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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 329, de 26/09/2017
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 329
EDUCACIÓN Y DEPORTE
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª TEÓFILA MARTÍNEZ SAIZ
Sesión núm. 35
celebrada el martes,
26 de septiembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Proposiciones no de ley:
- Relativa a la regulación y ordenación de las profesiones del deporte. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/001804) ... (Página2)
- Relativa a fomentar la práctica segura de la actividad deportiva. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001915) ... (Página5)
- Relativa a la conciliación de los estudios universitarios con otras actividades. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002209) ... (Página8)
- Sobre medidas de mejora para la escuela rural. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/000236) ... (Página10)
- Relativa al reconocimiento de la gratuidad del primer ciclo de la educación infantil. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de expediente 161/000347) ...
- Relativa a permitir la matriculación en 2.º curso de formación profesional básica, con carácter excepcional, del alumnado con necesidades educativas especiales que haya cumplido 21 años. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
(Número de expediente 161/001032) ... (Página18)
- Sobre detección y atención a alumnos afectados por dislexia. Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002207) ... (Página20)
- Relativa a la inclusión de la comunidad gitana en el discurso histórico. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/001787) ... (Página23)
Se abre la sesión a las nueve y treinta minutos de la mañana.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS PROFESIONES DEL DEPORTE. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/001804).
La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Señoras y señores diputados, buenos días. Vamos a comenzar la tramitación del orden del día de esta Comisión de Educación y Deporte convocada para hoy, 26 de septiembre, a las nueve y media de la mañana. En primer lugar, tal como habrán
recibido todos ustedes a través del correo electrónico, vamos a debatir las propuestas de los puntos 5.º, 6.º y 8.º del orden del día, a petición del Grupo de Unidos Podemos y del Grupo Popular. A los demás grupos quiero darles las gracias por
aceptar este cambio.
A continuación empezamos a debatir el punto 5.º del orden del día: proposición no de ley relativa a la regulación y ordenación de las profesiones del deporte, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú
Podem-En Marea. Para la defensa de la propuesta, tiene la palabra la señora Arévalo Caraballo, por tiempo de siete minutos, pero si utiliza menos tiempo, todos se lo agradeceremos. Tiene la palabra, señora Arévalo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Hoy la actividad física está muy presente en nuestra sociedad, ya que constituye una parte importante de los hábitos diarios de la ciudadanía, lo que a su vez ha supuesto que el deporte se haya convertido en una
actividad económica de gran magnitud. Quédense con este dato: el deporte y la actividad física hoy generan en nuestro país más del 2 % del producto interior bruto. Esto ha provocado que en los últimos años proliferen nuevas ocupaciones en el
sector deportivo y que las relaciones laborales en el mismo sean cada vez más complejas. Todo esto, unido a que la regulación legal existente con relación a esta materia es bastante escueta, ha dado lugar a que de manera cada vez más frecuente el
ejercicio de estas actividades sea asumido por personas sin la formación o la titulación adecuadas.
Vuelvo a darles datos. Según el profesor Campos Izquierdo, un 40 % de los trabajadores del sector no poseen titulación y dos de cada tres de los que sí la tienen no poseen la titulación adecuada para los servicios que ofrecen. Estos datos
son graves. ¿Por qué? Porque no se está asegurando el derecho a la protección de la salud de la ciudadanía, al que se refiere el artículo 43 de la Constitución. Los poderes públicos deben garantizar unos servicios deportivos de calidad para
proteger la salud y la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. Además, uno de cada tres trabajadores y trabajadoras de la actividad física y el deporte desarrollan su profesión sin contrato o en situación ilegal, lo que además repercute de manera
negativa en la Tesorería de la Seguridad Social.
Más datos. La mayoría de los contratos que se firman no cumplen con el mínimo de los convenios colectivos. Por tanto, si no regulamos las profesiones del deporte, además de no estar protegiendo la salud de la ciudadanía, estaremos
permitiendo que también este sector sea campo de abono para la precariedad laboral y la economía sumergida. Todos estos datos nos deben parecer razón suficiente para que de una vez por todas atendamos esta demanda que nos llega desde el sector
deportivo. Esto ya lo saben, porque lo hemos repetido muchas veces.
Mi grupo parlamentario basa su manera de trabajar en intentar ser correa de transmisión de las demandas y reivindicaciones de los colectivos de la sociedad civil. Esta proposición no de ley que insta al Gobierno a regular las profesiones
del deporte no responde ni va destinada a ningún colectivo en particular. La regulación de las profesiones del deporte es urgente porque es condición necesaria para que la actividad física y deportiva se realice de forma segura, adecuada y
saludable, sin menoscabo de la salud de toda la ciudadanía.
Por tanto, la regulación de las profesiones -voy terminando- no va a suponer solo dignificar a los profesionales del deporte, sino que gracias a esta regulación estaremos garantizando un deporte sano, seguro y de calidad, que sirva como
herramienta fundamental para evitar que nuestra sociedad sea sedentaria y por tanto enferma. Termino pidiendo al resto de grupos su apoyo para esta iniciativa, ya que lo único que pretende es garantizar por ley, y por supuesto desde el más estricto
respecto a las competencias autonómicas, unos servicios deportivos de calidad, seguros y estables.
La señora PRESIDENTA: Gracias.
Ahora para defender la enmienda presentada, por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Antón Cacho.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, me gustaría hacer un poco de memoria y recordar que este asunto que hoy nos ocupa con esta proposición no de ley no es la primera vez que se trata en esta Comisión ni en sede parlamentaria. El propio secretario de Estado,
Jaime Lissavetzky, a petición de esta Comisión hace ya bastante tiempo, puso en marcha una normativa para regular a nivel estatal el ejercicio de algunas profesiones del deporte. De hecho se creó un grupo de expertos designado por el propio Consejo
Superior de Deportes, que trabajó durante un tiempo con representantes de instituciones y sectores profesionales diferentes y elaboró unas pautas iniciales de trabajo para esta regulación. El consenso obtenido en dicho documento de trabajo permitió
al Consejo Superior de Deportes encargar la elaboración de un primer anteproyecto de ley, que una vez finalizado fue objeto de análisis y tramitación administrativa. Sin embargo, no llegó a las Cortes porque la convocatoria de las elecciones el 20
de noviembre de 2011 lo impidió.
Como hemos denunciado ya en varias ocasiones, la llegada del Partido Popular al Gobierno provocó una parálisis legislativa en el Consejo Superior de Deportes, que prácticamente se dedicó única y exclusivamente a los derechos del fútbol, y
por otro lado, al encargo que tenía el presidente del Gobierno de recortar. De hecho yo supongo que este anteproyecto estará en el cajón de algún técnico del Consejo Superior de Deportes. Además, en mayo de 2011 esta Comisión aprobó las
proposiciones, que se debatieron de manera conjunta, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto, con 36 votos a favor y con 1 abstención de Convergència i Unió, porque tenía algún tipo de problema con cuestiones competencias.
Prácticamente venía a proponer lo mismo que hoy nos propone este grupo parlamentario. De hecho voy a leerla: El Congreso de los Diputados -esta fue la que se aprobó- insta al Gobierno a que proceda desde el más estricto respeto a las competencias
autonómicas a regular las distintas profesiones del deporte, la formación y capacitación de los profesionales, las competencias para cada una de ellas y su ámbito de actuación en el mercado laboral para garantizar la seguridad y salud de las
personas. Cinco años después de esta aprobación, que el propio Partido Popular apoyó, nos encontramos en el mismo lugar, como bien ha dicho la portavoz. El Consejo Superior de Deportes no puede quedarse cruzado de brazos mientras las comunidades
autónomas continúan legislando sobre esta materia, sobre todo por la presión que hacen los sectores afectados. Hace falta una regulación estatal, respetando por supuesto las competencias de estas comunidades autónomas.
Por este motivo el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la proposición no de ley, si la proponente acepta las enmiendas o somos capaces de llegar a una transaccional porque creemos que se puede mejorar. Por un lado, proponemos cambiar
el artículo de la Constitución sobre el que la proponente basa la ordenación. Creemos que es más adecuado hablar del artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud y el fomento de la educación física, y no tanto al 149.1.30.ª, que
habla exclusivamente de las condiciones en las que se obtienen, se expiden y se homologan los títulos. No podemos confundir titulación con capacitación. En estos momentos, como bien saben, se puede acceder a una profesión con un certificado de
profesionalidad, acreditando experiencia y aprendizajes no formales. Este asunto para nuestro grupo es de especial importancia porque creemos que este tipo de normativa no puede dejar a nadie en la calle y hay que dar facilidades para que quienes
están haciéndolo bien puedan seguir desempeñando sus funciones. Por otro lado, consideramos de vital importancia la participación de los agentes interesados, particularmente los colegios profesionales de la educación física y del deporte. Los
Colef, colegios profesionales de la educación física y del deporte, llevan bastante tiempo trabajando duro para presentar a los partidos políticos y al Gobierno una propuesta de ordenación, que estoy convencido puede llegar a ser la base de una
futura ley.
La tarea es complicada, en primer lugar, por la complejidad competencial. Sabemos que las comunidades autónomas van a reivindicar sus competencias y es lógico. Por otro lado, está la extensa
oferta de titulaciones y de prácticas deportivas, lo cual complica mucho esa ordenación, así como la distribución de las tareas que tendría que hacer cada profesional. Además, estamos en permanente proceso de cambio del mundo del deporte,
ya que aparecen actividades nuevas, con más o menos riesgos, y esta ley debería de estar preparada para poder asumirlo. No es menos cierto que la sociedad y los colectivos interesados de la educación física y del deporte lo llevan demandando
durante muchos años. Tenemos que lanzar desde aquí un mensaje al señor Lete: póngase, por favor, manos a la obra. Debemos acabar cuanto antes con el intrusismo, debemos acabar con personas que están ejerciendo profesiones sin un mínimo de
conocimiento y, sobre todo, debemos acabar protegiendo a los deportistas, porque en definitiva son quienes arriesgan su salud.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: A continuación tiene la palabra, señora Arévalo, para aceptar o no la enmienda.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Estamos trabajando con una transaccional.
La señora PRESIDENTA: Muy bien.
¿Grupo Mixto? (Pausa). ¿Grupos Vasco? (Pausa). ¿Grupo Esquerra Republicana de Catalunya? (Pausa).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, presidenta.
Como señalaba el portavoz del Grupo Socialista, el tema de la regulación de las profesiones del deporte es un asunto que viene de lejos y se ha intentado regular en varias ocasiones en diferentes legislaturas y ya lo intentó, como señalaba
el portavoz anterior, el señor Lissavetzky. Se aprobó una proposición no de ley en esta Cámara instando al Gobierno a que se hiciese esa regulación, pero desde entonces no hemos tenido conocimiento de que se haya aprobado alguna regulación para
intentar solucionar el tema, ni se ha traído ningún proyecto de ley a esta Cámara.
Mientras tanto ha habido comunidades autónomas que han intentado solucionar el problema aprobando regulaciones, actualmente hasta cinco comunidades autónomas tienen regulación propia. Esas cinco comunidades autónomas representarían más del
50 % de la población española, y entre ellas está la Comunidad de Madrid que aprobó una iniciativa de Ciudadanos. Esta amalgama de normativas autonómicas, que haya comunidades que tengan normativa y otras que no, crea disfunciones y problemas
porque cada comunidad tiene su regulación específica. Por eso creemos que sería bueno, tal como dice la proposición no de ley y el consenso mayoritario, crear una regulación estatal que unifique y clarifique todo el marco normativo. Además, a toda
esta amalgama de normativas hay que añadir la aprobación reciente del Real Decreto 651/2017, de 23 de junio, que establece el currículo básico de la titulación de Técnico Superior del Acondicionamiento Físico. Este real decreto se ha hecho sin el
consenso adecuado con la comunidad educativa y creemos que puede solapar competencias del grado de la Actividad Física del Deporte. Esto puede llegar a crear mayores problemas, lo que hace aún más urgente la necesidad de regulación de las
profesiones del deporte para clarificar y unificar.
En eso estamos de acuerdo con los proponentes del Grupo de Unidos Podemos. Damos la bienvenida al Grupo de Unidos Podemos a la unidad del mercado, una cuestión muy demanda por Ciudadanos porque es un principio que nosotros defendemos. Nos
alegramos enormemente que se sumen a ello.
Aparte de unificar y clarificar toda la profesión y esta cuestión, tenemos que tener claro para qué queremos regular las profesiones del deporte. Nosotros consideramos que no debemos regular la profesión del deporte para proteger a un
determinado colectivo, sino que debemos proteger al usuario. Esa tiene que ser nuestra meta y ese tiene que ser nuestro fin, es decir, proteger la salud del deportista para que quien practica deporte pueda hacer una actividad adecuada conforme a
sus capacidades y necesidades y que su salud esté en todo momento protegida. Esta tiene que ser única y exclusivamente nuestra misión: la salud del deportista.
Por tanto, esperamos que el Gobierno traiga cuanto antes este proyecto, ya que se comprometió a ello el señor Lete en esta Comisión en diferentes comparecencias. Apoyaremos la proposición no de ley.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Popular, tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias, presidenta.
Señorías, buenos días. Respecto a la presentación de esta proposición no de ley sobre la regulación y ordenación de las profesiones del deporte he de decir que también desde el Grupo Popular entendemos que es necesaria la creación de esta
regulación estatal. Debido al aumento de la práctica deportiva en la sociedad española, el deporte como actividad y todo lo que ello representa ha pasado a ser una actividad de enorme peso específico en España, una nueva actividad económica con
nuevas ocupaciones profesionales y por tanto con nuevas relaciones laborales. Por tanto, hay que incrementar y fomentar la buena práctica deportiva, así como mejorar las prestaciones físicas de quienes las practican. Desde el punto de vista
meramente deportivo es clave su especialización, la profesionalización y la capacidad de sus monitores para que la práctica del deporte se convierta en una actividad segura para nuestra salud. Solo será posible transmitir conocimientos propios para
la buena práctica del deporte, si la persona encargada de ello dispone de una formación adecuada, unas firmes competencias y unas loables condiciones laborales. Por tanto, entendemos que es necesario un texto que regule el papel de los profesores
de la educación física, de los monitores, de los entrenadores deportivos y de los directores deportivos. Es cierto que ya existen cinco comunidades autónomas que han regulado y ordenado sobre ello, así como algunas federaciones deportivas que
también han desarrollado titulaciones de técnicos deportivos, lo que ha producido problemas de solapamiento entre unas y otras administraciones. Por ello, debemos seguir trabajando intensamente para dotar al Estado cuanto antes de un marco general;
un marco general de las profesiones del deporte que respete tanto la normativa europea ya existente en este ámbito, las competencias de las comunidades autónomas, la unidad de mercado, así como la eficiencia en general.
Hay que recordar al portavoz del Grupo Socialista que ya el pasado mes de mayo el presidente del Consejo Superior de Deportes en esta misma Comisión adelantó y expuso la línea a desarrollar como una de sus bases para el proyecto de esta
legislatura. Se han empezado a dar los primeros pasos para la creación de un marco general e igualitario, porque hay que recordar que intervienen diferentes entes sectoriales, federaciones deportivas y diferentes ministerios, como el Ministerio de
Economía y el Ministerio de Educación. Por tanto, dado el trabajo que han realizado los distintos grupos políticos junto con el Consejo Superior de Deportes, entendemos que vamos a trabajar para legislar en esta materia y para que ese marco
jurídico general sea ya pronto una realidad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Herrero Bono.
- RELATIVA A FOMENTAR LA PRÁCTICA SEGURA DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001915).
La señora PRESIDENTA: A continuación pasamos al punto 6.º del orden del día, que se debatirá en segundo lugar: proposición no de ley relativa a fomentar la práctica segura de la actividad deportiva, presentada por el Grupo Parlamentario
Popular. A esta proposición no de ley se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Socialista.
Para la defensa de la proposición no de ley, por parte del Grupo Popular, tiene la palabra el señor Herrero Bono.
El señor HERRERO BONO: Gracias nuevamente, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Popular presenta esta proposición no de ley relativa a fomentar la práctica segura de la actividad deportiva. Hace un tiempo que estamos comprobando el gran aumento de personas que practican y participan en
actividades físico deportivas. La tendencia de esta sociedad hacia una vida sana, la difusión de los beneficios de la actividad física, además de las motivaciones personales, económicas y sociales ha provocado un aumento de la práctica deportiva.
Este aumento se produce tanto en actividades deportivas organizadas, como pueden ser las típicas Ironman u otras del tipo BTT o cicloturistas, como en actividades físico deportivas no organizadas que realizan sin conocer a lo que se exponen. En
ellas participan personas de todas las edades, aunque se requiere un nivel de esfuerzo considerable y con condiciones físicas para las no se exigen requisitos de actitud previos. Recordemos que el Consejo Superior de Deportes en colaboración con
las comunidades autónomas, ministerios y agentes sociales también está creando una estrategia para aumentar y fomentar la actividad física y la lucha contra el sedentarismo.
Ante esta situación recordemos el amparo del artículo 43 de nuestra Constitución española que determina que los poderes públicos fomentarán la educación sanitaria, la educación física y el deporte. En dicho artículo también se reconoce el
derecho a la protección de la salud y encomienda a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública, a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios. También el Consejo de Europa en la Carta Europea del Deporte
de 1992 en su artículo 1 expone la necesidad de conceder a todos los practicantes la posibilidad de practicar actividades físico deportivas en un entorno sano y seguro. Además, habría que añadir la Ley 3/2012, de 20 de junio, de protección de la
salud del deportista y lucha contra el dopaje en la actividad deportiva que reconoce expresamente el componente básico de salud individual y de salud pública de la actividad física y el deporte. Debemos subrayar que el Consejo Superior de Deportes
ya viene realizando actividades de prevención y protección de la salud de personas que realizan actividades deportivas, tales como la elaboración de una vía clínica de evaluación cardiovascular, el proyecto Puro Corazón para la promoción de
reconocimientos cardiológicos en niños y jóvenes deportistas, la elaboración de un decálogo con recomendaciones previas a la práctica deportiva para deportistas amateurs y también, en colaboración con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
participa en la Red de Empresas Saludables para la Promoción de la Actividad Física y el Deporte en el Ámbito Laboral.
En definitiva, somos conscientes de la importancia de los riesgos de la práctica deportiva realizada sin control y de la necesidad y obligación de proteger la salud y eliminar estos riesgos. Para ello presentamos esta proposición no de ley,
en la cual proponemos constituir en coordinación entre el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Consejo Superior de Deportes un grupo de trabajo que estudie la necesidad de definir recomendaciones para los que practicamos
actividades físico deportivas, con el fin de que podamos valorar mejor nuestra condición física, seamos más conscientes de la importancia de un entrenamiento gradual y recibamos mayor información de cómo realizar la actividad físico deportiva de
forma adecuada y segura. El trabajo de ese grupo servirá para dar una información práctica y específica a las personas que practicamos actividades físico deportivas, de los riesgos a los que nos exponemos y de las medidas de prevención, así como de
la importancia de realizar una adecuada y correcta actividad físico deportiva y de la necesidad de una valoración de nuestra condición física previa a la práctica deportiva.
Por ello, esperamos contar con el apoyo de todos los grupos parlamentarios para la aprobación de esta proposición no de ley, y de este modo proteger así y en mayor medida a todos aquellos que practicamos deporte.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrero.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Antón Cacho.
El señor ANTÓN CACHO: Muchas gracias, señora presidenta.
El otro día una compañera en una Comisión me comentaba que el papel más difícil lo tiene el grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. ¿Por qué? Porque tiene que presentar, por un lado, proposiciones no de ley para tener turno de
palabra y poder coger su cupo, pero, por otro lado, tiene que ser muy respetuoso con lo que pone en las PNL, así como en los compromisos que exige al Gobierno ya que luego se tienen que cumplir, sobre todo si lo dice el mismo partido al que
pertenece el presidente del Gobierno. Curiosamente creo que en esta proposición no de ley, aunque estemos completamente de acuerdo con el fondo, el compromiso que se le exige al Gobierno es demasiado flojo, por no decir inexistente. Porque crear
un grupo de trabajo que estudie la necesidad de definir, eso se puede hacer prácticamente tomando un café. Está bien y sé que es difícil presentar proposiciones no de ley, pero exigir un poco más al Gobierno tampoco hubiera costado nada.
En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista, aunque está de acuerdo en el fondo porque sabe que hay muchas personas que se lanzan a la práctica deportiva sin ningún tipo de control y asumiendo unos riesgos muchas veces innecesarios,
cree que hay que darle algo más de contenido a la proposición no de ley, cerrando una fecha. En este caso creemos que no se tiene que estudiar la posibilidad de crear, sino que se tiene que crear y en menos de un año tener las conclusiones.
Además, creemos que esto es importante porque el Consejo Superior de Deportes no llega a todo el mundo y hay que dar participación a las comunidades autónomas, que precisamente son las que tienen por sus propios estatutos las competencias en la
organización de los eventos deportivos, y sobre todo a los ayuntamientos, que son los que al final organizan o financian la mayor parte de las veces esas actividades amateurs a través de
ofertas de actividades deportivas organizando carreras populares, etcétera. Si se acepta nuestra enmienda que intenta poner coto a una fecha concreta -al año- y se da participación también a las comunidades autónomas, estaríamos dispuestos
a votar favorablemente.
Asimismo, me gustaría hacer referencia a la Agencia Española de Protección de la Salud y el Deporte. Las próximas semanas vamos a tener una reunión y unas de las funciones de esta agencia, más allá de controlar y hacer análisis a los
deportistas, es precisamente la prevención y la protección del deportista, en ningún caso se habla de un profesional sino de cualquier deportista. La tarea que estamos encargando hoy al Consejo Superior de Deportes la tiene ya recogida la propia
agencia dentro de sus funciones, como bien ha explicado con todas estas campañas que ya se han puesto en marcha. Mi grupo está de acuerdo con la proposición no de ley. Si acepta nuestra enmienda, votaremos a favor.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Señor Herrero, tiene la palabra para aceptar o rechazar la enmienda presentada por el Grupo Socialista.
El señor HERRERO BONO: No conocemos la enmienda, a lo largo del debate nos posicionaremos.
La señora PRESIDENTA: Continuaremos con las intervenciones de los demás grupos y al final del debate volveré a preguntar al señor Herrero.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Gómez García.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Como no podía ser de otra manera, el Grupo Ciudadanos está de acuerdo en que hay que fomentar la práctica deportiva segura. Así lo señalamos en el debate de la anterior proposición no de ley, cuando dije que una práctica deportiva que no
sea adecuada puede dañar seriamente la salud del deportista. Todos hemos podido ver cómo algunos deportistas han sufrido lesiones, algunas de cierta gravedad e incluso llegando a la muerte, por no realizar adecuadamente esa práctica deportiva o por
realizar pruebas para las que no estaban preparados. Creemos que todos estos problemas que hay... (Rumores).
La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Gómez.
Rogaría a los señores diputados que salieran fuera, porque así no podemos escuchar al interviniente.
El señor GÓMEZ GARCÍA: Como decía, todos estos problemas que se generan y que todos conocemos, y que estamos de acuerdo en que debemos evitar, no se solucionan con un folleto de recomendaciones o buenas prácticas, por muy loable o muy
buenas intenciones que tengan. En definitiva, esto se soluciona recomendando que se acuda a los profesionales adecuados. Sin embargo, también es importante que haya una regulación de las profesiones del deporte, es decir, que se acuda al médico
para que sea este quien diga si puede o no puede hacer la práctica deportiva o qué deporte es mejor; que se acuda a los entrenadores y preparadores físicos para que digan cómo hacer ese deporte y cómo realizar esa actividad física; que se vaya a
un nutricionista para que diga cuál es la dieta más recomendable a seguir, qué se debe comer o qué no o qué se debe comer antes, durante o después de la práctica; o que se vaya al fisioterapeuta para que sea él quien recupere a ese deportista, una
vez que ha tenido alguna lesión. Está bien realizar una guía o folleto, pero creemos que hay que recomendar que se vaya a los profesionales porque son quienes están capacitados para guiar a esos deportistas y que de verdad les indique cómo realizar
una práctica deportiva segura y no un simple folleto o decálogo de recomendaciones básicas. La recomendación es que vaya al profesional, que es quien le indicará cómo debe hacerlo.
En este sentido, quería llamar la atención al proponente sobre el programa Operación Triunfo de Televisión Española, ya que hay una preparadora física que no tiene ningún tipo de titulación. La verdad es que esa no es muy buena imagen para
recomendar las buenas prácticas deportivas. Ahí Televisión Española tendría que empezar dando ejemplo y contratar a profesionales adecuados, titulados y solventes.
Apoyaremos la proposición, como no podría ser de otra manera, porque en genérico que se fomente la práctica deportiva segura nos parece bien, pero como ya he dicho donde tienen que ir es a los profesionales.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez García.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Arévalo Caraballo.
La señora ARÉVALO CARABALLO: Gracias, señora presidenta.
Desde mi grupo parlamentario compartimos la necesidad de garantizar la seguridad en la práctica deportiva, pero consideramos que no es necesaria la creación de un grupo de trabajo ni la realización de ese estudio, porque los problemas están
detectados desde hace tiempo y las soluciones ya han sido propuestas. Y para garantizar la necesaria seguridad, debe actuarse desde dos ámbitos, en primer lugar empoderando la asignatura de Educación Física, lo que garantizará que la ciudadanía
desarrolle una actividad física y una práctica deportiva adecuada y saludable. Por tanto, no necesitamos otro grupo de trabajo que realice un estudio más, sino una Educación Física que promocione y consolide hábitos saludables en la ciudadanía
durante su etapa formativa, y para conseguir una Educación Física de calidad es necesario empezar por aumentar su carga lectiva por lo menos a tres horas semanales.
En segundo lugar, desde Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea consideramos que la única manera de fomentar de verdad una práctica deportiva segura es -por eso hemos presentado la iniciativa anterior- garantizar por ley unos servicios
deportivos de calidad, seguros y saludables ofrecidos por profesionales cualificados que tengan reconocidos sus derechos laborales. Si la actividad deportiva no se desarrolla bajo la dirección y la supervisión de personas con la formación adecuada,
lo que en principio es una actividad beneficiosa se convierte automáticamente en una actividad de riesgo.
En definitiva, nosotros nos íbamos a abstener, pero, si el grupo proponente acepta la enmienda que ha presentado el Grupo Socialista, donde se marca un plazo a ese grupo de trabajo y para ese estudio, probablemente votemos a favor. Insisto,
si de verdad el Gobierno y el grupo proponente quieren garantizar una práctica deportiva segura, fomenten la educación pública de calidad y regulen las profesiones del deporte.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Arévalo Caraballo.
- RELATIVA A LA CONCILIACIÓN DE LOS ESTUDIOS UNIVERSITARIOS CON OTRAS ACTIVIDADES. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002209).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la propuesta número 8, que, como les dije al principio, atendiendo a las peticiones de distintos grupos, también se iba a tramitar primero. Es la proposición no de ley relativa a la conciliación de los
estudios universitarios con otras actividades, presentada por el Grupo Parlamentario Popular y para cuya defensa tiene la palabra la señora Valmaña Ochaíta.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo la satisfacción de presentar esta proposición no de ley del Grupo Popular en la que se insta al Gobierno a impulsar, en colaboración con las universidades, el desarrollo de un marco común que favorezca la compatibilidad de
los estudios de grado o máster en todas sus modalidades con el desarrollo de cualquier otro tipo de actividad profesional, laboral y/o deportiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Universidades y en el Estatuto del Estudiante
Universitario. Se trata de un proposición no de ley que no persigue directamente modificaciones normativas que ya reconocen los derechos de los estudiantes, porque nuestras leyes así lo han hecho a lo largo del tiempo, tanto la Lomlou, que modifica
la Ley de Universidades, la Ley Orgánica 4/2007, como el propio Estatuto del Estudiante Universitario, cuando reconocen el derecho de aquellos a recibir una atención que facilite compaginar sus estudios con la actividad laboral y otras actividades.
Por tanto, es cierto que el marco normativo es adecuado. Sin embargo, la satisfacción a la hora de ejercer esos derechos es desigual en las distintas universidades. Así lo recogen los defensores universitarios en su último informe cuando
consideran que la diferente, la desigual aplicación de los derechos de los alumnos, por ejemplo, a poder desarrollar de manera adecuada los estudios a tiempo parcial se configura como el segundo gran problema sobre equidad e igualdad en nuestras
universidades. Quizá ello se pueda deber a una difícil configuración del cambio de sistema que supone la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, que ha sido entendido por algunos más que como un cambio en el sistema tradicional de
enseñanza y aprendizaje como una automatización de un sistema de asistencia obligatoria, algo descartado en el terreno normativo pero que, por desgracia, sabemos que ocurre con no con poca frecuencia en algunos estudios. Así lo
señalan los más recientes análisis que diferentes investigadores han presentado en relación con la conciliación estudiantil, familiar y laboral. Ciertamente, la introducción de esas nuevas metodologías en el aula puede perjudicar a quienes
tratan de compatibilizar sus estudios con una actividad laboral o cargas familiares.
En conclusión, podemos afirmar que se han producido mejoras muy significativas en los últimos años al diversificar la oferta entre presencial, semipresencial, a distancia o, incluso, online en los títulos de grado y máster y que la
flexibilidad y adaptabilidad que ofrecen los currículos de los estudiantes con relación a la situación anterior a Bolonia ha mejorado, pero no es suficiente si hacemos caso del documento de la CEDU, Crisis de derechos en las universidades, una
perspectiva desde las defensorías universitarias. Ello nos impulsa a pedir que se trabaje de manera conjunta y armónica desde el Gobierno de España, desde el Ministerio de Educación y desde las propias universidades, de manera que se pueda
conseguir un marco común que garantice de forma generalizada el ejercicio concreto de esos derechos. Por eso, solicito de los grupos su voto favorable a esta iniciativa, una iniciativa que, desde luego, cuanto más apoyo lleve de esta Comisión, más
impulsará a los interlocutores, al Ministerio de Educación y a las universidades a poder conseguir ese marco común que produzca una efectiva defensa, la aplicación y el reconocimiento de los derechos de los estudiantes.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Valmaña.
A esta proposición no de ley no se han presentado enmiendas.
Pasamos a la intervención de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.
A pesar de las diferentes interpretaciones del concepto de formación continua y aprendizaje permanente, lo cierto es que más de las tres cuartas partes de los países de Europa asumen que el aprendizaje permanente constituye una misión
reconocida, ineludible e importante para las universidades. En el marco de la necesidad de potenciar este aprendizaje, que dicen de la cuna a la tumba, en muchos países se ha potenciado, en efecto, a través de distintas normativas la formación a
tiempo parcial. Normalmente, estos estudios se han definido en función de un número determinado de créditos o el tiempo necesario para completarlos, y, claramente, se hallan vinculados a la edad, porque lo cierto es que los estudiantes mayores son
quienes tienen más probabilidad de estudiar a tiempo parcial. Menos de un 20 % de los jóvenes entre 18 y 23 años en Europa estudian mediante esta modalidad y, sin embargo, el 63 % de los adultos mayores de 30 años lo hacen a tiempo parcial. En
España estamos por debajo de la media en ambos parámetros: solamente el 15 % de los menores de 30 años estudian a tiempo parcial y solo el 55 % de los mayores de 30 años. Las investigaciones ponen de manifiesto la existencia de una vinculación
entre resultados académicos y estudios a tiempo parcial, de manera que hay una alta probabilidad de que aquellos estudiantes que trabajan más de 20 horas a la semana acaben abandonando los estudios si no se adaptan suficientemente.
Por tanto, nosotros también consideramos que es una necesidad adaptar estos estudios si de verdad queremos potenciar la formación continua y el aprendizaje a lo largo de la vida. Pero, tal y como se indica en esta proposición no de ley, ha
habido una gran heterogeneidad en esta adaptación y muchas veces ha sido más una cuestión cosmética que real. Efectivamente, consideramos necesario que el ministerio se tome esta cuestión muy en serio, coja las riendas y anime a la CRUE a
establecer criterios homogéneos para que los mayores de 30 años puedan continuar sus estudios. Por eso, apoyaremos esta PNL.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alba Goveli.
La señora ALBA GOVELI: Muchas gracias, señora presidenta.
La verdad es que nos ha sorprendido esta PNL, porque parece que es bienintencionada, que podríamos compartir el objetivo final, pero, en realidad, uno se queda con la sensación de que no hay ninguna propuesta clara y nítida para abordar la
cuestión, un tema que además viene de largo y hay que resolver, porque se agravó a raíz de la aplicación de Bolonia, ya que los problemas de asistencia se acrecientan cuando se consideran las clases prácticas, que son más difíciles de sustituir y,
sobre todo, de
recuperar. La sensación que da es que no se ha aprovechado la oportunidad para abordar esta cuestión seriamente. Podrían haber hablado, por ejemplo, de becas. Se refería el grupo proponente a la equidad y la igualdad, pero la gestión que
el ministerio viene haciendo de las becas deja mucho que desear, y es que son las becas las que garantizan la igualdad de oportunidades, no que el alumnado tenga que estudiar y trabajar a la vez, porque no llega a fin de mes. También podrían
haberse referido a las tasas y a por qué un grado en España cuesta veinte veces más que un grado en Alemania, a cómo podríamos resolver esto que cierra las puertas a tantos estudiantes que no pueden permitirse seguir cursando sus estudios porque no
tienen ingresos. Incluso, ya que se ha hablado de conciliación, podrían haber explorado medidas para estudiantes con hijos, como escuelas infantiles o que las convocatorias no corran durante el permiso de maternidad o paternidad, así como un largo
etcétera. Sin embargo, no hemos encontrado nada de esto. Da la sensación de que, en realidad, se trata más bien de un mero parche cosmético para encubrir otros problemas importantes que el Gobierno no tiene intención de abordar en este momento.
Evidentemente, no vamos a votar en contra de una declaración de buenas intenciones generalista, pero, dado que la vemos vacía y sin ninguna propuesta concreta para abordar los problemas señalados, tampoco podemos apoyarla, por lo que nos
vamos a abstener.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Alba Goveli.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Urquizu Sancho.
El señor URQUIZU SANCHO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la verdad es que compartimos bastante lo que dicen en este momento los compañeros de Grupo Confederal de Podemos. Como señalaba mi compañero Javier Antón en su intervención, entendemos que tienen un cupo de PNL y tienen que
presentar iniciativas. Pero les pediríamos que fueran un poco más rigurosos y serios en referencia a los asuntos que se presentan.
Desde luego, hay diferencia entre universidades, porque hay una cosa que se llama autonomía universitaria, como figura en el artículo 27.10 de la Constitución, un derecho fundamental. Y cuando se ejerce la autonomía, no todo el mundo la
ejerce de la misma forma, y las universidades son las que mejor saben cómo gestionarse y establecer sus horarios y grupos, la distribución de sus estudiantes. Por tanto, en primer lugar, nos ofrece dudas que se pueda regular por ley, cuando se
trata de un derecho fundamental que ampara a las universidades a que tengan autonomía en su gestión interna.
En segundo lugar, seguro que este no es un problema legislativo, es un problema que tiene que ver con adoptar medidas serias, como decía la compañera del Grupo Confederal Podemos. Podrían hablar de las becas salarios, de que las
universidades pudieran tener muchos más grupos en diversos horarios, de introducir las nuevas tecnologías en la formación, de qué papel juega la educación a distancia, incluso de derechos laborales asociados al estudio y, por lo tanto, de que cuando
alguien quiera seguir formándose pueda tener ese derecho laboral. Pero no, ustedes, bienintencionadamente, establecen que se llegue a un acuerdo, que se cambie la ley, y no adoptan ninguna medida al respecto, medidas, sobre todo, que tengan que ver
con dinero y derechos, donde está el meollo de la cuestión. Además, hay estudios que seguramente que han de ser presenciales. ¿Es posible estudiar Medicina sin asistir a clase? ¿Podríamos regular todo así? ¿Y la compatibilidad?
Creo que este tema es mucho más complejo de lo que ustedes plantean en la PNL. Como decía la portavoz de Confederal Podemos, es difícil estar en contra de un buen deseo. Lo que pasa es que ustedes no tienen sobre la mesa medidas reales
para solucionarlo, más allá de estar debatiendo en estos momentos aquí sobre ello. No nos podemos oponer, pero tampoco podemos apoyarla. Por eso, nos vamos a abstener. Es un buen deseo, pero, de nuevo, se trata de iniciativa carente de contenido
y de medidas serias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Urquizu.
- SOBRE MEDIDAS DE MEJORA PARA LA ESCUELA RURAL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/000236).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la PNL sobre medidas de mejora para la escuela rural. Ha sido presentada por el Grupo Socialista y para su defensa tiene la palabra la señora Martínez Seijo.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenos días, señorías.
En este todavía recién iniciado curso escolar, el Grupo Socialista quería traer al Congreso la realidad de una buena parte de la escuela española, la escuela rural: singular, peculiar y diferente por concepto, funcionamiento y necesidad.
Prácticamente, todas las comunidades autónomas tienen algún tipo de modelo de escuela rural, pero son muy distintos entre sí por las características territoriales. Cerca del 14 % de los centros educativos de España se encuentran en poblaciones de
menos de 2000 habitantes, pero superan el 30 % en comunidades como Aragón, Castilla y León o Asturias. Lo que las caracteriza, en general, es que son todas escuelas públicas. Por otra parte, desde finales del siglo XX, la escuela rural adquiere
una importancia relevante en el sistema educativo español, en parte por las políticas de agrupamiento escolar, que durante más de veinte años han facilitado el trabajo colaborativo entre los maestros rurales, y por la optimización de sus recursos
didácticos, materiales y económicos, pero también porque ha sabido acomodarse a las necesidades e intereses del propio desarrollo equilibrado de las zonas rurales. Todo ello ha supuesto que en algunos territorios rurales españoles se haya producido
un renacer de esta tipología de escuela, revalorando su potencial pedagógico y su capacidad para crear y recrearse de manera permanente. Debe distinguirse en la concepción de escuela rural entre educación primaria y secundaria porque su atención es
muy diferente. La educación primaria consta de una organización singular: existen escuelas unitarias de unos cuatro alumnos y centros rurales agrupados que centralizan servicios para niños de diferentes localidades o centros comarcales. Sin
embargo, la atención en secundaria es más complicada, porque requiere mayor número de especialistas e, incluso, de infraestructuras, al tiempo que también suele abarcar mayor concentración de alumnos en una localidad concreta que la organización de
primaria.
Por eso, hoy es necesario recordar que la aplicación de ciertos decretos tiene tremendas consecuencias en la escuela rural, una de las grandes perjudicadas por los recortes y la restricción presupuestaria. También ha sido una de las grandes
olvidadas en la legislación española, porque solo ha estado presente en la LOE, donde se la reconoce como una escuela singular, a la que se debe atender para garantizar la igualdad de oportunidades. Y la insuficiencia de este marco legal se traduce
en dos ausencias: la primera es que no hay referencias a la necesidad de relacionar la escuela en un marco general socioeconómico capaz de sostener la población de las zonas rurales sobre el territorio, protegiendo su derecho a permanecer con su
propia identidad cultural, y a la importancia de que la formación inicial del profesorado incluya las características que reúne la escuela rural, en particular, y la educación, en general, en el medio rural. Algunos problemas que está sufriendo la
escuela rural afectan directamente al profesorado, en primer lugar por la falta de formación permanente, ya que en los últimos años se han cerrado centros de formación permanente del profesorado fundamentalmente en la zona rural, y, en segundo
lugar, por la imposibilidad de cubrir plazas frente a bajas laborales, pues hay que recordar que hoy en día las sustituciones no se producen hasta pasados quince días de una baja laboral, lo que en una escuela rural supone un grave problema de
organización interna del propio centro, e incluso porque en algunos casos ni siquiera hay personal docente para cubrir las bajas laborales de los profesores en ese periodo.
La escuela rural también ha sufrido otra serie de inconvenientes en los últimos años. Así, se han reducido las ayudas para transporte y comedor escolar, lo que en algunas zonas de ámbito rural hace referencia a desplazamientos de los niños
de hasta dos horas para llegar al centro educativo. Además, se han cerrado numerosas escuelas en los últimos años, con consecuencias tremendas, no simplemente por las connotaciones afectivas, sino porque también supone una desafección a un modo de
vida, a una identidad, que difícilmente puede recuperarse. Y también han desaparecido programas de cooperación territorial que afectaban de manera muy directa a la zona rural, concretamente aquellos que profundizaban en el apoyo y en el refuerzo
educativo, y es que hay que recordar que en muchas ocasiones en algunos municipios, si no se oferta un programa de cooperación territorial y una ayuda específica para atención a la diversidad, ese alumnado no puede recibirlo de ninguna otra manera,
simplemente porque no existen medios para poderlo combatir. Otras consecuencias de importancia que se sufren en la zona rural son relativas a la escasa oferta de optatividad de ciclos formativos, incluso, de bachillerato, es decir, hay una menor
oferta educativa y menos igualdad de oportunidades, que, como decía antes, no se puede compensar de ninguna otra manera, porque no hay más opciones.
Nos preocupa el estado de la escuela rural, donde ya hay altas cifras de abandono escolar, que a partir de ahora, por esa reducción y recortes de programas para refuerzo educativo, se puede incrementar.
Nos preocupa también el desarraigo, la desigualdad social en las zonas rurales debido a esa reducción obligada de opciones en bachillerato y formación profesional. Por ello es necesario crear y potenciar nuevas ayudas al estudio en etapas
posobligatorias para aquellos alumnos que residen en zonas rurales y no tienen ninguna opción para poder cursar estudios posobligatorios en sus localidades y, por tanto, no encuentran suficiente oferta educativa.
No debe olvidarse que la reducción generalizada de los presupuestos para gastos de funcionamiento en los centros públicos se siente más en las zonas rurales, muchas de ellas periféricas y con clima adverso. Muchas se localizan en zonas de
montaña, circunstancia que supone también duras condiciones de habitabilidad para el alumnado y el profesorado. Debo recordar que muchas veces los profesores y los centros educativos tienen que luchar por mantener el presupuesto de funcionamiento y
poder disponer de algo tan básico como la calefacción encendida hasta el mes de junio, porque a veces no cuentan con suficiente importe.
Por tanto, entendemos que se ha de recuperar esa equidad en el mundo rural, porque, si habitualmente hay diferencias entre la realidad urbana y la realidad rural, debemos salvar por lo menos las necesidades educativas y garantizar unas bases
razonables, sostenibles y asumidas en conjunto por todas las comunidades; que la escuela rural sea vista como un elemento de cohesión territorial, equilibrio demográfico y un espacio positivo para la innovación en la calidad educativa, para que
nuestros niños y niñas crezcan en una sociedad que no les discrimine desde su escolarización.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez Seijo.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas. Una es del Grupo Parlamentario Ciudadanos y tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el alumnado que reside en zonas rurales tiene derecho a recibir un servicio educativo con los mismos niveles de calidad que el que se presta en el resto del territorio nacional y es verdad que la legislación española contempla
estas circunstancias, que, como se ha explicado, reconoce la importancia y el carácter particular que tiene la escuela rural en el conjunto de España, enmarcada también dentro de políticas de educación compensatoria para paliar las dificultades y
desigualdades, siendo las administraciones educativas correspondientes las encargadas de atender este derecho y las que han de garantizar la igualdad de oportunidades a todos los niños y niñas del territorio español.
Tal y como se ha explicado, la atención en educación infantil y primaria se realiza normalmente mediante la fórmula de los centros rurales, y se cifraron en 78 000 los niños que acuden a estos centros, especialmente en Castilla y León,
Cataluña y Andalucía. En efecto, la Lomce precisa que se ha de tener especialmente en cuenta el fenómeno de la despoblación y la especificidad de la escuela rural en los programas de cooperación interterritorial, y, como ustedes saben, estos
programas comparten financiación del Gobierno central y las comunidades autónomas. Es precisamente en esta línea de la corresponsabilidad en la garantía de la calidad educativa sobre lo que nosotros planteamos nuestra enmienda, porque, estando
completamente de acuerdo con el grupo proponente en que es necesario un plan nacional para la escuela rural, creemos que este, efectivamente, debe ir acompañado de un plan de financiación plurianual por parte del Gobierno, pero también de un plan de
financiación que comprometa a las comunidades autónomas explícitamente. Entendemos que solo de esta manera se puede garantizar la suficiencia para el mantenimiento del sistema.
Esperamos que se admita esta enmienda y que todos los grupos con poder ejecutivo en distintas comunidades autónomas, incluido el partido proponente, tomen buena nota de ello.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
El Grupo Popular ha presentado otra enmienda a esta proposición no de ley y tiene la palabra la señora Hoyo Juliá.
La señora HOYO JULIÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, si algo caracteriza a nuestro país es su diversidad. Cada territorio tiene unas peculiaridades y ello nos hace más auténticos y más completos. Siempre ha sido algo que suma, que aporta valor. Por eso, nunca debemos permitir que
nos debilite. Es una de las cosas que más destaca cualquier turista que
visita España: su diversidad, una diversidad que no solo existe entre las distintas comunidades autónomas, porque dentro de una misma provincia encontramos también municipios muy distintos y de muy variado tamaño. Pondré el ejemplo de mi
comunidad, donde Sempere cuenta con 48 habitantes y Valencia tiene censados casi 800 000.
Efectivamente, como se ha dicho, existe una España rural, con pueblos pequeños, generalmente en el interior, donde se tiene que hacer un esfuerzo por parte de todas las administraciones para que sus ciudadanos gocen, igual que los demás, de
todos los servicios públicos necesarios, especialmente los que aportan bienestar; el acceso a la sanidad y a la educación deben estar asegurados siempre. Pero, señorías, desde mi grupo no compartimos el discurso pesimista que ustedes manifiestan
en todos los ámbitos. En España se lleva muchos años trabajando en conseguir la igualdad de todos los ciudadanos, vivan donde vivan, y se ha avanzado mucho. En ello han trabajado todas las administraciones, y, en especial, quisiera destacar las
diputaciones, demonizadas siempre por algunos grupos de esta Cámara pero que realizan un trabajo fundamental para mejorar el día a día de los municipios más pequeños. Además, señora Martínez, creo que en materia de igualdad educativa pocas
lecciones puede dar el Partido Socialista en la actualidad, desde que ha perdido su sentido de Estado y se alía en algunas instituciones con partidos radicales. Pondré el ejemplo de mi comunidad, la Comunidad Valenciana, donde gobiernan ustedes y
Compromís, porque se ha aprobado un decreto de plurilingüismo que contribuye a la desigualdad y ataca a la libertad, la libertad de los padres a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos y la lengua vehicular que quieren para sus hijos.
Hemos presentado una enmienda a esta proposición no de ley porque, compartiendo que sería bueno para seguir avanzando en esta materia un plan nacional sobre escuela rural, creemos que el mismo debería ser incorporado al pacto de Estado
social y político por la educación en el que venimos trabajando en el seno de esta Comisión.
Con respecto al segundo punto, consideramos que, en lugar de elaborar un nuevo programa estatal de ayudas, debemos seguir reforzando los que ya tenemos. En las becas, la cuantía fija está ligada a la residencia con 1500 euros, un criterio
valorado en todas ellas, especialmente en el curso pasado mediante la incorporación de la valoración catastral de los inmuebles del medio rural.
No obstante, debemos seguir trabajando en esta materia. Por eso, señora presidenta, hemos llegado a una transaccional con el grupo proponente, que haremos llegar a la Mesa a lo largo de la mañana.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Hoyo Juliá.
Señor Bustamante Martín, por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: La situación de la educación en España responde a una lógica no liberal, reducción de inversión en los Presupuestos Generales del Estado en busca de la privatización de servicios públicos. Son piezas en mayo de
2010 con el decreto de ajuste, la reforma de la Constitución en agosto de 2011, del artículo 135, o los últimos Presupuestos Generales del Estado, donde en un contexto de crecimiento económico se sigue recortando en educación y en servicios
públicos. En definitiva, un trasvase de fondos públicos a fondos privados que afecta a todas las esferas de lo público y que afecta también a la educación en España. Por cierto, ahora que el Tribunal de Cuentas exige al ex presidente de la
Generalitat que pague los 5,2 millones que costó el referéndum del 9 de noviembre, no estaría mal tampoco que se exija a los corruptos que devuelvan lo robado o que se exija a los banqueros también que devuelvan los cuarenta mil millones de euros de
fondos públicos que se han perdido como consecuencia del rescate a la banca. En este contexto la escuela rural y la escuela en los municipios han sido duramente golpeadas. Se han producido cierres de escuelas, se han producido también pérdidas de
empleo de docentes. En la legislatura 2011-2015 la diputada de Izquierda Unida, doña Caridad García, interpeló al Gobierno sobre los recortes en la escuela rural. La respuesta del Gobierno era que es competencia de las comunidades autónomas, pero
los recortes en los Presupuestos Generales del Estado afectan a los distintos niveles de la educación. Por cierto, Valencia y Madrid son las comunidades autónomas que más han recortado en educación y en sanidad y Castilla-La Mancha y Galicia,
gobernadas por el Partido Popular, las comunidades autónomas que más cierres de escuelas rurales han llevado a cabo.
Desde el Grupo de Unidos-Podemos consideramos que los recortes afectan a la calidad de la educación, que la escuela rural necesita inversión, necesita garantizar el transporte escolar, necesita que haya comedores escolares, necesita que haya
actividades extraescolares, que haya maestros y maestras de FP, de audición y lenguaje. En definitiva, necesita inversión. Por eso vamos a votar por garantizar la
equidad y la calidad educativa en los municipios y en los pueblos y también me gustaría reseñar como reflexión final que las escuelas rurales y las escuelas en los pueblos son un elemento de cohesión territorial y no son solamente un derecho
de los niños y niñas a la educación, sino también son el centro neurálgico de las actividades culturales de estos municipios. Por tanto tenemos que evitar el cierre de escuelas rurales. Desde el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En
Marea vamos a votar a favor de la inversión en educación, en las escuelas rurales y en las aulas unitarias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bustamante Martín.
Señora Martínez Seijo, se tiene que pronunciar antes de la fijación de posiciones sobre la aceptación o no de las enmiendas. Nos puede usted decir si acepta alguna de las enmiendas.
La señora MARTÍNEZ SEIJO: No vamos a aceptar la enmienda presentada por el Grupo de Ciudadanos y vamos a presentar a la Mesa una transaccional a raíz de la enmienda que nos ha presentado el Grupo Popular.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martínez Seijo.
- RELATIVA AL RECONOCIMIENTO DE LA GRATUIDAD DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de expediente 161/000347).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la tramitación de la proposición no de ley que figuraba en el orden del día como número dos. Proposición no de ley relativa al reconocimiento de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil presentada
por el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la proposición
no de ley tiene la palabra la señora Alonso Clusa.
La señora ALONSO CLUSA: Gracias, presidenta.
Señorías, la primera infancia es una etapa determinante para el desarrollo integral de los niños y niñas, de ella depende numerosos procesos posteriores de aprendizaje, de adaptación y de integración. Por tanto, es una etapa que como
sociedad debemos cuidar y fortalecer y se ha de otorgar la importancia que merece. Entre los tres y seis años se sientan las bases del aprendizaje que habrá de configurar todas nuestras habilidades y potencialidades como personas adultas. Sin
embargo, nos encontramos con que hasta ahora ha sido un periodo minusvalorado tanto a nivel oficial como a nivel social. Disciplinas académicas como la psicología evolutiva y la pedagogía han obtenido numerosas evidencias científicas que respaldan
la importancia de los espacios de calidad que fomenten un desarrollo afectivo y social adecuado. Cabe destacar además que la educación de cero a seis contribuye de forma esencial a la detección e intervención precoz ante trastornos del desarrollo y
otras dificultades relacionadas con la diversidad funcional. Cuando las familias optan por incluir a sus hijas en esta etapa en los centros de educación infantil, estos no pueden ser meras guarderías, con función únicamente asistencial. Debemos
garantizar espacios educativos con una serie de características que aporten a las niñas y niños la mejor calidad, fomentando todos los ámbitos de su desarrollo y su educación integral desde el primer momento. La educación infantil ha de ser un
medio eficaz para establecer las bases del aprendizaje posterior, para prevenir el abandono escolar, favorecer la equidad en los resultados e incrementar los niveles generales de competencia. Es nuestro deber y responsabilidad facilitar los
recursos necesarios para las familias que lo requieran y necesiten. No podemos permitir que haya familias que se encuentren con dificultades a causa de la falta de plazas públicas que aseguren la escolarización gratuita de los niños y niñas de cero
a tres años. La red de escuelas infantiles, públicas y privadas, actualmente solo cubren el 31 % de los niños de cero a tres años. La carestía de sus precios, 540 euros al mes de media en el caso de las privadas, se vuelve demasiadas veces
incompatible con el trabajo o con una jornada laboral a tiempo completo. Nos encontramos ahora ante una situación en la que solo las familias que cuentan con recursos económicos suficientes pueden escolarizar a sus hijos e hijas en centros privados
ante la escasa oferta pública de las administraciones educativas. Así pues, es una asignatura pendiente para las administraciones el reconocimiento de la etapa cero a tres, como una etapa plenamente educativa, como solicitan diversas entidades y
asociaciones de la comunidad educativa. Dicho reconocimiento implicaría que sus profesionales pasen a depender exclusivamente de las administraciones educativas, así como
aprobar un currículo regulado por normativa estatal de carácter global, integral, laico, participativo e inclusivo que esté centrado en los derechos y las necesidades de los niños y las niñas.
El desarrollo social, emocional, la adquisición de conocimientos y la habilidad para asociarlos y relacionarlos se llevarán a cabo dependiendo enormemente de la calidad de los afectos, del vínculo que se establezca con los adultos, de los
espacios y de la interacción con sus iguales. Por todo eso, resulta fundamental que se dote de todos los recursos necesarios, especialmente humanos, que las ratios en esta etapa se ajusten también a las necesidades que corresponden y, en ese
sentido, sería recomendable que se aplicaran los siguientes criterios: Un adulto para cuatro niños menores de doce meses; un adulto para seis niños y niños de doce a veintitrés meses; un adulto para ocho niñas de veinticuatro o treinta y cinco
meses; un adulto para quince niñas y niños de treinta y seis a setenta y dos meses. En línea con la convicción de que la etapa cero a tres es una etapa en la que es posible compensar desigualdades sociales y acompañar adecuadamente el desarrollo
de aprendizaje de niños y niñas, es necesario que exista un cuerpo único de profesoras y profesores en el que se incluyan los y las docentes de dicha etapa. Por su parte, la educación pública gratuita y de calidad en la etapa cero a tres ayuda
también a garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país.
En definitiva, como muy bien defiende la plataforma estatal por la defensa de la educación cero a seis, a la hora de determinar las necesidades de las niñas y niños hemos de tener presente que la infancia es el bien más preciado que tiene la
sociedad y que su interés superior ha de prevalecer, como consta en el Convenio de los Derechos del Niño, documento que afirma además en cuanto al derecho a la educación en la primera infancia que esta, la educación, comienza en el nacimiento y está
estrechamente vinculada al derecho del niño pequeño al máximo desarrollo posible. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Alonso Clusa.
Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario de Ciudadanos tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, presidenta.
Desde Ciudadanos hemos apostado desde siempre por la educación en edades tempranas, por la educación entre cero y seis años. Es en esa etapa -y hay numerosos estudios que así lo atestiguan- cuando el niño tiene posibilidades de desarrollar
una serie de capacidades que a lo mejor han pasado desapercibidas incluso para las familias, sí se encuentra en el marco adecuado y recibe una estimulación correcta. Eso va a suceder siempre en el marco de la escuela. En esa etapa los niños no
solo son capaces de iniciar una serie de aprendizajes cognitivos que van a ser de utilidad en su vida futura y que, vuelvo a decir, pueden pasar desapercibidos, sino que además su estancia con otros niños contribuye valiosamente a iniciar lo que
llamamos socialización. La escuela infantil -hay que recordarlo siempre- es algo más que un simple aparcamiento de niños. En la escuela infantil los niños aprenden y se desarrollan. Pero es verdad que la educación antes de los tres años, facilita
la conciliación de las familias y la reintegración al trabajo de las mujeres después de ser madres. Actualmente la educación de cero a tres parece ser un privilegio casi exclusivo de aquellos que están en condiciones de hacerse cargo del pago de
una escuela infantil. Las plazas públicas son muy escasas y el número de solicitantes desborda las posibilidades de atender las necesidades de las familias. Así pues, aquellas que pueden permitirse asumir unos pagos elevados echan manos de
escuelas privadas y aquellas que no, que son la mayoría, optan bien por dejar al niño en manos de familiares o de cuidadores o bien por la excedencia, generalmente de la madre, hasta que el niño esté en edad de ser escolarizado. Según los datos que
ofrece Save the children el 56 % de los niños cuyas familias están en el quintil de población con rentas más elevadas se escolarizan tempranamente, pero este porcentaje baja hasta el 31 % en el caso de los niños pertenecientes a lo que se llama el
quintil con menor renta. Con eso estamos abriendo dos brechas. En primer lugar, la existente entre familias más modestas que no pueden permitirse el pago de cantidades elevadas para acudir a una escuela privada, y ven así mermadas las
posibilidades de desarrollo de sus hijos, y, en segundo lugar, de la brecha de género. Pues si no hay otro recurso, son casi exclusivamente las mujeres las que aparcan su vida profesional para dedicarse al cuidado de los hijos. Podríamos hablar
también de las dificultades que tiene para reintegrarse en la vida laboral una persona que durante tres años ha hecho un parón en su actividad para cuidar de un hijo. Pero esta no es hoy la cuestión. Estamos hablando de niños cuyas posibilidades
de desarrollo cognitivo están siendo limitadas por una cuestión puramente de recursos. Por eso, aunque nos parece muy bien que se registren iniciativas como esta, en Ciudadanos hemos preferido optar por negociar este asunto donde hay que hacerlo,
en las mesas donde se redactan los Presupuestos
Generales del Estado o los de las comunidades autónomas. En esta ocasión, en el caso de los presupuestos, hemos conseguido una importante partida presupuestaria para que las familias con hijos menores de tres años reciban una ayuda para
acceder a una escuela infantil.
Señorías, nosotros hemos apostado por la importancia de esa educación, por la educación en edades tempranas, en nuestros sucesivos programas electorales y creemos que pelear por su gratuidad y su universalización es, por un lado, una
cuestión de justicia, pero también una forma de seguir luchando por la excelencia educativa. Distintos estudios aseguran que las tasas de fracaso y abandono escolar son menores entre los niños escolarizados tempranamente y las primeras fases de la
edad infantil sirven tanto para detectar determinados problemas de aprendizaje como habilidades especiales que podrán ser reforzadas en el futuro. Hemos presentado una enmienda que esperamos que el grupo proponente acepte y que pretende el
reconocimiento de la universalidad no obligatoria y la gratuidad progresiva del primer ciclo de educación infantil y que las administraciones deban garantizar un número suficiente de plazas en centros educativos para hacer frente a la demanda.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rivera.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de su enmienda tiene la palabra la señora Flórez Rodríguez.
La señora FLÓREZ RODRÍGUEZ: Gracias, presidenta.
La acción educativa no comienza en la escuela primaria, comienza su largo camino en el inicio mismo de la vida, esto es algo en lo que estamos todos de acuerdo. Nadie puede negar las virtudes de la educación infantil como vacuna contra el
fracaso y el abandono escolar temprano, como factor de igualdad de oportunidades y de integración social ayudando fundamentalmente a los entornos desfavorecidos o como determinante en el rendimiento escolar posterior. Solo por mencionar alguna de
ellas. Las oportunidades y beneficios que ofrece un modelo educativo de calidad exigen que avancemos en la universalización de la escuela infantil, una educación infantil de calidad que debemos defender como un derecho, porque es crucial en la vida
de las personas. En las legislaturas anteriores a la llegada del Gobierno popular se avanzó extraordinariamente en la implantación y en la extensión de esta etapa educativa. La Ley Orgánica 2/2006 de Educación otorgó el carácter educativo a toda
la etapa de educación infantil, desde el nacimiento hasta los seis años, y se extendió de forma gratuita al 100 % la escolarización entre tres y seis años. Además el Gobierno socialista promovió el Plan Educa3 con el que se comenzó a extender la
escolarización de cero a tres años y con una inversión, en colaboración con las comunidades autónomas, de más de mil millones de euros. Un plan con una vertiente por un lado educativa, y por otro social para atender a las necesidades de
conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Dando así solución a una creciente demanda de la sociedad. Luego llegó el ministro Wert y dijo que esta etapa no es educativa, sino asistencial y, por tanto, no merecedora de invertir en ella
desde el ministerio. El Educa3, entre otras muchas cosas, desapareció.
Señorías, nunca hemos dejado de dar la batalla por la educación infantil, como así lo muestran las iniciativas presentadas por el Grupo Socialista en esta y anteriores legislaturas, pero esta iniciativa que nos presentan, siendo una PNL bien
intencionada, adolece de concreción, de claridad y de soluciones. Estamos de acuerdo en que se debe abordar la regulación a nivel nacional para establecer un marco común para el primer ciclo y que este sea completado posteriormente por las
administraciones autonómicas, y así lo reflejamos en una iniciativa relativa a la regulación y a la financiación de la etapa cero a tres, que por cierto el Grupo Parlamentario Socialista registró con anterioridad a la que ustedes ahora nos presentan
y con mayor ambición y solidez en cuanto a lo que se solicita. Además se olvidan ustedes de las enseñanzas mínimas de regular aspectos como ratio, cualificaciones profesionales o responsabilidades educativas, las de los equipos, los tiempos de
atención indirecta, entre otros aspectos que hemos incluido en una de las enmiendas que hemos presentado. Estamos de acuerdo en que debe haber un mayor número de ofertas públicas para la educación infantil y así lo hemos exigido con anterioridad,
aunque el Gobierno popular haya hecho oídos sordos a las demandas de los socialistas e incluso hasta las de Bruselas, que ya le emitió una recomendación en su programa de reformas alertando de la falta de escuelas infantiles de cero a tres.
Respecto a la modificación que ustedes proponen del artículo 15 de la ley ni las modificaciones oportunas afectan solo a este artículo ni es una opción viable ni factible a corto o medio plazo. El papel lo aguanta todo, pero este cambio que
ustedes proponen solo sirve para generar un titular de poco recorrido y crear muchas falsas esperanzas. Existen dificultades que no contemplan ustedes en la iniciativa.
Dificultades como, por ejemplo, alguna referencia que ha hecho a las comunidades autónomas. Hay que contar con las comunidades autónomas. Hay que contar también con las entidades locales. No debemos olvidar que gran parte de los
municipios españoles ostentan la titularidad de las escuelas infantiles de primer ciclo que asumen como competencias impropias y gestionan y mantienen muy a duras penas como otros hacen con otros servicios municipales básicos y fundamentales tras la
reforma local de 2013.
Si ustedes lo que quieren es dar soluciones reales a las necesidades de los niños y de las niñas y, por ende, en beneficio de padres, madres, tutores, por la conciliación y por la natalidad hablemos en serio y con concreción. Planteémonos
la generalización de la oferta cero a tres a través de programas de cooperación territorial, responsabilidad del Ministerio de Educación, concretamente la recuperación del Plan Educa3 que tan buenos resultados obtuvo. Hablemos del incremento de
becas y ayudas a las familias. De una financiación adecuada a esas actuaciones y fomentemos la inclusión del último año del ciclo en los dos o tres años, en la que casi la totalidad de los niños y niñas están escolarizados en centros públicos de
educación infantil y primaria, como está ocurriendo en otras comunidades en las que los socialistas gobernamos. De esta manera sí que podremos ir avanzando en la gratuidad y en la escolarización absoluta del primer ciclo y dar soluciones reales a
la comunidad educativa. De ahí las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Flórez.
Pregunto a la señora Alonso Clusa qué enmiendas acepta.
La señora ALONSO CLUSA: Querría hablar con ellos posteriormente, ¿es posible?
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Pérez López.
El señor PÉREZ LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
En nombre del Grupo Popular me toca posicionar respecto a esta proposición no de ley en la cual nosotros entendemos que es cierto que existe una importancia creciente de la educación infantil, ya que propone y procura grandes beneficios
sociales, psicológicos, motores, educativos, etcétera. Es cierto también que la escolarización temprana aporta grandes beneficios a nuestros niños y niñas, especialmente en esa detección precoz de problemas relacionados con el desarrollo físico e
intelectual de niños y niñas. En los últimos años también es cierto que se ha producido un cambio social, ya que se ha pasado de un concepto de esa típica guardería a una situación en la que prima un peso muy importante y específico de la
educación. Es decir, la educación ya es determinante. Si es verdad que cuando se lee la proposición no de ley que nos presenta el Grupo Podemos parece que no se ha hecho nada en España y parece que de nuevo nuestro país está anclado en cifras
bastante insignificantes. Hay que decir que a día de hoy en el primer ciclo infantil se encuentran matriculados más de 440 000 niños y niñas y en el segundo ciclo 1 395 000. Que la tasa neta de escolaridad en el primer ciclo tiene variaciones,
aunque la media de cero a dos años está en el 34 %. Incluso en comunidades como Madrid está en el 43,7; Galicia, 41,4 y País Vasco en el 52,3. También es cierto que hay comunidades autónomas como Islas Baleares, Asturias o Canarias que no llegan
al 20 %. La OCDE en el panorama de la educación 2007 nos dice que España alcanza una escolarización prácticamente plena en educación y atención infantil y en las edades de tres y cuatro años, con el 95 y 97 % respectivamente, que está muy por
encima del promedio de la OCDE, que es del 78 y del 86 %. Es más, en el tramo hasta dos años el porcentaje de niños escolarizados es del 30,7 %, mientras que en la Unión Europea el promedio solo llega al 4 % y en la OCDE al 3,8 %. Por
consiguiente, señorías, a pesar de estos datos que creo que son positivos y que demuestran el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años, es cierto que aún queda bastante por hacer en la educación infantil, especialmente en ese primer ciclo de
cero a tres años. Es verdad que aún existen disparidades a la hora de tratar y ordenar este ciclo hasta el punto en que aún encontramos comunidades autónomas que lo adscriben al ámbito de los asuntos sociales y no a la consejería de Educación.
Otro aspecto importante que habrá que determinar es cómo se plantea la implantación de la educación infantil de cero a tres años, ya que en algunas comunidades autónomas sabemos que esa implantación se hizo utilizando convenios con corporaciones
locales y entidades privadas, por ejemplo, Andalucía. En este sentido, nosotros entendemos que a pesar de que es necesario regular la educación infantil, aun a pesar de que también entendemos que hay que hacer modificaciones importantes, desde el
21 de diciembre se constituyó una subcomisión en este seno de la Comisión de Educación y Deporte, con objeto de elaborar un informe sobre el estado y situación del sistema educativo español. Dicho informe debe de contener un diagnóstico
y unas propuestas para la elaboración de ese gran pacto de estado social y político por la educación. Nosotros entendemos que es el lugar donde se hagan las propuestas y se planteen las modificaciones que esta Comisión y la subcomisión
entienda que son necesarias para mejorar la educación infantil, especialmente de cero a tres años en España. Nosotros entendemos que deberíamos dejar trabajar a la subcomisión. Deberíamos de plantear acuerdos mucho más generales, mucho más
importantes. En este sentido creemos que no cabría ahora mismo aprobar una propuesta que es incompleta y que, al mismo tiempo, no satisface las necesidades del conjunto de la población. No solo a nivel nacional, sino incluso también de las
comunidades autónomas. Entendemos que esta propuesta necesita más sosiego, más diálogo.
La señora PRESIDENTA: Señor Pérez, tiene que terminar.
El señor PÉREZ LÓPEZ: En definitiva, el lugar para llevar a cabo es el seno de la subcomisión del pacto educativo. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Damos por terminado el debate de la proposición no de ley relativa al reconocimiento de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil.
- RELATIVA A PERMITIR LA MATRICULACIÓN EN 2.º CURSO DE FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA, CON CARÁCTER EXCEPCIONAL, DEL ALUMNADO CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES QUE HAYA CUMPLIDO 21 AÑOS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA.
(Número de expediente 161/001032).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a la proposición no de ley relativa a permitir la matriculación en 2.º curso de formación profesional básica con carácter excepcional del alumnado con necesidades educativas especiales que hayan cumplido
veintiún años. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de esta proposición no de ley tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, el señor Meijón.
El señor MEIJÓN COUSELO: Muchas gracias, presidenta.
Un libro, mundo y aparte, un poema, río arriba, de mi compañero José Juan, y unos versos: ni pánico ni bruma, solo es bonanza la ruta de este río. Así nos gustaría que se entendiera esta PNL. Ni siquiera como una propuesta del Grupo
Parlamentario Socialista, sino como una propuesta colectiva de esta Comisión. Ni pánico ni bruma, solo bonanza. El tema es suficientemente conocido por lo que trataré de ser breve. Como sus señorías conocen, en la educación obligatoria, incluso
en infantil, el alumnado tiene un número limitado de repeticiones de curso. Sumando estas se calculó para cursar la FP básica el límite de veintiún años de edad. Pero entendemos que al legislador se le escapó la singularidad del colectivo del
alumnado con necesidades educativas especiales o alumnado con necesidad funcional, que tienen distinta normativa pudiendo incluso permanecer un año más en infantil. Esto provoca que al llegar a la formación profesional básica el límite de veintiún
años les impida finalizar este nivel. Sabemos que de hecho ha habido sentencias favorables a este alumnado que incluso alguna comunidad permite de alguna forma esta flexibilización y sabemos también que con esto no estamos pidiendo que la FP básica
pueda considerarse como un saco sin fondo donde la gente pudiera quedar un número ilimitado de años o muchos años. No, ni mucho menos. Pretende que puedan acabar este nivel de formación profesional básica y luego poder tener acceso a continuar sus
estudios. Sabemos también que queda mucho por hacer en cuanto a ofrecer al alumnado con necesidades educativas especiales una formación profesional de equidad y de excelencia. Cosas que tienen que ver con esto son la posibilidad de titular al
finalizar la ESO, los apoyos en los actuales ciclos de grado medio y de FP o, por ejemplo, la creación de ciclos de FP adaptados. Ejemplo hemos tenido aquí en recientes comparecencias en esta Comisión.
Con esta proposición no de ley pretendemos corregir un problema real, un caso concreto, pero somos conscientes perfectamente del trabajo que queda por hacer. Si se nos permite, quisiéramos también realizar una autoenmienda en el sentido de
una modificación técnica que mejora la redacción. Donde decimos que se contemplen casos de excepcionalidad, habría que hacer algo parecido a lo que la propia ley admite para el alumnado de altas capacidades que es que se regule la flexibilización
del límite de edad de los veintiún años. Creemos que con esto quedaría mejor y nosotros lo entendemos como mejora técnica del texto, aunque sabemos que finalmente será el Gobierno quien realice la redacción que legalmente sea conveniente. No
quiero extenderme más ante un tema que es conocido, repetir los versos
de mi compañero Pepe Juan, ni pánico ni bruma, solo es bonanza la ruta de este río, y espero que toda la Comisión pueda aceptar esta PNL para resolver el problema que está sufriendo el alumnado que está en estas condiciones. Muchas gracias,
presidenta. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Meijón.
Por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Meijón, como diría Benedetti, usted sabe que en esto puede contar conmigo. La erradicación de las inequidades en educación, bien por razones territoriales, bien por razones económicas o bien por razones personales, es para Ciudadanos
una obsesión y creemos que ha de constituir el objetivo esencial de la reforma educativa en la que estamos presupuestamente implicados. La equidad es la cualidad que consiste en dar a cada uno lo que se merece en función de sus condiciones y lo
cierto es que los alumnos con necesidades específicas de apoyo tienen condiciones especiales y se merecen circunstancias especiales. Anunciamos ya que vamos a apoyar, sin fisuras, esta PNL que nos parece muy acertada que la haya traído aquí, que
presenta el PSOE, porque consideramos que es una cuestión de equidad y que, aunque es verdad que se había abordado la flexibilización temporal y que se permitía ampliar la prórroga hasta los veintiún años es insuficiente. Hemos estado buscando
datos y la verdad es que no hemos encontrado cuantos chicos o chicas pueden estar afectados por esta situación, pero da igual con un único chico o chica es suficiente. Y aprovechamos para decir que lo cierto es que la Lomce, no sabemos muy bien por
qué, anuló los programas de cualificación profesional para alumnos con necesidades especiales y los sustituyó por la formación profesional básica. Estos programas tenían la misma limitación, pero en el caso de la FP básica no hay una adaptación
curricular. Creo que esta es una de las cuestiones que debemos tratar en el pacto nacional por la educación. Tenemos que garantizar que todos los niños y niñas tengan la capacidad de seguir su formación cuando deciden no continuar en la ESO. Por
tanto, vamos a apoyar la PNL del Grupo Parlamentario Socialista porque es necesaria, pero no suficiente, de ahí que en la reforma que contenga el futuro pacto será preciso incluir programas de formación profesional básica adaptados a todos los tipos
de niños y niñas.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.
Buenos días a todos y a todas. Señor Meijón, el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votará a favor de la PNL que usted presenta, y no por los excelentes versos que ha leído de su compañero, sino porque
entendemos que dicha PNL tiene detrás una lógica pedagógica y de atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. Uno de los elementos de la Lomce que nosotros más hemos criticado, y que también compartimos con el Grupo Parlamentario
Socialista, ha sido precisamente cómo ha abandonado a los alumnos con necesidades educativas especiales, sin dotarles de recursos pedagógicos que puedan intervenir en el aula y sin garantizarles mecanismos de incorporación y recuperación dentro del
propio sistema educativo. Consideramos que esa equidad, necesaria y que debiera ser fundamental en cualquier sistema educativo, evidentemente también en el sistema educativo español, hay que garantizarla de una manera o de otra. Usted ha hecho
referencia, y tiene toda la razón, a un principio fundamental que debería estar presente en nuestro sistema educativo, el de la flexibilidad o la capacidad de adecuar la estructura o la organización del sistema educativo a las diversas aptitudes, a
los intereses, a las expectativas y también a la personalidad de cada uno de los alumnos. Esto está recogido en el reglamento y así es como lo tenemos que llevar a cabo. Como señalaba la portavoz de Ciudadanos, es verdad que tenemos poca
información sobre cuántos casos hay. Seguramente en números absolutos son muy pocos los casos concretos, pero aunque no hubiese ninguno esto debería estar regulado por nuestro sistema educativo. Por tanto, en el Grupo Parlamentario Confederal
Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votaremos a favor.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mena Arca.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Moneo.
La señora MONEO DÍEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, adelanto que el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la iniciativa que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Y lo vamos a hacer por varios motivos: primero, porque en la normativa actualmente vigente no
encontramos una filosofía que impida dar cumplimiento al petitum de esta proposición no de ley. Como todos ustedes saben, los aspectos específicos de la formación profesional básica se establecen en el Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, y en
dicha normativa no se recoge específicamente el límite de veintiún años de edad para cursar los estudios de formación profesional básica que se indica en la proposición no de ley. Tampoco en la disposición adicional cuarta que hace referencia a que
las administraciones educativas pueden establecer ofertas formativas de formación profesional adaptadas a las necesidades de los niños con necesidades educativas especiales, pero es cierto que es contradictorio con otro tipo de normativa donde se
establece que, efectivamente, los años de permanencia para el conjunto de los niños en la FP básica son cuatro años. Como bien decía el señor Meijón, para los niños con necesidades educativas especiales tenemos que valorar una trayectoria porque en
muchos casos es necesario alargar su periodo de aprendizaje. Por lo tanto, cualquier tipo de ambigüedad que pueda plantearse en el terreno legislativo debe solventarse. Por eso esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista va a gozar del
apoyo del Grupo Parlamentario Popular, con la firme voluntad de que cualquier tipo de aclaración que deba hacerse por el Ejecutivo se realice a la mayor celeridad posible, para que cualquier tipo de ambigüedad que pueda suponer un pozo o cierta
oscuridad a la hora de tramitar este tipo de formación pueda solventarse.
Permítanme, señorías, manifestar muy brevemente que estamos en un momento especialmente importante para abordar una serie de cuestiones referidas a los alumnos con necesidades educativas especiales, también a los alumnos con necesidades
específicas de aprendizaje, y creo que no debemos confundir ambas cuestiones. La respuesta que precisa un alumno con una discapacidad intelectual no es la misma que necesita un alumno con una dificultad en el aprendizaje; cada alumno necesita un
tratamiento específico. Todos necesitan un detección precoz, un cambio en el sistema de aprendizaje en algunos casos, apoyos específicos en otros, y en algunos casos ambas cosas. Creemos que el cambio que ha propuesto el portavoz del Grupo
Parlamentario Socialista es totalmente acertado. A nuestro juicio, la flexibilidad debe imperar en un sistema educativo inclusivo. Le agradezco especialmente, con todo el respeto que me merece, que en su exposición de motivos haya hecho referencia
a la Ley de Calidad de la Educación del año 2002, donde se dice que el sistema educativo debe configurar un sistema flexible que se adapte a las diferencias individuales de aptitudes, necesidades, intereses y ritmos de maduración de las personas,
para no renunciar al logro de los resultados de calidad para todos. Es una filosofía que todos podemos compartir por lo que, como antes señalaba, nuestro voto va a ser favorable.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo.
Antes de continuar, yo pediría a sus señorías que cuando negocien sus transaccionales, por favor salgan fuera porque resulta imposible estar atendiendo al parlamentario o parlamentaria que está en el uso de la palabra.
Gracias.
- SOBRE DETECCIÓN Y ATENCIÓN A ALUMNOS AFECTADOS POR DISLEXIA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002207).
La señora PRESIDENTA: Me comunican que no ha llegado el portavoz que tenía que defender la siguiente proposición. ¿Los grupos parlamentarios tienen algún problema en cambiar el orden de la proposición no de ley número cuatro por la número
siete? Pasaríamos a debatir la proposición sobre detección y atención a alumnos afectados por dislexia, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. ¿Hay algún problema en que se debata ahora? (Asentimiento).
Para su defensa, tiene la palabra la señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la dislexia es una dificultad específica del aprendizaje de origen neurobiológico, con una incidencia estimada del 15% entre los españoles, y que tiene como consecuencia dificultades en áreas relacionadas con el lenguaje, como la
ortografía, la escritura, la pronunciación de palabras o la expresión oral. Estudios académicos apuntan que la dislexia no detectada ni abordada en el contexto sanitario y
educativo puede llegar a explicar hasta el 40 % del fracaso escolar, combinado con otros factores. En España se estima que 700 000 alumnos sufren dislexia. Los estudiantes con dislexia presentan un alto grado de dificultad de aprendizaje
que, en muchas ocasiones, afecta directamente a sus resultados escolares, sin que ello se corresponda con su capacidad intelectual, aptitudinal o actitudinal.
La señora PRESIDENTA: Señoras y señores diputados, les ruego que guarden silencio porque es imposible escuchar. Puede continuar, señora Martín Llaguno.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Tienen dificultades en ajustar el nivel de actividad a las exigencias de la tarea y su rendimiento es irregular. La implementación de una serie de actuaciones en los centros educativos resulta fundamental para que
estos niños desarrollen sus capacidades educativas, emocionales y sociales, con todos sus derechos y garantías. Dichas actuaciones deben estar dirigidas a la detección e identificación temprana, a la intervención educativa, a la formación de
profesionales, al asesoramiento y orientación de las familias; es decir, deben implicar a todos los agentes de la comunidad educativa.
El artículo 57, apartado 2, de la Lomce establece que corresponde a las administraciones educativas asegurar los recursos necesarios para que los alumnos y alumnas que requieran una atención educativa diferente a la ordinaria, puedan
tenerla. Y pese a este reconocimiento, lo cierto es que desde el año 2012 el ministerio cuenta con un informe titulado: La atención al alumnado con dislexia en el sistema educativo en el contexto de las necesidades específicas de apoyo educativo.
Un informe que, en su época, fue acogido con enorme interés, incluso por el ministro, señor Gabilondo, pero que sigue en un cajón. Para más inri, mientras llegamos a un acuerdo en el desarrollo reglamentario de la LOMCE no se están haciendo las
adaptaciones pertinentes de los reales decretos para este trastorno específico. Y el último punto ha sido que en el real decreto donde se regulan las becas, publicado este verano, se ha dejado fuera a los niños con esta necesidad. Señorías, esto
es una cuestión de justicia, de calidad educativa y de equipararnos con Europa. Por eso presentamos esta proposición no de ley donde planteamos la necesidad urgente de crear un plan nacional contra la dislexia. Y esperamos sinceramente que sea
aprobada por unanimidad. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín Llaguno.
A esta proposición no de ley se han presentado dos enmiendas, una del Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea y otra del Grupo Parlamentario Popular. Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario
Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra la señora Alonso Clusa.
La señora ALONSO CLUSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, nuestro grupo parlamentario está siempre de acuerdo con poner en marcha todas las medidas necesarias para dar respuesta a nuestras alumnas y alumnos en la atención y la educación que se merecen. El caso de las personas con
dislexia, por supuesto, no es una excepción. Efectivamente, como todas las dificultades que se pueden presentar en el ámbito del lenguaje, tanto oral como escrito, afecta de forma directa a los procesos de aprendizaje y, por tanto, a su desarrollo
integral. Este tipo de dificultades generan además ansiedad en las niñas y niños que las padecen, angustia en las familias y desorientación en ambos, sobre todo cuando no hay una detección y atención adecuadas lo antes posible. Tal como señala
esta PNL, son varias las medidas que hay que llevar a cabo respecto a profesionales cualificados, material diagnóstico, horas de tratamiento e intervención, docentes especialistas y de apoyo. Por tanto, es imprescindible una coordinación absoluta
entre los ámbitos sanitario y educativo y una coordinación permanente entre todos los agentes involucrados en el proceso educativo. Todo esto se convierte en agua de borrajas, en bonitas palabras, si no hay ninguna posibilidad de puesta en práctica
y, por tanto, no se determina y aplica una inversión económica que garantice todos estos recursos mencionados. Es decir, queda muy bien todo lo expuesto, pero necesitamos garantizarlo con una inversión concreta. No se puede pretende implementar
herramientas de diagnóstico eficaces, prestar atención individualizada o elaborar una guía de apoyo a profesionales, por poner tres ejemplos a sus propuestas, en la actual situación de recortes, de aumento de ratios y reducción progresiva del número
de docentes, sin contar con la eliminación en estos momentos de programas de educación especial y atención a la diversidad. De ahí nuestra duda e incredulidad, resulta irreal y poco creíble en este sentido. Por tanto, hemos presentado una enmienda
de adición al considerar imprescindible instar al Gobierno a realizar la inversión económica que corresponda, con el fin de hacer efectivas cada una de las medidas establecidas en los puntos anteriores. Nos han dicho que sí aceptarían esta
enmienda.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Lorenzo Torres.
El señor LORENZO TORRES: Gracias, señora presidenta.
Buenos días a todos. La verdad es que para mí es una satisfacción personal estar aquí defendiendo esta PNL dirigida a aquellas personas que tienen dislexia, ya que es un tema que forma parte de mi vida personal. Soy hijo de una de aquellas
maestras pioneras que se dedicó a la educación. Como anécdota contaré que mi madre también trabajaba con la mujer del señor Meijón en aquellos equipos que había en nuestra ciudad, Pontevedra, donde realizaron una labor extraordinaria. Por eso
conozco muy bien la problemática de la dislexia y la importancia que tiene la identificación del problema desde la infancia, porque no cabe duda de que las personas que sufren dislexia o cualquier dificultad específica de aprendizaje, si son
tratadas desde el primer momento, pueden desarrollar todas sus competencias a lo largo de la vida.
Nosotros hemos presentado una enmienda porque creemos que el contenido de la propuesta del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que consideramos muy acertado, debe enfocarse dentro del Plan Nacional de Neurociencia. Como ustedes saben, este plan
ya ha sido presentado por el ministerio, un plan pionero que está trabajando sobre las bases de todo lo ya se ha hecho hasta ahora, de ese reconocimiento que hay que hacer a todas aquellas personas que hasta el día de hoy han trabajado en los
colegios con niños con dificultades, pero que da un paso más allá porque supone aplicar nuevas metodologías, aplicar la neurociencia al aprendizaje como herramienta útil para entender y mejorar la actividad docente. Este Plan Nacional de
Neurociencia tiene una triple vertiente; va destinado al alumnado para desarrollar su potencial desde una base neuropsicológica; por supuesto, a los padres para proporcionarles un ambiente idóneo para el aprendizaje y desarrollo neurológico de su
hijo; y lógicamente al profesorado, que quizás es el gran protagonista porque es al que hay que dar las herramientas adecuadas para trabajar con estos alumnos. También estoy totalmente de acuerdo en que estas herramientas quedan en papel mojado si
no van acompañadas de dotaciones económicas, pero también hay que decir que en los Presupuestos Generales del Estado que se van a presentar ya hay partidas presupuestarias para formación del profesorado en esta metodología nueva, la neurociencia,
que se va a aplicar a estos niños. Por lo tanto, no quiero extenderme más, solamente diré que los tres grupos parlamentarios hemos hablando de este tema y vamos a apoyar esta proposición no de ley con la enmienda presentada por el Grupo
Parlamentario Popular y la enmienda respecto a la dotación económica, presentada por Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Lorenzo Torres.
Tiene la palabra la señora Martín Llaguno para contestar sobre la aceptación o no de las enmiendas.
La señora MARTÍN LLAGUNO: Aceptamos ambas enmiendas, la referida a integrarlo como un eje en el Plan Nacional de Neurociencia y la referida a una dotación económica para sacar adelante esta proposición no de ley.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Martín Llaguno.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Jiménez Tortosa.
El señor JIMÉNEZ TORTOSA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, buenos días. Nos encontramos ante una situación de atención a la diversidad, que como principio subyacente en nuestro sistema educativo español establece el objetivo de proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus
características y necesidades. El movimiento de Educación para Todos, promovido por la Unesco, es un compromiso mundial de dar una educación básica de calidad a todos los niños, jóvenes y adultos. Esta iniciativa se puso en marcha en la
Conferencia Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Tailandia en 1990. Ya en este documento se indica la necesidad de fomentar la equidad a la vez que la calidad en educación. Asimismo, en la Declaración de Salamanca de 1994, sobre
necesidades educativas especiales, se insta a los Gobiernos a mejorar sus sistemas educativos para que puedan incluir a todos los niños y niñas con independencia de sus diferencias o dificultades individuales. Tal y como se expresa en la definición
consensuada por la Asociación Internacional de Dislexia, se considera una dificultad específica de aprendizaje de origen neurobiológico. Es un trastorno específico del aprendizaje de la lectura, como he señalado, de base neurobiológica, que afecta
de manera persistente a la decodificación fonológica, exactitud lectora y/o al reconocimiento de
palabras, fluidez y velocidad lectora, interfiriendo en el rendimiento académico. La dislexia puede ser tratada y los resultados que se obtienen suelen ser muy positivos. Por ello es fundamental conseguir un diagnóstico a tiempo y conocer
con precisión el tipo de dislexia. El tratamiento debe ser completamente personalizado y adaptado a la edad y síntomas. Cada niño o cada niña tendrá diferentes necesidades y requerirá que se haga especial hincapié en estos aspectos. El alumnado
con dislexia precisa de ciertos recursos de apoyo específicos que debe prestarse en el entorno ordinario de cualquier escuela. El hecho de que requiera unos apoyos específicos no significa que precise de un entorno educativo singular ni diferente
al resto de niños o niñas o jóvenes de su edad.
En estos momentos de preocupación e incertidumbre sobre el modelo educativo, garantizar una educación sin barreras, una educación donde cada niña, cada niño, cada joven o cada persona, desarrolle todas sus potencialidades es fundamental.
Sin embargo, esto no está garantizado después de los recortes que lleva a cabo el Gobierno en educación. Además, estos recortes van a seguir afectando siempre a los más vulnerables. Tenemos varios ejemplos, pero uno fundamental es que el programa
de Educación Especial contaba en los años 2011 y 2012 con una dotación de más de 13,5 millones de euros. A partir de 2013 este programa desaparece de los presupuestos. Señorías del Grupo Parlamentario Popular, no es cierto que se pueda hacer más
con menos. Si no hay recursos materiales, personales y económicos, el alumnado más vulnerable, aquellos que necesitan una atención a su diversidad quedarán excluidos de nuestro sistema educativo que debe ser inclusivo y buscar la equidad. Por
tanto, vamos a apoyar esta PNL, consideramos favorable que se admita en la enmienda transaccional la inclusión de una dotación económica. Como consideramos de vital importancia la detección precoz, cuanto antes se identifique y se empiece a
invertir, mejores resultados obtendremos. Además, las familias encontrarán la ayuda y la orientación que necesitan, lo pasan muy mal y no deben estar esperando más tiempo para que podamos solucionar este problema.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jiménez Tortosa.
- RELATIVA A LA INCLUSIÓN DE LA COMUNIDAD GITANA EN EL DISCURSO HISTÓRICO. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/001787).
La señora PRESIDENTA: Pasamos a debatir la última proposición no de ley relativa a la inclusión de la comunidad gitana en el discurso histórico, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Para su defensa, tiene la palabra la señora
Valmaña.
La señora VALMAÑA OCHAÍTA: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, quiero referirme a una compañera, doña Silvia Heredia, que no ha podido llegar por motivos ajenos a su voluntad, pero que debería estar aquí por muchas razones, porque sin duda ninguna ella es la persona que mejor podría
presentar esta proposición no de ley. El Grupo Parlamentario Popular se siente muy orgulloso de tener entre sus diputadas a doña Silvia Heredia, sevillana, gitana; y creo que también es un motivo de alegría para todos los miembros del Congreso de
los Diputados que entre nosotros haya una gitana representando sus ideas, su forma de ver la vida. Por eso quiero prestar mi voz para defender una idea que nos satisface a todos, y es la de mejorar, visibilizar, dar herramientas verdaderas de
inclusión a la comunidad gitana. La comunidad gitana que lleva muchos siglos compartiendo su vida, su destino, sus aspiraciones, sus anhelos, sus deseos, ya que ahora mismo en España 750 000 gitanos conviven con nosotros cada día y sus problemas no
son muy diferentes de los nuestros, excepto quizá por el hecho de que en ellos se dan con una mayor incidencia las situaciones de riesgo de exclusión social. Por lo tanto, los esfuerzos colectivos deben ir dirigidos a dotarles de los instrumentos y
herramientas necesarias para ir deshaciendo esas situaciones de desigualdad que generan pobreza y exclusión.
Creo que todos coincidiremos con el Consejo Estatal del Pueblo Gitano en que, sin duda ninguna, el mejor instrumento para eliminar las desigualdades y la exclusión es la educación. Es cierto que en los últimos años los jóvenes y, sobre
todo, las jóvenes gitanas están rompiendo techos de cristal en educación, están accediendo cada vez más a estudios medios y superiores y, por lo tanto, esa punta de lanza empieza a tener una presencia importante en los institutos y universidades,
pero no es suficiente. Y para facilitar ese itinerario, el Grupo Parlamentario Popular quiere hacer suya y proponer hoy a esta Comisión la posibilidad de extender programas piloto de éxito como el llevado a cabo en la Comunidad Autónoma
de Castilla y León, para incluir en los currículos educativos la visibilidad del pueblo gitano. Se trata de incluir la cultura gitana para que, por una parte, se vayan rompiendo barreras, eliminando estereotipos, y el conocimiento mutuo
mejore las posibilidades reales de integración de los gitanos y, por otra, para que los propios niños gitanos se vean reconocidos y su cultura sea objeto de estudio y, por tanto, valorada de forma positiva por todo su entorno, por todos sus
compañeros. Creo que es importantísimo que hoy en el Congreso de los Diputados todos seamos capaces de dar con voz firme un sí unánime a la comunidad gitana, a sus aspiraciones, a sus anhelos, y contribuir de esta manera a que se cumpla lo que se
establece en la propia Estrategia nacional para la inclusión social de la población gitana en España respecto a la aparición en los currículos educativos de esta comunidad que aporta tanto valor, tanta diversidad y tanta cultura a nuestra querida
España.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valmaña. (Aplausos).
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra la señora Rivera de la Cruz.
La señora RIVERA DE LA CRUZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Vaya por delante que mi grupo va a apoyar esta proposición no de ley que hoy presenta ante la Comisión el Grupo Parlamentario Popular. Y no puede ser de otra manera porque el pueblo gitano es parte integral de una España tan grande y tan
distinta, y que gracias a eso es precisamente lo que es. Es imposible entender nuestra cultura sin el pueblo gitano, pues creadores como Velázquez, Falla, Albéniz, Dalí, Anglada Camarasa o Lorca, han hecho del pueblo gitano una parte esencial de su
obra. A pesar de que España se sitúa a la cabeza de Europa en lo que se refiere a integración del pueblo gitano, queda mucho trabajo por hacer. Hay cifras que deberían sonrojarnos, por ejemplo, el 63,4 % de abandono escolar frente al 19 % de la
media nacional; más de 9000 familias gitanas que todavía viven en entornos chabolistas; o un escaso 34 % de empleados por cuenta ajena frente al 84 % de la media nacional; cifras que dejan muy claro que todavía hay muchísimo camino por recorrer.
Me temo que este trabajo va a tener mucho más alcance que medidas como las que se proponen hoy aquí. Pero sí es una cuestión de justicia que, tras más de quinientos años de formar parte de nosotros, al menos se hable del pueblo gitano dentro de los
libros de historia, que se hable de su presencia, de su contribución a construir este país, y más allá de recordar, por ejemplo, ese triste episodio de 1749, cuando el marqués de la Ensenada ordenara con el plácet de todo el Consejo de Ministros el
encarcelamiento de todos los gitanos que vivían entonces en España. Y también es de justicia que trabajemos en políticas educativas, sociales y económicas más eficaces, que contribuyan a que disminuyan las cifras antes citadas, a que la
discriminación y la desigualdad que siguen padeciendo en algunos ámbitos el conjunto del pueblo gitano desaparezcan, y que no seamos solamente en teoría iguales ante la ley, sino también ante las estadísticas y ante las oportunidades. Es cierto que
nos parecería buena idea llevar esta propuesta al pacto nacional por la educación cuando se hable del diseño curricular.
Esta medida, como se ha dicho, ya se presentó en Castilla y León en 2016, de modo que puede ser interesante poder aprender de esta experiencia y escucharla. Al hilo de este referente hay un artículo que se publicó entonces de José Eugenio
Abajo, un profesor de Aranda de Duero que tiene más de treinta años de experiencia en aulas con niños gitanos, en el que decía que esto le parecía gastar pólvora en salvas. No está mal tirar salvas, pero no las confundamos nunca con soluciones
reales eficaces y con capacidad para hacer avanzar la historia del pueblo gitano, con el fin de que nadie pueda ignorarlo ni en los libros ni de ninguna otra manera.
Muchas gracias. (Aplausos).
La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Rivera de la Cruz.
Por el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, tiene la palabra el señor Mena Arca.
El señor MENA ARCA: Gracias, señora presidenta.
De nuevo, en el Grupo Parlamentario Confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea votaremos a favor por el fondo de esta proposición no de ley. Nuestro grupo parlamentario también ha presentado y registrado otra iniciativa que por
cuestiones de cupo no hemos podido aportar a esta Comisión. Entendemos que el trabajo sobre la cultura gitana tiene que ser transversal en el ámbito educativo, y aquí el Ministerio de Educación tiene una responsabilidad añadida. Sí queremos decir
que
entendemos que la proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Popular forma parte de una visión sobre cómo se concibe la cultura gitana en estos momentos en el Estado español que está dentro del discurso hegemónico, y hay
elementos que consideramos que hay que añadir. Es decir, estamos de acuerdo en el redactado genérico y ambiguo de esta proposición no de ley, y por eso votaremos a favor, pero nos gustaría saber de qué manera se puede concretar porque, por ejemplo,
quisiéramos que quedase claro cuál ha sido la relación existente a lo largo del tiempo entre la cultura gitana y el resto de culturas que conviven en el Estado español porque todas forman parte de esta cultura española, no tratarlas como si fueran
dos culturas paralelas o diferenciadas que no han llegado a tocarse, como muchas veces hace el discurso hegemónico. También es fundamental introducir el análisis desde la perspectiva de género, del papel de la mujer gitana en la historia del Estado
español, y reconocer explícitamente el discurso de que la historia muchas veces ha sido de persecución. Esa querida España que decía la diputada del Grupo Popular ha tenido momentos muy oscuros. Uno de ellos fue también el del ataque contra el
pueblo gitano que recordaba la portavoz de Ciudadanos, especialmente la gran redada del año 1749, que no dejó de ser un genocidio cultural por parte de los poderes imperantes en la España en aquella época. Y eso se tiene que recoger también en los
libros de Historia. Es muy importante conocer la historia de nuestro país, para que no volvamos a justificar los errores sucedidos ni a repetirlos.
A este respecto el Grupo Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea quiere hacer una petición a quienes tienen la responsabilidad de desarrollar posteriormente la concreción de esta proposición no de ley, y es que entendemos que el
contenido de este currículum también tiene que estar hecho y tiene que estar decidido, porque supondrá un cambio sustancial del modelo con respecto al que se ha desarrollado hasta estos momentos por parte del Ministerio de Educación, por expertos
gitanos, es decir, las personas gitanas también tienen que poder formar parte de ese conjunto de expertos que deciden cuál es el currículum que ofrecemos a nuestros hijos e hijas.
Por tanto -insisto-, desde la poca confianza en la Gobierno del Partido Popular sobre cómo puede acabar desarrollando esta proposición no de ley, vamos a votar a favor, porque, evidentemente, estamos de acuerdo en el fondo de la cuestión.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mena.
Por el Grupo Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Trillo.
El señor DÍAZ TRILLO: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que, a propósito de la intervención anterior, sería muy interesante que cuando en esta Comisión se trataran iniciativas de índole semejante se debatieran conjuntamente. También hubiera sido interesante que con respecto a la
parte propositiva de la moción, ante la que no se puede decir que no, se hubiera podido abundar en una serie de cuestiones, pero no ha lugar puesto que, tan sencilla y contundente, suscita el apoyo diría que entusiasta de todos y todas.
Si me permite la portavoz del grupo proponente, me llama la atención en la parte expositiva que el Grupo Popular haya incurrido en una especie de adanismo que se puede achacar a partidos nuevos, que acaban de llegar al Congreso -como
paréntesis, habría que recordar que a finales de los años setenta, primeros de los ochenta hubo un diputado gitano, Juan de Dios Ramírez Heredia, que después sería europarlamentario para las siglas socialistas-; me refiero al adanismo en cuanto a
los planes del Gobierno, por ejemplo. Se refiere usted a los programas de desarrollo gitano, a la estrategia nacional para la inclusión social de esta comunidad 2012-2020. Quiero recordar que los programas de educación especial pasaron de 13,5
millones de euros en 2012 a cero o que el programa Educación Compensatoria -en ambos podría encajar ese plan integral de apoyo a una comunidad que necesita de una discriminación positiva- pasó de 169,7 millones de euros a escasamente 4,5 millones.
En fin, creo que hay que demostrar los compromisos con políticas que se ponen en marcha no solo desde el plano teórico sino con los presupuestos necesarios.
Igualmente, un poco más adelante se hace alusión -y lo aplaudo también- al programa iniciado en 2016 por la Junta de Castilla y León. Permítanme que recuerde que en una comunidad que no tengo que decir que posee un profundo sentimiento de
identidad con este pueblo en el año 1996 se puso en marcha el primer plan integral para la comunidad gitana, en Andalucía, y que recientemente, el año pasado, al hilo de este plan, que se ha ido renovando quinquenalmente, se puso en marcha la nueva
estrategia para la inclusión de la comunidad gitana. Y quiero señalar que en el propio Parlamento andaluz se impulsa en el año 2010 algo tan relevante desde nuestro punto de vista, puesto que aparece como un
elemento distintivo no solo de la cultura gitana, sino de la cultura española también, como es la declaración del flamenco como Patrimonio Cultural Inmaterial, que ocupa en los programas educativos en Andalucía un papel muy importante. Y
tanto un programa como el otro tienen como primer punto el abordaje de la pedagogía sobre esta cuestión en los centros educativos.
Abundo en la línea indiciada por el portavoz de Podemos sobre no olvidarnos de esa historia de la que podemos sonrojarnos con respecto a la comunidad gitana en nuestro país, empezando por los Reyes Católicos. Les remito a un disco excelente
de Juan Peña, El Lebrijano, con textos de Félix Grande, que conocía bien a esa comunidad -ya falleció-, que se llama precisamente Persecución. Creo que no hay que olvidar tampoco, como no olvidó este Congreso, que en junio de 2017, hace tres días,
se aprobó una iniciativa reconociendo el holocausto gitano en la Segunda Guerra Mundial -yo iría más allá, a lo largo de toda la historia reciente-. Asimismo, el 9 de marzo se declara en este mismo Congreso el reconocimiento de los símbolos de la
comunidad gitana y el 8 de abril Día del Pueblo Gitano. Es decir, hay una serie de precedentes muy cercanos, además de iniciativas de otros grupos políticos.
Y quiero terminar como empecé, haciendo la aportación, si me permite la señora presidenta de la Comisión, de que cuando tengamos un debate de este calado podamos agrupar iniciativas de los distintos grupos para llegar a conclusiones
importantes como la que hoy vamos a adoptar. Y aunque no quiero negar la bondad, incluso la oportunidad de lo que hoy aprobamos, creo que podríamos profundizar más. La comunidad gitana y nosotros también, como parte de esa historia imprescindible
de nuestro país y de mi comunidad autónoma particularmente, lo demandaríamos y aplaudiríamos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz Trillo.
Vamos a pasar a la votación de las iniciativas, por lo que pediría que si hay algún grupo pendiente de enmienda transaccional u otra cuestión lo comunique ahora, para ser más ágiles después. (Pausa).
Si todo está correcto, pasamos a las votaciones, y vamos a hacerlo siguiendo el orden de la convocatoria, no por el orden en que las hemos debatido. En primer lugar, proposición no de ley sobre medidas de mejora para la escuela rural, del
Grupo Socialista. Se ha presentado una enmienda transaccional de los Grupos Socialista y Popular, que tienen todos los portavoces. Por tanto, la votamos en los términos de la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 23; en contra, 7; abstenciones, 3.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a votar el segundo punto, la proposición no de ley relativa al reconocimiento de la gratuidad del primer ciclo de educación infantil. Hay una transaccional de los grupos Podemos, Ciudadanos y Socialista. Se vota en los términos de
la transaccional.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 19; abstenciones, 14.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Pasamos a la votación de la tercera propuesta, proposición no de ley relativa a permitir la matriculación en segundo curso de formación profesional básica con carácter excepcional del alumnado con necesidades educativas especiales que haya
cumplido veintiún años, que es una propuesta del Grupo Socialista. Hay una corrección que se añade al texto, como todos ustedes saben, que el señor Meijón ya comentó en qué consistía.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
El punto cuarto del orden del día es una proposición no de ley relativa a la inclusión de la comunidad gitana en el discurso histórico, presentada por el Grupo Popular, que se va a votar en sus términos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del punto quinto del orden del día, proposición no de ley relativa a la regulación y ordenación de las profesiones del deporte. Hay una transaccional de los Grupos Socialista, Ciudadanos, Popular y Podemos.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
En el punto sexto del orden del día se ha debatido una proposición no de ley relativa a fomentar la práctica segura de la actividad deportiva, del Grupo Popular. Hay una transaccional del Grupo Popular y del Grupo Socialista y vamos a votar
el texto de esa transaccional.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Pasamos a la votación del punto número 7, proposición no de ley sobre detección y atención a alumnos afectados por dislexia. Se vota el texto del Grupo Parlamentario Ciudadanos, que ha aceptado las enmiendas del Grupo Popular y del Grupo
Socialista.
Efectuada la votación, dijo
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad.
Finalmente, pasamos a la votación del punto octavo, proposición no de ley relativa a la conciliación de los estudios universitarios con otras actividades, del Grupo Popular, que se vota en sus términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 17; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Una vez tramitadas y votadas todas las iniciativas que figuraban en el orden del día, se levanta la sesión. Muchísimas gracias a todos.
Eran las once y cuarenta y cinco minutos de la mañana.