costoso, pero los gobernantes no pueden tener ninguna prioridad por encima. ¿Cuál?


Queremos insistir en nuestro agradecimiento a la subcomisión por haber tenido la deferencia de habernos invitado, a la coordinadora de ONG y a la Fundación Abogacía Española, a expresar la opinión sobre algunos elementos que podrían ser
tomados en consideración en la elaboración de la estrategia nacional de justicia. Dejamos constancia de este agradecimiento y también de la gratitud de la Fundación Abogacía Española a la coordinadora de ONG por habernos confiado esta intervención.
Con nuestra contribución esperamos haber dado cumplimiento a las expectativas de esta subcomisión.


Muchas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias por su exposición y por haber traído a los trabajos de esta subcomisión una visión diferente y sin duda muy importante, que es la de atender también a todos los colectivos con necesidades especiales en
esta estrategia para la justicia.


En nombre del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ BALSERA: Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias por su comparecencia, señor Segovia. Quiero trasladarle el agradecimiento de mi grupo por su labor, en primer lugar, porque ustedes están poniendo en valor la función social de la abogacía, mucho más allá de lo que es la mera
prestación del servicio de asistencia jurídica gratuita, y, en segundo lugar, por la labor que hacen defendiendo los derechos y el acceso a la justicia de todos los ciudadanos sin distinción. Sin duda, coincido con la presidenta en que su presencia
hoy aquí ha sido un gran aporte para esta estrategia nacional de justicia, especialmente en su apartado de una justicia más humana, más cercana a los ciudadanos, a pesar de que nos hayamos olvidado de consignar esa mención a los derechos humanos,
que sin duda tenemos muy presente aunque no esté plasmada aquí.


Quiero preguntarle, en primer lugar, por las personas con discapacidad ante los procedimientos judiciales. Usted ha llamado la atención sobre algunos problemas, pero me quiero referir a la fecha del próximo día 4 de diciembre, que usted
sabe que es cuando vence el plazo que España se dio para cumplir con el mandato de la Convención internacional sobre derechos de las personas con discapacidad. A pesar de que se han dado algunos pasos, en este aspecto sigue habiendo mucho camino
que recorrer. De hecho, hay sedes judiciales que ni siquiera son accesibles. El Cermi y otros movimientos asociativos en torno a la discapacidad han anunciado movilizaciones que van a consistir en animar a los ciudadanos con discapacidad a la
presentación de denuncias cuando se enfrenten a situaciones en las que la justicia no les resulta accesible o se vulneren otros derechos que les asisten. Quisiera saber si ustedes se han planteado colaborar con el Cermi y estos movimientos
asociativos en torno a la discapacidad en la presentación de denuncias.


Hay que reconocer su labor en cuanto a la detección y defensa de las víctimas de trata, ya que ustedes consideran que este delito es el que más víctimas genera dentro de nuestras fronteras. Quiero preguntarle qué medidas podrían recogerse
en esta estrategia para prevenir esta lacra, es decir, si tienen alguna propuesta legislativa en particular o en qué se concretarían esos recursos y esa formación que usted ha pedido.


Para terminar, quisiera preguntarle por los derechos humanos en el ámbito penitenciario. Ustedes han venido desarrollando una labor de apoyo a los presos españoles en el extranjero, pero yo me quiero circunscribir a los centros
penitenciarios españoles, que creo que es la materia que compete a esta estrategia. Vaya por delante, por supuesto, que no considero que en España se produzcan violaciones en materia de derechos humanos en nuestros centros penitenciarios; de
hecho, usted mismo ha dicho que nuestra justicia es cumplidora con los derechos humanos. Pero yo mismo he tenido que preguntar en alguna ocasión, en ejercicio de esa facultad de control al Gobierno, por qué no se encendía la calefacción en pleno
invierno en la prisión de Córdoba o por qué no se podían cursar estudios de bachillerato, por qué no había ni profesores que impartieran estas clases, más allá de la educación obligatoria, y por qué ni siquiera había una conexión a Internet que
permitiera cursarlos a distancia.


Quisiera conocer su opinión y las propuestas y sugerencias que tenga en esta materia, fruto del trabajo que realizan.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Carreño.


La señora CARREÑO VALERO: Muchas gracias por su comparecencia. Ha hablado de temas que la verdad es que hasta ahora no se estaban tratando en esta subcomisión, pero que son muy interesantes, puesto que lo primero que tendría que hacer una
subcomisión para la elaboración de una estrategia nacional de justicia es intentar cumplir los derechos humanos. Agradezco las críticas que ha hecho usted, porque, efectivamente, es necesario ver dónde fallamos para poder mejorar, y creo que es muy
importante que nuestro país cumpla con los estándares de derechos humanos. Pero creo que ha sido usted hasta generoso al decir que estamos a la vanguardia. Cierto es que en comparación con otros países, desde luego, habremos firmado más convenios,
pues la situación es bastante desalentadora, pero cabe recordar

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que en el examen periódico universal de 2015 se nos hicieron hasta 189 recomendaciones sobre lo que deberíamos mejorar para cumplir con esos estándares. Por tanto, querría preguntarle qué opinión le merece que España haya decidido desoír,
al menos, quince de dichas recomendaciones, siendo una de ellas, por ejemplo, limitar el excesivo uso de la fuerza y abusos por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Se nos decía así por los organismos de defensa de los derechos
humanos y España continuaba reprimiendo manifestaciones, huelgas, etcétera. De hecho, consideramos que para ello se hizo la reforma penal de 2015 y la Ley mordaza, para restringir derechos y libertades, lo que en este momento se está intentando
derogar en este Congreso, paliar esos efectos. Pero la Ley mordaza ya fue tildada de contraria a los estándares sobre derechos humanos. En concreto, la reforma penal de 2015, en la lucha por perseguir el terrorismo, nos ha llevado incluso a acabar
juzgando en la Audiencia Nacional a un sinfín de tuiteros y de personas sin relación con el terrorismo que hicieron chistes. Querría preguntarle qué opinión le merece esto, cuando recientemente hemos sabido de sentencias condenatorias como en los
casos de Valtonyc o Cassandra, si le parece a usted que se está cumpliendo en España el criterio de proporcionalidad en cuanto a las leyes penales en estos casos, además de en otros, en general.


Ha citado usted a los inmigrantes, y me parece una cuestión muy importante. Una de las cosas que se achaca a España -son hasta diecinueve los Estados que nos lo piden- es que firmemos y ratifiquemos el convenio universal por los derechos de
las personas migrantes y sus familiares. Quisiera saber qué opinión le merece que España siga negándose a firmarlo.


Sobre los CIE, usted ha criticado su gestión, pero desde nuestro grupo parlamentario consideramos que su mera existencia es contraria al cumplimiento de los derechos humanos, puesto que se está encerrando en ellos, se está privando de
libertad a personas que no han cometido ningún delito por el mero hecho de ser migrantes y, en ultima instancia, por el mero hecho de ser pobres y huir de esa pobreza, que es el único motivo por el que se les está restringiendo su libertad. Esta
situación nos parece gravísima. En concreto, he visitado el CIE de Murcia, donde la situación, sinceramente, es espeluznante. Están en condiciones peores que en una prisión, y sin motivo para estarlo.


Agradezco la crítica que ha hecho sobre el caso de Ángela González, de la CEDAW, que nos tuvo que llamar la atención. Esperemos que España acepte estas recomendaciones pronto y deje de violar los derechos de las mujeres en este aspecto,
porque firmamos el pacto contra la violencia machista, pero, en realidad, seguimos sin dotar de recursos y sin hacer efectivas estas medidas para que acabe la desigualdad y la violencia contra la mujer.


Desde luego, es importantísimo reforzar el derecho a la vivienda. Los tribunales europeos nos han llamado la atención por ello, y, en efecto, no es ningún derecho cuando no tienen ninguna garantía. Se dice que un derecho vale tanto cuanto
vale su garantía. Por eso querría preguntarle si usted considera que, efectivamente, se cumplen los derechos humanos, cuando no existe derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, cuando las víctimas de la dictadura franquista y de la
Guerra Civil han tenido que irse hasta Argentina para, entre otras cosas, poder enterrar a un familiar, como sucedió en el caso de Ascensión Mendieta. ¿Qué opinión le merece que España utilice la Ley de la Amnistía para negarse a reparar a las
víctimas? Es evidente que podríamos no exigir una responsabilidad penal a quien cometió un crimen, pero nada obsta para que se haya de reparar a las víctimas.


Por último, ha dicho usted que considera que la asistencia jurídica gratuita tiene buenos niveles en España. Querría preguntarle si la reforma efectuada por la Ley 2/2017, que modifica el régimen anterior, de la Ley de Asistencia Gratuita,
de 1996, le parece adecuada en el sentido de que esta modificación emprendida por el Partido Popular ha hecho devenir obligatorio el servicio del turno de oficio. Por supuesto, nosotros somos contrarios a esta obligatoriedad.


También quisiera saber si considera que los umbrales que establecen el acceso a la asistencia jurídica gratuita son adecuados a día de hoy, dado el empobrecimiento que han sufrido las clases medias y las clases trabajadoras en España, que
sitúa a nuestro país a la cabeza en desigualdad en la Unión Europea; si cree que, efectivamente, todas las personas tienen posibilidad de litigar en España, puesto que si alguien no puede defender sus derechos ante un tribunal en última instancia
ese derecho no tiene ninguna garantía.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


A continuación, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Campo.

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El señor CAMPO MORENO: Muchas gracias, señora presidenta.


Señor Segovia, el Grupo Parlamentario Socialista quiere transmitirle su agradecimiento, porque realmente ha traído unos enfoques novedosos o, por lo menos, poco habituales en relación a lo que estamos acostumbrados en esta Comisión para la
fijación de una estrategia en materia de justicia. Realmente, el tratamiento transversal que se hace necesario después de escuchar el número de colectivos vulnerables existentes sin duda será muy tenido en cuenta a la hora de analizar todos y cada
uno de los aspectos en que nos fijemos. Efectivamente, estos grupos vulnerables, de los que ha citado los más importantes, no todos, aunque sí los relativos a su intervención, merecen una atención especial.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra la señora Valmaña.


La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Muchas gracias, señor Segovia por su ilustradora intervención, en la que pone sobre la mesa los temas que realmente son más urgentes o candentes en referencia a la necesidad de que sean tenidos en cuenta en la
protección de los derechos humanos.


Agradezco su opinión sobre que España está a la vanguardia del mundo en la protección de los derechos humanos; así lo creo yo también. Precisamente porque somos esa vanguardia también somos especialmente sensibles y exigentes a la hora de
proteger esos derechos humanos. En algunos países la necesidad primera de proteger los derechos humanos es que se respeten las mínimas reglas del juego y la democracia y, por tanto, no se puede entrar en matices. Desde luego, en España estamos en
buscar esos matices y la estrategia nacional por la justicia es una buena ocasión para ver cómo podemos ir perfeccionando la aplicación de nuestras ya muy buenas leyes, en términos generales, para ir mejorándolas cada día más, para seguir
alineándonos en la vanguardia, como estamos ahora mismo, en esa protección de los derechos humanos, una protección en la que nunca debemos olvidar -al menos, mi formación profesional como penalista así me lo indica- el principio de legalidad. Todo
dentro de la ley, nada fuera de la ley y, desde luego, nada ni nadie por encima de la ley, porque es la primera garantía precisamente del cumplimiento de los derechos de todos los individuos.


En la protección de las personas más vulnerables -tendrá noticia-, algo de lo que nos podemos sentir muy orgullosos es que la semana pasada, por unanimidad, se ha derribado otra barrera. Es verdad que todavía quedan más, en las que
tendremos que seguir trabajando, pero se ha aprobado una modificación en la Ley del jurado para evitar que las personas con discapacidad fueran directamente excluidas en la participación como jurados. Me parece que ese es el camino a seguir. No
obstante, también quisiera que nos indique algunas otras actuaciones en las que podemos ir avanzando.


Pero no quiero agotar el turno sin agradecerles el magnífico trabajo que la Fundación Abogacía Española ha realizado. Junto con Acnur, acaba de publicar una guía que completa la trilogía de actuaciones frente a torturas, malos tratos,
inhumanos o degradantes y detección y defensa de las víctimas de trata. Son tres herramientas muy importantes, entiendo que de una gran utilidad para los profesionales del derecho, no solo para los abogados sino para todos los operadores jurídicos
que se encuentran con esta realidad, porque efectivamente dan unas claves, unas pautas importantes para avanzar en este terreno.


No quiero entretener especialmente la atención, porque, sobre todo, nos interesan sus propuestas concretas. Usted ha marcado las líneas generales, pero a lo mejor podemos extraer alguna propuesta concreta del final de su intervención. En
un terreno general, es verdad que en España nuestro ordenamiento jurídico reconoce en diversidad de textos los derechos de los ciudadanos ante la Administración de Justicia y también tenemos una carta de garantías, de derechos de los ciudadanos que
recoge aspectos tan básicos como los relativos a cómo debe ser tratado un ciudadano en los tribunales de justicia. Sin embargo, no sé cuál sería su opinión sobre una nueva medida, algo que permitiera no solamente establecer las relaciones de los
ciudadanos, cómo deben ser tratados y atendidos en los tribunales de justicia, sino también en referencia con otros operadores jurídicos, que no son específicamente los funcionarios de la Administración de Justicia. Concretamente, me refiero al
colectivo de abogados, procuradores y cualquier otro operador que trabaja en este sentido. Y a este respecto, también quisiera saber si tiene usted una visión optimista, partidaria o que se aproxime a la conveniencia o a la necesidad de aprobar un
único texto legal que clarifique de manera concreta cuáles son esos derechos de los ciudadanos en relación con la atención de la Administración de Justicia, en los tribunales de justicia.


Muchísimas gracias.

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para responder a los grupos parlamentarios, tiene de nuevo la palabra el señor Segovia.


El señor SEGOVIA LOSA (Coordinador de la Fundación Abogacía Española): Muchas gracias por todas sus preguntas.


Empezando por el final, el punto de partida de esta intervención y de nuestras sugerencias a esta subcomisión es que la estrategia ha de partir de una visión amplia del sector afectado, y no desligar a órganos administrativos que son
transcendentales para el trabajo de la justicia, como son los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, o los órganos que se encargan de las sanciones penales, es decir, los centros penitenciarios, o el Defensor del Pueblo, que también hemos
mencionado, o, de un modo más específico, la Oficina de Asilo, en relación con los derechos de los refugiados.


En referencia a un tema que a lo mejor puede resultar polémico, si España está o no a la vanguardia en derechos humanos en el mundo, no quiero quedarme en una posición sujeta a la consideración, por un lado, de una parte que me sitúa entre
los que piensan que erróneamente entendemos que España está a la vanguardia y, por otro lado, quienes creen que defiendo que sí lo estamos. En mi intervención he dejado muy claro que España, como país miembro de la Unión Europea, se halla en un
territorio que, sin duda alguna, está a la vanguardia de los derechos en el mundo, y esto es innegable: da igual con quien nos comparemos. Pero en mi intervención también he señalado unas cuantas vulneraciones de derechos humanos, que no digo que
lo sean, sino que han ocasionado condenas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos o dictámenes de los comités de Naciones Unidas. Por tanto, creo que queda clara cuál es la postura que tengo al respecto, y solo quería remarcar que eso es lo que he
dicho anteriormente.


En relación con la discapacidad, es verdad que todavía quedan retos pendientes muy importantes y que se cumple el plazo para la implementación de la convención. Quedan campos abiertos, como el relativo a la jurisdicción voluntaria o el
derecho a voto de las personas con discapacidad. En este sentido, nosotros venimos trabajando muy activamente el tema de discapacidad, como también lo hacen muchas otras organizaciones, incluso las que pertenecen a la coordinadora. En concreto,
usted ha señalado el Cermi y la Fundación ONCE. La Abogacía Española tiene un convenio tripartito con ambas organizaciones y periódicamente nos reunimos para poner en marcha, movilizar los recursos a fin de poder agilizar al máximo que se vayan
venciendo esas cuestiones pendientes con relación a la implementación del convenio de los derechos de las personas con discapacidad.


En cuanto a los temas que quedan pendientes sobre trata, son muchos. Como he mencionado antes, la Ley de extranjería no es suficiente. El periodo de restablecimiento y reflexión que se establece para las víctimas se ha demostrado
insuficiente; se amplió el plazo de días en que consistía este periodo, pero sigue siéndolo. Queda pendiente el hecho de que las víctimas están amenazadas y no saben cómo salir del círculo de violencia en el que se encuentran, y, cuando salen de
él, tienen muy difícil volver a integrarse en la sociedad, por lo que hay que hacer con ellas un trabajo multidisciplinar muy importante. Por eso, hay que apelar por que se trabaje en esa ley integral contra la trata, que nos parece fundamental.


Otro tema es el referente a los abusos policiales y las condenas realizadas. Efectivamente, ha habido denuncias por parte de comités de Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil sobre estas cuestiones. Me he referido a la Ley
mordaza, que se sitúa en un punto de fricción frente a derechos relativos a libertad de expresión, asociación y manifestación; sin duda, otro tema pendiente. Hay muchas organizaciones que trabajan activamente sobre este asunto en España, como la
plataforma No somos delito, que agrupa a cientos de organizaciones contra la reforma del Código Penal, la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana y la Ley de Seguridad Privada. No quería extenderme mucho sobre este punto, pero Jueces para la
Democracia ya denunció en un comunicado que estas leyes no están justificadas por motivo de necesidad social en España y recuerda que nuestro país se encuentra en los niveles más bajos de delincuencia en el ámbito europeo, a pesar de tener los
porcentajes más elevados de población reclusa por habitante. Esto ya se ha comentado y, efectivamente, nos preocupa.


Sobre los temas de extranjería, es verdad que hay una movilización muy importante en referencia al cierre de los centros de internamiento de extranjeros. Tenemos una directiva europea sobre estos centros, al tiempo que debemos considerar
cómo hacemos posible la ejecución de las expulsiones de emigrantes, porque se encuentran en situación irregular en España, como dice ley. Por tanto, hay que encontrar una forma, pero, desde luego -lo dije antes-, no tiene que ser una organización
en torno a centros controlados por la policía, en los que hay demasiada opacidad y frente a los que hay numerosas denuncias. Quizás hace falta un poco más de humanidad en el tratamiento de estos migrantes, que

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simplemente están en situación administrativa irregular en España y tienen una orden de expulsión. Esta es la cuestión.


No quiero extenderme más, porque es muy tarde. Intentaré hacerles llegar en los próximos días a través de la Secretaría de la Comisión un documento solo con el listado de las recomendaciones que he expuesto en mi intervención. Reitero
nuestro agradecimiento a la subcomisión por esta invitación. Ha sido un placer para nosotros. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Señorías, con esta comparecencia cerramos por hoy el debate.


Se levanta la sesión.


Eran las siete y cincuenta minutos de la tarde.