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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 330, de 26/09/2017
cve: DSCD-12-CO-330
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 330
ENERGÍA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. RICARDO SIXTO IGLESIAS
Sesión núm. 16
celebrada el martes,
26 de septiembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Sobre la puesta en marcha de planes efectivos para reducir la brecha digital de género. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001610) ... (Página2)
- Sobre el impulso de las ciudades inteligentes (smart cities) en España. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/001723) ... (Página7)
- Relativa a garantizar, a través de la empresa pública, el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda ancha. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente
161/002198) ... (Página11)
- Relativa a procedimientos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable. Presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/002073) ... (Página13)
- Relativa a la mejora de la eficiencia energética mediante el suministro de información a los consumidores sobre su consumo energético. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002167) ...
(Página17)
- Sobre el Real Decreto MI-IP 04. Presentada por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002184) ... (Página20)
- Relativa a estimular las actuaciones de eficiencia energética en el sector de la edificación. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002252) ... (Página25)
- Sobre las plantas de tratamiento de purines. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001924) ... (Página29)
- Sobre la declaración de Benidorm como municipio turístico. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001200) ... (Página33)
Se abre la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- SOBRE LA PUESTA EN MARCHA DE PLANES EFECTIVOS PARA REDUCIR LA BRECHA DIGITAL DE GÉNERO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001610).
El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital para debatir los asuntos del orden del día, que ha sufrido variaciones para acomodarse a las peticiones de los diversos
grupos. Se debatirán en el orden que les voy a anunciar. En primer lugar, veremos la que figuraba originalmente con el número 2; en segundo lugar, la que tenía el número 3; en tercer lugar, la que estaba originalmente en el número 8; en cuarto
lugar, la que tenía el número 5; en quinto lugar, la sexta; en sexto lugar, la séptima; en séptimo lugar, la novena; en octavo lugar, la cuarta; en noveno lugar, la primera.
Comenzamos con la proposición no de ley sobre la puesta en marcha de planes efectivos para reducir la brecha digital de género, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Galeano Gracia.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, recientemente acudí a las jornadas de realidad digital en España que se celebraron en Santander, en ese precioso escenario del Palacio de la Magdalena. Al margen de lo interesante de las ponencias y de las charlas, de los
contenidos que allí se plasmaron, hubo algo que me llamó especialmente la atención, señorías, y que les voy a detallar. Se presentaron una serie de ponencias en las que participaban setenta y dos ponentes en mesas redondas; de ellos, sesenta y dos
eran hombres y diez mujeres. En algún caso eran mesas exclusivamente masculinas. Por cierto, de estas diez féminas que participaron, como les comento, solo cuatro pertenecían a la empresa privada. En cuanto al aforo de dichas jornadas -en las que
yo estaba- puedo decir prácticamente lo mismo, es decir, que había una presencia eminentemente masculina. Me atreví a preguntar a algunas de las asistentes a estas jornadas, que celebraban ya su 31.ª edición, si este era un hecho habitual, y la
respuesta fue afirmativa, incluso me comentaban que era prácticamente una tendencia que iba a peor. Algo falla, señorías.
La desigualdad de la mujer es un hecho conocido, contrastado y ampliamente debatido en esta Cámara. El Partido Socialista está muy preocupado por esta situación. La brecha digital de género, la diferencia en el uso de las TIC entre hombres
y mujeres no está ni mucho menos cerrada, más bien lo contrario, ha aumentado en el año 2016, según indica la propia encuesta sobre equipamiento y uso de las TIC que elabora en Instituto Nacional de Estadística, rompiendo, eso sí, una tendencia
suavemente positiva de años anteriores. La diferencia se agranda, por ejemplo, en los usos más complejos o profesionales de las nuevas tecnologías, así como en la creación de los contenidos o en el ámbito, por ejemplo, de la población rural. Estas
cifras, aunque puedan parecer pequeñas, duplican las de otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, Dinamarca o Suecia.
Pero al margen de esta brecha digital, quiero incidir en otras razones de fondo, en algo más preocupante por sus implicaciones futuras. Esta brecha a nivel de usuario, de conocimiento digital, tiene su paralelismo también en la
participación de las mujeres en las carreras universitarias, en términos ingleses, en las carreras STEM, ya que solo el 28 % de los graduados en estas disciplinas son mujeres -recientes estudios, precisamente de este último año, lo sitúan incluso
más abajo-, frente al 57 % de
presencia global en todas las ramas de enseñanza universitaria. De hecho, solamente un 12 % de las mujeres se gradúa finalmente en Ciencias, Matemáticas, Tecnología, habiendo, además, un abandono prematuro considerable. Este aspecto que
les detallo ha sido recientemente denunciado por organismos internacionales tales como la ONU y la propia OCDE, que en un reciente informe dice lo siguiente: Las autoridades públicas españolas tienen como objetivo reducir la brecha de género
mediante servicios de orientación e información que aseguren la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres a la hora de escoger un área de estudio. Estos datos académicos que les comento tienen, lógicamente, unas claras consecuencias
posteriores en el ámbito laboral. La participación de la mujer en las profesiones relacionadas con el sector TIC se sitúa por debajo del 20 % y en claro retroceso. El número de varones trabajando en este sector supera en más de medio millón al de
mujeres, mientras que solo uno de cada cuatro investigadores en I+D son féminas. Además, según recalca el informe Mujer y tecnología, elaborado por el sindicato UGT, las mujeres llegan a ganar hasta un 20 % menos que sus pares masculinos. Estos
preocupantes datos que les comento no hacen sino advertirnos de un futuro deterioro en la ya difícil situación laboral de las mujeres en nuestra sociedad.
Señorías, la imparable digitalización, que sin duda está aportando grandes avances al conjunto de la economía y la sociedad, representa también un riesgo si aparta a la mujer de los ámbitos que van a liderar, sin lugar a dudas, la sociedad
del futuro. Esto lo ha afirmado así el propio Foro Económico Mundial, que dice: Si la brecha de género presente en el sector persiste y la transformación del mercado laboral hacia nuevos y emergentes roles relacionados con las TIC sigue
reemplazando la tasa en la que actualmente las mujeres se dedican a estos oficios -disculpen por la parrafada-, la mujer aparece perjudicada en el día de mañana en lo que a oportunidades laborales se refiere.
En un contexto como el descrito hasta aquí, el Grupo Socialista considera que la acción del Gobierno ha sido un auténtico fracaso. En el marco de la Agenda Digital para España 2013, la entonces ministra, Ana Mato, presentó un plan dotado
con unos cuarenta millones de euros a repartir entre siete departamentos ministeriales y en tres ejercicios presupuestarios diferentes; un plan lleno de propaganda política, de medidas generalistas que no buscaban una igualdad efectiva en el
sector, sino, simplemente, planes de mejora. Hay que indicar que de los trece objetivos cuantificados solo tres dibujan resultados positivos, y respecto de los programas Atenea, Ceres, Diana, Rea, se afirma haber impartido formación digital a menos
de 2000 personas entre mujeres y niñas, lo que consideramos un fracaso sin paliativos.
Señorías, existen estereotipos culturales que propagan esa idea de que las mujeres poseen mentes no técnicas, que el sector de las TIC es masculino, para hombres. La ausencia de referentes femeninos o el desconocimiento de los que hay por
ostracismo de los mismos también es una causa de este escenario tan negativo. Los socialistas proponemos una mayor visibilidad y espacio para las mujeres en el sector, así como fomentar su ascenso a puestos de relevancia directiva. Son muchas las
voces -voy terminando, señor presidente-, públicas y privadas, que nos alertan de la necesidad de perfiles profesionales relacionados con las nuevas tecnologías en el marco de esta economía digital. Señorías, no podemos conseguir ese objetivo si no
incorporamos a la mujer a este mercado. Su incorporación a este mundo tendría consecuencias positivas para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, reduciríamos las tasas de desempleo; mejorarían las ratios de desigualdad salarial;
incrementaríamos, en definitiva, la productividad económica y generaríamos una auténtica igualdad de oportunidades. Estamos a tiempo de cambiar el rumbo. El Grupo Socialista considera imprescindible confeccionar un plan de acción orientado
específicamente a las mujeres. No podemos permitirnos prescindir de al menos el 50 % del talento en esta era de transformación digital. Un país y una sociedad más justa así lo exigen.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas dos grupos parlamentarios, el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, por orden de presentación de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, queremos saludar esta iniciativa, porque creemos que trata un problema de fondo de una enorme envergadura y que, además, se sustancia en
un momento histórico de extraordinaria
relevancia. Nuestro país debería actuar ahora mismo si no queremos consolidar una enorme brecha entre hombres y mujeres, que no solo es muy extensa en las TIC y en la sociedad de la información, sino que como no lo hagamos, el futuro para
las mujeres va a ser muy negativo.
Compartimos el diseño de la propia iniciativa, aunque queremos mejorarla por dos razones: por un lado, por una razón de fondo que tiene que ver con lo que no están haciendo el Gobierno de España ni la secretaría de Estado en esta materia,
que es lo relativo a las necesarias inversiones en relación con los mecanismos del primero de los objetivos de la agenda digital; por otro lado, porque hay que ir al fondo de la cuestión y garantizar, en primer lugar, el acceso universal, como
indica la Ley de Telecomunicaciones aprobada en esta Cámara, en todos los lugares del Estado y después acometer razones urgentes.
La brecha digital está en el acceso a las propias TIC. En primer lugar, existe una enorme dificultad para que las mujeres accedan a las mismas. En segundo lugar, en cuanto a la formación, la alfabetización digital de las mujeres, los datos
ponen los pelos de punta, y no digamos ya las mujeres del ámbito rural. En tercer lugar, hay una brecha digital en cuanto al uso. Estamos distanciadas en los usos de todas las redes digitales y de las tecnologías, y estamos infrarrepresentadas en
todo lo que tiene que ver con los estudios y con las carreras profesionales vinculadas a las TIC. ¿Qué está sucediendo en nuestro país? Que estamos reproduciendo relaciones de poder en dos aspectos: en los propios estudios, en el origen, desde la
formación de los niños y niñas y la actuación en los colegios, hasta en las universidades -lo decía el portavoz del Grupo Socialista-, porque parece que educamos a las niñas en el sentido de que no tienen su mente preparada para las TIC. Todo esto
hay que romperlo trabajando desde abajo para llegar hasta la universidad. También hay una infrarrepresentación en empresas que tienen un enorme valor añadido, que están cambiando nuestro país. No podemos perder el talento de las mujeres.
Cometeríamos un grave error si lo hacemos.
Daré un dato más. Las TIC, como todo en la sociedad, se construyen socialmente. En un nuevo mundo empresarial estamos propiciando la desigualdad como un elemento fundamental; es decir, que también se están imponiendo en las empresas de
gran relevancia los roles de género, y podríamos hablar de lo que les está pasando a Google o a grandes empresas como Apple. Esta no es una cuestión menor. Hablamos de relaciones de desigualdad directas en mujeres que tienen carreras profesionales
de muy alto rango.
Termino ya, señor presidente. Como ya sabemos por los datos de que disponemos, la desigualdad va creciendo a medida que las mujeres avanzan en sus carreras profesionales. Parece llamativo, pero es así. Por tanto, saludamos la iniciativa.
Como toda la sociedad no es neutra, la secretaría de Estado tiene que hacer un sobreesfuerzo en materia de las TIC, pero pensamos sinceramente que no hay esfuerzo presupuestario ni voluntad política para atacar este problema. Por esa razón, las dos
enmiendas que hemos presentado mejoran la parte que tiene que ver con la aplicación de la Ley de Telecomunicaciones. Insistimos en que hay que dar acceso universal de las redes a la población en general, haciendo hincapié en las zonas rurales. Les
podría hablar de mi comunidad, porque hoy mismo el secretario de Estado me ha dado datos puntuales de cada uno de los ayuntamientos de Galicia y en ellos se ve que estamos en condiciones muy desiguales.
Mi grupo votará a favor de la proposición.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Navarro Cruz.
La señora NAVARRO CRUZ: Gracias, señor presidente.
Quiero comenzar diciendo con toda la contundencia posible que el Gobierno de España está apostando claramente -creo que es una evidencia- por la igualdad y, por supuesto, por la defensa de los derechos de la mujer. Está claro que para
nosotros, como para todas las personas que me han precedido en el uso de la palabra, es muy importante el hecho de que esa brecha digital existente, que por supuesto reconocemos que existe, se elimine o se atenúe en el menor tiempo posible. Sabemos
que todas las acciones que el Gobierno ha puesto en marcha han ido encaminadas a esa cuestión.
De los años 2011 a 2016 se ha incrementado de forma notable la población femenina de bajos niveles de formación que ha usado regularmente Internet. En el año 2011, fecha en la que entra en el Gobierno el Partido Popular, una de cada tres
mujeres con bajo nivel formativo accedía regularmente a Internet, mientras que en 2016 la mitad de las mujeres de ese mismo segmento de población ya accedía a Internet regularmente. En segundo lugar, aunque la brecha de género ha mejorado de 2011 a
2016 para las
mujeres de formación baja, la distancia entre hombres y mujeres sigue siendo muy elevada y para nosotros, insisto, muy preocupante. En España, en el año 2016 el 60 % de los hombres con un nivel formativo bajo accedía regularmente a
Internet, pero solo lo hacía el 50 % de las mujeres. Aunque de media en la Unión Europea el uso regular de Internet es mayor que en España para este segmento de población, la distancia entre hombres y mujeres es el 62 % en hombres y 53 % en mujeres
y se mantiene ese orden parecido en la magnitud de los datos en el resto de Europa.
Si se analizan las habilidades digitales, los hombres superan a las mujeres en las básicas en todos los tramos de edad, si bien esta distancia se incrementa con la edad. Entre los españoles de dieciséis a veinticuatro años, apenas existe un
punto de diferencia, mientras que entre los hombres y mujeres de cincuenta y cinco a setenta y cuatro años la diferencia alcanza casi los cinco puntos porcentuales. Estoy totalmente de acuerdo con el representante del Grupo Socialista en que hay
que apostar por mentes iguales y por personas iguales. De hecho, esta es una cuestión educacional que se está tratando precisamente desde las más tempranas edades, dando las mismas oportunidades a niños y a niñas.
En el nuevo contexto digital, la incorporación de la mujer al mundo laboral también ha supuesto una transformación y todos los informes nacionales e internacionales indican que se está produciendo una alta demanda de perfiles profesionales
especializados en ciencias y en nuevas tecnologías, que en muchos casos resulta difícil de cubrir. España se encuentra entre los países de la Unión Europea con mayor porcentaje de graduados en ciencia y tecnología, sin embargo, si observamos el
porcentaje de mujeres descendemos al puesto número once. El porcentaje de mujeres españolas graduadas en ciencia y tecnología es sustancialmente inferior al de los hombres y la distancia entre ambos es de diecisiete puntos porcentuales.
En el ámbito de las nuevas tecnologías existe actualmente un claro desequilibrio, y somos conscientes de esto, pero para ello el Gobierno ha propuesto el Plan de inclusión y empleabilidad de la Agenda Digital para España, en el que la
igualdad de género es una de sus prioridades. Dentro de ese plan, se han realizado algunas actuaciones: por ejemplo, el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, ha elaborado el Plan de acción para la igualdad de oportunidades de
mujeres y hombres en la sociedad de la información 2014-2017, con el objetivo de aumentar la participación general de las mujeres en las TIC. El Instituto de la Mujer ha impulsado la realización de distintas iniciativas de formación dirigidas a las
mujeres para la igualdad de oportunidades. Se ha desarrollado un programa formativo enfocado al asesoramiento y apoyo de mujeres para el emprendimiento en sectores innovadores y de base tecnológica a través de la EOI. Se han elaborado contenidos,
estudios y análisis sobre igualdad en la sociedad de la información.
Por todas estas razones, y existiendo este plan, hemos presentado una enmienda que tiene dos puntos. En el primero pondríamos que se impulsen dentro de la Estrategia Digital del Gobierno acciones específicas para reducir la brecha digital
en materia de género -únicamente cambiaríamos la primera frase-, de modo que se facilite y promueva una mayor presencia en la sociedad digital de las mujeres como creadoras de contenidos en la red y promotoras de proyectos TIC. En el segundo
pedimos que se aborde el diseño de mecanismos de promoción y medición de la participación de las mujeres y niñas en el acceso y uso de las TIC, así como en la capacitación... Esta era la propuesta inicial, pero pondríamos solo educación en
competencias digitales. Se trata de una mejora técnica.
Creemos que esta iniciativa es muy importante...
El señor PRESIDENTE: Señoría, debe concluir.
La señora NAVARRO CRUZ: Concluyo, señor presidente.
Nos parece que esta es una iniciativa importante y acertada, pero nos gustaría que se tuviera en cuenta nuestra enmienda para poder votar a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Navarro Cruz.
Pregunto al señor Galeano si aceptan las enmiendas de los dos grupos que se acaban de defender.
El señor GALEANO GRACIA: Señor presidente, estamos a expensas de elaborar una transaccional con las enmiendas de Unidos Podemos y del Grupo Popular que haré llegar a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Esperaremos la transaccional. Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante que la posición de Ciudadanos va a ser favorable. La verdad es que da la sensación de que el PSOE no se leyó o ignoró la contestación del Gobierno a su propia pregunta, porque de haberlo hecho quizá habría permitido que se
hubiera elaborado otro tipo de iniciativa o que el debate hubiera sido más útil. En Ciudadanos creemos necesario abordar la revolución 4.0, que está en marcha, a favor del conjunto de la sociedad, lo que implica la necesidad de actuar a favor de la
alfabetización digital de cualquier colectivo que se identifique en riesgo de quedar desconectado, pero, insisto, de cualquier colectivo, no solo por razón de sexo. Además, es muy importante profundizar en la madurez de nuestra democracia, que
obliga a promover activamente la igualdad de género y erradicar de nuestra sociedad cualquier forma de discriminación.
Estas preocupaciones ya se trasladaron en los ciento cincuenta compromisos que firmamos con el Partido Popular en la investidura. En el punto 27 hablábamos de impulsar la economía digital trabajando tanto en la mejora de infraestructuras
necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenido digital; avanzar en el desarrollo de una agenda industrial encaminada especialmente a la dotación para los cambios tecnológicos. Pero es que, además, en materia de promoción
de igualdad, el acuerdo contenía un pormenorizado y ambicioso programa para esta legislatura. El punto 73 hablaba de avanzar en el compromiso de la defensa de la igualdad en todos los ámbitos y luchar contra cualquier tipo de discriminación por
razón de sexo, orientación sexual o identidad de género. En estos ciento cincuenta compromisos firmados con el Partido Popular insistíamos en incentivar en las empresas la representación de las mujeres; en desarrollar iniciativas de educación en
igualdad entre niños y niñas para la promoción de igualdad real de las oportunidades; en profundizar los programas para impulsar la igualdad de oportunidades entre los mujeres y los hombres, luchando contra esa discriminación, fomentando el empleo
y la formación de las mujeres, así como impulsar el emprendimiento femenino; desarrollar programas de formación en materia de alfabetización digital y empoderamiento de las mujeres rurales. Hay que impulsar este Plan de promoción de las mujeres
rurales 2015-2018, profundizando, asimismo, en la Ley de titularidad compartida de explotaciones agrarias.
Por todo ello, vamos a votar favorablemente esta proposición no de ley, aunque nos hubiera gustado tener otro tipo de debate.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.
Vaya por delante que vamos a apoyar esta proposición no de ley. Es verdad que la revolución tecnológica ha supuesto un cambio en el paradigma económico y social hacia una nueva etapa del desarrollo humano, caracterizada, sobre todo, por el
predominio que han alcanzado la información, la comunicación y el conocimiento en la economía y en el conjunto de las actividades humanas. Las TIC no solo han acelerado el cambio, sino que han constituido su soporte principal. Así, la ciudadanía,
la Administración, las empresas tienen una capacidad casi ilimitada para acceder, compartir y difundir de forma instantánea cualquier tipo de contenido, lo que supone un factor que va a desencadenar profundos cambios sociales.
En este contexto también entendemos que se manifiestan numerosas desigualdades entre mujeres y hombres en términos de incorporación de acceso o de participación y su disfrute de los recursos bienes y servicios en su vinculación con las TIC.
Estas desigualdades se producen, sobre todo en el acceso a las infraestructuras a Internet o en los dispositivos tecnológicos más avanzados. En este sentido, la aproximación desigual de mujeres y hombres a las TIC se relaciona con las diferencias
en la participación y distribución de mujeres y hombres en áreas del conocimiento en el sector educativo, en el sector productivo de las TIC y esto también entendemos que pone en riesgo la empleabilidad de las mujeres, así como sus posibilidades
futuras de ocuparse y de influir en estos sectores que además tienden a incrementar su importancia económica en términos absolutos y también relativos. Las administraciones públicas no pueden quedarse al margen de los cambios sociales económicos y
deben estar a la cabeza de estas transformaciones para ser capaces de aprovechar estas oportunidades planteadas. Por todo ello, vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
- SOBRE EL IMPULSO DE LAS CIUDADES INTELIGENTES (SMART CITIES) EN ESPAÑA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/001723).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos a la siguiente propuesta que originariamente estaba en el 3.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre el impulso de las ciudades inteligentes, smart cities, en España, presentada por
el Grupo Parlamentario Ciudadanos. Para su defensa, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
Traemos aquí una proposición no de ley sobre ciudades inteligentes, que la RECI, la Red Española de Ciudades Inteligentes, define como aquellas que disponen de un sistema de innovación y de trabajo en la red para dotarse de un modelo de
mejora de la eficiencia económica, política, permitiendo el desarrollo social, cultural y urbano y medioambiental. Yo quisiera hacer hincapié, sobre todo, en que esta asociación de entidades municipales tiene por objeto intercambiar las
experiencias y trabajar conjuntamente para desarrollar un modelo de gestión sostenible y mejorar la calidad de la vida de los ciudadanos. En estos momentos en los que movimientos nacionalistas, independentistas e incluso populistas quieren levantar
muros, barreras y fracturación de las instituciones, yo creo que España es una historia de éxito en estas ciudades inteligentes. Esta es una oportunidad para la previsión de un negocio de más de 300 000 millones de euros para 2020, pero siempre
desde la triple T, de la que nos hablaba un experto estadounidense, Richard Florida. Este autor nos indicaba que tecnología, talento y tolerancia deben ser valores que deben estar unidos. El propio secretario de Estado de Agenda Digital, así como
el coordinador del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes lo dejaron claro en el III Congreso de Ciudades Inteligentes que se celebró los pasados días 26 y 27 de abril. Hace falta coordinación y aprovechar las sinergias, la estandarización de la
normativa, así como ayudas a los municipios para que estos las sigan.
Esta iniciativa de Ciudadanos trata, en definitiva, de promover la gestión automática y eficiente de las infraestructuras, de los servicios urbanos, así como la reducción del gasto público y la mejora en la calidad de los servicios,
consiguiendo de este modo atraer la actividad económica y generar progreso. Las convocatorias de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que fueron publicadas recientemente el pasado día 21 de septiembre en el Boletín Oficial
del Estado, son programas cofinanciados con fondos Feder. Esta es la tercera convocatoria y una gran parte de esta iniciativa de smart cities está recogida en esta proposición de Ciudadanos que hoy nos ocupa. Por ello, la importancia de reforzar
la aplicación de estas nuevas tecnologías en la gestión local debe permitir a la ciudadanía beneficiarse de esa mayor rapidez y transparencia en todos sus trámites diarios -notificar a la Administración cualquier eventualidad, desperfectos en la
calzada, deficiencias en la gestión de residuos, ahorro energético, sostenibilidad medioambiental, etcétera- o incluso resolver cuestiones relacionadas con sus obligaciones tributarias y sanciones.
El mayor atractivo del concepto de smart cities quizás sea su multidimensionalidad, ya que persigue mejorar la calidad de vida en las ciudades mediante la aplicación de nuevas tecnologías y métodos de gestión en diversas áreas desde las
infraestructuras, medio ambiente, energía, movilidad hasta la facilitación de la actividad económica. Esta pluralidad de áreas de actuación aumenta la complejidad de los proyectos, suponiendo un reto de coordinación entre administraciones. A pesar
de las evidentes ventajas, y aunque se llegase a constituir la mencionada Red de Ciudades Inteligentes, las iniciativas desarrolladas en los últimos años han carecido de una cierta coordinación interadministrativa e incluso se ha venido denotando
una cierta ralentización en los procesos de las mismas sin fijación de estándares y, sobre todo, sin coordinación en la ciberseguridad.
Por todo ello, el Grupo Parlamentario Ciudadanos -termino, presidente- presenta esta proposición no de ley que insta al Gobierno a definir esa metodología y ese procedimiento de elaboración de la referida agenda digital, crear ese grupo de
trabajo interministerial que coordine los esfuerzos, promover la internacionalización de nuestras empresas españolas que desarrollan proyectos de smart cities, potenciar la imagen de España, atraer capital y potenciar y posibilitar el efecto
arrastre de nuestras las pequeñas y medianas empresas proveedoras españolas en proyectos adjudicados a esa gran empresa española que es ICEX Integra.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte de tres grupos parlamentarios, por este orden de registro: Grupo Socialista, Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra en primer lugar el señor Galeano Gracia.
El señor GALEANO GRACIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, valoramos también positivamente esta iniciativa que presenta el Grupo Ciudadanos. Sin embargo, hemos presentado una enmienda que voy a tratar de explicar un poco. Señorías, el siglo XXI es seguramente el siglo de las ciudades, ya
que las ciudades se han convertido en actores fundamentales de este escenario global en el que vivimos. Precisamente, las grandes ciudades son el espacio donde se localizan los procesos de globalización, los cambios demográficos, el aumento de la
dependencia y desigualdad, el riesgo de pobreza, así como el imperativo de adaptación al cambio climático que definen un contexto desafiante para nuestra sociedad, un enorme reto para su gestión y viabilidad. Es cierto, como dice el portavoz del
Grupo Ciudadanos, que con los nuevos avances tecnológicos podremos gestionar mejor las infraestructuras en nuestras grandes urbes, como por ejemplo el tráfico, el consumo energético y de agua y la gestión de residuos. Desde hace un tiempo las smart
cities están en la agenda política de las diferentes administraciones, o al menos un determinado concepto de smart cities. Sin embargo, nadie parece saber bien qué son, ni por qué se les puede considerar inteligentes -permítanme esta reflexión- e
incluso podría ser que se esté fomentando el uso de las TIC porque sí, o más bien por la visión comercial de determinados lobbies industriales y tecnológicos.
Los socialistas apreciamos que en este nuevo paradigma o en estos nuevos avances las empresas e instituciones se están centrando, quizás excesivamente, en la tecnología como un fin y no como un medio. En este contexto el Grupo Socialista
considera que las ciudades inteligentes deben diseñarse desde la gobernanza participativa y sobre la base de un desarrollo económico, urbanístico y de infraestructuras ambientalmente sostenibles que promuevan la igualdad, la inclusión social y un
elevado nivel de calidad de vida para sus habitantes. Como bien definió la alcaldesa de Hospitalet y presidenta de la Red Española de Ciudades Inteligentes, Nuria Marín, debemos pasar de las smart cities a la smart social city. Las ciudades son el
futuro en muchos aspectos, señorías. No estamos aquí hablando de Isaac Asimov ni tan siquiera de la actual película Blade Runner, sino que es algo que ya funciona y avanza sin hacer ruido. Necesitamos más que nunca alianzas público-privadas,
institucionales y sociales para resolver juntos estos grandes desafíos. Se requieren ideas, proyectos surgidos, entre otras cosas, a través de la colaboración entre ciudades, entre universidades y con centros de investigación y empresas.
Quiero leerles unas palabras del investigador urbano Manu Fernández que en su interesante libro Descifrar las smart cities dice lo siguiente: Las smart cities aparecen como un nuevo modelo urbano. Sus promesas evidentes -una ciudad
inteligente que será más sostenible, más eficiente, más competitiva y que se gestionará de manera más integrada- tienen que demostrarse aún en muchos casos de forma efectiva y significativa para la vida cotidiana en las ciudades. Necesitamos de las
smart cities algo más que un relato solucionista de los problemas urbanos que no tienen una solución única, ni mucho menos exclusivamente tecnológica. Necesitamos ciudades inteligentes que nos hablen de muchos de los valores urbanos que no tienen
que ver con una vida eficiente. Necesitamos una ciudad inteligente de las tecnologías cotidianas, de las tecnologías del cuidado de las necesidades reales de la ciudadanía. Necesitamos una ciudad inteligente dirigida a hacer de la tecnología un
medio para un objetivo mayor, que es disponer de mecanismos de gestión inteligente de lo público. Y es que el debate central ha de ser el de hacer ciudades que más que inteligentes sean más habitables y finalmente más justas. La ley digital
universal al servicio y por los ciudadanos.
Señorías, no me cabe duda de que las ciudades del futuro serán sostenibles, serán inclusivas y eficientes, o no serán. En este discurso que les comento las llamadas ciudades inteligentes constituyen un paso necesario, pero no suficiente.
Gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Galeano.
Para la defensa de la enmienda, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alberto Pérez.
La señora ALBERTO PÉREZ: Gracias, señor presidente.
Antes de entrar a valorar otras cuestiones, me gustaría destacar los resultados del Índice de la Economía y la Sociedad Digital (DESI) de 2017, publicados por la Comisión Europea y que concluye que las actuaciones llevadas a cabo por el
Gobierno en estos últimos años que han colocado a nuestro país por encima de la media de la Unión Europea en desarrollo digital, pasando de estar en el puesto decimosexto a ocupar el decimocuarto puesto de los veintiocho Estados miembros de la
Unión, situándonos por delante de países como Francia e Italia. En la actualidad el Gobierno se encuentra trabajando en un plan nacional de territorios inteligentes, como continuación del Plan Nacional de Ciudades Inteligentes que se puso en marcha
a principios de 2015 en el marco de la Agenda Digital para España y que contó con un presupuesto de 188 millones de euros. El mencionado plan ha conseguido un amplio reconocimiento nacional e internacional, llegando a ser calificado por la Comisión
de Banda Ancha de la ONU como ejemplar y este modelo ha suscitado un gran interés por parte de numerosos países latinoamericanos que pretenden importarlo.
El nuevo plan de territorios inteligentes quiere ampliar el concepto de ciudad inteligente y extenderlo también al turismo, a las comunidades rurales y a los servicios públicos 4.0, con un claro impulso de las tecnologías de la información y
la comunicación, con el objeto de mejorar la eficiencia y desarrollo económico, social y medioambiental de las entidades, esperando que este plan esté totalmente concretado en los próximos seis meses para llevarlo a cabo en el periodo 2017-2019. El
nuevo plan pretende ser aún más ambicioso que el anterior, ensanchando el diagnóstico y con una clara vocación de búsqueda de soluciones a todo el territorio nacional.
En relación con el contenido de la petición de esta iniciativa tenemos que aclarar que actualmente el Gobierno ya se encuentra trabajando en ello. Promover la internacionalización de las empresas es uno de los objetivos principales del
ICEX. Centenares de empresas han pasado por los pabellones, jornadas y misiones inversas en este campo organizadas dentro del trabajo ordinario de este organismo, desde grandes multinacionales hasta empresas emergentes recién creadas. Potenciar la
imagen de España es el objetivo último de la estrategia. El trabajo en ciudades inteligentes pretende vender y posicionar a España como un país moderno, con una referencia tecnológica y conceptual en la resolución de problemas del ciudadano. En
este sentido, las ciudades inteligentes son otro aspecto más del liderazgo español en calidad de vida. Atraer capital también se encuentra entre la estrategia del Gobierno.
No se concibe la internacionalización desde un punto de vista meramente mercantilista, sino en su totalidad y complejidad. Además, a través de ICEX Invest in Spain se han realizado actividades de captación de inversiones en ciudades
inteligentes en Japón. Apoyarse en las grandes multinacionales ha sido clave en multitud de actividades, especialmente en Iberoamérica. Anualmente se celebran dos ICEX Integra en capitales hispanoamericanas como Quito, Lima o Bogotá. Está en
marcha la de Buenos Aires y probablemente a finales de año habrá otro en México. El ICEX trabaja a varias bandas con entidades locales... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento.
Señorías, por favor, guarden silencio. Gracias.
La señora ALBERTO PÉREZ: El ICEX trabaja conjuntamente con ayuntamientos españoles, instituciones multilaterales y grandes multinacionales españolas radicadas allí. Docenas de empresas han cruzado el Atlántico para participar en estas
actividades. En cualquier caso, y aunque desde el Gobierno ya se esté trabajando en lo peticionado en esta iniciativa, creemos que reforzar este trabajo no es una cuestión menor. Por ello, presentamos una enmienda cuya vocación es una nueva mejora
técnica y conceptual, atendiendo en algún caso al cambio de denominación del antiguo plan. Se está trabajando por parte del portavoz del grupo proponente en una enmienda transaccional entre el proponente y todos aquellos grupos que hemos presentado
enmiendas. Por tanto, estamos a la espera de saber si finalmente será aceptada.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alberto Pérez.
Para defender las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Luis Bail.
El señor LUIS BAIL: Gracias, presidente.
Esta proposición que va encaminada a solucionar el gran problema que tenemos ahora encima de la mesa en este país, que es ese triángulo o círculo vicioso entre la despoblación, la desigualdad de la mujer y la brecha digital, puede
acentuarlo. Esta iniciativa habla de las smart cities, pero en todas las enmiendas que se han presentado vemos que no queremos hablar solo de las ciudades sino que hablamos de territorios, hablamos de municipios, de ese autogobierno y del
empoderamiento del municipalismo. Las ciudades son el futuro y quiero recalcar que cuando se habla aquí de que las ciudades son el futuro se está hablando de un paradigma global, donde se está viendo que la población se está urbanizando. Sin
embargo, ese paradigma, según el Instituto de Estudios Estratégicos, se está acentuando por los países de África. Sin embargo, el modelo urbanístico africano no es como el modelo urbano europeo sino que se hace a lo largo. De esta forma se están
creando grandes megalópolis de más de cien kilómetros de anchura, luego no estamos hablando del paradigma que aquí tenemos de ciudad. Por eso, porque estamos cambiando y no estamos cambiando para las ciudades que tenemos aquí, tenemos que ver si
aquí eso tiene sentido, o si por el contrario va a acentuar todavía más ese triángulo que se convierte al final en un círculo vicioso de desigualdad.
En el II Congreso sobre la Despoblación del Medio Rural celebrado en Huesca se habló de que era fundamental aplicar las políticas transversales al mundo rural, a la brecha digital y a la desigualdad de género a través de esta iniciativa.
Por eso, también estamos de acuerdo al hablar de cuál va a ser la herramienta que vamos a utilizar para modificarla. El plan nacional tiene, como ha dicho la portavoz del Grupo Popular, que cambiar de denominación y empezar a hablar de territorio.
Se habla también de que en la segunda fase del plan nacional no solo se referiría a ciudades sino también a territorios insulares e incluso una diputación provincial también participó. De eso estamos hablando, esa es la realidad que tiene nuestro
Estado, esa es la realidad que tiene el mundo rural que se está despoblando. Nosotros tenemos que utilizar esta herramienta que nos da esta proposición y el plan nacional para poder acabar con la desigualdad de género, la desigualdad en la brecha
digital y la desigualdad que se genera con la despoblación.
Esas son nuestras enmiendas. Por eso, vamos a apoyar esta transaccional porque vemos que recoge adecuadamente nuestras propuestas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Luis.
Señor Ten Oliver, ¿hay una transaccional?
El señor TEN OLIVER: Sí, estamos ultimándola. Hay un pequeño punto que estamos intentando incorporar. Tan pronto lo tengamos listo, se lo pasaremos a la Mesa.
El señor PRESIDENTE: Muy bien. Esperamos la transaccional en la Mesa para poder trasladar copia a todos los grupos.
En el turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra la señora Sagastizabal Unzetabarrenetxea.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Muchas gracias, presidente.
Entendemos que hay que utilizar el término de smart cities como instrumento al servicio de una visión de futuro para aplicar estrategias de transformación que impulsen la sostenibilidad social, económica y medioambiental. De hecho en
Euskadi ya estamos adoptando estrategias innovadoras para enfrentar estos desafíos futuros como escasez de recursos, seguridad, sostenibilidad. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio. Se oye un rumor insoportable. Gracias.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Por ello, valoramos positivamente la iniciativa porque nosotros también estamos apostando por ello, para lograr ciudades perfectamente conectadas mediante las nuevas tecnologías de la información y
comunicación.
También entendemos que la integración de la innovación cultural, social y económica es una oportunidad para transformar las formas de hacer, de generar y de reorientar los ecosistemas suburbanos hacia acciones transformadoras. Por todo ello
valoramos positivamente la proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
- RELATIVA A GARANTIZAR, A TRAVÉS DE LA EMPRESA PÚBLICA, EL ACCESO UNIVERSAL DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES DE BANDA ANCHA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente
161/002198).
El señor PRESIDENTE: A continuación pasamos al 8.º punto del orden del día: proposición no de ley relativa a garantizar a través de la empresa pública, el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda ancha, presentada por el
Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa, tiene la palabra la señora Díaz Pérez.
La señora DÍAZ PÉREZ: Gracias, presidente.
Volvemos a traer un tema que preocupa muchísimo, como decía mi compañero Jorge Luis, a este grupo, toda vez que si partimos de la base que el acceso a las tecnologías, a lo digital, es fundamental para garantizar condiciones democráticas en
igualdad en nuestro país, parece que deberíamos de garantizar que por lo menos la ley se cumpliese. La verdad es que los datos pormenorizados por comunidades autónomas, pero por provincias, con relación a lo que tiene que ver con el acceso de banda
ancha y de banda ultrarrápidas en las distintas zonas de nuestro Estado es absolutamente muy mejorable, por no decir que los datos no son buenos para nuestro país, fundamentalmente en las zonas rurales. El gran pecado original que tiene el
planteamiento que hace el Partido Popular -de ahí la discrepancia que tiene nuestro grupo con esta materia- es que hay un incumplimiento claro en la Ley General de Telecomunicaciones en sus artículos 8 y 9, así como en su disposición adicional
octava. En primer lugar, se ha incumplido en lo que tiene que ver con rendir cuentas a la Cámara de la soberanía popular anualmente, para que nos digan cuáles son los cumplimientos que tiene el Gobierno sobre esta materia. Desde que hemos llegado
aquí este informe y esta comparecencia nunca se han producido, a pesar de que desde este grupo ha instado en reiteradas ocasiones a ello. En segundo lugar, la propia ley configura un organismo público que es Red.es para desarrollar algunas
actividades. ¿Cuál es el pecado original que hemos tenido la ocasión de discutir con el propio secretario de Estado en la agenda digital y que este grupo ha presentado en forma de enmiendas en los Presupuestos Generales del Estado, y que volveremos
a repetir en cuanto entren los nuevos presupuestos en la Cámara? El pecado original es que no se puede dejar al albur de las empresas privadas, grandísimas multinacionales, el servicio universal.
Vuelvo a poner el ejemplo de mi comunidad autónoma. Es obvio que es antieconómico llevar la banda ancha al Caurel, pero no solo allí, porque mi despacho profesional lo tengo en un casco histórico donde no hay acceso a estas redes. Además,
creo que no es la única ciudad, podría citar los cascos históricos de Santiago de Compostela o A Coruña, y así podría ir citando sucesivamente los cascos históricos de prácticamente todas las ciudades del Estado. Por tanto, tenemos un enorme
problema. ¿Qué pide esta iniciativa una vez más, en coherencia con el trabajo que venimos desarrollando? Tenemos una disputa que es ideológica, yo entiendo que el secretario de Estado permita que las multinacionales hagan unos suculentos negocios
en esta materia, pero es que estamos hablando de democracia. Estamos privando a cientos y cientos de ciudadanos y ciudadanas del acceso a un recurso fundamental. Si los ciudadanos y ciudadanas quieren ese recurso fundamental, tienen que pagarlo y
pagarlo muy caro. Por tanto, creemos que esta es una razón profunda de desigualdad.
¿Qué pedimos en la iniciativa? Pedimos tres cuestiones. En primer lugar, en atención al artículo 9, pedimos que sea el organismo Red.es, ya que goza de los mecanismos suficientes y necesarios para poder hacerlo, el que acometa estas
reformas. En segundo lugar, que se garantice que los ayuntamientos con poblaciones inferiores a 50 000 habitantes puedan acceder a las redes digitales necesarias mediante una serie de mecanismos. Estamos hablando -insisto- de un megabyte, no
hablemos del propio mandato que ya tiene el Gobierno respecto de las bandas ultrarrápidas. Entiendo que pueda haber diferencia ideológica en cuanto al planteamiento de lo público o de los intereses de las multinacionales, pero debe de haber un
interés general, al que se debe el secretario de Estado y entiendo que también Mariano Rajoy, que es garantizar por razones democráticas el acceso en igualdad a todos los ciudadanos y ciudadanas en las redes digitales. Por último, solicitamos que
se cumpla el mandato de la disposición adicional decimoctava. No sé por qué no se hace, sinceramente. Queremos que se nos dé cumplida explicación con un informe pormenorizado de cuál es la situación de esta realidad. No he tenido tiempo -insisto-
porque se nos ha notificado a este grupo hoy la información exhaustiva de los trescientos quince ayuntamientos de Galicia en cuanto a la disposición de las redes por un megabyte y siguientes, hasta las ultrarrápidas. Vamos a
estudiarlo, pero ya hemos visto que los datos son muy negativos. Además, esto se reproduce en el conjunto del Estado. Por todo ello, pedimos el voto favorable a esta cuestión.
Ya anticipamos que vamos a aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Díaz Pérez.
Para defensa de la enmienda, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Pérez Herráiz.
La señora PÉREZ HERRÁIZ: Gracias, presidente.
Después de lo dicho hasta ahora no es necesario insistir en la importancia de las telecomunicaciones. Entre los compromisos asumidos por el Grupo Popular para que el Partido Socialista apoyara la Ley General de Telecomunicaciones en 2014
estaba garantizar la cohesión social y territorial y más transparencia y control parlamentario. Consideramos que no se cumplen ninguna de las dos. El objetivo en 2014 era que el conjunto de la sociedad tuviera acceso a diez megabytes en 2017. La
realidad del primer semestre de 2016, que son los últimos datos oficiales, era una cobertura general del 90 % en banda ancha, diez megabytes y del 72 % en ADSL. Esa diferencia con el objetivo se centra fundamentalmente en Galicia que con sus bajas
cifras aleja al conjunto del objetivo. La cobertura de ADSL mayor o igual a dos megabytes en España es el 90,1 % de los hogares y en Galicia el 70,2 %, y a diez megabytes o más en España es el 72 % y en Galicia el 52,8 %. Por tanto, la brecha
digital territorial es importante y se concentra en las zonas rurales por la falta de interés comercial de los operadores de telecomunicaciones y la escasa iniciativa del Gobierno que está ocasionando situaciones de desigualdad de oportunidades,
incluso entre territorios de una misma provincia.
La iniciativa que presenta no nos parece la forma más adecuada de resolver el problema, ya que la finalidad de Red.es es prestar servicios públicos para administraciones públicas, fomentar y desarrollar la sociedad de la información,
gestionar los registros de los nombres y direcciones de dominio.es, ser asesor ministerial en asuntos de su competencia en el Observatorio de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y elaborar estudios e informes, así como asesorar a
la Administración General del Estado y otros organismos. Creemos que no es posible incluir entre sus funciones la de actuar como operador de titularidad pública.
El artículo 2 de la ley dice que las telecomunicaciones son servicios de interés general que se prestan en régimen de libre competencia, pero también dice que el Gobierno establecerá una estrategia nacional de redes ultrarrápidas que tenga
como objetivo impulsar el despliegue de redes de acceso ultrarrápido a la banda ancha, tanto fijo como móvil, de cara a lograr su universalización, así como fomentar su adopción por ciudadanos, empresas y administraciones para garantizar la cohesión
social y territorial. Para conseguir la universalización el Gobierno elaboró el Plan de Telecomunicaciones y Redes Ultrarrápidas que entre otras medidas prevé la planificación del acceso, otra vez universal, a la banda ancha ultrarrápida en
poblaciones de menos de 5000 habitantes. A pesar de que el plan se aprobó en junio de 2013, el acceso a las tecnologías de información y comunicación -como vimos al principio- no llega a muchas zonas de España y especialmente en Galicia.
Consideramos que el Gobierno tiene que buscar solución a este problema para que la universalización de estos servicios de interés general sea real. Como dije al principio, el Gobierno ya se comprometió a ello en 2014 al reconocer en la ley
que hay que garantizar la cohesión social y territorial. También consideramos que el Gobierno debe promover un precio asequible de acceso a la comunicación por voz y a la banda ancha a alta velocidad de acceso a Internet, ya que la penetración y
uso de las mismas es muy bajo. España ocupa el puesto catorce entre los veintiocho Estados miembros de la Unión Europea en el índice de la Comisión Europea que evalúa los avances hacia una economía y sociedad digitales. Respecto al punto 3, además
de estar en la ley, también se aprobó en otra iniciativa en el mes de mayo pero parece que es necesario seguir insistiendo para que se cumpla.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Pérez Herráiz.
Le pregunto a la señora Díaz Pérez si acepta la enmienda del Grupo Socialista tal cual, es decir, que se sustituyen los puntos 1 y 2.
La señora DÍAZ PÉREZ: ¿Margarita, sería una enmienda de adición, no de modificación? (La señora Pérez Herráiz: Es una enmienda de modificación).
El señor PRESIDENTE: ¿Entonces no se admite la enmienda?
La señora DÍAZ PÉREZ: No, porque altera todo el texto, claro.
El señor PRESIDENTE: Pues se someterá a votación en sus propios términos.
A continuación entramos en el turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Ten Oliver.
El señor TEN OLIVER: Gracias, presidente.
De nuevo nos traen aquí una proposición no de ley sobre la brecha digital, lo cual sería positivo si no pareciese a juzgar que por esta proposición no de ley realmente no existe hecho nada antes, por supuesto. Es que la brecha digital
especialmente entre el campo y la ciudad lleva años en la agenda política y ha sido objeto de múltiples planes, programas y medidas. La Unión Europea ha puesto a disposición además a los diversos países más de 2500 millones de euros en fondos
estructurales desde 2007 a 2013 a la conectividad de la banda ancha. Una cantidad más significativa de este dinero que no fue utilizado. Ahora en 2014-2020 la Unión Europea ha aprobado ayudas hasta seis mil millones de euros para el desarrollo de
la banda ancha, y es que en España se destinaron además cien millones en 2017 a la extensión de esa banda ancha en zonas rurales. Debemos preguntarnos si la existencia de la brecha digital se debe realmente a una falta de fondos públicos o
realmente a una demanda de estos servicios. Desde luego, la posición de Ciudadanos es clara. Lo que hay que hacer realmente es evaluar estas políticas públicas. Estoy pensando, por ejemplo, en la Oficina Nacional de Evaluación, aquella oficina
que realmente presentamos en los Presupuestos Generales del Estado de 2017 y que evidentemente trata de evaluar aquellas inversiones que se están acometiendo. Podemos nos propone hoy, después del caos de la banca pública, después del caos de tener
más de cuarenta mil millones de euros no recuperables, después de tener AVE sin pasajeros o aeropuertos sin aviones, que convirtamos Red.es en una operadora pública de telecomunicaciones. Yo me pregunto: ¿Realmente mejoraría esto la oferta de la
banda ancha a las zonas rurales? ¿Ahorra dinero a los consumidores y los contribuyentes? ¿Tendría, por ejemplo, Red.es la capacidad para asumir esta actividad? ¿Sería posible que lo asumiera? ¿Cuánto tardaría realmente Red.es en prepararse o
cuánto ascendería el coste de preparar Red.es para asumir esta actividad? Es que dado el proceso de concentración del sector, a mí desde luego y a nuestro grupo parlamentario nos surgen dudas razonables de que un operador público fuese la
herramienta eficiente y eficaz para cerrar esa brecha digital. En 2015 además se aprobaron diversas operaciones de compra de DTS por parte de MoviStar o Jazztel por parte de Orange. Además nuestro grupo parlamentario ya firmó en el acuerdo de
investidura el punto 27 y se lo describo brevemente a continuación. Firmamos con el Grupo Popular impulsar la economía digital, trabajando tanto en la mejora de infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de
contenidos digitales, generalizar por supuesto el uso de redes avanzadas de comunicación en diversos ámbitos y en impulsar la presencia en las pymes. Para terminar quería insistir en el concepto. No entendemos desde luego la posición de
Unidos-Podemos, porque no vemos que el problema sea que no tengan esos servicios, el problema es que hace falta una educación digital, hace falta realmente incentivar a la demanda para que estos servicios se puedan utilizar y para que esa brecha
digital se pueda reducir. Por todo ello, en principio, desde luego no vamos a votar a favor de esta iniciativa y posiblemente nos vamos a abstener. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ten Oliver.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijación de posición.
El señor MARISCAL ANAYA: El Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta iniciativa.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal.
- RELATIVA A PROCEDIMIENTOS, REGLAS Y CONVOCATORIAS DE LAS SUBASTAS PARA ASIGNACIÓN DEL RÉGIMEN RETRIBUTIVO ESPECÍFICO A NUEVAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR DE FUENTES DE ENERGÍA RENOVABLE. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/002073).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley que originalmente estaba calificada con el número cinco, relativa a procedimientos, reglas y convocatorias de las subastas para la asignación del régimen
retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía
eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, presentada por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Para su defensa tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, presidente.
La política energética en España y en el conjunto de Europa y del mundo viene ya condicionada evidentemente por los acuerdos internacionales de lucha contra el cambio climático, el más reciente el Acuerdo de París de noviembre de 2016 y
también por los compromisos europeos. El actual compromiso, que viene del 2007, de la Estrategia española de cambio climático es alcanzar el 2020, que el 20 % de la energía final tenga un origen renovable. Este es ahora mismo el objetivo y
previsiblemente cuando se aprueben las nuevas directivas, el llamado paquete de invierno, por parte de la Unión Europea, actualmente en trámite en el Parlamento Europeo, el objetivo como mínimo será del 27 %, aunque hay toda una corriente en el
Parlamento Europeo que propugna que se debe conseguir ese objetivo. Esos deben ser objetivos y criterios absolutamente fundamentales que España debe cumplir sin ningún tipo de dilación. Venimos de cinco años perdidos prácticamente sin ninguna
nueva instalación hasta las recientes subastas que se ha producido en enero de 2016, en mayo de 2017 y en julio de 2017, lo que indica es una falta de planificación y de improvisación para al final en el último momento intentar cumplir esos
objetivos europeos del 20 %, con fuertes dudas en el sector de que realmente se pueda llegar a ese objetivo, de cumplir ese objetivo, por ejemplo, en el campo eólico, que es buena parte de la energía subastada, que se puedan montar todos estos
parques eólicos en tan poco tiempo. Proponemos adecuar el diseño de las subastas en España a lo que hacen los países más avanzados de la Unión Europea. Hasta ahora lo que hemos visto es en la subasta de enero de 2016, que fue una subasta que se
puede decir prácticamente fracasada, con muchas dudas de que si realmente esas nuevas instalaciones de 500 megavatios eólicos y 200 megavatios de biomasa se instalen. El resultado fue un coste de inversión prácticamente a cero. La posterior de
mayo de 2017, que fue muy controvertida en el sector de las renovables, con la adjudicación de 3000 megavatios prácticamente solo la energía eólica. Solo 20 megavatios de centrales biomasa y solo un megavatio de centrales fotovoltaicas con un
diseño que en caso de empate favorecía claramente a la energía eólica. Posteriormente, la de julio de 2017 de 5000 megavatios que ha favorecido fundamentalmente, en este caso sí, a las energías fotovoltaicas. Hay un hilo conductor en el diseño de
las subastas en España que es lo que podríamos decir la voluntad de apartar a la ciudadanía, a los pequeños productores, del desarrollo de las renovables y que queden en manos de grandes grupos operadores y singularmente de fondos de inversión. Una
opción, que es una opción muy conservadora, que no es la que han seguido otros países, Alemania, en cambio, anima a los pequeños productores, a la ciudadanía, a participar. Hace unos meses se celebró una subasta con 807 megavatios con el resultado
de 70 parques eólicos, con una potencia media de 11 megavatios. Avanzan hacia un modelo de energía distribuida mucho más descentralizada que no esté en manos de las grandes empresas o de los oligopolios. Esa nos parece que tendría que ser la
tendencia también en España.
Planteamos tres bloques de cuestiones para sintetizar las propuestas que están en la parte dispositiva de la PNL y que nos parece que son las cuestiones fundamentales. En primer lugar, las reglas de las subastas deberían estar dirigidas a
maximizar y optimizar la generación de origen renovable para lo cual la retribución debería basarse más en la energía que se genera y no en la inversión realizada. Ese creíamos que tendría que ser uno de los elementos. En segundo lugar, otro
elemento es que las futuras subastas deberían superar el sistema marginalista, que al final la más cara entre las necesarias para cubrir los objetivos de las subastas terminan fijando el precio. Creemos que eso, como se ha demostrado en algunas
ocasiones, puede favorecer los comportamientos especulativos y que es preferible utilizar un modelo en la que cada planta se retribuye con la oferta que haya realizado. En tercer lugar, que deberían incorporarse en las subastas nuevos criterios que
ahora no se contemplan, como por ejemplo la distribución en el territorio, tanto en zonas con presencia de centrales térmicas y centrales nucleares, que creemos que esto no es el futuro y, por tanto, hay que empezar a plantear la alternativa que
tiene que pasar por las energías renovables o cláusulas de carácter social que favorezcan también en las subastas la participación de cooperativas, de pequeñas y medianas empresas, de ciudadanía, de ayuntamientos, diversificando la generación
eléctrica que nuestro país está fundamentalmente en manos del oligopolio, en manos de las grandes empresas. Estos cambios que proponemos lo que harían es orientarnos hacia un modelo de subasta que es el tipo de subasta que se hace en otros países
de Europa y creemos además que las energías renovables permiten que ese modelo de la gran planta energética que traslada con grandes costes riesgos de pérdida de energía a los grandes núcleos urbanos debe ser superado. Eso
no quiere decir que no tengan que participar las grandes empresas. Obviamente lo que proponemos es que haya una mezcla razonable entre grandes proyectos, grandes empresas, pero también pequeñas y medianas, pequeños productores y ciudadanía.
Que vemos que la transición energética tiene que comportar también la democratización de la generación de energía como una cuestión fundamental y como están haciendo en otros países de Europa. Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Vendrell Gardeñes.
A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Para su defensa tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Buenos días, presidente.
Compañeros, en el Real Decreto 413/2014, del 6 de junio, se dispone ya un mecanismo de concurrencia competitiva, así como distintos supuestos en los cuales se puede fundamentar un acuerdo con lo dispuesto también en la ley, en el artículo en
concreto 14.7 de la Ley 24/2013. Desde ese real decreto han existido tres procesos de concurrencia competitiva o, como lo llamamos nosotros comúnmente, subastas. España debe cumplir, así lo ha dicho también mi compañero Josep, porque tiene un
paquete de medidas y una legislación vinculante en materia de cambio climático y medio ambiente y también en materia de energía con la Unión Europea. Se trata de los objetivos 2020 en los cuales España debería tener un 20 % de energía renovable y
en la actualidad estamos en un 16 %. En la subasta de enero de 2016 se subastaron 700 megavatios, en la de 17 de mayo de 2017 fueron unos 3000 megavatios y recientemente en julio hemos tenido otra. Se ha cuestionado muchísimo la certidumbre que
estas últimas subastas han dado y si el modelo es viable o no es viable. Lo que está claro es que con estas subastas, que parece que están creciendo como las setas con la humedad, estamos viendo que no existe ningún tipo de planificación, sino que
surgen a raíz de acontecimientos muy concretos y no porque haya una hoja de ruta o haya un objetivo de dar estabilidad, certidumbre o alcanzar un objetivo más allá de ese 20 % de objetivo 2020. Nosotros nos planteamos varias preguntas como la de
por qué estamos corriendo. ¿Estamos corriendo porque necesitamos llegar a esos objetivos 2020? ¿Hay algún tipo de planificación prevista ante estas subastas que están surgiendo, repito, como las setas con la humedad, sin que haya una planificación
previa? Sería quizá más lógico y más sensato sentarnos, negociar con Europa y decir que a lo mejor no llegamos a tiempo a ese 2020, pero que cumpliremos 2030 o es mejor correr, que es lo que se está haciendo. Hasta el momento con un modelo que
además ni siquiera ha sido bien aceptado. También hemos planteado -y así se lo hicimos llegar al propio ministro- dudas sobre si el tiempo que hay desde las últimas subastas hasta la supuesta fecha de finalización, ejecución de esos parques es
suficiente. Nos planteamos dudas en cuanto a la propia logística de ejecución de esos parques y también en cuanto al tiempo. No sabemos si va a ser posible que esos proyectos vean la luz y tampoco hay ningún tipo de cláusula que diga que si esos
proyectos no se ejecutan habrá penalizaciones, con lo cual al final estamos en fuegos artificiales y no en un objetivo real que es que nuestro modelo energético vaya hacia un modelo sostenible.
El pasado 31 de agosto este grupo parlamentario registró en esta Comisión una iniciativa en la que se planteaba que se estableciese un calendario de subastas. Así que no tendremos que decir que es necesario que exista ese calendario de
subastas. Pero creemos que es indispensable que vaya también en consonancia con la ley de cambio climático y transición energética que esperemos que salga esta legislatura de estas Cortes, porque si no seguiremos cayendo en la improvisación y no en
la planificación a futuro que tiene que tener un tema tan importante como es la energía en este país y que se ha estado dando la espalda no solamente en cuanto a materia energética a Europa, sino incluso a nuestros propios ciudadanos. Estamos
convencidos de que estamos en un momento idóneo y propicio para establecer las reglas del juego. España ha suscrito distintos convenios y acuerdos a nivel comunitario y también a nivel internacional. Tenemos todo en nuestras manos para establecer
esa hoja de ruta hacia un nuevo modelo de transición energética. Le hemos planteado a nuestro compañero del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea una enmienda para suprimir ciertos puntos, por lo que hemos hablado previamente
entiendo que no la aceptará, pero le solicitamos que tenga a bien aceptar una votación por puntos, ya que con la mayoría de los puntos estamos totalmente de acuerdo. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Le pregunto al proponente, señor Vendrell Gardeñes su posición respecto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
El señor VENDRELL GARDEÑES: No aceptamos la enmienda del Grupo Ciudadanos, pero sí estamos de acuerdo en votar por puntos.
El señor PRESIDENTE: De acuerdo. Se votará por puntos.
Pasamos ahora al turno de fijación de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, presidente.
Parece que en política energética el Gobierno está decidido a actuar en contra de todo lo que hacen los países de nuestro entorno. Esto ya no es ninguna novedad, viene siendo una constante. Las subastas de renovables son un ejemplo más de
esa irrefrenable tendencia que tiene nuestro Gobierno en materia energética. Hemos pasado por una travesía en el desierto consistente en seis años de parálisis en materia de energía renovable. Una parálisis que ha contribuido a perder la posición
internacional que tenía España en este sector y que además ha conseguido destruir tejido empresarial y empleos de calidad. Después de este estancamiento y de la pérdida de confianza por la inseguridad jurídica en nuestro país para inversores
extranjeros, el Gobierno elabora tres subastas seguidas en menos de un año. Unos 8000 megavatios subastados sin planificación, sin lógica y sin grandes esperanzas de que puedan ejecutarse completamente. En lugar de plantear una subasta por precio
de la energía generada lo hacen por el precio de la instalación independientemente de su rendimiento. En lugar de retribuir según la oferta que ha hecho cada empresa, se vuelven así al sistema marginalista frustrando la posibilidad de generar
ahorros al sistema. En lugar de planificar las actuaciones para que el sector no tenga ni problemas financieros ni de logística o de suministro, agolpan las subastas con la finalidad de cumplir los objetivos renovables bajo el principio del apretón
del vago, después de haberlos tenido olvidados durante los seis últimos años. En lugar de elaborar una norma transparente comprensible y sencilla, elaboran normas de gran complejidad y de dudosa eficiencia. El Gobierno conoce, o al menos debería
conocer, estudios propios del ministerio que comparan distintos tipos de subastas a nivel internacional y que además proponen los modelos más adecuados. Pero parece que las únicas propuestas válidas son las que se dirimen dentro de las paredes del
despacho ministerial. Estamos básicamente de acuerdo con la iniciativa del grupo proponente y haciendo también hincapié en la necesidad de que hay que hacer subastas dirigidas a tecnologías que aún no estén maduras y que cumplan una función social
para una transición justa.
Señorías de Podemos, podemos llegar a acuerdos parlamentarios, en eso consiste nuestro trabajo y no en poner palos en las ruedas que compartimos. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio Carrasco.
Para fijar posición por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, presidente.
Señorías,... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio, porque hay un rumor en la sala que impide oír correctamente a las personas cuando intervienen. Adelante señora Hoyo.
La señora HOYO JULIÁ: Gracias, presidente.
En materia de energía renovable el Gobierno tiene una apuesta clara, decidida y sin matices a favor de su aumento en el mix energético español. El procedimiento por el cual se ha apostado desde que gobierna el Partido Popular es la subasta
para que entren en el mix las mejores fuentes, aquellas que consigan que se reduzcan las emisiones, que se reduzca la dependencia exterior y que garantice más horas de funcionamiento. Como saben, en las últimas dos subastas en España, ganaron 8000
megavatios que no recibieron ningún tipo de ayuda. La última reforma del Partido Popular tiene dos consecuencias que cabe destacar y que son fundamentales. Por una parte, reduce el precio de la factura eléctrica y, por otra, ayuda al objetivo del
cumplimiento europeo de un 20 % de energía renovable en el mix energético español.
Señorías, del total del sistema eléctrico español, más de treinta mil millones de euros, once mil se corresponden con el resultado de malas políticas energéticas, por ello, no repetiremos malas prácticas del pasado que contribuyen al
encarecimiento de la factura de todos los españoles. Voy a dar un dato que hay que recordar, antes de hacer la carta a los Reyes Magos, de 2004 a 2012 la factura aumentó un 70 %
dificultando el bienestar de las familias y restando competitividad a nuestras empresas. Las malas políticas energéticas las disfrutan unos pocos hoy y las padecemos muchos mucho tiempo. Por ello, vamos a votar en contra de esta
proposición no de ley. Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Hoyo Juliá.
Hemos concluido el debate de este punto del orden del día.
- RELATIVA A LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA MEDIANTE EL SUMINISTRO DE INFORMACIÓN A LOS CONSUMIDORES SOBRE SU CONSUMO ENERGÉTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002167).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al siguiente que es el originalmente calificado con el número seis. Proposición no de ley relativa a la mejora de la eficiencia energética mediante el suministro de información a los consumidores sobre su
consumo energético. Propuesta por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa tiene la palabra el señor Ruano.
El señor RUANO GARCÍA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, traemos hoy esta proposición no de ley para la mejora de la eficiencia energética mediante el suministro de información a los consumidores sobre su consumo energético. Como todos ustedes saben una de las líneas fundamentales
de la política energética y así se está demostrando también a nivel de legislación europea, es el consumidor, que debe de ser cada vez más protagonista en la medida que demanda cada vez más información y más capacidad para gestionar su consumo. Lo
que se trata con esta proposición no de ley es que el consumidor disponga de una información que es vital para tomar determinadas decisiones a la hora de contratar la energía. Como todos ustedes saben, el 30 de noviembre de 2016 la Comisión Europea
presentó el paquete de energía y clima para el periodo 2020-2030 y precisamente de aquí se deriva una serie de propuestas normativas, una directiva sobre reglas comunes para un mercado interior de electricidad. La propuesta que modificaba la actual
directiva tenía entre sus objetivos incrementar el poder de los consumidores y, por tanto, también contemplaba la sustitución de los contadores analógicos por unos contadores que fuesen más sofisticados y que proporcionasen una mayor información.
Además es muy importante también destacar que por su parte también resultaba de aplicación la normativa general en materia de seguridad y de la protección de datos personales de los usuarios. Como todos ustedes saben, las compañías de distribución
eléctrica y comercializadoras están realizando este cambio de los contadores analógicos por otros contadores telegestionados o digitales de todos sus clientes de una manera progresiva. Estos contadores son mucho más avanzados, proporcionan
información de manera instantánea a las compañías eléctricas sobre distintos aspectos y sobre el consumo energético de sus clientes. Información que no siempre se traslada a los consumidores. Alguna de las prestaciones de estos contadores son la
incorporación de un interruptor limitador de potencia, el envío de tablas tarifarias, la actuación de un interruptor interno y, lo más importante, también informan sobre la potencia máxima. La implantación de estos nuevos contadores respondió al
cumplimiento de la obligación legal a todas las distribuidoras eléctricas y de acuerdo con los planes presentados y aprobados por el anterior Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, así como planes aprobados también en algunas comunidades
autónomas. El coste de estos nuevos contadores es habitualmente soportado por los consumidores en régimen de alquiler mensual que se paga a las empresas eléctricas, pero finalmente es soportado por estos consumidores, aunque a veces tienen también
la posibilidad de adquirirlos los propios consumidores. De acuerdo con los datos proporcionados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en España se están instalando un total de 27 millones de contadores inteligentes. El
contador, como mencionaba anteriormente, transmite información muy importante que en este momento reciben solamente las compañías, pero que también sería vital para el consumidor, pues le aportaría multitud de ventajas como una mejor planificación
en el consumo diario, un mejor control de sus consumos residuales o una definición precisa de la posible potencia contratada, lo que contribuiría de manera notable a una mejor eficiencia energética y ahorro en la factura de estos consumidores. En
la actualidad si bien las empresas eléctricas disponen de multitud de información acerca del consumo eléctrico de los consumidores y aunque es cierto que algunas compañías eléctricas hemos podido comprobar que facilitan o proporcionan esta
información a los consumidores, también es cierto que hay muchas de ellas que no lo facilitan en la actualidad. Además la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia considera que los
sistemas de medición inteligente de estos contadores que se están implantando progresivamente deberían de disponer de dispositivos adicionales para proporcionar información directamente al cliente, más allá de los propios visores que tienen
en la actualidad y que están incluidos por defecto en el aparato, en el contador. En cualquier caso, se hace necesaria una comunicación para que los consumidores sean conscientes de las posibilidades que tienen. No olvidemos que esta información
accesible de una forma ágil y clara contribuiría sin duda a una mejora de la eficiencia energética y a una mejora en la toma de decisiones del propio consumidor. Esto es todo, señor presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruano.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y también por parte del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Confederal tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
Los contadores eléctricos deben cumplir la Directiva Europea de Eficiencia Energética 2012/27/EU, que establece las características de estos dispositivos y cuyo objetivo es avanzar en conseguir una sociedad que gestione y administre su
consumo energético. No parece que lo que se está haciendo en España vaya dirigido a cumplir ese objetivo. En nuestro país las compañías eléctricas están instalando contadores inteligentes de forma tal que ellos son los únicos que pueden conocer en
tiempo real los datos de nuestro consumo eléctrico. Mal empezamos. Mediante un análisis de los datos de consumo es sencillo identificar quién y cuándo consume energía. Conocer nuestro consumo detallado debería de ser un derecho y el primer paso
hacia medidas de eficiencia energética. De forma global el análisis de estos datos debería servir para optimizar y mejorar las redes de distribución y facilitar el acceso de las instalaciones de alto consumo y constituir además una valiosa
herramienta para impulsar el cambio de modelo energético. ¿Pero de verdad alguien se cree que esto es lo que se está haciendo en España? Conocer el consumo eléctrico detallado permite conocer también los hábitos y costumbres de los usuarios: A
qué hora se levantan. Si están en su domicilio. Cuándo cocinan. A qué hora ponen la televisión, qué electrodomésticos, etcétera. Lo que da lugar a una gran cantidad de información privada que ponemos en manos de la compañía eléctrica. ¿Estamos
los consumidores debidamente protegidos para evitar un mal uso de estos datos por parte de las compañías eléctricas? Por desgracia, hasta el momento estos contadores lejos de empoderar al ciudadano y responsabilizarle de su consumo energético
añaden opacidad al sistema y entregan más poder a las compañías eléctricas. ¿Qué nuevo servicio ofrecen estos contadores a los ciudadanos y por el que la compañía eléctrica nos factura un precio superior todos los meses? De momento ninguno. En
todo caso, una facilidad de información y de acceso a la información exclusivamente para las compañías. Bien pensado eso de llamarles inteligentes y que así parezca que lo que en realidad supone un beneficio para ellos lo veamos como un nuevo y más
moderno servicio. Inteligentes, pero para quién. Por ello, nosotros reivindicamos nuestro derecho como consumidores a tener acceso en tiempo real a nuestros datos de consumo eléctrico a partir del contador. Pero además reclamamos que tenga
garantías de seguridad para el consumidor, que sea fiscalizado por un regulador público y que salvaguarde la información de los consumidores y, por último, que no se pueda comercializar. De ahí que nuestra enmienda vaya dirigida en ese sentido,
aunque el Grupo Popular nos haya dicho ya que no va a ser aceptada. En todo caso, puesto que no se acepta nuestra enmienda, que creemos que debe cambiar la política de los contadores inteligentes hacia una política de apoyo al consumidor y de
salvaguarda de sus derechos frente a la actual política de intereses del oligopolio energético, votaremos que no a la propuesta del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ramos Esteban.
El señor RAMOS ESTEBAN: Gracias, señor presidente.
Esta es una de esas proposiciones típicas del Grupo Popular que se hacen para llenar el cupo de iniciativas que tienen que presentar. Creemos que es una PNL que todos deberíamos apoyar, o que es razonable apoyar, aunque he visto que algún
grupo parlamentario no lo va a hacer.
La sociedad está cambiando radicalmente gracias al desarrollo de la sociedad de la información y, sobre todo, al desarrollo tecnológico. Uno de los cambios que está produciéndose en todos los sectores
es que la gente ha modificado la forma de relacionarse, de consumir y está actuando de forma distinta gracias a esa revolución tecnológica. En esa nueva revolución tecnológica hay una parte muy importante que son los datos; datos que
actualmente están utilizando las empresas privadas para ser mucho más competitivas y para tener, por decirlo de alguna forma, un Gran Hermano.
Con respecto a los contadores inteligentes, que creemos que son una buena apuesta -nos parece que España lo ha hecho bien, porque es cierto que está cumpliendo los compromisos con Europa en cuanto al número de contadores-, a día de hoy solo
se benefician de esos datos, que son de las personas, de los consumidores, de los usuarios, las empresas privadas. Por eso nos parece obligatoria e imprescindible la iniciativa que presenta el Grupo Popular, que pide que esos datos se pongan a
disposición del usuario, porque son suyos. Es incomprensible que hoy en día las empresas privadas tengan datos de sus usuarios sobre qué consumen, cuándo consumen, en qué cantidad, y que a esos usuarios les resulte muy complicado acceder a ellos.
Pero eso no pasa solo en las compañías eléctricas, porque en las compañías de telecomunicaciones sucede algo muy parecido. Estas compañías tienen datos de los usuarios de cómo nos movemos, dónde nos movemos, a qué velocidad, por dónde vamos, y
algunas de ellas incluso los comercializan.
Hemos presentado una enmienda, porque nos parece que la iniciativa del Grupo Popular está muy bien, pero se queda muy corta, en la que pedimos varias cosas. Los datos no sirven para nada si no son accesibles y comprensibles para los
ciudadanos. Creemos que se tiene que potenciar el desarrollo de aplicaciones que permitan a los usuarios entender esos datos y utilizar para hacerlos más competitivos. Pongo un ejemplo. ¿Sería posible que un desarrollador de software generara una
aplicación que permitiera a un usuario elegir la mejor tarifa teniendo en cuenta el histórico de sus datos? Es posible. Por eso creemos que el Gobierno tiene que impulsar el desarrollo de estas aplicaciones. Pero, además, los contadores
inteligentes, tener los datos de uso en cada momento, tiene muchas potencialidades -por eso creemos que la iniciativa del Grupo Popular se quedaba muy corta-, ya que los electrodomésticos inteligentes permiten ponerlos en marcha con un consumo
eléctrico óptico, según la tarifa, el consumo y la producción eléctrica en España, más teniendo en cuenta que hoy en día hay tarifas que el día anterior permiten saber cuál va a ser el precio del kilovatio en cada una de las horas del día siguiente.
Por eso creemos que desde el Gobierno se tiene que impulsar la compra y el desarrollo de estos electrodomésticos, porque irá en beneficio de los usuarios. Pensamos que es imprescindible que esos datos, como he dicho antes, no solo estén a
disposición de las compañías eléctricas, porque están haciendo uso de datos que no son suyos, sino que deben publicarse, porque eso va a permitir que la sociedad y la economía sean mucho más competitivas. Que cualquiera pueda acceder a dichos datos
y saber cómo se está consumiendo electricidad en este país, en cada una de las localidades, en cada una de las ciudades, en cada uno de los barrios, permitirá que tengamos usuarios mucho más eficientes.
Por último, un tema del que se ha hablado siempre es que la gente no entiende la factura eléctrica que le llega a casa. Algún día conseguiremos que esto no sea así. En nuestra enmienda pedimos transparencia, que las compañías eléctricas
hagan un esfuerzo para que podamos entender cada uno de los conceptos que aparecen en esa factura y que no sea tan opaca que nos haga sospechar muchas veces que se nos está tomando el pelo con lo que se nos cobra por la electricidad en nuestros
hogares.
Vamos a apoyar esta iniciativa si el Grupo Popular acepta la enmienda, que pensamos que es razonable, que la completa, la enriquece y que es buena para los usuarios. Creemos que en esta nueva sociedad hay que ser imaginativos y no
preocuparnos, como hemos dicho en la enmienda, porque garantizando el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos, que siempre se tiene que cumplir, no debemos tener miedo a la evolución, como veo que tienen algunos partidos. Simplemente hay que
garantizar que la Ley de Protección de Datos se cumple, y a partir de ahí conseguiremos que los ciudadanos sean más eficientes.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ramos.
Pregunto al señor Ruano García si aceptan las enmiendas de los grupos parlamentarios.
El señor RUANO GARCÍA: La del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea no la vamos a aceptar y lamentamos que vayan a votar en contra, porque creemos que es muy positivo...
El señor PRESIDENTE: Este turno es para decir si acepta las enmiendas o no.
El señor RUANO GARCÍA: Se acepta la del Grupo Parlamentario Ciudadanos, a excepción de unas palabras que ya ha comentado el Grupo Socialista.
El señor PRESIDENTE: Entonces es una transaccional del Grupo Socialista, que es la que se someterá a votación.
Para consumir un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Anticipamos que vamos a votar a favor de esta proposición. Pensamos que es una oportunidad para tener un consumo responsable y eficiente, ya que da a los consumidores opciones de control sobre nuestra factura. En un país como España, con
el coste que tiene para nosotros producir la energía, puesto que a veces tenemos que traerla del exterior, todo lo que sea mejora de la eficiencia energética, bienvenido sea.
El pasado mes de junio ya vimos una PNL que presentó Esquerra sobre este mismo tema, que era mucho más amplia que esta y que abundaba más en estas materias y en muchas de las cosas que están diciendo los portavoces de los grupos.
Evidentemente, las nuevas tecnologías nos abren unas posibilidades impresionantes, y en el campo de la energía también tenemos que aprovechar todo lo que se nos ofrece. Es indudable que con los contadores inteligentes todo son ventajas para las
compañías eléctricas, como aquí se está diciendo esta mañana, porque disminuyen los costes en operarios, pueden cortar de manera remota el suministro a los usuarios, el área comercial se simplifica notablemente, y ayudan al control del fraude,
porque en el año 2015 se abrieron 115 000 expedientes por fraude, lo que ha supuesto una recaudación de 150 millones de euros en multas. Estas son las ventajas para las compañías, pero los usuarios también tienen que tener otras. Coincido con el
resto de los portavoces en que hay algunas zonas de sombra en los contadores inteligentes, sobre todo en cuanto a medidas de seguridad, porque cada veinte segundos suministran información a la red y a las compañías. Tendremos que tener en cuenta la
intimidad, la privacidad, la seguridad de los consumidores, que debe estar protegida, porque se puede saber hasta si una persona está enferma de la próstata, por las veces que se levanta por la noche y enciende la luz, o si le gusta un determinado
partido de fútbol. Actualmente, esto lo permite la tecnología. Y ahora que estamos entrando en la fase del Internet de las cosas, se podrá saber la marca de electrodomésticos que tenemos en casa y qué uso estamos haciendo de los mismos. Es
importante cómo se gestiona este volumen de información de cara al consumidor y a su privacidad.
Quiero hacer hincapié en que hay estudios y denuncias de Facua y de OCU, de las organizaciones de consumidores, sobre la implantación de estos contadores inteligentes. Se han hecho estudios de recibos de la luz, sobre todo de aquellos
ciudadanos que se acogieron al precio voluntario de pequeño consumidor, que son la mayoría en este país, la tarifa PVPC, en los que se observa que desde que está este tipo de contadores han subido entre un 20 y un 35 %, lo que pone un poco en
cuestión el control que puede tener el usuario final sobre el abaratamiento de su recibo de la luz y de su tarifa eléctrica.
También quiero llamar la atención sobre otra cuestión, que es la posición predominante de mercado de algunas compañías. Tenemos el caso reciente de Andalucía, donde la Junta ha tenido poner a una compañía una multa de 400 000 euros, además
era reincidente, porque estaba cobrando por unos servicios que no se prestaban. Parece ser que estos contadores inteligentes, que en teoría pueden volcar información a la red, ni siquiera estaban puestos; es decir, se cobraba por un contador
inteligente cuando en realidad estaban utilizando uno analógico.
Hay que tener en cuenta todo esto. Está bien que las compañías mejoren su gestión de la energía, porque en cambio climático y en el tratamiento que damos a la energía esto va a suponer un avance importante, pero insisto en que se tiene que
tener muy en cuenta la seguridad de los consumidores, que al final es a quienes representamos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.
- SOBRE EL REAL DECRETO MI-IP 04. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJ-PNV). (Número de expediente 161/002184).
El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate de la siguiente proposición no de ley, sobre el Real Decreto MI-IP 04, presentada por el Grupo Parlamentario Vasco.
Para su defensa, tiene la palabra la señora Sagastizabal.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Gracias, señor presidente.
Estamos llegando a una transaccional y en cuanto la tenga se la pasaré a los grupos.
La contaminación medioambiental de suelos producidos por el derrame de hidrocarburos es un asunto cada vez más común, y además es un hecho frecuente en las estaciones de servicio y parques de almacenamiento, producida principalmente por
fugas en los tanques de almacenamiento o durante el proceso de descarga de cisternas. Así, el almacenamiento de productos petrolíferos líquidos en este tipo de tanques es una actividad de elevado riesgo medioambiental por la pérdida de estanqueidad
que se produce con la oxidación de los tanques de pared simple que están instalados sin cubeto estanco de contención. El problema de los suelos contaminados con hidrocarburos radica en que hasta hace pocos años no existía conciencia del grado de
dificultad y el costo que representa la recuperación de los suelos y cuerpos de agua contaminados para la sociedad.
Las estaciones de servicio poseen riesgos inherentes de fugas de diesel y gasolina por roturas de las conducciones, fugas por deterioro en los tanques enterrados, filtraciones de aguas aceitosas desde las presas y filtraciones de aceites
pesados desde la superficie. El conocimiento del riesgo de este problema ambiental, así como de su dimensión, hizo que la Sociedad Pública de Gestión Ambiental Ihobe publicase varias guías técnicas especializadas en la prevención y descontaminación
del suelo por hidrocarburos, y en particular la guía técnica de evaluación y gestión de la contaminación del suelo por tanques de almacenamiento subterráneo. Como afirma esta sociedad, numerosas investigaciones realizadas a lo largo de los últimos
años han constatado que las fugas de dichos depósitos constituyen los principales focos de contaminación del suelo.
La explotación segura de las instalaciones de almacenamiento de productos contaminantes del agua, en particular las instalaciones de productos petrolíferos líquidos, que superan el millón de tanques enterrados en el conjunto del país, merece
particular atención, y es que este almacenamiento está tipificado como actividad potencialmente contaminante y elevado riesgo medioambiental.
Hay que decir también que el riesgo de vertidos por fugas en tanques de simple pared queda evidenciado en la publicación realizada por la Universidad George Washington al reconocer que en Estados Unidos el 20 % de los tanques enterrados de
simple pared terminará fugando. También se estima que el 60 % de estas fugas alcanza las aguas subterráneas y que un galón de gasolina puede contaminar un millón de galones de agua potable. El peligro potencial de las fugas es importante porque
más de la mitad del agua potable de la nación proviene de aguas subterráneas. Por los motivos expuestos, en Estados Unidos ya se abordó la amenaza de depósitos defectuosos y se prohibió la instalación de tanques de simple pared a partir del año
1985.
En el Estado, el Real Decreto 1523/1999 asume explícitamente el riesgo de vertidos por la pérdida de estanquidad causada por la oxidación de tanques de almacenamiento de simple pared instalados sin cubeto estanco de contención, y además
establecía en los anexos I y II de los artículos 38 y 39 el procedimiento de validación de las técnicas emergentes de verificación de la estanqueidad. Sin embargo, y a pesar de este decreto, ha habido serias carencias en su aplicación, así como
injustificadas actuaciones administrativas que han otorgado la exención de pruebas de estanqueidad a sistemas de detección de fugas que han actuado durante años sin cumplir la garantías reglamentarias, amparados en determinadas circulares que
otorgaban la exención de realizar pruebas de estanqueidad en los tanques de simple pared a los sistemas de detección de fugas fijos instalados permanentemente, actuantes en el conjunto del Estado, sin certificar su correcto funcionamiento,
autorizados, además, para realizar pruebas de estanqueidad reglamentarias sin verificar la integridad del tanque, al estar limitados estos sistemas a detección de fugas únicamente por debajo del nivel de producto, cuando al resto de tanques de
simple pared que no dispongan de sistemas de detección de fugas fijos se les exige la verificación integral del tanque, en algunos casos con dos sistemas de detección, uno para las fugas por debajo del nivel de producto y otro para las fugas por
encima del nivel de producto. Es preciso también indicar que el parque de tanques instalado en España es mayoritariamente de simple pared y el 75 % supera los treinta y seis años de antigüedad, siendo el tiempo de vida útil establecido por la
agencia EPA de Estados Unidos de dieciocho años y de quince años el establecido por la compañía Pemex.
Tal y como hemos dicho, una auditoría realizada por el Gobierno vasco aporta datos que cuestionan la efectividad de las revisiones realizadas cada diez años por las entidades de inspección OCA, además de una serie de incidencias
importantísimas en los sistemas de detección de fugas móviles y fijos, como la utilización de sondas inapropiadas de inferior calidad que las certificadas, utilización de flotadores de
menor diámetro que el certificado por el fabricante, pruebas de estanqueidad realizadas incumpliendo el nivel de producto y reposo mínimo previo y durante la prueba de estanqueidad.
La experiencia adquirida en la aplicación de la legislación vigente induce, desde luego, a exigir un mayor control administrativo sobre los organismos de inspección y la aplicación de procedimientos de verificación eficaces de los tanques
transformados a doble pared, así como de los sistema de detección de fugas instalados permanentemente, tanto en tanques de simple pared, según la ITC MI-IP 04 vigente, como para los de doble pared, conforme a los procedimientos que desarrolla el
Decreto 159/2014 del País Vasco, que en ningún caso, además, justifica requisitos más laxos para los tanques existentes, tanto de simple pared como los dictados en el texto reglamentario de la ITC.
Por estas razones solicitamos el apoyo de los grupos a nuestra proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Sagastizabal.
A esta proposición no de ley han presentado enmiendas el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Vendrell Gardeñes.
El señor VENDRELL GARDEÑES: Gracias, señor presidente.
Esta proposición no de ley presentada por el Grupo Vasco y Compromís tiene un contenido muy técnico, pero no por ello menos significativo e importante, porque lo que pone en evidencia es que la problemática de los tanques de combustible,
singularmente de las estaciones de servicio para el suministro de vehículos, comporta un riesgo potencial para la salud de las personas y para el medio ambiente. Lo que viene a decir la PNL es que en España esto no está bien resuelto. No lo está
con el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado 7 de julio, ni lo estaba con la aplicación del real decreto del año 1999.
En la proposición no de ley se describen una serie de riesgos potenciales de este tipo de depósitos: riesgo de corrosión en contacto con agentes corrosivos y oxidantes y riesgo de fugas por los productos que almacenan, que son de una gran
toxicidad. Me han sorprendido -creo que es interesante subrayarlo- algunas de las informaciones que están en la parte expositiva de la PNL, como que en Estados Unidos el 60 % de las fugas de este tipo de depósitos alcanza las aguas subterráneas o
que un litro de gasolina puede contaminar un millón de litros de agua potable. En otros países, como Estados Unidos, Francia, incluso en el País Vasco, se han tomado medidas, por ejemplo, para pasar de los tanques de simple pared a los de doble
pared, con mayor celeridad que en España. Además, lo que se subraya es que la aplicación del real decreto del año 1999 no se caracterizó por su rigor, enviando circulares el Ministerio de Industria en los años 2002 y 2010 por las que eximía a los
tanques de simple pared de realizar pruebas de estanqueidad.
¿Cuál es la problemática en España? Que la mayor parte del parque de tanques instalados es de simple pared y que el 75 % supera los treinta y seis años de antigüedad, con el riesgo que ello conlleva. Esta situación se puede agravar en las
estaciones desatendidas, aquellas en las que no hay personal. No voy a reproducir los datos de la auditoría realizada por el Gobierno vasco, porque ya figuran en la PNL, pero creo que son muy significativos.
Nuestras enmiendas van en el sentido de precisar el contenido de esta proposición no de ley. Si no he entendido mal, el real decreto de julio dice que la entrada en vigor será el 2 de noviembre. Hay un error en la redacción de nuestra
enmienda, porque habla de su publicación y debe decir la entrada en vigor. Pedimos que esta laxitud detectada en la nueva regulación sea solventada, tomando, por ejemplo, el decreto aprobado en el País Vasco, que tiene un calendario de paso de los
tanques de simple pared a doble pared más estricto del que hay a nivel estatal.
En cualquier caso, estamos trabajando en una transaccional y como el texto que conocemos nos parece positivo, votaremos a favor.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vendrell.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ruiz i Carbonell.
El señor RUIZ I CARBONELL: Gracias, señor presidente.
No me negarán que si no eres técnico en la materia cuesta un poco seguir, línea tras línea, leyendo y entendiendo el texto de esta proposición no de ley, y que la exposición de motivos no es muy técnica, diría incluso reglamentaria. Voy a
ser sincero: a mí me ha costado. Pero tengo que agradecer al grupo proponente que la presentaran, porque me ha servido para aprender algo que no conocía bien y que tiene que ver con la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país, y
más de mi ciudad, Tarragona, en cuyos alrededores está situado el complejo petroquímico más importante del Mediterráneo, aparte de que cualquier cosa que afecte a la seguridad de los ciudadanos, sean de donde sean, debe tratarse con sumo interés.
Como se trata de seguridad, tendríamos que ser capaces de llegar a un acuerdo que fuera mayoritario en la Comisión, como estamos intentando hacer. Como se señala en la proposición, el 7 de julio de este año el Gobierno aprobó el Real
Decreto 706/2017, que fue publicado el 2 de agosto en el BOE, por el que se aprueba la instrucción técnica complementaria MI-IP 04, instalaciones para suministros a vehículos, que regula determinados aspectos de las instalaciones petrolíferas,
deroga el Real Decreto 2201/1995, de 28 de diciembre, deroga también el Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento para la distribución al por menor de carburantes y combustibles petrolíferos en instalaciones de
venta al público, y desarrolla la disposición adicional primera de la Ley 34/1992, de 22 de diciembre, de ordenación del sector petrolero. Real decreto que, según el Gobierno, contempla la experiencia adquirida desde la promulgación del anterior,
en el ya lejano año de 1999, la reglamentación europea, los avances tecnológicos, los nuevos combustibles, los avances en seguridad y en defensa del medio ambiente, y lo que dicen las comunidades autónomas, que exigían la elaboración de una nueva
reglamentación que tuviera en cuenta todo esto. Se trata, repito, según el Gobierno, de regular los sistemas que impidan la contaminación de los suelos en instalaciones petrolíferas, reduciendo todo lo posible las fugas. Todo el contenido de estas
normas que acabo de señalar entra en vigor el 2 de noviembre.
Tras leer con atención su propuesta, y queriendo llegar a un acuerdo, vemos que será difícil votarla tal y como la presentaron en su día, porque estamos hablando de un real decreto, es decir, de una norma que en nuestro ordenamiento jurídico
emana del Ejecutivo, o sea, del Gobierno, no del Legislativo. Así y todo, queremos hacer un esfuerzo, y pensando en una transacción que sea mayoritaria hemos elaborado una enmienda que, como verán, mantiene el primer y el tercer punto de su
iniciativa -este último con un cambio de estilo en una frase-, exigiendo al Gobierno que nos remita el informe del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial y la justificación y motivos técnicos de las modificaciones del real decreto del 7
de julio. El Grupo Socialista quiere tener la absoluta seguridad de que la nueva normativa se ajusta al marco europeo, a las normas UNE, que son la versión oficial en España de las normas europeas y a las normas del resto de países más avanzados,
que se garantiza la seguridad de las instalaciones y que se previenen mejor los riesgos medioambientales.
Gràcies per la seva atenció. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Ruiz i Carbonell.
Pregunto a la señora Sagastizabal si se aceptan las enmiendas o no.
La señora SAGASTIZABAL UNZETABARRENETXEA: Hemos llegado a una transaccional.
El señor PRESIDENTE: Gracias. Se procederá a votar la transaccional.
Para consumir un turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias, señor presidente.
He de compartir mi posición con el compañero del Grupo Socialista, puesto que ha sido un gran descubrimiento. Al final, cuando acabamos de entender toda la iniciativa vemos que básicamente estamos hablando de la seguridad de todos los
ciudadanos. En el sector de almacenamiento soterrado de productos petrolíferos líquidos, que en 2017 contaba además con una rotación anual de un producto de más de sesenta millones de toneladas, supera el millón de tanques en el conjunto de España,
dato que si no llega a ser por esta iniciativa quizá nunca hubiéramos conocido.
En el Consejo de Ministros del 7 de julio de 2017 se estableció un criterio unificador en el riesgo de instalaciones de almacenamiento de productos petrolíferos líquidos y químicos en tanques atmosféricos.
Existen dos normativas a las que se podían acoger: el Real Decreto 1523/1999 y el reglamento de almacenamiento de productos líquidos. También se habla en esta normativa -y es un aspecto que hay que tener en cuenta cuando se habla de
criterios de seguridad- de que la estanqueidad y la resistencia mecánica de tales instalaciones se pueden ver alteradas y deterioradas a lo largo del tiempo por el contacto con agentes corrosivos u oxidantes. El parque de tanques instalados en
España es mayoritariamente de simple pared, que es precisamente por lo que estamos dudando aquí de los criterios establecidos, y el 75 % supera los treinta y seis años de antigüedad. Teniendo en cuenta que la vida útil de este tipo de tanques es de
dieciocho años, que el 75 % del parque supere los treinta y seis años de antigüedad nos deja claro que está pasando algo. Incluso la compañía PEMEX dice que la vida útil de estos tanques es inferior, que son quince años. Tenemos que trabajar en
esta materia. En el año 1984 el Congreso de Estados Unidos abordó la amenaza de vertidos por depósitos defectuosos, prohibiendo la instalación de tanques de simple pared a partir de 1985, siendo exigible en Estados Unidos la doble pared desde 2016,
en Francia a partir de 2020, y en el País Vasco a partir de 2022.
Tenemos que lidiar con el riesgo de contaminación de los acuíferos, que es una realidad, y nuestro deber es protegerlos. La alta toxicidad química de los combustibles derivados del petróleo supone un gran riesgo de contaminación, no solo en
materia medioambiental, sino también para nuestra población en caso de que cualquier fuga contamine alguno de los acuíferos de nuestro país, máxime cuando el 75 % del parque de tanques que tenemos supera con creces su vida útil, llegando incluso a
doblarla. Hay que decir también que la mayoría de esos tanques son de simple pared.
El grupo proponente justifica la exigencia de una nueva redacción del texto reglamentario, y la vemos totalmente adecuada, sobre todo porque es necesario compatibilizar no solo la actividad económica, sino también la seguridad de las
personas y los criterios medioambientales. Nos preocupa que una vez transcurridos muchos años desde la entrada en vigor del Real Decreto 1523/1999 se observen serias carencias en su aplicación. También nos preocupan las injustificadas actuaciones
administrativas, haciendo mención especial a las circulares emitidas por el ministerio, tanto en 2002 como en 2010, que otorgaron la exención de realizar pruebas de estanqueidad en los tanques de simple pared a los sistemas de detección de fugas
fijos.
Termino, señor presidente. La experiencia adquirida a raíz de la auditoría que ha realizado el Gobierno vasco, en aplicación de la legislación vigente, induce a exigir un mayor control administrativo, sobre todo en materia de seguridad. El
punto 2 de la iniciativa original nos planteaba algunas dudas de carácter legal, pero con el texto definitivo de la transaccional que nos han hecho llegar la posición de nuestro grupo es favorable a la proposición, a la seguridad y, sobre todo, a
garantizar la vida de los ciudadanos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Baldoví.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Efectivamente, puede parecer una PNL muy técnica, pero, al final, de lo que estamos hablando es de la seguridad, de no contaminar los acuíferos y de que se garantice esa seguridad a los ciudadanos. El contenido de este texto reglamentario,
aprobado por el Consejo de Ministros del 7 de julio de 2017, evidencia, desde nuestro punto de vista, una rendición del poder público ante el poder de los grupos de interés privados que ejercen a menudo una posición dominante en los organismos de
normalización, cuyas normas técnicas de aplicación jurídicamente voluntaria y de naturaleza típicamente privada son elaboradas por sujetos que no tienen atribuida esta potestad reglamentaria.
En sede parlamentaria hemos formulado diversas preguntas, y creo que se ha abusado reiteradamente de argumentos ambiguos, demagógicos, eludiendo en todo momento la respuesta directa a preguntas concretas, evidenciando con su actitud el
Gobierno la ausencia de argumentos, insisto, la ausencia de argumentos que justifiquen la introducción de medidas más laxas en el Real Decreto 706/2017 que las establecidas en la reglamentación vigente, quizá porque tales modificaciones
reglamentarias carezcan de legitimidad científico-técnica y obedezcan a presuntos intereses espurios. Por tanto, ante estas dudas, entendemos que lo mejor que puede hacer el Gobierno es hacer aquello a lo que le instamos en esta PNL, que es remitir
a esta Comisión el informe del Consejo de Coordinación de la Seguridad Industrial, aportar una justificación y motivación técnica de la necesidad de las modificaciones más significativas que contiene el Real Decreto 706/2017, con objeto de
garantizar la normativa actual en materia de seguridad y prevención de riesgos ambientales.
Por último, ante las dudas que se plantean en este real decreto, dudas que, recordemos, afectan a la seguridad de los ciudadanos, afectan a la posible contaminación de los acuíferos de agua potable que nos abastecen, el Gobierno debería
comparecer y explicar qué razones les han movido para modificar a la baja algunos de los criterios de seguridad que aquí se definen. En concreto, el criterio de ventas, por qué se incrementa a tres millones de litros para aumentar la seguridad; el
sistema de detección de fugas, que a nuestro modo de ver es absolutamente ineficaz, en particular para las instalaciones en régimen desatendido; la clasificación de los emplazamientos; y por último, las instalaciones que suministran mezclas de
gasolina y etanol. Por tanto, entendemos que es de sentido común, lo que debería hacer cualquier Gobierno. Y todos debemos sumarnos para garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Moltes gràcies.
El señor PRESIDENTE: Gràcies, señor Baldoví i Roda.
Para la defensa de la posición del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor García Egea.
El señor GARCÍA EGEA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, me gustaría hacer una pequeña puntualización al portavoz socialista en esta iniciativa, puesto que es cierto que Tarragona es un polo industrial químico importante, pero Cartagena no lo es menos. De hecho, tenemos la
inversión industrial más grande de Europa. Y no quería dejar pasar la oportunidad de recordar que nuestro país es amplio y en todas sus comunidades autónomas, en Cataluña, en Valencia, en la Región de Murcia o Andalucía, tenemos instalaciones que
nos hacen ser una referencia en la industria química. Me ha gustado su mención a Tarragona, una de las ciudades más importantes de España.
Por otra parte, quería decirle a la proponente que estamos de acuerdo con este planteamiento y compartimos la preocupación respecto a la seguridad industrial, en concreto en lo referente a la seguridad del suministro de hidrocarburos.
Estamos analizando la transaccional que se ha planteado, pero quisiéramos hacer una pequeña puntualización ya que, desde el punto de vista técnico de la tramitación parlamentaria, una proposición no de ley quizás no sea la mejor herramienta para
conseguir los fines planteados en el petitum de esta iniciativa. Y digo esto porque sin entrar en el fondo, algunos de los puntos son peticiones de informes que desde nuestro punto de vista deberían canalizarse directamente por la vía que el
Reglamento del Congreso tiene habilitada a tal efecto, es decir, el artículo 7.2, que establece como único conducto la Presidencia del Congreso. Con respecto a las inspecciones hay que destacar que se trata de materia autonómica y, por tanto, ahí
deberíamos hacer alguna consideración. Y por último, ya que estamos en la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital y el señor Baldoví ha hecho referencia a la detección de fugas, un tema importante que ha despertado un gran interés entre los
asistentes, podríamos hacer alguna mención para tratarlo en sucesivas ocasiones en el ámbito de Internet de las cosas; es decir, digitalizar estos procesos de detección de fugas. Se hace en otros países de Europa y nosotros, como representantes de
los ciudadanos, también podríamos incorporar tecnología para detectar como se hace, por ejemplo, respecto al nivel del agua. Por tanto, comparto su preocupación por la contaminación y todas las cuestiones que se han planteado desde el punto de
vista medioambiental.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor García Egea.
- RELATIVA A ESTIMULAR LAS ACTUACIONES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA EDIFICACIÓN. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002252).
El señor PRESIDENTE: Concluido este punto del orden del día, pasamos al siguiente originalmente ordenado con el número 9, que corresponde a la proposición no de ley relativa a estimular las actuaciones de eficiencia energética en el sector
de la edificación, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra el señor Mariscal Anaya.
El señor MARISCAL ANAYA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días. La intención de este grupo parlamentario es introducir la eficiencia en la agenda de la política energética. Ya saben la obsesión de mi grupo parlamentario y de este portavoz por llegar a acuerdos, y este es un espacio o
materia en la que esto es posible. Evidentemente, una mayor eficiencia genera bienestar a los españoles y aumenta claramente la competitividad de las empresas en un mundo
globalizado e interdependiente como en el que vivimos hoy. Si aumenta la eficiencia energética, lógicamente se reduce la dependencia de las importaciones, se reducen los costes de la energía, y esto trae consigo mayor competitividad y más
empleo por la necesidad de establecer nuevas infraestructuras y de mejorar las actuales, además de conseguir acercarnos al objetivo climático de reducción de emisiones. Estamos ante un nuevo valor, y el esfuerzo de este Gobierno y en particular de
su ministro, que con una decisión tomada por Eurostat, el pasado 19 de septiembre, conseguía eliminar del déficit público la inversión inicial que se puede hacer por parte de las instituciones en materia de eficiencia, supone abrir la puerta a una
mayor colaboración entre la iniciativa pública y privada y al claro aumento de proyectos relacionados con la eficiencia energética y el ahorro. Esto no es nuevo, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía ya ha desarrollado un
importante trabajo y tiene como nuevos retos los contenidos en el decreto recientemente aprobado, como enviar a los municipios menores de 8000 habitantes 336 millones de euros para mejorar la eficiencia en los edificios, la movilidad sostenible e
incorporar la producción de energía renovable. Esto añadido a la renovación que se propone desde este Gobierno de los edificios de la Administración General del Estado. Y no solo en el ámbito público, también hay mucho por hacer en el ámbito
privado. Pensemos que en la Unión Europea el 25 % de la energía se consume en residencias particulares, y si incorporamos los servicios terciarios o institucionales, supone el 40 % del consumo energético de la Unión Europea. Si además tenemos en
cuenta que en España el 55 % de los edificios son anteriores a 1980, el campo de crecimiento de la edificación eficiente es enorme. Hay una oportunidad muy grande porque, además, este tipo de mejoras trae consigo una mayor empleabilidad y la
incorporación de aquellos sectores del ámbito de la edificación que se han quedado desplazados por la reciente crisis económica. Tenemos ejemplos muy positivos, como el reciente Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios
existentes del sector residencial, que trajo consigo una primera dotación de 125 millones de euros en 2013, y una segunda dotación de doscientos millones en 2016 que no llegó a completarse por el éxito tan grande que tuvo, ya que fueron muchos los
que decidieron apuntarse a este nuevo programa que, insisto, no solamente ayuda a mejorar y reducir las emisiones, a la incorporación de nuevos trabajadores al ámbito de la rehabilitación, sino que, además, fundamentalmente reduce la dependencia
exterior, que es una de nuestras principales dificultades en la balanza de pagos. Me estoy refiriendo en concreto a mejorar la eficiencia de la envolvente térmica de los edificios, la iluminación tanto pública como privada, y también a sustituir la
energía convencional por biomasa o por energía geotérmica.
Nuestro petitum es ambicioso, trata de impulsar al Gobierno a hacer un balance de las medidas tomadas hasta ahora, a promover nuevas medidas tanto en el ámbito público como privado, y también a intentar en la medida de lo posible -desde el
punto de vista de un partido reformista y liberal como es el nuestro- impulsar y dinamizar la actividad privada, no dependiente única y exclusivamente del apoyo público. Como dije al principio de mi intervención, creemos que es un espacio en el que
no deberían existir contradicciones, un espacio en el que todo está por ganar, todo está por hacer. Y esperamos que esta iniciativa sea aprobada con el voto favorable de una amplia mayoría de la Comisión. Como ya han escuchado decir muchas veces a
este grupo parlamentario, todos tenemos que esforzarnos y buscar acuerdos en el ámbito de la energía, despolitizar esta materia debe ser obligatorio por nuestra parte, y por eso ofrecemos esta iniciativa que hace muy difícil votar en contra.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mariscal Anaya.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal
Unidos Podemos, tiene la palabra el señor López de Uralde Garmendia.
El señor LÓPEZ DE URALDE GARMENDIA: Muchas gracias, señor presidente.
La verdad es que causa cierto sonrojo escuchar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular decir que quieren introducir la eficiencia energética en la agenda política. Efectivamente, la eficiencia energética es una de las grandes
asignaturas pendientes de la política energética, y lo es precisamente porque los sucesivos Gobiernos del Partido Popular -tampoco los anteriores del Partido Socialista- han puesto el más mínimo interés en que la eficiencia energética tenga la
prioridad política que se merece. Nosotros estamos de acuerdo en que introducir medidas de eficiencia energética en edificios, un sector que supone el 40 % del consumo total de energía en la Unión Europea, es un aspecto fundamental. Sin embargo,
la
propuesta que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular adolece de objetivos concretos y de presupuestos. Por lo tanto, una vez más son palabras vacías porque si no se incluye en los presupuestos y no se concreta con objetivos, realmente
no vamos a ningún sitio.
Por eso nosotros hemos presentado una enmienda en la que planteamos la necesidad de llegar a la reforma energética de 200 000 edificios, que generaría enormes beneficios porque más allá del cumplimiento de las directivas y lo que supone la
rehabilitación energética de edificios desde el punto de vista energético y de reducción del consumo de combustibles fósiles, también resulta beneficioso para las familias, que verán mejorada la accesibilidad y el bienestar dentro de sus viviendas,
y para el resto de la ciudadanía por lo que supone de dignidad y cohesión social. En nuestra opinión, la rehabilitación es un sector estratégico que hay que impulsar, ya que no solo contribuye a la reducción del consumo de recursos limitados, sino
a la mejora de la salud y seguridad de la ciudadanía. En este sentido, hay que promover actuaciones para fomentar la eficiencia energética, como reducir la demanda mediante el aislamiento exterior de los edificios o impulsar la generación de
energías de origen renovable. El parque residencial debe actualizarse para lograr la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética de los edificios para lograr viviendas confortables, porque frecuentemente la falta de conservación, mantenimiento
y actualización de los edificios se traduce en deterioro del espacio público y del entorno urbano de los barrios. Por ello es importante tener en cuenta que la rehabilitación de viviendas en barrios vulnerables o en riesgo de exclusión es una
herramienta más para garantizar el derecho a la vivienda digna, y una forma de contribuir a reactivar de manera sostenible el empleo en el sector de la construcción, además de atender a necesidades sociales en materia de habitabilidad.
En definitiva, se trata de impulsar la transición hacia un nuevo modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y el autoconsumo de energía renovable, que reduzca la dependencia de los combustibles fósiles que ha acompañado a la
economía española hasta el día de hoy, y que representa todavía un 75 % de la energía que se consume e implica una pérdida anual sustancial de nuestro producto interior bruto. Como decimos, faltan objetivos, falta ambición y, por eso, estamos a la
espera de que el Grupo Parlamentario Popular se pronuncie con respecto a la enmienda que hemos presentado.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor López de Uralde Garmendia.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Lucio Carrasco.
La señora LUCIO CARRASCO: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Popular nos vuelve a sorprender con una iniciativa original y genuina, que va a permitir que el Gobierno entre en la vanguardia de los países europeos en materia de promoción de actuaciones para facilitar la eficiencia
energética. Nos encontramos ante una iniciativa realmente sorprendente, traen una propuesta que debería estar cumpliéndose desde hace ya más de ocho años y que, sin embargo, aún siguen sin desarrollar. Sacan pecho de la rápida ejecución del
Programa Pareer-Crece, reconociendo al mismo tiempo que el presupuesto se agotó antes del primer semestre. Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda para que de una vez se pase de las musas al teatro. El Programa
Pareer debe ser evaluado correctamente para que tengamos la certeza de que los fondos se están repartiendo equitativamente entre las distintas comunidades autónomas. Antes, cuando se regionalizaban los fondos, era mucho más sencilla la coordinación
con los planes autonómicos y los planes locales, mientras que ahora se concentran en algunas comunidades autónomas, además de tener saturado al IDAE con estos expedientes. Consideramos que si queremos cumplir el objetivo del 20 % de reducción de
consumos energéticos, hay que hacer un esfuerzo financiero mayor. Por eso proponemos dotar al IDAE de los recursos necesarios, tanto financieros como humanos, para poder sacarlo adelante.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular y de Ciudadanos, tienen en su mano levantar el veto a una de las leyes que más puede hacer por incrementar la eficiencia energética, que es la ley que regula el autoconsumo y que ustedes han impedido.
Es imprescindible que los edificios residenciales y públicos puedan tener instalaciones de autoconsumo no solo por el ahorro, sino por lo que puede contribuir a incrementar el papel del consumidor activo en todo el proceso de transición energética y
descarbonización de la economía. Por otro lado, nos resultan curiosas sus apelaciones a la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre, ya que sería interesante que revisasen dicha directiva en profundidad e hiciesen
un checklist de todas y cada una de las medidas allí contempladas y que ustedes no han transpuesto debidamente. Por ejemplo, la obligación de instalar repartidores de
costes de calefacción y de válvulas con cabezal termostático en los sistemas colectivos y centralizados de calefacción. No sabemos por qué motivo tienen ustedes esa resistencia a incorporar esta medida. Aún no hemos escuchado una respuesta
racional, ya que según el sector están claros sus beneficios. Señorías, esta iniciativa además debería contemplar la pobreza energética como uno de los factores clave a resolver, y por eso nosotros lo hemos incorporado en nuestra enmienda. Un bono
social eléctrico o un bono social de gas sin complementarlo con actuaciones en materia de eficiencia energética para los edificios de los beneficiarios es una medida incompleta. Por eso proponemos realizar actuaciones preferentes en esas viviendas
tanto para abaratar las facturas como para reducir los consumos y la dependencia energética de esos edificios.
Por último, quisiera destacar que desde el año 2010 están contempladas actuaciones de eficiencia energética en los edificios públicos, y aún no sabemos exactamente cuál es su nivel de implantación. Como todos conocemos, un mínimo del 3 %
debería estar ejecutado en 2020, pero mucho me temo que tendrán que darse mucha prisa para cumplir este objetivo que requiere más voluntad política, más dotación financiera y celeridad que iniciativas parlamentarias comprometidas con la causa.
Finalmente, quiero recordar al grupo proponente que impulsar, promover, son verbos que se utilizan en documentos programáticos, no en iniciativas parlamentarias. Para pasar a la acción se requieren otro tipo de verbos como dotar, renovar, reformar,
implementar, modernizar, que es lo que proponemos hoy en nuestras enmiendas. Como dije inicialmente, pasar de las musas al teatro.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Lucio Carrasco.
Pregunto al señor Mariscal Anaya su posición respecto a las enmiendas que se han defendido.
El señor MARISCAL ANAYA: Estamos tratando de llegar a una enmienda transaccional con el Grupo Parlamentario Socialista haciéndoles ver la necesidad de que este tipo de iniciativas tengan el mayor acuerdo parlamentario posible.
El señor PRESIDENTE: El turno es solamente para decir si acepta o no las enmiendas. Gracias, señor Mariscal Anaya.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rodríguez Hernández.
La señora RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ: Gracias.
Señor presidente, compañeros, son datos que ya han dado distintos portavoces; en Europa aproximadamente un cuarto de la energía consumida corresponde al sector residencial, y si tenemos en cuenta también los edificios públicos o
institucionales, está demanda asciende al 40 % de la energía consumida en toda Europa. En España el consumo de los hogares del sector residencial supone el 18,65 % del consumo final de energía y también un 8 % de las emisiones totales de gases de
efecto invernadero. El 27 de junio de 2013 entraba en vigor la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbanas, una norma que entre otros fines de índole económica y técnica establecía objetivos de ahorro y eficiencia energética
alineándose, por supuesto, con la Directiva Europea 2010/31/UE. Entre medias quiero decir que de nada sirve elaborar leyes si no estamos concienciados y no nos las creemos. Casi el 58 % de nuestros edificios se construyeron con anterioridad a la
primera normativa que introdujo en España los criterios mínimos de eficiencia energética. La conclusión es que España tiene un grave problema en materia de eficiencia energética porque tenemos un parque edificado antiguo.
El Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020, exigido por Europa en la Directiva 2012/21/UE, incluye como documento anexo la Estrategia española para la rehabilitación energética en el sector de la edificación para los
horizontes temporales 2020, 2030 y 2050. En mi intervención anterior también hemos hablado de los horizontes 2020, 2030 y 2050, el problema es que los tenemos como si fuese un tope, pero si no hay una planificación, una concienciación y una
voluntad de llegar a esos objetivos, acabarán siendo simplemente unos dogmas establecidos a los que tenemos que llegar, pero que ni siquiera nos creemos. El 25 de septiembre de 2013 se establecían las bases reguladoras y la convocatoria del
Programa de ayudas para la rehabilitación energética de edificios existentes del sector residencial, Pareer. Entendieron que la aplicación de este plan se estaba dando solamente para proyectos muy puntuales y actuaciones concretas, nunca para
proyectos integrales que realmente
creyesen en la eficiencia energética de los edificios. Por eso la segunda parte o fase bis del programa, Pareer-Crece, se agotó en un semestre, como bien dijo la señora Lucio.
La Comisión Europea ya ha iniciado el proceso de revisión de la normativa energética europea para incorporar los objetivos del compromiso de cara a 2030. Es un tema que me afecta profesionalmente, en el que creo y tengo una convicción
absoluta. Tenemos que creernos la necesidad de una eficiencia energética real. Hemos presentado distintas iniciativas en el Parlamento, en concreto en esta Comisión, y en programas no solamente para mejorar la eficiencia energética de los
edificios existentes, también de los edificios públicos, de modo que haya una adecuación al código técnico de la edificación, que no puede aplicarse al cien por cien porque la ley prohíbe que las intervenciones en eficiencia energética máxima se
puedan implementar. Con el bono social ya dijimos que una de las primeras cosas para acabar con esos hogares más vulnerables era invertir en eficiencia energética para que dejen de serlo. En esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario
Popular hay una escasa ambición, pero por supuesto creemos necesario trabajar desde la concienciación.
Y quiero decirle a la señora Lucio que agradezco que sueñe conmigo y con mi partido casi todos los días, porque hay muchas formas de trabajar en materia de autoconsumo; algunos prefieren chocarse con la pared del Tribunal Constitucional y
esperar años y años hasta que haya una resolución; otros preferimos el camino más angosto que es negociar día a día e intentar llegar a un acuerdo, pero no está disponible para todo el mundo porque, claro, hay que trabajar mucho. Más allá de eso
la mejor energía es la energía ahorrada, la energía no consumida, y la eficiencia energética es parte imprescindible del desarrollo energético sostenible de este país. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Rodríguez Hernández.
- SOBRE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE PURINES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/001924).
El señor PRESIDENTE: Si no hay ninguna otra intervención por parte de los grupos, pasamos al siguiente punto del orden del día originalmente enumerado en cuarto lugar, que es la proposición no de ley sobre las plantas de tratamiento de
purines, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el señor Palacín Guarné.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. El Grupo Parlamentario Socialista trae de nuevo a una Comisión la problemática generada por el decreto sobre el sector eléctrico y, en concreto, las modificaciones que afectan a las plantas de tratamiento de purines
por Orden IET/1045/2014, en la se aprobaron las retribuciones a las instalaciones de tratamiento de purines. Esta situación ya la denunciamos en la X Legislatura, y si antes teníamos razón, ahora tiene más sentido, si cabe, tras la Sentencia del
Tribunal Supremo de 20 de junio de 2016 ante el recurso que presentó la Asociación de empresas para el desimpacto ambiental del purín, declarando como nulos los anexos II y VIII de la orden anteriormente mencionada. Se ha tomado una decisión
unilateral y creo que equivocada, y el impacto de esta decisión no ha tenido únicamente consecuencias en el sector eléctrico o energético, sino que las consecuencias más importantes han sido en términos medioambientales porque los purines que antes
se llevaban a esas plantas han sido vertidos o están en balsas. Ha tenido también consecuencias sociales por la pérdida de 700 empleos directos y más de mil indirectos. Y además ha tenido consecuencias económicas porque muchas explotaciones
ganaderas tienen ligadas sus licencias de actividad a los contratos con las propias plantas de tratamiento de purines. La orden ministerial publicada en junio tampoco resuelve esta situación, ni se ajusta a la sentencia del Tribunal Supremo ni a lo
que reclama el sector. Las plantas prácticamente en su totalidad siguen sin ponerse en marcha y continuamos con el problema encima de la mesa. Como he dicho antes, el comportamiento del ministerio no solo va en contra de las propias empresas que
invirtieron en su día en estas plantas, sino que afecta sobre todo a las explotaciones ganaderas de porcino y a los que vivimos en el medio rural. Las veintinueve plantas que en 2013 estaban en marcha se construyeron precisamente en las zonas más
vulnerables y donde existía una mayor carga ganadera, como Toledo, Murcia, Lleida o Huesca. Señorías, que el Grupo Parlamentario Popular no se preocupe del medio ambiente puede ser hasta comprensible, pero que no se preocupe por la viabilidad de
las explotaciones ganaderas de esta zona rural y por el desarrollo del medio rural no lo entiendo, máxime cuando siempre se autoproclaman defensores únicos del medio rural.
Por eso hemos presentado una proposición no de ley que incluye tres puntos. En el primero de ellos solicitamos que se restablezca en el menor tiempo posible el plazo de los veinticinco años en lugar del plazo de los quince años que se
establece actualmente en la orden del pasado mes de junio, porque muchas plantas no podrán abrir al haber cumplido ya los quince años de vida útil, y otras no lo harán porque tendrán muy poco plazo para ponerse en marcha. Esta decisión daría un
plazo adecuado para que estas plantas pudieran reinvertir en mejorar los procesos y ser más eficientes desde el punto de vista medioambiental incorporando, por ejemplo, procesos de biodigestión. En el punto dos solicitamos facilitar al máximo la
reapertura de estas plantas que permita un marco adecuado para el desarrollo del sector, ya que cuentan con los permisos necesarios. Por último, solicitamos la elaboración de un plan nacional de tratamiento del excedente de purines y de reducción
de su propio impacto ambiental.
Es verdad que hemos llegado a un acuerdo transaccional con el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea que facilitaremos a la Mesa, ampliando o completando un poco más nuestra iniciativa, pero lo que queremos es
no estigmatizar en ningún momento al sector del porcino porque, además de las cifras macroeconómicas de 6000 millones de euros de facturación y 200 000 puestos de trabajo, es un sector que vertebra como pocos otros el territorio y fija población en
el medio rural. Las propuestas que solicitamos nos permitirán ganar tiempo para avanzar en otras materias o alternativas para el tratamiento de purines, pero ahora mismo además de la aplicación directa sobre el terreno, la única alternativa viable
para eliminar los purines son las plantas de tratamiento. Por eso entendemos que esta iniciativa es necesaria. Ya era necesaria cuando la trajimos en el año 2014 y ahora sigue siéndolo porque hay muchos territorios, lo más vulnerables, que hoy nos
están mirando. Y aprovecho para saludar a compañeros de Toledo que están siguiendo esta Comisión en una sala. Por eso, señorías, pido el apoyo para esta iniciativa con tres puntos concretos, ampliados en uno más del Grupo Parlamentario Confederal
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Muchas gracias, por su atención.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín Guarné.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y el Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Confederal
Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Moya Matas.
El señor MOYA MATAS: Moltes gràcies, senyor president.
El sector porcino es España no ha parado de crecer, en los últimos tres o cuatro años ha llegado a un censo de más de treinta millones de cerdos. De manera que el Estado español es a día de hoy líder de producción, superando a Alemania. Y
la paradoja es que si bien Alemania no es la líder de producción en porcino, sí que ha reforzado su posición dominante en producción de carne en canal. Nos encontramos ante la situación de que la cabaña porcina no cesa de crecer en el Estado
español, con lo que ello supone de generación de residuos de purines, mientras que en Alemania lo que sucede es sencillamente que esta carne llega y es troceada. Ello está generando un terrible problema para el medio ambiente en el Estado español,
que a día de hoy produce más de cincuenta millones de toneladas de purines al año, de los cuales siete millones están produciendo auténticos problemas medioambientales. Por eso hoy venimos aquí y vamos a dar un apoyo entusiasta a la proposición del
Grupo Parlamentario Socialista. Es cierto, es imprescindible facilitar la reapertura de las plantas de tratamiento de purines, pero que quede bien claro que estas plantas no son la solución al problema de generación de purines. Es imprescindible
que se reabran dichas plantas, pero siempre con absoluto respeto a las garantías necesarias para preservar la calidad el aire, la salud pública, el respeto a las zonas naturales o medioambientales protegidas y, también, con respeto a las medidas
relativas a la lucha contra el cambio climático. Es absolutamente inadmisible que a día de hoy estemos viendo cómo plantas de tratamiento de purines para la obtención de energía eléctrica y de fertilizantes están ocultando otros objetivos
especulativos, como podría ser la propia incineración de residuos urbanos a través de la gasificación de CDR. Esto es lo que sucede hoy, por ejemplo, con la planta de Tracjusa en Juneda, Lleida, donde una planta de tratamiento de purines se está
transformando en una auténtica incineradora de residuos urbanos, y esto es absolutamente inadmisible. Por eso damos apoyo a la proposición no de ley del Grupo Socialista, pero con una serie de enmiendas que hemos podido transaccionar con este
grupo.
En primer lugar, es fundamental que se desarrolle una alternativa. Consideramos que es imprescindible que se creen unos sistemas alternativos que incentiven la mecánica de la biodigestión, puesto que si estamos hablando de un tratamiento
sostenido de estos purines, por un lado, es imprescindible que se
disminuyan las emisiones de metano, ya que contribuyen a agravar el efecto invernadero, y a la vez, que se elimine el nitrógeno que permanece en el digestato, porque causa también una grave contaminación en las aguas. Todo ello debe hacerse
a través de unos mecanismos que puedan ser tratados in situ, que eviten al máximo el desplazamiento de estos residuos ganaderos, de estos purines.
Por otro lado, es importante que los planes que sean alternativos se autofinancien, que se prevea un sistema integrado de gestión. Es decir, que el productor ganadero, quien genera estos residuos, asuma su responsabilidad, que la gente que
tiene el control efectivo del proceso productivo sea también parte de la solución. Que no suceda lo que estamos viendo a día hoy por parte de los mataderos, estas grandes empresas que controlan el sector, que pretenden minimizar el problema de los
purines. El sector porcino está dominado por grandes compañías integradoras que dominan verticalmente, que obtienen importantes beneficios económicos y que, además, ostentan una posición dominante de control de la producción, del mercado y de los
precios y que, sin ninguna duda, deben contribuir directamente a la solución con inversiones que ayuden a encontrar estas alternativas.
Por último, también proponemos la racionalización de la cabaña porcina. Es imprescindible, con el absoluto respeto a las competencias transferidas a las comunidades autónomas, que se establezcan planes de ordenación territorial; planes que
garanticen también un equilibrio entre la cabaña porcina, los sistemas de tratamiento más racionales y la disponibilidad de las tierras, donde también se apliquen los purines con un respeto absoluto de la rentabilidad de las explotaciones y de la
sostenibilidad de las mismas. Hoy en día vemos zonas donde hay una insostenible concentración de granjas. En consecuencia, debe partirse de una racionalización de la cabaña porcina y una definición e identificación de las zonas vulnerables.
Por ello, celebramos este acuerdo transaccional al que hemos llegado con el Partido Socialista y vamos a apoyar la proposición no de ley.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Moya Matas.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidente.
El Grupo Parlamentario Socialista presenta una proposición no de ley vacía, tanto en su contenido como en su forma. Yo soy de la provincia de Teruel, una zona con una gran influencia socioeconómica del sector porcino. Por tanto, soy
conocedor de la situación de las plantas de purines a las que estamos aludiendo.
En su exposición de motivos el Grupo Parlamentario Socialista vuelve erre que erre sobre las decisiones que este Gobierno tuvo que aplicar a las renovables. Ustedes deberían empezar a asumir que si el Gobierno tomó esas decisiones en su
momento fue gracias a esa deficiente gestión, también en materia energética, que realizó el Gobierno del Partido Socialista. Les recuerdo que hace solo unos días el Tribunal Supremo, con fecha 5 de septiembre, volvió a avalar mediante la
desestimación del recurso, la reforma eléctrica del Gobierno del Partido Popular. El tribunal considera que el cambio regulatorio no vulneró los principios constitucionales y que la reforma eléctrica estaba basada en evitar el aumento de déficit de
tarifa. Desde el Grupo Popular vamos a seguir defendiendo la energía renovable. De ahí las dos últimas subastas de energía renovable que ha elaborado este Gobierno. Asimismo, defendemos la neutralidad tecnológica y no nos oponemos de ningún modo
a cualquier tipo de producción eléctrica.
Ustedes hablan en su punto 1 de restablecer en el menor tiempo posible el plazo de veinticinco años de vida útil de las instalaciones de tratamiento y regulación de purines, pero ustedes saben que eso no es posible. Ustedes desconocen que
en la Orden ETU/555/2017, de 15 de junio, se constituyen los parámetros retribuidos de las instalaciones tipo aplicables a las instalaciones de tratamiento y reducción de purines, aprobadas por la Orden IET/1045/2014, de 16 de junio, y se actualizan
para el semiperiodo 2017-2019, estableciéndose que la vida útil regulatoria para las instalaciones tipo incluidas en el ámbito de aplicación de la orden será de quince años. La aprobación de esta orden responde únicamente al cumplimiento de
distintas sentencias del Tribunal Supremo que declara nulos los anexos II, VII y VIII de la orden anteriormente expuesta. La Orden IET/1045/2014 no fijó ninguna vida regulatoria propia para las instalaciones de purines, sino que les asignó las
vidas que disponían las plantas de cogeneración. No solo eso, también el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, que regulaba el anterior régimen económico establecía que se dispondría de un periodo transitorio por un máximo de quince años.
Hay que recordar -de ahí que sea loable- que las plantas de tratamiento de purines tienen una amortización contable en sus instalaciones de quince años. También habría que reconocer que las plantas de purines, según los últimos datos que
había, operaban muy por encima de esas 8000 horas/año de las plantas de cogeneración. Por tanto, es lógico que por la diferencia de tipo de instalación se disponga de una vida útil diferente.
Hemos incluido una enmienda de sustitución al punto 2 para ayudar a la apertura de aquellas plantas que dispongan de tecnologías eficientes y sostenibles, aunque ya ha dicho el portavoz del Partido Socialista que han llegado a una
transaccional. Por tanto, en vista de que no nos la van a aprobar, votaremos en contra de esta proposición no de ley.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Herrero Bono.
Señor Palacín, quiero que confirme que hay una transaccional.
El señor PALACÍN GUARNÉ: Hay una transaccional que recoge gran parte de las enmiendas del Grupo de Unidos Podemos.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Palacín.
A continuación pasamos al siguiente punto del orden del día. (Pausa). Perdón, me he confundido. Ahora vamos al turno de fijación de posición. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Gracias, presidente. A nosotros también nos gusta opinar sobre la materia.
El Real Decreto 2014 del Gobierno, así como la fijación que el Gobierno del Partido Popular tiene con todo lo que suene a eficiencia energética y renovable, ha creado un problema medioambiental de una enorme magnitud; un problema gravísimo
que afecta a comarcas del territorio español y que se acentúa sobre todo en Aragón y en Cataluña, que es donde se concentra la mayoría de la cabaña ganadera, en este caso cabaña porcina.
Para abordar este tema tenemos que saber -algunos compañeros han apuntado los datos- la magnitud del problema que estamos debatiendo. Las cabezas actuales de cerdo, teniendo en cuenta el cerdo común y el ibérico en España, son 30 350 000, a
censo de mayo de 2016. Somos el segundo productor de Europa y el cuarto productor mundial de cerdo. Los desechos del cerdo, los purines, nos generan un problema porque un cerdo en su vida útil puede generar entre uno y cinco metros cúbicos de
purines al año. El 95 % de los purines son agua y disponen de muy poca materia seca. ¿Esto qué supone? Que nos genera un problema porque esta cantidad de cerdos -más de 30 millones de cerdos- genera miles de metros cúbicos al año. Para
redimensionar un poco el problema podemos pensar en 33 000 piscinas olímpicas llenas de purines, que es lo que tenemos ahora mismo en el territorio español. Esto en parte se paliaba con las veintinueve plantas de cogeneración que fueron cerradas
como consecuencia de este decreto, pero no ponía solución al problema.
¿Y qué pasa con estos purines? Pues que los agricultores embalsan estos purines porque ya no los pueden llevar a las plantas, o los disipan por las tierras de cultivo utilizándolos como abono. Sin embargo, esto no se puede hacer hasta el
infinito. No podemos estar echando a la tierra todo lo que nos sobra de los purines, porque en la tierra hay un proceso lixiviación y se filtra todo lo que llevan los purines. ¿Qué llevan los purines? Pues llevan nitrato, metano, metales pesados
como cobre y cinc. Todo eso está contaminando el suelo, los riegos en superficie y los acuíferos. En Cataluña hay un problema gravísimo. Hay estudios que calculan que un 41 % de los acuíferos están contaminados por purines, por estos nitratos.
Además, están los medicamentos porque en la ganadería intensiva para evitar enfermedades, al estar en espacios tan reducidos -ya hay apercibimientos sobre estos temas-, no se tiene en cuenta el periodo de supresión. Se llevan muy rápido al matadero
y no da tiempo a que metabolicen los medicamentos que se utilizan para el engorde, la producción y que sea mayor la rentabilidad. Todo esto al final genera un problema médico de resistencia a las bacterias, porque todo esto va a la cadena trófica y
de alguna manera lo consumimos las personas.
Con todo esto nos damos cuenta de la magnitud del problema. Estamos contaminando suelos, estamos contaminando aguas y estamos contaminando aire. Curiosamente España es uno de los pocos países que está apercibido por la Comisión Europea por
emisión de metano y esta emisión se produce,
en parte, por la cantidad de cerdos que tenemos en España. Este metano influye en la contaminación del aire porque es fundamental para las partículas microscópicas, que son las más perjudiciales porque son cancerígenas y van directamente al
torrente sanguíneo. Este no es un problema trivial, no podemos reducirlo solo a un problema de las renovables y el autoconsumo, sino que es un problema medioambiental de primer orden, que venían a paliar en parte este tipo de granjas.
Las granjas de cogeneración no son la solución, existen otras soluciones. En Murcia -pongo como ejemplo mi región porque también hay industria agroalimentaria y existen muchas granjas de este tipo- este verano hemos tenido problemas con los
vecinos porque la cercanía de estas granjas crea malestar social. Esto ha ocurrido en Yecla. Asimismo, tenemos granjas experimentales que están dando un buen resultado, que son plantas de humedad artificial. Se genera un humedal de dos mil metros
cuadrados y en cada metro se ponen diez plantas con cañizo y algas que tratan estos purines. Esto nos permite el reaprovechamiento de esta agua y que se pierda casi el 75 % de los nitratos que aportan estos purines. También hay plantas de
vermicompostaje en Galicia que están dando buen resultado, es un tratamiento parecido con lombrices y plantas acuáticas que también reduce la contaminación por purines.
Nos parece acertadísima la proposición no de ley y la vamos a apoyar. Esto entronca con todo el paquete que tiene que venir de economía circular y cómo tenemos que tratar los residuos para castigar lo menos posible, para no perjudicar el
medio ambiente.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.
- SOBRE LA DECLARACIÓN DE BENIDORM COMO MUNICIPIO TURÍSTICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001200).
El señor PRESIDENTE: Proseguimos con la última proposición, que figura con el 1.º punto del orden del día: proposición no de ley sobre la declaración de Benidorm como municipio turístico.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Baldoví Roda.
El señor BALDOVÍ RODA: Moltes gràcies, senyor president.
Si hiciéramos por la calle en cualquier lugar del Estado la pregunta de si es Benidorm un municipio turístico, la respuesta sería evidentemente que sí. Sin embargo, resulta que solo es un municipio turístico a efectos formales, porque de
facto no puede ser municipio turístico, ya que en 2002 el Partido Popular aprobó una ley que no lo permite. Desde entonces, con sucesivos Gobiernos, no se ha querido cambiar algo tan simple.
El primer requisito para ser un municipio turístico es tener un número mínimo de población y el segundo requisito es tener más segundas residencias que primeras residencias, pero en otros muchos municipios como Benidorm o Torrevieja no se
cuenta que el factor hotelero es mucho mayor. Simplemente con que se añadiera ese párrafo, Benidorm podría ser un municipio turístico aceptado por todo el mundo de facto. Pensemos que Benidorm supera ampliamente la decena de millones de
pernoctaciones, ya que es la tercera ciudad del Estado español, por detrás de Madrid y Barcelona, en camas hoteleras. Además, ha conseguido algo importantísimo que es desestacionalizar el turismo, algo a lo que aspiran muchísimas destinaciones
turísticas. Quienes hemos sido alcaldes de municipios turísticos sabemos lo que comporta durante el verano resolver todos los problemas que se nos plantean: reforzar la limpieza, reforzar la policía, la recogida de basura, etcétera. En
definitiva, comporta toda una serie de problemas y al final muchos de estos municipios, como es el caso de Benidorm, no pueden tener los beneficios que sí que concede la ley a otros municipios, es decir, tener ese 2 % de la recaudación que se hace
en su término municipal del tabaco y de los hidrocarburos.
Por tanto, esta pequeña modificación sería de sentido común, tal como lo manifestó el ministro Soria en 2015 cuando prometió que iba a modificar la ley, aunque no se ha hecho. Así lo manifestó también el Partido Popular cuando en 2010 una
moción del senador de Benidorm, don Agustín Almodóbar, pedía que se reconociera Benidorm como municipio turístico. Por tanto, no entendemos por qué la semana pasada el Partido Popular votó en contra en el Senado. No entenderíamos que el Partido
Popular, si comparte con nosotros estos dos motivos para que Benidorm pueda acogerse a los beneficios que comportaría ser una ciudad turística, volviera a votar en contra. Además, no es tan difícil, no es cambiar la Constitución; es cambiar
simplemente un párrafo y el Partido Popular tiene experiencia sobrada en esos decretos-leyes donde mete de todo, en esos cajones de sastre. Podía aprovechar uno de esos decretos-leyes para
cambiar esto. Desde hace quince años estamos todos de acuerdo, menos cuando gobernamos; estemos de acuerdo también cuando gobernamos, creo que es de sentido común.
Moltes gràcies, senyor president.
El señor PRESIDENTE: Moltes gràcies, señor Baldoví Roda.
A esta proposición no de ley se han presentado enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Ciudadanos, tiene la palabra el señor Martínez
González.
El señor MARTÍNEZ GONZÁLEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Estamos ante una PNL que ya hemos visto, aunque por supuesto el ponente tiene todo el derecho de presentarla, tanto en la Comisión de Hacienda como en esta Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital. Esta propuesta fue enmendada y
aprobada por la mayoría de ambas Comisiones. Que vaya por delante que vamos a votar favorablemente, porque es algo que nosotros -fui yo quien la defendió- tenemos muy claro desde el principio.
Por ponerle alguna pega, sí le puedo decir que la suya me parece un poco insolidaria. Yo creo que el problema de los municipios turísticos no es un problema solo de Benidorm, sino de muchos municipios españoles. Es más, Benidorm no es el
municipio que más turistas recibe. Le voy a decir cuáles son los municipios de España que más turistas reciben: el primero es Punta Umbría en Huelva, el segundo es Chipiona en Cádiz y el tercero es Benidorm en Alicante. Esos son los municipios,
atendiendo a la propia estadística del INE que fija más de catorce pernoctaciones por noche, que más turistas reciben. Punta Umbría multiplica la población de turistas en un 215 %, frente a un 186 % de Benidorm. Este es un problema nacional,
aunque ya lo vimos ampliamente y se debatió en esta Comisión.
El turismo es una opción para los pueblos de prosperar económica, cultural y medioambientalmente y es una oportunidad que ningún pueblo quiere dejar pasar. En España estamos ante cifras nunca pensadas de visitantes y esto está suponiendo
una congestión en los servicios públicos que tienen que prestar los ayuntamientos en la mayoría de los sitios. Hasta el punto es así que varios ayuntamientos se juntaron y querían plantear este problema a Europa, incluyendo el Ayuntamiento de
Benidorm. Esta congestión impide que con los recursos que tienen estos ayuntamientos se puedan prestar unos servicios de calidad y la apuesta por la calidad tiene que ser la primera bandera que tenemos que enarbolar para que España siga siendo una
potencia a nivel turístico. Somos el primer destino vacacional del mundo, el segundo destino o casi primer destino por número de visitantes y el primer destino por competitividad. Esto es gracias a la calidad de nuestros servicios, a nuestro
patrimonio, a nuestra infraestructura, a nuestra forma de vivir.
Sin embargo, este problema no solo es exclusivo del Ayuntamiento de Benidorm, hay muchas pequeñas poblaciones que reciben miles y miles de turistas y que incluso tienen menos de 20 000 habitantes. Les voy a citar algunas: Cangas de Onís
tiene 6800 habitantes y en turismo rural es la mayor potencia de España; Ribadesella tiene 6100 habitantes y recibe muchísimos turistas al año; igual le sucede a Santillana del Mar o a Punta Umbría, Chipiona y Guardamar del Segura, que están por
encima de Benidorm en este aspecto.
Vamos a apoyar esta iniciativa. Lo triste de todo esto es que aquí aprobamos proposiciones no de ley, pero luego no tienen una plasmación práctica ni el Gobierno se hace eco de lo que aquí se debate y se aprueba. Esta proposición no de ley
se ha aprobado tanto en la Comisión de Hacienda como en esta Comisión de Energía anteriormente, y seguramente hoy también se apruebe esta proposición no de ley que está presentando el compañero. Llevamos años debatiendo sobre este tema y no
acabamos de redefinir ni lo que es un municipio turístico, ni que más municipios accedan a mejores prestaciones para dar una mayor calidad en el servicio.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Martínez González.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Blanquer Alcaraz.
La señora BLANQUER ALCARAZ: Gracias, presidente.
Señorías, sin lugar a dudas Benidorm es municipio turístico y no solo lo digo por la estima y el cariño que me profesa este municipio alicantino, sino porque es una realidad y los datos así lo avalan y lo confirman. De acuerdo con el
informe estadístico de la Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm,
Costa Blanca y Comunidad Valenciana, Hosbec, en 2016 se situaba en las primeras posiciones, solo superado por Barcelona, Madrid y a muy poca distancia San Bartolomé de Tirajana en Gran Canaria (Muestra un gráfico). Estamos hablando de un
número de pernoctaciones en hoteles... (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Señorías, por favor, guarden silencio.
La señora BLANQUER ALCARAZ: ... acumuladas en 2016 de más de once millones de pernoctaciones. Es incomprensible que a efectos fiscales no se considere Benidorm como municipio turístico. El porqué de esta situación tiene su origen en la
reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales que llevó a cabo el Partido Popular, al generar un sistema dual de financiación que hasta entonces no existía en la distinta participación de los tributos del Estado, consolidando las diferencias
entre grandes y pequeños. Solamente se contemplaba una particularidad para los municipios turísticos de más de 20 000 habitantes, estableciendo que si tenían un número de segundas residencias superior al número de viviendas principales, tendrían
derecho a participar en los tributos del Estado, como lo tienen los ayuntamientos de más de 75 000 habitantes a través de un fondo de apoyo. Sin embargo, no contaba con uno de los principales factores que caracteriza a un municipio turístico como
es el número de pernoctaciones en hoteles, cámpines y apartamentos turísticos, llegando a la situación absurda de que municipios como Benidorm, que tienen una población de derecho entre 20 000 y 75 000 habitantes no sean considerados como municipios
turísticos, cuando en verano pueden llegar a tener entre 300 y 350 000 habitantes. Una circunstancia de la que año tras año el Grupo Parlamentario Socialista viene alertando, proponiendo la tramitación en los Presupuestos Generales del Estado de
una enmienda al articulado para corregir precisamente esta situación que en esta PNL se describe y que consideramos incomprensible e injusta. Hasta ahora el Partido Popular ha impedido con su voto la aprobación de esta modificación en la
tramitación de los últimos presupuestos.
Creemos que la fórmula más rápida para solucionar esta situación sería vía al articulado de la ley de presupuestos. Por eso lo incorporamos en el texto de la enmienda que hemos registrado y que esperamos que el grupo proponente de la
iniciativa tenga bien a aceptar. Con ello pretendemos corregir de inmediato el trato desigual, a la hora de financiarse municipios turísticos con población entre 20 000 y 75 000 habitantes. Es decir, no es una cuestión insolidaria que hablemos de
Benidorm, sino que es una cuestión de un municipio que está entre 20 000 y 75 000 habitantes y tiene estas características. La ley debería de permitir que fuera municipio turístico, y no lo es. Es cierto, como decía el portavoz de Ciudadanos, que
esto no soluciona el problema de fondo, pero mientras esté en vigor la norma debemos corregir la situación anómala que está provocando porque en términos generales el problema de fondo es el de la financiación local, y en particular, el problema es
el de la financiación de los municipios turísticos; municipios con una población de hecho que pueden multiplicarse hasta por cinco la población de derecho, poniendo en jaque la prestación de los servicios públicos en términos de calidad.
Muchos alcaldes y alcaldesas se sienten indefensos ante un Gobierno, el del Partido Popular, que lejos de solucionar sus problemas de financiación han visto cómo durante estos últimos años les han castigado con políticas de restricción de
gasto, impidiéndoles reinvertir los superávits o restándoles su autonomía municipal con leyes como la de racionalización y sostenibilidad de la Administración local. Ante este escenario los socialistas en el mes de junio en la Comisión de Hacienda
propiciamos el debate de una PNL de nuestro grupo, que se aprobó con una transaccional, en la que se iba más allá de lo que hoy se propone, con la intención de otorgar mayor financiación a los municipios turísticos. Pero una cuestión es resolver el
problema de fondo que hay que resolver y que deberá seguir sus cauces, como los que aprobamos en el mes de junio, y otra, que mientras que esté en vigor la ley se corrija una situación que catalogamos fuera de lo normal.
Por ello, dado que a fecha de hoy no hay valoración de la Comisión Nacional de la Administración Local sobre el estudio encargado a la comisión de expertos en el que se analizan los aspectos incorporados en la Ley reguladora de la Hacienda
Local, como consecuencia del acuerdo adoptado en la conferencia de presidentes del mes de febrero, reiteramos nuestra propuesta de instar al Gobierno a que proceda a la rápida modificación del artículo 125.1 de la vigente ley para corregir esta
discriminatoria situación.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Blanquer Alcaraz.
El señor Baldoví se ha ausentado, pero ha trasladado a la Mesa una propuesta transaccional que se distribuirá a los grupos para su conocimiento.
Pasamos al turno de fijación de posiciones. Por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Rodríguez Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
Como ya se ha dicho aquí, según el Real Decreto 2/2004 por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales se establecen dos requisitos para saber si un municipio es turístico o no: el primero es tener más de
20 000 habitantes, y el segundo, es que el número de viviendas de segunda residencia supere al número de viviendas principales. El problema es que muchos municipios de nuestro país basan su desarrollo turístico en una gran capacidad hotelera y no
en la segunda residencia. Por tanto, no son considerados municipios turísticos y dejan de percibir importantes ingresos en la parte impositiva que corresponde al consumo de tabaco y carburantes que se recaudan en el término municipal. Estos
municipios, como es evidente, necesitan aumentar sus ingresos a partir de los beneficios que genera este propio turismo para poder realizar las inversiones necesarias que mejoren la calidad de la oferta turística para compensar -esto es muy
importante- el coste medioambiental que supone la recepción de un gran volumen de turistas, también para el coste del mantenimiento de los servicios públicos, así como la posible puesta al día de futuras nuevas infraestructuras. De lo contrario,
como pasa actualmente, son las personas residentes quienes concentran injustamente la mayor presión fiscal, mientras que el beneficio se lo reparten unos pocos empresarios.
En consecuencia, debería la normativa ir hacia un planteamiento más exigente, estableciéndose límites en la superficie urbanizada de cada zona, aumentando los espacios públicos, ampliando y mejorando las instalaciones deportivas,
estableciendo zonas de protección respecto al paisaje, la costa y otros recursos naturales, además de establecer estándares de densidad, dotaciones y alturas máximas, así como la creación de equipamientos complementarios, de forma que la ordenación
urbanística se adecue a la capacidad de carga de cada ámbito correspondiente.
También es básico y fundamental, y toca recalcarlo, el cumplimiento del Código ético mundial del turismo de Naciones Unidas como objetivo de que cambiemos un modelo que está basado en la masificación y en los bajos precios, ya que tiene como
consecuencia unos niveles de desigualdad totalmente intolerables y convierte al sector turístico de nuestro país en un infierno de precariedad y de bajos salarios. El incumplimiento de este código ético es flagrante en los artículos 5 y 9 y esto es
algo totalmente inadmisible en una economía como la de nuestro país, que es una de las mayores potencias mundiales turística. Es de justicia social y económica que dotemos a estos municipios de los ingresos que actualmente les priva esta citada
ley, porque la propia actividad turística en muchos casos los convierte en líderes del sector y en municipios con un gran peso específico en su comarca. Creemos que Benidorm es un ejemplo paradigmático de esto, pero hay muchísimos más por todo el
Estado.
Estos ingresos son necesarios para que los vecinos y las vecinas de estas ciudades alcancen la igualdad de derechos en comparación con otros municipios correspondientes, ya sea de la provincia, de la comunidad autónoma o del resto del Estado
que sí que disfrutan de estas prebendas o beneficios para que no sufran una injusta carga impositiva y para ser un modelo turístico mucho más sostenible no solo en lo ambiental sino también en lo social, en lo económico y en lo fiscal. Para esto ya
tenemos en marcha iniciativas legislativas al respecto y, como no puede ser de otra manera, apoyaremos la proposición no de ley de los compañeros.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Rodríguez Rodríguez.
Para fijar posición, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Alba Mullor.
La señora ALBA MULLOR: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías.
Todos ustedes saben, y ciertamente es paradójico, que Benidorm no puede tener la consideración de municipio turístico, porque no lo permite el artículo 125 de la Ley de Haciendas Locales, y también saben todos ustedes que esta propuesta de
Compromís no es nueva y que el Partido Popular ya defendió en el pasado esta misma proposición, si bien de forma más completa, puesto que tenía en cuenta no solo el número de plazas hoteleras, sino también el número de pernoctaciones, algo que
recoge en esta ocasión
también el Grupo Socialista y que incorpora a la enmienda. Pero nos hallamos en un momento distinto y es verdad que se perciben necesidades especiales por parte de algunos municipios, entre ellos Benidorm, y que ello obliga a que para
cumplir con estas necesidades tengamos que realizar reformas. Por supuesto que sí, pero estas reformas en el nivel legislativo en el que nos hallamos y, sobre todo, en el momento de trabajo en que nos encontramos deben hacerse pensando en la
generalidad, en el bosque, no en un árbol particular, con perspectiva de conjunto. En este sentido, el 17 de enero del presente año, la conferencia de presidentes constató, por un lado, la necesidad de dar un fuerte impulso al proceso de
actualización del sistema vigente de financiación local y, por otro, que es oportuno que dicho proceso se dé de forma paralela a la revisión del sistema de financiación autonómica. Es decir, todo esto ya se tiene en cuenta y ya se está trabajando.
Tanto es así que la comisión de expertos sobre la remisión del modelo de financiación local se constituyó pocos días después de la mencionada conferencia de presidentes y en los siguientes cinco meses se han realizado los trabajos y ya se ha
entregado el informe del pasado día 26 de julio. Este informe, disponible en la web del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya ha sido remitido a la Comisión Nacional de Administración Local para su valoración y ahora es el momento
de iniciar la negociación de todos los aspectos a tener en cuenta en la elaboración del proyecto de ley que resulte, siendo conveniente además que la tramitación se desarrolle en paralelo con la reforma del sistema autonómico de financiación.
El concepto de municipio turístico ya no es operativo en los términos en que está definido en la actualidad. Por tanto, si queremos redefinir conceptos o, incluso, redefinir en buena medida la financiación de cada municipio teniendo en
cuenta sus necesidades específicas, debemos ser más ambiciosos y afrontar todo el mapa de la financiación local, por un lado, y la autonómica, por otro. De hecho, ya hay gente trabajando en ello, como he indicado, expertos independientes,
constituidos en grupo de trabajo y en estricto cumplimiento de las conclusiones de la conferencia de presidentes y en cumplimiento del propio programa electoral del Partido Popular, que ya hablaba de la necesidad de asegurar que todos los municipios
tengan la financiación suficiente para los servicios que prestan. Así lo ofrecimos al conjunto de los españoles, así lo llevamos en el acuerdo de investidura y así ha respondido el Gobierno cada vez que se ha preguntado por aspectos relacionados.
Y además en todas estas respuestas hay compromiso con los municipios turísticos, y Benidorm y los benidormenses tendrán la atención que merecen por su importancia y por el volumen turístico que reciben.
Señor Baldoví, este grupo parlamentario apoyará esta proposición no de ley, pero a cambio les hacemos otra propuesta: súmense a este trabajo en marcha del que les hablo y apoyen los pasos que se van dando en él. Y visto el interés de
Compromís por trabajar en este sentido y visto que empiezan a percibir que el turismo es un gran invento, les invito a trabajar por el conjunto desde una visión más global, más compleja y más rica, una visión en la que, por cierto, no tienen cabida
las trabas que el Gobierno de la Generalitat Valenciana, con el apoyo expreso de Compromís, se pretenden imponer precisamente al turismo. Si realmente están en la defensa y apoyo del turismo, demuéstrenlo desmarcándose de la iniciativa de
establecer una tasa al turismo, que ha sido definida por las empresas del sector como un sinsentido que únicamente genera incertidumbre y torpedea la principal fuente de riqueza de la comunidad, que penaliza -y esto lo decimos nosotros- a quienes
hacen bien las cosas y criminaliza al sector turístico.
Acabo, señor presidente. Solo quiero decir al señor Baldoví que sería conveniente que hablase con su compañero del Senado, el señor Navarrete Pla, también de Compromís, puesto que la postura que expuso en aquella Cámara coincide
íntegramente con la que desde el Grupo Popular manifestamos en esta Comisión. Ya ve que la posición es la misma que la del Grupo Parlamentario Popular. Trabajemos todos de modo que esta iniciativa para el municipio de Benidorm pueda extenderse a
otros en similares condiciones.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Alba Mullor.
Hemos finalizado el debate y en dos minutos pasaremos a votar las proposiciones no de ley, siguiendo el orden del día. (Pausa).
Señorías, comenzamos con la primera, sobre la declaración de Benidorm como municipio turístico. Se vota la transaccional que conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la segunda, sobre la puesta en marcha de planes efectivos para reducir la brecha digital de género, en los términos de la transaccional que conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar el punto 3.º, proposición no de ley sobre el impulso de las ciudades inteligentes (smart cities) en España, en los términos de la transaccional que conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a votar el punto 4.º, proposición no de ley sobre las plantas de tratamiento de purines, también en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar el punto 5.º, proposición no de ley relativa a los procedimientos, reglas y convocatorias de las subastas para asignación del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir
de fuentes de energía renovable. Se ha pedido votar punto por punto, y tiene ocho puntos.
Votamos el primero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 16; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votación el punto segundo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el punto tercero.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; en contra, 16.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto cuarto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Votamos el punto quinto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 18; en contra, 15; abstenciones, 3.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Votamos el punto sexto.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; en contra, 18; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto séptimo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21; en contra, 15; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votación el último punto de esta proposición no de ley, el punto octavo.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 21, en contra, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobado.
Pasamos a votar el punto 6.º del orden del día, proposición no de ley relativa a la mejora de la eficiencia energética mediante el suministro de información a los consumidores sobre su consumo energético, en los términos de la transaccional
que conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 29; en contra, 7.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos al punto 7.º, proposición no de ley sobre el Real Decreto MI-IP 04, en los términos de la transaccional que conocen sus señorías.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Pasamos a votar la proposición no de ley relativa a garantizar a través de la empresa pública el acceso universal de servicios de comunicaciones de banda ancha. Se vota en sus propios términos y por puntos. Tiene tres puntos.
Votamos el primer punto de esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 27; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto segundo de esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 27; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el punto tercero de esta proposición no de ley.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 16; en contra, 19; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazado.
Pasamos a votar el último punto del orden del día, la proposición no de ley relativa a estimular las actuaciones de eficiencia energética en el sector de la edificación, que se vota en sus propios términos y en un solo bloque.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; en contra, 7; abstenciones, 9.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
Era la una y cincuenta minutos de la tarde.