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DS. Congreso de los Diputados, Comisiones, núm. 325, de 26/09/2017
cve: DSCD-12-CO-325
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CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
COMISIONES
Año 2017 XII LEGISLATURA Núm. 325
DEFENSA
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JOSÉ MARÍA BARREDA FONTES
Sesión núm. 13
celebrada el martes,
26 de septiembre de 2017
ORDEN DEL DÍA:
Inclusión en el orden del día:
Elección de vacantes. Mesa Comisión:
- Elección de la Vicepresidencia Primera de la Comisión. (Número de expediente 041/000014) ... (Página2)
Solicitud de prórroga de los trabajos de la subcomisión para el estudio del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. (Número de expediente 154/000005) ... (Página2)
Proposiciones no de ley:
- Relativa a las negociaciones del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la base naval de Rota. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/001252) ... (Página3)
- Sobre modificación de los límites mínimos de la estatura exigida en el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación, regulado por la Orden PRE/2622/2007, de 7 de septiembre (BOE 220,
de 13 de septiembre). Presentada por el Grupo Parlamentario Ciudadanos. (Número de expediente 161/002075) ... (Página8)
- Sobre el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. (Número de expediente 161/001244) ... (Página11)
- Relativa a la participación del Ministerio de Defensa en la protección del patrimonio cultural subacuático español. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002187) ...
- Por la que se insta al Gobierno a promover mejoras en la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. (Número de expediente 161/002188) ...
- Relativa a la subasta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que se ubican en el parque de artillería (Diego Porcelos). Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de
expediente 161/002202) ... (Página27)
- Sobre la aceptación por parte del Ministerio de Defensa de la modificación del convenio suscrito sobre los aprovechamientos que mantiene el Ministerio de Defensa en el antiguo parque de artillería de la ciudad de Burgos. Presentada por el
Grupo Parlamentario Socialista. (Número de expediente 161/002210) ... (Página32)
- Relativa a la rescisión del contrato con Marsegur por incumplimiento de los derechos de los trabajadores de seguridad privada. Presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. (Número de
expediente 161/002242) ... (Página36)
Corrección de error... (Página41)
Se abre la sesión a las diez y cuarenta minutos de la mañana.
INCLUSIÓN EN EL ORDEN DEL DÍA:
ELECCIÓN DE VACANTES. MESA COMISIÓN:
- ELECCIÓN DE LA VICEPRESIDENCIA PRIMERA DE LA COMISIÓN. (Número de expediente 041/000014).
El señor PRESIDENTE: Señorías, vamos a comenzar la sesión de la Comisión e Defensa correspondiente al día de hoy, 26 de septiembre. En primer lugar, una vez que se ha producido la vacante en la Vicepresidencia Primera, vamos a proceder a
la elección del puesto de vicepresidente o vicepresidenta, que propongo que se realice a propuesta del Partido Popular por asentimiento. ¿El Grupo Popular, a quién propone?
El señor QUINTANA POSTIGO: A doña María José García-Pelayo Jurado.
El señor PRESIDENTE: ¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento).
Felicitando a la elegida, le rogamos que ocupe su sitio en la Mesa y le agradecemos de antemano su colaboración. (Así lo hace).
La señora GARCÍA-PELAYO JURADO: Muchas gracias a todos.
SOLICITUD DE PRÓRROGA DE LOS TRABAJOS DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL ESTUDIO DEL RÉGIMEN PROFESIONAL DE LOS MILITARES DE TROPA Y MARINERÍA DE LAS FUERZAS ARMADAS. (Número de expediente 154/000005).
El señor PRESIDENTE: el siguiente punto del orden del día corresponde a la propuesta de la subcomisión del régimen profesional de los militares de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas para que se prorroguen sus trabajos por seis meses.
¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento). Se aprueba. Gracias.
Para la organización del trabajo de sus señorías, y a petición de varios portavoces, les comunico que la primera proposición no de ley, sobre las Bardenas, pasará a ser la cuarta. Asimismo, para su organización, les anticipo que las
votaciones no serán antes de la una.
PROPOSICIONES NO DE LEY:
- RELATIVA A LAS NEGOCIACIONES DEL NUEVO CONVENIO COLECTIVO PARA LOS TRABAJADORES DE LA BASE NAVAL DE ROTA. (Número de expediente 161/001252).
El señor PRESIDENTE: Iniciamos la sesión con la proposición no de ley relativa a las negociaciones del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la Base Naval de Rota, a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista. Se han
presentado cuatro enmiendas.
Para la defensa de la proposición no de ley por el Grupo Parlamentario Socialista intervendrá la señora Alconchel.
La señora ALCONCHEL GONZAGA: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar, quisiera dar la bienvenida al alcalde de Rota y a su teniente de alcalde, que han venido hoy aquí preocupados por esta situación que están padeciendo los trabajadores españoles en la base militar de Rota, una ciudad que se
siente castigada por una injusta pérdida de empleo, a pesar de su servicio al interés general. Lo deseable es que la relación entre Estados Unidos y España y la alianza en torno a las bases de Rota y Morón se traduzca en la defensa de los intereses
de los trabajadores y en la generación de empleo en los territorios donde se asientan. Lo que no tiene explicación es que en el momento en el que hay un aumento de marines estadounidenses y un aumento de la carga de trabajo en la base de Morón y de
Rota, se estén llevando a cabo despidos de los trabajadores españoles.
El Grupo Parlamentario Socialista lamenta que, a pesar de lo que se aprobó en la Comisión de Defensa el 27 de junio de 2017, estemos viendo que la situación no sólo se prolonga, sino que empeora. Queremos reiterar que el Gobierno debe
mediar en el conflicto en defensa de los intereses de los trabajadores y debe cumplir con lo mandatado por esta Comisión el pasado 27 de junio; no se puede quedar de brazos cruzados mientras la empresa Louis Berger despide a trabajadores españoles
justo cuando se producen, como decía, un incremento del trabajo y del negocio de la base con la implantación de los escudos antimisiles. Hace pocos días estuvo la ministra de Defensa en Rota y hubiera sido una buena ocasión para que aclarara si ha
planteado en sus relaciones con el Gobierno de Estados Unidos algún tipo de preocupación por esta situación porque se siguen produciendo despidos.
Desde la aprobación de la proposición no de ley el 27 de junio, se ha producido otra huelga por la plantilla de la empresa Louis Berger, adjudicataria responsable del control y seguridad de despegue y aterrizaje de aviones y pasajeros que
llegan al recinto militar. Las huelgas han tenido como objeto la readmisión de la plantilla despedida, la negociación del nuevo convenio colectivo y la anulación de los expedientes disciplinarios llevados a cabo contra algunos trabajadores. Tras
la denuncia por parte de la empresa del convenio que se venía aplicando y tras el fracaso de las negociaciones, vemos que Louis Berger sigue desmarcándose de la negociación del nuevo convenio y manteniendo sus planteamientos, que pasan por el
despido de trabajadores y la reducción de la masa salarial de manera importante. La negociación entre los representantes de los trabajadores y la empresa ha requerido incluso de la intervención del sistema extrajudicial de resolución de conflictos
laborales de Andalucía, sin que se llegue a ningún acuerdo. Pero, señorías, esto no justifica en ningún momento que la empresa actúe unilateralmente, negándose al mismo tiempo a una negociación de buena fe. El 31 de enero de 2017, la empresa
materializó la amenaza de recortes de la plantilla en el aeropuerto de la Base Naval de Rota con trece despidos, alegando causas económicas a la vez que la plantilla denunciaba la contratación de cuatro ciudadanos norteamericanos. Louis Berger
afirma que el ajuste de plantilla es necesario para cumplir con los términos económicos del nuevo contrato de servicio firmado con la marina de Estados Unidos en agosto de 2016. Además, ha encargado un informe a una consultoría externa para
defender su posición, que es que puede cumplir con los requisitos del contrato de operaciones de la terminal aérea de la base, de manera segura y eficiente, con una reducción de la plantilla de cuarenta y cinco trabajadores. Pero la realidad es
tozuda y los trabajadores están denunciando que, tras los despidos llevados a cabo, se tienen que suplir esos puestos con horas extras de los trabajadores que quedan en la plantilla. Por tanto, se está demostrando que los despidos tienen un impacto
negativo en el modelo
organizativo y perjudica la producción, ya que para ser eficientes se tienen que cubrir las funciones de los trabajadores despedidos.
En la proposición no de ley aprobada en junio se insta al Gobierno de España, entre otras cosas, a que rechace el planteamiento realizado por la empresa, que exija la readmisión de los trabajadores despedidos y que medie para que se retomen
las negociaciones del nuevo convenio colectivo sin que se lleven a cabo más despidos. Pero visto lo que está ocurriendo desde el 27 de junio, mi grupo ha presentado una enmienda para ajustar el contenido de lo acordado a la situación actual, porque
desde la aprobación de aquella proposición la empresa ha llevado a cabo más despidos; esta vez alega motivos disciplinarios, aunque la plantilla entiende que no son actos justificados, sino que es la respuesta que da la empresa ante las acciones
del comité para pedir que se retome la negociación del nuevo convenio colectivo.
Las prácticas contrarias al ordenamiento jurídico español llevadas a cabo por la empresa durante la primera huelga, que transcurrió entre marzo y abril, han sido reiteradas en la segunda huelga llevada a cabo entre julio y agosto. En ambas
huelgas, la plantilla entiende que los servicios mínimos exigidos por la Delegación del Gobierno de España en Andalucía han sido excesivos y los han recurrido ante la jurisdicción contencioso-administrativa. A pesar de este desacuerdo con los
servicios mínimos, los trabajadores y sus representantes legales defienden que están cumpliendo con los mismos, pero muchos de los puestos ocupados por trabajadores huelguistas están siendo cubiertos en algunos momentos por militares norteamericanos
y personal de la dirección de la empresa. Durante el segundo periodo de huelga, la plantilla ha denunciado que la empresa ha venido llevando a cabo cambios de turno y ha ido utilizando personal directivo para el desempeño de funciones que les
corresponden a otras categorías; todo ello, indudablemente, para disminuir el impacto de la huelga. Luego se estaría conculcando el derecho fundamental a la huelga y se deja a la plantilla en una verdadera situación de desamparo. Ante esta
situación, hay que destacar que los trabajadores, además, carecen de los mecanismos para verificar lo que está ocurriendo en la base, ya que hasta la Inspección de Trabajo tiene que pedir permiso formalmente para entrar dentro de ella. Así que no
hace falta explicar aquí cómo se desvirtúa la eficacia de la propia inspección.
A todo esto, hay que añadir que en la actualidad se están externalizando servicios, por ejemplo, el de transporte de tripulaciones, tropa y pasajeros en general, a pesar de que estas funciones las viene desempeñando la plantilla desde hace
más de veinte años, lo que hace pensar, evidentemente, que la empresa va a seguir prescindiendo de más trabajadores. La reacción del pueblo de Rota ha sido unánime en el apoyo a estos trabajadores, con su alcalde y su equipo de gobierno frente e
incluso se ha suscitado el acuerdo entre los grupos políticos de Rota, que se han dirigido a la empresa y al secretario de Estado de Defensa para que se intervenga en esta situación. La plantilla, que siente el respaldo del pueblo de Rota en
general, denuncia que la empresa busca dividir este apoyo ciudadano, desprestigiando su causa a través de la publicación en una web de datos de salarios y condiciones laborales de manera parcial y sesgada. Parece que el objeto de esta web, y de lo
que se publica, es que la ciudadanía deje de sentirse solidarizada con los trabajadores, haciéndoles aparecer ante la opinión pública como unos privilegiados. Todas estas circunstancias hacen que los trabajadores sufran una gran incertidumbre y que
las relaciones entre la plantilla y la empresa vayan deteriorándose cada vez más, cuando lo necesario es que se llegue a un acuerdo para acabar con esta situación que se prolonga desde hace un año.
Pedimos hoy, una vez más, que el Gobierno cumpla lo aprobado en la sesión de la Comisión de 27 de junio y que haga las gestiones necesarias para la readmisión de los trabajadores despedidos y la conclusión de un nuevo convenio colectivo,
siempre dentro del marco de las competencias estatales. El Gobierno tiene que preocuparse por la posible vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores por la empresa contratista, porque son derechos que tienen reconocidos en nuestro
ordenamiento jurídico, como es el derecho a la huelga, y porque debe tomar partido ante la denuncia de los trabajadores de prácticas de la empresa que están prohibidas por nuestra legislación. El Gobierno tiene que ser garante del cumplimiento de
nuestras leyes y debe evitar a toda costa la precarización de la situación laboral en la base de Rota. Hablamos del Gobierno porque es el competente para velar por las condiciones de trabajo en la Base Naval de Rota, porque las mismas derivan de
los acuerdos suscritos con Estados Unidos a través del Convenio de cooperación para la defensa entre el Reino de España y los Estados Unidos de América, de 1 de diciembre de 1988, y sus protocolos de desarrollo, que se llevaron a cabo sobre la base
de las competencias exclusivas del Estado. A pesar de ello, queremos destacar que la
Junta de Andalucía, que no es competente porque no estamos todavía ante un supuesto despido colectivo regulado en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, sí ha actuado dentro de sus competencias, ha puesto a su disposición al Sercla
y ha hecho todo lo posible al recibir a la plantilla de los trabajadores y al intentar mediar para aportar a la solución de este problema. Por tanto, la Junta de Andalucía está absolutamente implicada y así seguirá.
Instamos al Gobierno de España, además, a que vele por el cumplimiento de lo establecido en el anejo 8 del convenio, relativo a los asuntos laborales, en lo que se refiere a la proporción y número de los empleados españoles en la Base Naval
de Rota y que informe a este Parlamento del grado de cumplimiento de las condiciones contenidas en dicho anejo, porque también existe una preocupación por la posible infracción de la ratio que debe existir entre personal español y personal americano
dentro de la plantilla civil, más aún tras los despidos que se han llevado a cabo.
El conflicto actual, que abarca no solo los despidos, sino otros aspectos como el incumplimiento de la ratio que he mencionado o la externalización de servicios, tiene que ser abordado ya para acabar con esta situación de precariedad y de
incertidumbre de los trabajadores que prestan servicios en la instalación militar de Rota. Señorías, es necesario que consigamos el máximo apoyo de todos los grupos a esta proposición no de ley. El pueblo de Rota ha demostrado que se une en torno
a esta causa justa de los trabajadores y se ha conseguido el consenso de todos los grupos políticos, luego es necesario que se apruebe esta proposición no de ley para exigir medidas contundentes ante hechos tan graves, exigiendo el cumplimiento de
nuestras leyes, exigiendo el cumplimiento de lo establecido en el convenio con Estados Unidos y, sobre todo, pidiendo que el Gobierno sea garante de que la presencia de instalaciones militares estadounidenses en nuestro territorio siempre repercuta
en beneficio de la ciudadanía española.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Alconchel.
A continuación, van a intervenir los grupos que han presentado enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, señor Delgado.
El señor DELGADO RAMOS: Muchas gracias, señor presidente.
Voy a ser breve, porque estamos de acuerdo con esta iniciativa. En primer lugar, quiero dar la bienvenida al alcalde de los roteños y las roteñas. Rota es un pueblo que conozco, porque también soy de la provincia de Cádiz. En segundo
lugar, quiero solidarizarme con los trabajadores que llevan mucho tiempo luchando contra esta situación injusta y que además están sufriendo represión a base de expedientes y expulsiones. El pueblo de Rota es un municipio que ha dado mucho por el
interés nacional. Como todos sabemos, allí desde hace muchos años hay una base americana y nosotros tenemos la obligación de devolver su generosidad y su solidaridad a todos los roteños. Además, en la provincia de Cádiz el desempleo es un problema
bastante grave, y lógicamente vamos a estar siempre a favor de todo lo que sea luchar, trabajar, reivindicar y mejorar la política de empleo en la provincia de Cádiz.
Estamos de acuerdo con esta iniciativa y lo único que hemos hecho es introducir una enmienda para mejorarla. El Grupo Parlamentario Socialista ya nos ha dicho que la va a aceptar y, por tanto, vamos a apoyar esta iniciativa. Me gustaría
que el señor Rajoy, que está allí por Estados Unidos, le recordase al señor Trump la injusta situación que se vive en Rota y que le diga que tienen que cumplir el convenio que se aprobó hace muchísimos años, porque está habiendo una deriva en el
sentido de que no se cumplen los cupos de los trabajadores. No tiene sentido que cada día en la Base de Rota haya más trabajo y más trabajadores, pero que haya menos trabajadores españoles.
Es una iniciativa que nos parece interesante y, como digo, la vamos a apoyar porque se ha admitido nuestra enmienda. Expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores. Vamos a estar siempre de su lado, porque su reivindicación es
justa y además necesaria por lo que supone para el empleo en la provincia de Cádiz.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Delgado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Candón.
El señor CANDÓN ADÁN: Muchas gracias, presidente. Buenos días.
Primero, quiero darle la bienvenida también a don José Javier Ruiz, que está aquí presente en esta Comisión. Bienvenido.
En segundo lugar, no voy a ser menos y también quiero expresar nuestra solidaridad. Queremos que salga de aquí un acuerdo unánime y creo que hoy será un día importante para todas las personas que están deseando que sea así, porque no debe
ser de otra manera. Pero también hay que dejar claras varias cuestiones que creo que son importantes. Al final hemos tenido una autoenmienda del Grupo Parlamentario Socialista. En la PNL inicial se pedía lo mismo que en la PNL anterior, de 27 de
junio, pero se autoenmiendan y piden otras cuestiones que creo que son bastante razonables. En tercero, hay que dejar claro que el personal contratado por dicha empresa está caracterizado como personal civil empleado por el contratista, que se
encuadra en el anejo 6 del citado convenio, siendo en todo caso -quiero insistir en ello- ajeno al Ministerio de Defensa. No obstante, el Ministerio de Defensa ha mantenido, a solicitud de ambas partes, reuniones con ellas con el objetivo de mediar
y facilitar una pronta resolución en la búsqueda del interés general, como no puede ser de otra manera. En cuarto lugar, hay que decir que siguen creando confusión a los trabajadores, al mezclar el anejo 8 con el anejo 6; no tienen nada que ver,
pero los confunden ustedes. Me parece lógico, correcto y normal que se cumplan los acuerdos de proporcionalidad establecidos en el anejo 8, pero vamos a dejarnos de oportunismos políticos y de querer sacar un titular fácil, y vamos a dar resolución
al conflicto. Además hay que decir que en Rota se pide la unanimidad y lealtad institucional con todos los trabajadores, pero esa lealtad institucional la deberían haber respetado antes, porque tienen las firmas y han mandado cartas a todo el
mundo, lo cual me parece correcto y normal. Les han mandado cartas al vicepresidente de la Junta de Andalucía, a la empresa, al comandante de actividades navales de Estados Unidos, al secretario de Estado de Defensa y al almirante de la Base Naval
de Rota. No vayan ustedes aquí por un lado y allí por otro, si realmente es verdad que queremos hacerlo por unanimidad; hagámoslo, seamos leales los unos con los otros; simplemente creo que es justo porque tienen ustedes el apoyo de todos los
grupos municipales del Ayuntamiento de Rota. Y también me alegro de que le trasladen una carta al vicepresidente de la Junta de Andalucía, porque quiero recordar -aunque mi compañera portavoz del Grupo Socialista dice que no- que estando
transferidas a todas las comunidades autónomas las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral, es a los órganos en este caso de la Junta de Andalucía a los que les corresponde intervenir ejerciendo las funciones atribuidas por la
normativa laboral ante la situación de conflicto, incluida la de mediación -como también ha realizado- o arbitrajes sobre las controversias. Además, hay que señalar que la empresa debe cumplir rigurosamente con lo establecido en la legislación
laboral, porque para eso está la legislación laboral española y nadie se puede saltar la legislación laboral, y tiene que ser garante del cumplimiento. Tampoco puede vulnerar porque le dé la gana los derechos de los trabajadores, evidentemente,
claro que no los puede vulnerar ni tampoco su derecho a huelga, que también está recogido en nuestra Constitución española.
No tengo mucho más que añadir. Creo que esta vez sí hay predisposición de llegar a ese acuerdo unánime hoy aquí; el 27 de junio no la hubo, pero esta mañana hablando viniendo hacia aquí con otro compañero suyo me lo comentó, y le dije que
no teníamos ningún problema en llegar a un acuerdo porque además hay predisposición -se ha visto nada más entrar la señora Alconchel-, en resolver un conflicto para el interés general de todos y cada uno de los trabajadores de Rota de esta empresa
en concreto. Yo me alegraré mucho de que así sea y celebraré que se vean hoy aquí la lealtad institucional y el respaldo institucional por parte de todos y cada uno de los grupos parlamentarios.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Candón.
Señora Alconchel, ¿da por defendida su enmienda con su intervención o quiere hacer uso de la palabra?
La señora ALCONCHEL GONZAGA: La doy por defendida y aceptamos las enmiendas del Grupo Podemos y del Grupo Popular.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Vamos a iniciar el turno de toma de posición de los grupos. ¿Por el Grupo Parlamentario Mixto?
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Quiero hacer una intervención de cortesía para dar la bienvenida a las personas que vienen de Rota encabezadas por el alcalde.
Veo que hay un cierto consenso y unanimidad para llegar a un acuerdo, y deseo que sea así finalmente, ya que nosotros lo apoyaremos. Creo que sería bueno que hoy entre todos mostráramos
esa preocupación, ese interés y ese deseo de buscar entre todos una solución justa para los trabajadores de Rota.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Ausentes el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario de Esquerra, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, el señor Cano.
El señor CANO LEAL: Buenos días, presidente. Gracias. Buenos días, señorías.
Lógicamente, me adhiero a la bienvenida a los representantes del Ayuntamiento de Rota y también nos solidarizamos con los trabajadores. Se trae hoy aquí el conflicto del los trabajadores de la Base Naval de Rota que se viene padeciendo con
la empresa Louis Berger. No es la primera y nos tememos que no sea la última vez que tendremos que analizar en esta sede parlamentaria este grave problema que afecta a los empleados españoles que prestan sus servicios en el aeropuerto para las
Fuerzas Armadas norteamericanas. Los trabajadores vienen sufriendo una merma importante en sus condiciones laborales desde que la citada empresa se hizo cargo de esta prestación de servicios. En primer lugar, vieron cómo la empresa se negaba a
negociar el nuevo convenio colectivo para después pasar a una reducción de plantilla absolutamente injustificada, así como a someter a la parte trabajadora a una situación extrema, al instar a una reducción salarial so pena de despidos individuales.
En Ciudadanos se han realizado numerosas acciones e iniciativas para acabar con este conflicto laboral. Hemos presentado varias preguntas registradas en el Congreso de los Diputados, y en ambos casos se nos ha contestado que es una cuestión interna
de la Administración americana y que la competencia para la resolución del conflicto laboral es de la Junta de Andalucía. Igualmente, hemos mantenido reuniones con los representantes de los trabajadores tanto aquí como en la ciudad de Rota.
En este tema que nos ocupa saben los diputados del grupo proponente que la unidad -la unidad- de todos los partidos, o la mayor que sea posible, es una garantía para conseguir una solución aceptable para los trabajadores; sin embargo, como
ya se ha anticipado, el Partido Socialista aquí en Madrid mantiene una postura radicalmente distinta a la que sostiene en Rota y a la propia de los trabajadores, que en todo momento caminan en sus reivindicaciones de la mano de todos los partidos
con y sin representación en el Ayuntamiento de Rota. Esto mismo se manifestó por este mismo diputado que les habla en la anterior Comisión de 27 de junio, en la que se analizaron solo los despidos, sin que el devenir del tiempo les haya dado un
motivo de cambio en esta actuación unilateral. La semana pasada precisamente todos los partidos políticos con y sin representación municipal suscribieron una carta conjunta en defensa de todos los trabajadores. (Rumores).
El señor PRESIDENTE: Un momento, señor Cano.
Les ruego silencio porque tienen dificultades para transcribir.
Continúe.
El señor CANO LEAL: Gracias.
La semana pasada -decía- todos los partidos con y sin representación en el ayuntamiento suscribieron una carta conjunta en defensa de todos los trabajadores. Los titulares de prensa recogían el siguiente enunciado: Unidad política en Rota
para defender a los trabajadores de la base. Esto es lo que hay que buscar, la unidad en Rota y la unidad en Madrid. Se ha presentado por el grupo proponente una autoenmienda que viene a actualizar o mejorar y diferenciar este aspecto de la PNL
que se tramitó en el mes de junio. Afortunadamente se ha hecho así porque, de lo contrario, flaco favor les habríamos hecho a todos los trabajadores con una repetición de algo ya aprobado, y al menos se podía haber actualizado incluso con tres
nuevos despidos que se han producido desde entonces hasta acá.
En definitiva, y por este motivo, en Ciudadanos tenemos claro cuál es nuestro papel, que es el de ser útiles a los ciudadanos, como estamos demostrando en otras formas y en otros foros, por ejemplo, bajando impuestos donde tenemos
representación institucional. Deseamos, en cualquier caso, que este conflicto laboral acabe cuanto antes para traer la tranquilidad que se merece la ciudad de Rota y todos los roteños, basada en la unidad de todos los partidos políticos.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
- SOBRE MODIFICACIÓN DE LOS LÍMITES MÍNIMOS DE LA ESTATURA EXIGIDA EN EL CUADRO MÉDICO DE EXCLUSIONES EXIGIBLE PARA EL INGRESO EN LOS CENTROS DOCENTES MILITARES DE FORMACIÓN, REGULADO POR LA ORDEN PRE/2622/2007, DE 7 DE SEPTIEMBRE ('BOE' 220
DE 13 DE SEPTIEMBRE). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CIUDADANOS. (Número de expediente 161/002075).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al siguiente punto, que corresponde a la proposición no de ley sobre modificación de los límites mínimos de la estatura exigida en el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los
centros docentes militares de formación. Se han presentado enmiendas por el Grupo de Ciudadanos, y para su defensa tiene la palabra el señor Cano.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
En el 'Boletín Oficial del Estado' del 29 de mayo 2017, Resolución 452 de la Subsecretaría, se convocaban los procesos de selección para el ingreso en los centros docentes militares de formación, mediante la forma de ingreso directo y
promoción para la incorporación como militar de carrera a los cuerpos comunes de las Fuerzas Armadas; y en esta resolución se advertía que en la normativa reguladora de la convocatoria se contempla la Orden PRE/2622/2007 por la que se aprueba el
cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación. El citado cuadro médico de exclusiones en su apartado denominado: talla en bipedestación, exige para ambos sexos la talla mínima de 1,60
centímetros si se quiere acceder a la escala de oficiales y la de 1,55 centímetros para el acceso la escala de marinería y tropa.
En los últimos estudios estadísticos realizados sobre la estatura por la Organización Mundial de la Salud y Sigma Dos en el año 2014, han resultado como estaturas median de la mujer española las comprendidas entre 163,5 y 161,2 centímetros,
y para el hombre 174 centímetros y 176 respectivamente. En dicho estudio se concluye que los hombres españoles están cada vez más cerca de los europeos; uno de cada cinco varones mide más de 1,79 centímetros y solo un 3,3 % tiene una estatura
inferior a 160 centímetros -solo un 3,3 %-, mientras que entre las mujeres oscila entre el 30 y el 45 % que no alcanzan estos 160 centímetros. Aplicando criterios estadísticos, se considera que un individuo es de estatura normal si se encuentra en
un rango de más/menos dos desviaciones estándar respecto del promedio, y de estatura baja si es inferior al promedio por más de dos de esta desviación estándar. Por tanto, la estatura de 155 centímetros entra dentro del rango de la normalidad.
Se deduce de la resolución también que si se exige la misma talla de 160 centímetros para ambos sexos y aplicamos las fórmulas estadísticas con las derivaciones antes mencionadas, da como resultado que no pueden acceder a la oposición entre
el 45 y el 30 % de las mujeres, y tan solo entre el 2 o el 3 % de los hombres, lo cual se debe considerar totalmente discriminatorio hacia la mujer. Por la Orden del Ministerio de Defensa 1078, de 21 de mayo, por la que se aprueban las pruebas
físicas y marcas a alcanzar en los procesos de selección para ingresos en los centros docentes militares de formación, se establecen diferencias en las pruebas físicas, no solo entre los hombres y mujeres, sino también entre cuerpos y escalas.
Además, hay que añadir que en los países avanzados de nuestro entorno, tanto para las Fuerzas Armadas como para los cuerpos policiales, se pide una talla distinta para cada sexo, diferenciándola además según la ocupación. Tampoco se pide la misma
talla para cuerpos de choque que para cuerpos científicos, asesores o administrativos. Finalmente, en el artículo 16 de la convocatoria de plazas para este año se dice que el artículo 6.1 de la Ley 39/2007, sobre igualdad de trato y de
oportunidades, es un principio que en las Fuerzas Armadas se aplicará de conformidad con la Ley Orgánica 3/2007, para la igualdad efectiva de hombres y mujeres. El órgano de selección velará por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de
oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos que participen en la convocatoria. Sin embargo, a la vista de la resolución de la convocatoria, al establecer la misma talla, 1,60, para ambos sexos, esta igualdad de oportunidades se incumple, al
discriminar estadísticamente al 45 % de las mujeres y tan solo al 2 % de los hombres. Por este motivo instamos al Gobierno de la nación a que se estudie y, si procede, se modifique el cuadro médico de exclusiones regulado por la Orden
PRE/2622/2007, de 7 se septiembre, en el sentido de exigirle al personal femenino que quiere acceder a la escala de oficiales la estatura de 1,55 centímetros, para así no bloquear la entrada al 45 % de las mujeres españolas, para no generar
discriminación respecto de los hombres y para igualarla con la estatura que se solicita actualmente para el acceso a la escala de marinería y tropa, a fin de conseguir con ello que ese cuadro médico sea lo suficientemente amplio para permitir el
acceso a personas aptas.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
A continuación, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea, el señor Alonso.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Gracias, señor presidente.
La pregunta es: ¿es correcto tener un listón de estatura en según qué cosas? Es evidente que no, desde mi punto de vista. No estamos en el siglo XIX ni el siglo XX; las cosas están cambiando y lógicamente, en las Fuerzas Armadas,
también. Los procesos son diferentes, las actuaciones son diferentes. Lo estamos viendo; los conflictos se deben resolver por otros medios que no sean exclusivamente la guerra -de hecho, la guerra es un fracaso-, pero en los supuestos en que se
dan, se dan a otros niveles, en el ámbito tecnológico. El listón de 1,60 que en este momento se está marcando, como bien decía el ponente de Ciudadanos, margina o deja fuera a un 45 % de las mujeres, pero ya no es eso exclusivamente. Decía antes
que las guerras y los conflictos ya no son para rambos. Estamos acostumbrados a las películas de Estados Unidos de los años ochenta y noventa y, efectivamente, hoy los conflictos parece que están más para los del mambo que para los del Rambo.
Creemos que es una proposición no de ley absolutamente coherente, lógica, nosotros le damos apoyo, y no solo eso sino que hemos presentado una enmienda que se nos ha recogido, en el sentido de que se amplíe a la escala de suboficiales. Lo
que hemos de buscar sobre todo es, como decía antes, que se entienda que las guerras son un fracaso y que cada vez es más necesaria la diplomacia, la inteligencia y el cerebro que el músculo. Son más importantes los reflejos que el músculo, eso es
lo más relevante y hoy en día ese tipo de barreras y limitaciones se han de ir suprimiendo. Posiblemente hoy solamente estamos dando un pequeño paso en el que se habrá de profundizar a lo largo de los años. Estoy convencido de que los expertos nos
traerán aquí propuestas. De hecho, en la subcomisión de Defensa ya se han apuntado diferentes elementos que en el futuro habría que cambiarse, y este es uno más que no puede quedar cortado aquí, sino que ha de ir avanzando porque, insisto, no es el
momento de vencer sino también de convencer, y para ello necesitamos mucho cerebro y menos músculo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Postigo.
El señor POSTIGO QUINTANA: Gracias, presidente. Buenos días.
Esta PNL que presenta el grupo de Ciudadanos, en opinión de nuestro grupo, es muy positiva en cuanto se propone un estudio y se procede en todo caso a una modificación de la norma que establece la exigencia de igual estatura para hombres y
mujeres para el ingreso en los centros docentes militares de formación, evitando con ello una discriminación por razón de sexo en el acceso a la formación de centros docentes militares. He de decir a este respecto, sobre todo para conocimiento
general de sus señorías, que actualmente los órganos dependientes de la Subsecretaría de Defensa con competencia en esta materia están estudiando ya una modificación de la orden, la PRE/2622 en este sentido. Además, quiero resaltar que está
previsto que la citada modificación tenga vigencia para la convocatoria de ingreso de las Fuerzas Armadas en el próximo año 2018.
Hemos propuesto una enmienda a la iniciativa del Grupo Ciudadanos con la que pensamos que la mejoraríamos sustancialmente y concretaríamos algo más los petitum que indicaba el propio grupo, entre ellos, que el plazo máximo fuera de seis
meses y se delimitaran las necesidades técnico-operativas de las excepciones psicofísicas, particularmente de la estatura requerida, evitando discriminaciones por sexo, y también, por supuesto, que en dicho estudio se tuvieran en cuenta tanto las
perspectivas comparadas de los países socios y aliados como los parámetros estadísticos disponibles, así como los ratios vigentes para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, las policías autonómicas y locales. No nos ha sido aceptada, pero
entendemos que es una PNL positiva, en la que ya se está trabajando en el ministerio y que está previsto que esté vigente para las próximas convocatorias de plazas para las Fuerzas Armadas de 2018, por lo que nuestro voto será favorable.
Gracias, presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Postigo.
En el turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Intervendré muy brevemente, señor presidente, para agradecer la iniciativa y mostrar mi apoyo. Creo que es interesante y, si los datos que se aportan son ciertos, efectivamente se produce una discriminación
que sería bueno eliminar. Se hacía una reflexión sobre si es correcto o no tener un listón. Como diría el gallego, depende, porque es verdad que para formar parte de los GAR o de la UIP o para ser funcionario de prisiones tal vez se requiera una
fortaleza física que para otros cuerpos o para otras actividades no es necesaria. En todo caso, es discutible. En este caso es así, se produce esa discriminación y esa desigualdad, y a veces la igualdad consiste precisamente en tratar
desigualmente lo que es desigual. En todo caso, nosotros agradecemos la propuesta y deseamos que el ministerio estudie esta proposición.
Nada más. Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Guinart.
La señora GUINART MORENO: Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Convocatoria de plazas para el Ejército: entre los requisitos imprescindibles, medir como mínimo 1,50 y como máximo 2,03. En el caso de oficiales, mínimo 1,60, tanto si eres hombre como si eres mujer. Datos de la altura media de las
mujeres en los países de la OCDE: altura media de las españolas, 163 centímetros -1 centímetro por debajo de la media de esos países-; altura media de los españoles, 174. Europa ha sido el continente donde más ha aumentado la altura media en los
últimos años y los españoles se encuentran entre los europeos y entre los hombres de todos los países del mundo que más han crecido en el último siglo, no así las españolas. Podría entrar, si quisiera y reuniera otros requisitos, como la edad o la
nacionalidad, que no es el caso, en el Ejército estadounidense, no así en el de mi país: no doy la talla, al menos la requerida; no podría acceder a la escala de tropa y marinería, me faltarían un par de centímetros, ni mucho menos a la escala de
oficiales del ejército, pero como yo, más de un tercio de las mujeres de este país.
Más allá de donde se ponga el corte, de qué altura mínima se requiera, es evidente que en los requisitos exigidos hay una clara discriminación. Las mujeres somos aquí y en cualquier país del mundo menos altas de media que los hombres, así
que poner el mismo límite para nosotras que para ellos supone, en sí mismo, una clara discriminación por razón de sexo, algo que prohíbe expresamente la Carta Magna. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y
hombres, señala en su artículo 6.2, sobre discriminación directa e indirecta, que se considera discriminación indirecta por razón de sexo la situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexto en
desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse -dice- objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y
adecuados. Parece evidente que si la altura mínima exigida para los hombres es una y está por debajo de la altura media de ellos -de ahí que solo el 3 % de los hombres quede excluido del acceso por razón de estatura-, la mínima exigida en caso de
las mujeres debería estar también en consonancia con la media. Así no dejaríamos fuera a más de un tercio de las mujeres y, con ello, seguro que no contravenimos ningún requisito imprescindible para contar con personal suficientemente cualificado,
del mismo modo que no lo contravienen otros ejércitos. Lola Reyes es una chica española que se lamenta de no ser alta. Quería ser jurídico militar, pero no da la talla. Debemos tener un trato como iguales, desde nuestra diferencia, aunque la
biología nos permita gestar y parir y aunque la genética nos haga un poco menos altas de media que ellos.
Por todo lo dicho y enumerado, votaremos a favor y nos felicitamos de que llegue a esta Cámara una iniciativa que el pasado mes de junio el Grupo Socialista en el Senado ya presentó y que se aprobó. Tan es así que el Grupo Popular ha
presentado idéntica enmienda a la que presentó en junio en la Cámara alta al texto del Grupo Socialista. Si nos copian, es que lo hacemos bien.
Gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Guinart.
Pregunto al portavoz del Grupo Ciudadanos si acepta las enmiendas.
El señor CANO FUSTER: Señor presidente, en primer lugar quiero agradecer el apoyo de todos los grupos, como también el apoyo del Partido Popular y el esfuerzo que ha hecho, aunque no aceptemos su enmienda. Aceptaremos la enmienda de
Podemos, pero no la del Partido Popular.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- SOBRE EL DESMANTELAMIENTO DEL POLÍGONO DE TIRO DE LAS BARDENAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO. (Número de expediente 161/001244).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a la proposición no de ley sobre el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas. Interviene para su defensa la autora de la proposición no de ley, la señora Beitialarrangoitia.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Muchas gracias, señor presidente, y buenos días a todos y a todas.
El tema que sometemos a su consideración es motivo de preocupación desde hace demasiados años para la poblaciones de las localidades cercanas al polígono de tiro de las Bardenas y para la ciudadanía de Nafarroa en general, que se ha
posicionado a favor de su desmantelamiento de forma reiterada, tanto en las instituciones como en la calle. Las Bardenas Reales, a pesar de ser un parque natural y reserva mundial de la biosfera y gozar por ello de una alta protección ambiental,
alberga en su interior el mayor polígono de tiro de la OTAN en Europa. Ocupa algo más de 2200 hectáreas en las que se vienen realizando maniobras y bombardeos, incluyendo las llamadas operaciones Tormenta, operaciones anuales con armamento real.
Aunque oficialmente el Gobierno se empeña en decirnos que las actividades que el ejército realiza son compatibles con las características de la zona y que tienen una repercusión sobre el parque, el hecho cierto es que la convivencia de tiro
de la población de los diecinueve pueblos de la zona con el polígono es complicada y suscita el rechazo mayoritario de la ciudadanía, que lleva treinta años manifestándose de forma continuada, solicitando el desmantelamiento del polígono, así como
la recuperación y protección de la zona actualmente ocupada por el Ministerio de Defensa.
Cuatro son las principales razones por las que vecinos e instituciones de las poblaciones limítrofes, así como el propio Parlamento de Navarra, piden el desmantelamiento que Euskal Herria Bildu apoya, razones ambientales por la preocupación
de la protección del parque en el que está situado, razones de seguridad por el riesgo que pueden entrañar para la población estos ejercicios militares, ya que, por mucho que el Gobierno diga que son seguros, el hecho cierto es que se han producido
más de treinta accidentes graves relacionados con el polígono. En 2015, una bala hirió a un civil cuando circulaba con su vehículo por el exterior del perímetro del campo de tiro y en los sesenta y seis años de actividad han muerto al menos veinte
personas, la mayoría de ellos pilotos. Hay también motivos sociales por considerar que los recursos económicos que se destinan al mismo y a la realización de prácticas deberían de ser destinados a gastos sociales y contra el desempleo. Y, en
cuarto lugar, por considerar necesario impulsar una cultura de la paz, lo que choca con el mantenimiento del polígono. Una gran parte del territorio no quiere poner Bardenas al servicio de la lógica militarista de la OTAN. Las prácticas militares
que allí se realizan sirven para bombardear poblaciones de otros países como Siria y preparar guerras que obligan al desplazamiento forzoso de millones de personas, como estamos viendo a diario. La apertura del polígono de tiro de las Bardenas es
producto de un acuerdo firmado en el franquismo en 1951. Desde entonces, el contrato entre el ministerio y la comunidad de las Bardenas se ha venido renovando. La última es de 2008, por tanto, tocaría renovarla el próximo año. Las alarmas saltan
cuando el Ministerio de Defensa hace saber que no va a cumplir con el compromiso adquirido de revisar el 2018 el convenio suscrito y continuar así con la instalación militar hasta 2028, escudándose para ello, según respuesta de marzo de este año a
una pregunta que realizamos al Gobierno al respecto, en que está prevista, y es así, en el convenio su prórroga automática por diez años. Hace oídos sordos a los innumerables pronunciamientos de las instituciones navarras, a las demandas de la
sociedad navarra, ciudadanía a la que no se le ha dado nunca la posibilidad de decidir sobre el uso de su territorio. Y también ahora se quiere negar, tanto a instituciones navarras como a la ciudadanía en su conjunto, decidir al respecto.
Preguntamos qué creen ustedes que daría como resultado una consulta a la población de la zona sobre el tema. Atrévanse a hacerla y salimos de dudas.
Entendemos que no es el momento de alargar diez años el uso de las Bardenas como polígono de tiro. Es hora de trabajar y estudiar otras opciones que permitan el desarrollo económico de las Bardenas y los pueblos de la zona, como el fomento
de su potencial turístico y natural. Es hora de que sea Navarra y su gente las que participen en la decisión del futuro, y para ello es necesario exigir también desde este Congreso el desmantelamiento del polígono de tiro, así como instar a la
Junta de las Bardenas y al Ministerio de Defensa a que se denuncie el convenio de 2018 y no se proceda a su renovación automática. Les pedimos su apoyo para ello.
Finalizo haciendo mención a las dos enmiendas que se han presentado. Luego me preguntarán sobre si las acepto o no, pero ya argumento sobre lo que opino al respecto de ellas. Aceptamos la de Unidos Podemos, porque entendemos que realizar
un análisis ecológico y sanitario del entorno es positivo y porque procurar la reutilización de los recursos naturales en un sentido social, cultural y ecológico es de alguna forma algo que ya he defendido en mi intervención, y precisamente por lo
que he defendido en mi intervención, no puedo dar por buena la propuesta del Partido Socialista porque le vuelve a negar la decisión a la población navarra y a sus instituciones y porque, de facto, que las cosas se hicieran como en esa enmienda se
dice no garantizaría que no se amplíe automáticamente otros diez años ese convenio y, por tanto, no garantizaría que se denuncie y que no se proceda a su renovación automática.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Beitialarrangoitia.
A continuación, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Alonso, en nombre del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos.
El señor ALONSO CANTORNÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Además de las actividades propias de entrenamiento del Ejército del Aire, el polígono es un campo de prueba para armamento en procesos de fabricación y experimentación, y se lleva a cabo la destrucción del armamento caduco inoperativo, que
podría -es una cosa que no está clara- contener uranio empobrecido, supeditando de este modo la seguridad de nuestra zona a los intereses de otros países. Incumplen reiteradamente las normas de seguridad, como la prohibición de sobrevolar núcleos
habitados, así como la realización de vuelos y ejercicios nocturnos. A dicho riesgos, hay que sumar las habituales molestias producidas por los ruidos y las vibraciones. Nunca se han podido evaluar las afectaciones medioambientales como la
contaminación atmosférica, los residuos tóxicos y peligrosos, la utilización de uranio empobrecido, etcétera. La poca importancia que tradicionalmente el tema le ha merecido a los diferentes Gobiernos -central, autonómico y local- impide que ha
fecha de hoy se conozca con certeza el tipo de armamento que se está probando en el polígono de las Bardenas y si este puede afectar a las personas y al medioambiente. Según datos oficiales sobre la incidencia del cáncer, la zona aragonesa de las
Cinco Villas, la más próxima al polígono de tiro, está muy por encima de la media y como expresó el año 2001 el entonces consejero de Salud, Santiago Cervera, entre 1993 y 1996 los casos de cáncer y tumores en los pueblos congozantes eran
ligeramente superiores que en el resto de Navarra. Todo ello, sin tener en cuenta los más de setenta accidentes ocurridos en los setenta y cuatro años de existencia; el último, en julio. En la lista de siniestros hay aviones estrellados, bombas
perdidas, explosiones. ¿Hasta cuándo? Es difícil encajar una actividad tan agresiva en un entorno tan frágil que debe conservarse y la elaboración de un estudio de afectaciones del uso militar sobre los valores naturales, en especial la fauna.
Este terreno de 40 000 hectáreas fue declarado en 1999 parque natural y en 2000 reserva de la biosfera, lo que está en flagrante contradicción con la declaración del mismo como zona de interés para la defensa en diciembre por parte del Ministerio de
Defensa.
La salud y el medio ambiente valen más que cualquier contrato y compra de voluntades. Navarra ya ha colaborado suficientemente con el Ministerio de Defensa, por lo que el polígono puede desmantelarse, como ha ocurrido con otros, siendo este
el caso del Caudé, en Teruel, en 2001. La renovación del contrato, efectuada el 22 de diciembre de 2008, prevé que este se alargue hasta el año 2018, así como su posible ampliación hasta 2028, si no lo paralizamos por las protestas de la población
así como por este Parlamento, ya que en diversos Plenos se ha expresado la voluntad de no renovación del contrato. Exigimos, pues, el desmantelamiento del polígono. Por ello, una vez más concluimos con la necesidad de efectuar dicho
desmantelamiento y votaremos, como he dicho, a favor de la PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Alonso.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Lasarte.
El señor LASARTE IRIBARREN: Gracias, señor presidente.
EH Bildu presenta una PNL para el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, en Navarra. Este asunto ha sido motivo de debate y discusión repetidas veces en el Parlamento de Navarra y en las Cortes Generales; la última, el
pasado 22 de junio en el Senado. Conviene recordar que lo que está ahora en cuestión es la continuidad o no del convenio firmado en el año 2008 entre el Ministerio de
Defensa y la Junta de las Bardenas, con sus veintidós entidades congozantes, formadas por diecinueve ayuntamientos, los valles del Roncal y de Salazar y los monjes del monasterio de La Oliva. Este acuerdo, firmado en 2008, entró en vigor en
el año 2009 por un plazo de veinte años con el visto bueno de veintiuna de las veintidós entidades congozantes, y tiene un hito intermedio, en el año 2018, fecha en la que se decide la renovación automática o no de dicho convenio.
Este convenio trajo consigo también la transmisión de la propiedad de los terrenos del campo de tiro a la Junta de las Bardenas, es decir, a las entidades congozantes, y supone una aportación anual del ministerio de 7 millones de euros, que
se doblarán a partir del año 2018, más los IPC anuales. Creo que es oportuno recordar que el Jemad en el momento de la firma del convenio era el general Julio Rodríguez, hoy perteneciente al partido político Podemos, que propugna el cierre del
campo de tiro. Es bueno que también hagamos historia.
La posición del Partido Socialista es clara: respetar la autonomía de la Junta de las Bardenas a la hora de decidir sobre la utilización de esos terrenos, que son propiedad, desde la firma del convenio de 2008 -como se ha dicho
anteriormente-, de los municipios y entes que integran la Junta de las Bardenas; respetar la autonomía, la capacidad de decidir de la junta. El Grupo Socialista en el Congreso va a mantener su posición y en ese sentido va la enmienda que hemos
presentado, al entender que a quienes corresponde adoptar la decisión de renovar o no el convenio con el Ministerio de Defensa es a la Junta gestora de las Bardenas y a los pueblos congozantes que la conforman, que deberán decidir si aprueban o no
la renovación automática del mismo por otros diez años, hasta el año 2028. Ese derecho a decidir que, según la portavoz de EH Bildu, nuestra enmienda no reconoce, cuando justamente pedimos la autonomía, el derecho a decidir de los propietarios del
terreno, de los ayuntamientos que representan a los vecinos de la zona. Me parece un poco extraña la afirmación de la portavoz de EH Bildu. Conviene recordar que el nuevo presidente de la Junta de las Bardenas fue elegido el pasado mes de
diciembre con el voto positivo de diecinueve de sus veintidós miembros y que la nueva directiva ya ha trasladado al Ministerio de Defensa su intención de no entorpecer el convenio en vigor ni impedir su continuidad hasta 2028. Capacidad de decidir,
aunque no le guste a la representante de Bildu.
Del importe recibido por la junta, aproximadamente la mitad va a las entidades congozantes, teniendo una alta incidencia en los ingresos municipales -puede llegar a ser de hasta el 10 % del presupuesto- y permitiendo la prestación de
servicios a sus vecinos, y el resto lo gestiona la Junta de las Bardenas para los gastos que genera el parque natural. Por otra parte, cabe destacar las inversiones del Ministerio de Medio Ambiente, que están destinadas a proteger el Parque Natural
de las Bardenas, que ocupa una superficie superior a las 40 000 hectáreas, de las que 2200 aproximadamente corresponden al polígono de tiro. Existe, además, un sistema de gestión medioambiental del polígono y se cumplen todas las normativas y se
asegura la limpieza y calidad medioambiental del mismo de forma escrupulosa.
El Grupo Socialista defiende el futuro de las Bardenas y de su población en términos de actividad económica, generación de riqueza y seguridad y respeta la decisión de sus entes locales. Hay posiciones políticas paradójicas en este asunto.
He recordado la posición de Podemos cuando el que firmó este convenio es uno de sus principales representantes, el exgeneral Julio Rodríguez. Es también curiosa la posición de Izquierda Unida en Navarra, que clama por su cierre en el Parlamento de
Navarra, mientras sus concejales en los pueblos congozantes defienden su continuidad y los dineros, los recursos económicos, que genera en los ayuntamientos. Y, cuando menos, resulta chocante que Euskal Herria Bildu -cuyo pasado todos conocemos- se
arrogue ahora un papel de adalid de la paz. Bienvenido sea al bloque de los partidos que defendemos el valor de la palabra para defender las ideas en democracia y no el uso de las armas para imponer un proyecto político por la fuerza. Me gustaría
el mismo énfasis de la portavoz de Bildu en la defensa de la desaparición de ETA.
En resumen, los terrenos del polígono de tiro son propiedad de los municipios congozantes y es a ellos, a través de la Junta de las Bardenas, a quienes corresponde decidir sobre la continuidad o no del convenio firmado con el Ministerio de
Defensa en 2008 y si procede su prórroga automática hasta 2028. En consecuencia, el Grupo Socialista votará en contra de esta PNL.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Lasarte.
Vamos a iniciar el turno de toma de posiciones. Por el Grupo Mixto, y brevemente, tiene la palabra el señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias por su deferencia, señor presidente.
Intervengo muy brevemente, en tan solo un minuto, para contestar a las tres peticiones que hace la proposición no de ley. La primera es que creo que seguramente muchos de ustedes no habrán estado en las Bardenas Reales, pero lo cierto es
que la existencia del polígono precisamente garantiza la fauna y la flora de la zona, porque básicamente establece tal nivel de limitaciones y de controles sobre lo que allí puede pasar que a nivel de biosfera está absolutamente garantizada, más que
cualquier otra cuestión. Por tanto, si ese es el motivo que pueda preocupar a la proponente, olvídese, que eso está más que garantizado.
Segundo, pide que las dos partes no renueven el contrato. Ya lo ha dicho muy bien el representante del PSOE: déjeles decidir; derecho a decidir. Además, el contrato sigue cumpliendo perfectamente con sus funciones: por un lado, forma a
nuestra aviación -que, por cierto, es una de las mejores del mundo- y garantiza una formación adecuada, y por otro, los congozantes obtienen un canon por la utilización de ese espacio, un canon con el que por cierto luego se pagan muchísimas
cuestiones sociales. Es decir, se garantiza que la mayoría del dinero que va a todos esos pequeños pueblos -a los veintidós- se destine a un fin social.
Por último, yo quiero creerla cuando usted habla de la cultura de la paz. En este sentido, cuando dice que allí se hacen experimentos de guerra quiero señalar que el mayor experimento de guerra que hemos tenido en los últimos cincuenta años
ha sido Batasuna-ETA; ese ha sido el gran experimento de guerra. Fíjese que su alter ego en el Parlamento de Navarra, Adolfo Araiz, es un señor que participó en una asamblea en el año 1995 para decidir socializar el sufrimiento, fíjese qué
experimento tan bueno. Como matar policías no era suficiente, ahora nos cargamos a políticos. Me gustaría que usted condenara esos experimentos de guerra que hemos sufrido tan de cerca, y aunque hace usted muy bien en presentar esta iniciativa,
sinceramente no puedo creerla. Me gustaría creerla, pero no la creo porque teniendo tan cerca estos experimentos de guerra no los condenan con la misma vehemencia con la que usted nos pide que apoyemos la PNL.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Díaz.
El señor DÍAZ GÓMEZ: Gracias, presidente.
He leído con mucha atención la PNL que trae aquí Bildu para el desmantelamiento del campo de maniobras del Ejército del Aire en las Bardenas. Son informaciones contradictorias las que tengo. He leído, por una parte, las afirmaciones del
Ministerio de Defensa de Gobiernos tanto socialistas como populares en boca de sus ministros, las del mismo Ejército del Aire o las de la OTAN, señalando que es un enclave muy importante para la defensa nacional, y hoy leo, por otra parte, las de
Bildu diciendo que esto es falso. ¿A quién creer para guiarme por las necesidades que tiene el Ejército español? ¿A Bildu o al Ejército del Aire? ¿A la teniente Ripley o al alien? Hay afirmaciones de lo más variopintas en esta proposición no de
ley y me voy a parar en ellas. Dicen que el campo de maniobras de las Bardenas es una reserva de la biosfera, y no lo es, porque no está incluido dentro del parque natural. Dicen que daña al medio ambiente, y no; dicen que no se han hecho
estudios, y sí, porque hay uno de un organismo que se llama Comunidad de Bardenas Reales de Navarra que arroja como resultado un impacto nulo o muy bajo del campo en el medio ambiente. De hecho, hay zonas que se han visto beneficiadas por el
acondicionamiento que ha hecho el Ministerio de Defensa. Hablan de que en el campo de maniobras de las Bardenas se hacen experimentos de guerra y se fomenta la misma. Yo pensaba: ¿De dónde saca Bildu la idea de que hay experimentos de guerra en
las Bardenas? Pensando, he llegado a la conclusión de que a su jefe, Otegi, le parece un experimento un campo de tiro con objetivos militares y con maniobras para el mantenimiento de la paz, porque la paz le parece un experimento. Le extraña al
partido de Otegi que el Ejército español se entrene para proteger inocentes, montar hospitales de campaña, combatir a piratas o terroristas. ¡Qué cosas! Le parecerá un experimento a su jefe, Otegi, ver que las maniobras son buscando evitar el daño
de inocentes y no buscando la muerte indiscriminada. Esto puede parecer a algunos hasta exótico. Les parecerá un experimento que las reglas de enfrentamiento sean limpias y busquen la proporcionalidad. Les parecerá un experimento asimismo ver
trabajar a hombres y mujeres compañeros de otros que han sido asesinados por la escoria que el jefe de Bildu conoce bien, escoria que, por cierto, cuando tenía que enfrentarse cara a cara con el Ejército que está en las Bardenas o con
los cuerpos de seguridad del Estado necesitaba dodotis por el efecto laxante que les producía ver los rostros y no las nucas de estas personas.
Ustedes, Bildu, se dirigen frecuentemente el Ejército en términos despectivos, le acusan de fomentar muertes y dicen querer cerrar este campo de maniobras por la paz. ¿Quieren fomentar la cultura de la paz? Por la paz, pueden condenar el
terrorismo y atentados como el de Hipercor, que se negaron a condenar hace pocas fechas; por la paz, ayuden a esclarecer los asesinatos de ETA; por la paz, dejen de inocular su virus xenófobo en la sociedad; por la paz, dejen de fomentar el odio
entre ciudadanos; por la paz, den las gracias cada vez que pasen por la garita de ese campo de maniobras o de cualquier otro porque dentro de ellas hay un soldado que vela por su seguridad y su libertad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Moreno.
El señor MORENO BUSTOS: Gracias, señor presidente.
Volvemos a reencontrarnos con una de esas proposiciones no de ley que yo calificaría como míticas para la izquierda, y si es radical mucho mejor; una proposición no de ley que por sistema se repite siempre en los mismos términos y con los
mismos argumentos en este Parlamento. No hay novedad. A veces creo que lo único que se hace pasados los años es colocar lo de delante atrás y lo de atrás delante, pero siempre con el mismo soniquete, la misma partitura, la misma melodía y hasta la
misma orquesta desafinada de siempre. Esta proposición no de ley que hoy debatimos trae, creo, consecuencia de una pregunta por escrito del mismo grupo parlamentario -aunque luego dentro de esa pregunta había doce más- con fecha 26 de enero de este
año. Como ven, nada novedoso, y más cuando como respuesta a esa iniciativa ya se expresaron de forma clara y concisa las intenciones del Gobierno. Pero está bien la determinación de este grupo parlamentario, sobre todo en lo relativo a las armas,
a los campos de tiro, al fuego real, a experimentos de guerra, como afirman en su iniciativa, todos ellos datos y argumentos que conocen bien y de cerca durante tantos años y que los demás hemos padecido.
Señorías, es un sarcasmo escuchar hoy a un grupo de dos apostando por el pacifismo, el antibelicismo, el ecologismo y la cultura de la paz, cuando tan solo anteayer este mismo grupo se negaba en el Parlamento de Navarra a reclamar a ETA que
se disolviera, que entregara las armas y que pidiera perdón a las víctimas. Hablaba de sarcasmo, pero más bien es desvergüenza política la de todos estos grupos que conforman el Gobierno de Navarra, porque hay que tener mucho valor para ir de
antimilitaristas con su pasado y con un presente que acaba delatándolos. Ahora, en ese giro cínico y copernicano, nos acercan al buenismo con intenciones y propuestas antiguas y trasnochadas, como no podía ser de otra forma, por no decir
repetitivas. Este parlamentario, conocedor de ese polígono de tiro, no va a caer en los argumentos que hoy ha escuchado y que, como le decía, no varían un ápice de la retahíla de hace ya muchos años.
Entrando ya en los argumentos de esta proposición no de ley, este polígono de tiro está en funcionamiento desde el año 1951, lo que indica que la declaración como reserva de la biosfera, que les recuerdo se hizo en el año 2000, se llevó a
cabo cincuenta años después del comienzo de la actividad militar e incluso mientras esta se estaba desarrollando. Nadie podrá decir ahora que cuando se declaró así no se supiera lo que allí había. La actividad militar ha facilitado que un
territorio, por no estar sometido a presión humana, esté evolucionando libremente, lo que permite a la comunidad científica seguir realizando estudios de sucesión ecológica sin alteraciones. Es más, estudios científicos realizados por la Comunidad
de Bardenas Reales de Navarra, órgano de gestión del parque natural, relativos a estudios de la flora, comportamiento de aves, etcétera, han arrojado como resultado que la actividad del polígono en lo referente a las aves tiene baja o nula
repercusión; de hecho, se aprecia un aumento progresivo de la población de aves en estos últimos años. En lo referente a la flora, el área mejor conservada de las Bardenas es el propio polígono de tiro, puesto que, exceptuando la zona de
objetivos, en el resto no hay actividad humana alguna, ni ganadería ni agricultura ni nada por el estilo desde el año 1951. Además el polígono de tiro de las Bardenas dispone de un sistema de gestión ambiental conforme con la norma ISO 14 001, para
la realización de las actividades de mantenimiento del campo de tiro y de aviación, de combate y de apoyo logístico y técnico. Además, se cumple con la normativa establecida por el Ministerio de Defensa para la prevención y extinción de incendios
forestales en los campos de maniobras y tiro e incluso aplicando restricciones en el uso de determinado armamento en la época de mayor riesgo de incendios. También es importante añadir que el polígono de tiro es una instalación imprescindible para
la defensa, por ser
necesaria para que las tripulaciones de las aeronaves de combate, apoyo al combate y unidades auxiliares puedan llevar a la práctica los planes de instrucción y adiestramiento que les permiten desempeñar las actividades propias de las
misiones que tienen encomendadas.
Quiero recordar que con fecha 22 de diciembre de 2008 se formalizó el último acuerdo entre el Ministerio de Defensa y la Comunidad de las Bardenas Reales para el arrendamiento de los terrenos de este polígono de instrucción y adiestramiento
aéreo. El acuerdo tiene vigencia por un plazo inicial de diez años, con una prórroga automática por otros diez, por lo que si la comunidad de Bardenas rechazara tal prórroga incurriría en claro incumplimiento de lo pactado en el año 2008 con el
Ministerio de Defensa. Por otra parte, la firma de este acuerdo ha supuesto un notable incremento de las cantidades que se satisfacen a la comunidad de Bardenas y que a su vez, no lo olvidemos, revierten en el bienestar económico de los veintidós
municipios y entidades congozantes que la conforman. Por otra parte, es bueno recordar que ya el Tribunal Constitucional, en su sentencia de 18 de abril de 2012, recaída en el recurso de inconstitucionalidad número 2054/2001, mantuvo la validez de
la declaración formal del polígono como parque natural efectuada por la Ley Foral 16/2000, de 29 de diciembre, de Modificación de la Ley Foral 10/1999, de 6 de abril. No obstante, también dejó muy claro en sus fundamentos jurídicos que esta ley
foral habría de aplicarse de forma que quede totalmente salvaguardada la competencia estatal en materia de defensa nacional mientras el polígono siga siendo de interés para esta última.
Dicho lo cual, señorías -ya acabo, señor presidente-, nuestro grupo está en contra del desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas y por eso votaremos también en contra de esta proposición no de ley. Nuestro grupo ha ofrecido a lo
largo de los años, y sigue ofreciendo, respuestas coherentes con la defensa nacional y no engañando a la población y mucho menos alarmándola. Hoy, como muchos otros días, hemos participado, escuchando a algunos de ustedes, del buenismo trasnochado
y urbanita que identifica a algunos grupos de esta Cámara, más preocupados por quedar bien y volver al eslogan del 'paz y amor' del sesenta y siete que por mejorar los usos y las compensaciones importantes que los verdaderos implicados tienen.
Nosotros no vamos a caer en ese discurso, sino en el de la verdad y el de la apuesta por los ciudadanos navarros, que posiblemente no merecen el Gobierno que padecen.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Moreno.
Señora Beitialarrangoitia, tiene la palabra para aceptar o rechazar las enmiendas.
La señora BEITIALARRANGOITIA LIZARRALDE: Sí, como he dicho en mi intervención, aceptamos la enmienda de Unidos Podemos y no aceptamos la del Partido Socialista.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
- RELATIVA A LA PARTICIPACIÓN DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL SUBACUÁTICO ESPAÑOL. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002187).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al siguiente punto, que corresponde a la proposición no de ley relativa a la participación del Ministerio de Defensa en la protección del patrimonio cultural subacuático español, presentada por el
Grupo Parlamentario Popular.
Para su defensa, tiene la palabra la señora De Lara.
La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señor presidente.
Señorías, permítanme que inicie mi intervención con una breve exposición del marco de referencia de la iniciativa que el Grupo Popular trae hoy a esta Comisión sobre patrimonio cultural subacuático. En el año 2005 España ratificó la
Convención de la Unesco para la protección del patrimonio cultural subacuático de 2001, adquiriendo así un compromiso permanente con la defensa, estudio y valoración de este importante conjunto de bienes del patrimonio cultural. Con el fin de
traducir este compromiso en un conjunto de acciones eficaces y bien planificadas, el Ministerio de Cultura elaboró el Plan nacional de protección del patrimonio arqueológico subacuático, aprobado por el Consejo de Ministros el 30 de noviembre del
año 2007. Dicho plan contempla la elaboración de cartas arqueológicas subacuáticas de todo el litoral español, así como el establecimiento de una serie de medidas de protección y de coordinación entre los diferentes organismos competentes de las
administraciones públicas. El 9 de junio de 2009 se firmó el acuerdo interdepartamental entre el Ministerio de Cultura entonces Ministerio de Educación,
Cultura y Deportes y el Ministerio de Defensa sobre colaboración y coordinación en el ámbito de la protección de dicho patrimonio. En dicho acuerdo, señorías, se confiere a las Fuerzas Armadas las funciones de vigilancia y protección de los
intereses marítimos nacionales tanto en territorio nacional como en el exterior. Señorías, la Armada, junto a la administración competente, es responsable de la vigilancia y seguridad de nuestro patrimonio arqueológico subacuático, especialmente
cuando se trata de buques y embarcaciones del Estado español naufragadas o hundidas. Como saben sus señorías, la Armada dispone de buques, aeronaves y embarcaciones menores que efectúan presencia naval en los espacios marítimos de interés nacional,
así como un sistema integral de vigilancia que monitoriza esos espacios. Esos medios componen las principales herramientas de detección, evaluación, disuasión y, llegado el caso, actuación ante posibles conductas no autorizadas sobre ese
patrimonio.
Señorías, la proposición no de ley que hoy debatimos tiene un claro objetivo: relanzar la cooperación institucional y coordinar el empleo de los medios disponibles. En definitiva, se trata de incrementar la eficacia de las actuaciones, lo
que repercutirá sin duda alguna en la protección de nuestro patrimonio arqueológico subacuático. La proposición no de ley pretende asimismo, señorías, que la información de las cartas arqueológicas subacuáticas del litoral español, elaboradas en
colaboración con el resto de organismos competentes de las administraciones públicas, se pongan a disposición del Ministerio de Defensa y, en concreto, de la Armada a los fines de vigilancia y protección de nuestro patrimonio. En tercer lugar,
nuestra iniciativa apuesta por aumentar la presencia de la Armada, responsable de la vigilancia y seguridad del patrimonio arqueológico subacuático, en los grupos interdepartamentales de coordinación. Como ya he dicho, señorías, todo ello en aras
de obtener una mayor eficacia en las labores de la Armada.
A esta iniciativa se han presentado dos enmiendas. La primera es de Unidos Podemos, que podemos aceptar. Sin embargo, en su enmienda añaden que las cartas arqueológicas también se puedan entregar al Ministerio del Interior, Ministerio de
Fomento y Ministerio de Medio Ambiente, tal y como prevé el Plan nacional de protección de patrimonio, pero se han olvidado de incluir Defensa. Por tanto, aceptamos su enmienda añadiendo a nuestra iniciativa los ministerios del Interior, Fomento y
Medio Ambiente. La enmienda del Grupo Parlamentario Ciudadanos aboga por incorporar a este patrimonio una dimensión de promoción económica, por lo que nos parece bien. Creo que ya se está haciendo; no obstante, no tenemos ningún problema en
incorporarla.
Termino, señorías, recordando, como hizo la Convención de la Unesco, la importancia del patrimonio cultural subacuático como parte integrante del patrimonio cultural de la humanidad y elemento de particular importancia en la historia de los
pueblos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora De Lara.
Para saber qué vamos a votar, convendría que nos pasara qué es lo que acepta exactamente del Grupo Podemos.
Pasamos al turno de defensa de las enmiendas. En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la palabra el señor Cano.
El señor CANO LEAL: Gracias, presidente.
El patrimonio subacuático es nuestro patrimonio común por excelencia, testigo de la interacción entre culturas y los viajes de los exploradores. Dispone de una riqueza cultural enorme, ya que los secretos que guardan los océanos son
incalculables. En los fondos subacuáticos reposan multitud de huellas de asentamientos humanos, ruinas, pecios de navíos y cavernas a consecuencia de hundimientos, del aumento del nivel del mar o del hundimiento de tierras, inundaciones o
terremotos, lo que convierte a este patrimonio en testigo fundamental de lo que constituimos como pueblo.
Por desgracia, en los últimos años se han saqueado ilegalmente miles de pecios. Otros miles más se han destruido de manera brutal e inmoral, aunque con toda legalidad, en aras de una explotación desenfrenada permitida por autoridades
complacientes. El pillaje o expolio llevado a cabo por compañías privadas de cazadores de tesoros, propiciado por la creciente accesibilidad al dominio subacuático, constituye la amenaza sustancial que pone en peligro este legado cultural de la
humanidad. España ratificó la Convención de la Unesco el 6 de julio del año 2005, fruto de la cual en el año 2007 se aprobó el Plan nacional de protección del patrimonio arqueológico subacuático, elaborado por el Ministerio de Cultura. Siguiendo
esta línea de trabajo, en el año 2009 se firmó un convenio con el Ministerio de Defensa cuyo objeto es aunar esfuerzos para poder proteger mejor nuestro patrimonio cultural subacuático,
seguido de otros convenios con los ministerios del Interior, Cultura y Asuntos Exteriores. El Consejo de Patrimonio Histórico decidió el 12 de diciembre de 2007 la creación de un grupo de trabajo que redactara un documento de desarrollo de
ese plan nacional, cuyo resultado es el denominado libro verde, interesante a los efectos de esta proposición no de ley.
En lo que afecta a las Fuerzas Armadas, en concreto a la Armada española, recientemente se ha dado comienzo a la campaña en apoyo del Plan nacional de protección del patrimonio subacuático, en la que la Armada colaborará con el Centro de
arqueología subacuática de la Junta de Andalucía y el Ministerio de Cultura y se compromete a aportar los medios materiales y humanos necesarios así como los fondos documentales de los que dispone para la protección de estos bienes. La Armada pone
a disposición del proyecto sus archivos históricos, así como modernas unidades navales con personal muy cualificado y experimentado, perteneciente todo él a las Fuerzas de acción marítima. El objetivo principal de esa campaña es realizar la
búsqueda e identificación, cuando sea posible, de naufragios en la plataforma continental del golfo de Cádiz, en el área entre la desembocadura del Guadalquivir y Tarifa, hasta una profundidad de 200 metros.
Por lo que afecta a la proposición no de ley, como el objetivo es alcanzar una gestión integral de este tipo de patrimonio, consideramos necesaria una correcta preservación, englobando siempre las medidas adecuadas de protección,
investigación, conservación, formación y difusión a distintos niveles. Igualmente se podría valorar enfocar esta conservación para un mayor aprovechamiento económico de este patrimonio en aras de convertirlo en un recurso cultural como fuente de
enseñanza y un recurso de promoción económica para el ámbito nacional y también para el ámbito territorial en el que se ubica. Por ese motivo hemos formulado la enmienda de adición, que ha sido aceptada, para incorporar la dimensión de promoción
económica de este patrimonio en beneficio del ámbito nacional y territorial en el lugar en el que se ubica.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
A continuación, pasamos a la defensa de la enmienda por parte del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Tiene la palabra para ello el señor Bustamante.
El señor BUSTAMANTE MARTÍN: El Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea considera que la desprotección del patrimonio acuático en nuestro país es un problema que, pese a los avances en los últimos años,
requiere medidas. Todos tenemos en mente el caso paradigmático del expolio de la empresa Odyssey. Un paso clave fue la aprobación en el año 2007 del Plan nacional de protección del patrimonio arqueológico subacuático. Este documento, entre otros
avances, puso negro sobre blanco la necesidad de una mayor coordinación entre administraciones y delimitó el ámbito de actuación de cada ministerio en función de la materia. Por eso, vamos a apoyar la proposición con la enmienda que hemos
planteado.
Sobre el punto 1 poco podemos decir, puesto que estamos totalmente de acuerdo con la salvaguarda de nuestro patrimonio subacuático y la participación directa de aquellas comunidades autónomas implicadas. Desde aquí deseamos señalar que
queremos que la Junta de Andalucía también se implique en la provincia de Cádiz, donde se encuentra una de las mayores reservas de patrimonio subacuático. En el punto 2 hemos presentado una enmienda que parece que el grupo proponente va a aceptar
de forma transaccional. El punto 3 no nos preocupa, porque habla de aumentar la presencia del Ministerio de Defensa, que es parte de la red pública, aunque sí nos preocupan decisiones políticas como la que se dio con el buque Cason en Finisterre,
cuando, pese a la importancia turística y social que tenían los restos hundidos para el Ayuntamiento de Finisterre y para toda la Costa de la Muerte y pese a la unánime petición del Concejo de Finisterre y de asociaciones de vecinos, se procedió por
parte de la Armada a conceder la extracción de chatarra del buque hundido con el único fin de aprovechar los restos metálicos, obviando la petición tanto de la ciudadanía como del resto de instituciones de su conversión en patrimonio cultural, que
es precisamente a lo que hace referencia la presente proposición. Por eso, votaremos a favor y exhortamos también al ministerio a que no se produzcan hechos como el del Cason en Finisterre.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Bustamante.
Vamos a iniciar el turno de toma de posiciones. Por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Intervendré muy brevemente para agradecer esta iniciativa que nos parece muy interesante, oportuna y necesaria. Soy, al igual que la proponente, un fan del patrimonio español. Creo que tenemos un tesoro que muchas veces no conocemos;
obviamente está hundido, pero no hacemos por conocerlo. Es un patrimonio común que explica muchas cosas de nuestra historia y creo que deberíamos poner más interés en conocerlo y en protegerlo. Somos, obviamente, un pueblo navegante y hemos sido
un pueblo descubridor -iba a decir también un pueblo guerrero, pero en fin; aunque es verdad que muchos acontecimientos históricos tienen que ver con guerras- y todo ello hace que el patrimonio subacuático español sea inmenso. Creo que es oportuno
pedir colaboración a las comunidades autónomas y lealtad institucional a todas ellas y, en la medida de lo posible, ir derribando los problemas y las barreras burocráticas, administrativas que puedan existir para conseguir entre todos esa mayor
protección y esa puesta en valor.
Si tuviera que hacer alguna aportación o ver algún pero en la propuesta diría que no sé hasta qué punto deberíamos aprovechar la introducción a la participación del interés privado en todo ello e incluso hacer de la búsqueda de ese
patrimonio algo así como la marca España. No soy el proponente pero es una sugerencia. En todo caso, le agradezco mucho el interés y la puesta en valor de este patrimonio que creo que nos enorgullece a todos; deberíamos trabajar para protegerlo.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Gutiérrez Limones.
El señor GUTIÉRREZ LIMONES: Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes.
Tomo la palabra en nombre del Grupo Socialista para manifestar nuestro apoyo a esta iniciativa, que, por otro lado, nos parece poco ambiciosa, ya que al fin y al cabo se trata de instar al Gobierno a realizar, regular, potenciar, aumentar y
coordinar la localización, estudio y protección del patrimonio arqueológico subacuático español. En todo caso, cualquier iniciativa en relación con este asunto nos parece siempre oportuna.
Haré algunas consideraciones. El Plan nacional de protección del patrimonio arqueológico subacuático español fue aprobado, como bien dice la ponente, en el Consejo de Ministros de 10 de octubre de 2007, durante un Gobierno socialista.
Justo después, el 9 de julio de 2009, se firmó un acuerdo entre el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Defensa, que al fin y al cabo es el responsable de la Armada y de la protección de las costas españolas y es el departamento que de verdad
dispone de los recursos técnicos y humanos para poder llevar a cabo las principales actuaciones que establece el plan nacional: la ampliación y revisión de las cartas arqueológicas -al fin y al cabo los instrumentos de inventario y catalogación,
que son los básicos para la protección de nuestro patrimonio arqueológico subacuático-, la colaboración entre ambos ministerios y las políticas comunes y complementarias entre el Gobierno del Estado y las comunidades autónomas. Además, se puso en
marcha el primer proyecto piloto -también comentado por el ponente del Grupo Ciudadanos- en la Comunidad Autónoma de Andalucía, que era el estudio geofísico de toda la fachada atlántica de la provincia de Cádiz. Con esto no solo se ratificaba y se
ponía en marcha la Convención de la Unesco sobre patrimonio subacuático sino que se empezó a poner en valor. Se puso en marcha además de forma efectiva, consecuente y responsable. Por último, en el año 2010 se publicó el libro verde como guía de
actuaciones y verdadero vademécum subacuático español.
Además, desde el Grupo Socialista entendemos que ha pasado el tiempo suficiente para hacer una evaluación de desarrollo de ese plan nacional y del libro verde, de los convenios de colaboración con las comunidades autónomas y también con
otros países, de los acuerdos interdepartamentales, de los planes de formación del personal cualificado -en este caso, por ejemplo, en museos- o de los planes de captación de los recursos necesarios para proteger, preservar y poner en valor uno de
los patrimonios subacuáticos más importantes que existen en el mundo, que es el español. Por todo ello, ya adelantamos desde el Grupo Socialista que vamos a solicitar la comparecencia en esta Comisión del ministro de Cultura para conocer de primera
mano la situación, la evolución y el futuro del plan nacional y del libro verde.
Por último, permítanme que en un país como el nuestro, que gasta demasiado tiempo en criticar y señalar solamente lo negativo de lo que ocurre a nuestro alrededor, utilice mis palabras para señalar lo positivo y el buen hacer de dos mujeres,
dos ministras que fueron miembros del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero: la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, y la ministra de Defensa, Carme
Chacón. Con ellas se dio el impulso definitivo al Plan nacional de protección del patrimonio arqueológico subacuático, con ellas se firmó el primer acuerdo entre ambos ministerios para trabajar conjuntamente en este asunto y se llevaron a
cabo la mayor parte de las actuaciones con la mayoría de las comunidades autónomas.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
La señora De Lara ya se ha pronunciado sobre las enmiendas.
- POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A PROMOVER MEJORAS EN LA VIDA PERSONAL Y FAMILIAR DE LOS MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO. (Número de expediente 161/002188).
El señor PRESIDENTE: Pasamos, por tanto, al siguiente punto, que corresponde a la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a promover mejoras en la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, presentada por
el Grupo Parlamentario Popular. Se han presentado cuatro enmiendas.
Para la defensa de la proposición no de ley, tiene la palabra la señora Bonilla.
La señora BONILLA DOMÍNGUEZ: Muchísimas gracias, señor presidente.
Señorías, nuestra Constitución, en su artículo 8.1, asigna a las Fuerzas Armadas la misión de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Los hombres y mujeres que
integran nuestras Fuerzas Armadas velan de manera permanente, con eficacia y lealtad, por la seguridad de todos los españoles, de todos los ciudadanos, por la seguridad de nuestro país. Esas tareas de nuestros militares exigen unos sacrificios
permanentes inherentes a su condición: periodos fuera de casa, horarios intempestivos, cambios de residencia, situaciones de riesgo, etcétera. Estos sacrificios son asumidos por los miembros de las Fuerzas Armadas con profesionalidad y lealtad,
pero nuestra obligación y también nuestra voluntad -como la del Gobierno- es la de velar e intentar promover todas aquellas medidas que sean posibles para mejorar su vida personal y familiar. Nuestros hombres y mujeres son el valor más importante
de nuestras Fuerzas Armadas y ningún gasto en defensa tendría sentido si no viene acompañado del mayor apoyo para que nuestro personal pueda realizar su misión en las mejores condiciones. El apoyo de formación y material, que tiene como fin
asegurar la preparación y operatividad de nuestras Fuerzas Armadas, se debe siempre acompañar de medidas de apoyo al entorno familiar y personal. Para el Ministerio de Defensa ha sido y es una prioridad atender al personal que lo integra. Tras los
años de contención presupuestaria, que han sido soportados con disciplina por nuestros militares, se han podido desarrollar las líneas guía del ministerio englobadas en varios ámbitos: consolidar la protección social, apoyar el entorno familiar de
los militares y apoyar a las familias de fallecidos y heridos en acto de servicio.
Por ello y en esa línea, el Grupo Parlamentario Popular ha presentado esta iniciativa en el sentido de instar al Gobierno a continuar, como una de las líneas prioritarias del Ministerio de Defensa, con el desarrollo de mejoras de la vida
personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Todo ello como forma de compatibilizar la vida personal con la carrera militar y como muestra de la dignidad que merece el desarrollo profesional dentro de las exigencias particulares que
requiere la labor y características de las Fuerzas Armadas. Señorías, es muy importante saber de dónde partimos, dónde estamos y, sobre todo, hacia dónde nos queremos dirigir.
En el ámbito de la defensa de la conciliación, se ha impulsado un marco normativo en materia de igualdad y conciliación en las Fuerzas Armadas, en paralelo a las medidas adoptadas por la Administración General del Estado, teniendo en cuenta
las características específicas de las unidades militares. En concreto, en la Orden 253/2015, de 9 de febrero, por la que se regula el régimen de vacaciones, permisos, reducciones de jornada y licencias de los miembros de las Fuerzas Armadas, se
prevén permisos específicos por motivos de conciliación de la vida personal, familiar y profesional -artículo 7-, teniendo como contenido novedoso el momento de disfrute del permiso de paternidad, el permiso por técnicas de fecundación o
reproducción asistida, el permiso para participación en cursos de la Administración civil y el permiso para participación en cursos para la reorientación profesional. Asimismo, en la Orden 253/2015, de 9 de febrero, se prevén reducciones de jornada
con la finalidad de conciliar la vida personal, familiar y profesional -artículo 9-, como la reducción de jornada por participación en operación, despliegue o
misión, la reducción de jornada por razón de la guarda legal de un hijo menor de doce años o la reducción de jornada por razón de guarda legal de un hijo menor de doce años cuando el militar sea progenitor o tutor de una familia
monoparental.
Por otra parte, en relación con la defensa de la maternidad, las medidas adoptadas -voy a relatar varias de ellas- han sido: el Real Decreto 293/2009, de protección de la maternidad durante la enseñanza militar, formación, perfeccionamiento
y altos estudios militares. Prevé el aplazamiento de los cursos, de las pruebas físicas por la gravedad, etcétera, por motivo del embarazo, parto o postparto y así la maternidad no penaliza el ingreso ni la carrera militar. El Real Decreto
35/2010, por el que se aprueba el reglamento de ingreso, promoción y ordenación de enseñanza de formación en las Fuerzas Armadas que, entre otros aspectos, asegura la representación de la mujer militar en los órganos de evaluación para la selección,
ascenso y asignación de destinos, así como los tribunales en los procesos selectivos. También está el programa de centros infantiles en el Ministerio de Defensa para niños de cero a tres años. En la actualidad hay veinticinco en funcionamiento en
diferentes establecimientos militares y, recientemente, se ha firmado un nuevo acuerdo marco que sustituye al anterior de 2014 que ha entrado en vigor el 1 de septiembre y que da cobertura a veinticinco centros con 1365 alumnos.
En materia de enseñanza, de educación, como bien saben la Lomce incluyó en su articulado medidas para los colectivos con elevada movilidad geográfica, concretamente en el artículo 62: prioridad en la escolarización por movilidad geográfica,
incrementos de plazas por movilidad y exención de evaluación en las lenguas cooficiales de las comunidades autónomas. Las anteriores disposiciones contribuyen, y seguirán contribuyendo, a disminuir los problemas de escolarización, una de las
principales dificultades a las que se enfrentan muchos militares y sus familias en los frecuentes cambios de destino a los que obliga la profesión militar.
De lo expuesto se concluye, señorías, que las medidas que se van impulsando en los últimos años sitúan al personal militar en los niveles de conciliación del resto del personal de la Administración General del Estado, e incluso se han puesto
en funcionamiento medidas específicas derivadas de las peculiaridades de la función militar. Obviamente, se ha avanzado mucho y en la buena dirección, pero aún quedan aspectos que mejorar. Estos han sido desglosados, entre otros, en los informes
del Observatorio de la Vida Militar: problemas relativos a los cambios de destino inherentes a las Fuerzas Armadas y cómo afectan al personal y a sus familias, necesidad de apoyo para la búsqueda de una vivienda en una ciudad normalmente
desconocida, necesidad de tiempo para buscar una vivienda dentro de un presupuesto razonable y disponibilidad para viajar y ver distintas opciones, efectos colaterales en el trabajo del cónyuge o pareja del militar, que puede verse afectado en el
caso de que quiera acompañar al militar en su nueva localidad, teniendo que dejar su empleo sin derecho a prestación por desempleo y con la dificultad de encontrar un nuevo trabajo. Este efecto se extiende a los hijos, si los hubiere, que se ven
abocados a cambios de colegios, de amigos, de entorno y posiblemente a una lengua cooficial; en caso de que el cónyuge o pareja -en su caso los hijos- no puedan o no quieran acompañar al militar, se verá en la obligación de mantener dos viviendas
distintas. Existen también problemas derivados de la función de las Fuerzas Armadas: largas temporadas fuera de casa por razón de misiones, ejercicios y maniobras; necesidad de más oportunidades de reincorporación a la vida civil de los efectivos
de las Fuerzas Armadas que deseen abandonarlas o que se vean obligados por fin de contrato; problemas relativos a las condiciones de vida en buques, bases y acuartelamientos, con un mantenimiento a veces no lo suficientemente efectivo; problemas
de acceso a formación y capacitación profesional ajena entre unidades tácticas con más movilidad y unidades más administrativas que permiten una vida más sedentaria.
En definitiva, las condiciones de vida del militar y su familia marcan de forma fundamental su vida personal, pero también su vida profesional, su moral y su actitud ante los retos que ha de asumir. En este sentido, entre los objetivos
próximos a desarrollar dentro de las capacidades del Ministerio de Defensa y de los presupuestos generales que debemos abordar en las próximas semanas, entendemos que hay que aumentar dentro de lo posible los centros de educación infantil. Es
esencial para compatibilizar y conciliar, es esencial para los menores, pero también es esencial para los padres. No se puede castigar o entorpecer la carrera de ninguna mujer o de ningún hombre en las Fuerzas Armadas por ser madre o padre. Hay
que potenciar las estructuras de apoyo y ayuda al militar y a su familia en caso de ausencia y traslado que ya existen, pero que hay que promocionar y seguir desarrollando y mejorando. Hay que continuar y extender las labores que, por ejemplo,
realiza la Dirección de Apoyo al Personal del Ejército de Tierra dirigidas al entorno familiar con objeto de paliar los efectos de la ausencia de un componente importante de la unidad
familiar con ocasión de un despliegue en una zona de operaciones. Esta labor redundará en amortiguar el efecto que un despliegue produce en las rutinas de vida y que afectan fundamentalmente a las familias, evitando que incidan
significativamente en la moral del personal desplegado. Debe continuarse con estudios para tratar con especial interés casos como el de las parejas de militares -en la actualidad se facilita la agrupación familiar en el caso de parejas de militares
que también son militares- y también en el caso de familias monoparentales; en el caso de actualización continua de la transposición de las condiciones de la Administración General del Estado; ayuda para el estudio de los hijos; participación más
activa de las estructuras de las Fuerzas Armadas que cubre todo el Estado con delegaciones, subdelegaciones y que podrían traer una participación mucho más activa y constante en el tiempo.
En el ámbito de la protección social, a grandes rasgos, respecto del sistema de protección frente a los riesgos de vejez, invalidez y fallecimiento -un tema esencial-, cabe señalar que el modelo es equiparable al del resto de funcionarios,
si bien en el ámbito específico del personal militar se han introducido mejoras derivadas de la peculiar naturaleza de la función militar. Por lo que se refiere a la protección del sistema de la Seguridad Social, hasta el 1 de enero del 2011, como
sus señorías muy bien saben, el personal de las Fuerzas Armadas estaba integrado en el Régimen de Clases Pasivas del Estado y, a partir de dicha fecha, se ha producido la inclusión general obligatoria con efectos de 1 de enero de 2011 en el Régimen
General de la Seguridad Social, pero con peculiaridades que les permiten mantener los niveles de protección en los supuestos de acto de servicio. También se prevé, como muy bien saben sus señorías, un complemento extraordinario de pensión por
incapacidad o fallecimiento si derivan de acto de servicio para que, sumadas ambas, el complemento y la pensión, su importe alcance lo que hubiera correspondido de haber estado el militar incluido en el régimen de clases pasivas.
En cuanto a las futuras líneas de acción en este ámbito de protección social, actualmente se encuentra en tramitación la normativa de un real decreto por el que se regulan las pensiones e indemnizaciones del régimen de clases pasivas del
Estado a los militares de complemento y a los militares profesionales de tropa y marinería. Se pretende una nueva regulación de la materia tras la consolidación del modelo de profesionalización de las Fuerzas Armadas y la experiencia acumulada
desde la anterior legislación.
Haré mención al Plan integral de apoyo a la discapacidad de las Fuerzas Armadas que tiene como objetivo general el de garantizar la igualdad de oportunidades, integración del personal militar con discapacidad dentro de las Fuerzas Armadas y
que contiene, a su vez, una serie de objetivos específicos centrados en la mejora de la accesibilidad, potenciación del acceso a la cultura, concienciación y sensibilización en materia de discapacidad y mejora del acceso a la información. Asimismo,
se está trabajando en la creación de un centro integral de recuperación de las Fuerzas Armadas para militares heridos en un acto de servicio, que ofrezca un apoyo integral y coordinado a este personal al respecto de su propia recuperación.
Finalmente -voy terminando señor presidente-, la atención a las familias de fallecidos y heridos en acto de servicio. En este ámbito la Orden ministerial 71/2010, de 15 de diciembre, crea la Unidad de apoyo a heridos y familiares de
fallecidos en acto de servicio que, como muy bien saben, pretende dar un apoyo necesario -coordinar y ejecutar todas aquellas actuaciones que se derivan en caso de fallecimientos de familiares- a los heridos y a las familias de los mismos. En esta
línea lo que intentamos y lo que pedimos al Gobierno es que continúen y se estudien medidas dirigidas a aumentar la calidad y la coordinación de estas acciones de apoyo en unos momentos muy difíciles.
Para concluir, señor presidente, en cuanto a las enmiendas de los grupos, respecto a la que ha presentado el Grupo Ciudadanos, ya he hablado con su portavoz que compartimos lo esencial, pero no estamos de acuerdo con lo de incrementar la
creación de un órgano, y le pido el apoyo expreso para esta iniciativa. Además, lo he hablado con la portavoz del Grupo Socialista y, en el primer punto, estamos de acuerdo en lo esencial. Nosotros entendemos que los dos puntos últimos de su
enmienda se corresponden a temas de estructura presupuestaria y que, en todo caso, aquí no tendría objeto a incluir. Y en cuanto a la presentada por el Grupo Podemos, hemos aportado a la Mesa una transaccional en la que hemos llegado a un acuerdo.
Termino, señorías, y pido el apoyo de todos a esta iniciativa desde la convicción que les decía al principio: nuestros hombres y mujeres son el valor más importante de nuestras Fuerzas Armadas. Por tanto, es una tarea de todos, señorías, y
también una responsabilidad seguir trabajando para mejorar las condiciones de estos hombres y mujeres que de manera permanente dan su vida al servicio de España.
Muchísimas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Bonilla.
Seguidamente para la defensa de sus enmiendas podrán hacer uso de la palabra los diferentes portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO LEAL: Gracias, presidente.
Los militares españoles desarrollan una labor impagable en defensa de la seguridad y protección de todos, así como de la protección de la vida de las personas dentro y fuera del territorio nacional, pero no siempre son correspondidos por el
Estado en el desarrollo de sus funciones. De hecho, la propia proposición no de ley se hace eco de que el Observatorio de la Vida Militar venía constatando denuncias, quejas y reclamaciones en esta materia.
El día a día y las circunstancias excepcionales como la del fallecimiento o lesión en acto de servicio, obligan al Ministerio de Defensa a desarrollar un esfuerzo por cubrir todas las necesidades de nuestro principal activo que son nuestros
soldados. Esto incluye también otros aspectos como la carrera militar y el futuro de miles de soldados y marineros que al cumplir los cuarenta y cinco años se verán abocados a abandonar las Fuerzas Armadas. Por este motivo, en el suplico de la
proposición no de ley hubiera quedado mejor, entendemos según nuestro criterio, instar al Gobierno a mejorar e incrementar el desarrollo de las mejoras de la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas en lugar de utilizar el
verbo continuar, que es una de las consideraciones que tenemos incluida en la enmienda.
Por lo que afecta a la proposición no de ley, estrictamente de su texto, hay que destacar que se ha presentado con un cierto retraso porque se ha presentado el día 24 de julio de este año, por tanto, cuando ya se había aprobado, a primeros
del mes de junio, el Real Decreto de modificación del reglamento de destinos del personal militar, donde se incluyen medidas para facilitar la conciliación de la vida profesional, personal y familiar del militar profesional como, entre otras, las de
poder asignar destinos temporales por circunstancias excepcionales de conciliación de la vida profesional, personal y familiar o la adaptación del procedimiento de movilidad para militares víctimas de violencia de género, además de la de facilitar
la reagrupación familiar a los miembros de un matrimonio o pareja de hecho entre militares y la posibilidad de que miembros de un matrimonio o pareja de hecho, que sean los dos militares, con hijos menores de doce años no sean destinados con
carácter forzoso a una provincia diferente. Además, se amplían los plazos de incorporación a un nuevo destino que implique cambio de residencia o se prevé la asignación temporal de destino por circunstancias excepcionales de conciliación de la vida
profesional. Es decir, entendemos que cuando se presentó esta iniciativa ya se habían promulgado numerosas medidas de las que se proponen, lo que no quita para que haya que seguir avanzando y desarrollando las órdenes ministeriales que regulan cada
uno de estos aspectos.
En otro orden de cosas, el contenido de la PNL mezcla cuestiones que nada tienen que ver entre sí en una pretensión de abarcar más de lo que es propio a una sola iniciativa parlamentaria. Y es así porque incluir en un solo texto la
conciliación de la vida personal y familiar con la atención a las familias de los fallecidos o heridos en acto de servicio puede traer confusión sobre la verdadera pretensión de esta iniciativa. Desde luego, en Ciudadanos lo tenemos claro y hemos
presentado iniciativas que avanzan en la mejora de las condiciones de trabajo del personal militar. En primer lugar, presentamos una proposición no de ley para avanzar en la mejora del seguro colectivo de las Fuerzas Armadas que, curiosamente,
sobre el que a la postre el Consejo de Ministros ha autorizado la celebración del contrato unificado del seguro del Ministerio de Defensa y sus organismos autónomos por un importe de 28 millones de euros. En segundo lugar, tengo que destacar que en
el mes de noviembre del año pasado se aprobó una iniciativa presentada por Ciudadanos en esta Comisión, donde se pedía potenciar el apoyo al personal y familiar de las Fuerzas Armadas y elaborar una ley de movilidad geográfica para el personal de
las Fuerzas Armadas. En definitiva, señorías, en Ciudadanos nos alegra sobremanera que nuestras peticiones para mejorar la vida de nuestros militares y sus consecuencias sean aceptadas por el Ministerio de Defensa, incluso muchas veces antes de que
se debatan en esta Comisión, lo que no hace sino demostrar que vamos por el buen camino.
Finalmente, en la segunda parte de la enmienda que hemos formulado nos hacíamos eco simplemente de una petición que había formulado la Aume, la Asociación Unificada de Militares Españoles de la posibilidad de crear un órgano central de
suficiente nivel orgánico dotado de presupuestos y servido por profesionales especializados que aglutine todas las medidas de apoyo a las familias de los militares.
Señorías -ya termino-, la atención a las familias de los militares ha de ser una prioridad en la política de la defensa de este Gobierno para demostrarles que no están solas y como tal hay que abordarlas. Consideramos así que el Gobierno
tiene en estos momentos una oportunidad de oro para demostrar su compromiso con la dignidad de estas familias cuyos miembros han dado su vida por nuestro país, y a ellas nos debemos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra la señora Sánchez.
La señora SÁNCHEZ MELERO: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, nos hemos alegrado de que el Grupo Popular haya aceptado la incorporación de las enmiendas que hemos presentado con una pequeña modificación, para el conocimiento del resto de los grupos. En la segunda enmienda que he
presentado se modificaría la revisión sistemática por hacer evaluación de la aplicación de las órdenes ministeriales.
Nos alegramos de que hayan sido aceptadas estas enmiendas fundamentalmente porque consideramos que sin las mismas la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular quedaba algo hueca y quedaba algo poco concreto del trabajo que, sin
duda, hay que seguir haciendo para la mejora de las condiciones de vida de los profesionales de las Fuerzas Armadas. No hace tanto que en esta Comisión se ha debatido sobre el dictamen del Observatorio de la Vida Militar, no solo en esta edición de
este año, sino también en la anterior de 2014, que reflejaba la preocupante desmejoría, o al menos no mejoría, de las condiciones de vida de los profesionales de las Fuerzas Armadas, a pesar de las sucesivas órdenes ministeriales dictadas para
mejorarlo. Por tanto, uno de los primeros elementos que queríamos enmendar, y que ha formado parte de nuestra propuesta, es reconocer que esa Orden Ministerial 1363, de 2016, de la que ha hecho mención la portavoz del Grupo Popular es una orden
ministerial que tiene dificultades para ser desarrollada. A día de hoy en el Consejo asesor de personal de las Fuerzas Armadas es habitual y constante que las asociaciones de profesionales de las Fuerzas Armadas denuncien y pidan, de alguna forma,
que se busquen mecanismos de solución a la realidad cotidiana en la que al final no se aplican ni las jornadas ni los permisos ni los descansos que deberían estar establecidos. Y es sencillo, el artículo 4 de la propia orden dice que las
necesidades de los servicios prevalecen sobre las fechas y duración de los permisos aquí recogidos. Por tanto, es demasiado común que toda esa retahíla de medidas tendentes a la conciliación y a la mejora de la vida laboral, a las condiciones
laborales de nuestros profesionales, no tenga efecto porque alguien, algún mando -sin duda con buena intención-, determina que la necesidad de servicio está por encima de ese permiso. Por eso era importante para este grupo parlamentario que se
reflejara -y así va a quedar con nuestra enmienda- que es urgente que se evalúe la aplicación de esas órdenes ministeriales, porque a lo mejor hay que tomar la decisión de modificar esa ley y eliminar algo fundamental, que es la disposición final
sexta, que dice: Las medidas recogidas en esta resolución no suponen incremento de dotación ni retribución ni otros gastos de personal. Es absolutamente imposible que una orden ministerial que persigue reducir las jornadas, garantizar los permisos
de paternidad y de maternidad y mejorar las condiciones en las que se puede conciliar, es imposible que cumpla su función si no tiene una dotación presupuestaria.
La defensa de la conciliación, como el compromiso con cualquier derecho, se mide por el volumen del presupuesto que se dedica a hacerlo efectivo. Luego también era importante para este grupo que apareciera ese punto tercero de nuestra
segunda enmienda, y en este momento en que está punto de llegar el presupuesto a esta Cámara se recuerda al ministerio que la adecuada dotación presupuestaria es el paso imprescindible para que garanticemos el bienestar de nuestros profesionales y
sus condiciones de vida. De igual forma, hemos querido recuperar algo que ya venía en el dictamen del Observatorio de la Vida Militar y que fue aprobado por el conjunto de esta Comisión, que es la necesidad de aumentar las plazas y mejorar los
convenios con las comunidades autónomas para dotar de plazas de educación infantil, que ahora mismo están muy por debajo de las necesidades de nuestros profesionales.
Por último -que era la primera enmienda-, creo que es importante explicar por qué hemos hecho una mejor y más extensa redacción en cuanto a la primera propuesta, que hablaba de la defensa de la conciliación y la maternidad. Agradezco que se
haya aceptado esta enmienda y espero que eso signifique que el Grupo Popular empiece a entender que la conciliación va mucho más allá de una formulación abstracta de la defensa de la conciliación. Esto no va de definir que queremos que
abstractamente se
ejerza la conciliación. Para que haya conciliación tiene que haber un compromiso político claro en entender qué significa conciliar, no solo lo que tiene que ver con las familias sino también con la vida personal; uno necesita tiempos de
descanso y uno necesita tiempos de trabajo, y para eso hay que invertir y hay que tomárselo en serio, especialmente en un sector como las Fuerzas Armadas, en el que las necesidades de servicio sin duda determinan que para que un profesional de las
Fuerzas Armadas pueda conciliar seguramente el impacto y la inversión en personal que tenga que hacerse sea mucho mayor que en cualquier otro tipo de empresa o de ámbito de la Administración pública. Por otra parte, nos parece que es una buena
señal que el Grupo Popular separe conciliación de maternidad entendiendo que no solo el ejercicio de la maternidad tiene que ver con la conciliación, ya que hay una vida personal que a lo mejor no tiene que ver con tener hijos y que también merece
ser conciliada.
Ahora bien, nos parece imprescindible que cuando hablemos de maternidad hablemos también de paternidad, porque la maternidad, la crianza y el cuidado no es una cuestión exclusiva de las mujeres, es una cuestión de hombres y mujeres y, por
tanto, hay que fijarlo claramente cuando hablamos de maternidad y paternidad, especialmente en las Fuerzas Armadas, donde muchas familias se forman con ambos profesionales de las Fuerzas Armadas -creo que hay casos en esta misma Comisión de
compañeras que están en esa situación- y la conciliación no es que sea difícil, sino casi imposible. Por eso, hemos querido reflejar con mucho detalle de qué estamos hablando cuando hablamos de maternidad y de paternidad.
Nosotras estamos de acuerdo con la enmienda que plantea el Grupo Parlamentario Socialista y lamentamos que no sea aceptada. Seguro que quien me suceda en el uso de la palabra explicará que presentará otras iniciativas para que se pueda
debatir esa propuesta que nosotros apoyaremos. Insisto en que nos alegramos de que hayan sido aceptadas nuestras enmiendas. Mientras no veamos reflejado en unos presupuestos que se aplican las órdenes ministeriales y que se persigue cómo
garantizar, que es altamente justificado, la no aplicación de las jornadas, descansos y mejoras salariales, nosotros seguiremos al menos poniendo en duda que se esté mejorando lo suficiente.
Gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Sánchez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Botella.
La señora BOTELLA GÓMEZ: Gracias, señor presidente.
Efectivamente, la primera lectura de la proposición no de ley presentada por el Grupo Popular, por la diputada Bonilla, en principio nos parecía -dicho de modo coloquial- un brindis al sol, para dar mayor apoyo moral a la acción del Gobierno
del grupo parlamentario que sustenta al Gobierno. Pero bueno, la sospecha se ha confirmado plenamente en su exposición, señora Bonilla, porque en realidad parecía una comparecencia en diferido del Ministerio de Defensa. En realidad, más que
desarrollar las líneas de propuesta de lo que pueda ser impulsar acciones del Ejecutivo, usted da traslado de lo bien que lo está haciendo el Ejecutivo o de lo que está haciendo el Ejecutivo -me parece muy bien lo bien que lo esté haciendo o las
mejoras que pueda hacer- en un formato de comparecencia en diferido porque no es el momento, claro. Hay un verbo que ya da una pista, y es el verbo continuar. El verbo continuar no tiene cualidad, porque no sabemos hacia dónde va ni de dónde
viene, es un verbo casi estático, porque no nos promueve a algo. Continuar es un verbo que, como hemos visto en algunas de las enmiendas, es fácil darle un poco más de calor en el impulso, en la mejora, en el refuerzo. De hecho, si usted entra en
el informe del Observatorio de la Vida Militar, hay una relación de verbos en positivo y con gran carga de acción para que el Ejecutivo se ponga las pilas en un tema que usted define como prioritario y que nosotros compartimos que lo es; es tan
prioritario que nos hemos puesto a la faena y nos hemos tomado la molestia de ver en qué podíamos mejorar nosotros y qué podíamos aportar para que su proposición de ley quedara lo más completa posible para instar al Gobierno a todas las mejoras
convenientes.
Nosotros consideramos que, tal y como está planteada -además usted lo decía, que hay unas líneas guía del ministerio-, el gran problema que una tiene cuando se enfrenta a todas las hojas del presupuesto es que todas estas políticas sociales
están distribuidas -lo comentábamos antes- en mil y un detalles de los contenidos programáticos, códigos de programas, etcétera. Es importante saber de qué estamos hablando si vamos a decirle al ministerio que continúe en no sé qué, porque ya le
digo que no sé qué entender, y ni siquiera si el ministerio va a entender lo mismo que nosotros aquí en el Parlamento porque no tienen los mismos epígrafes que los códigos de los Presupuestos Generales del Estado; no se a qué llama la defensa de la
conciliación y la maternidad -la diputada de Podemos ya ha hecho mención a que
hay términos que debemos distinguir muy bien-, no sé a que llama la protección social, al apoyo al entorno familiar del militar o a la atención a las familias de heridos en acto de servicio. Yo creo que sí era procedente lo que nosotros
comentábamos y usted me da la razón al decir que en realidad estas líneas son unas líneas guías. Para nosotros sí que es importante saberlo. Es más, para no hablar en etéreo también necesitaríamos saber qué evolución hay, cuál es la situación real
de esta problemática, que tiene dos niveles: el cualitativo, que es que hay un abanico de posibilidades y de mejoras, pero también de qué modo están beneficiando al personal de las Fuerzas Armadas y sus familiares, cómo pueden acceder, de qué
manera las necesidades del servicio no están teniendo una impronta tan fuerte que impide que se puedan hacer, lo que indica que entonces habría que arbitrar algunas medidas para mejorar. Alguna de ellas también se ha esbozado ya, y es que
definitivamente habrá que invertir más en las Fuerzas Armadas, en su número de efectivos, que también se ha visto disminuido considerablemente, o en la organización de determinados servicios. Habrá que afrontarlo, y solo se puede afrontar cuando se
tiene un diagnóstico. Por eso nosotros le aceptábamos entero su primer y único acuerdo, propuesta de acuerdo o proposición de ley, pero luego añadíamos intentando mejorar. Ustedes la rechazan, pero no pasa nada. Nosotros tenemos tanto interés en
coadyuvar a la mejora de esta situación -lo comentábamos antes- que vamos a presentar una proposición de ley en este sentido.
Segundo punto. Cuando hablamos de continuar me preocupan muchísimo los breves indicadores que he podido ver al respecto de cómo están evolucionando en esta temática de las políticas sociales. Señora Bonilla, vamos a ver, en cuanto a las
guarderías en funcionamiento, en el año 2017 el código binario, que sale 11869 de órgano central, Guardia Real, Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, es el mismo que dejamos nosotros no en el año 2011 sino ya en el año 2010. Es
exactamente lo mismo; estático. En cuanto al número de niños y niñas que acceden a guarderías en funcionamiento ocurre exactamente lo mismo. En algún caso puede decirse que en el Ejercito de Tierra habrá veinte plazas más o veinte niños o niñas
más disfrutando del servicio de guardaría.
En el Observatorio Militar para la Igualdad -nosotros le llamábamos Observatorio de la Mujer- hemos pasado de comités técnicos e informes técnicos, a razón de ocho cada año disciplinadamente -porque ahí se ve una voluntad de cumplir-, a
tres, a cero; por ejemplo, en el año 2016 se realizaron cero comités y cero informes técnicos. Y en los centros de educación infantil usted ha dado algún dato, pero en la estadística del propio Ministerio de Defensa se dice que no hay ningún
convenio marco y que convenios específicos hay cero, cuando en 2011 había seis. Por no hablar de los cursos sobre género que en el año 2017 hay once, y en nuestra última legislatura nosotros lo dejamos en cuarenta. Vamos a ver, a mí me preocupa
que cuando uno sigue la línea de estas estadísticas -y era justamente la siguiente que yo estaba mirando- vemos que la cría caballar de las Fuerzas Armadas, en el número de horas que dedica a la formación ecuestre, y que ha multiplicado por seis,
tiene un grado de cumplimiento mayor que los anteriores indicadores sociales que le he dicho. Y nos preocupa que las líneas de investigación de la actividad relacionadas con la ganadería equina, que son muy necesarias y muy loables, tengan mejores
indicadores que el número de guarderías y el número de plazas de niños en escuelas infantiles para las Fuerzas Armadas. Ese es el problema del que estamos hablando cuando decimos sin números. Nos parece tan importante que nos extraña que no haya
hecho tampoco mención -con esto voy acabando, presidente, y gracias por su bondad- a que en el importante informe del Observatorio de la Vida Militar, que en los dos últimos años ha hecho importantes aportaciones e incluso sugerencias de carácter
legislativo -que no es que no lo haya hecho, sino que no lo ha hecho con el calado que tiene el informe en el sentido de que estamos en el Poder Legislativo, y el informe hace propuestas tomándose la molestia hasta de redactar posibles cambios
legislativos, y hubiera sido muy apropiado que en una PNL como esta hubiéramos podido valorar-, repito, que tampoco haya hecho mención al tema del dictamen de esta propia Comisión de Defensa, en la que mayoritariamente asumimos gran parte de lo que
consideramos todos más importante de ese informe del Observatorio de la Vida Militar, con lo cual estamos perdiendo una ocasión de oro para que esta proposición no de ley que usted ha traído, además de habernos contado las excelencias o las mejoras
o el esfuerzo que está realizando el ministerio, hubiéramos tenido -lo que creo yo que es más competencia nuestra- una acción de impulso a la mejora de lo que hace el ministerio. En ese sentido lo vemos tan importante que hemos pedido hoy mismo la
comparecencia del señor subsecretario de Estado del Ministerio de Defensa para que, en relación con estas líneas guías del ministerio, tenga la bondad de explicarnos detalladamente cuáles son las mejoras en los cinco últimos años y cuál es la
previsión para el próximo ejercicio presupuestario.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Botella.
A continuación pasamos a las intervenciones de los diferentes grupos en lo que respecta a su toma de posición.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra señor Salvador.
El señor SALVADOR ARMENDÁRIZ: Gracias, señor presidente.
Intervengo brevemente para agradecer la propuesta que presenta el Grupo Popular. Obviamente nosotros la vamos a apoyar como no podía ser de otra manera. Quiero saludar también la disposición de todos los grupos a llegar a acuerdos. Me da
la sensación de que, con matices y cada uno manteniendo sus posiciones y su valoración crítica, hay una cierta sintonía que quiero valorar positivamente, y desear que se mantenga para cuando pasemos de las musas al teatro, de lo abstracto a lo
concreto. Es verdad que todos podemos decir que queremos que mejoren las condiciones, pero luego habrá que ponerlo negro sobre blanco. Yo creo que efectivamente pueden mejorar y además merece que mejoren. Por tanto ahí hay un escenario en el que
cada uno nos tendremos que retratar cuando llegue el momento. Hombre, yo cuando veo que la propuesta dice instar al Gobierno, me parece bien que sea al Gobierno, pero casi me veo en el espejo, y sabiendo que hay una subcomisión -como tenemos
nosotros- y un trabajo que estamos haciendo, casi nos deberíamos instar a nosotros mismos a que efectivamente, más allá de las propuestas que puedan hacer ellos, también las hagamos nosotros; o bien hagamos nuestras las suyas o bien podamos
trasladarlas y consensuar, porque yo creo que es el momento de hacerlo, aunque -como ya digo- cada uno manteniendo su postura crítica con lo que se ha hecho, etcétera, pero si mantenemos ese espíritu estoy seguro, y desde luego lo deseo, que
podremos estar orgullosos del trabajo que podamos hacer.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Salvador.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, señor Legarda.
El señor LEGARDA URIARTE: Muchas gracias, presidente, pero no haré uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Legarda.
La señora diputada del PP, ya se ha pronunciado sobre las enmiendas, de manera que no hace falta que la señora Bonilla tome la palabra de nuevo.
- RELATIVA A LA SUBASTA POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LAS PARCELAS QUE SE UBICAN EN EL PARQUE DE ARTILLERÍA (DIEGO PORCELOS). PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de
expediente 161/002202).
El señor PRESIDENTE: Pasamos por tanto a la siguiente proposición no de ley, relativa a la subasta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que se ubican en el Parque de Artillería Diego Porcelos, presentada por el Grupo
Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se ha presentado una enmienda.
Para la defensa de la proposición no de ley, y por el Grupo Parlamentario de Unidos Podemos, tiene la palabra el señor Vila.
El señor VILA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Buenos días, señorías. Lo primero que me gustaría decir es que el tema que estamos tratando aquí es un tema político, de voluntad política, y que por tanto si el Partido Popular quisiera, el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Burgos
mañana mismo firmarían un convenio para revertir los terrenos del Parque de Artillería a la ciudad de Burgos. Si en vez de velar por el bolsillo de los constructores y los banqueros amigos ustedes estuvieran velando por los intereses de los
burgaleses y del barrio de Gamonal, apoyarían esta iniciativa y la pondrían en marcha cuanto antes. Conviene destacar también que Gamonal es un barrio que concentra los mayores índices de pobreza, paro y precariedad en la ciudad de Burgos. Por
tanto a nuestro juicio es un barrio que necesita más que nadie un Gobierno nacional y un ayuntamiento que piense en las necesidades vitales de la población, antes que en el próximo pelotazo que se pretende dar.
Señores del Partido Popular, ustedes pretenden arrebatar a la ciudadanía burgalesa unos terrenos que son de todos y de todas; y lo pretenden hacer esgrimiendo unos argumentos falaces, basados en acuerdos propios de otros tiempos políticos,
de los cuales han hecho ustedes abuso, que se suelen firmar de espaldas a la ciudadanía y en despachos cerrados, generalmente para que nadie los viera. A mí me gustaría decirles a quienes justifican su posición, sobre la base del convenio de 2006,
o a quienes hablan de acuerdo entre partidos e instituciones de cuando la realidad política social, institucional y electoral de este país era otra diferente al actual, o a quienes hablan de permutas para que en cualquier caso sean los y las
burgalesas quienes paguen con su patrimonio público este terreno y se siga especulando con lo que es un terreno público, les decimos desde Unidos Podemos que están ocultando la verdad a los españoles y a los burgaleses, porque -repito- si el Partido
Popular quisiera mañana mismo se detendría el proceso de subasta de las parcelas y se firmaría un nuevo convenio para devolver los terrenos a la ciudad y para cerrarle la puerta a la especulación, dejando atrás el triste y lesivo convenio que el
Partido Popular y el Partido Socialista firmaron en 2006 y que nos ha traído a esta situación.
Señores del PP, yo les pediría que piensen en nuestro país y en las necesidades de los burgaleses; que defiendan a la patria y dejen de venderla pelotazo tras pelotazo. Ustedes, que hablan de la Constitución española y de cumplir las
leyes, cúmplanlas y trabajen para aplicar las sentencias de los tribunales que se han pronunciado sobre este asunto, que han sido tres: el Juzgado de Primera Instancia de Burgos, la Audiencia Provincial de Burgos, y en última instancia, en
sentencia y casación definitiva, el Tribunal Supremo. Saben ustedes perfectamente que estas sentencias anulaban la venta inicial por falta de objeto; es decir, porque quien vendía esas parcelas no ostentaba la propiedad de las mismas, y por tanto
no las podía vender; estas sentencias anulan la venta y por tanto la propiedad del ministerio de estos terrenos. Algunos grupos -ya me lo han dicho; les he oído decirlo- me dirán que ya se ha pasado el plazo de ejecución de esas sentencias,
porque son sentencias que tienen cincuenta y seis años, y estamos de acuerdo; pero que se haya pasado el plazo de ejecución de una sentencia, en un tema que todavía está abierto y que afecta a la ciudadanía burgalesa, no impide que se ponga la
política encima de la mesa y que se modifiquen decisiones que se han tomado a lo largo de los años y que han sido erróneas, porque han ido contra los intereses de la mayoría de la población, de la mayoría de los vecinos y de las vecinas de Burgos.
Creo además que no hubiéramos llegado esta situación si ustedes, desde las administraciones públicas, hubieran hecho algo a lo largo de todos estos años para dar cumplimiento a dichas sentencias o si el Ayuntamiento de Burgos, gobernado
prácticamente todas las legislaturas por el Partido Popular, hubiera reclamado sus derechos, defendiendo así los derechos y los intereses de la ciudadanía burgalesa, y por supuesto si no hubiese sido su partido, el Partido Popular, el que firmó en
nombre del ayuntamiento el convenio de 2006, en el que ustedes dilapidan voluntariamente el patrimonio de la ciudad, entregando los terrenos a Defensa en plena burbuja inmobiliaria y para el fomento de la especulación. Lo hacen además con unas
parcelas que desde todo punto de vista deberían ser para uso social, porque lo dijo el pleno municipal del Ayuntamiento de Burgos en 2005 por unanimidad. Es decir, ustedes estaban de acuerdo en que el uso de estos terrenos debería ser social. Lo
dice el propio acuerdo de anexión entre el Ayuntamiento de Burgos y el Ayuntamiento de Gamonal, y por si los acuerdos políticos no son suficientes para ustedes, también lo dice el artículo 6 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas,
cuyos principios dicen que la administración del patrimonio debe estar preferentemente dedicada al uso común frente al uso privativo. Estos principios evidentemente son de obligado cumplimiento para el Invied, y por tanto sería lógico que el
Ayuntamiento de Burgos y ustedes aquí hoy defendieran que no hay mayor uso común para estos terrenos que acabar con la fractura entre Gamonal y Burgos que hoy en día supone, dado que es una barrera física, social, tangible e incómoda. Y no parece
que las viviendas que se proyectan en el convenio de 2006 y en el propio procedimiento de subasta que está en marcha en el día de hoy vayan a solucionarlo, porque seguirían siendo un muro de hormigón que separa Gamonal del centro de Burgos. También
deberían revisar este convenio para que fueran ambas administraciones las que garantizaran dicho uso común, en lugar de ceder mediante subasta la iniciativa al sector privado, que sin duda y a lo mejor legítimamente van a priorizar el beneficio
económico o cualquier tipo de planificación urbana de interés social.
Dado este incomprensible incumplimiento de las obligaciones legales y políticas de ambas administraciones en relación con el uso del suelo, en beneficio de los intereses públicos y no privados, estamos obligados a preguntarnos qué fines
persigue el Misterio de Defensa con la necesidad de capitalizar el patrimonio y por qué lo hace. La respuesta la hemos encontrado mirando los Presupuestos
Generales del Estado. Cuando se comprueba la ejecución presupuestaria del Ministerio de Defensa a fecha 31 julio se reflejan 1100 millones más de gasto ejecutado que lo que reflejaban los presupuestos de 2016, a pesar de que estos suponían
un aumento de 7600 millones, es decir un 32 % más que los presupuestos del año anterior. Por tanto si el Ministerio de Defensa no es capaz de ajustar sus previsiones de gasto con su gasto real, no puede pretender buscar ingresos a costa de los
intereses de la ciudad de Burgos y de los vecinos y las vecinas de Burgos. Entendemos que el Partido Popular y el Partido Socialista se sientan presos de la desastrosa gestión presupuestaria del Ministerio de Defensa; son cómplices ambos de la
trampa de los presupuestos especiales de armamento. Por más que se acusen mutuamente de su desastrosa gestión, ambos han sido incapaces de hacer una correcta planificación de la inversión en defensa y seguridad que pusiera en el centro el interés
de nuestro país, y no los intereses de la industria armamentística. De esta nefasta gestión, de esos barros -que se dice por ahí-, estos lodos. Así que lo que les pedimos desde Unidos Podemos con esta iniciativa básicamente, señorías del PP, es
que no abusen más de la ciudad de Burgos, que no utilicen la ciudad para financiar su nefasta gestión del Ministerio de Defensa, y que no hagan caja con el patrimonio municipal para sufragar sus compromisos políticos de aumento del gasto militar con
el señor Trump o con los señores de la guerra. Burgos ya ha sido muy generosa además con el Ministerio de Defensa durante toda la historia. El ministerio en poco más de veinte años ha ganado más de 80 millones de euros vendiendo propiedades,
previa recalificación, que le habían cedido gratuitamente el Ayuntamiento de Gamonal o el Ayuntamiento de Burgos. Consideramos que ya es hora de que el Ministerio de Defensa y el Gobierno de España respondan a Burgos con la misma generosidad. Y
por responder también a un argumento que sé que me va a dar por lo menos un grupo político en esta sala, creemos que no es un agravio comparativo en tanto que hay ejemplos en España de que esto ha pasado. Tenemos el ejemplo de Santander en 2015, en
que se cedieron los terrenos al ayuntamiento gratuitamente. Mérida en 2014, 22 000 metros cuadrados. Toledo en 2007, 147 000 metros cuadrados. En Mislata, Valencia, en 2015, 10 000 metros cuadrados. Es decir, hay ejemplos de que esto se puede
hacer cuando hay voluntad política. Por tanto no hacerlo sería un agravio comparativo con la ciudad de Burgos, por todo esto que acabo de decir.
Para finalizar, vuelvo al principio para dejarlo muy claro. Estamos ante una cuestión de voluntad política, si el PP quisiera mañana mismo se firmaría un nuevo convenio que revirtiese los terrenos del Parque de Artillería a la ciudad de
Burgos sin coste adicional.
Muchas gracias, presidente. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vila.
Para defender la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Gracias, presidente.
Bienvenido al grupo proponente a una demanda que tienen, que tenemos los vecinos y vecinas de Burgos, de Gamonal, de Juan XXIII y de San Bruno. Bienvenidos a la política de presión que llevamos mucho tiempo trabajando, desde hace casi más
de una década. Y es que los que vivimos en el barrio de Gamonal sabemos lo que no queremos; sabemos que la especulación urbanística -pero también la informativa- no nos lleva a ningún sitio; sabemos que solo un acuerdo bien argumentado, firme,
sólido y fruto de la unidad nos dará fuerza como ciudad para reivindicar al Ministerio de Defensa que desista de celebrar la subasta del 27 septiembre, de mañana, y para exigir la aceptación de la permuta planteada por el Ayuntamiento de Burgos al
Instituto de Vivienda del Ministerio de Defensa con los terrenos del antiguo Parque de Artillería. Porque el hastío y enfado de los vecinos con la gestión de las distintas administraciones en la ciudad de Burgos y en concreto en el barrio de
Gamonal -no del Gamonal, como se esfuerzan algunos en decir- nos exige más que nunca que no demos ni un paso atrás, ni para coger impulso, con este tema.
Tenemos tan claro desde el Partido Socialista que la única opción es hacer fuerza todos juntos frente al Ministerio de Defensa, que nuestra voluntad es llegar a acuerdos, y por eso hemos presentado el grupo proponente una enmienda a su texto
para poder aprobarlo. Pero también tengo que pedirles una cosa, les animó a ser honestos y defender los intereses de los burgaleses, y les repito: la única opción que puede posibilitar que los ciudadanos disfruten del espacio del Parque de
Artillerías es que Defensa dé marcha atrás con la subasta y acepte la permuta. De esa manera podremos abrir la oportunidad de crear un espacio para el barrio, para los vecinos, que contenga lo que necesitemos: espacios cívicos, centros culturales,
sociales, de mayores. Y es que nos corresponde defender los intereses de los ciudadanos, pero también trasladar a la opinión pública una información veraz sobre la titularidad de los terrenos.
En relación con lo que el grupo proponente argumenta tengo que decir ciertas cosas. ¿El Ayuntamiento de Gamonal tenía inventariados los terrenos? No. ¿El acuerdo de venta de los Catorce de Gamonal y el Ramo de Guerra fue elevado a
escritura pública y llevado al Registro de la Propiedad? Sí. ¿Alguien impugnó este acuerdo? No. ¿Existe una sentencia del Tribunal Supremo de 1961? Creo que sí, pero también es cierto que nadie la ejecutó, porque como saben los más mayores del
lugar se llegó a un acuerdo previo en la sentencia, el Ramo de Guerra se quedó con los terrenos y los particulares -como dice algún vecino de la zona- se quedaron con las perras que sacaron. Así que ¿esto que nos plantean da la posibilidad de
albergar alguna esperanza para que los terrenos pasen a disfrute de los burgaleses? Pues no. ¿Y por qué? Porque no existe base legal para reclamar nada, pero además la Ley de Enjuiciamiento Civil, la Ley Hipotecaria, el principio de usucapión, no
están de parte de esta propuesta que plantean. Por tanto el acuerdo es válido, nos guste o no, y la sentencia del Tribunal Supremo es inejecutable porque ha prescrito, a no ser que el proponente esté diciendo que hay que saltarse la ley, cosa tan
de moda en los últimos tiempos.
Tenemos por tanto dos opciones encima de la mesa: la de los vecinos, que quieren disponer de los terrenos -y eso es posible a través de la permuta-, o enredarnos en opciones que suenen bien, pero donde cualquier juzgado va a dar la razón a
Defensa. La propuesta que hace Podemos, en contradicción a lo que apoyó hace un año, nos deja una cruda realidad: no tendremos los terrenos y tras años de litigar se dará la razón a Defensa. Pero es que además -para terminar- no es bueno para una
oposición fuerte, sólida y de presión de los burgaleses, de los ciudadanos frente al Ministerio de Defensa, que su partido entre en contradicción constante con este tema, un tema por cierto en el que hasta hace poco no tenían ni siquiera posición,
porque el grupo que les representa en el Ayuntamiento de Burgos votó favorablemente a la propuesta que nosotros le estamos haciendo en la enmienda, votó favorablemente a la permuta; y no solo eso, no solamente lo hizo en el Pleno del 14 octubre de
2016, sino que también lo ratificó en el Consejo Ejecutivo de la Gerencia de Fomento. Así que con toda la humildad, pero también toda la firmeza, les animo a dejar atrás las contradicciones, a que apoyen esta enmienda que les planteamos, que no
solo es nuestra, sino del ayuntamiento en su conjunto y de toda la ciudad. Claro que lo deseable serían otras opciones, pero es que no son posibles. El mismo portavoz de su grupo en el Ayuntamiento de Burgos dijo en el debate que la opción que
presentan aquí es bonita, pero es imposible. No hay opción, no solo no existe base legal para reclamar nada, sino que en caso de judicializar el tema Defensa saldrá victoriosa, y los vecinos una vez más abandonados en el tiempo. Por tanto vamos a
centrarnos en la única oportunidad que tenemos para que los terrenos vuelvan a la ciudad. Les invito a que presionemos juntos a Defensa; les animo a que acepten la enmienda que hemos presentado, que no enquistemos el problema, y que tengamos claro
que solo presionando todos juntos en las instituciones, con una posición firme y posible, podremos conseguir que estos terrenos del Parque de Artillería de la ciudad de Burgos se liberen para disfrute de sus vecinos.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peña.
Pregunto al portavoz del Grupo Parlamentario Vasco, ¿va a hacer uso de la palabra? (Denegación). Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO FUSTER: Gracias, presidente.
Es innegable que estamos ante un problema que se dilata en el tiempo y que afecta a todos los burgaleses, como es la mejor conexión de la ciudad una vez que las fincas que ocupaba el antiguo Parque de Artillería, de titularidad del
Ministerio de Defensa, sean convenientemente permutadas con el ayuntamiento. Burgos necesita una solución a este contencioso urbanístico, y desde Ciudadanos entendemos que el problema admite una fácil solución, sustentada en la negociación entre
las partes implicadas. Por ese motivo el fondo que subyace en la proposición no de ley que se ha presentado es razonable; lamentablemente no ocurre lo mismo con las formas. La iniciativa parlamentaria está plagada de contradicciones y errores,
terminando por pretender un asalto a las arcas estatales al pedir, primero, que se revise el convenio entre el ayuntamiento y Defensa; segundo, la cesión gratuita -cesión gratuita- de los terrenos, y tercero, como guinda, que Defensa -o sea, todos
los españoles- pague los gastos que tenga el ayuntamiento en su actuación sobre el terreno. Estamos convencidos de que ni siquiera los burgaleses quieren esta solución, y no es la que se merecen porque con esta propuesta no se conseguiría
sino eternizar el problema, lo que provocaría que la ciudad tuviera que esperar años para poder tener acceso a esos terrenos.
En esta PNL se hace referencia a varias sentencias que afectan a los terrenos, pero sobre la que el propio diputado proponente, Miguel Vila, ha manifestado en rueda de prensa que ha caducado la posibilidad de ejecutar aquel fallo del
Tribunal Supremo del año 1961. En consecuencia no se discute la titularidad del vendedor de los terrenos a Defensa, y por ende la legalidad de la operación contractual. La iniciativa reconoce que las instalaciones militares incluso fueron un motor
económico para la ciudad y sus habitantes, razón por la que no se entienden muy bien las críticas hacia el Ministerio de Defensa. Consecuentemente lo lógico -y desde Ciudadanos lo apoyamos- es que las partes implicadas -Ayuntamiento de Burgos por
un lado y Ministerio de Defensa por otro- desarrollen una labor de negociación que culmine con la obtención por la ciudad de Burgos y todos los burgaleses de esos terrenos tan necesarios mediante la correspondiente compensación económica.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Sí, presidente, buenos días, muchas gracias.
La titularidad del inmueble del que estamos hablando es del Ministerio de Defensa. Si no están de acuerdo, señorías de Podemos, recúrranlo, que hasta el momento no han realizado ninguna acción judicial. No le voy a recordar ahora la
certificación obrante en el propio expediente, expedida por el titular del Registro de la Propiedad número 3, en el cual claramente se determina quién es el titular de ese inmueble. Evidentemente es muy loable la historia que hace de los Catorce de
Gamonal nuestro querido amigo don Jesús Ojeda, sobre el que se han basado ustedes prácticamente en todo su argumentario, pero discrepamos absolutamente de que no tienen nada que ver con los bienes comunales. Por lo tanto titularidad del Ministerio
de Defensa.
Con esa actitud negligente, con esa actitud de incendiar creando unos conceptos que no son verdad, faltando a la verdad, han conseguido hasta enfadar al Partido Socialista. Quiero enseñarles el Diario de Burgos del día 7 de septiembre, que
dice: El PSOE acusa a Podemos de mentir y afirma que la titularidad es de Defensa. Nos ha unido con el Partido Socialista por su negligencia y por las ganas evidentes que tienen ustedes de complicar la situación en un barrio tan querido y tan
entrañable como es el barrio de Gamonal. Su contradicción está, señor Vila, en que su propio grupo político, como ha relatado la diputada del PSOE, en el Pleno que hubo el día 14 de octubre de 2016 se abstuvo en la solución de la permuta (La señora
Peña Camarero: Votó a favor), con lo cual estaban reconociendo que algo mal habían hecho, y luego en determinados foros tampoco tuvieron mucha razón en lo que estaban haciendo.
Usted y su grupo también desconocen la ley. El 17 de mayo de 2010 -gobernaba el Partido Socialista- se declaró la desafectación de fin público y su inalienabilidad, y se puso a disposición del antiguo organismo, que hoy en día es el Invied,
para poder proceder al cumplimiento de los fines. Hay que recordar que esa petición de cesión gratuita no cabe. Ustedes desconocen la ley, porque precisamente tenemos el Real Decreto 924, de 16 de octubre de 2015, por el que se aprueba el estatuto
orgánico del Invied, que establece claramente en su punto b) la enajenación a título oneroso de bienes inmuebles que sean desafectados por el ministerio. Ese es su objeto principal y está ratificado en el artículo 31.5 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre, que es la Ley de Patrimonio de las Administraciones. Señorías, evidentemente no podemos acceder a esa petición de la cesión gratuita al Ayuntamiento de Burgos porque va contra legem.
Quiero recordarles también que la diputada Tania Sánchez hablaba de incrementar presupuestos para atender las prestaciones sociales del ejército. Perfecto. Usted parece que las quiere recortar por otra vía. La posición geoestratégica de
España requiere unos medios para poder defender su situación, tanto en materia internacional como en materia de mantenimiento de la paz. Y para eso necesita allegar unos recursos. Parte de esos recursos se pueden allegar evidentemente a través de
la administración -insisto- diligente del patrimonio del que dispone el Ministerio de Defensa, y otros fondos se pueden allegar por otros recursos. Por eso usted no tiene la razón en cuanto a lo que ha planteado. ¿Simbiosis ejército-pueblo
burgalés? Evidentemente, siempre la ha habido; el ejército ha aportado mucho a Burgos y Burgos ha aportado mucho al ejército. Por eso mantengamos la paz en ese sentido, que nos ha venido muy bien a todos. Ya sabemos cuál es su modo de gobernar,
diputado Vila; es un modo de puro populismo que se demuestra en este caso engañando y haciendo concebir falsas esperanzas a la población burgalesa al
respecto de que van a poder tener gratuitamente algo que no va a ser posible, como ustedes además bien saben en el fondo. Pero la verdad, diputado Vila, solo es una; la verdad es que hay que acudir al Registro de la Propiedad para ver
quién es el titular de esos terrenos. Insisto, acudan y vean la certificación expedida por el señor Alfaro, a la sazón titular del Registro de la Propiedad número 3 de Burgos. Desde el Grupo Popular nos revelamos ante tanta falsedad, y por
supuesto queremos que siempre luzca la verdad y por eso vamos a votar en contra de su iniciativa. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Mateu.
Para aceptar o rechazar la enmienda presentada tiene la palabra el señor Vila.
El señor VILA GÓMEZ: No la vamos a aceptar porque no cierra la puerta a la especulación.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
- SOBRE LA ACEPTACIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE DEFENSA DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO SUSCRITO SOBRE LOS APROVECHAMIENTOS QUE MANTIENE EL MINISTERIO DE DEFENSA EN EL ANTIGUO PARQUE DE ARTILLERÍA DE LA CIUDAD DE BURGOS. PRESENTADA POR EL
GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA. (Número de expediente 161/002210).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación al siguiente punto, que corresponde a la proposición no de ley sobre la aceptación por parte del Ministerio de Defensa de la modificación del convenio suscrito sobre los aprovechamientos que
mantiene el Ministerio de Defensa en el antiguo Parque de Artillería de la ciudad de Burgos. No se ha presentado ninguna enmienda.
Para su defensa tiene la palabra la señora Peña.
La señora PEÑA CAMARERO: Buenas de nuevo.
Vamos a tratar el mismo tema, pero desde una óptica posibilista. Es una lástima que el Partido Podemos acabe de cerrar la puerta a que los burgaleses disfruten en libertad de ese terreno, que se libere ese terreno para su actuación. Pero
yo quería plantear esta proposición desde el punto de vista de cuatro acuerdos, en los que creo que la ciudadanía burgalesa se va a sentir representada. En primer lugar, el reconocer que Burgos ha sido especialmente generosa con el Ministerio de
Defensa durante toda la historia, y que ya es hora de que nos devuelvan buenas noticias. En segundo lugar, los burgaleses, la ciudad de Burgos -así lo ha dicho en el pleno de su ayuntamiento- quieren que la subasta de Defensa se paralice, así como
también quieren, en tercer lugar, que los terrenos del Parque de Artillería se liberen para el disfrute de los vecinos. En cuarto lugar, dejar claro que el Ayuntamiento de Burgos, con su composición política y lo difícil que es llegar a acuerdos en
los últimos tiempos, ha conseguido ponerse de acuerdo en esta cuestión, en que queremos devolver esos terrenos a los burgaleses. Esas son las opciones que voy a defender hoy aquí como proponente socialista; defender el único planteamiento que
puede posibilitar que esos casi 50 000 metros cuadrados del antiguo Parque de Artillería estén a disposición de la ciudad de Burgos, exigiendo la aceptación de la permuta planteada por el Ayuntamiento de Burgos al Instituto de Vivienda del
Ministerio de Defensa con los terrenos de este antiguo Parque de Artillería. Y es que los socialistas somos muy conscientes de lo que se juega Burgos con esta cuestión. Por eso llevamos tiempo trabajando con los vecinos y vecinas, planteando
propuestas desde el año 2006, siendo el único grupo que ha presentado una propuesta firme y ambiciosa en el Ayuntamiento de Burgos para beneficiar a los vecinos de Gamonal y de Burgos. Por eso hemos presentado también, donde hay que presentarlo, en
el Congreso de los Diputados, en este Parlamento, esta proposición con un objetivo claro, que esos terrenos se liberen para los ciudadanos de Burgos.
Han pasado más de diez años desde la firma en 2006 de un acuerdo entre el Ayuntamiento de Burgos y el Ministerio de Defensa; un acuerdo de colaboración para buscar salida a diferentes bienes que tiene el ministerio en nuestra ciudad: las
instalaciones en la calle de la Puebla, las traseras del Acuartelamiento Capitán Mayoral, el propio parque de artillería y su paralela con la calle Santa Bárbara. Ya desde el principio, pero también desde antes de la firma, el grupo municipal
socialista, y también asociaciones de vecinos y distintos colectivos, advirtieron que era preferible que el ministerio, en lo que correspondía concretamente a los casi 50 000 metros cuadrados del parque de artillería, pudiera desarrollar los
aprovechamientos que le corresponden en otro sector urbanizable. ¿Por qué? Porque la apuesta de Defensa no es conveniente, porque supondría un incremento de la densidad residencial de
una zona muy poblada, porque se perdería la oportunidad de proporcionar espacios libres y dotaciones públicas a un barrio como Gamonal, que sufría y sufre grandes carencias. Por eso hemos trabajado esta propuesta a favor del interés general
de la ciudad de Burgos, para que el aprovechamiento residencial previsto se traslade a otras zonas residenciales de nueva urbanización, respetándose el equilibrio y adecuándose los aprovechamientos a las nuevas valoraciones del suelo que se entregue
en sustitución del existente.
Esto es lo que estamos haciendo, trabajar para que todas las instituciones se comprometan. Lo hicimos el 14 octubre en el pleno del Ayuntamiento de Burgos y lo pretendemos hacer hoy aquí. Hemos tardado, y esto es cierto, más de diez años
en convencer al Partido Popular de que esta es la única salida que beneficia a los burgaleses. El 14 octubre, a propuesta socialista, se acordó en este pleno que les comentaba llevar a cabo un estudio de los aprovechamientos urbanísticos a permutar
con Defensa. También se acordó instar el ministerio a que accediera a la revisión del convenio suscrito en 2006 y el propio ayuntamiento se compromete a modificar el plan general de ordenación urbana vigente. También, este acuerdo unánime de todos
los partidos, donde el Partido de Podemos, el Partido Popular y el Partido de Ciudadanos votaron a favor, se refrendó en el consejo ejecutivo de la Gerencia de Fomento que determinó las parcelas a permutar. Es un planteamiento, por cierto, que
tiene en su poder el Ministerio de Defensa desde el pasado 15 junio, pero el Ministerio de Defensa, en lugar de valorar positivamente el planteamiento que le ofrece la ciudad, decide sacar una subasta pública para la venta de estos terrenos; una
subasta que, acabamos de conocer, se va a realizar sin postor. Es del todo inadmisible el desprecio con el que este ministerio está tratando a Burgos. No ha habido compradores, no ha habido ofertas para el solar y, por tanto, exigimos al
Ministerio de Defensa una respuesta inmediata al ayuntamiento y al resto de partidos. ¿Cuál va a ser la excusa que nos va a dar el ministerio si no hay ninguna oferta para la venta de los terrenos? ¿Va a mantener el silencio y va a seguir negando
la palabra al ayuntamiento y a este Parlamento? ¿Va a dar una respuesta formal al Ayuntamiento de Burgos? No hay ofertas, no hay motivos para no contestar y esta es la mejor oportunidad que hemos tenido nunca para liberar estos terrenos.
Tengo que decir que el Ministerio de Defensa no está ayudando nada porque la falta de transparencia es una constante en la gestión de esta circunstancia. El pasado día 14 terminó el plazo para presentar las ofertas para adquirir los
terrenos, pero el Ministerio de Fomento intenta ocultarnos esta información. Han tenido que ser las asociaciones de vecinos las que, tras una ardua investigación, han conseguido saber que no se ha presentado nadie y todo indica que la subasta
quedará desierta. Por eso, y por justicia con la ciudad de Burgos y el barrio de Gamonal, y a la vista de la ausencia de interesados, pedimos -y lo repetiré tantas veces cuantas veces sea necesario- que Defensa conteste formalmente al Ayuntamiento
de Burgos porque para el Ministerio de Defensa puede ser muy positivo deshacerse de un plumazo de este solar, pero no lo es para una ciudad que, como decía, ha sido muy generosa siempre. Por tanto, esta propuesta que traigo hoy que no es una
propuesta del Grupo Parlamentario Socialista, es una propuesta de la ciudad de Burgos; una ciudad que ha dado mucho a este ministerio durante décadas, por lo que es hora de que el Ministerio de Defensa demuestre su correspondencia, aceptando un
planteamiento más que justo para la ciudad. Por eso, porque hemos comprobado que los últimos diez años Invied ha sido incapaz de encontrar un comprador y sacar adelante los aprovechamientos, queremos darnos esta oportunidad para que busque en otro
lugar y proporcionar este espacio de dotación pública en el barrio de Gamonal pero que sean los burgaleses.
Finalmente, apelamos a la escucha; a la escucha que exige un barrio que nunca ha sido escuchado, un barrio harto, un barrio al que algunos califican como pobre o marginal, como el proponente de la proposición anterior, pero del que tengo
que decir que es un barrio lleno de energía, de trabajadores y de luchadores, que crecieron con la sirena de Plastimetal, de Loste o de Firestone y también con los toques de corneta de los cuarteles de la Nacional-1. Es un barrio, donde como decía
nuestro más querido escritor, Oscar Esquivias, las calles llegaron, tardaron en tener nombre y donde no era raro ver reclutas haciendo autostop por la calle Vitoria. Creo que esta situación ya ha llegado a un punto insoportable. Creo que es
suficiente. Si dicen que no los partidos políticos hoy en este debate, no están diciendo no a una propuesta del Partido Socialista, están diciendo que no a una propuesta en la ciudad de Burgos. Por tanto, les pido con humildad que comprometamos a
este Parlamento y que presionemos a Defensa con la única opción que puede hacerlo.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Peña.
Intervienen a continuación los grupos que lo deseen para la toma de posición. No intervendrá el Grupo Parlamentario Mixto. ¿Grupo Parlamentario Vasco?
El señor LEGARDA URIARTE: No, no haré uso de la palabra.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Cano.
El señor CANO LEAL: Gracias, presidente.
Damos por reproducidos los argumentos expuestos en la deliberación anterior, que se refieren a la misma situación que existe en la ciudad de Burgos, con la existencia de propiedades que asentaban instalaciones militares actualmente en desuso
y que resultarían muy beneficiosas para la ciudad. Razones de pura lógica hacen revitalizar la necesidad de entendimiento entre el ayuntamiento y el Ministerio de Defensa, que conlleven a la recuperación de los terrenos a mano de todos los
burgueses para una mejor comunicación de la ciudad, cuyo crecimiento ha provocado que las antiguas instalaciones militares hayan quedado en el centro de la expansión urbanística.
Como ya señalamos anteriormente, la titularidad del Ministerio de Defensa sobre los terrenos es hoy en día incuestionable, motivo por el que el Invied, como es lógico, reclamará un justo precio por los terrenos, bien sea con carácter
económico o bien en forma de permuta. Es lo que el Invied ha hecho en miles de ciudades a lo largo de toda la geografía nacional y este caso no puede ni debe ser una excepción. La propuesta del ayuntamiento se equivale en más metros cuadrados,
mayor aprovechamiento y menor coste de urbanización. Eso es lo que ofrece el Ministerio de Defensa para permutar la parcela del antiguo parque de artillería y desarrollar en ella sendos espacios dotacionales en vez de los urbanísticos contemplados
en el convenio firmado tiempo atrás entre ambas instituciones. A partir de ahí, se han buscado parcelas con suficiente atractivo como para que puedan ser tenidas en cuenta por parte de Defensa y que están ubicadas en sectores como el S3 o el S4 o
la antigua estación de ferrocarril. La inmensa mayoría de las parcelas, además, tienen aprovechamientos urbanísticos vinculados exclusivamente a viviendas libres mientras que los aprovechamientos de la parcela de artillería estaban repartidos entre
vivienda libre y vivienda protegida. Esto implicaría que Defensa podría sacar mayor rédito en casos de desarrollar todos los aprovechamientos; además, las parcelas ofrecidas también contemplan aprovechamientos de uso comercial. En definitiva,
desde Ciudadanos entendemos que es posible el acuerdo y que este es beneficioso para la ciudad de Burgos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea tiene la palabra el señor Vila.
El señor VILA GÓMEZ: Gracias, presidente.
Nuestra posición respecto de la propuesta del Grupo Socialista va a ser negativa, como no puede ser de otra manera, porque básicamente están proponiendo es que en vez de que el constructor de turno especule con viviendas que no hacen falta y
que van a encarecer todavía más el ya caro precio de la vivienda en Burgos, en vez de especular en los terrenos del parque de artillería, especule en otras parcelas que se le dan a lo largo y ancho de la ciudad. No podemos estar de acuerdo con eso
cuando hay sentencias, vuelvo insistir, que cuestionan la propiedad del Ministerio de Defensa del parque de artillería. El problema ha sido que existiendo esas sentencias, las administraciones públicas han hecho una inacción, han hecho dejación de
sus funciones y dejación en la defensa de los intereses de los vecinos y vecinas de Gamonal y de Burgos. No me sorprende que el Partido Socialista plantee que es la única solución posible cuando en 2006, señor Mateu, ya estaban el Partido Popular y
el Partido Socialista demasiado cerca porque fue el Partido Socialista, con el Ministerio de Defensa, con José Bono a la cabeza, y el señor Aparicio en el Ayuntamiento de Burgos, quienes firmaron el Convenio de 2006 para que se pudieran construir
viviendas libres en los terrenos del parque de artillería que, vuelvo a insistir, es un suelo que tiene que ser para uso público, como dicen los acuerdos plenarios del pleno y el acta de anexión de Gamonal y las propias sentencias de los diversos
tribunales.
No podemos aceptar que Burgos siga pagando, no podemos aceptar que los desfases presupuestarios por la mala gestión del Ministerio de Defensa, tanto del Partido Socialista del Partido Popular, vayan a
cargo de los bolsillos de las burgalesas y de los burgaleses, y mucho menos cuando hay muchas dudas razonables, insisto, sobre la propiedad del Ministerio de Defensa. Voy a decir más. La vía judicial no es la que nosotros estamos
planteando, estamos planteando la vía política. Igual que se firmó un convenio en 2006 para permitir la especulación en los terrenos del parque de artillería, se puede firmar un convenio en 2017 para evitar la especulación y que esos terrenos
vuelvan a la ciudad de Burgos sin que Burgos pague un euro más por unos terrenos que son suyos. Insisto, es una cuestión de voluntad política. Si el Partido Popular quiere que a día de hoy gobiernen las dos administraciones, firma mañana mismo un
convenio para que esos terrenos reviertan a Burgos y no especule con ellos.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Vila.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Mateu.
El señor MATEU ISTÚRIZ: Hay que contextualizar la situación actual dentro de los orígenes que hubo en los convenios tantos de 1995 como de 2006. Evidentemente, el de 2006 mejoró bastante el de 1995 en cuanto a la cesión del parque de
artillería y de los terrenos. ¿Por qué? Porque el ayuntamiento y la ciudadanía de Burgos se vieron beneficiados como consecuencia de que en 2006 se cedieron unos viales para construir la actual calle Santa Bárbara y el enlace desde López Bravo
hasta la carretera de Poza. Además, se recondujo la situación inmobiliaria, estableciendo que la mitad era para vivienda libre y la mitad para vivienda con algún tipo de protección, y se estableció el número de 337 viviendas. Evidentemente, esto
se hizo con la alcaldía en manos del Partido Popular y el Gobierno de España en manos del Partido Socialista.
Señora Peña, usted olvida que el actual plan general de ordenación urbana incluye para la unidad de actuación que forma el parque de artillería, el sector S-47.04, importantes cesiones para dotaciones públicas de sistemas locales, como son
4827 metros cuadrados de suelo para equipamientos públicos; 7240 para zonas verdes y espacios libres públicos; y más de 483 plazas de garaje que vienen muy bien, como bien sabe la diputada Peña, para la zona. Estas dotaciones permiten construir
un centro de día, bibliotecas, salón de actos, salón de estudios, museo, etcétera, así como un aparcamiento subterráneo de carácter público en las inmediaciones de la calle Santa Bárbara que, unidas a las más de 483 plazas de aparcamiento, mejorarán
la situación de déficit de aparcamiento del barrio.
¿Por qué le digo todo esto, diputada Peña? Porque coincide plenamente con la carta que envió el presidente de la Asociación de vecinos Juan XXIII, el amigo Gómez Betete, el día 29 de junio a la ministra de Defensa, incorporando cuáles eran
las pretensiones al respecto que quería sobre esos terrenos. Por eso creo que lo que se ofrece actualmente coincide con las pretensiones también de los vecinos. Quiero recordar, asimismo, que en el acuerdo del pleno del ayuntamiento de octubre de
2016, en el cual el grupo Imagina votó a favor de la permuta totalmente en contra de lo que ahora diputado Vila nos está tratando de relatar, en uno de los anexos de ese acuerdo -que lo tengo también por aquí y que lo ha utilizado usted como base de
trabajo para la PNL, porque reproduce muchos de los aspectos que se cuentan en este acuerdo; algo que no es malo, evidentemente, porque si se siguen manteniendo las pretensiones, eso es coherencia-, la ministra Chacón aludía ya en 2009 a que era
posible incrementar el porcentaje de participación de las VPO del 50 al 100 %, con lo cual el Partido Socialista miraba con buenos ojos ese convenio, como no podía ser de otra manera. Por eso el Grupo Socialista no es que tuviera entonces mucha
influencia al respecto para haber planteado esa permuta, como están haciendo ahora. Es curioso también ver cómo en ese texto del acuerdo municipal se establecía que el grupo municipal socialista ya desde el año 2005 se preocupaba por Gamonal y ese
desarrollo urbanístico incontrolado. Por lo tanto, le tenemos que decir que o bien no les hizo caso el ministerio o bien ustedes no existieron con demasiado ímpetu.
Voy terminando, señorías, para llegar al momento actual y definir la posición de voto de mi grupo. El día 3 de julio de 2017 el BOE publicó la resolución del Invied, por el que se anunciaba la subasta en primera y segunda vuelta. El día 14
finalizó el plazo de presentación de ofertas y documentación, fijándose para el día 27, o sea mañana, la apertura de los sobres con las propuestas económicas. Por eso y por lo que representa el pleno respeto a un procedimiento que se está
desarrollando -porque no sabemos si mañana va a haber segunda oferta-, hay que esperar también, como bien dice la ley, el plazo para adjudicación directa, porque también cabe la adjudicación directa desde el día siguiente a la declaración desierta
de la subasta hasta la siguiente publicación. Y si eso no existiera, puede existir un año desde la última celebración de la subasta para la adjudicación directa. Por eso, evidentemente, nosotros, como no
sabemos el resultado y por respeto al principio de legalidad y para no causar perjuicios a terceros, en este momento nos tenemos que abstener en esta propuesta de permuta entre el Invied y los quince solares que ha ofrecido al Ayuntamiento
de Burgos. Pero esto no significa que no insistamos al ayuntamiento a que, una vez resuelta esta fase jurídica -que hay que respetar como escrupulosos veladores del Estado de derecho-, sigamos insistiendo en que el Invied conteste al Ayuntamiento
de Burgos y se siga adelante con el asunto evidente que sería más ventajoso para la ciudad de Burgos y para el Ministerio de Defensa, que en este supuesto podría ser la permuta.
Por eso, dado el respeto escrupuloso al principio de seguridad jurídica y dado que todavía no ha finalizado el procedimiento de subasta, nos vamos a abstener en la votación de la propuesta que ha presentado el Grupo Socialista en esta
Comisión de Defensa.
Muchas gracias, señor presidente.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Mateu.
- RELATIVA A LA RESCISIÓN DEL CONTRATO CON MARSEGUR POR INCUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES DE SEGURIDAD PRIVADA. PRESENTADA POR EL GRUPO PARLAMENTARIO CONFEDERAL DE UNIDOS PODEMOS-EN COMÚ PODEM-EN MAREA. (Número de
expediente 161/002242).
El señor PRESIDENTE: Pasamos a continuación a la proposición no de ley relativa a la rescisión del contrato con Marsegur por incumplimiento de los precios de los trabajadores de seguridad privada, presentada por el Grupo Parlamentario
Confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se presentó una enmienda. Para defender la proposición no de ley, por el grupo proponente tiene la palabra la señora Valido.
La señora VALIDO PÉREZ: Buenas tardes, señor presidente, señorías.
La empresa Marsegur Seguridad Privada, Sociedad Anónima es la adjudicataria de los servicios de vigilancia del interior de base de acuartelamientos, de establecimientos y de otras propiedades del Ministerio de Defensa y también de órganos
autónomos, y esto abarca distintos ámbitos.
A la empresa se le adjudicó el contrato en diciembre de 2016, cuando ya era ministra María Dolores de Cospedal, y entró en servicio en mayo de 2017. Desde su entrada en servicio la empresa ha estado maltratando a los trabajadores y a las
trabajadoras y sus derechos laborales. Empezaron recortándoles el sueldo un 40 % y en la actualidad cobran 726 euros, sin respetar antigüedades ni tampoco las pagas de beneficios, cuando lo cobran, porque otra práctica muy habitual de esta empresa
es no pagar o pagar tarde. Y todo esto en cumplimiento de su convenio laboral con la empresa, que ha sido anulado dos veces por la Audiencia Nacional con multa de por medio. El plus de arma ha pasado de 143 euros a 18; la hora de nocturnidad se
paga a 10 céntimos de euros, es decir que el extra de nocturnidad por una jornada de trabajo para aquellas personas que trabajan para Marsegur les da para pagar una barra de pan o un café. No existen planes de riesgos laborales, no existen órdenes
de puestos específicos en los centros de trabajo. En muchos centros, según nos comentan los trabajadores y las trabajadoras, el personal no dispone de vehículos para poder hacer sus tareas y no les han dado formación en materia antiterrorista ni en
nuevas tecnologías; además, la empresa ha sido sancionada también por las distintas unidades de seguridad privada del Cuerpo Nacional de Policía y de la intervención de armas de la Guardia Civil, ni tampoco la empresa ha hecho efectivas las mejoras
previstas en el pliego de condiciones. Estas son las condiciones de trabajo de las que estamos hablando.
La pregunta que tenemos que hacernos es: ¿Es esta la recuperación de la que habla el PP? ¿Es esta la salida de la crisis? ¿Son estas las mejores condiciones de trabajo para el personal que tiene a su cargo la vigilancia de las
instalaciones de nuestro Ministerio de Defensa? Esto no solamente ocurre en este ministerio. Sucede también en otros ministerios del Estado y en otras administraciones. Desde mi grupo político llevamos tiempo intentando coordinar con todos los
representantes sindicales una batería de trabajos que lleve implícita una solución global para todas las administraciones. A esta empresa no la quieren ni su plantilla ni tampoco el resto de empresarios del sector que, de hecho, la han expulsado de
la patronal precisamente por estas condiciones low cost. En el sector se la conoce ya como la empresa pirata.
En definitiva, la señora De Cospedal ha dejado la vigilancia de las instalaciones de Defensa con personal armado en manos de una empresa que no paga o que paga poco, que paga mal y además en
condiciones laborales precarias y casi de semiesclavitud. Por esto instamos al Gobierno a que el Ministerio de Defensa rescinda el contrato con Marsegur, Seguridad Privada, Sociedad Anónima, eso sí, siguiendo el procedimiento administrativo
que corresponda.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Valido.
El Grupo Parlamentario Popular ha presentado una enmienda. Para su defensa tiene la palabra el señor Tarno.
El señor TARNO BLANCO: Gracias, señor presidente.
Hemos presentado una enmienda porque, estando de acuerdo en el fondo del asunto que presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos, no podemos estarlo en la forma. El Congreso no puede decidir la
resolución de contratos entre la Administración General del Estado y otro tipo de entidades del carácter que sea. Tenemos que seguir un procedimiento reglado, como decimos brevemente en la enmienda de modificación que planteamos, que viene a decir
lo mismo que la que ustedes presentan pero de una manera administrativamente racional y no solo por una voluntad política que no llevaría a ninguna parte.
Señora diputada, ni la señora De Cospedal ni ningún miembro del Gobierno adjudican contratos. Los contratos de las administraciones públicas se adjudican de manera reglada. Posiblemente el señor Kichi y la señora Carmena se salten todos
estos procedimientos, pero el resto de las administraciones públicas son enormemente rigurosas a la hora de la adjudicación de contratos. En el caso del Ministerio de Defensa es un organismo que se llama la junta de contratación del Ministerio de
Defensa, del que no forma parte ni la señora ministra ni ningún miembro político del Ministerio de Defensa, sino funcionarios públicos con una importante trayectoria a la hora de realizar las contrataciones. Está muy bien políticamente decir: la
señora De Cospedal tal y cual y esas cosas que ustedes dicen pero es una mentira, no se basa en ninguna realidad, porque es un organismo público del ministerio el que adjudica, sea quien sea el ministro, insisto. A lo mejor cuando ustedes lleguen
al poder se saltarán todo este tipo de procedimientos administrativos porque ustedes son muy aficionados a saltarse la ley, otros, en cambio, preferimos cumplirla.
Mire, se adjudicó el contrato a esta empresa a través, insisto, de la Juncodef, de la junta de contratación. Y es cierto lo que ustedes plantean, desde hace un tiempo, casi desde el inicio del contrato, se vienen recibiendo en la junta
diferentes escritos de los trabajadores de la adjudicataria donde exponen todas las quejas y reclamaciones que usted plantea pero no solamente de los trabajadores, sino que el propio ministerio ha detectado que el servicio que presta esta empresa no
es el correcto, no es el adecuado ni es el que se planteaba en el pliego de condiciones. Por tanto, el ministerio no está nada satisfecho con la actuación de esta empresa, ni en lo laboral ni en lo profesional, y no tiene ningún reparo en decirlo.
Y como no tiene ningún reparo en decirlo, ha decidido no prorrogar el contrato a la actual adjudicataria -que lo permitía la legislación-, y además ha aprobado ya en la junta de contratación el inicio de un nuevo acuerdo marco del servicio de
vigilantes de seguridad en el Ministerio de Defensa. Por otra parte, la Comisión de seguimiento del contrato ha elevado a la junta una propuesta de resolución del acuerdo marco a la vista de los incumplimientos cometidos por Marsegur. Y ahora la
junta de contratación estudiará la manera más rápida dentro de la legalidad vigente para resolver el acuerdo marco y que entre en vigor el nuevo que se ha iniciado y que evidentemente solventará todos los problemas que ha planteado esta empresa. El
ministerio está en ello pero no puede rescindirlo de hoy a mañana porque lo diga la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados.
Le invito a que se lea bien nuestra enmienda, que plantea lo mismo que ustedes pero simplemente con el matiz jurídico que la hace posible. Yo le garantizo a usted que la junta de contratación está firmemente convencida de resolver el
contrato cuanto antes lo permita la ley, porque tiene la obligación de defender el interés de los trabajadores de esa empresa pero también de garantizar la prestación de un servicio por el que paga el ministerio, que tiene que ser realizado en
óptimas condiciones y ahora no es el caso. Y como cualquier contrato administrativo que resulta fallido por el incumplimiento de alguna de las partes, como es este caso, se va a resolver, pero se va a resolver dentro de los plazos y de las
posibilidades que permite la legislación. Estamos absolutamente de acuerdo con ustedes en el fondo y lo que les invitamos es a que compartan con nosotros la forma, lo que permitiría que la proposición no de ley saliera aprobada por unanimidad.
Muchas gracias. (Aplausos).
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Tarno.
Para la toma de posición, ¿el Grupo Mixto va hacer uso de la palabra? (Denegaciones). ¿Grupo Parlamentario Vasco? (Denegaciones). Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, señor Cano.
El señor CANO LEAL: Muchas gracias, presidente.
Brevemente. Que la citada empresa está abonando salarios irrisorios a los empleados no es un hecho nuevo. A finales del mes de julio, se publicaba que Marsegur había rebajado los salarios a sus trabajadores casi un 30 % si tomamos como
referencia el Convenio colectivo estatal para las empresas de seguridad. A primeros de septiembre se conocía que la Asociación Nacional de Vigilantes de Defensa transmitía su apoyo incondicional a las huelgas convocadas por los trabajadores de
Marsegur para los días 23, 24, 25 y 26 -hoy- de septiembre, así como la adhesión a la manifestación que se llevará a cabo mañana día 27. En su declaración pedían que la empresa pagara en tiempo y forma a sus trabajadores, ya que gran parte de ellos
tiene problemas para cobrar sus salarios. También solicitaban que esta empresa pagara a sus trabajadores lo estipulado en el Convenio nacional de seguridad privada ya que Marsegur paga según convenio propio, rebajando el salario en torno a un 30-40
%. Lo cierto es que a la fecha en la que se ha registrado esta PNL la Audiencia Nacional ya ha anulado en dos ocasiones el convenio de empresa de Marsegur por considerar que no se negoció con una representación adecuada de los trabajadores. La
empresa recurrió la última anulación y el Tribunal Supremo, que ya falló a favor de los trabajadores en la primera ocasión, tiene que pronunciarse ahora al respecto. En cualquier caso, son dos cosas diferentes: una que está todavía sub iudice la
decisión sobre la legalidad o no del último convenio, pendiente de la decisión del Alto Tribunal en base a criterios de representatividad, y otra muy distinta es que estén abonando a los trabajadores unos salarios muy por debajo de la media
nacional, además de otras cuestiones que ha planteado la proponente ahora en este acto. Cuando se pronuncie el Tribunal Supremo podremos saber el alcance de la legalidad o no del convenio pero desgraciadamente nada se podrá saber sobre los
salarios.
Por este motivo entendemos que la PNL confunde los términos en los que se plantea, quizá lo más procedente hubiera sido comenzar por la formulación de una pregunta al Gobierno, que es lo que ha hecho este Grupo Parlamentario Ciudadanos, y
estamos a la espera de su contestación. De otro lado, aun cuando se constate la nulidad del convenio, no es automática la declaración de incumplimiento de las cláusulas contractuales firmadas entre la empresa y el Ministerio de Defensa y será
preciso instar del ministerio la incoación de un expediente informativo donde se estudien posibles incumplimientos empresariales. Ya nos ha ilustrado el representante del Grupo Parlamentario Popular sobre los pasos que se están dando y la verdad es
que sorprende la cantidad de información que tiene respecto al resto de los grupos parlamentarios.
No obstante lo anterior, ello nos lleva a plantear la necesidad de abrir un debate sobre las condiciones en las que las administraciones públicas hacen adjudicaciones de contratos públicos a empresas que se posicionan como las más ventajosas
económicamente a costa, como en este caso, de precarizar las condiciones laborales de los trabajadores. Por ese motivo vamos a apoyar esta iniciativa.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Cano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cantera.
La señora CANTERA DE CASTRO: Buenos días, señor presidente. Señorías.
Nosotros estamos a favor de esta proposición no de ley dado que la casuística que nos trae el Grupo Parlamentario de Podemos no es nueva, la hemos visto en los aeropuertos, la estamos viendo en el Ministerio de Justicia, estamos viendo cómo
la contratación o externalización de los servicios de seguridad en la Administración está llevándonos a la precariedad. Como decía, no es una casuística nueva o ajena al conocimiento social, de hecho el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado
la comparecencia de la ministra para tratar el asunto, no porque la consideremos responsable de la adjudicación efectivamente, como ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, pero sí de la precariedad a que esto está llevando a los
trabajadores. Si bien no se puede estar a lo mejor de acuerdo en las formas, con la petición de que desde aquí se pida la rescisión del contrato, sí estoy de acuerdo en que la forma sería que se trasladara al Gobierno y al Ministerio de Defensa el
apoyo del Congreso de los Diputados para que se
instara al Gobierno a que pusiera en marcha cualquier tipo de mecanismo que facilitara que los trabajadores pudieran cobrar dignamente.
Señorías, nos encontramos una vez más con una externalización de servicios, en este caso servicios de seguridad de bases, acuartelamientos y establecimientos de organismos e instalaciones del Ministerio de Defensa, unos servicios que se
otorgaron tras una oferta de baja temeraria, y eso es lo que sí está permitiendo el Gobierno, la presentación de bajas temerarias a las diferentes ofertas de servicio que, como resultado, provocan sufrimiento entre los trabajadores. Con fecha 15 de
diciembre de 2016, la junta de contratación del Ministerio de Defensa adjudicó el contrato de servicio de vigilancia y seguridad privada a la empresa Marsegur Seguridad Privada, Sociedad Anónima, una empresa que es resultado de los retales de
empresas de seguridad que ya venían prestando servicios precisamente en el Ministerio de Defensa y cuyos compromisos quedaron en el limbo con respecto a los trabajadores. Dicha empresa, que venía a sustituir a la anterior adjudicataria, Seguridad
Integral Canaria, S.A., había suscrito dos convenios colectivos de empresa -como aquí se ha dicho-: uno regional para la Comunidad de Madrid y otro estatal, que habían sido objeto de la correspondiente impugnación ante la jurisdicción de lo Social.
Dichas impugnaciones se saldaron con la declaración de nulidad del primero de dichos convenios en primera y segunda instancia por sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 28 de diciembre 2015 y del Tribunal Supremo de 9 de mayo de
2016, respectivamente, así como con la declaración de nulidad del segundo en primera instancia por sentencia de la Audiencia Nacional de 11 de mayo de 2016, como aquí se ha dicho.
Igualmente, como también se ha dicho aquí, los representantes de los trabajadores vienen informando de la existencia de deficiencias en el servicio, tales como turnos en los que algunos puestos no se cubren, alta rotación en la cobertura de
dichos puestos, dudas fundadas sobre la capacitación de los vigilantes enviados a cubrir ausencias que no han recibido formación o sobre las condiciones de instalaciones como los armeros. Desde que Marsegur se ha hecho cargo de los servicios de
seguridad, los empleados subrogados cobran un promedio de 300 euros menos, llegando en algunos casos a cobrar 500 euros menos de salario de lo que venían cobrando. No llegan ni siquiera a ser mileuristas: precariedad salarial y precariedad laboral
es el resultado. Marsegur en los últimos meses no está abonando las nóminas con la excusa de que el Ministerio de Defensa no les paga. Esto, por una vez y sin que sirva de precedente, no es cierto. El Ministerio de Defensa está abonando a la
empresa cada una de las facturas que la misma le presenta. Se están produciendo despidos, casualmente entre aquellos trabajadores que se han manifestado públicamente contra las acciones precarias, discriminatorias y de explotación laboral que
Marsegur está llevando a cabo y despidos también entre trabajadores que se han reunido con parlamentarios de esta sede. No solo existe precariedad laboral, sino que se está poniendo en peligro la seguridad nacional. Se está obligando a hacer
servicios de seguridad de armas a vigilantes de Marsegur que ni siquiera están autorizados a portarlas, sencillamente porque Intervención de Armas de la Guardia Civil ha denegado el uso de las mismas porque no reúnen los requisitos. Nueve meses
lleva el Ministerio de Defensa pagando un servicio de seguridad con armas en una instalación considerada como infraestructura crítica en Barcelona y resulta que los vigilantes están sin armas, siendo esto una flagrante violación de los protocolos de
seguridad que afecta directamente a la seguridad nacional. Facturaciones que no cuadran, festivos que no se están abonando como aquí se ha dicho o se están abonando en condiciones precarias, militares tras Marsegur para que emita las facturas de
manera correcta, sin formación, sin medios, sino órdenes de puesto, con sustitutos sin cualificación. En Ceuta ya ha habido amenazas de vigilantes ante las penurias y miserias que están pasando los vigilantes de seguridad. Esto ya ocurrió con
Seguridad Integral Canaria y se está repitiendo, y en esto sí que tiene responsabilidad el Gobierno. En julio se presentaron más de 174 faltas muy graves ante la Diacu y otras 180 en agosto; todas ellas, como ha dicho aquí el portavoz del Grupo
Parlamentario Popular, tramitadas ante la Inspección General del Ejército y que a su vez se han remitido al Ministerio de Defensa para que los jurídicos procedan. Desde el Grupo Parlamentario Socialista solicitamos que los jurídicos y el Ministerio
de Defensa procedan con celeridad, porque tras todas estas precariedades y tras este incumplimiento de contrato tenemos a unos trabajadores y, en algunos casos, el único plato de lentejas que llega a sus casas es el que procede de sus míseros
salarios; en ocasiones, nulos salarios, porque han recibido despidos improcedentes.
En Defensa dicen que era la oferta más ventajosa. Yo le traslado, no solo a Defensa sino al resto de la Administración, que la oferta más ventajosa termina dilapidando los derechos laborales de los trabajadores por ahorrarse unos dineros a
costa de los mismos. Apoyamos esta PNL en defensa de trabajos dignos, salarios dignos, horarios dignos y profesionalidad que salvaguarden la seguridad nacional y, sobre todo, pedimos que estos despidos que se han producido se tengan en cuenta por
la Administración
y el Ministerio de Defensa para que en futuros contratos estos trabajadores puedan ser readmitidos y puedan demostrar lo que venían demostrando hasta ahora: su alta profesionalidad.
Muchísimas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señora Cantera.
Pregunto a la señora Valido si acepta o rechaza la enmienda del Grupo Parlamentario Popular.
La señora VALIDO PÉREZ: La rechazamos.
El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a proceder a las votaciones. El Grupo Parlamentario Popular pide unos minutos. Vamos a esperar, por tanto, un par de minutos que, por otra parte, le vienen bien a la Mesa para ordenar las votaciones. Las votaciones se van a realizar
en el orden previsto inicialmente; no en el que se ha debatido, sino en el orden del día. (Pausa).
Vamos a proceder a las votaciones. En primer lugar, la proposición no de ley sobre el desmantelamiento del Polígono de Tiro de las Bardenas. El texto que se vota es la proposición incorporando la enmienda del Grupo Parlamentario Confederal
de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 9; en contra, 24.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la proposición no de ley relativa a las negociaciones del nuevo convenio colectivo para los trabajadores de la Base Naval de Rota, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. El texto que se vota es el del
Grupo Socialista incorporando tanto su autoenmienda como las enmiendas de los grupos Podemos y Popular.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 35; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre modificación de los límites mínimos de la estatura exigida en el cuadro médico de exclusiones exigible para el ingreso en los centros docentes militares de formación, con la modificación
introducida por la enmienda del Grupo Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, la proposición no de ley relativa a la participación del Ministerio de Defensa en la protección del patrimonio cultural subacuático español, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Se vota el texto de la proposición
con las enmiendas de adición del Grupo Ciudadanos, en el punto cuarto, y la sustitución del punto segundo del Grupo Podemos, con una modificación aludiendo a los ministerios de Interior, Fomento y Medio Ambiente.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, la proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a promover mejoras en la vida personal y familiar de los miembros de las Fuerzas Armadas, presentada por el Grupo Parlamentario Popular. El texto que se vota es el de
la proposición con la adición de la enmienda transaccional del Grupo Podemos y también con la otra enmienda del Grupo Podemos.
Efectuada la votación, dijo
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada por unanimidad.
A continuación, la proposición no de ley relativa a la subasta por parte del Ministerio de Defensa de las parcelas que se ubican en el Parque de Artillería, Diego Porcelos, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos-En Comú Podem-En Marea. Se vota en sus propios términos, pues no se ha aceptado la enmienda presentada.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 7; en contra, 23; abstenciones, 1.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
A continuación, votamos la proposición no de ley sobre la aceptación por parte del Ministerio de Defensa de la modificación del convenio suscrito sobre los aprovechamientos que mantiene el Ministerio de Defensa en el antiguo Parque de
Artillería de la ciudad de Burgos, presentada por el Grupo Socialista. Se vota el texto inicial.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 14; en contra, 7; abstenciones, 14.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
A continuación, votaremos la proposición no de ley relativa a la rescisión del contrato con Marsegur por incumplimiento de los derechos de los trabajadores de seguridad privada, presentada por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos
Podemos. Se vota la proposición en sus propios términos.
Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 20; abstenciones, 15.
El señor PRESIDENTE: Queda aprobada.
Concluidos todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión.
Eran las dos de la tarde.
Corrección de error.
En el Diario de Sesiones número 268, sesión número 10, correspondiente a la Comisión de Defensa celebrada el martes 27 de junio de 2017, en la página 30 el portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos que interviene es el señor Cano Fuster y
no el señor Cano Leal.